SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR

Informe Nacional - Ecuador 2007

II Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas, Bariloche, Argentina. Septiembre 30 a Octubre 6 de 2007

Roberto Ulloa, Marcela Aguirre, Jaime Camacho, Marina Cracco, Álvaro Dahik, Miriam Factos, Isidro Gutiérrez, Santiago Kigman, María Dolores Quishpe, Fernando Moreno, Mónica Ribadeneira Sarmiento, Jorge Rivas, Arnaldo Rodríguez, Jorge Samaniego, Luís Suárez, Mónica Tobar, Xavier Viteri, & Erik Von Horstman

Ministerio del Ambiente

Comité Ecuatoriano de la UICN

Comisión Mundial de Áreas Protegidas CMAP

La presente publicación se realiza por la colaboración entre el Ministerio del Ambiente del Ecuador, el Comité Ecuatoriano de la UICN y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas CMAP. Este documento ha sido posible gracias al financiamiento y apoyo de: Corporación Andina de Fomento CAF

Comprometidos con el desarrollo sostenible y la integración regional www.caf.com

Y el apoyo de las siguientes entidades que hicieron posible un trabajo de amplia participación y consulta a nivel nacional: Conservación Internacional - Ecuador The Nature Conservancy Fundación Natura SAVIA - Bolivia

Citación:

Ulloa, R.; Aguirre, M.; Camacho, J.; Cracco, M.; Dahik, A.; Factos, M.; Gutiérrez, I.; Kigman, S.; Quishpe, M. D.; Moreno, F.; Ribadeneira-Sarmiento, M.; Rivas, J.; Rodríguez, A.; Samaniego, J.; Suárez, L.; Tobar, M.; Viteri, X. & E. Von Horstman. 2007. Situación Actual del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Informe Nacional - Ecuador 2007. II Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas, Septiembre 30 a Octubre 6 de 2007. Bariloche, Argentina. Ministerio del Ambiente, Comité Ecuatoriano de la UICN, Comisión Mundial de Áreas Protegidas CMAP. Quito. Ecuador.

Coordinación técnica: Edición de textos: Fotografía Portada: Disponible en:

Roberto Ulloa Roberto Ulloa, Mónica Ribadeneira - Sarmiento http://www.fan.org.ec http://www.fnatura.org

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AUTORES NOMBRES Roberto Ulloa Vaca

Marcela Aguirre

Jaime Camacho

Marina Cracco

AFILIACIÓN

DIRECCIÓN

Coordinador Ecuador Comisión Mundial de Áreas Protegidas – UICN Director de Programas Fondo Ambiental Nacional FAN Coordinadora de Gestión de Recursos y Comunicación – Fondo Ambiental Nacional FAN

[email protected] Casilla 17 12 257 Quito Ecuador

Consultor Iniciativa Conservación de la Cordillera Costera TNC / Fundación Natura FN Comisión Mundial de Áreas Protegidas – UICN

Alvaro Dahik

Secretario Ejecutivo. Fundación Ecuatoriana para el Estudio de Mamíferos Marinos, FEMM

Miriam Factos Mendoza

Coordinadora Proyecto SNAPGEF

Isidro Gutiérrez

Coordinador Áreas Protegidas. Dirección Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Ministerio del Ambiente MAE - Ecuador Coordinadora Grupo de Apoyo Permanente a las Áreas Protegidas del Ecuador GAPAP Coordinador Proyecto Cordillera del Cóndor Fundación Natura Especialista Financiera Proyecto SNAP-GEF

Xiomara Izurieta

Santiago Kigman María Dolores Quishpe Fernando Moreno

Especialista Social Proyecto SNAP-GEF

Mónica Ribadeneira Sarmiento

Consultora

Jorge Rivas

Comisión Mundial de Áreas Protegidas – UICN Director Green Consulting

Arnaldo Rodríguez

[email protected] [email protected] Av. Amazonas N 34 – 311 y Av Atahualpa. Edif. CORFINSA. 9no piso. [email protected] Casilla 17-01-253, Quito, Ecuador

[email protected] Av. González Suárez N32-222, Edificio Napoli, Apt. 9E [email protected] www.femm.org Acacias 912 entre Higueras e Ilanes, Guayaquil, Ecuador [email protected] [email protected] Urabá II, lote 236. Quito, Ecuador [email protected] [email protected] Av. Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. MAG Piso 8. Quito-Ecuador [email protected] Casilla 17-11-6706 Quito - Ecuador [email protected] Elia Liut N45-10 y Telégrafo 1 [email protected] Av. Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. MAG Piso 8. Quito-Ecuador [email protected] Av. Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. MAG Piso 8. Quito-Ecuador [email protected] Itchimbia N14-09 y Sodiro. Urb.Vista Hermosa Quito - Ecuador [email protected] Elia Liut N45-10 y Telégrafo 1 [email protected] Centro Comercial El Solar. Of. 4 Av Interoceánica Km 8 ½. Cumbayá

3

Mónica Tobar

Jorge Samaniego

Luís Suárez Xavier Viteri

Erik von Horstman

Miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN/ Especialista Legal Proyecto SNAP-GEF Consultor Ambiental Independiente, Especialista en Gestión Local y Manejo Ambiental Costero. Director Conservación Internacional Ecuador Especialista Áreas Protegidas Proyecto SNAP-GEF

Director Ejecutivo Fundación Pro-Bosque

[email protected] Balcones de Cumbayá C. 18

[email protected] Urb. Los Ceibos, calle 10ª y Av. Principal, Guayaquil. Tlf. 04 2353586 [email protected] Av. Coruña N 29-44 y Noboa Camaño [email protected] [email protected] Av. Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. MAG Piso 8. Quito-Ecuador [email protected] Km. 16 Vìa a la Costa Guayaquil Ecuador

4

AGRADECIMIENTOS Un reconocimiento especial a las personas que se sumaron a la “campaña” de elaborar un Informe Nacional participativo, me hicieron llegar sus contribuciones, revisaron versiones preliminares de este documento, y se constituyen en coautores del mismo: Marcela Aguirre, Jaime Camacho, Marina Cracco, Álvaro Dahik, Miriam Factos, Isidro Gutiérrez, Santiago Kigman, María Dolores Quishpe, Fernando Moreno, Mónica Ribadeneira Sarmiento, Jorge Rivas, Arnaldo Rodríguez,Jorge Samaniego, Luís Suárez, Mónica Tobar, Xavier Viteri, & Erik Von Horstman. Varios colegas me enviaron comentarios y sugerencias y revisaron el documento de discusión de este Informe. Mi agradecimiento para Ángel Onofa, Manolo Morales, Franklin Bucheli, Susan Poats, Ruth Elena Ruiz y su equipo de la Fundación Natura, y Verónica Arias y sus colaboradores del TNC. Valiosas observaciones y críticas constructivas fueron emitidas por los participantes del Taller de Discusión del documento preliminar, que se realizó el 1 de agosto en Quito: para todos ellos mi gratitud. Mi sincero aprecio y agradecimiento para Mónica Ribadeneira Sarmiento, quien no solo aportó con información de aspectos legales, políticas y de manejo de áreas protegidas en general, sino que revisó y editó diversas secciones y versiones de este documento. Varias instituciones y personas contribuyeron financiera y técnicamente para la preparación de este Informe Nacional y para generar interés en el próximo II Congreso de Parques Nacionales y Áreas Protegidas a desarrollarse en Argentina. Mi aprecio para Luís Suárez de CI, Verónica Arias y Tatiana Egüez de TNC, Ruth Elena Ruiz y Xavier Bustamante de Fundación Natura, Robert Hofstede y Víctor Hugo Inchausty de UICN – Sur, que cuentan con financiamiento de la GTZ, y para Carmen Miranda, Vicepresidenta Regional de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y Directora de la Fundación Savia – Bolivia, quien obtuvo financiamiento de la Corporación Andina de Fomento CAF para la preparación de los informes nacionales en la Región. La presente publicación se realiza por la colaboración entre el Ministerio del Ambiente del Ecuador, el Comité Ecuatoriano de la UICN y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas CMAP. Mi gratitud a los personeros de estas entidades que colaboraron directamente para este proceso y que están absolutamente convencidos que trabajar coordinadamente es una forma positiva de aportar para la conservación de las áreas protegidas del Ecuador.

Roberto Ulloa Vaca Agosto 2007

5

PRESENTACIÓN Es un placer poner a su consideración el documento “Situación Actual del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador: Informe Nacional - Ecuador 2007” que sintetiza y presenta objetivamente los avances, limitaciones y retos en los que están inmersas las áreas protegidas del Ecuador, especialmente aquellas pertenecientes al Patrimonio de Áreas Naturales (PANE). Este trabajo es el resultado de una constante y decidida relación de coordinación y apoyo conjunto entre la Dirección Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente, el Comité Ecuatoriano de la UICN y la membresía en el Ecuador de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, entidades que comparten su preocupación y accionar en beneficio de una adecuada y participativa gestión de los espacios protegidos del país. Este Informe Nacional recoge los aportes técnicos de profesionales con larga experiencia de trabajo en áreas protegidas, que laboran tanto en entidades públicas, organizaciones ambientales y en el sector privado, y plantea una visión desde diferentes ópticas de las áreas protegidas del país. Consideramos que esta perspectiva de “consenso en la diversidad” no solo aportará a enriquecer las discusiones que se den en los diferentes talleres y simposios del II Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas (Bariloche – Argentina, Septiembre 30 a Octubre 6 de 2007), sino que permitirá enriquecer nuestro propio conocimiento sobre las variadas acciones que se desarrollan en las áreas protegidas del Ecuador. Adicionalmente, el proceso de preparación de este documento permitió cumplir con otros objetivos que nos habíamos planteado al conformar el Comité Ejecutivo Nacional de Coordinación de este II Congreso, no solo preparar y avalar el Informe Nacional sino también difundir ampliamente este importante y trascendental evento, obtener financiamiento para las acciones que se requerían, y, lo más substancial, generar espacios de discusión interna técnico – políticos que nos permita reflexionar sobre donde estamos y adonde queremos llegar con nuestras áreas protegidas.

Wilson Rojas Director Dirección Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas - MAE

Ruth Elena Ruiz Comité Ecuatoriano UICN

Roberto Ulloa Comisión Mundial de Áreas Protegidas UICN

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TABLA DE CONTENIDO 1.

Evolución Conceptual entre Santa Martha y Durban

11

2.

Marco Político y Normativo

18

2.1

Marco Político para las Áreas Naturales Protegidas

2.2 Marco Legal para las Áreas Naturales Protegidas

25

2.3 Integración de las Áreas Naturales Protegidas en la Planificación del Desarrollo Nacional

35

3. Estado Actual del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 3.1

4

18

Estructura del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas

37 48

3.2 Incremento de Áreas Naturales Protegidas

53

3.3 Equivalencias de Categorías de Manejo con las Categorías de UICN

55

3.4 Demarcación Física de Límites de las Áreas Naturales Protegidas

57

3.5 Tenencia de la Tierra, Análisis Prediales y Saneamiento Legal en Áreas Naturales Protegidas

58

3.6. Áreas Protegidas Privadas

58

3.7 Experiencias de Manejo Integral Comunitario de Áreas Naturales Protegidas. Diversidad Cultural y Biológica

61

3.8 Amenazas al Sistema y a las Áreas Naturales Protegidas.

64

3.9 Conectividades entre Áreas Naturales Protegidas

71

3.10 Esfuerzos de Integración entre Áreas Naturales Transfronterizas

76

Gestión de Áreas Naturales Protegidas

80

4.1

Protección y Control de las Áreas Naturales Protegidas

80

4.2 El Monitoreo y la Evaluación de la Efectividad de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas

82

4.3 Planes Nacionales o Planes Directores

87

4.4 Planes de Manejo de Áreas Naturales Protegidas

89

4.5 Planes de Investigación en Áreas Naturales Protegidas

91

4.6 Planes de Aprovechamiento de Recursos Naturales en Áreas Naturales Protegidas

93

4.7 Uso Público y otros Planes Definidos en el País

96

5 Sostenibilidad de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas 5.1

Valoración De Bienes y Servicios de Las Áreas Naturales Protegidas

5.2 Administración de las Áreas Naturales Protegidas

102 102 106

7

5.3 Fortalecimiento de Capacidades para la Administración de Áreas Naturales Protegidas

111

5.4 Apropiaciones Presupuestales del Gobierno para las Áreas Naturales Protegidas

115

5.5 Planes de Sostenibilidad Financiera

121

5.6 Cooperación Internacional Presupuestal y de Asistencia Técnica Para Las Áreas Naturales Protegidas

127

6

Conclusiones y Recomendaciones Generales y Específicas

127

7

Fuentes Bibliográficas

146

Anexos

161

8

LISTADO DE ABREVIATURAS Y SIGLAS AICAS AME ANP

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves Asociación de Municipalidades del Ecuador

AP APCIA APGS APMC PSE APP BID BOPRISUR CAAM CAAAM CAN CAF CDB CDP CDC CEPP COP CEDA CEDE CEDENMA CI CLIRSEN

Áreas Protegidas Subsistema de Áreas Protegidas Comunitarias, Indígenas o Afroecuatorianas Subsistema de Áreas Protegidas de Gobiernos Seccionales Área Protegida Marino Costera Puntilla de Santa Elena Subsistema de Áreas Protegidas Privadas Banco Interamericano de Desarrollo Red de Bosques Privados del Sur del Ecuador Comisión Asesora Ambiental Comité Andino de Autoridades Ambientales Comunidad Andina de Naciones Corporación Andina de Fomento Convenio para la Diversidad Biológica Conferencia de las Partes Centro de Datos para la Conservación Centro de Educación y Promoción Popular Conference of Parties /Conferencia de las Partes del CDB Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental Corporación Ecuatoriana de Desarrollo Empresarial Comité Ecuatoriano de Defensa de la Naturaleza y del Medio Ambiente Conservación Internacional Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador Comunicación personal Consejo Nacional de Modernización Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación Dirección General de Marina Mercante Dirección Nacional de Biodiversidad, Áreas Protegidas y Vida Silvestre Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico Varios autores, Del latín et alii varias personas Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca Fondo Ambiental Nacional Fondo de Áreas Protegidas Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador Fundación Ecuatoriana para el Estudio de Mamíferos Marinos Fundación Natura Fondo para la Protección del Agua Fundación de Defensa Ecológica Grupo de Apoyo Permanente a las Áreas Protegidas del Ecuador Global Environment Facility-Banco Mundial / Fondo para el Medio Ambiente Mundial

CMAP CODENPE com. pers. CONAM CONAIE CONCOPE COSUDE DIGMER DNBAPVS EcoCiencia ECORAE et al. ETAPA FAN

fap

FEINCE FEMM FN FONAG FUNDECOL GAPAP GEF-BM

Áreas Naturales Protegidas

9

GTZ INDA INEFAN INP ITT MAE MAG MEC MEF MINAE MoU OIT ONG´s PANE PEAR PE-SNAP PNBS-E PNM RAMSAR REA REEA RECAY RECC REMACAM REMACH SENPLADES SNAP SNAP-GEF SRAP-SUR TNC TULAS UNESCO UICN USAID WCS WWF

Cooperación Técnica Alemana Instituto Nacional de Desarrollo Agrario Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y de Vida Silvestre Instituto Nacional de Pesca Ishpingo-Tambococha-Tiputini Ministerio del Ambiente del Ecuador Ministerio de Agricultura y Ganadería Ministerio de Educación y Cultura Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio del Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE) Memorando of Understanding / Memorando de entendimiento para la aplicación del Plan de Trabajo de Áreas Protegidas de la CBD Organización Internacional del Trabajo Organizaciones no gubernamentales Patrimonio de Áreas Naturales del Estado Plan Estratégico Ambiental Regional de Loja y Zamora Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Programa Nacional de Biocomercio Sostenible-Ecuador Parque Nacional Machalilla Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Reserva Ecológica Antisana Reserva Ecológica El Ángel Reserva Ecológica Cayambe Coca Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje Reserva Ecológica Mache Chindul Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Sistema Nacional de Áreas Protegidas Proyecto: Ecuador Sistema Nacional de Áreas Protegidas Sistema Regional de Áreas Protegidas del Sur del Ecuador The Nature Conservancy Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unión Mundial para la Naturaleza Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Wildlife Conservation Society Worldwide Fund for Nature

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CAPÍTULO 1 1

EVOLUCIÓN CONCEPTUAL ENTRE SANTA MARTA Y DURBAN

Uno de los principales resultados del Primer Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas desarrollado en Santa Marta, Colombia en 1997, fue la Declaración de Santa Marta. Este documento identificó las siguientes tendencias y requerimientos que incidían sobre la gestión de las áreas protegidas (Ministerio del Medio Ambiente, 1998): (a) Fortalecimiento de los ministerios e instituciones gubernamentales en su papel de creación, planificación y manejo de las áreas protegidas, con la creciente participación de las ONG, las empresas privadas y las comunidades locales, especialmente en materia de cogestión. (b) Ampliación en el número de unidades de conservación y extensión de los sistemas de áreas protegidas, a lo cual contribuirán las iniciativas de la sociedad civil y del sector privado. (c) Una mayor participación del sector privado en la gestión de las áreas protegidas, especialmente a través del uso turístico y del uso sostenible de ciertos recursos naturales. (d) Mayores limitaciones financieras para cumplir con las tareas y responsabilidades que tienen asignados los sistemas de áreas protegidas. (e) Insuficiente atención a los sitios de patrimonio natural y cultural, especialmente donde ya se presentan graves amenazas que afectan su integridad. (f) Un mayor desarrollo y conocimiento sobre el manejo de la diversidad biológica terrestre, en comparación con la costero-marina. (g) Un continuo aprecio de la sociedad hacia los valores espirituales y culturales de las poblaciones nativas y las oportunidades para recrearse, educarse e investigar en ambientes naturales. (h) Una creciente cooperación entre pueblos indígenas y gobierno, con miras a asegurar que el manejo de sus tierras o territorios siga contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, al tiempo que se logra garantizar sus legítimos derechos e intereses. Una década después del Congreso de Santa Marta, estas tendencias continúan vigentes en el Ecuador. Algunos de los argumentos más significativos que permiten reforzar esta afirmación son los siguientes: •

1

En 1998, se expide la actual Constitución Política del Ecuador 1, la que propone, entre otros aspectos, aplicar los mandatos de convenios y acuerdos internacionales a nivel nacional; esta Carta Magna incluye temas novedosos relacionados con el ambiente y las áreas protegidas como los principios de recuperación de espacios degradados, los de participación comunitaria y la determinación de los objetivos específicos del Estado en materia ambiental

ECUADOR Registro Oficial No 1 de 10 de agosto de 1998

11

La Constitución, en su Artículo 86 declara de interés público: a la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio genético del país; a la recuperación de espacios naturales degradados; y al establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas que garanticen la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos. Indica en su Artículo 248 el derecho soberano del Estado sobre la diversidad biológica, promoviendo su conservación y utilización sostenible con la participación de las poblaciones involucradas, y de conformidad con los convenios y tratados internacionales. •

En los últimos años 10 años, las evidencias indican que el MAE no ha podido mantenerse al margen de los avatares de la inestabilidad política que ha caracterizado al Ecuador. Esta situación ha provocado una notoria debilidad institucional, sobre todo a nivel de la autoridad ambiental pero también extensiva a otras instituciones públicas. Las muestras más significativas de la debilidad institucional se expresan en la escasa preocupación ambiental en la gestión pública, las dificultades de aplicar y hacer cumplir las disposiciones políticas y legales, los bajos niveles de coordinación internos, entre las instituciones y transectoriales, el bajo presupuesto del MAE que conlleva a una alta dependencia de recursos externos, la limitada capacidad de gestión y la atomización y el localizado impacto de las intervenciones. Esta variabilidad de autoridades no ha permitido desarrollar y mantener una política pública para áreas protegidas a largo plazo y mas estable 2. La suerte de las áreas protegidas en la agenda publica ha variado, dependiendo del titular del MAE, de muy poco visible a poco visible; la permanencia y estabilidad de la política pública de áreas protegidas ha sido notoria por escasa. Se espera que la formalización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2001 – 2010 como política de Estado, ocurrida recientemente, posibilite consensuar líneas prioritarias de trabajo definidas y con visión de futuro.

•

En cuanto a la institucionalidad, en 1999 se fusiona el ex Instituto Ecuatoriano Forestal de Áreas Naturales y Vida Silvestre INEFAN al recientemente creado Ministerio del Ambiente, tratando de consolidar la gestión ambiental, especialmente el manejo de las áreas protegidas.

•

En 1999 se expide la Ley de Gestión Ambiental (Ley No 37/1999), publicada en el Registro Oficial 245 de 30 de Julio de 1999, la cual, entre otros aspectos, regula las actividades que puedan impactar al ambiente y a las áreas protegidas.

•

En cuanto a la definición de políticas, se trabajó durante el 2000 y 2001 en la formulación de la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad 2001 – 2010 mediante un proceso participativo de planificación nacional que sistematizó información y profundizó en la reflexión de las potencialidades, los problemas y las oportunidades existentes respecto del aprovechamiento y conservación de

2

En el Anexo 6 se incluye referencias a los cambios políticos más significativos en el país en los últimos 10 años y su relación con la variabilidad del titular de la autoridad ambiental.

12

la diversidad biológica del país (MAE, 2001a). En relación con áreas protegidas, esta Estrategia desarrolló un análisis crítico de la situación de las áreas protegidas del país, propuso políticas y definió un plan de acción (MAE, 2001b. Ulloa & De la Torre, 2001). Mediante Decreto Ejecutivo publicado en el Registro Oficial No 11 del 30 de enero del 2007 se consagró a la Política y de la Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador como política de Estado. •

La Comunidad Andina de Naciones, mediante Decisión No. 523, expidió la Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino, publicada en el Registro Oficial No. 672 del 27 de septiembre del 2002. En cuanto al tema de áreas protegidas, esta Estrategia identifica los principales ecorregiones compartidas entre países y sugiere la creación de áreas protegidas transfronterizas.

•

Desde 1997, en el país se han creado 12 áreas protegidas (5 refugios de vida silvestre, 2 reservas ecológicas, 1 reserva de producción de fauna, 1 reserva biológica, 1 área nacional de recreación, 1 categoría especial para un área binacional -Parque El Cóndor- y 1 reserva marina); excluyendo la Reserva Marina de Galápagos la superficie de estas áreas es de 99.874 ha., que equivale al 2,08 % de la superficie continental de las áreas protegidas del Ecuador. Estas áreas varían en tamaño entre 5 y 55.451 ha. La superficie total de las áreas protegidas del país actualmente equivale al 18.59%.

AREA PROTEGIDA Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara Parque El Cóndor Reserva Ecológica Arenillas Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado Área Nacional de Recreación Parque Lago Reserva Ecológica Cofán Bermejo Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón Refugio de Vida Silvestre La Chiquita Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne Reserva Biológica El Quimi Refugio de Vida Silvestre El Zarza TOTAL Ha. Porcentaje comparado con SNAP continental

Año creación 1999 1999 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2006 2006

Total Ha. 5 2.440 17.082 5.217 2.283 55.451 700 809 3.173 9.071 3.643 99.874 2,08 %

Por primera vez en el Ecuador, se declaran áreas en territorios indígenas y de comunidades locales mediante procesos participativos y de consenso, y se asigna su manejo directamente a estos grupos humanos, como es el caso de la declaratoria de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo y del Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne. Estas declaratorias están enfocadas a asegurar que el manejo de sus tierras o territorios contribuya a la conservación de la biodiversidad, al tiempo que garantiza sus legítimos derechos e intereses (MAE, 2002).

13

•

Durante estos 10 años, se han desarrollado dos procesos de planificación tendientes a definir los planes estratégicos del Sistema. El primer proceso, desarrollado en 1999, generó un documento que definía la visión y la misión institucionales del SNAP, así como también los principios básicos que sustentan el mismo, realizó una evaluación de la aplicación de los objetivos nacionales de conservación y evaluó la efectividad de manejo de las 25 áreas protegidas que en ese entonces integraban el Sistema. Así mismo, propuso 6 sistemas regionales basados en una lógica administrativa-política dentro de los cuales estarían las áreas protegidas, los corredores ecológicos y las zonas de amortiguación (Valarezo, et al., 1999). Este documento no pudo ser aprobado oficialmente debido a que se produjo un inesperado cambio de gobierno que trajo consigo un proceso de desconcentración de la gestión ambiental, incluyendo la creación de distritos regionales para el manejo de las áreas protegidas y de los recursos forestales. Un segundo proceso de planificación ha sido desarrollado durante 2006, el cual actualizó el documento de 1999 y generó un Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (MAE, 2006) que propone la conformación de un SNAP basado en 4 subsistemas, a saber: a) Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas, b) Áreas Protegidas declaradas por los Gobiernos Seccionales, c) Áreas Protegidas Comunitarias, y d) Áreas Protegidas Privadas. Este Plan Estratégico será pronto oficializado por parte de las autoridades ambientales del país.

•

Con respecto al financiamiento, los resultados del Análisis de Necesidades de Financiamiento del SNAP permitieron conocer los costos requeridos para manejar las 31 áreas protegidas continentales que existían en el 2005 en el Patrimonio (MAE, 2005). Los resultados obtenidos demuestran que las áreas protegidas no han mejorado su situación financiera con relación a 1998, año en que existen datos comparables a este análisis, existiendo un mayor déficit de recursos clave como personal, medios de transporte y equipamiento, debido especialmente a que no se ha incrementado el aporte fiscal a estas áreas. El Patrimonio Nacional de Áreas Naturales del Estado (PANE), a diferencia de 1998, actualmente cuenta con once áreas protegidas nuevas.

•

Existe una creciente participación de la sociedad civil directamente involucrada en la declaratoria y manejo de áreas privadas. En el Ecuador existen aproximadamente 88 bosques protectores privados que protegen 113.683 hectáreas, equivalentes al 4,6% del territorio nacional. Desde 1996 en el país existe la Corporación Nacional de Bosques Privados del Ecuador, entidad creada con el propósito de promover un mayor grado de cooperación entre propietarios privados dedicados a la protección de los bosques nativos. La Red comprende aproximadamente 50 propietarios que cuentan con un poco más de 70.000 hectáreas, muchos de estos terrenos han sido declarados como bosques protectores y varias de estos espacios se constituyen en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas.

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¿Qué nuevas tendencias han surgido? Diez años después de Santa Marta han surgido tendencias que inciden de forma directa en la gestión de las áreas protegidas en el Ecuador, estas incluyen especialmente: a) la definición de nuevos mecanismos de gestión, incluyendo modelos innovadores de manejo para áreas protegidas, que posibilitan mayor participación social; b) la conformación de sinergias con diversos actores para apoyar a la autoridad ambiental en la generación de información, el desarrollo de herramientas de manejo o incidir en la definición de políticas públicas de la biodiversidad y áreas protegidas; y, c) esquemas de manejo ecorregional que superan los límites de las áreas protegidas. Definición de nuevos mecanismos de gestión Es a partir de 1997 que se ha afirmado la tendencia de posibilitar una mayor participación de actores en la gestión de las áreas protegidas, y se han desarrollado mecanismos legales, administrativos y técnicos, que posibilitan esta participación. La mayoría de las áreas que no son administradas directa y exclusivamente por el Ministerio del Ambiente, como la Reserva Marina de Galápagos, el Parque Nacional Cajas, las reservas ecológicas Arenillas y Cofán Bermejo, y el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Rió Muisne, son declaradas en los últimos 10 años; algunas de estas declaratorias incorporan un mandato específico de delegación del manejo, especialmente hacia actores sociales. Adicionalmente, se continúa en el proceso de conformación de comités de gestión en determinadas áreas protegidas, los cuales todavía tienen un carácter exclusivamente consultivo. El Comité de Manejo del PN Machalilla, si bien no toma decisiones respecto al área, implementa acciones de apoyo para su manejo. Sinergias entre la autoridad ambiental con otros actores En los últimos años, se han creado diversas plataformas de trabajo entre la autoridad ambiental con diversos actores gubernamentales y de la sociedad civil, que han permitido llevar a cabo distintos procesos participativos y lograr resultados concretos en apoyo a la gestión ambiental y de áreas protegidas. Entre los ejemplos más significativos se indican: •

Se ha suscrito un Memorando de Entendimiento (MoU- Ecuador) entre la autoridad nacional ambiental y diversas organizaciones no gubernamentales de conservación, nacionales e internacionales, 3 para apoyar a la Dirección Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas DNBAP a cumplir con determinadas

3

Los signatarios originales fueron: EcoCiencia, la Fundación Natura, Fondo Ambiental Nacional (FAN), The Nature Conservancy (TNC), Wildlife Conservation Society (WCS) Conservación Internacional – Ecuador (CI), BirdLife International y Flora y Fauna Internacional. Adicionalmente, desde el 2005, se han incorporado: la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID-Ecuador), la Unión Mundial por la Naturaleza (UICN), el Proyecto SNAP-GEF, y las fundaciones Sobrevivencia Cofán y Jatun Sacha.

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actividades planteadas en el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas aprobado en el marco de la Séptima Conferencia de las Partes (COP7) del Convenio sobre Diversidad Biológica. Estas actividades están relacionadas con la definición de una estrategia de sostenibilidad financiera, y llevar a cabo análisis tanto de los vacíos de representatividad del Sistema como de las necesidades de fortalecimiento de capacidades para el manejo. •

En los últimos años se ha llevado a cabo un proceso de planificación regional desarrollado en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, que ha viabilizado la construcción participativa del Plan Estratégico Ambiental Regional (PEAR), y ha permitido una planificación regional ambiental coordinada, incluyendo las acciones a desarrollar por el Ministerio del Ambiente, 8 municipios y dos Consejos Provinciales en las provincias mencionadas y la sociedad civil organizada. Con base en el PEAR, se propone elaborar las estrategias políticas, técnicas, sociales y económicas que permitan en el mediano y largo plazo consolidar el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Sur del Ecuador, SRAPSUR, para asegurar la conservación de los recursos naturales de la región y lograr la declaratoria del Parque Nacional Podocarpus y su zona y de influencia como Reserva de la Biosfera (MAE, 2005b).

•

Si bien en la actualidad está funcionando únicamente el Subgrupo de Ecosistemas Marino-Costeros, el llamado Grupo Nacional de Trabajo sobre Biodiversidad (GNTB), fue un apoyo fundamental para la definición de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y de la propuesta de Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas (MAE, 2001a, 2001b), documentos que han servido de base para plantear las propuestas de subsistemas en el Plan Estratégico del SNAP. El GNTB también participó en crear un grupo de trabajo a nivel nacional sobre “Género y Ambiente”, logrando realizar dos conferencias, diversas publicaciones (Burbano, in press.) y generar un espacio de debate que duró de 2001 hasta el 2006.

•

Se han desarrollado sinergias entre actores que trabajan en ecosistemas frágiles: páramos, Chocó, Ceja Andina (Grupo de Trabajo en Páramos GTP Consorcio Carchi; Alianza del Norte; Red MACRENA; CEA; Alianza REMACH; GTP-Loja, Corporación de Bosques Privados; G6, entre los más significativos). Vale resaltar la labor del Grupo de Trabajo en Páramos (GTP) que lleva a cabo reuniones permanentes desde hace algunos años en el país y aborda variadas temáticas relacionadas con la gestión de estos ecosistemas, incluyendo aspectos de manejo de AP.

Esquemas de manejo ecorregional Desde el Congreso de Santa Marta, se han desarrollado en el país diversas iniciativas tendientes a generar modelos de manejo ecorregional que incorporan territorios que van más allá de los límites de las áreas protegidas, intentando no solo la conectividad entre paisajes similares sino un enfoque de manejo tendiente a balancear la preservación de espacios naturales con el uso sostenible de recursos

16

naturales. Algunas iniciativas demostrativas de estos esquemas de manejo regionales incluyen por ejemplo: •

La Biorreserva del Cóndor, un proyecto de conservación que apoya el manejo integral de los recursos naturales con una activa participación comunitaria, es una iniciativa ejecutada por TNC conjuntamente con sus organizaciones socias (las fundaciones Antisana, EcoCiencia, Rumicocha, Sobrevivencia Cofán, Páramo y el FONAG), y el Ministerio del Ambiente en la que se realizan procesos de planificación ecorregional en varios sitios ubicados en la cuenca alta del río Napo. Esta Biorreserva plantea un concepto semejante al de una reserva de biosfera, con corredores ecológicos entre las siete áreas protegidas existentes en la región 4, incluyendo sus zonas de influencia.

•

En el Ecuador existen tres áreas protegidas, los parques nacionales Yasuní, Sumaco y Galápagos que están inmersos en paisajes más amplios que son reconocidos oficialmente como Reservas de Biosfera. Existen al menos dos propuestas concretas para instaurar nuevas reservas de biosfera, en la zona de Podocarpus – El Cóndor y en el Golfo de Guayaquil.

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Existen varias iniciativas para definir corredores ecológicos o biológicos que implican una conectividad física entre áreas protegidas y zonas aledañas con una biodiversidad importante, con el fin de contrarrestar la fragmentación de los hábitats, conseguir una mayor funcionalidad ecosistémica del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, y generar modelos innovadores de participación en el manejo de los recursos naturales presentes en estas áreas. Los casos más significativos incluyen: el Corredor Biológico Llanganates – Sangay, el Chocó – Manabí, el Corredor Awacachi (que une el Territorio Indígena Awá con la Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas, la propuesta de corredor que uniría los bosques del sur de Manta con el Parque Nacional Machalilla y la cordillera Chongón-Colonche, etc.

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Los parques nacionales Cotopaxi, Sumaco Napo–Galeras y Llanganates, las reservas ecológicas Antisana, Cayambe–Coca y Cofán-Bermejo, y el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa.

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CAPÍTULO 2 2

MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO

Uno de los elementos mas recurrentes en el análisis sobre áreas protegidas es la existencia o no de instrumentos legales relativos a su declaración y administración, a los cuales este informe se referirá en otros apartados. Ninguna ley y ningún instrumento jurídico por si mismo es autónomo ni capaz de resolver por si solo situaciones anómalas, irregulares, ilegitimas o ilegales (Scanlon, & BurhenneGuilmin, 2004). Un sistema eficaz en la protección de bienes, en este caso, áreas protegidas, requiere la confluencia a mas de instrumentos legales, de otros aspectos como un régimen de participación responsable de actores (públicos y privados), una institucionalidad con capacidad de coerción, legitimidad y solvencia y otros elementos que configuran lo que se denomina “gobernabilidad” (Santillan & Cracco 2006). En este capítulo se hará referencia a los marcos legal y político del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), en resumen a cuan gobernable es políticamente como tema de agenda pública en el Ecuador, cuales son sus elementos y cual ha sido su evolución durante los últimos 10 años desde el Congreso de Santa Martha. 2.1 MARCO POLÍTICO PARA LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS El marco político que rige en Ecuador para las áreas protegidas se ha ido desarrollando paulatinamente a lo largo de las últimas décadas. A partir de los años noventa, las políticas de áreas protegidas fueran determinadas por el ex Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), creado en 1992 como una entidad autónoma que reemplazaba a la Subsecretaria Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estas políticas, formuladas en 1995, incluían un conjunto de lineamientos, estrategias y acciones clasificadas en función de aspectos sectoriales, ecológicos, económicos, sociales, institucionales y legales (INEFAN, 1995). En septiembre 1993, un año después del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 5, se creó la Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República (CAAM) 6 con la misión de realizar una sistematización de experiencias y esfuerzos orientados a la conservación de la biodiversidad en el país. La CAAM logró que en

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El Convenio para la Diversidad Biológica tiene entre sus principales objetivos la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, un acceso adecuado a éstos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías, teniendo en cuenta todos los derechos sobre estos recursos y estas tecnologías, así como mediante una financiación adecuada. ECUADOR. Creación de la Comisión Asesora Ambiental (CAAM). Registro Oficial No. 283 de 24 de septiembre de 1993.

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diciembre de ése mismo año, las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador 7 sean aprobadas y posteriormente establecidas con carácter mandatorio en 1994 8. Estas políticas constituyeron el primer documento en el país que explicitaba y sistematizaba los principios que debían orientar la gestión ambiental del Estado. El cambio mas notorio en los últimos 10 años ha sido la creación del Ministerio del Ambiente (MAE) en reemplazo del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN). Esta cartera de estado, originalmente denominada Ministerio de Medio Ambiente, fue creada en 1996 9. Aunque inicialmente se consideró que existía superposición de esta cartera con las subsecretarías existentes y otras dependencias de Estado relacionadas con temas ambientales, la adscripción del Instituto para el Ecodesarrollo de la Amazonía (ECORAE), la CAAM y la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica al recientemente creado Ministerio, y posteriormente la fusión del INEFAN 10 contribuyó en cierta medida a su fortalecimiento institucional 11. A más de las funciones y atribuciones de su creación, el Ministerio del Medio Ambiente se convirtió en responsable también por el ejercicio de todas las funciones, atribuciones y competencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería 12. Consideración esta última, que ha sido incluida en la reciente Codificación de la Ley Forestal, Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 13. En razón de la citada fusión, en materia de áreas protegidas, la antigua Dirección de Áreas Protegidas del ex INEFAN, se denominada actualmente Dirección Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DNBAP) dependiente de la Subsecretaria de Capital Natural, dentro del Ministerio (Ribadeneira Sarmiento, 2005). El mandato del Ministerio de Medio Ambiente se consolidó 3 años después con la expedición de la Ley de Gestión Ambiental 14 que estableció los principios y 7

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El texto incompleto de las Políticas Básicas Ambientales se incluyó en el Decreto Ejecutivo No. 3516 publicado en el Registro Oficial Suplemento 2 de 31 de marzo del 2003 que expidió el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (más conocido como TULAS). Debido a éste error, mediante el Decreto Ejecutivo No. 1589 publicado en el Registro Oficial No. 320 de 25 de Julio del 2006 se expidió el texto completo de este documento. ECUADOR. Políticas Básicas Ambientales del Ecuador. Registro Oficial No 456 del 7de junio de 1994. CUADOR. Creación del Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Ejecutivo No. 195-a publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 40 de octubre 4 de 1996. ECUADOR. Fusiónase el Ministerio del Medio Ambiente y el INEFAN. Decreto Ejecutivo No. 505 publicado en el Registro Oficial No. 118 de enero 28 de 1999. Esta adscripción se hizo mediante Decreto Ejecutivo No. 290, publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 64 de Noviembre 8 de 1996 Fusiónase en una sola entidad el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, INEFAN. Citada. Artículo 4.- En todas las normas en las que se hace referencia al Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, se entenderá que se habla del Ministerio de Medio Ambiente, el que a partir de la presente fecha ejercerá las funciones y atribuciones que la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre asigna al Ministerio de Agricultura y Ganadería. ECUADOR. Codificación Ley Forestal, Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. Registro Oficial No. 418 de 10 de septiembre de 2004. ECUADOR. Ley de Gestión Ambiental. Registro Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999. Codificación vigente publicada en el Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004.

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directrices de la política ambiental y determinó las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señaló límites permisibles, controles y sanciones. De substancial importancia es la definición de la Constitución Política (1998) 15 que consagra varios principios, derechos y deberes relativos a la protección del ambiente y el reconocimiento de pueblos y nacionalidades indígenas, campesinas y pueblos afroecuatorianos; el contenido de los postulados constitucionales ecuatorianos en aspectos ambientales es considerado como uno de los más avanzados a nivel latinoamericano. A pesar que el texto Constitucional, menciona el establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), en la práctica el ordenamiento jurídico nacional ha implementado ésta norma únicamente de manera parcial, pues hoy en día solamente se encuentra regulado el PANE, actualmente conformado por 35 áreas protegidas del Estado, establecidas oficialmente, al amparo de la Ley Forestal recientemente codificada 16, y en el caso de la Reserva Marina de Galápagos, por disposición de la Ley de Régimen Especial de Galápagos de 1998 17. Con base en el texto constitucional y la entonces vigente Ley Forestal, el MAE 18 publicó en el año 2000, la “Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Ecuador” que promueve el mejoramiento de la calidad de vida de ecuatorianos y una nueva concepción de desarrollo, basado en la solidaridad, la participación democrática y el respecto a la vida y sus procesos naturales, en procura de la equidad social y el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población. En la parte relativa a las Políticas de Desarrollo Sustentable, se incluyeron aquellas relacionadas con la biodiversidad y se planteó la necesidad de consolidar el SNAP, incluyendo ecosistemas que no se encuentran suficientemente representados, estableciendo zonas de amortiguamiento y corredores ecológicos. Además se apeló a una Política que promueve y fortalezca la activa participación de los diversos actores sociales en un modelo integral de gestión de la biodiversidad, a través de procesos descentralizados y desconcentrados que incorporen mecanismo de mercado y tercerización en la administración de los servicios y garanticen los derechos de los pueblos y la soberanía nacional. Un año de esta Estrategia Ambiental, se finalizó la denominada “Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad 2001-2010”, 19 elaborado bajo convocatoria del MAE, a través de un proceso amplio y participativo con distintos actores 15

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ECUADOR. Constitución Política de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 1 de 11 de Agosto de 1998. La Ley Forestal data de 1981 y su reglamento de aplicación de 1983; la Codificación de Ley se efectuó en el 2004. ECUADOR. Ley de Régimen Especial para la Conservación y el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos. Registro Oficial No. 278 de 28 de Marzo 18 de 1998. El Ministerio del Ambiente cambió de nombre de Ministerio del Medio Ambiente a su actual denominación cuando en 2000, después de su incorporación al Ministerio de Turismo en calidad de Subsecretaría, recuperó su autoridad como Secretaría de Estado. Oficializado y establecido como Política de Estado mediante su publicación como Decreto Ejecutivo No. 2232 de 9 de enero del 2007.

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públicos y privados vinculados con la conservación y manejo sustentable de la biodiversidad. Resultado de éste esfuerzo, se concluyó con una visión común y la identificación de un conjunto de acciones prioritarias que permitirían en el futuro, no solo mantener la integridad y funcionalidad del patrimonio biológico del país, sino asegurar que el uso de la biodiversidad posibilite el desarrollo sustentable del Ecuador, y mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. Entre los principales lineamientos que tienen directa relación con el manejo de las áreas protegidas y que fueron planteados por la Estrategia, se encuentran en primer lugar aquel que delinea la necesidad de contar con un SNAP fortalecido y consolidado. La Estrategia presenta al SNAP como una herramienta fundamental de conservación que ha permitido mantener importantes espacios naturales del país, pero que enfrenta una serie de limitaciones relacionadas con la falta de representación de algunos ecosistemas críticos, la carencia de recursos (humanos y financieros) para efectuar un manejo y gestión efectiva de las áreas protegidas y con la existencia de presiones cada vez mayores. Para enfrentar estas situaciones, la Estrategia plantea: (i) fortalecer la representatividad de los ecosistemas aún no incluidos en las áreas protegidas actuales; (ii) establecer procedimientos para mejorar el proceso de declaratoria, delimitación y manejo de las áreas protegidas por parte de los gobiernos seccionales, personas o grupos particulares para áreas privadas y de pueblos indígenas y afroecuatorianos y comunidades locales; (iii) consolidar la tercerización y participación ciudadana en la gestión de las áreas protegidas; (iv) manejar los acuciantes conflictos de tenencia de la tierra; (v) promover el uso sustentable de la biodiversidad en las zonas de amortiguamiento, entre otras. Un documento de trascendental importancia para el manejo de las áreas protegidas del Ecuador que contiene el marco político aplicable al SNAP, es el “Plan Estratégico del SNAP 2007-2016”. Este Plan, elaborado en 2006, establece la visión, objetivos y estructura del SNAP, sistematiza las políticas, estrategias y líneas de acción para este sistema y viabiliza la aplicación de principios y normas establecidos en convenios y tratados internacionales y la legislación nacional relacionada con áreas protegidas (MAE, 2006). A pesar de que el Plan Estratégico aún no es oficial, no cabe duda que, contiene la visión, misión, los principios y las políticas que deberán ser observados en el SNAP. Visión del SNAP Para el año 2016 el Ecuador cuenta con un SNAP consolidado, que garantiza la conservación de la diversidad biológica, el mantenimiento de las funciones, bienes y servicios ambientales, el manejo y uso sustentable de los recursos naturales; financiera y administrativamente sostenible, que, bajo la rectoría de la Autoridad Ambiental Nacional, cuenta con un amplio apoyo y participación social y con un sistema de monitoreo y evaluación efectivo, en concordancia con los principios, convenios y tratados internacionales.

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Misión del SNAP Promover la consolidación e integralidad del SNAP a través del fortalecimiento de la autoridad ambiental y la participación de otros actores involucrados en el manejo de estas áreas, orientado a tener una estructura sólida técnica, financiera y administrativa. Fuente: Plan Estratégico del SNAP (MAE, 2007)

El Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 20072016 propone que para hacer efectiva la funcionalidad del SNAP este debe estar conformado por un conjunto de cuatro subsistemas: a) Subsistema PANE b) Subsistema c) Subsistema APC d) Subsistema

conformado por el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, de Área Protegidas de Gobiernos Seccionales, APGS de Áreas Protegidas Comunitarias Indígenas y Afroecuatorianas, de Áreas Protegidas Privadas APRI.

Esta propuesta requiere una serie de adaptaciones administrativas, técnicas y financieras al interior del MAE, que no han sido todavía definidas o implementadas. El siguiente cuadro resume lo propuesto en el Plan Estratégico en cuanto a los criterios de selección, regulación, declaratoria, administración y manejo de los subsistemas propuestos. ROLES

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE)

Criterios de selección Quién regula Quién declara

Áreas de interés nacional MAE MAE

Quién administra Quién maneja

MAE MAE + otros

Área Protegidas de Gobiernos Seccionales (APGS) Áreas de interés regional

Áreas Protegidas Comunitarias Indígenas y Afroecuatorianas (APC) Áreas de interés regional/local

Gobiernos seccionales (MAE aprueba estudios de alternativas de manejo) Gobiernos seccionales Gobiernos seccionales + otros

MAE por pedido de comunidades

MAE por pedido de propietarios privados

Comunidades

Propietarios privados Propietarios privados + otros

Comunidades

Áreas Protegidas Privadas (APP)

Áreas de interés local

Fuente: MAE, 2007

En el ANEXO 1 se indican los principios, las políticas propuestas para el SNAP, los objetivos, metas, estrategias y acciones de la propuesta de Plan Estratégico para el SNAP.

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Respecto de la estabilidad de la autoridad ambiental las evidencias muestran que, el MAE no ha podido mantenerse al margen de los avatares de la inestabilidad política que han caracterizado al Ecuador en los últimos años. A más del consecuente cambio de ministro/a de ambiente en cada ocasión que cambió el Ejecutivo, e incluso durante un mismo mandato presidencial, en marzo del año 2000 el Ministerio de Medio Ambiente por vía de Decreto Ejecutivo 20, fue incorporado a la Cartera de Turismo, creándose el Ministerio de Turismo y Ambiente, aunque en la práctica Ambiente operativamente funcionó como Subsecretaría. Esta medida fue rechazada fuertemente por actores nacionales e internacionales, hasta que volvió a ser renovado como ministerio independiente. Esta situación evidencia que el tema ambiental en general, y el de las áreas protegidas en particular, no son comprendidos y priorizados en los niveles y esferas de la decisión política en el Ecuador (Ribadeneira Sarmiento, 2005). Sin lugar a dudas, lo anterior debilita el tema en el nivel de toma de decisiones políticas, al punto que las competencias propias del MAE en áreas protegidas son frecuentemente invadidas por otras carteras del Estado, principalmente por el Ministerio de Energía y Minas, por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), y por el antiguo Ministerio de Industrias, Comercio y Pesca (MICIP), hoy integrado dentro de la Cancillería. Desde el poco o ningún debate que se hace para la adhesión a un convenio internacional con consecuencias en la integridad del PANE, pasando por la decisión de iniciar y fomentar pesquerías en zonas que integran áreas protegidas comprometiendo recursos de biodiversidad, hasta decidir cual será el rumbo de un oleoducto o de una carretera, en el Ecuador abundan los ejemplo de toma de decisiones del poder ejecutivo que demuestran una escasa o ninguna preocupación por el debilitamiento que se ocasiona a los esquemas de gestión ambiental en general, y en particular a la conservación e integridad del PANE 21. Algunos ejemplos permiten ilustrar este panorama. Las decisiones respecto de la concesión o no de bloques petroleros no incluyen consideraciones ambientales ni sociales, prueba de ello, en la Amazonía Sur los bloques 23, 24 y 28 ya concesionados no han podido operar por oposición comunitaria; actualmente, la intervención militar tensa más las relaciones. De su parte, en la Amazonía Norte, los campos concesionados a operadores privados dentro de áreas protegidas carecen de un sistema de monitoreo socio ambiental efectivo. Las actividades mineras comparten esta problemática, pero con un elemento adicional, el carácter simultáneo de juez y parte del Ministerio de Energía y Minas afecta directamente a la participación de las comunidades, la negociación de compensaciones y beneficios de largo alcance, y, especialmente, a las precauciones y condiciones 20

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En el Ecuador, el Decreto Ejecutivo es la vía por la cual se reconoce al Presidente de la República su capacidad como co-legislador para reglamentar disposiciones legales y promulgar disposiciones relativas al ejercicio del poder ejecutivo. Precisamente, mientras se escribe este Informe, se encuentra en debate la decisión de adherir a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) así como la vigencia de un Decreto Presidencial que permite la comercialización de las aletas de tiburón provenientes de pesca incidental, que afecta un área protegida (Reserva Marina de Galápagos) y compromete el área marina de otra (Parque Nacional Machalilla).

