RESUMEN DE PRENSA FECHA: 01-diciembre-2016

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Clubes españoles imponen cláusulas antiembarazo a las jugadoras

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La portera de fútbol Mariajo Pons y la ex jugadora de balonmano Begoña Fernández, internacionales, reconocen haber tenido cláusulas antiembarazo ilegales, se equiparan en los contratos a conductas indecorosas y hasta a dopaje ORFEO SUÁREZ A la pregunta de si tiene usted una cláusula antiembarazo, la respuesta casi unánime es el silencio. El miedo a perder una oportunidad ha llevado a muchas deportistas, jugadoras vinculadas a clubes, a firmar contratos ilegales. La omertàimpide que salgan a la luz. Son cláusulas habituales las que se realizan a las deportistas más jóvenes, con una carrera por desarrollar y mayor desconocimiento de sus derechos. Les sucedió a Mariajo Pons, portera de fútbol, o a Begoña Fernández, internacional de balonmano hasta su retirada, el pasado año, después de presenciar hechos como el siguiente: «Vi cómo en uno de mis equipos, una chica muy joven era despedida por quedarse embarazada. Se fue a casa, se deprimió, tuvo un aborto y a los pocos días la volvieron a llamar para ofrecerle de nuevo el contrato. Eso sólo tiene un calificativo: despreciable». En numerosos casos los contratos están firmados también por los representantes, en lo que puede entenderse como una actitud connivente. El embarazo se encuentra entre los supuestos que provocan una resolución unilateral del contrato, a menudo junto a los positivos por dopaje, la práctica de deportes de riesgo o la conducta indecorosa. En algunos de ellos se explicita, además, que no darán derecho a indemnización. María José López González, abogada, fue una de las primeras voces que alertó acerca de esta práctica, debida a la falta de un marco normativo para el deporte femenino, ya que, según la Ley del Deporte, no se trata de una práctica profesional. «Fue por casualidad. Dos jugadoras de baloncesto, de clubes importantes, me llamaron para efectuar unas reclamaciones por impago de fichas. Les dije que me dieran los contratos para ver qué se podía reclamar, y entonces las descubrí», explica. «Son cláusulas nulas de pleno derecho, ya sea por lo que dice la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores o cualquiera de los textos legales internacionales», continúa López González, para la que, a pesar de la falta de marco normativo, está claro que se produce una relación laboral. De esa forma lo argumentó para obtener una sentencia favorable en el caso de las jugadoras del Rayo Vallecano. Mariajo Pons, de 32 años, es actualmente portera en el Zaragoza. «Hace años tuve esa cláusula en el contrato con un club español», asegura. Aunque no quiere revelar el nombre, Sabadell, Barcelona, Levante, Espanyol y Valencia fueron sus equipos antes del Zaragoza. «El embarazo estaba junto a otras causas por las que podía quedar sin efecto el contrato, como hacer deportes de riesgo o incumplir normas de tipo disciplinario», explica esta jugadora que llegó a ser internacional sub'19 y absoluta. «Creo que ahora no es tan común, pero las chicas, en general, no quieren hablar. Estamos ya en la AFE, es cierto, pero nos queda mucho por recorrer. Los chicos tienen fuerza; nosotras, nada. Al menos, ahora obligan a los clubes a darnos de alta en la Seguridad Social. Antes, ni eso», añade Mariajo, que puede llegar a «entender el temor de los equipos por perder jugadoras, pero no a costa de hacer cosas ilegales». «Pues yo creo que he tenido esas cláusulas en buena parte de los clubes en los que he jugado», replica Begoña Fernández. «Se estila bastante -añade la ex jugadora de balonmano-, sobre todo con las más jóvenes. ¿Por qué las firmamos? Porque lo que deseas es jugar a toda costa y no controlas estas cosas». Alerta al CSD Para la abogada López González, «el problema no son ellas, sino la tutela que la Administración debe ejercer, y en la que ha habido algo de dejación». En el caso de los deportes no profesionales, cuyos actores no se regulan por el Decreto 1.006, esa tutela

