LA PAC 2014-2020: UNA OPORTUNIDAD PARA EUROPA

Consejo Asesor Agrario de Castilla-La Mancha Toledo, 21 de febrero de 2011

I. RETROSPECTIVA Y PANORAMA GENERAL Los objetivos generales con los que nació la PAC permanecen vigentes 50 años después en el Tratado de Lisboa, aunque con las variaciones obligadas por el transcurso del tiempo y de las prioridades (incrementar la productividad de la agricultura, garantizar un nivel de vida equitativo a los productores, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar los suministros a precios razonables), marcadas por los desafíos del momento y las necesidades tanto de los sectores agrario y agroalimentario como del conjunto de la sociedad europea. La PAC ha sido desde sus inicios la hoja de ruta que ha plasmado el consenso de los pueblos europeos, y hoy en día sigue siendo ese instrumento que nos hemos dado para la consecución de los objetivos acordados, en cada etapa, por el Consejo de Ministros en materias como la sostenibilidad, la competitividad, la orientación al mercado, el respeto al medio ambiente, al territorio rural y a la biodiversidad, así como la contribución a la lucha contra el cambio climático. Para Castilla-La Mancha, al igual que para España, la PAC entra en nuestras vidas, de facto, a partir del año de nuestra incorporación a la entonces denominada Comunidad Económica Europea en el año 1986, y desde entonces, nuestro sector agroalimentario y medio rural han recibido cerca de 15.000 millones de euros en concepto de fondos europeos. Las reformas de los años ochenta trajeron los mecanismos de intervención de Mercado, mientras que en la década de los noventa aparecieron las ayudas compensatorias para rematar con la reforma de principios del milenio que acuñó el concepto del desacoplamiento de las ayudas. Mientras que las ayudas compensatorias tenían como principales objetivos la reducción de excedentes, la concienciación medioambiental, la apuesta por la competitividad y fomento del desarrollo rural; la reforma del año 2003 con la introducción del pago desacoplado venía principalmente a conjugar la sostenibilidad de la agricultura con la orientación al mercado de las producciones. Tras dos décadas de reformas de calado -especialmente la del año 2003- se llevó a cabo el Chequeo Médico de la PAC con una vocación de corregir y perfeccionar algunos de los aspectos que quedaron abiertos seis años atrás, ajustándolos al período 2009-2012. Asimismo, esta revisión de la PAC fue el pistoletazo de salida de los debates en torno a los futuros retos de la agricultura europea y las perspectivas financieras del siguiente período programático, siempre enfocando las discusiones en tres objetivos fundamentales: simplificar el Régimen de Pago Único, revisar los instrumentos de mercado y atajar los nuevos retos.

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Tras este largo camino recorrido, se han producido muchos cambios y han aparecido nuevas herramientas. La PAC con la que hoy contamos está más orientada al mercado, el desacoplamiento total de las ayudas está más cercano y el desarrollo rural es la vía escogida para afrontar los retos planteados por el cambio climático, la biodiversidad, las energías renovables y la gestión del agua. Estos llamados nuevos retos de la PAC forman parte de una lista más amplia de elementos que están sometidos a un continúo debate en el seno de la Unión Europea, de allí que, el pasado 18 de noviembre de 2010, la Comisión Europea haya lanzado una nueva propuesta de reforma de esta Política bajo el título “La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario”. En este sentido, el Chequeo Médico ha sido la antesala de una reforma que tiene que afrontar la Unión Europea con el objetivo de ajustar la PAC a un nuevo contexto general marcado por:   

la ampliación de la UE a 27 Estados Miembros, el desarrollo de la Estrategia UE2020, un nuevo orden mundial –G22- con implicaciones en el comercio mundial. el crecimiento estimado de la población mundial, de 7.000 a 9.100 millones, que exigirá un incremento del 70% del suministro alimentario para el año 2050.



Esta reforma en ciernes será una buena oportunidad y un paso importante, no sólo para responder a las necesidades del conjunto del sector agrario y agroalimentario europeo, sino también para colmar las demandas y expectativas del conjunto de la ciudadanía europea en torno al modelo agroalimentario que desea, sin olvidar que todo ello ha de configurarse dentro de un modelo coherente y sostenible desde el punto de vista tanto socio-económico como medioambiental. Evolución de los ayudas de la PAC en Castilla-La Mancha durante el período 1986-2009 (millones de euros)

-

1.200 €

Orientación al mercado Preocupaciones consumidores Desarrollo rural Medio ambiente Simplificación Compatibilidad con la OMC

- Refuerzo reforma 2003 - Nuevos retos - Gestión de riesgos

1.068 € 1.000 €

800 €

-

- Competitividad - Desarrollo rural

Reducción de excedentes Medio ambiente Estabilización rentas Estabilización presupuestaria

707 €

600 €

577 €

400 €

334 €

941 €

897 €

720 € 698 €703 € 654 €

929 € 849 € 846 €

831 € 763 €

419 €

200 €

204 €

200 €

623 €

680 €

974 €

114 € 0€

1,5 € 1986

29 € 1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

3004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

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Las ayudas de la PAC han sido un factor determinante en la generación de riqueza por parte del sector agrario, favoreciendo que desde el año 1986 el sector primario castellano-manchego haya aportado 41.000 millones de euros en concepto de renta agraria, con una tasa media de crecimiento del 6% anual en los últimos 24 años. Si bien hay que señalar que en el quinquenio más reciente nuestra renta agraria ha retrocedido hasta situarse muy por debajo del quinquenio anterior, hecho que no puede pasar desapercibido, porque precisamente en este período –a partir de 2002- es cuando se han intensificado las orientaciones de la PAC hacia el desacoplamiento de las ayudas agrarias y la desregulación de los mercados. Evolución de la renta agraria en Castilla-La Mancha durante el período 1986-2009 3.000.000.000 € 2.500.000.000 € 2.000.000.000 € 1.500.000.000 € 1.000.000.000 € 500.000.000 € 0€ 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 3004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

La aportación de las ayudas de la PAC a la renta agraria ha seguido una tendencia creciente, con dos períodos claramente diferenciables, puesto que el peso promedio de las ayudas de la PAC sobre la renta agraria ha pasado de representar el 36% durante la década 1990-1999 a suponer el 40% de media durante el período 2000-2009. Pero a pesar de haberse incrementado el peso de las subvenciones, estas no han compensado sino de manera parcial los efectos que sobre el mercado y los ingresos de los agricultores y ganaderos ha tenido la aplicación de las reformas de la PAC más recientes (destacadas en color granate en el gráfico anterior).

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Peso de los fondos de la PAC en la renta agraria de Castilla-La Mancha durante el período 1986-2009 (precios constantes Base 2000) 70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% 1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

3004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

La Renta Agraria y el Valor Añadido Bruto agrario están intrínsecamente relacionados, en tanto en cuanto la primera variable representa la disponibilidad efectiva del sector mientras que la segunda explica la capacidad productiva del sector. Pues bien, observamos como a partir del año 1995 han seguido una senda paralela, con cierta volatilidad en el caso de la Renta Agraria frente a oscilaciones más suaves en el caso del Valor Añadido Bruto agrario. Evolución de la renta agraria y del VAB agrario en Castilla-La Mancha durante el período 1986-2009 (precios constantes Base 2000) 3.500.000.000 €

3.000.000.000 €

2.500.000.000 €

2.000.000.000 €

1.500.000.000 €

1.000.000.000 €

Renta Agraria

500.000.000 €

VAB agr

0€ 1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

3004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Por su parte, tanto la renta agraria por ocupado (RAO) como el VAB agrario por ocupado (VABO) han crecido de manera netamente positiva, con algunas inflexiones, coincidiendo la última de ellas con el inicio de la recesión mundial.

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Evolución de la renta agraria / ocupado y del VAB agrario / ocupado en Castilla-La Mancha entre 1986 y 2009 (precios constantes Base 2000)

60.000 €

50.000 €

40.000 €

30.000 €

20.000 €

10.000 €

VABagr/ocupados agrarios

Renta Agraria/ocupados Agrarios

0€ 1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

3004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Una comparativa entre la evolución de los fondos de la PAC recibidos por Castilla-La Mancha y los ocupados agrarios en la región, pone de manifiesto un comportamiento totalmente contrario, ya que a partir del año 1990, mientras las ayudas de la PAC se han visto incrementadas una media del 14% anual, la cifra de ocupados agrarios ha ido disminuyendo a una tasa promedia anual del 3%. Evolución de los Fondos de la PAC y de los ocupados agrarios en Castilla-La Mancha durante el período 1986-2009 (precios constantes Base 2000) 1.200 €

140

120

1.000 €

100 800 € 80 600 € 60 400 € 40

200 €

20

0€

0 1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Ocupados agrarios (Miles de personas)

1999

2000

2001

2002

2003

3004

2005

2006

2007

2008

2009

Fondos PAC (Millones de Euros)

Fuente: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Por otra parte hay que reseñar que en Castilla-La Mancha, a partir del año 1990, el VAB agrario ha ido perdiendo peso en detrimento del VAB del sector industrial, habiéndose ampliado la diferencia entre ambos indicadores a partir del año 2003.

