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El Baguazo y las curvas del caso Ideele Revista Nº 244 Roxana Olivera

(Foto: La República) Eran más o menos las 6:15 de la mañana del viernes 5 de junio del 2009. La policía lanzaba bombas lacrimógenas a diestra y siniestra. Los manifestantes del paro amazónico estaban sorprendidos y atemorizados. Después de dos meses de protesta, los manifestantes estaban preparándose para marcharse del lugar ese mismo día. Todo el mundo lo sabía. ¿Por qué entonces el sorpresivo ataque de la policía? Y ¿por qué a tan temprana hora de la mañana? El carismático líder awajún Santiago Manuin Valera, de 52 años, salió en busca del jefe a cargo del operativo – como quien dice para calmar las aguas. (Para el pueblo awajúnwampis, Santiago es el símbolo de la sabiduría y de la protesta pacífica). Pero la oscuridad y la cortina de humo generada por las bombas lacrimógenas no le permitían divisar al responsable de la intervención policial en la Curva del Diablo. A fin de hacerle saber que ni él ni sus hermanos indígenas estaban armados, Santiago subió hacia la parte alta del cerro donde estaba apostado un grupo de efectivos de la DINOES. Con las manos en alto, Santiago se les acercó, gritando: “¿Qué hacen? ¡Ya nos vamos a ir! ¡No disparen! ¡Paz! ¡Paz!”,cuando de pronto se oyeron los primeros disparos del conflicto. No eran balas de goma. Dos manifestantes indígenas cayeron heridos, otro cayó muerto. Santiago fue abaleado, cayendo inmediatamente al suelo. Los que lo acompañaban lo dieron por muerto. No era para menos, con ocho perforaciones en los intestinos y con lesiones de bala en la vejiga y el colon. Y ante semejante escenario de violencia, los manifestantes reaccionaron de inmediato. Le hicieron frente a los policías y les arrebataron sus armas. Así fue como empezó el enfrentamiento que hoy es conocido como el Baguazo. Y, una vez que se supo que Santiago aún estaba vivo, el juez Francisco Miranda Caramutti, del Primer Juzgado Penal de Utcubamba, no titubeó en abrir un proceso penal y emitir una orden de detención contra él. Sandra Al despertarse en casa de unos amigos en Bagua Grande esa misma mañana, Sandra Quincho Cruz, de 23 años, prendió la radio y escuchó que la policía estaba matando a 1

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indígenas y a mestizos en la carretera Fernando Belaunde Terry. Sandra sintió pánico y desesperación. “Creí que nunca más vería viva a mi familia”, recuerda ella con lágrimas en los ojos. Su madre y hermana de apenas nueve años se encontraban solas en su casa en el caserío Siempre Viva, lugar muy cercano al escenario de los hechos referidos en el noticiero radial. De inmediato, Sandra tomó un carro que la llevó solo hasta la localidad de El Reposo, donde, para su gran sorpresa, efectivos de la policía también estaban haciendo intervenciones y capturando a manifestantes. Mientras la policía arrojaba gases lacrimógenos y disparaba con armas de fuego desde sus helicópteros, la gente que la rodeaba corría desesperadamente en busca de refugio. Sandra hizo lo mismo. Sintiendo que se ahogaba por efectos del gas, Sandra se metió a una casa, donde fue luego detenida por la policía, quien la tachaba en todo momento de “indígena”. No le dijeron de qué se le acusaba. Solo se la llevaron a empujones, obligándola a mantener la cabeza gacha. Es decir, para la policía, ser “indígena” significaba automáticamente ser “culpable”. Sandra es una profesora mestiza, quien a raíz de lo acontecido, se encuentra actualmente sin empleo y con antecedentes penales. El caso Curva del Diablo Santiago y Sandra no se conocieron durante el enfrentamiento ocurrido en Bagua ese nefasto 5 de junio, donde perdieron la vida 23 policías y 10 civiles, según las cifras oficiales. (Además de un oficial desaparecido, hubo más de 200 civiles heridos, de los cuales 82 – en su mayoría indígenas – fueron heridos de bala. Posteriormente, tres de ellos murieron en la clandestinidad, sin recibir atención médica). Sin embargo, después de lo acontecido en Bagua, Santiago y Sandra se han convertido en dos de los 52 protagonistas del caso Curva del Diablo, un juicio que a todas luces pretende eludir la responsabilidad del ex presidente Alan García Pérez, de las ex ministras Mercedes Cabanillas y Mercedes Aráoz y del ex premier Yehude Simon, y hacer recaer toda la responsabilidad jurídica de los hechos sobre ellos, las propias víctimas. De los 52 acusados, 29 son mestizos y 23 indígenas. Las acusaciones Santiago afronta graves acusaciones por la muerte de 11 policías en la Curva del Diablo. Se le ha iniciado un proceso legal por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, atentado contra los medios de transporte público, daños agravados, motín, atentado contra la tranquilidad pública, contra el patrimonio y tenencia ilegal de armas. De ser hallado culpable podría ser condenado a cadena perpetua. A Sandra, la única mujer entre los procesados, se le imputan los delitos de atentado a los medios de transporte público, motín, atentado contra la tranquilidad pública y contra el patrimonio. De ser hallada culpable podría ser condenada a 26 años en la cárcel. Acusada y testigo Hasta la fecha, ninguna organización fuera del Vicariato ha mostrado interés por el caso de 2

