Apdo.349 (05080 AVILA) Apdo.430 (09080 BURGOS) Apdo.845 (24080 LEON) Apdo.390 (34080 PALENCIA) Apdo.738 (37080 SALAMANCA) Apdo.878 (47080 VALLADOLID)

Amnistía Internacional Unidad Territorial de Castilla y León

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http://www.a-i.es PREMIO NOBEL DE LA PAZ 1977 - PREMIO DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS 1978 DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA, ACUERDO CONSEJO DE MINISTROS 31-VII-81

LOS DERECHOS HUMANOS SON COSA DE TODOS: RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL A LAS PRÓXIMAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Enero 2003

INTRODUCCIÓN Durante el primer semestre del próximo año tendrán lugar en Castilla y León tanto las elecciones autonómicas como las elecciones municipales. En este sentido, y aunque es el Gobierno central el que tiene a su cargo la mayor parte de las competencias en política interior y exterior, ello no anula ni deja vacía de contenido la responsabilidad de otras administraciones públicas, como son las autonómicas y locales. Los derechos humanos constituyen la base de la vida en comunidad y por eso defenderlos y promover su conocimiento y aplicación debe ser un compromiso ético y político de todos los gobiernos. En cualquier caso, las competencias que gestionan las diferentes administraciones no son compartimentos estancos. Las comunidades autónomas realizan actividades de carácter educativo y de cooperación al desarrollo y poseen competencias en materia de servicios sociales y de seguridad ciudadana. De este modo, la descentralización política y administrativa del Estado es cada vez más profunda. Una descentralización que amplía el margen de actuación de las administraciones más cercanas a los ciudadanos, pero que les exige también un mayor grado de compromiso para con ellos. Además, la vida de las comunidades autónomas es cada vez mas abierta al exterior, más interdependiente. Los responsables regionales, los empresarios... viajan al extranjero para promocionar productos, invertir y atraer inversiones, reunirse con sus homólogos... y reciben también visitas de delegaciones de otros países. Sin duda, una buena noticia para los derechos humanos, porque facilita su promoción y deja en evidencia a quienes no los respetan ante el resto del mundo. Debido a todas estas razones, Amnistía Internacional considera que las administraciones regionales deben adquirir compromisos específicos para, de una parte, asumir sus responsabilidades como poderes públicos, adoptando medidas adecuadas de protección y de promoción de los derechos humanos en aquellas áreas en las que ejerzan competencias; y, de otra, para respaldar iniciativas en materia de derechos humanos referidas tanto al Estado español como al resto del mundo, muy especialmente en sus relaciones exteriores. En febrero de 2002 se creó en las Cortes de Castilla y León una Comisión Permanente para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, un año después de ser solicitada por Amnistía Internacional. A pesar de la expectación que surgió tras su creación se puede afirmar que no ha sido dotada de contenido y no ha cubierto las expectativas creadas. Por todo ello, solicitamos a todos los partidos políticos y candidatos que se presenten en las próximas elecciones regionales en Castilla y León que incorporen en sus programas electorales las siguientes recomendaciones. RECOMENDACIONES SOBRE MATERIAS DE COMPETENCIA REGIONAL 1. La administración regional deberían estudiar la creación de una Comisión de Derechos Humanos, que dispondría de competencias en materia de promoción y defensa de los derechos humanos en su ámbito municipal. Desde Amnistía Internacional consideramos que la Comisión de Derechos Humanos pueden desvelarse como un organismo útil para afianzar una cultura de los derechos humanos entre los ciudadanos, ya que éstos perciben a la administración local como la más cercana a sus problemas y a sus intereses. Esta Comisión debería ayudar a hacer mas sistemática la política de las Cortes regionales en materia de derechos humanos y su promoción y defensa en el ámbito correspondiente. Algunos de los objetivos de esta concejalía podrían ser: •

Garantizar y defender el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de su dignidad y a ser respetados como personas, utilizando como guía la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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Garantizar que la actuación de la Junta de Castilla y León en sus políticas dirigidas a los ciudadanos preserva los derechos antes citados y denunciar actitudes y acciones de otras administraciones presentes en la localidad, si éstas constituyen una violación de los derechos fundamentales.

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Promover una cultura de los derechos humanos en la vida ciudadana, fomentando su conocimiento y difundiendo públicamente situaciones en las que personas de todo el mundo sufren la violación de estos derechos.