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ambientales de operación. Temas complejos como la politización de Galápagos evidencian la ausencia de una visión colectiva de largo plazo y los intereses de los grupos de usuarios que conviven en el archipiélago, así como la incapacidad de la estructura administrativa y la autoridad del Estado para ordenar dichos intereses. En materia de descentralización, pese a los casos pilotos en Ecuador, los cuales se analizan en otros apartados de este Informe, es notorio que debe incrementarse el nivel técnico del análisis previo a una decisión, y, mas que buscar nuevas áreas que delegar a terceros, sean estos municipios, consejos provinciales o particulares, se deben definir términos de referencia mínimos de mayor articulación de las áreas entre si y con los casos delegados o en manejo de terceros, a fin de que prevalezcan los argumentos técnicos por encima de las coyunturas políticas (Ribadeneira Sarmiento M. 2005). Un nuevo actor en la estructura institucional, es el recientemente creado Ministerio Coordinador del Patrimonio Natural y Cultural, que entre sus objetivos está el de promover la coordinación institucional entre los Ministerios relacionados incluyendo al MAE. Su articulación con los otros actores y sus acciones en pro de las áreas protegidas y de la consolidación del PANE aun están por verse. Entre los nuevos retos y nuevos contextos para las áreas protegidas en el Ecuador debe destacarse el Tratado de Libre Comercio que actualmente se encuentra impulsando la Comunidad Andina (CAN) con la Unión Europea (UE), sobre la base de la recientemente adoptada Decisión Andina 667 sobre Marco General para las Negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la CAN y la UE 22. Esta es sin lugar a dudas una posibilidad para el país y para los demás miembros de la Región de implementar las lecciones aprendidas en otros procesos de negociación similares, relativas a la necesidad de una posición estratégica en materia de biodiversidad, así como a la necesidad de analizar el impacto ambiental de las medidas que se incluyen en un tratado de esas características. A nivel nacional, tanto la Asamblea Constituyente prevista para el 2008 así como el posicionamiento político y el fortalecimiento de plataformas de representación ambiental-social como el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) así como de la Asamblea Nacional Ambiental (ANA) se constituyen en oportunidades y plataformas para trabajar en pro de la consolidación del PANE. La inclusión del tema ambiental en la Constitución del Ecuador se remonta al año 1983, cuando se introdujo por primera vez el reconocimiento del derecho a un ambiente sano y la protección del patrimonio natural. A partir de entonces, la reforma de 1996 y, principalmente, la de 1998, consolidaron el texto constitucional ligándolo a los objetivos del Estado y la nación. Por ello, la Asamblea Constituyente se presenta como un escenario para asegurar el mantenimiento de los avances constitucionales en materia ambiental así como incluir la discusión y posicionamiento de las prioridades ambientales nacionales.

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COMUNIDAD ANDINA. Decisión 667: Marco General para las Negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina y la Unión Europea. 8 de Junio del 2007

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En relación con posibles políticas nacionales y potenciales panoramas para las áreas protegidas en los próximos 10 años cabe mencionar que, los puntos de partida para la consolidación del SNAP son la institucionalidad y la gobernabilidad. De hecho, el análisis del marco político del PANE evidencia elementos de reflexión, tanto internos (entre ellos, las estructuras de administración pública y la institucionalidad a fin de potenciar su existencia y de superar sus limitaciones y barreras) como externos (mecanismos de participación de actores en los procesos de toma de decisiones), políticos (la falta de coherencia de las políticas de los decisores, la falta de presupuesto, el manejo inadecuado e ineficiente de los recursos y las presiones políticas), y económicos (limitaciones presupuestarias y demás). Puesto que el rol e importancia de las áreas del PANE no han sido internalizadas a nivel de otras secretarias de Estado y aun de la misma Presidencia de la República, es preciso apuntar a un proceso nacional de construcción que recupere los objetivos ambientales y propicie las condiciones para superar la percepción respecto de que el MAE solo establece restricciones a los intereses inmediatistas y economicistas de otros Ministerios y de particulares. Es evidente que el MAE carece de fuerza política debido a los cambios y vaivenes de la política e intereses de grupos de poder en el país para responder a las necesidades reales y estratégicas del PANE, por ello parece, no solo prudente sino urgente, iniciar diálogos y alianzas con nuevos aliados en el sector privado y público, trabajar en la depuración y búsqueda de legitimidad de las organizaciones no gubernamentales y fortalecer su plataforma política (Ribadeneira Sarmiento, 2005). Finalmente, es previsible que el flujo de fondos de cooperación externa destinados a las áreas protegidas como aquellos destinados por el gobierno disminuyan en la próxima década, por lo que es de esperarse que los actores involucrados, tanto públicos como privados, generen opciones creativas y legítimas para reemplazar este flujo sin comprometer acciones de largo aliento en las áreas del PANE y otras del propuesto SNAP.

2.2

MARCO LEGAL PARA LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

El marco legal que regulan las áreas naturales protegidas en el país se contiene en varios cuerpos legales, y principalmente se relaciona con disposiciones sobre bienes de dominio público y privado (sus alcances y limitaciones). En Ecuador, las áreas protegidas son bienes nacionales de uso público 23, por tanto no se puede establecer sobre ellas derechos reales, su condición es inalienable e imprescriptible, y,

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ECUADOR. Código Civil. Libro II: De los Bienes y de su dominio, posesión, uso, goce y limitación. Título III: De los Bienes Nacionales. Artículo 623.- Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la Nación toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, como el de las calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Asimismo, los nevados perpetuos y las zonas de territorio situadas a más de 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes del Estado o bienes fiscales.

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difieren del dominio privado del Estado, que se sujeta a las reglas ordinarias de la propiedad privada (Marienhoff, s/f). Los dos patrimonios que estableció desde sus inicios la actual Codificación de la Ley Forestal 24, el Patrimonio Forestal y el Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas, son inalienables e imprescriptibles, y, la fauna y flora silvestre son consideradas como bienes muebles del dominio público del Estado 25. Originalmente, la Ley Forestal de 1981 , reconoció el “Patrimonio Nacional de Áreas Naturales del Estado” denominado actualmente como PANE, que se compone de áreas naturales que han sido declaradas como tales y clasificadas en categorías específicas en función de sus prioridades de conservación y estrategias de administración (MAG, 1981). 26

En 1983, se promulgó el Reglamento General de Aplicación a esta Ley, en el que se hace referencia al “Sistema de Áreas Naturales del Estado”, y se determinaron las actividades permitidas, se estableció la responsabilidad de la administración a cargo del Programa Nacional Forestal, y se normó el ingreso de visitantes, tasas, operación turística y el manejo de las reservas de producción faunística y áreas de caza y pesca (MAG, 1983). El llamado Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) ecuatoriano cuenta con una referencia constitucional 27 aunque carece de definición legal; es un planteamiento conceptual de administración y manejo que busca integrar las áreas que forman el grupo de las áreas del PANE, cuya característica principal es ser de propiedad estatal, con otras áreas que, independientemente de su titular, contribuyan al mantenimiento integral de la biodiversidad en el Ecuador (Ribadeneira Sarmiento M. 2003 y 2004). Debido a que la Ley Forestal y su Reglamento fueron planteadas a principios de los años ochentas, esta normativa es caduca, y tiene una serie de deficiencias y vacíos, como por ejemplo: aquel de compatibilizar la presencia humana con la protección y el uso sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad presente en las áreas protegidas. Así mismo, no incluye mecanismos de participación y excluye del manejo y la administración de las áreas protegidas del país a diversos sectores como: el sector privado, las comunidades indígenas y afroecuatorianas, las organizaciones campesinas y otros organismos gubernamentales y no gubernamentales, entre los principales.

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Ley y Codificación Ley Forestal. Citadas. Una de tantas diferencias entre ambos patrimonios, radica en que se permite la adjudicación de áreas que forman parte del Patrimonio Forestal del Estado, a “cooperativas u otras organizaciones de agricultores directos,… con la condición de que los adjudicatarios no podrán enajenar las tierras recibidas” (Art. 37). El Reglamento agrega (Art. 87) que dicha “adjudicación se efectuará como cuerpo cierto a favor de la organización, y el área adjudicada no podrá ser fraccionada en beneficio de sus socios ni enajenada a favor de terceros”. Ley y Codificación Ley Forestal. Citadas Constitución Política. Capítulo 5: De los derechos colectivos. Sección segunda: Del medio Ambiente. Artículo 86

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En cuanto al régimen de propiedad y actividades permitidas en el interior de las areas del PANE es preciso mencionar de inicio que la ocupación de dichas áreas bajo cualquier concepto y finalidad está prohibida, incluso la ley dispone que la propiedad privada debe ser expropiada 28. Las categorías de manejo establecidas por ley, imponen criterios de manejo, uso y administración, que se concretan en el desarrollo de actividades como turismo, investigación y otras, a las que se hace referencia en otros apartados de este informe 29. El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables dentro de áreas protegidas está regulado por excepción, siempre que los intereses nacionales estén priorizados, y previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales 30. Las Áreas Protegidas en la Constitución (desde 1998 a la fecha) La mención al SNAP en la Constitución Política de la República es una novedad del régimen ecuatoriano relativo a las áreas protegidas entre el I Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas y Parques Nacionales de 1997 y el presente. 31

En el Ecuador, las garantías y declaraciones en materia ambiental que contiene la Constitución vigente son las más avanzadas de su historia constitucional. Las normas de la sección dedicada al ambiente definen con claridad la importancia que el tema ambiental en general y las áreas protegidas en particular tienen para el Ecuador y establecen el marco dentro del cual la biodiversidad debe ser manejada y protegida. Se incluyen temas novedosos como son el principio de responsabilidad 32 33 34 pública en materia ambiental , el principio de precaución , la conservación , la 28

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Codificación de la Ley Forestal Artículo 73.- “Las tierras y recursos naturales de propiedad privada comprendidos dentro de los límites del patrimonio de áreas naturales serán expropiadas o revertirán al dominio del Estado ...,” y que cualquiera que sea la finalidad, prohíbese ocupar las tierras del patrimonio de áreas naturales del Estado, alterar o dañar la demarcación de las unidades de manejo u ocasionar deterioro de los recursos naturales en ellas existentes. El desarrollo de estas actividades tiene autorización legal en el Reglamento a la Ley y en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), Libro III principalmente (Art. 170 y siguientes). La más evidente de estas actividades es el turismo, respecto del cual, la ley de la materia (Ley de Turismo, Art. 20) señala que “Será de competencia del Ministerio del Ambiente, coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas...”, en la práctica, ambos ministerios coordinan actividades en la materia especialmente en lo relativo a la aplicación de la Ley Especial de Turismo y al Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas (RETANP) publicado en el Registro Oficial No. 656, 5 Noviembre de 2002 Ley y Codificación Ley de Gestión Ambiental. Citadas Constitución Política. Citada. Constitución Política. Título 3: De los Derechos, Garantías y Deberes. Capítulo 5: De los Derechos Colectivos. Sección Segunda: Del Medio Ambiente. Artículo 91.- El Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán responsables por los daños ambientales, en los términos señalados en el Art. 20 de esta Constitución. Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica de daño. Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier persona natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones previstas en la ley para la protección del medio ambiente. Constitución Política. Art. 91. Citado Constitución Política. Título 3: De los Derechos, Garantías y Deberes. Capítulo 5: De los derechos colectivos. Sección segunda: Del medio Ambiente.

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recuperación de los espacios naturales degradados , la participación de la 36 comunidad , la determinación de objetivos específicos estatales en materia de medio ambiente, el manejo y uso sustentable de los recursos naturales y, la 37 capacidad de los ciudadanos de demandar en defensa del medio ambiente . lo mas destacables de estas disposiciones es la posibilidad de aplicar los preceptos constitucionales en forma directa y de desarrollar estos principios en normas legales que aseguren su vigencia. 35

En particular, la Constitución exige que el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SNAP) garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, conforme a convenios y tratados internacionales. En el articulado constitucional consta también una segunda referencia a las áreas protegidas que contribuye a ratificar la soberanía estatal 38. sobre la diversidad biológica Sin embargo, desde agosto de 1998 hasta la fecha, el desarrollo de instrumentos de nivel legal y reglamentario ha sido más bien limitado, casi circunscribiéndose únicamente a la Ley de Gestión Ambiental (1999) sin reglamento a la fecha y a algunos reglamentos de la Ley de Régimen Especial para Galápagos. En la actualidad, es de esperar que el proceso político de la Asamblea Constituyente que convoca a los actores ecuatorianos, permita consolidar y reforzar los avances del texto constitucional en materia general ambiental y, específicamente, en materia de áreas protegidas.

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Artículo 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y privadas. 3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados internacionales. Constitución Política. Art. 86 numeral 2. Citado Constitución Política. Título 3: De los Derechos, Garantías y Deberes. Capítulo 5: De los Derechos Colectivos. Sección Segunda: Del Medio Ambiente. Artículo 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. La ley garantizará su participación. Constitución Política. Artículo. 91 inciso 2do. Citado Constitución Política. Título 12: Del Sistema Económico. Capítulo 1: Principios generales Artículo 248.- El Estado tiene derecho soberano sobre la diversidad biológica, reservas naturales, áreas protegidas y parques nacionales. Su conservación y utilización sostenible se hará con participación de las poblaciones involucradas cuando fuere del caso y de la iniciativa privada, según los programas, planes y políticas que los consideren como factores de desarrollo y calidad de vida y de conformidad con los convenios y tratados internacionales.

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Régimen Legal Aplicable a las Áreas Protegidas Comparando la situación entre el I y el II Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas y Parques Nacionales, es decir en el período entre 1997 y 2007, el primer avance legislativo que debe resaltarse es la promulgación en 1999 de la Ley 39 de Gestión Ambiental , la que incorporó al ordenamiento jurídico nacional la 40 primera definición de área natural protegida elaborada en el Ecuador . La definición de la Ley de Gestión Ambiental hace énfasis en la finalidad de las áreas: (i) impedir su destrucción, y (ii) procurar el estudio y conservación de las especies, los paisajes y los ecosistemas. Esta definición, de un modo u otro cubre a todas las categorías de áreas protegidas establecidas en el Ecuador, ya que el énfasis en las finalidades citadas anteriormente es el que determina las diferencias entre categorías. Estos procesos se han realizado de manera complementaria a la promulgación de una serie de políticas y normativa nacional complementaria como la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad (2002), la cual, pese a no ser un instrumento vinculante, ha orientado los esfuerzos estatales y privados en torno a la protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en general, y de las áreas protegidas en particular. Adicionalmente, se ha realizado una recopilación de normativa reglamentaria sobre áreas protegidas que forma parte de los libros III y IV del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULAS). En el marco de esta recopilación, se incluyen en los referidos libros, precisiones sobre las funciones y mecanismos de administración de las áreas protegidas. El Ecuador se ha adherido a varios convenios y acuerdos internacionales, tales como la Convención de Diversidad Biológica (CDB), el Convenio RAMSAR para la protección de humedales, entre otros. Estos últimos, contienen importantes lineamientos para la administración y manejo de áreas protegidas en temas como la relación de áreas naturales con tierras o territorios de pueblos y nacionalidades ancestrales; la soberanía de los Estados sobre la administración y uso de dichas áreas; y, el fomento de la participación de los actores locales y de la sociedad en general en el manejo de estos espacios naturales, revelan aún una limitada aplicación práctica. Estas disposiciones, sin embargo, se enfrentan con un marco regulatorio disperso y carente de normativa específica para abordar un manejo integral, al tiempo que tampoco se ha podido concretar un documento oficial, de carácter vinculante, que contenga las políticas para el SNAP y norme su funcionamiento. Se cuenta, por el contrario, con instrumentos legales dispersos que contienen mandatos amplios, 39 40

Ley de Gestión Ambiental. Citada Ley de Gestión Ambiental. Glosario de Definiciones Áreas Naturales Protegidas.- Son áreas de propiedad pública o privada, de relevancia ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el estudio y conservación de especies de plantas o animales, paisajes naturales y ecosistemas.

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generales y aún contradictorios. Esto último se puede ejemplificar en relación a lo que plantea la Codificación de la Ley Forestal y lo establecido en la Constitución de la República. Mientras la primera prevé la inalterabilidad de las áreas protegidas (Artículo 68), la Constitución señala la utilización sostenible de estas áreas con la participación de poblaciones locales y de la iniciativa privada (Artículo 248). En la misma línea se resalta la falta de un marco legal e institucional que posibilite articular las diversas iniciativas de conservación impulsadas por el Estado central, los gobiernos seccionales, los pueblos indígenas, las poblaciones afroecuatorianas, las comunidades locales y los propietarios privados, como se plantea en la actualización del Plan Estratégico del SNAP. La Gobernanza de las áreas protegidas De las 35 áreas naturales protegidas del Ecuador 7 no son administradas directa por el MAE; la administración de estas áreas, en base a esquemas legales que combinan conceptos de delegación, desconcentración y descentralización, ha sido traspasada a diversas entidades. A mas de la administración directa por el MAE, en las áreas del PANE es posible distinguir 5 esquemas de manejo adicionales (Ulloa & Morales, 2003. Ribadeneira, 2004) que reflejan la gobernanza del Sistema. Área con régimen especial de manejo 1.

Reserva Marina de Galápagos.- Por mandato de la Ley de Régimen Especial de Galápagos (1998) le corresponde su manejo y administración a la Autoridad Interinstitucional de Manejo, un consejo público – privado, cuya secretaria técnica es el Parque Nacional Galápagos.

Área con esquema desconcentrado de manejo 2.

Parque Nacional Galápagos.- De la Ley de Régimen Especial de Galápagos (1998) recibe competencias de administración de naturaleza desconcentrada.

Áreas bajo delegación pública de manejo 3.

Parque Nacional Cajas.- Por Convenio de Descentralización le corresponde su manejo y administración al Ilustre Municipio de Cuenca que lo ejecuta a través de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado, ETAPA (MAE, 2000)

4.

Reserva Ecológica Arenillas.- Desde su declaratoria (2001) le corresponde su manejo a las Fuerzas Armadas, en atención a que en esta área existe un destacamento militar que ha realizado acciones de control de esta zona.

Cabe indicar que en la Reserva Ecológica El Ángel se llevó a cabo entre el 2001 2002, todo un proceso tendiente a firmar un Convenio de Delegación entre el Ministerio del Ambiente y una Mancomunidad formada por los municipios y el

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Consejo Provincial de la Provincia de Carchi para el manejo de esta Reserva. Por diversas razones, este convenio no se ha ejecutado. Áreas bajo delegación privada de manejo 5.

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, por Convenio de Coordinación corresponde su manejo a la Fundación Natura (Ministerio el Medio Ambiente, 1997).

6.

Reserva Ecológica Cofán Bermejo creada en 2002 41, es administrada por la Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador (FEINCE), las comunidades Cofán locales y la Fundación Sobrevivencia Cofán.

7.

El Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne creado 2003 y administrado por la Fundación de Defensa Ecológica FUNDECOL 42.

Áreas bajo administración directa del MAE con convenios de apoyo al manejo Debido a que los mecanismos formales de participación en la gestión de áreas protegidas son inexistentes en la Ley Forestal, de Áreas Naturales y Vida Silvestre vigente, el MAE ha desarrollado una serie de convenios con diversos grupos de interés para el manejo de aquellas áreas que administra directamente. Por ejemplo, con organizaciones y comunidades indígenas asentadas tradicionalmente en áreas protegidas, por ejemplo: en la Reserva Faunística Cuyabeno con los Cofanes del Sábalo, Sionas y Secoyas; en Yasuní con la FECUNAE y la ONAHE etc. Convenios con comunidades campesinas, como es el caso de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios Cascabel II en la Reserva Cayambe Coca; con organizaciones de conservación como Natura, EcoCiencia, Antisana, Arco Iris, OIKOS, CI, TNC, Ecopar, FAN, Rumicocha, SNV, etc.; con entidades de investigación (Universidad Católica, Universidad San Francisco, USFQ, Politécnica, Universidad SEK, etc). Se han identificado más de 120 convenios firmados, a muy pocos de ellos la Autoridad Ambiental les ha dado algún tipo de seguimiento (Ulloa & Morales, 2003). La Descentralización de las Áreas Protegidas Los cambios estructurales dirigidos a lograr una reducción en el tamaño del estado y lograr mayor eficiencia en sus operaciones, conjuntamente con la tendencia actual de la sociedad civil de asumir un papel más relevante en sus entornos, dirigen el contexto institucional ambiental hacia esquemas de desconcentración y de descentralización de actividades, funciones y recursos (Sangueza, 2001).

41

42

La Reserva Ecológica Cofán Bermejo fue creada mediante Acuerdo Ministerial No 016 del Ministerio del Ambiente de 30 de enero de 2002, publicado en el Registro Oficial No. 519 de 21 de febrero del mismo año El Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne fue creado mediante Acuerdo Ministerial MAE No 04703 del Ministerio del Ambiente de 28 de marzo de 2003.

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En los últimos años, en el MAE se han desarrollando procesos de descentralización y desconcentración, y se han incorporado estos conceptos en sus planes y estrategias. Así, en la Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Ecuador (MAE 2000), se incluye a los gobiernos seccionales como los “agentes centrales de la gestión ambiental”, organismos a través de los cuales el Ministerio viabilizaría la política de descentralización y también en la Estrategia para el Desarrollo Forestal Sustentable (MAE, 2000). En cumplimiento de una de las disposiciones transitorias de la Constitución, el gobierno central dictó el primer Plan Nacional de Descentralización por el período 2001-2002, en el que se determinaron las áreas de aplicación de la descentralización, que incluyó a los recursos forestales, biológicos, áreas protegidas, control y prevención de la contaminación ambiental, remediación ambiental y ecosistemas frágiles (Narváez 2005 en Chiriboga, 2006). Cabe enfatizar que los primeros convenios de descentralización que realizó el MAE, los suscribió en febrero del 2001 en el marco de un proceso denominado de “delegación y coordinación” de funciones y competencias, principalmente en aspectos forestales y de calidad ambiental. Este tipo de convenios, cuya relevancia en la gestión ambiental fue mínima, tuvieron un plazo de 2 años y se suscribieron a nivel nacional, con 48 cantones. Posteriormente, a finales del 2002, se negoció otro convenio de transferencia de competencias ambientales, suscrito esta vez con 67 organismos seccionales El tema de la descentralización en áreas protegidas es parte de complejo y actual debate entre el MAE, diversas entidades con competencia ambiental y los sectores sociales vinculados o interesados en el tema. En un estudio al respecto realizado por Real y Bedoya (2004) se plantea que, al ser la conservación el objetivo de las áreas protegidas, y por ende el mantenimiento de riqueza ecológica del país, estas no deberían circunscribirse a la división político administrativa. Así mismo, la regulación de los recursos existentes en las áreas protegidas involucra a varias entidades; y, finalmente, también se requiere considerar a varios grupos sociales que dependen o son influenciados por el área. El estudio concluyó que frente a esta realidad, no se pueden ofrecer la asignación de competencias a gobiernos seccionales para que manejen las áreas de forma aislada de sus contextos bioecológicos, socio-económico y politico-administrativos. Originariamente, la Ley de Descentralización 43 determinó que los municipios recibirán funciones, atribuciones y recursos para “coadyuvar” a la conservación de los bienes naturales en coordinación con los organismos competentes. En este sentido, el ex Ministerio del Turismo y Ambiente emitió la Resolución 007 de 16 de febrero del año 2000, que tiene por objeto establecer “los requisitos y procedimientos administrativos que deben cumplirse de manera previa a la suscripción de convenios de cooperación a celebrarse entre dicha cartera de estado y los gobiernos seccionales, comunidades locales, comunidades de raíces 43

ECUADOR. Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social. Ley No. 27. Registro Oficial No. 169 de 8 de Agosto de 1997 y Ley 2000-1 Suplemento del Registro Oficial No. 20 de 18 de Febrero de 2000.

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ancestrales, sean indígenas o afroecuatorianas, o cualquier persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, para el ordenamiento, gestión y manejo de áreas protegidas o para la administración y manejo de bosques y vegetación protectores de dominio público”. Esta resolución establecía las actividades que podrán ejecutar los gobiernos seccionales y demás organizaciones en las áreas protegidas. El MAE celebró el 27 de diciembre de 2001, el Convenio Marco de Transferencia de Competencias hacia los gobiernos seccionales, en base al Acuerdo Ministerial 055 de 2 de octubre de 2001. Este Acuerdo definía las competencias a ser transferidas desde el MAE a los gobiernos seccionales autónomos y los criterios para la transferencia de recursos; menciona en su capítulo quinto “el manejo de un área protegida del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en sujeción a las políticas nacionales emitidas por el Ministerio del Ambiente, se delegará a una mancomunidad que se constituya entre los gobiernos seccionales, en cuyas jurisdicciones se encuentre el área protegida objeto de la delegación”. En relación con la aplicación de los conceptos de descentralización de las áreas protegidas, existen dos ejemplos de estas acciones, que corresponden a lo ocurrido en el Parque Nacional Cajas y en la Reserva Ecológica El Ángel. En marzo del 2000, se firmó el Convenio para la Descentralización entre, en ese entonces, el Ministerio de Turismo y Ambiente y la Ilustre Municipalidad de Cuenca, para la Gestión y Manejo del Parque Nacional Cajas. Este Convenio tiene por objeto traspasar las atribuciones para la gestión del Parque Nacional Cajas al Municipio de Cuenca y fortalecer la institucionalidad de esa municipalidad para que asuma las responsabilidades de controlar, preservar, defender el ambiente y garantizar la conservación de los recursos y servicios que brinda este parque nacional a los centros poblados del cantón Cuenca, con énfasis en el recurso hídrico. Sin embargo, las condiciones de este arreglo determinan que el MAE retiene las facultades de vigilar, controlar y, si fuera necesario, revertir el acuerdo de gestión del parque. El Parque Nacional Cajas es actualmente, una de la de las áreas mejor administradas del PANE (Ulloa, 2005). En el caso de la Reserva El Ángel, el Ministerio del Ambiente propició la creación de una mancomunidad y firmo acuerdos con los gobiernos seccionales del Carchi, tanto el Consejo Provincial como municipios involucrados, para delegar el manejo de esta área protegida. Por diversas razones especialmente políticas, este proceso no prosperó (Ulloa et al., 2003). Aunque la intención de estos instrumentos fue la de aplicar una política estatal que, en términos generales, contribuya a mejorar la administración pública, no se consideraron los efectos que la descentralización de las áreas protegidas tendría en los ámbitos administrativos, ecológicos y financiero Tampoco se analizó la capacidad real que los organismos receptores de la delegación para la gestión de dichas áreas, tenían para ejercer esta responsabilidad en sus jurisdicciones, ni la forma cómo proceder en los casos en los que las áreas protegidas se encuentran en

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más de una circunscripción geográfica y político-administrativa, como sucede con la mayoría de las áreas protegidas. (Real y Bedoya, 2004. Ulloa et al., 2003). Si bien en el país en general existe una tendencia hacia la descentralización, las propuestas que actualmente se debaten no incluyen una aplicación radical de este concepto. No se considera la transferencia de las AP a la administración absoluta de las autoridades locales. Por el contrario, la política del gobierno actual difiere radicalmente de las acciones realizadas por gobiernos anteriores que impulsaron los procesos de descentralización del sector forestal, incluyendo a las áreas protegidas. El mandato actual es mantener la integridad funcional que debe tener el SNAP, tanto a nivel ecológico como administrativo, para el cumplimiento de los objetivos principales del mismo, especialmente para conservar la biodiversidad existente en las áreas protegidas y mantener la generación de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas existentes en las mismas (Chiriboga, 2006). Un análisis elaborado por Wray (2005) evidencia el debate complejo en torno a la descentralización de las áreas protegidas hacia los gobiernos seccionales. El Procurador General del Estado, atendiendo a consultas hechas por autoridades locales relacionadas con el Parque Nacional Machalilla, se pronunció respecto de que las áreas protegidas del PANE son bienes nacionales de uso público, y por lo tanto su uso pertenece a toda la nación. Esto quiere decir que los gobiernos locales no están en condiciones de poseer derechos reales sobre las áreas protegidas (Wray, 2005). El debate, según Wray (2005), está dado en torno a la posibilidad de hablar de descentralización o de otra figura jurídica que viabilice la gestión local de las áreas naturales. De una parte, el MAE y en ello ha concordado la Procuraduría, defiende su capacidad de control sobre el patrimonio de áreas naturales, puesto que uno de los temores existentes es que si se produce la descentralización a favor de gobiernos seccionales, estos puedan alterar límites o usos, de acuerdo a intereses particulares, modificando así el patrimonio nacional e impidiendo al Estado central un control efectivo. Por otro lado, se podría considerar una descentralización para las áreas protegidas analizando las competencias descentralizables; Wray plantea que regulación y control podrían mantenerse a favor del Ministerio pero la administración de servicios puede ser hecha a favor de una autoridad local. Al margen de la especificidad de los temas, este autor sostiene que es fundamental establecer un diálogo democrático que permitiendo la conservación del área, posibilite a la población afectada por ella (positiva o negativamente) beneficiarse en el marco de un manejo ambiental descentralizado. Otro autor (Ribadeneira Sarmiento (2003, 2004 ) anota que, desde la expedición de la Ley de Gestión Ambiental (1999), los consejos provinciales y municipios han tenido limitaciones expresas respecto del PANE, así como la posibilidad de generar propuestas propias de conservación in situ complementarias al PANE 44. La autora 44

Ley de Gestión Ambiental. Citada. Artículo 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República y a la presente Ley. Respetarán las regulaciones nacionales sobre el Patrimonio de Areas Naturales Protegidas para determinar los

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destaca que ambas posibilidades no han sido debatidas ni analizadas por las autoridades locales así como escasamente consideradas por parte de los gestores del PANE (Ribadeneira Sarmiento M,). Sin embargo de lo expuesto, es importante anotar que todo proceso de descentralización tiene que garantizar la permanencia de un sistema nacional, conforme lo señala Constitución (Real y Bedoya, 2004. Ulloa, et al., 2003). En el MAE existe una comisión de descentralización, la misma que ha efectuado reuniones de trabajo con distintos gobiernos seccionales (Onofa, 2005). Sin embargo, al interior de esta entidad no existe una posición común y consensuada respecto a la descentralización de las áreas protegidas. Mientras unos técnicos consideran la necesidad de avanzar en la discusión y generar las condiciones para entrar en el proceso de descentralización, hay otro sector que consideran este proceso como una amenaza para la integridad del SNAP (Chiriboga, 2006).

2.3

INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO NACIONAL

Aunque la Ley de Gestión Ambiental (1999) puede considerarse la base legal macro, que define y fortalece la acción de la autoridad ambiental, que obliga a todos los proyectos de desarrollo a la presentación de estudios de impacto ambiental y planes de manejo y crea un sistema descentralizado de gestión ambiental, en la práctica ella aun no ha sido plenamente aplicada, en parte por la ausencia de reglamentos. El sistema que propone la ley consiste en una plataforma de discusión de los problemas ambientales, en la cual la coordinación interinstitucional de las áreas protegidas puede ser puesta en funcionamiento. A ello se suma que, una de las falencias en la gestión de la biodiversidad y en especial de las áreas protegidas en el Ecuador ha sido el hecho de que éstas no están siendo consideradas como elementos centrales en los esquemas de planificación del desarrollo a nivel local, regional y nacional, así como en los procesos de ordenamiento territorial. Adicionalmente, existen muy pocas experiencias positivas de la incorporación de las áreas protegidas en los criterios de planificación y en la gestión de otros sectores del país. Un caso especial es el proceso de planificación regional desarrollado en los últimos años en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, que ha viabilizado la construcción participativa del Plan Estratégico Ambiental Regional (PEAR), y ha permitido una planificación regional ambiental coordinada, incluyendo las acciones que desarrollan dos Consejos Provinciales, 8 municipios y el MAE. Este proceso de planificación ha conducido a la generación de una propuesta consensuada a nivel regional para la creación de una reserva de biosfera en las provincias mencionadas.

usos del suelo y consultarán a lo representantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y poblaciones locales para la delimitación, manejo y administración de áreas de conservación y reserva ecológica.

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Como ejemplos significativos en los últimos años de la incorporación de áreas protegidas a la planificación municipal se pueden citar: la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA), entidad que administra el Parque Nacional Cajas a través de la Corporación Municipal Parque Nacional Cajas y que ha involucrado la planificación del área protegida señalada en los procesos de planificación regional. De igual manera, la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil ha aportado recursos para los planes de manejo de 3 áreas protegidas que se encuentran en ese cantón, y ha propuesto una iniciativa tendiente a la creación de una Reserva de Biosfera en el Golfo de Guayaquil, cuyas áreas núcleo constituirían las áreas protegidas de las provincias de Guayas y El Oro (Villegas, et al., 2005). Así mismo, se han realizado reuniones con el Consejo Provincial de Pichincha y con el Distrito Metropolitano de Quito para incorporar en los esquemas de planificación las áreas protegidas existentes en la provincia así como para la creación de determinadas áreas protegidas municipales. La decisión del Municipio de Quito de declarar 23 áreas naturales es pionera en ejemplos de acciones locales de conservación in situ. Mas allá de la extensión involucrada (151.317 ha, es decir el 35,8% del Distrito) lo innovador también se refiere a la inclusión de áreas privadas en un esquema de manejo por subsistemas que busca la conservación de la integridad ecológica y biodiversidad, así como la promoción del uso racional de los recursos y servicios ambientales que generan estas áreas. Por otro lado, existen diversos proyectos de desarrollo provinciales y cantonales que pueden afectar gravemente la integridad de algunas áreas, como concesiones para la explotación de hidrocarburos y recursos mineros, construcción de obras de infraestructura y vialidad, ampliación de la frontera agrícola, concesiones camaroneras, explotación forestal, etc, que han sido planificados sin las debidas consideraciones ambientales y planes de remediación y afectan a las áreas protegidas. Es decir, diversas acciones de desarrollo se planifican y ejecutan sin considerar las limitaciones en el uso de los espacios territoriales de las áreas protegidas.

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CAPÍTULO 3 3.

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA PROTEGIDAS

NACIONAL DE ÁREAS

El Ecuador, con una superficie total de 256.370 km2, tiene una posición geográfica privilegiada al estar atravesado por la Cordillera de los Andes, lo que ha permitido la formación de una serie de gradientes altitudinales en las cuales se desarrollan ambientes diversos y una gran riqueza biológica. Otros factores que posibilitan esta gran riqueza son: la influencia de dos grandes corrientes marinas 45 y varias corrientes locales que han generado, entre otras cosas, climas diferentes (húmedos y secos) tanto en la Sierra como en la Costa; la presencia de al menos cinco focos de especiación (Chocó, Tumbes, Andes, Amazonía y los valles internos de la Cordillera de los Andes) y un sistema de lagunas y ríos que nacen en las alturas y forman una serie de ambientes inundados que también son lugares idóneos para generar biodiversidad. Estos factores determinan la existencia de una gran diversidad de climas, suelos, ecosistemas y paisajes, flora y fauna, en cada una de sus cuatro regiones naturales: insular o Islas Galápagos, litoral o Costa, andina o Sierra y Amazonía u Oriente. El Ecuador está entre los 17 países más biodiversos del mundo en donde habitan alrededor del 15% de las especies endémicas del planeta (Mittermeier et al., 1999; Myers et al., 2000). Estos datos ponen de manifiesto el alto potencial genético del país, por lo que ha sido considerado como de máxima prioridad para la conservación mundial (Dinerstein et al., 1995). Asociada a esta riqueza biológica, existe también una gran diversidad cultural. Mucha de esta biodiversidad esta conservada en sus áreas protegidas (Ulloa, 2002). El Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) está constituido actualmente por 35 áreas naturales y cubre una extensión de 47.672,6 Km2 de superficie terrestre (equivalente al 18.69 % de la superficie del país) y 14.110 Km2 de superficie marina. El Patrimonio está distribuido en las cuatro regiones naturales del Ecuador las áreas protegidas se localizan en las 21 provincias del país, aunque en muchas de ellas con superficies pequeñas, las provincias con mayores extensiones de áreas protegidas son Galápagos, Napo y Sucumbios. En el Anexo 2 se incluyen un listado de las áreas naturales que conforman actualmente el Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador.

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Cálida de El Niño y fría de Humboldt

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En cuanto al tamaño, las áreas protegidas oscilan entre las 5 hectáreas del Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara hasta las 982.000 hectáreas del Parque Nacional Yasuní. Si bien la superficie destinada a conservación es considerable, muchas de estas áreas fueron creadas fuera de un contexto de planificación sistemático acorde a los patrones de distribución espacial de la biodiversidad del país (BID, 2007). La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre definió siete categorías para las áreas naturales protegidas del Patrimonio del Estado: parque nacional, reserva ecológica, refugio de vida silvestre, reserva biológica, reserva de producción de fauna, área nacional de recreación y área de caza y pesca. Las categorías, el número, la superficie y el porcentaje de las áreas protegidas respecto al total del PANE se indican a continuación: Número, superficie y porcentaeje de Áreas Naturales Protegidas del PANE por categoría Categoría Parque Nacional Reserva Ecológica Refugio de Vida Silvestre Reserva de Producción de Fauna Reserva Biológica Área Nacional de Recreación

Número de AP 10 10 6 3 2 2

Superficie (miles de ha.) 2.871.096 1.225.255 8.830 667.157 13.684 2.683

% respecto al total del PANE* 59,913 25,568 0,184 13,922 0,286 0,056

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Reserva Marina Reserva Geobotánica Áreas de Caza y Pesca Total de AP del PANE

1 1 35

14´110.000 3.383

Subtotal SUPERFICIE TERRESTRE * 4´792.088 Subtotal SUPERFICIE MARINA 14´124.430 Total superficie terrestre y marina 18´916.518,20 Total hectáreas Ecuador 25´637.000 Porcentaje (%) del PANE terrestre respecto a la superficie total del país Porcentaje (%) del PANE marino respecto a la superficie total del país Porcentaje (%) del PANE terrestre y marino respecto a la superficie total del país * No se contabiliza la Reserva Marina de Galápagos

0.071 % 100 %

18,69 % 55,09 % 73,79 %

Si bien el PANE brinda una cobertura relativamente alta de las distintas regiones y ecosistemas del país, existen aún vacíos importantes. Las áreas más significativas respecto a extensión, continuidad de hábitat y conectividad se concentran al norte del país. Las estribaciones andinas del norte y centro oriente, los bosques tropicales amazónicos del norte y, en menor medida, los bosques de estribaciones andinas al noroeste poseen un nivel elevado de cobertura dentro del PANE. Al sur y occidente del país la situación es menos favorable, especialmente en los bosques secos y de estribaciones andinas del suroccidente y en los valles y estribaciones interandinas (Sierra et al, 1999b). De las 46 formaciones vegetales o ecosistemas del Ecuador, según el sistema de clasificación propuesto por Sierra et al. (1999a), 39 están incluidos dentro del PANE. Los 7 ecosistemas que aún no están incluidos son: Bosque Deciduo Piemontano de la Costa, Bosque Semideciduo Piemontano de la Costa, Bosque Semideciduo Montano Bajo de la Costa, Matorral Seco Montano Bajo, Matorrales Seco Montanos de los Andes del Centro y Norte, Matorrales Seco Montanos de los Andes del Sur y Matorral Húmedo Montano de las Cordilleras Amazónicas (Sierra et al., 1999b). Aunque el nivel de protección que el actual Patrimonio brinda a las distintas formaciones vegetales del país aparenta ser favorable (85 % de los 46 tipos de vegetación están cubiertos por el PANE), un análisis más detallado demuestra que la realidad es diferente. En una evaluación de la cobertura y eficiencia del SNAP hacia la protección de las formaciones vegetales, Sierra et al. (1999b) mostraron que 25 formaciones se encuentran subrepresentadas y 21 están representados en el SNAP con menos del 10 % de su superficie original (Freile, J.F. & T. Santander. 2005; Josse & Cano, 2001) En cumplimiento del mandato del Programa de Trabajo de Áreas Protegidas de la CBD y como parte de las actividades planteadas en el Memorando de Entendimiento firmado entre diversas ONG´s y el MAE para ejecutar este Programa, en los últimos dos años se han llevado a cabo análisis de los vacíos de

39

representatividad ecológica y biológica, tanto de la zona marina (Instituto Nazca, 2005) como de la parte continental terrestre del país (Cuesta et al., 2006). El estudio marino-costero constituye el primer esfuerzo de alcance nacional para identificar las necesidades de conservación en esta zona. Los estudios han sido un insumo fundamental para la definición del Plan Estratégico del SNAP (MAE, 2007). El estudio sobre vacíos de representatividad biológica y ecológica al nivel terrestre (Mapa 2) tuvo tres objetivos generales. El primero fue analizar cuan efectivo es el actual sistema nacional de áreas protegidas en incorporar un conjunto de indicadores de la biodiversidad compuesto por ecosistemas terrestres, especies de aves endémicas y amenazadas descritas para el país, y especies endémicas y amenazadas de un grupo de géneros de plantas vasculares altamente diversos. El segundo objetivo fue identificar geográficamente que áreas deberían ser consideradas complementos potenciales al SNAP para lograr una cobertura adecuada de los indicadores utilizados. El tercer objetivo implicó un ejercicio de priorización de los vacíos encontrados analizando que tan irremplazables y vulnerables son cada uno de ellos (Cuesta et al., 2006). Con la finalidad de mejorar la cobertura ecológica del PANE, el estudio de vacíos terrestres menciona las siguientes áreas geográficas consideradas prioritarias en las tres regiones del Ecuador continental: a) En la Costa los vacíos identificados reflejan la distribución espacial de las áreas de vegetación remanente. Los bloques mas grandes de vacíos de conservación se concentran en los bosques siempreverdes de la porción oriental de la provincia de Esmeraldas, el área de colinas bajas al nororiente de Manabí, y los bosques deciduos en la porción occidental de Guayas y Manabí. Incluyendo: •

La ampliación de la Reserva Ecológica Mache-Chindul (sur y noroccidente), con el fin de mejorar la cobertura del bosque ecuatoriano húmedo de colinas bajas Chocó-Darién, el bosque pluvial no inundado de terrazas y la planicie aluvial del Chocó-Darién.

•

En el sector centro norte de la provincia de Esmeraldas se propone la protección de las cabeceras de los ríos Bogotá, Santiago y Cayapas, contiguos a la zona baja de la Reserva Ecológica Cotacachi- Cayapas, con el fin de proteger el bosque siempre verde de tierras bajas (especies endémicas de aves).

•

En la Cordillera de la Costa se propone la protección de las montañas de Jama (Manabí) para proteger los bosques de transición entre los sistemas perhúmedos del Pacífico y los estacionales y deciduos de la costa central. En la misma cordillera se propone la protección de las montañas de ChongónColonche y la isla Puná, esta última integrada a un sistema marino-costero por definirse en la zona.

b) En la Sierra, existen bloques representativos en las vertientes exteriores de los Andes occidentales en las provincias de Bolívar, Pichincha, e Imbabura, y en

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las vertientes interiores de los Andes orientales en el Carchi e Imbabura. Sin embargo, las áreas más grandes de vacíos identificados se encuentran en el sur de la Sierra. Estas áreas incluyen los contrafuertes de los Andes occidentales en El Oro y Loja, y los bosques pluviales asociados con las cordilleras subandinas orientales en Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Específicamente: •

La ampliación de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, incluyendo los sistemas de Piedemonte del Pacífico (500-1200 msnm.) hacia el sur occidente, y las cabeceras de los ríos Mira, Camumbí y San Juan hasta la frontera con Colombia, al norte.

•

Se reconocen los valores ecológicos del sector de Mindo-Nambillo y se plantea un sistema de asocio privado-estatal para su manejo.

•

El sector sur de los Ilinizas es valorado para la protección de bosque montano de la vertiente pacífica, incluyendo hasta la provincia de Bolívar.

c) Los vacíos identificados para la región amazónica son: •

En la Amazonía norte se encuentran los bosques montanos del norte, entre la Reserva Ecológica Cayambe-Coca y la Reserva Ecológica Cofán-Bermejo, la periferia de las reservas Antisana y Cayambe-Coca y nororiental de los parques nacionales Sumaco Napo-Galeras y Llanganates.

•

En el sur, el estudio propone la ampliación de los límites del Parque Nacional Podocarpus, en la zona de Zamora (río Nangaritza), y la inclusión de la cordillera de Chilla para la protección de los bosques deciduos y semideciduos.

•

Los sectores del Cóndor y Kutukú que están dentro del territorio Shuar son importantes junto con los contrafuertes de cordillera en los límites bajos de las reservas ecológicas Cayambe-Coca y Cofán Bermejo, así como del Parque Nacional Sumaco.

•

En el sur de la Amazonía, el estudio propone la inclusión del cono de esparcimiento del río Pastaza, relacionado con vacíos de representatividad en las cordilleras subandinas cercanas.

41

Es evidente que el Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador no tiene una cobertura adecuada de los sistemas marino-costeros existentes en el país, considerando la gran riqueza en biodiversidad existente en el Ecuador en estas zonas (Instituto Nazca, 2005. Villegas, et al., 2005). La superficie total del país (continental más área marino-costero) es de 27´765.907,616 hectáreas (100%), de este total, 2´891.136,397 hectáreas (10,4%) representan el área marino-costera (MAE, 2007). El actual PANE incluye 8 áreas protegidas que incorporan elementos marinocosteros, a nivel continental, estas son: las reservas ecológicas Manglares Cayapas Mataje, Manglares Churute y Arenillas, los refugios de vida silvestre Manglares Estuario Río Muisne, Isla Corazón y Fragatas e Isla Santa Clara, la Reserva de

42

Producción de Fauna Manglares El Salado y el Parque Nacional Machalilla. Estas cubren un total de 76.814 hectáreas de sistemas marino-costeros. Solamente dos de estas áreas tienen zonas que se extienden fuera de la costa.

AREA PROTEGIDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Reserva Ecológica Cayapas Mataje Parque Nacional Machalilla Reserva Ecológica Churute Reserva Ecológica Arenillas Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara Refugio de Vida Silvestre Muisne Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón Reserva de Producción de Fauna El Salado

Total de hectáreas

AREA MARINO COSTERA (ha) 27.630 24.548 21.402 1.522 1.157 256 88 211

76.814

Adicionalmente, la Reserva Marina de Galápagos que incluye 70.000 km2 de la plataforma submarina del archipiélago y el Parque Nacional Galápagos contienen ecosistemas costeros y/o marinos. El Ecuador también declaró a la zona marina de Galápagos como Santuario de Ballenas, el cual protege la alta diversidad de cetáceos que se encuentran en las islas y sus hábitats críticos de alimentación y reproducción. Sin embargo, esta categoría no forma parte del Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador. Es importante señalar que las áreas protegidas actuales no se manejan de una forma que proporcionen una protección efectiva para la conservación de sus recursos biológicos. Todas estas áreas son vulnerables a impactos producidos por actividades humanas y algunas de ellas están ubicadas en lugares con alto costo de conservación, de acuerdo al estudio de vacíos marino costeros (Instituto Nazca, 2005). Algunas áreas protegidas tienen costos elevados especialmente los manglares en la Isla Corazón, Muisne y El Salado. Aunque el costo por hectáreas del Parque Nacional Machalilla es menor a los mencionados anteriormente, es el área de mayor prioridad para la conservación porque incluye ecosistemas (arrecifes de coral), comunidades (anidación de aves marinas y de tortugas) y especies (albatros, reproducción de ballena jorobada, concha espondylus -Spondylus spp.-), únicas o extremadamente raras.

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AREA AREA PROTEGIDA MARINA Cayapas Mataje 27.630

COSTO 7.798

COSTO / ha. 0,28

PRINCIPALES AMENAZAS Destrucción de hábitat Pesca artesanal e industrial, contaminación urbana, destrucción de hábitat (arrecifes), introducción de especies (Isla de La Plata), turismo (playas y ballenas) Destrucción de hábitat, contaminación urbana e industrial

Machalilla

24.548

9.071

0,37

Churute

21.402

5.123

0,24

Arenillas

1.522

556

0,37

Destrucción de hábitat

Isla Santa Clara

1157

567

0,49

Pesca artesanal e industrial

Muisne

256

364

1,42

El Salado

211

178

0,84

Isla Corazón

88

250

2,84

Destrucción de hábitat, Pesca artesanal, contaminación urbana Destrucción de hábitat, contaminación urbana e industrial Contaminación urbana e industrial

Fuente: Instituto Nazca, 2005

El análisis de vacíos marino-costeros desarrollado por el Instituto Nazca (2005) identificó un portafolio de 25 áreas prioritarias de conservación en la costa del Ecuador.

