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SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA MINISTERIO DE JUSTICIA C/ San Bernardo 21 28071 Madrid ___________ D. Vicente Navarro Pérez, titular del DNI nº 46525585-N, en calidad de Secretario General y representante legal del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ). Por medio del presente escrito el Sindicato al que represento solicita la convocatoria de una reunión urgente con los responsables de ese Departamento, ante la gravedad de la situación existente en las ciudades donde se ha implantado la Nueva Oficina Judicial, y con el objeto de buscar soluciones inmediatas que pongan fin a una situación que no puede prolongarse más, pues está llevando a la Administración de Justicia a un colapso del que será muy difícil salir. Asimismo, reiteramos la necesidad de abordar otros muchos problemas que venimos denunciando constantemente en relación con el funcionamiento de esta Administración y las condiciones de trabajo de los funcionarios a su servicio. Nueva Oficina Judicial.El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia ha participado activamente en la negociación de las condiciones de trabajo de los funcionarios a los que representa, en el tránsito hacia la Nueva Oficina Judicial, negociación que se produjo fundamentalmente durante el primer semestre del año 2010. Fruto de aquella negociación fue la consecución de algunos acuerdos en los que se garantizaban los derechos de los funcionarios, al mismo tiempo que se posibilitaba la implantación progresiva del nuevo modelo organizativo para la Administración de Justicia. No obstante, y precisamente por considerar que afecta de manera directa a las condiciones de trabajo de los funcionarios a quienes representamos, y también porque consideramos que es imprescindible ofrecer a los ciudadanos un servicio público moderno y de calidad, hemos exigido desde el primer momento que se garantizase la inversión que es necesaria para llevar a buen puerto una empresa de tanta envergadura. Por eso, tan pronto se conocieron los recortes en el gasto público (cuya primera consecuencia fue la reducción salarial de los empleados públicos a STAJ Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia

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partir de junio de 2010), STAJ solicitó la paralización de la puesta en marcha de la Nueva Oficina Judicial, hasta que la situación económica lo permitiese. El anterior Gobierno no atendió a nuestra solicitud, y continuó con el plan previsto comenzando la puesta en marcha de la NOJ, sin que a nuestro juicio se cumpliesen dos premisas básicas que el proyecto no debería haber obviado: la plena modernización tecnológica y un incremento de los medios personales al servicio de la Administración de Justicia. Respecto a la primera premisa, la modernización tecnológica o de los sistemas de información, no podemos afirmar en absoluto que en los últimos años no se hayan realizado actuaciones en este sentido. Pero sí hay que afirmar con rotundidad que lo que se ha hecho ha sido insuficiente, especialmente de cara a la Nueva Oficina Judicial. La distribución del trabajo y las fases y personas por las que pasa la tramitación procesal, propias del nuevo modelo organizativo, no se entienden sin la existencia de una tramitación electrónica plena, que evite el trasiego de expedientes en formato papel, dejando estos para aquello que por su propia naturaleza debe continuar en dicho formato y en todo caso posibilitando que los expedientes tradicionales no tengan que moverse de un lado a otro constantemente. Esto, sencillamente, no se ha hecho, simplemente se han adoptado algunas medidas todas parciales, que en definitiva lo que han generado es una mayor burocratización del trabajo y por ende su práctica paralización. Por otra parte, los sistemas informáticos existentes no están respondiendo a las necesidades de celeridad y capacidad que se requieren para la tramitación procesal. Los datos estadísticos de que ese Ministerio dispone hablan por sí solos: la cantidad de trabajo que se realiza diariamente en los Juzgados se traduce en la elaboración y emisión de cientos de miles (millones) de documentos y resoluciones judiciales, a través de los sistemas informáticos. Sinceramente pensamos que el Ministerio de Justicia -también las Comunidades Autónomas-, en esta materia, se ha visto literalmente desbordado, y los equipos y servidores informáticos no son los idóneos para soportar el volumen de tráfico electrónico de datos que genera la Administración de Justicia. Es un hecho que diariamente, especialmente en las grandes sedes, los servidores se quedan colgados, las líneas se saturan, los sistemas no funcionan, generando problemas, unas veces en momentos puntuales y otras veces con duración prolongada, pero unas u otras suceden TODOS LOS DÍAS, ralentizando el trabajo y haciendo que el funcionario se desespere por su funcionamiento varias veces al día. Es por tanto una evidencia que la red informática judicial adolece de importantes defectos y que es notoriamente insuficiente para soportar la enorme cantidad de información que circula por la misma, por lo que, a nuestro juicio, es urgente revisarla, mejorarla y sobre todo adaptarla al nuevo modelo organizativo. STAJ Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia

