Dinámica agr cola en áreas periurbanas de megaciudades: el caso del Distrito Federal Pablo Torres-Lima y Luis Rodríguez Sánchez Profesores del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la División de CBS de la UAM-Xochimilco El desarrollo urbano tiene importantes implicaciones para la preservación de áreas agrícolas y el manejo de recursos naturales en comunidades locales rurales. Este estudio analiza la dinámica socioeconómica de la agricultura y sus interacciones entre múltiples variables culturales y el medio ambiente en el contexto urbano de la ciudad de México. Se llevó a cabo el trabajo de campo durante el periodo de 2002-2003 en comunidades rurales de las cinco delegaciones de montaña del sur del Distrito Federal. En la investigación se concluye que las políticas de apoyo a los sistemas de producción agrícola regionales mediante la promoción de servicios y protección ambiental y el desarrollo económico son necesarias para el desarrollo sustentable de las comunidades locales. Se sugiere que los beneficios de las áreas periurbanas coinciden con un buen diseño de planeación territorial y manejo de recursos para la agricultura en el Distrito Federal.
Urban development has significant implications for preservation of agricultural land and management of natural resources in farm communities. This study analyzes the socioeconomic dynamic of agriculture and related interactions between different cultural variables and the environment in the urban Mexico City context. The field study was conducted during the period 2002–2003 in rural communities in the five mountainous boroughs in the south of the Federal District. The investigation concludes that policies to support regional agricultural systems by promoting environmental protection and services and economic development are necessary for sustainable development of farming communities. It is suggested that peri-urban areas in the Federal District will benefit from good planning design and agricultural resource management.
Palabras clave: paisajes culturales, agricultura periurbana, desarrollo local, Distrito Federal.
Keywords: cultural landscapes, peri-urban agriculture, local development, Federal District.
INTRODUCCIÓN En la estructura de los espacios regionales y la dinámica metropolitana de las grandes ciudades ocurren importantes cambios debido a las transformaciones de la economía mundial. La mayoría de estos cambios modifican las tendencias de urbanización (Davis y Henderson, 2003), al mismo tiempo que alteran los ecosistemas que circundan a las ciudades. El impacto de estos cambios en los procesos urbanos incluye una mayor demanda de recursos y altos niveles en la producción de desperdicios, lo que en su conjunto implica la transferencia de costos ambientales a los diferentes sistemas
regionales de producción que se interconectan con la urbanización, como la agricultura, el pastoreo y la forestería. En la medida en que las sociedades contemporáneas dependen ampliamente de la comprensión y manejo del crecimiento de las ciudades ( , 1997), la evaluación de la dinámica regional de los espacios periurbanos o la configuración espacial de los cambios en el uso del suelo se debe relacionar con el papel del Estado en la definición de políticas medioambientales urbanas que promuevan el progreso hacia un desarrollo sustentable de las comunidades 51
I
N V E S T I G A C I Ó N
Y
D I S E Ñ O
2005
locales (Satterhwaite, 1997; Thinh et al, 2002). Estas políticas deben incluir la recuperación y promoción de los ecosistemas que rodean a las ciudades mediante la reducción del impacto en los recursos naturales y las actividades periurbanas rurales, particularmente en la emergencia de nuevas formas de crecimiento de grandes ciudades en los países en desarrollo. En Latinoamérica, existe una desconcentración de las funciones urbanas y de la población que puede ser descrita como una urbanización basada en la región más que un crecimiento interno de la propia ciudad (Gilbert, 1993). En la megaciudad del centro de México se presenta un modelo de crecimiento más asociado a redes que a fronteras definidas. Esto crea un modelo de dispersión urbana que incorpora pequeños poblados y periferias rurales dentro de un amplio y complejo sistema metropolitano (Aguilar y Ward, 2003). Las dimensiones espaciales de las regiones periurbanas en el desarrollo de las megaciudades y el impacto humano sobre estos paisajes rurales pueden ser evaluadas por el grado en que los recursos naturales son utilizados de región en región. La mayoría de la regiones urbanas se localizan en áreas biológicamente sensibles donde la demanda por tierra a urbanizar crece en la medida en que la población aumenta, dejando pocos espacios verdes (Rudd et al., al 2002). Sin embargo, en algunos de estos espacios verdes, muchos de ellos forestales, existe un distintivo perfil productivo basado en la agricultura, que está lejos de ser marginal en términos de un desarrollo local económico (Cabus y Vanhaverbeke, 2003). En respuesta al crecimiento poblacional y al desarrollo urbano, la preservación de tierras agrícolas y el manejo de recursos naturales forma parte de la investigación y formulación de políticas en áreas periurbanas rurales (Sharp y Smith, 2003; Heimlich y Yerson, 2001). El presente trabajo revela que el Distrito Federal (DF) históricamente ha incluido una vigorosa agricultura periurbana que
se reproduce en la medida en que existe una estrecha vinculación entre el desarrollo local y la estructura urbana, principalmente por medio del mercado de productos agrícolas y servicios ambientales. Mediante la inclusión de consideraciones socioeconómicas, este trabajo se enfoca a una principal fuerza de presión en el área periurbana, la interfase de la agricultura y el uso del suelo urbano en el Distrito Federal. Desde una perspectiva de dos niveles, regional y local, las socioeconómicas y ambientales sobre la región urbana por los sistemas agrícolas pueden ser evaluadas de manera precisa, particularmente cuando existe una actividad agrícola tradicional de largo plazo en estas áreas y comunidades periurbanas. Basados en esto, una perspectiva es formulada para el proceso de elaboración de políticas con referencia a las áreas periurbanas de esta megaciudad. Este artículo revisa la dinámica de la agricultura en el área montañosa del sur de la ciudad de México y utiliza los conceptos de paisaje cultural y capital social para examinar las posibles implicaciones sociodemográficas en la planeación de políticas de desarrollo urbano sustentable, incluyendo el uso del espacio rural y agrícola. Este trabajo es parte de un proyecto de investigación de largo alcance, que implica evaluación ecológica (obtención de datos cuantitativos sobre el manejo del suelo y la condición de los agroecosistemas), encuestas a jefes de familia y metodologías etnográficas tradicionales, incluyendo observación participante, entrevistas a profundidad con informantes clave, grupo focal y la recolección de historias de vida para documentar el desarrollo regional de sistemas de producción agrícola de la ciudad de México en un período de 20 años, 1985-2005 (Torres-Lima, 1991; Torres-Lima et al., 1994; Torres-Lima, 1999; Torres-Lima et al., 2000; Torres-Lima y Burns, 2002; Torres-Lima et al., 2004). Este artículo se basa en el trabajo de campo llevado a cabo durante el invierno 52
PABLO TORRES LIMA
de 2002 y durante los tres primeros meses de 2003 en cinco de las delegaciones montañosas del sur del Distrito Federal. Una muestra de población demográficamente estratificada fue entrevistada (por la varianza de capital operado, población y localidad) de 129, 70, 40, 38 y 16 personas de Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, respectivamente, con 95% de nivel de confianza, ya que se utilizó a la población económicamente activa en la agricultura como universo de estudio. Particularmente se examina el proceso de la agricultura que está interconectado con el desarrollo regional urbano dentro del marco de los vínculos entre dos categorías: 1) tenencia de la tierra y sistemas de cultivo y 2) perfiles socioeconómicos. Este estudio comparativo inicia con la descripción de la actual dinámica de las áreas rurales del sur del DF, después se procede a examinar el perfil de los sistemas agrícolas y de los productores, así como de sus respuestas al desarrollo urbano regional, para de ahí llevar a cabo la discusión de las implicaciones de planeación y políticas urbanas y la relevancia de estos aspectos en el paisaje periurbano y del desarrollo sustentable de comunidades locales.
