EL USO DE BIOCIDAS: UN PROBLEMA AMBIENTAL

EL USO DE BIOCIDAS: UN PROBLEMA AMBIENTAL YVONNE ALVARADO y CARMEN ALICIA PÉREZ l objetivo de este trabajo es llamar la atención sobre los efectos qu...
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EL USO DE BIOCIDAS: UN PROBLEMA AMBIENTAL YVONNE ALVARADO y CARMEN ALICIA PÉREZ

l objetivo de este trabajo es llamar la atención sobre los efectos que está generando la insistencia en la implementación de un modelo de desarrollo agrícola basado en el proceso de artificialización inadecuada del ecosistema (Gligo, 1981), y el tipo de proyecciones a futuro que podemos esperar, de no cambiar radicalmente las actuales tendencias. El área de estudio es la Ciudad de Calabozo, una de las ciudades mas importantes del Estado Guárico, en Venezuela. El entorno de la ciudad de Calabozo ha sido dedicado al cultivo especializado del arroz, con una tecnología que ha producido marcados efectos negativos en el ambiente. Los problemas ambientales se han generado después de treinta años de agricultura intensiva con la utilización de diversos biocidas. Destacan los problemas de contaminación de agua, suelos, flora y fauna, y mas recientemente, la contaminación a nivel de seres humanos, manifestándose en mujeres y niños habitantes de la ciudad de Calabozo y las áreas cercanas.

El espacio agrícola y el urbano Calabozo es un centro subregional que presta sevicios a las áreas tanto del Estado Guárico como de los otros estados aledaños. Su jerarquía como centro funcional es sólo inferior a la de la capital del Estado. La ciudad debe su relativo dinamismo económico a la construcción de la represa en el río Guárico en el año 1956, lo cual permitió el desarrollo de una importante infraestructura de riego (Sistema de Riego Río Guárico-SRRG), y la transformación de esta zona en un área agrícola importante, y muy cercana a Calabozo (Ver gráfico anexo). Su especialización se vincula al cultivo del arroz por medio de una creciente artificialización del ecosistema. Hoy, Calabozo es el Centro de residencia de los productores del SRRG y sede principal de las agroindustrias del Estado. El área de influencia de Calabozo abarca los municipios Miranda, El Rastro, Guardatinajas, y El Calvario, extendiéndose a lo largo de una superficie de 20.656 Km2 (50,5% de la superficie del

Estado). A efectos de este trabajo, nos referiremos al área de influencia más inmediata: el municipio Miranda del Estado Guárico (cuya ubicación se muestra en el gráfico N°1). Para 1995, el mencionado municipio tenía 135.364 habitantes, ésto es, un 25,7% de la población del Estado, el cual contaba con 526.479 personas, y un 2,37% de la población venezolana. La propia ciudad de Calabozo contaba con 97.329 habitantes, conformando un 18,48% de la población del Estado y un 0,44% de la población del país (Proyección Población OCEI, 1989). La Ciudad de Calabozo concentra un 71,90% de los habitantes del municipio, y su influencia como centro local de servicios afecta a todos los habitantes del mismo. Se trata de una ciudad con intensa actividad económica vinculada a la agricultura y la agroindustria. Para 1990, la producción de arroz se encontraba en el orden de las 200.000 toneladas, ésto es, el 40% de la producción nacional. Esta actividad productiva sucede dentro de una estructura tradicional de tenencia de la tierra, la cual concentra grandes extensiones

PALABRAS CLAVE / Agricultura / Agroquímicos / Biocidas / Medio Ambiente / Venezuela / Yvonne Alvarado. Geógrafa de la Universidad de Los Andes (ULA) en Mérida, Venezuela. Msc. en Geografía Mención Teoría y Metodología Geográfica de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Actualmente es profesora e investigadora en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, donde se desempeña como Jefe del Departamento de Estudios Ambientales. Ha estudiado en profundidad los aspectos socio espaciales asociados a los procesos de ordenación del territorio venezolano y al proceso de descentralización político administrativa del país. Participó activamente en la elaboración de los planes de ordenación del territorio de diferentes entidades federales, entre ellas Guárico y Apure. Departamento de Estudios Ambientales. Universidad Simón Bolívar. Caracas, Venezuela. Carmen Alicia Pérez Hernández. Arquitecta, graduada de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, y magister en el área de Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Cornell Nueva York. Actualmente es profesora e investigadora en la Universidad Simón Bolívar, adscrita al Departamento de Planificación Urbana. Su experiencia se concentra en el área de impacto socioeconómico de políticas de desarrollo en sectores urbanos. Departamento de Planificación Urbana. Universidad Simón Bolívar. Caracas, Venezuela.