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Evolución del VAB de los sectores agrario e industrial en Castilla-La Mancha (precios constantes Base 2000) 6.000.000.000 €

5.000.000.000 €

4.000.000.000 €

3.000.000.000 €

2.000.000.000 €

1.000.000.000 €

0€ 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

VAB Industria

VAB agricultura

Fuente: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

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II. POSICIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 1. LA AGRICULTURA Y LOS AGRICULTORES: PILARES ESTRATÉGICOS La agricultura es una pieza fundamental de la economía y de la sociedad castellano-manchega, con implicaciones que van más allá de las propias fronteras sociales y económicas del sector. El sector primario europeo y la PAC conforman el escenario donde se juegan buena parte de las claves que van a permitir a la Unión Europea consensuar una hoja de ruta con la cual poder ganar la batalla y responder a los retos que plantea la Estrategia UE2020. Es por ello que debemos reconocer el papel económico, territorial, ambiental y social de los agricultores, afirmando que cualquier reducción significativa de la actividad agraria generaría pérdidas en términos de PIB y de empleo en otros sectores económicos, en particular dentro de la cadena agroalimentaria y del resto de actividades rurales como el turismo, el transporte ó los servicios locales. Todo ello aceleraría la despoblación y tendría consecuencias ambientales y sociales irreversibles. Y asimismo, queremos destacar la importancia de la agricultura familiar castellano-manchega y el papel que han desempeñado las cooperativas agrarias en el sostenimiento de las explotaciones y de nuestros pueblos, así como la necesidad de seguir fomentando la incorporación de los jóvenes a la actividad rural. Por otra parte, es necesario admitir que los agricultores europeos prestan una serie de servicios, algunos de los cuales actualmente no son adecuadamente remunerados por el mercado y otros nunca lo serán. No podemos olvidar que los agricultores son empresarios que desean poder obtener la mayor parte de su renta del mercado, pero además proporcionan una serie de servicios y beneficios a la sociedad a la vez que afrontan un conjunto de riesgos y peligros que amenazan la competitividad y viabilidad del propio sector agroalimentario de la Unión Europea, aspectos todos ellos que la ya iniciada reforma de la PAC debe considerar prioritario apoyar y que vienen reflejados en el siguiente cuadro.

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SERVICIOS/BENEFICIOS

Vs PELIGROS/RIESGOS

Servicios y beneficios que proporcionan los agricultores a la sociedad:        

Seguridad alimentaria a través del mantenimiento de la capacidad productiva. Mayor estabilidad del mercado, a través de la garantía de suministro. Garantía de seguridad alimentaria, trazabilidad, sostenibilidad, protección del medio ambiente y garantía del bienestar animal. Empleo y viabilidad económica de las zonas rurales en explotaciones agrícolas. En su mayor parte de tipo familiar o cooperativo. Mantenimiento de un medio rural agradable y de un paisaje diverso para los vecinos, los visitantes y los turistas. Mantenimiento de la biodiversidad, mantenimiento de las tierras de pastoreo, los humedales, las turberas, las praderas secas, las acequias, los setos, el monte bajo, los estanques, los muros de piedra en seco y los caminos Gestión de la tierra y del agua, (reducción de inundaciones, mejora de la capacidad de almacenamiento de aguas subterráneas y mejora de la resistencia frente a los incendios). Gestión activa de los recursos naturales por parte de la agricultura como palanca clave para mantener el paisaje rural, para luchar contra la pérdida de biodiversidad y contribuir a mitigar el cambio climático.

Peligros y riesgos que afrontan los agricultores:        

Desmantelamiento progresivo de las medidas previstas por la PAC para garantizar la estabilidad del mercado. Agricultura más orientada al mercado, que no ha conseguido mejorar la remuneración que obtienen los agricultores del mercado. Entrada de grandes inversores sin intereses agrarios y con fines especulativos en los mercados de materias alimentarias. Prácticas comerciales y contractuales desleales y abusivas, el mercado interior y la política de competencia. Desequilibrios en la cadena alimentaria Modelo agrícola más costoso, por cumplimiento de la normativa, como respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos. Situación de desventaja competitiva frente a terceros países. Compromisos comerciales adquiridos mediante acuerdos internacionales suscritos de manera bilateral o global por la Unión Europea y que en ocasiones perjudican a los intereses agrarios.

El mantenimiento de la provisión de estos beneficios públicos en el futuro requerirá una política pública fuerte, porque los productos proporcionados por el sector agrícola no pueden ser adecuadamente remunerados y regulados a través del funcionamiento normal de los mercados. Retirar dicho apoyo público conduciría a una mayor concentración de la producción agrícola en algunas zonas con condiciones especialmente favorables, utilizando prácticas agrícolas más intensivas, mientras que las zonas menos competitivas se enfrentarían a la marginación y el abandono

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de tierras. Esta evolución daría lugar a mayores presiones ambientales y el deterioro de los hábitats valiosos, con graves consecuencias económicas y sociales, incluyendo un deterioro irreversible de la capacidad de producción agrícola europea. La futura PAC, más allá de 2013, debe satisfacer las necesidades alimentarias, conservar el potencial de producción de alimentos en toda la UE y los recursos naturales. Debe mantener las comunidades rurales viables, para las que la agricultura es una actividad económica principal, la creación de empleo local, que proporciona múltiples beneficios económicos, sociales, ambientales y territoriales. Al mismo tiempo tiene que garantizar al medio agrario y a la población rural un nivel de ingresos equitativo respecto del resto de la sociedad y el conjunto de la economía. Para el futuro será necesario contar con una PAC más justa, más equitativa y con mayor legitimidad ante la sociedad, y en este sentido la reforma debe tener en cuenta las siguientes ideas básicas y troncales: 

La necesidad de configurar una PAC capaz de conjugar la compensación por producir en zonas con limitaciones naturales y el apoyo a las rentas con mecanismos de gestión mercado que amortigüen la volatilidad de los precios y su consiguiente efecto en los ingresos de los agricultores, todo ello en el marco de una actividad agraria sostenible, rentable, competitiva, mejor organizada y mejor representada en el seno de la cadena de abastecimiento, que además se vea respaldada con la aplicación del principio de reciprocidad a las importaciones de terceros países,



La PAC es una política con derivaciones multisectoriales que además tiene que contribuir a la Estrategia UE2020 mediante el fomento del crecimiento verde y tiene que propiciar la consecución de los objetivos de acción del clima habida cuenta del papel positivo que juega la agricultura desde el punto de vista medioambiental, ya sea a través de las prácticas agroambientales ó el suministro de bienes públicos no siempre reconocido y remunerado.

 La PAC es una de las políticas más integradas y sin su aportación no se puede explicar el desarrollo socio-económico de las zonas rurales. Por ello es necesario mantener el segundo pilar de la PAC y seguir mejorando la contribución de la agricultura a la cohesión territorial mediante el apoyo del empleo, a la integración asociativa productiva y comercial de los agricultores y ganaderos, la incorporación de jóvenes, la modernización de las pequeñas explotaciones y la profesionalidad de sus titulares, la mejora y diversificación de la economía rural y el fomento de cadenas de valor “cortas”.

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2. ORIENTACIÓN DE LA REFORMA: Para lograr los objetivos, el futuro de la PAC debe centrarse en tres aspectos:   

un sistema de ayudas directas que remunere los beneficios para la sociedad que aporta la actividad agraria, mejora del funcionamiento del mercado apoyando los esfuerzos realizados por los agricultores y sus cooperativas, y un desarrollo rural centrado en la competitividad, la innovación y diversificación de la actividad económica y fijación de población.

Existe un acuerdo generalizado en todo el ámbito de la Unión europea de que son tres los ejes sobre los que debe centrarse la futura reforma, “pagos directos”, “medidas de mercados” y “desarrollo rural”. Se trata de herramientas presentes en la actual PAC, pero las disfunciones creadas en la definición y aplicación actual, por la ausencia de complementariedad y por la obtención de resultados contrapuestos, han hecho que sean numerosas las voces que opinan que ha existido una desconexión entre los tres ejes. Los pagos directos no han incentivado las estrategias conjuntas de mercado por parte de los agricultores y sus organizaciones, más bien han servido para todo lo contrario. Por otro lado, no han incentivado la modernización de las explotaciones y los sistemas productivos, efecto más acusado con el desacoplamiento de las ayudas de la actividad productiva, lo que necesariamente debería conducir a una reorientación de las ayudas en sentido contrario al desacoplamiento. Las ayudas se deben encaminar a las explotaciones que desarrollen una actividad agraria profesional orientada al mercado, que cuenta con una estrategia comercial, comprometida con su sector y en constante adaptación mediante la modernización e incorporación de las mejores tecnologías disponibles. La futura PAC debe ser capaz de generar sinergias y complementariedad entres los tres ejes de forma que se potencien y apoyen unas políticas a otras para el logro de los objetivos.

