Mundubat es una ONGD comprometida con el cambio social. Entiende la Cooperación y la Educación al Desarrollo, como herramientas para el impulso de procesos orientados a ese necesario cambio social, tanto en el escenario global como en el local. Así nuestra solidaridad está interesada en reflexionar sobre todos los aspectos que configuran el mundo en el que vivimos.

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Nº 12

Luchas campesinas; propuestas, redes y alianzas Gustavo Duch. Editor de la revista ‘Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas’, exdirector de Veterinarios Sin Fronteras. Esther Vivas. Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Rosalinda Hernández Alarcón. Periodista mexicana. Co-editora de la publicación feminista «laCuerda» y columnista del diario «elPeriódico». Isabel de Gonzalo Aranoa. Coordinadora y Responsable de Territorio de Delegación Mundubat en Honduras 2006-2010. Ingeniera Agrónoma. Tom Kucharz. Coordinador estatal del Área de Agroecología y Soberanía Alimentaria de Ecologistas en Acción. MAB. Movimento dos Atingidos por Barragens - São Paulo-Brasil. Movimiento de afectados y afectadas por las Represas. MUCA. Movimiento Unificado Campesino del Aguán. Gilberto Ríos. Secretario Ejecutivo FIAN Honduras. Lourdes Palacios. Diputada de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Integrante de las Comisiones de Economía y Agricultura, y Salud y Medio Ambiente. Claudia Johana Cáceres. Representante de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO-CUT y la Coordinadora Nacional Agraria y Popular CONAP de Colombia. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Organización de acompañamiento de Derechos Humanos Colombiana. UAWC. Union of Agricultural Work Committees -Palestine- Unión de Comités de Trabajo Agrícola. Palestina.

Luchas campesinas; propuestas, redes y alianzas

Este volumen es parte del fondo editorial propio de Mundubat, que tiene como objetivo el estudio y la reflexión de temas de interés para las organizaciones sociales. En este caso este libro es el primero que específicamente trata sobre las realidades del campesinado y la Soberanía Alimentaria de los pueblos. Este trabajo además supone una colaboración con EHNE, en la línea de alianzas con las organizaciones campesinas.

Mundubat y EHNE presentan este libro en un intento de aportar contenidos y propuestas que se están produciendo en el mundo, relacionadas con el campesinado. Este esfuerzo entra dentro de las alianzas por la consecución de la Soberanía Alimentaria. En este sentido EHNE lleva años trabajando mediante alianzas y proyectos, como La Vía Campesina y otras redes, con una clara apuesta de crítica al modelo de producción neoliberal que se establece a nivel mundial. Es la lucha contra el modelo agroindustrial que trae consigo consecuencias catastróficas para las comunidades campesinas, para el medioambiente y profundiza en la llamada crisis alimentaria, crisis últimamente olvidada. Desde Mundubat la apuesta por acompañar las propuestas y luchas campesinas viene desde su nacimiento, acompañando a comunidades en su gran mayoría relacionadas con el sector agropecuario. En este camino, el conocimiento mutuo entre organizaciones del Norte y del Sur, y las propuestas de La Vía Campesina suponen una apuesta por la Soberanía Alimentaria. Este volumen no se hubiera publicado sin esas alianzas, sin esos esfuerzos, y por lo tanto desde las dos organizaciones queremos dar nuestro más sincero agradecimiento a las organizaciones y personas que han participado.

Luchas campesinas Propuestas, redes y alianzas.

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Luchas campesinas Propuestas, redes y alianzas.

Gustavo Duch, Esther Vivas, Rosalinda Hernández Alarcón, Isabel de Gonzalo Aranoa, Tom Kucharz, MAB, MUCA, Gilberto Ríos, Lourdes Palacios, Claudia Johana Cáceres, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, UAWC.

Esta edición cuenta con el apoyo de

© Mundubat Sombrerería, 2- 3º 48005 Bilbao Tel. 944 162 325 www.mundubat.org © de esta edición: TERCERA PRENSA-HIRUGARREN PRENTSA S.L. Peña y Goñi, 13, 1º - 20002 Donostia-San Sebastián [email protected] www.gakoa.com

ISBN: 978-84-96993-17-4 Depósito Legal: SS-859-2010 Imprime: Michelena artes gráficas

Índice 7

Prólogo ........................................................................... ¿Cómo nos alimentaremos? Gustavo Duch .........................................................

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La cara oculta del sistema agroalimentario mundial Esther Vivas ...........................................................

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Ellas enfrentan mayores problemas, incluso para comer. Rosalinda Hernández Alarcón ..............................

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Papel del campesinado en la transformación social en América Latina: la acción social colectiva y la agroecología 53 Isabel de Gonzalo Aranoa ..................................... Soberanía alimentaria vs. agroenergía Tom Kucharz ..........................................................

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Un mundo sin transnacionales Gustavo Duch .........................................................

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Experiencias territoriales Las represas en el modelo energético de Brasil y sus impactos sociales y ambientales 117 MAB ........................................................................ La experiencia agraria en el Aguán (Honduras) MUCA .....................................................................

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El caso MUCA, la Reforma Agraria y el Neoliberalismo. Gilberto Ríos ..........................................................

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Soberanía alimentaria y nutricional Lourdes Palacios ....................................................

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La defensa del territorio y la soberanía alimentaria: desafíos para las comunidades campesinas colombianas 185 Claudia Johana Cáceres ........................................ Control territorial, control para el mercado mundial. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ..............

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La lucha campesina en Palestina UAWC .....................................................................

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PRÓLOGO

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Prólogo «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad» La alimentación es un derecho reconocido por la declaración de los derechos humanos de 1948 (artículo 25). Declaración en la actualidad firmada por todos los Estados del mundo. A pesar de ello, los números hablan por sí mismos, en la actualidad más de 1.000 millones de personas están gravemente subalimentadas en el mundo y esa cifra ha estado creciendo en todo el planeta las últimas décadas. A esto se le ha venido llamando crisis alimentaria. De esas más de 1.000 millones de personas, las estimaciones de la FAO hablan de que el 50% tienen pequeñas explotaciones agrícolas, el 20% es campesinado sin tierra, el 10% pertenecen al pastoreo nómada y pequeña pesca, el 10% viven en la pobreza urbana, y un 5% están afectadas por situaciones de urgencia alimentaría debida a conflictos armados, condiciones climáticas excepcionales (principalmente sequías e inundaciones) o a transiciones violentas. Las políticas de ajuste estructural impuestas por el Banco Mundial y el FMI, el acuerdo de la OMC en agricultura y el paradigma del libre comercio han minado economías locales y nacionales, erosionado el medio ambiente y han dañado los sistemas locales

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de alimentación, llevándonos a la situación de hoy. Eso ha facilitado el desarrollo de oligopolios corporativos y rápidas concentraciones empresariales a lo largo de toda la cadena alimentaria. Esto ha permitido la especulación depredadora de mercancías y las aventuras financieras y mercantiles, posibilitando que las instituciones financieras internacionales y los programas bilaterales de ayuda devasten la producción sostenible de alimentos y los sistemas de subsistencia. Las políticas internacionales de producción de alimentos, optaron por privilegiar un modelo de producción basado en el uso intensivo de tierras y químicos orientado primordialmente a la exportación. Casi dos décadas de ajustes estructurales impuestos en los países del Sur por las instituciones internacionales han combinado la reducción arancelaria y los gastos nacionales para subvencionar y proteger sus producciones con las políticas de apoyo a la industria del «agro-negocio» y en detrimento de la seguridad alimentaria. Hemos visto crecer descomunalmente los activos de las grandes compañías multinacionales del sector alimentario, al tiempo que los productos locales desaparecían progresivamente de sus mercados y millones de campesinos y campesinas eran expulsados de los circuitos productivos y perdían su medio de vida. Desde diferentes organismos se ha alertado de que el 75% de las personas más empobrecidas del Planeta, han de sobrevivir con menos de un dólar diario y que son más de 1.000 millones, viven directamente de su trabajo en el sector rural alimentario. Y que éste estaba siendo progresivamente abandonado por las políticas públicas nacionales, maniatadas por acuerdos comerciales alcanzados en el seno de la Organización Mundial de Comercio o producto de acuerdos de libre comercio y asociación, todos ellos dictados y diseñados por los lobby de las multinacionales e impuestos por los gobiernos de los países industrializados. La situación que se da en la producción de alimentos es de un creciente aumento de grandes transnacionales de la producción y comercialización de alimentos, potenciado por organismos internacionales, que han incidido gravemente en cuestiones como la desaparición y eliminación del campesinado pequeño y mediano en la producción, tanto en el Norte como en el Sur, mediante operaciones de mercado, como el Dumping, y las subvenciones a la

PRÓLOGO

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industrialización del campo. Esto ha generado, pobreza, hambre, exclusión, y desplazamientos forzados desde las zonas rurales hacia la ciudad. Degradación medioambiental, mediante monocultivos dirigidos a la exportación para la producción en masa de la industria ganadera, cuyo único fin es el de la ganancia, jugando con la biodiversidad y los recursos, agua, semillas y animales. Los Organismos Genéticamente Modificados producen contaminación de cultivos, imponiendo por los hechos al campesinado una tiranía donde unas cuantas multinacionales ejercen de ‘propietarias’ de las semillas, de la vida y de la alimentación. Especialmente tenemos que señalar la situación que viven las mujeres en el mundo rural, gran mayoría de este campesinado, que sufren con mayor violencia el impacto de los ataques al campesinado. Ellas padecen la desposesión de las tierras, que provoca una situación de despojo, cuando se dan situaciones de viudedad, repudio y separación. A la vez son las que gestionan en la mayoría de los casos esas pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, junto con el cuidado del hogar, trabajo no valorado e invisibilizado. Son ellas las que primero soportan cualquier tipo de situación contra esas pequeñas y medianas explotaciones, cuando por efectos de dumping la producción deja de tener valor o cuando estas comunidades son objeto de expropiaciones y ataques a los territorios. Las crisis alimentarias se producen, paradójicamente con una macro industria que produce más que nunca, mientras los escándalos llamados de seguridad alimentaria se suceden sin que parezca haya ningún control efectivo sobre este sistema productivo. Ante esta situación las organizaciones campesinas han realizado una labor de coordinación internacional, desde bases locales, para enfrentar este sistema perverso. La propuesta de la Soberanía Alimentaria, liderada por La Vía Campesina, el movimiento internacional autónomo más grande en todo el planeta, se perfila como una propuesta integral de soluciones ante este injusto sistema mundial, en el que han sumido la alimentación en una mercancía, no en un derecho.

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La propuesta de la Soberanía Alimentaria, no es sólo una apuesta productiva, también marca una agenda integral de soluciones. No marca sólo una agenda para las organizaciones agrícolas, es una propuesta para las organizaciones sociales de todo signo. Este libro es un intento de acercarse a estas realidades. La colaboración de las personas y organizaciones que aportan contenidos, caminos y propuestas hacen realidad este documento, que intenta aportar un granito de arena más, no sólo en la apuesta de análisis situacional, sino que también es una apuesta de propuestas y luchas. El libro consta de dos apartados, uno más centrado sobre la agenda que va marcando la Soberanía Alimentaria, en las que se centran los análisis globales, con algunas de las líneas imprescindibles de la propuesta. La segunda parte incide en situaciones de comunidades y pueblos, que creemos de gran interés en sus apartados de análisis y propuestas, ante la clara vulneración de los derechos humanos en su conjunto. Esperamos os sean de interés los textos que vienen a continuación. Acciones en el Norte- Mundubat -eko Iparraldeko Ekintzetako Saila

¿CÓMO NOS ALIMENTAREMOS?

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¿Cómo nos alimentaremos? Gustavo Duch* Febrero 2010 El actual modelo de agricultura y alimentación es completamente injusto, responsable de que 1.020 millones de seres humanos padezcan hambre (es decir, ingieran una cantidad insuficiente de calorías para su vida diaria); de que otros 1.000 millones de personas ingieran suficientes calorías pero estén malnutridas por una alimentación deficiente en micronutrientes; y de que además 1.300 millones de personas estén también malnutridas, esta vez con síntomas de obesidad y sobrepeso. Vamos, que la mitad del mundo no tiene una alimentación adecuada. Y después del fiasco (y negligencia) de Copenhague, parece ratificado formalmente el pasado 31 de enero, que alimentarse debidamente se volverá cada vez más complicado. Mientras pensamos en qué hacer con nuestros representantes políticos, ¿cómo nos adaptamos a los cambios climáticos? ¿Quién nos alimentará? Es seguro que los cambios climáticos afectarán (ya sucede en algunas realidades concretas) la producción de alimentos. Ten*

Editor de la revista ‘Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas’ Gustavo Duch Guillot (1965, Barcelona) licenciado en Veterinaria y Postgrado en Dirección de Empresas. Fue Director de Veterinarios sin Fronteras desde 1991 hasta 2009. También, en el ámbito de la cooperación al desarrollo ha sido miembro de la Junta Directiva de la Federación Catalana de ONGD y Presidente de AGORA NordSud. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Plataforma Rural, colabora con las actividades de La Vía Campesina y con campañas como No te comas el mundo o Som lo que Sembrem. Colabora en distintos medios de prensa escrita como El Periódico de Catalunya, Público, La Jornada de México, Galicia Hoxe y El Correo Vasco, así como en algunos programas de radio. Autor de los libros Con los pies en la tierra y Lo que hay que tragar.

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dremos, en general, un clima más caluroso y con menos lluvias, será más fácil la migración de plagas y se darán situaciones extremas (huracanes, lluvias torrenciales…). Según un informe coordinado por la organización Biodiversity International, en África subsahariana las pérdidas de cosechas inducidas por la crisis climática podrían llegar a ser de hasta el 50% dentro de sólo diez años. Un dato que ilustra el mensaje que se ha venido repitiendo por parte de los movimientos sociales: el cambio climático afecta y afectará a todo el planeta, pero de forma más grave a las poblaciones que hoy ya sobreviven con muchas dificultades. En los países industrializados nos alimentamos en una parte muy significativa de cosechas, pesca, acuicultura o ganadería totalmente dependiente de combustibles fósiles, que sabemos cada vez más escasos y más caros. Así que la crisis alimentaria puede ser entonces global. Mi tesis es simple: se pueden plantear cambios de adaptación a la próxima realidad climática que son los mismos que se requieren para corregir las desigualdades ya presentes. De entre todas estas medidas quiero destacar las que se refieren al uso de la tierra, de la tierra fértil: un bien finito. Ante la inseguridad futura no parecería sensato que, por ejemplo, los campos agrícolas del parque agrario del Llobregat, cercanos a Barcelona, fueran tragados por nuevos polígonos industriales, ¿verdad? Pues cosas parecidas están sucediendo, y todos conocemos casos a pequeña escala, pero también se dan a gran escala, como lo que ya se conoce como el «nuevo despojo de tierras» que se está llevando a cabo en el Sur global. Acaparar millones de hectáreas para cultivar en ellas productos para la exportación no sólo impide la alimentación local tan necesaria, sino que además desplaza cultivos tradicionales que han sabido adaptarse a condiciones extremas y que perderemos del stock global. Se desperdiciará material genético de regiones que, precisamente, con el paso de muchos años y la cuidadosa selección por parte de las campesinas y campesinos de la región, sería muy válido para cultivar en las condiciones climáticas futuras. Muchas de estas hectáreas usurpadas, junto con grandes extensiones que ya están en manos de terratenientes, están siendo dedicadas a cultivos no alimenticios, a cultivos energéticos: los agrocombustibles. Lo que se señaló como una arriesgada tendencia es,

¿CÓMO NOS ALIMENTAREMOS?

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después de Copenhague, una terrible insensatez. No se puede presionar –como se hará bajo el pretexto de la captura de CO², a los países africanos, latinoamericanos y asiáticos–, para incrementar la producción de agrocombustibles que compiten directamente con el agua y los nutrientes del suelo que pueden, en cambio, producir comida. Ni tampoco con el argumento de usar «tierras ociosas». Con esa denominación se quieren adquirir las tierras comunales entre bosques y selvas que tienen muchos usos (aunque no se contabilicen) para las comunidades rurales cercanas: son espacios para la pesca, caza, recolección de vegetales, frutos, hongos, etc. Como dice el ETC Group, «esta cosecha oculta no sólo proporciona nutrientes irremplazables en su dieta, sino que además, es esencial para la seguridad alimentaria». Las comunidades campesinas de Borneo, por ejemplo, garantizan dos tercios de sus alimentos de estos espacios comunes, y las mujeres campesinas en Uttar Pradesh, India, obtienen casi la mitad de sus ingresos de la recolección de especies forestales. El cálculo global estima que hasta un 15% del abastecimiento de las familias campesinas de los países del Sur proviene de esas tierras, hoy en el punto de mira de las transnacionales. En el uso actual de las tierras fértiles también hay una dedicación abusiva destinada a la alimentación de la ganadería industrial. El 40% del grano que hoy día se cosecha se dedica al engorde industrial al igual que 47 millones de hectáreas sembradas con pastos y forrajes. Si bien es cierto que la cría de animales a pequeña escala con alimentación local (muchas veces proveniente de suelos no aptos para la agricultura) es una fuente de alimentos sostenible, el uso de cereales para el engorde del ganado representa, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el equivalente de los requerimientos de consumo calórico de más de 3.500 millones de personas (media humanidad). Si se adoptaran medidas para un uso correcto de los suelos (prohibir la especulación con las tierras, favorecer sus usos consuetudinarios, promover dietas menos cárnicas, una reforma agraria que elimine el latifundio, una moratoria a la expansión de los agrocombustibles, etc.) todos ganaríamos seguridad alimentaria: algunos para nuestro futuro, otros para su presente.

