SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MUJER RURAL EN EL CONTEXTO DEL LIBRE COMERCIO Patricia Stella Jaramillo Guerra1

RESUMEN:

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Las políticas comerciales y los tratados de libre comercio responden a una lógica global que se implementa y tiene sus primeros efectos en el nivel local, por lo que su impacto se expresa de manera directa en la vida cotidiana de las personas, independientemente de los compromisos adquiridos por los gobiernos para combatir la discriminación y propiciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las políticas públicas generalmente no consideran las asimetrías que prevalecen entre mujeres y hombres en nuestras sociedades, a la vez que desconocen los ámbitos sociales y culturales en los cuales se inscriben. Diversos estudios han señalado el impacto inequitativo que tienen los procesos de libre comercio sobre el sector agropecuario y la seguridad alimentaria, debido a las diferencias en la capacidad tecnológica y el desarrollo científico técnico que presentan unos países, mientras que la mayoría de quienes intervienen en las negociaciones, por lo general están en desventaja a este respecto. En este contexto, la Línea de Investigación sobre Desarrollo Rural, del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, adelantó una investigación con enfoque cualitativo, en cuatro casos regionales, estableciendo las condiciones, características y proyecciones de las problemáticas que enfrentan las productoras de alimentos, con el fin de aportar evidencias para la identificación de los impactos de los acuerdos comerciales y a la vez adelantar acciones de formación y capacitación sobre soberanía alimentaria y comercio internacional, con las comunidades respectivas. Los principales resultados se relacionan con: La diversidad de las mujeres rurales en las regiones estudiadas, siendo de particular importancia, en tanto que permitió diferenciar los análisis en función de las estrategias de las mujeres para generar y preservar prácticas de seguridad alimentaria en sus regiones. La variedad de contextos y situaciones en las que subsisten las comunidades rurales del país. La cotidianidad de las mujeres rurales, evidencian las múltiples estrategias de subsistencia para garantizar el bienestar familiar, bajo condiciones de pobreza y abandono gubernamental. El conflicto armado interno afecta la condición de las mujeres rurales, de manera contradictoria, potenciándolas política y económicamente y a la vez condenán

Socióloga, Profesora Asociada Universidad Nacional de Colombia. Directora Departamento de Sociologia UN Bogotá, Noviembre 2011

dolas a las funciones tradicionales según escenarios. PALABRAS CLAVE: mujer rural, roles de género, seguridad y soberanía alimentaria, libre comercio, conflicto armado y desplazamiento forzado.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION En el proceso de desarrollo de la misma se buscó reconstruir el papel que cumplen las mujeres rurales en las regiones objeto de estudio, con base en la teoría crítica feminista, que considera necesario deconstruir las representaciones sociales tradicionales, referidas a los roles y funciones establecidos socio históricamente por la cultura y en consecuencia cuestiona la supuesta “neutralidad” de las metodologías. En este orden de ideas, se realizó un estudio cualitativo enmarcado en el enfoque de género, por medio del cual se analizó la condición y posición de las mujeres en sus contextos socioeconómicos, con el ánimo de visibilizar las estructuras de poder que sustentan la división del trabajo entre los sexos, así como las desigualdades que se generan a partir de éstas.

De esta suerte, se entiende por Análisis de Género al enfoque metodológico que pone de relieve los roles que hombres y mujeres desempeñan en un contexto dado, así como el análisis de las estructuras y procesos que sustentan las relaciones sociales basados en la división del trabajo.

RESULTADOS

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Las políticas comerciales y los tratados de libre comercio responden a una lógica global que se implementa y tiene sus primeros efectos en el nivel local, por lo que su impacto se expresa de manera directa en la vida cotidiana de las personas. A pesar de que muchos gobiernos han firmado compromisos y convenios internacionales en los que se comprometen a tomar medidas tendientes a combatir la discriminación y a propiciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas generalmente se realiza sin considerar las asimetrías que prevalecen entre mujeres y hombres en nuestras sociedades. Los tratados de libre comercio se centran en los intereses económicos de las relaciones entre los países firman2

En este punto me permito expresar agradecimientos a mis alumnas y colegas Irene Parra, Cindy González, Lorena Carrillo, Ximena Nivia, Alexandra Suarez, Gloria Restrepo, Vivian Castro, Ana María Gutiérrez y Carlos Romero, quienes constituyeron el equipo de trabajo durante el desarrollo de la investigación, que ha sido la base de este documento.

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El concepto de género se refiere entonces, a las relaciones entre hombres y mujeres, sean estas objetivas o subjetivas y se considera para esta investigación como un principio organizador central de las sociedades, que orienta la participación diferencial de los sexos en los procesos de producción, reproducción, distribución y consumo.

tes, sin tomar en cuenta el ámbito social y cultural en que se llevan a cabo.