corresponde a las federaciones nacionales si toman parte en competiciones de ámbito estatal, y al Consejo Superior de Deportes (CSD). «Yo alerté en su momento al CSD», insiste la jurista. En su etapa como directora de Deportes del CSD, Ana Muñoz contactó con jugadoras de baloncesto afectadas con la voluntad de iniciar las acciones pertinentes, pero éstas no quisieron entregarle los contratos por miedo a las represalias de sus clubes. Ana Muñoz abandonó posteriormente el CSD, en mitad del conflicto por los derechos de imagen de Carolina Marín, en el que se puso de parte de la jugadora, frente a la posición del organismo, más próxima a la Federación Española de Bádminton. Leopoldo Ibáñez, presidente del Universitario Ferrol, club de la Liga femenina, ha reconocido que una de las jugadoras extranjeras del equipo tiene la cláusula antiembarazo, aunque en este caso se trata de un contrato-tipo que impuso su representante. «En varios de los contratos que yo vi pasaba eso. Estaban firmados por tres partes, jugadora, club y agente. Me pregunto qué intereses defienden esos intermediarios», concluye, indignada, López González. «Me tendría que haber ido a Dinamarca, donde me ofrecieron un contrato que incluía la posibilidad de ser madre», finaliza Begoña. En España, lo tenía prohibido. Fuente: El Mundo 01-12-2016

Trabajar y ser seropositivo en España Mª José Fuster consiguió la primera sentencia de compatibilidad, por la que ahora vuelve a pelear en los tribunales Mª José Fuster, directora de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (Seisida), contrajo sida cuando tenía 20 años. Ahora, tiene 49 y se encuentra inmersa en un proceso judicial para conservar su incapacidad y a la vez seguir desempeñando sus labores de investigadora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). "Empecé a estudiar Psicología sin ningún ánimo específico, solo con la intención de superarme personalmente y ver la vida de otra manera. Por aquel entonces ya tenía una incapacidad, había tenido muchas infecciones, me había sometido a muchos tratamientos experimentales, e incluso pasé por un cáncer. Cuando acabé la carrera me gustaba y decidí hacer el doctorado centrándome en las personas con VIH, en su inserción laboral y en el estigma de la discriminación. El esfuerzo me fue premiado con becas de investigación, que no cotizan, y cada dos años renovaba mi situación de incapacidad", relata Fuster. Tras doctorarse, Fuster consiguió un trabajo en la UNED que sí le permitía cotizar. "Solicité la compatibilidad a la seguridad social sabiendo que era posible jurídicamente. Y no me contestaron", explica. Después de dos años, en 2014, los tribunales le dieron la razón. "Fue la primera sentencia favorable en la que una persona con VIH podía compatibilizar una incapacidad absoluta con un trabajo. Todos los que trabajan en la lucha contra esta enfermedad se alegraron muchísimo porque se abría un precedente para todos aquellos enfermos que quisiesen solicitar la compatibilidad", afirma. A partir de este momento, las revisiones para comprobar su estado, según cuenta la presidenta de Seisida, volvieron a ser puntuales. "Contra todo pronóstico y después de haber conseguido una sentencia judicial a favor, en la siguiente revisión este año me dijeron que había mejorado y rebajaron el grado de discapacidad, por lo que volví a denunciar. Ahora, desde septiembre, estoy a la espera de que salga el juicio". Fuster, que se considera una superviviente, aclara que aunque la enfermedad se ha cronificado sufre otras dolencias como hipertensión, infecciones, osteoporosis, envejecimiento acelerado, y efectos secundarios derivados de los medicamentos, como problemas gastrointestinales o de sueño. Fuster asegura que el modelo de España se aleja mucho de los principios europeos e internacionales en cuanto a la inserción laboral de personas con VIH. "España demuestra que tiene una mirada muy corta. Las prestaciones son insuficientes para vivir y en muchas ocasiones las personas con discapacidad se ven obligadas a ganar dinero de otra manera. Sin embargo, compatibilizando la prestación, las personas con discapacidad se pueden integrar, aportar a la hucha de la seguridad social y mejorar su salud psicológica, lo que también repercutirá en menos gastos públicos. Imagino que hubiese pasado si Stephen Hawking