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de terreno en manos de unas pocas familias (latifundios). La producción se basa en el uso de tecnologías de capital intensivo, que tienden a ahorrar mano de obra. Para ilustrar la importancia de la agroindustria arrocera, cabe señalar que para 1991 el municipio Miranda concentraba 14 (93,3%) de las 15 agroindustrias dedicadas a los rubros de procesamiento del arroz en el Estado Gúarico (OCEI, 1991). A pesar de este dinamismo económico, la situación social es dramática. Un 50% de los habitantes de este municipio vive en la pobreza y un 24% en estado de pobreza extrema. Paralelamente, de los 19.000 hogares del municipio, 18% vive en hacinamiento crítico y 21% carece de servicios básicos (agua, cloacas, o ambos) (OCEI, 1990). A los problemas de contaminación causados por el abuso de biocidas tóxicos, se suman los problemas ambientales propios de la espacialidad de la pobreza urbana: concentración de la población pobre en los sectores de la ciudad susceptibles de encontrarse afectados por inundaciones, deficiencia en la infraestructura sanitaria, dificultad para eliminar desechos y detritus, entre otros. En el caso de Calabozo, las áreas urbanas donde se concentra la población de menores recursos ha crecido principalmente hacia el noroeste de la ciudad, colindante con el SRRG sobre el lecho mayor de inundación del río. La ubicación de la población en esa área la hace especialmente vulnerable a los contaminantes que afectan el sistema de riego, no sólo a través del contacto con sus aguas, sino a través de la aspersión de biocidas sobre la zona, realizada por medio de avionetas. Salud y biocidas El siglo XX ha visto la masíficación del uso de biocidas con fines sanitarios y agrícolas. Si bien es innegable su aporte en el control de enfermedades y plagas, también es necesario identificar y evaluar sus efectos indeseables. Se ha argumentado que el uso de biocidas ha llevado al desarrollo de resistencia genética en las especies objetivo; ha provocado la transformación de plagas menores en plagas mayores al eliminar los enemigos naturales de las mismas; ha forzado a los agricultores a depender de dosis mayores y más frecuentes de estos químicos en la búsqueda de compensar a la resistencia desarrollada por las plagas; ha tenido efectos nocivos sobre ecosistemas y vida silvestre y ha tenido efectos negativos sobre la salud del ser humano a corto, mediano y largo plazo. Sobre este particular, la Organización Mundial de la Salud estima que entre 500.000 y 1.000.000 de personas se envenenan con plaguicidas anual-

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mente, muriendo entre 5.000 y 20.600. Como mínimo, la mitad de los envenenados y el 75% de los muertos vive en el tercer mundo, donde “...los niveles de educación son bajos, las advertencias escasas, y la reglamentación y métodos de control de los plaguicidas muchas veces son poco estrictos o inexistentes.” (Miller, 1992). Se desprende claramente de las cifras anteriores, que los biocidas destinados a eliminar elementos pemiciosos en los ecosistemas artificializados para la actividad agrícola, están afectando al ser humano. A este respecto, es importante indicar que a pesar de la evolución y desarrollo de los antiguos pesticidas químicos (tales como el DDT), todos los pesticidas son tóxicos en mayor o menor grado para los seres vivientes, y es en ese rasgo que radica su utilidad. De hecho, la selectividad de los pesticidas aún no está suficientemente desarrollada. Esto implica que especies hacia las cuales no están dirigidos pueden verse afectadas por poseer sistemas fisiologicos y/o bioquímicos similares a los de las especies objetivo (organismos a ser erradicados). A este respecto, se ha dicho que no existe el pesticida “completamente seguro” (Amdur et al., 1991). La misma fuente indica que existen pesticidas que pueden ser usados con seguridad o tienen un bajo nivel de riesgo para la salud humana siempre y cuando sean aplicados de acuerdo con las instrucciones dadas en su etiqueta. Sin embargo, “en la medida en que se sigan usando, se puede prever el envenenamiento accidental o intencional de especies salvajes, domésticas y de humanos, envenenamiento que requerirá ser tratado” (Amdur et al. 1991). El problema de la falta de especificidad de los biocidas se debe al hecho de que existen semejanzas entre los sistemas nerviosos de insectos y mamíferos. De hecho, el sistema nervioso central de los insectos está altamente desarrollado y es parecido al de los mamíferos. Por otra parte, aunque el sistema nervioso periférico de los insectos no es tan complejo como el de los mamíferos, existen asombrosas similitudes entre ambos. Paralelamente, todos los insecticidas químicos usados actualmente son neurotóxicos y actúan alterando el sistema nervioso de los organismos objetivo. El desarrollo de los biocidas ha requerido la manipulación de estructuras químicas específicas, con el fin de obtener la configuración y forma óptimas para atacar un rasgo bioquímico o fisiológico único de los organismos objetivo, sin embargo, dicho rasgo puede estar presente en más de una forma de vida. Dado que los insecticidas no son selectivos y afectan a la especie objetivo así