Y
LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
tivamente, incluyendo 1,800 especies de y fauna silvestres. La principales especies del bosque son: Pinus oocarpa, P. michoacana, P. leiophylla, Quercus magnoliifolia, Q. Laurina, Abies religiosa. En promedio, los recursos naturales de estas zona cuentan con una capacidad de captura de carbono de 90 ton/ha y provee 57% del agua que consume la ciudad (PAOT, 2003). Se ha considerado que la zona más importante para la recarga acuífera del Valle de México son las sierras del Chichinautzin y Las Cruces, al surponiente del Distrito Federal, con superficies de 63,929 ha y 23,483 ha y con una capacidad de infiltración profunda promedio anual de 2.5 y 2.0 millones de litros de agua de lluvia, respectivamente. Se cuenta con una precipitación de más de 1,200 mm de lluvia al año (Centrogeo, 2001). Asimismo, se ha estimado que el suelo de conservación aporta un valor neto en el precio del agua de 0.19 dólares por metro cuadrado y de 0.15 dólares por metro cuadrado en la Sierra del Chichinautzin y Las Cruces. Conforme la zona metropolitana del Distrito Federal crece a un ritmo de 3.3% anual, la demanda aumenta 0.72 m3 /s, lo cual representa una presión mayor sobre los acuíferos, los cuales ya son sobreexplotados en 10 m3/s (Centrogeo, 2001). Para la valoración del servicio de recarga acuífera se plantea el pago por servicios hídricos del bosque que permita su conservación a partir de un sobreprecio en el cobro actual del agua para uso doméstico e industrial urbano, lo cual significaría una aportación de 90 millones de dólares para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica y rehabilitación de áreas agrícolas de chinampas (Centrogeo, 2002; Rodríguez, 2004). Con fines normativos, el suelo de conservación del Distrito Federal se agrupa como 43.9% forestal y matorral, 12.4% pastizal, 32.3% agrícola y 11.4% como urbano (SMA, 2004a). Otra clasificación (PAOT, 2003) estima que existen 57.6% de bosque, matorrales y pastizal, 30.0% de agricultura y pastoreo y 12.4% de poblados
PAISAJE RURAL Y AGRICULTURA PERIURBANA EN EL DISTRITO FEDERAL El territorio de las áreas rurales del DF está predominantemente ocupado por una cobertura forestal, actividades agrícolas y pastizales. De acuerdo con el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, 2001, existen 88,442 ha de suelo de conservación, que representan 59% de la superficie total del Distrito Federal (PAOT, 2003). De esta superficie, aproximadamente 2,516 ha pueden considerarse parques y bosques estrictamente urbanos. El paisaje rural alberga cerca de 2% y 11% de la riqueza biológica mundial y nacional, respec53
I
N V E S T I G A C I Ó N
Y
D I S E Ñ O
2005
rurales, equipamiento y asentamiento humanos irregulares. Al producir la urbanización y los cambios en el uso del suelo una presión mayor sobre los recursos naturales y los ciclos de los ecosistemas, la deforestación surge como un problema crítico en la región surponiente del Distrito Federal. Ésta se estima en 239 ha anuales mediante la tala clandestina, el pastoreo excesivo, las plagas y enfermedades de los bosques, la incidencia de incendios y la extracción de tierra de monte; la última acción representó 25 millones de ton de tierra extraída de los bosques en el periodo de 1993-1997 (Centrogeo, 2001). Asimismo, la erosión representa un problema moderado (entre 10 y 50 ton/ha/año) para la mayoría del suelo de conservación, 63% del territorio. Aunque para el caso de Milpa Alta y Tlalpan el riesgo es alto (50-200 ton/ha/año) en 22% y 24%, y muy alto (más de 200 ton/ha/año) en 5% y 3% de la superficie rural, respectivamente (TorresLima, 1999). En la determinación de la aptitud del suelo para la agricultura de temporal en la superficie exclusivamente rural del Distrito Federal, sin que se alteren los recursos asociados (suelos y vegetación) y se tenga un menor impacto en el costo energético y económico, se encontró que 95% del suelo no es apto para el desarrollo de sistemas de producción agropecuarios. Esto debido a que se cuenta con una pendiente mayor a 15% y restricciones de temperatura y precipitación (Torres-Lima, 1999). Sin embargo, del total del suelo de conservación, los cinco poblados de la zona surponiente del Distrito Federal seleccionados en este estudio presentan un uso del suelo con las siguientes características: 46.3% de áreas forestales y matorral, 17.0% de uso agrícola y 5.8% de pastizal. Milpa Alta y Tlalpan cuentan con una ruralidad marcada en sistemas de producción regionales con fines agrícolas y de pastoreo. Por otro lado, Álvaro Obregón muestra un perfil más urbanizado,
con menos superficie rural. Se ha observado una tendencia a reducir la superficie cosechada agrícola al pasar de 31,115 a 26,715 ha (19872000), lo cual significa una reducción de casi 14% en 13 años. El cultivo de mayor dinamismo del DF sin duda alguna es el nopal, al pasar de una superficie cosechada de 1,748 ha en 1987 a 4,176 en 2003, lo cual significa un incremento de 139% (Sagarpa, 2003). El perfil actual de la diversidad productiva del paisaje rural del Distrito Federal permite producir anualmente lo siguiente: 423,000 ton de productos agrícolas; 7,170 ton de carne; 2,500 ton de huevo; 100 ton de miel; 15.5 millones de litros de leche; 17,600 ton de ; 3,635,000 plantas en maceta; todo equivale a un valor de 160 millones de dólares. Además, el Distrito Federal ocupa el primer lugar en la producción nacional de nopal, acelga y de nochebuena (Sagarpa, 2004). Se estima que 69% del suelo de conservación se localiza dentro de la propiedad social: 28 ejidos y siete comunidades. Estos 35 núcleos de población cuentan con 14,257 beneficiarios directos además de los 9,876 propietarios de parcelas privadas que poseen 10.2% del suelo de conservación, lo que en su conjunto aglutina a 403,000 habitantes en las áreas rurales del Distrito Federal (Centrogeo, 2001). En el XII censo nacional de 2000, se reporta a 16,484 personas como la población económicamente activa agrícola en la entidad. En este artículo, se evalúan los sistemas de producción agrícolas regionales de la zona de montaña donde se encuentra 58% de esta población (INEGI, 2000). Particularmente, la población agrícola del Distrito Federal muestra variaciones en la migración rural-urbana como parte de la integración al mercado laboral local y regional urbano. Por ejemplo, se estima que en Milpa Alta 42% de los agricultores tiende a emigrar principalmente para vender sus productos al mercado de la ciudad y en menor medida co-
54
PABLO TORRES LIMA
mo empleados gubernamentales o en servicios. Sin embargo, los agricultores no buscan seguridad o beneficios en los trabajos urbanos sino por el contrario, las estrategias migratorias temporales recurrentes que usan son parte de un conocimiento de alternativas de trabajo e ingreso que se relaciona con un conocimiento social regional común (Torres-Lima y Burns, 2002). En 1998, el ingreso que provino del empleo urbano para los agricultores dedicados exclusivamente a producción agrícola fue de 49% en Milpa Alta y 24% en Tlalpan (TorresLima, 1999). Se estima que la ocupación urbana en del Distrito Federal crece a un ritmo de más de 300 ha por año, lo que representa una tasa anual promedio de 6.1% (PAOT, 2003). En promedio las áreas periurbanas agrícolas tienen un crecimiento poblacional de 0.14% anual, siendo Milpa Alta la región que muestra una mayor expansión de 0.42% anual (Aguilar y Ward, 2003). Aparte del crecimiento natural de la población, la presión aumenta por la migración a estos espacios periurbanos. En 2002, en la zona de montaña se detectaron 399 asentamientos irregulares que incluyen a 22,929 familias, ocupando una superficie total de 1,587 hectáreas, siendo las áreas de ocupación más críticas Tlalpan y Milpa Alta con 179 y 127 asentamientos, que alojaron a 6,870 y 4,940 familias, en una superficie de 585 y 369 ha, respectivamente (PAOT, 2003). Muchos de estos asentamientos se ubican en zonas con altas pendientes y en barrancas con un alto riesgo ecológico e hidrográfico para las regiones rurales. En su conjunto, estas tendencias significan mayores superficies extras de territorio para vivienda y servicios urbanos utilizando los suelos agropecuarios y forestales del Distrito Federal. Se estima que en los próximos años todo el suelo que se incorpore a uso urbano será a costa del suelo de conservación (Centrogeo, 2001).