hubiese tenido que elegir entre estudiar o tener que dejar de trabajar para no perder su prestación", sostiene. Según datos de la coordinadora Trabajando en Positivo el 50% de los pacientes seropositivos, que ahora mismo se estiman en 160.000, se encuentran en situación de desempleo, por lo que consideran que la discriminación y el estigma social que sufren las personas con VIH siguen siendo un problema en España. De ellos, aproximadamente el 63%, según el plan nacional sobre el sida en 2015, tienen entre 20 y 49 años, la franja de edad más productiva para el ser humano. Julio Gómez, director de Trabajando en Positivo, asegura que hay pocos estudios y los que hay se quedan “un poco antiguos” para conocer exactamente las cifras de desempleo entre estos pacientes, pero en la actualidad el Ministerio de Sanidad, Cesida, CC OO, UGT y colectivos LGTBI están elaborando una encuesta para relacionar estos datos con diferentes circunstancias como la edad, el nivel de estudios, o el tiempo que llevan desempleados. “A través de nuestros servicios de orientación laboral dimos cobertura en 2015 a 1.200 personas, de las cuales 384, un 30%, lograron un empleo. De todas ellas, alrededor de un 64% además de la enfermedad tienen diferentes circunstancias que limitan su inserción laboral, como la edad, las cargas familiares, etc", explica Gómez. El lugar de trabajo no es una vía de transmisión Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la mayoría de las ocupaciones y puestos de trabajo no hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH. De hecho, según apunta Cruz Roja Española, tampoco existiría un riesgo especial de transmisión en caso de una actuación de primeros auxilios como consecuencia de un accidente en el trabajo, tanto si la persona con el VIH es la que ofrece los auxilios como si los recibe. Respecto sobre si comunicar en el entorno de trabajo la enfermedad, Julio Gómez, director de Trabajando en Positivo, detalla lo siguiente: “Las personas con VIH no tienen ninguna obligación de comunicar la enfermedad en su puesto de trabajo. Es recomendable comentarlo en los servicios de prevención de la empresa para que esta entienda los procesos de baja del trabajador, si es que los hay, pero esta situación solo sería ideal si por parte de estos servicios existiese una total seguridad de que se va a entender cada caso", indica Gómez. Carecer de información básica sobre el VIH es una de las principales causas, según apunta, por las que existen prejuicios hacia estas personas. "A través de nuestra plataforma las empresas no contratan a gente con VIH, sino que seleccionan a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. La mayoría de las consultas que recibimos tienen que ver con el acceso al empleo, así que es un tema que preocupa y del que mucha gente no habla porque tiene miedo a ser rechazado", añade. Fuente: El País 01-12-2016

Presentada la 'Guía de la vigilancia de la salud en el sector pesquero' Las directoras y el director de los Institutos de Seguridad y Salud Laborales de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi han presentado en la mañana de este martes en Bilbao la 'Guía de la Vigilancia de la Salud en el sector pesquero', en el marco de la "II Jornada de Prevención de Riesgos en el sector marítimo-pesquero", organizada por Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Concretamente, este martes se ha presentado la última fase que completa la guía que se ha ido desarrollando y publicando en diferentes etapas. En esta última fase se cierra el círculo de la vigilancia de la salud con la planificación de la misma, basada en la evaluación de riesgos que se desarrolla a lo largo de toda la guía. De este modo, se proponen las pruebas y exploraciones médicas concretas que permitirán conocer si las condiciones de trabajo afectan a su estado de salud, facilitando al personal médico y de enfermería del trabajo identificar de forma precoz la aparición de dichos daños y dándoles la posibilidad de recomendar las medidas preventivas más adecuadas en su trabajo junto con el personal técnico de prevención.

En sus respectivas intervenciones, la directora general de Osalan, Izaskun Urien, el director del Instituto cántabro, Amalio Sánchez, la directora del Instituto asturiano, Miryam Hernández, y la directora del Instituto galego, Adela Quinzá-Torroja, han destacado la "aportación y el valor añadido de este trabajo elaborado de forma conjunta, donde se suma la experiencia, el saber hacer y el conocimiento de un equipo técnico y sanitario multicisciplinar con una amplia experiencia en el ámbito preventivo". REALIDAD COMÚN Cada uno de los Institutos de Seguridad y Salud Laborales desarrolla actividades en el campo de la prevención de riesgos laborales en los diferentes sectores de la economía. Ante una realidad común a las cuatro comunidades autónomas como es la pesca, han apostado por "la colaboración y la suma de esfuerzos". La guía se ha ido desarrollando en diferentes etapas. La primera, dirigida a las flotas de bajura y artesanal, se publicó en otoño de 2011. La segunda, que abordaba las actividades de marisqueo a pie, extracción de recursos específicos y las actividades auxiliares a la pesca, lo hizo en otoño de 2012, y la tercera, sobre las artes de altura y gran altura, un año después. Esta publicación reúne las tres anteriores y, debido a su volumen, se realiza en un doble formato. Una versión breve en formato papel y la versión completa está disponible en el sitio www.grupo-cano.com. Además, se incluye un vídeo de presentación de la guía. Fuente: lainformacion.com 29-11-2016