como a especies de rasgos similares, no sorprende el hecho de que un químico que ataca el sistema nervioso de los insectos cause efectos similares en formas más elevadas de vida. Los sitios o mecanismos de acción pueden ser similares para todas las especies, con lo cual sólo la dosis (dependiendo de la cantidad, nivel de exposición y duración de la misma) determinará la intensidad de los efectos biológicos. (Amdur et al., 1991; Miller, 1992). Los antecedentes aquí expuestos pretenden ilustrar las implicaciones del uso de biocidas altamente tóxicos, e incluso del uso descuidado de pesticidas de “baja” toxicidad. A continuación, hemos creído conveniente señalar algunos efectos nocivos de los pesticidas más comunes usados en el Sistema de Riego Río Guárico, a los cuales está directamente expuesta la población de Calabozo en dosis aún no determinadas. Los tipos de biocidas utilizados son: - Organoclorados: comprenden tres grandes grupos de químicos: los diclorodifeniletanos (tales como el DDT y sus derivados), los ciclodienes (aldrín, dieldrín, heptacloro, clordano y endosulfan) y bencenos clorados y ciclohexanos (lindando y otros). Se trata de biocidas con bajo nivel de biodegradación y alta estabilidad química. Siendo liposolubles y altamente residuales, se concentran en los tejidos grasos del organismo (hígado, riñones, sistema nervioso y tejido adiposo en general). Su eliminación es extremadamente lenta, e incluso puede durar años. Debido a ésto, pueden estar asociados a fenómenos de bioconcentración y biomagnificación a través de las cadenas alimenticias, causando sus efectos nocivos en especies silvestres expuestas al tóxico tanto a través de su entorno como de su cadena alimenticia. Si bien el DDT ha provocado relativamente pocas muertes por envenenamiento, muchos clorados se encuentran entre los biocidas más tóxicos y residuales que se conozcan. Tal es el caso del aldrín y el dieldrín, ambos detectados en Calabozo. La exposición a altas dosis de estos biocidas generalmente provoca dolores de cabeza, náusea, vómitos, e hiperexitabilidad motora, entre otros síntomas. También se pueden presentar convulsiones sin previa advertencia. (Amdur et al., 1991; Tordoir et al., 1994). Además de su reconocida neurotoxicidad, se ha demostrado que los biocidas clorados tienen marcados efectos a mediano y largo plazo. La exposición a estos biocidas ha sido asociada a cambios morfológicos en el hígado de los mamíferos, e incluso a un au-

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mento en la incidencia de cáncer hepático tras la exposición a grandes dosis. Igualmente, experimentos en laboratorio han demostrado que ciertos biocidas clorados (en especial el DDT y sus derivados) interfieren directa o indirectamente en la capacidad de reproducción de diversos mamíferos. Se ha demostrado que el aldrín y el dieldrín interfieren en la reproducción de diversos mamíferos (perros, ratones, y ratas) acusando reducciones en la fertilidad, pérdida y mortalidad del feto, e incluso, deformidades en la cría (en el caso de los ratones). (Amdur et al., 1991; Tordoir et al., 1994). Si bien los organoclorados han sido prohibidos en Norte América y Europa, aún se siguen usando extensivamente en el tercer mundo, entre otras razones, debido a su relativo bajo costo de elaboración y su alta efectividad (Miller, 1992). -Carbamatos: Los carbamatos tienen efectos reversibles sobre el sistema nervioso y son rápidamente transformados en vivo. A pesar de los estudios extensivos sobre los carbamatos como químicos “relativamente seguros”, se han reportado envenenamientos y muerte en humanos (siempre asociados al carbaril). Existen pruebas de efectos neurotóxicos a largo plazo arrojadas por estudios con animales (tales como degeneración en la médula espinal de gallinas y conejos, y parálisis en las patas traseras, ataxia, temblores, descoordinación motora, contracciones musculares y postración en perros tratados con carbaryl). También se ha hallado evidencia para aseverar que los carbamatos pueden iniciar cambios neurológicos y de comportamiento al ser administrados en dosis que no causan efectos clínicos aparentes. (Amdur et al., 1991; Tordoir et al., 1994). -Piretroides: Se trata del grupo de biocidas más reciente. Podemos diferenciar dos grandes grupos, según presenten o no el grupo α-ciano en su composición química. Ambos grupos concentran su acción en el sistema nervioso de la especie objetivo. No se conoce evidencia de que exista una diferencia fundamental entre la acción de los piretroides sobre las especies objetivo y su acción sobre otras especies. Por tanto, las respuestas neurotóxicas dependen, entre otras cosas, de una combinación de las propiedades fisicoquímicas de los piretroides, las características del sistema nervioso de la especie expuesta (sea o no la especie objetivo) y la dosis aplicada. Aunque no se puede considerar que estos insecticidas sean altamente tóxicos para los mamíferos, se

