CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES SENADO X LEGISLATURA

Núm. 277

19 de febrero de 2014

COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS RAMÓN TORRES COLOMER Sesión celebrada el miércoles, 19 de febrero de 2014 ORDEN DEL DÍA Comparecencia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, D. Miguel Arias Cañete, ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, para informar sobre los acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de fecha 20 y 21 de enero de 2014, en relación con la aplicación en España de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para el período 2014-2020. (Núm. exp. 711/000282) Autor: GOBIERNO Comparecencia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, D. Miguel Arias Cañete, ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, para informar de los resultados del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, de los días 24 y 25 de junio de 2013, y la Reforma de la Política Agrícola Común (PAC). (Núm. exp. 711/000227) Autor: GOBIERNO Comparecencia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, D. Miguel Arias Cañete, ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, para informar del resultado definitivo de las negociaciones sobre la Política Agrícola Común (PAC). (Núm. exp. 711/000226) Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA Comparecencia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, D. Miguel Arias Cañete, ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, para informar sobre el acuerdo alcanzado en el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea celebrado en Bruselas (Bélgica) los días 16 y 17 de diciembre de 2013, en relación con el reparto de posibilidades de pesca para 2014 (Reglamento de TACs y cuotas) y para informar sobre el Protocolo de Aplicación del Protocolo de Pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos tras su ratificación por el Parlamento Europeo con fecha 10 de diciembre de 2013. (Núm. exp. 711/000283) Autor: GOBIERNO

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Comparecencia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, D. Miguel Arias Cañete, ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, para dar cuenta de la gestión de los tratados internacionales de pesca en las diferentes partes del mundo de interés para el sector pesquero español. (Núm. exp. 711/000136) Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA Comparecencia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, D. Miguel Arias Cañete, ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, para informar sobre la valoración que realiza el Gobierno sobre el reciente acuerdo en materia de pesca entre la Unión Europea y Mauritania. (Núm. exp. 711/000247) Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

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19 de febrero de 2014 Se abre la sesión a las diecinueve horas y treinta y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, damos comienzo a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, D. MIGUEL ARIAS CAÑETE, ANTE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PARA INFORMAR SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE FECHA 20 Y 21 DE ENERO DE 2014, EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DE LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC) PARA EL PERÍODO 2014-2020. (Núm. exp. 711/000282) AUTOR: GOBIERNO COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, D. MIGUEL ARIAS CAÑETE, ANTE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PARA INFORMAR DE LOS RESULTADOS DEL CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DE LA UNIÓN EUROPEA, DE LOS DÍAS 24 Y 25 DE JUNIO DE 2013, Y LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC). (Núm. exp. 711/000227) AUTOR: GOBIERNO COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, D. MIGUEL ARIAS CAÑETE, ANTE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PARA INFORMAR DEL RESULTADO DEFINITIVO DE LAS NEGOCIACIONES SOBRE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC). (Núm. exp. 711/000226) AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA El señor PRESIDENTE: Comenzamos con la comparecencia del señor ministro, a solicitud de su ministerio, para informar sobre los acuerdos tratados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, así como sobre los resultados del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea y la reforma de la política agraria común, PAC. Asimismo, comparece a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista para informar sobre las negociaciones sobre la política agraria común; para dar cuenta sobre tratados internacionales de pesca en diferentes partes del mundo, de interés para el sector pesquero español, y para informar sobre el acuerdo alcanzado con Mauritania. Por último, comparece el señor ministro, a solicitud del Gobierno, para informar sobre el tratado con Marruecos y las cuotas de pesca. Vamos a aglutinar todas las solicitudes de comparecencia en dos bloques: uno sobre asuntos de agricultura y otro sobre cuestiones de pesca. Empezará el ministro por la que considere más oportuno. (Pausa.) Comenzamos por el bloque relativo a la agricultura. Tiene la palabra el señor ministro. El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, presidente. No seré yo quien diga por cuál empezar, por lo que agradezco que el presidente haya tomado la decisión. Muchas gracias, presidente. Comparezco de nuevo ante esta comisión para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que tuvo lugar los días 20 y 21 de enero pasados en el marco de la aplicación en España de la reforma de la PAC. Los días 24 y 25 de junio el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea aprobó la reforma de la política agraria común, y ya en conferencia sectorial los días 24 y 25 de julio se tomaron con el acuerdo de las comunidades autónomas las grandes decisiones para la aplicación de la reforma de la PAC en nuestro país. Se acordó establecer unos grupos de alto nivel, que se han reunido en múltiples ocasiones, y cuyas

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conclusiones se presentaron en la conferencia sectorial celebrada los pasados días 20 y 21 de enero, en la que se llegó a una serie de acuerdos que permiten avanzar en el modelo de aplicación nacional de la PAC. Creo que hay que destacar el elevado grado de consenso alcanzado con las comunidades autónomas en este proceso de reforma y el diálogo fluido con el sector a través de las asociaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias, cuyas propuestas se han incorporado al debate y se han recogido hasta donde ha sido posible en el resultado final. Desde principios de septiembre y hasta principios de enero nos hemos reunido con una intensa agenda de trabajo con comunidades autónomas y organizaciones agrarias para establecer los detalles de los aspectos más relevantes de la reforma, como son los relativos a regionalización del régimen de pago básico, las definiciones de agricultor activo y de actividad agraria, la concesión de ayudas acopladas a determinados sectores y el reparto de fondos del desarrollo rural, llegando a acuerdos en todos ellos, como detallaré a continuación. Comenzaré por la aplicación regional del pago base. Nos hemos conseguido poner de acuerdo en cómo definir el modelo regional con arreglo al cual se concederán las ayudas desvinculadas de la producción, el pago base y el pago verde, y lo hemos hecho de modo que haya la menor transferencia de importes entre beneficiarios, tal y como solicitaron las organizaciones profesionales agrarias y la gran mayoría de las comunidades autónomas cuando se estableció la posición negociadora de España. Ahora bien, conviene que recuerden que la propuesta de la Comisión, según la cual el pago básico debía alcanzar un valor uniforme por hectárea en un mismo Estado o región en 2019, la conocida tasa plana, era enormemente lesiva para los intereses españoles y hubiera conllevado importantes trasvases de ayudas entre sectores y territorios hasta el punto de poner en riesgo la viabilidad de las explotaciones, por ejemplo, producciones emblemáticas de nuestra agricultura, como el olivar, determinadas frutas y hortalizas, el sector lácteo, los cultivos industriales como el tabaco, el algodón y la remolacha, el arroz, los sectores de ovino y caprino, entre otros, cuyos importes medios de ayuda por hectárea han estado históricamente muy por encima de la media española, se habrían visto seriamente perjudicados con una convergencia total a la tasa plana nacional. El modelo apoyado por todas las comunidades autónomas basado en la comarca agraria nos permite agrupar en una misma región aquellas comarcas y tipos de superficies distinguiendo secano, regadío, cultivos permanentes y pastos, con una intensidad de ayuda media semejante, con el objetivo de minimizar el efecto de la convergencia. El modelo de regionalización debe alcanzar un balance equilibrado entre el objetivo de reducir la convergencia y las ayudas y el de facilitar las futuras cesiones de derechos entre beneficiarios. Por ello, hemos acordado limitar el número de regiones a una cifra comprendida entre veintidós y veinticuatro, evitando con ello una excesiva fragmentación del territorio y facilitando su visualización por parte de los beneficiarios. Conviene ahora recordar que en esta reforma, además de la tasa plana, a la que antes me he referido, se nos proponía que prácticamente todo tipo de superficie tuviera derecho a recibir ayudas aunque no hubiera tenido nunca actividad agraria, y este ha sido precisamente otro de nuestros grandes logros de esta negociación, es decir, poder limitar la superficie a la que se pueden conceder ayudas para evitar una reducción desproporcionada de la ayuda media por hectárea como consecuencia de la entrada masiva de nueva superficie. En nuestro caso, la superficie total podía haber alcanzado los 38 millones de hectáreas, 16 millones de hectáreas más que las actualmente declaradas. Gracias a lo que hemos logrado, la superficie elegible se podrá mantener al nivel de la declarada en los años previos a la reforma porque, de no haber sido así, se habría producido una reducción de la ayuda media de 229 126 euros hectárea y casi un 45%. De las distintas posibilidades que ofrece el Reglamento hemos acordado, junto con las comunidades autónomas, limitar el número de derechos de pago a asignar en 2015 a las hectáreas declaradas en 2013, tanto por motivo de simplificación como de eficacia administrativa. Por último, hemos acordado que el futuro pago básico se calcule para cada beneficiario teniendo en cuenta los importes que vienen recibiendo de pago único, aproximadamente la mitad del importe de la prima por vaca nodriza, incluida la prima complementaria financiada por el Feaga, y los importes de las ayudas del artículo 68 correspondientes al Programa Nacional para el Fomento de Rotaciones de Cultivo en Tierras de Secano, el Programa para el Fomento de la Calidad del Tabaco y el Programa para el Fomento de la Calidad del Algodón. De esta manera, sectores como el algodón o el tabaco, que no pueden volver a optar a la ayuda acoplada, verán incrementado el valor de sus derechos en la parte correspondiente a dichas ayudas en el periodo actual, es decir, no van a perder importes de ayuda respecto de los importes actuales, pese a lo que diga alguna organización agraria.

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También hemos llegado a algún acuerdo respecto a la definición de agricultor activo, y es muy importante que ustedes tengan en cuenta que es la primera vez en la historia que se establecen este tipo de criterios para la concesión de ayudas del primer pilar de la PAC. Los beneficiarios de las ayudas directas ahora sí que serán activos. Ya no valdrá que la PAC sea el único ingreso de la actividad agraria. El beneficiario de las ayudas deberá ser responsable de la actividad económica que declara, el que corra con el riesgo empresarial de la actividad, de la que debe obtener ingresos más allá de las ayudas. Era necesaria esta mejor orientación de las ayudas para evitar el abandono de la actividad agraria, con el impacto que este puede tener en la producción de alimentos y en la economía rural, así como para corregir determinadas situaciones que dañan la imagen del sector agrario, contribuyendo así a legitimar las ayudas ante los propios productores y ante el conjunto de la sociedad. Así, hemos acordado que un beneficiario, cuyas ayudas directas supongan más del 80% de sus ingresos agrarios, no puede ser considerado agricultor activo. Igualmente, hemos acordado que, con el fin de preservar la agricultura a tiempo parcial y por motivos de simplificación administrativa, esta medida solo se aplique a los beneficiarios que reciban un importe de ayuda superior a 1250 euros al año. Además, hemos acordado exigir, con carácter general, tanto para la primera asignación de derechos como para la activación de derechos de pago básico, que las explotaciones agrícolas y ganaderas se encuentren previamente registradas en los registros de las comunidades autónomas. En definitiva, por primera vez en la política agraria nacional se centran las ayudas de la PAC en aquellos agricultores y explotaciones con actividad económica en el territorio, lo que supone, sin ninguna duda, un paso histórico. También hemos llegado a un acuerdo acerca de lo que debemos entender como actividad agraria, es decir, la actividad que deben desarrollar los agricultores activos sobre sus tierras y con su ganado; y hemos acordado que la actividad agraria tenga un reflejo en la superficie de las explotaciones, cultivando la tierra o manteniéndola de verdad de manera verificable mediante una actividad anual, pudiendo solicitar el beneficiario prueba de los gastos en los que ha incurrido; en el caso de los pastos, siendo titular de una explotación ganadera con una dimensión suficiente, que hemos acordado fijar en 0,20 UGM/ha. Las superficies agrarias de la explotación, además, no podrán estar en estado de abandono o deterioro y se considerará como una situación de riesgo, a efectos de control, la declaración reiterada durante tres años o más de parcelas agrícolas en barbecho o no cultivo, así como los pastos que se declaren como mantenidos en estado adecuado mediante técnicas o prácticas distintas al pastoreo, con el objeto de comprobar si se trata o no de superficies abandonadas. No quiero referirme solo a los beneficiarios que hay que excluir de las ayudas sino también a los que hay que incluir de modo especial: a los jóvenes. Para ellos, en julio, acordamos dedicar hasta 97 millones de euros en concepto de ayuda complementaria al pago base que podrán recibir durante cinco años y, además, recibirán de forma prioritaria y gratuita derechos de pago base de la reserva nacional. Debemos conseguir, a través de los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas, que puedan recibir las ayudas a la primera instalación, de manera que, junto a las ventajas fiscales de las que ya disponen durante cinco años, todas estas medidas constituyan un verdadero paquete de estímulo para la incorporación de jóvenes agricultores. Finalmente, hemos acordado que los criterios sobre los que se debe basar la elección de los sectores objeto de concesión de pagos acoplados sean los siguientes: el comportamiento del sector correspondiente respecto a la aplicación del modelo de regionalización y, en su caso, la necesidad de corregir desviaciones producidas por la aplicación del modelo; la conveniencia, más allá, en su caso, del comportamiento en la aplicación del modelo, de mantener pagos acoplados en aquellos sectores que, sin ellos, estarían sometidos a riesgos de reducción de su producción o de abandono, con importantes repercusiones socioeconómicas o medioambientales; y la necesidad de atender a formas de producción que no pueden ser atendidas más que de esta manera, en concreto, a los ganaderos sin tierra, titulares en la actualidad de los llamados derechos especiales. En todo caso, la conferencia sectorial, de 24 y 25 de julio, ya había acordado que los sectores ganaderos, en particular, deberían tener una consideración prioritaria dentro de estos pagos, lo cual guarda perfecta coherencia con los criterios anteriormente mencionados. Sobre la base de dichos criterios y dentro de las limitaciones y condicionantes establecidos por el Reglamento comunitario, se ha acordado que los sectores que deben ser atendidos por medio de pagos acoplados sean los siguientes: vacuno de leche; ovino y caprino; vacuno de carne, en sus dos vertientes de vaca nodriza y engorde de terneros; remolacha azucarera; arroz; tomate para industria; frutos de cáscara y algarroba; cultivos proteicos; y legumbres de calidad.

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Sobre la base de estudios técnicos presentados a las comunidades autónomas en los grupos de trabajo de alto nivel, se ha concluido que los sectores y cuantías económicas que se debían destinar a los pagos acoplados, calculadas sobre la base de los criterios anteriormente mencionados, fueron los siguientes: para el vacuno de engorde, 40 127 000 euros; para la nodriza, 187 745 000; para el ovino, 154 892 000; para el caprino, 13 645 000; para el vacuno de leche, 93 579 000; para la remolacha azucarera, 16 836 000; para el arroz, 12 206 000; para el tomate para industria, 6 352 000; para los frutos de cáscara y algarrobas, 14 000 000; para los cultivos proteicos, 44 537 000; y para las legumbres de calidad, 1 000 000. En total, los pagos acoplados, respecto del total de pagos repartidos entre los agricultores, supondrían 584 919 000 euros, un 12,08% del total. Con estas decisiones, queda garantizada la posibilidad de atender a todos los sectores que hoy presentan signos de debilidad y que se podrían ver amenazados en el futuro. Quisiera destacar el elevadísimo grado de consenso que desde el primer momento hemos alcanzado en este proceso de reforma con las comunidades autónomas y que se inició con la Posición común para la Reforma de la PAC Horizonte 2020 que ya definió los principales elementos de la posición negociadora en Bruselas, acordada de forma unánime en la conferencia sectorial de 15 de junio de 2012. Logrado un acuerdo político a nivel comunitario, las decisiones internas se han plasmado en los acuerdos alcanzados en el marco de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en julio del año pasado y el pasado mes de enero. En ambos casos, las posiciones divergentes han sido muy minoritarias. El diálogo con el sector ha sido igualmente fluido y sus propuestas se han incorporado al debate, de forma que las más importantes se recogen en el resultado final, como el establecimiento de las comarcas agronómicas en el modelo de regionalización, la determinación de la figura del agricultor activo, exigiendo determinados ingresos, o el establecimiento de la dimensión de las explotaciones ganaderas para percibir ayudas. En los últimos dos años se han mantenido más de cien reuniones y, en particular, se ha convocado al Comité Asesor Agrario en siete ocasiones. En los próximos meses desarrollaremos los textos legales en los que se plasmen estos acuerdos. A finales de este semestre, los agricultores y ganaderos podrán conocer con un detalle muy aproximado las condiciones bajo las cuales podrán recibir ayudas a partir de 2015, primer año de aplicación de esta reforma a las ayudas directas. En este punto debe decirles que el Gobierno está cumpliendo con el calendario de la reforma de la PAC, yendo muy por delante de otros Estados miembros. No quiero finalizar sin invitarles a pensar cuál era nuestra situación cuando iniciamos este proceso de reforma hace ya algo más de dos años, cuando la financiación de la PAC estaba en el aire, con un gran número de Estados miembros dispuestos a reducir el presupuesto de la Unión Europea a costa de la PAC o a favor de otras políticas ‑ahora tenemos 47 000 millones para los próximos siete años‑; o cuando la reforma de la PAC propiamente dicha nos obligaba a subvencionar a todo tipo de superficie con un mismo importe de ayuda o tasa plana en 2019 de 126 euros/hectárea. Ahora damos todos por descontado el resultado de esta reforma, pero durante mucho tiempo no fue así y solo gracias a la negociación que hemos llevado a cabo en Europa y a los acuerdos consensuados en España, podemos hoy mirar con optimismo el futuro de nuestro sector agrario con la vista puesta en 2020. En definitiva, señorías, se ha avanzado en el diseño de un modelo de regionalización del territorio que minimiza los efectos negativos de la convergencia de ayudas sobre la rentabilidad de las explotaciones agrarias; ello, junto con la limitación de la superficie máxima elegible, permitirá que la intensidad de ayuda media de las explotaciones se mantenga a un nivel similar al actual. En segundo lugar, esta reforma nos permite corregir los defectos del sistema de ayuda actual y orientar los pagos directos hacia una agricultura realmente activa, oportunidad que España quiere aprovechar por todos los medios a su alcance con el objetivo de mantener la actividad económica del sector agrario, generando crecimiento económico y empleo. Por medio de la concesión de una ayuda asociada se evitará el abandono de aquellos sectores más vulnerables o que resulten más afectados por el nuevo sistema de pagos directos, asegurando que toda la diversidad productiva que caracteriza a nuestra agricultura tiene cabida en la nueva PAC. En cuanto a la política de desarrollo rural, en la conferencia sectorial del pasado 21 de enero se acordó con las comunidades autónomas el reparto de fondos comunitarios Feader para los programas de desarrollo rural 2014-2020. Además, se informó sobre la futura contribución de la Administración General