A. PAGOS DIRECTOS: Con la reforma de la PAC del año 1992, se establecieron unas ayudas a las rentas por hectárea que tenían en cuenta las pérdidas de ingresos por el desmantelamiento de la política de precios, que consistían en compensar la diferencia entre el precio en la UE y el precio del libre mercado internacional, además se establecieron unos índices comarcales que representaban la productividad de las tierras. La aplicación estos índices comarcales daba lugar a diferencias comarcales en cuanto a la ayuda por hectárea, y posteriormente se ha trasladado al valor de los derechos, dando lugar a grandes diferencias entre comarcas y 11

regiones por hectárea. A día de hoy existen motivos suficientes para el cambio:   

En el desacoplamiento no se condiciona el cultivo para la percepción de la ayuda. Los pagos directos deben compensar la provisión de bienes y servicios públicos básicos que el mercado no es capaz de remunerar. En lo que respecta el equilibrio territorial, la existencia de diferencias en el valor de los derechos produce diferencias en la competitividad.

Es necesaria, en consecuencia, una adaptación del sistema de pagos directos, y realizar una redistribución, rediseño y una mejor focalización de la ayuda. Los criterios deben ser a la vez: a) económicos, con el fin de cumplir con la función de la renta básica de los pagos directos, b) de mercado, los pagos directos no pueden alterar la competitividad del sector y ser un origen para la competencia desleal, c) de modernización e innovación para que la actividad agraria siga contribuyendo al desarrollo sostenible del medio rural, y d) impulsores del respeto a las personas, los animales y el medioambiente a fin de apoyar la provisión de bienes y servicios públicos básicos.

A.1) Agricultura activa: El futuro de los pagos directos concedidos a los titulares de explotaciones agrarias se debe condicionar al ejercicio de la “actividad”. Aparece como referencia el “agricultor activo”, que podemos entender como tal aquella persona física o jurídica que ejerce una “agricultura activa”, la cual debe basarse en los siguientes principios:    

Que obtenga una producción. Que tenga orientación de mercado y estrategia comercial. Que realice una adaptación y modernización acorde con la mejor utilización de los recursos naturales. Que genere empleo.

La “Agricultura activa” sería aquella que se practica en el seno de una explotación agraria, organizada empresarialmente por su titular para la producción agraria, con fines de mercado y servicio público, que moderniza e incorpora las innovaciones tecnológicas y genera empleo, todo ello realizado de forma respetuosa con las personas, el medio ambiente y los animales.

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A.2) Esquema de ayudas propuesto por la Comisión Europea: Se ha producido un proceso de transición de las ayudas a la producción a las ayudas a los agricultores, introduciendo un sistema de ayuda disociada a la renta de cada explotación, en estos momentos las ayudas deben compensar el papel económico, territorial, ambiental y social de los agricultores, reconociendo los servicios y beneficios públicos proporcionados por el sector agrícola que no son adecuadamente remunerados a través del funcionamiento normal de los mercados. Surge en este contexto la idea del establecimiento de una tasa fija única. No obstante, los agricultores europeos se enfrentan a condiciones económicas y naturales muy diferentes en toda la UE, por ello se hace necesaria la posibilidad de que se pueda ver incrementada en estos casos, también para aquellos agricultores que incrementan el nivel de compromisos o que pertenecen a sectores y explotaciones vulnerables con riesgo de abandono o desaparición. Tener en consideración lo anterior redundará en una distribución más equitativa de las ayudas directas, que según la propuesta recogida en la Comunicación de la Comisión tendría el siguiente esquema:     

Tipo básico en apoyo de las rentas, Ayuda adicional obligatoria para bienes públicos «medioambientales» Pago adicional para compensar condicionantes naturales específicos, Componente de ayuda asociada voluntaria para sectores y regiones específicos, Un nuevo régimen para las pequeñas explotaciones agrícolas.

A.2.i) Tipo básico en apoyo de las rentas (Tasa fija única o ayuda común de base a la agricultura): Se pretende, mediante su establecimiento, compensar no sólo los beneficios y servicios públicos que proporciona la actividad agraria, y que no remunera el mercado, sino también el sobre-coste ocasionado por los altos estándares de calidad y seguridad alimentaria junto con otros requisitos de carácter ético o medioambiental exigidos a la producción en la Unión Europea. El sistema actual, basado en la compensación de rentas por las pérdidas debidas al desmantelamiento de la política de precios, que han dado lugar al valor de los derechos actuales, ha producido diferencias muy acusadas entre los territorios. Esas diferencias a día de hoy, una vez disociadas las ayudas, están generando problemas de competitividad a las explotaciones precisamente más agudizado en las regiones y comarcas menos productivas. La ayuda de base no puede representar una vuelta al sistema de índices comarcales. Los distintos territorios pueden proporcionar

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diferentes niveles de servicios y bienes públicos, pero nunca esas diferencias son lo suficientemente significativas para que hagan pensar en ayudas de base por estado, región y comarca. Como ya se ha apuntado, el sistema actual está basado en la compensación de rentas por las pérdidas debidas al desmantelamiento de la política de precios, que han dado lugar al valor de los derechos actuales, ha producido diferencias muy acusadas entre los territorios. El valor medio del derecho consolidado en CLM alcanza los dos tercios de la media española. Esas diferencias a día de hoy, una vez disociadas las ayudas, están generando problemas de competitividad desigual entre explotaciones, en perjuicio precisamente de las regiones y comarcas con mayores dificultades intrínsecas para la producción. Por otro lado, los servicios y bienes públicos proporcionados son similares al resto de España. Pensamos que, desde el punto de vista de la percepción de las ayudas directas, se deben usar los mismos criterios de reparto entre regiones españolas que utilice la Comisión para el reparto entre Estados. Por tanto el presupuesto destinado a los pagos directos en CLM se debe incrementar hasta conseguir alcanzar, al menos, la media nacional.

A.2.ii) Ayuda adicional obligatoria para bienes públicos «medioambientales» (Ayuda a las explotaciones con mayores compromisos): En este apartado hay que destacar que ya existen unas ayudas que casan con la pretensión de la Comisión Europea, como son las ayudas agroambientales, pero consideramos que deben ser sometidas a una serie de ajustes. Por otro lado, su efectividad se ve muy limitada por su duración en el tiempo, sus efectos solo son patentes mientras la medida está vigente, acabándose sus posibles beneficios con el final del compromiso, sin que estos perduren en el tiempo, volviendo las tierras o zonas objeto de la ayuda a tener las condiciones anteriores. Por último, y en lo que respecta a estas medidas, hay que señalar la peligrosa tendencia que últimamente se observa en su desarrollo, al convertirse en un marco complementario de ayudas de las contempladas en el marco general de la PAC, para aquellos cultivos que por unas u otras causas se convierten en vulnerables y son excluidos de la misma, aunque se impongan unas condiciones de producción que posean cierto “barniz ambiental”. Este hecho desvirtúa por completo la filosofía y objetivos por los cuales se deben regir estas ayudas. Por otro lado, las ayudas agroambientales adolecen en su concepción de ser meras compensaciones del coste de los compromisos que asumen los

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titulares, careciendo del factor de incentivación que haría más eficaz su implantación. Desde Castilla-La Mancha consideramos positiva la propuesta de introducir una ayuda adicional de carácter anual, por el suministro de bienes públicos medioambientales, que no acarree dificultades de gestión y de puesta en práctica.

A.2.iii) Pago adicional para compensar condicionantes naturales específicos (Ayuda a los territorios con dificultades naturales objetivas): Desde Castilla-La Mancha entendemos que esta ayuda debe ser percibida por todas las explotaciones como compensación a las dificultades de producción, ligadas a las características agroclimáticas de aquellos territorios clasificados como zonas de montaña o intermedias. Adicionalmente, en este pago adicional se debe contemplar una ayuda suplementaria para aquellas superficies que se encuentren dentro de la Red Natura 2000, la cual vendría a compensar las limitaciones ambientales específicas de estos territorios.

A.2.iv) Componente de ayuda asociada voluntaria para sectores y regiones específicos (Ayuda a los sectores y explotaciones vulnerables): En el casto de Castilla-La Mancha, los sectores vulnerables son los herbáceos, viñedo y olivar todos ellos de secano y cultivos sociales, así como la ganadería extensiva, el vacuno de leche, el vacuno de carne y la apicultura. En todos los sectores anteriores se incluiría una vertiente convencional y otra ecológica, pero en todo caso la organización y gestión de la explotación tendrá que tener una clara orientación hacia el mercado con el fin de contribuir no sólo a su propia viabilidad y sostenibilidad sino también a la del conjunto del modelo agrario europeo.

A.3) PERÍODO TRANSITORIO: El cambio de modelo exige un periodo transitorio suficiente para evitar grandes cambios que podrían tener consecuencias perjudiciales de carácter económico para algunas regiones y/o sistemas de producción. Se deberán establecer límites a los trasvases de fondos entre Estados miembros, entre las regiones y garantizando que los agricultores no verán drásticamente modificadas su percepciones de los pagos directos.

