AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA

Ordenanza reguladora del ejercicio de actividades e intervención municipal

Mediante acuerdo plenario nº 2 de fecha 27.03.14, se aprobó con carácter definitivo la Ordenanza Municipal reguladora del ejercicio de actividades e intervención municipal. Por ello, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 49 c) de la Ley 7/1985, se publica el contenido de la citada Ordenanza, el cual entrará en vigor al día siguiente al que termine el plazo previsto en el artículo 65.2 del citado texto legal. Contra la aprobación definitiva de esta modificación podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del día siguiente a la publicación en el B.O.B.

Ordenanza reguladora del ejercicio de actividades e intervención municipal

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Directiva de Servicios 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios), pretende facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de los servicios, y mantener un nivel adecuado de calidad de los mismos. Su objetivo es eliminar los obstáculos innecesarios y desproporcionados para la prestación de servicios. Todas las administraciones públicas han de adaptar su normativa a dicha Directiva de Servicios. El artículo 94 de la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases del Régimen Local, establece que las Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de, entre otros medios, licencia previa y otros actos de control preventivo, así como por sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, en los términos que se establecen en el artículo 71 bis de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. En este sentido, al no haberse desarrollado normativa sobre esta materia en el municipio de Leioa, con la presente Ordenanza el Ayuntamiento de Leioa persigue dotar de una regulación específica a este tipo de procedimientos, con el fin de garantizar la seguridad jurídica a los prestadores de servicios en el libre acceso a las actividades. La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, transponen la Directiva de Servicios al derecho estatal.

A nivel autonómico, la transposición se realiza a través de la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. El objetivo es garantizar el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, simplificando los procedimientos y fomentando al mismo tiempo un nivel elevado de calidad en los servicios, promoviendo un marco normativo transparente, predecible y favorable para la actividad económica, impulsando la modernización de las Administraciones Públicas para responder a las necesidades de empresas y consumidores y garantizando una mejor protección de los derechos de los consumidores y de los usuarios de los servicios. En el ámbito de la Administración Local, la transposición de la Directiva requiere un estudio de los procedimientos administrativos que regulan el otorgamiento de autorizaciones y licencias a fin de simplificar y agilizar trámites administrativos y asimismo, una modificación de las Ordenanzas que regulan dichas autorizaciones, ya que en muchas casos se pone de manifiesto que la burocracia administrativa supone demoras y complicaciones no siempre necesarias. Por todo esto, el Ayuntamiento de Leioa, dentro de la línea marcada por la nueva normativa, mediante la presente Ordenanza pretende facilitar y facultar la puesta en marcha de determinadas actividades que, por su menor impacto urbanístico, podrán iniciarse sin licencia municipal desde el día de la presentación de la declaración responsable, sin necesidad de esperar a la finalización del control municipal, el cual se mantiene aunque se realice a posteriori, con excepción de la exigibilidad de informes de la Administración que no suponen una autorización administrativa para ejercer la actividad, sino un medio para que la Administración conozca la existencia de dicha actividad y pueda activar las comprobaciones pertinentes.

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1.- Objeto La presente Ordenanza tiene por objeto regular el procedimiento de ejercicio de actividades mediante declaración responsable, comunicación previa, autorización previa (licencia) y apertura de establecimientos incluyendo, en general, cualquier actividad distinta al uso de vivienda y sus instalaciones complementarias, en el término municipal de Leioa, así como regular la intervención municipal de verificación del cumplimiento y de mantenimiento de las condiciones establecidas. Artículo 2.- Definiciones A los efectos de la presente ordenanza, se entiende por: 1. Actividades de servicios: de acuerdo con el Derecho Comunitario, son actividades de servicios todas las actividades económicas que, desarrolladas por cuenta propia y mediante contraprestación económica, suponen el ejercicio de una actividad industrial o mercantil consistente en la producción de bienes o la prestación estricta de servicios. 2. Régimen de autorización: cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija, con carácter previo, para el acceso a una actividad de servicio o para su ejercicio (licencia). Asimismo se entenderá como régimen de autorización cualquier sistema previsto en el ordenamiento jurídico o en las normas de los colegios profesionales que contenga el procedimiento, los requisitos y autorizaciones necesarios para el acceso o ejercicio de una actividad de servicios. Quedan excluidos de este concepto los regímenes de declaración responsable y comunicación previa tal y como se configuran en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