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del Estado a estos programas y se acordó la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para establecer los criterios y mecanismos que permitan transferencias de fondos entre programas de desarrollo rural en el caso de riesgo claro de descompromiso. Los acuerdos alcanzados tienen como punto de partida la conferencia sectorial de 25 de julio de 2013, donde se estableció la creación de un grupo de trabajo de alto nivel con las comunidades autónomas para realizar el reparto de fondos Feader basado en criterios objetivos, entre los cuales la ejecución de los programas actuales podría ser un elemento a tener en cuenta. Para la financiación de la política de desarrollo rural, España dispondrá para el período 2014-2020 de una asignación de fondos comunitarios de 8291 millones de euros, de los cuales en la Conferencia Sectorial de Agricultura, de 24 de julio de 2013, se acordó repartir entre las comunidades autónomas el mismo importe que la asignación Feader para España en el periodo 2007-2013, es decir, 8053 millones de euros, destinando 238 millones de euros a un programa nacional. Para realizar el reparto, en la conferencia sectorial de julio se acordó constituir un grupo de trabajo de alto nivel con el fin de consensuar criterios de reparto objetivos, ya que una mayoría de las comunidades autónomas se mostró descontenta con el reparto de fondos realizado para 2007-2013, alegando falta de transparencia en su distribución. Al analizar la distribución de fondos comunitarios realizada en diciembre de 2006 para el período 2007-2013 se observó que, a pesar de la importante reducción de fondos globales para España, algunas comunidades autónomas incrementaron su asignación de forma injustificada. Así, en 2006 se obtuvo un presupuesto para desarrollo rural Feader de 7213 millones de euros, frente a los 8957 obtenidos para el periodo 2000-2006, lo que supuso una disminución para España de fondos del 19%. Y, sin embargo, al realizarse el reparto por las comunidades autónomas, Andalucía incrementó su asignación de fondos comunitarios hasta el 133,6% de lo percibido en 2000-2006, alcanzado el 26,5% del Feader asignado a España en 2007-2013, mientras que en el período anterior su participación era del 17,7. El resto de las comunidades autónomas, excepto Extremadura, sufrieron notables reducciones de fondos de un 30% de media, destacando Valencia, con un 60,65% menos, y Castilla y León, con un 43,7% menos. Por todo lo anterior, se consideró oportuno no consolidar esta situación y repartir los fondos 2014-2020 según un sistema lo más objetivo posible, evitando, a su vez, cambios bruscos respecto al período actual que pudieran provocar distorsiones en la continuidad del apoyo al desarrollo rural en las comunidades autónomas. Para ello, se optó por aplicar la fórmula propuesta en los documentos de la Comisión para el reparto de fondos entre los Estados miembros, que integra indicadores comunitarios de la situación económica, medioambiental y territorial relacionados con los tres objetivos de la política de desarrollo rural —competitividad de la agricultura, gestión de los recursos naturales y la acción por el clima, desarrollo territorial equilibrado—, aplicando a toda la fórmula, como criterio para modular el resultado a favor de las regiones menos desarrolladas o menos competitivas, el inverso del PIB per cápita. A este reparto, según criterios objetivos, se ha aplicado un estabilizador de pérdidas del 10% respecto de la situación actual. Además, se ha valorado la buena ejecución de la programación actual de forma que no se detraigan fondos a aquellas comunidades autónomas que presentan una ejecución adecuada de su senda financiera, así como las posibles deficiencias que pudiera presentar el indicador comunitario de población rural a la hora de reflejar la realidad de algunas comunidades autónomas. Señorías, como todos sabemos, los programas de desarrollo rural son cofinanciados, es decir, la aportación del Feader debe ir acompañada de gasto nacional. En anteriores periodos de programación, este gasto ha sido realizado de manera conjunta por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. En el período 2007-2013, además, se produjo otra novedad importante: se pasó de una situación de programas de desarrollo rural plurirregionales, con medidas definidas y coordinadas por el Estado y las comunidades autónomas, a otra en que no existía programación nacional y las comunidades autónomas diseñaban su propio PDR y orientaban sus medidas según su criterio, es decir, los programas de desarrollo rural quedaron en el ámbito de competencia exclusiva de las comunidades sin participación del Estado en su definición, algo que no había ocurrido nunca. De este modo, la aportación de la Administración General del Estado fue en el pasado incondicional porque no estaba sujeta al cumplimiento de ninguna prioridad u objetivo establecido con carácter previo por la Administración General del Estado. Ni siquiera en el marco nacional, instrumento de programación donde

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se establecen los elementos comunes en el caso de Estados miembros con programación regionalizada, se establecen condiciones sobre dónde deben asignarse los fondos de la Administración General del Estado en los programas, quedando a la decisión de la comunidad autónoma la orientación estratégica. En todo caso, hay que recordar que la contribución de la Administración General del Estado no se limita únicamente a la financiación del gasto nacional, sino que el Tesoro Público prefinancia el Feader a través de las comunidades autónomas, lo cual les permite solicitar anticipos de tesorería para hacer frente a sus programas sin tener que disponer de estos importes en el presupuesto de cada comunidad autónoma. En 2014-2020 el esfuerzo de prefinanciación de la Administración General del Estado fue mayor que en 2007-2013 al haberse reducido el anticipo comunitario de los programas del 7 al 3% y librarse en tres tramos anuales del 1%, frente a un único libramiento al principio del período de programación como sucedió en 2007-2013. En conclusión, señorías, a pesar de todo lo anterior, el Gobierno ha considerado prioritario seguir apoyando las políticas de desarrollo rural regionales y, por ese motivo, en la conferencia sectorial del pasado 21 de enero se acordó que la Administración General del Estado financiará el 30% del gasto nacional de los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas, calculado a la tasa máxima de participación comunitaria en la financiación permitida según el Reglamento de la Unión Europea. Además, hay que considerar que el programa nacional que se implementará en el territorio de las distintas comunidades autónomas será íntegramente financiado por la Administración General del Estado. En la conferencia sectorial del 21 de enero de 2014 se acordó también la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para establecer los criterios y mecanismos que permitan las transferencias de fondos entre programas en el caso de riesgo cierto de descompromiso. En el período de programación actual, algunas comunidades autónomas con un alto grado de ejecución podrían haber empleado fondos Feader de otras comunidades autónomas con dificultades de ejecución. Sin embargo, no se disponía de un mecanismo que permitiera una transferencia ágil y efectiva de fondos entre programas. La transferencia acordada, en principio reversible, a las comunidades autónomas que ceden fondos, podrá convertirse en permanente en el caso de que finalmente esta comunidad no pueda absorber los fondos que cedió. En definitiva, señorías, el fin que se persigue con este mecanismo es evitar que España como Estado miembro pierda fondos Feader y que su cesión se realice en las mejores condiciones para una comunidad autónoma que en un momento determinado tenga dificultades para ejecutarlos. Termino ya, agradeciendo la colaboración de las comunidades autónomas y organizaciones profesionales agrarias, que ha permitido acordar un modelo de aplicación de la nueva PAC en España para que todos los sectores agrarios y ganaderos sigan siendo competitivos y sigan realizando su actividad con unos niveles de apoyo similares a los anteriores. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Empezamos con el turno de los grupos. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el senador Toledo, por diez minutos. El señor TOLEDO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor ministro. Señor ministro, el Grupo Socialista le agradece que haya decidido comparecer en esta Comisión de Agricultura este miércoles 19 de febrero, comparecencia realizada con una rapidez, a nuestro entender, inusitada, cuando hace ya muchos meses que mi grupo la había solicitado. La Presidencia de la comisión nos ha ido informando de lo complicado de ajustar una fecha por el poco tiempo de que usted disponía, señor ministro, cosa que, desde luego, nosotros no ponemos en duda, en absoluto, pues en mi grupo sabemos y entendemos lo que es la agenda de un ministro. Pero, si antes no había hueco en su agenda, ahora hay mucha prisa en convocar esta reunión para su comparecencia, realizada al finalizar una sesión plenaria y sin hora fija prevista, según consta en la propia convocatoria. Razones de peso deben existir para semejante rapidez y premura, habida cuenta de que su última comparecencia en esta comisión del Senado es de hace ya casi un año, el pasado 17 de abril de 2012. Señor ministro, estamos expectantes, por si desea explicarnos por qué anteriormente no había hueco en su agenda y ahora se prepara esta comparecencia sobradamente cargada de materias. Pero lo dicho, señor ministro, agradecemos de verdad su presencia.

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Es evidente que ni usted ni nosotros vamos a poder ponernos de acuerdo en el tema de la PAC, tal vez porque usted es rehén de sus propias palabras y, sobre todo, de sus propias expectativas, realmente triunfalistas a nuestro entender sobre lo bien que se le dio la negociación de la política agraria común. Siempre existen diferentes prismas para observar una misma realidad, señor ministro. Esa realidad no deja de transformarse, por mucho que nos empeñemos en edulcorarla, informando a medias tal vez, y de lo que interesa, o retrasando en todo caso la salida de datos muy importantes hasta —suponemos— momentos políticos mejores para su Gobierno y su partido, claro está. Es curioso que, mientras que usted habla de diálogo con los colectivos agrarios y organizaciones implicadas en las políticas de la PAC, son precisamente estas organizaciones agrarias las que casi unánimemente ponen en entredicho sus palabras al afirmar que ni ha habido ni hay negociación alguna en todo lo relacionado con la puesta en marcha de la política agraria común. Según estas organizaciones agrarias, usted ha dejado al campo entre una incertidumbre y el abandono. Desde luego, señor ministro, se conocen los datos macroeconómicos de la PAC en relación al primer pilar, pero para poder conocer los datos concretos sobre las ayudas directas que van a recibir nuestros agricultores y ganaderos, no será posible al menos hasta 2015. Según sus propias palabras en el Congreso de los Diputados la semana pasada, estos datos se conocerán —y cito textualmente— cuando la gente haga sus peticiones y declaraciones. Para nosotros, para el Grupo Socialista, esto es falta de transparencia. En todo caso, lamentamos la oportunidad perdida en la negociación de la PAC para poder definir correctamente la figura del agricultor activo, apostando además por un verdadero modelo social agrario y apostando también por agricultores profesionales, hombres y mujeres cuya actividad principal sea el trabajo en el campo. Así, los potenciales beneficiarios en España serían prácticamente todos, conforme está establecido, porque en esta conferencia sectorial no se ha querido ir más allá en la lista negativa de beneficiarios establecidos en el reglamento de pagos directos. Por tanto, se pierde una oportunidad de oro, señor ministro, para apostar por los verdaderos profesionales del sector y para que las subvenciones de la política agraria vayan a agricultores y ganaderos activos, que además generan empleo. En cuanto a la actividad agraria mínima para cobrar las ayudas, como usted ha comentado, se excluye a todos aquellos que cobren ayudas estatales que supongan más del 80% de sus ingresos agrarios. Esta medida no excluye a ningún beneficiario con ingresos procedentes de la agricultura, por pequeño que sea el porcentaje que ello represente sobre el total de ingresos del particular o de la sociedad. Por tanto, se mantiene para un número muy amplio de empresas y particulares que, teniendo actividad agraria, esta en el fondo pueda representar un porcentaje ínfimo de sus ingresos. Así, con estas medidas de establecimiento de la actividad agraria mínima se consolidan las ayudas a especuladores y agricultores de sofá —ustedes, señorías, ya me entienden—. En cuanto a las ayudas acopladas, finalmente, como usted comentaba hace un momento, se va a destinar el 12,08% del límite nacional, cuando en el caso de nuestro país se podría haber llegado hasta el 15%. Por tanto, hemos perdido casi tres puntos del máximo que podríamos haber recibido para estos pagos acoplados y, sin embargo, hemos dejado fuera el olivar dependiente, que tiene además una gran relevancia en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Igualmente, la posibilidad de la asignación de un pago acoplado a la oveja, o a cabra o vaca nodriza, en los casos de la nueva incorporación a la actividad ganadera, sea el titular de la edad que fuere y no únicamente como jóvenes agricultores. Señor ministro, le diré como ejemplo que se podría realizar el pago anual de 30-35 euros por oveja, de tal forma que una nueva incorporación pudiese estar en igualdad de condiciones con el ganadero que ejerce la actividad actualmente. Este pago debería ir unido a la actividad ejercida, y siempre, mientras que dure esta misma actividad. Este pago acoplado sería también aplicable en los casos de incremento de la cabaña ganadera. Señor ministro, esta sería una buena medida también para afianzar la población en el medio rural, con la incorporación de nuevo tejido a este. El presupuesto necesario, para una estimación de aproximadamente 600 000 ovejas, o su equivalente, sería de alrededor de 21 millones de euros anuales, que perfectamente se podrían obtener de los pagos acoplados y/o de los importes que no perciban los agricultores no activos. No creo que sea necesario recordar, señorías, que el señor ministro confirmó ayer mismo en esta Cámara que dejarán de percibir la PAC cerca de 78 000 agricultores, con un equivalente de 500 millones de euros.

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Una tercera cuestión clave del primer pilar sería la concreción de la regionalización del pago básico que, simplemente, no se ha acordado. No sabemos si ha sido porque no se ha llegado a un acuerdo o porque, según dice su propio ministerio en nota de prensa, no conviene que se conozca hasta pasado el período de solicitudes de ayudas de 2014, con el fin de evitar posibles movimientos especulativos. Igualmente, tampoco se puede comprobar el objetivo de su ministerio de que no haya trasvase de fondos entre territorios y particulares. En resumen, en mi grupo parlamentario pensamos que es el momento de explicar, de la manera más transparente posible, la regionalización del pago básico y cómo va a afectar a nuestros agricultores y ganaderos, que sin lugar a dudas están absolutamente en su derecho de poder tomar decisiones para sus explotaciones y en futuras campañas. Por todo ello, les pedimos que se establezcan medidas que prioricen las ayudas de la PAC para los agricultores profesionales, con una definición de la figura del agricultor activo que excluya a aquellas personas físicas o jurídicas para las que los ingresos procedentes de la actividad agraria no representen más del 20% del total de sus ingresos; evidentemente, la ampliación de la lista negativa, como comentaba anteriormente, de perceptores de la PAC o establecer un tope máximo de las ayudas de 150 000 euros, aplicando además una reducción del cien por cien por encima de esta cifra; establecer también una ayuda adicional para las treinta primeras hectáreas en cada explotación, aplicando el denominado pago redistributivo, que ya se ha aprobado y se está aplicando en Francia; o también el primar a aquellas explotaciones que consoliden o creen empleo rural o a aquellos agricultores que tienen su residencia efectiva en este medio rural. Como ya comentaba, señor ministro, se debería elevar el tope de ayudas para los pagos acoplados hasta el 15% de los fondos, estableciendo un programa de ayudas para los sectores del olivar en pendiente, el ajo o las frutas y hortalizas. En relación con el segundo pilar de la PAC y con los programas de desarrollo rural, si estos programas aplican los topes máximos de cofinanciación del Feader y si la Administración General del Estado aporta el 30% de los fondos nacionales y las comunidades autónomas reducen drásticamente su aportación, como es muy previsible que ocurra en este nuevo período, sin lugar a dudas habrá menos dinero para la política de desarrollo rural, señor ministro. De momento, la aportación de la Administración General del Estado se reduce en un 66% con respecto al programa anterior y se estima que se dejarán de invertir más de 2000 millones de euros. Por ello, señor ministro, le pedimos que se reconsidere la decisión tomada en la conferencia sectorial, a la que usted aludía anteriormente, en lo referente a la cofinanciación de los PDR de las comunidades autónomas, de tal forma que dicha cofinanciación alcance al menos el 50% de los fondos nacionales y, en todo caso, que se dote presupuestariamente la participación del Estado con 2000 millones de euros para el PDR del período 2014-2020. De esta forma, por lo menos, se igualaría la aportación del período anterior y no se exigiría a las comunidades autónomas una aportación más elevada y mucho mayor esfuerzo presupuestario. El titular de Hacienda ha recordado que la cofinanciación de los fondos para el desarrollo rural en este período será similar para todas las comunidades autónomas. Textualmente decía: la decisión del Gobierno es saber delimitar estrictamente las competencias que corresponden a las comunidades autónomas. El Gobierno central no tiene competencias en materia de desarrollo rural, que es estrictamente autonómica, pero en el nuevo modelo se va a entrar con la cofinanciación de un porcentaje igual para toda las regiones de un 30%. Y continuaba diciendo: existe la advertencia de la Dirección General de la Comisión Europea de la potencial pérdida de fondos, y es cuestión de las comunidades autónomas dar prioridad a estos programas para que no se pierdan los fondos europeos. Son palabras, como decía, del ministro de Hacienda. Y nosotros nos preguntamos: si el Gobierno de España no tiene competencias en el Feader, ¿por qué el Ministerio de Agricultura se ha quedado con más de 300 millones de euros de esos fondos que supuestamente corresponden a las comunidades autónomas. Creo, señorías, que no es necesario recordar que estos fondos financian los programas Leader; también la incorporación de los jóvenes, la modernización de explotaciones, las realidades sociales, la industria agroalimentaria o la limpieza de montes para la prevención de incendios y la obtención de biomasa. Todos ellos programas imprescindibles para el desarrollo de las zonas rurales y también para frenar el continuo despoblamiento, como usted conoce perfectamente, señor ministro, de estas zonas.