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A.4) LÍMITE MÁXIMO Y MÍNIMO DE LAS AYUDAS: Es razonable establecer un límite máximo para la percepción de ayudas con el fin de evitar efectos indeseados de competitividad y por similitud con la teoría económica de los rendimientos decrecientes, de forma que por encima de determinada dimensión de la explotación la aportación de bienes y servicios públicos decrece o incluso se convierte en negativa la aportación por incremento de tamaño. Además, es aconsejable a la hora de establecer estos límites máximos, vincular los mismos a la generación de empleo efectivo en la explotación; aunque en cualquier caso se debería establecer un techo de ayudas que ya no se incrementaría fuera cual fuera el empleo generado. Además, se deberían instrumentar las medidas de precaución necesarias para evitar que se creen las condiciones artificiales para sortear dichos límites máximos. Respecto del límite inferior parece razonable que se sitúe, en todo caso, marcado por el coste de gestión de las ayudas.

A.5) CONDICIONALIDAD: La reforma de la PAC del año 2003 introdujo como condición para la percepción del pago íntegro de las ayudas directas la subordinación al respeto de una serie de normas relativas a las tierras, la producción y la actividad agrarias. Se pretendía integrar en las organizaciones comunes de mercados requisitos básicos en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales y buenas condiciones agrarias y medioambientales, como respuesta a una demanda del conjunto de la sociedad. Se puede afirmar que la condicionalidad de los pagos directos ha contribuido y es una herramienta muy efectiva para resolver problemas ambientales o de falta de respeto a determinados requisitos legales, sin embargo estas exigencias tienen su incidencia sobre la competitividad, lastrándola, sobre todo frente a terceros países que carecen de estas obligaciones. En este punto, el objetivo de la futura PAC debe ser avanzar en una simplificación real de la condicionalidad para los agricultores y los gestores de las ayudas.

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A.6) LAS PEQUEÑAS EXPLOTACIONES: Desde Castilla-La Mancha apoyamos la existencia de un régimen de ayudas especial para las pequeñas explotaciones. En el caso de las pequeñas explotaciones, para que su coexistencia con los demás integrantes del sector agrario sea equilibrada, su integración contribuya al mantenimiento de un modelo global de competitividad, viabilidad económica y rentabilidad, y se justifique su legitimidad para percibir ayudas directas, es imprescindible que exista tanto una clara orientación hacia el mercado, como una modernización y adaptación en la práctica agraria, tal y como ocurre en estos momentos en el funcionamiento de las ayudas al tomate, frutos de cáscara y ovino de carne. Resulta de vital importancia que la PAC contemple, dentro de su segundo pilar, para los pequeños agricultores fórmulas de agrupación, que les permitan no sólo comercializar sus productos desde una mejor posición negociadora sino también reforzar sus estrategias comercializadoras para subsistir y ser viables, porque sólo de esta manera el conjunto de la agricultura europea podrá ser viable.

A.7) OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS AYUDAS DIRECTAS: El actual sistema de pagos directos y la modulación han favorecido la división de explotaciones y fraccionamiento y desintegración de cooperativas de producción y explotaciones asociativas. Desde luego, no ha servido para la fusión o incremento de tamaño de las explotaciones ni para la creación de cooperativas y explotaciones asociativas. La futura PAC no puede permanecer ajena al modelo de explotación que mejor contribuye a proporcionar los bienes y servicios que demanda la sociedad europea. Debe favorecer e incentivar las fusiones e incremento de tamaño y dimensión económica, penalizar los fraccionamientos que den lugar a explotaciones inferiores a una unidad mínima económica. El asociacionismo productivo y comercial es y ha sido un pilar básico en el sostenimiento de la economía y empleo rural, además de ser una herramienta importantísima que tienen los agricultores para incidir y estar presentes en el mercado. Las entidades asociativas de producción, por tanto, pueden ser una buena solución para la creación de explotaciones de dimensión económicas viables con estrategia de mercado. Deben, por tanto quedar excluidas de los topes máximos de ayudas establecidos para explotaciones individuales y tomarse en consideración el número de explotaciones asociadas a la hora de aplicar dichos límites. No podemos olvidar la existencia de explotaciones sin tierra, pertenecientes tanto al sector agrícola como al sector ganadero –incluido el apícola-, que son fruto de la especialización y diversidad estructural de 17

los sistemas agrarios, que contribuyen a mejorar las condiciones de las pequeñas explotaciones, desarrollar los mercados locales y cerrar ciclos productivos, (en otras ocasiones es la propia organización o grupo quien hace la función). La heterogeneidad de las estructuras de las explotaciones y sistemas de producción contribuyen al atractivo y a la identidad de las regiones rurales, en este sentido nuestra región aporta esta particularidad. Estas explotaciones deben ser incluidas en el sistema de pagos directos.

B. MEDIDAS DE MERCADO. Es importante recordar que el Tratado de Lisboa consolida la PAC como política comunitaria, reconociendo como objetivos de la misma la estabilidad de los mercados y la garantía de abastecimiento de un mercado de 500 millones de consumidores. Estos consumidores en su mayoría, tal y como quedó reflejado en el Eurobarómetro Nº72, no sólo no aceptan que se produzca un crecimiento económico en detrimento del respeto al medio ambiente sino que, preguntados sobre cuáles son los aspectos a priorizar para conseguir un relanzamiento económico sostenible, de un número máximo de tres respuestas posibles, escogieron el apoyo a la producción de bienes y servicios respetuosos con el medio ambiente y el apoyo a la agricultura, en segundo y tercer lugar respectivamente, tal y como refleja el siguiente gráfico.

Fuente: Eurobarómetro Nº 72

La agricultura europea debe, por lo tanto, satisfacer las demandas de sus ciudadanos en materia de alimentación, territorio y biodiversidad, y tiene que afrontar retos importantes como el mantenimiento de la capacidad productiva o la globalización, con unos mercados más amplios y volátiles.

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En este sentido, llama poderosamente la atención que se hayan ido desmantelando de manera progresiva los instrumentos de gestión de mercados a la vez que ha ido aumentando la volatilidad de los mismos, provocando una desprotección de los agricultores y ganaderos a causa de la ausencia de herramientas que permitan estabilizar sus ingresos, hecho que ha quedado muy patente tanto con la última crisis alimentaria como con la actual recesión mundial. Con la reforma de la PAC de 1992 se produjo una profunda revisión en los mecanismos establecidos en 1962, iniciándose una senda bajista de las medidas de mercado que fueron reemplazadas por pagos directos, a la vez que el presupuesto global destinado a aquellas pasó del 0,65% del Producto Interior Bruto al 0,45% actual.

Fuente: Comisión Europea

Entendemos por ello que esta reforma de la PAC es una oportunidad para solucionar las disfunciones existentes en la cadena de valor, abordar la implantación de un principio de reciprocidad a las importaciones comunitarias y establecer unos mecanismos de intervención que sean ágiles y eficaces. Las medidas de mercado son por lo tanto imprescindibles para el futuro del sector agrario, porque son una de las piezas que sin duda marcará la diferencia y determinará la solidez y credibilidad de la PAC frente a los productores y al conjunto de los ciudadanos.

B.1) UNA MEJORA DE LA POSICIÓN DE AGRICULTORES/PRODUCTORES EN LA CADENA ALIMENTARIA:

LOS

La Comisión Europea reconoce en su Comunicación que existe una posición de desventaja de los agricultores que no ven reflejado su valor añadido ‘real’ en la cadena alimentaria, por estar más dispersos y peor organizados que otros miembros de la cadena.

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Asimismo, la Comisión asume que sin una transmisión adecuada de las señales de mercado, las perspectivas a largo plazo del sector agrícola y de su parte del valor añadido generado por la cadena alimentaria están en peligro.