3. Declaración responsable: documento suscrito por el interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultado o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 4. Comunicación previa: documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 5. Establecimiento: cualquier infraestructura estable a partir de la cual se lleva a cabo efectivamente una prestación de servicios. Se entiende, asimismo, por establecimiento el espacio físico y diferenciado que incluye todas las piezas contiguas que estén comunicadas entre sí.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación 1. El régimen de declaración responsable se aplica para el inicio o puesta en marcha de un establecimiento comercial, profesional o industrial, en concreto para algunas de las actividades incluidas en el Anexo II, Apartado B) de la Ley 7/2012 de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior (ver listado de actividades en el anexo I de la presente ordenanza). 2. El régimen de comunicación previa se aplicará en los casos de inicio o puesta en marcha de una actividad comercial o de servicios considerada como inocua o simplificada, se trata de algunas de las actividades recogidas en el Anexo II, Apartado B) de la Ley 7/2012 de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior (ver listado de actividades en el anexo I de la presente ordenanza). En concreto el anexo I de la presente Ordenanza se ha dividido en dos grupos. En el GRUPO 1 se han listado las actividades sujetas a Declaración Responsable, y en el GRUPO 2 se han listado las actividades sujetas a Comunicación Previa. 3. El régimen de licencia de actividad o autorización municipal previa se aplicará para la implantación, ampliación o reforma de actividades e instalaciones clasificadas, las cuales son susceptibles de causar molestias, producir riesgos a las personas o sus bienes y u originar daños a medio ambiente. Se trata de actividades recogidas en el Anexo II, apartado A) de la Ley Vasca relativa a los servicios en el mercado interior (Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 13 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo y de la Ley Vasca de Protección del Medio Ambiente (Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección el Medio Ambiente del País Vasco) (ver listado de actividades en el anexo I de la presente ordenanza).

4. En cualquier caso, las actividades económicas deberán reunir los requisitos y autorizaciones que fueran preceptivos según la normativa urbanística y sectorial aplicable, en el momento de su puesta en funcionamiento y durante todo el período en que se mantenga la actividad. Artículo 4.- Exclusiones Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ordenanza los siguientes establecimientos y actividades, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sectorial y de que puedan necesitar cualquier otra autorización administrativa o deban obtener licencia municipal: a) Las actividades de carácter administrativo, sanitario, residencial y docente de titularidad pública, al igual que las necesarias para la prestación de los servicios públicos. b) Los quioscos para venta de prensa, revisas y aplicaciones, golosinas, flores y otros de naturaleza análoga situados en los espacios de uso público el municipio, que se regula por la normativa municipal en vigor. c) La venta ambulante, situada en la vía y espacios públicos, que se regulará, en su caso, por la normativa municipal correspondiente. d) Los puestos, barracas o atracciones instaladas en espacios abiertos con motivo de fiestas del municipio o eventos en la vía pública, que se ajustarán, en su caso, a lo establecido en las normas específicas. e) Los puestos establecidos en los mercados municipales, que se regularán por la normativa de aplicación, si la hubiera. f)

La instalación de antenas o instalaciones radioeléctricas y otras instalaciones análogas que resulten complementarias o auxiliares de otra industria principal.