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Para terminar, consideramos en mi grupo que hay, además, una clarísima sobreactuación por parte del Gobierno y del Partido Popular sobre las ventajas y beneficios de la PAC para este período 2014-2020, en el intento de convencer en todo a las organizaciones agrarias, y a los agricultores y ganaderos en particular, sobre el gran trabajo de negociación que usted ha realizado, señor ministro, y las enormes ventajas y beneficios que de todo ello tendrá el campo en nuestro país. Seguramente dentro de muy poco podremos comprobar que, además, usted será el mejor defensor de los intereses de nuestro país en Europa. Señorías, se ha vendido tanto los efectos beneficiosos de esta negociación que tienen miedo de que cuando los agricultores y ganaderos de nuestro país comprueben de forma personal que van a recibir menos ayudas... El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya terminando, senador Toledo. El señor TOLEDO DÍAZ: Termino, señor presidente. ... que cuando los grupos de acción local o las comarcas tengan menos dinero, cuando las comunidades autónomas tengan que devolver fondos Feader por no poder hacer frente a esta cofinanciación, nos daremos cuenta de que toda la política de la PAC ha sido envuelta en un enorme montaje de propaganda y publicidad para ocultar la evidencia, y es que se va a recibir en el fondo menos dinero que en el período anterior 2007-2013. Pero, claro, usted seguramente ya no será ministro de Agricultura y no podremos recordárselo, aunque sí, evidentemente, lo haremos al presidente del Gobierno. Ya me imagino que eso a ustedes, al Partido Popular, con la privilegiada, por mayoría, situación parlamentaria de que disponen les puede preocupar más bien poco. El señor PRESIDENTE: Termine, senador Toledo. El señor TOLEDO DÍAZ: Termino. Pero sí que debería preocuparles lo que en el medio rural, en general, de nuestro país se puede opinar sobre el tema, pues ellos son los que más van a sufrir las consecuencias de esta política de brindis al sol para después comprobar la realidad en toda su crudeza. Muchas gracias, señor presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador. Se ha hecho aquí una observación y tengo que decir que si el señor ministro no compareció antes fue por motivo de unas preguntas recalificadas y que, amparados en el Reglamento, había que contrastarlas antes por el secretario de Estado. Y ese fue el motivo de que se demorase. (El señor Fidalgo Areda pronuncia palabras que no se perciben.) Por favor, senador Fidalgo, no está en el uso de la palabra. Repito, ese fue el motivo de que se retrase aparte de su agenda. Pasamos a la intervención de los restantes grupos. Por el Grupo Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis. El señor CAZALIS EIGUREN: No voy a intervenir especialmente, señor presidente, salvo para dar las gracias al ministro por su comparecencia, aunque sea de esta manera, aunque creo que ya la debíamos tener. Sí es cierto que es una faena, ya que nos hemos leído la del 12 de febrero en el Congreso, por lo que estamos en un déjà vu, pero se le da las gracias, nuevamente, por la comparecencia. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis. El senador Boya, por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra. El señor BOYA ALÓS: Gracias, presidente. Atendiendo a la hora que es voy a intervenir con mucha brevedad. Tuve ayer, además, la oportunidad de debatir ampliamente con el ministro, por tanto no es necesario que me extienda más de lo que ya lo hice ayer en la Cámara. Agradezco su presencia. Creo que es positivo que esté aquí, pero también creo que debemos afirmar la necesidad de que estas comparecencias puedan producirse con la frecuencia necesaria, sobre todo en un tema como el que abordamos en este momento que tiene una rabiosa actualidad. Yo no voy a extenderme mucho más. El portavoz socialista ha mencionado diversas

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cuestiones, algunas de ellas las plantee yo ayer. Por lo tanto, atenderé ahora a las explicaciones del ministro que seguramente podrán ser más extensas. En todo caso hay una cuestión muy concreta y muy precisa, pero que afecta a las zonas de montaña. Yo quería preguntar al señor ministro cómo quedarán las indemnizaciones compensatorias de montaña, que es algo de lo que se habla poco ahora, pero que tiene una importancia notable para esas zonas. Por tanto, me gustaría que aclarara este aspecto en el momento en que tenga el uso de la palabra. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya. Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado. El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente. También agradezco la comparecencia tardía, pero comparecencia, del señor ministro. Señoría, la programación en materia de desarrollo rural sigue un proceso secuencial. Es decir, se fija un marco normativo a nivel europeo y se determina a nivel estatal y/o regional. Para el caso concreto de España se decidió una programación mixta, con un marco nacional y una serie de programas autonómicos. Esta programación se decidió en la Conferencia Sectorial de los días 24 y 25 de julio de 2013, mediante la cual se decidió la creación de unos grupos de alto nivel para abordar diversos temas. Uno de ellos para el reparto de los fondos Feader, otro para estudiar las medidas a incorporar en el informe nacional, y otro para definir el contenido del marco nacional. En relación con el primer grupo y de conformidad con el mismo documento de acuerdos de la Conferencia Sectorial, éste debía concluir sus trabajos antes del 30 de septiembre de 2013, pero la realidad ha sido que hasta la Conferencia Sectorial de los días 20 y 21 de enero de 2014 no se acordó finalmente el reparto de los fondos Feader entre las comunidades autónomas, lo que ha conllevado un retraso de cuatro meses para los trabajos que estas deben realizar. Más adelante valoraremos los acuerdos de esta Conferencia Sectorial. Por lo que atañe al grupo de trabajo del PDR nacional, todavía no se ha elaborado ningún borrador de programa, hecho que ha de permitir elaborar los PDR autonómicos para poder adaptarlos convenientemente y que no se den solapamientos. En relación al marco nacional, la implicación que tiene en la programación de los PDR autonómicos es aún mayor que la del PDR nacional. En la última reunión del grupo de trabajo del marco nacional, se acordó que a finales del mes de noviembre de 2013 se facilitaría a todas las autoridades de la gestión de los PDR un primer borrador de documento. De acuerdo con la información facilitada por la Consellería de Cultura de la Generalitat, a fecha 28 de enero de 2014, todavía no le han facilitado ningún documento al respecto, y ello a pesar de haberlo solicitado varias veces al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Durante la mencionada Conferencia Sectorial el ministerio notificó que el Estado continuaría contribuyendo a la cofinanciación de los PDR autonómicos, como se había hecho siempre. Sin embargo, la redacción final sobre esta contribución quedó de la siguiente forma —entre comillas—: La Administración General del Estado se compromete a aportar el 30% del gasto nacional que corresponda a cada programa de desarrollo rural de las comunidades autónomas, calculado a la tasa máxima de cofinanciación permitida en el Reglamento número 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Feader, tanto para el tipo de región como para el tipo de medida. Este posicionamiento, señor ministro, agrava considerablemente la programación en materia de desarrollo rural, ya que, por un lado, la Administración General del Estado podría reducir en dos terceras partes —ya se lo he dicho antes— su aportación a los programas de desarrollo rural 2014-2020 y, por otro, dificulta la aprobación de los PDR regionales, ya que para saber la aportación final de la Administración General del Estado a los programas, esta tendría que conocer la distribución del presupuesto entre medidas. De acuerdo con una información salida del Boletín Agrodigital de 28 de enero de 2014, se estima que la Administración General del Estado pasaría de aportar la cantidad teórica de algo más de 3 000 000 de euros en el período 2007-2013 a 988 000 euros, lo que supondría una disminución de más del 67%. ¿Bajo qué concepto se puede justificar esta disminución tan importante a las políticas de desarrollo rural? ¿Pretende que las comunidades autónomas aporten las cantidades que desde el Estado dejan de contribuir? De esta forma se continúa cargando los compromisos financieros a las comunidades autónomas en momentos muy difíciles, dificultando, así, el cumplimiento de su déficit.

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Acabo diciendo que, por otro lado, el presupuesto a aportar por parte del Estado no puede quedar supeditado a las comunidades autónomas, a que éstas presenten sus programas de desarrollo rural para conocer la distribución del presupuesto entre medidas, y así calcular la aportación del Estado. Esto es un contrasentido total, ya que no es posible realizar una programación adecuada a una estrategia, sin conocer el presupuesto total disponible, Feader-Estado-comunidades autónomas, para el programa correspondiente. Por tanto, señor ministro, es el pez que se come la cola. El Gobierno espera que las comunidades digan; las comunidades no pueden decir porque no saben lo del Estado. Las autonomías se encuentran en una situación de preocupación, como es el caso de la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Cotillas. El señor COTILLAS LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, noches, señor ministro. Bienvenido a ésta que es su Casa, a la que nos consta que quiere venir y, además, a menudo; son cinco veces ya las que ha comparecido en esta comisión y no lo ha hecho en alguna otra ocasión más porque, como ha dicho el presidente, algún grupo, que no ha sido el Grupo Parlamentario Popular, lo ha impedido. Es verdad que lo ha hecho en su derecho de agarrarse al reglamento de una manera absolutamente formal y formalista, pero nos ha privado de la presencia del ministro y, por lo tanto, de lo que la presencia del ministro supone, que es trasparencia, que es información, que es datos, que es realidad del trabajo y del esfuerzo de ese Ministerio de Agricultura, que ahora ya sí existe. Por lo tanto, bienvenido, señor ministro. Yo, señor Toledo, antes de valorar la comparecencia del señor ministro, le quiero decir que cuando uno quiere criticar la labor importante que ha hecho el Ministerio de Agricultura y no encuentra motivos reales, cualquier cosa vale, e incluso se pueden inventar los datos, decirlos de una manera en un sitio y de una manera contraria en el sitio de al lado. ¿Esta es una paz triunfalista en la posición del ministro? Desde una posición derrotista clara, como era la del partido socialista, que daba por perdida la negociación de la política agraria común allá, allá, en el año 2011, un partido y un Gobierno que entonces no era capaz de aportar al borrador de esa política agraria común nada en defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos de España, evidentemente, todo logro que se explica parece triunfalista, porque estaban ustedes abonados a la derrota, a la derrota clara. ¿Es falta de transparencia venir cinco veces a esta comisión y en cada una de esa veces dar los datos, decir qué es lo que se quiere negociar, cómo se quiere negociar, con quién se está negociando, con el acuerdo de quién, qué compañeros de viaje llevamos en cada ocasión, y venir inmediatamente después de haber negociado a contar cuál es el resultado final? No es falta de transparencia; es todo lo contrario. Es transparencia; es puesta en común de un trabajo que es importante, de un trabajo que es de país, de Estado, de un trabajo que ha tenido que ser duro y que ha sido eficaz. Esto es lo que nos dijo el ministro allá por marzo del año 2012 —parece que hace mucho tiempo, pero no hace tanto, no llega a dos años—, cuando nos expresó las líneas, en esta comisión, en esta misma sala, que iban a llevar al entonces sí creado Ministerio de Agricultura, para defender los intereses de nuestros agricultores: Primer objetivo, la defensa de los intereses económicos de nuestros agricultores, de su capacidad de aumentar la renta y de su capacidad de hacerse más competitivos; objetivo que creo que se ha cumplido notablemente en esta época de crisis. La renta de nuestros agricultores ha crecido en el año 2012 y en el año 2013. Los agricultores están siendo el sector que dinamiza la economía y las exportaciones de una manera notable en este país. Y los agricultores, señor Toledo, aquellos que se dedican de verdad a la agricultura, están hoy mucho más tranquilos que en el año 2011. Se sienten hoy mucho más ayudados que en el año 2011, y hoy están dedicándose a lo que se tienen que dedicar, a trabajar la tierra, a trabajar sus explotaciones, a buscar los mercados y a conseguir mayor renta, mejor precio en sus productos. ¿Cómo lo iba a hacer el ministro? Con diálogo. Yo creo que se ha demostrado. Transparencia y diálogo. Diálogo con las organizaciones agrarias. Yo no sé de qué organizaciones agrarias hablan ustedes como organizaciones agrarias críticas, disconformes, que dicen que no se ha hablado con ellas, que no se ha negociado con ellas. Más de cien reuniones del Consejo Asesor Agrario. ¿Dónde están? Con las que nosotros hablamos, que también son todas, no expresan eso.

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Reuniones y consenso con las comunidades autónomas. Desde el inicio hasta el final. De partida, consenso en qué íbamos a defender en Europa. Después, cómo lo hemos defendido. Y, al final, cómo va a llegar esa ayuda de la política agraria común a cada agricultor, a cada ganadero del territorio español. Reunión con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial y acuerdo mayoritario prácticamente con todas ellas. Por lo tanto, diálogo, transparencia, defensa de los intereses de los agricultores. ¿Por qué se han defendido los intereses de los agricultores? Pues porque en un momento de recorte del presupuesto comunitario general a España van a llegar 47 000 millones de euros en política agraria común, prácticamente, la misma cantidad que en el periodo anterior, algo más para programas de desarrollo rural. Por lo tanto, creo que se ha hecho una magnífica defensa de los intereses de nuestros agricultores, que, como digo, hoy están más tranquilos. Confían en quien siempre les ha resuelto los problemas, que ha sido el Gobierno del Partido Popular y, de eso, el señor Arias Cañete sabe mucho. ¿Qué hemos conseguido con esta negociación o qué se ha aportado a las comunidades autónomas? Creo que hitos importantes, como ha dicho aquí también el señor ministro. Hemos conseguido que desaparezca la tasa plana. Por lo tanto, lo que van a percibir los agricultores en esos sectores, lo que van a percibir en cada una de esas comarcas de veintidós a veinticuatro, en las que se ha dividido el territorio nacional, se asimila a lo que venían percibiendo. Se ha conseguido no aumentar la superficie elegible, lo que ha evitado una pérdida del 50% de las rentas, de las ayudas que percibían esos agricultores. La definición del agricultor activo. Fundamental. Algo demandado por todos. No solo porque va a recibir las ayudas aquel que se dedica de una manera importante, por encima de ese 20% de rentas provenientes de la venta de sus productos, a la agricultura, sino porque, además, eso posibilita también la otra línea que busca este ministerio y este Gobierno —y creo que con acierto—, que es que el 70% de la renta restante del agricultor, la que procede de su trabajo, tenga más posibilidades, más salidas, más apoyo. Pagos acoplados a aquellos sectores que necesitan de esa ayuda: se han preservado todos y con cantidades muy importantes. Por lo tanto, tranquilidad también para todos aquellos que podían ver peligrar en la reforma de la política agraria común, en el borrador inicial, las ayudas a sus cultivos, lo que podría haberles llevado al abandono de sus tierras y de sus explotaciones. (El señor Montes Jort: ¡Los del sofá!) ¿Los del sofá? Los deben de conocer ustedes a los del sofá. Ustedes han gestionado durante estos últimos años la política agraria común, ustedes llevaron a cabo esa nefasta negociación inicial de dicha política y debían de conocer a esos del sofá. Nosotros conocemos a los agricultores que trabajan todos los días en el campo, que se esfuerzan, que buscan mercados, que consiguen que el 70% de sus rentas no venga de las ayudas, sino de su propio esfuerzo. Y, evidentemente, las ayudas les hacen ser más competitivos y estar en mejores condiciones. Los que viven en el territorio. Los que viven en nuestro territorio. Los que viven en el campo, donde vivimos usted y yo. Yo no sé si conoce usted en su pueblo algún agricultor de sofá. Yo, en el mío, no. Se lo puedo asegurar. Se busca la actividad, se busca el mercado. Las ayudas posiblemente no sean eternas; por lo tanto, hay que trabajar en la innovación, en la incorporación de los jóvenes, otro punto en el que se ha avanzado notablemente. Los jóvenes también van a tener una oportunidad con las medidas de fomento de su incorporación al mundo del campo. Prioridad para el sector ganadero. Es una demanda clara que se generaba al principio. Y es que cuando el señor ministro fue nombrado y puso esto en marcha como Ministerio de Agricultura, tuvo que resolver problemas estructurales del campo español y problemas coyunturales a los que la nefasta política del Gobierno socialista anterior había llevado; entre otros, efectivamente, toda la problemática del sector ganadero en este país. Pagos acoplados. Creo que ayudan a lo que hay. Decía también el representante del Grupo Socialista que hay 78 000 perceptores menos. Lo hablaba también el señor ministro, claramente: aquellos que percibían 100, 200 y 300 euros. No sé si estos son agricultores de salón, de sofá o activos. ¿Usted cree que con una ayuda de 100, 200 o 300 euros es realmente fácil o se mantiene una explotación? Yo creo que no aporta nada y, en cambio, sí permite que quien de verdad se está dedicando a la agricultura, a crear, a contratar, a producir y a comprar, lo pueda hacer. El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, senador Cotillas, por favor.

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El señor COTILLAS LÓPEZ: Acabo, señor presidente. En cuanto a los fondos Feader, hay más dinero, hay más dinero para el desarrollo rural. Se han repartido más objetivamente y, repartiendo más objetivamente, la comunidad autónoma andaluza sigue siendo la primera perceptora. El reparto de los fondos se ha hecho con un claro criterio objetivo, y hay una oportunidad para que las comunidades autónomas desarrollen sus programas de desarrollo rural. El Gobierno de España va a poner el 30% de lo que corresponde a la cofinanciación. Pero este debe ser un esfuerzo de todos; el Gobierno de España ya pone su 30%, y las comunidades autónomas tendrán que poner el suyo. Aquellas que más fondos quieren tendrán que poner más, y aquellas que mejor lo hagan pondrán más y recibirán más. Muchas gracias. Y, muchas gracias, señor ministro, por el extraordinario trabajo que vienen realizando en el ministerio usted y todo su equipo. El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cotillas. El señor ministro tiene la palabra para contestar a las preguntas u observaciones de los distintos grupos. El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, señor presidente. Quiero empezar por el principio de la intervención del portavoz socialista, al que le agradezco mucho su intervención, como a todos los portavoces. Yo no soy ni muy triunfalista ni poco triunfalista, pero sé lo que tenía en la mesa el día que llegué al ministerio. Tenía una propuesta; se proponía que todas las ayudas convergieran hacia una tasa plana y que además la superficie elegible fueran 38 millones de hectáreas. Y el Gobierno español anterior no había presentado ninguna alternativa ante la Unión Europea, ninguna propuesta para modificar este tema. Podía decir que le gustaba más o menos la reforma de la PAC, pero no había empezado a negociar absolutamente nada. Y la reforma empezó en el 2009. Por lo tanto, mi punto de partida era nefasto. Se me hundían todos los sectores de la agricultura española, singularmente el olivar andaluz, pero otros muchos sectores, y las ayudas se iban a aproximar a 126 euros por hectárea para todos los cultivos, al margen de sus costos de producción. Comprenderá que cuando yo llegué sabía que el punto de partida era muy malo y que iba a ser muy complicado cambiar la mentalidad de un comisario muy volcado en hacer una redistribución de ayudas hacia los nuevos países del Este y forzar una redistribución interna en la Unión Europea, similar. Entonces, lo primero que hice fue buscar el consenso con las comunidades autónomas, que no me pusieron precisamente el listón bajo, señoría. Me pidieron tres cosas: que no perdiéramos fondos comunitarios, que no hubiera trasvases entre territorios, y que los agricultores no perdieran. Y fijamos la estrategia de negociación en un documento que pacté con todas las comunidades. El de partida lo pacté con todas. A partir de ahí empecé a trabajar, con la gran colaboración del Parlamento Europeo —también del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, singularmente de su portavoz, doña Iratxe—, y empezamos a hacer un trabajo Consejo-Parlamento bien montado, para desmontar lo peor que tenía la propuesta. Primero se hizo una buena negociación de fondos comunitarios; obtuvimos 47 000 millones de euros. Y en materia de desarrollo rural obtuvimos más fondos para repartir entre las comunidades y entre todos que en el período anterior, porque le recuerdo que en el periodo anterior hubo una pérdida muy significativa de fondos comunitarios a pesar de que el presupuesto de desarrollo rural se había incrementado de forma sustancial. Por tanto, hubo una buena negociación financiera, de la que me siento muy orgulloso, sobre todo porque la hizo el presidente del Gobierno y la hizo la secretaria general del Ministerio de Agricultura. No la hice yo; por tanto, el mérito para el señor Rajoy y la señora García Tejerina, desde luego no para este humilde ministro. Partimos, pues, de que teníamos fondos comunitarios muy importantes para repartir. A partir de ahí empezamos a buscar el sistema que nos permitiera un reparto con la menor distorsión entre territorios y agricultores, y hemos llegado a una conclusión de un sistema de comarcalización muy complejo. Se lo hemos explicado esta semana a los parlamentarios del Congreso y, si quieren sus señorías, les ofrezco a los señores senadores que el presidente de la comisión organice una visita al FEGA, para explicarles la enorme complejidad de un sistema que trata de que haya la menor convergencia posible entre los territorios para que podamos mantener ese objetivo que querían las comunidades autónomas. Aquí no hay ninguna falta de transparencia; hay un sistema de enorme complejidad, y hemos cerrado el número de comarcas en el mes de enero de este año. O sea, esto no lo hemos cerrado, señoría, y