Carta a la patronal hotelera de parte de 'las Kellys' Somos una asociación de mujeres trabajadoras de base, ninguneadas invisibilizadas por múltiples factores pero con la autoestima, la dignidad y el señorío en perfecto estado Las Kellys Follow @@LAS_KELLYS 30/11/2016 - 21:09h Hemos leído las declaraciones de Joan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), en las que apunta a intereses políticos detrás de las movilizaciones de las camareras de piso y hemos querido contestarle. Estimado Sr. Molas, buen intento pero, a estas alturas, sus palabras lo único que consiguen es transmitirnos la certeza de que vamos por el camino correcto y suponen un impulso hacia adelante. Somos una asociación de mujeres trabajadoras de base, ninguneadas e invisibilizadas por múltiples factores pero con la autoestima, la dignidad y el señorío en perfecto estado; por eso no le vamos a responder como se merece al tildarnos de incapaces pues ya se ha definido usted solo suficientemente. La Asociación Las Kellys somos una asociación autónoma. Algo de lo que pueden dar fe partidos políticos y sindicatos porque a pesar del momento convulso de campañas electorales y elecciones previas que hemos vivido la asociación presume de no haber sucumbido en las filas de ninguno. Tal vez sus declaraciones provengan de interpretar, equívocamente y con demasiado desprecio, la influencia de los diversos grupos y parlamentarios a los que hemos presentado nuestras reivindicaciones, pero señor Molas eso solo es democracia y activismo social, no nos criminalice. CEHAT no se puede desvincular del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadoresque establece una serie de obligaciones al empresario principal, para con los trabajadores de la contrata en términos salariales y de Seguridad Social. Todas ellas basadas en el principio del derecho según el cual quien está en condiciones de obtener un beneficio debe de estar dispuesto a responder de los perjuicios que pueden derivar del mismo. En este artículo, se establece que el empresario principal exigirá a los contratistas que le acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo y que han realizado la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad.

Por otro lado, señala que deberán vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales respecto de los trabajadores contratados mediante contrata o subcontrata que trabajen en sus centros de trabajo. La participación de los trabajadores en la empresa en cuestión de riesgos laborales es un derecho que solo se puede ejercer a través de un/a delegado/a de personal o comité de empresa. Así se establece en la Ley de Riesgos Laborales, en el artículo 34. Para poder ser delegados hay que tener, como mínimo, 6 meses de antigüedad en la empresa además de una garantía de continuidad. Como esto no se da en estas empresas no disponemos del único medio para ejercer nuestros derechos. CEHAT también se desvincula de los sueldos que las empresas externas nos conceden bajo un paraguas de intereses oscuros en los hoteles de España, pero no olvide que esos contratos se firman en los despachos de esos hoteles, por lo tanto la complicidad no es tan poca. Tenemos algunas nóminas, las cuales forman parte de procedimientos judiciales que hemos presentado como usted nos recomienda, que demuestran esto. ¿Decir que podemos empapelar su despacho suena muy rotundo? Asímismo, en algunos casos dónde se aplica el convenio sectorial que referencia hay camareras que denuncian sobrecarga de trabajo y están sufriendo importantes daños en la salud y no es que éstas incapacitadas y débiles mujeres lo digan alegremente, sino que los resultados de estudios de salud laboral realizados por los sindicatos mayoritarios así lo reflejan. Lamentamos leer tan banales palabras de personas tan cualificadas y relevantes en el sector del turismo porque, en nuestra ignorancia, consideramos que el reconocimiento de los problemas es el principio de la solución de los mismos. Atentamente, Asociación Las Kellys Fuente: eldiario.es 30-11-2016