g) Los usos residenciales y sus instalaciones complementarias privadas (trasteros (no los trasteros habilitados en locales comerciales para venta o alquiler independiente de vivienda), locales para uso exclusivo de reunión de la Comunidad de Propietarios, piscinas, pistas deportivas, garajes, etc.), siempre que se encuentren dentro de la misma parcela o conjunto residencial ocupado por los usos residenciales a los que se vinculan. En cualquier caso, los establecimientos en que se desarrollen las actividades excluidas y sus instalaciones, deberán reunir las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental, así como obtener las demás autorizaciones que legalmente les sean de aplicación. TÍTULO II.- NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO. Artículo 5.- Competencia. El órgano municipal competente para conceder o denegar licencia de actividad, apertura, calificar ambientalmente una actividad, así como para acordar la imposición de sanciones y adoptar medidas cautelares, es la Alcaldía, competencia que se podrá delegar en los términos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común y en la Ley 7/1985 de 2

de abril de Bases del Régimen Local, salvo que la legislación sectorial la atribuya a otro órgano. Artículo 6.- Iniciación. La presentación del impreso normalizado, acompañado de los documentos preceptivos señalados en el artículo siguiente para cada tipo de procedimiento, determinará la iniciación del procedimiento, rigiéndose la misma, así como la ordenación, instrucción y finalización de éste, por las disposiciones establecidas en la presente ordenanza, así como por las disposiciones generales del Título VI de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los impresos normalizados (ver modelos en el anexo II de la presente ordenanza) lo son para simplificar la tramitación del procedimiento y facilitar a los interesados la aportación de los datos y la documentación requerida. Dichos impresos están acompañados de las instrucciones escritas que informan de los requisitos y efectos básicos del procedimiento y de la forma de cumplimentar el modelo. Los modelos están disponibles a través de medios electrónicos y en las oficinas municipales. TÍTULO III: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECÍFICOS Capítulo I.- Régimen de Declaración Responsable y Comunicación Previa. Artículo 7.- Declaración Responsable – Impreso M6 A los efectos de esta ordenanza se entiende por declaración responsable la comunicación de inicio o puesta en marcha de un establecimiento profesional o comercial en los términos señalados en el artículo 2.3 de la misma. (ver listado de actividades sometidas a declaración responsable en el anexo I Grupo B2, de la presente ordenanza). La declaración responsable faculta al interesado al inicio de la actividad desde el momento de su presentación, según modelo normalizado M6 (ver anexo II) y el abono de las tasas municipales correspondientes, sin perjuicio de las facultades de comprobación, verificación, inspección y sanción del Ayuntamiento de Leioa. Artículo 8.- Comunicación Previa – Impreso M7 A los efectos de esta ordenanza se entiende por comunicación previa la comunicación de inicio o puesta en marcha de un establecimiento profesional o comercial en los términos señalados en el artículo 2.4 de la misma (ver listado de actividades sometidas a comunicación previa en el anexo I Grupo B1, de la presente ordenanza). La actividad podrá iniciarse desde el mismo día de la presentación de la comunicación previa, según modelo normalizado M7 (ver anexo II) y el abono de las tasas municipales correspondientes, sin perjuicio de las facultades de comprobación, verificación, inspección y sanción del Ayuntamiento de Leioa. Capítulo II.- Procedimiento de licencia o autorización previa al inicio de actividades económicas. Artículo 9.- Licencia de actividad – Impreso M1 A los efectos de la presente ordenanza se entiende por licencia de actividad la autorización previa para la implantación, ampliación o reforma de actividades e instalaciones clasificadas, las cuales son susceptibles de causar molestias, producir riesgos a las personas o sus bienes u originar daños al medio ambiente (ver listado de actividades sometidas a licencia en el anexo I de la presente ordenanza). El otorgamiento de la licencia de la actividad queda condicionado a la revisión del expediente por parte del Ayuntamiento de Leioa y al cumplimiento de una serie de medidas previas establecidas por la administración. La solicitud se realizará mediante la presentación del modelo normalizado M1 (ver en el anexo II de la presente ordenanza) y deberá de liquidarse la tasa correspondiente.