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estamos ocultándole nada a nadie. En el debate con las comunidades había algunas que querían 10, y comunidades como Andalucía, que tiene una enorme riqueza de agricultura y territorio, que querían 24, para poder diferenciar. Hemos llegado a una fórmula híbrida y hemos cerrado la negociación muy al final, pero vamos muy avanzados respecto de la Unión Europea. Nosotros tendremos la regionalización concluida a finales de mayo de este año, un año antes de que empiece la nueva PAC, y la normativa comunitaria establece de plazo el 1 de agosto. Es decir, vamos en plazo y vamos con transparencia. Y además hemos querido hacerlo en una fecha que evita que en 2014 haya quien tome posiciones especulativas en función de las comarcas que vayamos a definir, y que, por ejemplo, en el tabaco haya gente que empiece a declarar enormes hectáreas de tabaco para meterse en una comarca tabaquera y tener más fondos, cuando nunca había cultivado tabaco. El tabaco queremos que beneficie a los agricultores que han estado históricamente en el tabaco. Por tanto, el tema tiene mucha complejidad, pero debo decirle que las bases del modelo están acordadas por la conferencia sectorial por unanimidad. Pero los importes definitivos para los agricultores se harán ya en 2015, cuando se hagan las peticiones del primer año de la PAC. Antes no. Ahora podemos proyectar los datos actuales a las comarcas, y por eso ya sabemos que no hay movimiento entre territorios, que no son superiores al 0,67, y que prácticamente no hay movimientos entre agricultores, porque al final del período de convergencia el dinero que cambia de manos no es superior a 150 millones de euros. Pero como es un sistema sofisticado, entiendo que sus señorías quieran tener más información. Por eso, yo no soy triunfalista, pero, claro, de la tasa plana a un modelo en el que mantengo los niveles de apoyo, mantengo todos los sectores sin riesgo, en el que hemos definido unos sectores acoplados y que cuida a todos los sectores que podían tener riesgo, comprenderán ustedes que tenga la tranquilidad de saber que ningún sector, por razón de la PAC que apliquemos, va a tener problemas de rentabilidad en el futuro. Me quedo muy tranquilo, como persona que tiene que gestionar la política agraria común de este país, al saber que a partir de ahí podemos seguir trabajando y mejorar la competitividad, pero que tenemos el paraguas comunitario razonablemente estructurado. Se puede discrepar de muchas cosas, pero le diré que esta es una política agraria común que hemos pactado con todas las comunidades autónomas. Ha habido un modelo en el que discrepábamos con el País Vasco y Cataluña, porque querían una aplicación exclusivamente regional y nosotros queríamos una aplicación nacional; o sea, quince comunidades con dos. Pero cuando hemos ido ya a los detalles de la PAC, cuando se valoró la PAC a la vuelta de la negociación con el Parlamento Europeo, todas las comunidades autónomas, incluso Asturias y Andalucía, socialistas, estaban de acuerdo. Entonces estaba el consejero Planas, que algo sabe de política europea, y él estaba de acuerdo en que este modelo que habíamos negociado era un modelo satisfactorio. Por tanto, no lanzo campanas, pero insisto en que era un modelo razonablemente satisfactorio. Y cuando ya hemos llegado, después de los grupos de trabajo, al detalle de la PAC, todas las comunidades autónomas han estado básicamente de acuerdo en casi todo: en el complejísimo sistema de comarcalización, todas de acuerdo; en los pagos acoplados, todas de acuerdo, menos Andalucía —y ahora hablaremos del olivar de pendiente y de los temas que ha mencionado su señoría—; en el tema del agricultor activo, todas de acuerdo; y en la carga ganadera, todas de acuerdo. Es decir, hemos tenido una discrepancia; en materia de política de distribución de desarrollo rural, dieciséis comunidades de acuerdo, incluidas comunidades socialistas, como Asturias, y una en desacuerdo —luego hablaremos del tema de desarrollo rural—. Por tanto, nivel de consenso, altísimo. ¿Con quién? Con las comunidades autónomas, porque es muy complicado el consenso con las organizaciones agrarias. ¿Por qué? Porque en cada parte de España dicen una cosa. El consejero de Andalucía me trae la voz de Andalucía consolidada; él ha hablado con sus organizaciones agrarias. El consejero de Castilla-La Mancha me trae la voz de Castilla-La Mancha porque él ha hablado con sus organizaciones, que han participado en este debate. Pero las organizaciones agrarias nacionales tienen un problema, porque la ayuda acoplada que quiere uno en Andalucía no la quiere el de Castilla-La Mancha. Es completamente distinto. No quieren el olivar de pendiente en ningún sitio y a lo mejor prefieren otra ayuda acoplada. Ese es el gran problema que tienen las organizaciones nacionales a la hora de ponerse de acuerdo: que tienen una enorme dispersión en función de los intereses de cada territorio. No obstante, hemos hablado con ellas y hemos llegado a acuerdos importantes. En el tema del agricultor activo hemos cambiado las propuestas; en actividad agraria y carga ganadera hemos cambiado las propuestas por las organizaciones agrarias; y nos hemos reunido sin parar. Lo que pasa es que el consenso básico se ha forjado con las comunidades autónomas, que habían hablado con sus

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organizaciones agrarias. Y hemos hablado con todos los sectores y con las cooperativas. Yo llevo dos años hablando sin parar y he convocado al Consejo Asesor Agrario, que nunca había sido convocado en este país pese a que estaba constituido desde el año 2009. Lo he convocado por primera vez, y me he reunido seis veces con las organizaciones agrarias. Otra cosa es que yo no haga exactamente lo que quiera alguna organización agraria en particular, que es de las que hace más juicios negativos a lo largo del territorio, muchas veces con un fundamento más que discutible. Luego ha hecho una intervención referida a las ayudas acopladas y al agricultor activo. Hablaré de las dos. Voy a empezar por el agricultor activo. Esta es la primera vez que un Gobierno limita las ayudas para concentrar la actividad del agricultor activo y la primera vez que exige actividad agraria. Antes había instrumentos, pero ningún Gobierno —ni siquiera de izquierdas— ha intentado limitar nunca las ayudas, y había instrumentos en la normativa comunitaria para haberlo podido hacer; jamás. Nosotros lo hacemos por primera vez, y hemos hecho un ejercicio bastante avanzado. En primer lugar, hemos optado por limitar hasta 300 euros considerar que no son agricultores, dando un período transitorio para que se puedan fusionar. Y, en segundo lugar, no crea usted que es baladí el que por lo menos haya que tener un 20% de la renta que venga del mercado. No es un tema baladí, porque en este caso estamos hablando de que hay 71 476. Y cuando se establece un límite nacional general hay que pensar en dos cosas: en aquellos productores que tienen más dificultades de producir y en las incidencias climatológicas, porque en un secano rabioso de Castilla-La Mancha, en un año de climatología mala la ayuda es mucho más importante que la renta, y de largo. Es muy fácil decir: los cazaprimas. Pero si el 60% tiene que venir del mercado y como máximo el 40% de la ayuda agraria, entonces sacamos de la producción a los que tienen más debilidad. Las normas hay que hacerlas con conocimiento de causa, sabiendo dónde se mete cada cual. Por tanto, hemos hecho un primer ejercicio, hemos exigido carga ganadera, y la lista no se ha ampliado porque nadie pidió que se ampliara. No ha habido ninguna autonomía que dijera: a los entes públicos que se les quiten las ayudas, entre otras razones porque los mayores perceptores de ayudas agrarias son los ayuntamientos y la Junta de Andalucía. Están en la lista de grandes perceptores. Y en Extremadura hay municipios que han integrado producciones de tabaco, y el municipio percibe una ayuda superior al millón de euros. En segundo lugar, pregunta: ¿por qué no han limitado ustedes por encima de 150 000? Primero, por una razón muy sencilla: porque no lo permite el reglamento comunitario. Eso desapareció en el debate final; se dejó simplemente la modulación del 5%, que es la que hemos puesto en vigor. Y segundo, porque es irrelevante, porque por encima de 150 000 solo hay 271 agricultores en España, que son los que más empleo generan; y como además para calcular los 150 000 hay que restar todas las cargas laborales y sociales, realmente la medida tampoco se aplicaría. Por tanto, hemos sido prudentes y hemos ido mucho más lejos de lo que querían las propias organizaciones agrarias, porque en el año 2009 al Gobierno anterior le mandaron una carta firmada por todas para que no limitara las ayudas en función de la actividad agraria. Y es que la historia produce cosas que son muy curiosas, y cuando se saca la firma la gente dice: si vosotros no queríais limitar las ayudas. Era muy curioso. Las superficies de pastos no tenían que tener actividad ganadera. Bien, pues este Gobierno es el primero que ha exigido actividad ganadera en las superficies de pastos. Y estoy muy satisfecho de haberlo hecho así, porque, si no, la gente cogía una zona de remolacha, declaraba unos pastos, concluía una actividad pingüe y no hacía absolutamente ninguna actividad agraria. Por tanto, eso se ha terminado. Y yo creo, como el señor Cotillas, que se habla mucho de los cazaprimas, pero cuando se vuela el campo español, desde lo alto se ve lo que está cultivado y lo que no está cultivado; y no hay tanto cazaprimas como se dice. Y en cuanto a lo del 20-80, algún día vendré a esta comisión a explicarles que es una especie de leyenda urbana que no tiene ningún fundamento. Evidentemente, nosotros podíamos haber ido más lejos, pero hemos sido prudentes. En cuanto a los importes de las regiones, ya he dicho cómo se iban a hacer. Y en relación con las ayudas acopladas, a las que ha dedicado tiempo, le diré que nosotros llegamos a un acuerdo con las comunidades autónomas para analizar en los grupos de trabajo los sectores que tenían riesgo de abandono o en los que el modelo de comarcalización les podía poner en dificultades. Además, en la conferencia sectorial se dijo que el sector ganadero debía tener unas ayudas prioritarias. Por tanto, si ve usted las cifras que hemos dado, en el sector ganadero es donde más hemos concentrado las ayudas acopladas. Y luego hemos ido analizando qué sectores necesitaban ayudas en función de este tema. Y no hemos agotado los márgenes, porque no había más sectores que lo necesitaran. Los grupos de trabajo estuvieron trabajando y nadie propuso nada. Únicamente, a principios del mes de enero,

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Andalucía, que empezó a hacer una serie de cuentas por si ganaba o perdía, empezó a pedir nuevos sectores que no se habían pedido nunca a lo largo de la discusión de los dos años que yo llevo de ministro. El olivar en pendiente surgió por primera vez. Me pidieron también la uva pasa y el trigo duro. Pero, como comprenderán, yo no le puedo dar una ayuda al trigo duro acoplada adicional a un cultivo que recibe más de 540 euros/hectárea y quitársela a los productores de cereales de las mesetas castellanas, que tienen rendimientos inferiores a 150 euros/hectárea. Porque aquí, cuando se pide algo, se le quita a otro. Es decir, estos son vasos comunicantes. Lo que hay que saber es que las ayudas acopladas no salen de la nada, salen de la bolsa común de pagos y, por lo tanto, se reducen las ayudas del resto de productores, singularmente de los menos favorecidos. Y en ese contexto está el olivar de Andalucía. El olivar de Andalucía tiene unas ayudas de 900 millones de euros. En la reunión del 8 de enero, por primera vez la Junta nos lo presentó para el olivar en pendiente, mayor del 20%, y para 525 000 hectáreas. Nos pedía 52 millones de euros. Nosotros primero se lo preguntamos a las organizaciones agrarias, que se dividieron inmediatamente. La mayoría no lo quería, aunque había una en concreto que sí lo quería; y el resto de las comunidades autónomas no lo quería para nada. Pero había una razón para no darle al olivar en pendiente una ayuda acoplada, y es que las ayudas se las dábamos a aquellos cultivos que están teniendo abandono y disminución de la superficie productiva. En el caso del olivar en pendiente, su superficie se ha incrementado un 5,6 de 2006 a 2012. Por tanto, no está en una situación complicada. Además, el coste del olivar en pendiente es cuatro veces menor que el olivar de baja producción, porque la Junta no pedía ayudas para el olivar de baja producción, las pedía solo para el de pendiente, que tiene un coste de recogida cuatro veces menor que el de baja producción. Y así resultaba que le daríamos ayudas al olivar en pendiente que tiene menos costes, a base de quitárselas a otro que tiene menos producción y además más costes. Con lo cual no tenía ningún sentido desde el punto de vista agronómico. Además, se daba una paradoja: la Junta pide, en el momento final de la PAC, que hiciéramos una ayuda acoplada al olivar, pero cuando se ve el plan director del olivar andaluz no se establece ninguna ayuda para el olivar en pendiente, con lo cual no tenía ninguna racionalidad. ¿Por qué no hemos llegado a acoplar todo? Primero, porque no era necesario. Y, en segundo lugar, porque si agotáramos actualmente los límites comunitarios y dentro de un par de años o un año y medio un sector empezara tener dificultades no tendríamos ningún instrumento para poder hacer un pago acoplado a ese sector; ya lo tendríamos todo distribuido. Y ustedes me dirán: pues se le quita a uno que lo tenga y se le da a otro. Pero quitar en este país es de las cosas más difíciles que existen. Además, en el caso del ovino, por el que se interesaba, tenemos acoplados 154 millones de euros, una cifra razonablemente importante. Me preguntaba también por qué no hemos puesto las primeras hectáreas, como ha hecho Francia. En primer lugar, en España no serían 50 sino 24. Y no lo hemos hecho, porque, al no poder diferenciar por sector —cuando se priman las primeras 24 hectáreas es un pago lineal—, estaríamos sobrecompensando a los sectores más industrializados, por ejemplo, el tabaco, con ayudas más altas, y perjudicando a los más vulnerables. Además, hubiéramos creado un efecto de tasa plana, con 24 euros/hectárea, lo que habría supuesto un trasvase de ayudas muy importantes, por ejemplo, del sector lácteo al sector de la nodriza, con lo cual todas las comunidades de la cornisa cantábrica se opusieron a este sistema de las ayudas primeras a la hectárea. Como verán ustedes, todo esto tiene cierta complejidad. Ya he dicho que el tope máximo no era posible y que el pago redistributivo no se podía hacer. En cuanto al agricultor activo, he comentado las fechas de entrada. Y en el caso del desarrollo rural, voy a hacer algunas precisiones, porque ha habido varios oradores que se han interesado por este tema. En el desarrollo rural partíamos de un problema. En primer lugar, teníamos más dinero, es verdad; y lo que hicimos fue repartir la misma cantidad que se repartió en el periodo anterior a las comunidades autónomas y, con el exceso, poner en marcha un programa nacional de desarrollo rural, entre otras cosas, para hacer lo que las comunidades no pueden hacer, como son integración cooperativa, transferencia de tecnología y una serie de actuaciones que nunca se harán en el campo español porque no hay comunidad autónoma que financie la integración cooperativa. Cuando la cooperativa de una comunidad autónoma se fusiona con la de al lado se pierde todo el interés en esa financiación y pierden todos los niveles de apoyo, como ha demostrado la historia. Por tanto, consideramos que eso era importante. Pero, partiendo de que repartíamos la misma cifra, lo que no pueden sus señorías es hacer comparaciones heterogéneas entre dos periodos, por una razón muy sencilla: porque en los

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periodos 1994-1999 y 2000-2006 se repartieron con criterios objetivos establecidos por la Comisión Europea. Pero en el periodo 2007-2013 no hubo ningún criterio objetivo, no hubo ningún grupo de trabajo; hubo una discrecionalidad absoluta. Habiéndose perdido más de 1500 millones de euros respecto al periodo anterior, a tres comunidades autónomas se les incrementaron las ayudas en cerca de 800 millones de euros, y a las catorce restantes las masacraron. Por lo tanto, yo no puedo utilizar como referencia un periodo que parte de una arbitrariedad absoluta, reconocido por todas las comunidades autónomas, salvo por Andalucía. No hay en el ministerio un solo documento que explique cómo se hizo ese reparto. Sí hay un dato que nos han contado: que a cada uno le mandaron la noche antes un papel con la cifra que tenía. Nosotros hemos hecho todo lo contrario. Durante varios meses hemos estado por grupos de trabajo, que han estado trabajando en este tema y han fijado un sistema basado en parámetros objetivos, que son las fórmulas que ha usado la Comisión Europea para repartir entre los Estados miembros. Es decir, lo mismo que ha hecho la Unión Europea para repartir a veintiocho, lo hemos hecho entre los Estados miembros. Pero como había una comunidad que perdía mucho con ese sistema, que era Andalucía, que perdía más de 400 millones de euros, introdujimos un estabilizador y que nadie perdiera ni ganase más del 10%. Eso ha permitido darle un tratamiento singular a Andalucía para que no tuviera un desajuste tan rápido de un tramo a otro. Por tanto, hemos hecho un reparto objetivo, hemos hecho este estabilizador, y eso lo explica. En cuanto a la cofinanciación, en el periodo anterior la tasa de cofinanciación fue del 43%. Todas las cifras que dice Agrodigital no son verdad. Nunca se han repartido 3000 millones de euros de cofinanciación nacional para desarrollo rural; es una cifra que no sabemos de dónde sale. Pero el que se crea todo lo que dice la prensa… Tiene muy mala situación la cosa. Nunca se repartió esa cifra; por tanto, esa cifra no es real. La tasa de cofinanciación fue del 43% en el periodo anterior, y en esta situación el marco financiero presupuestario es del 30%. Entre otras razones, lo que dijo el ministro Montoro, lo que ha querido decir el ministro Montoro es que el Gobierno, en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas, no tiene ninguna capacidad de decisión en absoluto. Por tanto, son las comunidades autónomas las que, con competencia exclusiva, deciden qué tipo de programas de desarrollo rural ponen en marcha; y pueden optar, dentro la amplia panoplia, por hacer lo que quieran. Antes había unos programas plurirregionales y había programas nacionales, pero eso se destruyó. Y en el último periodo de programación ya se puso en marcha un sistema, en virtud del cual el Gobierno de la nación no tiene nada que decirle a ninguna comunidad autónoma si quiere ir a la indemnización compensatoria de montaña, si quiere gastárselo en ayudas agroambientales al olivar, o si lo quiere hacer en zonas de montaña desfavorecidas. No tiene nada que decidir el Gobierno. Entonces, el Gobierno, consciente de esta situación, tenía dos opciones: hacer lo mismo que se hace en el Fondo Social Europeo o el Fondo de Desarrollo Regional, es decir, que cuando la comunidad autónoma con capacidad de decisión autónoma propia tome decisiones, también las cofinancie. No obstante, en este fondo seguimos manteniendo la excepción, pero limitada a un 30% de lo máximo de cada medida; y cada comunidad autónoma es libre de elegir el tema. En el caso del programa nacional, se financia al cien por cien. Por tanto, cuando se dice lo que va a cofinanciar el Estado hay que sumar todo lo que va a cofinanciar también al programa nacional, que va a beneficiar a las comunidades autónomas, porque cuando se aplique el programa nacional en una comunidad autónoma en apoyar cooperativas de una comunidad, esta no tiene que cofinanciar nada. Por tanto, pongamos las cifras en valor. Esa es la razón. El Gobierno tiene competencias exclusivas para el Programa de Desarrollo Rural Nacional y las comunidades autónomas tienen capacidad de decisión exclusiva para configurar sus programas de acuerdo con lo que quieran. Esta es la situación. Pero no se crean todo lo que dicen los agrodigitales, porque las cifras no son las que luego se han repartido, y yo tengo la suerte de conocer las cifras al detalle, saber lo que se ha cofinanciado, cuáles son los techos anuales y cómo están. Y hay un debate muy curioso, que es el de que todos queremos más cantidades. Pero también tenemos que ejecutarlas. Y ya en este periodo de programación, yo llamé la atención a las comunidades autónomas, y avisé: puede que no tengamos cofinanciación nacional ninguna. Y por eso existía la posibilidad de trasvasar fondos del segundo pilar al primer pilar. Dije: veamos todos cuál es nuestra capacidad de cofinanciación, Gobierno y comunidades autónomas, porque a lo mejor tenemos que pasar fondos del segundo pilar al primero, algo que han hecho muchos países. Otros lo han hecho al revés, los han pasado del primero al segundo, porque para eso está la disposición. Nadie quiso pasar al primer pilar, que es una de las posibilidades que había. ¿Por qué? Porque en el primer pilar entra en una bolsa nacional, y como puede ser que le llegue a uno que no sea de los míos, entonces no tiene ningún interés. Esa es la razón última del tema.