B.1.i) MEJORA DE LA CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN: Hay que reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria, propiciando mecanismos que mejoren su capacidad de negociación fundamentalmente a través de una concentración y mejor organización de la oferta, de tal manera que se propicie un equilibrio de mercado real. Frente a una distribución cada vez mejor organizada, existe una oferta muy atomizada sin capacidad de negociación y un pequeño agricultor supeditado al precio que le marca el eslabón más fuerte de la cadena. La agrupación de la oferta implica un mayor poder de negociación gracias al mayor volumen de producto negociado, pero también aporta una mayor competitividad a los productores como consecuencia de la creación de economías de escala y la consiguiente reducción de los costes de producción. Además, la agrupación de productores facilita el acceso a la tecnología e innovación, lo cual revierte directamente en su explotación y mejora sus economías de escala; a lo cual hay que añadir un mejor acceso a la financiación gracias a las mayores garantías que ofrece una organización de productores/interprofesional con respecto a un pequeño agricultor. Por todo lo anterior, la PAC debe contemplar la fórmula de agrupación para mejorar la posición de los agricultores/productores en la cadena de suministro. Además, para reequilibrar la capacidad negociadora, se permitiría la negociación colectiva de precios/contratos por medio de estas agrupaciones de productores estableciendo unos topes máximos en lo que atañe el peso de la producción total que represente cada agrupación con respecto a la producción nacional y comunitaria, sin establecer una exclusión de las cooperativas, lo cual exigiría la revisión de la normativa de competencia. De igual manera, la capacidad de negociación colectiva debería reconocerse en el seno de otros modelos institucionales de representación de los intereses de los agentes de la cadena como las organizaciones interprofesionales. Esta fórmula es admitida o no en los Estados miembros en base a una interpretación desigual de las normas de competencia; por lo que sería necesario una homologación europea de tal situación en el sentido apuntado, revisando la normativa de competencia o reglamentando las modalidades de aplicación del reconocimiento de la capacidad de negociación colectiva en el seno interprofesional. 20

Pero esta transformación debe ir acompañada del riguroso control y ejemplar sanción, por parte de las autoridades de competencia, de aquellas prácticas comerciales abusivas que se practiquen desde una posición de dominio oligopolístico por parte de los eslabones con una mayor concentración.

B.1.ii) REVISIÓN DE LA NORMATIVA DE COMPETENCIA: La normativa de la competencia debe tener en cuenta las especificidades del propio sector agrario a la hora de diagnosticar la existencia o no de un monopolio y hacer más flexible la legislación antimonopolio para los agricultores, cuyo poder de negociación se ve mermado y que la propia legislación comunitaria de competencia no ha resuelto aún. La reforma de la PAC debe facilitar la transición del sector, cuando sea necesario, a la creación de agrupaciones de productores con un proyecto empresarial duradero, que contemple estrategias a largo plazo y un plan de inversiones o programa operativo que mejore su eficiencia; así como a la vertebración del sector mediante la organización interprofesional y que ello revierta en una mejora de la eficiencia de la cadena alimentaria. Entendemos que la normativa de competencia es uno de los instrumentos clave para conseguir mejorar la posición de los agricultores europeos en la cadena de valor, ya que por definición la política de competencia de la Unión Europea tiene encomendada la protección de los agricultores contra las prácticas anticompetitivas y el desarrollo de un marco jurídico para el desarrollo de formas eficientes y duraderas de cooperación entre productores. La PAC de después de 2013 debe contar con una normativa de competencia adaptada a la realidad y a los retos del sector agrario, y por ello es importante que se condicione la creación de agrupaciones de productores a una integración económica de los mismos y a la existencia de estructuras comerciales estables y viables, constituyendo este hecho una exoneración/excepción al derecho de competencia comunitario para conseguir una mejor posición negociadora de los agricultores europeos a la hora de establecer los precios de compra-venta con el resto de actores de la cadena alimentaria. De esa misma exoneración/excepción debería beneficiarse la negociación colectiva de precios/contratos en el seno interprofesional, dentro del marco reglamentario que se establezca. Finalmente, la autoridad de competencia debería establecer mecanismos para monitorizar aquellas estrategias de bajada de precios que tengan como único objetivo hacer de reclamo publicitario o de “gancho” para atraer consumidores, provocando con ello una competencia desleal y una distorsión en el mercado que afecta de manera directa a la renta de los agricultores.

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B.1.iii) RELACIONES CONTRACTUALES: El poder de negociación desigual existente dentro de la cadena alimentaria tiene un efecto negativo en la competitividad de la cadena alimentaria, dado que los agricultores y pequeños productores se ven obligados en muchas ocasiones a aceptar precios que merman no sólo su margen de beneficio sino su viabilidad a medio plazo por la falta de incentivos para la inversión y la innovación. Esta asimetría en el poder de negociación conlleva en ocasiones prácticas comerciales desleales que vienen provocadas por la imposición de cláusulas abusivas en los contratos. Este punto ya ha sido objeto de análisis por parte de la Comisión a mediados de 2009, habiendo incluido entre sus recomendaciones la mejora de la comprensión e información tanto de los precios de transmisión así como de los acuerdos contractuales a lo largo de la cadena alimentaria. En efecto, se producen otro tipo de vicios dentro de la cadena alimentaria que afectan a todos los integrantes de la cadena de valor, cuando se realizan modificaciones unilaterales de las condiciones contractuales por parte del eslabón más fuerte de la cadena. Por lo tanto, es importante que se revisen las prácticas contractuales actuales y se analicen las asimetrías que estas producen dentro de la cadena alimentaria, puesto que se trata de un aspecto que también define el grado de transparencia y equilibrio dentro de la cadena que no podemos obviar en nuestro afán de conseguir una mejora de la posición negociadora de los agricultores y pequeños productores. Uno de los medios para afrontar dichas relaciones sería la condicionalidad de aquellas ayudas públicas destinadas a las inversiones en mejoras de la transformación, la comercialización y la promoción a la existencia de dichas relaciones o, el menos, priorizando su concesión a aquellas empresas que acrediten mediante contratos que los beneficios obtenidos con el esfuerzo público realizado para mejorar sus resultados se transmite a lo largo de la cadena hasta incluir en el mismo a los productores. Asimismo, y con el fin de propiciar relaciones contractuales duraderas y sostenibles hay que desarrollar contratos tipo que hagan más justa la relación entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria, constituyendo un auténtico ejercicio de transparencia que permita un equilibrio más justo y real de la oferta y la demanda. Los citados contratos tipo se redactarían de antemano e incluirían toda aquella información que sea necesaria para dotarlos de transparencia y permitir una correcta transmisión de precios a lo largo de la cadena alimentaria que, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico, no existe en la actualidad, puesto que a partir del mes de marzo de 2008 los productos básicos agrícolas han visto como sus precios caían en picado 22

mientras que los precios de producción y los precios al consumo de alimentos proseguían una tendencia alcista que se vio interrumpida mucho más tarde.

Finalmente, es importante que la normativa de competencia no suponga una traba al desarrollo de estos contratos, para lo cual hay establecer una línea clara entre la normativa que regula las condiciones contractuales y lo que denominaríamos un política/práctica de fijación de precios, contraria a la normativa de competencia, salvando las exoneraciones/excepciones propuestas.

B.1.iv) CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA: Junto con la mejora de la comprensión de las prácticas contractuales, y examinarlas en profundidad así como su relación con las asimetrías en el poder de negociación dentro de la cadena alimentaria, dado que, en función de cada situación específica, pueden dar lugar a resultados poco equitativos e ineficientes. El hecho de garantizar unas relaciones contractuales estables y transparentes debe ir acompañado de un código de conducta propio de la cadena alimentaria que proteja a los agricultores de las malas prácticas dada la posición de desventaja que estos sufren en la actualidad en comparación con otros miembros de la cadena. Se requiere un compromiso de todas las partes para evitar las prácticas desleales y contrarias a la competencia y todas aquellas conductas que pongan en riesgo la viabilidad y sostenibilidad del modelo agrario europeo. Por ello, los Estados miembros colaborarán con las autoridades comunitarias con el fin de establecer un código de conducta que involucre

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a todos y cada uno de los actores que integran la cadena alimentaria, especialmente entre aquellos cuya relación es más decisiva para conseguir el equilibrio de la cadena. Este código de conducta debe erigirse en una hoja de ruta que defina qué se entiende por buenas y malas prácticas, con el fin de permitir no sólo un pronta detección de los sesgos sino que además facilite una rápida actuación de la autoridad competente en la materia. El código de buenas prácticas comerciales debe contar con respaldo reglamentario y ser de voluntaria aplicación para la generalidad de los operadores, pero de obligatorio cumplimiento en determinadas condiciones – por ejemplo, por encima de determinados niveles de concentración o en productos especialmente sensibles por su carácter perecedero u otras situaciones-. Además, será imprescindible crear un foro en el que se vean representados todos los interesados y en el cual se consensúen los criterios a seguir, tanto por la Comisión Europea como por los Estados Miembros y los distintos eslabones de la cadena alimentaria, de modo que se mejore la información y la transparencia del mercado, en particular sobre los márgenes y la transmisión de los precios dentro de la cadena de valor.

B.2) MECANISMOS DE REGULACIÓN DE MERCADO: Existe un consenso generalizado en torno al hecho de que una orientación al mercado requiere de una batería de mecanismos de regulación de mercado, lo cual implica una revisión y reordenación de los instrumentos actuales para hacerlos más eficaces y para dotar a los mercados de una mayor estabilidad que redunde en una estabilización de la renta percibida por los agricultores y ganaderos.

La reciente evolución de los precios de ciertos productos agrarios muestra claramente una mayor volatilidad en tiempos de crisis. Desde el inicio de la

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actual recesión los precios de algunas materias primas han fluctuado claramente por encima de los niveles mínimos y máximos que han venido marcando durante el período 2000-2006 según el siguiente gráfico de la Comisión Europea.