Articulo 10.- Comunicación previa de inicio de actividad (previa a la apertura de actividades sujetas a licencia s/Ley 3/98) – Impreso M3 Una vez obtenida la licencia de actividad, y con carácter previo a su inicio, el titular deberá comunicar su puesta en marcha al Ayuntamiento de Leioa. El ejercicio de la actividad se puede iniciar desde el mismo día de la presentación de la comunicación mediante impreso normalizado M3 (ver modelo en el anexo II de la presente ordenanza) y el abono de las tasas municipales correspondientes. Capítulo III.- Procedimiento para la ejecución de obras. Artículo 11.- Licencia de obras – Impreso M2 La licencia de obras es un permiso que es necesario obtener para poder llevar a cabo las obras siguientes: a. Obras de nueva construcción. b. Reformas si alteran: el volumen del edificio, las fachadas, la estructura, los usos característicos del edificio, las instalaciones fijas del edificio (como ascensor, calefacción centralizada, cuarto de calderas, etc.), el equipamiento del edificio (núcleos de escalera, vestíbulos de independencia, etc.), la urbanización adscrita al edificio. c. Reformas de acondicionamiento de locales para actividades clasificadas que han requerido licencia de actividad. Para poder iniciar las obras es necesario haber obtenido previamente la licencia de obra, teniendo en cuenta, para el caso de las actividades sujetas a licencia de actividad, el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas. La solicitud se realizará mediante la presentación de modelo normalizado M2 (ver modelo en el anexo II de la presente ordenanza), y deberá de liquidarse la tasa e impuesto correspondiente. Artículo 12.- Comunicación previa de obra menor – Impreso M5 Es la comunicación de inicio de la ejecución de obras, en locales no residenciales, con escasa trascendencia urbanística. Se trata de obras a realizarse en locales de actividades no sujetas a licencia de actividad, sino a comunicación previa por ser actividades simples o a declaración responsable previa al inicio de actividad. Se incluyen obras donde no se produce ampliación del local, y no se modifica la estructura, ni la fachada del inmueble, pero sí se modifica la distribución del local y/o sus instalaciones. Las obras podrán iniciarse desde el momento de la presentación de la comunicación mediante impreso normalizado M5 (ver modelo en el anexo II de la presente ordenanza) y liquidación de la tasa e impuesto correspondiente. Capítulo III.- Cambio de titularidad de la actividad. Artículo 13.- Comunicación de cambio de titularidad – Impreso M4 Para la realización de un cambio de titularidad de cualquier actividad será necesario presentar, en el momento del traspaso de la titularidad, una comunicación. La actividad podrá ser traspasada desde el momento de la presentación de la comunicación utilizando el modelo normalizado M4 (ver modelo en el anexo II de la presente ordenanza) y la liquidación de la tasa correspondiente cuando proceda. Esta comunicación de traspaso implica que se mantiene el local en las mismas condiciones en que se permitió el inicio de la actividad. En el caso de realizarse obra de habilitación de local, para adaptarlo a los objetivos perseguidos por el nuevo titular, modifique o no las condiciones en las que se permitió la actividad, debe comunicarse previamente la obra rellenando el impreso M5. Al nuevo titular se le exige Certificado de empresa instaladora de la revisión de las

instalaciones de Electricidad y de Protección Contra Incendios.

TÍTULO IV.- COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN Artículo 14.- Comprobación. Una vez presentada la documentación en el Registro General del Ayuntamiento de Leioa, y previa comprobación formal del contenido de la declaración responsable o comunicación previa, así como de la documentación que se hubiera aportado, si se detectara que no reúne alguno de los requisitos, se requerirá al interesado para que, en un plazo entre DIEZ y VEINTE días naturales desde la fecha del registro de salida del Ayuntamiento, subsane la falta, con indicación de la inmediata suspensión de la actividad, advirtiendo que, caso de no hacerlo, se tramitaría el correspondiente procedimiento sancionador. Asimismo, se indicará que, si no subsanan las deficiencias en el plazo establecido, se tendrá como no presentada, procediendo la adopción de una de las siguientes resoluciones: 1.- La que declare la caducidad del expediente y, en consecuencia, la imposibilidad de continuar en el ejercicio del derecho o actividad afectada y exigir al interesado la obligación de que se restablezca la situación jurídica propia del momento previo al inicio de la actividad correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, o 2.- La que ordene el inicio de un procedimiento sancionador de acuerdo con lo previsto en la presente Ordenanza. 3.- La suspensión de la actividad conforme a lo señalado en el artículo 17 de la presente ordenanza. En el caso de que se haya aportado con carácter voluntario alguna documentación y en la misma se detectase alguna deficiencia formal, se comunicará al interesado la posibilidad de subsanarla, otorgándole el plazo señalado en este artículo. En cualquier momento, podrá requerirse al interesado la aportación o exhibición de la documentación que haya declarado poseer, así como la demás que sea pertinente para la comprobación de la actividad. Artículo 15.- Facultades de verificación. Por facultades de verificación se entienden todas las actuaciones de los servicios municipales que se estimen convenientes para constatar: - La veracidad de cualquier dato o manifestación que se incluya en una comunicación previa o declaración responsable. -