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Por tanto, el Gobierno sigue haciendo un esfuerzo muy importante de cofinanciar actuaciones en políticas en las que no tiene ninguna capacidad de decisión. Eso es lo que quiso decir el ministro de Hacienda. El senador Maldonado cuestionaba lo del 30% y decía una cosa en la que tiene razón. Es decir, ¿cuándo lo podemos saber? Cuando las comunidades autónomas, en uso de su libertad, decidan ir a programas donde el coeficiente de cofinanciación sea mucho más alto o ir a uno que sea más bajo, dentro de su absoluta libertad. Y esas decisiones no las tenemos porque todavía no hemos empezado esa fase. Ahora estamos empezando a trabajar con las comunidades autónomas para apoyar que lleguemos a tiempo para enlazar, porque ya estamos en este periodo de programación. El problema que tenemos ahora mismo es mucho más grave, es decir, que las comunidades autónomas en 2014 y 2015 están en tiempo de descuento para cumplir con los programas de desarrollo rural del periodo anterior, y además hay que poner en marcha los programas nuevos. Es un tema mucho más complejo para todo el mundo. Esta es la situación. Por tanto, no podremos saber de este tema, señor Maldonado, hasta que cada comunidad autónoma tome su decisión. Nosotros estamos trabajando ya en el Programa Nacional de Desarrollo Rural para ver las líneas, porque tienen que ser líneas que no pueden coincidir con las que hagan las comunidades autónomas; tienen que ser actuaciones con un valor supraautonómico y que no sean simultáneas. Si hay una agroambiental ya no podemos dar una agroambiental complementaria, sino que tenemos que hacer actuaciones que sean muy distintas y que tengan un plus de valor. Estamos viendo cuál es el contenido. Mi voluntad política es que, sobre todo, apoyemos el proceso de integración cooperativa supraautonómico para buscar entidades que tengan más masa crítica, y eso lo financia íntegramente el ministerio, con impacto en el territorio de todas las comunidades autónomas; en el caso, de Cataluña, en el Feader se incrementó su aportación en 34 millones de euros, y, como digo, anteriormente la media de cofinanciación del Estado era del 44% y ahora pasa a ser del 30%. También es cierto que en el periodo anterior el Gobierno cofinanciaba a cada comunidad autónoma con porcentajes distintos, según su leal saber y entender y sin ninguna razón, con lo cual había una comunidad a la que, a lo mejor, le daba el 66% y a otra, el 12%; es algo pintoresco. Cuando quiera el portavoz socialista le doy el listado de los porcentajes de cofinanciación porque están a su disposición, y les digo: el 66%, el 14%... (El señor Montes Jort: ¿Y los criterios?) Los criterios no los puedo saber, pero no resisten un criterio. Nosotros hemos optado por el 30% para todos. Se han aplicado criterios objetivos de distribución para todos, pero a alguna comunidad se le ha dado el 66%; a otra, el 30%; y a otra, el mal llamado top up. Se hacían cosas muy raras. A mí me gusta tratar con el mismo rasero a todo el mundo. (Risas.) Doña Fuensanta, no se ría tanto. Como digo, se han aplicado a todo el mundo. Y dice usted que a Andalucía no la he tratado con el mismo rasero, pues a mí me tenían que hacer hijo predilecto de Andalucía porque le correspondía perder 400 millones de euros y va a perder solo 200. (Rumores.) Por tanto, estoy esperando esa nominación cuando den ustedes las medallas anuales. Es que usted se resiste a los hechos. Por criterios objetivos de la Unión Europea le toca perder 400 millones, y hay un ministro que procura que esto no se produzca. Mire usted, señoría, Castilla-La Mancha no tuvo la suerte de que hubiera un ministro o ministra, o secretario de Estado que evitara que perdiera 661 millones de euros; o Valencia, que perdiera 262; o Aragón, 109. Es decir, a Castilla y León le quitaron el 43,79% y a Valencia, el 60,65%. Todo lo que ha bajado Andalucía ha sido un 10%, y sigue teniendo el 23% de todos los fondos que hemos repartido. Comprenderá que en esas circunstancias ocurran estas cosas. Estoy intentando contestar a todos los portavoces. El senador Maldonado planteaba también que el agrodigital tiene 3000 millones de euros de techo. Nunca ha habido 3000 millones de techo pagado de cofinanciación nacional al desarrollo rural. Jamás, entre otras razones porque todas las comunidades autónomas han reprogramado y, por tanto, han sido conscientes de las dificultades propias que tenían de cofinanciación; todas han pedido agotar los techos máximos de cofinanciación europea y se han reducido las aportaciones nacionales. Esa cifra podía ser teórica, en un momento dado, pero no es una cifra real durante el periodo porque todo el mundo ha reprogramado básicamente, y la explicación de por qué la cifra no está bien es por culpa de la reprogramación. El senador de Entesa ha preguntado sobre las zonas de montaña y desfavorecidas. Pues bien, dependerá exactamente de las decisiones que tomen las comunidades autónomas en indemnización compensatoria de montaña. A las comunidades autónomas les corresponde la delimitación de zonas naturales, entre ellas las zonas de montaña, y se van a limitar en función de pendiente y altitud, porque el resto de zonas con limitaciones se delimitan con arreglo a ocho criterios objetivos previstos en el

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Reglamento del Feader. En principio, no debieran producirse cambios en las delimitaciones; luego, ya, serán las comunidades autónomas las que fijen en sus programas los niveles de apoyo respectivos, pero con la normativa que se ha aprobado se puede mantener el actual mapa sin alteraciones. Se puede alterar, pero no necesariamente. No debieran modificarse con carácter sustancial. Creo que con esto he contestado a la mayoría de las intervenciones. Quiero señalar, señorías, que ciertamente es una PAC compleja; el sistema de comarcalización es muy complejo. Yo invito a los señores senadores a que el FEGA organice un encuentro para que comprendan la sofisticación del sistema, pero estamos en condiciones de poderla aplicar, sabiendo que los datos no se conocen caprichosamente. Yo no estoy ocultando ningún dato a nadie. Los datos definitivos se darán cuando se haga la presentación. En cuanto al desarrollo rural, empezamos ahora a preparar los programas para que la Unión Europea los pueda ir validando y estableceremos los sistemas de trabajo más rápidos para contar con un programa de desarrollo rural nacional que podamos poner en marcha para apoyar también a las comunidades autónomas. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Habrá ahora un pequeño turno de intervención de los grupos, de cinco minutos, por si quieren utilizarlo. Tiene la palabra la senadora Coves. La señora COVES BOTELLA: Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor ministro, a esta comisión, aunque no sé si darle la bienvenida o la despedida. En cualquier caso, le deseo sinceramente lo mejor si finalmente se cumple lo que dicen los medios de comunicación. Le deseo mucha suerte en su futuro profesional. Nosotros nos quedamos aquí trabajando por la agricultura de España e intentando conocer mucho más la concreción del primer pilar, que espero que se nos presente pronto, si no por usted por quien le suceda. Nos quedamos aquí para ver cómo evoluciona también la tarifa eléctrica que tanto perjuicio está causando a la agricultura de regadío. Ustedes tienen una amenaza de manifestación en los próximos días, al menos en Andalucía. Nos quedamos aquí viendo también cómo las comunidades autónomas, algunas de ellas, por supuesto del Partido Popular, están muy enfadadas por el sistema de cofinanciación, por la rebaja en la financiación de los fondos Feader que, por cierto, se enteraron cuando estaban en la misma conferencia sectorial. Una vez que recibieron el sobre se enteraron de que la financiación del Gobierno iba a ser del 30% y no la anterior, la de la herencia recibida, esa que usted ha cifrado en un 43% pero que algunos lo han hecho en un valor mucho más alto. En cualquier caso, hay malestar en las comunidades autónomas; seis han solicitado una nueva conferencia sectorial para volver a tratar el tema de los fondos europeos, especialmente el de la cofinanciación. No le voy a hablar de Andalucía, del frente que usted tiene abierto con Andalucía. A la mayoría de los andaluces nos parece que usted nos ha castigado, por lo que va a ser difícil que olvidemos esta afrenta. Estos son los temas que nosotros vamos a seguir trabajando en los próximos meses. Ya le digo que le deseo muchísima suerte en su futuro profesional. No obstante, después de escucharle atentamente y también al resto de los portavoces, quisiera que me aclarase, si es posible, señor ministro, esta cuestión, y, en todo caso, yo le daré mi opinión. Antes de subir a la comisión he estado leyendo una entrevista que le hicieron al excomisario de Agricultura, señor Fischler ‑que, por cierto, confiesa ser muy amigo suyo‑, a quien le preguntaban su opinión sobre la nueva política agraria común. Curiosamente decía que no era una nueva política agraria común, sino que era la misma política agraria común, pero que se habían producido algunas modificaciones o algunos cambios. Mientras le escuchaba yo pensaba en qué pensaría el señor Fischler después de oírle a usted relatar todos los éxitos en la negociación y todos los cambios que usted ha hecho, todas las importantes mejoras que parece que usted ha hecho en la nueva política agraria común. Quizás no se reconocerían el uno al otro. Hay otras cuestiones que me gustaría comentarle. Ha hablado usted de las cifras, del éxito de la negociación. Parece que en estos momentos usted ya ha bajado un escalón y está al nivel de los mortales porque ya no habla de esas cifras tan exorbitantes, tan estupendas que usted ha traído aquí a España. Lo cierto es que salvo usted y el señor Cotillas que dicen otra cosa, la información que tenemos sobre los fondos que van a llegar a España no deja dudas de que van a ser algo menores de lo que ustedes dicen. En general, la verdad es que no hay una coincidencia total en las cifras, pero es en torno a un 11%.

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Lo que sí me preocupa es que en este año de transición, este año 2014 esa disminución en las ayudas se va a ver reflejada en los agricultores. Hay una rebaja que necesariamente ustedes tienen que hacer, en torno a unos 600 millones de euros y nosotros habíamos propuesto que quedara exento, que se hiciese una franquicia para aquellos que cobran menos de 5000 euros y que la aplicación de este recorte no fuese lineal. No sé si esto sería posible. Lo digo con la mejor intención, señor ministro, para que se aplicara a los que no tienen un mayor nivel de ayuda directa. También se ha hablado aquí de la tasa plana. Le agradezco enormemente, señor ministro, que usted haya explicado claramente que la tasa plana fue una idea, es una idea del comisario europeo y que, en todo caso, los defensores de la tasa plana han sido en muchas ocasiones ustedes. Le dije en una comparecencia, y se lo vuelvo a repetir aquí, que yo no soy el señor José Manuel Barreiro Fernández, que firma una enmienda a una moción de UPN donde claramente se apuesta por la tasa plana. Yo no soy el señor José Manuel Barreiro y tampoco este señor pertenece al Partido Socialista. Por tanto, le agradezco que aclare que lo de la tasa plana es un tema del comisario y que usted, afortunadamente, ha intentado, y ha conseguido, aminorar con la ayuda de todas las comunidades autónomas que han estado respaldándole. Se lo agradezco enormemente. En cuanto a los fondos Feader, no voy a repetirme demasiado, pero sí es verdad que hay un enorme malestar. ¿Por qué? Porque esos fondos Feader son fondos de inversión directa en el medio rural, que favorecen la incorporación de los jóvenes agricultores. Usted ha dicho, y tiene toda la razón, que tenemos un problema en España y en el resto de Europa, ya que el campo está envejeciendo a un ritmo muy preocupante y ese dinero de los fondos Feader va precisamente a la modernización de la agricultura. En fin, la cuestión es que va a haber comunidades autónomas que no puedan hacer frente a esa tasa de cofinanciación más alta que antes y tengan que devolver los fondos de desarrollo rural. Por eso, estamos preocupados, señor ministro. En relación con la ejecución presupuestaria, usted sabe que todavía hay dos años para finalizar la ejecución presupuestaria. Pero sí que me gustaría que me dijera en estos momentos cuántas comunidades autónomas han devuelto ya esos fondos europeos, me gustaría que dijera aquí, exactamente igual que ha manifestado su preocupación por que haya muchas que no lo vayan a ejecutar, cuántas han devuelto ya esos fondos a la Unión Europea o al ministerio. Señor ministro, no tengo demasiado tiempo. Quiero agradecer al presidente... El señor PRESIDENTE: Lleva usted siete minutos y le ruego que termine, senadora Coves. La señora COVES BOTELLA: Le agradezco enormemente el tiempo que me ha concedido y le deseo, para finalizar, vuelvo a repetir, señor ministro, mucha suerte en su futuro laboral. Gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra el señor ministro. El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias. Señora Coves, muchas gracias por sus amables palabras. En primer lugar, quiero decirle, sobre las cifras y el triunfalismo, que las cifras son las que son. Hay 47 000 millones de euros. Tenemos el mismo dinero para desarrollo rural, el mismo dinero para el primer pilar. Se verá cuando se vean las cifras. En el primer pilar siempre ha habido modulaciones y ajustes técnicos. Por lo tanto, las cifras son las que son y se van a ver. Los agricultores van a seguir percibiendo cantidades muy iguales, muy parecidas a las actuales. No sé lo que dice el señor Fischler, pero lo que hemos hecho nosotros es pedir un sistema para reducir la convergencia. Hemos agotado las posibilidades de reducir la convergencia. El modelo del comisario Ciolos es revolucionario respecto al anterior. Con los márgenes de flexibilidad que hemos ido obteniendo, ahora mismo podemos ir a un sistema muy próximo. Cada uno dirá si es continuista o no. Es continuista porque hemos llegado hasta aquí. Respecto a la tasa plana, es verdad que el padre de la tasa plana es el comisario Ciolos, no lo niego. La verdad es que una de las cosas que me encontré en los documentos de trabajo que hay en mi ministerio era que eran partidarios de una semitasa plana. No era la total, es verdad. Pero sí decía que era partidario de una cantidad inicial de 100 euros que se repartiera linealmente, y el resto, no; esa era la posición inicial. El documento se llama «Elementos Clave para la Configuración de la PAC del

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Futuro. Horizonte 2020 Contribución Española». No me lo he encontrado en un chamarilero o en una biblioteca de viejo; lo he encontrado en mi ministerio. Y no me lo ha dado nadie, porque cuando estaba en la oposición no sabía que existía este documento. Dice: «El primer elemento del nuevo régimen de ayudas sería una ayuda común de base a la agricultura, concebida como una ayuda uniforme por superficie agraria útil, SAU, de cuantía reducida, 100 euros/hectárea, aplicable por igual a todos los agricultores que ejerzan su actividad sobre dicha superficie, y que cumplan unos criterios de condicionalidad simples, claros y verificables». No me lo he inventado. Y es verdad que la tasa plana total era del comisario Ciolos. Con las mismas, le puedo reconocer que sus compañeros en el Parlamento Europeo han colaborado en nuestra estrategia sobre flexibilidad. Se lo puedo reconocer, pero este era mi punto de partida. Es decir, cuando aterrizo en el ministerio me pregunto cuál era el pensamiento de esta casa sobre este tema. Entonces, detectamos que no se habían dado cuenta de lo relativo a las hectáreas y que no se había hecho un estudio de impacto. Por tanto, lo primero que hice fue un miniestudio de impacto y me puse muy nervioso cuando vi lo que pasaba en el olivar. Por eso, cogí al comisario Fischler, lo monté en un helicóptero, junto con el comisario Ciolos, y les enseñé Andalucía y les dije que lo de la tasa plana no se podía poner allí, porque si a un señor que cobra 600 euros/ hectárea se le pone 200, se le mata. Las cosas son como son y no pretendo nada más. Las medias de cofinanciación utilizadas para las comunidades autónomas han sido muy distintas. La media es el 43%, pero, como le digo, hay comunidades autónomas que han tenido cantidades muchísimo más altas, y ese es el problema. Como en botica, hay de todo. La media es el 43,3%, pero Andalucía tenía el 36,6% de cofinanciación; a Valencia le daban el 64,9% y a otra el 50,2% y a Murcia el 29,9%. ¿Por qué? No lo sé, porque no entiendo por qué dan a Baleares el 48,3%, a Canarias el 41%, a Cantabria el 50%, a Castilla y León el 48,8%, a Castilla-La Mancha el 56,8% y a Cataluña el 36,7%. Al senador Maldonado le diré que la variación de cofinanciación de Cataluña es de un 36% a un 30%, porque en el pasado tenía un 36,7% de cofinanciación. Y Madrid, un 45,7%. Esa es la realidad, senadora Coves. Y me ha hecho una pregunta que tiene su interés, que es la siguiente. Me pregunta qué ha pasado con los fondos no utilizados en alguna comunidad autónoma. El problema que está habiendo con la utilización de fondos es que ninguna comunidad autónoma quiere decir que va a entrar en riesgo de pérdida de fondos, porque entonces la oposición empieza a crucificarla. Entonces, todo el mundo agota hasta el final para ver si concluye los periodos. ¿Qué hemos hecho en este periodo en la conferencia sectorial? Hemos adoptado un acuerdo sobre un sistema de alerta muy temprana para que, si vamos viendo que una comunidad autónoma no está ejecutando fondos, se los podamos pasar a otra. Por tanto, los fondos no se van a perder, lo que pasa es que va a haber comunidades autónomas que van a dar prioridad al desarrollo rural y que dirán que lo que no quiera la de al lado se lo pasen a ella para que se ejecute. Pero esa es una decisión política. Sucede lo mismo que con los seguros agrarios. Senadora Coves, yo he tomado la decisión de financiar los seguros agrarios y he dado prioridad política a este tema y, sin embargo, hay comunidades autónomas que han dicho que no financian los seguros agrarios. O sucede igual respecto a los incendios forestales y la limpieza de montes: yo he mantenido las tareas de prevención durante el invierno pero hay comunidades autónomas que han decidido que no le dan prioridad porque hay recursos escasos. Y no es verdad que no se enteraran las comunidades de lo del 30%. Yo llevaba varios meses avisando de que podía haber financiación cero, advirtiéndoles de que no estaba seguro. Cada vez que debatíamos sobre lo del primer pilar les decía que no había nada garantizado sobre cofinanciación. En las conversaciones con los consejeros se lo hemos ido anticipando. Además, al inicio de la conferencia sectorial —no fue al final—, antes de empezar a debatir sobre la distribución, les dije que calculasen que el porcentaje iba a ser del 30% en esas condiciones, y nadie pidió la palabra; nadie pidió la palabra, ningún consejero se opuso. En la conferencia en que debatimos este tema, que duró ocho horas, nadie pidió la palabra; curioso. Ha dicho usted que hay algún grupo de gente descontenta y es posible, pero en este momento ya no son seis comunidades sino cinco, de manera que no es necesario convocar la conferencia sectorial porque no hay quórum para pedirla, al margen de que ya hemos celebrado una conferencia sectorial, de acuerdo con el marco financiero que he recibido de mi Gobierno porque una de las cosas que hace este partido es que sabe los recursos que va a destinar desde el primer día, con seguridad jurídica, y no va variándolos a lo largo del período, según su leal saber y entender. Ahora hay un horizonte de seguridad absoluta y todo el mundo sabe exactamente lo que tiene.