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

BLOQUE (Nombre) Santa Elena Machalilla San Lorenzo Galera – Muisne Isla de la Plata Bajoalto Puerto Cayo Data de Posorja Las Peñas Canoa Costa Churute Atacames Fondos Anconcito Fondos Jambelí Atacames Costa Arenillas Chone Canoa Fondos Pedernales Costa Golfo Guayaquil Fondos Cojimíes

AREA (ha) 156.000 105.450 50.850 49.200 9.300 45.750 24.900 44.250 21.900 8.250 113.400 33.000 63.300 26.700 22.950 5.250 3.600 105.150 22.650 9.300 3.150

PRIORIDAD Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Alto Alto Alto Mediano Mediano Mediano Mediano Mediano Mediano Mediano Mediano Mediano Bajo Bajo Bajo Bajo

44

22. Puná 23. Pedernales Fondos 24. Engabao Fondos 25. Isla Santa Clara Total de hectáreas

2.850 2.550 1.500 750 933.450

Bajo Bajo Bajo Bajo

Fuente: Instituto Nazca, 2005

El portafolio de áreas de conservación propuesto por el Instituto Nazca coincide parcialmente con 6 de las 8 áreas protegidas actualmente declaradas en el PANE. Únicamente dos áreas pequeñas: el Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas y la Reserva de Producción de Fauna Manglares del Salado no forman parte del portafolio. De las 933.450 hectáreas que conforman el portafolio, solamente el 8 % (76.814 ha) tiene algún nivel de protección. El estudio resalta ocho áreas consideradas de prioridad alta y muy alta en el portafolio: San Lorenzo, Galera-Muisne, Puerto Cayo, Isla de la Plata, Machalilla, Santa Elena, Data de Posorja y Bajoalto. De estos sectores, el 13% (63.020 hectáreas) forma parte del actual PANE. Tres de las cinco áreas de muy alta prioridad y una de las tres de alta prioridad coinciden parcialmente con la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje o el Parque Nacional Machalilla. De las nueve áreas de prioridad media, dos coinciden parcialmente con áreas protegidas como la Reserva Ecológica Manglares Churute y la Reserva Ecológica Arenillas. El único bloque de prioridad baja que coincide con un área protegida es la isla Santa Clara que corresponde al Refugio de Vida Silvestre del mismo nombre. Los sectores de Galera-Muisne, Data de Posorja y Bajoalto que son de prioridad muy alta y alta, no reciben actualmente ninguna protección. Cabe mencionar que 15 áreas del portafolio de conservación sugerido coinciden con otras iniciativas para la creación de áreas protegidas o han sido designadas por grupos nacionales, internacionales, públicos o privados como áreas prioritarias para la conservación (Arriaga et al. 2005). Los bloques que no han sido incluidos son, en su mayoría, bloques de aguas profundas y fondos blandos. Este portafolio reafirma y fortalece los criterios de otros sectores preocupados por la conservación de recursos marino-costeros en el país (Instituto Nazca, 2005)

NOMBRE

RESERVAS CIENTIFICAS (INP 2001 2002)

ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

x

1. San Lorenzo

HUMEDALES PRIORIDAD RAMSAR (Canevari et al., 1998)

x

2. Atacames Costa 3. Galera - Muisne

x

4. Cojimíes 5. Pedernales Costa 6. Isla de la Plata 7. Machalilla 8. Santa Elena

x x x

x x x x x

INICIATIVAS LOCALES (Municipio y ONGs)

RESERVA BIOSFERA (Guayas y El Oro)

x x

x

45

9. Data de Posorja

x x

10. Churute 11. Puná 12. Bajoalto 13. Arenillas 14. Jambelí 15. Isla Santa Clara

x

x x

x x x x x x x

x x x x x x

Fuente: Instituto Nazca, 2005

El análisis de vacíos marino costeros también señala que existen seis sitios RAMSAR en la Costa continental ecuatoriana, de los cuales cuatro están parcial o totalmente incluidos dentro de áreas del PANE: el Parque Nacional Machalilla, las reservas ecológicas Cayapas Mataje y Manglares Churute y el Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara. En cuanto a la representatividad de aguas continentales del país, la mayoría de áreas protegidas ubicadas especialmente en la región amazónica y en la zona andina incluyen lagos, lagunas y cursos de ríos, destacándose las reservas Cotacachi Cayapas, Mache Chindul, Ilinizas y el Parque Nacional Cotopaxi en el sistema hidrográfico del río Esmeraldas; la Reserva Ecológica El Ángel en el sistema hidrográfico del Río Mira; las reservas Ilinizas y Chimborazo en el sistema hidrográfico del río Guayas; la Reserva Chimborazo y los parques nacionales Cotopaxi, Llanganates y Sangay en el sistema hidrográfico del río Pastaza; los parques nacionales Sangay y Cajas en el sistema hidrográfico del río Santiago; y, las reservas Cayambe - Coca, Antisana, Limoncocha y Cuyabeno, y los parques nacionales Sumaco Napo - Galeras y Yasuní en el sistema hidrográfico del río Napo. Además de los recursos hídricos, en el Ecuador existen gran cantidad de humedales lénticos (Briones et al. 1997. 2001 a, b, c). Otras Zonas de Protección Además de las áreas protegidas existentes en el PANE, el Ecuador cuenta con otras zonas de protección que si bien no están incluidas dentro de las normas jurídicas relacionadas con áreas protegidas, contribuyen de manera significativa a la protección de la biodiversidad del país. Dos áreas que sobresalen por su extensión, la continuidad de sus bosques y su relación con áreas protegidas son las Zonas Intangibles de Cuyabeno – Imuya, relacionada con la Reserva Faunística del Cuyabeno, y Tagaeri – Taromenane, que incorpora partes del Parque Nacional Yasuní. Estas áreas cuentan con reconocimiento legal por parte del Estado pero no forman parte del SNAP (MAE, 1999). El objetivo principal de las zonas intangibles, es el de garantizar los usos sustentables de la biodiversidad por parte de las comunidades ancestrales (ZI-Cuyabeno Imuya) y la protección de pueblos en aislamiento voluntario (ZI.Tagaeri-Taromenane). En el marco político también se debe resaltar la existencia de propuesta de políticas para la zona intangible Tagaeri Taromenane.

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Relación del PANE con Bosques Protectores Es importante analizar la relación que el PANE tiene respecto a otras iniciativas de protección y manejo de ecosistemas, como son los bosques protectores. Sin hacer un mayor análisis de su efectividad de conservación y sus consecuencias sociales, estos bosques protectores cubren aproximadamente el 8% del territorio nacional y, hasta el 2002, existían 161 bosques protectores reconocidos, 88 de los cuales eran privados. Estas áreas, cubren ecosistemas que no están dentro del PANE como es el caso de la vegetación interandina (Freile, J.F. & T. Santander. 2005). Aunque los bosques protectores son áreas administrativamente fraccionadas y con superficies muy por debajo de los valores del PANE, resulta interesante analizar la complementariedad de los dos sistemas de protección. Por ejemplo, el bosque húmedo de la Costa, con una representación muy baja dentro del PANE, tiene una representación mayor a nivel de bosques protectores (casi el 20%). Similar situación se da con los bosques secos de la Costa del país, en donde por ejemplo, el PN Machalilla tiene 55.000 ha y los bosques protectores asociados al ecosistema seco cuentan con más de 120.000 hectáreas Sin embargo, el bosque seco montano oriental aún sigue sin protección del PANE ni del sistema de bosques protectores (BID, 2007). Categorías Internacionales de Protección En el marco del cumplimiento de convenios internacionales, el Ecuador ha dado pasos importantes para la conservación de su patrimonio natural y cultural. En el caso del Convenio de Patrimonio Natural y Cultural, administrado por la UNESCO, se reconoce la importancia mundial de varias áreas protegidas ecuatorianas como los parques nacionales Sangay y Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos como Patrimonio Natural de la Humanidad. Por otro lado, parques nacionales como Sumaco Napo-Galeras, Yasuní y Galápagos, constituyen las “zonas núcleo” o de protección de Reservas de Biosfera, Programa Mundial de la UNESCO, categoría que trata de combinar la conservación con la presencia humana y el uso sostenible de las tierras o mares en las zonas de amortiguamiento circundante, y crear un sistema mundial de asesoría e intercambio de información e investigación. En estos casos, es esencial la voluntad de integración, coordinación y participación de las poblaciones asentadas en las respectivas reservas de biosfera y el decidido apoyo por parte de gobiernos seccionales y de la autoridad ambiental de la región y del país (ECOLAP & MAE, 2007). Galápagos ha sido recientemente incorporada a la lista de Patrimonios en peligro de la UNESCO, lo que significa que el Ecuador debe trabajar fuertemente para que todos los factores mencionados coadyuven para una adecuada conservación de los frágiles hábitats y especies de Galápagos. Ecuador es también signatario del Convenio RAMSAR para la Protección de Humedales de Importancia Internacional, convenio inicialmente concebido para la protección de las vías migratorias de aves acuáticas, que actualmente tiene objetivos mucho más amplios que incluyen la protección de zonas costeras-marinas, así como redes hidrográficas y sistemas lacustres importantes y significativos (ECOLAP & MAE, 2007).

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En el Ecuador se ha designado un total de 11 Sitios RAMSAR, ocho de los cuales están ubicados en la Costa. De estos, cuatro corresponden a porciones de áreas protegidas ubicadas en la Costa del país (Parque Nacional Machalilla, la Reserva Ecológica Cayapas – Mataje, la Reserva Ecológica Manglares Churute y el Refugio de Vida Silvestre de la Isla Santa Clara), los otros cuatro sitios costeros son: los humedales de La Segua, Abras de Mantequilla, Isla Santay, y la Laguna de Cube. Adicionalmente, se han incorporado: el Parque Nacional Cajas en la Sierra, la Reserva Biológica Limoncocha en el Oriente y los Humedales al sur de Isabela en las Islas Galápagos. Una lista de los principales convenios internacionales, su objeto y las fechas de ratificación del Ecuador de estos instrumentos se incluyen en el ANEXO 3.

3.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA NATURALES PROTEGIDAS

NACIONAL

DE

ÁREAS

Por ser parte de la administración pública central, el MAE fue protagonista directo del proceso de modernización iniciado en el país a partir de la vigencia de la Ley de Modernización del Estado en 1993, y regulado principalmente por el Reglamento General de la Ley de Modernización del Estado, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y la Ley Especial de Descentralización. A partir de 2001, se produjeron cambios administrativos que han afectado significativamente la gestión de las áreas protegidas, puesto que el actual MAE fue seleccionado, conjuntamente con el Ministerio de Turismo, para desarrollar un proceso de desconcentración y de descentralización de sus funciones. El cambio principal fue la decisión de organizar el funcionamiento del MAE a nivel continental en base a 10 distritos regionales, a los cuales se les otorgó independencia administrativa, financiera y técnica. A nivel de Planta Central del MAE, la Subsecretaría de Capital Natural del MAE, por medio de la Dirección Nacional de Biodiversidad, Áreas Protegidas y Vida Silvestre a través de su unidad de Áreas Protegidas, es la responsable de la administración y manejo del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE). A continuación consta el organigrama que evidencia la relación entre subsecretarías y distritos.

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Tomado de: CEDE, 2006

La organización administrativa desconcentrada por distrito de las áreas protegidas del PANE es la siguiente: DISTRITO REGIONAL 1. Esmeraldas

2. Manabí

3. Guayas, Los Ríos y El Oro

4. Carchi, Imbabura 5. Pichincha

6. Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar

7. Azuay, Cañar y Morona

ÁREA PROTEGIDA Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas Reserva Ecológica Mache- Chindul Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje Reserva Ecológica Estuario Río Muisne. Reserva de Vida Silvestre La Chiquita Parque Nacional Machalilla Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón Reserva Ecológica Mache Chindul (este distrito administra el 16% del AP) Reserva Ecológica Manglares Churute Área de Recreación Parque El Lago Manglares Salado Reserva Ecológica Arenillas Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara Reserva Ecológica El Ángel Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (zona alta) Reserva Ecológica Cayambe Coca (zona alta) Reserva Geobotánica Pululahua Refugio de Vida Silvestre Pasochoa Reserva Ecológica Antisana (zona alta) Parque Nacional Cotopaxi Parque Nacional Sangay (zona alta) Reserva Ecológica Los Ilinizas Parque Nacional LLanganates Área Recreacional El Boliche Reserva Faunística del Chimborazo Parque Nacional Sangay (zona baja) Parque Nacional Sangay (zona sur)

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8. Loja y Zamora 9. Sucumbíos y Orellana

10. Napo y Pastaza

Parque Nacional El Cajas Parque Nacional Podocarpus Parque El Cóndor Parque Nacional Yasuní Reserva Ecológica Cayambe Coca (zona baja) Reserva Ecológica Limoncocha Reserva Faunística Cuyabeno Reserva Ecológica Cofán Bermejo Reserva Ecológica Antisana (zona baja) Parque Nacional Sumaco Parque Nacional Llanganates (zona sur)

Fuente: Chiriboga, 2006

Algunos distritos se definieron considerando la fusión administrativa de algunas provincias. Como consecuencia de este proceso, el manejo directo de las áreas protegidas se subordina al distrito o distritos en los que se encuentre ubicada. Mientras que, en teoría, el rol del personal de Planta Central se enfoca a la emisión de políticas y estrategias marcos que orienten el desarrollo de las áreas del Sistema. En la práctica, algunas de las áreas protegidas dependen de dos o más distritos. Esta situación ha ocasionado una fragmentación administrativa que se traduce directamente en que la gestión, antes que adecuarse a los lineamientos de los planes de manejo, responde principalmente a las disposiciones emanadas desde el distrito regional correspondiente, restando posibilidades de una gestión integral y articulada del área protegida. Al respecto, son críticos los casos de: a) La Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, la cual dividida en zonas baja y alta, que depende de los distritos regionales Carchi-Imbabura y Esmeraldas, respectivamente. b) La Reserva Mache Chindul que responde a los lineamientos de los distritos regionales de Esmeraldas y de Manabí. c) El Parque Nacional Sangay que obedece en la zona alta a las disposiciones del Distrito Tungurahua–Chimborazo-Bolívar–Cotopaxi y en la zona baja y sur al Distrito Azuay–Cañar-Morona Santiago. d) La Reserva Cayambe Coca, la cual depende de los Distritos Pichincha y Sucumbíos-Orellana, aunque geográficamente también está en Napo-Pastaza; o, e) El Parque Nacional LLanganates que depende de los distritos TungurahuaChimborazo-Bolívar-Cotopaxi y del de Napo-Pastaza. Pese a los esfuerzos cotidianos que el MAE despliega para mantener la integralidad de las áreas protegidas, se puede advertir que la actual estructura administrativa no es funcional a las demandas de consolidación y fortalecimiento del SNAP, debido especialmente al bajo número de personal (5 técnicos en planta central y actualmente 263 en áreas protegidas), la falta de equipamiento, una débil delimitación de funciones y roles entre el personal técnico de planta central y de las unidades responsables de la gestión de áreas protegidas de los distritos regionales desconcentrados del MAE.

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Para que la desconcentración funcione adecuadamente a nivel de las áreas protegidas, se requiere una mayor coordinación entre la Dirección Nacional de Biodiversidad, Áreas Protegidas y Vida Silvestre y los Distritos Regionales para clarificar conceptos, definir funciones y evitar duplicación de acciones. De igual manera, es necesario fortalecer la autoridad ambiental para el ejercicio de esa función, en especial desarrollar capacidades y habilidades en los responsables de las áreas, para comprender de mejor manera los entornos socio-políticos y manejar los conflictos socio-ambientales. En la actualidad, diversas entidades estatales como el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural y el MAE están coordinando acciones y desarrollando una propuesta para proponer una reforma integral institucional de la gestión ambiental en el Ecuador, que deberá necesariamente sugerir alternativas a los conflictos mencionados en el SNAP, bajo un marco administrativo-institucional funcional y práctico. Cabe señalar que la reorganización del MAE en distritos no afectó la vigencia de la estructura administrativa del Parque Nacional Galápagos y de la Reserva Marina de Galápagos, excepcionados del régimen nacional por la vigencia de la Ley de Régimen Especial para Galápagos (1998) 46. El Parque Nacional Galápagos es manejado y administrado por la institución del mismo nombre y mantiene relación directa de subordinación con el Ministro. Por su parte, la Reserva Marina Galápagos estrenó en Ecuador el esquema de manejo participativo a través de su estructura con tres niveles: (i) el nivel de consenso formado por los usuarios locales de la Reserva (sectores de conservación, ciencia, pesquero artesanal y turístico) representados en la Junta de Manejo Participativo (JMP); (ii) el nivel ejecutivo desempeñado por el Parque Nacional, que cumple las disposiciones y decisiones del nivel decisor en calidad su Secretario Técnico; y (iii) el decisor que es la Autoridad Interinstitucional de Manejo (AIM), presidida por el MAE pero similar a un mini-gabinete presidencial al que se suman los miembros de la AIM. La estructura administrativa no es lo único que diferencia a las áreas protegidas de la Provincia de Galápagos, sino también los recursos de que dispone tanto humanos, financieros, legales y de cooperación, su visibilidad internacional y sus posibilidades de concretar acciones de apoyo (Ribadeneira Sarmiento M. & Rivera. 2007). Debido a esta situación, se percibe a estas áreas como ajenas al Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas, dificultando la coordinación y transferencia de experiencias entre las áreas protegidas de Galápagos con las áreas protegidas continentales, en un contexto en el que los avances alcanzados por los primeros podrían contribuir a mejorar la gestión de las áreas continentales (MAE, 2006).

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Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos.

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Una análisis FODA se desarrolló en los eventos realizados en el marco de la elaboración del diagnóstico del Plan Estratégico del SNAP (MAE, 2007), las opiniones y criterios vertidos sobre este tema se sintetizan a continuación FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE LA ESTRUCTURA DEL MAE VINCULADA CON LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Debilidades Fortalezas ƒ ƒ

ƒ

ƒ ƒ

ƒ ƒ

Responsabilidad de la DNBAPVS sobre la gestión del PANE Capacidad de los distritos regionales para adaptarse a las circunstancias sociales, políticas e institucionales particulares de cada jurisdicción. Capacidad técnica y experiencia del personal vinculado con la administración y manejo de las áreas protegidas. Capacidad de los distritos regionales para gestionar propuestas y proyectos. Capacidad legal y normativa de los distritos regionales para sancionar daños ambientales ocasionados por infracciones forestales, por la construcción de vías y obras de infraestructura de alcance nacional o regional. Presencia del MAE en distintas zonas y regiones del país. Realización de procesos de capacitación para los niveles directivos y medios del MAE.

Oportunidades ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

Existencia de fondos de cooperación para la ejecución de proyectos de apoyo a la conservación de áreas protegidas y desarrollo de poblaciones relacionadas. Esfuerzos desplegados por el Estado ecuatoriano para promover y crear áreas transfronterizas. Posibilidades de conectar intereses de gobiernos seccionales, propietarios privados y comunitarios en la creación de áreas protegidas que complementen el PANE. Apoyo de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional (UPMA) en tareas de control y vigilancia de las áreas protegidas. Existencia de diversas experiencias de

Ausencia de un vínculo directo entre la DNBAPVS y los distritos regionales y las áreas protegidas. ƒ Falta de consolidación plena de los cambios propugnados por acuerdos ministeriales relacionados con la desconcentración de funciones. ƒ Falta de claridad en la aplicación de funciones entre Líderes de Biodiversidad, Responsables de Áreas Protegidas y Directores de Distritos Regionales. ƒ Duplicación de procesos desarrollados por la DNBAPVS y el personal que trabaja en los Distritos Regionales. ƒ Falta de socialización y capacitación al personal del MAE en el modelo de gestión desconcentrada. ƒ Falta de claridad en la aplicación de funciones para el juzgamiento y sanción de infracciones cometidas al interior del PANE. ƒ Debilitamiento de la capacidad de control y vigilancia. ƒ Gestión paralela y desarticulada entre los diferentes responsables de una misma área protegida. ƒ Percepción sobre el Parque Nacional Galápagos como ajeno al PANE, dificultando la coordinación y transferencia de experiencias entre éste Parque y las restantes áreas protegidas. ƒ Debilidad en el desarrollo de procesos de capacitación vinculados al cambio de funciones de desconcentración. ƒ Procesos de capacitación no extendidos a todos los niveles del MAE. ƒ Insuficiente personal para el manejo de áreas protegidas. Amenazas ƒ

ƒ

ƒ ƒ ƒ

Ampliación de la frontera petrolera y de actividades de extracción minera, forestal, pesca industrial y cultivos agro-exportadores. Mantenimiento o reducción del presupuesto estatal dirigido al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Disminución de fondos de cooperación internacional. Disminución del apoyo político a la gestión de las áreas protegidas del PANE.

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ƒ

participación orientadas a la defensa de los recursos naturales. Las áreas protegidas son escenarios privilegiados para el desarrollo de iniciativas de turismo, investigación y educación

3.2. INCREMENTO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Desde 1936, año en el que se crea la primera área protegida en el Ecuador, hasta 1987 se crearon 15 áreas naturales protegidas, mientras que de 1992 al 2006 se han creado 20 áreas. La tendencia al inicio estuvo altamente inclinada hacia la creación de áreas con superficies grandes (de más de 100.000 hectáreas) con categorías de parque nacional y reserva ecológica, mientras que en la actualidad se están creando especialmente refugios de vida silvestre, con superficies más pequeñas. A partir de 1997, año en que se realizó el I Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas, en el Ecuador se han establecido 12 áreas protegidas nuevas. Sin considerar la Reserva Marina de Galápagos, las 11 áreas adicionales equivalen al 2,084 % de la superficie terrestre del PANE. Adicionalmente, se ha ampliado. la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas en más de 40.000 ha. El siguiente cuadro indica la fecha de creación y el tamaño de estas áreas

Áreas protegidas creadas a partir de 1997 Áreas protegidas Fecha de creación 1. Reserva Marina de Galápagos 18-03-98 2. Parque el Cóndor 11-06-99 3. Reserva Ecológica Arenillas 07-06-01 4. Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara 24-06-99 5. Reserva Ecológica Cofán Bermejo 21-02-02 6. Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón 30-10-02 7. Refugio de Vida Silvestre La Chiquita 21-11-02 8. Refugio de Vida Silvestre Manglares El Salado 15-11-02 9. Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Rió Muisne 28-03-03 10. Área Nacional de Recreación Parque Lago 22-01-06 11. Refugio de Vida Silvestre El Zarza 17-07-06 12. Reserva Biológica El Quimi 26-12-06 Incremento de superficie terrestre Incremento de superficie marina Total superficie % de incremento en relación con el PANE actual (terrestre)

Superficie (ha) 14´110.000 2.440 17.082 5 55.451 700 809 5.217 3.173 2.283 3.643 9.071,2 99.874 14´110.000 14´209.874 2.084%

Desde un punto de vista biogeográfico, la mayoría de las áreas protegidas que se han creado tienen tamaños insuficientes para mantener muestras viables de los ecosistemas, comunidades y las especies que intentan proteger. Por ejemplo, 20 de las 35 áreas protegidas que conforman el actual Sistema tienen una superficie menor a 100.000 has., lo que implica que muchas de las poblaciones de las

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denominadas especies paisaje o especies clave (por ejemplo, el oso andino, jaguares o harpías, etc.) albergadas en su interior sean pequeñas, con baja probabilidad de mantenerse y cumplir su función ecológica en el largo plazo (EcoCiencia et al. 2006). En los últimos 10 años se han realizado esfuerzos por incrementar la superficie de áreas protegidas del país, creando áreas en ecosistemas que tienen poca alteración o son de utilidad para la sobrevivencia de especies amenazadas o en peligro, como es el caso de las declaratorias en el año 2006 de la Reserva Biológica El Quimi, en la provincia de Morona Santiago, y el Refugio de Vida Silvestre El Zarza en Zamora Chinchipe, zonas que están protegiendo áreas de bosque húmedo tropical de la Cordillera del Cóndor en la zona sur del país, en donde no existen otras áreas protegidas declaradas. Actualmente se están desarrollando estudios de alternativas de creación de nuevas áreas, especialmente en la frontera sur del país, tanto en áreas de Amazonía (Zamora-Chinchipe), como de bosque seco tropical (Loja), manglares (El Oro, Guayas y áreas marino-costeras (Esmeraldas, Guayas). Existen tres iniciativas concretas para la creación de nuevas áreas protegidas, la de la zona marino costera Puntilla de Santa Elena Salinas, Manglares El Morro y la de la zona marina Galeras- San Francisco. La Fundación Ecuatoriana para el Estudio de Mamíferos Marinos (FEMM), con el apoyo de Conservación Internacional, el acompañamiento del Ministerio del Ambiente y de la I. Municipalidad de Salinas y la participación de organizaciones de base del cantón Guayaquil, han llevado a cabo el proceso de elaboración de la propuesta técnica para la creación del área protegida marino costera Puntilla de Santa Elena (APMC PSE), ubicada en el cantón Salinas (R. Carvajal, com. pers.). El área propuesta incluiría tanto ecosistemas en la zona costera como en la zona marina, incorporando la represa Velasco Ibarra y su zona de influencia, el área de salitrales existentes en la zona, piscinas de sal artesanales e industriales, la zona de playa de Mar Bravo y toda la zona marina comprendida entre Punta Carnero y los alrededores de la Puntilla de Santa Elena hasta 1.000 metros de profundidad (Félix & Dahik, 2006). La zona de Galera – Cabo San Francisco se destaca por su gran valor ecológico, con ecosistemas aún intactos de piedras altas cubiertas de bosques de corales y gorgóneas. Según varios estudios realizados en la zona, estos ecosistemas han sido considerados como de alta importancia para la conservación, principalmente su parte marina (MAE, 2006). Desde el año 2005 se realizan varias iniciativas tendientes a la implementación de un área de conservación terrestre-marinocostera en la zona. Una de las más importantes es aquella financiada por el Ecofondo, en colaboración con TNC y CI, la cual ha desarrollado estudios biofísicos, socioeconómicos y estrategias de manejo para la propuesta de la zona como “área protegida” de carácter nacional o provincial. Fundación Natura Capítulo Guayaquil, está auspiciando la creación de una reserva en la zona de los manglares de “El Morro”.

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También existen otros mecanismos complementarios para la conservación de áreas naturales y la integración de éstas por medio de corredores ecológicos, incluyendo -por ejemplo- el reconocimiento formal de las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS o IBAS –por sus siglas en inglés) (BirdLife Internacional & Conservación Internacional, 2005). El país cuenta con un total de 107 AICAS identificados para proteger estas especies, de los cuales 37 forman parte total o parcial del SNAP, 38 corresponden total o parcialmente a áreas protegidas privadas o comunales, 23 están en bosque protectores y 24 no tienen ningún grado de protección (Freile & Santander, 2005). El Ministerio del Ambiente reconoce el valor de las AICAS y les otorga el carácter de área de interés público para la conservación de alrededor de 1640 especies de aves registradas en el Ecuador. A futuro se requerirá que las AICAS sean inscritas en el Registro Forestal del MAE y generar planes de manejo para su gestión.

3.3. EQUIVALENCIAS DE LAS CATEGORÍAS DE MANEJO CON LAS CATEGORÍAS DE UICN Las categorías establecidas en la ley ecuatoriana se encuentran en un proceso de equiparación que no ha concluido (. ECOLAB & MAE, 2007. MAE, 2007) De acuerdo a la definición legal expresada en la Codificación de la Ley Forestal, las categorías nacionales equivalentes a la Categoría I de la UICN serían las de reserva biológica (Ia) y reserva ecológica (Ib). Esta última prevé como objetivo primario "mantener opciones abiertas y flexibilidad de manejo", además de considerársela como una categoría preliminar o transitoria, sujeta a modificaciones futuras cuando el área sea mejor conocida. La conceptualización de categoría transitoria para las reservas ecológicas no ha funcionado y ninguna ha cambiado su estatus. En la práctica, las reservas ecológicas y biológicas tienen asentamientos humanos al interior de sus límites y se han reportado una serie de usos, inclusive de tipo industrial como son las actividades hidrocarburíferas, mineras o la operación de piscinas camaroneras, lo cual es incompatible con lo que concibe la UICN para la reserva natural estricta; corresponderían mucho más a Paisajes Protegidos (V) o áreas que incluyen la explotación de recursos (VI). La Categoría II de la UICN (Parque Nacional) es equivalente con la categoría nacional de parque nacional. La Categoría III de la UICN, monumento natural, resguarda áreas naturales relativamente pequeñas y tiene como función la protección y uso público de rasgos sobresalientes. En Ecuador la categoría análoga correspondería a la de reserva geobotánica, aún cuando esta categoría única en el Ecuador tiene mucha semblanza también a una área de la Categoría V (Paisaje Protegido). Las áreas de manejo de hábitats o especies, correspondiente a la Categoría IV de la UICN equivaldrían a los refugios de vida silvestre del país, aún cuando estos refugios podrían ser incluidos en la Categoría I (Reserva Natural Estricta).

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La Categoría V de la UICN, paisajes terrestres/marinos protegidos, tiene una equivalencia conceptual en la legislación ecuatoriana al área nacional de recreación. En la práctica, el manejo de diversas reservas ecológicas del país coincide enteramente con los objetivos de esta Categoría V. El área protegida con recursos manejados o Categoría VI de la UICN hace énfasis en el uso sostenido de los recursos y tiene analogía con la categoría de reserva de producción de fauna (Gutiérrez, 2006). La Reserva Marina de Galápagos, fue concebida, y declarada por ley, con una orientación hacia el uso sostenible de los ecosistemas marinos correspondiente a Categoría VI. Las equivalencias de las categorías del Patrimonio de Ecuador con las de la UICN se presentan a continuación: Categoría UICN Categoría I

Descripción Área protegida manejada principalmente con fines científicos o para la protección de la naturaleza (Reserva Natural Estricta / Área Natural Silvestre).

Categoría del PANE Reserva Biológica

Reserva Ecológica

Categoría II

Área protegida manejada principalmente para la conservación de ecosistemas y con fines de recreación (Parque Nacional).

Parque Nacional

Categoría III

Área protegida manejada principalmente para la conservación de características naturales específicas (Monumento Natural). Área protegida manejada principalmente para conservación, con intervención a nivel de gestión (Área de Manejo de Hábitat / Especies). Área protegida manejada especialmente para conservación de paisajes terrestres y marinos y con fines recreativos (Paisaje Terrestre y Marino Protegido).

Reserva Geobotánica

Área protegida manejada principalmente para la utilización sostenible de ecosistemas naturales (Área Protegida con Recursos).

Reserva de Producción de Fauna

Categoría IV

Categoría V

Categoría VI

Refugio de Vida Silvestre

Área Nacional de Recreación

Reserva Marina de Galápagos

Áreas Protegidas del

Descripción Es un Área de extensión variable que se halla en cualquiera de los ámbitos, terrestre o acuático destinada a la preservación de la vida silvestre. Área natural protegida de más de 10,000 hectáreas y tiene las siguientes características y propósitos. Uno o más ecosistemas con flora y fauna silvestre. Importantes amenazadas de extinción. Área natural protegida extensa de más de 10,000 hectáreas, de uno o varios ecosistemas. Diversidad de especies de flora y fauna. Mantenimiento del área en su condición natural. Área natural protegida enfocada a la conservación de paisajes y actividades recreativas. Área indispensable para garantizar la existencia de la vida silvestre residente o migratoria con fines científicos, educativos y recreativos. Superficie de 1000 hectáreas, existen bellezas paisajísticas, recursos turísticos o de recreación, en ambiente natural, fácilmente accesibles desde centros de población Es un Área de superficie variable establecida específicamente para fomentar y desarrollar el uso económico de la fauna silvestre. Declarada específicamente para conservación y utilización sustentable de recursos marinos para poblaciones locales de Galápagos. Abarca 40 millas náuticas desde la línea Blanca hacia el Pacífico – 138.000 km2

Fuente: Modificado de Ulloa, et al., 1997. ECOLAP & MAE, 2007. Elaboración: M. Aguirre. R. Ulloa. 2007.

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A pesar de que existen diferentes categorías de manejo para las áreas protegidas, por diversas falencias, especialmente de recursos financieros y humanos, la mayoría de las áreas se manejan de manera similar.

3.4. DEMARCACIÓN FÍSICA DE NATURALES PROTEGIDAS

LÍMITES

DE

LAS

ÁREAS

En la mayoría de las áreas protegidas, la ausencia de delimitación y demarcación ha generado una serie de conflictos, caracterizados especialmente por invasiones a las áreas protegidas y por la ejecución de planes de explotación ajenos a la planificación con enfoque ambiental. La presencia de campesinos y comunidades locales en las áreas protegidas, con posterioridad a su declaratoria, ha sido una situación de hecho que no ha sido enfrentada adecuadamente y que causa una serie de conflictos de difícil resolución. Es necesario indicar que ninguna de las áreas que integran el PANE fue delimitada en el terreno en forma previa a su declaratoria. Las únicas áreas protegidas que han definido su perímetro y han demarcado sus límites son la Reserva Biológica Limoncocha, la Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado y el Parque Nacional Cajas; el territorio de estas últimas áreas ha sido incluido en los registros de la propiedad de Guayaquil y de Cuenca respectivamente. En la Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado, mediante un convenio entre Fundación Natura Capítulo Guayaquil y el Municipio de Guayaquil, entre enero y julio del 2007 se han colocado 520 hitos demarcatorios en la zona norte de la Reserva colindante con la zona urbanística, se espera llegar a 850 en su totalidad (R. Carvajal. com. pers.). El Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, que tiene un perímetro de 359 km., ha sido delimitado en su mayoría mediante un proceso participativo muy interesante y con un fuerte liderazgo de la autoridad ambiental; solo restan 28 km. en la parte de Napo Galeras para finiquitar esta delimitación. Una vez delimitado, se planteará incluir el territorio del Parque y de las comunidades aledañas en los catastros de los distintos municipios en los cuales se encuentra esta área protegida (B. Torres y N. Oña com. pers.). En la Reserva de Producción Faunística del Cuyabeno, con el apoyo del Proyecto BID-AMAZNOR, se han aperturado 44 km de trochas y se están colocando hitos y rótulos en la cabecera de esta Reserva; se tiene previsto delimitar aproximadamente 180 Km. lineales en esta zona y colocar rótulos e hitos en toda la reserva (A. Onofa com. pers.). Aproximadamente el 50% del perímetro de la Reserva de El Angel ha sido delimitado con financiamiento proveniente del Gobierno Provincial. En el Parque Nacional Podocarpus 80Km (25% del perímetro del parque) han sido demarcados. Determinados sitios considerados como críticos y que soportan presiones y amenazas han sido delimitados en los parques nacionales Galápagos, Llanganates, Podocarpus y Sangay; en las reservas Cofán Bermejo, Cayambe Coca, Cayapas Mataje, Manglares Churute y Manglares El Salado, y en el Área Nacional de Recreación el Boliche. En la Reserva Marina de Galápagos se han colocado hitos (boyas) que delimitan la mayoría del perímetro de esta enorme área marina.

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3.5. TENENCIA DE LA TIERRA, ANÁLISIS PREDIALES Y SANEAMIENTO LEGAL EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS La Codificación de la Ley Forestal no contempla la existencia de propiedad privada al interior de parques y reservas y tampoco considera los derechos ancestrales de territorios de comunidades indígenas y afroecuatorianas. Sin embargo, según información de 1999, de la superficie total del Patrimonio, un 71% pertenecía al Estado y un 29% a particulares (Valarezo et al., 1999). En la actualidad, si bien no existe una actualización de estos datos, se infiere que estas cifras no han cambiado significativamente aún cuando se han incluido 12 nuevas áreas, puestos que éstas en su mayoría son pequeñas, con excepción de la Reserva Marina de Galápagos (MAE, 2006). La mayoría de las áreas del Patrimonio que tienen gente viviendo en su interior no cuentan con datos actualizados sobre tenencia de la tierra y análisis prediales. El Parque Nacional Cajas es la excepción y la única área protegida que tiene su territorio saneado íntegramente, manteniéndose la intangibilidad física del área; actualmente no existe gente habitando en su interior. En el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras está por concluir un proceso de catastro de propietarios privados y comunitarios existentes en el interior del Parque, como parte de los esquemas de delimitación y saneamiento de esta área. En la Reserva de Producción Faunística del Cuyabeno se ha levantado una línea base de la tenencia de la tierra, especialmente en la cabecera de esta área natural protegida; se cuenta con un procedimiento para adjudicaciones en la zona de amortiguamiento de la Reserva para lo cual 18 precooperativas están siendo intervenidas fuera de la reserva (levantamiento predial y linderación), existen aproximadamente 50 predios levantados y 50 expedientes elaborados y en revisión preliminar. De igual manera, se espera que en el transcurso del 2007 y el siguiente año se puedan solucionar los conflictos de tenencia de tierra en la zona de amortiguamiento de la citada Reserva. Para el caso de las 7 comunidades indígenas y ancestrales que habitan dentro de la Reserva, se han suscrito convenios de uso y manejo de los espacios ocupados por dichas comunidades; actualmente, se están revisando dichos convenios para incorporar la necesidad de contar con un plan de manejo comunitario de estos espacios.

3.6. ÁREAS PROTEGIDAS PRIVADAS En forma paralela con la creación y desarrollo del PANE también se han creado áreas protegidas privadas, tanto de manera formal (por ejemplo, declaración de bosques y vegetación protectores y servidumbres ecológicas) o informal (decisiones de propietarios individuales o comunas, muchas veces motivados con fines ecoturísticos). Aunque en sus inicios, la creación de áreas protegidas privadas obedeció muchas veces a motivaciones distintas a la de conservación de biodiversidad, como por ejemplo solución a los problemas de tenencia de tierra, protección frente a

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invasiones; actualmente el enfoque está mayormente dirigido a la conservación de ecosistemas y biodiversidad no bien representados en el SNAP. La figura legal más utilizada en el Ecuador para establecer y proteger áreas protegidas privadas es la “declaratoria de bosques y vegetación protectores” a través del Ministerio del Ambiente. Según datos de la Dirección Nacional Forestal del MAE, en el 2002 existían 160 bosques protectores a nivel nacional que abarcaban alrededor de 2´453.583,59 de hectáreas que representa el 9,6% de la extensión total del país; de estos cerca de 70 son públicos o “estatales” establecidos por el Estado en su mayoría para proteger cuencas hidrográficas. Lamentablemente, la mayoría de estos bosques protectores son declaratorias solo “de papel”, en las que ni Estado ni otras instituciones han asumido su administración; motivo por el cual, han sufrido la tala de sus bosques y conversión de tierras para la expansión de la frontera agrícola.

Regiones

No. Predios

Superficie (ha)

Sierra Costa Oriente Total

111 31 18 160

1725150,39 279918,4 448514,8 2´453.583,59

% Relación con Superficie País 6.74 1.09 1.75 9,60

Fuente: Dirección Nacional Forestal, 2002.

Mayor éxito han tenido los 88 bosques protectores “privados” que protegen 113.683 hectáreas, equivalentes al 4,6% del territorio nacional; este éxito en gran medida se debe a que en su mayoría son extensiones de terreno más pequeños y manejables que los bosque protectores públicos, y, también porque en ocasiones existen organizaciones, en su mayoría ONGs, que son responsables por la administración directa y por la gestión de recursos para su manejo, especialmente en aspectos como delimitación física, permanencia de guardabosques y programas de manejo. Este proceso está siendo liderado por cuatro ONG’s, las fundaciones Jatun Sacha, Pro Bosque, Jocotoco y Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), quienes en conjunto protegen más de 28.000 has de terrenos en varias reservas privadas; estas entidades dependen en gran medida de recursos del exterior para comprar y proteger terrenos con altos índices de biodiversidad. Aunque se ha logrado proteger importantes extensiones de terreno bajo la figura de bosque protector, este esquema de áreas protegidas privadas enfrenta algunos retos, incluyendo: •

En el marco legal se incluyen entre las actividades permitidas dentro de bosques protectores la ejecución de obras públicas consideradas prioritarias, cuya interpretación es a veces amplia y podría facilitar la ejecución de obras como la construcción de carreteras, tendidos de luz, canales de riego y que podrían afectar seriamente la integridad natural de los bosques protectores.

•

Existe todavía una falta de reconocimiento de la figura de bosques protectores por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) y la suficiente

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coordinación interinstitucional, lo que conlleva a su ocupación y deforestación por terceros. En este mismo sentido, el acompañamiento en los procesos de declaratorias y seguimiento de la ejecución de programas de manejo por parte del Ministerio del Ambiente u otras autoridades competentes es inadecuado. •

No existe una suficiente coordinación para hacer cumplir la ley y por ende la integridad natural de muchos bosques protectores está expuesta a amenazas,, salvo pocas excepciones, como en el caso del Bosque Protector Cerro Blanco, administrado por la Fundación Pro-Bosque, que en conjunto con la Unidad de Protección Ambiental de la Policía Nacional trabajan constantemente en la realización de operativos de control de cacería, tala y quema de árboles,

Como se mencionó anteriormente, algunas ONGS han adquirido terrenos de alto valor biológico y los mantienen bajo la figura de reserva privada, pese a que esta categoría de manejo no existe en la legislación actual. Al no existir la figura de reservas privadas, no se han generado incentivos ni el adecuado registro y monitoreo del estado de conservación de estas reservas, así como también criterios de calificación apropiados para que dichas propiedades sean consideradas formalmente como áreas protegidas. Otras opciones para apoyar el establecimiento de áreas protegidas privadas son las servidumbres ecológicas, los fideicomisos de conservación, usufructos, donaciones y compra-ventas con cláusulas de conservación, promovidas a nivel internacional y nacional por The Nature Conservancy y promovidas por el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental CEDA. La utilización de estos mecanismos en el Ecuador ha sido limitada. Desde 1996 en el país existe la Corporación Nacional de Bosques Privados del Ecuador, entidad creada con el propósito de promover la cooperación entre propietarios privados dedicados a la protección de los bosques nativos. La Red está formada por aproximadamente 50 propietarios que cuentan con aproximadamente 70.000 hectáreas que incorporan algunas áreas protegidas informales. La Red tiene cierto grado de debilidad institucional todavía, principalmente por la falta de recursos económicos. La creación de la Red de Bosques Privados del Sur (BOPRISUR) como red regional integrante de la Corporación Nacional de Bosque Privados, es un importante avance para fortalecer esta Corporación y por generar un espacio para sus miembros a nivel regional. En relación a la situación de reservas privadas de comunidades locales, cabe mencionar el caso de las comunidades afroecuatorianas de Esmeraldas y los cangrejeros de Guayas, el Gobierno Nacional ha otorgado concesiones a través del Ministerio del Ambiente para el uso sostenible de los manglares, categoría del Patrimonio Forestal del Estado, lo cual permite el aprovechamiento sustentable de recursos (conchas y cangrejos principalmente) y a la vez proporciona cierta protección legal a los usuarios a estos ecosistemas, muchos de los cuales las han sido declarado como reservas. Adicionalmente, ha reconocido el uso de recursos por parte de nacionalidades indígenas en sus territorios ancestrales; sin embargo, los problemas que han enfrentado tanto la nacionalidad indígena Awa o Chachis en

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la provincia de Esmeraldas para proteger sus bosques, apetecidos por madereros y presionados por el impulso de programas de cultivo masivo de palma africana, ha evidenciado que el apoyo del Estado a este tipo de iniciativas es débil.

3.7. EXPERIENCIAS DE MANEJO INTEGRAL COMUNITARIO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. DIVERSIDAD CULTURAL Y BIOLÓGICA La diversidad biológica en el Ecuador esta notablemente asociada a la pluralidad cultural que caracteriza al país, la cual se manifiesta a través de las 13 nacionalidades indígenas en su territorio. Del total de población registrada en el VI Censo de Población y V de Vivienda del año 2001, 830.418 habitantes (6,83%) se autoidentificaron como indígenas y 604.009 (4,97%) como afroecuatorianos (SIISE, Versión 4,0).

PUEBLO

IDIOMA

UBICACIÓN PROVINCIAL

PRESENCIA EN ÁREAS PROTEGIDAS Y ZONAS ALEDAÑAS

COSTA CHACHI

Mache-Chindul Zonas aledañas de Cotacachi Cayapas

Cha’Palaachi

Esmeraldas

TSACHILA

Tsafiqui

Pichincha

AWÁ

Awapit

Esmeraldas, Carchi Esmeraldas

Reserva AWA norte de Esmeraldas

SIONA

Paicoca

Sucumbíos

Cuyabeno

SECOYA

Paicoca

Sucumbíos

Cuyabeno

A’I (COFÁN)

A’I Ingae

Sucumbíos

Cuyabeno, Cayambe Coca

Wao Terero

Napo, Pastaza Sucumbíos, Napo, Pastaza Morona Pastaza Zamora, Morona, Pastaza, Napo, Sucumbíos Pastaza

Yasuní Zonas Intangibles Sumaco, Antisana, Cuyabeno, Yasuní, Limoncocha

EMBERA AMAZONIA

HUAORANI QUICHUA

Quichua Shimi

ACHUAR

Aeints Chicham

SHUAR

Shuar Chicham

ZÁPARO

Yasuní, Parque Binacional El Cóndor, El Quimi, El Zarza Zonas aledañas al Sangay.

SIERRA

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QUICHUA

Quichua Shimi

todas las provincias andinas, excepto Carchi

Cotacachi-Cayapas, Cayambe Coca, Antisana, Sangay, Ilinizas, Chimborazo, Cajas

Fuente: Kigman, 2002

La Codificación de la Ley Forestal no establece ningún régimen especial o categoría directamente relacionada al manejo integral comunitario de áreas naturales protegidas por parte de pueblos indígenas, afroecuatorianos o comunidades locales. A pesar de esta limitación, en el país han sido declaradas varias áreas protegidas para proteger y conservar la diversidad biológica en zonas de prioridad, procurando respetar los derechos legítimos de las poblaciones locales. Varias áreas protegidas fueron declaradas sobre tierras ocupadas por poblaciones afroecuatorianas, campesinas y propietarios privados, quienes han usufructuado de sus recursos naturales y han generado conocimientos específicos en base a las dinámicas de estos ecosistemas. Este es el caso, por ejemplo, de la Reserva Biológica de Limoncocha o del Parque Nacional Yasuní. Para solventar parcialmente esta deficiencia, el Estado ha firmado convenios de “co-manejo” que posibilitan el reconocimiento del uso de los recursos y del territorio, como es el caso de la Reserva de Producción Faunística del Cuyabeno, en donde, desde 1994 se han firmado convenios con seis de las ocho nacionalidades indígenas que habitan en esta Reserva. Participación de otros Actores Sociales en el Manejo El esquema de gestión de áreas protegidas está avanzado hacia un modelo que considera el contexto socio-político y privilegia la participación de los diferentes actores que se encuentran dentro o en las zonas aledañas de las áreas protegidas. En la práctica, se muestra un interés del Estado en el establecimiento de nuevas condiciones de colaboración y diálogo a través de diferentes mecanismos legales de participación, los casos más significativos son los de las declaratorias de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, administrada por la Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador (FEINCE), las comunidades cofán locales y la Fundación Sobrevivencia Cofán; del Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne, administrado por la Fundación de Defensa Ecológica FUNDECOL, y del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, regentado por la Fundación Natura. Adicionalmente, una interesante experiencia de participación ciudadana se ha generado en las áreas protegidas de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas (RECC) y en el Parque Nacional Machalilla, como resultado de un proceso de casi dos años, durante los cuales se realizó una breve evaluación de las experiencias de manejo participativo existentes en el país, se efectuaron varios procesos de intercambio con actores locales, se fortaleció sus capacidades en torno a varias temáticas en el ámbito de gestión de áreas protegidas y se han constituido Comités de Gestión, mediante Acuerdos Ministeriales. Los Comités de Gestión son espacios amplios y abiertos establecidos para garantizar y promover la participación de actores sociales relacionados con las

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áreas protegidas, que no solo buscan incidir en la toma de decisiones sino también ser reconocidos de manera formal por el Estado y, sobre todo, ser partícipes de los procesos de desarrollo que se realizan en sus territorios. El funcionamiento de los Comités de Gestión en el PANE se encuentra regulado por los artículos 165 y siguientes del Libro IV Biodiversidad del TULAS, expedido el 31 de marzo del 2003. El trabajo en los Comités de Gestión, tanto la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas como el Parque Nacional Machalilla, ha permitido: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ

La participación de las comunidades y pueblos indígenas en la toma de decisiones del manejo de las áreas protegidas. Fortalecer la organización comunitaria existente. Obtener un reconocimiento oficial por el Estado. Reconocer la pluriculturalidad y diversidad étnica de los miembros que forman parte de los comités. Desarrollar un trabajo compartido en las tareas de control y vigilancia de las áreas protegidas. Negociar y resolver conflictos comunes que afectan no solo al área protegida sino también a quienes habitan al interior o en sus zonas aledañas, por ejemplo, el retiro gradual del ganado existente al interior del Parque. Generar una cultura de respeto mutuo a las necesidades e intereses de quienes conforman los comités de gestión. Generar un proceso de aprendizaje continúo de los procesos sociales que puede ser replicado en otras áreas protegidas del Ecuador.

Actualmente, se está impulsando la conformación de comités de gestión en las nuevas áreas protegidas recientemente creadas en la zona sur de la Cordillera del Cóndor, la Reserva de Vida Silvestre El Zarza y la Reserva Biológica El Quimi, como parte de las acciones que la Fundación Natura desarrolla en el área en coordinación con el MAE. A pesar de no existir legislación específica sobre Comités de Gestión para Reservas de Biosfera, estos han sido conformados en el caso de Yasuní y de Sumaco, experiencias muy recientes como para tener lecciones aprendidas concluyentes sobre su funcionalidad. En relación con otras experiencias, el MAE, a través del Proyecto SNAP-GEF está elaborando un convenio de co-manejo de las facilidades interpretativas de la Laguna de Cuicocha (RECC), que permitirá compartir el manejo del área protegida con los actores locales, para ello se han considerado varios factores relevantes: a) el marco legal específico; b) los roles y responsabilidades definidos para las partes; c) la capacidad técnica, económica y administrativa de las partes; d) la voluntad de trabajar en sociedad, entre otras. En el ámbito internacional, la identidad y formas de vida de las nacionalidades y pueblos, de sus derechos colectivos y sus prácticas culturales, están directamente reconocidos por el CDB, especialmente en el Artículo 8J, y por el Convenio 169 de

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la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ambos suscritos y ratificados por el Ecuador. En resumen, existen varios procesos en marcha en el Ecuador que permitirán las alianzas con otros actores para mejorar la eficacia en la gestión de las áreas protegidas considerando la equidad social e interculturalidad de quienes las habitan o se encuentran en su cercanía.