Y
LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
En términos de políticas, el gobierno local cuenta con la Ley Ambiental del Distrito Federal, la cual regula los usos del suelo y las actividades productivas desarrolladas en el suelo de conservación y se sustenta en dos grandes programas: desarrollo urbano y ordenamiento ecológico del territorio. Mediante ellos también se regula el ejercicio del derecho de la propiedad a partir de la zonificación del suelo. De esta forma, se plantea que el sistema de evaluación del impacto ambiental y el régimen de áreas naturales protegidas son los instrumentos preventivos que permiten el aprovechamiento racional y sustentable del suelo de conservación. Particularmente, el Programa General de Ordenamiento ecológico del Distrito Federal establece que todos los programas de desarrollo social, económico, demográfico, cultural, ya sea urbanos o rurales, así como los proyectos, obras, servicios o actividades productivas y de aprovechamiento de los recursos naturales estarán sujetos a las previsiones contenidas en dicho programa. Se asienta que la Secretaria del Medio Ambiente está comprometida con la promoción del desarrollo rural equitativo y sustentable en el marco de una política integral que clasifica el paisaje rural del Distrito Federal como área de conservación, restauración de los recursos naturales y sus servicios ambientales, y como zona importante de producción rural y agroindustrial. Para esto se prevé la elaboración del Programa de Ordenamiento y Control de Asentamientos Humanos en Áreas no Urbanizables y del Programa para el Aprovechamiento Sustentable y Racionalidad del Suelo de Conservación (PAOT, 2002). Como parte de esta política de desarrollo rural equitativo y sustentable, la estrategia de la Secretaría del Medio Ambiente promueve la valoración de los bienes y servicios ambientales, la cultura y organización agraria de sus pobladores y el carácter multifuncional del área
55
I
N V E S T I G A C I Ó N
Y
D I S E Ñ O
2005
rural, además concibe la participación social directa y la organización social como componentes de la intervención institucional. Con esta estrategia, se pretende lograr la autonomía de los productores rurales, aprovechando sus propias capacidades, experiencias productivas exitosas y la gestión de los recursos mediante el establecimiento de cadenas de comercialización con certificación para productos orgánicos y el apoyo financiero para actividades ecoturísticas, agroindustriales y artesanales (SMA, 2004b).
durante los últimos 44 años sin variaciones mayores a 10% a pesar del incremento de la urbanización (Torres-Lima, 1999). El comportamiento de cambio de las tierras agrícolas se debe a dos causas: a) por un lado, a la pérdida de este uso por la urbanización, 250 ha anuales, y al abandono temporal de la agricultura, 406 ha anuales; y b) al avance de la agricultura y el pastoreo sobre las tierras boscosas, 854 ha anuales como tasa de conversión (Torres-Lima, 1999). Es decir, los sistemas regionales agrícolas se dirigen hacia las zonas de mayor pendiente con vegetación forestal, presionadas por la urbanización que también los desplaza. Ello no sólo ha contribuido al deterioro de los espacios con vocación forestal o de vida silvestre, sino también ha favorecido la pérdida de productividad de las actividades agropecuarias como consecuencia de la ocupación de tierras menos aptas al uso agrícola. Esto significa que a pesar de la diversidad de su ambiente, los paisajes naturales regionales han sido progresivamente fragmentados por la agricultura, el pastoreo y la urbanización. La fragmentación del hábitat a nivel de las parcelas es, sin duda alguna, una amenaza para la biodiversidad local y afecta el desempeño ambiental de los paisajes rurales (Wu et al., 2004). Este efecto de “movimiento tierra arriba” de la agricultura y el pastoreo se vincula con el problema del minifundio. Los espacios con posibilidad de tener altos niveles de rentabilidad, que puedan garantizar la estabilidad del paisaje temporal del suelo agrícola, son muy reducidos con relación al territorio total disponible y con el tamaño promedio de la propiedad por unidad de producción. Los grandes espacios no urbanizados están ocupados todavía en su mayor parte, por bosque y son de propiedad comunal o ejidal no parcelada, donde no se desarrollan actividades agrícolas o pecuarias de manera formal, aproximadamente 24,957 hectáreas. Sólo una
DINÁMICA DE LA AGRICULTURA Tenencia de la tierra y sistemas de cultivo La tenencia de la tierra en la región de la montaña del Distrito Federal se caracteriza por un predominio de la pequeña propiedad: 67% de los agricultores cultivan bajo este régimen, aproximadamente 14,163 hectáreas. Esta tendencia incluye el efecto de la privatización social e informal de la tierra que en varios ejidos o comunidades, como en Tlalpan y Milpa Alta, se lleva a cabo desde hace 15 años (Torres-Lima, 1991). Ciertos espacios parcelados dentro de los bienes comunales o el ejido terminan considerándose como propiedad de las familias por tradición, incluso existe un mercado informal de tierras a pesar de carecer de derechos legales formales. Al comparar estos datos con los reportados por el VII Censo Agropecuario (INEGI, 1991), en el cual se incluyen 5,211 ha de propiedad privada y 10,584 de propiedad social para la agricultura, con un total de 15,795 ha, se puede distinguir una reducción de 1,632 ha en un lapso de 13 años. Estos resultados coinciden con las tendencias de cambio de uso de suelo reportadas para las siete delegaciones rurales del Distrito Federal, en donde la superficie agrícola se ha mantenido
56
PABLO TORRES LIMA
pequeña parte de esta superficie ya ha sido absorbida para usos urbanos, alrededor de 5.1%. Los resultados ponen de manifiesto la poca consideración que los agricultores tienen de las zonas forestales como espacios de aprovechamiento económico. Los productores no perciben al bosque como un medio de vida y subsistencia de largo plazo. Esto implica que la mayor parte del suelo de conservación de la región de montaña del Distrito Federal se ubica dentro de espacios ejidales o comunales sin vocación agropecuaria y carentes de un manejo organizativo formal y económicamente rentable para sus usufructuarios, tales como las actividades agroforestales, ecoturísticas o de servicios ambientales, a excepción de algunos parque ejidales o comunales en Tlalpan o Cuajimalpa. En los sistemas agrícolas regionales existe una atomización de la pequeña propiedad, principalmente en Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Milpa Alta, donde cerca de 90% de los productores cuentan con una o menos de una hectárea. En Contreras y Tlalpan, 45% y 57% de la producción se realiza en superficies de más de una hectárea. La agricultura se practica en dos tipos de extensión: 1) en minifundio, con niveles de rentabilidad suficientes para ser una actividad competitiva, que ocupa 66% del total de la superficie regional (11,923 ha) para la producción de nopal, hortalizas, , y maíz elotero; y 2) en mayores extensiones de suelo, que operan con niveles de baja rentabilidad, para la producción de maíz y forrajes, dentro de un esquema de autoconsumo y de complemento de la economía familiar asociada a empleos urbanos, la que ocupa el 33% restante. La diversidad productiva de la agricultura en la región de estudio no cuenta con un patrón definido en función del contexto tecnológico regional y de las diferentes modalidades de monocultivo y asociación de cultivos. Aunque existe un predominio regional del cultivo de maíz, avena y nopal, la asociación de cultivos
Y
LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
es realizada por una mayor número de productores en Cuajimalpa y Álvaro Obregón (36%), Contreras (17%), Tlalpan (9%) y Milpa Alta (5%). Con una agricultura mayoritariamente de autoconsumo y de complemento al ingreso familiar, Cuajimalpa posee una alta diversidad de opciones de manejo de plantas, mientras que Milpa Alta tiene una baja diversidad por el predominio local de dos sistemas de monocultivo: el nopal, que agrupa una elevada proporción de productores que cultivan en pequeños espacios, y el maíz que ocupa mayores superficies de producción. El sistema regional de producción agrícola predominante en el Distrito Federal es de tipo convencional: 49% de los productores usan fertilizantes químicos, 29% pesticidas y 36% utilizan tractores. El amplio uso de pesticidas se relaciona con la presencia crítica de plagas y enfermedades, reportadas por 55% de los productores. El 21% aplica abonos orgánicos, exceptuando los agricultores de Milpa Alta, quienes en 76% de los casos aplican estiércol para la producción de nopal. El uso de tracción animal se realiza sólo en Contreras, Milpa Alta y Tlalpan por 38% de los agricultores. Con excepción de Milpa Alta, donde 59% manifestó tener sistemas naturales de cultivo, el resto de las delegaciones cuenta con menos de 20% en esta dinámica de producción. La agricultura orgánica certificada, importante para la región en términos de la sustentabilidad ambiental, todavía está lejos de ser promovida y desarrollada, ya que menos de 5% del total de productores la reporta. Los gastos en insumos externos en la agricultura se relacionan con la preparación del suelo y la nutrición de los cultivos, principalmente en la fertilización química, manejo de maquinaria y aplicación de estiércol, esto último es más importante en Milpa Alta y Cuajimalpa. A pesar de que al abandonarse la ganadería estabulada se rompió la cadena productiva entre agricul-
57
I
N V E S T I G A C I Ó N
Y
D I S E Ñ O
2005
tura y ganadería, elevándose los costos de traslado del estiércol, la búsqueda de tecnologías que promuevan el uso de biofertilizantes para sustituir el uso de insumos sintéticos con un menor costo económico y ambiental es limitada para el caso del nopal. También es importante el desarrollo de maquinaria agrícola de fácil manejo, que optimice el uso de la mano de obra y que se adapte a las condiciones topográficas y edafológicas del paisaje de montaña y que sean de bajo costo de mantenimiento, en algunos casos que se combine con la tracción animal. Las limitaciones de los sistemas regionales de producción agrícola son diversas. Principalmente, están asociadas con problemas de tipo climático (heladas, granizadas, sequía). Estas condiciones críticas son reportadas por los agricultores de Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, en 72%, 67% y 54% respectivamente. Por otro lado, 61% de los agricultores reporta como factores limitantes para el desarrollo de la agricultura la falta de mercado, bajos precios, intermediarismo y alta competencia extrarregional de productos agropecuarios. Una vez que 100% de la agricultura es de temporal, los productores destacan la necesidad de utilizar tecnologías que permitan enfrentar las variaciones de la frecuencia y cantidad de las lluvias, mediante la captación eficiente del agua donde se aproveche la gravedad de las pendientes de las montañas. Finalmente, con excepción de Cuajimalpa y Contreras, los productores no identificaron la urbanización como un problema significativo o limitante para la agricultura. Esta percepción de los agricultores una visión limitada respecto al paisaje rural regional y la conservación del suelo,
el cual todavía les permite la expansión de las áreas de pastizal y agrícolas a costa de la deforestación.
