News panorama Resumen de la actualidad fiscal Fernando Serra González Periodista especializado en temas económicos

Resumen: La reforma fiscal que prepara el Gobierno sigue siendo el tema central de la actualidad tributaria y, durante la primera parte de abril, los comentarios sobre el informe realizado por los expertos, las declaraciones de responsables de Hacienda y las propuestas alternativas han sido muy numerosos. Así, el ministro Cristóbal Montoro insiste en que el balance general de la reforma reduciría la carga impositiva global, algo que algunos expertos cuestionan dado los desequilibrios que aún reflejan las cuentas públicas. También Hacienda se muestra firme en su postura de no volver a incrementar el IVA, en contra de la opinión de la comisión de expertos, de Bruselas y del FMI. El Gobierno apuesta igualmente por mantener, aunque con limitaciones, la tributación por módulos, una decisión que es generalmente aplaudida. Son interesantes dos alternativas de reforma hechas públicas recientemente. Una elaborada por Funcas y centrada en la reducción de tramos, de siete a dos, en el IRPF, y la segunda realizada por un grupo de expertos de la Comisión Europea que pone números a los efectos económicos de una devaluación fiscal centrada en subir la imposición indirecta y bajar a cambio los impuestos que gravan el trabajo. La economía ha seguido dando signos de recuperación, claros algunos y débiles otros, como la EPA del primer trimestre. La actualidad en el ámbito fiscal ha estado marcada por la cita electoral del 25 de mayo y Hacienda parece haberse colocado al frente de los que reclaman una bajada de impuestos. Algunos comentarios apuntan a que el Gobierno podría aprobar el proyecto de Ley sobre la Reforma Fiscal antes de los comicios para que la bajada impositiva apoye el mensaje electoral diseñado por el Gobierno: que los sacrificios y recortes se han acabado porque la crisis ha quedado atrás. No obstante, Bruselas y algunos analistas temen que esta estrategia frene el proceso de equilibrio presupuestario. De hecho y según ha comunicado Hacienda a la UE, el ajuste del déficit está siendo tan lento que la deuda sigue creciendo, y también los costes de financiación aun bajando la prima de riesgo. El dilema es que sin haber voluntad política para reducir el gasto —algo impopular ante tres citas electorales—, parece difícil que se pueda bajar impuestos y cumplir el pacto de estabilidad al mismo tiempo. Las consecuencias en los mercados financieros de los 11 países europeos que han acordado la imposición de la tasa Tobin y un interesante estudio sobre los efectos sociales de los impuestos indirectos son temas comentados recientemente. *** Para prever posibles decisiones en política fiscal, es fundamental conocer el cierre, provisional aún, de las cuentas públicas del pasado año. Sorprende, en primer lugar, que el gasto público total de todas las Administraciones haya alcanzado

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458.666 millones de euros, una cifra de la que se puede deducir algo más de 4.500 millones en ayudas a la banca por ser gastos extraordinarios que no se volverán a repetir. En cualquier caso, el gasto es un 0,2% superior al del año anterior y, como el PIB ha caído, ha crecido el porcentaje sobre él hasta el 44,4% frente al 44% del año anterior. Así pues, los tan criticados recortes y política de austeridad no aparecen por ningún sitio, aunque sí se siguen produciendo, y de forma dura, en el sector privado. Han sido las pensiones y los costes para financiar la deuda (mejoran los intereses pero aumenta el volumen de la deuda total a financiar) las partidas que han crecido; la remuneración del personal público se ha mantenido en línea con el PIB, mientras la inversión pública ha vuelto a ser el gasto más cercenado. En cuanto a los ingresos apenas cubren el 85% de los gastos excluidas las ayudas financieras, por lo que resulta un déficit de 67.755 millones, el cual hace crecer la deuda pública hasta 960.640 millones, el 93,9% del PIB, cuando al inicio de la crisis, en 2007, era el 36,2% del PIB. Este déficit, excluidas las ayudas financieras, equivale al 6,62% del PIB, apenas dos décimas menos que en 2012. En suma, como los gastos han crecido dos décimas, la pequeña reducción del déficit se debe a que los ingresos crecieron apenas un 1%, pasando del 37,2% al 37,8% del PIB, y eso que el pasado año se produjo una intensa subida impositiva. Ante estas