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Tabla I Muestras de arroz, plantas y suelo. 1982 Tipo y N° de muestras

Estación de recolección

% muestras contaminadas

Biocidas presentes

58 Plantas de arroz

Lluviosa

48% 75% 4%

DDT endrín dieldrín

76 Pastos

Seca

86% 88% 18%

DDT endrín dieldrín

44 Pastos

Seca

81% 75% 4%

DDT endrín dieldrín

54% 25% 14%

DDT endrín dieldrín

32% 5% 3%

DDT endrín aldrínn

17% 1.82%

DDT aldrín

55 Pastos

Lluviosa

130 Suelos

Seca

110 Suelos

Lluviosa

Fuente: Fernández, M. González, E Saume, F Anzola, Feliciano. (1982). Estudio Preliminar sobre la Contaminación por Plaguicidas Organoclorados en el Sistema de Riego Río Guárico y su zona de influencia. Facultad de Agronomía. Universidad Cenrtral de Venezuela. Maracay.

han registrado síntomas de intoxicación tras su uso en espacios cerrados y con escasa ventilación (Amdur et al., 1991; Tordoir et al., 1994). - Organofosforados: Su origen está en los gases nerviosos desarrollados por los nazis en la segunda guerra mundial y los compuestos utilizados hoy en dia pertenecen como mínimo a la tercera generación. Son pesticidas neurotóxicos que pueden causar cambios en el comportamiento, depresión e intentos de suicidio, efectos leves de locura, amnesia, taquicardia, debilidad muscular, temblores, parálisis, letargia, falta de descanso, confusión mental, pérdida de la memoria, convulsiones, cianosis y coma. Su acción se puede extender más allá del momento de la primera crisis, requiriendo los intoxicados de semanas en observación. (Amdur et al., 1991; Tordoir et al., 1994). Tres Décadas de uso de agroquímicos La bonanza económica venezolana durante la década de los setenta pemitió la importación de un modelo de explotación agrícola fuertemente basado en el uso de biocidas, los cuales eran utilizados sin ninguna restricción en lo tocante a tipo, cantidad y áreas a fumigar, causando la contaminación de las corrientes fluviales tales como el río Guárico, Tiznados y Orituco, Caño Caracol y el Caballo.

En 1970, un estudio realizado por el biólogo Victor Canestri (1970) en las corrientes de aguas antes señaladas permitió censar 400.000 mil peces muertos entre los cuales había más de 18 géneros y unas cuarenta y siete especies. El autor constató la presencia de restos de pesticidas utilizados en años anteriores en las zonas marginales a estos cuerpos de agua, los cuales destruyeron la microflora bacteriana que constituía el alimento de los peces y otros animales. Por otra parte, evidenció contaminación en las aguas que van por los canales hacia la zona de regadío, las cuales ya llevaban altas concentraciones de biocidas, debido a la contaminación por dispersión aérea. Además de ésto, los envases originales en los que venían los productos químicos, eran desechados en los canales de regadío o dejados a la intemperie, sin ningún tipo de previsión. Los principales biocidas utilizados en esa época eran los clorados (aldrín, endrín, dieldrín, isodrín, DDT, heptaclorofeno, toxafeno, pentaclorofenol) y fosforados (paration etílico, fention, folidol, mesystox, malation). En aquel momento se hizo una serie de recomendaciones para evitar la contaminación de las aguas, referidas primordialmente al expendio, uso de sustancias químicas y a las compañias aéreas de fumigación. Paradójicamente, en este mismo período, 1972, el uso del DDT y de la mayor parte de los demás insecticidas clorados señalados arriba fue prohibido o severa-