Perfiles socioeconómicos En la medida en que la agricultura del Distrito Federal se dirige hacia el mercado urbano y la producción de alimentos se comercializa de manera más rápida, existe una mayor contratación de mano de obra externa a la unidad familiar. La emergencia de actividades agropecuarias comerciales con cierto grado de competitividad y con mayor uso de fuerza de trabajo ocurre en Tlalpan y Cuajimalpa, donde 48% de los productores contratan peones, prácticamente el doble que en las otras delegaciones. A pesar del intensivo uso de recursos naturales y la sobrecarga de trabajo en las labores culturales para el cultivo del nopal, en Milpa Alta sólo 25% de los productores contratan mano de obra externa, al igual que Contreras y Álvaro Obregón. Esto significa que debido a la poca disponibilidad de fuerza de trabajo regional para la agricultura y el alto costo de esta, la agricultura de montaña del DF, particularmente la producción de nopal en Milpa Alta, sigue ofreciendo oportunidades de empleo para miembros de la familia. Por otro lado, en las regiones con mayor nivel de urbanización y una producción con un alto nivel de autoconsumo de cultivos básicos, como en Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Contreras, la coexistencia de trabajo agropecuario y el empleo urbano es importante y abarca 47%, 60% y 78% en estas delegaciones. Esta estrategia económica ha permitido a la mayor parte de los productores de autoconsumo mantener la actividad agrícola como un complemento de sus ingresos al participar en empleos urbanos ubicados en el sector de servicios, siempre con la ventaja de obtener un nivel mayor de ingreso. En delegaciones donde los 58
PABLO TORRES LIMA
sistemas agrícolas regionales están dirigidos principalmente al mercado, como Tlalpan y Milpa Alta, la proporción de productores con trabajo urbano se reduce a menos de 30% y 17%, respectivamente. La ausencia de cadenas de transformación que le añadan valor económico a los productos agropecuarios en el mercado y el poco desarrollo de sistemas de distribución colectivos o individuales organizados que rebasen el ámbito local, han sido factores fundamentales para el abandono de la agricultura en las cinco regiones de estudio. A esto se suma la disminución del capital social de las comunidades regionales debido a los cambios económicos en los perfiles de empleo que ha producido el crecimiento urbano y la modificación del paisaje rural en los últimos 50 años. En estas áreas de interface rural-urbana, se pueden identificar tres estrategias seguidas por los agricultores: a) la creación de microempresas agropecuarias intensificando la producción sobre los mismos recursos base, b) la adopción de tecnología convencional (fertilizantes y pesticidas) en los sistemas de cultivo, con un gran impacto sobre el medio ambiente y c) la reducción de la intensidad o la salida permanente de las actividades agrícolas como un paso anterior a la venta de la tierra (Moissidis y Duquenne, 1997; Torres-Lima y Burns, 2002; Sharp y Smith, 2003). Ante esta situación, las estrategias de centros regionales de acopio, la adquisición de espacios de venta en mercados urbanos, la organización de ferias de promoción local (por ejemplo, de nopal y productos alimenticios elaborados), y la venta a ciertos mayoristas o tiendas de supermercado se han convertido en rutas económicas para promover el desarrollo local. De cualquier forma, el autoconsumo de productos agrícolas regionales es importante dentro de la economía local, sobre todo maíz, frijol y algunas hortalizas. Esto se acentúa en Álvaro Obregón, Contreras y Cuajimalpa, donde la
Y
LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
producción agropecuaria es un complemento de la dieta familiar, además de proveer algunos recursos económicos con la venta de los excedentes en la localidad. El maíz, aun cuando su precio ha sufrido un deterioro (de 1985 a 2000 el valor se ha reducido en 72%), sigue siendo el cultivo más frecuente en la región. Los agricultores han mantenido la siembra de este producto con fines de autoconsumo, pero también han buscado estrategias económicas que les permitan tener mayores ingresos. Esto se logra mediante la producción de forraje para la alimentación de ganado, que constituye una forma de incrementar el valor agregado dentro de la cadena productiva, y a través de la cosecha y venta de elote, un producto que tiene un mayor precio que el maíz en grano. Situación similar ocurre con la avena, la cual sigue siendo cultivada por un gran número de agricultores, sobre todo en Tlalpan. Ante la caída de los precios de este forraje y la ruptura de las redes de comercialización tradicionales, muchos de los productores siembran avena como forraje para la venta a las caballerizas de la región o para sostener la cría de borregos, los cuales son vendidos en pie o sacrificados para producir barbacoa en áreas urbanas. Otra actividad económica regional importante es el cultivo del nopal en Milpa Alta, cuya producción abastece aproximadamente 80% de la demanda nacional, incluyendo al Distrito Federal y ciudades del centro y norte del país, además de su exportación a Estados Unidos y Japón (Losada et al., 1998). Prácticamente es el único cultivo que ha logrado tener un mercado de amplitud geográfica y económica muy importante; de 1980 a 2000 la superficie de nopal aumentó en 32%, su producción se incrementó en 253%, y el rendimiento en 168% (Torres et al., 2000). Sin embargo, este auge productivo y económico se ve amenazado por la propagación de este cultivo y la entrada al mercado regional de nopal proveniente de otras áreas productoras 59
I
N V E S T I G A C I Ó N
Y
D I S E Ñ O
2005
circunvecinas a la ciudad de México, como del estado de Morelos. Esto implica promover su industrialización y contar con mejores esquemas de distribución y mercadeo. El resto de las actividades agropecuarias regionales de importancia comercial son de tipo emergente, tales como la producción de hongos, frutillas (frambuesa y zarzamora), hortalizas en invernadero y . Paradójicamente, la economía de muchos de estos agricultores ha crecido gracias al sector terciario; como resultado de su empleo actual o anterior en el gobierno, el comercio, la educación u otros servicios. Sin embargo, la mayoría de los productores no han tenido la capacidad individual o comunitaria de vincular las actividades terciarias con la agricultura, ni tampoco han logrado un pleno control sobre las redes de distribución regional de sus productos. Por su parte, ni el gobierno del Distrito Federal ni los gobiernos delegaciones han promovido el mercado regional de los productos agrícolas frescos mediante la autorización de tiendas y otras formas directas de comercio entre los agricultores y los consumidores urbanos. De igual manera, se ha desatendido el abasto de biofertilizantes y otros insumos de agricultura biológica a través de la promoción e incentivos para la creación de redes de tiendas con tecnologías e insumos locales. En su conjunto, las políticas gubernamentales no han promovido empresas agropecuarias dedicadas a la transformación de productos agrícolas de pequeña escala mediante la expedición de licencias, asesoría técnica o la creación de infraestructura local. La mayor parte de los agricultores de la región (82%), con excepción de Contreras y Cuajimalpa, no reciben apoyos económicos directos para el financiamiento de la producción o proyectos de transformación. Por otro lado, existe una serie de apoyos gubernamentales en conjunto con empresas privadas que han beneficiado temporalmente a las comunidades
rurales, como la organización de ferias de promoción de productos agropecuarios y el apoyo para labores de mantenimiento de parcelas agrícolas por medio de peones o de maquinaria agrícola prestada. La mayoría de la canalización de recursos financieros gubernamentales para la agricultura, con la forma de proyectos de desarrollo técnico-productivo son a fondo perdido o sin intereses. Contreras y Cuajimalpa cuentan con el mayor número de productores financiados por el gobierno (90% y 63%, respectivamente), debido a su menor porcentaje de tierras agrícolas y con amplios espacios rurales todavía no urbanizados. Esto muestra una política de subsidio a los productores más pequeños con la finalidad de mantener el uso agropecuario del suelo que ocupan, aunque sus niveles de productividad y competitividad dentro del mercado no se incrementen con los financiamientos otorgados. En cambio, en Milpa Alta y Tlalpan la proporción de agricultores con apoyo económico se reduce como resultado de una actividad agrícola comercial más competitiva, capaz de generar ingresos mayores para la reinversión y porque el número de agricultores es considerablemente mayor. Sin embargo, en el nivel regional, más de 50% de los productores manifestó no recibir apoyo alguno en efectivo de parte del gobierno, con lo cual ellos mismos se financian a partir de la misma actividad agropecuaria y de trabajos urbanos. Finalmente, la capacitación y asistencia técnica gubernamental sólo se proporciona al 30% de la población regional. Sin embargo, los productores demandan información sobre temas relacionados con la producción, fertilización, el manejo de las restricciones ambientales (plagas, enfermedades y contingencias climáticas), la producción específica de algunos cultivos y con relación a procesos de industrialización y comercialización. En términos de la calidad de vida regional, en las áreas periurbanas rurales puede observarse que casi todos los agricultores cuentan 60