cifras, algunos analistas —los de Funcas, por ejemplo— ven difícil que el Gobierno vaya a bajar los impuestos mientras que la actividad no repunte con bastante más vigor, algo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sigue prometiendo a pesar de que el informe de los expertos es mucho más prudente en este sentido. Así pues, la reforma fiscal que finalmente apruebe el Gobierno sigue siendo el tema central, y casi exclusivo, de la actualidad en materia impositiva. El pasado 7 de abril Montoro anunció durante unas jornadas sobre tal reforma una medida que consiste en aplicar un “impuesto negativo” sobre la renta para las mujeres que vuelvan al trabajo después de ser madres. No obstante, ese mismo día rectificó y dijo que no habría tal impuesto. “El anuncio que he hecho hoy no es tal. Lo siento. No tengo remedio”, aseguró el ministro. Hacienda añadió después que habría deducciones familiares pero no una desgravación nueva para madres. El titular de Hacienda sí reiteró que la rebaja del IRPF se hará en “términos de equidad”, lo que significa que será más acusada en las rentas bajas que en las altas. También adelantó que se reducirá la fiscalidad del ahorro, “algo fundamental cuando el problema es el desapalancamiento y la deuda externa”. Según Montoro, esta rebaja pretende promocionar el ahorro a largo plazo. En este sentido, hay que recordar que la comisión de expertos ha propuesto la creación de unas cuentas para la jubilación con ventajas similares a los planes de pensiones pero gestionadas por el propio contribuyente. En cuanto a la subida del IVA —medida que los expertos, Bruselas y el FMI defienden— Montoro aseguró que España ya ha iniciado la “devaluación fiscal” recomendada por Lagares, puesto que ya subió el IVA en julio de 2012 y ahora es “cuando está empezando a recaudar”. No obstante, la comisión de expertos propone subir el IVA y, en compensación, bajar las cotizaciones sociales, pero el ministro no dijo nada de esta última medida. A este respecto, la CEOE ha vuelto a pedir una rebaja de cotizaciones con el argumento de que no supondrá pérdida de recaudación porque el empleo va a crecer más de lo que pronostican todos los organismos oficiales. Fuentes de Hacienda han detallado otros aspectos de la reforma. Se asegura, por ejemplo, que habrá nuevas ayudas fiscales a quienes tengan “cargas familiares”, concretamente desgravaciones a las familias numerosas o a quienes tengan dependientes a su cargo. Igualmente, se pretenden ampliar las bases exentas de cotización, es decir, dejar fuera de la obligación de pagar el IRPF a un sector más amplio de la población, posiblemente a las rentas inferiores a los 12.000 euros anuales tal como anunció el presidente Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la Nación.

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panorama Otra cuestión de la reforma muy debatida es la posible eliminación del sistema de módulos. Según fuentes de Hacienda, parece decidido que podrán permanecer en tributación objetiva las pymes y autónomos que tengan rendimientos inferiores a 200.000 euros y en aquellos sectores de actividad que facturen directamente al cliente final: comercio, hostelería, transporte minorista (taxis y similares) y agricultura, fundamentalmente, aunque con limitaciones. Según los cálculos de este departamento unos 600.000 autónomos y pymes seguirán en el régimen. Además, la reforma que prepara Hacienda pretende también culminar la modificación que entró en vigor a principios de 2013, por la que se excluye del sistema de módulos a quienes facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares, sea cual sea el sector de actividad al que pertenezcan. Aunque todavía no está decidido, en medios próximos a los colectivos afectados se comenta que el Ministerio podría elevar este tope de facturación a particulares hasta el 80 o 90% del total. Tal reforma cuenta, además, con el visto bueno de las asociaciones representativas de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, las cuales coinciden con Hacienda en afirmar que la medida permitirá elevar el número de prestaciones por cese de actividad, el llamado paro de los autónomos. La Ley exige demostrar dos años de pérdidas para obtener la prestación “y con el sistema de módulos es imposible demostrar las pérdidas”, asegura una de estas asociaciones. En la misma línea se manifiestan los responsables del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, que en