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Ello, con independencia de la existencia en los diferentes ámbitos con competencias de diversos sistemas de gestión procesal incompatibles entre sí. Somos conscientes de la extraordinaria complejidad que conlleva implantar, mantener, renovar y mejorar constantemente los sistemas de información en la Administración de Justicia, pero se trata de algo que, hoy en día, es tan esencial como lo es que una oficina necesita una sede física donde ser ubicada. En conclusión, hacemos nuestras las palabras pronunciadas por el Ministro en su intervención ante el Senado del pasado día 5 de marzo: “el expediente judicial electrónico es algo más complejo -mucho más, diríamos nosotros- y útil que la simple digitalización del papel”, por ello es necesario no sólo revisar las experiencias desarrolladas hasta ahora en este aspecto, sino una voluntad firme y una inversión suficiente para resolver los problemas. En cuanto a la segunda premisa, la dotación suficiente de medios humanos, es evidente que tampoco se ha cumplido y el despliegue de la Nueva Oficina Judicial lo ha demostrado sobradamente. Siempre se habla de optimización de recursos, a lo cual no nos oponemos, pero la optimización de recursos no puede entenderse exclusivamente en términos de ahorro de costes, sino en términos de utilizar esos medios de la manera más eficiente. Es cierto que en los últimos años se ha producido un notable incremento de las plantillas de funcionarios -más o menos en consonancia con la de jueces y fiscales-, consecuencia directa de la creación de nuevos órganos judiciales, pero ante ello hay que decir que no ha sido suficiente en absoluto, pues, paralelamente, y en mayor medida, se ha producido un importantísimo incremento de la litigiosidad y, además, el trabajo que se desarrolla en los Juzgados y Tribunales es cada vez más complejo y requiere de la realización de tareas cada vez más tediosas y lentas por su propia naturaleza. Las intenciones expresadas por el Ministerio relacionadas con reformas procesales tendentes a disminuir la litigiosidad consideramos que no son suficientes, pues aunque hipotéticamente esa litigiosidad se redujera, también, como decimos, en los últimos tiempos los funcionarios hemos tenido que asumir tareas que ralentizan constantemente el trabajo y por ende la tramitación general de los procedimientos judiciales: accesos a bases de datos, inscripciones en registros (SIRAJ), embargos telemáticos, grabaciones de vistas, salvaguarda de datos, etc., así como un notable incremento en la complejidad en la tramitación de muchos procedimientos judiciales. El señor Ministro, en su intervención ante el Senado del pasado día 5 de marzo, hablaba de que estamos en un momento en el que “hay que hacer más con menos”. No vamos a negar esta afirmación, pero desde luego lo que no podemos aceptar es que el ahorro en costes que subyace en la misma afecte a cualquiera de las dos premisas a que hemos hecho referencia. Hay que ahorrar, pero hay que hacerlo en gastos que son inútiles o que en la actualidad no pueden asumirse. Pero STAJ Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia

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allí donde la NOJ ya ha empezado, lo que hay que hacer es precisamente invertir mucho más, pues es la única manera de salir del colapso en que su implantación se está convirtiendo a pasos agigantados. Si queremos una Administración de Justicia eficaz, ágil, rápida y de calidad, no puede hacerse pensando en el ahorro de costes; la reforma de la Justicia requiere modificaciones legislativas que posibiliten realmente la agilización de los procedimientos, pero también la inversión en medios humanos y materiales que hagan posible una organización del trabajo moderna y de calidad. En definitiva, estamos de acuerdo en que hay que dejar de poner parches y concebir una reforma global y coherente, y para ello, lo primero que hay que hacer es cumplir las premisas básicas que este sindicato viene reclamando con insistencia desde el primer momento. Otras cuestiones.Nos gustaría también hacer referencia a algunas otras cuestiones que este sindicato considera del máximo interés y que entendemos que también deben ser objeto de tratamiento urgente en las reuniones que venimos solicitando con ese equipo ministerial. Digitalización en la Audiencia Nacional y dotación de efectivos en el NSCRRDA, acorde a la realidad que ha quedado plasmada en el tiempo de funcionamiento de este nuevo servicio de entrada de todos los escritos, documentos y demandas en este Tribunal Insistimos, una vez más, en la necesidad de dar una solución urgente al problema de la digitalización en la Audiencia Nacional. Como hemos expresado antes, consideramos que la tramitación electrónica es esencial para que la Nueva Oficina Judicial funcione. Sin embargo, la manera en la que se ha llevado a cabo la digitalización, como paso previo para esa tramitación electrónica, ha generado problemas muy graves en la práctica, que son sobradamente conocidos ya por los nuevos responsables ministeriales y por los ciudadanos de ahí que consideremos urgente también en esta cuestión celebrar cuantas reuniones sean precisas para buscar una solución inmediata y satisfactoria. Desjudicialización del Registro Civil.Seguimos sin saber cuáles son los planes del Ministerio de cara a la desjudicialización prevista legalmente para el Registro Civil y su efecto en la plantilla de los funcionarios que actualmente prestan servicio en las oficinas actuales. Recordemos que el plazo de vacatio legis era de tres años, de los cuales ya ha transcurrido uno.