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mente limitado en Estados Unidos y la mayor parte de los países desarrollados. La segunda investigación que aporta indicadores de la continuidad del proceso de contaminación en Calabozo y áreas adyacentes fue realizada en 1982 (Fernández et al.,1982) a través del muestreo en plantas, en suelos y en seres humanos. Se obtuvo una visión completa de cómo el uso de biocidas en la actividad agrícola del Sistema de Riego estaba incidiendo en el ecosistema del área, como se observa en el Cuadro siguiente. En la misma investigación, del año 1982, fueron tomadas cincuenta y tres muestras de leche materna en seres humanos en el Hospital General de Calabozo, de las cuales 43% contenía insecticidas organoclorados (DDT, endrín, dieldrín y metabolito DDE). El DDT estaba en 39,62 % de las muestras por encima de 1.230 ppm que era la ingesta diaria aceptable (Fernádez et al., 1982), (asumiendo una ingesta diaria de leche de 600 ml y un peso corporal de 3,5 kilos por niño lactante). Los niveles de contaminación de endrín eran superiores en el 18% de las muestras a 0,0495 ppm, que es la ingesta diaria aceptable. Por estas, razones, en ese momento, los investigadores proponen prohibir el uso de los organoclorados en la zona e indican los efectos que sobre la salud de la población tendrían estos productos: * Malformaciones en el feto: pies deformes, estrabismo, labios leporinos, * Anomalías esqueléticas y muerte fetal (abortos). * Tumores cancerígenos. * Enfermedades hepáticas. * Daños en el sistema microsomal. * Enfermedades del sistema nervioso. * Malaria, como consecuencia de la resistencia del vector transmisor de la enfermedad, el aedes aegipti, por el uso intensivo del DDT. En relación al manejo y uso de estas sustancias, para 1983, el estudio de Dupatrocinio y Durán (1993) muestra importantes factores de riesgo en su manejo, observados durante visitas realizadas a las pistas de aterrizaje de donde despegaban las avionetas de fumigación hacia las áreas de cultivo. Los investigadores observaron cómo las muestras eran preparadas por los obreros de las compañías fumigadoras, usando vestiduras corrientes y sin recurrir a ningún tipo de protección. Igualmente, se observó la preparación de mezclas con sustancias contraindicadas tales como lannate, endrín y creolina, la acumulación de una gran cantidad de envases vacíos, esparcidos a los

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Tabla II Contaminación de Leche Materna y Calostro en el Hospital de Calabozo. 1987-1988 Tipo y N° de muestras

Total de muestras contaminadas

% muestras por biocida

Biocidas presentes

% muestras por encima de ingesta diaria admisible

76 Calostro

39.5

36.8 7.9

DDT dieldrín

11 2.6

51 Leche materna

68.6*

62.7 9.8

DDT dieldrín

33.3** 9.8

40 Sangre materna

62.5

57.5 150 50

DDT dieldrín endrín

-

41 Sangre neonato

31.7

31.7 2.4

DDT endrín

* Aunque los resultados globales de 1982 fueron superiores (82% de las muestras), la proporción de 68.6% es todavía preocupante. ** 7.8% contenía cantidades entre 3 y 6 veces superiores a la ingesta diaria admisible.

lados de la pista, la presencia de fuertes olores a productos químicos, la obstrucción de los canales de riego por los envases vacíos, los cuales, incluso, eran utilizados por los obreros para lavarse las manos, el consumo de alimentos en el lugar de preparación de mezclas, la disposición inadecuada de los residuos, los cuales eran arrojados por los pilotos en cualquier parte de la zona sobrevolada, incluyendo el área sudoeste de la ciudad de Calabozo. Esta práctica tan nefasta para la salud de los trabajadores directos, así como para el resto del ambiente y de la población indirectamente vinculada a la actividad y radicada cerca del aeropuerto y en las franjas de vuelo de las aeronaves, es un descuido incomprensible en lo tocante al uso de sustancias tan peligrosas. Esta negligencia es más grave porque ya en Venezuela existía información sobre los cuidados necesarios en el manejo de pesticidas. En efecto, en el año 1972, Gómez Alvarez (1972) publicó un voluminoso tratado sobre la utilización de biocidas de uso común en Venezuela en el cual se establecen recomendaciones sobre el empleo de estos productos, y el uso de ropa protectora, máscara y guantes. Igualmente, advierte lavar muy bien los aparatos empleados en las aplicaciones y señala que se debe evitar contaminar el agua para no envenenar la ictiofauna y la vegetación acuática. Además, aconseja destruir los envases vacíos y enterrarlos. Todas estas recomendaciones eran ignoradas en las áreas agrícolas de Calabozo, antes bien, estos productos eran manipulados como si fueran completamente inocuos. Finalmente, se hizo evidente para el Ejecutivo Nacional la situación de contaminación asociada al uso abusivo e indebido de biocidas en el país.