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LA CARA OCULTA DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO MUNDIAL

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La cara oculta del sistema agroalimentario mundial Esther Vivas* La alimentación no es hoy un derecho garantizado. El creciente monopolio del sector agroalimentario desde la producción en origen hasta su distribución final supedita la necesidad de comer al lucro económico. Unas pocas empresas transnacionales controlan de origen a fin la cadena alimentaria frente a la pasividad de gobiernos y organizaciones internacionales. Actualmente, el sistema alimentario ya no responde a las necesidades alimenticias de las personas, ni a la producción sostenible basada en el respeto al medio ambiente, sino que se trata de un modelo enraizado en una lógica capitalista: de búsqueda del máximo beneficio, de optimización de costes y de explotación de la mano de obra en cada uno sus tramos productivos. Aquellos bienes comunes como el agua, las semillas, la tierra..., que durante siglos habían pertenecido a las comunidades, han sido privatizados, expoliados de manos de los pueblos y convertidos en moneda de cambio a merced del mejor postor. *

Esther Vivas es miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, trabaja en la Red de Consumo Solidario y es autora de En pie contra la deuda externa (El Viejo Topo, 2008), coautora, junto a JM Antentas, de Resistencias globales (Popular, 2009) y coautora, junto a X. Montagut, de Del campo al plato (Icaria, 2009), Supermercados, no gracias (Icaria, 2007) y ¿Adónde va el comercio justo? (Icaria, 2006).

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Si no pagas, no comes. La situación de crisis alimentaria, que estalló en los años 2007 y 2008, con un fuerte aumento del precio de los alimentos básicos puso de relieve la extrema vulnerabilidad del modelo agrícola y alimentario actual. Una crisis alimentaria que dejó tras sí a más de mil millones de hambrientos, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Como indica el índice de precios de los alimentos de la FAO, éstos registraron, entre 2005 y 2006, un aumento del 12%; al año siguiente, en 2007, un crecimiento del 24%; y entre enero y julio de 2008 una subida de cerca del 50%. Los cereales y otros alimentos básicos (trigo, soja, aceites vegetales, arroz...) fueron los que sufrieron los aumentos más importantes. El coste del trigo subió un 130%, la soja un 87%, el arroz un 74% y el maíz un 31%1 (Holt-Giménez y Peabody, 2008). Pero el problema no es la falta de alimentos, sino la imposibilidad para acceder a los mismos. La producción de cereales a nivel mundial se ha triplicado desde los años 60, mientras que la población a escala global tan solo se ha duplicado (GRAIN, 2008a). Nunca en la historia se había producido tanta comida como ahora. Pero para los millones de personas en los países del Sur global que destinan entre un 50 y un 60% de la renta a la compra de alimentos, cifra que puede llegar incluso hasta el 80% en los países más pobres, el aumento del precio de la comida ha hecho imposible su acceso a la misma.

Por qué ahora Hay dos razones coyunturales principales que explican este aumento espectacular de los precios en los últimos años y que han sido determinantes a la hora de provocar esta subida: el aumento del precio del petróleo, que habría repercutido directa o indirectamente, y las crecientes inversiones especulativas en materias primas. Ambos factores han acabado por desequilibrar un sistema agroalimentario extremadamente frágil. 1

Según datos de marzo de 2008 y en relación con el año anterior.

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El aumento del precio del petróleo, que se duplicó en el transcurso de los años 2007 y 2008 y que provocó una fuerte subida de los precios de los fertilizantes y del transporte relacionado con el sistema alimentario, tuvo como consecuencia una creciente inversión en la producción de combustibles alternativos como aquellos de origen vegetal. Gobiernos como el de Estados Unidos, Unión Europea, Brasil y otros subvencionaron la producción de agrocombustibles como una alternativa a la escasez de petróleo y al calentamiento global. Pero esta producción de combustible verde entró en competencia directa con la producción de alimentos. En abril de 2008, la FAO reconocía que «a corto plazo, es muy probable que la expansión rápida de combustibles verdes, a nivel mundial, tenga efectos importantes en la agricultura de América Latina» (Reuters, 15/04/08). El desvío del 5% de la producción de cereales en el mundo a la producción de agrocombustibles repercutió de forma directa en el incremento del precio de los granos. En la medida en que cereales como el maíz, el trigo, la soja o la remolacha fueron desviados a la producción de agrocombustibles, la oferta de cereales en el mercado cayó y, consecuentemente, su precio aumentó. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los agrocombustibles generaron un aumento del precio de los granos de entre el 5 y el 20%; el Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias de Estados Unidos (IFPRI en sus siglas en inglés) consideraba que esta cifra rondaba el 30% y un informe filtrado del Banco Mundial afirmaba que la producción de agrocombustibles habría repercutido en un aumento del 75% del precio de los granos (Holt-Giménez, 2008). Otra causa coyuntural fue la creciente inversión especulativa en materias primas, después del crack de los mercados puntocom e inmobiliarios. Tras el desplome del mercado de créditos hipotecarios de alto riesgo en Estados Unidos, inversores institucionales (bancos, compañías de seguros, fondos de inversión...) y otros buscaron lugares más seguros y con mayor rentabilidad donde invertir su dinero. En la medida en que el precio de los alimentos subió, dirigieron su capital al mercado de futuros alimentario

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empujando el precio de los granos al alza y empeorando aún más la inflación en el precio de la comida (Holt-Giménez, 2008). En la actualidad, se calcula que una parte significativa de la inversión financiera en el sector agrícola tiene carácter especulativo. Según los datos más conservadores, esta cifra ascendería a un 55% del total, un volumen que aumenta en la medida en que se profundiza en la liberalización de la producción agrícola (García, 2008a).

Causas de fondo Más allá de estos elementos coyunturales, hay causas de fondo que explican el porqué de la profunda crisis alimentaria. Las políticas neoliberales aplicadas indiscriminadamente en el transcurso de los últimos treinta años (liberalización comercial a ultranza, el pago de la deuda externa de los países del Sur, privatización de los servicios y bienes públicos...) así como un modelo de agricultura y alimentación al servicio de una lógica capitalista son las principales responsables de esta situación. Nos encontramos ante un sistema alimentario global extremadamente vulnerable a las crisis económicas, ecológicas y sociales. Como señala Eric Holt-Giménez (2008), las políticas de «desarrollo» económico impulsadas por los países del Norte desde los años 60 en adelante (la revolución verde, los Programas de Ajuste Estructural, los tratados regionales de libre comercio, la Organización Mundial de Comercio y los subsidios agrícolas en el Norte) han generado la destrucción de los sistemas alimentarios. Entre los años 60 y 90, se llevó a cabo la denominada «revolución verde», promovida por diversos centros de investigación agrícola e instituciones internacionales, con el «teórico» objetivo de modernizar la agricultura en los países no industrializados. Los primeros resultados en México y, posteriormente, en el sur y sudeste asiático fueron espectaculares desde el punto de vista de la producción por hectárea, pero este aumento del rendimiento de la tierra no tuvo un impacto directo en la disminución del hambre en el mundo. Así, aunque la producción agrícola mundial aumentó en un 11%, el número de personas hambrientas en el mundo tam-

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bién ascendió en un 11%, pasando de los 536 millones a los 597 (Riechmann, 2003)2. Como señalan Rosset, Collins y Moore Lappé (2000): «El incremento de la producción, centro de la revolución verde, no alcanza para aliviar el hambre porque no altera el esquema de concentración del poder económico, del acceso a la tierra o del poder adquisitivo (...) La cantidad de personas que pasan hambre se puede reducir sólo redistribuyendo el poder adquisitivo y los recursos entre quienes están desnutridos (...) Si los pobres no tienen dinero para comprar alimentos, el aumento de la producción no servirá de nada». La revolución verde tuvo consecuencias colaterales negativas para muchos campesinos medios y pobres y para la seguridad alimentaria a largo plazo. Este proceso aumentó el poder de las corporaciones agroindustriales en toda la cadena productiva, provocó la pérdida del 90% de la agro y la biodiversidad, redujo masivamente el nivel freático, aumentó la salinización y la erosión del suelo, desplazó a millones de agricultores del campo a las ciudades miseria... desmantelando los sistemas agrícolas y alimentarios tradicionales garantes de la seguridad alimentaria. A lo largo de los años 80 y 90, la aplicación sistemática de los Programas de Ajuste Estructural (PAE)3 en los países del Sur por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, para que éstos pudieran hacer frente al pago de la deuda externa, agravó aún más las ya de por sí difíciles condiciones de vida de la mayor parte de la población en estos países. Los PAE tenían como 2

Si miramos a las cifras podría parecer que los resultados de la revolución verde, en el período de 1970 a 1990, fueron exitosos. El total de alimentos per cápita a nivel mundial aumentó, según la FAO, en un 11% y el número de hambrientos descendió también en un 11%. Pero si quitamos de este análisis global a China, que en ese período no llevó a cabo ninguna revolución verde sino una profunda reforma agraria, entonces los resultados ponen de relieve cómo, a pesar de la tan cacareada revolución verde, en estos años, el número de personas hambrientas pasó de 536 millones a 597, un incrementó del 11%, según la FAO (Riechmann, 2003). 3 Los Programas de Ajuste Estructural (PAE) son las condiciones impuestas por parte del FMI y/o el Banco Mundial a un país para otorgarle el respaldo financiero necesario para afrontar el pago de su deuda externa.

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objetivo principal supeditar la economía del país al pago de la deuda aplicando la máxima de «exportar más y gastar menos». Las medidas de choque impuestas por los PAE consistieron en forzar a los gobiernos del Sur a retirar las subvenciones a los productos de primera necesidad como el pan, el arroz, la leche, el azúcar...; se impuso una reducción drástica del gasto público en educación, sanidad, vivienda, infraestructuras...; se forzó la devaluación de la moneda nacional, con el objetivo de abaratar los productos destinados a la exportación pero disminuyendo la capacidad de compra de la población autóctona; aumentaron los tipos de interés con el objetivo de atraer capitales extranjeros con una alta remuneración, generando una espiral especulativa... En definitiva, una serie de medidas que sumieron en la pobreza más extrema a las poblaciones de estos países (Vivas, 2008a). A nivel comercial, los PAE promovieron las exportaciones, para conseguir mayores divisas, aumentando los monocultivos de exportación y reduciendo la agricultura destinada a la alimentación local con el consiguiente impacto negativo en la seguridad alimentaria y su dependencia respecto a los mercados internacionales. De este modo, se suprimieron las barreras aduaneras, facilitando la entrada de productos altamente subvencionados de Estados Unidos y de Europa que se vendían por debajo de su precio de coste, a un precio inferior al de los productos locales, y que acabaron con la producción y la agricultura autóctona; así mismo se abrieron totalmente sus economías a las inversiones, a los productos y a los servicios de las multinacionales. Las privatizaciones masivas de empresas públicas, muchas veces a precio de saldo y de las que se beneficiaron mayoritariamente las multinacionales del Norte, fueron una práctica generalizada. Estas políticas tuvieron un impacto directo en la producción agrícola local y en la seguridad alimentaria, dejando a estos países a merced del mercado, de los intereses de las corporaciones transnacionales y de las instituciones internacionales promotoras de estas políticas. La Organización Mundial de Comercio (OMC), establecida en 1995, consolidó las políticas de los Programas de Ajuste Estructural a través de tratados internacionales, supeditando las le-

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yes nacionales a sus designios. Los acuerdos comerciales administrados por la OMC como el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT en sus siglas en inglés), el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS en sus siglas en inglés) y el Acuerdo sobre Comercio de Propiedad Intelectual (TRIPs en sus siglas en inglés) consolidaron aun más el control de los países del Norte sobre las economías del Sur. Las políticas de la OMC forzaron a los países en desarrollo a eliminar sus aranceles a las importaciones, acabar con protecciones y subsidios a los pequeños productores y abrir sus fronteras a los productos de las corporaciones transnacionales, mientras que los mercados del Norte se mantenían altamente protegidos. En la misma dirección, los tratados regionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA en sus siglas en inglés) y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA en sus siglas en inglés), entre otros, profundizaron en la liberalización comercial, llevando a la quiebra a los campesinos del Sur y convirtiéndoles en dependientes de las importaciones de alimentos de los países del Norte. Los subsidios agrícolas estadounidenses y europeos, dirigidos mayoritariamente a la industria agroalimentaria, obvian al pequeño productor local. Este apoyo al agribusiness significa una cuarta parte del valor de la producción agrícola en Estados Unidos y el 40% en la Unión Europea (Holt-Giménez, 2008). En el Estado español, los principales receptores de estas ayudas son las explotaciones más grandes: siete productores, entre ellos la duquesa de Alba, son los mayores beneficiarios de la Política Agraria Común de la Unión Europea. Se calcula que un 3,2% de los grandes productores del Estado español reciben un 40% de estas ayudas directas (Intermón Oxfam, 2005), mientras que las explotaciones familiares, que sostienen el medio rural en Europa y millones de campesinos en el Sur, no cuentan prácticamente con ningún apoyo y padecen la competencia desleal de estos productos altamente subvencionados.

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De exportadores a importadores Estas políticas de «desarrollo» económico impulsadas por las instituciones internacionales, con el beneplácito de los gobiernos respectivos y al servicio de sus corporaciones transnacionales, han acabado con un sistema de producción de alimentos local y sostenible, sustituyéndolo por un modelo de producción industrial e intensivo supeditado a los intereses capitalistas que nos ha conducido a la actual situación de crisis e inseguridad alimentaria. Países del Sur que hasta hace unos cuarenta años eran autosuficientes e incluso tenían excedentes de productos agrícolas por valor de mil millones de dólares, hoy se han vuelto totalmente dependientes del mercado internacional e importan una media de once mil millones de comida anuales4. Como señala Eric HoltGiménez (2008): «El incremento del déficit de alimentos en el Sur refleja el aumento de excedentes de alimentos y la expansión del mercado en el Norte industrial» así como de su complejo agroindustrial. En los años 60, por ejemplo, África exportaba unos 1.300 millones de dólares en comida, hoy el continente importa el 25% de sus alimentos.

Haití: un caso de manual El caso de Haití es revelador. Como señala Bill Quigley (2008), hace treinta años, este país producía todo el arroz que necesitaba para alimentar a su población, pero a mediados de los años 80, frente a una situación de crisis económica aguda (cuando el dictador haitiano Jean Claude «Baby Doc» Duvalier abandonó el país vaciando sus arcas), se tuvo que endeudar con el Fondo Monetario Internacional. Empezaba aquí una espiral de «dominación» que sumiría al país en la más profunda de las dependencias política y económica respecto a las instituciones financieras internacionales y, en especial, en relación con Estados Unidos. Para obtener estos préstamos, Haití se vio obligado a aplicar una serie de políticas de ajuste estructural como la liberalización comercial y la reducción de los aranceles que protegían la pro4

Datos del año 2001 (Holt-Giménez, 2008).