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Diversos estudios3 han señalado el impacto inequitativo que tienen los procesos de libre comercio sobre el sector agropecuario y la seguridad alimentaria de los países que intervienen en ellos, debido a las diferencias en la capacidad tecnológica y el desarrollo científico técnico que presentan unos países, mientras que la mayoría de quienes intervienen en las negociaciones, por lo general están en desventaja a este respecto. En este sentido, la FAO4 establece que: “Las transformaciones agrícolas del último medio siglo han llevado a la agricultura de la región hacia dos extremos: una agricultura moderna, rentable, mecanizada que utiliza agroquímicos y variedades de alto rendimiento, por un lado, y una agricultura de subsistencia, empobrecida, excluida y hambrienta, por el otro” (FAO 2000 en Lewin 2004). También debe anotarse que la agricultura ha sufrido un fuerte impacto, por el efecto de el incremento e intensificación de la producción orientada a la exportación, ocasionando consecuencias desfavorables en las economías campesinas, especialmente a las pequeñas unidades familiares, las cuales tienden a ser reemplazadas por grandes empresas transnacionales (ETN), que producen a gran escala y cuentan con ventajas comparativas en términos de medios de producción, pero sobretodo con capitales importantes y acceso a mercados internacionales. Este escenario constituye un sistema agropecuario y de producción de alimentos que resulta impracticable para la mayoría de pequeños y medianos productores de América Latina (IGTN, 2007). Así mismo, destacar el trabajo de las mujeres rurales, quienes son las que generan la mitad de la producción mundial de alimentos y en el caso de los países en vías de desarrollo, ellas producen entre 60 y el 80 por ciento del alimento. Sin embargo, pese a su contribución a la economía agrícola mundial, las estrategias de desarrollo subestiman con frecuencia a las agricultoras o no tienen en cuenta su participación en las actividades agrícolas: siembra, aplicación de fertilizantes y cosecha, entre otros procesos que realizan, tales como la cría y levante de pequeños animales. Además, su contribución a la producción de cultivos secundarios, como legumbres y hortalizas, es incluso mayor. “Esos cultivos, producidos principalmente en huertos familiares, proporcionan nutrientes esenciales y representan a menudo el único alimento disponible durante los periodos de escasez cuando las cosechas principales se pierden”. (FAO en IGTN 2007). Una visión de la seguridad alimentaria que articule tanto el consumo, la calidad como la producción y las condiciones de productores y productoras desde 3 4

GARAY, Luis Jorge, Et al. La negociación agropecuaria en el TLC, alcances y consecuencias. Planeta Paz. Bogotá, 2006. UMAÑA, Germán. Juego asimétrico del comercio. El Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2004. ROBLEDO, Jorge. Por qué decirles no al ALCA y al TLC. Ediciones Tribuna Roja, Bogotá, 2004. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

la economía campesina, implica analizar los factores que influyen significativamente en la seguridad alimentaria, como son: la tenencia y el uso de la tierra, así como el acceso a recursos productivos. Esos elementos deben ser analizados a partir de las diferencias existentes entre la racionalidad de producción campesina, en la cual la base fundamental es la tierra como factor de producción y el trabajo familiar basado en la división sexual, y la producción capitalista, donde el cálculo y la contabilidad son bases fundamentales. En los casos estudiados, se evidenció la oposición entre estas lógicas, dado el efecto de los cultivos comerciales que se expresa en el agotamiento de recursos naturales como el agua y la caída en la fertilidad del suelo, como consecuencia de modelos de desarrollo asociados a la revolución verde y a prácticas intensivas de producción agrícola.

Otro factor que incide en la problemática alimentaria, es el uso inadecuado de la tierra en relación con su uso potencial, allí se presentan problemáticas relacionadas con la destinación de tierras para cultivos ilícitos, ganadería y las tierras aptas para el cultivo de alimentos, se están destinando para otros cultivos comerciales a gran escala, generalmente con objetivos de producción de agrocombustibles. Sumado a lo anterior, la persistencia de condiciones de pobreza rural también influye en la seguridad alimentaria de las poblaciones analizadas, se relaciona con la calidad de los terrenos a los que accede el campesinado, sus condiciones reales de producción y de acceso vía mercado a otros bienes de consumo. De igual forma el acceso a otros recursos productivos como el crédito ha sido precario, trayendo como consecuencia que diversos grupos de población no cuenten con los elementos para lograr el desarrollo de sus actividades, dificultando entre otras cosas la adquisición de tecnologías y la recuperación de técnicas ancestrales, y por ende el mejoramiento de sus prácticas productivas. Respecto a la perspectiva de género, es importante recordar que “cuando se