En particular, se reconocieron dos aspectos de este problema: primero, el uso indiscriminado de estos insecticidas y los problemas asociados de contaminación en suelos, aire y agua, y, segundo, la alta residualidad de los clorados y la permanencia de sus residuos en alimentos de origen vegetal y animal. Ante esta situación, el Ejecutivo decreta en 1983 una resolución conjunta entre los Ministerios de Agricultura y Cría y el del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (República de Venezuela, 1983), prohibiendo el libre uso de organoclorados en el país. En efecto, según los decretos N° 177 y N° 512 respectivamente de los ministerios mencionados, se declara que “es deber del Ejecutivo Nacional velar por la salud pública, la protección y conservación del medio ambiente, por cuanto los insecticidas organoclorados acarrean problemas...” y “...causan desequilibrios ecológicos en el medio ambiente...” estableciendo fuertes restricciones a su uso y permitiéndolo sólo en aquellos casos en los cuales se realice control de vectores por razones médicas, control de plagas agrícolas en situación de emergencia y control de bachacos y hormigas en formulaciones granuladas (República de Venezuela, 1983). Sin embargo, los efectos de la contaminación seguían dejando huella profunda en Guárico. En el año de 1984, Richard Vari, del Smithsonian Institute, realizó un muestreo de la laguna del hato Masaragual, localizado dentro del estado, pero cuyas aguas no provienen del sistema de riego. El muestreo identificó 110 especies de peces, en contraposición a las 60 especies encontradas en el cercano Caño Caracol, de condiciones ecológicas similares pero cuyas aguas provienen del SRRG. Esto podría considerarse como se-

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ñal de una importante pérdida de biodiversidad en un área servida por el SRRG. Paralelamente, este mismo año, el Dr. Raúl Silvestri (1995) realizó pruebas de sangre entre los alumnos de cuatro centros educacionales: la Escuela Técnica Agrícola (ETA) Ricardo Montilla, en zona rural, y tres centros educativos urbanos localizados en Calabozo. Los alumnos del Grupo Escolar Ramón Francisco Feo, ubicado frente al aeropuerto (donde se cargaban los químicos) y en dirección hacia donde sopla el viento (Alisios del NE), presentaron contaminación con organoclorados en un 14%. No se presentaron diferencias significativas entre la ETA y los otros planteles ubicados en el área urbana. Los niveles de contaminación eran similares. A raíz de las denuncias de este hecho, se intentó obligar a las avionetas a cargar en las pistas de aterrizaje del Sistema de riego Río Guárico y no en el aeropuerto comercial que se encuentra dentro de la ciudad. A pesar de esta prohibición expresa, en 1985 se localizaron seis animales muertos (mulas), cuya autopsia reveló muerte por contaminación con DDT, endrín y otros organoclorados (Hernández de Barbarito et al., 1990). Con este episodio, de nuevo surgió a la luz pública una serie de irregularidades en el manejo de los biocidas. Entre ellas: su uso excesivo, y, sobre todo, el no cumplimiento de las mínimas medidas de seguridad por parte de los productores y de los pilotos de las avionetas de fumigación. Entre las medidas más importantes a considerar están: no enterrar o destruir los potes donde vienen los productos, no fumigar sobre las carreteras, no hacer giros al despegar y al regresar con los tanques vacíos abiertos goteando restos de insecticida sobre las áreas pobladas. La explicación que dan para no asumir las medidas recomendadas es que estas maniobras, aunque producentes, les hacen más larga la distancia a recorrer cuando su intéres es aprovechar mejor el tiempo y porque así ganan más dinero. En 1986 se detectó envenenamiento en pichones de gavilán caracolero, en garzas jóvenes y pichones, en babas, caimanes y se encontró gran cantidad de garzas jóvenes ciegas en el caño Caracol, así como disminución del pato salvaje teje, de gavanes y garzones dentro del Hato Masaguaral y zonas aledañas, demostrándose así que la disminución de la biodiversidad ya estaba afectando a toda el área (Silvestri, 1995). Entre 1987 y 1988, un estudio de contaminación en calostro y leche materna realizado por el Dr. Silvestri en colaboración con la Dra. Moratinos, ambos del Hospital General de Calabozo