PABLO TORRES LIMA
con servicios públicos urbanos, excepto Álvaro Obregón y Cuajimalpa, donde 6% de los hogares carecen de drenaje, transporte o servicio de recolección de basura. Con respecto al acceso a la salud, el perfil de morbilidad en estas regiones sigue siendo muy parecido a las comunidades rurales del país, a pesar de la cercanía de las comunidades a las áreas estrictamente urbanas del Distrito Federal. Las enfermedades con mayor incidencia son de tipo respiratorio, seguidas por las gastrointestinales y en mucho menor proporción las crónico degenerativas. El acceso a los servicios de salud es bastante heterogéneo entre poblados, destaca el hecho de que en Contreras, 60% de los agricultores asisten a los servicios del gobierno en donde se necesita contar con una afiliación institucional. En Milpa Alta y Tlalpan, las delegaciones más agrícolas, los productores tienden a acudir en mayor proporción (60-73%) al centro de salud de la comunidad, mientras que 56% de los productores de Álvaro Obregón acude a médicos particulares. La asistencia a medicina tradicional es sumamente reducida, menos de 10% en toda la región. Por otro lado, el conocimiento regional y las habilidades técnicas que se aplican en la agricultura son complementadas con la educación formal de los agricultores, el 15% de la muestra ha estudiado al menos preparatoria, siendo los productores de Álvaro Obregón los de mayor escolaridad. Finalmente, la percepción de los productores respecto al futuro inmediato (próximos cinco años) de los sistemas regionales de producción agrícolas está asociada a un franco deterioro de los recursos naturales, con excepción de Milpa Alta en donde las perspectivas ambientales parecen no ser tan pesimistas. Sobre todo destacan los problemas biofísicos relacionados con escasez, contaminación y deterioro del agua, y la pérdida en la calidad del suelo. En términos sociales, los productores refieren como principales problemas a corto
Y
LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
plazo el abandono del campo, la menor disponibilidad de fuerza de trabajo en el sector y el empeoramiento de la economía agrícola regional. Todo esto a pesar de que se reconoce que la tecnología ha mejorado pero sin contribuir de manera importante a resolver los problemas ambientales y socioeconómicos del paisaje rural regional. Con respecto al uso futuro de sus tierras, entre 94 y 100% de los agricultores manifiesta que seguirá trabajándolas. Sin embargo, sólo entre 5 y 13% de la población entrevistada en Milpa Alta, Álvaro Obregón y Contreras cuenta con familiares jóvenes interesados en mantener la actividad agropecuaria en el largo plazo. En Tlalpan, 10% de agricultores piensa asociarse para dar continuidad a la producción agropecuaria, 82% considera seguir trabajando su tierra de manera individual y 78% cuenta con familiares dispuestos a seguir la actividad en el largo plazo, y fue la única delegación en donde los agricultores se manifestaron abiertamente por vender la tierra en un porcentaje muy bajo (2%). Con relación a la edad de los productores, la mayoría de ellos se ubica en el rango de 30 a 60 años y sólo 27% de ellos tiene más de 60 años, mientras Cuajimalpa tiene un mayor promedio con 53% de sus agricultores mayores de 60 años.
IMPLICACIONES DE LA PLANEACIÓN PERIURBANA
Las políticas gubernamentales para las regiones agrícolas del DF han conceptualizado estos espacios como un territorio subordinado a las exigencias y beneficio del espacio urbano. El diseño y aplicación de programas y reglamentaciones se relacionan con: a) el uso del territorio rural como reserva espacial para la expansión urbana (uso habitacional, vías de comunicación, depósito de basura); b) la oferta de productos agropecuarios y alimentos, de carácter complementario o estacional, relati61
I
N V E S T I G A C I Ó N
Y
D I S E Ñ O
2005
vos al gusto culinario y tradición gastronómica de la población de la ciudad; c) la aportación de bienes y servicios ambientales, agua y recarga de acuíferos, productos forestales, suelo para macetas y otros usos, materiales de construcción, producción de oxígeno y captura de carbono, paisajes rurales para el esparcimiento; d) el suministro de fuerza laboral. En los últimos 10 años la planeación para los ecosistemas urbanos y los sistemas regionales de producción del Distrito Federal ha creado una falsa disyuntiva entre la visión tecnológico-productivista y la valoración de las funciones ambientales (Pensado, 2003). Muchas de estas políticas han tomado la forma de regulaciones y se han instrumentado como políticas sectoriales sin coordinación gubernamental y social, que muchas veces se contradicen o entran en competencia. La capacidad institucional del gobierno local se sumerge en la dinámica de las instancias federales, ya que se han dirigido la mayoría de sus esfuerzos hacia la planeación ambiental, con apoyo de un cuerpo científico y técnico, sin que se haya impuesto un control estricto sobre las actividades que dañan los recursos naturales mediante la aplicación de instrumentos económicos (Gilbreath, 2003). Estas políticas no han conseguido hacer consciente a la población urbana, principal agente de presión sobre la actividad agrícola y el suelo de conservación, de la interdependencia que tienen con los espacios agropecuarios y forestales, no sólo en términos de recreación y alimentación, sino con relación al suministro de servicios ambientales y sus costos económicos. Sin embargo, esta dicotomía entre el uso óptimo de los recursos naturales y hacer que la ciudadanía entienda la ventaja de aplicar instrumentos económicos ( -Montalvo, 1995) permite que las políticas oculten la parte de responsabilidad económica y social que tiene el gobierno federal y local hacia la conservación del espacio rural, no sólo en términos del
medio ambiente sino también en función del contexto sociocultural. Esto incluye la necesidad de diseñar políticas para el desarrollo sustentable de toda la ciudad, donde además de establecer lineamientos de bienestar social y económico se necesita poner en marcha procesos de democratización político-espacial, con la activa participación de quienes habitan y manejan los recursos naturales dentro de los paisajes rurales. Lo anterior significa atender al carácter hegemónico del Distrito Federal no por la concentración de personas, recursos y poder político-económico que en ella residen, sino porque esta megaciudad sigue determinando la evolución de la sociedad mexicana en su totalidad. Es decir, en el fondo de la problemática ambiental y productiva de los sistemas regionales de producción subyace la dimensión política como un aspecto central del desarrollo de la ciudad. La generación de alternativas agropecuarias productivas, el pago de servicios ambientales, la planeación y administración del desarrollo urbano local y regional, así como las acciones que transiten hacia un modelo de desarrollo sustentable implican forzosamente la descentralización del poder político y económico a nivel del gobierno y la sociedad civil (Rodríguez, 2004). Los sistemas regionales de producción agricolas han estado sometidos durante largo tiempo a políticas de carácter paternalista, clientelar y con poca o nula participación de la base social en la planificación del desarrollo. Si bien es cierto que existe un capital social regional importante, en términos de normas de reciprocidad y redes de integración social (Sharp y Smith, 2003) éste se vincula a acciones comunitarias de desarrollo sociocultural de tipo tradicional que implican ciertos grados de organización y participación (fiestas religiosas, asambleas comunales o ejidales, faenas colectivas, protección de recursos forestales, gestión colectiva de espacios de mercado). Esta participación no ha sido considerada por 62
PABLO TORRES LIMA