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Igualmente situaciones en las que la producción de alimentos y el bienestar de las poblaciones se encuentran seriamente afectados, tanto por el desestimulo a la producción por parte del gobierno, como por las lógicas de violencia de los grupos armados, que generan desarraigo y desesperanza, afectando negativamente los procesos las condiciones socioeconómicas y el tejido social, particularmente en zonas de economía campesina, que han sido víctimas del desplazamiento forzado.

habla de mujeres rurales no sólo se hace referencia a las mujeres campesinas, sino también a mujeres que viven en los espacios rurales, pero que no necesariamente están en un contexto de economía campesina, como las indígenas, las pertenecientes a las comunidades negras, o aquellas mujeres con mayor vinculación a actividades rurales no agrícolas (por ejemplo servicios, comercio, turismo, manufactura) o a las cadenas de producción agroindustrial y de agro exportación (flores y frutas, por ejemplo)” (Farah, 2004, 86). Esta diversidad es particularmente importante en el contexto de esta investigación en la que las zonas seleccionadas para analizar las estrategias de las mujeres para generar y preservar prácticas de soberanía alimentaria en sus regiones, representan la variedad de contextos y situaciones en las que subsisten las comunidades rurales del país. En los trabajos desarrollados cotidianamente por las mujeres rurales identificados en la presente investigación son evidentes las múltiples estrategias de subsistencia para garantizar la alimentación de las familias, bajo condiciones de pobreza y abandono gubernamental.

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Como resultado preliminar de esta exploración pueden referirse particularmente dos de estas estrategias: En las zonas de economía campesina es preciso destacar el rol de las mujeres en la producción agrícola y en la transmisión y preservación de conocimientos ancestrales sobre los recursos fitogenéticos; en tanto que, se ha percibido en el trabajo con mujeres campesinas, que éstas tienen serias resistencias al uso indiscriminado de pesticidas, fungicidas y fertilizantes químicos y prefieren alternativas más naturales. (Gutiérrez y Zapp 1995) La segunda gama de estrategias ligadas no a la producción sino a la consecución de ingresos para adquirir los alimentos vía mercado. En estos casos las mujeres o ingresan al mercado laboral en condiciones de desventaja frente a los hombres, o se ubican básicamente en actividades informales, sin cobertura de la seguridad social ni garantías para conseguir los mínimos de sobrevivencia propios y de sus familias. Uno de los ejes de análisis en este sentido lo constituyen las estrategias femeninas de sobrevivencia y la distribución del gasto familiar. Al respecto, se constataron resultados de otras investigaciones tales como la de Agnes Quisumbing (et al. 1995), en cuanto al análisis de las diferencias de género que subyacen bajo la tendencia de las mujeres a destinar la mayor parte de sus ingresos a la alimentación familiar. En ese sentido se destaca el peso de las normas sociales y culturales, que asignan a la mujer el papel de «cuidadora», en tanto que se les asigna, de forma casi natural el rol de garantizar las condiciones alimentarias para los miembros de la familia; especialmente para que niños y niñas, reciban una proporción suficiente de los alimentos disponibles.

El contexto del conflicto armado del país interviene también en la condición de las mujeres rurales. Este tema ha sido analizado desde dos puntos de vista (Caicedo, 2008): Una perspectiva coyuntural desde la cual se señala que el conflicto puede representar para las mujeres algunos beneficios: puede transformar los roles de género y potenciar su condición y sus habilidades en áreas no tradicionales. Señalando muy fácilmente, que los conflictos armados pueden contribuir a la redefinición de los roles tradicionales de las mujeres y a la transformación de las relaciones de género en la sociedad Sin embargo, la mirada estructural de la situación destaca que en el periodo posguerra, suele ser difícil que las mujeres conserven esos beneficios, e incluso que el trastorno en las funciones tradicionales de género va unido en sí mismo a la elevada incidencia de la violencia doméstica en situaciones de conflicto y de posconflicto.

Análisis Comparativo de la Situación del Conflicto Armado en los Municipios Estudiados Diversos trabajos han pretendido analizar las transformaciones, cambios, daños y pérdidas generadas por el conflicto armado, desde la perspectiva de género. En el análisis de los impactos sobre las mujeres se han documentado las violaciones generales al derecho a la vida; los efectos desproporcionados que sobre ellas tienen hechos como: amenazas, detenciones, desplazamiento y confinamiento; y las violencias cometidas contra ellas por el hecho de ser mujeres: violencia sexual, imposición de normas y códigos de conducta, trabajos domésticos forzosos y castigos por sus relaciones afectivas y vínculos familiares.5 La “Mesa de Mujer y conflicto armado en Colombia” ha denunciado incluso que la violencia contra la mujer obedece a políticas deliberadas por parte de los victimarios y hace parte de los ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil.6 5

MESA DE TRABAJO MUJER Y CONFLICTO ARMADO. VI Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. Bogotá, Colombia, diciembre de 2006. P 77 6 Ibid. P. 78

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Esta última mirada parece ser la que más se acerca a la realidad de las mujeres entrevistadas en zonas de conflicto, quienes en épocas de confrontamiento armado han asumido nuevos roles, pero que luego han vuelto a sus actividades tradicionales sin modificar su posición familiar ni potenciar su autonomía, pero con mayores responsabilidades, dado que en el proceso por lo general se convierten en jefas de familia.