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ducción de varios de sus cultivos, entre ellos el arroz. Esta apertura permitió la entrada indiscriminada de arroz subvencionado de Estados Unidos que se vendía muy por debajo del precio al que los agricultores locales podían producirlo. Como explica Bill Quigley (2008) citando al cura haitiano Gerard Jean-Juste: «En la década de los 80, el arroz importado se vendía en el país a un precio muy por debajo del coste al que nuestros agricultores podían producirlo. Éstos perdieron sus trabajos y huyeron a las ciudades. Después de unos pocos años de arroz barato importado, la producción local cayó estrepitosamente». Un hecho que hundió en la más absoluta miseria a los campesinos haitianos quienes, ante la imposibilidad de poder competir con este arroz, abandonaron sus cultivos. Hoy, Haití se ha convertido en uno de los principales importadores de arroz estadounidense. En consecuencia, cuando en Haití, en abril de 2008, el precio del arroz, de los frijoles y de la fruta subió más de un 50%, esto hizo imposible su acceso a la mayor parte de la población. Varios días de revueltas en el país más pobre de América Latina, donde la dieta de un adulto consiste en ingerir 1.640 calorías (640 menos que la media necesaria según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU), pusieron de relieve la amplitud de la tragedia. Frente a la imposibilidad de poder comprar comida, se extendió el consumo de tortillas de barro con sal. ¿Qué interés podía tener Estados Unidos en el mercado de arroz haitiano cuando éste es el país más pobre de América Latina? En Haití, alrededor del 78% de su población malvive con menos de dos dólares al día y más de la mitad lo hace con menos de un dólar diario, la esperanza de vida es de 59 años. Pero, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en 2008, Haití fue el tercer mayor importador de arroz estadounidense, un cultivo altamente subvencionado por el gobierno norteamericano al que se destinan mil millones de dólares anuales. Y, ¿quiénes son los beneficiarios? Entre 1995 y 2006, por ejemplo, un solo productor, Riceland Foods Inc., recibió unos 500 millones de dólares en subsidios. Y no sólo esto, las subvenciones al arroz en Estados Unidos llegan a tal extremo que, según publicó The Washington

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Post en 2006, su gobierno había pagado al menos 1,3 mil millones dólares en subsidios desde 2000 a individuos que jamás habían cultivado nada, incluyendo 490.000 dólares a un cirujano de Houston que había comprado un terreno cerca de esa localidad en el que alguna vez se había cultivado arroz (Quigley, 2008). En lo que respecta a los aranceles, Estados Unidos establece unas barreras arancelarias directas del 3% al 24% a las importaciones de arroz, exactamente las mismas protecciones que éste exigió a Haití eliminar en la década de los años 80 y 90. Pero el caso de Haití es extrapolable a muchos otros países del Sur, donde la aplicación sistemática de las políticas neoliberales a lo largo de estos últimos años ha acabado no sólo con un sistema de producción agrícola, ganadero y alimentario autóctono sino con cualquier tipo de protección y apoyo a sus comunidades, industrias y servicios públicos. La lógica del libre mercado ha condenado a estos países a una espiral de dominación y miseria.

Y aquí... adiós al campesinado Las consecuencias de la crisis alimentaria mundial tienen su eco en los países del Norte. En el transcurso de 2008, campesinos, pescadores, transportistas, ganaderos... tomaban las calles debido al aumento del coste de los carburantes, de las materias primas y para pedir una remuneración justa para sus productos, mientras los precios de los alimentos no paraban de crecer. Es obvio que los efectos de la crisis alimentaria en ambos extremos del planeta son difícilmente comparables. En el Norte, tan sólo destinamos entre uno 10 y un 20% de la renta a la compra de alimentos, mientras que en el Sur esta cifra se eleva al 50-60% y puede llegar incluso hasta el 80%. Pero esto no quita la importancia de señalar el impacto que este aumento de los precios tiene aquí, mientras los beneficios de las multinacionales siguen aumentando y los gobiernos defienden una mayor liberalización económica. La situación en el campo empeora día tras día. En los diez últimos años, en el Estado español han desaparecido casi diez explotaciones agrarias al día y la población campesina activa se ha

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reducido al 5,6% del total, siendo mayoritariamente gente mayor. Con estas cifras, en los próximos quince años, el Estado español tendrá que importar el 80% de los alimentos necesarios para alimentar a su población (Fundació Terra, 2006). La renta agraria no ha parado de disminuir, situándose hoy en un 65% de la renta general. No sorprende cuando, por ejemplo, el Índice de Precios al Consumo subió un 4,2%, en 2005, mientras que los precios de venta de los productos agrícolas disminuyeron. Una tendencia que se repite años tras año (García, 2007). Los precios en origen de los productos agrícolas han llegado a multiplicarse hasta por once en destino y se calcula que más del 60% del beneficio final del precio del producto se concentra en el último tramo de la cadena, el supermercado (COAG, 2007).

¿Quién sale ganando? La crisis alimentaria beneficia a las multinacionales que monopolizan cada uno de los eslabones de la cadena de producción, transformación y distribución de los alimentos. No en vano los beneficios económicos de las principales multinacionales de las semillas, de los fertilizantes, de la comercialización y transformación de comida y de las cadenas de la distribución al detalle no han parado de aumentar. Se trata de un complejo agro-industrial mundial que se ha venido construyendo durante medio siglo, apoyado por fondos públicos, cooperación internacional y por políticas de «desarrollo» agrícola internacional. En 2007, las principales compañías de semillas, Monsanto y Du Pont, declararon un aumento de sus beneficios del 44% y del 19% respectivamente en relación con el año anterior. Las mayores empresas de fertilizantes, Potash Corp, Yara y Sinochem vieron crecer sus beneficios en un 72%, 44% y 95% respectivamente entre el período 2007 y 2006. Lo mismo sucedió con las principales procesadoras de alimentos como Nestlé con un aumento del 7% de sus ganancias en ese mismo período. La gran distribución comercial tampoco se quedó al margen. La principal cadena de supermercados en Gran Bretaña, Tesco, declaró un aumento del 12,3% de sus beneficios en esos años, mientras que Carrefour y

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Wal-Mart señalaban cómo las ventas de alimentos significaban su principal fuente de ingresos (GRAIN, 2008a; Vivas, 2008b). El informe anual de los supermercados estadounidenses Safeway, de 2007, apuntaba en la misma dirección señalando que su ingreso neto subió un 15,7% entre 2006 y 2007. La clave reside en la práctica de estas multinacionales: vender grandes volúmenes con márgenes pequeños y proveerse directamente de los productores. El aumento del precio de los cereales desencadenó, citando a GRAIN (2008b), «una fiebre en el mundo de los grandes negocios para tener un mayor control en toda la cadena alimentaria». Las multinacionales del agribusiness y las compañías de distribución al detalle profundizaron su control a lo largo de la cadena productiva, especialmente, a través de la contratación directa de la producción agrícola, con el objetivo de reducir los costes de contratación y las prestaciones de garantía. El conjunto de la cadena agroalimentaria está sometida, en todo su recorrido, a una alta concentración empresarial. En 2007, el valor agregado de las fusiones y de las adquisiciones de la industria mundial de alimentos (incluyendo a fabricantes, distribuidores y vendedores) fue aproximadamente de 200 mil millones de dólares, el doble que en 2005. Estas fusiones reflejan la tendencia mundial al alza en la creación de monopolios en la industria de los alimentos (ETC Group, 2008). Si empezamos por el primero de los tramos de la cadena, las semillas, observamos cómo diez de las mayores compañías mundiales (Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer...) controlan la mitad de sus ventas. Se trata de un mercado con un valor aproximado de 21 mil millones de dólares anuales, un sector relativamente pequeño si lo comparamos con el de los pesticidas o el farmacéutico (ETC Group, 2005a), pero debemos de tener en cuenta que se trata del primer eslabón de la cadena agroalimentaria y, en consecuencia, de los riesgos que su control entraña para la seguridad alimentaria de las personas. Las leyes de propiedad intelectual, que dan a las compañías derechos exclusivos sobre las semillas, han estimulado aún más la concentración empresarial y han erosionado de base el derecho campesino al mantenimiento de las semillas autóctonas y la biodiversidad. De hecho, el 82% del mer-

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cado de semillas comerciales en todo el mundo está compuesto por semillas patentadas (sujetas a monopolios exclusivos como el de la propiedad intelectual) (ETC Group, 2008). La industria de las semillas está íntimamente ligada a la de los plaguicidas. Las mayores compañías semilleras dominan también el sector de los plaguicidas y, frecuentemente, el desarrollo y comercialización de ambos productos se realizan juntos. Pero en la industria de los plaguicidas el monopolio es aún superior y las diez mayores firmas controlan el 84% del mercado global (ETC Group, 2005b). Las fusiones y las adquisiciones por parte de las compañías acaban siendo una práctica habitual con el objetivo de conseguir la economía de escala óptima para competir en el mercado mundial. Los acuerdos de tipo «cártel tecnológico», por ejemplo, van en aumento. En 2007, como señala ETC Group (2008), la principal compañía de semillas y la mayor empresa química del mundo, Monsanto y BASF, emprendieron un acuerdo de colaboración en investigación y desarrollo para aumentar el rendimiento y la tolerancia a la sequía en el maíz, el algodón, la canola y la soya. Estos acuerdos permitieron a las empresas todos los beneficios de los mercados oligopólicos sin las restricciones antimonopólicas. Esta misma dinámica, se observa en el sector de la gran distribución que cuenta con una alta concentración empresarial. En Europa, entre los años 1987 y 2005, la cuota de mercado de las diez mayores multinacionales ha ido en aumento, situándose en la actualidad en un 45% del total, y se pronostica que ésta podría llegar a un 75% en los próximos 10-15 años (IDEAS, 2006). En países como Suecia, tres cadenas de supermercados controlan alrededor del 95,1% de la cuota de mercado; y en países como Dinamarca, Bélgica, Estado español, Francia, Holanda, Gran Bretaña y Argentina, unas pocas empresas dominan entre el 60% y el 45% del total5 (García y Rivera, 2007). Este conjunto de multinacionales que controlan cada uno de los tramos de la cadena agroalimentaria cuentan con el apoyo explícito de las élites políticas y de las instituciones internacionales 5

Algunas de estas cifras han sufrido cambios desde el año 2000.

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que anteponen los beneficios de estas empresas a las necesidades alimenticias de las personas y el respeto al medio ambiente. Unas corporaciones que consiguen grandes beneficios gracias a un modelo agroindustrial liberalizado y desregularizado.

Falsas soluciones Instituciones internacionales como el Banco Mundial, OMC, FMI, FAO así como la Alianza por la Revolución Verde en África, el gobierno de Estados Unidos, Unión Europea y las grandes multinacionales del sector... señalan que la causa de la crisis alimentaria mundial reside en la falta de producción de alimentos. El número dos de la FAO, José María Sumpsi lo dejaba bien claro al afirmar que se trataba de un problema de oferta y demanda debido al aumento del consumo en países emergentes como India, China o Brasil (El País, 21/04/08). En la misma línea, se posicionaba el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, en el transcurso de la Cumbre de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria de la FAO celebrada en Roma en junio de 2008, al señalar que era necesario aumentar en un 50% la producción de alimentos, a la vez que rechazaba las limitaciones impuestas a la exportación por parte de algunos países afectados por la crisis. Las «soluciones» que recomiendan estos organismos son las causas de la crisis alimentaria actual: mayor liberalización del comercio internacional agrícola, introducción de más paquetes tecnológicos y transgénicos, etc. Como señalaba Eric Holt-Giménez (2008): «Estas medidas simplemente fortalecen al status quo corporativo que controla el sistema alimentario». La solución no puede ser más libre comercio porque como se ha demostrado más libre comercio implica más hambre y menor acceso a los alimentos. No se puede argumentar que el problema hoy es la falta de comida, nunca en la historia se había dado una mayor producción de alimentos en el mundo. No hay una crisis de producción, sino una total imposibilidad para acceder a los mismos por parte de amplias capas de población que no pueden pagar los precios actuales.

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Crisis sistémica del capitalismo La aguda situación de escasez de alimentos se enmarca en un contexto de crisis sistémica del capitalismo con múltiples facetas: económica, ecológica, social, alimentaria, energética... El capitalismo ha demostrado su incapacidad para satisfacer las necesidades básicas de la mayor parte de la población mundial (acceso a la comida, a una vivienda digna, a unos servicios educativos y sanitarios públicos y de calidad) así como su total incompatibilidad con el mantenimiento del ecosistema (pérdida creciente de bio y agrodiversidad, avance del cambio climático) (Antentas y Vivas, 2008). Esto tiene su cara más dramática en los países del Sur, que han sido golpeados duramente por la crisis alimentaria, agravando la situación de pobreza estructural que éstos padecían desde hacía décadas. Es evidente que lo que hace poco más de quince años se presentaba como una ideología triunfante y victoriosa, como la única posible, en un período de tiempo relativamente corto ha sufrido una crisis de credibilidad y de legitimidad muy grande. Pero aún así, las políticas neoliberales continúan y se intensifican en un marco de competencia global interimperialista y de tensión entre éstos y las nuevas potencias emergentes como China e India. En la situación de crisis ecológica y social actual confluyen, según Riechmann (2008), tres fenómenos de grandes dimensiones: a) una crisis climática antropogénica, creada por los seres humanos, y como consecuencia de los gases de efecto invernadero. b) una crisis energética, debido a nuestra dependencia de los combustibles fósiles, que hoy se acercan de manera dramática a su fin; una dinámica que próximamente afectará también al gas natural y al carbón (Fernández Durán, 2008) c) una crisis de biodiversidad, con la desaparición de especies animales y vegetales y la degradación de los ecosistemas, que nos podría conducir a una «sexta megaextinción», las anteriores se produjeron por perturbaciones de la biosfera de carácter externo y condujeron a una casi desaparición de la vida sobre el planeta, mientras que ésta sería resultado de la actividad humana. Una situación que se debe a la muy mala inserción de los sistemas humanos en los sistemas naturales.

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Generando cambio climático El actual modelo de producción agrícola y ganadero industrial contribuye a profundizar en la crisis ecológica global con un impacto directo en la generación de cambio climático. Como señala el informe Stern (2006), la agroindustria es una de las principales fuentes de generación de gases de efecto invernadero, incluso por delante del sector energético y del transporte. Como indica García (2008b), en base el informe Stern, si tomamos el impacto de la deforestación (que genera un 18% de los gases de efecto invernadero) y el impacto del modelo agrícola y ganadero actual (que produce un 14% de estos gases), ambos conceptos sumados son responsables de un 32% de los gases de efecto invernadero. Una cifra que puede atribuirse sin lugar a dudas al modelo de agricultura intensiva e industrial que sería la primera responsable del cambio climático a escala global, por delante del sector energético (24%) y del transporte (14%). Estos datos ponen de relieve el fuerte impacto del actual modelo agrícola en la erosión del medio ambiente y su contribución a la crisis ecológica. No podemos olvidar los elementos que caracterizan a este sistema de producción de alimentos: intensivo, industrial, kilométrico, petrodependiente... Veámoslo en detalle. Intensivo porque lleva a cabo una sobre-explotación de los suelos y de los recursos naturales que acaba generando la liberación de gases de efecto invernadero por parte de bosques, campos de cultivo y pastos. Al anteponer la productividad, por delante del cuidado del medio y la regeneración de la tierra, se rompe el equilibrio mediante el cual los suelos capturan y almacenan carbono, contribuyendo a la estabilidad climática. De este modo, se rompe este equilibrio y la propia actividad agrícola intensiva acaba siendo generadora de CO2 (Robert, 2002). Industrial porque consiste en un modelo de producción mecanizado, con uso de agroquímicos, monocultivo, etc. La utilización de tractores gigantes para labrar la tierra y procesar la comida contribuye sin duda a la liberación de más CO2. Los fertilizantes químicos ineludibles en la agricultura y en la ganadería moderna generan una importante cantidad de óxido nitroso (NO2),

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una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Al verterse estos fertilizantes sintéticos en la tierra, éstos reaccionan químicamente y se libera NO2 (García, 2008b). Así mismo, la quema de bosques, selvas... para convertirlos en pastos o monocultivos acaba afectando gravemente a la biodiversidad y contribuye a la liberación masiva de carbono. Kilométrico y petrodependiente porque se trata de una producción de mercancías deslocalizada en búsqueda de la mano de obra más barata y de la legislación medioambiental más laxa. Los alimentos que consumimos recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa con el consiguiente impacto medioambiental de los combustibles fósiles usados para su transporte. Se calcula que en la actualidad, la mayor parte de los alimentos viajan entre 2.500 y 4.000 kilómetros antes de ser consumidos, un 25% más que en 1980. Nos encontramos antes una situación totalmente insostenible donde, por ejemplo, la energía utilizada para mandar unas lechugas de Almería a Holanda es tres veces superior a la utilizada para cultivarlas (Fundació Terra, 2006). Según el estudio británico Eating oil: food suply in a changing climate (Jones, 2001) una comida dominical típica británica realizada con fresas de California, brócoli de Guatemala, arándanos de Nueva Zelanda, ternera de Australia, patatas de Italia, habichuelas de Tailandia y zanahorias de Sudáfrica genera 650 veces más emisiones de carbono, debido al transporte, que si la misma comida hubiese sido realizada con alimentos cultivados localmente. Una práctica irracional, ya que muchos de los alimentos importados se producen a nivel local. Este modelo de alimentación kilométrica y viajera, así como el alto uso de agroquímicos derivados del petróleo, implica una fuerte dependencia de los recursos fósiles. En consecuencia, en la medida en que el modelo productivo agrícola y ganadero industrial depende fuertemente del petróleo, la crisis alimentaria y la crisis energética están íntimamente relacionadas y las causas que han provocado la primera son también responsables de la segunda.