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Hablaba usted de si era mi despedida o no y sobre si en Andalucía bien, mal o regular y, en este sentido, lo único que le digo es que soy ministro de España, que puedo tener mi corazón en alguna comunidad autónoma más que en otra, pero a la hora de repartir tengo que ser objetivo. Es muy fácil ser ministro socialista: a las mías, les doy y, a las demás, no les doy. (Rumores.) ¿A cuáles dieron? Aquí tengo los datos y, qué curiosidad, suben Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía; y a las otras catorce las masacran. ¿Qué quiere que yo le haga? Yo no he actuado del mismo modo porque a Asturias, Cataluña, las islas Canarias, al País Vasco, Navarra, que no son comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, no se me ha ocurrido tratarlas de ese modo porque los criterios objetivos llevaban a que Andalucía perdiese 400 millones de euros y he establecido un estabilizador para que no los perdiera. Por tanto, procuro ser ministro de España, tratar a todo el mundo por el mismo rasero y evitar injusticias. En este sentido, si usted compara la distribución de 2007-2013 con la que yo he elaborado, tendrá que convenir en que soy un caballero. (Risas.) Y usted que es una política de largo recorrido, en su fuero interno, sabe que es verdad, lo que pasa es que los papeles son los papeles. En todo caso, le agradezco su interés pero le puedo garantizar que en este momento desconozco cuál es mi destino porque nadie me ha indicado que sea distinto al de ser ministro de Agricultura en este momento procesal. Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia sobre temas de agricultura. Quiero pedir disculpas al senador Cotillas porque no le pregunté si quería intervenir en este turno, me despisté. COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, D. MIGUEL ARIAS CAÑETE, ANTE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PARA INFORMAR SOBRE EL ACUERDO ALCANZADO EN EL CONSEJO DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA UNIÓN EUROPEA CELEBRADO EN BRUSELAS (BÉLGICA) LOS DÍAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2013, EN RELACIÓN CON EL REPARTO DE POSIBILIDADES DE PESCA PARA 2014 (REGLAMENTO DE TACS Y CUOTAS) Y PARA INFORMAR SOBRE EL PROTOCOLO DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE PESCA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y EL REINO DE MARRUECOS TRAS SU RATIFICACIÓN POR EL PARLAMENTO EUROPEO CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2013. (Núm. exp. 711/000283) AUTOR: GOBIERNO COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, D. MIGUEL ARIAS CAÑETE, ANTE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PARA DAR CUENTA DE LA GESTIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE PESCA EN LAS DIFERENTES PARTES DEL MUNDO DE INTERÉS PARA EL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL. (Núm. exp. 711/000136) AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, D. MIGUEL ARIAS CAÑETE, ANTE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PARA INFORMAR SOBRE LA VALORACIÓN QUE REALIZA EL GOBIERNO SOBRE EL RECIENTE ACUERDO EN MATERIA DE PESCA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MAURITANIA. (Núm. exp. 711/000247) AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA El señor PRESIDENTE: Señor ministro, cuando quiera, empezamos las comparecencias relativas a la pesca. El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente. Señorías, España consiguió alcanzar sus principales objetivos en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea ―sin triunfalismos, señora Coves― que se desarrolló los días 16 y 17 de diciembre

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pasado. Gracias a la aplicación de una política de control rigurosa por parte de la administración pesquera española en estos últimos dos años, a una mejora en la cantidad y calidad de los datos disponibles para la evaluación científica, así como a la responsabilidad del sector pesquero español, una parte considerable de los stocks más importantes para nuestro país partían con propuestas de subidas. Empezando por el Gran Sol-aguas comunitarias, para el stock de la merluza norte, se había producido una subida histórica, al haber aumentado el 49% y 7497 toneladas más respecto al TAC de 2013. Ello supone una cuota total de 22947 toneladas y más de 22 millones de euros adicionales para nuestra flota en Gran Sol y Golfo de Vizcaya, que ve recompensados sus sacrificios en pro de una gestión sostenible y de un control riguroso de la pesquería. Para el rape, a pesar de que la Comisión Europea proponía mantener el mismo TAC de 2013, España consiguió un aumento del 15%, para tener una cuota total de 2.597 toneladas. Para el gallo, basándose en la falta de datos, la Comisión proponía TAC más bajos que en 2013 para los gallos de Gran Sol y Golfo de Vizcaya, pero España consiguió el mantenimiento del de 2013; es decir, 19.101 toneladas y disponer en 2014 de una cuota total de 6.629 toneladas. Para el abadejo, frente a la reducción propuesta por la Comisión Europea del 20%, se ha conseguido mantener igual cuota que en 2013; y la cuota de cigala obtenida para España en aguas comunitarias no españolas es de 1.511 toneladas, mientras que en el 2013 fue de 1.652 toneladas, incluido el Banco de Porcupine. La situación biológica del stock no permitía otra opción y el Gobierno quiso ser coherente y no pedir posibilidades adicionales. La cuota para España de bacaladilla se ha visto aumentada en un 42%, con un total de 20.405 toneladas. En el caladero nacional para pelágicos, como jurel, caballa y bacaladilla, la Comisión proponía una reducción del 40% para el jurel para alcanzar el rendimiento máximo sostenible en 2015. España solicitó una aplicación del plan de gestión, pero suponía una reducción de solo el 26% sin poner en duda el compromiso de sostenibilidad del stock. Los efectos sobre la flota de esta reducción se verán mitigados por el incremento en los stocks de caballas y del propio jurel en la zona IX y la cuota final para España ha sido de 16.582 toneladas. El jurel de la zona IX, que se pesca en el sur de Galicia, Golfo de Cádiz y aguas de Portugal, ha aumentado un 17% respecto a 2013, lo que supone para España una cuota de 9.055 toneladas en 2014. Mención aparte merecen los TAC provisionales fijados por la Comisión Europea para la caballa y la bacaladilla, ambos stocks se acuerdan en reuniones con los Estados costeros de la NEAFC, que son Unión Europea, Noruega, Feroe e Islandia, y la Comisión propone retener gran parte de las cuotas hasta cerrar las negociaciones. Sube la cuota un 28%; tenemos 29.000 toneladas de cuota inicial frente a las 22.709 del año pasado, pero esta cuota se va a ver incrementada cuando finalicen las negociaciones entre los Estados costeros, que es algo muy positivo para nuestro país, pues tenemos que seguir pagando en 2014 una multa de 10.000 toneladas de cuota por la falta de control de Gobiernos anteriores. La cuota española de bacaladilla se beneficia de un nuevo aumento espectacular y alcanzan las 19.500 toneladas frente a las 9.095 de 2013. Como en el caso de la caballa, esta cantidad está pendiente de completar cuando termine la negociación con los demás Estados costeros. En el caladero nacional: Golfo de Cádiz, Cantábrico y noroeste, en cuanto a demersales, sube espectacularmente la cuota del gallo que se pesca en el Cantábrico, Golfo de Cádiz y en aguas de Portugal, un 86% con respecto a la cuota de 2013. Y una nueva subida del 15% de la cuota de merluza del caladero nacional que dispondrá en 2014 de 10.409 toneladas. Frente a la reducción del 25% de 2013, este año el rape sube un 6%, quedando con una cuota para España de 2.191 toneladas, que es importante para Asturias. La Comisión Europea pretendía una reducción del 20% para el abadejo, pero mantuvimos el mismo TAC que el año pasado con una cuota para España de 208 toneladas. Para las cigalas del Cantábrico, y dada su mala situación biológica, no ha sido posible mantener el TAC de 2013 y hemos aceptado la reducción del 10% que aconsejaban los informes científicos. En el sur de Galicia y Golfo de Cádiz el boquerón del sur de Galicia y del Golfo de Cádiz mantienen la cuota del año pasado, con 4.198 toneladas, a las cuales hay que añadir otras 672 del sobrante de 2013, y todo ello gracias al acuerdo de febrero de 2013 para el reparto y gestión de esta especie por puertos. Para la cigala se ha producido una disminución del 11% respecto a 2013, con un total para España de 55 toneladas, inevitable ante la mala situación del stock.

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En resumen, señorías, contabilizando las subidas y bajadas de la totalidad de cuotas, resulta un saldo positivo para España de 24.000 toneladas que, aplicando un valor medio de dos euros por kilo, resultan unos ingresos adicionales respecto a 2013 de 50 millones de euros para la flota española. En cuanto a las pesquerías en aguas extracomunitarias o TAC externos en el ámbito de los stocks gestionados por organizaciones regionales de pesca, y como resultado de la negociación en cada una de ellas, en general se saldan con el mantenimiento de los TAC de la mayor parte del stock de interés para la flota España, con excepción de una bajada mínima del 0,5% en el caso del fletán negro en NAFO, conforme a las exigencias del plan de recuperación en vigor. Otro dato a tener en cuenta es la apertura de la pesquería de bacalao en la división 3M, en Terranova, de NAFO y el TAC que sube un 3%, con una cuota para España de 2.078 toneladas en 2014. Otros stocks importantes para la flota española, como la gallineta nórdica y la raya, se mantienen a niveles de años anteriores. En ICCAT se mantienen las cuotas para los próximos tres años del pez espada del Atlántico, tanto en el stock norte como en el stock sur. Y se mantienen las cuotas para los próximos tres años para el atún blanco, bonito del Norte, para España. Sobre el atún rojo del Este para este año de 2014 se mantiene la misma cuota que en 2013 pese a los esfuerzos realizados para lograr un ligero aumento del TAC con el beneplácito del consejo científico y la no oposición de los otros Estados miembros, y que encontró la incomprensible cerrazón de la comisaria europea. Señorías, para finalizar y como resumen del resultado de estas negociaciones, podemos manifestar que en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea alcanzamos un resultado satisfactorio para los intereses de nuestro sector pesquero. No quiero dejar de resaltar la imagen ofrecida por España durante las negociaciones como un país serio, responsable y que practica una pesca sostenible y que defiende sus intereses con argumentos científicos sólidos, sin sacrificar los beneficios a largo plazo por consideraciones miopes. Pasaré a exponerles el acuerdo Unión Europea-Marruecos y el protocolo de aplicación del mismo. Al incorporarme al ministerio me encontré con un protocolo de aplicación del acuerdo Unión EuropeaMarruecos suspendido a consecuencia del voto en contra del Plenario del Parlamento Europeo, dejando a la flota que utilizaba las posibilidades de pesca en este caladero en situación precaria, en especial a los pesqueros artesanales del Estrecho y de Canarias. El voto negativo de la Eurocámara en diciembre de 2011, basado en la falta de aclaraciones suficientes sobre los beneficios que el protocolo revertía a las poblaciones locales, básicamente las del Sahara Occidental, y la ausencia de consecuencias prácticas en caso de no respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes, supuso un duro mazazo para las relaciones bilaterales UE-Marruecos y obligó a una interrupción inmediata de la actividad pesquera de la flota comunitaria. La desconfianza de las autoridades marroquíes respecto de la Unión Europea motivó un período de incomunicación entre las partes y, sobre todo, provocó la paralización de gran parte de la flota española que faenaba en aguas marroquíes. Las iniciativas del Gobierno para paliar esta situación fueron inmediatas, una vez que tomé posesión como ministro y como me comprometí en esta Cámara. Primero hice contactos bilaterales tanto con las autoridades marroquíes como con la comisaria de Pesca de la Unión Europea, María Damanaki, para tratar de desbloquear la situación. En segundo lugar aprobamos ayudas a la paralización de la flota afectada y a sus tripulantes con duración de un año, que es el máximo permitido por la normativa europea, a partir del 14 de diciembre de 2011, que beneficiaron a 63 armadores por un total de 4.570.866 euros y a 595 tripulantes con 6.537.645 euros, y ello en un contexto conocido de restricciones presupuestarias. Los contactos bilaterales surtieron efecto y motivaron un trabajo de acercamiento de posiciones entre los negociadores de la Comisión Europea y las autoridades marroquíes, a través de varias reuniones técnicas para encontrar una salida a los asuntos más espinosos, de corte puramente político, sin olvidar algunos aspectos técnicos que dificultaban la rentabilidad de la actividad pesquera en el anterior protocolo y resultaban en la práctica en nula utilización de alguna categoría de pesca. Tras este arduo trabajo, se consiguió retomar el proceso negociador en noviembre de 2012, con avances positivos desde el punto de vista pesquero pero con dificultades visibles en los aspectos políticos y en el paquete financiero, motivado por la reducción de la contribución financiera de la Unión Europea. Desde la primera de las seis rondas de negociación, fue patente la voluntad de las autoridades marroquíes al máximo nivel de alcanzar un acuerdo. El 26 de julio de 2013, tras la sexta ronda negociadora, se

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consiguió rubricar el Protocolo de Aplicación del Acuerdo de Pesca Unión Europea-Marruecos, con resultados positivos en lo que respecta a las posibilidades de pesca ofrecidas a la flota española. Entre las mejoras destacan las licencias de cerco al sur, más licencias para la categoría 2, y mejoras en la categoría 4 para incluir a los arrastreros afectados por el acuerdo con Mauritania. Debido al desenlace negativo del proceso de tramitación del protocolo anterior, las autoridades marroquíes no accedieron a la inclusión de una cláusula de aplicación provisional del protocolo, cuestión que determinaba que la actividad de pesca no pudiera reanudarse hasta el momento en que ambas partes hubieran finalizado sus procesos de ratificación, siendo estos, por parte de la Unión Europea, los siguientes: la elaboración de las propuestas legislativas por parte de la Comisión Europea, traducción a todas las lenguas oficiales por los juristas lingüistas, presentación y debate en el Grupo de Política de Pesca del Consejo, aprobación por el Coreper y posterior aprobación por el Consejo de Ministros en cualquiera de sus formaciones, tras lo cual se inicia la tramitación en el Parlamento Europeo, con elaboración del informe del ponente y presentación en la Comisión de Pesca, y aprobación por ésta y por las Comisiones de Presupuesto y de Desarrollo, con la posibilidad para cualquiera de los miembros de estas comisiones de solicitar informe al servicio jurídico del Parlamento. Tras pasar estos filtros, se debatió y votó en el Parlamento, procedimiento que podía llegar a durar doce meses. En el caso de Marruecos se requería la aprobación de los consejeros reales, la aprobación del Consejo de Ministros, la remisión al Parlamento para que lo aprobase y la posterior firma del Rey. El acuerdo ya ha sido aprobado tanto por el Consejo de Ministros como por ambas Cámaras del Parlamento marroquí, por lo que una vez firmado por el Jefe del Estado y comunicado este hecho a Bruselas, entrará en vigor. Desde el comienzo de la tramitación comunitaria, el Gobierno de España utilizó toda su influencia para acelerar el proceso interinstitucional, con el fin de conseguir una mayoría sólida en el Parlamento Europeo que evitara una situación similar a la de diciembre de 2011. Finalmente, en un tiempo récord para este tipo de procedimientos, tras la aprobación del Consejo de Pesca de noviembre de 2013, el Parlamento Europeo, en Plenario los días 10 y 11 de diciembre, aprobó por mayoría —310 votos a favor, 204 en contra y 49 abstenciones— el texto del protocolo que el Consejo de 18 de diciembre ratificó, todo ello en menos de seis meses desde la rúbrica. Yo agradezco la colaboración de los grupos políticos de esta Cámara al asegurar una gran mayoría de votos españoles y de otras delegaciones del Parlamento Europeo. Las autoridades marroquíes decidieron no iniciar el trámite de ratificación hasta que se confirmara la conclusión del procedimiento legislativo comunitario. Y en este momento estamos pendientes solamente de que se transmita que ya ha sido firmado el protocolo. Paso a atender las solicitudes de comparecencia presentadas por el Grupo Socialista sobre los tratados internacionales de pesca y sobre el acuerdo con Mauritania. Señorías, como saben ustedes, España es con mucho el principal beneficiario de los acuerdos de pesca que la Unión Europea suscribe con terceros países, pues la flota española está presente en la mayoría de ellos. El desarrollo de los acuerdos de pesca de la Unión Europea, en buena medida heredados de España tras su adhesión, es una de las prioridades de la política pesquera española por varias razones: en primer lugar, para dotar de mayor seguridad jurídica a la flota mediante la creación de marcos de actuación estables y previsibles; en segundo lugar, el respaldo de la Unión Europea en la resolución de eventuales discrepancias con el país tercero; y por último, reducir sensiblemente los costes de acceso a estos caladeros para nuestros buques al contar con una aportación financiera de la Comisión Europea. Desde la aprobación de las conclusiones del Consejo sobre la Dimensión Exterior de la Política Común Pesquera en junio de 2012, la Comisión Europea ha venido aplicando un nuevo enfoque a la negociación de acuerdos de pesca con terceros países sobre la base del nuevo modelo de Acuerdos Sostenibles de Partenariado de Pesca. Los principios fundamentales que recoge este nuevo modelo, que compartimos en su mayoría, son los siguientes. En primer lugar, que la flota comunitaria solo podrá explotar los recursos de un país tercero si existe un excedente contrastado por estudios previos independientes. En segundo lugar, la reducción paulatina de la aportación financiera del presupuesto comunitario para alcanzar un reparto más equilibrado de los costes de acceso entre los armadores y la Unión Europea. En tercer lugar, la inclusión de cláusulas suspensivas en materia de respeto de derechos humanos por parte del país tercero y cláusulas de exclusividad que impidan a la flota comunitaria faenar en dichos países fuera del marco de los acuerdos en vigor.

