PROPUESTA DE LAS CENTRALES SINDICALES PARA LA REFORMA DE La Seguridad Social en el Perú Hacia una seguridad social universal y solidaria

Resumen Ejecutivo Actualizado

PROPUESTA DE LAS CENTRALES SINDICALES PARA LA REFORMA DE La Seguridad Social en el Perú Hacia una seguridad social universal y solidaria

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Resumen ejecutivo contenido en el discurso pronunciado por Carmela Sifuentes, Presidenta de la CGTP, en representación de las cuatro centrales sindicales -CGTP, CUT, CTP y CATP-, para el Foro “DIÁLOGO Y PROPUESTAS POLÍTICAS 2011: HACIA UNA SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL Y SOLIDARIA. La seguridad social en los planes de gobierno de los Candidatos a la Presidencia de la República y la Propuesta de las Centrales Sindicales para la Reforma de la Seguridad Social”, del 23 de febrero de 2011.

PROPUESTA DE LAS CENTRALES SINDICALES PARA LA REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL PERÚ Resumen ejecutivo Primera edición, Abril del 2011 Tiraje: 1000 ejemplares Proyecto “Salud Laboral y Protección Social para Trabajadores y Trabajadoras” Equipo Técnico Responsable - ISCOD Luis Miguel Monje Gutiérrez Joseba Villa González Jaime Sánchez Arteaga Patricia Balda Valenzuela Diego Motta Villegas Mary Eliana García Calderón Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo - ISCOD Jr. Lloque Yupanqui 1399, Jesús María - Lima Teléfono: (511) 4726418 www.iscod.org Diseño e impresión: Sonimágenes del Perú Av. 6 de Agosto 968, Jesús María Telfs.: 652 3444 / 652 3445 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2011-05735

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Objetivos del nuevo sistema de seguridad Social

Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que tiene el Estado de elaborar una estrategia nacional en el Perú para consolidar y desarrollar un sistema sostenible de seguridad social, conforme a las observaciones del Comité de Expertos en Convenios y Recomendaciones de la OIT, las centrales sindicales proponemos una reforma de la seguridad social que tenga como objetivos fundamentales la extensión de la cobertura a la población del país; otorgar las prestaciones que correspondan a las necesidades de los asegurados y su familia; que estas prestaciones sean oportunas y suficientes; contar un régimen de seguridad social solidario, eficiente y sostenible financieramente; que el sistema de seguridad social se constituya en un instrumento de cohesión y desarrollo social; que los distintos regímenes del sistema de seguridad social se adapten al cambiante mercado de trabajo de tal forma que tales cambios no se constituyan en un obstáculo insalvable para el acceder a la seguridad social; lograr que el Estado cumpla con sus obligaciones de mejorar, ampliar y garantizar seguridad social para los ciudadanos; y, finalmente, la inserción de nuestro sistema de seguridad social en los procesos de integración regionales y sub regionales.

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Principios y conceptos en los que se sustenta el nuevo sistema de seguridad social

La reformas neoliberales en materia de seguridad social impuestas en el país a partir del consenso de Washington tuvieron motivaciones principalmente de orden fiscal y financiero. Las políticas sociales y de protección social, como hoy todavía, fueron subordinadas a las políticas económicas y financieras. Más allá de las meras declaraciones verbales, los principios que son los pilares fundamentales sobre los que se sustentan los sistemas de seguridad social no fueron tomados en cuenta, dejando lugar al individualismo y a la seguridad social como oportunidad de negocio. Las centrales sindicales estamos convencidas que para diseñar una política de Estado en materia de seguridad social es fundamental recuperar los principios que sustentan la seguridad social. En esta dirección, consideramos de excepcional importancia, rescatar los siguientes principios y conceptos:

Universalidad: Este principio se orienta a la necesidad de suministrar las prestaciones a todas las personas sin excepción. Su esencia deriva del carácter de derecho humano fundamental de la seguridad social. El nuevo régimen de seguridad social que proponemos, está concebido para ampliar la cobertura a todos los ciudadanos y ciudadanas, incluyendo como obligatoria la afiliación de los trabajadores independientes y por cuenta propia, de las personas con discapacidad y otorgando prestaciones no contributivas para adultos mayores.