principio eran partidarios de la supresión total de los módulos. Ahora se muestran favorables pero solo para quienes facturen directamente al consumidor final, asegurando que “es lo más lógico y un primer paso hacia la supresión definitiva de este régimen”. Respecto al impacto de la medida sobre la recaudación, los expertos de Hacienda estiman que será “neutro” porque dependerá de la evolución de la economía. Apuntan, incluso, que en estos momentos sería perjudicial para el Tesoro, puesto que la actividad está en descenso, aunque se atisba ya una recuperación en los próximos meses. Por otra parte, y para prevenir posibles casos de fraude, Hacienda baraja ampliar al 5% la retención que el fisco aplica a las facturas emitidas por los incluidos en el régimen de módulos, frente al 1% actual. Una subida que, aseguran, puede tener un “efecto disuasorio” para los defraudadores. Con relación a la reforma que afectaría a las empresas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió, el 7 de abril, en un acto del Instituto de la Empresa Familiar, a rebajar el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades. Es la primera vez que el Ejecutivo anuncia de forma clara que aplicará esta medida. Hasta ahora, se limitaba a señalar que estaba en estudio. Esta rebaja de los tipos impositivos irá acompañada de una supresión de deducciones y bonificaciones, de forma que el tipo efectivo se acerque al nominal. No obstante, Hacienda ya había asegurado que la supresión de deducciones no afectarán a las desgravaciones vigentes para las empresas que inviertan en I+D. Y Rajoy anunció que también se mantendrá la deducción por reinversión, uno de los beneficios fiscales más relevantes que contempla la legislación. En este aspecto, el Gobierno se aleja de la recomendación de los expertos capitaneados por Lagares, los cuales defienden la total supresión de las deducciones. Los sabios consideran que las deducciones tienen un elevado coste fiscal y no son eficientes. Rajoy también señaló que se mantendrá los estímulos fiscales a las pymes, lo que supone otro rechazo a la propuesta de los expertos que son partidarios de un tipo único en Sociedades con independencia del tamaño de las empresas. Sin embargo, el ministro Montoro sugirió el mismo día que el Presidente habló de este tema que la esperada rebaja del tipo impositivo en Sociedades podría no entrar en vigor en 2015 sino más adelante.

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Entre las propuestas escuchadas durante la primera quincena de abril sobre la futura reforma destaca la realizada por Funcas. Esta fundación defiende un IRPF con dos tramos, el primero, hasta 60.000 euros, con un tipo del 25% y, a partir de ese nivel, se aplicaría un gravamen del 35%. Esta idea la expuso José Félix Sanz, director de Estudios Tributarios de Funcas, y se desarrolla en el último número de la revista Papeles de Economía Española. La propuesta de Funcas respecto al IRPF es contundente. No solo aboga por reducir a dos los siete tramos actuales, sino que defiende la eliminación de prácticamente todas las deducciones. Solo se mantendría un mínimo vital que beneficiaría exclusivamente a contribuyentes con hijos o mayores a cargo. Actualmente, todos los declarantes tienen derecho a un mínimo exento de 5.151 euros que se aplican a la tarifa. También se mantendría una reducción de la base imponible por aportaciones a planes de previsión social pero el resto de beneficios fiscales se suprimiría. Según los cálculos de Funcas, reducir tipos y tramos, y eliminar deducciones elevaría en 30.000 millones adicionales la recaudación del IRPF. De aplicarse esta propuesta, saldrían perdiendo los contribuyentes solteros y sin hijos que ganaran al menos 20.000 euros brutos al año pero saldrían beneficiados las rentas superiores a 100.000 euros. Ahora bien, en el caso de tener descendencia o mayores a cargo, el bando de ganadores y perdedores estaría ligada a los mínimos vitales que se aplicaran. Es asimismo interesante lo que opina la Comisión Europea sobre la reforma una vez conocida la propuesta de los expertos. En el informe titulado Assessing the impact of a revenue-neutral tax shift away from labour income in Spain y elaborado por cuatro economistas de la unidad que vigila a España, Kristian Orsini, Matthias Burgert, Oskar Grevesmühl y Massimo Suardi, el ejecutivo comunitario insiste que España debe afrontar una devaluación fiscal que pasa por aumentar la presión