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Modificación del Reglamento Disciplinario.Reiteramos, una vez más, la modificación del Reglamento Disciplinario que fue pactada en el año 2005 por el equipo ministerial entonces existente, y que aún no se ha plasmado en el texto reglamentario, solicitando una vez más la celebración de mesa sectorial para ello. Supresión de la exención de abogado y procurador en los recursos de funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios. Desde STAJ no podemos estar en absoluto de acuerdo con la afirmación realizada por el Ministro en su reciente intervención ante el Senado, calificando de privilegio algo que realmente no lo es en absoluto, pareciendo que los funcionarios, por el hecho de serlo, no tenemos que hacer uso de abogado y procurador en los recursos que interponemos ante los tribunales de la jurisdicción contenciosoadministrativa. Esto es así únicamente cuando el objeto del recurso es la defensa de sus derechos estatutarios, lo que equivale, al ciento por ciento, a la defensa de nuestros derechos laborales ante nuestro empleador. La exención no es por tanto un privilegio, sino un derecho que nos asiste del mismo modo en que asiste a los trabajadores sometidos al Estatuto de los Trabajadores, quienes en ningún caso tienen que valerse necesariamente de procurador, sino que pueden comparecer por sí mismos en cualquier instancia, y quienes tienen la facultad de hacer o no uso de abogado en la instancia, siendo únicamente obligatoria su asistencia -o la de graduado social colegiado- para la interposición de recursos devolutivos, todo ello según establece la Ley de Procedimiento Laboral. En consecuencia, instamos a ese Ministerio a que no efectúe modificación alguna en cuanto a la postulación en el recurso contencioso administrativo interpuesto por funcionarios en defensa de sus derechos estatutarios, y a que sí la modifique permitiendo a los sindicatos actuar en nombre o interés de sus afiliados, del mismo modo en que se permite en la legislación procesal laboral. Futuras modificaciones legislativas.El Ministro en su reciente intervención ante el Senado ha anunciado la modificación de varias leyes, la mayoría de las cuales tienen relación directa con la Administración de Justicia y por tanto con las condiciones de trabajo de los funcionarios a su servicio; así, se ha hablado de modificación de entre otras la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley de Demarcación y Planta, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o de la aprobación del Estatuto de la Víctima. También ha expresado su apuesta por el fortalecimiento, a través de la reforma de la LOPJ, de una justicia más profesional, buscando la máxima objetividad en los sistemas de acceso y promoción de jueces, fiscales, secretarios judiciales y personal al servicio de la Administración de Justicia. STAJ Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia

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La mayor parte de estas reformas, si no todas, afectarán de manera directa a las condiciones de trabajo y al estatuto jurídico de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia. El STAJ es sindicato representativo del sector y por tanto representa a Secretarios judiciales, funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación, Auxilio, Médicos Forenses y Cuerpos Especiales de Toxicología (Facultativos, Técnicos de Laboratorio, y Ayudantes de Laboratorio), todos ellos empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia; en consecuencia, este sindicato y el resto de sindicatos representativos del sector deben ser oídos en todo el proceso de elaboración de las reformas legislativas anunciadas. El Ministro haría bien en hacer realidad su afirmación de búsqueda del máximo consenso posible y empezar por recibirnos tal como venimos solicitándole insistentemente desde su toma de posesión en el cargo, para acto seguido convocar cuantas mesas de negociación sean necesarias, haciéndonos partícipes de todos los trabajos, desde su inicio, tendentes a la consecución de esas reformas que posibiliten, por fin, la ansiada modernización de la Justicia. Aseguramos a ese Ministerio que nuestras aportaciones enriquecerán los textos que definitivamente se remitan al Parlamento para su debate y aprobación. El STAJ, una vez más, ofrece su colaboración institucional, por supuesto desde la defensa de los derechos y de las condiciones de trabajo de los empleados públicos a los que representa y de un buen servicio al ciudadano, pero es muy difícil mantener esa postura de colaboración con un gabinete que a día de hoy no ha recibido aún a este Sindicato, mientras sí ha mantenido reuniones con los más diversos colectivos, excluyendo a los funcionarios de Justicia a los que representamos y que son pilar básico para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y para su definitiva modernización. Por ello, reiteramos nuevamente la solicitud expresada al principio que venimos reclamando insistentemente al nuevo equipo ministerial, de celebración urgente de reunión con el Ministro y la convocatoria de cuantas reuniones y mesas de negociación sean pertinentes para abordar todos los asuntos y problemas relacionados en este escrito y cuantos demás venimos reclamando desde hace tiempo. Un cordial saludo

Madrid, 9 de marzo de 2012.

Fdo. Vicente Navarro Pérez Secretario General STAJ STAJ Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia

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