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Actualmente aproximadamente el 80% de la PEA ocupada no está cubierta por un sistema de seguridad social ni en pensiones, ni en salud. Mientras en el caso de los riesgos de trabajo el porcentaje de personas sin cobertura es aún mayor: más del 90%. El caso más preocupante es el de los trabajadores independientes que solo alcanzan una cobertura del 1% aproximadamente en materia de pensiones, a pesar de representar el 35% de la PEA ocupada.

Solidaridad financiera: Nuestra propuesta de reforma del sistema de seguridad social, recobra el principio fundamental de la solidaridad financiera, ausente en el modelo actual sustentado en el régimen privado, particularmente en materia de pensiones. En primer lugar , porque planteamos la necesidad de que todos y todas estemos afiliados al sistema público de pensiones de tal manera que todos y todas contribuyamos solidariamente a su financiamiento; y en segundo lugar, porque planteamos restablecer la contribución bipartita con la finalidad de que el sistema de pensiones sea también financiados por los empleadores.

Sostenibilidad financiera: Los beneficios incluidos en nuestra propuesta de reforma del sistema de seguridad social, las fuentes y mecanismos de financiamiento, los requisitos exigidos para el otorgamiento de las prestaciones deben tener la consistencia y congruencia necesaria, que asegure la sostenibilidad de cada uno de sus componentes y del sistema como un todo.

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La responsabilidad general del Estado: La propuesta tiene como valor supremo, que el Estado, asuma nuevamente, de una forma activa y dinámica, la responsabilidad que le compete en materia de protección social, en particular, respecto al sistema de seguridad social en materia de salud y pensiones.

Las políticas de seguridad social como componente de la política social: La mejor forma de combatir la pobreza y la desigualdad es a través de la seguridad social. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha recomendado al Estado peruano tener una estrategia nacional en materia de seguridad social, señalando que poseer una política de este tipo, que reconozca los principios básicos garantizados por los convenios de la seguridad social de la OIT, contribuiría eficazmente a la puesta en práctica en el Perú de un Estado de Derecho basado en la solidaridad, la gobernanza participativa y el reconocimiento de mínimos sociales.

Participación democrática de los trabajadores y asegurados en la administración y gestión de la seguridad social. Nuestra propuesta considera que la participación de los representantes de los trabajadores y asegurados en la definición de las políticas en materia de seguridad social y en la gestión de la institucionalidad de la seguridad social constituye un elemento central a fin de garantizar una gestión sistémica más articulada y una representación y participación efectiva en los roles de rectoría, regulación y supervisión del sistema de seguridad social

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La sociedad debe involucrarse en la dirección, gestión y fiscalización del sistema de la seguridad social a través de sus organizaciones representativas. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, el Convenio núm. 102 requiere que los representantes de las personas protegidas deben participar en la administración de la seguridad social. Esta participación debe ser efectiva y permitir a estos últimos influir sobre las decisiones efectuadas en materia de inversiones y de gestión. Esa posibilidad no existe en la gestión de las AFPs ni en las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Asimismo, la OIT ha pedido al Gobierno asegurar la participación de representantes de los asegurados en la SUNAT como organismo de recaudación de impuestos y de cotizaciones sociales.

Fortalecimiento del marco institucional: Es de vital importancia separar las funciones críticas que deben ser atribuidas al Estado y a los regímenes de seguridad social. En este sentido, las funciones de recaudación, fiscalización y afiliación debería ser competencia de un organismo público especializado con las facultades necesarias a través de ajustes en la normatividad.

Equidad de género: Nuestra propuesta reconoce que los cambios en el mercado de trabajo, el establecimiento de los sistemas privados de pensiones y de planes de salud privados han acentuado la inequidad, particularmente la de género. La mayoría de las mujeres se encuentran en desventaja laboral (ocupación en el trabajo reproductivo, mayor tasa de desempleo, menores salarios respecto a los hombres, trayectoria laboral más discontinua, menos densidad de cotización) y son más longevas, siendo ambas condiciones un obstáculo para acceder a la protección de la seguridad social en salud, pensiones y riesgos del trabajo.

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Fortalecer las tareas de rectoría, supervisión y regulación, así como, el dialogo social: Una de las aspiraciones de nuestra propuesta de reforma de la seguridad social, es que se avance en esta materia, y se cuente con un organismo rector, que dirija con claridad y contundencia el proceso de cambio, y que tenga la visión del futuro que se desea del sistema seguridad social. Por otro lado, se requiere la intervención eficiente de los organismos reguladores reformados y la participación de los asegurados y trabajadores, en concordancia con lo que establece el convenio 102 de OIT, y en la dirección de fortalecer el diálogo social.