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Sandra. Durante su detención, Sandra fue testigo de la versión no oficial: la que habla de cuán salvaje fue la policía peruana hacia los indígenas. “A uno de ellos en particular, la policía lo maltrató desde el momento en que lo agarraron. Como no entendía lo que le decían, lo golpeaban despiadadamente. Lo insultaban. Lo pateaban. Lo volvían a golpear. Él gritaba, me imagino por todo el dolor que sentía. No podía ni pararse. Creí que se iba a reventar”, relata Sandra, con los ojos humedecidos. “Sentí gran pena por él, porque lo veía muy mal. Y me sentí culpable al no poder hacer nada por él. Pero, ¿qué podía hacer yo en esa situación?”. Sandra no conocía a aquel hombre. No sabía cuál era su nombre ni su apellido. No sabía nada de él, solo que era uno de los indígenas que había estado en el paro amazónico y que por eso fue severamente castigado. Eso era todo lo que sabía de él. Cinco años más tarde, eso cambió. En la primera audiencia del juicio oral, a Sandra le empezó a latir con fuerza el corazón. No podía creer lo que veían sus ojos. “¡Ese día lo volví a ver! ¡Aquí mismo lo volví a ver!”, recuerda Sandra con un ligero rictus en los labios. “Pensé que nunca más lo volvería a ver”. Resulta que Sandra había sido testigo de lo que había ocurrido con otro protagonista del juicio: Roldán EtsakuaYuuk, indígena awajún proveniente de la comunidad de Yumigkus del distrito de Nieva. Una persona humilde y sencilla que nunca había salido fuera de su comunidad, que apenas tenía nociones muy rudimentarias del español. En su idioma awajún, a través de un intérprete, Roldán declaró: “Al escuchar que estaban vendiendo nuestro territorio y que estaban sacando leyes, decidí apoyar el paro”. Dijo además, que como tenía ganas de conocer Bagua, ubicada a diez horas de su comunidad, no vaciló un instante en poner sus diez soles y subirse al camión que habían contratado para el viaje. Al llegar a Bagua, Roldán pasó a ayudar como cocinero en la preparación de la olla común. El 5 de junio Roldán fue detenido. Luego de propinarle la paliza de la cual fue testigo Sandra, la policía lo obligó a firmar una declaración escrita cuyo contenido él desconocía. Este documento, en el cual se decía que Santiago Manuin les había dicho a los manifestantes que tenían que apoyar el paro amazónico no solo no le fue leído por un abogado sino que nunca le fue siquiera traducido.