Porque la progresiva desaparición de instrumentos para la estabilización de los mercados ha dado lugar a la especulación y la volatilidad de los mercados, una volatilidad que lleva acompañada un desfase entre el momento en el que el precio se manifiesta en el mercado y el momento en el que el productor agrario es capaz de responder a esta señal, incrementando o reduciendo la producción tal y como hemos podido ver en el gráfico del apartado anterior de “Relaciones contractuales”. El déficit actual en herramientas adecuadas a nivel Comunitario para dar una respuesta rápida, eficaz y contundente a la volatilidad de los mercados impide no sólo una correcta planificación y programación por parte de los productores, sino que además supone un grave riesgo para la seguridad alimentaria en la Unión Europea y una amenaza continua a los ingresos de los agricultores, que ven como los precios de producción han caído en los últimos quince años mientras los precios de los insumos agrarios seguían una tendencia diametralmente opuesta, hecho que podemos ver ilustrado en el siguiente gráfico.

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Asimismo, esta volatilidad se ve acentuada a medida que la Unión Europea aumenta su exposición a los mercados mundiales como consecuencia de la apertura de fronteras a nuevos mercados derivando, como veremos en apartados posteriores, en una competencia desleal a los agricultores de la Unión Europea, por no cumplir los países terceros con las mismas exigencias impuestas a los productores Comunitarios. Vemos en el gráfico adjunto como hay dos períodos muy diferenciados en lo que ha sido la evolución del precio a la exportación de trigo en estos últimos diez años. Por una parte el período que va desde el segundo cuatrimestre de 2001 hasta el segundo del año 2006 la volatilidad parece más suave, mientras que a partir de entonces la volatilidad se ha visto acentuada, primero por la crisis económica mundial y después por la suspensión de las exportaciones de cereales por parte de Rusia en el mes de agosto de 2010. Esto demuestra que la creciente volatilidad de los mercados agrarios, la necesidad de mejorar la competitividad del sector agroalimentario europeo en una economía cada vez más globalizada, así como la reacción ante la crisis económica, son realidades que exigen respuestas, al igual que lo exige la necesidad de encontrar un equilibrio entre la liberalización comercial y la garantía de abastecimiento local y regional.

Fuente: Comisión Europea

La elección de los instrumentos exige una labor paralela de corrección de aquellos que no hayan surtido en el pasado el efecto esperado, a lo que habría que añadir una mejora en al política de comunicación de la Comisión Europea en lo que respecta los mensajes a lanzar en cada momento a cada mercado de productos agrarios. De la misma manera que la selección y definición de estos mecanismos debe hacerse desde una

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perspectiva sectorial, estableciendo de entre los posibles (gestión y regulación pública, almacenamiento privado, intervención, control de la producción, cláusulas de medidas excepcionales, etc.) los que se hayan revelado más eficaces en cada sector. Este enfoque sectorial, permitiría desencadenar los mecanismos de intervención en momentos de crisis como en el caso de la ganadería, un sector estratégico que está atravesando momentos difíciles y para el cual habría que contemplar herramientas eficaces que permitan garantizar al sector ganadero cierta estabilidad en sus costes de producción. Unas herramientas que quizás en algunos casos se hayan mostrado innecesarias, pero que en el caso de la leche la crisis del sector ha reflejado que los mecanismos de intervención son fundamentales (período marcado con la flecha de color naranja en el siguiente gráfico), habiéndose demostrado eficaces en el momento más difícil a lo largo del año 2009, limitando el hundimiento de los precios Comunitarios.

Fuente: Comisión Europea

Asimismo, junto con los mercados, el precio es otra de las variables ha tener en cuenta a la hora de diseñar los instrumentos para contrarrestar la volatilidad de los mercados, la pérdida de renta de los agricultores, la inestabilidad de los precios en el medio plazo y todo lo que esto provoca de pérdida de competitividad global del sector agrario. En este sentido es necesaria la definición, tanto a nivel sectorial como de producto, los precios mínimos a partir de los cuales se han de poner en marcha los mecanismos de intervención que han de contrarrestar los desplomes por causas ajenas al propio sector agrario, fijando un precio “suelo” como paso previo al establecimiento de una renta mínima para

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aquellos que trabajen en la agricultura y generen trabajo en el seno del sector. Dichos precios mínimos de intervención deberán determinarse en base a una serie de variables, siendo la más importante el coste de producción, como medida para garantizar unos precios que aseguren la viabilidad económica y rentabilidad de la actividad agraria. Un ejemplo claro al que se asiste en la actualidad y que refrenda esta necesidad es el precio desencadenante de la medida de almacenamiento privado del aceite de oliva, absolutamente inútil a su nivel actual para reequilibrar el mercado a pesar de su crítica situación. Para la fijación de los precios mínimos de intervención, la Comisión Europea deberá tener en cuenta también los movimientos especulativos que se producen como consecuencia de un mal diseño de las medidas de intervención. Todo esto no se podría llevar a cabo sin una dotación presupuestaria suficiente que provendría de los remanentes que genere el primer pilar de la PAC a través de los fondos resultantes de una posible modulación, de la fijación de techos máximos en los pagos directos y de los retornos por incumplimientos de la condicionalidad. En definitiva, se requiere un mayor compromiso por parte de la Comisión Europea en lo que respecta las medidas de mercado, ya que la recesión actual debe marcar un antes y un después y reforzar el carácter estratégico de la agricultura, por encima de su valor económico, como elemento básico de la seguridad alimentaría y de la estabilidad de la población. Por último, no debe descartarse que como complemento a la regulación de los mercados se haga una prospección en nuevas herramientas de gestión de riesgos, como el seguro de rentas, bien en el primer pilar, al tratarse de una medida conceptualmente ligada a la gestión de los mercados; o en todo caso en el capítulo de desarrollo rural, lo que tendría la ventaja de permitir una cierta flexibilidad en la aplicación a los Estados miembros. No obstante, la condición de esta nueva herramienta debería ser que no representase amenaza alguna para el desarrollo que en nuestro país ha alcanzado el sistema de seguros agrarios.

B.3) PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD COMUNITARIA: Los agricultores europeos practican hoy en día una agricultura sostenible que cumple con unos requisitos muy exigentes en términos de seguridad alimentaria, trazabilidad, protección medioambiental y bienestar de los animales y empleo. Todo ello enmarcado dentro de un sector estratégico que influye en la gestión del 75% del territorio Comunitario, siguiendo métodos que preservan un medio ambiente agradable y un paisaje diverso.

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Considerando estos aspectos, la Comisión Europea debe contemplar la aplicación del “principio de reciprocidad” a las importaciones de los 27 para garantizar que dentro de las fronteras de la Unión Europea los productores de los Estados miembros no se vean amenazados por la entrada de aquellos productos provenientes de terceros países que incumplen los requisitos mínimos en materia de seguridad y salud alimentaria que le son aplicables a los agricultores Comunitarios, para evitar no sólo una competencia desleal, sino también para proteger la salud de los ciudadanos europeos de manera que puedan saber en todo momento qué tipo de alimentos están consumiendo. La apertura de los mercados es un hecho inexorable, que a su vez debe ir acompañado de un mecanismo que garantice la igualdad de trato a las producciones con independencia de su origen, y por ello la Comisión Europea debe garantizar el cumplimiento de este principio a través un organismo de ámbito europeo que tenga por objeto salvaguardar los derechos de los agricultores desde el punto de vista de la competencia, velar por la salud de los ciudadanos europeos y garantizar que son informados de manera transparente y adecuada acerca de los productos importados que consumen, además de otras funciones encomendadas.

C. DESARROLLO RURAL. Las políticas agrarias en el marco del desarrollo rural deben orientarse para ayudar a las explotaciones agrarias y a la industria agroalimentaria a mejorar su eficacia y productividad para poder contribuir a un modelo agrícola e industrial sostenible, competitivo e innovador, así como para afrontar seriamente los nuevos retos de la agricultura y de la sociedad, especialmente los derivados del cambio climático y de la gestión sostenible de los recursos, sin olvidarse de la necesaria diversificación de la actividad económica, todo ello con el objetivo de fijar población en el medio rural y mejorar su calidad de vida, asunto vital en una Unión Europea predominantemente rural tal y como queda patente en el siguiente mapa donde se pueden observar -en color verde- el número mayoritario de regiones predominantemente rurales.

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Fuente: Comisión Europea

C.1) COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN: C.1.i) FOMENTO DEL CONOCIMIENTO Y MEJORA DEL POTENCIAL HUMANO: Hay que hacer un esfuerzo en el fomento del conocimiento y mejora del potencial humano de las explotaciones agrarias tanto en la titularidad de las mismas, fomentando la participación de las mujeres, el relevo generacional en las explotaciones con la incorporación de jóvenes y la mejora en la capacitación de dichos titulares, como en la mejora de la innovación y renovación de las inversiones existentes. De esta forma se pretende hacer, del sector agrario castellano-manchego un sector más dinámico y competitivo, capaz de adaptarse a las necesidades y demandas del mercado, pero por otro lado capaz de ofrecer unas particularidades de gran valor. Es importante apoyar aquellas actividades formativas dirigidas a los profesionales del sector agroalimentario y del mundo rural, y a la mejora de los conocimientos sobre fauna y flora silvestre y su aprovechamiento sostenible, básicamente por tres razones:

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

La competitividad del sector agrario, exige un mayor nivel de especialización tanto a nivel técnico como económico. La formación, dirigido a los integrantes del medio rural, en materia de transferencia de nuevas tecnologías, resultado de la investigación.