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Crisis financiera y alimentos En el transcurso de los años 2007 y 2008 estalló la mayor crisis financiera internacional desde 1929. La crisis de las hipotecas subprime, de mediados de 2007, fue uno de sus detonantes, que dio paso a caídas históricas de las bolsas en todo el mundo, numerosas quiebras financieras, constantes intervenciones de los bancos centrales, rescates sin precedentes por parte de los gobiernos, deterioro de la economía real... que significó la entrada en recesión de algunas de las economías más industrializadas del planeta. Como señala Toussaint (2008), «si no existiera la intervención masiva y concertada de los poderes públicos que se han lanzado al auxilio de los banqueros ladrones, la crisis actual ya habría adquirido mayores proporciones», y añade que «esta crisis económica y financiera, que ha golpeado a todo el planeta, afectará cada vez más a los países en desarrollo». La crisis financiera y alimentaria son resultado de las mismas políticas de desregularización y se han complementado mutuamente. Esta liberalización de los mercados, aumentó la vulnerabilidad de los mismos. Con la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2007, los inversionistas comenzaron a buscar lugares más seguros donde invertir como productos agrícolas y petróleo. De este modo, provocaron el aumento del precio de los alimentos y de los suministros agrícolas, contribuyendo a la situación de crisis alimentaria y al alza de los precios de principios de 2008 (Holt-Giménez, 2008). A pesar de que la crisis financiera y económica ha repercutido en una disminución de la especulación en materias primas y en consecuencia en una reducción de su precio, esto no ha tenido un impacto directo en el coste final de los alimentos. Según Eric HoltGiménez6, la crisis económica agudiza la crisis alimentaria, ya nadie habla de crisis por falta de comida, los gobiernos e instituciones internacionales afirman que no se pueden destinar más re6

Declaraciones de Eric Holt-Giménez, director de Food First, en el marco de las jornadas sobre crisis alimentaria organizadas por la campaña No te comas el mundo en Barcelona, el 29/11/2008.

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cursos económicos a paliar la situación de hambruna y el precio de los alimentos en los supermercados no disminuye, aunque éstos se ven empujados a potenciar la venta de productos de bajo coste a través de las marcas blancas y otros mecanismos para no disminuir las ventas. La crisis financiera y alimentaria han desencadenado, lo que GRAIN (2008c) ha denominado, un «nuevo ciclo mundial de apropiación de tierras». La situación de inseguridad alimentaria ha llevado a determinados gobiernos, como el de Arabia Saudita, Japón, Corea, Libia, Egipto, entre otros, que dependen de las importaciones de alimentos, a adquirir tierras agrícolas en distintos lugares del planeta con el objetivo de producir alimentos propios para el consumo interno. Se están comprando tierras en países como Camboya o Sudán, donde se vive una grave situación de crisis alimentaria. En Sudán, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU intenta abastecer con comida a 5,6 millones de refugiados, mientras que en Camboya unas cien mil familias, medio millón de personas, carecen de alimentos. Pero estos gobiernos ven las ofertas de compra de tierra como una oportunidad económica y como una vía para obtener nuevas inversiones extranjeras. Vistas las oportunidades de negocio, la industria agroalimentaria y los inversores privados han seguido una dinámica similar. La compra de tierras agrícolas es considerada como una opción estable de ingresos en una coyuntura de crisis económica. Citando a GRAIN (2008c): «En muchos lugares de todo el mundo los precios de los alimentos son altos y los precios de la tierra son bajos. Y la mayoría de las ‘soluciones’ a la crisis alimentaria hablan de extraerle más alimentos a la tierra con que contamos. Así que queda claro que va a ser negocio el tener el control de las mejores tierras, cerca de suministros de agua disponibles». En consecuencia, se está dando un proceso de creciente privatización y concentración de tierras agrícolas fértiles que amenaza aún más la seguridad alimentaria mundial.

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—(2008b) «Los supermercados y la crisis alimentaria mundial» en AAVV Introducción a la crisis alimentaria global, Barcelona, Campaña No te comas el mundo, pp. 59-60.

ELLAS ENFRENTAN MAYORES PROBLEMAS, INCLUSO PARA COMER. 37

Ellas enfrentan mayores problemas, incluso para comer. Rosalinda Hernández Alarcón*

Un debate a seguir El modelo capitalista implantado en Guatemala está generando mayor concentración de la riqueza, es inhumano porque en su esencia defiende la propiedad privada y el mercado por encima de la vida. Al sobredimensionar el paradigma empresarial e individualista, las medidas gubernamentales además estimulan la corrupción y el clientelismo, descalifican el trabajo colectivo y el bien común y desalientan las aspiraciones de cambio en el imaginario social. Este modelo, además de contraponerse a los intereses de las personas pobres, entra en contradicción con las necesidades e intereses de las mujeres. Entre otras injusticias sociales, viola su derecho a la alimentación1, provoca cargas de trabajo extra a cambio de mínimos ingresos o jornadas sin pago alguno. Lo cierto es *

Periodista mexicana residente en Guatemala. Co-editora de la publicación feminista «laCuerda» y columnista del diario «elPeriódico». Integrante de la Red de Mujeres Periodistas en Guatemala y la Red Internacional con Visión de Género. Entre 1998 y 2008 ha publicado cinco investigaciones y el Manual de manejo de medios: Ciudadanía y libertad de expresión, cuya segunda edición se hizo en 2006. 1 Comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada, así como la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos.

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que la pobreza sólo se supera con la redistribución de los recursos, otras fórmulas como la supuesta derrama de ganancias o la inversión extranjera no lo ha logrado. En tanto el respeto a los derechos de las mujeres se concreta si existe conciencia de la situación de desventaja que ellas viven en todos los ámbitos de la sociedad y si se les reconoce como sujetos políticos de transformación, y no únicamente como personas vulnerables que merecen ayuda o damnificadas sin voz. Amparadas en una tergiversación del enfoque de género, entidades nacionales e internacionales asumen posturas tan contradictorias, que unas veces consideran a las mujeres beneficiarias sin capacidad de decisión ni propuesta (sólo consumidoras de bienes alimenticios o donativos), y otras las califican de agentes emprendedoras con criterios utilitaristas, avalando su empoderamiento a fin de que compitan en los mercados o reconociendo a las productoras agrícolas por sus rendimientos sociales (gastan fundamentalmente en la familia) y resultados económicos (son mejores pagadoras que los hombres). La defensa de la distribución de los recursos de manera equitativa es una premisa que el modelo actual rechaza, no sólo la estructura del Estado y las visiones empresariales, sino también las organizaciones sociales porque descartan o dan poca importancia a las opresiones de género y faltan espacios de reflexión crítica. Por tanto, la búsqueda de la igualdad en la propiedad y control de los recursos abre una contradicción de intereses, no sólo con entidades estatales y privadas, sino en las expresiones organizadas de la sociedad civil y en los hogares. Los programas dirigidos específicamente para mujeres rurales son microcréditos que por su escasa cuantía (aproximadamente 200 euros), es difícil que lleguen a ser auto-sostenibles o son de alto riesgo porque carecen de la asesoría técnica necesaria. Aunque les significa triplicar sus tareas, las campesinas e indígenas solicitan apoyos para proyectos productivos. Por la situación tan difícil que viven en las comunidades, consideran que éstos pueden ser una alternativa, aunque algunas demandan fondos no reembolsables para no convertirse en deudoras y así realmente mejorar sus ingresos sin tener presiones de pago.

ELLAS ENFRENTAN MAYORES PROBLEMAS, INCLUSO PARA COMER. 39 El debate acerca de cómo cobran vigencia los derechos a la alimentación, a la tierra, al desarrollo para las mujeres campesinas e indígenas se está dando en Guatemala. En este escrito se incluyen opiniones de diferentes actoras y actores, con el propósito de contribuir al intercambio de opiniones acerca del verdadero significado del enfoque de género como una herramienta para analizar y definir cómo lograr revertir la situación de desigualdad y discriminación que ellas viven, es decir, qué pasos dar hacia su emancipación.

Hay más mujeres que hombres hambrientos Varios análisis coinciden en señalar que la discriminación en las áreas rurales y la inseguridad alimentaria se mantiene porque las mujeres no son consideradas actoras económicas, productoras de conocimientos ni sujetos sociopolíticos; y que lograr su solución es imposible si se mantienen las desigualdades de género. Sin embargo, a nivel mundial el 60 por ciento de las personas que sufren hambre son mujeres2. Tal porcentaje probablemente en Guatemala es superior, donde el 66 por ciento de sus 14 millones de habitantes vive en la pobreza y 73 de cada 100 mujeres pobres –en su mayoría campesinas e indígenas– habitan en zonas rurales. Un indicador de las violaciones al derecho a la alimentación de la población femenina: dos terceras partes de las mujeres embarazadas están desnutridas, según estadísticas reportadas por la doctora Linda Valencia, organizadora del I Congreso Centroamericano de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos En este país centroamericano, la inseguridad alimentaria se registra principalmente en el campo, tiende a agravarse dado el incremento en los precios de los combustibles, el anuncio de mayor sequía en 2010 y el aumento en las importaciones de granos3; 2

FIAN. El derecho a la alimentación adecuada de las mujeres rurales e indígenas en Guatemala. Guatemala, febrero 2009. 3 En 2002 se importaba el 66% de arroz consumido, el 98.6 de trigo y el 36.3% de maíz amarillo. Gauster, Susana y Alberto Alonso. Propuesta de institucionalidad y políticas públicas para la promoción de la agricultura campesina de Guatemala. Guatemala, noviembre 2008. Página 12.

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todo ello provocará que suban los precios de los alimentos. Cabe indicar que en 2009, la crisis alimentaria afectó aproximadamente a 2,5 millones de personas guatemaltecas, según cálculos del representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Pier Paolo Balladelli. Cabe señalar que el gobierno guatemalteco considera a la seguridad alimentaria y nutricional como ejes transversales de su política, existe una institucionalidad específica que incluye un Consejo Nacional presidido por el vicepresidente de la República, una instancia de consulta y participación social (con representantes de mujeres, indígenas y campesinos, entre otros) una Secretaría Presidencial y una estrategia para 10 años. Sin embargo, este aparato depende mucho de la cooperación internacional, además es inoperante porque se encuentra debilitado por la falta de recursos y capacidades para lograr una planificación coherente más allá de la situación de emergencia4, que se presenta cada año sobre todo en la zona oriente del país. Entidades gubernamentales impulsan varios programas asistenciales en los municipios más pobres del país, entre ellos «Mi familia progresa» y «Bolsa Solidaria», que han sido fuertemente cuestionados por su carácter clientelar y la poca transparencia en su ejecución presupuestal. A finales de este año se inician las acciones proselitistas de un nuevo proceso para elegir presidente de la República, diputados y alcaldes en Guatemala, por ello se pronostica un mayor impulso de los mismos. Desde hace varios años, agrupaciones sociales vinculadas a la problemática agraria tienen en sus programas la defensa del derecho a la alimentación. En sus análisis, señalan que las mujeres y la niñez indígenas son los conglomerados que sufren mayor inseguridad alimentaria. En particular, las organizaciones que promueven la Campaña «Vamos al Grano» señalan que eso se debe a que las trabajadoras del campo son consideradas como mano de obra familiar no remunerada, carecen de oportunidades de acceso al crédito agrícola y a planes de asistencia técnica adecuados. Tal 4

Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación. El abordaje del hambre sin expectativas para 2010. Comunicado de prensa. Guatemala, marzo 2010.

ELLAS ENFRENTAN MAYORES PROBLEMAS, INCLUSO PARA COMER. 41 situación se ve agravada, en opinión de FIAN (ONG internacional que verifica el derecho a la alimentación), porque sus parcelas no producen suficiente o tuvieron que venderlas y por eso trabajan como jornaleras en terrenos ajenos, sin que la legislación laboral las proteja debidamente. Aunado a lo anterior, las trabajadoras del campo padecen las consecuencias de la flexibilización laboral que se traduce en menos prestaciones e inseguridad en el empleo, falta de oportunidades de trabajo formal, salarios que no cubren la canasta básica, etcétera. En suma, las políticas públicas no priorizan las necesidades humanas ni consideran la distribución de ingresos como vía para superar la pobreza, tampoco reconocen la importancia de promover la incorporación de las mujeres formalmente a la producción en las áreas rurales, utilizando mecanismos que se la faciliten. A ellas las siguen considerando fundamentalmente en su rol de madre y en el contexto familiar (tradicional), mientras que al hombre como el jefe del hogar y el proveedor. Ellas son consideradas como objetos de protección no sujetos de derechos. En un contexto de impunidad, más niñas, mujeres en edad reproductiva y ancianas aumentan las cifras de las personas con hambre en Guatemala.

Importancia de las demandas con base en derechos Desde una perspectiva política, los derechos humanos son condición para la democracia. Desde una perspectiva jurídica son normativas para resguardar la dignidad de las personas y potenciar su desarrollo. Las normas jurídicas regulan la convivencia social, es decir, estipulan derechos y obligaciones, lo que es aceptable y lo que no es. Los seres humanos, a través de sus actuaciones, concretan o contradicen las normas y ordenamientos legales. Los Derechos Humanos Civiles y Políticos ponen énfasis en los procesos de participación social y política, colocan a la persona como eje, ejemplo, emisión del voto. Su parámetro de evaluación es un sistema democrático. Mientras que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales posicionan a la sociedad como valor superior y centran en el desarrollo de las condiciones materiales

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la posibilidad del ejercicio de todos los derechos. Su parámetro de evaluación es un modelo de desarrollo (equitativo y con justicia social)5. Los derechos pertenecen al ámbito de lo público en dos sentidos: la responsabilidad estatal y la construcción del interés colectivo en una esfera de disfrute, exigibilidad y garantía individual y colectiva. Los derechos son construcciones históricas motivadas por intereses. Éstos entran en contradicción cuando en una realidad específica se manifiesta la necesidad de que determinado derecho sea reconocido. Es un proceso que transita del interés no reconocido al ejercicio de un derecho. Al aplicar este razonamiento en una etapa histórica, se deduce que en el feudalismo –en un momento dado– no existía el interés de los siervos a la propiedad, lo «natural» para ellos era vivir sin ella y para los señores feudales ser los propietarios y los amos: los que ejercieron el poder económico y político. En Guatemala, los dueños de las fincas o haciendas hoy de manera «natural» son los propietarios de la tierra, el agua, los bosques, las cosechas, los animales, los mozos o peones, incluso de las mujeres. A pesar de ser una minoría, subordinan a las mayorías porque cuentan con funcionarios, leyes, instituciones, fuerzas de seguridad y base ideológica para ejercer su «derecho» a la propiedad. El conglomerado social que ejerce este derecho es predominantemente masculino, incluso entre los más pobres. Las personas como ciudadanas (no organizadas, en asociaciones, como activistas y líderes) exigen, ejercen, se benefician o se les niegan derechos individuales y colectivos; en tanto las autoridades e instituciones del Estado garantizan o violan los derechos. En Guatemala, no existen oportunidades iguales para mujeres y hombres, por ello se requiere promover la reflexión acerca de su significado, no sólo como norma jurídica sino como realidad concreta. 5

Desarrollo Humano implica distribución equitativa de la riqueza y de las formas de propiedad, incorporar preocupaciones ecológicas, promover la democracia participativa, incluir enfoque de género (equidad entre los sexos), erradicar la discriminación, construcción social de regiones y reconstruir el tejido social para formar sujetos colectivos del desarrollo.

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Derechos que son verificados La legislación internacional prevé la verificación del respeto de los derechos de las mujeres, con respecto a vivir sin hambre y a mejorar sus condiciones de vida, tanto en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) como en la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés). Cabe indicar que en el PIDESC está incluido el derecho a la alimentación, mismo que su vigencia se convierte en una condición básica para ejercer un nivel de autonomía para las personas; es decir, para participar en la toma de decisiones. Al no tener acceso a los bienes alimenticios básicos, las personas se convierten en dependientes y subordinadas. El acceso a recursos como: buenos salarios, vivienda digna, tierra apta para producir, servicios de salud y educación de calidad, ambiente y alimentos sanos, tiempo para el descanso y la diversión, crea condiciones para que los seres humanos ejerzan su libertad. Con base en tales consideraciones, en 2004 en el Seminario Internacional «El derecho a la alimentación de las mujeres rurales – reto para la cooperación al desarrollo con América Latina» se reconoció la importancia de respaldar las iniciativas de reforma agraria con perspectiva de género, lo que implica construir una igualdad real entre mujeres y hombres en el acceso y control de la propiedad de la tierra y otros recursos productivos: agua, semillas, créditos, acceso a mercados, así como participación en la toma de decisiones. Si bien un número mayor de mujeres organizadas, que analizan sus derechos, reconoce que el Estado de Guatemala está obligado a garantizar el derecho a la alimentación, quienes viven en la pobreza y carecen de instancias donde intercambiar opiniones a nivel comunitario o reflexionar acerca de su situación, todavía no asumen como un derecho estar libres de hambre, tener acceso al agua potable y a una mejora progresiva en sus condiciones de vida. Todo ello forma parte del PIDESC.

