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RED NACIONAL DE MUNICIPIOS POR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA Declaración

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Los Municipios de México Violencia y la Inseguridad

ante

la

México enfrenta una crisis de seguridad que tiene en las ciudades sus expresiones más intensas. Se trata de un fenómeno complejo que afecta a toda la población sin importar su origen étnico, su condición social o económica, su sexo o edad. La violencia y la inseguridad que hoy se vive en el país, no es igual en todas las ciudades, ni tiene en ellas la misma intensidad y dinámica. Hay diferencias que responden a la conformación histórica de cada ciudad, a sus raíces culturales, a los contextos socioeconómicos en los que se desenvuelven, a su ubicación geográfica y a los fenómenos emergentes que las afectan. La violencia y la inseguridad no constituyen un fenómeno asociado únicamente a la actividad del crimen organizado, detrás de ella se encuentran también otro conjunto de factores, como: la violencia intrafamiliar, la ocupación irregular del espacio urbano o el aprovechamiento de las áreas públicas con fines de lucro, el deterioro de barrios, la necesidad de vivienda, la distribución desigual de servicios públicos, la falta de infraestructura comunitaria, la especulación con el suelo urbano, el transporte público ineficiente e inseguro, la informalidad económica y la falta de empleo, el crecimiento de amplios grupos infantiles con déficit social, emocional y/o afectivo, la escasez de oportunidades para los jóvenes, la creciente disponibilidad de alcohol, drogas y armas, el deterioro ambiental, la presencia de prácticas culturales discriminatorias, la débil aplicación de normas para la convivencia, la negligencia, la impunidad y la corrupción.

Las mujeres no han sido ajenas al contexto de violencia que vive el país. La violencia de que son objeto se da en múltiples planos y escenarios: la casa, el barrio, el trabajo, las instituciones o la escuela. Pero, sea cual sea el ámbito y el tipo de la violencia ejercida contra las mujeres –psicológica, física, patrimonial o institucional-, ésta es producto de una construcción social basada en relaciones de poder desiguales e inequitativas entre hombres y mujeres. Lo mismo la violencia que la inseguridad, obstaculizan el desarrollo de los jóvenes, su capacidad de aprendizaje y su correcta inserción en la sociedad. Ellos son los autores principales de delitos comunes y de conductas de riesgo, pero también las primeras víctimas de ellas. Además de la falta de oportunidades educativas, sociales y políticas que golpean a los jóvenes, las instituciones básicas en su desarrollo –la escuela, la policía, los servicios sociales- se encuentran confrontadas con amplios sectores juveniles, propiciando su ingreso a las actividades delictivas. Los fenómenos de violencia, de inseguridad real o subjetiva y otras situaciones conflictivas, afectan la capacidad de las ciudades de ofrecer a sus habitantes oportunidades, bienestar y tranquilidad. Esta circunstancia provoca, de un lado, cambios en los estilos de vida de la población derivados del miedo; incertidumbre en las inversiones y la operación de las empresas; una emigración creciente que propicia el abandono de viviendas y el despoblamiento de barrios, así como la desconfianza en las instituciones de gobierno; por otro lado, someten al conjunto de los servicios e instituciones municipales a imperativos urgentes de eficacia en la reparación de los daños, en la vuelta a la calma en las calles y los espacios públicos, sin que muchas de las veces se cuente con el desarrollo institucional para ello. La actividad delictiva y la violencia en todas sus formas, pero principalmente la del crimen organizado, además de afectar la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos, de limitar el ejercicio de los derechos humanos, de dañar la salud pública y la convivencia pacífica, representa un

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riesgo para la gobernabilidad, toda vez que diluye la cohesión de la sociedad y cuestiona el equilibrio social, jurídico, cultural y político, necesarios para el funcionamiento democrático del Estado y para la fortaleza de sus instituciones.

Ante esta circunstancia:

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Los Gobiernos Municipales Consideran

. Que la seguridad es un bien común esencial para el desarrollo adecuado de las personas y de la sociedad, estrechamente vinculado con el goce de otros bienes o derechos como la inclusión social, el trabajo, la salud, la educación y la cultura. El acceso a los derechos favorece también el derecho a la seguridad. Que el municipio tiene funciones de seguridad pública que deben ser ejercidas de acuerdo con la Ley y en el marco de las competencias que la Constitución le señala. Dicha función se debe regir por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Para su cumplimiento el municipio está obligado, entre otras acciones, a formular políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. Que el fenómeno de la violencia y la inseguridad debe entenderse y abordarse como una construcción social compleja