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Al comienzo de la legislatura, el estado de la red de acuerdos era bastante deficiente, en parte por la suspensión de algunos acuerdos clave, como Marruecos o Gabón, o por los enfoques erróneos de las negociaciones, como el caso de Mauritania. Otros acuerdos, como el de Senegal, llevaban varios años hibernados y sin visos de renegociación a corto plazo. Esta parálisis era atribuible tanto a la indolencia de los responsables de las negociaciones como al desinterés de los Estados miembros del Norte, principales contribuyentes al erario comunitario, pero que se benefician escasamente de los acuerdos de pesca. Siendo un área de vital importancia para la flota española, una de las prioridades de mi ministerio fue excitar a la Dirección General del Mar para que diera un nuevo impulso a la política de acuerdos, lo que llevó aparejados ciertos cambios en los responsables de las negociaciones de dichos acuerdos y una nueva actitud que han contribuido a mejorar sensiblemente la situación. Fruto de estos esfuerzos ha sido la negociación de acuerdos como los de Marruecos, Mauritania, Gabón, Santo Tomé y Príncipe, Guinea Bissau, que está pendiente por un golpe de Estado, Mozambique, Costa de Marfil, Mauricio, Madagascar, Seychelles y Kiribati. Por otra parte, la Comisión Europea ha iniciado ya la primera ronda de negociaciones con Senegal y tiene previsto iniciar conversaciones con Kenia y Tanzania, dos países de especial relevancia para nuestra flota atunera. En cuanto al acuerdo Unión Europea-Mauritania, señorías, cuando este Gobierno se hizo cargo de la negociación con Mauritania, el Gobierno anterior ya había admitido ante la Unión Europea y ante Mauritania, antes de comenzar a negociar, la exclusión de la flota cefalopodera gallega, 24 buques, y había consentido la firma por parte de la Comisión Europea de condiciones de pesa para el resto de los barcos, en especial marisqueros andaluces, que imposibilitaban rentabilizar la actividad. Por este motivo, el Gobierno afirmó que España no apoyaría un acuerdo con Mauritania con esas importantes restricciones en las posibilidades de pesca ofrecidas. Gracias a esta posición firme del Gobierno y del Partido Popular en el Parlamento Europeo, se pudieron reconducir algunas de las deficiencias del acuerdo de Mauritania, pero aquel país no aceptó, por razones de política interior, la inclusión de la flota cefalopodera. Frente a la postura unánime de la delegación española del Partido Popular europeo en defensa de esta postura, la delegación del Partido Socialista se dividió entre los partidarios de apoyar el acuerdo actual y quienes lo rechazaban. Así, tras sucesivas iniciativas del Gobierno español solicitando la convocatoria de comisiones mixtas y reuniones del comité científico conjunto, se revisaron las condiciones de pesca de la flota, lo que ha permitido que los marisqueros andaluces vuelvan al caladero, no así la flota cefalopodera gallega. Al mismo tiempo que trabajaba en pro de la mejora de las condiciones técnicas, el Gobierno tomó importantes medidas paliativas para las flotas paralizadas por el acuerdo de Mauritania, ayudas de un año desde el 31 de julio del 2012, hasta el límite permitido por la legislación de la Unión Europea. Además, instó a la Comisión Europea y medió con los terceros países para reactivar los acuerdos en suspenso o para modificar las condiciones acordadas. Por último, se ha facilitado, a través de nuestra red de embajadas, la obtención de licencias privadas con países con los que la Unión Europea no tiene acuerdos para que no queden buques sin actividad en ningún momento de la flota marisquera y cefalopodera. De las ayudas dadas por el ministerio a la flota afectada se han beneficiado 36 armadores de buques por un importe total de 11 541 552 euros y 139 tripulantes por un importe de 1 604 250 euros. En la renegociación del acuerdo, cuyo comienzo está previsto para primeros de marzo, volveremos a insistir en la existencia de un excedente al que podría acceder nuestra flota. La posición de partida es que deberá reducirse significativamente la contrapartida financiera si se mantienen las posibilidades de pesca y condiciones técnicas actuales. Sólo se mantendría la contribución financiera en niveles próximos a los presentes si se comparte de nuevo el excedente de cefalópodo. Se debe resaltar que, a día de hoy, solamente un buque de esta flota ha solicitado el desguace porque hemos conseguido encontrar alternativas para el resto. Muchas gracias, presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Igual que en la anterior comparecencia del señor ministro, primero tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, solicitante de la comparecencia. Tiene la palabra el senador Fidalgo por tiempo de diez minutos. El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente. Me toca, en este caso, fijar la posición del Grupo Socialista, pero permítame que antes haga una precisión en honor a la verdad que yo creo que debe presidir estas reuniones.

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La razón de que no se haya celebrado antes esta comisión no es porque haya preguntas reconvertidas, sino porque el Gobierno no ha puesto fecha —o eso al menos fue lo que nos dijo el presidente— hasta hoy después del Pleno y, por supuesto, aquí estamos nosotros a la hora que nos digan, el día que nos digan y haciendo el esfuerzo que haya que hacer. En todo caso, los grupos tienen derecho a que el Gobierno responda las preguntas reconvertidas porque no han sido contestadas en plazo por el Gobierno y, por lo tanto, lo aceptamos. La prueba es que se están celebrando estas comparecencias y esas preguntas no han sido respondidas hasta la fecha. Por cierto, tampoco se cumplió el acuerdo por parte de la Presidencia relativo a que hoy se conociera la fecha en que van a ser respondidas por el Gobierno. No obstante, paso a la comparecencia. Hemos aceptado todo eso porque entendemos que el momento del ministro es de despedida. Pero debo reprocharle que la última vez que estuvo aquí fue para celebrar nueve comparecencias, alguna, por cierto, no consumada, como la relativa a los temas de pesca. Fue el 30 de octubre de 2012. Me parece que ha pasado suficiente tiempo para haber acordado una fecha. En todo caso, debo reprocharle que en un año como 2013 no se haya celebrado ninguna comparecencia específica y monográfica sobre los temas pesqueros, habiendo sido el año en que se aprobó la nueva Política Pesquera Común, el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, en el que ha habido importantes negociaciones y decisiones que afectan al sector, y que además el Gobierno no haya estado aquí para explicar esas cuestiones cuando en esta comisión, precisamente, se elaboró nada más empezar esta legislatura un documento sobre la Política Pesquera Común, que quiso ser una aportación al Parlamento Europeo, al Gobierno de España y a todas las partes que estaban en este proceso, con una voz unánime que tiene el valor de contar con un documento de consenso amplio, bien documentado y muy completo sobre las líneas que debería mantener la Política Pesquera Común. Hay una continua ausencia del Gobierno en esta comisión, y yo no le reprocho que vaya a otros Parlamentos, pero en el Senado hay una ausencia llamativa, máxime cuando parte del Gobierno ha impulsado la reprobación de la comisaria de Pesca, una comisaria a la que le quedan unos meses de mandato. Si el señor ministro aspira a ser comisario, me parece que es un mal precedente para él. También tengo que reprocharle al ministro, así como al Gobierno, la utilización permanente de un doble discurso. Lo denuncié ya en el debate de esa reprobación. Me parece que no se puede jugar a que cuando hay un resultado positivo es gracias al supermán, al éxito del ministro de Agricultura. Creo que un poco de modestia a veces es una buena consejera. Sin embargo, cuando hay críticas, cuando hay un acuerdo criticable, cuando hay sectores sensibles que se sienten perjudicados, siempre es culpa de la Unión Europea, de un comisario o de la lentitud de las instituciones europeas. Me parece que no es este el momento de predicar el euroescepticismo, cuando la salida y la solución social y económica es la Unión Europea. Creo que hay que ser coherentes con esos posicionamientos. Desde luego, algunos los tuvimos durante toda nuestra vida. Por lo menos, los recién llegados al europeísmo deben ser coherentes y firmes en sus convicciones y no andar cambiando de posiciones. Asimismo, nos parece poco coherente que este Gobierno realice pocas acciones en defensa del sector pesquero, un sector que en muchas comarcas, tierras y territorios, es la principal forma de vida de mucha gente. Por tanto, hay que darle la importancia adecuada. El Gobierno nos da hoy una breve explicación de las decisiones del Consejo de Ministros relativas al reparto de cuotas. Es verdad que ha habido más consejos de ministros y el Gobierno nunca compareció aquí para explicar su posición, los logros, los fracasos o los problemas de dichos consejos. Por cierto, nos ha repetido, literalmente incluso, las faltas de ortografía de la comparecencia del Congreso del pasado 12 de febrero, aunque es verdad que lo ha leído en menos tiempo. Yo tengo la tentación de leerle lo que dijeron los otros portavoces. Me parece que conviene, al menos, cambiar los chistes en este momento del trámite. Ha hablado del Consejo de Ministros del 16 y 17 de diciembre. Yo le reprocho también la doble moral de que cuando no hay cuotas se fomenta la filosofía de que es culpa de la Unión Europea, de la comisaria, y si las cosas salen bien es gracias a usted. A mí me parece que no es justo ni para la Unión Europea ni para usted, más que nada porque supongo que cuando algo sale mal tampoco solo es culpa suya. Respecto al acuerdo con Marruecos, hemos perdido dos años. Los acuerdos internacionales que han terminado su mandato han finalizado siendo usted ministro, estando usted gobernando. Por lo tanto, es usted el máximo responsable de lo que ha pasado en estos dos años, y supongo que tampoco querrá rehuir esa responsabilidad. La prórroga ha acabado a finales del 2012 y usted tomó posesión a finales del 2011. Por cierto, con ese acuerdo hemos perdido licencias y número de barcos. Y si nos ponemos a hablar de herencias, déjeme que le recuerde que el Gobierno de Zapatero en el año 2005 consiguió licencias para 240 barcos, y ahora creo que tenemos bastantes menos.

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Sobre el resto de los tratados internacionales cabe hablar de la característica principal de su Gobierno. Han concluido múltiples tratados internacionales que concedían licencias para barcos y empresas españolas y en los nuevos tratados en muy pocos se ha conseguido negociar salidas, soluciones y prórrogas o continuidad. La relación es interminable pero yo le pido que dé cuenta a esta comisión de qué países han terminado tratados internacionales para desarrollar la actividad pesquera, cuáles en concreto se han renovado o están a punto de renovarse y cuáles no y qué supone eso para el sector. Yo creo que esta comisión tiene derecho a saber cómo están este tipo de cuestiones tan importantes. Sobre el tema de Mauritania es verdad que la otra comparecencia quedó interrumpida y que no llegamos a debatir la cuestión. Yo solo le planteo que es verdad que hemos perdido barcos y que ahora, además de perder estos dos años y todo lo que hemos perdido, hay un sector en la flota cefalopodera gallega que también ha perdido, lo que supone el cierre de muchas empresas y la pérdida de muchos trabajadores, los que iban a bordo y los que trabajaban fuera, en la industria, etcétera. Desde luego, supone casi el cierre de un puerto importante y creo que, dado el alcance de este asunto, el Gobierno debe tratar esta cuestión. Esto no es una herencia, es una cuestión que ha tocado su Gobierno y me parece que, si no es posible renegociar nuevas licencias, después de perder dos años, por lo menos habría que intentar buscar salida en otros países a través de tratados internacionales. Pero esos veinticuatro barcos con sus tripulantes y todo el empleo indirecto que genera en el sector deben recuperar su actividad. Dada la agilidad del trámite, permítame que le pregunte un par de temas que se me escapan porque ya no responden preguntas ni hay otras comparecencias. Me gustaría saber si el Gobierno ha previsto alguna medida para paliar los daños que han ocasionado los temporales en la actividad del sector pesquero. En el caso de la cornisa cantábrica —Galicia, País Vasco, etcétera—, llevan tres meses sin actividad, y no solo el sector extractivo, también repercute en la acuicultura, los mariscadores, etcétera. Respecto del grupo Pescanova, que en Galicia tiene una importancia máxima, me gustaría saber si el Gobierno está haciendo algo y cuáles son los resultados al respecto. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo. Quizá tenga que disculparme yo porque es culpa mía no haberle notificado la presencia en esta comisión del secretario de Estado para responder a preguntas que tenemos pendientes. Con las prisas del Pleno y esta sesión de la comisión se me ha pasado, pero sepa que en un plazo prudente comparecerá aquí el señor secretario de Estado. Ha dicho usted que no hay comparecencias pendientes pero, tras esta comparecencia del señor ministro, queda una pendiente que, si mal no recuerdo, es sobre los fondos marítimos de la pesca. Queda esa pendiente pero se han metido las que usted seleccionó el otro día. Ahora no es el momento oportuno de hablar de ello, pero también se tratará. ¿Qué grupos quieren intervenir? (El señor Maldonado i Gili pide la palabra.) Senador Maldonado, tiene la palabra. El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, no sé si porque llevamos aquí trece horas sin salir o porque este portavoz ha sido ponente de una moción de pesca, pero parece que la parrafada que nos ha echado sea para anestesiarnos del todo, porque yo me he quedado grogui, por lo que no voy a entrar en su intervención, pues esta ha sido extensa, laboriosa, muy elaborada y realmente espectacular, y por tanto, la doy por buena. Y como ya le han nombrado comisario de Pesca de la Unión Europea, no sé si felicitarle, porque no sé si está usted haciendo aquí un máster de alto nivel sobre distintas especies de pesca. Pero yo voy a ir por otro lado, y lo voy a hacer muy rápido, porque, bromas aparte, creo que tampoco es momento de alargarnos mucho. Señor ministro, permítame que le diga que, viendo todas estas comparecencias, alguna incluso a petición propia, este portavoz encuentra a faltar que después de tanto y tanto tiempo sin comparecer, en su intervención sobre pesca no haya dicho nada de la pesca de litoral o pesca costera. Porque cada portavoz representa a un territorio, y es verdad que el Grupo de Convergència i Unió vota y da apoyo a cualquier iniciativa, sea del nivel que sea. Nosotros hemos votado y hemos apoyado mociones de pesca de altura, cuando usted sabe que en Cataluña, salvo en L´Ametlla de Mar, donde hay una única empresa de atún, ese no es un sector en el que tengamos una gran penetración. Pero, como digo, nosotros aportamos y procuramos dar apoyo a cualquier iniciativa que pueda favorecer a sectores económicos —en este caso al de la pesca—, aunque sea un sector que en

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Cataluña no tenga demasiada penetración. Pero esta mañana me quejaba en el debate de una moción presentada por el Grupo Popular, porque sus compañeros de grupo hacen sobre todo brindis al sol con todas esas mociones de pesca que presentan y también porque las iniciativas que presentan se refieren principalmente al Atlántico, y no las encontramos sobre el Mediterráneo. Y esto es algo que sí me preocupa, porque, como sabe, los problemas, haberlos, haylos en todas partes, y en la pesca de litoral, en la pesca de costa se están sufriendo muchas dificultades, y por ello, me habría gustado que hubiera entrado más en ello, que nos hubiera dado más información, que lo ha hecho muy bien respecto de lo demás. Como digo, me habría gustado oírle hablar un poco más de pesca de litoral, de reducción de flota, de apoyos institucionales del Gobierno y del ministerio, etcétera, y quizá porque las cofradías de pescadores de Tarragona y de Barcelona hacia arriba, de Girona, etcétera, estarán hoy muy atentos a lo que dice su ministro, y veo que no ha dicho nada sobre este sector. Por ello quisiera pedirle que nos ampliara un poco la obra del Gobierno y del ministerio desde el punto de vista de pesca de litoral. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Larriba. La señora LARRIBA LEIRA: Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente esta mañana hemos tenido la oportunidad de debatir sobre temas de su departamento, y veo que se insiste también ahora en los reproches a la escasez de comparecencias por su parte, señor ministro. A mí me van a permitir que les diga, señorías, que creo que están viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, porque la antecesora del señor ministro en el Gobierno no compareció en esta Cámara nunca, ni para presentarse, y la que le antecedió lo hizo solo en tres ocasiones. Por tanto, señor ministro, creo que este partido lo va ganando usted claramente. Pero es que, además, la oposición también nos está reprochando que seamos laudatorios con la política del Gobierno, y yo me pregunto qué esperaban. ¿Que aplaudiéramos la gestión en materia de pesca del Gobierno socialista anterior? Pues es que no podemos hablar bien de la política pesquera anterior, y mucho menos en los temas sobre los que estamos hablando esta tarde; es decir, en lo referido a los TAC y cuotas, porque sus consecuencias nos siguen afectando y muy directamente. El pasado mes de febrero de 2013 la Comisión Europea sancionó a España por sobrepesca de la cuota de caballa en 2009, multa que vino a unirse a la que ya se estaba pagando por incurrir en la misma infracción en 2010. Ambas van a suponer una reducción de 9747 toneladas para cada uno de los años 2013, 2014 y 2015, que impedirán el desarrollo de la pesca en economías ya muy afectadas por las restricciones generales a la actividad y agravadas por la actual situación de paro. No les extrañe que ante esta situación de falta de control tolerada por el Gobierno anterior, nos felicitemos porque el actual ministerio no haya escatimado esfuerzos para amortiguar el impacto socioeconómico que estas onerosas sanciones tienen en el sector dedicado a esta pesquería. El ministerio no quiere ver reducidas las legítimas expectativas de pesca en una época de abundancia de caballa en nuestras aguas, a la vista del informe publicado en octubre por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, de ahí que nos consta su firme compromiso con el control de la actividad como único medio para asegurar la gestión sostenible de nuestras pesquerías a largo plazo y evitar que la sobrepesca se repita en el futuro amenazando la viabilidad del sector. Pese a las dificultades, la Secretaría General de Pesca ha resuelto abrir la pesquería de caballa en aguas del caladero nacional del Cantábrico y Noroeste a los buques censados en la modalidad de arrastre de fondo, que afecta a 102 buques y que supone además que van a tener la oportunidad de un incremento de la cuota global para esta modalidad del 33,58% con respecto a la campaña 2013. Pero es que además los resultados que ha conseguido España gracias a este ministerio en la negociación de los TAC y cuotas de pesca para este año son excelentes, y no voy a insistir en ellos porque afortunadamente el ministro nos los ha descrito con detalle. En relación con los acuerdos de pesca, las noticias también son buenas. Reconocemos que el ministerio ha hecho un esfuerzo muy importante para superar el bloqueo surgido por el rechazo del Parlamento Europeo a finales de 2011 a prolongar el acuerdo anterior entre la Unión Europea y Marruecos. El acuerdo supone una mejora con respecto al protocolo anterior, se han aumentado las posibilidades de pesca, lo que incidirá de manera positiva en la rentabilidad de la flota pesquera. Este nuevo acuerdo no solo supone que las flotas puedan volver a faenar en el caladero marroquí, sino que podrán hacerlo en las mejores condiciones posibles, permitiendo el retorno al mismo a 126 barcos