Se ha indagado además por las transformaciones que el conflicto trae en la vida cotidiana de las mujeres: viudez, jefatura de hogar, cambios en las relaciones familiares, nuevos roles… En la comprensión de estas transformaciones sobre la cotidianidad pueden resultar provechosos los trabajos relacionados con los impactos de la violencia política sobre los medios de vida. Bajo este marco se ha mostrado que los conflictos armados generan impactos en la composición del hogar; transformaciones en la generación de ingresos; pérdida de activos naturales, físicos, humanos, sociales y financieros; trastorno del transporte y el mercado local; dificultades en la gobernabilidad de mercados, salarios y recursos; nuevas relaciones de poder entre los diferentes grupos…7 Se evidencia entonces que además de las violaciones de derechos humanos, el conflicto cambia la estructura de la vida cotidiana y esto trae importantes implicaciones para la vida de las mujeres. A través de la comparación de los diferentes casos se intentará mostrar entonces el conflicto y sus impactos sobre la cotidianidad de las familias y sobre todo los impactos en las vidas de las mujeres.

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Precariedad estatal y escenarios de violencia: La comparación de los cuatro casos muestra la relación entre presencia estatal y construcción de escenarios de conflicto. Si se mide la presencia del estado por la capacidad de responder a las demandas básicas de la sociedad y por el grado de legitimidad dado por la regulación de los conflictos y el mantenimiento de un sistema de valores integrador8, es evidente la precariedad estatal en los municipios de Puerto Rico (Caquetá) y Convención (Norte de Santander). Puerto Rico cuenta con 19.418 habitantes rurales que registran un 70,87% de NBI y con 13.357 habitantes en la cabecera con 36,13% de NBI.9 Cifras superiores a las departamentales y nacionales y que se evidencian en la baja calidad y cobertura educativa y de salud, y en las dificultades de acceso a servicios básicos como la electricidad.10 Convención, por su parte, presenta un 63,42% de NBI para sus 9549 habitantes rurales y 21,59% de NBI para sus 5724 habitantes de la cabecera municipal. En promedio el municipio registra 45,49% de NBI, cifra superior a los promedios departamentales y nacionales, que se evidencia en el alto nivel de analfabetismo, las dificultades de acceso a servicios educativos, la precariedad en materia de infraestructura y la baja cobertura de salud de poblaciones como la del Alto Bobalí.11

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LONGLEY, Catherine;MAXWELL, Daniel. Livelihoods, chronic conflict and humanitarian response: A review of current approaches. Natural Resource Perspective. Np 89. Octubre 2003 8 ORTIZ, Carlos Miguel. Urabá : tras las huellas de los inmigrantes 1955-1990. Santafe de Bogota ICFES, 1999. 9 DANE. Censo 2005. http://www.dane.gov.co/censo/ 10 Estudio de caso Puerto Rico Caquetá. P.3 11 Resumen informe Catatumbo. pp 5-7

Mejores condiciones de vida y presencia estatal presentan los municipios de Cabrera (Cundinamarca) y Zarzal (Valle). En Cabrera el NBI para los 3575 habitantes rurales es de 41,28% y para los 1034 habitantes de la cabecera es de 23,66%.12 Cabrera, sin embargo, con su NBI promedio de 37,44% supera los promedios departamentales y nacionales. Situación que se evidencia en la precariedad de infraestructura y de prestación de servicios en la zona rural13. Zarzal, por su parte, presenta en la zona rural (12593 habitantes) un NBI de 22,03% y en la cabecera (30017 habitantes) un NBI de 15,32%. El promedio municipal de NBI (17,3%) si bien supera el promedio departamental es menor al promedio nacional. La mayor precariedad estatal está estrechamente relacionada con complejos escenarios de conflicto caracterizados por la presencia histórica de la guerrilla, la actuación militar del estado, el desconocimiento estatal de los pobladores y la incursión de los paramilitares. La precariedad se corresponde también con escenarios de frontera agraria en donde el poblamiento ha sido reciente. A menor precariedad y mayor integración geográfica, como es el caso de Zarzal y Cabrera, es menor la intensidad de la violencia pero se manifiestan algunas de sus características como la presencia de la guerrilla o el narcotráfico.