La productividad y aumento de la competitividad de las explotaciones agrarias, es una función de la cualificación profesional de agricultores y ganaderos.

 Por otro lado, el aumento de los conocimientos sobre el sector

forestal y su íntima relación con la biodiversidad existente en el medio natural, especialmente en bosques y terrenos forestales, contribuirá a la consecución del objetivo que la Comunidad Europea se ha fijado sobre «Detener la pérdida de biodiversidad», pues proteger la diversidad sigue siendo una tarea de primer orden, cuya importancia aumenta debido al cambio climático.

C.1.ii) FOMENTO DE LA MEJORA EXPLOTACIONES:

Y MODERNIZACIÓN DE LAS

ii.1) MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS La PAC más allá de 2013 debe hacer también hincapié en la modernización de las explotaciones agrícolas como vía para aumentar la renta agraria y mejorar las condiciones de vida y trabajo. La mejora de la competitividad de las explotaciones, la adaptación de sus producciones al mercado, la calidad, la innovación y a la utilización de nuevas tecnologías, redundaran en una reducción en los costes de producción y el cumplimiento de las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales y asegurar el mantenimiento de un tejido socioeconómico estable, dinámico y atractivo. El clima y la energía se han convertido en asuntos prioritarios de cara a lograr una economía mundial de baja emisión de carbono, la optimización y uso eficiente de recursos hídricos y gestión sostenible del agua. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero junto con la utilización obligatoria de fuentes de energía renovable ayudará a conseguir dicho fin. Así la agricultura puede realizar una importante contribución aportando la materia prima para la producción de bioenergía y ayudando a capturar carbono y a seguir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como ya ha quedado comprobado que está ocurriendo.

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Fuente: Comisión Europea (Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural)

La modernización, consolidación, la reordenación de los regadíos y el ahorro de agua estimados, se debe coadyuvar a lograr los objetivos medioambientales establecidos en la Directiva Marco del Agua, en concreto a conseguir un buen estado de las masas de agua subterráneas y superficiales en cantidad y calidad. Con este objetivo las actuaciones se centrarán en mejorar el uso de los recursos hídricos haciéndolos más eficientes, mejora de las infraestructuras de apoyo como caminos rurales u otras infraestructuras de producción. Estas inversiones se consideran relevantes para el desarrollo y mejora de la competitividad del sector agrario y silvícola por los elevados costes de oportunidad asociados con las infraestructuras deficientes pueden imposibilitar a recursos, conocimientos, etc. que condicionan en gran medida el acceso a oportunidades nuevas y ya existentes. Las explotaciones agrícolas-ganaderas, creadas muchas de ellas en un mundo rural tradicional, se encuentran actualmente inmersas en procesos de adaptación al actual mercado global, y también en muchos casos están realizando procedimientos de adaptación a las nuevas directrices comunitarias. En ambos casos, se parte de estructuras y sistemas productivos obsoletos que necesitan de inversiones para garantizar la supervivencia de las explotaciones. En este contexto cobra importancia y puede desempeñar un gran papel el cooperativismo y asociacionismo agrario. El sector cooperativo debe abordar de forma urgente su modernización. Una modernización que pasa inexorablemente por procesos de creación, integración o fusión, adquiriendo la dimensión adecuada para poder poner en marcha proyectos importantes a nivel mundial. De igual forma, debe afrontar una reconversión profunda, basada en la profesionalización de sus Consejos Rectores y del personal encargado de dirigir dichas entidades.

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ii.2) ASESORAMIENTO A LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. El desarrollo sostenible de la actividad agraria pasa por la adopción de nuevas técnicas de producción que, además de contribuir a lograr una agricultura competitiva y económicamente viable, sean más respetuosas con el medio ambiente, la salud pública, la sanidad animal y vegetal y el bienestar de los animales. La utilización de las nuevas técnicas, junto con la correspondiente obligación de cumplir con la normativa, impulsa la necesidad de un apoyo técnico para los agricultores que las adopten resultando aconsejable implementar una ayuda para facilitar el acceso de éstos a los servicios de asesoramiento. El desarrollo sostenible de la actividad forestal requiere la implantación instrumentos de gestión forestal sostenible que, además de contribuir a la sostenibilidad de las masas forestales, permitan a las explotaciones forestales acceder a procesos de de Certificación Forestal. Las masas forestales tienen importantes funciones en cuanto a la regulación hídrica, captura de gases invernadero, sumidero de carbono, conservación de la biodiversidad, etc., preparando así sus productos para su proceso de comercialización. El desarrollo sostenible no será eficaz ni viable si no se posee un asesoramiento técnico.

C.1.iii) INCORPORACIÓN DE JOVENES AGRICULTORES: Hay que facilitar la instalación de jóvenes agricultores como titulares de explotaciones agrarias, contribuyendo así al necesario relevo generacional en el sector, dado el importante grado de envejecimiento de la población dedicada a la actividad agraria en Castilla-La Mancha, incentivando al mismo tiempo la creación de empleo y la fijación de población en las zonas rurales. A la vez que se facilita el ajuste estructural de sus explotaciones tras la instalación inicial, para una mas adecuada utilización de los factores de producción, la incorporación de nuevas tecnologías, contribuyendo de este modo al aumento del nivel de rentas para contribuir a su equiparación con la del resto de sectores.

C.1.iv) AUMENTO DEL VALOR AGRÍCOLAS Y FORESTALES:

AÑADIDO

DE

LOS

PRODUCTOS

La mejora de la competitividad de la industria agroalimentaria es una estrategia prioritaria y en un contexto de creciente competencia es importante apoyar al sector de manera que pueda aprovechar las oportunidades de mercado mediante enfoques amplios e innovadores. Por otro lado, es fundamental dentro del sector industrial agroalimentario fomentar el cooperativismo para conseguir concentrar la oferta y adaptarla a la demanda así como mejorar la calidad de la gestión de las cooperativas que transforman y comercializan productos agrarios de la región.

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El sector de la industria agroalimentaria, constituido fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas, ha realizado durante los últimos años un gran esfuerzo para modernizarse y adaptarse a la notable competencia existente en los mercados, y en la actualidad tiene fuertes implicaciones tanto económicas como medioambientales y sociales (fijando población y proporcionando trabajo a un alto porcentaje de la población activa) siendo uno de los principales motores y con mayor peso en la economía y el desarrollo tanto regional como rural de Castilla-La Mancha, una región donde la agroindustria aporta entre el 3% y 4% del empleo total de la región.

Fuente: Comisión Europea

En este sentido, se debe seguir fomentando la modernización e instalación de industrias agroalimentarias que posibiliten la viabilidad de las explotaciones agrarias, incrementen el valor añadido de las producciones, creen y mantengan puestos de trabajo y faciliten el acceso a los mercados de los productos agrícolas. El fomento de la innovación y el desarrollo de nuevos procesos y tecnologías en el sector alimentario es un elemento fundamental que permite incrementar el valor añadido de los productos y aumentar el desarrollo y competitividad de las industrias agroalimentarias. Debemos favorecer la creación de estructuras que, ya sea a través de cooperativas o de otro tipo de asociaciones, cierren el circulo de la 34

producción, elaboración y comercialización de productos, de tal forma que eliminemos eslabones de la cadena de distribución, incrementando la rentabilidad de los productores primarios y generando una pequeña y mediana empresa rural, capaz de fijar población y crear empleo en nuestros pueblos. El agricultor debe orientar hacia la diferenciación de producciones y productos mediante estrategias de calidad, nuevos sistemas de producción agraria, con el fin de adaptar la producción a las nuevas expectativas e incrementar las oportunidades de mercado. Los consumidores otorgan mayor importancia a la calidad que a la cantidad. Figuras de calidad e interprofesionales. Ante el aumento de la competencia y presión exterior, es imprescindible fomentar, aún más si cabe, la producción de alimentos amparados bajo el paraguas de alguna figura de calidad. En este proyecto, jugarán un papel clave las interprofesionales de los distintos sectores agrícolas y ganaderos, y por tanto, debemos fomentar y acelerar su constitución allí donde se pueda conseguir.