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(Silvestri, 1995), evidenció la gravedad de la situación al obtenerse los siguientes resultados: En el 2.6% de las muestras de Calostro, la cantidad de dieldrín era de 108 a 120 veces superior a la ingesta diaria admisible. En la leche materna, el 6% de las muestras contenían de 19 a 27 veces más que la ingesta diaria admisible. El estudio enfatiza el efecto de los contaminantes en las mujeres en edad de procrear, presentándose, para la fecha, incrementos en el numero de abortos y malformaciones. Así, el aborto ocupaba el primer lugar entre las enfermedades consultadas para el año 1989 (365 casos). Entre enero y febrero de 1990 se presentaron 50 casos. El sufrimiento fetal ocupa el segundo lugar. Tal como alertaba el estudio señalado en párrafos anteriores y realizado en el año 1982 en el cual se revisaron las investigaciones en Europa y USA sobre los efectos causados en poblaciones humanas por el uso de agroquímicos en la agricultura, durante 1988 se presentaron 47 casos de anomalías congénitas en el Hospital. En el primer semestre de 1989, ya se habian presentado 23. Las anomalías más frecuentes afectaban el sistema nervioso, órganos genitales, miembros superiores e inferiores, aparato digestivo y médula espinal (espina bífida). Debido a los reconocidos efectos teratogénicos de los pesticidas utilizados (en especial los organoclorados), en 1994 un equipo del departamento de pediatria del Hospital General de Calabozo tomó la iniciativa de revisar las historias clínicas de recién nacidos entre Enero de 1987 y Diciembre de 1994 con diagnóstico de malformaciones congénitas. En ocho años que abarca el estudio, se observó un promedio de malformaciones congénitas de 1.8%. De acuerdo con el equipo investigador, esta cifra duplica el promedio nacional. Es conveniente destacar que se registraron picos máximos en 1987 (2,4%), en 1988 (2,8%), y en 1992 (2,46%) (Parra et al., 1995). Fue notoria la incidencia de malformaciones del sistema osteoarticular (las cuales fueron las más frecuentes). Esta incidencia inusual coincide con los efectos asociados por estudios internacionales con la exposición a biocidas (Davis et al., 1994). El Estado Guárico tiene, además, el mayor número de muertes por leucemia en todo el país. El equipo de investigadores atribuye este hecho al uso excesivo e inapropiado de pesticidas, y concluye su estudio proponiendo investigaciones prospectivas para aclarar la preocupante situación detectada. Igualmente, enfatizan la necesidad de aplicar efectivamente la legislación vigente en cuanto al uso de pesticidas, y fina-

lizan indicando la necesidad de que los pilotos fumigadores dejen de utilizar el aeropuerto de Calabozo como base de sus operaciones (Lorenzo et al., 1995). Conclusiones. El caso de contaminación por biocidas en Calabozo no es el único en el contexto venezolano; la situación general del país es de notoria gravedad, produciéndose intoxicaciones en otras regiones tales como Cojedes, Carabobo, Apure, Miranda, Lara, Portuguesa, Mérida, Táchira y Barinas, es decir, prácticamente en todos los estados agrícolas. Dentro de este panorama, el análisis de la situación en la ciudad de Calabozo puede aportar elementos para intensificar las investigaciones en el resto del país. La conclusión más evidente que se desprende de los datos presentados es que se puede prever un crecimiento de los indicadores de morbilidad y una intensificación de los problemas de salud ya detectados en la ciudad. Ante esta situación, nos hacemos la interrogante obvia: ¿Por qué continúa aplicándose un modelo de artificialización ambiental cuyas nefastas consecuencias son ampliamente conocidas desde hace varios años? Una y otra vez aparecen pruebas de contaminación por clorados y manipulación indebida de biocidas, años después de haber sido regulado su uso. De acuerdo con informaciones suministradas por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, la manipulación de los tóxicos aún persiste: siguen apareciendo envases vacíos de químicos en los canales del sistema de riego, siguen los pilotos manipulando estas sustancias sin precaución, exponiéndose a sí mismos y exponiendo a los habitantes de la zona. Existe un desfase entre las nuevas técnicas agrícola amigables con el ambiente y el uso indiscriminado de pesticidas que en Venezuela se sigue practicando. Apenas ahora se está comenzando con las investigaciones y pruebas de campo para una agricultura ecológica, mientras las grandes cadenas de ventas de alimentos en Europa, por ejemplo, ya se plantean desde 1988 programas de producción de cosechas en pro del ambiente. Es notorio que, en nuestro caso, no se trata sólo de la ambición mercantilista de los productores de grano, o de su desconocimiento de las alternativas técnicas para lograr un control de plagas sin una necesaria destrucción del ambiente. El problema también tiene que ver con la debilidad del marco institucional que apoya las regulaciones ambientales venezolanas, y sobre todo, con la inconsciencia de los principales afectados: los