las políticas públicas y en algunos casos ha sido controlada por ciertos grupos de poder (líderes gremiales, partidos políticos, gobiernos locales). Es así que esta limitada capacidad y regulación colectiva y regional, basada en la tenencia de la tierra (ejido y bienes comunales), y en las estructuras sociales y económicas de integración y asociación entre los mismos agricultores, ha impedido la promoción de un gobierno democrático local encargado de promover un desarrollo sustentable regional, y la armonización comunitaria o social ante los dilemas y presiones de la urbanización. Un ejemplo evidente de esto es la inexistencia de organizaciones o empresas locales que provean servicios de calidad para el mejor manejo de los agroecosistemas y que consideren la asistencia técnica, gestión y venta de tecnología, el financiamiento y la gestión de mercados como instrumentos para aumentar su capacidad de la comunidad para autorregularse y resolver los problemas del crecimiento urbano local. Lo anterior se debe al abandono total o parcial de la mayor parte de los servicios que prestaba el Estado a los espacios rurales por la imposición de políticas de ajuste estructural. Esto significa que la ausencia de un marco de políticas generadas con la participación de los agricultores, los procesos de urbanización, la apertura no planificada de los mercados locales y la terciarización de la economía en el ámbito nacional y regional son elementos clave que se suman a la presión sobre las actividades agrícolas, y la conservación de los recursos naturales. En virtud de que el impacto espacial de las políticas nacionales en Mexico varía entre las regiones y los sistemas agrícolas y es mediado por las características propias de la población (Biles y Pigozzi, 2000), la controversia alrededor del ajuste estructural y el medio ambiente debe rebasar las evidencias empíricas y sectoriales para ampliar el nivel de comprensión sobre la extracción de recursos naturales y el nivel de urbanización para el
Y
LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
caso de la ciudad de México. Tal como lo sugieren autores del propio Banco Mundial, para atender los cambios estructurales en la economía y el desempeño gubernamental y de la sociedad civil, los estudios y las políticas se deben basar en datos cuantitativos y métodos rigurosos (Gueorguieva y Bolt, 2003). Esto se aplica particularmente cuando se quiere conocer la dirección y magnitud de los impactos de los procesos urbanos en el Distrito Federal sobre el medio ambiente y los sistemas de producción agrícola regionales. Las políticas de sustentabilidad para el desarrollo regional en las áreas periurbanas agrícolas del Distrito Federal no sólo se deben circunscribir a un asunto técnico y presupuestal de conservación del medio ambiente (i.e. espacios de recarga de acuíferos, captura de carbono, proyectos ecoturísticos o financiamiento de microempresas agropecuarias). En sistemas de producción sustentables, no basta una economía agrícola regional dinámica, políticas de apoyo para la inversión y el desarrollo de la agricultura, una capacidad institucional robusta para la generación de tecnología, investigación y diseminación, y mercados que promuevan productos ambientales sanos (Wood et al., 2000). El alcance de las políticas debe tener un enfoque integral y agregado que promueva una distribución del poder político, logrando acuerdos y estructuras que democraticen la organización de las comunidades rurales al mismo tiempo que promuevan su capacidad de desarrollo, permitiéndoles el manejo de los recursos naturales de manera responsable y facilitando el acceso equitativo a servicios públicos básicos, vivienda, tecnología y mercados regionales de productos agropecuarios; así como la retribución de los servicios ambientales y culturales que sus recursos naturales y paisajes rurales ofrecen a la ciudad, tales como la conservación de la biodiversidad y el ecoturismo (Wiggins y Proctor, 2001; Gerowitt et al., 2003). 63
I
N V E S T I G A C I Ó N
Y
D I S E Ñ O
2005
La necesidad urgente de reformar las políticas actuales con una dimensión operacional distinta significa ampliar el enfoque de la relación entre lo local y lo nacional, entre la base productiva y la toma de decisiones en la planeación. Es decir, una complejización de las relaciones políticas, económicas y culturales locales con una estructura regional y no sólo de cadenas lineales de producción-consumo, en las que los habitantes de las zonas periurbanas rurales recuperen el dominio de la producción económica y la reproducción social a partir de las capacidades locales. El desarrollo sustentable local deberá incluir no sólo un impacto positivo sobre la calidad de vida, sino también un impacto significativo en la creación de empleo y la rentabilidad de las actividades productivas y en algunos casos microempresariales, además de atender la seguridad de la tenencia de la tierra. Desde esta perspectiva, una propuesta de marco de políticas públicas, de tipo organizacional para los sistemas de producción regionales que permitan enfrentar las principales problemáticas en las áreas periurbanas agrícolas del Distrito Federal, debe responder con mayor importancia al desarrollo de las capacidades humanas e institucionales de planeación y organización que a la simple puesta en marcha de programas de financiamiento, introducción de paquetes tecnológicos o la creación de esquemas de regulación o certificación ambiental que restrinjan los usos del suelo o promuevan productos y servicios ecológicos. Este tipo de políticas tiene que ver con las capacidades de gestión y administración participativa de los recursos naturales en términos de las siguientes metas; a) creación de redes productivas local-regionales de crédito, abastecimiento y comercialización; b) generación y socialización de tecnologías propias de tipo agroecológico, agroindustrial y administrativo; c) creación de mecanismos públicos e instrumentos económicos de com-
pensación ambiental por los servicios ambientales; d) ciudanización de la planificación del desarrollo sustentable regional que incluya la garantía de vivienda y servicios adecuados para las futuras generaciones; e) creación de procesos de educación ambiental; ff) generación de mecanismos plurales de evaluación del desempeño socioambiental y económico tanto de las políticas públicas como de los sistemas regionales de producción agrícolas. Sin embargo, estas políticas de mejoramiento ambiental y sustentabilidad deberán ser revisadas como principios institucionales para el uso de recursos (Veeman y Politylo, 2003), pero no con la premisa de la abundancia infinita de recursos naturales y económicos sino con la lógica de un impacto actual severo de la actividades humanas en los sistemas de producción regionales y el funcionamiento de la ciudad (Princen, 2003). Lo anterior se puede sintetizar en tres líneas de trabajo para el diseño de políticas ambientales y de desarrollo sustentable regional.
Fortalecimiento de la capacidad de gestión comunitaria Esta política deberá promover nuevas formas de participación y organización ciudadana de los productores agrícolas, basadas en el capital social regional y dentro de un marco jurídico robusto, con la intención de responder tanto a las demandas de planeación del territorio, conservación del medio ambiente, promoción de las actividades económico productivas, y dotación y mantenimiento de servicios urbanos y seguridad. Esto podría consolidarse mediante consejos regionales de planeación territorial sustentable, los cuales constituirían el eje articulador del resto de las políticas. Como parte de esta nueva gestión comunitaria, se deben promover mecanismos institucionales basándose en la ampliación del capital social regional 64
PABLO TORRES LIMA
para que los productores perciban y reduzcan, mediante estrategias tecnológicas amigables con el medio ambiente, los impactos negativos de la agricultura en los procesos ecológicos regionales, además del reconocimiento de que existe una importante transición en el uso del suelo entre la agricultura y el bosque en el Distrito Federal. La participación de los productores en el diseño de políticas alternativas para la planeación sustentable de uso del territorio deberá incluir una conceptualización detallada de cómo son manejados dentro del paisaje periurbano los agroecosistemas regionales y cuál es su capacidad para ofrecer bienes y servicios ambientales de largo plazo que satisfagan de manera armoniosa las necesidades de la población y sus patrones de consumo. Lo anterior implica la creación de sistemas de monitoreo y evaluación del desempeño de los sistemas regionales de producción agrícola que reporten datos e indicadores sobre los cambios en el uso del suelo, el avance de las políticas de desarrollo sustentable adoptadas y las trayectorias sociales, poblacionales, ambientales y económicas que guardan las regiones en el tiempo en diversos escenarios prospectivos de desarrollo.