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Proteger a la población femenina en el acceso equitativo a tierra, crédito, ingreso y seguridad social; así como a recibir trato igual en planes de reforma agraria y en la elaboración y ejecución de planes de desarrollo son compromisos también del Estado guatemalteco contenidos en la CEDAW. La verificación internacional de la situación de la crisis alimentaria ha originado la elaboración de recomendaciones al Estado guatemalteco. Por ejemplo, el Relator Especial de Naciones Unidas, Olivier De Shutter, concluyó que se necesita integrar un enfoque de derechos en los planes para combatir el hambre. Eso significa que «se desarrollen mecanismos a través de los cuales los beneficiarios puedan participar en el diseño, la ejecución y la evaluación de programas», entre otras cosas. En opinión de la abogada guatemalteca Ingrid Urízar, las propuestas sociales tienen que tener como eje conceptual el enfoque de derechos, en la perspectiva que las intervenciones contribuyen a eliminar las causas y facilitar una participación activa de las y los beneficiarios (titulares de derechos) en decisiones que afectan sus vidas. Al reconocer la inseguridad alimentaria6, la Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyungwha Kang, urgió al Estado guatemalteco a tomar acciones oportunas con la finalidad de cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la alimentación, especialmente para las poblaciones más vulnerables.

Las mujeres y el derecho a la alimentación La violación a derechos de las mujeres está mediada por condiciones históricas, ideológicas y estructurales, generadas por un sistema de opresión que se entrecruza con las identidades de gé6

Seguridad alimentaria, aparte de considerar la disponibilidad y la suficiencia de alimentos, debe definir como población objeto tres grandes grupos: 1) personas vulnerables, quienes por su condición biológica son más susceptibles a una ingestión deficitaria de alimentos (embarazadas, mujeres que lactan, niños, ancianos); 2) población en riesgo con dificultades para acceder a los alimentos por su bajo ingreso familiar; y 3) personas con estado nutricional crítico, con deficiencia energética crónica de segundo y tercer grados.

ELLAS ENFRENTAN MAYORES PROBLEMAS, INCLUSO PARA COMER. 45 nero, etnia y clase. Con base en esas tres contradicciones, la vigencia al derecho a la alimentación para las mujeres se vincula a la construcción de un nuevo modelo, tomando en cuenta que el actual es patriarcal, racista y excluyente. De tal manera que el Estado guatemalteco protege la elevada concentración de la riqueza y la desigualdad de oportunidades en el acceso a recursos entre mujeres y hombres, indígenas y mestizos, pobres y ricos. La Constitución de la República de Guatemala establece la igualdad de derechos7, no obstante, las mujeres continúan enfrentando diversas formas de exclusión y discriminación en los ámbitos familiar, social y político. Más allá de esta afirmación, hay que tomar en cuenta las causas que originan esa realidad, entre las principales, se señalan: la subvaloración del trabajo reproductivo, la condena a formar parte del sector informal, la falta de acceso a la seguridad social y de políticas públicas que les garanticen ser sujetas de derechos, así como la subordinación a esquemas culturales8. No hacerlo, repercutirá en el tipo de agendas o acciones a impulsar para revertir la situación de desigualdad de las mujeres. Al exigir sus derechos a la alimentación y al acceso a recursos productivos, organizaciones de mujeres campesinas e indígenas reivindican en primer lugar una realidad en la que ellas aportan un trabajo doméstico y de cuidado que no es remunerado, junto a participar activamente «en tareas agrícolas y pecuarias, durante todo el ciclo de producción al igual que los hombres; en la siem7

Artículo 4º Constitucional: «En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades». 8 Factores socioculturales: a) Ventajas para ellos en herencias y matrimonio y desventajas para ellas. b) Ellos recurren al trabajo no pagado de ellas cuando lo necesitan: padres y hermanos antes de casarse, suegros y cuñados después de casarse e hijos adultos cuando son mayores. c) Ellas deben ser obedientes, pacientes, prudentes, recatadas, servidoras, guardianas del temor de dios; ellos no rinden cuentas, son la autoridad. d) Ellas tienen jornadas más largas, adultas de 6 a 8 horas más; niñas y jóvenes entre 3 y 5 horas más. e) Estereotipos que califican de individualistas a la mujer que reclama su derecho a tener propiedades o bien demandas específicas para ellas.

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bra, en la cosecha y post-cosecha, así mismo, tenemos un rol central en la selección de los tipos de semillas presentes en las diferentes regiones de Guatemala…». Demandan al Estado garantizar sus derechos en condiciones de equidad: salarios dignos por igual trabajo, así como la erradicación del acoso sexual, actos de discriminación, explotación y racismo9. Con base en su análisis, estas agrupaciones además solicitan que las propuestas de apoyo a la producción campesina e indígena incluyan mecanismos para mejorar las oportunidades para el acceso a recursos a las mujeres rurales, los cuales tendrían que ser accesibles y de acuerdo a las posibilidades de las productoras y que «la situación conyugal no sea un obstáculo». Aunque el Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación reconoce que la desnutrición crónica se mantiene especialmente en la población infantil y femenina indígenas, propone que para abordar la grave crisis alimentaria es necesario definir acciones que lleven a un cambio estructural, así como la reactivación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pero no especifica demandas para las mujeres.

Apoyos que subordinan o demandas que liberan Si la lucha contra el hambre incluye el respeto al derecho a la alimentación, tal exigencia puede adquirir un carácter político, elemento que poco se toma en cuenta aunque es fundamental para que las mujeres se conviertan en sujetos políticos a nivel individual y colectivo. Los programas de ayuda para la población más hambrienta que ejecutan entidades gubernamentales, eclesiásticas y empresariales, aunque ninguno de sus voceros así lo exprese, implícitamente esperan un agradecimiento sumiso de la gente «beneficiada». Se ha hecho costumbre y por tanto permitido que partidos políticos a través de prácticas asistencialistas tengan como rédito la obtención de votos; las iglesias con sus donativos pretenden la 9

Comunicado Las mujeres rurales de las organizaciones que integramos la Campaña Vamos al Grano. Día de la Mujer Rural. Guatemala, 15 de octubre 2009.

ELLAS ENFRENTAN MAYORES PROBLEMAS, INCLUSO PARA COMER. 47 adhesión de feligreses, apáticos a defender sus derechos; mientras que las asociaciones de empresarios mediante campañas exaltan su capacidad de conmiseración hacia los pobres, claro que rechazan cualquier mejora salarial o a las condiciones de trabajo. La situación de pobreza tan extrema de algunas personas les impide reconocer que los apoyos recibidos tienen un componente asistencial y/o clientelar que las condena a no salir del riego del hambre. De tal manera que la urgente necesidad de recibir alimentos gratis o ayudas –aunque sean condicionadas– impide cualquier reflexión crítica, inhibiendo el potencial de las personas a constituirse en ciudadanas con capacidad de producir, proponer, movilizarse, decidir. Al reivindicar el derecho a la alimentación, además de aclarar lo que significa defender una demanda con base en prerrogativas sustentadas en la legislación mundial, se tendría que analizar por qué no se respeta, más allá de culpar a un líder político, patrón o gobierno. Entre las dinámicas que generan la inseguridad alimentaria se cuentan: avalar el encarecimiento de los comestibles, permitir la especulación y el desabasto, priorizar la producción para exportar y la importación de granos, desmantelar la pequeña producción campesina. Todo ello alienta la dependencia alimentaria supeditada a los intereses de grandes transnacionales y exportadores nacionales. Si bien las denuncias acerca de la crisis alimentaria en Guatemala se han expresado en diferentes foros nacionales e internacionales y se han vinculado a otras problemáticas (el calentamiento del planeta, la producción extensiva de agrocombustibles, la reconcentración de la propiedad de la tierra y la destrucción de la naturaleza), habría que presentar de manera crítica las consecuencias que provoca el irrespeto al derecho a la alimentación para las mujeres. Esta violación, además de perseverarlas en una situación de pobreza, a las mujeres las mantiene dependientes hacia quienes les proveen recursos, entre ellos, políticos partidistas, iglesias o empresas. Asimismo, hay que tomar en cuenta que los abastecedores tradicionales en el hogar son los padres, esposos, hijos; quienes a su vez por el simple hecho de serlo, se convierten en los mandamases, y son quienes por tradición comen mejor supuestamente porque así lo exige su trabajo pesado.

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Esta contradicción tiene una contrapartida importante que es la búsqueda de la equidad y que al abordar la escasez y deficiencia en el acceso a los alimentos tendría que incluir un replanteamiento de nuevas relaciones entre mujeres y hombres con respecto al derecho a la igualdad, es decir, la convivencia sin privilegios ni opresiones de género. Los planteamientos feministas sugieren que al exigir el cumplimiento de derechos de las mujeres rurales se aborden las relaciones de poder en el país y en el agro, al igual que aquéllas que viven en sus organizaciones y en la casa. Esto es necesario si se busca su emancipación, no hacerlo significa mantener las relaciones de desigualdad y subordinación de ellas a sus compañeros de vida, a sus líderes, representantes y gobernantes. Con base en lo anterior, la crítica feminista sostiene que la ideología patriarcal es la columna vertebral de las tendencias capitalistas que apuntan a producir más, lo que equivale a depredar más. A fin de lograr una distribución igualitaria de los bienes alimenticios, sería necesario cambiar los patrones de producción y consumo que priorizan la producción para exportar, «antítesis del concepto de soberanía alimentaria»10, calificativo señalado por la socióloga ecuatoriana Irene león, quien se pronuncia por el impulso de la pequeña agricultura, donde se ubican principalmente las prácticas productivas de las mujeres. Estas afirmaciones todavía siguen siendo planteamientos ajenos a la mayoría de organizaciones sociales y de las mujeres que participan, ya que sigue prevaleciendo la idea que el acceso a bienes alimenticios y recursos para producirlos es una demanda de la familia, bajo el argumento que tales reivindicaciones son para todos sus integrantes. Los mayores opositores a que existan planteamientos específicos para las mujeres los califican de propuestas individualistas que dividen a la familia y a las organizaciones. La alianza multisectorial Plataforma Agraria incluye como una demanda de la familia el derecho a la alimentación, mediante pro10

Es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de agricultura y alimentación, explica Irene León. Por su parte, el investigador español residente en Guatemala, Alberto Alonso, define que la soberanía alimentaria se traduce en la capacidad de autoabastecimiento básico, desde la unidad familiar hasta el ámbito nacional, mediante el control del proceso productivo.

ELLAS ENFRENTAN MAYORES PROBLEMAS, INCLUSO PARA COMER. 49 yectos comunitarios denominados «traje a la medida», con base en diagnósticos participativos que ubiquen las condiciones específicas donde se encuentran sus organizaciones. Con este planteamiento reivindican la opinión de los posibles beneficiarios y rechazan los programas gubernamentales de «una sola talla», ya que el tipo de tierra y clima son diferentes, no todas las familias rurales cuentan con una parcela y hay comunidades donde tiene mucha relevancia la producción de artesanías. Es importante señalar que hasta ahora los programas dirigidos al «jefe del hogar» o de carácter familiar no han contribuido a superar las desigualdades de género. Si una parcela o un proyecto autosostenible lleva como propietario o beneficiario al «jefe del hogar» es «normal» y por tanto permitido; si se plantea que sea mujer, entonces es algo «anormal», «incorrecto» o «innecesario». Con ello se desconocen las relaciones de poder que ejercen los hombres sobre las mujeres. Existen organizaciones mixtas con amplia trayectoria en Guatemala, que dicen reconocer los derechos de las campesinas e indígenas, pero en sus agendas sólo incluyen demandas para unidades familiares, ya sea para el acceso a tierra o fertilizantes, crédito para arrendamiento, ayudas para la producción de alimentos, apoyo económico para la población rural vulnerable, promoción a las economías campesinas11. En todos éstos pueden figurar nombres de mujeres, pero no toman en cuenta su situación específica. Así las obligan a cargar sacos de fertilizante con un mismo peso o realizar tipos de jornal como si fueran hombres, de igual manera se hace caso omiso de la falta de libertad que tienen ellas para movilizarse y su sobrecarga de trabajo (el cuidado de los hijos, el lavado de ropa, la limpieza de la casa, la elaboración de comida y un largo etcétera). Lo cierto es que al incluirlas como beneficiarias de proyectos no se traduce en el respeto a sus derechos. 11

La periodista guatemalteca Jacqueline Torres Urízar, en su artículo «Una deuda de Estado», las describe como «unidades que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas, no están pensando en vender lo que producen sin antes haber cubierto sus necesidades. Es decir, producen, se alimentan y luego, si les quedan remanentes, los venden. Se preocupan por cuidar los recursos naturales y diversificar sus cultivos, más allá de los granos básicos».

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Hay que verlas, oírlas y dar a conocer sus propuestas. Es necesario seguir con el análisis de la perspectiva de género, que va más allá de incluir el sustantivo mujeres. Implica que se diseñen y ejecuten políticas que incluyan proyectos que tomen en cuenta la división del trabajo que las coloca en situación de desventaja. Por tal razón, al reivindicar la ejecución de proyectos específicos para campesinas e indígenas, éstos, además de contribuir a mejorar su calidad de vida y erradicar la pobreza, tienen que atender otras necesidades concretas; por ejemplo, la libertad de decidir sobre su cuerpo (planificación familiar, sexualidad, interrupción del embarazo); el libre ejercicio del derecho de participación; la eliminación de cualquier forma de violencia, por mencionar algunas. Si los planes y programas dirigidos a las mujeres rurales carecen de acciones afirmativas no se generarán condiciones de igualdad. Ello porque la brecha entre las horas de trabajo que realizan las campesinas y los campesinos es muy amplia, igual lo es el nivel de participación en los espacios de toma de decisiones (ellas tienen incluso que pedir permiso para salir a visitar a algún familiar o asistir a una reunión). Ambas situaciones justifican plenamente la necesidad de definir medidas afirmativas, todavía ausentes en las políticas públicas y agendas políticas de las organizaciones campesinas e indígenas. Las alternativas para superar las condiciones de desigualdad y discriminación de las mujeres tienen que provenir de ellas. Muchas instituciones han definido acciones en su nombre, algunas a pesar de los fracasos se siguen repitiendo, como el otorgamiento de micro-créditos sin asesoría. Ya es hora de escucharlas en el entendido que sus opiniones tienen como respaldo un cúmulo de experiencias individuales y colectivas, pero sobre todo les asiste su derecho a opinar acerca de lo que para ellas significa el buen vivir, incluyendo dejar de pasar hambre. Ciudad de Guatemala, 14 de abril de 2010.

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Bibliografía Colectiva de Mujeres Campesinas Ruk’u’x uleu. Propuesta conjunta de organizaciones campesinas para el ejercicio de los derechos de las mujeres a la tierra. Guatemala, 2009. Gauster, Susana y Alberto Alonso. Propuesta de institucionalidad y políticas públicas para la promoción de la agricultura campesina de Guatemala. IDEAR y CONGCOOP. Guatemala, 2008. FIAN. El derecho a la alimentación adecuada de las mujeres rurales e indígenas en Guatemala. Guatemala, 2009. Hernández Alarcón, Rosalinda. Modelo neoliberal viola los derechos de las mujeres. Ponencia. Guatemala. Septiembre 2007. —Los DESC y las mujeres guatemaltecas. Ponencia. Guatemala. Marzo 2006. —Las campesinas y su derecho a la tierra (realidad y emancipación. Ediciones LACUERDA. Guatemala, 2005. Invertir en las mujeres, impulsoras del crecimiento agrícola. www.worldbank.org/genderinag León, Irene y Lidia Senra. Mujeres: gestoras de la soberanía alimentaria. ALAI. América Latina en Movimiento 419. Ecuador, 2007. Publicación laCuerda. No. 127 y 132. Guatemala. Octubre 2009 y abril 2010.

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PAPEL DEL CAMPESINADO EN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

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Papel del campesinado en la transformación social en América Latina: la acción social colectiva y la agroecología. El Movimiento de Campesino a Campesino como motor de cambio. Isabel de Gonzalo Aranoa*

El pensamiento agroecológico El término de Agroecología surge a finales de los años setenta, en el contexto del análisis de algunas interacciones de distintos elementos dentro de la agricultura y el estudio de formas de producción agrícola ligadas a culturas indígenas o campesinas tradicionales, en la búsqueda de soluciones ante las primeras manifestaciones de la crisis ecológica en el campo. Dichos modelos productivos, incorporaban formas de reducción de riesgos ambientales y económicos que aseguraban la producción a lo largo del tiempo. Además, se circunscribían en cosmovisiones que difieren en gran medida de los paradigmas de la ciencia convencional occidental y que han sido eliminadas o *

Coordinadora de la Delegación y Responsable de Territorio de la delegación de Mundubat en Honduras 2006-2010. Ingeniera Agrónoma ETSIA de la Universidad Politécnica de Madrid. Master en Agroecología: un Enfoque Sustentable de la Agricultura Ecológica, por la Universidad de Córdoba y la Universidad Internacional de Andalucía.