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Fuera de juicio Lo que no se busca en este proceso es llegar a la verdad: la causa de los hechos. Nada en el juicio permite apuntar ni siquiera remotamente al contexto y a los hechos que propiciaron el paro amazónico y el conflicto en sí. Tampoco es dable esperar que prospere cualquier consideración que intente reivindicar el derecho a la protesta social. Cabe recordar que la causa inmediata de la protesta amazónica fue la emisión bajo el Gobierno de Alan García de una serie de decretos legislativos no consultados e inconstitucionales que ponían en grave peligro el ecosistema de la selva y vulneraban los derechos territoriales indígenas. La idea era flexibilizar la explotación de la Amazonía. Tal como lo señalara Santiago Manuin: “Con esos decretos nos iban a quitar nuestro territorio. Si nos quitaban nuestro territorio, nos quitaban el derecho a la vida. Es por eso que tuvimos que reclamar. Pero eso sí, siempre lo hicimos pacíficamente”. Los derechos que reclamaban Santiago y Roldán, conjuntamente con los pueblos indígenas amazónicos, son derechos expresamente reconocidos en tratados y acuerdos internacionales que el Gobierno peruano estaba, y está, obligado a respetar. Viéndose amenazados en su supervivencia y la de sus generaciones futuras, los pueblos indígenas amazónicos organizaron la protesta, exigiendo la derogación de los decretos en controversia. Renuente a atender las demandas indígenas, el Gobierno central ordenó el operativo de desalojo de la carretera Fernando Belaunde Terry tomada por los manifestantes, quienes estaban desarmados y a punto de marcharse voluntariamente del lugar. Pero de esto ni una sola palabra en el juicio. Los manifestantes indígenas que estaban en la carretera eran miles. Si bien es cierto que muchos de ellos portaban lanzas de madera, es necesario enfatizar que el uso de las mismas fue más que nada simbólico, y no como material de guerra. Sobre este punto, recuerda el monseñor Santiago García de la Rasilla: “La lanza es una cosa simbólica. A mí cuando me ordenaron como obispo de Jaén, los indígenas de la zona me entregaron una lanza”. El operativo En cambio, los policías sí llevaban armas de guerra – algo nada simbólico. Para “desbloquear 4

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la carretera” y “restablecer el orden” en la zona participaron 400 efectivos policiales, con sus respectivos 28 responsables, quienes emplearon 304 fusiles AKM con 1.214 cacerinas que equivalen a 36.420 tiros, según documentación proporcionada por la Defensoría del Pueblo. También usaron 15 fusiles de combate HK G3 con 60 cacerinas, 50 escopetas lanza gas con 1.091 proyectiles, 38 escopetas de lanza perdigones con 640 cartuchos de goma, 2 pistolas Pietro Beretta con 2 cacerinas y 481 granadas lacrimógenas de mano. Eso no es todo. Haciéndose eco del testimonio de Sandra, varios testigos presenciales de lo que ocurrió ese día afirman haber visto francotiradores disparar desde helicópteros que sobrevolaban la carretera donde se realizaba la protesta. De acuerdo con esas declaraciones, hubo, por ejemplo, un efectivo policial quien, asegurado con un arnés a la puerta del helicóptero, apuntaba y disparaba con un fusil a los manifestantes. El presunto francotirador resultó muerto. Fue la ministra Cabanillas quien ante la prensa dio la noticia de su muerte. Aun así, existe a nivel oficial todo un misterio sobre la identidad, papel en el operativo y las circunstancias de la muerte del agente en cuestión, y si él o algún otro tripulante usaron un arma de fuego de largo alcance durante el operativo. ¿Por qué tanto misterio? La ministra Cabanillas ha negado una y otra vez haber participado en las cuestionadas órdenes policiales del desalojo, pese a que existen pruebas que sugieren lo contrario. En un memorándum del 3 de junio del 2009 dirigido al general Luis Muguruza (quien estuvo a cargo del operativo), por ejemplo, el director general de la Policía ordena explícitamente “informar permanentemente respecto al avance del planeamiento y operaciones realizadas, para conocimiento de este Comando y de la Sra. Ministra del Interior para la toma de decisiones”. ¿Por qué dice la ex ministra una cosa y el memorándum otra? ¿Acaso se desobedecieron las órdenes estipuladas en el citado memorándum? He aquí otro misterio. Según el informe oficial – el cual, como era de esperar, coincide con la versión del ex presidente García, la ex ministra Cabanillas y el general Muguruza, entre otros – fueron los manifestantes indígenas quienes provistos de armas “emboscaron” a los policías e “iniciaron la balacera”. No solo no existe ninguna evidencia que respalde la veracidad de tan fantasiosa historia, sino que las pruebas de absorción atómica aplicadas a los cuatro indígenas que murieron durante el operativo en la Curva del Diablo, al igual que a otros implicados en el caso como Santiago, Sandra y Roldán, establecieron claramente que estos no habían disparado armas de fuego aquel día. Sin embargo, no se puede afirmar lo mismo respecto al francotirador fallecido en el helicóptero y a los policías que intervinieron en el fatídico operativo. Quedan muchas preguntas por resolver sobre el operativo y los responsables del mismo. Pero aunque parezca increíble, García, Cabanillas, Aráoz y Simon no forman parte de este juicio. El abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal solicitó que estos sean convocados como testigos de contexto para que atestigüen sobre cómo se ordenó y cómo se 5