fiscal de la imposición indirecta (IVA) y de los impuestos especiales (tabaco o hidrocarburos) y por una bajada de los impuestos que gravan el trabajo. No hay nada nuevo en realidad en esta recomendación pero por primera vez se argumenta con cifras. Según los autores del informe, si se reduce la presión fiscal directa un punto del PIB, el desempleo descendería en la misma medida y ello se traduciría en la creación de unos 170.000 puestos de trabajo de forma inmediata. Dicho con otras palabras, la CE propone que los impuestos que gravan el trabajo se reduzcan de forma permanente en 5,7%. Como contrapartida, la imposición sobre el consumo aumentaría en 4,2 puntos porcentuales. El efecto en términos de recaudación sería equivalente a unos tres puntos de PIB, mientras que apenas se reflejaría en el PIB en el primer año, pero sí en los siguientes con incrementos de 0,7 puntos porcentuales. Aunque el consumo se vería afectado negativamente en 0,24 puntos de PIB, no se producirían restricciones de liquidez en los hogares gracias a la creación de empleo. Los analistas comunitarios plantean un segundo escenario con una rebaja fiscal sobre el trabajo de baja cualificación de un 7% aproximadamente acompañada de un incremento de la tasa impositiva sobre el consumo de 1,2%. En este supuesto, el importe global de la factura fiscal sería de alrededor de 1% del PIB. Al margen de las numerosas noticias, comentarios y debates suscitados por la reforma fiscal que prepara el Gobierno, el resto de temas impositivos se quedan muy en segundo lugar. Si acaso habría que mencionar el efecto que ha tenido la crisis sobre el aumento de personas que renuncian a sus herencias. Según estadística del Consejo General del Notariado, la dificultad de pagar la factura fiscal ligada a la aceptación de una herencia ha hecho que tales renuncias se hayan más que doblado en cuatro años. Así, mientras que en 2007 se registraron 11.047 renuncias, en 2012 se produjeron 23.965 y el año pasado la tendencia se acentuó aún más pues crecieron un 21% con respecto al anterior año. En otro orden de cosas,

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panorama también se ha comentado recientemente de las numerosas —más de la mitad— reclamaciones de la Agencia Tributaria que se pierde en los tribunales puesto que los jueces rechazan buena parte de las sanciones impuestas por Hacienda. En consecuencia, la recaudación derivada de fallos de los tribunales se ha hundido desde los 1.412 millones de euros en 2012 a menos de 463 millones en 2013. Ante esa situación, la Agencia Tributaria está formando a sus inspectores con magistrados de la Audiencia Nacional. Estos jueces imparten cursos a estos profesionales sobre los procedimientos judiciales, la validez de las pruebas que se deben aportan y otras cuestiones claves para evitar nulidades o fallos contrarios a la Hacienda Pública. Se han acumulado, durante la segunda parte de abril, las noticias que confirman, y hasta refuerzan, los signos de recuperación de la economía española. El INE confirma lo que ya adelantó el Banco de España (BE): que la economía española aceleró su recuperación en el primer trimestre del año al registrar un crecimiento del PIB del 0,4%, dos décimas superior al logrado en el último trimestre de 2013. No obstante, en tasa anual se comportó mejor de lo esperado, un 0,6%, frente al 0,5% previsto por el BE, siendo la primera positiva tras diez trimestres consecutivos en negativo. En el trimestre anterior, el último de 2013, el PIB registró una contracción anual del 0,2%. Con estos datos no resulta extraño que, el pasado 23 de abril, el ministro de Economía, Luis de Guindos, estimara que la economía española crecerá un 1,5% de media en los años 2014 y 2015 y que esta positiva evolución de la economía estará acompañada de una creación neta de empleo “significativa”. Fuentes de Economía han adelantado en consecuencia que el Gobierno revisará pronto sus previsiones de crecimiento, hasta el 1,5% para este año y el 1,8% para 2015. Otra buena noticia es la mejor nota que Fitch otorga a la solvencia del Reino de España, desde BBB hasta BBB+. Fitch justifica su decisión porque “las condiciones financieras han mejorado y las perspectivas económicas presentan más seguridad”. Hay que recordar que Moody’s también mejoró su nota a España el pasado mes de febrero. No obstante, dos días antes de acabar abril se publica la EPA del primer trimestre con la mala noticia de