3.8. AMENAZAS AL PROTEGIDAS.

SISTEMA

Y

A

LAS

ÁREAS

NATURALES

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el fortalecimiento de la gestión y manejo de las áreas protegidas, se justifica ampliamente para impedir la pérdida de biodiversidad y de recursos naturales estratégicos, factor considerado como uno de los problemas ambientales más severos que soporta el país (MAE, 2001). Diversos análisis (Josse & Cano, 2001; MAE, 2000b, 2001a, 2001b, 2007. Moncada et al., 2004. Vázquez y Ulloa, 1996) mencionan los acuciantes y recurrentes problemas que las áreas protegidas enfrentan, reflejo de las conflictividades de orden social, económico, político, administrativo e institucional que vive el país. En el caso de las áreas protegidas, se desarrollan varias actividades que atentan contra los objetivos de conservación de estas zonas, lo que evidencia debilidades en la gestión de las mismas, así como limitaciones en la aplicación de mecanismos de control y de cumplimiento de disposiciones legales. Las dificultades más graves y de difícil resolución que las áreas enfrentan están relacionadas con los conflictos originados por una irregular tenencia de la tierra, que puede presentar diversas variaciones y tipos, de acuerdo a las características de los actores involucrados. El diagnóstico del Plan Estratégico del SNAP (MAE, 2007), catalogó a estos conflictos en dos tipologías, de carácter social y legal. Conflictos sociales Imposibilidad de obtener el dominio de la tierras; vinculados con la Afectación de predios privados para integrarlos a este tenencia de la tierra: Patrimonio Falta de delimitación física en el campo de las Áreas Protegidas, y Re-delimitación de Áreas Naturales Conflictos legales Predios legalizados antes de la declaratoria; vinculados con la Venta de derechos posesorios; tenencia de la tierra: Propiedad comunal ancestral legalizada; Posesión comunal ancestral delimitada y no legalizada; Posesión comunal ancestral no delimitada y no legalizada; Propiedad Individual legalizada, Posesión individual no legalizada. Fuente MAE, 2007

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Muchas veces, la falta de delimitación de las zonas críticas de áreas protegidas agrava las presiones físicas exógenas, como la extracción indebida de recursos madereros al interior de áreas protegidas, la ampliación de la frontera agrícola o ganadera con consecuentes impactos negativos, la cacería o extracción ilegal de recursos de flora, fauna y pesca ilegal . En las Islas Galápagos, la pesca sigue sin control adecuado, en particular con respecto a productos como el pepino de mar y las aletas de tiburón, bienes altamente valorados en mercados asiáticos. Otro problema serio y complicado tiene que ver con la ejecución de actividades de exploración, explotación y transporte de petróleo, que son las responsables de procesos de contaminación y deterioro de la biodiversidad en extensas zonas del país, con especiales implicaciones sobre las áreas protegidas ubicadas en la Amazonía ecuatoriana. Los bloques petroleros en operación están asentados en territorios de áreas protegidas, cubriendo una superficie que asciende a 744.869,41 hectáreas del SNAP continental, y que representa el 18,15% de las 4.105.043,55 hectáreas que contiene este ecosistema (MAE, 2007). El impacto directo de la explotación petrolera en términos de deforestación ha sido moderado, entre 3.000 y 6.000 hectáreas, que corresponde a 0.04% y 0.09% de la pérdida forestal en la Amazonía (Wunder, 2003). Las afectaciones más graves del sector petrolero se han registrado en términos de otro tipo de degradación ocasionada por derrames, desperdicios líquidos, químicos y tóxicos, etc., con graves efectos sobre la salud humana y el ambiente y con impactos sociales desastrosos. Además, al interior de la Amazonía se construyó una red vial de 1.579 ha, de las cuales un 40% tuvo fines petroleros (Ruiz, 2000). La construcción de carreteras es el origen de una pérdida de bosques considerable, pues facilita el acceso a estos ecosistemas por la colonización y actividades agropecuarias. El impacto en áreas como Yasuní o las cabeceras del Cuyabeno el daño generado ha sido incalculable. Gran parte del Parque Nacional Yasuní ha sido concesionado a empresas petroleras. Existen ocho bloques petroleros: 10, 14, 16, 17, 15, 31, IshpingoTambococha-Tiputini (ITT) 43 y el Campo Marginal Tiguino. Además, tres carreteras abiertas por los proyectos petroleros que facilitan la salida ilegal de madera y fomentan la colonización de tierras. La explotación maderera no ha sido controlada a pesar de que se conocen las vías de circulación, algunos de sus actores y varios de los mecanismos que usan.

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Fuente: EcoCiencia, 2001. MAE, 2000b. MEM, 2005.

En los últimos años, a partir de la construcción del Oleoducto de Crudo Pesado OCP, se evidencia una fuerte presión por ampliar la frontera petrolera, siendo el proyecto ITT uno de los más ambiciosos: se ha calculado que tiene reservas petroleras entre los 700 y 920 millones de barriles, lo que representa más del 20% del total de las reservas petroleras del Ecuador (MEM et al., 2007). Esta amenaza, a más de agudizar los problemas que ya soportan algunas áreas protegidas, provocaría impactos particularmente severos sobre el Parque Nacional, la Reserva de Biósfera Yasuní y las zonas intangibles Tagaeri y Taromenane, que afectarían y pondrían en riego la supervivencia del pueblo Huaorani.

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Fuente:. MEM et al., 2007

La importancia estratégica en términos culturales y ecológicos del ITT ha determinado que el actual Gobierno Nacional considere mantener el crudo en el subsuelo como la opción prioritaria para el manejo de esta zona. La contraparte de esta estrategia consiste en una compensación equitativa por este esfuerzo para promover el desarrollo social y las políticas de conservación. A través de esta propuesta, el Ecuador renuncia a la explotación, y por lo tanto a los ingresos del ITT, por lo que como reconocimiento de este sacrificio, la comunidad internacional deberá compensar al país con al menos 50% de los recursos sacrificados. Se tiene un año de plazo para levantar recursos por alrededor de US 350 millones para generar un fondo fiduciario que permita compensar al país por la no extracción del crudo (MEM et al., 2007). En caso de no lograr levantar esta cantidad, el Gobierno procederá a la licitación correspondiente para la explotación de este campo. En relación a la minería, En el Ecuador se explotan a “cielo abierto” minerales no metálicos, como los usados en la construcción (piedra, arena, caliza, etc.); esta actividad constituye un serio y permanente problema, en ciertas áreas protegidas como las Reservas Pululahua y Chimborazo. En el país también se explotan minerales metálicos como oro, plata, cobre, hierro, plomo y zinc, a través de excavaciones y remoción de gran cantidad de tierra. Las concesiones mineras en las áreas cubren una superficie de 11.755,67 hectáreas, que representa aproximadamente 0,29% del territorio del SNAP. En el Parque Nacional Podocarpus, por ejemplo, sigue pendiente la resolución del conflicto ocasionado por las explotaciones mineras de San Luis. En sitios aledaños a la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, como Intag, y en la Cordillera del Cóndor se ha incrementado la presencia de empresas mineras, que desde hace años enfrentan la resistencia de las comunidades locales (Moncada et al., 2004). Otros sectores productivos que acarrean amenazas al SNAP son los grandes proyectos de generación de energía hidroeléctrica y de agua potable (como el

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Proyecto de Ríos Orientales impulsado por la EMAAP-Q, el Proyecto Hidroeléctrico San Francisco y el Proyecto Hidroabanico, entre otros), así como la construcción de vías y carreteras. De igual manera, cabe mencionar el impacto de las barcazas termoeléctricas, situadas en la Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado. Un proyecto que podría tener enormes consecuencias para determinadas áreas preotegidas sería la Iniciativa para la Integración Regional en Sur América (IIRSA) desarrollada conjuntamente entre los gobiernos de Ecuador, Perú y Brasil. Con el apoyo de organizaciones y financistas internacionales, los gobiernos mencionados están planificando la construcción de un “Corredor Interoceánico” que cruza el continente sudamericano por una vía terrestre y fluvial. El objetivo del proyecto es crear una alternativa al Canal de Panamá para el transporte de mercancía desde Asia hacia Brasil, pasando por el Océano Pacífico a través de Sudamérica, la exportación de los productos brasileros al Océano Pacífico. Es una actividad económica estratégica puesto que en el 2050, las cinco economías más grandes del mundo, medidas por PIB, serán China, los Estados Unidos, India, Japón y Brasil (Wilson y Purushothaman, 2003). En el Ecuador, el proyecto está siendo impulsado por una diversidad de organizaciones y agencias estatales, especialmente: la Dirección de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional (DIPLASEDE) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE), la Dirección General de Intereses Marítimos (DIGEIM). Hasta el momento, la sociedad en general y las autoridades de áreas protegidas en particular, conocen muy poco sobre la planificación, el avance y las implicaciones del proyecto; no han tenido relación directa en la toma de decisiones sobre el diseño de la ruta, el tipo de vía a implementarse, y, sobre todo, estar al tanto de los estudios de impacto y planes de mitigación que deben generarse para aminorar los probables impactos socio-económicos, ambientales y políticos que podría tener esta gigantesca propuesta, tanto a corto, mediano y largo plazo. Es necesario tener especial cuidado en la afectación que pueda producirse a las áreas protegidas Sumaco, Llanganates, Yasuní, Cuyabeno, que serán directamente afectadas en caso de desarrollarse las acciones propuestas y en ecosistemas acuáticos como el del Río Napo, sitio de desove de diversas especies de peces de importancia económica para poblaciones locales de Ecuador y Perú.

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Fuente: IIRSA, 2005. www.iirsa.org

La ruta en Ecuador: La vía empieza en el puerto de Manta, el cuál será ampliado y ya se ha concesionado los derechos para su ampliación a la empresa china Hutchinson Port Holdings. Luego atraviesa, por vía terrestre por El Empalme, Quevedo, La Maná, Latacunga, Salcedo y Tena, circulando al sur del Parque Nacional Llanganates. Se prevé la construcción de un aeropuerto de carga y turismo en el Tena para el transporte aéreo de productos hacia allá que luego entran la ruta del Corredor Interoceánico. De Tena a Francisco de Orellana (Coca) la mercancía sigue por vía terrestre. En Coca se construirá un puerto fluvial donde los contenedores entran al Rió Napo. Se traslada por vía fluvial hasta Nuevo Rocafuerte, en la frontera con Perú, donde se hará un Centro Binacional de Atención Fronterizada, y cruzará a Cabo Pantoja en Perú. Esta zona se encuentra al interior del Parque Nacional Yasuní. Desde allí viaja por río a Iquitos en Perú, por el Rió Amazonas de Tefe hasta Manaos en Brasil, y finalmente hasta el Océano Atlántico, su destinación final. Es un proyecto de infraestructura que atraviesa parte del Ecuador, y cruza gran parte del continente sudamericano.

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En cuanto a la deforestación, si bien existen deficiencias a nivel de la información así como una alta dispersión en las fuentes, es indiscutible que esta constituye uno de los problemas de mayor impacto sobre las áreas protegidas. Oficialmente, el Ecuador reporta para la última década una pérdida de 137.000 ha/año (MAE, 2003). En áreas como Yasuní, Mache Chindul, Cuyabeno, este problema es recurrente. Respecto al escenario institucional sobresalen problemas como la inadecuada coordinación inter e intrainstitucional, la carga excesiva burocrática, la centralización de las decisiones, las restricciones a la delegación de funciones, la deficiente incorporación de gobiernos seccionales en la toma de decisiones, el limitado apoyo a iniciativas privadas sustentables, el restringido cobro de tasas y servicios, y la poca internalización y seguimiento de los convenios internacionales. Un serio inconveniente es la falta de recursos económicos, lo que impide contar con el personal necesario para su manejo y con equipamiento para servicios o para realizar la delimitación física de las áreas protegidas (CEDE, 2006; Moncada et al., 2004; MAE, 2007). La propuesta de Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 2007-2016 identificó los problemas más acuciantes del SNAP, los cuales se resumen en el siguiente cuadro:

Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5 Problema 6 Problema 7 Problema 8

Problema 9 Problema 10 Problema 11

Problemática del SNAP Varios ecosistemas de alta prioridad para la conservación no están protegidos. No se dispone de un Plan Estratégico del SNAP actualizado y socializado que oriente las decisiones de política en los próximos años. Se carece de un marco político y legal específico que regule de manera integral el SNAP. Limitada capacidad de gestión de la Autoridad Ambiental Nacional para un manejo administrativo integral del SNAP. Existen conflictos de tenencia de la tierra en la mayoría de las áreas protegidas del PANE. Insuficientes instrumentos para generar y gestionar recursos financieros orientados a la sostenibilidad financiera del SNAP. La diversidad biológica aún no es reconocida como un recurso estratégico para el desarrollo sustentable. Falta de decisión política para el cumplimiento de la normativa técnica y legal vigente respecto al aprovechamiento de los recursos naturales dentro del SNAP. Bajo nivel de involucramiento de actores sociales e institucionales en el manejo de las áreas protegidas. No existe reconocimiento por parte de las autoridades y la población en general de los servicios ambientales que generan las áreas protegidas. La mayoría de investigaciones que se realiza en las áreas protegidas del SNAP no están vinculadas con las necesidades de manejo, no permite evaluar el cumplimiento de los objetivos de conservación ni contribuyen a la toma de decisiones.

Fuente: MAE, 2006

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Un detalle de la problemática se incluye en el Anexo 4. 3.9. CONECTIVIDAD ENTRE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS En la última década se han desarrollado varias iniciativas para manejar las áreas protegidas en contextos paisajísticos más amplios. En efecto, la gestión de varias áreas protegidas del PANE está integrada a paisajes terrestres y marinos más amplios y los ejercicios de planificación ecorregional demuestran un significativo avance en el país. Un inventario preliminar de los corredores en América del Sur (Cracco, 2004) reveló que existen, al menos, nueve iniciativas en el Ecuador, desde aquellos de carácter regional (Corredores de Conservación o Biorreservas) que pretenden integrar varias áreas protegidas y sus zonas de influencia a escala de paisaje, hasta otros de carácter local (Corredores Biológicos o Ecológicos), cuyo objetivo es mantener o restablecer la conectividad entre dos o más áreas protegidas. Entre los ejemplos más importantes de planificación y gestión ecorregional de áreas protegidas en el Ecuador se pueden destacar los siguientes: •

La existencia de tres Reservas de la Biosfera (Yasuní, Sumaco Napo–Galeras y Galápagos), reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en las cuales los respectivos parques nacionales están integrados, como áreas núcleo, al manejo de paisajes más amplios. Aunque el nivel de desarrollo de cada Reserva es diferente, la Reserva de Biosfera Sumaco Napo-Galeras ha recibido mucha atención en los últimos años, con la creación de una instancia de coordinación inter-institucional que ha dado impulso a iniciativas de conservación y desarrollo en la región, gracias al apoyo especialmente de la cooperación alemana (KfW y GTZ).

•

La iniciativa de la Biorreserva del Cóndor, una propuesta de conservación y desarrollo, ejecutada por The Nature Conservancy (TNC) conjuntamente con varias organizaciones nacionales (las fundaciones Antisana, EcoCiencia, Rumicocha, Sobrevivencia Cofán y Páramo, y el FONAG) y el Ministerio del Ambiente del Ecuador. Mediante esta iniciativa, que apoya el manejo integral de los recursos naturales con una activa participación comunitaria, se han desarrollado procesos de planificación y gestión ecorregional en la cuenca alta del río Napo, para integrar la gestión de siete áreas protegidas interconectadas a través de corredores ecológicos. Las áreas protegidas que conforman la Biorreserva del Cóndor son: los parques nacionales Cotopaxi, Sumaco Napo–Galeras y Llanganates, las reservas ecológicas Antisana, Cayambe–Coca, y Cofán-Bermejo, y el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa.

•

El Corredor de Conservación Chocó-Manabí (CCCM) es una iniciativa regional que permite articular, de manera sostenible, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico, en una superficie aproximada de 200.000 km2 del hotspot Tumbes-Chocó-Magdalena, una de las regiones más diversas y amenazadas del mundo (Andrade et al., 2004). Un “Corredor de Conservación”

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es un espacio subregional, biológica y estratégicamente definido, seleccionado como una unidad de planificación e implementación de acciones de conservación a gran escala. Su objetivo es mantener la conectividad entre superficies naturales, mediante la creación, ampliación y consolidación de áreas protegidas, la recuperación de zonas degradadas y la promoción de sistemas productivos amigables con la biodiversidad.

Las acciones para la creación y consolidación del CCCM se iniciaron en el año 2002, mediante la cooperación entre instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y comunidades de Colombia y Ecuador, con el apoyo financiero del Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF, por sus siglas en inglés) y la coordinación de CI. Las acciones propuestas en esta iniciativa son: establecer y fortalecer mecanismos locales y regionales para promover la conservación de la biodiversidad a nivel ecorregional; apoyar la

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creación y fortalecer la gestión de áreas protegidas; situar las especies endémicas y amenazadas bajo un manejo mejorado, e identificar y promover prácticas de desarrollo sustentable en comunidades cercanas a las áreas protegidas. Durante la primera fase, se identificaron cuatro “ventanas” o zonas prioritarias para la inversión del CEPF: la cuenca del río San Juan en Colombia, la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, los bosques remanentes en la cordillera de Mache-Chindul, y los bosques secos del Parque Nacional Machalilla y la cordillera de Chongón-Colonche en el Ecuador (Andrade et al., 2004). Hasta el momento se han ejecutado más de 30 iniciativas locales y cuatro proyectos regionales, orientados a la conservación y uso sustentable de la extraordinaria biodiversidad de esta región. •

El Corredor de Conservación Abiseo-Cóndor-Kutukú (CCACK) también es una iniciativa orientada a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad a escala de paisaje, en una de las regiones prioritarias donde confluyen el hotspot Andes Tropicales y la Gran Área Silvestre de la Amazonía. El CCAKC se extiende desde el Parque Nacional Sangay en el Ecuador hasta el Parque Nacional Cordillera Azul en el Perú. En una primera fase, la iniciativa promovida por CI y varias organizaciones de Ecuador y Perú, ha impulsado el fortalecimiento de las áreas protegidas existentes, la creación de nuevas áreas protegidas, públicas y privadas, incluyendo áreas de conservación comunitarias de pueblos indígenas, y el establecimiento de corredores biológicos para mantener o restablecer la conectividad entre dichas áreas. En el Ecuador, el CCAKC incluye los Parques Nacionales Sangay y Podocarpus en la cordillera oriental de los Andes y varias áreas protegidas creadas recientemente en la cordillera del Cóndor (Refugio de Vida Silvestre El Quimi, Reserva Biológica El Zarza y Bosque Protector Cordillera del Cóndor) y en la cuenca alta del río Nangaritza (Bosque Protector Alto Nangaritza). La gestión de las áreas protegidas del CCACK también es apoyada por la Fundación Moore (Iniciativa Andes Amazonía), mediante el proyecto “Corredor de Conservación Cóndor-Kutukú”, administrado por el Fondo Ambiental Nacional y ejecutado por el Ministerio del Ambiente y las fundaciones Natura y Arcoiris, con la asesoría técnica de CI.

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•

El Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR), también conocido como Corredor Marino Galápagos-Coco, es una iniciativa regional para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina, liderada por los gobiernos de Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá, con el apoyo de la UNESCO, CI, el Principado de Mónaco y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Este corredor marino promueve una gestión coordinada de los recursos marinos de la región, mediante la colaboración estrecha y voluntaria de los cuatro países miembros. El CMAR incluye cinco áreas marinas protegidas: la Reserva Marina de Galápagos (Ecuador), el Parque Nacional Isla del Coco (Costa Rica), el Santuario de Fauna y Flora Malpelo y el Parque Nacional Natural Gorgona (Colombia) y el Parque Nacional Isla Coiba (Panamá), de las cuales cuatro han sido declarados por la UNESCO como Sitios de Patrimonio Mundial. Entre sus objetivos más

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importantes, el CMAR pretende mejorar el manejo y conservación de especies y comunidades amenazadas, endémicas y de importancia ecológica y económica; consolidar y optimizar el manejo de áreas marinas protegidas, y fortalecer mecanismos de coordinación adecuados para facilitar el desarrollo e implementación de tratados, políticas y acuerdos entre los países participantes (Secretaria Técnica Pro Tempore del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical, 2006). A pesar de que los corredores (áreas de conectividad) no han sido incorporados en la legislación ambiental del país, existen diversas iniciativas (a más de las indicadas en los párrafos anteriores) que pretenden mantener o restablecer la conectividad entre las áreas protegidas, las cuales se encuentran en diferente grado de desarrollo, incluyendo: •

El Corredor Ecológico Llanganates-Sangay, creado en el año 2002 en el marco del proyecto Visión para la Conservación de las Ecorregiones de los Andes del Norte, auspiciado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y ejecutado en el Ecuador por la Fundación Natura, a partir del estudio “Identificación de áreas especiales para la conservación en el Parque Nacional Sangay y su área de influencia” (Viteri, 2002). Dicho estudio identificó áreas prioritarias para la conservación y priorizó el manejo de un corredor ecológico comprendido entre los Parques Nacionales Llanganates y Sangay. Diversas investigaciones (Fonseca y Loayza, 2002; Jost, 2001 y Vásquez et al., 2000) han demostrado la gran biodiversidad existente en la zona y su importancia para la conservación de la biodiversidad. Este corredor, de 42.052 hectáreas., fue declarado el 16 de diciembre de 2002 como un “Regalo a la Tierra”, el galardón más importante que otorga el WWF. Este fue el “regalo” número 81 en el ámbito mundial y el primero en el Ecuador continental (Viteri 2004).

•

El Corredor Biológico Awacachi, impulsado por la Fundación Sirúa, con el apoyo de Fauna y Flora International y Conservación Internacional, para mantener la conectividad entre el Territorio Indígena Awa y la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, en el noroccidente del Ecuador.

•

El Corredor Ecológico Cuyabeno-Pañacocha-Yasuní, impulsado por varias organizaciones, para mantener la conectividad entre la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, el Bosque Protector Pañacocha y el Parque Nacional Yasuní, en el norte de la Amazonía ecuatoriana.

•

El Corredor de Conservación Comunitaria El Ángel-Golondrinas, promovido por la Corporación Grupo Randi Randi, para mantener la conectividad altitudinal desde los páramos de la Reserva Ecológica El Ángel hasta los bosques nublados del Bosque Protector Golondrinas, en las estribaciones noroccidentales del país.

•

El Corredor Ecológico Antisana-Llanganates promovido por EcoCiencia y la Fundación Páramo, con el apoyo de The Nature Conservancy, para mantener la conectividad entre la Reserva Ecológica Antisana y el Parque Nacional

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Llanganates, mediante la protección de los páramos y bosques nublados en las estribaciones orientales de los Andes. También es importante mencionar otras propuestas de carácter ecorregional que están en proceso de diseño e implementación, incluyendo la iniciativa Conservación de la Cordillera Costera, entre las ciudades de Manta y Guayaquil., promovida por la Fundación Natura y The Nature Conservancy, con el fin de fortalecer las áreas protegidas actuales y generar nuevos procesos de conservación de los remanentes de bosque nativo, utilizando herramientas públicas, privadas y comunitarias en una región prioritaria para la conservación de la biodiversidad del Ecuador. La cordillera costera protege los últimos remanentes de bosque seco y bosque nublado, los cuales se encuentran altamente amenazados; a pesar de su grado de intervención todavía se encuentra una gran diversidad de especies y mucho más importante es el grado de endemismo, que bordea casi el 20% en plantas, por ejemplo. En la zona se encuentran tres áreas protegidas del PANE: la Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado, el Área Nacional de Recreación Parque Lago y el Parque Nacional Machalilla y nueve bosques protectores (Cerro Colorado, El Paraíso, La Prosperina, Cerro Blanco, Chongón Colonche, Loma Alta, Cuenca del Río Paján, Cantagallo Jipijapa y Sancán Montecristi) todos ellos de gran importancia para la conservación de la biodiversidad y el manejo de los recursos hídricos. Así mismo, en el 2006 se completó el diseño del Plan Estratégico Ambiental Regional (PEAR) de las provincias de Loja y Zamora, el cual propone estrategias políticas, técnicas, sociales y económicas que permitan asegurar la conservación de los recursos naturales, mediante la creación de un Sistema Regional de Áreas Protegidas del Sur del Ecuador (SRAP-SUR) y la declaratoria de la Reserva de la Biosfera Podocarpus–El Cóndor, la cual permitirá integrar el Parque Nacional Podocarpus con las nuevas áreas protegidas establecidas recientemente en la cordillera del Cóndor (Consejo Ambiental Regional, 2006). Así mismo, está en camino la propuesta para la declaratoria de la Reserva de la Biosfera Golfo de Guayaquil, impulsada por el Municipio de Guayaquil y otros gobiernos locales para proteger los diversos ecosistemas marino-costeros de esta región. 3.10

ESFUERZOS DE INTEGRACIÓN TRANSFRONTERIZAS

ENTRE

ÁREAS

NATURALES

Uno de los avances significativos en la planificación conjunta para la gestión de la biodiversidad en los países andinos, que implica directamente el tratamiento de las áreas protegidas como la principal herramienta para la conservación in situ, ha sido la definición de la Estrategia Regional de Biodiversidad (CAN, 2005) y la identificación de acciones prioritarias a nivel subregional que conlleven a la conservación y uso sostenible de los recursos biológicos en los países andinos. Los ecosistemas presentes en los países del trópico andino -Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela- han sido definidos como los de más alta prioridad para la conservación de la biodiversidad en el mundo puesto que en la subregión andina se

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concentra aproximadamente el 25% de la biodiversidad del planeta. Esta iniciativa fue ejecutada por la Secretaría General de la Comunidad Andina, en coordinación con el Comité Andino de Autoridades Ambientales (CAAAM) y con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La Estrategia Regional de Biodiversidad propone, entre otros aspectos, desarrollar procesos de cooperación para la gestión de áreas protegidas transfronterizas. En este sentido, durante la última década se han desarrollado varias iniciativas de conservación transfronteriza. Así, con el Perú existe el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, cuyo programa de Infraestructura Social y Aspectos Ambientales incluye la realización de estudios y proyectos destinados a la creación y gestión de áreas protegidas. En el marco de este Plan y como resultado del Acuerdo de Paz de 1998, se ha desarrollado un proyecto binacional “Paz y Conservación en la Cordillera del Cóndor, Ecuador-Perú”, que incluye la creación y manejo de áreas protegidas en la Cordillera del Cóndor. Este proyecto es coordinado por el MAE (Ecuador) e INRENA (Perú), con el apoyo financiero de la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) y Conservación Internacional (CI), y ejecutado por Fundación Natura en Ecuador y CI en Perú. Sus ejes son la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos en beneficio de las poblaciones locales (Organización Internacional de Maderas Tropicales et al., 2005). Además, para fortalecer la gestión de las áreas protegidas que conforman el Corredor de Conservación Abiseo-Cóndor-Kutukú (Perú-Ecuador), también se cuenta con el apoyo de la Fundación Moore (Iniciativa Andes Amazonía), mediante varios proyectos ejecutados por organizaciones nacionales e internacionales en los dos países. Así mismo, las fundaciones Arcoiris (Ecuador) y ProNaturaleza (Perú) están proponiendo la creación de una Reserva de la Biosfera Transfronteriza del Noroeste que comprendería las áreas protegidas con bosques tumbesinos en los dos países. En el Ecuador, se incluiría la Reserva Ecológica Arenillas y otras áreas naturales que están en proceso de creación, tales como los bosques de Cerro Negro-Cazaderos. En el lado peruano se incluiría el Parque Nacional Cerros de Amotape, el Coto de Caza El Angolo y la Zona Reservada de Tumbes. Estos acuerdos incorporarían también la propuesta de un corredor ecológico entre los manglares del sur de la provincia del Oro (Ecuador) y la Reserva Manglares de Tumbes (Perú). A su vez, en la frontera entre Colombia y Ecuador se ha desarrollado la iniciativa de planificación denominada Visión para la Conservación de las Ecorregiones de los Andes del Norte, que abarca también parte de la frontera entre Perú y Colombia. Mediante esta propuesta, liderada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y ejecutada en el Ecuador por la Fundación Natura., se pretende desarrollar e implementar una estrategia de conservación, centrada en la protección a largo plazo de asociaciones de especies terrestres y acuáticas de singular importancia, sus procesos ecológicos y evolutivos esenciales. Como resultado de esta iniciativa, se ha generado el proyecto “Un paisaje vivo: conservación, integración regional y desarrollo local en la Cordillera Real Oriental – Colombia, Ecuador y Perú”, que trata de fortalecer las capacidades de manejo y gestión de la biodiversidad y los

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sistemas nacionales de áreas de conservación en la Cordillera Real de los Andes de Colombia, Ecuador y Perú, mejorando la integridad de los ecosistemas y las condiciones de vida de las comunidades locales (Fundación Natura y WWF, 2007). Como se mencionó anteriormente, también existen tres corredores de conservación transfronterizos (dos terrestres y uno marino): el Corredor de Conservación Chocó-Manabí, entre Ecuador y Colombia; el Corredor de Conservación Abiseo-Cóndor-Kutukú, entre Perú y Ecuador, y el Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical, que comprende Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá. Uno de los principales objetivos de estos corredores constituye el fortalecimiento de la coordinación y cooperación entre los países fronterizos para mejorar la gestión de las áreas protegidas. Por ejemplo, como parte de la iniciativa del Corredor Marino se ha creado una red de manejadores de áreas protegidas, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y la cooperación entre las cinco áreas marinas protegidas que integran esta iniciativa regional. Así mismo, es importante mencionar otras iniciativas de conservación transfronteriza que se encuentran en diferente estado de desarrollo, tales como: •

La propuesta de “Manejo Integrado para el Desarrollo Sostenible del Corredor de Gestión Trinacional de las Áreas Protegidas: Parque Nacional Natural La Paya, Reserva de Producción Faunística Cuyabeno y Zona Reservada Güeppi (Colombia-Ecuador-Perú)”, impulsada por los tres países en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica. Actualmente, el diseño del proyecto está en su fase final y se espera contar próximamente con el financiamiento correspondiente para su implementación. En esta zona también se han propuesto iniciativas binacionales de conservación promovidas por pueblos indígenas, como la de los indígenas Secoya de Ecuador y Perú, que pretender establecer un área de manejo binacional en los humedales de Lagartococha y Güeppi, en la frontera entre los dos países.

•

La propuesta impulsada por organizaciones afro de Ecuador y Colombia para la creación de un área protegida binacional que conecte la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje (Ecuador) con los manglares de Tumaco (Colombia).

•

Las propuestas “Páramos Transfronterizos” y “Páramo Andino” que pretenden mantener la conectividad entre de los páramos de Colombia (volcán Chiles) y Ecuador (Reserva Ecológica El Ángel), así como entre Ecuador (Parque Nacional Podocarpus-cordillera de Sabanilla) y Perú (Santuario Tabaconas-Namballe). Estas propuestas complementarias son impulsadas por diversas ONG de los tres países, con la asistencia técnica del consorcio CONDESAN y el apoyo financiero de la Fundación Moore (Iniciativa Andes Amazonía), Conservación Internacional (CI), el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

•

La propuesta “Bosques sin Fronteras” impulsada por BirdLife International, Naturaleza y Cultura Internacional y varias ONG de Perú y Ecuador, y

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ejecutada con el apoyo financiero de la Iniciativa Darwin del Gobierno Británico, mediante la cual se pretende promover la conservación y la recuperación de los bosques secos tumbesinos, considerados como uno de los ecosistemas más amenazados del planeta, mediante la creación de una red de áreas protegidas, públicas y privadas, en los dos países.

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CAPITULO 4 4

GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

4.1 PROTECCIÓN PROTEGIDAS

Y

CONTROL

DE

LAS

ÁREAS

NATURALES

La Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre señala que es de competencia del Estado ecuatoriano el control de la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros elementos de la fauna y flora silvestres. Recientemente, la propuesta de Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 2007-2016 (MAE, 2007), identificó que una de las debilidades de la estructura del MAE vinculada con la gestión de áreas protegidas es la poca capacidad para efectuar actividades de control y vigilancia 47; asimismo, una oportunidad identificada es el apoyo que brinda otros actores en las tareas de control y vigilancia fuera de las áreas protegidas, tal es el caso de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional. Aunque el control y vigilancia constituyen actividades importantes en la gestión de las áreas protegidas, parecería que no se ha comprendido su alcance, puesto que los guardaparques se limitan, como es el caso del Parque Nacional Machalilla 48, al cobro de entradas o al arreglo de la infraestructura existente. La planificación de las tareas de control y vigilancia en la mayoría de áreas protegidas se realiza en base al conocimiento y experiencia personal del mismo guardaparque, sin que la misma responda a un proceso técnico evaluable y que pueda ser monitoreado en función de metas y resultados concretos, de las amenazas o potencialidades de las áreas. La mayoría de áreas carecen de esquemas sistemáticos que registren, por ejemplo, el número de conflictos resueltos, el número de procesos administrativos en marcha y de acciones judiciales en que debe intervenir el área protegida, la disminución de amenazas, el número de animales requisados, el número de incendios, el estado de los procesos, entre otros. El reto consiste en entender que las tareas de protección y vigilancia de los guardaparques van más allá de ser un policía ambiental, represivo y sancionador. Es necesario conocer la dinámica en que se generan, por ejemplo en las actividades de cacería visualizando los aspectos culturales, históricos y económicos que influyen en el desarrollo de esta actividad. Por ello, el perfil de los encargados de realizar las labores de protección y vigilancia, aparte de hacer cumplir la ley, debe incluir capacidades y destrezas que les permitan realizar un análisis más profundo para conservar la biodiversidad y los recursos naturales de las áreas protegidas.

47

48

Se entiende por protección “ resguardar, amparar, ayudar, socorrer, defender, otros”, por “control” a la comprobación, la inspección y el registro de actividades; mientras que por “vigilancia” a la acción de velar por una cosa o actividad” (MAE, 2005). El Parque Nacional Machalilla de 56.184 ha se encuentra ubicado al norte de la costa ecuatoriana.

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Bajo este enfoque, el MAE, a través del Proyecto Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP-GEF), bajo el componente de “Manejo Participativo de las Áreas Protegidas Seleccionadas”, está implementado un programa denominado “Sistema de Control y Vigilancia en el Parque Nacional Machalilla”, el cual apoya la mejora de las capacidades existentes a diferentes niveles: a) a través de capacitación a los guardaparques y funcionarios involucrados, b) por medio de metodologías participativas con los actores locales, c) estableciendo una base de datos integrada, d) proporcionando equipos de radiocomunicación, y e) que este programa sea trabajado de manera integral. En base a estas consideraciones, uno de los 5 componentes de este proyecto contempla la planificación integral, la cual considera aspectos sociales, políticos, económicos y legales. Una vez que se definan las líneas de acción, se elaborarán los planes operativos, los cuales deberán ser monitoreados y evaluados anualmente, con la finalidad de realizar las correcciones necesarias o reorientar las acciones. En este proceso también participarán los actores locales a través del Comité de Gestión del PNM, creado en enero de 2007, en el marco del mismo proyecto. Dicha participación permitirá no solo el apoyo en las actividades de control y vigilancia sino también posibilitara realizar acciones de capacitación y de relacionamiento comunitario. Finalmente, es necesario mencionar que el personal del Parque también esta trabajando en otros programas establecidos en el Plan de Manejo con la finalidad de apoyar en esta actividad de manera integral. Se espera que en los próximos años el Parque Nacional Machalilla en realidad cuente con un programa efectivo de protección y vigilancia que apoye la conservación de dicha área protegida. En otras áreas protegidas del SNAP se han desarrollado planes de control y vigilancia participativos, involucrando especialmente a comunidades locales, como es el caso de los parques Podocarpus y Sangay. En la Biorreserva del Cóndor, el Programa Parques en Peligro de TNC ha apoyado el establecimiento de sistemas de control y vigilancia con el apoyo de las comunidades locales a través de la figura de guardaparques comunitarios, en base a acuerdos entre las comunidades y el MAE. En el Parque Nacional Llanganates existe una experiencia importante al respecto puesto que el área protegida no contaba con personal para control y vigilancia hasta que se inició con el sistema comunitario, establecido con el apoyo de EcoCiencia, a través del programa Parques en Peligro, y el MAE. Se identificaron y priorizaron las zonas que necesitaban control y vigilancia, en dichas zonas se especificaron las amenazas y se identificaron los actores involucrados. Diversos acuerdos con las comunidades permitieron establecer 3 puntos de control y se contrataron 10 guardaparques comunitarios, los cuales fueron capacitados y dotados de uniformes y equipo de campo básico. Para la Reserva Ecológica El Ángel (REEA), en el Carchi, se ha ido consolidando un programa de guardaparques comunitarios, desde el año 2002. Actualmente, 9 guardaparques comunitarios laboran en la parte sur de la REEA, un guardaparque con apoyo del Gobierno Provincial en el noreste, y algunos están en formación en la

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parte noroeste. El grupo sur actualmente incluye una mujer guardaparque. El programa está funcionando con un fuerte apoyo comunitario en la selección y legitimización de guardaparques comunitarios y con un fuerte liderazgo desde el MAE, con apoyo de ONG´s, de los gobiernos locales y de los proyectos PRODERENA (Comunidad Europea/Ministerio de Relaciones Exteriores/MAE), Páramos Transfronterizos (PPT-Fundación Moore/WWF/CONDESAN). Quizá la experiencia más significativa en el Ecuador es la de la Reserva Cofán Bermejo, en donde la Federación de Indígenas Cofanes con apoyo de la Fundación Sobrevivencia Cofán han logrado articular un cuerpo de guardaparques locales, a los cuales han equipado y capacitado para cumplir con las funciones de protección, control, monitoreo y promoción de esta área. Actualmente cuentan con más de 50 guardaparques cofanes. En el caso de la Reserva de Producción Faunística del Cuyabeno se han seleccionado 24 guardaparques comunitarios, para cumplir actividades específicas de control y vigilancia y apoyar en las acciones de delimitación que se están desarrollando en la Reserva. Actualmente, se está diseñando un programa computarizado para la elaboración y registro de las actividades ejecutadas por dichos guardaparques, se está implementando un plan de capacitación, conformado por 9 módulos, y se tienen identificados los sitios estratégicos para fortalecer el control y vigilancia de la Reserva. Un impedimento que frustra la implementación adecuada de los programas de guardaparques comunitarios es la carencia de un marco legal para el reconocimiento y existencia de este tipo de guardaparques, la falta de credenciales para legitimizar sus acciones, y la inexistencia de estándares mínimos de capacitación para poder acceder al “titulo” de guardaparque comunitario. Mayores detalles sobre el número de personal existente en el PANE y su evolución en los últimos 10 años se mencionan en el acápite 5.2 de este Informe.

4.2 EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE MANEJO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Ecuador ha sido pionero a escala mundial en la aplicación de herramientas y procesos de evaluación de efectividad de manejo (EEM) de áreas protegidas (AP) que han sido hechas desde 1995, y sobre todo del manejo adaptativo, puesto que ha utilizado los resultados de EEM para la realización de nuevos planes de manejo y otros documentos de planificación en general. La primera experiencia conocida de EEM en Ecuador se realizó en el Parque Nacional Galápagos (PNG) en 1995, y abarcó el periodo desde la implementación del segundo plan de manejo de 1984; los resultados de esta evaluación fueron utilizados en la actualización del plan de manejo del parque en 1996. La metodología utilizada fue la desarrollada por De Faria (1993), modificando algunas variables a la realidad insular del PNG (Cayot y Cruz, 1998 & Amador et al., 1996). Específicamente, Cayot y Cruz (1998) publicaron el “Manual para la Evaluación de la Eficiencia de Manejo del Parque Nacional Galápagos”, en el cual describen la

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metodología así como recomendaciones prácticas en cuanto a la aplicación de este instrumento. Durante la realización de la evaluación para el PNG también se efectuó un análisis parcial de, lo que en aquel momento era la Reserva de Recursos Marinos, antecedente de la actual Reserva Marina de Galápagos (RMG) que abarcó solo dos de los ámbitos característicos de la metodología de De Faria (1993): planificación y legal, aunque no era uno de los objetivos prioritarios del estudio. Posteriormente, el Plan de Manejo de Conservación y Uso Sustentable para la Reserva Marina de Galápagos (DPNG, 1999), entre las actividades de seguimiento y evaluación contempló el Subprograma de Evaluación y Seguimiento de la implementación del plan de manejo donde “el seguimiento proveerá información regularmente, sobre la implementación y eficacia del Plan de manejo, mientras que la evaluación será la base para una revisión general de dicha implementación” (pág. 89). Una de las actividades propuestas en ese subprograma incluyó el uso de criterios que evalúen de forma periódica la eficacia del “manejo adaptativo” (pág. 90). La segunda experiencia registrada de seguimiento y evaluación del manejo de áreas protegidas en Ecuador se realiza como parte de un proyecto financiado por el GEF denominado Protección de la Biodiversidad, que tiene como uno de los objetivos desarrollar planes de manejo para una serie de áreas naturales protegidas del Ecuador. De esta manera, se efectuó el análisis de la eficiencia del manejo para algunas áreas naturales protegidas como los parques nacionales Sangay (PNS), Machalilla (PNM) y Yasuní (PNY) y la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje (REMACAM), utilizando la metodología desarrollada por De Faria (1993) y la de Cifuentes et al., (2000), adaptándolas a las condiciones específicas de las áreas (INEFAN, 1998). Como parte del indicado proyecto, se lleva a cabo la primera evaluación de la eficiencia del manejo del SNAP del Ecuador. Esta iniciativa evalúa la eficiencia del manejo de 24 áreas naturales protegidas existentes, además del cumplimiento de la estrategia preliminar para el SNAP y la estrategia para el SNAP Fase II. La evaluación toma como base la metodología desarrollada por De Faria (1993), el Manual de Eficiencia del PNG y el trabajo realizado por Izurieta (1997), ajustando el método a la realidad de las áreas y el país (Valarezo et al., 1999). Cabe destacarse que si bien se realizó una evaluación del conjunto de áreas protegidas pertenecientes al SNAP en 1997, Ecuador todavía no ha realizado una evaluación del SNAP de manera integral. Esto se debe en gran parte a que las herramientas o métodos para evaluar sistemas de áreas protegidas aun no existen o están siendo desarrolladas, y a que, varios de los subsistemas (áreas municipales, locales, indígenas, privadas) no han sido establecidos. Un ejemplo más reciente en la utilización de estas metodologías de evaluación es el Parque Nacional Sangay, donde se han realizado diversas evaluaciones, por ejemplo, la que auspició del proyecto de Protección de la Biodiversidad y la evaluación de la eficiencia del SNAP y otra que se realizó en el marco del Proyecto Sangay, que utilizó como base la metodología desarrollada por Cifuentes et al. (2000).

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Actualmente, bajo el proyecto de la UNESCO y UICN, Mejorando Nuestra Herencia, el PNS está realizando una nueva evaluación. En esta oportunidad, el Marco de Referencia de la CMAP está siendo usado, al igual que la metodología de Cifuentes et al. (2000) para la evaluación de eficiencia de procesos (Bajaña, 2002). Desde el año 2004, TNC en asociación con la Fundación para Estudios Ecológicos (EcoCiencia), efectúa la evaluación de la efectividad de manejo en la Biorreserva del Cóndor, que incluye a 5 importantes áreas protegidas del país: las reservas ecológicas Antisana, Cayambe Coca y Cofán Bermejo y los parques nacionales Cotopaxi y Llanganates. Se utilizó la metodología Tabla de Puntuación para la consolidación de sitios, efectuando adiciones y ajustes a ciertos indicadores. Los resultados de dicha evaluación fueron publicados en enero de 2005 en el documento Evaluación de la Gestión de Cinco Áreas Protegidas ubicadas en la Biorreserva del Cóndor, aplicando los indicadores de consolidación del sitio (Robles et al., 2004). Así mismo, a partir del 2004, el MAE como autoridad ambiental del país, trabajó en el proceso de formulación de una metodología para evaluar la efectividad de manejo en el SNAP. Los procedimientos no han sido difundidos todavía, puesto los técnicos responsables de dicho proceso consideran efectuar primero una fase piloto de aplicación en dos áreas protegidas del Sistema Nacional, previo a su divulgación, consenso y oficialización (Cracco, et al. 2006). En el 2005, WWF utilizó una adaptación de la herramienta How is your MPA doing? (¿Qué tal le va a su área protegida marina?) en la Reserva Marina Galápagos (Calvopiña, 2005). Por último, como parte del Proyecto SNAP-GEF II, se ha llevado a cabo evaluaciones de efectividad en la Reserva Ecológica Cotacachi - Cayapas y en el Parque Nacional Machalilla utilizando la herramienta de la Alianza Banco Mundial/WWF. Los objetivos específicos incluyeron el establecimiento de una línea base de la gestión de las áreas protegidas que sea útil no solo para futuros seguimientos y evaluaciones en las áreas, sino también para evaluar el impacto del proyecto. Un objetivo adicional de estas evaluaciones ha sido obtener información que sirva de insumo para la elaboración del plan de manejo de la Reserva Ecológica Cotacachi - Cayapas y el Plan Gerencial del Parque Nacional Machalilla. En conclusión, en la última década, de las 35 áreas protegidas existentes actualmente en Ecuador, en 25 áreas (71,4%) se ha realizado al menos una evaluación de efectividad de manejo (EEM); en 10 áreas (28,6%) se han realizado dos o más EEM y en 10 APs (28,6%) no se ha realizado ningún procesos de EEM (Rivas, et al. 2006). En este sentido, áreas como los parques nacionales Sangay, Cotopaxi, Llanganates, Machalilla, Galápagos, la Reserva Marina Galápagos, y las reservas Antisana y Cayambe-Coca han realizado más de dos procesos de evaluación en los 10 últimos años. El Parque Nacional Sangay es el que mayores procesos de EEM ha realizado,

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con un total de cuatro evaluaciones hasta la fecha. Estas áreas están integrando periódicamente los resultados de las EEM a su planificación y gestión. Varias de estos procesos de evaluación fueron presentados en un taller nacional en Ecuador enmarcado en el Proyecto “Fortalecimiento de la Efectividad de Manejo en los Andes Tropicales” coordinado por la UICN, con apoyo del MAE y otras instituciones en Ecuador. Este taller permitió a los países de los Andes Tropicales discutir extensamente temas de EEM. En dicho taller, además de exponer las herramientas y procesos de evaluación se formaron mesas de trabajo para identificar y definir el alcance de criterios (principios, aspectos, énfasis) que las metodologías de evaluación de efectividad de manejo de AP en el Ecuador deben tener presente e identificar y caracterizar los elementos básicos (fases y pasos) de una ruta crítica para institucionalizar el proceso de evaluación de efectividad de manejo en el Ecuador (Rivas et al., 2006). Como resultados de estas discusiones, se acordó que los aspectos clave a evaluar en las áreas protegidas de Ecuador para cada uno de los elementos del marco de referencia de la CMAP serían los siguientes:

Elemento del Marco de Referencia de la CMAP Contexto

Planificación

Insumos

Procesos Productos Resultados

Aspecto a evaluar Estado de conservación actual Amenazas Oportunidades Cumplimiento de objetivos del área Cumplimiento de metas Plan de manejo Plan operativo Personal Equipamiento Infraestructura física Capacitación Grado de satisfacción de visitantes Estado de conservación

Fuente: Rivas et al., 2006

Es decir, que previo a la aplicación de cualquier herramienta adaptada o desarrollada para las AP del Ecuador, debe identificarse los temas a ser evaluados e incluirse los aspectos mencionados. Igualmente, se definieron algunos de los criterios que deberían guiar estas evaluaciones, incluyendo: o o o o o

La más amplia participación. El bajo costo (adaptación del mismo a los recursos disponibles). Flexibilidad (de acuerdo a las necesidades y objetivos del área) de la herramienta y del proceso. La fácil aplicación y entendimiento (uso de un lenguaje conciso y simple). Aplicación periódica.

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o

El proceso y la herramienta deberán ajustarse al contexto ecuatoriano y deberán estar vinculados a otras herramientas de planificación y documentos estratégicos existentes (Estrategia de Biodiversidad, Plan de Trabajo del Convenio de Biodiversidad (CDB), Plan Estratégico del SNAP, entre otros).