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Instituciones del nuevo sistema de seguridad social propuesto.

La reforma de la seguridad social requiere necesariamente transitar por una reforma profunda de la institucionalidad del sistema, por ello consideramos necesario: Crear e Institucionalizar el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), como espacio para la formulación de políticas en materia de seguridad social. El consejo tendrá como funciones centrales la formulación de políticas en materia de seguridad social, la supervisión y la regulación de los actores, incluido el sector privado. En el Consejo Nacional de Seguridad Social participarían representantes de los trabajadores, empleadores, autoridades públicas y otros actores sociales involucradas en el sistema de seguridad social y en los objetivos de la reforma.

La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) La necesidad de separar las funciones críticas que deben ser atribuidas al Estado y a los regímenes de seguridad social nos lleva a formular la propuesta de creación de la Tesorería de la Seguridad Social. El insuficiente accionar de la SUNAT es uno de los factores que contribuye a la escasez de recursos financieros de la seguridad social pues, como es de conocimiento público, entre 1999 y el 2008 la recaudación de las contribuciones al seguro social de salud decrecieron de 1.4% al 1.3% del PBI.

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Por ello, la manera efectiva de mejorar la recaudación de todo el sistema es creando un este especializado encargado de las funciones de afiliación, recaudación y fiscalización de los deberes contributivos. Una de las principales tareas de la Tesorería de la seguridad social será acabar con la evasión contributiva del sector formal e informal de la economía y la del propio Estado.

El Instituto Nacional de Pensiones (INP) Creación del Instituto Nacional de Pensiones (INP) sobre la base de la actual ONP, con participación tripartita, para la administración del régimen de pensiones público y obligatorio: institución con autonomía económica, financiera y administrativa que tendrá a cargo el citado régimen, en forma centralizada, y con capacidades y competencias para la gestión de los beneficios del régimen público de pensiones. Este instituto se encuentra bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Pensiones. El Consejo Nacional de Seguridad Social designa al Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Pensiones.

El Instituto de Seguridad Social de Salud (ISSS) El Instituto de Seguridad Social de Salud, creado sobre la base del actual Seguro Social de Salud-Essalud, con participación tripartita, será una institución con autonomía económica, financiera y administrativa que gestionará y administrará el seguro social de salud para cuyo efecto se deberán implementar cambios profundos en la gestión. El Consejo Nacional de Seguridad Social designa al Presidente Ejecutivo del Instituto de Seguridad Social en Salud.

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El Instituto de Riesgo del Trabajo (IRT) El Instituto de Riesgos del Trabajo será una institución de conformación tripartita, con autonomía económica, financiera y administrativa que gestionará y administrará el seguro contra riesgos del trabajo. El Consejo Nacional de Seguridad Social designa al Presidente Ejecutivo del Instituto de Riesgo del Trabajo.

La Superintendencia de Aseguramiento en Salud (SAS) Tendrá por finalidad asegurar y cautelar la idoneidad y calidad de los servicios de salud proporcionados por los prestadores, incluidos los privados. El Consejo Nacional de Seguridad Social regula y supervisa a la Superintendencia de Aseguramiento en Salud y designa al superintendente.

Superintendencia Nacional de Pensiones (SUNAP) Tendría por finalidad cautelar los fondos e intereses de los pensionistas mediante la supervisión de los sistemas de pensiones , aplicando las políticas establecidas por el Consejo Nacional da Seguridad Social. El Consejo Nacional de Seguridad social regula y supervisa a la Superintendencia Nacional de Pensiones y designa al superintendente.

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Superintendencia de aseguramiento de riesgos del trabajo (SART) Tendría por finalidad supervisar a las aseguradoras de riesgos del trabajo, incluidos las privadas. El Consejo Nacional de Seguridad Social regula y supervisa a la Superintendencia de Aseguramiento de riesgos del trabajo y designa al superintendente.

MARCO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Consejo Nacional de Seguridad Social Superintendencia de aseguramiento en salud

Tesorería de la Seguridad Social

Superintendencia de administradora de fondo de pensiones Superintendencia de aseguramiento de riesgo de trabajo

Instituto Nacional de Pensiones

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Instituto de Seguridad Social de Salud

Instituto de Riesgos de Trabajo

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Características básicas del nuevo sistema de seguridad social

4.1 Propuestas de reforma aplicable a todo el sistema de seguridad social Estas propuestas como las establecidas para cada tipo de prestación se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Peruana, las normas internacionales en materia de seguridad social y en especial el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (Norma Mínima de Seguridad Social) así como las observaciones del Comité de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.