Y
LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
que al mismo tiempo realizaran: a) labores de conservación (podas de sanidad, líneas cortafuego, limpieza de basura y obras de retención de agua); b) proyectos de recuperación del bosque en zonas degradadas por la agricultura o la ganadería mediante el establecimiento de plantaciones forestales autorizadas (árboles de navidad, por ejemplo) o restauración ecológica, tales como la reforestación con diversas especies nativas y construcción de obras pequeñas de conservación de suelo; c) construcción de sistemas de captación e infiltración de agua de lluvia en sus viviendas; y d) reciclaje de productos y desperdicios agropecuarios, entre otros. Simultáneamente, se deben impulsar políticas de tipo regulatorio-restrictivo que impidan el crecimiento urbano en zonas estratégicas de la cuenca hidrológica del Distrito Federal. Finalmente, la promoción y socialización del conocimiento del uso racional y equitativo de los recursos naturales por medio de procesos educativos en todos los niveles de la población y la inversión en sistemas locales de uso y reciclamiento más eficiente del agua deberá realizarse mediante mecanismos participativos de educación, investigación, innovación y transferencia de tecnología e insumos de bajo impacto ambiental en el ambito regional. Esto implica la promoción de una nueva percepción y valoración de los recursos y servicios ambientales, por el ciudadano urbano común como parte del paisaje de las áreas agrícolas periurbanas.
Sistema integral de pago por servicios ambientales En virtud de que los espacios forestales presentan un alto riesgo de ser urbanizados o desplazados por la agricultura y pastoreo, además de que la explotación del bosque está prohibida por ley, se deben conservar y restaurar los servicios que provee (valor paisajístico, vida silvestre, servicios de recarga del acuífero y de captura de contaminantes). Mediante instrumentos económicos de gestión ambiental, el pago de estos servicios se haría a ejidos o comunidades agrarias que mantuvieran zonas de bosque natural sin deforestar y urbanizar y
Programa integrales de financiamiento y gestión de mercados regionales A pesar de que existen tres grandes esquemas de financiamiento para el sector en la región agropecuaria: a)) crédito y descuento para la compra de equipo, maquinaria, infraestructura o servicios de asesoría técnica (Alianza para el Campo); b)) donaciones a pequeños proyectos 65
I
N V E S T I G A C I Ó N
Y
D I S E Ñ O
2005
productivos (Focomdes); y c) créditos blandos para la gestación o ampliación de microempresas (Fonaes), aún se carece de un esquema de apoyo a los sistemas de producción regional que garantice no sólo la gestión de recursos financieros sino también la asistencia técnica apropiada, la formación jurídico-administrativa, la gestión de la calidad, los insumos, las tecnologías y los mercados regionales necesarios para el desarrollo local de las comunidades. Es necesario promover la integración productiva horizontal y vertical, diversificación de la oferta, creación de redes de valor y transformación de productos agropecuarios para incursionar en nuevos mercados urbanos. Esto también implica que las mismas comunidades se involucren en los servicios de financiamiento (bancas comunales) para manejar esquemas propios de carácter empresarial, que permitan financiar las actividades productivas locales. Es así como la formación de cooperativas, asociaciones y cajas de ahorro y crédito, los fondos revolventes mixtos (con participación del gobierno federal y local, y de los agricultores) son algunos de los esquemas que tendrán que adoptarse.
como en las estrategias tecnológicas usadas en la agricultura. Las actuales tendencias de cambio se ven acompañadas con un deterioro del medio ambiente, principalmente de los recursos forestales y del agua, la venta o transformación de la tierra para usos urbanos y una inmersión cada vez mayor de los productores en diversos procesos urbanos por medio del mercado de productos, empleo, educación y servicios de salud. La dinámica actual de las áreas periurbanas muestra una heterogeneidad espacial en las características físicas de las prácticas agrícolas, la en la producción, los mercados agrícolas y en el uso de los recursos naturales como vías de adaptación a los cambios macroeconómicos de la ciudad. Sin embargo, la acumulación del impacto ambiental local, por los diferentes patrones de cultivo y las prácticas agrícolas en la parcela, afecta el desempeño de la calidad ambiental de los paisajes regionales. Los agricultores de las cinco regiones estudiadas han construido históricamente un capital social no sólo para mitigar los impactos negativos de la urbanización sino también como una estrategia que les permite promover un amplio rango de adaptaciones, tanto en la agricultura como fuera de ella. Éstas incluyen una tendencia a mantener sus productos tradicionales en combinación con cultivos estrictamente comerciales, aun a pesar de las limitadas oportunidades para integrar su producción agrícola con el mercado amplio al añadir valor a sus productos mediante su industrialización. Otra adaptación de los productores de las áreas rurales periurbanas consiste en tomar ventaja de la emergencia de centros de mercado locales así como de la infraestructura urbana, transporte, salud, educación y comunicaciones, los cuales crean nuevas oportunidades de
CONCLUSIONES El desarrollo histórico de los sistemas de producción agrícola de las regiones periurbanas del Distrito Federal y los recursos naturales con los que cuentan han sido afectados por el impacto de los procesos urbanos y la intervención del Estado por medio de las políticas impuestas. A partir de 1990, la creciente urbanización de los paisajes rurales de la ciudad ha provocado severos cambios tanto en el uso del suelo
66
PABLO TORRES LIMA
empleo y uso de bienes y servicios típicamente urbanos. En conjunto, esta versatilidad productiva y laboral potencia la diversificación del desarrollo sustentable regional basado en la agricultura, siempre y cuando se conjunte con la promoción de una nueva oferta rural, incluyendo servicios y protección ambiental (clima, absorción de residuos, biodiversidad) y la recreación, el turismo y la percepción estética de los paisajes culturales. Esta existente viabilidad de la agricultura una heterogeneidad en los diversos intereses productivos y ocupacionales de la población, al mismo tiempo que manifiesta la inexistencia de una sustentabilidad regional homogénea y revela una tendencia social de la sustentabilidad, la cual tiene un contenido local e incluye elementos de livelihood, participación social, cultura y actitudes positivas hacia la agricultura; los agricultores aún desempeñan un papel muy importante tanto en mantener el paisaje rural del Distrito Federal y la provisión de productos y servicios ambientales a los habitantes urbanos, como en la calidad y cantidad de los recursos naturales necesarios para el diseño de políticas medioambientales en el nivel local y nacional. En nuestro estudio de la zona de montaña del Distrito Federal, las comunidades rurales controlan 60% del paisaje rural y sus recursos naturales, los cuales no pueden ser ignorados en la evaluación de políticas alternativas y la operación de programas económicos que conserven el medio ambiente y promuevan un desarrollo sustentable en toda la ciudad. Las políticas para el desarrollo de los sistemas de producción agrícolas regionales deben reconocer la heterogeneidad y de los productores y el perfil de su producción. El paisaje rural desempeña un papel importante en la organización cultural de las comunidades
Y
LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
y en la promoción de esta red de estructuras sociales que permiten reproducir las comunidades y vigorizar la economía rural. Especial atención se debe poner a las regiones con mayor grado de urbanización y a los cambios que han ocurrido para que ocupen ahora un lugar secundario dentro de la composición rural de la zona de montaña del Distrito Federal. Esto ayudará a elaborar propuestas de largo alcance de los procesos de urbanización que anticipen su impacto en las áreas periurbanas agrícolas, tanto en términos de la población como en su calidad de vida, incluyendo la vivienda, servicios, recursos naturales y conservación del medio ambiente. La integración y complementariedad de las diferentes políticas, programas y acciones para la agricultura deben ser congruentes con el diseño de una nueva capacidad de gestión del territorio y de los paisajes rurales por los propios productores. Esta nueva direccionalidad de las políticas medioambientales para las regiones periurbanas agrícolas del Distrito Federal no debe generar instancias de planeación participativa o programas de desarrollo microempresarial de manera aislada, sino más bien se tiene que diseñar, evaluar y operar una serie de estrategias de gestión de la sustentabilidad territorial a partir de diversos programas, órganos de gobierno y mecanismos de planeación y movilización de los recursos que contribuyan a fortalecer el capital social regional, las capacidades ciudadanas y administrativas agroempresariales de las comunidades rurales. De cualquier forma, una pregunta rigurosa para el futuro consiste en saber, si aunado a los esfuerzos del gobierno local, las comunidades donde existe cierto capital social serán exitosas en el desarrollo de una gestión del paisaje periurbano agrícola.