La veracidad de cualquier documento que se acompañe o incorpore a las mismas, incluidas las solicitudes de licencia.

-

La adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo, tras la obra de acondicionamiento, a los datos aportados en la declaración responsable, la comunicación previa o la solicitud de licencia.

Cuando la actuación consista en una comprobación en las dependencias municipales, de la documentación aportada o requerida posteriormente, se emitirá informe, salvo que se estime procedente otra actuación administrativa. Cuando se realice una visita al establecimiento se redactará informe, que podrá ser favorable al ejercicio de la actividad o, en caso contrario, de requerimiento para la adopción de las medidas que se estimen necesarias. En cualquier caso la verificación se realizará sin perjuicio de los procedimientos de inspección o de protección de la legalidad que pudieran corresponder.

Si se apreciaran indicios de un posible incumplimiento o infracción, se dejará constancia en el informe y se formulará propuesta para la adopción de cuantas medidas se estimen pertinentes, incluidas, de considerarse oportuno, las de inspección que pudieran corresponder.

Artículo 16.- Actos de comprobación y verificación. El informe que, en su caso, se elabore tendrá el valor probatorio correspondiente en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan proponer o aportar los administrados. Los informes podrán ser: a) Favorables: cuando la actividad se adecúe a la documentación presentada y se ejerza conforme a la normativa de aplicación. b) Condicionados: cuando se aprecie la necesidad de implantar medidas correctoras, lo que conllevará un plazo de subsanación. c) Desfavorables: cuando la actividad o la documentación aportada presente irregularidades o defectos sustanciales y se aprecie la necesidad de suspensión de la actividad hasta que se adopten la medidas correctoras necesarias, y si no fuera posible adoptar dichas medidas, se propondrá el cese definitivo de la actividad. En el supuesto de informe condicionado o desfavorable, los servicios competentes determinarán el plazo para la adopción de las medidas correctoras que se señalen. Se podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de plazo establecido, que no excederá de otro plazo completo, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no perjudican derechos de tercero, conforme al artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el párrafo anterior sin que los requeridos hayan adoptado las medidas correctoras ordenadas, se dictará por el órgano competente resolución acordando la suspensión de la actividad hasta que se implanten las mismas, sin perjuicio de iniciar el procedimiento sancionador que pudiera corresponder. Artículo 17.- Suspensión de la actividad. Toda actividad a la que se hace referencia en la presente ordenanza podrá ser suspendida por no ejercerse conforme a los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, sin perjuicio de las demás medidas provisionales que procedan De igual manera también podrá acordarse la suspensión si se comprueba la producción de notables incomodidades, alteración de las condiciones normales de seguridad, salubridad y daños al medio ambiente, a bienes públicos o privados, todo ello previa resolución dictada en procedimiento en el que, en todo caso, habrá un trámite de audiencia al interesado. Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes a fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados. Las actividades que se ejerzan sin la obtención de previa licencia o autorización o, en su caso, sin la presentación debidamente cumplimentada de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa o, contraviniendo las medidas correctoras que se establezcan, serán suspendidas de inmediato. Asimismo, la comprobación por parte del Ayuntamiento de Leioa de la inexactitud, falsedad u omisión de datos o el incumplimiento de cualquier requisito de carácter básico establecido en esta ordenanza o en la legislación vigente, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos y se ordene el cese, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