que sólo puede

enfrentarse mediante un proceso en el que se articulen acciones integrales, coordinadas e interinstitucionales que incluyan la participación ciudadana y se orienten a resolver los desequilibrios y causas sociales , económicas y culturales que lo originan. Que la experiencia acumulada, en los últimos años, señala la necesidad de acompañar la política de contención y combate a la delincuencia, con una política preventiva que incida sobre los contextos de riesgo -cultural, social, económico, demográfico, urbano y jurídico- que propician o agravan la

violencia y la actividad delictiva. Para lograrlo, se requiere del diseño e instrumentación de intervenciones sociales preventivas integrales

que

además de anticiparse a los problemas, sean capaces de disminuir la violencia, la inseguridad y el temor en el que viven importantes segmentos de la población. Que la violencia ejercida contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; puede verse como una ofensa a la dignidad humana o como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres; por ello, erradicarla es condición indispensable para el desarrollo social e individual, además de que contribuye a la participación plena e igualitaria de las mujeres en todas las esferas de la vida pública. Que la violencia obstaculiza el desarrollo de los jóvenes, su capacidad de aprendizaje y su correcta inserción en la sociedad. Prevenir esta situación hace necesario situar a la juventud en el centro de las políticas locales de seguridad y prevención social. Los jóvenes requieren de oportunidades educativas y de empleo que les permitan construir un proyecto de vida Que la problemática generada por la creciente disposición y consumo de sustancias psicoactivas es cada vez más compleja y demanda novedosas formas de prevención y control, con énfasis en la protección de niños, niñas y jóvenes. Que la seguridad debe trascender su carácter público para lograr ser también ciudadana. La seguridad no puede seguir concibiéndose como una responsabilidad única del gobierno toda vez que las circunstancias actuales la convierten en un ámbito en el que deben participar otros actores sociales e instancias distintas de las policías y de las instituciones seguridad pública, con el fin de construir comunidades y ciudades más cohesionadas, solidarias y libres de violencia.

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Que la complejidad y dimensiones alcanzadas por la violencia y la delincuencia, exigen la construcción de estrategias

de seguridad y

prevención social que favorezcan el desarrollo de una ciudadanía activa. Todos, lo mismo hombres que mujeres, no sólo pueden, sino que deben hacer algo para propiciar la seguridad en los espacios donde se desenvuelven. Se requiere que los ciudadanos participen reconstruyendo consensos, restaurando la convivencia en sus espacios más inmediatos, de manera que fomenten la cultura de la legalidad. Sólo desde ahí será posible esbozar el futuro para construir comunidades y ciudades abiertas, habitables, equitativas, seguras y democráticas. Que es imperativo fortalecer el papel de las ciudades en la transformación cultural de sus habitantes para incrementar la cohesión, la solidaridad y la colaboración entre quienes las habitan, al tiempo de fomentar el reconocimiento de la diversidad social y cultural como un activo para el desarrollo y la democracia.

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Que es Nuestra Decisión

1.

Constituir una Red Nacional de Municipios por la Seguridad y la Convivencia

Ciudadanas,

comprometida

con

la

seguridad

de

los

ciudadanos, el respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento de la cohesión social, así como con la prevención y erradicación de la violencia de género. 2.

Formular e instrumentar un Plan Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que incorpore los enfoques de seguridad ciudadana, derechos humanos y la perspectiva de género.

3.

Promover el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo y coordinación entre los tres niveles de gobierno que hagan posible articular de manera consensuada las políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia.

4.

Incrementar mediante acciones específicas los factores de protección y seguridad de las mujeres y niñas con la finalidad de anticipar y evitar los diversos tipos y modalidades de violencia; así como promover su desarrollo en el ámbito familiar, escolar, laboral, comunitario e institucional.

5.

Impulsar acciones para prevenir la violencia infantil y juvenil, así como la generada por el abuso de drogas y alcohol; y promover la erradicación de la violencia ejercida contra los grupos vulnerables, dentro y fuera del seno familiar.

6.

Generar oportunidades educativas, económicas y laborales –principalmente para los jóvenes y las mujeres–, así como invertir en educación, cultura y deporte, para fortalecer la cohesión social y la convivencia ciudadana, y con ello mitigar factores de riesgo asociados a la violencia.

7.

Establecer acciones, programas y proyectos que busquen modificar las condiciones sociales de la comunidad y que generen oportunidades de desarrollo de la población; en específico, de los grupos sociales vulnerables o en situación de riesgo, principalmente los jóvenes.

8.