En cuanto a los pasos para facilitar la institucionalización del proceso de EEM, se identificaron cuatro puntos claves: a) El liderazgo del MAE para el tema (coordinar, convocar, administrar recursos para EEM, ejecutar, validar, etc.) a escala nacional. b) El apoyo efectivo del resto de las organizaciones a ese liderazgo del MAE. c) La definición de requerimientos económicos para aplicar EEM. d) El trabajo hacia la incorporación de una herramienta y proceso concensuado para EEM. Sin embargo, el taller también identificó algunos vacíos en aspectos necesarios para permitir dicha institucionalización, como son la falta de herramientas integradoras, la carencia de definición de responsabilidades, los vacíos en las políticas ambientales y la escasa coordinación con gobiernos locales (Rivas et al., 2006). Durante el taller se enfatizó en la necesidad de aprovechar la realización del Plan Estratégico del SNAP y la Estrategia de Sostenibilidad Financiera de 2006, así como otros esquemas existentes de apoyo a la gestión del SNAP, especialmente en temas de información y monitoreo, como es el Memorando de Entendimiento de apoyo para áreas protegidas firmado entre diversas ONG´s ambientales y el MAE, así como las actividades que desarrolla el proyecto SNAP-GEF, como oportunidades para incorporar la EEM en la cultura institucional del SNAP, así como en los planes de manejo y los planes operativos. Vincular el desarrollo o actualización de los planes de manejo con la evaluación de efectividad se hace imperativo además de costo efectivo (Rivas et al., 2006). Adicionalmente, durante este taller nacional de evaluación de efectividad de manejo se creó un grupo de trabajo en el tema con objetivos claros y específicos. El mandato del mismo incluía: a) Colaborar con el equipo que formulará el plan estratégico del SNAP para incorporar ciertos niveles de evaluación (SNAP y AP) y para contribuir a la institucionalización de la evaluación de efectividad de manejo tanto en el SNAP como en las AP. b) Definir criterios de evaluación de efectividad y los lineamientos para operativizar el sistema de evaluación. c) Contribuir al fortalecimiento del MAE en el tema. d) Realizar un proceso de seguimiento de los acuerdos del Taller. e) Buscar su propio financiamiento para las acciones, el grupo de trabajo debe consolidarse adecuadamente y se explicita un compromiso de las ONG participantes de apoyar financieramente a las reuniones.

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f) Elaborar un cronograma de trabajo del grupo con requerimientos y plazos concretos. Sin embargo, hasta la fecha, el grupo no ha sido convocado y no ha desarrollado ningún tipo de actividades. En relación con las actividades sugeridas a las Partes en el Programa de Trabajo de AP del CDB, Ecuador ha avanzado y ha cumplido con la actividad 4.2.2 (evaluar la eficacia de por los menos un 30% de las AP para el 2010), y en cierta medida la actividad 4.2.4 (aplicación de las recomendaciones clave de las evaluaciones en la planificación de sitios). Sin embargo, aun existen actividades como la 4.2.1 (elaborar y adoptar directrices y mejores practicas además de organizar una base de datos conexa para evaluar EEM) que faltan completarse, o la 4.2.3 (–utilizar la información resultado de las EEM para la realización de informes nacionales al CDB), que requieren el establecimiento de un método recurrente para su cumplimiento. De igual manera, hasta la fecha, Ecuador ha avanzado en varias de las recomendaciones y llamados realizados en el V Congreso Mundial de Parques de la UICN. Entre estos, el llamado a adoptar sistemas de EEM conteniendo los principios del marco de referencia de la CMAP, la inclusión de las comunidades en las EEM, hacia la adopción e institucionalización de un sistema periódico para EEM, la utilización de los resultados para la planificación, y el apoyo a UICN y la CMAP para investigar, promover y desarrollar mejores prácticas de EEM. Si bien la experiencia de Ecuador en la aplicación de herramientas y procesos de EEM es vasta, todavía existe cierta ambigüedad en la toma de decisión para coordinar un sistema de seguimiento y evaluación a escala de país, sobre todo considerando que no es necesario seleccionar una herramienta de EEM única sino coordinar los diferentes esfuerzos y procesos de EEM. Por lo tanto, es de suma importancia para Ecuador que estas discusiones, resultados y recomendaciones convenidas durante el taller nacional comiencen a implementarse, especialmente a través de la reactivación del grupo de trabajo creado para desarrollar los diversos aspectos de la EEM.

4.3

PLANES NACIONALES O PLANES DIRECTORES

El actual SNAP fue establecido en 1979 con nueve áreas protegidas, considerando las recomendaciones de la Primera Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres Sobresalientes del Ecuador (Putney, 1976), aunque para aquel entonces el Ecuador contaba con un parque nacional de 40 años de antigüedad, el Parque Nacional Galápagos, establecido en 1936 (Amador et al. 1996. Josse & Cano, 2001). Hacia fines de los años 80 se realizó una segunda Estrategia, en la cual se propuso un sistema mínimo de 24 áreas y un óptimo de 32 (Cifuentes et al. 1989). Posteriormente, en 1999, el Ministerio del Ambiente diseñó el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, el cual reemplazaba a las dos estrategias anteriores (Valarezo et al. 1999); debido a cambios políticos, este plan

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no pudo ser oficializado y quedó obsoleto rápidamente al producirse una serie de cambios administrativos de la autoridad ambiental (Ulloa & de la Torre, 2001). El Ministerio del Ambiente, con apoyo del proyecto SNAP-GEF ha terminó de actualizar el Plan de 1999 y ha definido un cuarto Plan Estratégico para el SNAP (MAE, 2006), con vigencia de 10 años. Este Plan establece la visión, objetivos y estructura del Sistema Nacional; sistematiza las políticas, estrategias y líneas de acción para este Sistema y viabiliza la aplicación de principios y normas establecidos en convenios y tratados internacionales y la legislación nacional relacionada con áreas protegidas. Los objetivos del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 2007-2016 son: a) Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, garantizando la conservación y representatividad de ecosistemas terrestres, marinos y marino-costeros. b) Contribuir a la efectiva gestión del SNAP, a través del fortalecimiento de capacidades de la Autoridad Ambiental Nacional y demás instancias responsables de la administración y manejo de los subsistemas c) Promover el reconocimiento social acerca de la importancia de la diversidad biológica y las áreas protegidas como elementos que contribuyen al desarrollo sustentable del país. d) Promover el manejo integral del SNAP, a través de la participación de los actores en la gestión de las áreas protegidas. e) Promover el establecimiento de un marco normativo, político, institucional y financiero favorable para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. f) Alcanzar la sostenibilidad financiera a largo plazo para el PANE y aplicar mecanismos financieros para la gestión de los otros subsistemas del SNAP. g) Disponer de información especializada, sistematizada y de fácil acceso, que sustente la toma de decisiones para la gestión del SNAP. h) Mejorar la gobernabilidad del PANE, a través del manejo de conflictos de tenencia de la tierra, en el marco de las disposiciones constitucionales e instrumentos nacionales e internacionales. Los resultados que el Plan Estratégico se plantea son los siguientes 1. El SNAP ha integrado de manera eficiente los principales vacíos de representatividad ecológica y biológica en los ámbitos terrestre, marino y marino-costero.

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2. El SNAP es el instrumento de conservación in situ más eficaz a nivel del país, sobre la base de una institución rectora fortalecida y con alta capacidad de gestión. 3. Existe un creciente reconocimiento social de la contribución de las áreas protegidas al desarrollo nacional, motivando el apoyo y compromiso de nuevos actores sociales. 4. Se dispone de una política nacional de que promueve, estimula y orienta la participación social en la gestión de las áreas protegidas. 5. Las autoridades nacionales, sectoriales y seccionales que intervienen en la gestión del SNAP, aplican de manera coordinada sus políticas y normativas en apoyo a la gestión de las áreas protegidas. 6. Se ha logrado cubrir los requerimientos financieros del escenario básico y se está avanzando en el logro del escenario integral en un número importante de áreas protegidas del PANE, además, se aplican mecanismos financieros innovadores para la gestión de los otros subsistemas del SNAP. 7. Los actores vinculados con la gestión del SNAP disponen de información actualizada y confiable respecto al estado y la calidad de los recursos naturales contenidos en las áreas protegidas. 8. Se habrá mitigado la ocurrencia de conflictos de tenencia de la tierra en las áreas del Patrimonio. Esta propuesta de Plan Estratégico no ha sido aún formalizado por las autoridades del MAE.

4.4 PLANES DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS En el país, no existe una metodología estandarizada para desarrollar planes de manejo y muy pocas áreas cuentan con planes de manejo realizados de manera participativa. En el 2003, Fundación Natura y el FAN, con el apoyo de CI, propusieron estandarizar el formato para la declaratoria y para la elaboración de planes de manejo de áreas protegidas, y definieron la propuesta “Términos de Referencia para los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador”. Dichos TdR no han sido oficializados. De las 35 áreas protegidas existentes actualmente en el SNAP, solo 8 tienen planes de manejo o planes gerenciales vigentes, 15 tienen planes desactualizados y 12 áreas no cuentan con planes de manejo (Ulloa, 2003. MAE, 2005). Esto quiere decir que 27 de las 35 áreas del SNAP no cuentan con plan de manejo, o si lo tienen estos se encuentran desactualizados. Sin embargo, en los últimos dos años 7 áreas protegidas están en proceso de actualizar o definir sus planes de manejo. Un cuadro de la situación de las áreas protegidas en cuanto a si cuentan o no con instrumentos de planificación se incluye a continuación.

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Estado actual de los planes de manejo en las áreas protegidas del PANE AREA PROTEGIDA ESTADO AÑO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Parque Nacional Galápagos Parque Nacional Cajas Reserva Ecológica Antisana Reserva Ecológica Mache - Chindul Reserva Marina Galápagos Reserva Ecológica Arenillas Reserva Geobotánica Pululahua Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas Reserva Ecológica Cayambe Coca Parque Nacional Cotopaxi Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno Área Nacional de Recreación El Boliche Reserva Ecológica Manglares Churute Parque Nacional Machalilla

Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado Actualizado No tiene Desactualizado * Desactualizado * Desactualizado * Desactualizado Desactualizado Desactualizado Desactualizado Desactualizado * Plan Gerencial *

15.

Parque Nacional Podocarpus

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

32. 33. 34.

Reserva Biológica Limoncocha Reserva de Producción de Fauna Chimborazo Reserva Ecológica El Ángel Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje Parque Nacional Llanganates Reserva Ecológica Los Ilinizas Refugio de Vida Silvestre Pasochoa Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara Parque Nacional El Cóndor Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado Área Nacional de Recreación Parque Lago Reserva Ecológica Cofán Bermejo Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón Refugio de Vida Silvestre La Chiquita Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne Refugio de Vida Silvestre El Zarza Reserva Biológica El Quimi Parque Nacional Sangay

Desactualizado Plan Gerencial Desactualizado * Desactualizado Desactualizado Desactualizado * Desactualizado * Desactualizado No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene

35.

Parque Nacional Yasuní

27. 28. 29. 30. 31.

2005 2004 2003 2005 2005 1990 1983 1998 1996 1993 1995 1996 1998 2007 1997 2004 1988 1992 1994 1995 1998 1998

No tiene No tiene * No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene Desactualizado Plan Gerencial Desactualizado Plan Gerencial

1998 2004 1998 2003

* En proceso de actualización o de diseño

De manera general, se podría afirmar que la mayoría de los planes de manejo no han sido instrumentos dinámicos que permitan orientar con eficacia las acciones desarrolladas en las áreas protegidas. Debido a que los planes presentan situaciones ideales que difícilmente son financiables, estos han tenido poca aplicabilidad. Otro inconveniente para su aplicación ha sido que el SNAP no cuenta con un mecanismo único de planificación, que sea simple, eficiente, de bajo costo, realista y que posibilite la búsqueda de opciones económicas para la gestión, considere el financiamiento existente, y defina prioridades de acción sin descuidar lo importante.

90

Debido a la diversidad de formatos en las herramientas de planificación utilizadas, la mayoría de planes no han identificado sus respectivos objetos de conservación y tampoco están definidos los indicadores de éxito. Adicionalmente, la mayoría de planes de manejo han sido realizados de manera muy poco participativa, debido a las limitaciones existentes en la misma área para favorecer la concertación de acciones y la negociación de conflictos. No existe un mecanismo de seguimiento y evaluación de los planes de manejo de cada una de las áreas protegidas. Este monitoreo debería incluir: la aplicación del plan, el cumplimiento de las metas, el estado de conservación de la biodiversidad, el nivel intervención en los recursos naturales, el cumplimiento de los objetivos, y, una medición del grado de la eficiencia del manejo. En el diseño de los nuevos planes de manejo que se están elaborando para las Reservas Cotacachi-Cayapas y Cayapas-Mataje y para el Parque Nacional Machalilla, se están incorporado la definición de planes de sostenibilidad financiera, que permitan identificar oportunidades de financiamiento para el área y ejecutar los programas planteados en los instrumentos de planificación. Los planes de manejo para la Reserva de Producción Faunística del Cuyabeno y la Reserva Ecológica El Ángel están actualizándose y se espera que incorporen esquemas similares de sostenibilidad financiera.

4.5

PLANES DE PROTEGIDAS

INVESTIGACIÓN

EN

ÁREAS

NATURALES

De manera general, la información existente sobre áreas protegidas es todavía insuficiente, está dispersa y no se encuentra enfocada a aspectos críticos del manejo. Pocas áreas protegidas a nivel continental (Cuyabeno, Machalilla, Podocarpus, Sangay) han sistematizado la información existente (Iturralde & Josse, 2000). No existe un documento actualizado que identifique y señale los vacíos de información en las áreas protegidas del SNAP. Algunas universidades y escuelas politécnicas han consolidado su capacidad investigativa y han focalizado su accionar primordialmente hacia áreas protegidas. Tomando como información el Directorio de Instituciones, Proyectos y Especialistas en Biodiversidad del Ecuador, los principales centros de investigación que efectúan estudios relacionadas con áreas protegidas son: • El Departamento de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional. • El Departamento de Ciencias Biológica de la PUCE, incluyendo su Herbario y Museo de Zoología. • El Instituto de Ecología Aplicada (Ecolap) del Colegio de Ciencias Ambientales de la USFQ. • La Escuela de Biología de la Universidad Central. • La Escuela de Biología del Medio Ambiente de la Universidad del Azuay. • La Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Técnica Particular de Loja. • La Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil.

91

• • • •

El Herbario Nacional del Ecuador. El Herbario de la Universidad Nacional de Loja; El Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, y, la Escuela Politécnica del Litoral.

Según el Directorio mencionado la cobertura geográfica es equilibrada, no así la ubicación de las sedes, la mayoría de las cuales se encuentran en Quito (Buitrón & Flores. 1999). En la mayoría de los documentos relativos al conocimiento de la biodiversidad en el país, aplicables al tema de las áreas protegidas, se menciona que las causas raíz de la insuficiencia de conocimiento científico adecuado y enfocado a prioridades del manejo son la falta de tradición científica para orientar las investigaciones bajo un enfoque ecosistémico y el escaso apoyo económico, oportuno y continuo, a la investigación científica. En este sentido, se indica que el Ecuador, conjuntamente con Honduras, Nicaragua y el Salvador, en el ámbito Latinoamericano son los países que menos invierten en investigación (Arriaga, L. 2001) Las pocas estaciones científicas existentes en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, particularmente la de la PUCE en el Parque Nacional Yasuní, la de la USFQ en la zona de influencia de este mismo parque, la de San Francisco cerca del Parque Nacional Podocarpus, la de la Universidad del Azuay en el Parque Nacional Cajas, la de Bilsa regentada por la Fundación Jatun Sacha, enfocan su accionar exclusivamente a las áreas protegidas mencionadas. Son comunes los problemas de financiamiento de estas estaciones científicas y determinados conflictos sociales por la presencia de grupos indígenas que reclama posesión de los terrenos donde están ubicadas las estaciones científicas. La estación científica del Departamento de Ciencias Biológicas que la PUCE mantuvo durante algunos años y que generó innumerables análisis sobre diversos aspectos ambientales en la Reserva Faunística del Cuyabeno, ha dejado de funcionar por carencia de fondos y por la influencia del Plan Colombia en esta región. Una de las más significativas estaciones de investigación es la que la Fundación Charles Darwin regenta en las Islas Galápagos. Conceptualmente, la investigación científica en el SNAP debería obedecer a los lineamientos para la investigación establecidos en, una primera escala al plan de manejo de cada área protegida, el cual define las prioridades de investigación y las medidas para su promoción, y en un segundo nivel a prioridades nacionales. Con excepción de la investigación desarrollada en el Parque Nacional Galápagos y Reserva Marina de Galápagos, las posibilidades de financiamiento y cooperación científica y técnica con fines de investigación para el SNAP continental es bastante mas limitada. La mayoría de investigaciones en áreas protegidas son específicas y centradas a temas ambientales, sociales o económicos. El país no ha promovido adecuadamente investigaciones interdisciplinarias con miras a mejorar la comprensión de las funciones ecológicas, sociales y económicas de las áreas protegidas. En menos del 25% de las ANP se han llevado a cabo pocos estudios e investigaciones en

92

colaboración entre científicos, comunidades indígenas y locales.

básicamente

investigadores

nacionales,

y

La aplicación de metodologías adecuadas que respalden la sistematización y valoración de los conocimientos tradicionales asociados al uso de los recursos de la biodiversidad sigue siendo una tarea pendiente en Ecuador, más aun considerando la diversidad cultural que caracteriza al país y el reconocimiento del conocimiento tradicional como derecho social y político (Ribadeneira Sarmiento M. 2007). En la práctica son pocas las experiencias exitosas en la relación entre el manejo de las AP y las nacionalidades indígenas y poblaciones afroecuatorianas. Cabe indicar que la mayoría de investigaciones e información con que cuentan las áreas protegidas ha sido producida en el proceso de declaratoria o para la elaboración de los Planes de Manejo. Una deficiencia en este campo es la falta de socialización y difusión de las investigaciones realizadas y la ausencia de control y seguimiento de la suscripción de convenios y proyectos de cooperación con instituciones científicas e investigadores nacionales e internacionales, considerando las prioridades establecidas en los planes de manejo, lo que en algunos casos ha ocasionado problemas como fuga de material genético y exportaciones de flora y fauna indebidas. El Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULA) define procedimientos administrativos para el otorgamiento de autorizaciones para investigación científica en áreas protegidas. El proceso de otorgamiento de permisos de investigación, cuando éstos se refieren a una sola área protegida, se encuentra desconcentrado y se tramita directamente en los Distritos Regionales del país.

4.6

PLANES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Los avances más representativos en este tema se han producido por el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible-Ecuador (PNBS-E). Esta iniciativa fue lanzada por la UNCTAD durante la tercera Conferencia de las Partes (COP III) del CDB, llevada a cabo en noviembre de 1996, en Argentina. El PNBS-E E, conformado por tres socios estratégicos: Ministerio del Ambiente, CORPEI y EcoCiencia, tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad de acuerdo con los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica, mediante la promoción del comercio y las inversiones que potencien el uso de estos recursos. Es decir, es un mecanismo que busca conciliar el alivio de la pobreza y la conservación de la biodiversidad, mediante modelos empresariales innovadores que fomentan el encadenamiento productivo en cadenas de valor especificas. En el Ecuador, la iniciativa Biocomercio, ha identificado potencialidades en agricultura y acuacultura sustentable, con diversas variantes; manejo forestal sustentable tendiente a la certificación en zonas de amortiguación de determinadas áreas protegidas; ecoturismo (identificación de mercados locales y nacionales especialmente para actividades como el aviturismo); uso de productos no maderables del bosque; servicios ambientales, diseño de artesanías, etc.

93

Actualmente se esta desarrollando el proyecto “Prácticas amigables con la biodiversidad en cultivos de cacao de variedad nacional” con asociaciones de productores de Guayas (UNOCACE y FEDECADE), de Esmeraldas (APROCANE) y de Sucumbíos (Aroma Amazónico); algunas de estas acciones se desarrollan en zonas de amortiguación de áreas protegidas como es el caso de la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno y en la Reserva Cotacachi Cayapas (Larrea, 2007). Existe una serie de potencialidades en diversos productos que han sido identificados por varias investigaciones, como: fibras naturales, gomas y resinas, zoo-criaderos, insectos, peces, etc., especias y condimentos, plantas medicinales, hierbas aromáticas e infusiones, te y bebidas, cosméticos naturales, colorantes naturales, extractos, aceites esenciales, grasas especiales, etc. Adicionalmente, con el Proyecto de “Facilitación de financiamiento para negocios de biodiversidad y apoyo al desarrollo de actividades del mercado en la Región Andina” se trabajará más fuertemente en las zonas de amortiguamiento de áreas de la amazonía y costa ecuatoriana con productos forestales no maderables y turismo sostenible (L. Jaramillo, com. pers.) Adicionalmente, el Programa Bolsa Amazónica, que se ha ejecutado en los últimos años, ha intentado identificar y comercializar productos de la biodiversidad de este ecosistema que permitan generar réditos económicos para comunidades locales y que procuren una base social amplia. A grosso modo, las áreas protegidas generan el 60% del agua utilizada para la agricultura, especialmente riego, y el 50% del agua potable del país. El abastecimiento principal de agua de varias ciudades del país proviene de áreas protegidas; los ejemplo más significativos son: (i) las reservas Antisana y Cayambe Coca que suministran un alto porcentaje del agua potable a Quito y sus zonas periféricas; (ii) el Parque Nacional Cajas y otros bosques protectores como Mazán, que proporcionan agua para Cuenca; y, (iii) Loja se abastece del agua que se origina en el Parque Nacional Podocarpus. El siguiente cuadro indica las ciudades que reciben agua de áreas protegidas del SNAP (Pallares, 2007).

Ciudad

Población

Área protegida que provee el agua

Quito

2.000.000

Cuenca

400.000

Reservas Cayambe-Coca, Antisana, Pasochoa, Ilinizas y Parque Nacional Cotopaxi PN Cajas

Santo Domingo de los Colorados Ambato

200.000

Reserva Los Ilinizas

200.000

Parques Chimborazo y Llanganates

Riobamba Loja Tulcán Guaranda Cayambe Puyo

130.000 120.000 50.000 25.000 40.000 25.000

PN Chimborazo PN Podocarpus Reserva El Ángel PN Chimborazo Reserva Cayambe Coca PN Lllanganates

94

Tena Población Total

18.000 3.208.000

PN Lllanganates

Fuente: Pallares, 2007

Para conservar las cuencas hidrográficas y realizar un aprovechamiento del servicio ambiental agua, se han constituido fondos fiduciarios, como es el caso del Fondo del Agua FONAG. El FONAG creado en el año 2000, recibe aportes de la Empresa Municipal de Agua Potable de Quito EMAP-Q (1% de del pago sufragado por los usuarios de la ciudad en las planillas de agua), la Empresa Eléctrica Quito EEQ, Cervecería Andina, TNC y COSUDE. El FONAG lleva a cabo actividades de conservación y manejo de cuencas hídricas en las zonas abastecedoras de agua a Quito. Esto incluye el apoyo a 4 áreas protegidas, Cotopaxi, Antisana, CayambeCoca e Ilinizas, en actividades de control, concienciación pública, educación ambiental, entre otros. Actualmente el FONAG apoya con la contratación y equipamiento de 12 guardaparques que trabajan en algunas de estas áreas. Similar situación ocurre con ETAPA de Cuenca, la cual recibe una tasa de aproximadamente 5 centavos por m3 de agua a sus usuarios. ETAPA administra el Parque Nacional Cajas y ha adquirido el Bosque Protector Mazán; el Parque Nacional Cajas proporciona el 60 % de agua para Cuenca y sus centros poblados, almacena 52 millones de m3, generando una escorrentía anual de 6.6 millones de m3. El 60% del agua utilizada para generación de energía hidroeléctrica proviene de áreas protegidas, incluyendo un importante número de proyectos hidroeléctricos, tanto propuestos como en funcionamiento, por ejemplo, la Central Hidroeléctrica de Paute, San Francisco, Ecoluz (Pallares, 2007. MAE, 2007b). A continuación se mencionan los proyectos, la potencia en megavatios y el caudal de cada una de estas opciones de generación hidroeléctrica que se sustentan en las cuencas hidrográficas existentes en el SNAP.

Áreas Protegidas

Potencia en MW

Caudal total m3/s

Toachi-Pilaton (*) Las Juntas Alluriquín Yaquchaqui Santa Ana Guangazo Corazón Atenas Sarapullo

190 281

195

Reserva Ecológica Cayambe Coca Reserva Ecológica Antisana Parque Nacional Sumaco Napo Galeras

Coca Codo Sinclair I y II Cedroyacu

1.131

202

149,10

123

Reserva Ecológica Llanganates

Vereyacu Catachi Cedroyacu Jatunyacu Victoria Tisay Tigrillos Yagueturo Sucia Victoria

2.140

535

75

375

254

284

Reserva Ecológica Los Ilinizas

Parque Nacional Sangay

Proyectos

Sizaplaya Quijos 1 Due

Cosanga Misahualli Sigsicamba

Raura Tambo Puela II Chambo Cebadas

95

Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas

Parque Nacional Cajas

Cardenillo Sopladora Lligua Muyo Agoyan (*)

822

310

Paute (*)

1075

Hidroabanico (*)

29.76

5

156

Chontal Chirapi Santa Rosa Vacas Galin Intag Puniyacu

Negro Aguas Claras Pamplona Bellavista Bravo Grande

384,10

467

Villadora Mandariacu Saucay (*) Saymirin (*)

Tortuga Llurimaguas

727

935

24 14.4

(*) En funcionamiento Fuentes: CONELEC: Plan de electrificación 2006 – 2015 en Pallares, 2007.

En cuanto al marco regulatorio, las concesiones de los productos y servicios derivados de las áreas protegidas pueden apoyarse solamente en normas generales que no consideran las particularidades de las áreas, la relevancia de un servicio ambiental y, sobretodo, la relación entre el bien o servicio concesionado y el equilibrio en los ecosistemas del área protegida (Ribadeneira Sarmiento M. 2004).

4.7. USO PÚBLICO Y OTROS PLANES DEFINIDOS EN EL PAÍS Turismo en áreas protegidas Las áreas declaradas protegidas por el estado en la mayoría de casos han sido creadas con el objeto de proteger biodiversidad, o especies en peligro o su extraordinaria belleza escénica. Las presiones sobre el presupuesto gubernamental, las tendencias mundiales hacia la globalización, los esquemas de descentralización y desconcentración del país, y una mayor participación de la sociedad civil han producido cambios significativos en la administración y manejo de áreas protegidas. Estos cambios se han manifestado principalmente en 2 sentidos: se espera que las áreas protegidas generen una buena parte de los fondos necesarios para su propio manejo y diversas organizaciones públicas y privadas se han involucrado en el manejo y conservación de las áreas protegidas, ya sea apoyando a los organismos gubernamentales a cargo de las áreas o a través del manejo directo de áreas protegidas particulares. (Drumm & Moore, 2002). Según registros del año 2005, ingresaron 430.000 visitantes a las áreas protegidas del PANE. Siete áreas protegidas (los parques nacionales Podocarpus, Cajas, Cotopaxi y Machalilla, y las reservas Cotacachi Cayapas, Cuyabeno, y Cayambe Coca) recibieron el 79,73% de la visitación total del SNAP continental. (Rodríguez et al. 2007). El crecimiento promedio anual para los años 2001 al 2005 en la visitación extranjera de estas 7 áreas fue de apenas el 5,83%, un crecimiento bajo en comparación con el del PN Galápagos (con un crecimiento de 10,08% para

96

visitantes extranjeros durante estos años) o con el de los arribos internacionales del Ecuador (7,67% de crecimiento promedio anual) en el mismo periodo. En el 2006, un total de 484.714 turistas visitaron diversas áreas protegidas continentales, de los cuales 200.778 fueron extranjeros (41,42%) y 283.936 nacionales (58,58%). Los turistas extranjeros representan el 23,87% del total de visitantes que ingresaron al país en ese año (DNBAPVS, 2007). El turismo en áreas protegidas es una actividad que genera beneficios para la conservación, la empresa privada y las comunidades locales, pero también puede convertirse en una amenaza a la conservación de los mismos sitios generadores de estos beneficios y para las comunidades locales (Rodríguez et al., 2007). Componentes mínimos para el manejo de turismo en el SNAP El estudio “Valoración del Turismo en 7 áreas protegidas del SNAP continental” (Rodríguez et al., 2007), determinó que el gasto corriente y de inversión para el manejo turístico dentro del SNAP -con excepciones particulares- tiene brechas significativas en los componentes mínimos de manejo, por ejemplo: Monitoreo y minimización de impactos ambientales, a pesar de ser un elemento crítico para el manejo de turismo en áreas naturales, no aparece como un rubro específico en la mayoría de los planes operativos anuales. Metodologías inapropiadas de manejo de visitantes (como capacidad de carga) están incorporadas en los planes de manejo de todas las áreas, en vez de metodologías de manejo flexible de visitantes como LAC (Límites de Cambio Aceptable, por sus siglas en inglés). Planta, servicios e infraestructura, la situación de la planta turística en infraestructura, así como las actividades y servicios ofrecidos al visitante en la mayoría de las áreas del estudio es crítica. La falta de planta física en algunos sitios (por ejemplo senderos) ocasiona serios impactos en el ambiente (erosión, destrucción de la vegetación, etc.). Información, interpretación y promoción, con contadas excepciones, las áreas protegidas no invierten en promoción ni en información al visitante. Pocas áreas hacen énfasis en interpretación. Con ciertas excepciones, los centros de interpretación dispuestos en las áreas no son adecuadamente mantenidos, se encuentran en mal estado o poseen material interpretativo inadecuado. Seguridad, categoría crítica en las áreas del estudio. Robos y asaltos a visitantes han ocurrido en varias áreas y los guardaparques se ven limitados por no tener capacidad para hacer frente a esta amenaza. En algunas áreas se ha solicitado la cooperación de la Policía Nacional. Sueldos, capacitación y gestión, no existe una diferenciación en los montos destinados a los sueldos de guardaparques de lo que es control y vigilancia de lo que es manejo turístico. El turismo distrae en muchos casos a los guardaparques de

97

sus actividades principales y ocupan gran parte de su tiempo cobrando entradas, controlando turistas, limpiando servicios higiénicos o incluso guiando.

Fuente: Rodríguez et al. 2007.

En cuanto a centros de turismo comunitario que operan en áreas protegidas del Ecuador, los resultados del I Taller Nacional sobre Gestión del Turismo Sostenible en Áreas Protegidas: Experiencias analizadas por los Actores Sociales, desarrollado en Agua Blanca a mediados de septiembre de 2006, identificó al menos 17 iniciativas significativas desarrolladas por la Federación de Turismo Comunitario del Ecuador. ÁREA PROTEGIDA Parque Nacional Yasuní Parque Nacional LLanganates Parque Nacional Machalilla Parque Nacional Sangay Parque Nacional Sumaco Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje Reserva Ecológica Estuario Río Muisne. Reserva Ecológica Cayambe Coca Reserva Ecológica Los Ilinizas Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón Reserva Faunística Cuyabeno Reserva Faunística del Chimborazo Reserva Geobotánica Pululahua

COMUNIDAD FEPTCE Pavacachi Talag Agua Blanca Salango AGIP (Guargualla) Gran Sumaco Manduriacos San Miguel RUNATUPARI FUNDECOL Oyacachi Pastocalle Isla Corazón Nacionalidad Siona Casa Condor Razu Ñan Yungilla

Fuente: Villamil, 2007.

Lamentablemente, en el país no existe una relación adecuada entre lo que un área protegida genera para el sistema y la reinversión destinada para el manejo del turismo en la misma área. Según el estudio “Valoración Económica del Turismo en el SNAP continental” (Rodríguez et al. 2007), para el 2005 la generación de ingresos por turismo en 7 áreas protegidas fue de US$ 846,508.75 mientras que la reinversión para las mismas áreas fue de US$ 250,199 (incluyendo sueldos de guardaparques). La reinversión ni siquiera cubre un umbral mínimo que garantice la sostenibilidad de las áreas protegidas 49. Para alcanzar este umbral se requiere aumentar este gasto corriente anual a US$ 585,000 -una brecha anual de US$ 335,000- (Rodríguez et al. 2007).

49

Umbral de sustentabilidad se define como los requerimientos necesarios para que la operación turística en las áreas no amenace el capital natural, brindando una experiencia positiva y segura al visitante, evitando impactos culturales negativos por medio de un manejo eficiente.

98

Los mecanismos de generación de ingresos en el SNAP continental no están fundamentados en una base técnica que corresponda a los costos reales de manejo turístico ni a la disposición de pago de los visitantes. El SNAP está perdiendo importantes ingresos por no aplicar tarifas establecidas de manera técnica así como por la falta de facilidades para adquirir las mismas –incluyendo el uso de herramientas tecnológicas como ventas por Internet- y limitaciones en los mecanismos para una recaudación efectiva (por ejemplo tercerización para el cobro de entradas), estos factores están ligados a la falta de un marco legal operativo para solventar estas limitaciones (Rodríguez et al. 2007). Tampoco hay claridad en cuanto al marco legal que facilitaría la optimización de los ingresos generados por servicios turísticos complementarios compatibles con los objetivos de manejo (Rodríguez et al. 2007). Como se mencionó en capítulos anteriores, el Ecuador posee un amplio y a veces contradictorio cuerpo legal que influye en la conservación de la biodiversidad del país (Kernan y Stern, 2006). En cuanto a turismo, nacional existen inconsistencias e inclusive contradicciones en la aplicación de políticas y estrategias. Por ejemplo el Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Turismo (Enero 2004) y el Reglamento Especial de Turismo en Áreas Protegidas (Agosto 2002) no son consistentes. Esto ha producido en contradicciones entre los alcances del MAE y el MINTUR para el manejo del turismo en áreas protegidas, deviniendo en la generación de reglas y requerimientos confusos que desmotivan al sector privado a operar legalmente. Adicionalmente, las regulaciones respecto a las licencias y patentes de operación en áreas protegidas no se encuentran bien establecidas, al igual que las condiciones para los guías que trabajan fuera y dentro de las áreas protegidas (Fries et al., 2006). Por las razones mencionadas y por falta de decisión política, no se han dado concesiones en las áreas protegidas, con excepción de una otorgada para el funcionamiento exclusivo de NEOTROPIC, una empresa turística en la zona de lagunas de Cuyabeno en la Amazonia del Ecuador. En los últimos años, con el apoyo del Proyecto SNAP GEF se ha desarrollado un análisis técnico-jurídico relativo a la viabilidad de la concesión de infraestructura turística en áreas protegidas, específicamente el caso de la infraestructura existente en el Área Nacional de Recreación El Boliche. Actualmente, se está desarrollando el proyecto de turismo sostenible de la Alianza Global para el Turismo Sostenible (GSTA, por sus siglas en inglés) determinadas áreas protegidas, específicamente para los parques nacionales Machalilla y Cotopaxi, las reservas Manglares Churute, Chimborazo, el límite oriental de la Reserva Ecológica Cayambe Coca, la zona alta de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, y el corredor turístico a lo largo del río Napo entre la Reserva Faunística Cuyabeno y el Parque Nacional Yasuní. La Alianza Global es un proyecto financiado por el Economic Growth, Agriculture, and Trade Bureau: Natural Resources Management Office de USAID. Los servicios técnicos para el GSTA han sido provistos por la Academy for Educational Development en conjunto con un

99

consorcio de organizaciones socias de la Alianza, que incluye a TNC, entidad encargada de la coordinación del Proyecto. Este programa pretende apartarse de los esfuerzos tradicionales basados en proyectos que han tenido impactos significativos, pero a escala limitada, y asumir un enfoque más integrador, transformador y sistémico hacia el desarrollo y expansión del turismo sostenible en y alrededor de las áreas protegidas del Ecuador. Adicionalmente se espera que este programa desempeñará un papel fundamental para ayudar a manejar y conservar mejor la base de biodiversidad y los recursos naturales del Ecuador; catalizar el desarrollo de la fuerza laboral y generar oportunidades de empleo para los ecuatorianos en zonas rurales; atraer y estimular inversiones en el sector y promocionar el patrimonio natural del país a visitantes internacionales y nacionales. El Anexo 5 indica las estadísticas respecto al número de visitantes a las áreas del PANE desde 1995 hasta el 2005. La Educación Ambiental en Áreas Protegidas Los programas de uso público de un área protegida incluyen todas las actividades educativas y recreativas dirigidas a los visitantes y pobladores de las zonas aledañas al área. Están orientados a difundir y promocionar los aspectos sobresalientes de la misma a través de varios medios de comunicación y se encargan de establecer contacto con otras organizaciones que puedan colaborar con el programa y el área en su totalidad. El desarrollo del uso público de las áreas protegidas en el Ecuador continental a diferencia de Galápagos, pese a haber sido concebido legalmente desde la creación del Patrimonio de Áreas Naturales, ha sido más bien improvisado y se ha dado como una respuesta a la presión de los visitantes para conocer y utilizar las áreas protegidas. La Codificación de la Ley Forestal no es clara en este tema, especialmente con relación a los tipos de uso y a los objetivos de conservación de acuerdo a las diferentes categorías de manejo estipuladas en el Patrimonio, siendo evidentes por ejemplo el uso de las palabras “educación y cultura”, “recreación controlada” y “recreación limitada”, que pueden ser entendidas como sinónimos, como modo de clarificar los tipos de usos aplicables a cada categoría. De entre todas las posibilidades de uso que ofrecen los Programas de Uso Público, el turismo es sin duda la actividad que mueve a la mayor cantidad de visitantes e intereses de visitación a las áreas protegidas, si bien las actividades de interpretación ambiental son en algunos casos combinadas con la primera como parte de la oferta informativa/educativa del área. La educación ambiental en cambio, en la mayoría de áreas se maneja como un programa o proyecto independiente orientado a la educación y sensibilización de audiencias

100

determinadas en la zona de amortiguamiento o influencia de las áreas, sin que sus beneficiarios sean considerados turistas. La otra diferencia entre estas dos actividades radica en que los beneficiarios de los programas de educación ambiental, generalmente son subvencionados en alguna medida por la propia área o el proyecto mediante el cual se ejecuta; factor que les permite visitar el área normalmente por más de una ocasión y/o permite que los funcionarios del área se desplacen a centros educativos o visiten frecuentemente a otros grupos organizados en los poblados cercanos. La educación ambiental en las áreas protegidas se han llevado a la práctica más como actividades individuales y derivadas de un proyecto que como un programa permanente, si bien muchas áreas se han esforzado por mantener un trabajo más o menos permanentes con escuelas y colegios de las comunidades locales. El apoyo de ONG y organismos de la cooperación internacional ha sido importante especialmente el Cuerpo de Paz en la implementación del Programa Móvil de Educación Ambiental del Parque Nacional Sangay a principios de los 90, el Programa Educar para Conservar elaborado por el Centro de Educación y Promoción Popular CEPP y financiado por la Fundación Natura, el cual diseñó un conjunto de materiales educativos agrupados en un baúl didáctico en versión piloto para los parques nacionales Machalilla, Podocarpus y Sangay y las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas, y Cayambe-Coca. Desafortunadamente esta iniciativa no tuvo continuidad y no llegaron a concretar su objetivo en las áreas. Recientemente, la GTZ desarrolló un interesante programa educativo-bilingue orientado a las escuelas aledañas a la Reserva Ecológica Sumaco-Napo-Galeras. Además el apoyo de organizaciones como Fundación Arco Iris, Fundación Natura, Centro de Datos para la Conservación CDC-Ecuador, Fundación Rumicocha, Fundación EcoCiencia y el financiamiento y apoyo técnico de la USAID, TNC y el Servicio Alemán de Cooperación Técnica permitió el desarrollo de importantes iniciativas educativas en las áreas y la capacitación de personal de algunas áreas en temas de educación ambiental. El Ministerio de Educación y Cultura desarrolló el Plan Estratégico 2007-2016 de Educación para el Desarrollo Sostenible, en el cual se incorporan elementos que hacen directa referencia a las áreas protegidas del país. De igual manera, en la reforma curricular se ha incorporado la materia Educación Ambiental y determinados aspectos sobre la conservación de la biodiversidad y recursos naturales, elementos que hace 10 años que antes no existían.

101

CAPITULO 5 5

SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE ÁREAS PROTEGIDAS

5.1. VALORACION DE BIENES NATURALES PROTEGIDAS

Y

SERVICIOS

DE

LAS

ÁREAS

El Ecuador no cuenta con un sistema oficial de valoración de bienes y servicios de las áreas naturales protegidas. Actualmente, el MAE con el financiamiento del Proyecto SNAP-GEF, está ejecutando un estudio de valoración económica de los bienes y servicios del PANE, como parte de los productos de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SNAP. Este análisis, sumado a otros estudios existentes de turismo y pobreza (Lascano, et al., 2007. Rodríguez et al., 2007)., aportarán con sus resultados a la promoción y el reconocimiento de la importancia del Patrimonio de Áreas Naturales para la economía local, regional y nacional. Los resultados más relevantes obtenidos de algunas de las investigaciones realizadas sobre valoración de bienes y servicios del PANE incluyen: a. Las áreas naturales protegidas ofrecen oportunidades para la recreación y el desarrollo del turismo responsable, que actualmente representa la cuarta fuente de ingresos para el país. La actividad turística en el Ecuador depende en un 44.6% de la visita a áreas naturales y la observación de flora y fauna silvestres, el resto se reparte entre visita a familiares, sitios históricos, compras y otros (Lascano, 2007). En promedio, un turista extranjero permanece en el país dos semanas, gastando alrededor de US$ 80 diarios (Villacrés, 2005). Esta dinámica genera recursos tanto en las empresas turísticas como en las comunidades locales que aportan con bienes y servicios en la cadena de valor (MAE, 2007b). b. Como se mencionó en el acápite 4.6 de este documento, El 60% del agua para generación de energía hidroeléctrica y para agricultura provienen de áreas del PANE (Pallares, 2007), al igual que un 50% del agua para consumo humano. Por ejemplo: dos millones de personas que viven en Quito, sus industrias y áreas de riego, consumen alrededor de 4.5 billones de galones de agua al mes (Randi Randi, 2007), mucha de esta agua proviene de dos reservas cercanas al ciudad, Antisana y Cayambe Coca. c. Otros beneficios que brindan a la sociedad las áreas protegidas son la regulación del clima y la protección contra tormentas. Las áreas protegidas de reservas como Manglares Churute, Manglares Cayapas Mataje y Manglares El Salado, cumplen un rol fundamental para la protección del ecosistema manglar, lo cual permite mantener una barrera natural contra las tormentas, además de una fuente de alimento y empleo para la subsistencia de las comunidades. Por

102

causa del Fenómeno del Niño, en el periodo 1997-1998, se produjeron daños por US$ 2,882 millones (14.5% PIB año 1998), por la ausencia de esta barrera natural (MSP, 1999). d. Con respecto al control de inundaciones y de sedimentos, por ejemplo, la Reserva Ecológica Arenillas genera un beneficio de US$ 3.5 por m3 de agua, debido al ahorro en el costo del dragado del Río Arenillas para el uso comercial del mismo (Rivadeneira y Galárraga, sn). e. En el Ecuador, 227,986 personas (54,153 hogares) viven dentro o en los límites de las áreas protegidas del SNAP. Estas familias dependen directamente de los recursos existentes en las áreas protegidas o en sus zonas de amortiguamiento para su subsistencia y para el mantenimiento de sus modos de vida tradicionales. Estas poblaciones están bajo la línea de pobreza nacional (Lascano, 2007). El estudio de Lascano (2007), concluye que las poblaciones locales están utilizando directamente los recursos de las áreas protegidas para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, especialmente en la provisión de alimentos y de plantas medicinales. Estos beneficios, aunque varían por región, en promedio benefician a cada familia en US$ 127 mensuales. El valor es mayor para las familias que están en la región Sierra (US$ 200 promedio al mes) y menor para la región Costa (US$ 83.3). En promedio estos valores representan el 60% del ingreso familiar. En la región Sierra, la extracción de recursos naturales equivale a un 80% del valor total. El siguiente cuadro indica los componentes del aporte de las áreas protegidas y sus zonas aledañas al ingreso familiar:

103

Participación de los Componentes del Aporte de las AP en la Valoración Económica Obtención de recursos de la zona para consumo Uso de recursos en construcción en vivienda Uso de recursos para fabricación de artículos de hogar

Oriente

Uso de recursos en fabricación medios de transporte Uso de leña proveniente de la zona Uso de agua proveniente de la zona

Costa Ingreso por actvidades de procesos extractivos de RRNN al interior de la zona Ingreso familiar en actividades de turismo en la zona Ingreso familiar por venta de animales silvestres

Sierra

Ingreso familiar por actividades relacionadas a la convservación Ingreso familiar por la elaboración y venta de productos no maderables

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Lascano et. al., 2007.

El citado estudio menciona que de los hogares encuestados, el 84% en la Sierra, 62% en la Costa y 88.9% en el Oriente utilizan diversos recursos de la biodiversidad para la construcción de las viviendas, valorado entre US$ 2.462 a US$ 5.063. Considerando las categorías de las áreas protegidas y sus restricciones de manejo, el empleo de mano de obra para actividades relacionadas a la conservación o turismo es baja en comparación a la mano de obra empleada por actividades extractivas que presionan a las áreas protegidas. Por ejemplo, solamente entre el 5 y 7% de los hogares tiene una persona empleada en actividades de turismo y entre 5 y 6% de las familias reciben ingresos de la venta de productos no maderables. Estas actividades representan potencialidades para el desarrollo de proyectos productivos sustentables que apoyen a las familias que aportan en promedio con alrededor de US $80 al mes (Lascano, 2007). No se ha trabajado en resolver los problemas de tenencia de la tierra; hasta un 62% de las familias no tienen una seguridad de la tierra en la región oriental. Sin embargo, se resalta el hecho de que un 68% de las familias encuestadas consideren que al estar en un área protegida no le genera pobreza. Además, el estudio señala que las áreas protegidas generan múltiples beneficios especialmente para las comunidades locales, estos beneficios son extensos que difieren de acuerdo a las regiones naturales del país. Por ejemplo: en la Sierra las comunidades locales duplican los ingresos que obtienen los hogares en comparación con las otras dos regiones del país, las familias en la Sierra reciben al año un promedio de US$ 2,400, mientras que

104

en la costa reciben en promedio US$ 1,200 al año. Otro importante dato de este estudio es que en la Sierra estos valores dependen en gran medida (80%) de la extracción de recursos naturales en comparación de lo que este rubro genera en la Costa (45%). Además, en la Sierra la contribución es mayoritariamente monetaria representando el 90% del total, en la el 60% y en el Oriente el 45%. Se debe resaltar, que dichos ingresos en la Sierra dependen en gran medida de la extracción de recursos naturales (80%), en comparación con la costa (45%). Además, en la Sierra la contribución es mayoritariamente monetaria (90%) a comparación del 60% en la Costa y del 45% en el Oriente. Varios centros académicos y especialistas, han desarrollado estudios puntuales y aproximaciones conceptuales de determinados servicios ecológicos que brindan las áreas protegidas, de ciertas especies promisorias y de actividades económicas. Una visión general de los beneficios que brindan las áreas protegidas y su biodiversidad, al igual que propuestas de instrumentos de valoración económica han sido hechos por Rosero (1991, 1995), Vogel (1995a, 1995b, 1996, 2000), Southgate (1997) entre los más importantes. Un caso concreto de los ingresos locales por turismo en la Reserva Cuyabeno ha sido expuesto por Wunder y Calvin (1996). Adicionalmente, TNC elaboró el estudio Valoración Económica del Turismo en ocho sitios de visitación de siete áreas protegidas (Rodríguez, 2007). El análisis de los impactos de actividades económicas en la biodiversidad de diversas áreas protegidas y sus zonas aledañas han sido llevados a cabo por Acosta (1994), quien calculó los costos de la pérdida de la biodiversidad causada por impactos petroleros en Cuyabeno; por Luzuriaga (1993) en relación con actividades mineras en cuatro áreas protegidas, y por Southgate et. al., (1991) considerando la pérdida de recursos naturales producida por la deforestación. Estudios de valoración económica y comercialización de recursos florísticos han sido desarrollados para varios sitios específicos dentro de áreas protegidas, los más significativos fueron desarrollados por Alarcón et al. (1994), Benneth et al. (1994). Los recursos faunísticos han sido valorados por Figueroa (1995). El Proyecto Protección de la Biodiversidad INEFAN / GEF, realizó estudios de valoración preliminar, ecológica, económica socio-cultural y científica de los bienes y servicios de las áreas protegidas (Rosero, 1998a), con valores de mercado, que pretendían derivar en el mejoramiento o creación de tasas y tarifas o nuevos recursos para el SNAP. Adicionalmente, se desarrolló un análisis de los bienes y servicios del ecosistema manglar (Rosero, 1998). En relación con los bienes ambientales de las áreas protegidas, TNC ha ejecutado estudios de valoración del recurso hídrico que la Reserva Antisana puede generar en beneficio de la ciudad de Quito (Echavarría, 1999, 2001, 2004). Otros análisis incluyen:

105

Proyectos de servicios ambientales en áreas protegidas Nombre del Proyecto FONAG

Manejo de recursos hídricos en el Cantón Cuenca Pago por servicios ambientales en la Asociación Nueva América EcoFondo Podocarpus Pago por servicios ambientales en provincia del Carchi

Área protegida PN Cotopaxi, RE Cayambe Coca, RE Antisana Bosque Mazán y Parque Nacional Cajas

EMAP-Q,

Pichincha

Sierra

Organización ejecutora 1 FONAG

Cuenca

Azuay

Sierra

ETAPA

Comunidad de Nueva América

Pimampiro

Imbabura

Sierra

Municipio de Pimampiro

Loja y Zamora Chinchipe Carchi

Sierra y Oriente

Arco Iris

Sierra

Consejo Provincial del Carchi

Parque Nacional Podocarpus PN El Ángel

Demanda

Provincia

Región

Fuente: EcoCiencia ,2004 Elaboración: M. Albán

Algunas investigaciones sobre servicios ambientales en áreas protegidas y sus zonas de influencia han sido hechas como tesis de grado y postgrado por especialistas en economía ambiental, por ejemplo relacionadas al recurso agua (Sisalema, 2002), (Encalada, 2006); turismo (García, 2001), (López, 2001); carbono evitado (Aguirre, 2003), (Bastidas, 2003), (Yánez, 2004), entre otros. Mientras que, desde la visión de la economía ecológica, se han realizado valoraciones físicas de flujos de materiales y energía (Falconí, 2000), Vallejo (2006), entre otros. En este sentido, podemos apreciar que el Ecuador cuenta con varios estudios que refieren la valoración económica de sitios dentro de áreas protegidas y/o de bienes y servicios ecológicos específicos; y no es sino a partir del 2006 en donde se ha evidenciado la necesidad de contar con un sistema de valoración económica de los bienes y servicios, que se encuentra en proceso de construcción en la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SNAP.