La resolución de la administración pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente. Esta resolución tendrá carácter inmediatamente ejecutivo. No será preceptivo para la adopción de esta medida cautelar el trámite de audiencia previa, sin perjuicio de que en el procedimiento sancionador puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes. TÍTULO V.- INSPECCIÓN Artículo 18.- Inspección Sin perjuicio de su regulación específica, las actuaciones de inspección podrán ser iniciadas, bien de oficio por parte de los servicios municipales competentes, bien a raíz de denuncias formuladas por terceros, con el objeto de comprobar la veracidad de los hechos denunciados. De las actuaciones de inspección se redactará informe, a los correspondientes efectos probatorios. El informe deberá contener al menos: a) La identificación del titular de la actividad. b) La identificación del establecimiento y actividad. c) La fecha de la inspección, identificación de las personas de la administración actuantes y de las que asistan en representación del titular de la actividad. d) Una descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias e incidencias se consideren relevantes. e) La constancia, en su caso, del último control realizado. f)

Los incumplimientos de la normativa en vigor que se hayan inicialmente detectado.

g) Las manifestaciones realizadas por el titular de la actividad, siempre que lo solicite. h) Otras observaciones. Será de aplicación a las actas de inspección lo dispuesto en el artículo 15 de la presente ordenanza para las actas de verificación, en lo que proceda. TÍTULO VI.- RÉGIMEN SANCIONADOR Artículo 19.- Infracciones. Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en la presente ordenanza, así como la desobediencia de los requerimientos de la administración municipal o de sus agentes dictados en aplicación de la misma. Artículo 20.- Tipificación de infracciones. Las infracciones se clasificación en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación establecida en los apartados siguientes: 1. Se consideran infracciones muy graves: a) El ejercicio de la actividad sin la presentación de la correspondiente declaración responsable, comunicación previa o, en su caso, de la obtención de preceptiva licencia o autorización. b) El incumplimiento de la orden de cese o suspensión de la actividad decretada por la autoridad competente.

c) El incumplimiento de las sanciones accesorias. d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves. e) Deficiencias en el mantenimiento del establecimiento o en el ejercicio de la actividad que determinen especiales situaciones de riesgo en relación con los apartados de seguridad, higiene o respeto del medio ambiente, o la realización de acciones que supongan una perturbación relevante en la convivencia que afecte de forma grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las actividades. 2. Se consideran infracciones graves, en el supuesto de que no tuvieran la entidad suficiente como para ser tipificadas como muy graves: a) El ejercicio de la actividad contraviniendo las condiciones de la licencia. b) La falsedad en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial, que se hubiere aportado. c) Deficiencias en el mantenimiento del establecimiento o en el ejercicio de la actividad que disminuyan el grado de seguridad, higiene o respeto al medio ambiente exigibles, o que supongan una perturbación de la convivencia que afecte de forma grave a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las actividades. d) La dedicación de los establecimientos a actividades distintas de las autorizadas. e) El ejercicio de las actividades en los establecimientos, excediendo de las limitaciones fijadas en la licencia. f) La modificación sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin la correspondiente declaración responsable, comunicación previa o, en su caso, previa licencia. g) El incumplimiento de las medidas correctoras que se hubieran establecido. h) El funcionamiento de la actividad o del establecimiento incumpliendo el horario autorizado. i) El incumplimiento de las condiciones de seguridad que sirvieron de base para la apertura del establecimiento o el inicio de la actividad. j) La presentación de la documentación técnica final o la firma del certificado final de instalación sin ajustarse a la realidad existente a la fecha de la emisión del documento o certificado. k) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves. l) Los actos que supongan obstaculización a la labor inspectora. 3. Se consideran infracciones leves: a) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales. b) El funcionamiento de la actividad con puertas, ventanas u otros huecos abiertos al exterior, cuando la actividad cause perjuicios o molestias al entorno. c) No encontrarse expuesto al público en lugar visible en el establecimiento físico el documento acreditativo de la presentación de la declaración responsable, de la comunicación previa, de la concesión de la licencia o del silencio administrativo estimatorio, en su caso, según corresponda. d) La modificación de las condiciones técnicas de los establecimientos sin la correspondiente toma de conocimiento cuando ésta sea preceptiva. e) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza, siempre que no esté tipificado como infracción muy grave o grave. Artículo 21.- Sanciones. La comisión de las infracciones tipificadas en la presente ordenanza llevará aparejada, en defecto de normativa sectorial específica, la imposición de las siguientes sanciones:

a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un euros a tres mil euros. b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un euros a mil quinientos euros. c) Infracciones leves: multa de cien euros a setecientos cincuenta euros o apercibimiento.

Artículo 22.- Sanciones accesorias. Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, las infracciones tipificadas en la presente ordenanza llevarán aparejadas las siguientes sanciones accesorias, cuando se deriven efectos perjudiciales para la salud, seguridad, medio ambiente o, en general, al interés público o al de terceros. a) Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos de uno a tres meses para las infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves. b) Inhabilitación del promotor para la realización de la misma o análoga actividad en que se cometió la infracción durante el plazo de uno a tres meses para las infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves. c) Revocación del acto administrativo que hubiera legitimado el ejercicio de la actividad para las infracciones graves o muy graves. Artículo 23.- Multas coercitivas. Sin perjuicio de cuanto se ha establecido anteriormente en el Título VI de esta Ordenanza, también se podrán imponer multas coercitivas en los términos del artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El importe de las multas coercitivas, en correspondencia con los criterios señalados en los artículos 220, 224 y 227 de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo del País Vasco se impondrán con carácter mensual, con un importe equivalente al mayor de las siguientes cantidades:  600,00 euros.  10% del valor de las obras o actuaciones requeridas. Artículo 24.- Responsables de las infracciones. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen conductas infractoras, aún a título de simple observancia, y en particular: a) Los titulares de las actividades. b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad. c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica, cuando en estos últimos concurra dolo, culpa o negligencia grave. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza corresponda a varias personas conjuntamente, responderán solidariamente de las infracciones que se comentan y de las sanciones que se impongan. En el caso de extinción de personas jurídicas, se exigirá en su caso la responsabilidad a los administradores de las mismas, en la forma prevista en las normas por las que se rijan aquéllas. Cuando las personas responsables de las infracciones sean técnicas para cuyo ejercicio profesional se requiera la colegiación, se podrán los hechos en conocimiento del

correspondiente Colegio Profesional para que adopte las medidas que considere procedentes, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la administración municipal como consecuencia de la tramitación del oportuno procedimiento sancionador. Artículo 25.- Graduación de las sanciones. Las imposiciones de sanciones correspondientes a cada clase de infracción se regirán por el principio de proporcionalidad teniendo en cuenta, en todo caso, las siguientes circunstancias: a) El riesgo de daño a la seguridad, salud o medio ambiente exigibles. b) El beneficio derivado de la actividad infractora. c) La existencia de intencionalidad del causante de la infracción. d) La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, previamente, no hayan sido tenidas en cuenta para determinar la infracción sancionable. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad la adopción espontánea por parte de la persona autora de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador. Cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante, la multa deberá imponerse por cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente, fijándose la misma en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción. Artículo 26.- Medidas provisionales. En los términos y con los efectos previstos en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán adoptarse medidas de carácter provisional cuando sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, las exigencias de los intereses generales, el buen fin del procedimiento o evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción. Artículo 27.- Reincidencia y reiteración. A los efectos de la presente ordenanza, se entenderá que existe reincidencia en los casos de comisión de un segunda infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año desde haya adquirido firmeza la resolución administrativa. A los efectos de la presente ordenanza, se considera que existe reiteración en los casos de comisión de una segunda infracción de distinta naturaleza en el plazo de dos años desde que haya adquirido firmeza la resolución administrativa.