Esta situación es clara en el municipio de Puerto Rico en donde se registra una importante presencia de las FARC desde la década del 70. De hecho, en el departamento del Caquetá, las FARC han tenido presencia a través de los frentes 3, 14, 15 y 49 y la columna móvil Teófilo Forero al resultar este un territorio estratégico a nivel militar, financiero y político.16 El Catatumbo registra también una presencia histórica de las guerrillas. Inicialmente el ELN llegó a la zona en

12 DANE. Censo 2005. http://www.dane.gov.co/censo/ 13 Informe Alto Ariari pp 8-9 14 GONZALEZ, Fernan; VASQUEZ, Teofilo; BOLÍVAR, Ingrid. Violencia política en Colombia : de la nación fragmentada a la construcción del estado. Bogota : CINEP, 2002. pp 198-200 15 URIBE, Maria Teresa. Nación, ciudadano y soberano. (303 págs) Medellín. Corporación Región. p.p. 249-271 16 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Diagnóstico departamental Caquetá. http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_ de_DDHH/departamentos/2007/caqueta.pdf

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¿Órdenes alternativos?- La Guerrilla: En el caso de Puerto Rico y Convención la precariedad estatal parece tener una relación directa con la creación de “órdenes alternativos”. Maria Teresa Uribe los define como aquellos “Ordenes en donde grupos al margen de la ley garantizan la seguridad, construyen consensos, regulan la vida cotidiana, cobran impuestos, promueven obras públicas, entre otras”14.La autora explica que este tipo de órdenes surgen en medio de situaciones en las que la soberanía está “ en vilo” por la existencia de un estado frágil, incapaz de garantizar el orden legal, de formar una conciencia nacional y de integrar a todos los grupos sociales. Los ciudadanos quedan entonces librados a sus propias fuerzas, buscando justicia y protección efectiva que solo puede ser proporcionada por ordenes alternativos de hecho15.

busca de facilidades estratégicas y fuentes de rentas. A partir de la década del 80 arribó también el frente 33 de las FARC que buscaba en la región el punto culminante para el dominio de la cordillera oriental. 17

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La histórica adhesión de comunidades como la de Puerto Rico y Convención a la guerrilla no necesariamente resulta de afinidades ideológicas, aunque es necesario aclarar que en los dos departamentos las guerrillas han tenido algunas relaciones con los movimientos sociales. La adhesión responde principalmente a la capacidad de la guerrilla de regular la vida cotidiana, acompañar los procesos organizativos, recoger las reivindicaciones campesinas, integrar a “algún orden”.18 Para campesinos de zonas como el Alto Bobalí, por ejemplo, la guerrilla ha sido el referente de autoridad.19 La organización guerrillera responde además a la necesidad  de los campesinos de regular  los conflictos generados en medio de la producción de coca. En el discurso guerrillero se reivindica al campesino cocalero, criminalizado históricamente. Esta reivindicación es fundamental en Puerto Rico, clasificado por UNDOC como el cuarto municipio en el país con mayor área sembrada de coca.20 No se puede concluir, sin embargo, que el orden guerrillero sea fácil de sobrellevar para los habitantes rurales. Cada frente y  cada comandante imponen sus estilos de dominio. En ocasiones las disposiciones de los frentes afectan negativamente a las comunidades. Un buen ejemplo de ello es la prohibición actual en el municipio de Puerto Rico a la Multinacional Nestle para la compra de leche, como consecuencia del no pago del impuesto establecido por las FARC a la empresa. Prohibición que ha impactado de manera importante la producción local.21 Se puede resaltar también que en ocasiones, especialmente frente a la presión militar, el control de la guerrilla  es asfixiante: aumentan los ajusticiamientos,  se multiplican las sospechas, se incrementan los controles sobre el comercio.22 En el caso de Cabrera y en general de la región del Sumapaz si bien se puede hablar de “ordenes alternativos” por la importante influencia de los frentes 31, 25, 26, 51, 52 y 55 de las FARC desde 1982, probablemente la adhesión tenga un mayor peso ideológico.23 No se puede desconocer la larga tradición de luchas agrarias en la región, la presencia histórica de los partidos liberal y comunista, 17 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo. http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/04_publicaciones/catatumbo.pdf 18 ESPINOSA, Nicolás. A la otra orilla del río- La relación de los campesinos y la guerrilla en la Macarena. Bogotá: Tesis pregrado Sociología Universidad Nacional, Bogotá. 2003. p. 59. 19 Resumen informe Catatumbo. P.3 20 UNODC- Gobierno de Colombia (2007). Colombia: Monitoreo de cultivos de coca. (106 págs). Bogotá: UNODC, 21 Informe final zona Caquetá. P.8 22 Espinosa, Nicolás Política de vida y muerte : Etnografía de la violencia de la vida diaria en la Sierra de La Macarena. (150 págs). Bogotá: Tesis Maestría en Antropología Social- Universidad Nacional de Colombia. 2008. p.72 23 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Panorama actual de la Región del Sumapaz . Bogotá. Febrero de 2002 http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/04_publicaciones/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf

la experiencias de columnas en marcha y guerrillas liberales vividas en la época de “la violencia”, la histórica votación por partidos y movimientos de izquierda, entre otras.24 Esta historia particular probablemente ha edificado una relación diferente con la guerrilla, tal vez de menor dependencia y verticalidad y de mayor influencia en los procesos sociales y políticos. Presencia militar del Estado: Independientemente del tipo de relación, los diferentes informes coinciden en afirmar que la presencia de la guerrilla ha implicado fuertes estigmas para las diferentes comunidades. Estigmas que han justificado una presencia estatal centrada en la acción de ejército y policía. Las instituciones militares conciben entonces a estos municipios como “ territorios enemigos”, lo que implica el desarrollo de acciones bélicas que se asemejan más a las de un ejército de ocupación que a las de un organismo representante del poder público.25 Esto se evidencia en el caso de Cabrera en donde los operativos militares tienen una amplia tradición: en los 40 enfrentaban los núcleos de resistencia campesina, en los 60 buscaron acabar con las denominadas “repúblicas independientes y desde entonces los operativos han estado dirigidos a neutralizar a las FARC.26

En Puerto Rico, la presencia del ejército ha generado históricamente fuertes impactos sobre la población. Ésta se intensificó con la ruptura de los diálogos entre las FARC y el gobierno en el 2002. La actividad militar se incrementó en el marco del Plan patriota a través de la llamada Operación “JM” y posteriormente con la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta “Omega” y la Brigada Móvil No. 13.28 Para la población, estas acciones ofensivas han implicado un incremento de los enfrentamientos entre ejército y guerrilla, ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas, bombardeos y transformaciones importantes en la cotidianidad. Al respecto se resalta el control militar a la adquisición y transporte de alimen24 25 URIBE de Hincapie, Maria Teresa. Emancipación social en un contexto de guerra prolongada. –El caso de la comunidad de Paz de san José de Apartadó-. en VARIOS AUTORES. Emancipación social y violencia en Colombia. Editorial Norma, Bogotá. 2004 26 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Panorama actual de la Región del Sumapaz . Bogotá. Febrero de 2002 http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/04_publicaciones/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf 27 Ibid. 28 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Diagnóstico departamental Caquetá. http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_ de_DDHH/departamentos/2007/caqueta.pdf

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De hecho, desde el 2001, se estableció en el municipio el batallón de Alta Montaña. Los operativos y presencia del ejército han generado múltiples quejas por parte de las comunidades: “bombardeos y ametrallamientos cerca de viviendas, pérdida de semovientes, atropellos, destrucción de escuelas, vías y viviendas, detenciones arbitrarias, robos, retenciones de mercancías, amenazas, entre otras”27.

tos, gasolina, cemento, alambres, medicinas...29 El aumento de la confrontación incidió también en los procesos de comercialización. La situación municipal se complica aún más si se tiene en cuenta la aplicación de la política antidrogas que ha afectado gravemente la economía y seguridad alimentaria de las familias.

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Por su parte, en la actualidad, en la región del Catatumbo las Fuerzas Militares operan a través de la Fuerza de Tarea San Jorge, la segunda división el Batallón de Contraguerrillas No. 6, unidades de Infantería de Marina en Teorama y Hacarí, la Brigada XXX, la Brigada Móvil No. 15 y el Batallón del Plan Especial Energético y Vial No. 10 con sede en Convención. Entre otras, han desplegado las operaciones Escudo, Fortaleza Uno y Fortaleza Dos.30 La presencia del ejército ha implicado, por ejemplo, para los habitantes del Alto Bobalí retenes, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos, miedo, confinamiento, bloqueos de alimentos, medicamentos, gasolina y fertilizantes. Los paramilitares: En la zona se establece una estrecha relación entre ejército y paramilitares. Estos actuaron en el Catatumbo desde 1988 a través de las Autodefensas del sur del Cesar, el bloque Catatumbo y las comisiones del bloque norte de las autodefensas. Sin embargo, su expansión en el territorio como fuerza de ocupación se produce en 1999 cuando incursiona desde el Cesar la estructura que después se consolidó como el Bloque Catatumbo y que tendría como objetivo el dominio del corredor Tibú-Puerto Santander-Cúcuta, el debilitamiento de la guerrilla y la apropiación de los cultivos de coca. Desde el Cesar el Bloque Norte continuó también su incursión en la zona con intereses claros en los cultivos de coca.31 Para las comunidades Bobalí la presencia paramilitar implicó asesinatos selectivos (especialmente de líderes sociales), masacres, torturas, violencia sexual, quemas de casas y cultivos, desplazamiento, bloqueos alimenticios, etc. Frente a la entrada de los paramilitares las comunidades esperaban la protección efectiva de las guerrillas. Sin embargo, la guerrilla de la zona resultaba inferior financiera y militarmente a los paramilitares. Retrocedieron entonces y dejaron a la comunidad al frente. Las comunidades tuvieron que desarrollar estrategias de defensa y protección. La incursión de las autodefensas como estrategia contrainsurgencia es también una característica del municipio de Cabrera. En el Sumapaz las autodefensas han fortalecido su presencia a partir del año 2000 a través del Frente Campesino del Sumapaz financiado por sectores de la región afectados por el secuestro y la extorsión. Han pretendido bloquear el corredor de las FARC y bajo 29 Ibid 30 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo. http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/04_publicaciones/catatumbo.pdf 31 Ibid