5.2. ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS La estructura del gasto del gobierno central se ha concentrado en gasto corriente, con casi el 60% del gasto total, siendo el rubro remuneraciones la tercera parte del total del gasto público en el Ecuador, (Gutiérrez y Jiménez: 2005). Para el caso concreto de las áreas naturales protegidas, el Análisis de las Necesidades de Financiamiento del SNAP (MAE, 2005), muestra que cerca de un 90% de los recursos financieros en el año 2003 estaba destinado a gastos de personal.

106

De manera comparativa, en 1999 existían 26 áreas protegidas y el personal encargado de la administración del PANE sumaba 313 personas: 261 funcionarios permanentes del Gobierno Central y 52 contratados a través de organismos de apoyo (la mayoría guardaparques). Además cuatro funcionarios públicos estaban a cargo de la administración de la vida silvestre a escala nacional (Valarezo et al. 1999). En el año 2003, un total de 277 personas, entre oficiales de conservación o técnicos, guardaparques (cuya denominación administrativa actual es auxiliar de servicios) y responsables o jefes de área, trabajaban en las áreas continentales del PANE. De este total, 158 eran contratadas por el MAE y 119 se financian con recursos de proyectos y de la cooperación. En las áreas protegidas de Galápagos, laboraban 306 personas, de las cuales tan solo el 30% eran funcionarios del Ministerio del Ambiente (MAE, 2005). El área con más personal era la Reserva Ecológica Cayambe - Coca con 34 personas, seguida por el Parque Nacional Cajas con 22 personas. Adicionalmente, cinco áreas protegidas (Reserva Faunística Manglares El Salado, Parque El Cóndor, Área Nacional de Recreación Parque Lago, Refugio de Vida Silvestre La Chiquita, Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas) no tenían personal asignado. Cabe mencionar que no se ha asignado personal a las áreas creadas posteriormente al estudio mencionado, la Reserva Biológica El Quimi y el Refugio de Vida Silvestre El Zarza. El número de personal existente en las áreas protegidas continentales del Ecuador en el año 2003 y la superficie que cada persona debía controlar se muestra en el siguiente cuadro. ÁREA NATURAL

1.

Parque Nacional Cajas

SUPERFICIE Terrestre ha 28.544

Marina ha 0

Total ha 28.808

PERSONAL

Ha / persona

22

1,309

0

33.393

11

3.036

2.

Parque Nacional Cotopaxi

33.393

3.

Parque Nacional Galápagos

693.700

0

693.700

4.

Parque Nacional Llanganates

219.707

0

219.707

5

43.941

5.

Parque Nacional Machalilla

41.754

14.430

56.184

13

4.322

6.

Parque Nacional Podocarpus

146. 280

0

146. 280

17

8.605

7.

Parque Nacional Sangay

517.765

0

517.765

20

25.888

8.

Parque Nacional Sumaco

205 .249

0

205 .249

13

15.788

107

9.

Parque Nacional Yasuni

10. Parque Nacional El Cóndor

982 .000

0

982 .000

12

81.833

2 .440

0

2 .440

0

0

14´110.000

14´110.000

11. Reserva Marina De Galápagos 12. Reserva Biológica Limoncocha

4.613

0

4.613

3

1.538

13. Reserva Ecológica El Ángel

15.715

0

15.715

3

5.238

14. Reserva Ecológica Antisana

120.000

0

120.000

17

7.059

15. Reserva Ecológica Cayambe Coca 16. Reserva Ecológica Arenillas

403.103

0

403.103

34

11.856

17.082

0

17.082

1

17.082

17. Reserva Ecológica Manglares Churute 18. Reserva Ecológica Mache Chindul 19. Reserva Ecológica CofánBermejo 20. Reserva Ecológica. Cotacachi Cayapas 21. Reserva Ecológica Los Ilinizas

49.894

49.894

9

5,544

119.172

0

119.172

3

39.724

55.451

0

55.451

9

6.161

204.420

0

204.420

17

14.332

149 900

0

149 900

4

37.475

22. Reserva Ecológica Cayapas Mataje 23. Reserva Geobotánica Pululahua

51.300

0

51.300

12

4.275

3.383

0

3.383

5

677

24. Reserva Faunística Chimborazo

58.560

0

58.560

7

603.380

0

603.380

7

5.217

0

5.217

0

400

0

400

8

50

2.283

0

2.283

0

0

500

0

500

4

125

700

0

700

0

0

5

0

5

1

5

25. Reserva Faunística Cuyabeno 26. Reserva Faunística Manglares El Salado 27. Área Nacional de Recreación El Boliche 28. Área Nacional dDe Recreación Parque Lago 29. Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 30. Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón 31. Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara 32. Refugio de Vida Silvestre La Chiquita 33. Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Rio Muisne 34. Refugio De Vida Silvestre El Zarza 35. Reserva Biológica El Quimi

86.197

809

0

809

0

0

3.173

0

3.173

6

529

3.643

0

3.643

0

0

9.071,,20

0

9.071,,20

0

0

Fuente: MAE, 2005 Subtotal Superficie Terrestre SNAP Subtotal Superficie Marina SNAP SUPERFICIE TOTAL DEL SNAP TOTAL DE PERSONAL Mediana

4^792.088 14´124.430 18´916518,20 277 7

5.238

108

Las áreas amazónicas son las que tienen menor cantidad de personal en relación con su tamaño: Yasuní y Cuyabeno muestran cada persona es responsable del control de más de 80.000 ha, mientras que Llanganates, Mache - Chindul, Ilinizas y Sangay se encuentran en un rango entre 25.000 y 43.000 ha/persona. En promedio, en las áreas del PANE, cada persona debía controlar más de 5.238 has. Es evidente que una persona no puede cubrir superficies tan grandes. Según el estudio citado, se requiere de un guardaparque por cada 10 km de presión, es de esperarse que las áreas protegidas más amenazadas en el Ecuador requieran mayor cantidad de personal, ese es el caso de la Reserva Ecológica Cayambe Coca de 403.103 ha y ubicada entre las provincias de Imbabura, Pichincha, Napo y Sucumbíos al norte del país, que cuenta al momento con 34 personas pero que requeriría de 67 personas para su manejo básico 50. En determinadas áreas, esta crisis se hace más aguda al finiquitar proyectos como el de la Biorreserva del Cóndor, que por ejemplo en Antisana y Cayambe-Coca contrataba guardaparques para control y vigilancia, los cuales han quedado sin trabajo al no existir fondos alternativos a corto plazo que permitan continuar con las acciones de este Proyecto. En el caso del PANE, el Análisis de Necesidades (MAE, 2005) calculó que para cubrir los requerimientos del escenario básico se requieren 586 personas, mientras que el escenario integral consideraba 838 personas. En este sentido, los datos resultan alarmantes y es uno de los problemas estructurales a resolver para el adecuado manejo de las áreas protegidas personal. Para el año 2007, el número de guardaparques en Galápagos se mantiene, mientras que en el Patrimonio continental se ha incrementado, especialmente gracias al aporte diversas instituciones y proyectos, como es el caso del FAN, cuyo fondo de áreas protegidas (fap) contrata a 48 guardaparques repartidos en las 11 áreas a las que apoya, y el proyecto Corredor de Conservación Cóndor Kutukú (Moore) de esta entidad que contrata a 18 guardaparques, 10 laboran en el Parque Nacional Sangay y 8 en la zona baja del Parque Nacional Podocarpus. En las áreas de la Biorreserva del Cóndor, con financiamiento del Programa Parques en Peligro, se contrataron 37 guardaparques para las reservas ecológicas Cayambe Coca (12 guardaparques, de los cuales 6 laboraban en la zona alta y 6 en la zona baja), Antisana (15 guardaparques, 6 en la zona alta y 9 en la zona baja) y para el Parque Nacional Llanganates (10 guardaparques, 8 en la zona alta y 2 en la zona baja). Al terminar el programa mencionado en la Biorreserva, muchos de estos guardaparques han salido. Actualmente, para las áreas mencionadas se cuenta con 14 guardaparques comunitarios pagados por AGIP, EMAP-Q, ELEPCO y FONAG.

50

Manejo básico o escenario de manejo básico está orientado a identificar los requerimientos necesarios mínimos para el manejo y que se relaciona con dos programas: a) Administración, Control y Vigilancia, y b) Planificación Participativa (MAE, 2005).

109

Evolución histórica del personal en el Patrimonio de Áreas Naturales

5

Necesidades Escenario básico 51 15

Necesidades Escenario Integral 15

10

10

10

10

26

28

28

35

35

283

234

276

526

778

313

277

338

586

838

313

306 582

306 625

PERSONAL

1999

2003

2007

Coordinadores de áreas protegidas Líderes de Biodiversidad distritos regionales Responsables de áreas Protegidas Oficiales de conservación y guardaparques TOTAL AREAS CONTINENTALES Galápagos TOTAL PANE

4

5

Fuente: MAE, 2005, 2007. F. Ayllón, Com. pers. Elaborado por: M. Quishpe. Proyecto SNAP GEF, modificado R. Ulloa

El Plan Estratégico del SNAP (2007-2016) recomienda que la mayor parte del financiamiento requerido sea canalizado al fortalecimiento de la Autoridad Ambiental Nacional (89,97%); lo que implica, el aumento del personal que trabaja directamente en el SNAP, el mejoramiento de su equipamiento y de su infraestructura, así como del presupuesto requerido para hacer frente a las actividades operativas (MAE, 2006). Se debe destacar que las amenazas de las áreas protegidas, no pueden ser reducidas en su totalidad con un mayor número de personal. Existen múltiples amenazas como la deforestación en gran escala, el tráfico ilegal de vida silvestre y otros propios del sistema de producción-consumo actual. La sociedad en su conjunto debe considerar sus prioridades de desarrollo, a fin de colaborar junto con la Autoridad Ambiental Nacional en la conservación de la biodiversidad.

5.3

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

LA

El Ministerio del Ambiente (MAE) como Autoridad Ambiental Nacional, responsable de la planificación, manejo, desarrollo, administración, protección y control del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, ha desarrollado actividades de fortalecimiento de capacidades para la administración y manejo de las áreas protegidas. En especial, se ha dado énfasis a los procesos de capacitación, debido a que es necesario que los gestores y el personal de áreas protegidas cuenten con los conocimientos teórico-prácticos, aptitudes, capacidades e instrumentos necesarios para asegurar una gestión sostenible y eficiente de las áreas protegidas.

51

Estudio de Necesidades de Financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ministerio del Ambiente, 2005.

110

Considerando este objetivo, en los últimos diez años el sistema de formación más relevante, constituyó el Sistema de Educación y Capacitación (SEC), que correspondía a un programa de enseñanza para el personal del ex - INEFAN (Instituto Ecuatoriano Forestal de Áreas Naturales y Vida Silvestre) actual MAE y para actores sociales de comunidades, organizaciones no gubernamental (ONGs), Municipios y Consejos Provinciales que se encuentran en la zonas de influencia de las áreas protegidas. El SEC fue creado en 1999 con financiamiento de seis años del Proyecto Protección de la Biodiversidad INEFAN – GEF (Romo & Villegas, 2006). La oferta educativa del SEC se dio en tres niveles: a) escolar de Primaria con otorgamiento de certificado, b) prácticos en conservación de áreas protegidas (ciclo básico), y c) bachillerato técnico en Manejo de Recursos Naturales. En el año 2000 se firmó un convenio con el Ministerio de Educación para certificar los cursos dictados por el SEC. El número total de graduados, en tres promociones fue de 1,713 personas, el detalle, se indica en el siguiente cuadro: Número de estudiantes graduados a través del Sistema de Educación y Capacitación SEC

Promoción Primera Segunda Tercera

Período

1998 – 2000 2001 – 2003 2003 – 2005 (enero a julio)

Número de graduados 382 677 654

Fuente: J. Olmedo, 2006. Elaboración: F. López

El SEC-INEFAN incluyó actividades en 17 áreas naturales protegidas de las cuatro regiones del país. El hecho de haber incorporado como beneficiarios de la capacitación a personas de comunidades y gobiernos locales facilitó la vinculación de los actores locales a la conservación de las áreas protegidas (Consorcio EcoCiencia-CEPP, 1997). El número de estudiantes graduados a través del SEC por área protegida, se detalla a continuación:

Número de estudiantes graduados del SEC por área protegida

ÁREA PROTEGIDA

Parque Nacional Yasuní Parque Nacional Podocarpus Parque Nacional Machalilla Parque Nacional Sumaco Napo Galeras Parque Nacional Sangay Reserva Ecológica Cayapas Mataje

19982000 25 6 28 16

20002002 61 22 44 29

20032005 84 28 23 22

TOTAL

11 19

29 62

18 56

58 137

170 56 95 67

111

Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas Total

43

95

60

198 781

Fuente: J. Olmedo, 2006. Elaboración: F. López.

Otro grupo importante que se benefició del proyecto SEC fueron los funcionarios que ingresaron en la Carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental- Mención Áreas Protegidas, de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). Esta carrera se inició en la Modalidad a Distancia y estuvo integrada mayoritariamente por funcionarios del exINEFAN (existen registros de 32 funcionarios), de los cuales, siete han obtenido el título de Ingeniero en Gestión Ambiental, tres han egresado y uno aún está estudiando (MAE, 2007). Graduados del SEC en Ingeniería en Gestión Ambiental No

Área Protegida

Estatus

1 2 3 4 5 6 7

Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas

Ingeniero Ingeniero Egresado Ingeniero Egresado Ingeniero Ingeniero

Parque Nacional Sangay Parque Nacional Sumaco Napo Galeras

Año de graduación 2005 2006 2006 2005 2006

Fuente: SEC (1997) y UTPL (2006) Elaboración: Fausto López

Es necesario mencionar que algunos graduados en ingeniera ambiental a través de este sistema de formación en la actualidad trabajan como responsables de las áreas protegidas. De acuerdo a López (MAE, 2007), algunas de las causas que se podrían atribuir a esta altísima deserción son: el tipo de estudios ya que la modalidad a distancia en sí misma, requiere un gran esfuerzo debido a la necesidad de que los estudiantes se preparen sin la presencia de un docente; esta situación es más crítica cuando se retoma los estudios luego de un largo período de descanso, que fue el caso de los funcionarios del ex INEFAN. El tiempo disponible para los estudios y realización de las tareas no suficiente; la educación a distancia demanda un tiempo mínimo para los estudios, del cual posiblemente no disponían los guardaparques debido a sus propias funciones. Otro factor de deserción puede ser que las becas totales ofertadas a los estudiantes, sin ningún aporte de los funcionarios del INEFAN, podría devenir en un escaso compromiso Por situaciones político-administrativas el SEC dio por concluido su programa de educación en diciembre de 2005. En la actualidad, el MAE, a través del Proyecto GEF: Ecuador Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP-GEF), ha diseñado un “Programa de educación y capacitación para el personal del MAE que trabaja en el SNAP”. El programa, con

112

un costo total de US$ 780.000 incluye tres áreas: planificación, gestión ambiental y gestión financiera; su objetivo es fomentar el desarrollo de las capacidades institucionales del personal directivo, técnico, operativo y administrativo para el manejo y planificación de las nueve áreas protegidas seleccionadas. Este programa de capacitación y perfeccionamiento comenzó a implementarse en el 2007, con el cofinanciamiento de dicho proyecto con un aporte inicial de US$ 180.000. A diferencia del SEC, este programa de capacitación y perfeccionamiento se enfoca principalmente en el personal del Ministerio del Ambiente, puesto que es necesario fortalecer las capacidades institucionales de los responsables de la gestión en áreas protegidas, reforzando sus capacidades en varios aspectos como la facilitación, mediación y resolución de conflictos, la planificación participativa, el comanejo, la gestión financiera institucional, entre otros, buscando a través de ello elevar su eficiencia y compromiso. Para diseñar este programa se hizo un levantamiento de los requerimientos de capacitación en función de las oportunidades y amenazas que presentan las áreas protegidas. Estos requerimientos se incluyen en el siguiente cuadro:

Área Protegida Parque Nacional Yasuní

Áreas protegidas y capacitación requerida Amenazas

Actividad petrolera. Extracción de madera.

Oportunidad

Turismo ecológico y étnico.

Parque Nacional Podocarpus

Actividad minera. Extracción de madera. Incendios forestales y páramos. Cacería.

Agua potable, riego y electricidad. Educación ambiental.

Parque Nacional Machalilla

Expansión de la frontera agrícola. Extracción de madera. Vías. Ganadería. Extracción de madera. Vías.

Turismo. Educación ambiental.

Expansión de la frontera agrícola y ganadera. Extracción de madera. Incendios forestales y páramos. Cacería y pesca. Extracción de madera. Actividad petrolera. Colonización. Apertura de vías.

Agua para riego y electricidad. Turismo. Educación ambiental.

Parque Nacional Sumaco Napo Galeras Parque Nacional Sangay

Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno

Agua potable, riego y electricidad. Turismo.

Turismo ecológico y étnico.

Requerimientos de Capacitación

Monitoreo. Legislación. Manejo de conflictos. Educación ambiental. Impactos ambientales. Participación social. Monitoreo. Legislación. Manejo de conflictos. Educación ambiental. Proyectos comunitarios. Participación social. Impactos ambientales. Legislación. Manejo de conflictos. Educación ambiental. Proyectos comunitarios. Monitoreo. Legislación. Educación ambiental. Proyectos comunitarios. Monitoreo. Legislación. Manejo de conflictos. Educación ambiental. Proyectos comunitarios. Monitoreo. Legislación. Manejo de conflictos. Educación ambiental.

113

Deforestación comercial. Expansión de cultivos palma africana y de coco. Camaroneras. Pesca. Expansión de la frontera Reserva agropecuaria. Ecológica Extracción de madera. Mache Chindul Tenencia de la tierra. Actividad minera. Reserva Extracción de madera. Ecológica Incendios forestales. Cotacachi Agricultura. Cayapas Fuente: MAE & BirdLife (2006). Elaboración: F. López. Reserva Ecológica Cayapas Mataje

Turismo.

Turismo.

Agua potable, riego y electricidad. Turismo. Educación ambiental.

Impactos ambientales. Proyectos comunitarios. Legislación. Manejo de conflictos. Participación social. Proyectos comunitarios. Impactos ambientales. Monitoreo. Legislación. Manejo de conflictos. Proyectos comunitarios. Legislación. Manejo de conflictos. Educación e Interpretación ambiental.

Cabe destacar que de esta capacitación también se beneficiarán no solo los guardaparques que son parte de la nómina del Ministerio del Ambiente, sino también aquellos contratados por otras organizaciones que apoyan el trabajo que desarrolla la Autoridad Ambiental Nacional. En su mayoría, estas personas pertenecen a las comunidades que están dentro o en los alrededores de las áreas protegidas. Esta capacitación ha contemplado que dicha formación se realice considerando los lugares de trabajo y las necesidades del contexto de la gestión de las áreas protegidas. Adicionalmente, como parte del compromiso de los actores en el manejo de las áreas protegidas, a través de los Comités de Gestión del Parque Nacional Machalilla y de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, se ejecuta el Plan de Fortalecimiento de Capacidades a un grupo meta de más de 120 actores pertenecientes a comunidades, gobiernos seccionales, organizaciones de segundo grado, organizaciones no gubernamentales que se encuentran dentro y en la zona de amortiguamiento de las áreas protegidas señaladas. Los temas del plan corresponden a: legislación ambiental, liderazgo, gestión de proyectos y financiera, mediación de conflictos. Este apoyo a los actores vinculados con la gestión en áreas protegidas permitirá reforzar sus conocimientos y capacidades construyendo alianzas estratégicas que se traducirán en una participación y colaboración plena, fortaleciendo la confianza entre actores públicos y privados a nivel local. En el marco del proyecto Cuyabeno-Yasuní, se dictaron cursos de capacitación en sistemas de información geográfica (SIG), inspectoría de vida silvestre y evaluación de impactos ambientales producidos por actividades hidrocarburíferas para los guardaparques de la Reserva de Producción Faunística del Cuyabeno y del Parque Nacional Yasuní, durante el 2007.

114

5.4

APROPIACIONES PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO PARA LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Entre 1995 y el 2003, el gobierno central invirtió en promedio en el rubro ambiente cerca de US$ 27 millones al año (Gutiérrez y Jiménez: 2005). Otras estimaciones señalan que el gasto asignado a la temática ambiente en el año 2003 representó tan solo el 0,39% del presupuesto general de Estado, con una tendencia decreciente; en el 2005 fue en el orden del 0,30%, equivalente aproximadamente a US$ 22,03 millones (Coello & Encalada, 2006 en BID, 2007). El nivel de gasto ambiental ha oscilado entre el 0,03% en el 2003 y el 0,83% en 1998 52, respecto al PIB; en este sentido, se observa que no existe una tendencia clara en cuanto a las asignaciones.

Evolución del gasto ambiental 1995-2003 (millones de dólares)

En cuanto a la composición del gasto público ambiental, al nivel nacional (Gobierno Central) la mayor proporción del gasto se ha estado concentrado en tres rubros: a) gestión de desechos líquidos y de residuos; b) protección de biodiversidad, especialmente en lo correspondiente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y c) administración general del ambiente. En protección de la biodiversidad y áreas naturales se ha invertido un promedio de US$ 2.38 millones por año entre 1995 y 2003, aunque este promedio muestra una fuerte variación de la inversión de año a año; la inversión más alta fue en 1996, cuando se invirtieron US$ 7.55 millones asociados a créditos internacionales de fomento de la biodiversidad, mientras que en el año 2000 tuvo el nivel de inversión más bajo en materia de conservación de la biodiversidad, con apenas US$ 340.000, lo que refleja la ausencia de una política definida en un periodo de transición política (Gutiérrez y Jiménez: 2005). 52 Los años 1997 y 1998 son los de mayor inversión, sector petrolero (gastos de remediación y recuperación del crudo derramado; prevención de deslaves y terremotos; cf. Gutiérrez y Jiménez 2005:20).

115

Gasto público nacional ambiental Código 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8 9

Total

Categorías Protección del aire, clima y ambiente Gestión de desechos líquidos Gestión de residuos” Protección y remediación de suelos, aguas subterráneas y superficiales Reducción de la contaminación sonora y vibraciones Protección de la biodiversidad y áreas naturales Protección y rehabilitación de especies y hábitat Protección de áreas naturales y seminaturales Protección contra la radiación Protección del Medio Ambiente Transporte y tratamiento de desechos radioactivos Medidas, control, laboratorios, etc. Otras actividades Investigación y desarrollo Otras actividades ambientales 9.1 Administración y manejo general del medio ambiente 9.1.1 Administración general, regulación y control 9.2 Educación e información

1995

1996

1997

1998

Año 1999

2000

2001

2002

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.19 0.76

8.99 0.72

10.84 0.5

13.61 1.4

8.77 0.44

4.29 10.16

25.71 1.11

35,69 1.71

41,33 2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.14

7.55

0.70

0.85

0.46

0.34

1.31

2.58

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.83

0.49

0.70

0.00

0.00

0.70

0.85

0.46

0.34

0.48

2.09

1.79

0.80 0.00

0.80 0.00

0.68 0.00

0.72 0.00

0.42 0.00

0.32 0.00

0.51 0.00

0.77 0.00

0.95 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.68

0.72

0.42

0.32

0.51

0.77

0.95

0.00 0.00 022 0.13 0.13 0.09

0.00 0.00 0.43 0.32 0.32 0.11

0.00 0.00 2.24 2.16 2.16 0.08

0,00 0.00 1.79 1.72 1.72 0.07

0.00 0.00 2.22 2.17 2.17 0.05

0.00 0.00 1,04 1,01

0.00 0.00 10.99 10,94

10.03

10.94

0.00 0.00 10.70 10.62 10.62 0.07

0.00 0.00 9.29 9.20 9.20 0.10

15.12

18.50

14.96

18.37

12.32

16.14

51.45

56.18

0.04 39.63

Fuente: Subsecretaria de presupuestos, Ministerio de Economía y Finanzas, MEF.

Al analizar la dinámica presupuestaria del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), la conclusión es que las inversiones del Estado han sido marginales para mantener y asegurar las medidas más adecuadas y suficientes para conservar la biodiversidad. En el análisis del presupuesto para la implementación de la Estrategia Preliminar del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 1976-1986, estimado en US$ 7´595,301, se observa que el Estado asignó menos del 10% de lo presupuestado en el periodo. Lo mismo se evidencia al examinar el presupuesto del Plan Estratégico 1999-2009 estimado en US$ 110´505,333: la asignación estatal entre 1999 y 2006 no ha sobrepasado los diez millones de dólares, esto es, aproximadamente el 9.5% de lo programado hasta el 2009. Un análisis desarrollado por Suárez (2007) menciona que lo más importante del análisis de los indicadores presupuestarios resulta ser la imposibilidad de saber cuánto de ese gasto se destina a las áreas protegidas del PANE. La estructura administrativa y presupuestaria actual se basa en Distritos Regionales; es decir, las áreas protegidas no constituyen unidades administrativas y financieras independientes y el PANE, si bien es un concepto aceptado, no es una unidad ejecutora de gasto ni tomadora de decisiones.

116

En ese sentido, se hace imposible evidenciar algunos aspectos básicos a la hora de solicitar mayores asignaciones para las áreas protegidas: (i) cuánto va a áreas protegidas; (ii) cuál es la estructura de gasto dentro de cada área protegida; (iii) con qué criterios se aplica el principio de subsidiariedad; (iv) con qué indicadores se mide la calidad del gasto en términos de mejor manejo de las áreas protegidas; (v) cómo se cuantifican las necesidades de las áreas protegidas; (vi) cómo se garantiza el uso de los recursos en las áreas protegidas; entre otros muchos que pueden surgir.

5.4.1

El Financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (2003 y 2005) 53

Como parte del proceso de definir una “Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SNAP”, entre el 2004 y 2005 se llevó a cabo el Análisis de Necesidades de Financiamiento que analiza los requerimientos de 31 áreas continentales del PANE (MAE, 2005b) Una de las motivaciones para realizar este análisis fue la falta de información sobre el costo real de administración y manejo de las áreas protegidas del país. Esta carencia se convierte en una barrera que limita la capacidad para acceder a financiamiento sostenible en el largo plazo. El estudio cuantifico los recursos financieros del SNAP durante el año 2003. El principal desafío metodológico para el análisis consistió en la ausencia de herramientas esenciales de política, como un Plan Estratégico (recién terminado en el 2006), planes de manejo para la mayoría de áreas protegidas, e información financiera sistematizada sobre ingresos y gastos del Sistema. Para estimar las necesidades de financiamiento, se analizaron dos escenarios de manejo, el básico y el integral. El escenario de manejo básico incluye la implementación de dos programas: (1) Administración, Control y Vigilancia, y (2) Planificación Participativa. El escenario “integral”, implica la implementación de una amplia gama de actividades que garantizan el cumplimiento de los objetivos del área protegida en el largo plazo. Este escenario implica la implementación de los dos programas del escenario básico más tres adicionales: (3) Desarrollo Comunitario y Educación Ambiental, (4) Turismo y Recreación, e (5) Investigación, Manejo de Recursos Naturales y Monitoreo Ambiental. a) Resultados del Estudio de Necesidades de Financiamiento Para el año 2003, el financiamiento de las áreas protegidas continentales fue de US$ 2,602.300 que corresponden al 0,0003% del presupuesto total del Estado. El 83% del gasto del presupuesto para áreas protegidas (US$ 2´148,262) corresponde a salarios; el 8% corresponde a inversión (US$ 217,564), y el restante 9% (US$ 238,473) a rubros varios.

53

Este capítulo sintetiza los hallazgos del estudio “Análisis de las Necesidades de Financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas” (Ministerio del Ambiente, 2005).

117

9%

8% INVERSIÓN SALARIOS OTROS

83%

Grafico 1 Fuente: Análisis de las Necesidades de Financiamiento del SNAP. Ministerio del Ambiente, 2005

El inventario de bienes y equipos del Sistema asciende a US$ 5´848,196, de los cuales el SNAP continental posee solo el 27%. Esta diferencia entre las áreas protegidas de Galápagos y las continentales se puede explicar parcialmente por la alta capacidad de las áreas protegidas de Galápagos para generar ingresos; durante el año 2003 recaudaron 4.8 veces más recursos de autogestión que el total de las 31 áreas continentales. Los procesos de consolidación y fortalecimiento institucional de Galápagos se convierten en referentes importantes para todas las áreas del SNAP continental. Del total invertido en el 2003 en el SNAP continental, 35% fue financiado por recursos fiscales, 31% por ingresos generados por las áreas (la venta de patentes de operación turística y tarifas por ingreso de visitantes), 15% por aportes de donantes, cooperantes y organizaciones nacionales e internacionales, 10% por medio el ‘fondo de áreas protegidas’ (fap) que funciona en el Fondo Ambiental Nacional (FAN), y 9% a través de convenios con empresas privadas. El aporte de los ingresos de autogestión al financiamiento del Sistema es importante, si se considera que en el contexto internacional son pocas las áreas protegidas, inclusive los sistemas de áreas protegidas que demuestran capacidad de generación de recursos para su manejo. En conjunto, la inversión del Estado y los recursos generados por las áreas protegidas son una contraparte atractiva para nuevas inversiones por parte de otros actores, y es por tanto necesario al menos mantener este nivel actual de gasto, ya que reconoce el compromiso del Estado frente al funcionamiento del SNAP. En el año 2003, el SNAP recibió aportes directos de diversas fuentes por un total de US$ 2´705. 788. Las principales fuentes de financiamiento que ingresan directamente a las áreas para la implementación de actividades de manejo son:

118

Principales fuentes de financiamiento del PANE Recursos fiscales Recursos del presupuesto fiscal asignados a áreas protegidas, que implican el presupuesto total asignado sin considerar los ingresos de autogestión. Ingresos de Tasas por el uso de servicios que generan las áreas protegidas autogestión que se encuentran normadas en la legislación, por ejemplo: especies para ingreso de turismo, cobro de patentes para operaciones turísticas, cobros por permisos de investigación, filmación y otros. Fondo de áreas Capital patrimonial administrado por el Fondo Ambiental Nacional protegidas provenientes de cooperación internacional y canjes de deuda, que cubre los gastos corrientes a perpetuidad de un grupo de áreas protegidas. Convenios Pagos realizados por empresas privadas y organizaciones en compensación por la utilización de las áreas para ubicación de infraestructura y el desarrollo de proyectos, como por ejemplo: el convenio con EMAAP-Q por el uso de agua en la RECAY y Antisana y el convenio con CONELEC y AGIP, entre otros. Otros actores Aportes de donantes, cooperantes y organizaciones nacionales e internacionales, a través de donaciones y proyectos. Fuente: MAE, 2005.

Los ingresos por autogestión del SNAP provienen casi exclusivamente de la venta de patentes para operación turística y tarifas por ingreso de visitantes. En el año 2003 el 88% de los ingresos se generaron en 5 áreas protegidas (los parques nacionales Cotopaxi y Machalilla; y las reservas Cuyabeno, Chimborazo y CotacachiCayapas). De estas áreas, sólo Machalilla y Cotacachi Cayapas poseen bienes y equipamiento valorado en más de US$ 150,000, mientras que el valor de los inventarios de Chimborazo y Cotopaxi no sobrepasa de US$ 14´000. Estos valores repercuten en la calidad de los servicios que se ofrecen a los visitantes. En el otro extremo, 13 áreas no generaron ingresos por autogestión, mientras que seis áreas generaron menos de US$ 1,000. De mantenerse esta situación se puede inferir que el turismo no es una alternativa viable financieramente o de alto retorno para todas las áreas del Sistema.

12%

88% Grafico 2

Otras áreas

Cotopaxi, Cuyabeno, Machalilla, Chimborazo, Cotacachi Cayapas

Fuente: Análisis de las Necesidades de Financiamiento del SNAP. Ministerio del Ambiente 2005

El SNAP continental recibió un total de 260,745 turistas durante el año 2003, fueron 82,887 extranjeros (32%). El 68% de los turistas que recibió el SNAP

119

continental fueron nacionales, cifra importante ya que el turismo interno representa aproximadamente el 50% del total de recursos que genera anualmente este sector. Si se incluyen los turistas extranjeros que visitaron Galápagos, el SNAP recibió el 42% del total de turistas que ingresaron al país en el año 2003. El turismo es la cuarta fuente de ingresos del Ecuador; sin embargo, la participación del SNAP de los beneficios que genera el sector apenas asciende al 0,001%. b) Brechas del Financiamiento del PANE Las 31 áreas protegidas continentales analizadas requieren anualmente US$ 6´293,455 para solventar los costos de manejo en el escenario básico, y US$ 12´211,681 para el escenario integral. Los valores identificados resultan razonables si se considera que es la inversión necesaria para mantener un complejo conjunto de áreas que equivalen al 18,7% de la superficie del país. El rubro de personal abarca el 39% del gasto en el escenario básico con 586 personas y el 34% del gasto en el escenario integral con 838 personas. La efectividad de manejo se correlaciona directamente con la cantidad de personal disponible para el área. Un aspecto crítico es el mejoramiento de la gestión de los recursos humanos, a través de la inversión en fortalecimiento de capacidades y así como el mejoramiento de los salarios; condiciones laborales que permitan atraer y retener a los perfiles necesarios para el SNAP. En las condiciones actuales, los bajos salarios, la falta de incentivos e inestabilidad se convierten en factores determinantes de problemas de personal. El segundo rubro importante de gasto corresponde a gastos operativos, como viáticos, subsistencias, servicios básicos y movilización, que es el rubro más desatendido en la estructura actual de gasto. Los rubros más importantes de gasto de inversión corresponden a equipamiento y medios de transporte, las áreas creadas después de 1995 registran mayor necesidad de infraestructura, mientras que las áreas que se encuentran en mejor nivel de consolidación demandan especialmente medios de transporte (Gráfico 1). Esta tendencia se puede explicar por el apoyo recibido de proyectos como Uso Sustentable de Recursos Biológicos (SUBIR) de CARE Internacional, Canje de Deuda de Fundación Natura y especialmente el Proyecto de Protección de la Biodiversidad del Ecuador financiado por el Fondo para el Medioambiente Mundial (denominado GEF I, 1994-1999), donde se realizaron inversiones importantes en equipamiento y parque automotor, lamentablemente en la actualidad este equipo se encuentra obsoleto y deteriorado. El gasto por hectárea en el escenario básico es US$ 4.20 y US$ 10.32 en el escenario integral. Aunque razonable, este costo es distorsionado puesto que para las áreas protegidas pequeñas se estiman costos 32 veces más altos por hectárea que para las áreas grandes. Se debe analizar con mayor profundidad los requerimientos de las áreas protegidas pequeñas, en función de una estrategia y proyección de fortalecimiento de largo plazo. Para las áreas protegidas de Galápagos se partió del supuesto que su nivel de manejo estaba por encima del escenario básico; consecuentemente, se definió

120

únicamente el escenario integral. El monto anual necesario para el manejo de las áreas protegidas de Galápagos es US$ 24,367,090, que se reparte prácticamente en partes iguales entre las dos áreas. En términos generales, el estudio ha hecho palpable que en muchos casos, la realidad de las áreas protegidas es más acuciante y demanda mayores recursos.

5.5

PLANES DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

El financiamiento es la base de todos los esfuerzos de conservación, y para muchas áreas protegidas en todo el mundo y en el Ecuador, este cubre solamente una parte de las necesidades. En este contexto, a nivel de sitio se están adaptando herramientas de planificación financiera del sector privado, incluyendo planes de negocios o de sostenibilidad financiera para la conservación de las áreas protegidas, y las herramientas de planificación ejecutivas como los planes gerenciales. Planes de Negocio o de Sostenibilidad Financiera .Los planes de negocios pretenden contar la historia del funcionamiento actual y sus necesidades, ayudar a los directores de áreas a concentrarse en estrategias financieras más promisorias, incrementar la eficiencia del manejo del área protegida, y ampliar las inversiones estratégicas. El implementar planes de negocios implica realizar nuevos tipos de análisis, como un costeo detallado por actividades prioritarias, proyecciones financieras bajo diferentes escenarios, análisis de vacíos y brechas de financiamiento, análisis de factibilidad de las opciones identificadas y una hoja de ruta para la implementación (Mason et al., in prep.). En la propuesta del plan de manejo de la Reserva Ecológica Cotacachi - Cayapas, documento que actualmente esta en proceso de aprobación por parte de la Autoridad Ambiental Nacional, se incorporó un programa de sostenibilidad financiera o plan de negocios. Los resultados revelaron que la gestión básica (planificación y control) del área está cubierta en 86%, pero solamente 40% del manejo integral, que incorpora el desarrollo turístico como fuente de ingresos y beneficios locales. La Reserva enfrenta un bajo nivel de gestión con un gasto irregular, una alta dependencia de un actor de financiamiento, insuficiencia del gasto de inversión. Se plantea como urgente la re-estructuración del sistema contable-administrativo que impide una adecuada presupuestación, seguimiento y evaluación del desempeño financiero y de gestión del área, y la diversificación de fuentes de ingresos para reducir la dependencia y aumentar la flexibilidad (Mason et al., in prep.). Los Planes Gerenciales Tomando en consideración la estructura del plan de manejo, este esquema de planificación prioriza, entre otras, las estrategias de desarrollo organizacional, financieras, operativas, mediante las cuales se pretende aplicar un enfoque

121

gerencial en el manejo de las áreas protegidas, tendiente a fortalecer la presencia de la Autoridad Ambiental en la zona. Es un mecanismo intermedio de planificación a mediano plazo, 3 años. En el PANE, se han desarrollado planes gerenciales para los parques nacionales Yasuní, Sangay y Podocarpus. Un último ejercicio de este esquema de planificación fue desarrollado para el Parque Nacional Machalilla, cuyo Plan Gerencial se encuentra en proceso de aprobación por parte del MAE (MAE, 2007c). MECANISMOS FINANCIEROS INNOVADORES EN ECUADOR Un mecanismo financiero innovador implica la concepción y la aplicación de una nueva manera de movilizar y encauzar recursos financieros; ya sea, mediante la incorporación de nuevos elementos, una nueva combinación de elementos existentes o un cambio significativo del modo tradicional de lograr el financiamiento. A continuación se fundamentan los mecanismos más representativos de los últimos diez años, que la Autoridad Ambiental Nacional y el sector privado se encuentran aplicando con el fin de ofrecer respuestas efectivas a las problemáticas de financiamiento relacionadas con la reinversión de los recursos de autogestión y con el involucramiento de los actores privados en el financiamiento de nuestro Patrimonio. Fondo Ambiental Nacional El Fondo Ambiental Nacional (FAN) es una entidad de derecho privado, con personería jurídica propia, sin fines de lucro, que fue constituido en 1996 a través de un Decreto Ejecutivo, con el fin de establecer un mecanismo de financiamiento para la conservación del SNAP, su operación efectiva empezó en 1999. El FAN es el primer fondo ambiental creado en el Ecuador, encargado de captar, administrar y canalizar recursos económicos, y ofrecer asesoría técnica para apoyar la sostenibilidad financiera de la gestión ambiental en el país. Sus tres líneas de trabajo se enfocan en: i) apoyar la conservación de la biodiversidad en el ámbito del PANE, mediante la capitalización del fondo de áreas protegidas, ii) asignar recursos provenientes del fondo extinguible EcoFondo, y iii) gestionar proyectos. El fondo de áreas protegidas (fap) El fondo de áreas protegidas ha capitalizado un fondo fiduciario que cuenta actualmente con un poco más de US$ 12 millones, cuyos rendimientos se destinan al co-financiamiento de los costos operativos básicos para el manejo de 11 áreas protegidas seleccionadas 54.

54

Las áreas protegidas seleccionadas que tienen financiamiento del ´fondo de áreas protegidas’ (fap) son: los parques nacionales: Machalilla, Sangay, Yasuní, Sumaco Napo Galeras y Podocarpus,

y las reservas: Cotacachi-Cayapas, Mache-Chindul, Manglares Cayapas Mataje, Cuyabeno, Chimborazo y Manglares Churute.

122

Capitalización del fondo de áreas protegidas (fap)

Valor Convenio y Capitalizaciones 3.160.863 3.823.916 1.099.389 4.000.000 12.084.168

Canje de Deuda con Alemania (Paris VI) Canje de Deuda con Alemania (Paris VII) Capitalización Inicial (Bono del Estado) GEF Banco Mundial (diciembre 04) Totales Fuente: FAN, 2007

El fap es un mecanismo técnico y administrativo que canaliza aproximadamente US$ 55,000 anuales por área (con excepción del Parque Sumaco que recibe US $150,000 anuales, la Reserva Chimborazo con US$ 10,000 y la Reserva Manglares Churute con US$ 15,000). En el año 2007, el fap canalizará US$ 625,000 para ser invertidos en las áreas protegidas seleccionadas (Silva & Ulloa, In prep.). Aunque importantes, estos recursos resultan insuficientes para atender las necesidades de financiamiento del manejo básico del SNAP, por esta razón la estrategia incluye la capitalización del fap por lo menos a US$ 35 millones (meta al 2010); actualmente cuenta con aproximadamente US$ 12.25 millones (FAN, 2006. FAN, 2007). Recursos destinados para áreas protegidas por el 'fondo de áreas protegidas' (fap) del 2002 al 2007 Total Área protegida (por orden Monto canalizado por año (en US $) de ingreso) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1. Parque Nacional Yasuní

45.000

45.000

45.000

54.000

55.000

10.000

244.000

2. Parque Nacional Sangay

45.000

45.000

45.000

54.000

55.000

10.000

244.000

3. Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje 4. Parque Nacional Podocarpus

45.000

45.000

45.000

54.000

55.000

10.000

244.000

45.000

45.000

45.000

54.000

55.000

10.000

244.000

45.000

150.000

120.000

155.000

10.000

470.000

45.000

50.000

55.000

60.000

10.000

210.000

5. Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 6. Reserva Ecológica Mache Chindul 7. Parque Nacional Machalilla 8. Reserva de Producción Faunística Cuyabeno 9. Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 10. Reserva de Producción Faunística Chimborazo 11. Reserva Ecológica Manglares Churute

Total Fuente: FAN, 2007

180.000

270.000

14.000

45.000

55.000

10.000

114.000

15.000

45.000

55.000

10.000

115.000

22.000

45.000

55.000

10.000

122.000

10.000

10.000

10.000

15.000

15.000

625.000

2.642.000

431.000

526.000

610.000

El EcoFondo Adicionalmente, el FAN implementa el EcoFondo. El diseño y la estructura del EcoFondo es producto de un proceso consensuado entre un grupo de organizaciones no gubernamentales ambientalistas con EnCana con el consorcio de empresas petroleras que conforman el Oleoducto de Crudos Pesados, OCP Ecuador S.A. y EnCana Corporation, interesados en cofinanciar proyectos de conservación y desarrollo sustentable, principalmente en el área geográfica de influencia directa del OCP. El EcoFondo acoge los criterios y estipulaciones exigidos por la Licencia Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, y no exime al OCP de cumplir con sus

123

demás obligaciones relacionadas a la prevención, mitigación y control de impactos ambientales Este fondo de $16’930.000 dólares por un período de 19 años (10 millones en los primeros 5 años y el resto en los próximos 14 años), se encuentra en su tercer año de operación y tiene por objeto “apoyar los esfuerzos locales y comunitarios enfocados a preservar y conservar el patrimonio natural de los ecuatorianos, a través del cofinanciamiento de proyectos en áreas preseleccionadas” (FAN 2005). Las áreas preseleccionadas son aquellas que tienen una relación directa con el oleoducto o están en zonas productoras de petróleo y otras han sido identificadas como críticas para la conservación de la biodiversidad en el Ecuador, como los bosques secos, humedales y páramos. Algunas de estas áreas forman parte del PANE o son bosques protectores, por ejemplo: las reservas Cayambe Coca, Antisana, Geobotánica Pululahua, Cuyabeno, Limoncocha y Parque Nacional Yasuní, el área de importancia para la conservación de las aves de Mindo, la cuenca alta del río Guayllabamba, el bosque protector San Francisco, entre otros (EcoFondo 2005).

Localización del OCP con relación al SNAP en el Ecuador continental

Hasta el momento, en dos convocatorias el EcoFondo ha aprobado 15 proyectos, la mayoría de los cuales se desarrolla al interior o en zonas aledañas de áreas protegidas. El anexo 7 presenta una lista de los proyectos aprobados y montos. Los mas de 40 proyectos presentados en la tercera convocatoria están en proceso de análisis. Fondo para la protección del Agua (FONAG) 55 La Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Quito junto con TNC, crearon el Fondo para la protección del Agua (FONAG), el 25 de enero de 2000 mediante la suscripción de un contrato de constitución. Posteriormente, ingresaron como constituyentes adherentes: la Empresa Eléctrica Quito, en mayo de 2001, la Cervecería Andina, en marzo de 2003, y la Cooperación Suiza para el Desarrollo, 55

www.fonag.org.ec

124

COSUDE, en enero del 2005 (www.fonag.org.ec). El FONAG es un fideicomiso mercantil privado que opera desde enero del 2000 y está regulado por la Ley de Mercado de Valores. El FONAG es un mecanismo que posibilita el pago por los servicios ambientales que prestan los ecosistemas, figura que contempla la Constitución del Estado, y tiene como objetivo principal el lograr el suministro de suficiente cantidad y calidad de agua para cubrir los requerimientos del Distrito Metropolitano de Quito y sus áreas de influencia, mediante la protección de los recursos hídricos para la regeneración natural a largo plazo (www.fonag.org.ec). Aunque este fondo no tiene por objetivo principal el financiamiento de áreas protegidas, invierte en la conservación de áreas como Cayambe Coca, Antisana y Cotopaxi a través de diversas acciones como el Fortalecimiento de Actividades Económicas en Papallacta - Oyacachi para la protección de los recursos Hídricos de la Reserva Cayambe Coca (RECAY), la generación de información hidrológica de las cuencas y sus áreas de influencia que aportan con agua a Quito, actividades para un manejo del ganado de menor impacto, procesos de capacitación a usuarios, contratación de guardaparques para actividades de control y vigilancia, acciones de educación ambiental, entre otras (FONAG 2005). Otros fondos que están en etapa de consolidación en el país son los siguientes: Fondo Podocarpus Este fondo tiene por objetivo apoyar al financiamiento del Parque Nacional Podocarpus a través de la colaboración de la cooperación internacional y del pago por el servicio de protección hídrica. Las organizaciones que han participado en su consolidación son The Nature Conservancy, Conservación Internacional, Fundación Arco Iris y el Fondo Ambiental Nacional. Fondo de Fideicomiso de Administración con los ingresos de autogestión por los servicios del PANE Para financiar los gastos y proyectos relativos a sus funciones, el MAE cuenta principalmente con dos mecanismos de financiamiento estatal: i) los recursos obtenidos por autogestión y, ii) las asignaciones que recibe del Estado. Los procesos de financiamiento y distribución de los recursos del MAE, como actualmente están estructurados, evidencian que los recursos de autogestión generados en el PANE no se reinvierten en dichas áreas protegidas en los porcentajes necesarios para conseguir una efectiva gestión. En tal virtud, luego de un proceso de discusión de opciones para lograr mejores porcentajes de reinversión de dichos ingresos de autogestión, el MAE decidió que la constitución de un fideicomiso aparece como una alternativa efectiva; más aún si se ha planteado la posibilidad de incrementar dichos recursos con nuevas tarifas, como es el caso de la patente de uso del espacio de áreas protegidas para

125

infraestructura de telecomunicaciones (monto estimado: US$ 1.9 millones anuales adicionales; ver Anexo No. 8 para mayor información). Sin duda alguna, la implementación de este fondo de fideicomiso con ingresos públicos, permitirá además de la reinversión efectiva de los ingresos en las prioridades de inversión de nuestro Patrimonio, mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de información. Este proceso de estructuración del fideicomiso de administración es una de las actividades prioritarias establecidas tanto en el Plan Estratégico (2007-2016) como en la Estrategia de Sostenibilidad Financiera. Se tiene planificado que para el último trimestre del año 2007, se contará con el contrato de fideicomiso y la adjudicación de la administradora de fondos. Otras alternativas para el involucramiento del sector financiamiento de las áreas protegidas del Patrimonio

privado

en

el

En el presente año, el Ministerio del Ambiente con el apoyo del proyecto SNAPGEF, viene trabajando en actividades para lograr una mayor participación del sector privado en el financiamiento de las áreas protegidas; estas son: Concesión de la infraestructura y servicios turísticos del Área Nacional de Recreación El Boliche. Suscripción de “convenios de comanejo” para la ejecución de actividades que apoyen a la implementación del plan de manejo de la Reserva Ecológica CotacachiCayapas (sitio “Laguna de Cuicocha”) y plan gerencial del Parque Nacional Machalilla (sitio “Playa Los Frailes”). A pesar de que estos procesos aún se encuentran en fases iniciales de ejecución y no han sido evaluados, pueden ser iniciativas que podrán replicarse a nivel de otros sitios de las áreas protegidas del Patrimonio. Los detalles de estas opciones financieras se incluyen en el Anexo 9.