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Promover el respeto a los derechos fundamentales en las visitas institucionales que se realicen a otros países. Sería deseable que los representantes regionales requirieran información a las ONG que trabajen sobre la situación de los derechos humanos en la zona. En el caso de que la situación sea preocupante, Amnistía Internacional recomienda a los representantes regionales que realicen gestiones para demostrar su preocupación ante las autoridades correspondientes.

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Elaborar un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Castilla y León que será elevado al Pleno de las Cortes regionales para su conocimiento y, posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León. En el mencionado informe se recogerán las gestiones realizadas ante la autoridades de otros países y una evaluación de los resultados obtenidos.

2. La administración regional debería mantener una política activa de formación inicial a los agentes de la policía local que incluya la prevención de casos de tortura y de malos tratos, la asistencia a inmigrantes, mujeres maltratadas, etc. Todos los estudios indican que uno de los factores cruciales en la evitación de los casos de torturas y malos tratos policiales es la política preventiva. La Junta de Castilla y León tiene transferidas las competencias de formación inicial de los nuevos agentes de las policías locales, en este sentido, es necesario que la administración regional incluya un tiempo específico de formación para los miembros de las policías locales, en los que se contengan recomendaciones específicas referidas al trato al detenido, en la línea de las recomendaciones internacionales en la materia. Debe trasmitirse igualmente a los funcionarios policiales el mensaje claro de que ningún caso de tortura o de malos tratos será tolerado y que sus responsables serán sancionados severamente. A este respecto, es especialmente importante que la prevención se centre en el trato de los miembros de las fuerzas de seguridad con las minorías de todo orden (étnicas, de orientación sexual, etc.), garantizando un trato no discriminatorio. Esto es especialmente cierto en el caso de los inmigrantes, refugiados y solicitantes de refugio o asilo, que, por resultar especialmente vulnerables, deberán ser objeto de una especial atención en las instrucciones impartidas a los agentes policiales (véase el informe España: crisis de identidad. Tortura y malos tratos de índole racista a manos de agentes del Estado).

Igualmente, y de manera complementaria, las corporaciones locales deberían igualmente promover de forma regular la realización de actividades de formación permanente para los miembros de sus policías locales, que incluyan en todo caso contenidos de formación en derechos humanos. 3. La administración regional debería promover actividades de educación en derechos humanos en su ámbito territorial. Las competencias en materia educativa están totalmente transferidas a la administración regional y es su deber promover iniciativas, organizar actividades y producir materiales orientados específicamente a la educación en derechos humanos, desvinculados de la educación para el desarrollo que llevan a cabo otras ONG, que pueden ser distribuidos en los centros educativos, en las asociaciones juveniles y otro tipo de asociaciones y centros de actividades culturales en el ámbito de su competencia. En este sentido, una asignación adecuada de recursos en el presupuesto de la Consejería es recomendable.

4. La administración regional debería orientar sus ayudas y actividades de cooperación al desarrollo de manera que se garantice la vinculación entre desarrollo y derechos humanos. Todas las declaraciones internacionales en materia de derecho al desarrollo, destacan la interdependencia entre este derecho y el resto de los derechos humanos. Por ello, es preciso que las actividades de cooperación al desarrollo estén orientadas de tal modo que dicha interdependencia no se pierda de vista en ningún caso. En este sentido, deberían adoptarse las siguientes medidas: •

Incluir entre los proyectos que pueden ser solicitados con cargo a las convocatorias de ayudas para la cooperación al desarrollo los de promoción o protección de los derechos humanos, incluyendo la protección a víctimas de violaciones de derechos humanos y la educación en derechos humanos.

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Establecer como obligatorio para los proyectos que se soliciten la evaluación de la situación de derechos humanos en el lugar de realización del proyecto, así como la relación entre el proyecto y la promoción y protección de los derechos humanos.