este marco han realizado homicidios selectivos y han amenazado a líderes sociales y autoridades municipales. En el municipio de Cabrera el alcalde, el personero y no menos de 30 dirigentes sociales y políticos fueron intimidados y amenazados por las autodefensas al ser considerados “traidores a la patria y colaboradores de las guerrillas”. En el Caquetá la presencia paramilitar se suma a la lucha contrainsurgente, el control por las zonas de cultivo de coca. Narcotraficantes como Leonidas Vargas crearon grupos de autodefensas para contrarrestar el accionar de la guerrilla sobre el negocio.

El proceso de desmovilización del bloque Catatumbo, el frente sur de los Andaquíes (2006), las Autodefensas de Cundinamarca y el bloque Centauros generó expectativas de paz en los diferentes municipios. Sin embargo, estas expectativas duraron poco. En algunos casos el ejército ocupó los territorios de los paramilitares y reprodujo sus prácticas. En otros surgieron bandas emergentes de paramilitares como las Águilas Negras, Águilas rojas o las Autodefensas Unidas de Cundinamarca. Los impactos de la guerra: El impacto más evidente de la guerra en la población civil es el aumento de los homicidios, masacres, desplazamientos y víctimas por minas antipersona. En los 4 municipios se registra un descenso sostenido de los homicidios desde 1990 hasta 1997. A partir de este año empiezan a ascender las cifras llegando a tener crecimientos sostenidos a partir del 2000. Este ascenso coincide con la arremetida paramilitar en Convención, Cabrera y Puerto Rico y con el fortalecimiento de las bandas narcotraficantes en Zarzal.

32 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Diagnóstico departamental Caquetá. http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/departamentos/2007/caqueta.pdf 33 Estudio de caso Zarzal p.25

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Esto permitió el asentamiento de las AUC en Florencia, Morelia y Valparaíso. Entre 1999 y 2001 se habla también de la creación del frente Sur de los Andaquíes del Bloque Central Bolívar –BCB. Entre 2002 y 2005 estos grupos buscaron dominar los municipios de Puerto Rico, El Doncello y El Paujil.32 La disputa territorial trajo como consecuencia intimidaciones, homicidios, secuestros y desplazamiento de población. En Zarzal, si bien el tema del conflicto armado es silencioso, se evidencia la presencia de bandas armadas al servicio del narcotráfico. Bandas que cumplen funciones de seguridad, transporte y cuidado de fincas de los capos locales. Estos grupos reclutan jóvenes del municipio e influyen de manera importante en las dinámicas de violencia locales.33

GRAFICA No.1

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Fuente. Observatorio de Derechos Humanos

Un indicador del ascenso de la confrontación es el número de víctimas por masacres. Este tiene picos importantes en Puerto Rico a partir del 2009 y en Zarzal desde el año 2001. Convención presenta también una masacre en 1995. En los dos primeros casos es posible explicar el uso de estrategias de violencia masiva como resultado de la entrada de los paramilitares a los municipios y del predominio de una situación en que ningún grupo armado logra tener soberanía. GRAFICA No.2

Fuente. Observatorio de Derechos Humanos

El impacto de la arremetida paramilitar en los municipios es más claro cuando se analizan las cifras de desplazamiento. A partir del 2001 el desplazamiento en

los municipios de Puerto Rico y Convención asciende vertiginosamente. En Cabrera y Zarzal las cifras no llegan a ser mayores a 800 personas pero es evidente el ascenso de las cifras. No sobra recordar que para los pobladores rurales, el desplazamiento implica graves pérdidas. Se pierde la tierra, los bienes y el lugar de trabajo. Algunos autores afirman que en promedio cada familia pierde con el desplazamiento más de 13,9 millones de pesos.� Independientemente de que tan altas sean las cifras de desplazamiento siempre van a tener un significado dramático para quien perdió todo. Es importante anotar que los municipios no solo son expulsores de población. En los casos de Cabrera y zarzal se reciben las poblaciones desplazadas de los municipios vecinos. TABLA No. 1 POBLACION DESPLAZADA 1997 - 2008 A 1997 1997