Impulsar programas de apoyo a la familia que, sin importar su configuración, refuercen en su seno valores como la tolerancia, la convivencia o el respeto; fortalezcan los lazos familiares y el ejercicio de los derechos de los menores, como la mejor forma

para evitar la desintegración social y comunitaria,

contribuyendo con las familias a que se conviertan

en espacios de

protección y seguridad para sus miembros. 9.

Promover, apoyar, diseñar y realizar actividades culturales y deportivas para fomentar la convivencia y la cohesión social. Difundir la importancia de la prevención de la violencia, así como fortalecer el vínculo entre los habitantes mediante el acceso a los bienes y servicios culturales.

10. Formular proyectos y diseños urbanos orientados a mejorar las comunidades mediante la modificación del entorno, la remoción, la renovación o la reinvención de los espacios públicos y privados. Revertir el proceso de fragmentación de las ciudades a partir de políticas que consoliden la estructura urbana hacia un modelo de fortalecimiento de la cohesión y la convivencia social. 11. Desarrollar acciones que promuevan la cultura de la legalidad y la paz, que combatan estereotipos y discriminaciones que fracturan a la sociedad, generan conflicto o dañan la vida en comunidad. 12. Poner en práctica modelos participativos que permitan involucrar a los ciudadanos y sus organizaciones en materia de prevención para el rediseño, ejecución y evaluación de políticas orientadas a identificar y revertir las causas estructurales que generan violencia. 13. Fomentar la formación de coaliciones sociales locales, movimientos ciudadanos y redes comunitarias y barriales, que tengan como objetivos básicos: la promoción de la no violencia, la solución negociada de conflictos, la construcción colectiva de condiciones básicas de seguridad en espacios

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como el hogar, la escuela, el trabajo o la comunidad, y la convivencia pacífica. 14. Diseñar, promover y realizar actividades que, además de fomentar el capital social, fortalezcan la cohesión de las comunidades, en conjunto con las Organizaciones de la Sociedad Civil. 15. Establecer mecanismos para que la comunidad participe en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad pública y prevención social de la violencia. 16. Promover la participación de los medios de información en las tareas de formación pedagógica, de prevención y de control de la violencia y el delito, así como evitar la transmisión de contenidos violentos, principalmente en la televisión en horarios infantiles. 17. Instrumentar

acciones

de

prevención

situacional

que

a

través

de

modificaciones urbanas, la recuperación de espacios públicos, el uso de tecnologías y sistemas, así como mecanismos de denuncia ciudadana permitan inhibir la comisión de delitos y hacer más seguros los espacios urbanos y las escuelas. 18. Llevar a cabo, en coordinación con autoridades estatales y federales, acciones que tiendan a disminuir los impactos negativos de la migración, y diseñar políticas que ayuden a incorporar a la dinámica de las ciudades a la población, que llega de otras regiones a vivir y a trabajar en ellas. 19. Incorporar dentro de la normatividad municipal la obligación de llevar a cabo políticas de prevención social de la violencia y destinar recursos que hagan posible la operación efectiva de sus acciones y les den sustentabilidad y permanencia. 20. Diseñar e instrumentar programas orientados principalmente a niñas, niños y jóvenes que contribuyan a reforzar valores y a fomentar en ellos el sentido de identidad y pertenencia a sus comunidades. 21. Realizar gestiones para fortalecer y mejorar el Subsidio a la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) y proponer que se destine un monto específico de sus recursos al apoyo de las políticas locales dedicadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia.

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22. Gestionar la implementación de un programa de recursos dirigido a municipios que no se encuentran integrados al SUBSEMUN para apoyar sus políticas de prevención social y de seguridad. 23. Poner en marcha programas que acerquen a las policías municipales con las necesidades y expectativas de los ciudadanos a través de esquemas de policías de proximidad o comunitaria, especializada en la mediación para intervenir en forma temprana

en

conflictos familiares,

vecinales

y

comunitarios y así anticiparse a que se conviertan en delitos. 24. Impulsar la creación de Observatorios Ciudadanos Municipales autónomos que constituyan un instrumento de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas de seguridad y la prevención social de la violencia. 25. Aprovechar la red como plataforma para acercar a los municipios al conocimiento de buenas prácticas y experiencias exitosas de prevención social, así como promover el contacto con organismos internacionales y representaciones de países extranjeros que contribuyan a la difusión y acceso a modelos y proyectos de seguridad ciudadana y prevención social. 26. Promover un enfoque metropolitano y regional que permita diseñar e instrumentar políticas coordinadas y eficaces, para dar respuesta a problemáticas compartidas por conurbaciones entre distintos ayuntamientos, para mejorar la gobernabilidad y la cohesión social.

Ciudad de México, 21 de octubre de 2010

FIRMAS

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