RECOMENDACIONES PARA UNAS CORTES REGIONALES SOLIDARIAS 5. Amnistía Internacional recomienda a las Cortes de Castilla y León la aprobación de declaraciones institucionales de denuncia de casos concretos de violaciones y abusos contra los derechos humanos en todo el mundo, o sobre cuestiones globales que afecten a la violación de derechos humanos. Asimismo, la organización recomienda a los grupos políticos la apelación directa y sistemática a favor de personas que sufren persecución, cárcel o condena por la libre expresión de sus ideas, raza, origen étnico, religión u orientación sexual, siempre que no hayan ejercido la violencia o abogado por ella, o por casos de torturas, malos tratos, "desaparición", ejecuciones extrajudiciales o pena de muerte. Amnistía Internacional trabaja, cada año, por miles de casos de violaciones contra los derechos humanos en todo el mundo. Actualmente, por ejemplo, la Sección Española trabaja para evitar que Amina Lawal sea ejecutada en Nigeria, a resultas de la aplicación de una sentencia de muerte pronunciada por un tribunal islámico. Muchos ayuntamientos y administraciones regionales ya han asumido como propia esta petición. Amnistía Internacional recomienda que se creen mecanismos de coordinación entre Amnistía Internacional y cada corporación que permita que la información de nuestra organización, bien sobre casos concretos o bien sobre temas globales, llegue de manera continua a los responsables municipales. 6. Amnistía Internacional recomienda a las Cortes de Castilla y León que aprueben declaraciones institucionales instando al gobierno central a aprobar un plan de acción global sobre derechos humanos, que pueda contribuir a mejorar la acción del Gobierno español en la protección y promoción de los derechos humanos en el ámbito de la política exterior. Amnistía Internacional ha recomendado al Gobierno español que diseñe y adopte un plan global de derechos humanos en su política exterior, que deberá ser cumplido por todos los ministerios y sus instancias administrativas. Este plan debería ser evaluado por el Congreso de los Diputados. Asimismo, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que elabore un informe anual sobre su actuación en política exterior en materia de derechos humanos. Este informe debería contener información precisa sobre la política prevista y la actuación del gobierno sobre países y casos

concretos. A juicio de Amnistía Internacional, la adopción de este plan de acción global en materia de derechos humanos por parte del gobierno contribuiría a avanzar hacia una política sistemática en este terreno, basada en unos principios previamente establecidos y no en acciones aisladas y puntuales. Una política gubernamental en la que todos los países estén sometidos a un examen y a un trato similar con respecto a los derechos fundamentales. Lo que Amnistía Internacional solicita a las autoridades regionales es que hagan valer sus múltiples relaciones con el gobierno español para instarle a adoptar sin demora un plan de acción global que siente las bases de su política exterior en relación con los derechos humanos

7. Amnistía Internacional y Brigadas Internacionales de Paz recomiendan a las Cortes regionales que apoyen los Programas de Acompañamiento y Protección de Defensores de los Derechos Humanos, incorporándose a la Red de apelantes y contribuyendo económicamente a su mantenimiento. Amnistía Internacional mantiene un Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos, destinado a proporcionar cobertura y apoyo a los miles de personas que en todo el mundo trabajan en el movimiento de derechos humanos, en muchas ocasiones en difíciles condiciones y bajo constantes riesgos para su libertad y para su vida. En el contexto del programa, decenas de personas han sido acogidas en territorio español en estancias temporales, cuando la prolongación de su permanencia en su país hacía temer seriamente por su seguridad. Brigadas Internacionales de Paz, organización que desarrolla un trabajo paralelo y coordinado con Amnistía Internacional en la protección a defensores amenazados, mantiene Programas de Acompañamiento a Defensores de Derechos Humanos amenazados en distintos países. Su labor consiste en acompañar físicamente dando protección y seguridad frente a posibles agresiones, "desapariciones" o asesinatos políticos. Para mantener estos Programas, la organización busca de manera continua brigadistas dispuestos a desplazarse para realizar acompañamientos así como financiación y apoyo político. Ambas organizaciones mantienen una red apelantes que reacciona de manera urgente en todos aquellos casos en los que se conoce alguna situación que amenaza la seguridad o la libertad de acción de algún miembro del movimiento de derechos humanos. La participación de instituciones públicas y personalidades políticas en la Red de apelantes es especialmente importante en la medida en que su influencia puede ser decisiva para evitar actuaciones contra los derechos del defensor. Por ello, Amnistía Internacional y Brigadas Internacionales de Paz recomiendan a las Cortes Regionales y a sus integrantes que se incorporen a dicha Red. Igualmente, ambas organizaciones recomiendan que las Cortes contribuyan económicamente a los Programas de Acompañamiento y Protección, con el fin de poder acompañar en sus países y acoger en el nuestro a más personas de las que se hallan en riesgo.