1999

2000

1

35

113

1

40

240

95

1081

327

3450

462

5670

1

60

67

224

157

427

2003

132

2005

214

2006 2007 2008

35

4

23

2004

72

1

2001

2002

28

273 399 463

577 651 732

152

Convención 58

80

125

147

398

180

2426

8038

4197

8685

7739 9490

10950

279

8230 9161 9843

10314 10550

Fuente: Estadísticas Acción Social 2009

Los registros de víctimas por mina antipersona muestran también los impactos de la guerra y especialmente el grado de confrontación que vive una zona. Convención y Puerto Rico muestran nuevamente las cifras más altas y picos importantes en la etapa posterior al año 2000. Esto puede explicarse por el incremento de la confrontación militar. Más allá de estos impactos evidentes, como se mostraba al inicio del texto,

2459

1998

Zarzal Cabrera Puerto Rico

los informes muestran que el conflicto armado transforma la cotidianidad de los municipios al punto de hacer poco viable la vida comunitaria y familiar. La guerra transforma profundamente las dinámicas productivas en municipios como Puerto Rico o Convención. La probabilidad de la incursión de cualquier grupo armado o de fumigaciones dificultan el desarrollo de economías campesinas que vayan más allá del pan coger. “No se sabe cuando se vuelva a perder todo”, por ello los usos productivos de la tierra se reducen a la obtención de los alimentos para la familia. Incluso, si se quisiera ir en contra de las probabilidades, la guerra también fractura los canales de comercialización.

2460

Tabla No.2 REGISTROS DE VICTIMAS POR MINAS ANTIPERSONA 1990 -2008 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2008

Zarzal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Cabrera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 2 2

Puerto Rico Convención 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 2 0 0 0 1 11 14 17 14 4 1 3 2

Fuente: Estadísticas Acción Social 2009

Las tiendas comunitarias se acaban y los retenes y daños en las vías (resultado de la falta de inversión pero también de las minas y los enfrentamientos) impiden llegar a los mercados de las cabeceras municipales. De otro lado, los actores armados imponen reglas sobre los cultivos y su comercialización. Reglas que en ocasiones hacen inviables ciertos productos. En el caso de Cabrera se muestra además que la confrontación llega a afectar también el entorno de producción. Los habitantes del municipio han denunciado

que la presencia militar genera daños profundos en los ecosistemas y cambios en los usos productivos… Consecuencias que aumentan en casos como el de Puerto Rico en donde a la presencia militar se suman los efectos ambientales de la aplicación del glifosato. El consumo y la producción no está entonces garantizado. Más si se tiene en cuenta que los habitantes de estas zonas son sometidos a fuertes controles en la adquisición y transporte de los víveres. Los diferentes grupos obstaculizan el paso de alimentos, medicamentos, gasolina, fertilizantes poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los pobladores y reduciendo de manera considerable su calidad de vida. Además de desestructurar la producción, la guerra fragmenta a las sociedades rurales: se reducen los niveles de participación en los espacios comunitarios, se fragmentan las organizaciones sociales, aumenta la desconfianza, se desestructuran las familias, se transforman los valores comunitarios, se orientan las expectativas de los jóvenes hacia los grupos armados.

La violencia replantea la cotidianidad de quienes se desplazan y de quienes se quedan en los municipios. Los medios y estrategias para sobrevivir se transforman, replanteando los planes de vida y dinámicas de las familias campesinas. Se produce en medio de un alto nivel de incertidumbre y una gran cantidad de restricciones impuestas por el grupo armado de turno. En este marco, las mujeres no solo se encuentran expuestas a múltiples violencias, también deben asumir nuevos roles familiares y comunitarios que por lo general implican mayores responsabilidades a nivel productivo. La vulnerabilidad inicial que permitió el desarrollo del conflicto parece entonces retroalimentarse con el desarrollo mismo de la confrontación. Se crean entonces nuevos escenarios para nuevos conflictos.

2461

La comparación de la situación de conflicto en los diferentes municipios evidencia la estrecha relación entre precariedad estatal y situaciones de conflicto. Es la ausencia de soberanía la fuente de órdenes alternativos basados en el accionar de grupos al margen de la ley. La ausencia de soberanía es también la base de los estigmas y de la configuración de una presencia estatal basada en la acción militar. Presencia que al combinarse con la operación de estructuras paramilitares produce estrategias de violencia masiva con altos costos para la población civil. Sin embargo, los impactos de la violencia no pueden reducirse al número de homicidios, desplazamientos, masacres o accidentes con mina.

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