5.6

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PRESUPUESTAL Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

La cooperación internacional tiene un rol preponderante para la sostenibilidad de gestión ambiental en el Ecuador, en especial si se considera que un gran porcentaje de los recursos del MAE provienen de la gestión externa. En el 2003, el 12% del presupuesto del MAE correspondía al aporte del Estado ecuatoriano y a recursos de autogestión, mientras que el restante 88% provino de créditos externos y fondos internacionales no reembolsables. El 2004, la situación fue similar, el 20% del presupuesto fue inversión nacional y el 80% restante entre créditos y fondos no reembolsables internacionales. Consecuentemente, la dependencia de la 126

cooperación internacional es alta (Mena y Manosalvas, 2005 en Espinosa, 2006). La mayoría de agencias de cooperación han priorizado los temas ambientales dentro de sus programas de trabajo, al punto que el apoyo a la gestión ambiental representa uno de los ejes transversales en casi todo plan o programa de trabajo definido por estos organismos. Los organismos de cooperación que mayores recursos han asignado a temas de biodiversidad y áreas protegidas son: la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ), la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE) y la cooperación multilateral de las principales agencias de Naciones Unidas y entidades multilaterales asentadas en el Ecuador (Banco Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Banco Interamericano de Desarrollo BID, Corporación Andina de Fomento, CAF, Banco de Reconstrucción Alemán, KfW) (Moncada, et al., 2004). La contribución de cooperación técnica de los Países Bajos para el financiamiento de programas en áreas protegidas fue significativa mientras permaneció en el Ecuador hasta el año 2005. En términos de la articulación entre las políticas y prioridades nacionales y las agendas de las instituciones de cooperación, se advierte a manera de tendencia, que el quehacer de estas últimas hay un creciente interés por apoyar el fortalecimiento y consolidación de las demandas nacionales expresadas en planes y políticas estatales o locales. No es posible desconocer que en los últimos años se atestigua un esfuerzo por parte de la cooperación orientado a fortalecer los procesos de Estado como la descentralización o la lucha contra la pobreza, a pesar de los tropiezos ocasionados por la alta inestabilidad de los funcionarios públicos y la falta de continuidad en las políticas. Esta tónica de comportamiento se concentra en lo local en la preocupación cada vez más generalizada de que los proyectos auspiciados por agencias de cooperación guarden correspondencia con los objetivos de los planes de desarrollo local, bajo la concepción de contribuir a concretar y operativizar sus mandatos (Moncada, et al, 2004) Cabe advertir que la información contenida en este acápite no da cuenta de la cooperación que fluye a través de las ONG internacionales sobre cuyo trabajo no existen estudios sistemáticos. A través de estos canales, se aprecian aportes significativos dirigidos a temas ambientales y de biodiversidad. No en vano, Ecuador cuenta con un importante número de estas instituciones a través de sedes o representaciones (Conservación Internacional CI, The Nature Conservancy TNC, BirdLife International , Word Wild Fund WWF, World Conservation Society WCS), así como con la presencia de otras ONG internacionales que de manera indirecta inciden 127

sobre temáticas ambientales (PLAN, IBIS, OXFAM, entre las principales) a partir del apoyo a procesos de fortalecimiento de capacidades organizativas, de planificación y gestión ambiental.

128

CAPÍTULO 6 6.1

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

Y

RECOMENDACIONES

GENERALES

Y

Las conclusiones y recomendaciones que se mencionan en este capítulo provienen del análisis de la información bibliográfica examinada, de los aportes específicos de los especialistas que contribuyeron para la elaboración de este Informe Nacional, y también se incluyen los resultados del Taller de discusión y validación de una versión preliminar de este documento, desarrollado el 1 de agosto de 2007 en Quito, en el que participaron varios especialistas en áreas protegidas. Una lista de los participantes de este Taller se incluye en el Anexo 10. MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO Marco Político para las Áreas Naturales Protegidas Una de las más evidentes conclusiones del análisis del marco político y legal de las áreas protegidas en el Ecuador es la ausencia de una política de estado a largo plazo, que oriente la gestión ambiental en general y la conservación in situ en particular. Con cada nuevo gobierno, las prioridades, objetivos, metodologías y aproximaciones de la gestión de áreas protegidas han cambiado, generando desconciertos y limitaciones para los manejadores de las ANP. La falta de una política y visión de largo plazo consensuadas a nivel nacional ha hecho mella en la gestión de áreas protegidas, alejándolas de la planificación de desarrollo tanto a nivel nacional como regional y local. Un claro ejemplo de ello es la poca atención que han recibido las áreas marino-costeras que podrían constituirse en un factor de desarrollo sustentable en la Costa ecuatoriana, oportunidad que hasta el momento no ha sido aprovechada a cabalidad. Pese al incremento del interés en el tema ambiental en general, es preocupante el poco o ningún peso y apoyo político que el tema de ANP despierta en los tomadores de decisiones fuera de los límites y competencias del Ministerio del Ambiente; en tal sentido, las ANP son víctimas de disposiciones contradictorias, indiferencia y abandono a nivel de la Presidencia, otras Secretarías de Estado, Congreso Nacional y otros estamentos con poder de decisión política. Sin lugar a dudas, las ANP no han logrado internalizarse en los niveles de decisión nacionales, lo cual destaca la necesidad de trabajar para lograr el posisionamiento del MAE como autoridad ambiental a nivel gubernamental y de Estado. Una señal clara del poco grado de interés e importancia que se otorga a las áreas protegidas en niveles políticos es el bajo nivel de financiamiento y presupuesto fiscal que se le otorga al sector ambiental y de las áreas protegidas. Esto se debe

129

en gran medida a que no se han mostrado adecuadamente los beneficios tangibles que las áreas protegidas pueden brindar a la sociedad local, regional o nacional. Indiscutiblemente, también existe la necesidad de contar con un mecanismo legal que permita viabilizar la reinversión de los ingresos provenientes por recursos de la autogestión de las áreas protegidas. Adicionalmente, es preocupante que el sector ambiental no haya logrado transmitir satisfactoriamente a la sociedad ecuatoriana la importancia de la conservación y manejo apropiado de la biodiversidad y las áreas protegidas como elementos integrantes del desarrollo nacional. El sector ambiental no ha crecido, se ha concentrado en torno de, en ocasiones, agendas interesadas lo cual le ha restado objetividad para apoyar la gestión de las ANP y legitimidad ante la sociedad civil. Desconcentración y Descentralización Los procesos orientados hacia la desconcentración y descentralización en cierta forma parecen ser irreversibles; entre los aspectos positivos que estimulan estos procesos se encuentran aquellos relacionados con la generación de una mayor participación de los actores involucrados, especialmente autoridades locales y comunidades de base. Es importante tener en cuenta que los temas de desconcentración y descentralización no están completamente resueltos en el Ecuador; existe la presión permanente de diversos municipios por manejar directamente áreas protegidas, especialmente aquellas que resultan atractivas para visitantes y que pueden generar recursos económicos para el financiamiento de los programas municipales, como es el caso de los parques nacionales Cotopaxi o Machalilla. En la gran mayoría de los casos, los municipios del país no cuentan con las capacidades administrativas, técnicas y financieras, y carecen de apoyo público, para afrontar por si solos el manejo de un área protegida. Sin embargo, se requiere fortalecer la capacidad municipal para afrontar acciones de manejo de otros espacios naturales que se encuentran bajo la tutela legal y administrativa de los municipios. Es ineludible que a los procesos de descentralización debe dotárseles de elementos técnicos de análisis que precautelen la politización de la gestión de la biodiversidad. La aspiración que los gobiernos seccionales autónomos y las poblaciones locales ejerzan control sobre los recursos existentes en sus jurisdicciones, ciertamente implica la implementación y viabilización de mecanismos apropiados que fortalezcan estos procesos y su institucionalización, a la par de mecanismos de auditoría social que precautelen la idoneidad de los procesos de control a cargo de estos nuevos actores, ya que en todo caso, se ha reemplazado al Estado en la ejecución, no en su rol de rectoría y supervisión. La política ambiental actual considera al PANE como un concepto unitario que incluye, por definición, un conjunto de áreas de interés y valor nacional, que deben ser administradas y conservadas adecuadamente, para mantener la

130

representatividad de la biodiversidad del país y garantizar que los bienes y servicios que las áreas protegidas generan se mantengan a perpetuidad y produzcan beneficios para la sociedad. Sin embargo, esta situación corre el riesgo de que por presiones políticas o intereses a corto plazo se trate de desmembrar este Patrimonio, lo cual podría minimizar el impacto positivo de una estrategia general requerida para el manejo efectivo del Sistema como tal y la aplicación de políticas de gestión comunes a todas las áreas protegidas. El desafío para un manejo sostenible del SNAP consistirá en conjugar adecuadamente los puntos anteriores; por un lado, la necesidad de definir y acordar mecanismos para posibilitar la participación de los consejos provinciales, municipios y organizaciones locales en la conservación y gestión de las áreas protegidas, y por el otro, la necesidad de mantener y gestionar un sistema de áreas protegidas con sentido verdaderamente nacional y con una misión, visión y objetivos mutuamente acordados y holísticos. Marco Legal para las Áreas Naturales Protegidas Aunque el marco legal relativo al manejo de áreas protegidas es caduco y tiene vacíos legales que limitan la gestión de áreas protegidas (mecanismos de declaración, categorías de manejo, etc.), no es menos cierto que por falta de decisión de los gestores no se han aplicado mecanismos legales existentes que pueden apoyar la gestión de ANP y generar beneficios a las poblaciones locales (concesión de infraestructura turística, restricciones a las actividades en ANP, reconocimiento de servicios ambientales, entre otros). En el país, se han hecho esfuerzos que han resultado formalmente infructuosos, para actualizar la normativa ecuatoriana vigente sobre áreas protegidas que responde todavía al modelo caduco de preservación a ultranza, y concertarla con los nuevos paradigmas de la conservación, entre ellos los postulados del Convenio de Diversidad Biológica. Únicamente se han realizado reformas legales “parches” y existe la tendencia de legislar por medio de reglamentos. Entre los problemas de vieja data que subsisten se encuentra el de la territorialidad indígena al interior de las ANP, así como la subordinación de la normativa de ANP a la normativa forestal, sin que sus concepciones diferentes (conservación y explotación, respectivamente) hayan podido ser armonizadas; algo más crítico sucede con la superposición y contraposición de normas dispersas en diferentes cuerpos legales que regulan el manejo de recursos existentes en ANP (agua, minería, petróleo, entre otros). Como resultado de esta situación, las políticas ambientales sobre áreas protegidas no se corresponden con el marco legal caduco del país. Se necesita armonizar la legislación bajo un concepto “país” coherente, que sea acordado y consensuado para contar con un marco legal de avanzada, correspondiente a la dinámica nacional y mundial.

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De igual manera, la normativa administrativa existente tiene varias falencias, por ejemplo, el protocolo de seguimiento de la infracción es demasiado largo y complejo, existen numerosas definiciones ambiguas y vacíos en la tipificación de infracciones y penas, y, en general, los mecanismos de prevención y sanción no son acordes a las posibilidades y realidades del juzgamiento en instancia administrativa. Más importante aún, los jefes de áreas protegidas, denominados estatutariamente responsables de área, perdieron su competencia como jueces de primera instancia a consecuencia de una reestructuración administrativa, induciendo a que la mayoría de infracciones que afectan a las ANP reciban poca o ninguna atención por parte de los Distritos Regionales. Como ejemplo de esta situación, un reciente estudio desarrollado en 7 áreas protegidas del país, cita el caso del Parque Nacional Podocarpus en donde muy pocas de las transgresiones han sido sancionadas, nunca se ha arrestado a ningún infractor o se ha impuesto multas por contravenir las normas del área protegida (Naughton-Treves et al., 2006). En este sentido, el cumplimiento (enforcement) de la legislación es muy limitado. Integración de las Desarrollo Nacional

Áreas Naturales Protegidas en la Planificación del

Si bien existen una serie de iniciativas para integrar las áreas protegidas en marcos de planificación a nivel regional y nacional, es necesario trabajar con mayor dedicación en este campo. Se requiere asumir el compromiso de incorporar a las áreas protegidas en los programas generales de desarrollo para atraer una amplia participación intersectorial de los gobiernos, las comunidades y el sector privado. Esta labor debe ser realizada primordialmente por la autoridad ambiental, con apoyo de los sectores involucrados en el manejo de las áreas protegidas. En este sentido, se recomienda incorporar el sistema de ordenamiento del SNAP a los planes de ordenamiento territorial a nivel nacional, regional y cantonal. Existe un serio problema en el PANE relacionado con la regulación de la tierra; determinadas estimaciones indican que un poco menos de un tercio de la superficie de las áreas protegidas es de propietarios particulares, incluyendo comunidades indígenas. La falta de una legislación adecuada que brinde opciones de solución amplifica este inconveniente. Una de las soluciones al problema apremiante del uso del suelo, es que los municipios modifiquen sus categorías de uso dentro de para incorporar aquellas relacionas con conservación, por ejemplo: limitaciones en planes de vivienda por parte de Municipios (como es el caso del Parque Lago) o con el uso de tierras para reforestación por parte de empresas privadas, como sucede en la Reserva Ilinizas.

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ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Incremento de Áreas Naturales Protegidas De manera general, el establecimiento de áreas protegidas ha respondido especialmente a criterios técnicos científicos con pocas consideraciones sociales y económicas. Esta tendencia está cambiando en la creación de áreas protegidas, inclusive el manejo de algunas áreas ha sido delegado directamente a comunidades locales en sus decretos de creación. La declaratoria de áreas protegidas debe ser consensuada con los legítimos propietarios, respetando la posesión ancestral, de acuerdo a derechos colectivos y convenios internacionales. El porcentaje nacional ocupado por áreas protegidas supera, de manera general, los promedios recomendados por entidades internacionales; sin embargo, los recientes estudios de vacíos de representatividad ecosistema, tanto a nivel continental como marino costero indican que la cobertura de las áreas protegidas es aún imperfecta, especialmente en la parte marina. Es importante asumir el compromiso de ampliar y fortalecer el SNAP estableciendo prioridades en función de las amenazas inminentes para la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural, de las recomendaciones de los estudios de vacíos de representatividad y del análisis de su futura gobernanza. Equivalencias de Categorías de Manejo con las Categorías de UICN Las categorías establecidas en la ley ecuatoriana se encuentran en un proceso de equiparación que no ha concluido. Si bien en la conceptualización de las categorías de manejo de la actual Codificación de la Ley Forestal y de la Ley de Galápagos se hace una diferencia entre aquellas más protectivas o “estrictas” (reserva biológica, reserva ecológica, parque nacional, refugio de vida silvestre) y las de “uso directo” (área nacional de recreación, reserva de producción de fauna, reserva marina), en la práctica, la gran mayoría de áreas tienen asentamientos humanos al interior de sus límites y se han reportado una serie de usos, inclusive de tipo industrial como son las actividades hidrocarburíferas, mineras o la operación de piscinas camaroneras, entre otros usos. A pesar de que existen diferentes categorías de manejo para las áreas protegidas, por diversas falencias, especialmente de recursos financieros y humanos, la mayoría de las áreas se manejan de manera similar. Por lo tanto es indispensable, realizar una exhaustiva revisión de las categorías, misión, objetivos, metas, estrategias y acciones, de las áreas protegidas y tratar de compatibilizar sus usos y funciones con la respectiva categoría de manejo.

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Áreas Protegidas Privadas Sin duda, las áreas protegidas privadas del Ecuador tienen un papel importante en la protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el país; para promover su consolidación y fortalecimiento se necesita implementar, entre otras, las siguientes medidas: Reformar el marco legal y administrativo del SNAP, incorporando normas que reconozcan categorías específicas y promuevan la creación de áreas privadas, como parte de un subsistema del SNAP. Adicionalmente, se requiere incrementar las restricciones de uso de las tierras privadas que se encuentran dentro de áreas protegidas. Al mismo tiempo, es importante que los organismos gubernamentales apoyen la protección de las áreas protegidas privadas y no se permitan usos incompatibles con sus objetivos de conservación. Varias organizaciones trabajan en el Ecuador en la promoción de corredores de conservación y/o biológicos, que unen varias áreas protegidas públicas con áreas privadas en determinadas ecorregiones. Para que estas figuras sean efectivas es necesario incorporar las áreas protegidas privadas en iniciativas de conservación a nivel regional y/o de paisaje Para promover la creación de áreas privadas de conservación es ineludible diseñar y/o fortalecer esquemas de incentivos, por ejemplo exenciones en el pago del impuesto predial, o desarrollar modelos de pagos por servicios ambientales, cuya factibilidad deberá ser analizada. Otro incentivo es el financiamiento de programas de reforestación dentro de áreas protegidas privadas por parte de donantes internacionales como mecanismos de desarrollo limpio, lo cual ha sucedido en áreas como Bilsa, Buenaventura y Cerro Blanco. En relación con los bosques protectores, estos requieren adecuados recursos financieros para la protección y administración de sus recursos. Es necesario implementar las sugerencias, líneas de acción y programas propuestos en la Estrategia Nacional para Bosques Protectores definida por el MAE para estos espacios naturales. Experiencias de Manejo Integral Comunitario de Áreas Naturales Protegidas. Diversidad Cultural y Biológica Es indudable que las áreas protegidas que logren la participación efectiva de diversos involucrados, sobretodo de las comunidades locales, tienen el potencial de: a) Reducir las presiones con el apoyo directo de los interesados. b) Ofrecer un espacio para que las comunidades asuman responsabilidades y tomen decisiones sobre el manejo de las áreas protegidas. c) Movilizar mayores recursos humanos y también ingresos para mejorar el control de los recursos naturales y de actividades de manejo, como las turísticas, y la utilización sustentable de recursos.

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d) Articular los intereses y dinámicas entre las autoridades nacionales, locales y las comunidades de base. Si bien en la mayoría de los casos el Estado tiene un papel muy importante en la creación, planificación y manejo de áreas protegidas y biodiversidad, es necesario fortalecer los instrumentos legales y medidas que posibiliten la participación de los gobiernos locales y la sociedad civil en el manejo de estos recursos. En este contexto surge la necesidad de establecer una coordinación fluida y permanente. Los convenios de co-manejo constituyen instrumentos de participación en el manejo y gestión de un área protegida y pueden ser instrumentos que posibiliten establecer condiciones especiales para la delegación de la administración, manejo y custodia de un área protegida a la sociedad civil. Por lo tanto, un requisito fundamental es impulsar la participación de los actores locales en la gestión de áreas protegidas del SNAP, desarrollando y oficializando mecanismos legales, administrativos y técnicos que permitan un mejoramiento en el manejo de las APS y una equidad social y económica como un aporte al desarrollo socioeconómico y mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones involucradas. Un aspecto que debe ser trabajado con mayor detalle es asegurar que los beneficios de la conservación y uso de la biodiversidad y los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades y poblaciones locales, sean justa y equitativamente distribuidos. Para esto es necesario garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos para el manejo de territorios, uso de vida silvestre, participación en la toma de decisiones y conocimientos ancestrales, especialmente de aquellos grupos que viven al interior o en zonas de amortiguación de áreas protegidas. Se requiere además consolidar y potenciar la sustentabilidad de las actividades productivas basadas en la biodiversidad nativa, especialmente aquellas que se desarrollan al interior y en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas, con prioridad en el mayor valor a los productos del bosque en pie y sus distintos productos. Para esto es necesario detener los procesos de deforestación, resolver los conflictos de tierras, potenciar las actividades productivas alternativas, desarrollar un amplio programa de forestación y agroforestería, promover el comercio y control de los recursos genéticos, profundizando la investigación y conocimiento y garantizando los principios de consulta previa y consentimiento informado de los pueblos indígenas y comunidades locales. Al parecer la tendencia en el Ecuador es que cada vez se declaren áreas o territorios indígenas protegidos por iniciativa de los propios pueblos y comunidades. Hay posiciones a favor y otras en contra de la integración de estos territorios o áreas al SNAP. La pérdida de autonomía y control de sus propias tierras/territorios es uno de los argumentos en contra; la mayor protección territorial con la doble figura jurídica constituye uno de los argumentos a favor. La creación o no de una categoría de AP que contemple las especificidades de los

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derechos indígenas, constituye un punto importante que debe ser objeto de análisis específicos. En este sentido, la observancia por parte de las autoridades y el ejercicio de los derechos colectivos de las nacionalidades indígenas constituye un factor fundamental a considerarse en el proceso de definición y delimitación de un área de protección que comprenda su territorio. La decisión que adopte la autoridad, debe contar con los criterios y aceptación previa de las organizaciones del pueblo indígena en la zona. Amenazas al Sistema y a las Áreas Naturales Protegidas. La influencia de la coyuntura económica y de las políticas macroeconómicas sobre las áreas protegidas es de difícil identificación, pero puede ser severa. Las acciones de explotación de petróleo, minería, expansión de camaroneras, explotación forestal, los requerimientos crecientes de infraestructura de transporte, de energía, de vías de comunicación (como la propuesta del eje Manta – Manaos), etc., en virtud de la apertura de nuevos mercados, son un ejemplo de implicaciones negativas para las áreas protegidas. Conectividades entre Áreas Naturales Protegidas En lo que tiene que ver con la conectividad entre áreas protegidas, en el país se han desarrollado en los últimos años varias iniciativas importantes como la Biorreserva del Cóndor o el Corredor Chocó-Manabí, programas que han apoyado la protección de la biodiversidad y el desarrollo socio-económico de comunidades. El manejo de los corredores de conservación requiere de procesos de ordenamiento territorial, planificación y de gestión recursos naturales. El establecimiento de los corredores de conservación implica empoderamiento y participación de las comunidades locales. Por lo tanto, reconocer y garantizar los derechos ancestrales sobre la tenencia de la tierra, resulta imprescindible para que estos corredores sean funcionales. Esfuerzos de Integración entre Áreas Naturales Transfronterizas Si bien los casos de trabajo conjunto de manejo de áreas tranasfronterizas son muy pocos, se requiere reconocer la importancia de áreas de conservación transfronterizas protegidas e impulsar las iniciativas de manejo compartido de las áreas protegidas con enfoque ecorregional, en el cumplimiento de los acuerdos y compromisos nacionales e internacionales. GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Determinadas investigaciones en el Ecuador (Stern, 2006) revelan que lograr la confianza del público es tan importante como el costo-beneficio del área protegida. Generar confianza pública es una enorme oportunidad para consolidar el SNAP. Es

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factible aprovechar esta situación dado que el MAE y sus estamentos, especialmente la DNBAP, tienen la capacidad de ampliar la comunicación y la participación con otras instituciones. Existe un amplio y fuerte apoyo de numerosas instituciones para lograr este objetivo. El personal de áreas protegidas ha demostrado que se puede crear confianza incentivando la participación local, y utilizando una comunicación clara, efectiva y continua con los distintos grupos de interesados (Mason, com. pers.) Para lograr este objetivo se requiere diseñar e implementar una amplia política de participación en áreas protegidas, que implica: i) el establecer e implementar políticas claras para involucrar a grupos sociales locales en el manejo de áreas protegidas administradas directamente por el MAE. ii) establecer y regular nuevos mecanismos de participación social y co-responsabilidad (comanejo – cogestión) para el manejo de las áreas protegidas con el propósito de fortalecer la gestión e incrementar la gobernabilidad de las ANP. iii) implementar mejores mecanismos de comunicación. iv) reconocer el modelo de guardaparques comunitarios como una herramienta que fortalece la presencia del MAE en las áreas protegidas, alienta esquemas de participación local y coadyuva al control efectivo de las áreas. v) impulsar alianzas con diversos actores y sectores, generando plataformas de acción y trabajo a largo plazo del SNAP. La participación del sector privado en la gestión directa de las áreas protegidas, en especial del sector turístico, es muy promisoria aunque todavía limitada y restringida. Protección y Control de las Áreas Naturales Protegidas Un estudio reciente desarrollado en 33 áreas de las 35 que actualmente tiene el PANE, ha demostrado que el número de funcionarios está muy por debajo de los requerimientos mínimos para manejar al menos el escenario básico, considerado necesario para respaldar las acciones de protección y control de las áreas protegidas por parte del gobierno. Adicionalmente, la disponibilidad, capacidad, estabilidad de carrera, capacitación y estímulos para el personal que labora en parques y reservas son muy limitados. La experiencia ha demostrado que las acciones de control y vigilancia en áreas protegidas son más costo-efectivas cuando existe un involucramiento directo de las comunidades locales, estableciéndose alianzas estratégicas que pueden ser más eficaces y convenientes que relaciones contractuales o de apoyo. Para efectivizar los esquemas de control y vigilancia, se han propuesto las siguientes acciones consideradas prioritarias: a) Restablecer las denominaciones, funciones y competencias de los manejadores de áreas protegidas: jefes de área, oficiales de conservación y guardaparques, como actores principales de la gestión de las áreas protegidas, en concordancia con el ámbito de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.

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b) Es necesario, al menos, duplicar el personal destinado para el SNAP. En el corto plazo, se debería analizar la situación de las 5 áreas que no tienen personal asignado y de las áreas con índices de más de 40.000 has. por persona. c) Continuar los vínculos y trabajo conjunto con la Policía Ambiental para el control y vigilancia en áreas terrestres y con la Marina Nacional en áreas marinas. d) Es necesario ampliar las funciones de los guardaparques, estas deben estar no solo enfocadas hacia el control y vigilancia sino también hacia otras acciones de promoción de pequeños proyectos comunitarios, monitoreo local de biodiversidad, educación ambiental, etc. e) Es importante recomendar que el programa de capacitación y educación de guardaparques se reactive para ir profesionalizando a los guardaparques. El Monitoreo y la Evaluación de la Efectividad de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas Si bien la experiencia en evaluación de efectividad de manejo en Ecuador es vasta, todavía existe cierta ambigüedad en la toma de decisión para coordinar un sistema de seguimiento y evaluación a escala de país, sobre todo considerando que no es necesario seleccionar una herramienta de EEM única sino coordinar los diferentes esfuerzos y procesos de EEM. Por lo tanto, es de suma importancia para Ecuador que las discusiones, resultados y recomendaciones convenidas durante diversas reuniones y en especial en el taller nacional desarrollado específicamente para analizar la situación de la EEM en el país (Rivas, et al., 2006) comiencen a implementarse, principalmente a través de la reactivación del grupo de trabajo creado para desarrollar los diversos aspectos de la EEM. Es necesario institucionalizar los procesos de monitoreo y evaluación de efectividad de manejo de APs acordando procedimientos y criterios básicos de monitoreo y evaluación más que metodologías únicas y excluyentes a las realidades específicas de cada AP. Para que esta institucionalización se cumpla adecuadamente, se precisa que las EEM se realicen en todas las áreas protegidas del país como parte de los procesos de planificación de las mismas. Se sugiere involucrar a más actores en los procesos de discusión de EEM. Para esto es fundamental impulsar los procesos de institucionalización de mecanismos de participación que el MAE ha identificado (comités de gestión, grupos de apoyo técnico GAT) y otros que surjan de acuerdo a las condiciones intrínsecas de las áreas. En cuanto a criterios e indicadores, se sugiere trabajar en consolidar y acordar una serie de criterios mínimos y esquemas de reporte que permitan comparar los

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resultados de las diversas metodologías empleadas. De igual manera, analizar las propuestas de indicadores sugeridas por diversas convenciones como la de CDB y RAMSAR. Planes Nacionales o Planes Directores El Ecuador actualizó el Plan Estratégico del SNAP en el 2006, en base a un proceso participativo, especialmente en su fase de diagnóstico. Se requiere oficializar este documento para que sea considerado como política oficial. Planes de Manejo de Áreas Naturales Protegidas Los planes de manejo, que constituyen los elementos básicos para la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas y que ordenan las actividades que se desarrollan en estas, son escasos, muchos ya han caducado y, de manera general, su implementación ha sido limitada. En cuanto a la elaboración y ejecución de los planes de manejo, debe promoverse un cambio significativo en la forma en que estos son ideados y desarrollados. Se sugiere que los planes deben ser prácticos, reales, ejecutables y tener un enfoque gerencial; deben ser revisados y actualizados periódicamente e implementados inmediatamente a su formulación. Tanto en las fases de diseño como ejecución de los planes, se requiere involucrar de manera propositiva a los actores locales, especialmente a autoridades seccionales y delegados representativos de comunidades y poniendo especial atención a la prevención y manejo de probables conflictos que puedan originarse por intereses contrapuestos de actores. Se sugiere también estandarizar los términos de referencia para la elaboración de planes de manejo, evaluación, monitoreo y estudios de alternativas. En lo que concierte a este tema, se requiere oficializar la propuesta para TdR de planes de manejo y para la declaratoria de áreas protegidas que fue sugerida por CI y por el FAN en el 2005. Planes de Investigación en Áreas Naturales Protegidas Uno de los requerimientos identificados en cuanto al desarrollo de investigaciones en las áreas protegidas del Ecuador es definir criterios técnicos para priorizar los estudios que se requieren, en base a las necesidades de las APS. Los planes de manejo deberían orientar las investigaciones prioritarias en cada área, de allí la importancia de contar con planes actualizados permanentemente. De igual manera, se precisa evaluar la pertinencia de las investigaciones realizadas en las APs y su aporte al manejo de las mismas. Es recomendable que el jefe o responsable de área cuente con asesores técnicos o científicos (GAT u otros) que orienten los temas de investigación necesarios para el AP.

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En este aspecto, se considera que los proyectos e investigaciones científicas que se realizan en áreas protegidas deben involucrar a personal de las áreas y de las comunidades, para lograr una auténtica transferencia metodológica de investigación científica. Una limitación importante para la gestión de las áreas protegidas es la carencia de recursos financieros. La búsqueda de fondos para apoyar la investigación debería ser liderada por el MAE, procurando que los recursos estatales sean canalizados y se orienten para mejorar el conocimiento y el manejo de APs. Estos recursos de asignación estatal podrían ser utilizados como contrapartidas para otros recursos provenientes de distintas fuentes. Debido a que el otorgamiento de los permisos de investigación está descentralizado, el MAE a nivel de Planta Central, no cuenta con un registro único de los estudios que se están llevando a cabo en las áreas protegidas. Es necesario tener una base de datos actualizada de las investigaciones realizadas y las que están en proceso para conocer y socializar los resultados de dichas investigaciones. Planes de Aprovechamiento de Recursos Naturales en Áreas Naturales Protegidas No existen en el Ecuador planes de aprovechamiento de recursos naturales en áreas protegidas, sea por el carácter restrictivo de la ley que rige las áreas protegidas o por la falta de interés e incentivos tanto de la autoridad ambiental, como del sector civil incluyendo el privado. Es necesario trabajar en esta línea, considerando criterios desarrollados por diversos programas como Biocomercio, tendientes a la sustentabilidad económica, social y ambiental de las iniciativas de aprovechamiento de recursos. Uso Público y otros Planes Definidos en el País Sin lugar a dudas, el turismo responsable es una actividad que podría beneficiar a las áreas protegidas. Por lo tanto, es indispensable desarrollar una estrategia para la actividad turística. Se necesita una proyección estratégica del potencial de turismo a nivel del PANE, que permita conocer que áreas protegidas cuentan con potencial para el desarrollo de esta actividad, en el corto y mediano plazo. De esta forma, se puede conocer dónde sería prioritaria la inversión de recursos para el desarrollo del turismo, y sobre todo, valorar el potencial turístico de las áreas protegidas. La tendencia para el manejo de estas actividades en otras áreas protegidas en Latinoamérica ha sido la delegación hacia el sector empresarial. En el Ecuador no existen experiencias de delegación de actividades turísticas en áreas protegidas hacia la empresa privada. Si bien se está trabajando en esta línea (casos del Boliche y de Machalilla), no se cuentan con experiencias que permitan tener lecciones aprendidas. Lo que si se tiene claro es que en la actualidad el MAE no tiene la capacidad de ofrecer y manejar adecuadamente servicios turísticos en

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APs. Por lo tanto, en su calidad de autoridad ambiental, el MAE debería concentrar sus esfuerzos en definir políticas, directrices y mecanismos de control y seguimiento de estas actividades en AP. De manera concomitante, es primordial optimizar el reconocimiento del Estado sobre la importancia de las APs en la generación de ingresos turísticos en el país y, obviamente, de otros servicios ambientales. Al momento, existe muy poco reconocimiento público de la importancia de las Aps en el turismo, con excepción de Galápagos. Indiscutiblemente, también se requiere desarrollar mecanismos para que los ingresos generados por turismo puedan ser reinvertidos en las áreas generadoras de estos recursos y en otras áreas del PANE que no cuentan con ingresos por esta actividad, procurando que exista subsidiaridad en el Sistema. SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Valoración de Bienes y Servicios De Las Áreas Naturales Protegidas Si bien el análisis y valoración económica de los bienes y servicios que genera el SNAP está en proceso, es innegable que este campo permitirá elevar el nivel de conciencia y de conocimiento de la sociedad en general sobre el aporte real de las áreas protegidas al desarrollo nacional. Además, vinculará la conservación del PANE con la agenda de reducción de la pobreza, identificando el valor agregado que brindan las áreas a la generación de empleo y al mantenimiento de recursos estratégicos para las poblaciones locales. Se reconoce también que los beneficiarios directos de los bienes y servicios deben pagar regularmente los servicios ambientales generados por las áreas protegidas y a su vez, debe compensarse económicamente a quienes cuidan los recursos naturales de estas áreas. Fortalecimiento de Capacidades para la Administración de Áreas Naturales Protegidas Los aspectos de formación y capacitación de personal para que asuma y oriente adecuada y técnicamente la gestión de áreas naturales, constituye una de las mayores limitaciones en el Ecuador. En los últimos años, luego de la terminación del Proyecto SEC auspiciado en primera instancia con financiamiento del GEF, no han existido programas que cubran esta necesidad. Si bien se han desarrollado análisis de los requerimientos de capacitación del personal de las áreas protegidas, no se han ofertado opciones de capacitación que cubran a los distintos personeros que laboran en el Patrimonio, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de sus posiciones y responsabilidades de trabajo.

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Apropiaciones Protegidas 56

Presupuestales

del

Gobierno

para

las

Áreas

Naturales

Los resultados de los análisis desarrollados en los últimos años sobre las necesidades y requerimientos de manejo del PANE (Chiriboga, 2006. MAE, 2005. Suárez, 2007) demuestran que las áreas protegidas gubernamentales no han mejorado su situación financiera en relación a 1998, año en que existen datos comparables a estos estudios (Valarezo, 1999). Además de advertir un aumento del déficit de recursos clave como personal, medios de transporte y equipamiento, el PANE, a diferencia de 1998, actualmente cuenta con 12 áreas protegidas nuevas, y ha dejado de recibir los importantes aportes de ingresos por concepto de entrada al Parque Nacional Galápagos, debido a la expedición de la Ley Especial de Galápagos en 1998 y a las Reformas de la Ley de Régimen Municipal del 2004. Por otra parte, los resultados indican que tres de las 7 áreas protegidas administradas por otras instituciones se encuentran en mejor situación financiera que el promedio del Sistema (MAE, 2005). Durante el año 2003, que fue la línea de base del Análisis de Necesidades de Financiamiento del SNAP (MAE, 2005), el Estado prácticamente no realizó inversiones en equipamiento, medios de transporte, e infraestructura. La infraestructura y obras civiles del SNAP, en su gran mayoría fueron construidas durante la década de los noventa, y se encuentra -en promedio- en la mitad de su vida útil. El mantenimiento de estos bienes supone una importante inversión de recursos, el monto gastado representa el 5% del valor actual del inventario de bienes y equipos, los cuales dada la edad y estado de los bienes resulta insuficiente. El financiamiento actual cuenta con una significativa contribución del estado Ecuatoriano y de recursos de autogestión que sumados constituyen más del 65%, este aporte es complementado por otras fuentes privadas y públicas incluyendo el ‘fondo de áreas protegidas’ (fap), que se si bien comienza a operar en el 2001 cubre casi el 10% del financiamiento actual (MAE, 2005). El SNAP continental requiere anualmente US$ 6´293.455 para el escenario básico, y US$ 12´211.681 para el escenario integral. La implementación de 3 programas de manejo adicionales al escenario básico implica duplicar gastos corrientes y quintuplicar gastos de inversión. Desde la perspectiva financiera, esto refuerza la necesidad de identificar al básico como un umbral mínimo para el levantamiento de recursos, ya que implica el mantenimiento de las condiciones indispensables para el manejo de las áreas. La inversión adicional de recursos para implementar el escenario integral repercute en el mejoramiento del estado de conservación y en la capacidad de multiplicar los beneficios que genera el SNAP a la sociedad. De mantenerse constantes las fuentes que financian el actual PANE, la brecha anual para el escenario básico es de US$ 3´587.667, lo cual implica un crecimiento 56

Estas conclusiones y recomendaciones provienen principalmente del documento Análisis de Necesidades de Financiamiento del SNAP (MAE, 2005)

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de la línea base de 1.3 veces. En el escenario integral la brecha es considerablemente mayor, asciende a US$ 9´505.893, esto supone un crecimiento de 3.5 veces el monto actual de inversiones en el Sistema. Los valores identificados resultan razonables si se considera que es la inversión necesaria para mantener un Sistema complejo que abarca el 18,70% territorio continental del país. Las necesidades financieras, especialmente en las áreas protegidas de más de 5,000 ha, se encuentran dentro del rango internacional de US$ 0.9 – US$ 9 por hectárea, de acuerdo a los diferentes estudios citados a lo largo del documento. En los dos escenarios, los valores se ven influenciados principalmente por los requerimientos de las áreas menores a 5,000 has., que aparte de ser las más desatendidas del Sistema, confirman la hipótesis que los costos del manejo por hectárea son inversamente proporcionales al tamaño del área. Incrementar el Sistema sin consideraciones sobre el contexto financiero puede repercutir en un manejo más complicado y costoso, en que se descuiden o paralicen actuales procesos. La diferencia en los montos de financiamiento entre las áreas protegidas continentales y las insulares se refleja en que Galápagos, por sus características particulares requiere un nivel de gestión y administración sofisticado y complejo, así como en el hecho de sus diferentes capacidades para obtener y apalancar fondos. Es necesario reconocer además que el nivel de presiones y amenazas en Galápagos es diferente y poco comparable a la realidad del SNAP continental, supone un mayor nivel de complejidad y, consecuentemente, de actividades de conservación costosas. El Parque Nacional Galápagos fue creado hace 69 años, tiempo que le ha permitido llegar a un nivel de consolidación importante, es necesario capitalizar su experiencia acumulada en función a la consolidación y fortalecimiento de las áreas protegidas continentales. Determinadas recomendaciones del estudio de Análisis de Necesidades de Financiamiento del SNAP incluyen: a) El Ministerio del Ambiente deberá gestionar ante el gobierno central las asignaciones presupuestarias acordes a las necesidades del SNAP. Al menos se debe mantener la inversión anual del Estado en las áreas protegidas, dado que el gasto corriente del Estado se concentra mayoritariamente en personal. Es importante que los nuevos recursos que se levanten para el SNAP tengan un carácter complementario y no sustitutivo. b) Diversificar las fuentes de ingresos de autogestión, aprovechando mecanismos como el pago por servicios ambientales y pago por infraestructura instalada en las áreas protegidas, así como la detección de nuevas fuentes de autogestión. Para esto, se necesita fortalecer la institucionalidad y utilizar el marco jurídico disponible y propender a su modernización, no solo para permitir el pago, sino posibilitar que éste sea reinvertido en el Sistema y no sea desviado a otros sectores.

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c) Continuar la capitalización del ‘fondo de áreas protegidas’ (fap), como una estrategia de apoyo a largo plazo a la sostenibilidad financiera del SNAP, sobre la base de los avances en su implementación desde el 2001, con el objeto de expandir sus actividades a otras áreas que actualmente no cuentan con apoyo económico de esta iniciativa; igualmente, apoyar iniciativas financieras similares como las del Fondo Nacional del Agua (FONAG) en otras regiones del país, ligadas a la generación de recursos hídricos por áreas protegidas. d) Mejorar la distribución de los escasos recursos del PANE. A lo largo del Análisis de Necesidades, se presentan datos concluyentes sobre el nivel de inequidad que existe en la repartición de los escasos recursos disponibles. Esta situación plantea un desafío a dos niveles: potenciar las áreas protegidas consolidadas y generar una base para las áreas protegidas que prácticamente no cuentan con recursos. e) Movilizar recursos para inversión, incluyendo renovación del parque automotor de las áreas y otros medios de transporte. Actualmente, los medios de transporte existentes en el PANE tienen un promedio de 11 años de edad. Se debe otorgar una prioridad para cubrir los gastos de inversión, los mismos que demuestran ser menos atendidos en la estructura actual de financiamiento. f) Explicitar y formalizar el principio de subsidiaridad del Sistema. Se debe considerar dentro de la planificación financiera que existen áreas protegidas que por sus características o condiciones especiales no lograrán ser sostenibles financieramente, al menos en el mediano plazo. Consecuentemente, se debe evitar la pérdida de la contribución económica al SNAP de las cinco áreas que concentran la mayor cantidad de ingresos por aspectos turísticos, puesto que se profundizaría el déficit de financiamiento y se pondría en peligro la unidad del Sistema. g) Agrupar áreas protegidas con características similares y desarrollar estrategias comunes. Una oportunidad de usar los resultados del Análisis de Necesidades (MAE, 2005) es la generación de políticas de ordenamiento de gasto y criterios diferenciados de asignación de recursos a grupos de áreas protegidas, como una manera de clarificar las prioridades de inversión y las áreas con mayor importancia estratégica, tanto en la generación de recursos como en la asignación de los mismos. Esto implica, analizar los requerimientos de las áreas protegidas menores a 5.000 hectáreas; probablemente, algunas de estas áreas no van a requerir recursos como personal, infraestructura, y vehículos de manera independiente, sino que, estratégicamente pueden formar parte de una gestión y manejo compartido, según sea el caso. Planes de Sostenibilidad Financiera Implementar la estrategia para la sostenibilidad financiera del SNAP que incluya diferentes mecanismos de financiamiento y que promueva la reinversión equitativa de los recursos en todas las áreas del Patrimonio.

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La inversión en la conservación del PANE tiene una alta relación beneficio - costo, ya que se trata de uno de los sistemas de áreas protegidas con mayor biodiversidad del mundo. Por lo tanto, esta es una ventaja comparativa del Ecuador que debe ser aprovechada, a través de la consolidación de un Sistema que muestre políticas y normativas claras, una institucionalidad fuerte, que genere gobernabilidad así como mayores niveles de eficiencia y transparencia en el manejo de recursos, para beneficio de todos los ecuatorianos.

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Reserva Faunística Manglares El Salado. Acuerdo Ministerial MAE No 142 de 15 de noviembre de 2002, publicado en el Registro Oficial No 5 de 22 de enero de 2003.

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Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne. Acuerdo Ministerial MAE No. 04703 de 28 de marzo de 2003, publicado en el Registro Oficial No 72 de 30 de abril de 2003.

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Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad 2001-2010 Decreto Ejecutivo No. 2232 de 9 de enero del 2007. Registro Oficial No. 30

•

Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas (RETANP). Ultimas reformas. Registro Oficial No.

160

ANEXOS ANEXO 1 Objetivos, metas, estrategias y acciones de la propuesta de Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (MAE, 2006)

Principios del Plan Estratégico a) Soberanía. La diversidad biológica representada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas constituye un patrimonio común de la sociedad ecuatoriana y tiene un valor estratégico para el desarrollo presente y futuro del país. b) Inalienabilidad. El Estado ecuatoriano garantizará que la diversidad biológica contenida dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, no sea enajenada o afectada, conforme a las disposiciones constitucionales y legales. c) Participación y equidad. La gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se llevará a cabo con la cooperación y la responsabilidad compartida de los diversos actores involucrados. d) Respeto a la diversidad cultural. En la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se reconocerá, respetará y fortalecerá la identidad y diversidad cultural, promoviendo la protección y valoración de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales. e) Manejo integral. La gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se orientará hacia mantener la integralidad de las funciones y componentes de la diversidad biológica contenida en las áreas de los subsistemas que lo constituyen. f) Prevención. La gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas priorizará la prevención de los daños o amenazas a los recursos naturales antes que los mecanismos de compensación y mitigación de los daños causados. g) Sostenibilidad financiera. Sin perjuicio de la responsabilidad que el Estado tiene para el financiamiento del Patrimonio de Áreas Naturales; la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bajo el liderazgo de la Autoridad Ambiental Nacional, aprovechará los mejores mecanismos e instrumentos financieros nacionales e internacionales que provean recursos permanentes y estables en el largo plazo. h) Precaución. La falta de información suficiente no justificará el aplazamiento de medidas de precaución cuando existe presunción de riesgo de afectación o pérdida sustancial de los recursos naturales contenidos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

161

i) Gestión Intersectorial. En la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se fortalecerán la coordinación entre la Autoridad Ambiental Nacional, entidades públicas, privadas, organizaciones sociales y otros actores involucrados, con la finalidad de articular el SNAP con las políticas de desarrollo del país. Políticas del SNAP 1. La rectoría del SNAP le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional, que definirá las directrices y normativas generales, en coordinación con los diferentes actores involucrados. 2. La administración del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional, en tanto que la administración de los otros subsistemas: gobiernos seccionales, comunitario y privado, la ejercerán las entidades que se definan y organicen para tal efecto. 3. La administración y el manejo de las áreas protegidas de los subsistemas que integrarán el SNAP se hará con sujeción a los respectivos estudios de alternativas y planes de manejo, aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional. 4. La administración y manejo de las diferentes unidades de conservación del SNAP se realizará de acuerdo a la categoría de manejo y sus objetivos de conservación. 5. El SNAP dispondrá de los instrumentos necesarios para un efectivo manejo y administración que contemple mecanismos de transparencia de información y rendición de cuentas. 6. La gestión financiera del SNAP se sustenta en un trabajo compartido entre las diferentes instancias que administren y manejen sus diferentes subsistemas, para la búsqueda y diversificación de fuentes de financiamiento, bajo el liderazgo de la Autoridad Ambiental Nacional. 7. La sostenibilidad financiera del PANE se implementa a través de las siguientes líneas estratégicas: a) el incremento de los recursos fiscales a través de la orientación de la inversión estatal., b) la diversificación de los mecanismos para la generación de recursos propios (autogestión) que incluyan instrumentos de reinversión c) la gestión de recursos, reducción de costos y efectividad del gasto d) La capitalización del Fondo de Áreas Protegidas (fap) y otros fondos para el financiamiento de las áreas y, e) el establecimiento de alianzas que incidan en la generación de beneficios a las comunidades, integrándolas a los procesos de planificación y desarrollo sostenible.

162

8. La gestión financiera del SNAP asegurará la optimización del uso de los recursos y su reinversión en el SNAP, manteniendo el principio de solidaridad del sistema con incentivos focalizados hacia las áreas generadoras de recursos. 9. El turismo, como instrumento de gestión que contribuye a la conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se desarrollará con apego a planes de educación, capacitación e investigación ambiental, en el marco de evaluaciones de impacto y con la participación de poblaciones locales en la operación de sus actividades y en la distribución de sus beneficios. 10. La toma de decisiones para la gestión del SNAP se sustentará en procesos de investigación y monitoreo biológico, ecológico, social y económico, regulados por la Autoridad Ambiental Nacional. 11. Se fomentará la aplicación de incentivos económicos, tributarios y de otra índole, dirigidos a los gobiernos seccionales, propietarios privados y comunidades locales, a fin de propender a la integralidad del SNAP y el mantenimiento de los servicios ambientales. 12. Asegurar la optimización del uso de los recursos y su reinversión en el SNAP, manteniendo el principio de solidaridad del sistema con incentivos focalizados hacia las áreas generadoras de recursos. 13. Se impulsarán alternativas de desarrollo sustentable en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento como mecanismo para fortalecer los procesos de participación social en la gestión del SNAP, mitigar conflictos y contribuir a la distribución justa y equitativa de beneficios.

OBJETIVOS O1. Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, garantizando la conservación y representativid ad de ecosistemas terrestres, marinos y marinocosteros.

¾

¾

¾

¾

METAS Para el 2008 se habrá concluido el proceso para la revisión y adopción de las categorías de manejo propuestas en el Plan Estratégico del SNAP. Para el 2009 se habrá iniciado la integración de todos los subsistemas que conforman el SNAP y para el 2012 éste se habrá consolidado. Para el 2012 se habrán cubierto los vacíos de representatividad ecológica a través del establecimiento de nuevas áreas protegidas del SNAP. Para el 2014 se estará aplicando un programa de incentivos para la gestión del SNAP.

ESTRATEGIAS E1. Consolidación y complementa ción de la estructura del SNAP.

¾

¾ ¾

¾

ACCIONES Regular la creación de nuevas áreas de los subsistemas. Estructurar los subsistemas Incorporar al SNAP nuevas áreas protegidas en los ámbitos terrestre, marino y marino-costero Definir y poner en marcha políticas de incentivos para motivar a que pueblos indígenas, afroecuatorianos, gobiernos seccionales, comunidades locales y propietarios privados establezcan los demás subsistemas que conforman el SNAP.

163

OBJETIVOS

METAS

ESTRATEGIAS ¾

E2.

O2. Contribuir a la efectiva gestión del SNAP, a través del fortalecimiento de capacidades de la Autoridad Ambiental Nacional y demás instancias responsables de la administración y manejo de los subsistemas.