ANEXO I ACTIVIDADES SOMETIDAS A LICENCIA DE ACTIVIDAD (Anexo II, Apartado A) de la Ley Vasca relativa a los servicios en el mercado interior (Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo y de la Ley Vasca de protección del Medio Ambiente (Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco). Anexo II. Lista de actividades e instalaciones clasificadas A) Actividades e instalaciones clasificadas sometidas a licencia de actividad. 1.- Actividades extractivas. 2.- Instalaciones nucleares y radiactivas. 3.- Instalaciones productoras de energía eléctrica con una potencia instalada superior a 100 kW. 4.- Industrias en general. 5.- Talleres que realicen tratamientos superficiales u operaciones de barnizado o pintado a pistola y similares, así como mantenimiento y reparación de vehículos a motor y similares. 6.- Talleres y obradores varios (carpinterías, caldererías, montaje, mecanización, obradores de panadería, pastelería, catering...), cuando la potencia total instalada (potencia mecánica y eléctrica, excluida la correspondiente al alumbrado) sea igual o superior a 25 kW y la superficie específicamente destinada a la producción supere los 300 m2. 7.- Actividades o instalaciones de almacenamiento, comercio y exposición que dispongan de productos y materiales catalogados como tóxicos, peligrosos o inflamables en cantidad superior a 500 kg en instalaciones ubicadas en suelo urbano residencial, y 1.000 kg en el resto de suelos. 8.- Estaciones de servicio y parque de suministro, instalación distribuidora o instalación análoga de combustibles líquidos o gaseosos. 9.- Instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos o gaseosos ubicadas en cualquier tipo de suelo con una capacidad superior a 50.000 litros. 10.- Instalaciones de almacenamiento, valorización y eliminación de residuos. 11.- Rellenos de tierras y rocas con una capacidad superior a 500.000 m3 cuya ejecución se prolongue por un tiempo superior a un año, excepto aquellos vinculados a obras de infraestructura lineal. 12.- Instalaciones de depuración de aguas residuales y de tratamiento de agua potable. 13.- Piscifactorías. 14.- Mataderos. 15.- Los establecimientos destinados a salas de baile y fiestas, clubes, discotecas, discobares, karaokes, pubs o similares. 16.- Otros establecimientos de hostelería y restauración y de espectáculos públicos o actividades recreativas, siempre y cuando, en todos los casos, cumplan alguno de los siguientes requisitos: - disponer de una capacidad o aforo igual o superior a 300 personas. - disponer de un equipo de música que tenga una potencia eficaz superior a 50 vatios para una carga estándar de cuatro ohmios.

17.- Explotaciones ganaderas y corrales domésticos de más de 20 UGM (unidades de ganado mayor) o explotaciones equivalentes según las proporciones que se indican en el apartado a) del artículo 3 del Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, o norma que lo sustituya, y guarderías caninas (cría y adiestramiento) con una capacidad superior a 25 perros, siempre que todas ellas estén ubicadas en suelo no urbanizable o suelo urbano industrial. 18.- Actividades ganaderas domésticas, entendiendo por tales las instalaciones de más de 4 UGM (unidades de ganado mayor), y todo tipo de guarderías caninas, siempre que todas ellas estén ubicadas en suelo urbano residencial. 19.- Crematorios. 20.- Otras actividades que, de conformidad con el artículo 55 de esta ley, puedan tener efectos análogos sobre la salud y el medio ambiente.

ACTIVIDADES SOMETIDAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE (Anexo II, Apartado B) de la Ley Vasca relativa a los servicios en el mercado interior (Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo y de la Ley Vasca de protección del Medio Ambiente (Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco). GRUPO B.2

1.

- Instalaciones productoras de energía eléctrica - Instalaciones de captación y transformación de energía renovable en energía eléctrica con 50 kW < P. instalada