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relegadas a posiciones anecdóticas, en lugar de extraer parte del conocimiento acumulado. Un enfoque importante de la Agroecología, es el «redescubrimiento» de todos estos saberes y el estudio de su aplicación en el contexto actual. Se vuelve así la mirada hacia los conocimientos atesorados en culturas campesinas que se han ido transmitiendo de manera oral y práctica, donde podrían encontrarse alternativas para afrontar algunos de los retos planteados en la actualidad. Comienza a considerarse, de esta manera, otra serie de factores presentes en los ámbitos rurales, más allá de la pura técnica desarrollada por la Agronomía convencional, y la relación entre ellos, de manera que se va construyendo un enfoque integrador que involucra diversos campos del conocimiento e integra otro tipo de saberes, no considerados como científicos. Ya desde las primeras décadas de siglo XX, y dentro del pensamiento científico convencional, se empezó a considerar la necesidad de tener en cuenta la influencia de diversos factores dentro de la Agronomía. No obstante, el factor social no entra a formar parte de este análisis hasta comienzos de la década de los ochenta. La inclusión de las variables sociales dentro de la Agroecología, tiene una importancia clave, dado que los agroecosistemas dependen, en gran medida, de los seres humanos que los transforman y de las instituciones reguladoras de los ámbitos rurales en los que se insertan, ya que los agroecosistemas se pueden considerar como ecosistemas fuertemente antropizados (González de Molina, 2000). En la trayectoria histórica de la Agroecología, juegan un papel importante los movimientos ambientalistas, dotándola de un componente crítico que le confiere una vocación transformadora, buscando así un futuro para la actividad agraria más sustentable, desde el cuestionamiento de la agricultura convencional y sus efectos perniciosos sobre el medio ambiente, la sociedad y las economías populares. De igual manera, tres disciplinas científicas representan un papel fundamental en el desarrollo de la Agroecología: la Ecología, la Geografía y la Antropología. La primera de ellas ha aportado su marco teórico y los conceptos utilizados dentro de éste, quedando comprobado que estos últimos y la relación entre los mismos, re-

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sultan útiles a la hora de analizar el funcionamiento de los sistemas agrarios. En cuanto a los otros dos campos de la ciencia mencionados, cabe destacar su importancia en la trayectoria histórica de la Agroecología, a través de su análisis de la racionalidad ecológica de los sistemas agrarios en las culturas tradicionales. De esta forma, se analiza la interacción entre sociedad y naturaleza, hecho que supone parte fundamental en la Agroecología. Miguel Altieri (1987) define la Agroecología, como aquel enfoque teórico y metodológico que, utilizando varias disciplinas científicas, pretende estudiar la actividad agraria desde una perspectiva ecológica. Su vocación es el análisis de todo tipo de procesos agrarios en su sentido amplio, donde los ciclos minerales, las transformaciones de energía, los procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas son investigados y analizados como un todo (Altieri, 1993). Por otro lado, se debe resaltar la aportación de los estudios de desarrollo rural dentro de la conceptualización del pensamiento agroecológico. Las diferentes investigaciones sobre desarrollo, sobre su sustentabilidad (ambiental, social y económica) y sobre los efectos de la integración de comunidades locales a las economías locales y nacionales, han brindado aspectos esenciales para la construcción de la Agroecología, al analizar, de manera integrada, los impactos sociales, económicos y ambientales del desarrollo rural. En este contexto, surgieron amplias críticas, desde los puntos de vista ecológico, social y tecnológico al mismo tiempo, a las tendencias de extensionismo agrario y de transferencia de tecnologías empleadas por organismos internacionales vinculados con el desarrollo, tras la Revolución Verde impulsada a partir de la década de 1960. Se empieza así a construir un enfoque totalizador e integrador, a la vez que se empieza a reconocer el papel fundamental de los saberes campesinos a la hora de diseñar planes de desarrollo rural sustentables. Se constata que las formas ancestrales de utilización de los sistemas agrarios, correspondían, necesariamente, a un elevado nivel de conocimiento muy aproximado al funcionamiento de los mencionados sistemas. Incluso, es la propia agricultura convencional quien intenta apropiarse de algunos

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de estos conocimientos, dada su efectividad comprobada. Se rompe así el estigma al que estaban sometidas las culturas campesinas, que las calificaba como primitivas y atrasadas. De este punto de análisis se extrae el último factor que compone la génesis del pensamiento Agroecológico, pero no por ello menos importante, que es el factor de implicación de las comunidades rurales (cuya influencia en el citado proceso de construcción tiene especial relevancia en el contexto latinoamericano), a través de la promoción de técnicas participativas que otorguen un verdadero papel protagónico en todo proceso de mejora de agroecosistemas y de las condiciones de vida de las poblaciones integradas en ellos. Así, se hace necesaria la ruptura epistemológica de la ortodoxia científica en los campos agropecuarios y forestales y las relaciones de poder establecidas dentro de ella (entre investigador o agente de desarrollo como sujeto que sabe y lo investigado o beneficiario como objeto que ignora). La Agroecología pretende romper dichas relaciones de poder, a través de la investigación-acción participativa, convirtiendo a los actores sociales implicados en protagonistas de la construcción de estrategias. En el contexto actual, la acuciante crisis alimentaria y ecológica, cuyos efectos tienen carácter global, ha sido causada, en gran medida, por un modelo productivista centrado solamente en el incremento de rendimientos, derivado de los procesos de modernización, industrialización y mercantilización de la agricultura. Paralelamente a estos modelos de producción, la evolución del pensamiento económico convencional ha posicionado el progreso de la humanidad ligado al crecimiento ilimitado de bienes y servicios, obviando la capacidad limitada de la Tierra de renovar los recursos naturales. Por otra parte, se ha hecho manifiesto que las tecnologías promovidas por la Revolución Verde no han sido capaces de solventar la situación mundial de desnutrición y pobreza, sino que, más bien, han servido para enfatizar la inequidad en la distribución mundial de alimentos y la dependencia de un modelo insostenible de producción a toda costa.

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Asimismo, parece claro que las acciones y políticas emprendidas hasta ahora para disminuir los porcentajes de personas que sufren desnutrición y desnutrición crónica en América Latina –como en otros lugares– y para promover el llamado desarrollo rural, no han tenido efectos positivos, o lo han hecho a ritmos excesivamente lentos o resultan prácticamente insignificantes en el contexto de la sociedad. Por ejemplo, el caso de Honduras: el porcentaje de personas desnutridas es el mismo calculando la media de 1990-1992 (23%) y la media para los años 2002-2004 (23%)1. Hecho que contrasta con el crecimiento a nivel nacional del sector agropecuario. Por lo tanto, podemos deducir que las inversiones realizadas para la mejora de este sector, no parecen devolver beneficios a la población más desfavorecida del país. Asociado a la crisis en la seguridad y en la soberanía alimentaria que se sufre en América Latina, el ritmo de degradación de los ecosistemas y de los agroecosistemas, no resulta más halagüeña. En general, se han venido utilizando prácticas agrícolas derivadas del modelo industrializado y mercantilizado, en forma de transferencia de paquetes tecnológicos, asociados con supuestos programas de desarrollo con altas inversiones. En ellos, no ha existido el planteamiento de la limitación del uso o el uso racional de los recursos naturales. Este tipo de acciones han venido, además de a promover una degradación severa de recursos naturales, a incrementar la dependencia exterior de pequeños y pequeñas productores-as, agudizando más aún su situación de pobreza y pobreza extrema. Por ello, ante esta coyuntura, empieza a promoverse, desde diferentes ámbitos institucionales y sociales, la necesidad de la búsqueda de modelos más sustentables de producción, que minimicen los costos sociales y ambientales de los sistemas agrícolas convencionales y logren promover un sistema de producción sustentable a largo plazo.

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Datos obtenidos del Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008: «La lucha contra el cambio climático: Solidaridad frente a un mundo dividido»

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La transformación social y la Agroecología Se puede buscar así en la Agroecología una capacidad alternativa para la búsqueda de nuevos procesos de transformación social, a partir del estudio en las interacciones existentes entre los procesos agronómicos, económicos y sociales, reivindicando la integración de diferentes disciplinas científicas con conocimientos locales, campesinos e indígenas, y buscando la sustentabilidad ambiental, económica y social dentro del ámbito rural, así como la preservación de la biodiversidad ecológica y sociocultural. Dentro de este marco de pensamiento, los sistemas de conocimiento campesino pueden ser considerados como portadores del potencial endógeno que permite potenciar la mencionada biodiversidad –ecológica y sociocultural (Sevilla Guzmán, 1996). Tal diversidad es punto de partida de sus agriculturas alternativas, desde las cuales se pretende el diseño participativo de métodos de desarrollo endógeno para el establecimiento de dinámicas de transformación hacia sociedades sustentables, a través de acciones político-productivas que modifiquen las estructuras de poder y promuevan modelos productivos sustentables. Así, la Agroecología puede ser definida como el manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción social colectiva que presenten alternativas a la actual crisis civilizatoria2 (Sevilla & Graham Woodgate, 1997 y 1998), generada por el modelo social, económico y político imperante. 2

Vista sin anestesia, es decir en perspectiva histórica, la época actual aparece como la fase crucial de una civilización cuestionada. Por civilización entendemos una manera particular de concebir el mundo, de ensamblar a los seres humanos y de articular a éstos con la naturaleza. Las civilizaciones son «interminables continuidades históricas... las más largas de las largas historias» nos recuerda F. Braudel (1991). (…) La insostenibilidad de la civilización industrial, tecnocrática, materialista, capitalista y eurogénica, se pone en evidencia no sólo por el paulatino incremento (no la reducción) tanto de la pobreza material de los países del Tercer Mundo, como por la miseria espiritual de los habitantes de sus propios enclaves. A las contradicciones e injusticias sociales se debe agregar un conflicto supremo cualitativamente superior, entre la sociedad humana y la naturaleza que (…) pone en entredicho la permanencia del modelo civilizador que hoy domina el mundo contemporáneo. La sociedad industrial es pues una civilización que padece una doble crisis: social y ecológica. (Toledo, 2004)

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Ante la dimensión de las tendencias globales de profundización de la crisis alimentaria, social y ecológica que estamos viviendo, parece claro que la búsqueda de soluciones aisladas y locales, no lograrán revertir la situación, dada la magnitud que ésta ha logrado adquirir en las últimas décadas. Se deben encontrar formas de acción coordinadas y colectivas, que propongan nuevas vías de desarrollo, sustentables económica, social y ambientalmente, a la vez que se promueven cambios tanto en los países enriquecidos (en cuanto a sus patrones de consumo, sus política públicas, sus modelos productivos…), como en los empobrecidos. La creación participativa de alternativas productivas y de circulación de productos, que revaloricen la agricultura tradicional y el actuar colectivo del campesinado, pueden suponer acciones de resistencia al proceso de empobrecimiento y degradación social y ambiental al que están sometidas las sociedades rurales latinoamericanas. Dentro de estas acciones, adquiere especial relevancia la construcción de redes para generar sistemas de intercambio y establecer lazos de cooperación y solidaridad, que servirán para fortalecer el tejido social y favorecer la acción social colectiva, encaminándose hacia la generación de movimientos sociales (Sevilla Guzmán, sin fecha). En este sentido, conviene resaltar que, precisamente en América Latina, se han desarrollado algunos de los procesos de desarrollo local con enfoques agroecológicos más importantes y exitosos, y donde ha quedado reflejada su pertinencia local. No obstante, por lo general, no han trascendido de ahí, de un ámbito concreto y no han logrado articularse a través de redes y alianzas con otros esfuerzos similares, en otras áreas de la región. Este hecho coincide con la atomización del movimiento social en América Latina y su progresiva desarticulación en muchos Estados. Por ello, debemos destacar la necesidad del desarrollo de una Agroecología Política (González de Molina, 2008) fuerte, articulada y coordinada entre diferentes actores, que apunte hacia una reversión real del orden mundial actual. En esta búsqueda, América Latina podría jugar un papel importante, al incluirse esta llamada Agroecología Política en sus

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agendas y políticas públicas. A través de los lazos entre distintos Estados, la Agroecología podría articular la coordinación de movimientos sociales, generando un planteamiento de una estrategia común y coordinada que supere el ámbito local, sin caer en la generalización y en la obviedad de las especificidades de cada contexto. Para ello, resultan instrumentos de gran valor la sistematización de experiencias3 exitosas y de evaluaciones externas y su divulgación. En este sentido, sería interesante la creación de espacios de reflexión y diálogo, entre distintos movimientos agroecológicos y otros actores sociales y políticos involucrados en los procesos de desarrollo y gestión del ámbito rural, así como la creación y el fortalecimiento de un marco institucional. Se hacen cada vez más necesarias las políticas públicas de regulación de la agricultura y del ámbito rural integradoras, en las que se refleje el enfoque agroecológico y las necesidades reales de desarrollo de la población, elaboradas desde procesos endógenos y no a partir de modelos foráneos. En este sentido, la Agroecología podría adquirir un papel de promoción de la participación ciudadana y el poder local, a través del fomento en la construcción participativa de procesos de desarrollo. Asimismo, podría jugar un rol protagónico en la promoción de estrategias para asegurar los atributos de sustentabilidad necesarios para el enfoque del desarrollo rural a largo plazo. De esta forma, la Agroecología debería incidir en políticas públicas para lograr, a través de regulaciones de precios agrícolas y de los mercados, rentas suficientes para los y las agricultores-as o comunidades campesinas, así como asegurar el acceso a los medios de producción, a través de una incidencia en las políticas de planificación territorial y de disminución de la dependencia exterior. Otro de los papeles que deberá jugar la Agroecología, es el replanteamiento de las reformas agrarias, cuyos efectos positivos 3

Entendiendo ésta desde la Educación Popular, como un proceso de reflexión ordenada y sistemática de vivencias de colectivos de personas, donde los hombres y las mujeres participantes adquieren un rol protagónico en la construcción de conocimiento y no actúan como meros-as informantes.

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actualmente podrían ser muy discutidos. Deberá pues promover una reforma agraria diferente, integradora y que se aleje de los imperativos que convencionalmente han movido estos procesos, acercándose a cada realidad particular y a los movimientos sociales y otros actores del desarrollo. Por otra parte, no menos importante es la posibilidad planteada por el enfoque agroecológico, de preservar las particularidades culturales y los saberes propios de cada sociedad, que apuntan, indiscutiblemente, hacia un fortalecimiento de la estructura social organizada, al fomentar valores de autoestima, de pertenencia a una colectividad y la capacidad organizativa. En definitiva, la Agroecología tiene un potencial relevante integrándose en políticas públicas que defiendan la soberanía alimentaria de los pueblos, en las que debe incluirse el rescate ecológico de los agroecosistemas, a través de esfuerzos colectivos que trasciendan el ámbito local, para situarnos en un área regional amplia, capaz de revertir el orden mundial imperante.

La importancia de la inclusión de las mujeres Dentro de este análisis, es importante considerar que no es posible hablar de procesos de transformación social que busquen revertir la situación de exclusión y empobrecimiento en la que vive la mayor parte de la población rural mundial en general y, en particular de América Latina, si se omite la diferencia de partida entre la situación de los hombres y de las mujeres. En muchos procesos de cambio social, se pretende incluir esta dimensión de la inequidad de una manera que no cambia las estructuras de fondo, que es sobre las que se debe actuar. En tales casos, se comete el error de pensar que la integración cuantitativa de mujeres en tales procesos conlleva directamente a una mejora en las relaciones jerárquicas de poder existentes, lo cual, a través de numerosas experiencias se ha demostrado que es falso. Además, al no incluir a los hombres en trabajos que pretenden romper las relaciones de subordinación, conlleva a hacer responsables únicas a las mujeres de lograr la equidad de género.

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En ambos casos, no sólo no se logrará erradicar la situación injusta de discriminación debida al género, sino que, además, pueden tener efectos negativos que refuercen la posición de subordinación. Por ello, en todo proceso de transformación que pretenda ser sustentable, se debe considerar de manera específica la discriminación de las mujeres por motivos de género desde su planteamiento inicial, así como la creación de elementos de análisis que permitan verificar, de forma específica, los procesos que producen y reproducen las relaciones entre hombres y mujeres. Y debe ser tenido en cuenta en el ámbito privado y en el público, especialmente, al hablar de acción social colectiva, al interior de organizaciones o movimientos sociales de carácter mixto. Se debe recalcar la importancia de considerar esta dimensión de la inequidad social de manera específica, a la hora de la construcción de los procesos endógenos emprendidos desde las comunidades rurales.