¾

¾

¾

En el 2009 se contarán con las capacidades técnicas, administrativas y financieras básicas de la Autoridad Ambiental Nacional para la rectoría y coordinación del SNAP. En el 2012 las instancias responsables de la administración y manejo de los subsistemas contarán con las capacidades técnicas, administrativas y financieras básicas. Para el 2010 se contará con una nueva estructura organizativa responsable del SNAP.

E3.

Consolidación de las áreas protegidas existentes (PANE) Fortalecimien to de la Autoridad Ambiental Nacional como ente rector y coordinador del SNAP

¾

¾

¾

¾

¾

E4.

Fortalecimien to de capacidades de los actores responsables del manejo y administració n de las áreas protegidas seccionales, privadas y comunitarias.

¾

ACCIONES Coordinar con los gobiernos seccionales y las autoridades sectoriales la expedición de políticas y normativas para la conservación y el manejo sustentable de recursos naturales terrestres, marinos y marino-costeros y de cuencas hidrográficas; garantizando la armonización con el marco político y normativo del SNAP. Redefinir los objetivos de conservación y categorías de manejo

Emprender la reestructura institucional del ente estatal rector y coordinador del SNAP. Ejecutar un programa de capacitación en temas de gestión de áreas protegidas y conservación de recursos naturales. Diseñar e implementar procesos de evaluación de la efectividad de manejo de las áreas protegidas y del SNAP. Incrementar los recursos humanos, tecnológicos y financieros para el ente estatal rector y coordinador del SNAP. Diseñar y coordinar procesos de fortalecimiento de capacidades dirigido las instancias responsables de la administración y manejo de los subsistemas

164

OBJETIVOS O3. Promover el reconocimiento social acerca de la importancia de la diversidad biológica y las áreas protegidas como elementos que contribuyen al desarrollo sustentable del país. O4. Promover el manejo integral del SNAP, a través de la participación de los actores en la gestión de las áreas protegidas.

¾

¾

¾

¾

¾

¾

O5. Promover el establecimient o de un marco normativo, político, institucional y financiero favorable para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

¾

¾

¾

¾

METAS Al final del 2007 se cuenta con un Plan Estratégico conocido por los principales actores vinculados con el SNAP. Para el 2008 está en marcha un proceso de promoción y difusión del SNAP y para el 2010 la población ecuatoriana reconoce su importancia, sus beneficios y su contribución a la economía nacional. Para el 2010 el sistema educativo en sus niveles primario, medio, superior, habrán integrado en sus planes de educación contenidos relativos a la importancia de la biodiversidad y el mantenimiento de áreas protegidas. Para finales del 2007 se habrán acordado alternativas para fortalecer los mecanismos de participación en las áreas protegidas. Para el 2010 la Autoridad Ambiental Nacional contará con una política de participación social para la gestión del SNAP. Para el 2015, las políticas y normativa del SNAP orientan la gestión ambiental de las autoridades sectoriales y seccionales referida a la administración y manejo de áreas protegidas. Para el 2007 se han definido los requisitos y procedimientos adecuados para el aprovechamiento racional de recursos no renovables por excepción en áreas protegidas y ecosistemas frágiles, según lo dispone el artículo 6 de la Ley de Gestión Ambiental. Para el 2008 se dispone de un marco legal que viabilice la implementación de la estructura del SNAP. Para el 2008 se habrán rectificado las incongruencias y errores introducidos en la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Para el 2009 se habrá promulgado en el Registro Oficial la Ley Orgánica del SNAP, derogando en su parte correspondiente la Codificación de la Ley Forestal

ESTRATEGIAS E5. Posicionamien to social de la importancia de las áreas protegidas del SNAP

E6.

E7.

¾

¾

Fortalecimien to de mecanismos de participación para el manejo de las áreas protegidas del SNAP.

¾

Establecimie nto y consolidación del marco legal y político del SNAP

¾

¾

¾

¾

¾

E8.

Fortalecimien to de políticas,

¾

ACCIONES Diseñar e implementar una estrategia de comunicación del PESNAP para diferentes audiencias. Promover programas de educación y comunicación -formales y no formales- dirigidos a diversos sectores de la población ecuatoriana, en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y otras instituciones. Evaluar las experiencias de participación social existentes en la gestión del SNAP. Identificar los mecanismos de participación social para las áreas protegidas del SNAP. Formular e implementar una política nacional sobre participación en el manejo del SNAP.

Gestionar ante el Congreso Nacional la rectificación de las incongruencias y errores introducidos en la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Elaborar de manera participativa, la Ley Orgánica del SNAP, su reglamento general, reglamentos específicos e instructivos de esta ley. Acordar, con los actores involucrados, usos y competencias sobre los recursos naturales en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. Fortalecer la capacidad técnica de la Autoridad Ambiental Nacional y los

165

OBJETIVOS

O6. Alcanzar la sostenibilidad financiera, a largo plazo, para el PANE y aplicar mecanismos financieros para la gestión de los otros subsistemas del SNAP.

METAS

¾

¾

¾

¾

¾

¾

Para el 2008 se duplican los ingresos de autogestión en relación a los generados al 2006 ($800.000), que incluya mecanismos de reinversión en el PANE. Para el 2010 se contará con un marco político, normativo y procedimientos que permitan la aplicación de incentivos económicos de los bienes y servicios que prestan las áreas protegidas. Para el 2012 se habrá logrado que el Estado y otros actores con interés en la gestión de áreas protegidas cubran al menos el escenario básico de administración y manejo del PANE. Para el 2014 se estará aplicando un programa de incentivos para la gestión del SNAP. Para el 2015, el Fondo de Áreas Protegidas contará con 60 millones de dólares, los cuales se han incrementado en forma progresiva, a partir de $18 millones en el 2008 a $35 millones en el 2010. Para el 2015, se ha logrado financiar el 70% del escenario integral.

ESTRATEGIAS instrumentos legales y procedimient os para la factibilidad y evaluación ambiental de actividades de desarrollo y extractivas en áreas protegidas y sus zonas de amortiguamie nto.

E9.

Fortalecimien to de la sostenibilida d financiera del SNAP.

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

ACCIONES gobiernos seccionales para el cumplimiento de los estudios y planes de manejo ambiental Definir criterios para el manejo y control ambiental para la ejecución de actividades de desarrollo y extractivas en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento. Gestionar la expedición del reglamento general a la Ley de Gestión Ambiental ante la Presidencia de la República, con base al proyecto actualizado que dispone el MAE. Implementar la Estrategia de Sostenibilidad Financiera para el Patrimonio de Áreas Naturales y concertar un plan de acción para su ejecución. Revisar periódicamente el sistema tarifario por los servicios que brinda el PANE. Reinvertir en el PANE, los ingresos de autogestión generados por el pago de los servicios de las áreas protegidas, mediante el establecimiento y manejo de un fideicomiso liderado por la Autoridad Ambiental Nacional. Definir e implementar mecanismos de compensación financiera por los impactos ambientales negativos provocados por los proyectos de desarrollo y actividades extractivas, realizadas por excepción, en áreas protegidas. Concertar con la cooperación internacional y el sector privado la canalización

166

OBJETIVOS

METAS

ESTRATEGIAS

¾

¾

¾

O7. Disponer de información especializada, sistematizada y de fácil acceso, que sustente la toma de decisiones para la gestión del SNAP.

¾

¾

Para el año 2008 se habrá acordado normas y procedimientos de investigación y monitoreo biológico, ecológico y socio-ambiental que sustenten la gestión integral del SNAP. Para el 2010 estará en funcionamiento un sistema de información ecológica y socioambiental accesible para el público en general y para la adopción de decisiones relacionadas con el SNAP.

E10. Desarrollo de sistemas de investigación, monitoreo y evaluación ecológica y socioambiental en el SNAP.

¾

¾

¾

O8. Mejorar la gobernabilidad del PANE, a través del manejo de

¾

¾

Para el 2007 se ha iniciado el proceso de manejo de conflictos de la tenencia en el PANE, con énfasis en los sitios de mayor presión. Para el 2012 se han delimitado los

E11. Manejo de conflictos de la tenencia de la tierra en el PANE.

¾ ¾

ACCIONES de recursos económicos reembolsables y no reembolsables para la sostenibilidad financiera del SNAP. Concertar y aplicar con el Ministerio de Turismo una estrategia para desarrollo de facilidades y promoción del turismo sostenible en áreas protegidas del SNAP. Impulsar la capitalización del Fondo de Áreas Protegidas y otros que se puedan crear para el financiamiento de las áreas protegidas. Implementar herramientas para contar con información financiera actualizada y cumplir con los mecanismos de rendición de cuentas en las áreas que integran el SNAP incluyendo a todos los actores vinculados a su gestión. Diseñar e implementar entre la Autoridad Ambiental Nacional y actores clave los mecanismos y procedimientos de investigación y monitoreo biológico, ecológica y socioambiental para la gestión integral del SNAP. Aplicar las recomendaciones de los estudios de efectividad de manejo de las áreas protegidas. Implementar la propuesta de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico del SNAP. Ejecutar un programa de manejo de conflictos. Ejecutar un programa de delimitación física de las áreas protegidas del

167

OBJETIVOS conflictos de tenencia de la tierra, en el marco de las disposiciones constitucionale s e instrumentos nacionales e internacionales.

¾

METAS sitios de mayor presión de las áreas protegidas del PANE. Para el 2012 existen acuerdos entre el MAE y los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas con respecto al uso y tenencia de tierra en el PANE.

ESTRATEGIAS

ACCIONES PANE, bajo el principio de integralidad del SNAP.

168

ANEXO 2 Áreas Naturales que Conforman el Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador SUPERFICIE

CREACIÓN DEL ÁREA

ÁREA NATURAL

Terrestre ha

Marina ha

Total ha

FECHA m-d-a

Acuerdo o Resolución

No. Registro Oficial / Fecha

1.

PARQUE NACIONAL CAJAS

28.544

0

28.808

06-06-77

A - 203

2.

PARQUE NACIONAL COTOPAXI

33.393

0

33.393

08-11-75

A - 259-A

3.

PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS

693.700

0

693.700

05-14-36

A - 31

4.

219.707

0

219.707

01-18-96

R - 002

41.754

14.430

14.430

07-26-79

A - 322

146. 280

0

146. 280

12-15-82

A - 398

7.

PARQUE NACIONAL LLANGANATES PARQUE NACIONAL MACHALILLA PARQUE NACIONAL PODOCARPUS PARQUE NACIONAL SANGAY

517.765

0

517.765

06-16-75

A - 190

8.

PARQUE NACIONAL SUMACO

205 .249

0

205 .249

03-02-94

R - 009

9.

PARQUE NACIONAL YASUNI

982 .000

0

982 .000

07-26-79

A - 322

10. PARQUE NACIONAL EL CÓNDOR

2 .440

0

2 .440

07-04-99

DE - 396

14´110.000

14´110.000

11-07-96

R - 058

4.613

0

4.613

09-23-85

A - 394

15.715

0

15.715

08-05-92

A - 415

120.000

0

120.000

07-21-93

R - 18

403.103

0

403.103

11-17-70

A - 818

17.082

0

17.082

05-16-01

A- 001

55.451

0

55.451

01-30-02

A - 016

204.420

0

204.420

09-29-68

A - 1468

149 900

0

149 900

12-11-96

R - 066

51.300

0

51.300

10-26-95

DE - 052

49.894

09-26-79

A - 322

317 07-04-77 876 08-27-75 189 05-14-36 907 03-19-96 69 11-20-79 404 01-05-83 840 07-07-75 471 06-28-94 69 11-20-79 210 06-11-99 70 09-18-96 283 10-01-85 021 09-08-92 265 08-31-93 104 11-20-70 342 06-07-01 519 02-21-02 17 09-24-68 92 12-19-96 822 11-15-95 69 11-20-79 29 09-19-96 715 03-21-66 806 11-09-87 69 11-20-79

5. 6.

11.

RESERVA MARINA DE GALÁPAGOS 12. RESERVA BIOLÓGICA LIMONCOCHA 13. RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL 14. RESERVA ECOLÓGICA ANTISANA 15. RESERVA ECOLÓGICA. CAYAMBE COCA 16. RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS 17. RESERVA ECOLÓGICA. COFÁNBERMEJO 18. RESERVA ECOLÓGICA. COTACACHI CAYAPAS 19. RESERVA ECOLÓGICA. LOS ILINIZAS 20. RESERVA ECOLÓGICA. CAYAPAS MATAJE 21. RESERVA ECOLÓGICA. MANGLARES CHURUTE 22. RESERVA ECOLÓGICA. MACHE CHINDUL 23. RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA 24. RESERVA FAUNÍSTICA CHIMBORAZO 25. RESERVA FAUNÍSTICA CUYABENO 26. RESERVA FAUNÍSTICA MANGLARES EL SALADO

49.894 119.172

0

119.172

08-09-96

R - 045

3.383

0

3.383

01-28-66

A - 194

58.560

0

58.560

10-26-87

A - 437

603.380

0

603.380

07-26-79

A - 322

5.217

0

5.217

11-15-02

A - 142

169

27. AREA NACIONAL . DE RECREACIÓN EL BOLICHE 28. AREA NACIONAL. DE RECREACIÓN PARQUE LAGO 29. REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHOA 30. REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA CORAZÓN 31. REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA SANTA CLARA 32. REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA CHIQUITA 33. REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MANGLARES ESTUARIO RIO MUISNE 34. REFUGIO DE VIDA SILVESTRE EL ZARZA 35. RESERVA BIOLÓGICA EL QUIMI

400

0

400

07-26-79

A - 322

2.283

0

2.283

11-15-02

A - 141

500

0

500

12-11-96

R - 065

700

0

700

11 – 03 - 02

A - 133

5

0

5

06-03-99

A - 83

809

0

809

11-22-02

A - 149

3.173

0

3.173

03-28-03

A - 047

3.643

0

3.643

06-28-06

A - 077

9.071,,20

0

9.071,,20

SUBTOTAL SUPERFICIE TERRESTRE 4´792.088 DEL SNAP SUBTOTAL SUPERFICIE MARINA DEL SNAP SUPERFICIE TOTAL DEL SNAP

69 11-20-79

92 12-19-96

14´124.430

18´916518,20

PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DEL PAÍS

18,692 %

170

ANEXO 3

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS Y RATIFICADOS POR EL ECUADOR RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS INSTRUMENTO Convención sobre la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales

REGISTRO OFICIAL Registro Oficial No. 990, 17 de diciembre de 1943

Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna – CITES Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural

Registro Oficial No. 746, 20 de febrero de 1975

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas RAMSAR

Registro Oficial No. 755, 24 de septiembre de 1987

Convenio sobre la Diversidad Biológica

Registro Oficial No. 647, 6 de marzo de 1995

Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres

Ratificación 2 de octubre del 2003. Vigente desde 1 de febrero de 2004.

Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste

Registro Oficial No. 532, 22 de septiembre de 1994

Registro Oficial No. 581, 25 de junio de 1974

OBJETO Los Estados se comprometen a crear y aplicar legislaciones nacionales que prohíban la caza, captura o matanza de flora y fauna y aves migratorias, excepto para investigación o indispensables para administración de la región donde se encuentran. Controla la importación, exportación y movilización de flora y fauna. Establece la clasificación y listados de especies amenazadas que no pueden comercializarse, exportarse, importarse o introducirse, salvo los procedimientos de excepción regulados en los subsiguientes artículos del convenio. Los Estados se comprometen a adoptar medidas tendientes a proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar el patrimonio natural (zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan un valor universal excepcional). protección de monumentos, lugares, formaciones geológicas de importancia mundial según criterios estéticos y científicos. No dispondrán deliberadamente actividades que afecten a estos espacios. Protege a los humedales como ecosistemas que regulan los regímenes hidrológicos, de flora y de fauna, especialmente de aves acuáticas. Las zonas húmedas se dividen en áreas de ciénagas, pantanos, áreas de musgos o agua, sean éstas naturales o artificiales. Los Estados establecerán listas de sitios a ser declarados como humedales, para cuya protección se podrá declararlos como reservas naturales. Se adoptarán medidas para la conservación y explotación racional de estos espacios. Como mecanismos de conservación in situ, los Estados establecerán sistemas de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica; promoverán la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies, así como el desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas. Los Estados se comprometen a adoptar medidas para la protección de especies migratorias y su hábitat. Establece la clasificación y listados de las especies migratorias en peligro y que requieren protección. Prohibe su caza y captura, salvo para fines investigativos, consumo de subsistencia u otras circunstancias excepcionales. Los Estados partes de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CCPS) se comprometen a adoptar medidas apropiadas para proteger y preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables o de valor natural o cultural único, con particular énfasis en la flora y fauna amenazados de agotamiento y extinción, mediante la realización de estudios orientados a la reconstrucción del medio o repoblamiento de fauna y flora en los casos necesarios.

171

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS Y RATIFICADOS POR EL ECUADOR RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS INSTRUMENTO Decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones sobre Acceso a los Recursos Genéticos Decisión 523 de la Comunidad Andina de Naciones, que aprueba la Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Protocolo de Seguridad de Biotecnología CDB (Protocolo de Cartagena)

REGISTRO OFICIAL Registro Oficial No. 41, 7 de octubre de 1996

OBJETO Regula los procedimientos de acceso a recursos genéticos, en particular del contrato de acceso y sus contratos derivados.

Registro Oficial No. 671, 27 de septiembre del 2002

Identifica acciones prioritarias conjuntas de conservación y uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica, en rubros donde los países de la CAN puedan aprovechar sus ventajas comparativas, impulsando el desarrollo socioeconómico sostenible de la región.

Registro Oficial No. 206, 07 de junio de 1999

Establece principios y garantías que los Estados deben reconocer a los pueblos ancestrales sobre sus derechos colectivos y territorios

Registro Oficial No. 704, 14 de noviembre de 2002

Establece los procedimientos que seguirán los países para la investigación y aprovechamiento comercial de la biodiversidad. Regula los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados OVM y procesos de etiquetación, efectos sobre la biodiversidad silvestre d estos productos.

172

ANEXO 4

PROBLEMAS Problema 1. Varios ecosistemas de alta prioridad para la conservación no están incluidos en el SNAP.

Problema 2: La mayoría de investigaciones que se realiza en las áreas protegidas del SNAP no está vinculada con las necesidades de manejo, no permite evaluar el cumplimiento de los objetivos de conservación ni contribuyen a la toma de decisiones.

Problema 3: No se dispone de un Plan Estratégico del SNAP actualizado y socializado que oriente las decisiones de política en los próximos años. Problema 4: La diversidad biológica aún no es reconocida como un recurso estratégico para el desarrollo sustentable. Problema 5: Se carece de un marco político y legal específico que regule de manera integral el SNAP.

Problema 6: Existen conflictos de tenencia de la tierra en áreas protegidas del PANE. Problema 7: Limitada capacidad de gestión de la Autoridad Ambiental Nacional para un

Síntesis de la problemática de manejo del SNAP SITUACIÓN ACTUAL Algunos ecosistemas marinos, dulce-acuícolas, marino costeros y terrestres, entre los que se incluyen áreas cubiertas por bosques protectores, zonas de regulación hídrica y sitios de conectividad biológica no están adecuadamente representados en el SNAP. Actualmente la Ley Forestal y de conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre no permite la inclusión en el SNAP de iniciativas de conservación privada, comunitaria y de gobiernos seccionales. La mayoría de investigaciones no han respondido a las prioridades de manejo del área y no proporcionan información para la toma de decisiones. La mayoría de ejercicios de evaluación de la efectividad de manejo de las áreas protegidas han estado enfocados a medir el cumplimiento de los insumos. Pocas áreas protegidas monitorean y evalúan el estado de conservación de la biodiversidad y el nivel de amenaza hacia los recursos y por tanto el nivel de cumplimiento de los objetivos de conservación. La información biológica, ecológica cultural y socioeconómica, que posee la Autoridad Ambiental Nacional se encuentra desactualizada no sistematizada ni disponible, lo cual limita su utilidad para la toma de decisiones. Las actividades de las instancias responsables de la administración y manejo de las áreas protegidas se desarrollan sobre una lógica operativa. Si bien existe visión, políticas y estrategias éstas no son de largo plazo.

La mayoría de la población no reconoce que la diversidad biológica puede favorecer su bienestar presente y futuro. El Estado, por su parte, no ha interiorizado el valor de los servicios ambientales en sus decisiones de política. Las políticas del SNAP no han sido definidas de forma oficial o constan dispersas en diversos instrumentos. Esto incide en: 1) una falta de eficacia jurídica, ya que la mayoría de las políticas existentes no se concreta en instrumentos vinculantes; 2) una alta generalidad en sus “mandatos”, lo cual dificulta su implementación práctica; y 3) un generalizado incumplimiento de las mismas. Aún no se cuenta con normativa específica que regule de manera integral al SNAP y que brinde respuestas a los vacíos existentes. Las categorías de manejo propuestas por la actual Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre tienen un enfoque preservacionista y no definen con claridad los objetivos y actividades específicas para cada categoría de manejo. La Ley Forestal prohíbe todo derecho real sobre el patrimonio de áreas naturales protegidas, disponiendo por tanto que sean de exclusiva propiedad del Estado en calidad de bienes nacionales de uso público. En la práctica, la implementación de esta disposición ha representado conflictos para la gestión de las áreas protegidas. La actual instancia que administra el SNAP, específicamente el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, no es funcional a las demandas de consolidación y fortalecimiento del SNAP por el bajo número de personal, escasos

173

PROBLEMAS manejo administrativo integral del SNAP. Problema 8: Insuficientes instrumentos para generar y gestionar recursos financieros orientados a la sostenibilidad financiera del SNAP.

Problema 9: Falta de decisión política para el cumplimiento de la normativa técnica y legal vigente respecto al aprovechamiento de los recursos naturales dentro del SNAP. Problema 10: Bajo nivel de involucramiento de actores sociales e institucionales en el manejo de las áreas protegidas.

Problema 11: No existe reconocimiento por parte de las autoridades y la población en general de los servicios ambientales que generan las áreas protegidas.

Síntesis de la problemática de manejo del SNAP SITUACIÓN ACTUAL recursos económicos y materiales y la falta de articulación en la planificación de las áreas protegidas entre las diferentes instancias del Ministerio del Ambiente. Los instrumentos existentes carecen de sustento técnico para su aplicación. En muchos casos los valores están desactualizados. Los recursos económicos que generan las áreas protegidas no pueden ser utilizados directamente por el MAE, sino que forman parte del Presupuesto General del Estado. No existe una reglamentación para la orientación de las inversiones y para un desarrollo administrativo, financiero y autónomo de las áreas protegidas. Solo algunas áreas protegidas subvencionan al SNAP, disminuyendo las posibilidades de reinversión de un porcentaje de sus ingresos. Las categorías de ingreso a las que da paso el TULAS todavía no generan ingresos por autogestión. Un bajo porcentaje de los recursos que se obtienen llegan a invertirse en las prioridades establecidas en cada área protegida. Existen concesiones petroleras, mineras y megaproyectos dentro de áreas protegidas y zonas de amortiguamiento que han sido autorizadas sin respetar o tomar en cuenta los criterios de conservación de la diversidad biológica que rigen en las áreas protegidas. Existe falta de coordinación entre instituciones del Estado encargadas de la gestión de recursos naturales. La Ley Forestal orienta el manejo de las áreas protegidas hacia la preservación de los recursos naturales, con una limitada participación de la población. El MAE ha utilizado varios y diversos instrumentos para involucrar a los actores sociales en el manejo de las áreas protegidas, tales como los comités de gestión y convenios con diferentes actores. Sin embargo, todavía no existe una política oficial de participación social en el manejo del SNAP. Gran parte de la población que vive al interior de áreas protegidas o en sus zonas de amortiguamiento han visto afectadas sus actividades productivas, muchas de ellas no sustentables. Existe limitada información y difusión sobre la valoración económica de los servicios ambientales que prestan las áreas protegidas. Todavía prevalece la visión de que los recursos naturales son inagotables, lo cual explica la existencia de una percepción poco favorable para el pago de los servicios ambientales que generan las áreas protegidas. Los sectores sociales que se han favorecido de los bienes y servicios ambientales generados por las áreas protegidas no siempre han reconocido su valor económico ni han contribuido al financiamiento para su conservación.

Fuente: MAE 2006

174

ANEXO 5 MINISTERIO DEL AMBIENTE - DIRECCION DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE TOTAL VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS AL PANE 1995 - 2005 AREA NATURAL 1995 1996 1997

No

NAC. 1

PARQUE NACIONAL CAJAS

EXT.

NAC.

EXT.

NAC.

EXT.

1998 NAC.

1999 EXT.

NAC.

EXT.

4.608

2.122

2.690

3.400

2.650

2.630

4.035

4.157

1.642

3.379

2

PARQUE NACIONAL COTOPAXI

43.344

16.315

29.668

19.577

29.983

21.506

31.912

24.170

30.477

22.257

3

PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

15.483

40.303

16.113

45.782

13.979

48.830

14.440

50.351

12.602

53.469

4

PARQUE NACIONAL LLANGANATES

0

0

0

0

0

0

0

0

5

PARQUE NACIONAL MACHALILLA

19.931

7.407

16.041

5.512

6.374

4.287

11.702

7.121

--

--

13.284

3.439

6

PARQUE NACIONAL PODOCARPUS

669

200

714

384

761

428

1.166

532

1.990

339

7

PARQUE NACIONAL SANGAY

486

1.494

633

1.821

656

1.696

409

1.782

406

1.531

8

PARQUE NACIONAL SUMACO NAPO GALERAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

PARQUE NACIONAL YASUNI

41

156

67

91

72

50

64

59

10

82

RESERVA BIOLOGICA LIMONCOCHA

90

26

91

19

167

113

159

33

340

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 11 12 13 14

RESERVA BIOLOGICA MARINA GALAPAGOS

--

RESERVA ECOLOGICA ANTISANA RESERVA ECOLOLOGICA EL ANGEL RESERVA ECOLOGICA ARENILLAS

-0

0

353 --

15

RESERVA ECOLOGICA CAYAMBE-COCA

16

RESERVA ECOLOGICA CAYAPAS MATAJE

17

RESERVA ECOLOGICA COFAN BERMEJO

18

RESERVA ECOLOGICA COTACACHI-CAYAPAS

19

RESERVA ECOLOGICA LOS ILINIZAS

--

20

RESERVA ECOLOGICA MACHE CHINDUL

--

21

RESERVA ECOLOGICA MANGLARES-CHURUTE

17 --

956

215

0 -79.094

531 -1.007

0 --

120 -544

0 --

42 -726

0 --

81.563

25.035

78.679

--

0

0

--

0

0

634

453

42

1.674

0 --

465 -24

0

606 --

305 --

276

0

202

0 --

0

--

--

--

24.112

92.746

26.804

70.108

24.198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

948

160

750

67

732

85

22

RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA

432

4.427

169

5.583

291

5.559

261

4.126

45

23

RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO

358

380

76

74

82

73

105

33

3.921

3.940

24

RESERVA FAUNISTICA CUYABENO

1.582

3.375

1.994

4.953

1.239

4.410

1.716

4.692

1.319

5.193

25

RESERVA FAUNISTICA MANGLARES EL SALADO

--

412 --

236

0

--

21.790

102 --

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

26

REFUGIO DE VIDA SILV. ISLA CORAZÓN Y FRAGATAS

27

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE EL ZARZA

--

--

--

--

--

--

28

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA SANTA CLARA

--

--

--

--

--

--

29

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA CHIQUITA

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MANGLARES RIO MUISNE

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

31

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHOA

--

--

--

--

1.545

23.736

820

10.002

1.577

11.901

30.940

1.021

18.934

1.823

32

AREA NACIONAL DE RECREACION EL BOLICHE

30.645

33

AREA NACIONAL DE RECREACIÓN PARQUE LAGO

--

--

--

--

--

--

--

--

482

34

PARQUE EL CONDOR

--

--

--

--

--

--

--

--

-0

10.049 --

0

1.777 --

--

-0

0

175

TOTAL

No.

191.878

AREA NATURAL

2000 NAC.

1

91.419

PARQUE NACIONAL CAJAS

183.875

110.290

2001 EXT.

NAC.

192.550

112.747

2002 EXT.

NAC.

192.356

120.022

EXT.

NAC.

2.003 EXT.

NAC.

150.306

123.949

2.004

2005 EXT.

NAC.

EXT.

1.865

2.056

6.925

2.778

0

0

13.971

9.181

20.839

9.328

22.793

9.312

28.478

21.348

34.920

31.378

31.330

34.393

27.916

26.268

45.882

27.414

54.014

33.125

15.031

56.536

21.503

59.746

22.939

59.287

27.637

62.896

33.225

75.211

27.510

64.691

0

0

0

0

0

0

24

7

0

3

11

1

PARQUE NACIONAL MACHALILLA

22.787

7.337

21.086

7.277

16.500

7.748

19.205

8.366

20.196

7.672

2.904

789

6

PARQUE NACIONAL PODOCARPUS

2.404

557

1.982

641

1.502

804

1.691

812

1.831

624

2.937

579

7

PARQUE NACIONAL SANGAY

120

253

127

298

305

190

971

359

1.199

276

1.365

263

8

PARQUE NACIONAL SUMACO NAPO GALERAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

PARQUE NACIONAL YASUNI

42

88

37

56

10

22

0

0

0

0

88

3

236

45

628

52

143

30

134

59

223

167

273

191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

828

63

1.119

247

466

813

331

1.009

517

526

802

628

692

371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

PARQUE NACIONAL COTOPAXI

3

PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

4

PARQUE NACIONAL LLANGANATES

5

10 11 12 13 14

RESERVA BIOLOGICA LIMONCOCHA RESERVA BIOLOGICA MARINA GALAPAGOS RESERVA ECOLOGICA ANTISANA RESERVA ECOLOLOGICA EL ANGEL RESERVA ECOLOGICA ARENILLAS

15

RESERVA ECOLOGICA CAYAMBE-COCA

16

RESERVA ECOLOGICA CAYAPAS MATAJE

17 18 19 20 21 22 23 24

RESERVA ECOLOGICA COFAN BERMEJO RESERVA ECOLOGICA COTACACHICAYAPAS RESERVA ECOLOGICA LOS ILINIZAS RESERVA ECOLOGICA MACHE CHINDUL RESERVA ECOLOGICA MANGLARESCHURUTE RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO RESERVA FAUNISTICA CUYABENO

827 --

--

261

1.093

135

1.741

4

2.889

67

2.634

103

2.506

71

2.942

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--

--

--

--

75.298 82 0

25.591 101 0

75.261 576 0

23.240 814 0

86.948 865 0

22.602 1.396 0

65.891 1.534 20

23.057 975 1

69.497 759 0

24.243 778 0

77.459 1.094 0

24.657 1.058 0

1.053 4.592 4.037 1.448

103 125 4.938 5.420

690 5.173 4.811 889

111 404 4.604 3.685

829 5.920 4.617 685

107 519 5.454 3.370

1.053 7.380 8.030 769

71 461 5.943 4.363

738 6.335 4.457 822

143 404 5.261 4.310

1.982 5.469 8.118 922

161 435 7.790 4.763

176

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

RESERVA FAUNISTICA MANGLARES EL SALADO REFUGIO DE VIDA SILV. ISLA CORAZÓN Y FRAGATAS REFUGIO DE VIDA SILVESTRE EL ZARZA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA SANTA CLARA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA CHIQUITA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MANGLARES RIO MUISNE REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHOA AREA NACIONAL DE RECREACION EL BOLICHE AREA NACIONAL DE RECREACIÓN PARQUE LAGO PARQUE EL CONDOR TOTAL

--

--

--

--

0

0

0

0

0

0

0

0

---

---

---

---

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--

--

-16.533

-2.018

-16.961

-1.405

0 13.171

0 1.188

0 13.219

0 928

0 12.128

0 1.206

0 13.917

0 1.004

8.226

123

13.364

131

25.200

292

19.156

250

12.319

224

20.595

291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--

--

0

-0

--

-0

-0

0

184.152 127.240 207.487 136.955 214.862 137.730 211.752 144.626 234.586 158.026 246.204 149.875

177

ANEXO 6 RELACIÓN ENTRE HITOS POLÍTICOS Y GESTIÓN EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE MINISTRO/A DEL PERIODO DE HECHOS RELEVANTES EN LA POLÍTICA AMBIENTE DURACION ECUATORIANA 6 de febrero de 1997: cae el gobierno de Abdalá Jaime Galarza 15 de octubre de Bucaram, asume la Presidencia Rosalía Arteaga 1996 al 11 de hasta el 11 de febrero, cuando la depone Fabián febrero de 1997 Alarcón, Presidente del Congreso. Flor Maria Valverde 27 de febrero de 1997 10 de agosto de 1998: se posesiona Jamil Mahuad Yolanda Kakabadse 10 de agosto de 1998 al 21 de enero de 2000 21 de enero de 2000: cae el gobierno de Jamil Roció Vásquez 26 de enero de Mahuad, asume la Presidencia Gustavo Novoa. Una 2000 de las primeras decisiones es eliminar el Ministerio Rodolfo Rendón 30 de marzo de del Ambiente e incorporarlo al Ministerio de 2000 al 4 de mayo Turismo; posteriormente se revoca esta decisión. de 2001 Lourdes Luque 4 de mayo de 2001 al 15 de enero de 2003 15 de enero de 2003: Posesión de Lucio Gutiérrez Edgar Isch 15 de enero de 2003 como Presidente. al 14 de julio de 2003 Desde el 13 de octubre de 2004, los Ministerios Cesar Narváez 14 de julio de 2003 de Agricultura, Ambiente, Educación, Gobierno e al 4 de marzo de Industrias mantuvieron una paralización de casi 3 2004 meses para presionar por la homologación de Fabián Valdiviezo 4 de marzo de 2004 remuneraciones del sector público. La paralización al 23 de febrero de concluyo alrededor del 7 de diciembre 2004. 2005 Juan Carlos Camacho 23 de febrero de 2005 al 20 de abril de 2005 20 de abril de 2005: cae el gobierno de Lucio Antonio Matamoros 22 de abril de 2005 Gutiérrez asume la Presidencia Alfredo Palacio al 27 de abril de 2005 27 de abril de 2005 Ana Alban Mora al 14 de enero de 2007 15 de enero de 2007: Posesión del Eco. Rafael 15 de enero de 2007 Correa como Presidente de la Republica hasta la fecha. Fue ratificada en su cargo por el actual régimen Fuente: Ministerio del Ambiente. Elaboración: Ribadeneira M., Junio 2007

178

ANEXO 7

INSTITUCION

ECOFONDO PROYECTOS APROBADOS CONVOCATORIA 2005 TITULO

1.

FUNDACIÓN VIHOMA

“Manejo de Flora y Fauna Local: Una Alternativa para el Ecodesarrollo y Fortalecimiento Cultural del Pueblo Secoya”

2.

FUNDACIÓN FUTURO

3.

FUNDACIÓN AGUA

“Reactivación del sector agroproductivo y manejo optimo del agua como una alternativa sostenible y articuladora para el manejo de los recursos naturales de la microcuenca La Primavera” “Evaluación ecológica y alternativas de manejo para la creación de una Reserva Marino- Costera en la Provincia de Esmeraldas”

4.

CEDERENA

5.

MONTO FINAL APROBADO (USD) 49.981,00.

71.968,00.

171.632,00.

121.840,00.

ECOLAP USFQ

“Conservación y manejo Comunitario de la Biodiversidad en la parroquia de Juan Montalvo como zona de amortiguamiento de la Reserva Cayambe Coca.” “Actualización de la Guía de Parques y Reservas del Ecuador.”

6.

Instituto para la Conservación y Capacitación Ambiental ICCA

“Investigación participativa para complementar los métodos académicos con el conocimiento Cofán sobre la distribución de la fauna silvestre de Zábalo, Reserva de Producción Faunística Cuyabeno”

246.364,00

7.

Escuela Politécnica Nacional

“Diversidad, biología y ecología de fauna en la cuenca media del río Tiputini, Parque Nacional Yasuní”

94.262,50

8.

Corporación Ornitológica del Ecuador CECIA

“Conservación participativa de la Subcuenca Alta del Río Alambí – Hábitat del Zamarrito Pechinegro (Ericnemis nigrivistes), IBA de Mindo y estribaciones occidentales del Volcán Pichincha”

128.991,40

Proyectos Aprobados (8) Conv. 2005

BENEFICIARIO 1.

SIMBIOE

2.

Naturaleza y Cultura Internacional

3.

Fundacion El Kaimán

4.

Cooperativa Rukullacta

5.

Aves y Conservación

6.

Fundación Sobrevivencia Cofán Fundación Ecológica Rumicocha

7.

Proyectos Aprobados (7) Conv. 2006

45.000,00.

781.945,90

PROYECTOS APROBADOS CONVOCATORIA 2006 TITULO PROYECTO “Estrategia de conservación del águila harpía en el Ecuador: ejecución del componente de investigación in situ, educación ambiental y divulgación” “Sistema de monitoreo y evaluación de indicadores biológicos y sociales, como parte del manejo integral del Área de Conservación y Desarrollo La Ceiba (ACD La Ceiba). ZapotilloLoja” “Desarrollo sostenible en la Laguna de Cube” “Planificación para el manejo sostenido y la conservación de los recursos biológicos de ña Cooperativa Kichwa San Pedro de Rukullakta, Napo, Ecuador” “Capacitación para grupos de apoyo local (GAL) para la conservación de tres Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs)” “Fortalecimiento de la comuna Cofán de Dureno para la conservación y manejo de los recursos naturales” “Acciones locales participativas de ecoturismo sustentable en el Sistema Lagunar de Sucus en el páramo de Papallacta de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca”

MONTO FINAL APROBADO (USD) 106.816,00

146.020,00

59.950,00 154.211,10

156.148,85

97.977,00 116.500,00

837.622,95

179

ANEXO 8 Patente de uso del espacio de áreas protegidas para infraestructura de telecomunicaciones 57 Dada la situación geográfica de algunas áreas protegidas en cuyo interior se encuentran las cumbres más altas de la geografía ecuatoriana, el cobro de una tarifa (patente) por el uso del espacio de áreas protegidas para infraestructura en telecomunicaciones se convierte en una fuente de ingresos estable con fines de reinversión en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado. Inventario de infraestructura DE telecomunicaciones en el PANE Continental Área Protegida Número de Número de Torres Antenas Parque Nacional Cajas 1 4 Parque Nacional Llanganates 5 35 Parque Nacional Machalilla 6 15 Parque Nacional Podocarpus 12 22 Parque Nacional Sangay 21 123 Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 3 20 Parque Nacional Yasuní 2 2 Reserva Ecológica Limoncocha 3 5 Reserva de Producción Faunística Chimborazo 41 120 Reserva Ecológica Antisana 11 76 Reserva Ecológica Arenillas 4 1 Reserva Ecológica Cayambe Coca 39 105 Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 62 259 Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje 12 24 Reserva Ecológica Manglares Churute 1 1 TOTAL 223 812 Fuente: Proyecto SNAP-GEF, 2007

Desde 1997 se firmaron diferentes convenios empresas privadas referentes al funcionamiento de antenas en áreas protegidas, cuyos beneficios para el MAE variaban desde la prestación gratuita del servicio de telefonía celular al acceso de espacios publicitarios. En el año 2001, mediante acuerdo ministerial se estableció la tarifa de US$ 3.000 por concepto de patente anual para la instalación de antenas. Este proceso no hizo diferenciaciones por tipo de antenas ni usuarios, generando conflictos para el MAE que le llevaron a dejar sin efecto dicha tarifa. Posteriormente, en el año 2004, se suscribieron siete convenios por el uso de espacio con este fin, con empresas de

57

Estudio técnico “Patente por el uso de espacio del Patrimonio de Áreas Naturales”. Ministerio del Ambiente, 2007. Proyecto GEF: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP-GEF).

180

telefonía celular que generan ingresos promedio de $10.000 anuales para siete áreas protegidas. Para regular esta situación, el MAE a través del Proyecto SNAP-GEF, elaboró un estudio técnico con los siguientes fines: • • •

Adoptar el procedimiento hacia la regulación de la infraestructura de telecomunicaciones que se encuentra sin la autorización del MAE. Fijar los parámetros técnicos necesarios para la instalación de nueva infraestructura en telecomunicaciones. Establecer el valor y el mecanismo de cobro.

Para el cálculo de esta patente, se utiliza la siguiente fórmula:

{

TA = (Vm 2 × AT ) + (TUA × NumAn) + OT }× OM En donde: TA = Vm2 = AT = TUA =

Tarifa anual por ocupación con infraestructura en telecomunicaciones. Valor por m2 de ocupación de la torre. Área de la torre Tarifa mensual por cada antena instalada en torre base, que depende del uso. NumAn = Número de antenas OT = Otras construcciones MO = Meses de ocupación de las antenas Las tarifas anuales se establecen en función de: Componentes de la tarifa por uso de espacio con infraestructura en telecomunicaciones en las áreas protegidas del Patrimonio a) Tarifa mensual por torre instalada (valor por m2 del área de la torre) b) Tarifa mensual por cada antena instalada en torre base, dependiendo del uso Radiotransmisión Internet Radiodifusión Televisión Telefonía convencional Telefonía celular y no convencional c) Tarifa mensual por otras construcciones Guarderías de hasta 50 m2 Guarderías de hasta 100 m2 Casa de máquinas (construcción máxima 50 m2)

Valor (US$) 5

5 100 65 1.000 250 2.000 100 300 50

Fuente: Proyecto SNAP GEF 2007 María Quishpe

181

El monto referencial a recaudarse por la aplicación de esta patente es de aproximadamente $ 1.9 millones anuales que corresponden a duplicar el monto de ingresos de autogestión registrados hasta el momento.

182

ANEXO 9 Concesión de la infraestructura y servicios turísticos del Área Nacional de Recreación El Boliche 58 El Área Nacional de Recreación “El Boliche” se encuentra ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de Quito y a 30 kilómetros de la ciudad de Latacunga, en los límites de la provincia de Cotopaxi y Pichincha, cuenta con una superficie aproximada de 400 ha. Según su categoría de manejo, al interior del área se permite realizar actividades de turismo y recreación controladas, protección y fomento de áreas verdes y bellezas escénicas, recuperación de especies, pesca deportiva y educación ambiental. Por su ubicación estratégica, al estar junto a una de las principales rutas turísticas de un alto valor paisajístico, el Boliche tiene características muy particulares que le otorgan un gran potencial para el turismo de naturaleza. No obstante, actualmente el área así como las instalaciones no se encuentran suficientemente desarrolladas y no se ha logrado optimizar su potencial en la prestación de servicios. En este contexto, el Ministerio de Ambiente resolvió concesionar la rehabilitación, explotación, operación y mantenimiento de la infraestructura turística existente en el área, de conformidad con las leyes ecuatorianas vigentes, para lo cual convocará mediante Licitación Pública Nacional a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera interesada a participar en el proceso para que presente su propuesta técnica y económica. La suscripción de este contrato de concesión tendrá una vigencia de 15 años, con evaluaciones periódicas; la inversión del concesionario se calcula en $400.000 aprox. Como resultados de este proceso, se espera que: - el área protegida cumpla efectivamente con la prestación de servicios turísticos, - los guardaparques y la administración dejen de realizar las actividades referentes a venta de entradas y mantenimiento de infraestructura y puedan dedicarse a cumplir con las acciones referentes a la ejecución del plan de manejo, - que el MAE deje de financiar el mantenimiento de la infraestructura que le correspondía a $40.000 anuales versus los ingresos por entrada al área que apenas promediaban los $20.000, - y que al finalizar la vigencia del contrato, de no existir una renovación, quede rehabilitada la infraestructura.

58 Bases de Licitación para la Concesión de la Infraestructura y Servicios turísticos del Área Nacional de Recreación El Boliche. Ministerio del Ambiente, 2007. Proyecto GEF: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP-GEF).

183

Convenio de comanejo para la ejecución de actividades que apoyen a la implementación del plan de manejo de la Reserva Ecológica CotacachiCayapas, sitio “Laguna de Cuicocha” La Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas (RECC) es una de las 35 áreas protegidas que integran el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado. Posee una extensión de 243,638 hectáreas ubicadas entre las provincias de Esmeraldas e Imbabura. Dentro de la RECC se ubica el sitio denominado “Laguna de Cuicocha” , lugar en el que el MAE, dispone de un centro de interpretación, el sendero autoguiado de Interpretación “Gorky Campuzano” , el antiguo centro administrativo y los estacionamientos. Con el objeto de alcanzar una efectiva ejecución de las actividades, conforme se describen en el respectivo Plan de Manejo (subprograma de turismo sostenible e interpretación), en lo relacionado al manejo del centro de interpretación, el sendero autoguiado y la infraestructura complementaria; el MAE, luego de un proceso de consulta y discusión de aproximadamente un año, que incluye la elaboración del plan de manejo, la discusión del mecanismo a utilizar y el análisis jurídico del proceso de comanejo, ha decidido involucrar a los diversos actores especialmente locales en el manejo del sitio denominado “Laguna de Cuicocha” ubicada al interior de área protegida, a través de la suscripción de un “convenio de comanejo”. Actualmente, se encuentran limitaciones jurídicas en la legislación ecuatoriana, relacionadas específicamente con la figura del “convenio de comanejo”; no obstante, existen varias disposiciones en la normativa ambiental que definitivamente buscan la asistencia y participación del sector privado en la gestión ambiental y manejo de áreas protegidas, con el objetivo de cumplir con sus objetivos de conservación. La base normativa del “convenio de comanejo” se halla en lo dispuesto en los artículos 179 y 193 del Libro III del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, artículo 8 de su Reglamento y artículo 248 de la Constitución Política del Ecuador. Conceptualmente, el manejo es parte de la administración de las áreas protegidas, que corresponde a la ejecución de las actividades contempladas en los planes oficializados. En este sentido, el comanejo es el “involucramiento del sector

privado en la ejecución de actividades que apoyen a la implementación de los planes de manejo y la prestación de servicios de acuerdo a lo establecido en el convenio suscrito”; el Ministerio del Ambiente mantiene plenamente sus facultades en la administración y manejo del área protegida.

184

La suscripción de este convenio entre el MAE y el Comanejante se realizará para cinco años, con evaluaciones periódicas, permitiendo de esta manera, además de cofinanciar ($228.911 aproximadamente en 5 años) y co-ejecutar las actividades, fortalecer la presencia institucional del Ministerio del Ambiente en la zona, además de brindar un servicio efectivo a más de los 100.000 turistas que visitan anualmente el sitio “Laguna de Cuicocha”.

185

ANEXO 10 PARTICIPANTES EN EL TALLER DE DISCUSIÓN – VALIDACION DEL INFORME NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

NOMBRE Cecilia Mantilla Isidro Gutiérrez Antonio Matamoros Sergio Lasso Edgar Rivera Marco Jácome Nancy Hilgert Patricio Hermida Vladimir Valarezo Carlos Zambrano Santos Calderón Carlos Molina Ulises Capelo Gumercindo Eras Vicente Álvarez Bruno Yánez Bolier Torres Byron Amaya Luís Borbor Miguel Acuña Ricardo Valdivieso Álvaro Dahik Jorge Samaniego Ruth Elena Ruiz Jorge Rivas Fernando Bajaña Soledad Cruz Elba Fiallo David Martínez Miriam Factos Fernando Moreno Mónica Tobar María Quishpe Marina Cracco Martha Núñez Samuel Sangueza

INSTITUCION MAE - Subsecretaria Capital Natural MAE – DNBAP - Coordinador Áreas Protegidas MAE – DNBAP MAE - DNBAP MAE - DNBAP MAE Director Regional Distrito Regional 6 Cotopaxi-Chimborazo Tungurahua-Bolívar MAE - Directora Regional Distrito Regional 3 Guayas El Oro MAE Líder de Biodiversidad Distrito Regional 6 Cotopaxi Chimborazo-Tungurahua-Bolívar MAE – Líder de Biodiversidad Distrito Regional 1 Pichincha MAE - Líder de Biodiversidad Distrito 4 Manabí MAE - Distrito Regional 8 Loja - Zamora MAE – Responsable de Área Reserva Ecológica El Ángel REA MAE – Distrito Regional 7 Sucumbíos - Orellana MAE - Responsable de Área Zona Baja Parque Nacional Podocarpus MAE – Responsable de Área Parque Nacional Machalilla MAE - Responsable de Área Reserva Ecológica Manglares Churute REMCH MAE - Responsable de Área Parque Nacional Sumaco Napo Galeras PNS MAE - Responsable de Área Reserva Biológica Limoncocha MAE - Responsable de Área Reserva Faunística Cuyabeno MAE – Responsable de Área Zona Alta Parque Nacional Sangay MAE Presidencia de la República Fundación Ecuatoriana de Mamíferos Marinos FEEMA Fundación Natura / Comité Ecuatoriano UICN / CMAP Ecuador Fundación Natura / CMAP Ecuador Fundación Natura Fundación Natura Fundación Natura Fundación Natura Proyecto SNAP – GEF / Coordinadora Proyecto SNAP – GEF Proyecto SNAP – GEF Proyecto SNAP – GEF CMAP – UICN Fundación Ambiente y Sociedad/ Comité Ecuatoriano UICN FAN

186

Marcela Aguirre Xiomara Izurieta Verónica Arias Gustavo Mosquera Orfa Rodríguez Susan Poats David Romo Susana Escandón Carlos Fierro Roberto Ulloa

FAN Grupo de Apoyo Permanente de Apoyo a las Áreas Protegidas GAPAP The Nature Conservancy TNC REGAL Fundación SAMIRI Fundación Randi-Randi Universidad San Francisco USFQ Parque Nacional Cajas - ETAPA Conservación Internacional CI / Facilitador CMAP- Ecuador / FAN

187