C.2) DIVERSIFICACIÓN Y FIJACIÓN DE POBLACIÓN: C.2.i) APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN: La mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural, mediante la implantación de actividades no agrícolas, ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas y PYMES, fomento de actividades turísticas, dotación de servicios básicos para la economía y la población rural, la renovación y desarrollo de poblaciones rurales, la conservación y mejora del patrimonio rural y la formación, información, promoción y aplicación, es la estrategia elegida por Castilla-La Mancha para su consecución. El objetivo anterior no sería posible sin la participación de la población local, representada por los grupos de acción local, como desarrollo endógeno, en el ámbito de lo que ha venido a denominarse “enfoque LEADER”, por lo que es necesario seguir potenciando la labor de los Grupos de desarrollo rural como agentes dinamizadores del medio rural. Apoyo al papel estratégico de las infraestructuras comunes en el medio rural: El déficit en infraestructuras rurales que, agravado por la dispersión y elevada parcelación de la base territorial de las explotaciones, influye negativamente en la competitividad de los sectores agrícola, ganadero y silvícola. Las infraestructuras agrarias adecuadas ayudan a la vertebración del territorio, facilitando el acercamiento a las explotaciones agrarias de tecnologías que permiten adoptar métodos de producción innovadores y compatibles con la protección y mejora 35

del medio, el paisaje y sus características, los recursos naturales, el suelo y la diversidad genética. Las fenómenos imprevisibles, como los desastres naturales, pueden provocar deterioros en las infraestructuras y explotaciones agrarias que impidan incluso desarrollar la actividad. Ello aconseja establecer un marco de ayuda que permita paliar estos daños y evitar el abandono de la población rural de los lugares afectados, contribuyendo con ello al mantenimiento de la población y la competitividad de las explotaciones en zonas rurales. La rapidez con la que el potencial de producción puede ser restaurado después de un desastre natural, es esencial para asegurar el mercado y los ingresos de los agricultores. Es también esencial la inversión en acciones preventivas que respondan a las posibles consecuencias de desastres naturales. C.2.ii) FIJACIÓN DE POBLACIÓN En el esquema de pagos directos propuesto por la Comisión Europea, se contempla un pago adicional para compensar los condicionantes naturales específicos, que vienen a sustituir el modelo actual de Indemnizaciones Compensatorias.

Fuente: Comisión Europea

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No obstante consideramos necesario mantener un régimen de apoyo a los titulares de las explotaciones que se encuentren en zonas desfavorecidas con el objetivo de compensar las diferencias en cuanto a servicios y prestaciones respecto a territorios desarrollados. Estas ayudas deben dirigirse a los agricultores a título principal, profesionales o titulares de explotación prioritaria, bien individualmente, bien como miembros de una Sociedad Agraria de Transformación o Cooperativa Agraria. Se priorizará a aquellos agricultores profesionales que vivan en el medio rural, concretamente en zonas con riesgo de despoblamiento.

C.3) CAMBIO CLIMÁTICO: C.3.i) AYUDAS AGROAMBIENTALES: Ayudas agroambientales son instrumentos necesarios para apoyar el desarrollo sostenible de las zonas rurales y para responder a la creciente demanda de la sociedad de servicios ambientales y de la necesidad de la implantación de técnicas culturales respetuosas con el medio ambiente. Las ayudas concedidas a través de esta medida fomentaran que los agricultores y otros responsables de la gestión de tierras sirvan a la sociedad en conjunto, introduciendo o manteniendo la aplicación de métodos de producción agrícola compatibles con la protección y la mejora del ambiente, el paisaje y sus características, los recursos naturales, el suelo y la diversidad genética. Igualmente es necesario, para una adecuada conservación de la Red de Natura 2000, integrar la actividad agraria mediante prácticas agrícolas que contribuyan al mantenimiento de los hábitats y especies en estas zonas en concreto. No obstante, su regulación y desarrollo es complejo, de difícil gestión y seguimiento, que requiere efectuar comprobaciones de las condiciones de concesión de la ayuda, que no siempre se pueden efectuar de manera eficaz. Requieren un gran esfuerzo tanto por parte de los beneficiarios de las ayudas como por parte de la Administración gestora de la misma. Lo expuesto anteriormente hace que estas medidas, en comparación con el resultado obtenido, sean muy costosas para la Administración y que sólo en determinados casos, cuando afecta a espacios territoriales reducidos, generalmente espacios naturales protegidos o similares, es posible obtener una importante rentabilidad medioambiental para la sociedad, además de una rentabilidad económica para el beneficiario de la ayuda.

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Por todo ello, siempre y cuando en el primer pilar se materializara finalmente un pago adicional de carácter medioambiental, en las ayudas agroambientales de aplicación quinquenal se deberían distinguir tres tipologías según los territorios de aplicación:  Todos los territorios: agricultura ecológica y agricultura integrada  Territorios Red Natura: aplicación de medidas agroambientales para dar respuestas a las necesidades de conservación o recuperación del espacio natural.  Sectores muy arraigados en ciertos territorios donde resultan fundamentales para el desarrollo socio-económico, la fijación de población y el mantenimiento de los ecosistemas rurales. C.3.ii) PRIMERA FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS: La erosión hídrica es una de las mayores amenazas para la conservación del medio natural castellano-manchego y su origen, en la mayor parte de los casos, responde a acciones del hombre (roturaciones, incendios forestales, sobre-pastoreo, cambios de uso del suelo, implantación de olivares en suelos con pendientes pronunciadas, etc.). Por otra parte, aproximadamente el 44% de la superficie regional es terreno forestal, inferior a la media nacional, de los cuales se encuentran arbolados alrededor de una de cada tres hectáreas. Las características del medio y la intervención humana han dado como resultado la prevalencia en importantes superficies de las resinosas, en particular el pino carrasco y el pino resinero. Sin embargo, la formación más representativa del centro peninsular es el encinar, presente hoy día principalmente en forma de monte bajo o en formaciones de dehesa. Se hace necesario el mantenimiento de esta medida para diversificar la actividad agraria, así como las fuentes de renta y empleo, contribuir a la prevención de la erosión y desertización, ayudar a la conservación y mejora de los suelos, la conservación de la flora y la fauna, fomentar la biodiversidad, la regulación del régimen hidrológico y proteger los recursos hídricos. C.3.iii) AYUDAS A LA RECUPERACIÓN DEL POTENCIAL FORESTAL E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS: Las masas forestales existentes están sometidas a una presión originada por el cambio de hábitos en la sociedad actual que ocasionan riesgos evidentes que pueden provocar, directa o indirectamente su degradación, o, en su extremo, su desaparición. El establecimiento de medidas preventivas 38

pretenden impedir que se originen incendios forestales por causas perfectamente evitables, así como obstaculizar el avance del fuego una vez se haya producido, establecer un sistema de detección y estudiar esas causas para instaurar medidas que eviten la producción de esos incendios. Además, Castilla-La Mancha es una región que, por sus especiales características climatológicas, tiene graves problemas de desbordamientos de ríos y arroyos, que inciden negativamente sobre la cubierta vegetal y provocan en muchas situaciones la pérdida de suelo fértil, obligando a la realización de obras de restauración hidrológico-forestal y de defensa de márgenes. Hay que subrayar que los denominados desastres hidrometeorológicos están en aumento, y según se desprende de un reciente estudio conjunto realizado por el Banco Mundial y la Universidad Internacional del Japón, su tendencia en estos últimos 35 años ha sido netamente alcista con tasas de crecimiento superiores al 300% en los últimos quince años.

Fuente: Banco mundial y Universidad Internacional del Japón

No podemos olvidar que la superficie forestal en Castilla-La Mancha supone 3.564.779 hectáreas, aproximadamente el 45 %, de su territorio), correspondiendo a propietarios particulares 2.817.367 hectáreas, estando ubicada aproximadamente 1/3 de la misma dentro del perímetro definido para la RED NATURA 2000. Por regla general todos estos terrenos forestales, dentro y fuera de Red Natura, se significan por su alto valor protector, dadas sus características climáticas y geológicas, sustentador a la vez de una importante riqueza ecológica. Es decir, estamos ante una masa forestal de un importante valor ambiental que, presenta una nula rentabilidad económica y, sin embargo, al mismo tiempo genera unos importantes beneficios para la sociedad constituyendo su sola presencia una importe fuente de beneficios en favor del desarrollo rural de las zonas en donde se ubican. Prevalece la importancia ecológica y social sobre la productiva.

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Pero precisamente es esta vertiente ecológica y social la que hace destacar el potencial que tiene la biomasa forestal como generador de empleo en el medio rural. El desarrollo del sector de la biomasa forestal es un asunto clave dadas las repercusiones socio-económicas y medioambientales positivas que tiene, a través de la generación de empleo y fijación de población, la valorización de los residuos forestales y la lucha contra los incendios forestales. Una de las principales fuentes para obtener energía de origen renovable, ya sea para su uso térmico como eléctrico, es la plantación de cultivos energéticos forestales con especies de crecimiento rápido, que se caracterizan por su baja capacidad de generar escorias en los hornos dedicados a esta producción. En el aspecto social, la generación de biomasa forestal crea empleo tanto en la fase de recogida de la materia prima, como en las fases de transporte y posterior transformación en energía limpia.

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