La extensión rural alternativa: El Movimiento de Campesino a Campesino como motor de cambio Dentro de los procesos de extensión rural convencionales surge el enfoque alternativo, como un instrumento del pensamiento crítico hacia el pensamiento convencional hegemónico y sus herramientas de extensión e implantación, a partir del contexto de la acumulación de capital en el campo y de la modernización del mismo. Este último proceso se orientó a la industrialización del manejo de los recursos naturales y a la eliminación y transformación de las sociedades campesinas, en aras del llamado progreso, a través de la transferencia de paquetes tecnológicos. Este modelo sigue siendo implementado en los países empobrecidos, a través de paquetes de desarrollo, entendiendo éste como parte del crecimiento ilimitado. Las bases de la citada extensión rural alternativa están orientadas hacia la búsqueda de propuestas de acción social colectiva para la transformación de las sociedades rurales, desde la preocupación por la sustentabilidad ecológica y social.

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Como es lógico, tales formas de acción social colectiva, sólo pueden ser logradas a partir de la promoción de procesos participativos e incluyentes que otorguen un verdadero protagonismo a los actores sociales involucrados. Se define así un nuevo rol de la extensión rural que debe fortalecer el proceso participativo, respetando el proceso de coevolución social y ecológica, del ser humano con la naturaleza. La trayectoria de la extensión rural alternativa continúa con la nueva tradición de los estudios campesinos y, por tanto, con nuevas formas de entender la evolución de las sociedades, considerando los efectos del desarrollo de las sociedades capitalistas sobre otras formas organizativas y de producción. En este contexto histórico, adquiere relevancia el trabajo de Paulo Freire y las experiencias de Educación y Comunicación Popular e Investigación-Acción Participativa, a partir de las cuales, se busca la transformación de la realidad a través de la construcción colectiva y crítica del conocimiento, entre diferentes actores sociales involucrados en los procesos de desarrollo. Se fundamenta así un modelo de extensión rural, no sólo como un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos, sino como un instrumento político-pedagógico en manos de las organizaciones sociales que luchan por un cambio en las relaciones de poder existentes. En la búsqueda de definición de procesos de desarrollo sustentable, generado «desde abajo», a través de la acción y el movimiento colectivo, surge la perspectiva teórica de la extensión agroecológica. Su estrategia tiene una naturaleza sistémica integradora, que busca el diseño participativo de métodos de desarrollo endógeno sustentable en sentido amplio, basados en la búsqueda de racionalidades productivas fundadas en la diversidad cultural, la equidad social y la productividad de la naturaleza. Esta trayectoria de extensión rural alternativa, ha sido relegada a un ámbito marginal, por nacer de una visión crítica de acción social que busca separarse del modelo hegemónico de altos costos sociales y ambientales. No obstante, ante los efectos cada vez más evidentes y globalizados de la crisis social y ambiental, se está empezando a reclamar la recuperación y revalorización de

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esta forma de extensión rural. A través de ella, se amplía la posibilidad de nuevos modelos de desarrollo, que den lugar a sociedades más sustentables. Podemos argumentar este hecho, resaltando el importante papel que juega la extensión rural en cuanto a la integración de diferentes niveles de actores y disciplinas que confluyen e influyen sobre los diferentes espacios rurales. Así, juega una importante función en la construcción de procesos de desarrollo generados desde la base, implicando y fortaleciendo la organización social. Asimismo, integra una concepción multidisciplinar en el diseño de procesos de desarrollo, considerando diferentes áreas de estudio e investigación, de forma que se pueda abordar de manera integradora la múltiple problemática asociada a la sustentabilidad. Dentro de este marco de pensamiento, el Movimiento de Campesino a Campesino surge en América Latina como una forma de resistencia al modelo de desarrollo rural impuesto desde los países industrializados enriquecidos, hacia los mal llamados países del Tercer Mundo, basados en la mercantilización de la agricultura, que degrada y agota los ecosistemas y destruye el bienestar social, y que ha desatado una compleja relación entre degradación ambiental y pobreza. Se puede hablar de que las primeras experiencias llevadas a cabo, tienen su origen a mediados de la década de 1970 en Guatemala, donde se empezó a aplicar un proceso horizontal de generación y transferencia de tecnologías protagonizado por campesinos-as e indígenas. A partir de los resultados obtenidos, se inicia un proceso de multiplicación de campesino a campesino que abarca experiencias en casi todo el continente. Los planteamientos de este Movimiento empatan con los principios agroecológicos y está estrechamente ligado con la perspectiva agroecológica de transformación social, sobre la que se ha hecho referencia en el apartado precedente. La agricultura sustentable campesina no es una parte estructural de la política agrícola para el desarrollo, el comercio, ni la seguridad alimentaria en la mayor parte de los países de América Latina, desarrollándose a pequeña escala y siendo omitida dentro de las agendas locales y nacionales. Las causas de esta exclusión

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son impuestas desde el modelo político y económico dominante, que prioriza al libre movimiento del capital financiero internacional, al crecimiento de la economía según el producto interno bruto (PIB) y al crecimiento de la exportación agrícola, en lugar de priorizar la producción de alimentos, la seguridad alimentaria o la producción sustentable (Holt-Giménez, 2008). Por ello, la promoción de la Agricultura Sustentable desde una perspectiva Agroecológica, requiere de cambios estructurales severos, para que pueda constituirse como una alternativa real de transformación social para revertir la situación de empobrecimiento y exclusión en la que se encuentran sumidas la mayor parte de las comunidades rurales de América Latina. Por eso, el alcance del Movimiento de Campesino a Campesino no pretende quedarse sólo en el ámbito agrícola y productivo ni en un conjunto de técnicas y proyectos. No se trata de que los campesinos y las campesinas adquieran el papel tradicionalmente desempeñado por los técnicos agropecuarios, convirtiéndose en líderes tecnológicos de sus comunidades, sino de que se impulsen procesos sociales de transformación, considerando sus dimensiones social, económica, ambiental, cultural y política, y que se potencien los lazos de cooperación y solidaridad, a la vez que se persigue la recuperación de los conocimientos y la cultura local. Se pretende asegurar los derechos de los-as pequeños-as agricultores-as para determinar una posibilidad más equitativa y sustentable para el futuro de las áreas rurales. El Movimiento de Campesino a Campesino propone una forma participativa de promoción y mejoramiento de los sistemas productivos campesinos, basada en los principios agroecológicos de sustentabilidad y empoderamiento. Esto representa más que un conjunto de métodos para la transmisión de experiencias y conocimiento de manera participativa. Supone, además, una ruptura con los paradigmas tradicionales de construcción y transmisión de conocimiento. Pretende cambiar radicalmente el papel desempeñado por los y las campesinas-os (receptores-as pasivos-as del conocimiento) y los técnicos-as extensionistas o agentes tradicionales de desarrollo (promotores-as activos de la agricultura), para quebrar la división vertical de estas relaciones de poder: el que

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sabe versus el que no sabe. Es decir, la construcción del conocimiento campesino, cuestiona la jerarquía establecida en los procesos de desarrollo convencionales llevados a cabo en el mundo rural, las prácticas de extensión y la investigación formal. Se pretende establecer un diálogo de saberes horizontal entre aquellos formales de origen académico y científico, y el saber campesino, donde se combine la teoría y la práctica, enriqueciéndose mutuamente y complementándose. Así, se pretende construir un marco epistemológico común para generar y compartir conocimiento que logre otorgar autonomía y capacidades de autogestión a las comunidades que se implican en el proceso. Para los campesinos-as, la habilidad de alcanzar, adaptar, crear, usar y defender el conocimiento agroecológico en sus propios términos, es un ejercicio de autonomía (Holt-Giménez, 2008). A lo largo de la historia, las comunidades campesinas han ido acumulando, a través de su propia praxis, un conocimiento que se ha demostrado adaptado al medio y que ha perdurado a través de la trasmisión oral y práctica de generación a generación. Como ya se ha mencionado anteriormente, en el caso de América Latina, la extensión agrícola promovida desde la Revolución Verde, ha venido a profundizar la situación de dependencia de recursos exógenos y de vulnerabilidad –ambiental, económica, social y alimentaria– de las poblaciones rurales, principalmente por su enfoque mercantilista, asistencialista y paternalista que, además, desprecia los conocimientos no científicos y se limita a promover técnicas generalistas, que no consideran las particularidades culturales ni del medio. Se quiere promover así que sean los campesinos y las campesinas quienes lideren el proceso de transformación de sus procesos agrícolas, siguiendo los principios de la sustentabilidad agroecológica, experimentando en sus propias parcelas, en la medida de sus posibilidades. Además, se trata de que compartan sus experiencias y conocimiento en un intercambio permanente que promueva una acción social colectiva para el fortalecimiento de las estructuras y redes sociales, y la posterior generación de movimientos sociales, considerado imprescindible para llevar a cabo el proceso de transformación social referido.

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Todavía queda un largo camino por recorrer y grandes desafíos a la extensión rural alternativa, de cara a lograr auténticos procesos de desarrollo sustentables y endógenos. Se requiere un fortalecimiento de procesos críticos de aprendizaje (acción-reflexión-acción), así como del marco teórico y conceptual y la sistematización de experiencias y su divulgación, como elemento clave de recuperación e interiorización de procesos. Se deberá caminar hacia la práctica de la extensión rural ubicada en la congruencia con la sustentabilidad de los procesos de desarrollo y enfocada al fomento de la acción social colectiva para revertir la profunda crisis del campo latinoamericano.

Referencias bibliográficas Alemany, C. y Sevilla Guzmán E. ¿Vuelve la extensión rural?: Reflexiones y propuestas agroecológicas vinculadas al retorno y fortalecimiento de la extensión rural en Latinoamérica. Lectura del Módulo de trabajo personal: Programa Interuniversitario Oficial de Posgrado: «Agroecología: un enfoque sustentable de la Agricultura Ecológica», 2008-2009. Altieri, M., El «Estado del Arte» de la Agroecología y su contribución al desarrollo rural en América Latina. Universidad de California, Berkeley. González de Molina, M. (2000). Orígenes Históricos de la Agroecología. Lectura nº 1-3 del Módulo de trabajo personal: Programa Interuniversitario Oficial de Posgrado: «Agroecología: un enfoque sustentable de la Agricultura Ecológica», 2008-2009. —(sin fecha). Las experiencias agroecológicas en el desarrollo rural sostenible. La necesidad de una Agroecología Política. Lectura nº 1 del Módulo de trabajo personal: Programa Interuniversitario Oficial de Posgrado: «Agroecología: un enfoque sustentable de la Agricultura Ecológica», 2008-2009. Holt-Giménez, E. (2008) Campesino a Campesino: Voces de Latinoamérica. Movimiento Campesino para la Agricultura Sustentable. SIMAS, Managua.

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Sevilla Guzmán, E., (sin fecha). La Agroecología como estrategia metodológica de transformación social. ISEC, Córdoba. Sevilla Guzmán, E. Guzmán Casado, G., Morales, J. y equipo ISEC (1996). La acción social colectiva en Agroecología. ISEC, Córdoba. Toledo, V. (2004). La sociedad sustentable: una filosofía política para el Nuevo Milenio. Instituto de Ecología, UNAM, México.

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Soberanía alimentaria vs. Agroenergía Tom Kucharz*

Resumen Entre muchas alarmas que han saltado en relación con la arquitectura institucional pública, política, económica, financiera y mediática, que se ha puesto al servicio de la promoción y producción de los agrocombustibles, es su competición con la producción de alimentos una de las más preocupantes. Actualmente hay más de 852 millones de personas en el mundo que sufren hambre y desnutrición. Y todo indica que el actual modelo de desarrollo de agroenergía incrementará esta cifra y ello supondría la violación sistemática del Derecho a la Vida y a la alimentación de cientos de millones de personas porque en la carrera competitiva entre los usuarios de 800 automóviles (energía para el transporte motorizado) y más 6.000 millones de personas (comida) la economía de mercado se decide por los primeros. Según el último informe de la FAO sobre perspectivas mundiales de la alimentación: «la utilización tradicional de las tierras para producción de alimentos y fibra puede salir perdiendo en esta competición, sencillamente porque el mercado potencial de la energía es inmenso comparado con el de los alimentos». El modelo agroindustrial –ligado a los monocultivos intensivos– acelera el Cambio Climático (por el cambio de uso de suelo entre otras) y éste a su vez acelera la pérdida de suelo agrícola y las hambrunas. Podemos afirmar que no frenar *

Coordinador estatal del Área de Agroecología y Soberanía Alimentaria de Ecologistas en Acción

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esta dinámica supone aumentar deliberadamente el número de hambrientos en el mundo y los conflictos por la tenencia de la tierra lo que sería un crimen de lesa humanidad. No menos preocupante resulta la contra-reforma agraria que acompaña este proceso en la cual grandes grupos industriales se hacen con el control de amplias extensiones de tierra, profundizando así la migración campo-ciudad, la pobreza, los conflictos sociales, la deforestación y los abusos a los Derechos Humanos. Las inversiones de las empresas transnacionales –desde el sector automovilístico hasta el sector hidrocarburífero pasando por la biotecnología, los bancos, las constructoras, los productores de agroquímicos– suponen así la profundización de un modelo agro-industrial (inaugurado por la mal llamada «Revolución Verde») totalmente insostenible e injusto. Además se aprovecha el auge de los cultivos energéticos para una nueva expansión de la biotecnología acarreando incalculables amenazas para la biodiversidad y la salud humana.

Introducción La tierra ha sido disputada a lo largo de la historia porque es uno de los bienes comunes así como de los medios de producción y de vida más importantes. Durante el Feudalismo, por ejemplo, la propiedad de la tierra era adquirida, consolidada y defendida mediante guerras que libraban los señores feudales para perpetuar y ampliar sus dominios de poder económico y político. La creación de ciudades y núcleos urbanos con el consiguiente abandono del mundo rural, así como de la agricultura como fuente de empleo y modo de vida, ha sido uno de los procesos que más ha transformado nuestra sociedad global. En los últimos dos siglos la Revolución Industrial, el capitalismo y la globalización aceleraron este proceso urbanizador provocando fuertes ciclos de migraciones del campo a la ciudad (y entre países y continentes), graves injusticias y una alarmante crisis medioambiental. Por primera vez en la historia de la Humanidad la población urbana supera hoy a la rural. Sólo en China se incitó el desplazamiento de unos 300 millones de habitantes del campo a las áreas urbano-metropolitanas en los últimos treinta años, el proceso de urbanización más rápido de

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la historia. «Esta creciente concentración urbana no ha sido, ni es, una dinámica natural», como explica Ramón Fernández Durán, sino «ha sido consecuencia principalmente de un cúmulo de procesos impulsados históricamente desde las estructuras de poder (entre ellos, apropiaciones de tierras y recursos naturales comunales), que han ido separando a las comunidades humanas de su vínculo ancestral con su entorno»1. Valga la pena recordar que en la Inglaterra del siglo XVIII y XIX, la industria textil inauguró el tránsito de la obra manual a la producción mecanizada, la tierra que se empleaba para producir comestibles resultaba ahora mucho más lucrativa como campo de pastoreo para el ganado lanar2 (casos parecidos se registran hoy en Argentina, por ejemplo, donde la empresa Benetton invadió ilegalmente tierras de indígenas Mapuche para su obtención de lana), había escasez de alimentos y los campesinos se vieron obligados por la pobreza a agolparse en las ciudades donde trabajaron por salarios miserables y en condiciones esclavizantes. Pero aunque la tierra cedió el primer puesto como fuente de ingresos monetarios a la fábrica, al comercio y más tarde a los servicios, actividades mafiosas y a la especulación financiera, no dejó nunca de ser disputada. Fue y es continuamente arrebatada a las personas que la trabajan, la preservan y viven en ella por los Estados y los grupos económicos. A pesar de todo, en gran parte del mundo, sobre todo en África, Latinoamérica y Asia la agricultura sigue siendo el medio de subsistencia más importante. Más de 2.500 millones de personas (90% de la población rural) dependen de ella como fuente de ingreso, y es la fuente de trabajo de 1.300 millones de pequeños campesinos y trabajadores rurales sin tierra. Incontables poblaciones indígenas y campesinas de todo el mundo han sido y son amenazadas, masacradas y desplazadas. Diariamente aparecen noticias que relatan la demanda de una distribución equitativa de tierras, la represión contra el movimiento 1

Ramón Fernández Durán: «Destrucción global versus regeneración local». En López, Daniel y López, Ángel: Con la comida no se juega. Traficantes de Sueños. Madrid, 2003. 2 Walter Montenegro: Introducción a las doctrinas político-económicas. Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1994.