67
I
N V E S T I G A C I Ó N
Y
D I S E Ñ O
2005
BIBLIOGRAFÍA Aguilar, A. y Ward, P., 2003, “Globalization, regional development, and mega-city expansion in Latin America: Analyzing México City’s peri-urban hinterly”, Cities 20(1), 3-21. Biles, J. y Pigozzi, B., 2000, “The interaction of economic reforms, socio-economic structure and agriculture in México”, Growth and Change, 31, 3-22. Cabus, P. y Vanhaverbeke, W., 2003, “The economic or rural areas in the proximity or urban networks: evidence from ”, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 94(2), 230-245. Centrogeo, 2001, Recomendaciones de política para la protección y restauración de los servicios ambientales del suelo de conservación, (mimeo), México, Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo. Centrogeo, 2002, Valoración económica de servicios ambientales, (versión final), (mimeo), México, Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo. Davis, J. C. y Henderson, J.A., 2003, “Evidence on the political economy of the urbanization process”, Journal of Urban Economics, 53, 98-125. , J., 1997, “Urban and housing indicators, Urban Studies”, 34 (10), 1635-1665. -Montalvo, A., 1995, “Economic instruments in environmental management. The case of Mexico”, in Kluge, H., Environmental management in developing countries, Federal Republic of Germany, Dresden University of Technology, Institute for Scientific Cooperation. Heimlich, R., Yerson, W., 2001, Development at the urban fringe y beyond: Impacts on agriculture and rural land, Washington, Economic Research Service, US, Department of Agriculture, Agriculture Economics Report núm. 803. INEGI, 1991, Distrito Federal, VII Censo Agropecuario, México, Instituto Nacional de Estadística e Informática.
INEGI,
2000, Distrito Federal, XII Censo General de Poblacion y Vivienda, México, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Losada, H., Martínez, H. Vieyra, J. Pealing, R., Zavala, R, Cortés, J., 1998, “Urban agriculture in the metropolitan zone of Mexico City: Changes over time in urban, suburban and peri-urban areas”, Environment and Urbanization, 10(2), 37-54. Gerowitt, B., Isselstein, J. y Marggraf, R., 2003, “Rewards for ecological goods-requirements and perspectives for agricultural and use”. Agriculture, Ecosystems and Environment, (98), 541-547. Gilbert, A., 1993, “Third world cities: the changing national settlement system”, Urban Studies, 30 (4-5),721-740. Gilbreath, J. 2003, Environment and development in Mexico. Recommendations for reconcilation, Washington, Center for Strategic and International Studies. Gueorguieva, A. y Bolt, K., 2003, A critical review of the literature on structural adjusment and the environment, Washington, The World Bank Enviornment Department. Moissidis, A., Duquenne, M., 1997, “Peri-urban rural areas in Greece: The case of Attica”, Sociologia Ruralis, 37(2), 228-239. PAOT, 2002, Regulacion del suelo de conservacion del Distrito Federal y acciones para sancionar obras o actividades ilícitas (mimeo), México, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento del Distrito Federal. PAOT, 2003, Asentamientos irregulares en el suelo de conservación del Distrito Federal, (mimeo), México, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento del Distrito Federal. Pensado, M., 2003, “Las políticas públicas y las áreas rurales en el Distrito Federal”, Sociológica, 18(51),78-98, México. Princen, T., 2003, “Principles for sustainability: From cooperation and efficiency to sufficiency”, Global Environmental Politics, 3(1), 33-50.
68
PABLO TORRES LIMA
Rodríguez, L., 2004, Microempresas agropecuarias, capital social en el desarrollo regional: Bases para un proyecto de políticas dentro de la zona rural del Distrito Federal, tesis de Maestría, Posgrado Latinoamericano en Gestión Agroempresarial y Ambiental, Costa Rica, Universidad para la Cooperación Internacional. Rudd, H., Vala, J. y Schaefer, V., 2002, “Importance of backyard habitat in a comprehensive biodiversity conservation strategy: a connectivity analysis or urban green spaces”. Restoration Ecology, 10(2), 368-375. Sagarpa, 2003, Avance de siembras y cosechas. Distrito Federal, México, Sagarpa, SIAP. Sagarpa, 2004, Boletín oficial, núm. 004/04 (mimeo), México, Sagarpa. Satterthwaite, D., 1997, “Sustainable cities or cities that contribute to sustainable development?” Urban Studies, 34(10), 1667-1691. Sharp, J. y Smith, M. 2003, “Social capital and farming at the rural-urban interface: the importance of nonfarmer and farmer relations”, Agricultural Systems, 76, 913-927. SMA, 2004a, Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (mimeo), Biblioteca Virtual, México, Secretaría del Medio Ambiente. SMA, 2004b, Política de Desarrollo Rural Equitativo y Sustenable (mimeo), Biblioteca Virtual, México, Secretaría del Medio Ambiente. Thinh, N., Artl, G., Heber, B., Hennersdorf, J. y Lehmann, I., 2002, “Evaluation of urban land-use structures with a view to sustainable development”, Environmental Impact Assessment Review, 22, 475-492. Torres-Lima, P., 1991, El campesinado en la estructura urbana. El caso de Milpa Alta, México, UAM-X, Col. Breviarios núm. 17.
Y
LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Torres-Lima, P., Canabal, B., Burela, G., 1994. “Urban sustainable agriculture: The paradox of the chinampa system in Mexico City”, Agriculture and Urban Values, 11(1), 37-46. Torres-Lima, P., 1999, “Desarrollo agrícola regional e indicadores de sustentabilidad en del Distrito Federal, un Consejo de Estudios para la Restauración y Valoración Ambiental”, Desarrollo Sustentable, Tomo III, México, Gobierno del Distrito Federal. Torres-Lima, P., Rodríguez, M. y García, B. 2000, “Mexico City: The integration of urban agriculture to contain urban sprawl”, en N. Bakker (comp.) Growing cities, growing food. Urban agriculture on the policy agenda, Germany, DSE. Torres-Lima, P. y Burns, A., 2002, “Regional culture and urban agriculturalists of Mexico City”, Anthropologica, 44, 247-256. Torres-Lima, P., Rodríguez y L., Sánchez, O., 2004, “Evaluación de la sustentabilidad del desarrollo regional. El marco de la agricultura”, Región y Sociedad, 16(29),109-144. Veeman, T. y Politylo, J. 2003, The role of institutions and policy in enhancing sustainable development and conserving natural capital, Environment, Development and Sustainability, 5, 317-332. Wiggins, S. y Proctor, S., 2001. “How special are rural areas? The economic implications of location for rural development”. Development Policy Review, 19(4), 427-436. Wood, S., Sebastian, K. y Scherr, S., 2000, Pilot analysis of global ecosystems. Agroecosystem, Washington, IFPRI, WRI. Wu, J., Adams, R., Kling, C. y Tanaka, K., 2004, “From microlevel decisions to lyscape changes: An assessment of agricultural conservation policies”, Amer.J.Agr.Econ, 86(1), 26-41.
Los autores desean agradecer el apoyo financiero de Conacyt (No. G33706-S) y la Universidad Autónoma Metropolitana para el proyecto de investigación “Políticas de sustentabilidad ambiental y microempresas agropecuarias cercanas a polos urbanos en expansión”, del cual forma parte este trabajo. Asimismo, la redacción de este artículo es producto de una beca, como Profesor Visitante, otorgada a Pablo Torres Lima por la Brown University, por medio del Thomas J. Watson Institute for International Studies en Providence, Estados Unidos.
69