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planificó el operativo policial. La Sala Penal Liquidadora de Bagua, presidida por Gonzalo Zabarburu Saavedra, denegó el pedido de Quispe. ¿Cuál fue el argumento de fondo? “Ellos no estuvieron presentes en el lugar de los hechos y por ende sus testimonios no sirven para esclarecer las muertes”, acotó uno de los jueces. Ni más ni menos. Los traslados En Bagua, la pesadilla del 5 de junio continúa. Los acusados son procesados como si fueran integrantes de una pandilla de crimen organizado, pese a que las acusaciones son individuales. Nadie sabe cuándo le toca su interrogatorio. Mientras dure el proceso, Santiago, Sandra, Roldán y el resto de los acusados están obligados a presentarse a todas y cada una de las sesiones del juicio oral en este caso. No les queda otra. El presidente de la sala siempre pasa lista. La misionera Carmen Gómez Callejas expresa gran preocupación sobre este tema, “¿Qué significa esto del traslado? Significa que para ‘ponerse a juicio’ todos los procesados deben viajar desde sus lejanas comunidades hacia el juzgado en Bagua. Y deben hacer ese viaje cada dos semanas. Eso tiene un costo enorme. Solo como referencia, un procesado del distrito de Santiago debe gastar S/. 400 soles en cada viaje, y además debe ausentarse de su familia y de sus labores durante 10 días al mes”. Es fácil deducir que los gastos de traslado bordean cada vez los S/. 5.000 soles. Naturalmente, los acusados no pueden afrontar esos gastos. La gran mayoría de ellos vive de una agricultura de subsistencia. Muchos de ellos ni siquiera manejan dinero. Pero esos pequeños detalles parecen no importarles a los operadores de justicia de la Sala Penal Liquidadora de Bagua. El pedido de los abogados que se citen solo a quienes tengan que prestar testimonio, fue denegado más de una vez. ¿Quién solventa los gastos de traslado? La Iglesia católica del Vicariato de Jaén. Cabe preguntar: ¿Quién entre los operadores de justicia lleva cuenta de todos estos gastos, en caso de que los acusados sean declarados inocentes? Fuera de los gastos de traslado, existen otros tipos de gastos: gastos que no se recuperan con dinero. Tal como lo señala Gómez, “la mayoría de los procesados son padres de familias campesinas que viven del trabajo de cada día. Para muchos de ellos, 10 días de viaje son 10 días de no poder sustentar a su familia”. Acerca de esto, Sandra afirma: “Yo no tengo nada que ver en este caso. Sin embargo, he perdido mi trabajo de maestra por tener que pedir tantos permisos para venir a este juicio. Como si fuera poco, tampoco puedo conseguir otro empleo, porque, para mi gran sorpresa, ahora estoy fichada. ¡Imagínese! ¡Yo soy el único sostén económico de mi familia!” En la sala de audiencia, Santiago tiene la cabeza gacha y los ojos cerrados. “Santiago era una persona sanísima”, cuenta Gómez. “Era bien gordito y cachetón”. Ahora no lo es. Desde que fue baleado, Santiago ha perdido 32 kilos y 50 centímetros del intestino delgado. Además, 6

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padece de diabetes en un grado severo. Para presentarse a cada sesión de juicio oral, Santiago tiene que viajar entre 10 y 12 horas. Sin duda, el viaje es largo, agotador, y tiene un impacto negativo en su salud. Pese a ello, Santiago sigue manteniendo un tono conciliador mientras se presenta resignado a cada audiencia. Su testimonio fue muy revelador al respecto: “Cuando estaba en el hospital y me comentaron de la muerte de tantos policías y de tantos indígenas, solamente terminé lamentando que los indígenas por estar defendiendo nuestras tierras, hemos llegado aquí. Y los policías también, solamente por cumplir órdenes han sido víctimas de algo absurdo. Si no fuera por eso, ¿por qué tenemos que estar enfrentándonos? Eso es lo que me vino en mente. Eso me dio mucha pena. Terminé llorando”.

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