• Universalizar la cobertura en los diversos regímenes, compatibilizándola con la pluralidad de mecanismos de protección. Para universalizar la cobertura consideramos necesario recurrir a una pluralidad de mecanismos de protección y a un conjunto de estrategias contributivas y no contributivas. Se requiere implementar políticas inmediatas para el incremento de la cobertura, como lograr elevar la cobertura en las empresas de la economía formal e innovar con esquemas alternativos de aseguramiento contributivo (trabajadores por cuenta propia y de la economía informal) Es imprescindible y urgente también formalizar la situación de la cobertura de los empleados públicos (contratados bajo los dominados regímenes de servicios no personales) y de los trabajadores de las empresas (Servis) que prestan servicios a la administración pública.

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• La prevención como elemento central de la política social de Estado en materia de seguridad social Las políticas sociales del Estado deben orientarse a reforzar la política preventiva sanitaria y de seguridad y salud en el trabajo que reduciría las enfermedades e incapacidades; potenciar la política educativa que contribuirían a combatir y prevenir la exclusión social y la pobreza y priorizar la solución de los problemas de salud de mayor prevalencia.

• Financiamiento y prestaciones contributivas y no contributivas El modelo de Seguridad Social actual es uno basado en el financiamiento contributivo, y ello se debe a que nuestro sistema se edificó sobre la idea del aseguramiento de los trabajadores asalariados. El objetivo de extender la cobertura de la seguridad social nos lleva necesariamente a proponer la necesidad de recurrir a estrategias de financiamiento no contributivo con aportes del Estado.

• Régimen de seguridad social básico (salud y pensiones) de naturaleza pública y obligatorio para todos complementado con un régimen de administración privada. La Seguridad Social es, como se sabe, un derecho humano fundamental y un instrumento para la creación de cohesión social, forma parte indispensable de la política social de los Estados.

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Siendo la Seguridad Social ante todo un sistema de naturaleza pública, nuestra propuesta se sostiene en la idea de una seguridad social básica y obligatoria garantizada por el Estado pero admite la posibilidad de complementos voluntarios, sin que ello desnaturalice el modelo esencialmente público de nuestro sistema de seguridad social.

• Fortalecer el control contributivo Para garantizar el financiamiento que requiere la extensión de la cobertura a sectores de baja capacidad contributiva, en cumplimiento del principio de solidaridad, proponemos fortalecer el control contributivo, mejorar la inspección de la seguridad social y las reformas legislativas necesarias que tipifiquen y sancionen drásticamente la morosidad y la evasión en el aseguramiento.

4.2 El nuevo sistema previsional Nuestra propuesta de reforma del sistema previsional peruano se sustenta en los principios y conceptos ya expuestos para la reforma del sistema de seguridad social y, además, en el cumplimiento del derecho a una pensión justa y equitativa, en la necesidad de garantizar una pensión mínima decente, en la libre elección, en la eficiencia de la gestión del sistema y en el papel de Estado como garante del sistema.

Estructura del nuevo sistema previsional: hacia un sistema multipilar En términos de diseño y estructura, proponemos la integración en un sistema de pensiones sustentado en tres pilares, que actúan con carácter de complementarios. El primer pilar, tiene dos componentes:

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i) no contributivo-asistencial, dirigido a los adultos mayores de 65 años o más, en condición de pobreza, y cuyo financiamiento será con cargo al Presupuesto Público y transferencias complementarias del Estado, ii) contributivo-obligatorio (base del sistema), cuya tasa de reemplazo oscilaría alrededor de un 45%, pero con un limite inferior que corresponde a una pensión mínima; los aportes provienen del empleador y el trabajador, y no solo del trabajador como en el actual sistema, y los beneficios de pensión por vejez se consolidan considerando tanto la edad de la persona como el número de cuotas aportadas al régimen. El segundo pilar está conformado por un sistema privado, basado en cuentas individuales de capitalización individual, que debería incorporar un aporte solidario para cofinanciar las pensiones mínimas, bajo la gestión de las Administradoras de Fondos de Pensiones y una estricta supervisión del Estado. Este es un régimen voluntario y con una tasa de reemplazo esperada de aproximadamente un 15%. Se proponen mecanismos para reducir los costos por administración y la concertación entre administradores, como licitaciones a cargo de la Superintendencia que fomenten la participación de nuevos actores. Por último, un tercer pilar, voluntario, y complementario a las pensiones de los otros dos pilares. Normalmente, se hace uso de incentivos fiscales para promover su adopción, pero en general, sus afiliados son trabajadores de ingresos medios y altos. Se pretende un balance mayor en las prestaciones otorgadas por ambos regímenes, tomando en cuenta, la estructura demográfica del país, que aún mantiene un grupo importante de población joven, con capacidad de concretar un extenso historial de aportes a su cuenta individual. De igual manera, se reincorpora el apoyo financiero del empleador, eliminado con la reforma previa del sistema. La determinación de las tasas de aportación del pilar contributivo estará sujeto a un estudio económico, demográfico y matemático actuarial que sustente la sostenibilidad del sistema y permita una mayor equidad