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europeos, de los que aproximadamente un centenar son españoles, en su mayoría de carácter artesanal y con más de 700 tripulantes, principalmente de Andalucía y Canarias. El acuerdo con Mauritania —muy mal negociado por la administración comunitaria desde el principio— ha sido ampliamente mejorado con respecto a los planteamientos iniciales, especialmente para la flota marisquera. En cuanto a los cefalopoderos, señor Fidalgo, todos los eurodiputados españoles estuvieron de acuerdo en acusar a la comisaria Damanaki por su mala negociación en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. Antes de terminar, por las alusiones que ha hecho el señor Maldonado, que se lamenta de que hay una falta de sensibilidad con los temas que afectan a las flotas del Mediterráneo, quiero decir que aunque sea un pequeño chascarrillo, sí que es cierto que el ministro ha elegido acudir en la celebración del Carmen de este pasado año a Tarragona. (Risas.) Pero es que además nos consta que se han programado, por ejemplo en este mes sin ir más lejos, unas jornadas en Valencia a las que están convocados el sector y las comunidades autónomas para la revisión del Reglamento de medidas técnicas del Mediterráneo, o la revisión del Plan de gestión para el rastrel de cadenas. No estamos de acuerdo, por tanto, en que no haya una preocupación por los temas que afectan a las flotas de Mediterráneo. Termino diciendo, señor ministro, que seguimos confiando mucho en su buen conocimiento del sector y del equipo de la Secretaría General de Pesca, en su experiencia y capacidad de gestión y negociación en el marco nacional, comunitario e internacional y le deseamos, al menos, el mismo nivel de éxitos que se han logrado hasta la fecha. Muchas gracias, presidente. El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Larriba. Señor ministro, cuando quiera puede contestar. El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Señor Fidalgo, yo voy a hacerle una reflexión inicial. Cuando están las cosas bien, no digo que es mi mérito y cuando salen mal, que es culpa de la Comisión. Llevo muchos años en la Unión Europea y nunca ha sido ese mi estilo. Pero sí trato de analizar, cuando las cosas salen bien, por qué salen bien, y cuando salen mal, por qué salen mal. ¿Cuál era el problema de España en la negociación de cuotas pesqueras? Era muy claro. La Comisión Europea pensaba, con fundamento, que España no hacía una inspección de desembarques de la actividad pesquera, que levantaba la mano y que cuando no conseguía negociar cuotas suficientes lo que hacía era no inspeccionar los desembarques y, por lo tanto, no respetaba las cuotas comunitarias. Y de ahí vienen las multas millonarias de la caballa, con las que yo me enfrenté el primer día que llegué al ministerio, que me lo despaché. Muy curiosamente, la ministra anterior consiguió a su vez una negociación muy curiosa con la Comisión: en vez de sancionar primero el año donde había habido más rebasamiento y después el siguiente, consiguió que pusieran la multa del año 2011, que había habido menos, y dejar las de 2009 y 2010 para el siguiente, que, total, que arreara. Esos son pequeños gajes del oficio que yo sé. Y le dije a la comisaria: ¿cómo te has prestado a este juego de dejar las multas para el siguiente, en vez de hacerlas en el momento procesal oportuno? Nosotros lo que hemos hecho es recuperar la confianza de la Comisión Europea, con mucho esfuerzo, con mucha dureza y con poca popularidad, porque reforzar la inspección pesquera no hace, precisamente, popular al ministro del ramo, le hace respetable a la Unión Europea, pero en España, a los pescadores no les agrada que estemos inspeccionando desembarques, lonjas, y que estemos poniendo orden en esto. Pero gracias a eso ¿qué pasa? Que cuando hay dudas en los datos científicos podemos defender más posibilidades, porque antes decían: para qué les vamos a dar a estos españoles si total van a pescar lo que quieran. Entonces: pocas cuotas, poco respeto de las mismas y poca credibilidad. Señor Fidalgo, eso ha sido así, se lo digo con tristeza. Porque a mí, llegar y ver cuál era la imagen que tenían de mi país no me era agradable, precisamente. Hemos hecho otra cosa, reforzar la investigación pesquera en aquellas zonas en que creíamos que la comunitaria estaba más errática, para poder negociar con conocimiento de causa en todos los ámbitos. Y este año las cosas han salido bien, primero, porque los pescadores de los planes de recuperación de la merluza han hecho un trabajo serio y han sido consecuentes y, segundo, porque tenemos mejor imagen en la Unión Europea y las cosas han salido razonablemente bien. Y cuando han salido mal... Yo, la única ocasión en que le echo la culpa a alguien es a la comisaria en el caso del atún rojo. Porque teníamos los informes científicos a favor, los países de la Unión Europea a favor, nadie en contra y, por presiones de

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los grupos ecologistas, que no actúan de acuerdo con criterios científicos, sino de acuerdo con sentimientos, por decir algo, la comisaria prefirió plegarse a los intereses de los ecologistas que al interés del sector. Le reconozco que, en ese momento, no pudimos convencerla, pero, para ver si lo conseguimos, estamos preparando una estrategia distinta, más sofisticada para la próxima ocasión. Ha habido una cosa en su intervención, señor Fidalgo —usted que es una persona seria y rigurosa—, que me ha causado sorpresa. Cuando dice: llega usted y se carga el acuerdo con Marruecos. Oiga, no. Cuando se produce el voto del Parlamento Europeo era un feliz ciudadano que no era ministro, recién elegido diputado, y me despaché con que el Parlamento Europeo vota en contra de ratificar el protocolo con Marruecos. Y vota en contra por muchas razones, pero, entre otras, porque no se había hecho una intensa acción diplomática sobre todos los Gobiernos y todos los parlamentarios para conseguir un voto favorable. A mí me ha costado un año de trabajo conseguir el voto del Parlamento y muchísimos viajes a Estrasburgo. No me consta que ninguno de mis predecesores o predecesoras viajara a Estrasburgo a hablar con los parlamentarios, ni con los presidentes de grupo, ni que se recorriera las cancillerías europeas pidiendo el voto uno por uno a los países miembros para que sus parlamentarios nos apoyaran. Es una operación de alcance la que hemos hecho para sacar esto adelante, porque el lobby de los amigos de las poblaciones del Sahara Occidental es muy potente en el Parlamento Europeo, como saben sus señorías. Tienen muchos amigos en todos los países del mundo. Ha costado mucho sacar esto adelante. En primer lugar, el que no se ratificara no es responsabilidad de este Gobierno. Este Gobierno es responsable de haber llevado a Marruecos a la mesa de negociación. Y le digo que volver a llevar a un país árabe a la mesa de negociación, que ha visto rechazado el acuerdo por un Parlamento, no es una tarea de las más fáciles. He dedicado muchos días, muchas horas y muchos viajes para que se retomaran las negociaciones. Punto uno. Punto dos: no se ha perdido una sola posibilidad pesquera. Yo no sé de dónde saca usted la cifra de barcos del Gobierno anterior. Se ha mejorado el número de buques y las zonas de pesca en todos los casos: en artesanales del Norte, en cerco y pequeños pelágicos, en el de palangre de fondo, en artesanales del Sur, en pesca demersal, arrastre, en atuneros cañeros y en pesca pelágica industrial. Se mejoran las posibilidades de pesca y aumentan las licencias, no sustancialmente, pero no se pierde una sola licencia de pesca, ni en broma. Por tanto, revise sus datos porque no sé a qué época se refiere usted. No obstante, en comparación con el acuerdo que expiró, este tiene más posibilidades de pesca y mejores zonas de pesca, y vamos a convocar la comisión mixta para intentar mejorarlas todavía más, porque se ha registrado además un fenómeno nuevo. Existe un comité mixto hispano-marroquí del sector pesquero y los dos sectores hablan entre sí, lo cual es bueno porque ha eliminado muchas reticencias y está funcionando razonablemente bien. Esa es la situación del acuerdo pesquero con Marruecos. Usted me decía que hemos perdido dos años. Yo no he perdido dos años. Dos años se perdieron el día que no se ratificó por el Parlamento Europeo. Yo he tardado dos años de enormes esfuerzos para garantizarme que el acuerdo se aprobaba en el Parlamento Europeo, y no ha sido una tarea fácil. No crean ustedes que es fácil llevar a una mesa a una comisión que no quiere negociar, que no le interesa el asunto, a un país que se siente agredido por el voto de los parlamentarios, y cerrar un acuerdo que se ha ratificado en tiempo récord —hemos batido el tiempo récord de la ratificación, pues no se conoce en la historia que en menos de seis meses se pueda ratificar un protocolo de esta naturaleza— cuando no se quiere ir a la aplicación provisional. Por tanto, cada cual en su sitio. En cuanto al resto de los acuerdos, decía usted que no hemos hecho nada. Mire usted, en Mauritania me encontré lo mismo: un protocolo que tenía cerradas negociaciones anteriores con el visto bueno del Gobierno español y del secretario general de Pesca Marítima que limitaba las zonas de pesca que eran malas, eliminaba la zona marisquera y donde además no había ninguna posibilidad de cefalópodos porque se daba el visto bueno a que no las hubiera. Yo he estado peleando para que haya cefalópodos, para cambiar la zona marisquera y he planteado hasta el rechazo total del acuerdo para volver a obligar a renegociar, aunque no conseguí la mayoría en el Parlamento. Los parlamentarios de mi partido me siguieron, pero otros parlamentarios prefirieron que hubiera un acuerdo aunque fuera malo. Al fin y al cabo, con las presiones de unos y otros, por lo menos han mejorado las condiciones de la flota marisquera que regresó en noviembre de 2013. En el caso de Guinea Bissau, lo renovamos en marzo de 2012. Yo no tengo la culpa de que luego hubiera un golpe de Estado que lo haya paralizado. Nosotros hicimos el trabajo para la renovación. En el caso de Senegal, que desde el año 2006 estaba suspendido, nosotros hemos conseguido que haya un mandato de negociación en 2013 y empiece la primera ronda de negociación en enero de 2014. Es decir,

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que ya estamos impulsando el acuerdo con Senegal. En el caso de Cabo Verde ya está en vigor. Antes nos prohibían la pesca de tiburones mientras que ahora ya se admite. En el caso de Costa de Marfil lo renovamos en 2013 y mejora las posibilidades de la pesca con licencia. En el caso de Gabón, que estaba suspendido en 2011 —no era este ministro—, se consiguió renovar en abril de 2013 y entró en vigor en julio de 2013. En Santo Tomé y Príncipe se ha rubricado el nuevo protocolo en diciembre de 2013. En las islas Comores lo renovamos en julio de 2013. En Madagascar se renovó en 2012. En Mauricio se firma el primer acuerdo de protocolo, pues no había acuerdo, en junio de 2012 y está ratificado por el Parlamento en enero de 2014. En Mozambique está en vigor y lo vamos a renegociar en el primer semestre de 2014. En las islas Seychelles lo hemos renovado por seis años en 2013. En Kiribati lo hemos renovado en septiembre de 2012. En Islas Cook, que no había acuerdos, el primer acuerdo y protocolo con dicho país se encuentra en negociación desde julio de 2013. En Kenia se van a lanzar las negociaciones y también en Tanzania. Quietos no hemos estado, hemos trabajado bastante. Y espero poder seguir impulsando acuerdos sabiendo que se están llevando a cabo acuerdos de nueva generación. En cuanto a la flota cefalopodera por la que estaba usted preocupado, quiero decirle que en este momento hemos conseguido licencias privadas para la misma en Angola, en Guinea Conakry, en Gambia y en Malvinas. Solamente ha habido un barco de toda la flota que estaba en Mauritania que ha manifestado interés en desguace. Por tanto, esa es la situación. En el caso de Mauritania seguiremos en la nueva negociación pidiendo que se hable de cefalópodos y estamos distribuyéndolos en otros grupos. El senador Maldonado me hablaba del Mediterráneo. Yo he comparecido para hablar de Marruecos, de tratados internacionales y de pesca en Mauritania, pero si me pregunta por el Mediterráneo le diré lo siguiente: Una de las cosas que hemos empezado a hacer es la ordenación del caladero, fundamentalmente la distribución de las cuotas pesqueras, y tratar de ir hacia un modelo —es en lo que estamos avanzando— consistente en distribuir las cuotas por buque para hacerlos más responsables de su gestión, para que no tengan que salir a faenar cuando hace mal tiempo, para que puedan salir cuando el precio es más alto y conseguir una gestión más económica y más razonable. Y lo estamos haciendo, hemos empezado a discutir con puertos del Cantábrico, en Galicia; como saben ustedes, tenemos problemas en estos momentos en la distribución de algunas cuotas, porque no es fácil distribuirlas, y, a lo mejor, como primer paso tendríamos que ir por provincia en lugar de por buques; y en el Golfo de Cádiz iniciamos por provincia y ya estamos por buque, por tanto, hemos ordenado el Golfo de Cádiz, desde Huelva hasta Barbate, parecía imposible poner de acuerdo a los de Huelva con los de Cádiz pero se pudo hacer, y espero que ahora pongamos de acuerdo a los del País Vasco con los gallegos, que ahora están igual que como estaba Huelva con Cádiz en su momento. Por tanto, hemos ido avanzando. El Mediterráneo es un mar mucho más complejo, flotas más artesanales, mucha más complejidad, tallas distintas, tenemos toda clase de problemas. Lo que hemos decidido ha sido empezar la ordenación del caladero del Mediterráneo convocando el 14 de marzo en Valencia una gran conferencia de pesca sobre el Mediterráneo para ver cómo empezamos la ordenación del caladero y qué pasos vamos a dar. Primero, haremos un debate intelectual y ya veremos cómo somos capaces de gestionar un caladero de esa enorme complejidad, sabiendo además que en el Fondo Europeo de la Pesca hay más financiación para la flota del litoral que para el resto y que hay casi dieciséis medidas que vamos a poder aplicar del Fondo de la Pesca que, además, es muy consciente del peso de la pesca del litoral, que es básicamente la del Mediterráneo. Por tanto, vamos a debatir sobre la utilización del fondo, sobre los repartos de cuotas, vedas, paradas biológicas e intentaremos ordenar el caladero del Mediterráneo, que supongo que es la asignatura pendiente de siempre, también para la Unión Europea, donde el Mediterráneo tiene un régimen especial, no está incluido en los regímenes normales, tiene tallas especiales y a veces artes de pesca especiales. Pero yo confío en que seamos capaces de seguir avanzando desde la racionalidad, el acuerdo y el diálogo en poner orden en el Mediterráneo. Señorías, agradezco a todos sus comentarios y lamento la hora tan tardía pero tengo que decir que cuando quise comparecer y fijamos esta fecha no estaba el Pleno de hoy en el calendario de Plenos, ha surgido ex novo, y siento que haya interferido en una comparecencia que esperaba que fuera más distendida, que hubiéramos empezado a las cuatro de la tarde, que es la hora de los toros —que son las cinco— con cierta tranquilidad. Pero, repito, agradezco a sus señorías que hayan resistido hasta el final heroicamente en esta sesión y les pido disculpas por la velocidad a la que he leído pero era por intentar abreviar algo.

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El señor PRESIDENTE: Hay un pequeño turno de réplica. Tiene la palabra el senador Fidalgo, por tiempo de cinco minutos. El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente. Solo quiero hablar de dos conceptos. Primero, creo que, como hace el ministro y el Partido Popular, no es buen estilo hablar mal de cosas que perjudican a España, y yo le reprocho que hable de la sanción en el caso de la caballa en el año 2009, etcétera. ¿No ve que cae en la misma trampa que yo denunciaba? Cuando se produce la sanción de la caballa es culpa de Zapatero, si no hay cuota de atún rojo es culpa de la comisaria, pero la negociación récord es gracias al Gobierno. Creo que la comisaria, la Unión Europea, el Parlamento Europeo es el mismo, y el ministro es el mismo cuando las cosas van en un sentido o van en otra dirección. Pienso que están cayendo en esa contradicción y eso no es bueno, no es objetivo y no nos parece razonable. Simplemente quería hacer ese apunte porque me parece una aportación, y nada más. En todo caso, en lo personal, también deseo al ministro que tenga éxito; en lo político, desde luego que no. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo. Señor ministro, tiene la palabra. El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Si las multas no hubieran estado ya puestas yo no hubiera hablado de ellas para no crear el riesgo. No hubiera dicho que aquí ha habido sobrepesca, que es lo que hizo el sector, porque una de las cosas curiosas por las que nos pusieron las multas fue porque el propio sector, en medios de comunicación, decía que no respetaba las cuotas y que sobrepescaba, algo que yo no logré entender nunca. He sacado este asunto a colación porque es algo que ya ha pasado. Lo estoy padeciendo en este momento porque la flota sufre muchas tensiones y demanda más posibilidades. Las sanciones me han servido de estímulo para intentar negociar que haya más posibilidades para que no se note el impacto de las mismas, y lo que me tocó hacer en su momento fue pedir que escalonaran la sanción en más tiempo para que tuviera menos intensidad y no paralizara la flota, como pedía la propuesta original, que era bastante terrible. Desde la seriedad y el rigor, le voy a decir una cosa, señor Fidalgo: o hacemos un esfuerzo de control y de respeto a las normas comunitarias o es muy difícil luego negociar en la Unión Europea. Eso es impepinable, y le debo decir que la actividad de los inspectores de pesca es muy desagradable, no es nada bien recibida por el sector y en ocasiones con riesgo físico y de sus automóviles. Por tanto, no quiero ponerme ninguna medalla que no sea mía, lo que sí debo decir es que en este momento el sector está respetando las normas, los inspectores están vigilando, tenemos más control en las lonjas y, por tanto, cuando vamos a reclamar posibilidades pesqueras para nuestra flota tenemos más legitimidad. El sistema contrario es muy peligroso, el de la permisibilidad a ultranza es muy popular. Probablemente, no tienes ningún roce con el sector, pero yo creo que las normas hay que aplicarlas en el sector pesquero porque estamos garantizando la conservación de los ecosistemas marinos y el respeto en las instituciones comunitarias, y es muy duro llegar y que te digan para qué lo quieres, si luego pasa lo que pasa. El sector ha hecho un enorme esfuerzo, y cuando el sector ha hecho esfuerzos de rigor y seriedad, como el plan de recuperación de la merluza, los frutos vienen, y cuando no lo hacen, como hacen los nórdicos muchas veces con el tema del bacalao en determinadas zonas, les sale mal. Ahí sí que hay muchas veces doble moral. Pero nosotros tenemos que ser consecuentes y exigir todas las posibilidades de pesca que podamos, el máximo que permitan los estudios científicos, y exigir a la Unión Europea que tengamos estudios científicos sólidos y solventes, no decir: no hay datos suficientes, y aplico el principio de precaución, y a quien Jesucristo se la dé, San Pedro se la bendiga, que es una de las cosas que muchas veces quiere hacer la Comisión: cuando no tiene datos, un 30% menos. Eso es muy fácil pero no conduce a ninguna parte. Muchas gracias, señor presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor ministro, por su comparecencia y por esta amplia información que nos ha proporcionado en los dos temas, tanto en agricultura como en pesca. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Eran las veintidós horas y veinte minutos. http://www.senado.es SENADO D. L.: M-12.580/1961 - ISSN: 2172-9808 Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado – http://boe.es