que se ha destruido empleo neto puesto que la ocupación ha retrocedido en 184.600 personas en esos tres meses, aunque todo incida que el ajuste del mercado laboral ha tocado fondo. La crónica de la actualidad fiscal de la quincena ha estado marcada por una escasez de noticias debido a las vacaciones de Semana Santa y por el inicio, de hecho, de la campaña electoral para los comicios europeos. Para el partido gobernante resulta imprescindible convencer de que la salida de la crisis es un hecho incuestionable, algo que irremediablemente va unido a que el electorado perdone al Gobierno los dos primeros años de subidas de impuestos y recortes. Así pues, los mensajes sobre la no necesidad de nuevos sacrificios se imponen y parece, por tanto, que muchos ministerios han recibido órdenes de frenar cualquier nuevo proyecto de cariz impopular, jugando Hacienda un papel clave en este sentido. Esta es, en esencia, la estrategia que el presidente Mariano Rajoy comunicó a los miembros del comité ejecutivo del PP celebrado tras el paréntesis vacacional. Entre las cifras que avalan la mejoría económica, los ministros del área económica ofrecerían datos positivos y, entre ellos, los relativos a un incremento de recaudación impositiva, principalmente en el IRPF, Sociedades e IVA. Fuentes de Hacienda han asegurado que “este incremento de ingresos dan más margen para acometer una rebaja de impuestos a ciudadanos y empresas mayor que la admitida por el documento”. Aunque el ministro Cristóbal Montoro se ha comprometido a llevar al Congreso el proyecto de Ley sobre la Reforma Fiscal en junio, se ha comentado que el Gobierno podría adelantar la aprobación y remitir el texto un poco antes de las elecciones europeas del 25 de mayo. De ser así, los nuevos tipos impositivos y desgravaciones para las clases medias y familias se conocerían en plena campaña electoral.

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De acuerdo con lo anterior, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, anunció que la rebaja del IRPF será más amplia de lo previsto y no se acompañará de ninguna subida. Como se sabe, el comité de expertos que ha asesorado al Gobierno en la reforma fiscal propone compensar bajadas impositivas, especialmente en IRPF y Sociedades, con un alza del IVA y de Impuestos Especiales. No obstante, Hacienda mantiene el discurso de que la reforma fiscal va a traer rebajas de impuestos generales y particularmente en el IRPF, que no se van a compensar con nuevas cargas gracias a la mejora de la recaudación. Según la valoración que hace el departamento de Montoro y que ha enviado a Bruselas, la rebaja del IRPF será de 2.500 millones en 2015 y de otros 2.500 millones en 2016. Tanto Montoro como Ferré descartaron “tajantemente” que el Gobierno vaya a subir el IVA a algunos productos básicos, según recomienda la comisión Lagares. Asimismo, el secretario de Estado de Hacienda ha asegurado que tampoco van a subir los Impuestos Especiales aunque lo pida Bruselas, es decir, no va a haber alzas en tabaco, alcohol, ni en hidrocarburos y solo se va a actuar sobre los tributos medioambientales “para reordenarlos, no para subirlos”. No obstante, algunos analistas consideran que esta repentina —y parece que electoralista— política fiscal centrada en bajar impuestos puede chocar con la estrecha vigilancia que Bruselas mantiene respecto a las cuentas públicas. Hace pocos días el Gobierno remitió a la Comisión Europea la primera comunicación sobre sus previsiones de déficit y deuda públicas correspondientes a 2014, las cuales suponen una revisión al alza respecto de lo previsto inicialmente cuando se actualizó el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas hace ahora un año. Se preveía entonces que la deuda se situaría este año en una cifra equivalente al 96,2%, pero, finalmente, si se cumplen las nuevas proyecciones, se alcanzará el 99,5% del PIB. La causa de ello es la suavización de los objetivos de déficit pedidos por el Gobierno y admitidos por la UE. Al ser el déficit mayor, también se incrementa la deuda con que se financia el desequilibrio entre ingresos y gastos. Pero lo más grave es que el coste de financiación de la deuda pública seguirá creciendo este año, según el propio Gobierno reconoce ante Bruselas. Resulta paradójico que habiendo bajado tanto las rentabilidades de las emisiones del Tesoro (el bono a 10 años cotizó el 28 de abril en el entorno del 3%), los costes de financiación