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4.3 Seguridad Social en salud universal y solidaria Frente a los graves problemas que atraviesa la seguridad social en el Perú la alternativa del Gobierno es diametralmente opuesta a la de los trabajadores. La Ley de Aseguramiento Universal en Salud y su reglamento plantea la paulatina privatización del sistema, así como una ostensible rebaja en las prestaciones en salud. Dicho sistema ha sido construido sobre la base del desfinanciado Seguro Integral de Salud y no da talla a los requisitos que la OIT exige a la seguridad social. Además no debemos olvidar que tal y como está dispuesto en el Reglamento de la Ley, se deja abierta la posibilidad de afectar a los afiliados y afiliadas al seguro regular de EsSalud, eliminando la cobertura integral al 100% por una menor. Por ello, proponemos un sistema con dos regímenes, uno Contributivo y otro No Contributivo. Este sistema implicaría que toda la población del país dotada de capacidad contributiva pague su seguro de salud y que el Estado financie un seguro de salud no contributivo y subsidiado para quienes tienen poca o ninguna capacidad contributiva. Así todos los peruanos y peruanas no solo estarían cubiertos por un sistema de seguridad social en salud, si no que tendrían un acceso a la salud cuando así lo requieran. La afiliación en el régimen contributivo sería obligatoria para todos los trabajadores activos, tanto asalariados como independientes, cuyas aportaciones estarían en función de su capacidad contributiva, medida por los salarios o ingresos devengados. Este régimen contributivo se financia con aportes del empleador y del trabajador. El régimen no contributivo financiado por el Estado permitiría extender la cobertura a amplios sectores de la población, en condiciones de pobreza o de ingresos precarios. El Fondo de este Régimen No Contributivo es independiente y autónomo, con la participación de los Gobiernos Regionales en su ejecución regional.

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4.4 Programa para la universalización de la cobertura de aseguramiento de riesgos laborales a toda la población asalariada El modelo de aseguramiento de riesgos laborales que se propone se inspira en los principios de responsabilidad objetiva del empleador, universalidad, automaticidad, integralidad, suficiencia y uniformidad y se orienta a la cultura preventiva y participación tripartita. El principio de responsabilidad objetiva del empleador (los empleadores responden por ser los generadores del riesgo), sustituye el modelo vigente, basado de protección en las actividades de “alto riesgo”, que limita el ámbito de la responsabilidad objetiva del empleador al excluir a diversas actividades no consideradas de “alto riesgo” de la obligación de asegurar a los trabajadores. Se debe considerar que los empleadores al ser los generadores del riesgo, deben asegurar a todos los trabajadores asalariados, independientemente de la actividad productiva o de servicios que desempeñen. La universalización de la cobertura del aseguramiento de los riesgos del trabajo permitirá comprender a todos los trabajadores, incluyendo a los trabajadores del sector público (incluido los trabajadores del régimen CAS y SERVIS que prestan servicios al Estado) y privado, independientemente de la actividad productiva o de servicios que desempeñe.

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PROPUESTA DE LAS CENTRALES SINDICALES PARA LA REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL PERÚ Resumen ejecutivo actualizado Se terminó de imprimir en el mes de Abril de 2011, en los talleres gráficos de Sonimágenes del Perú Av. 6 de Agosto 968, Jesús María

Proyecto “Salud Laboral y Protección Social para Trabajadores y Trabajadoras” Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo - ISCOD Jr. Lloque Yupanqui 1399, Jesús María, Lima - Perú http://www.seguridadsocialperu.com Teléfono: (511) 472-6418 / [email protected]