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habitantes de la ciudad (incluyendo buena parte de los pilotos y los productores), quienes hasta ahora han sido incapaces de presionar efectivamente para que se respeten las regulaciones ambientales de manejo de tóxicos en el sistema de riego río Guárico, o simplemente, no han deseado hacerlo. En lo que respecta a los productores, éstos se benefician de un control ambiental laxo, no tanto en los contenidos del marco legal como en lo que toca a su aplicación. También se benefician de una escasa, si no inexistente, fiscalización de procesos de producción, lo cual no resulta del todo racional ya que muchos de ellos residen en el sector que sufre los efectos contaminantes de sus actividades productivas y sus familias son igualmente víctimas de la contaminación generada por éstas. Por su parte, el Estado venezolano no ha jugado un rol determinante en la aplicación y actualización del marco legal institucional que debería regular el uso de biocidas. La poca importancia que se le da a nivel estatal a los problemas ambientales y al envenenamiento por biocidas mal utilizados queda en evidencia ante el escaso apoyo a la investigación y evaluación científica en el área. Llama poderosamente la atención que las investigaciones sobre contaminación en el SRRG hayan sido conducidas por investigadores independientes de la acción del Estado, dentro del marco de la academia o como iniciativa directa (y privada), ante la severidad del problema observado en el lugar. Esto ha traído como consecuencia la escasez de recursos dedicados al estudio del problema, así como discontinuidad en el seguimiento de los efectos de los biocidas, debido a la inestabilidad del financiamiento para la investigación, al cambio de áreas de investigación de los investigadores implicados y la falta de apoyo institucional que garantice la continuidad de los estudios. En cuanto al interés y apoyo puesto por el Estado en el área, es elocuente el hecho de que actualmente no existan equipos actualizados en el sector público capaces de realizar pruebas de envenenamiento en suelos, fauna, flora y seres humanos. Por otra parte, a nivel local, la acción del gobiemo se ha limitado a aspectos puntuales (tales como la orden a los pilotos de cargar los biocidas fuera de la ciudad), sin Ilegar a poner en ejecución programas continuos o a asumir un rol de liderazgo ante el problema de contaminación ambiental en el cultivo del arroz. Finalmente, cuando hablamos de los afectados por el problema, nos referimos a todos los habitantes de Calabozo y las cercanias del SRRG, mu-

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chos de ellos participantes activos en el proceso de producción. La selección de biocidas por parte de los productores, y la manipulación inconsciente de los mismos por parte de los pilotos, no sólo los pone en riesgo a ellos, sino a sus familias y al resto de la población de la ciudad. Por otra parte, la población en su conjunto se ve afectada por este problema sin mostrar mayor consciencia de ello. Só1o un sector ha estado alerta ante la situación, pero con poco peso específico. Prueba de ello es la reciente derrota del grupo pro-regulación de biocidas en las pasadas elecciones municipales del año 1995. Sería simplista concluir que, ante la importancia económica de la producción arrocera para la zona, los habitantes del sector estén dispuestos a aceptar las malformaciones de sus hijos, el alto índice de leucemia, sus constantes enfermedades respiratorias y el deterioro sostenido de su ambiente. El envenenamiento de ambiente, alimentos y seres humanos es un problema que a la larga no distingue entre clases sociales: gobernadores, gobernados y productores. Nos inclinamos más bien hacia la idea de que esta situación (depredación ambiental por parte de los productores, laxitud por parte de los representantes del Estado y relativa mansedumbre por parte de los habitantes no involucrados de la zona) se debe esencialmente a una falta generalizada de conciencia ambiental entre todos los involucrados y, en algunos, casos a la ignorancia de las graves consecuencias de lo que esta ocurriendo. El tema del ambiente es relativamente reciente dentro de la agenda desarrollista nacional y somos una generación acostumbrada a pensar en los efectos ambientales como subproductos desechables de actividades productivas y modernizantes. Para nosotros, es claro que los problemas de contaminación de Guárico (Calabozo) y de los otros estados agrícolas del país no reflejan situaciones locales, sino una situación problemática más profunda a nivel nacional. Se trata del problema de todos, y necesitamos asumirlo como sociedad, sin esperar que la responsabilidad de afrontarlo recaiga sobre un único sector, por ejemplo, el Estado. A estas alturas, no es realista pensar que una acción legislativa centralizada vaya a solucionar el problema: la contaminación continúa, años después de regulado el uso de los tóxicos. Es necesaria una nueva consciencia ambiental que unifique los criterios de intervención de todos los actores: la consciencia de que el ambiente es un patrimonio común cuya pérdida y envenenamiento nos afecta a todos.

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