previstos sean de 37.887 millones de euros, un 8,5% más que en 2013. La causa es que el volumen de endeudamiento continúa subiendo. Fuentes del Ejecutivo insisten, sin embargo, en que “cumpliremos el programa electoral y bajaremos los impuestos”. Hacienda ha cuadrado el círculo estimando que se ahorrará en gastos por prestaciones de desempleo “porque va a haber menos parados” y en los pagos de los intereses de la deuda debido a que “la prima de riesgo seguirá bajando”, unido a que piensa recaudar más como consecuencia de la incipiente recuperación económica. Sin embargo, algunos analistas consideran que estos cálculos tan optimistas pueden fallar. Y también en Bruselas se duda de que el Gobierno pueda bajar impuestos sin apenas tocar los gastos y reducir, al mismo tiempo, el déficit desde el actual 6,6% al 2,8% del PIB en lo que queda de legislatura, como así establece el pacto de estabilidad. Muy al contrario, la Comisión Europea insiste en la idea de incrementar el IVA para promover una rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social mucho más amplia y permanente que la tarifa plana de 100 euros para nuevos contratos fijos que el Gobierno aplicará este año. En otro orden de cosas, se ha seguido hablando de los efectos que tendría la imposición en parte de la UE de la llamada tasa Tobin. A primeros de abril, 11 países comunitarios (además de España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia y Eslovaquia) llegaron a un principio de acuerdo para aplicar esta tasa, previsiblemente a partir de enero de 2015. La propuesta es

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panorama que el impuesto grave con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos, y con un 0,01% las de derivados. Según explicó el ministro de Economía español, Luis de Guindos, el gravamen se aplicará de forma “gradual” y, en un primer momento, solo afectará a “las transacciones en acciones, tanto en el mercado al contado como en el de derivados, y en función de cómo veamos que evoluciona, lo iremos extendiendo a otro tipo de productos”. Algunas informaciones han recogido opiniones de los expertos sobre esta medida y muchos de ellos consideran que resultaría perjudicial para los mercados que la apliquen, restando atractivo frente a plazas como las de Wall Street o la City londinense, a las que podría ir a parar las inversiones que quieran escapar del nuevo impuesto. Además, algunos expertos estiman que se encarecerían los costes de las operaciones financieras afectadas entre un 25% y un 50% para el particular. Otros analistas añaden la reflexión de que si, finalmente el dinero emigra, la recaudación no será la esperada. Bruselas calcula que aplicar la tasa en los mencionados 11 países de la UE permitiría recaudar, si se aplicase a todos los instrumentos, entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año, 5.000 de ellos en España. Merece la pena reseñar un informe publicado por el británico Institute of Economic Affaire (IEA) sobre el efecto que tiene la tributación indirecta sobre los contribuyentes agrupados según renta. El estudio —firmado por Christopher Snowdon— señala que estos tributos recaen más sobre los contribuyentes según se descienda de segmento social. Así, el 20% de los británicos con menores ingresos paga anualmente alrededor de 1.600 euros anuales en concepto de Impuestos Especiales. Esto supone el 11,4% de la renta disponible para ese quintil de hogares con ingresos más bajos. Si además se incluye la carga del IVA, la fiscalidad indirecta supone el pago de otros 1.400 euros. En suma, 3.000 euros que disminuye la renta en 30% para el 20% de los hogares más humildes. Si el mismo cálculo se realiza para el segmento del 20% de la población con mayor renta, la factura de todos los impuestos indirectos resta el 15% de sus ingresos. Analizando solamente el peso del IVA, el documento del IEA explica que su influencia final en el bolsillo del 20% más pobre supera el 10% del ingreso disponible, por encima del 7% que se aprecia en el 20% con mayores ingresos. El informe llega también a la conclusión de que este esfuerzo fiscal no ha parado de crecer desde finales de los años 70 hasta hoy. Así, en 1977, el quintil de menor renta pagaba el 22% en concepto de gravámenes indirectos, ocho puntos porcentuales menos que hoy en día. Entre el 20% más rico, el porcentaje era del 20%, cinco puntos más que actualmente.

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