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campesino, muertes selectivas de líderes indígenas, las protestas y ocupaciones para exigir la reforma agraria y cambios en la política económica, conflictos por la falta de agua, etc. Mientras a lo largo de los últimos dos siglos gran parte de la población mundial se concentraba en las ciudades3 –perdiendo su relación con el territorio– los que concebían la Pachamama (quechua: «Madre Tierra») no como un simple «material desmenuzable que compone el suelo natural» o un «terreno dedicado a cultivo», sino como el lugar en el que se nace y se defiende el derecho a una vida digna y en armonía con la naturaleza, fueron despojados de sus derechos y expropiados de sus tierras. Como la tierra es un recurso limitado disputamos su uso a nivel global, afectando a la vida de millones de personas. Los países empobrecidos han sido obligados a especializarse progresivamente en abastecer las demandas alimentarias y no alimentarias de las poblaciones (y del ganado) de las ciudades en los países del Norte, en detrimento de la satisfacción de sus necesidades propias. En Brasil (y otros países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia) los campesinos viven sin tierra, y los ecosistemas como la Amazonía están siendo deforestados, por la masiva producción de soja que se utiliza en Europa como pienso animal para la obtención de carnes, productos lácteos o agro-combustibles. Asimismo, la lecitina de soja (mayoritariamente genéticamente modificada) se encuentra en muchos alimentos y supone un posible riesgo para nuestra salud. El consumo insostenible de papel se mantiene por un modelo forestal de enormes plantaciones de monocultivos de eucalipto en países como India, Chile, Brasil o Uruguay donde además de desalojar a los agricultores de sus fincas, se destruye la biodiversidad y las fábricas de celulosa contaminan el agua, el suelo y el aire. El uso de aceite de palma procedente de 3

En los países del Sur la deslocalización industrial de empresas del Norte, los planes de ajuste estructural del FMI y el BM, el «desarrollo del subdesarrollo», las «guerras de baja intensidad» periféricas y los grupos paramilitares, y sobre todo la desarticulación del mundo rural por la expansión del agrobusiness, son las causas del brutal crecimiento de las megaciudades periféricas; la inmensa mayoría verdaderos vertederos de la pobreza y la marginación mundial, en gran medida femenina (Mike Davis, 2005).

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Indonesia, Malasia o Colombia en la elaboración de alimentos, cosméticos, productos químicos y combustibles es cómplice de violaciones de Derechos Humanos como el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y campesinas, así como la desaparición de bosques nativos y su flora y fauna únicas en el mundo. Empresas textiles ocupan ilegalmente grandes extensiones de tierras con el pastoreo de ovejas para la producción de lana y causan la desaparición de humedales o lagos con la producción de algodón (como en el caso del Mar de Aral en Asia Central entre Uzbekistán y Kazajstán). Por otra parte, la sobreexplotación de los recursos marinos por grandes barcos, la piscifactoría y la pesca ilegal han llevado a la destrucción de ecosistemas marinos, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de empleo en las costas y a poner en peligro de extinción a especies tan importantes en la cadena alimentaría como el atún rojo o la anchoa. Constatamos que el sistema económico vigente obsesivamente explota de forma ilimitada todos los ecosistemas y sus recursos naturales generando el mal llamado «desarrollo» para algunas naciones, privilegiando el consumo y el bienestar social de una parte muy pequeña de la Humanidad y excluyendo de las condiciones mínimas de supervivencia a las grandes mayorías. Las políticas comerciales internacionales en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) llevarán a la quiebra a 40 millones de pescadores artesanales. Para más de 1.600 millones de personas que dependen de los bosques, la creciente deforestación implica la pérdida de sus posibilidades de supervivencia (alimentos, medicinas, materiales de construcción, leña, agua, etc.) y trae aparejada la desnutrición, el aumento de las enfermedades, la dependencia y en muchos casos la emigración y la desaparición de la propia comunidad. Según el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales constan entre las principales causas directas de deforestación: la sustitución de los bosques por otras actividades (agricultura, ganadería, plantaciones forestales, cría de camarones, etc.), la actividad de las empresas madereras, la explotación minera y petrolera y la construcción de grandes represas hidroeléctricas (que inundan extensas áreas de bosques).

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Los pequeños agricultores, especialmente de los países empobrecidos, están siendo perjudicados por normas comerciales que hacen desaparecer sus cultivos locales reemplazados por plantaciones agrícolas a gran escala para la exportación o también por la importación de alimentos a precios inferiores a los del mercado nacional y local. La Unión Europea, por ejemplo, fomenta esta práctica de comercio desleal porque su agricultura está subvencionada por la Política Agraria Común (PAC). También están siendo privatizados el agua y la energía, lo cual disminuirá las posibilidades de acceso de los pueblos a esos recursos esenciales. Los pueblos indígenas y comunidades locales en muchos lugares están sufriendo la liberalización de la industria de la minería y la explotación de hidrocarburos4. Constatamos que empresas privadas transnacionales han originado conflictos masivos poniendo en riesgo el Derecho a la Vida, el Derecho a la Alimentación y el acceso a servicios básicos, han estimulado el saqueo y la extracción indiscriminada de recursos naturales, han expropiado las tierras, destruyendo a las comunidades locales y el medio ambiente5. Cada vez que encendemos una luz, vamos en coche, cocinamos, lavamos la ropa o escuchamos la radio usamos energía que procede mayoritariamente de recursos no renovables y extraídos en otros países. Además, a medida que los acuerdos comerciales se consolidan, los efectos del cambio climático y la desertificación, dos de las amenazas ambientales más graves para el planeta, continuarán manifestándose y afectando a la población más marginada del mundo.

Modelo agro-industrial vs. Soberanía Alimentaria «La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. No es una crisis ecológica, sino social. Es el resultado de una visión mecanicista del mundo que, ignorando los límites biofísicos de la naturaleza y los estilos de vida de las diferentes culturas, está acelerando el 4

Para más información consulte la web www.repsolmata.info Declaración Final del Encuentro Internacional «Comunidades en Resistencia: Globalización de la Justicia, Medio Ambiente y Territorio (Chicago, 10 al 12 de noviembre de 2006). http://www.pasc.ca/spip.php?article116 5

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calentamiento global del planeta. Éste es un hecho antrópico y no natural. La crisis ambiental es una crisis moral de instituciones políticas, de aparatos jurídicos de dominación, de relaciones sociales injustas y de una racionalidad instrumental en conflicto con la trama de la vida.» Manifiesto por la vida - Por una Ética para la Sustentabilidad6 «Una Argentina que compromete a tan alto grado sus tierras fértiles para la producción de maderas para pulpa, agrocombustibles y forrajes de exportación, pone definitivamente en riesgo la alimentación de su propia población. Si se persiste en estos modelos de monocultivos y uso industrial de los suelos, no sólo se provocarán sucesivos desastres ecológicos (...) sino que se alcanzarán situaciones agudas de hambruna en la población más carenciada. (...) nuestros Gobiernos persisten en un modelo colonial de primarización de la economía con agroexportación de comodities y depredación de los recursos.» J.E. Rulli, La catástrofe ambiental de la provincia del Chaco y las propuestas de fabricar biodiesel con la soja, www.ecoportal.net, 2006 El debate sobre la agroenergía no podemos desligar de las consecuencias que el sistema capitalista ha provocado: la crisis energética, social (pobreza, desigualdad) y ecológica (crisis de los recursos naturales y el problema más grave de la humidad, el Cambio Climático). También es relevante subrayar que incluso sin la expansión del uso energético de la biomasa, el número de hambrientos aumentará y la Soberanía Alimentaria peligra por los cambios globales que causa la agricultura industrial –entre ellos el calentamiento global, falta de agua, desertificación– y las políticas económicas que priman el derecho a la propiedad privada sobre el derecho a la vida. Primero, por la crisis energética en ciernes y la dependencia del sistema capitalista, que está basado en un constante crecimiento económico y la acumulación de riqueza monetaria, de los recursos fósiles (sobre todo el petróleo) en vías de agotamiento. Ello traerá un mayor número de guerras y conflictos armados para ac6

Simposio sobre Ética y Desarrollo Sustentable, celebrado en Bogotá, Colombia, los días 2-4 de mayo de 2002.

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ceder a los recursos que además están cada vez más inaccesibles y en regiones geográfica y políticamente adversos. «La globalización del mercado mundial, la demanda creciente de recursos naturales y la fuerte extracción de éstos hacia los mercados de ultramar, están poniendo la estabilidad ambiental del Sur bajo una amenaza creciente» (J. Morello, W.A. Pengue y A. Rodríguez, Estrategias hacia la sostenibilidad en el Mercosur, Revista Iberoamericana de Economía Ecológica Vol. 2, 2005). Se intensifica así la lucha (geopolítica) por la apropiación de todo tipo de recursos, pero sobre todo energéticos. En los medios de comunicación se constata futuras guerras entre los enriquecidos y los empobrecidos. Recientes guerras ilustran de forma dramática las consecuencias de la adicción al petróleo del sistema económico actual; pero también el agua dulce es un bien progresivamente más escaso y, por tanto, cada vez más estratégico. De la misma forma existe una lucha por la apropiación de los derechos de utilización de los servicios ambientales: cuotas de pesca, derechos de emisión de gases invernadero –que han sido otorgados considerando emisiones históricas, patentes sobre la vida... Todo ello nos lleva a la segunda razón: la crisis de los recursos naturales (pesca, agua, suelo, bosques, biodiversidad, etc.) que se ve acelerada por el metabolismo económico del actual modelo de producción y consumo (contaminación, vertidos, sobreexplotación, etc.), la creciente explosión urbanizadora (ocupación de suelo fértil), la fuerte migración campo-ciudad, el cambio a una dieta cada vez más carnívora, la crisis del mundo rural (que está al servicio del metabolismo insostenible y enfermo de las ciudades), etc. Según el estudio «Evaluación de los Ecosistemas del Milenio»7 en 7 La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio fue solicitada en 2000 por Kofi Annan, Secretario General de Naciones Unidas, en un informe a la Asamblea General titulado Nosotros los pueblos: la función de Naciones Unidas en el siglo XXI. Iniciada en 2001, el objetivo de la Evaluación fue hacer una estimación de las consecuencias de los cambios en los ecosistemas sobre el bienestar humano, y de las bases científicas para las acciones que se necesita emprender a fin de reforzar la conservación y el uso sostenible de esos sistemas y su contribución al bienestar humano. En ella participaron más de 1.360 expertos de todo el mundo. Una de las conclusiones dice: «El desafío de revertir la degradación de los eco-

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los últimos 50 años, los seres humanos han transformado los ecosistemas más rápida y extensamente que en ningún otro período de tiempo comparable de la historia humana. Esto ha generado una pérdida considerable y en gran medida irreversible de la diversidad de la vida sobre la Tierra. A muchas personas les ha perjudicado. Además, sólo ahora se están poniendo de manifiesto los verdaderos costos asociados con los supuestos beneficios de esta transformación a favor de una minoría de la población mundial. Por otra parte el informe «La Riqueza de los Pobres: Administrando los Ecosistemas para Combatir la Pobreza», publicado por el World Resources Institute, el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también argumenta que los recursos naturales representan una salida para los sectores de la población más empobrecidos: «tres cuartas partes de ellos viven en zonas rurales; el ambiente es de lo único que pueden depender. Los recursos ambientales son absolutamente esenciales, y no secundarios, si queremos tener alguna esperanza de lograr nuestros objetivos de reducción de la pobreza» (Amigos de la Tierra, La tiranía del libre comercio. Riqueza natural despilfarrada y destrucción de los medios de sustento, 2005). «A medida que la economía y la población humana crecen, usamos más recursos naturales y producimos más residuos. Hay impactos sobre otras especies y sobre las generaciones humanas futuras pero también sobre la generación actual. Ahora bien, no todos los humanos son igualmente afectados por el uso que la economía hace del ambiente natural. Unos se benefician más que otros, unos sufren mayores costos que otros, de ahí los conflictos ecológico-distributivos o conflictos de justicia ambiental» (J.M.Alier, 2005). Sostiene Walter Alberto Pengue: «De todas las actividades humanas, la agropecuaria es la que se aplica a una mayor superficie, lo que nos involucra en un conflicto creciente entre las activisistemas y al mismo tiempo satisfacer las mayores demandas de sus servicios puede ser parcialmente resuelto en algunos de los escenarios considerados por la Evaluación, pero ello requiere que se introduzcan cambios significativos en las políticas, instituciones y prácticas, cambios que actualmente no están en marcha.»

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dades y básicamente las formas de «hacer agricultura», la satisfacción de las necesidades básicas de la humanidad y la sustentabilidad del ambiente natural.» Según él desde la Segunda Guerra Mundial las catástrofes ecológicas provocadas por inadecuados procesos agrícolas y por sus industrias subsidiarias como las de pesticidas, no dejan de aumentar. «La Revolución Verde se encuentra asociada de hecho a estos desastres ecológicos que involucraron desde su expansión un importante efecto de pérdida de la biodiversidad, derivado de la concentración en muy pocos cultivos, la mayoría para atender la exportación a mercados específicos en detrimento de la producción local.» De esta forma, a lo largo del proceso de expansión de la Revolución Verde, se acumulan impactos que pasan por la imposición de sistemas más agresivos en el uso de la tierra e intensivos en la aplicación de tecnologías que han ejercido importantes impactos, generalmente negativos, sobre el hábitat, el paisaje y afectado la soberanía y seguridad alimentaria», destaca Pengue. De igual forma, la Revolución Verde no solucionó los graves problemas de producción y acceso a los alimentos y sus principales consecuencias ecológicas son: intensa contaminación por agroquímicos, degradación química, biológica y física de los suelos, salinización, pérdidas de estructura, aumento de los niveles de erosión hídrica y eólica, extracción de nutrientes sin reposición ni descanso natural, contaminación del agua dulce, de recursos fluviales y marítimos, pérdida de la diversidad genética y uniformización, pérdida del conocimiento autóctono y autónomo, fuerte incremento de la contaminación con fertilizantes, eutrofización del espacio natural, destrucción del paisaje y pérdidas de conectividad, introgresión de especies vegetales y animales con fuerte imposición energética, pérdidas de la biodiversidad, disfuncionalidades fisiológicas y enfermedades en seres humanos, dependencia externa8. Los monocultivos agro-industriales aptos para la producción de agroenergía (como la soja, caña de azúcar, palma aceitera, maíz, cereales, remolacha; o los árboles para los combustibles de se8

W.A. Pengue, Agricultura industrial y transnacionalizacion en América Latina. ¿La transgénesis de un continente? PNUMA y UACM, 2005.

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gunda generación como eucalipto o pino) siempre causan los siguientes efectos ambientales: deforestación, pérdida de biodiversidad y daños a los ecosistemas, contaminación de tierras y aguas por excesiva e incorrecta fertilización y tratamiento con pesticidas y herbicidas, así como la erosión del suelo. Lo que conlleva sistemas productivos agroganaderos insostenibles, una gestión inadecuada de los recursos naturales, la degradación y pérdida de recursos naturales, así como un bajo porcentaje de renovabilidad, poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentaría de cualquier población. En las zonas de monocultivos existe una gran variedad de ecosistemas únicos que están siendo literalmente eliminados para poner en su lugar los campos de producción9. Con la excusa de «quemar» los cultivos, y de no usarlos para alimentación, se incrementará la contaminación con organismos modificados genéticamente (OMG) en la agricultura10. La introducción de OMG, por ejemplo, en los monocultivos de soja y tolerantes a los herbicidas, incrementó el uso de glifosato. El uso generalizado, y a menudo indiscriminado, de glifosato ha causado casos de intoxicación, atribuyéndosele la destrucción de la vida microbiana de la tierra, lo que a su vez ha originado esterilidad en las tierras en donde los residuos del cultivo ya no logran descomponerse. Aquella maleza que ha desarrollado una resistencia al glifosato ahora requiere, para su control, el uso de cócteles de 9

Por la producción de soja están desapareciendo ecosistemas únicos como la Yungas (bosque húmedo que cubre casi 5 millones de Ha. en las faldas de las sierras andinas; junto con la selva tropical del Atlántico, este ecosistema posee la más grande diversidad biológica y el más alto grado de endemismos de Argentina); el Chaco (otro de estos ecosistemas únicos que está siendo borrado del mapa a una velocidad de 250.000 Ha/anuales); el bosque Chiquitano (dentro mayoritariamente de Bolivia, se considera uno de los bosques secos más ricos en ecosistemas del mundo, se han deforestado 0,43 millones de Ha); y la situación del bosque atlántico interior de Brasil es su práctica extinción. 10 Cultivos transgénicos y agrocarburante «de segunda generación», Isabel Bermejo, Ecologistas en Acción. La mayor parte de los cultivos transgénicos (maíz, soja, colza) hasta ahora se destinaba a alimentación animal. La producción energética (concretamente la producción de agrocarburantes) es un nuevo –e inmenso– mercado que la industria biotecnológica se está apresurando a aprovechar, en la esperanza de vencer el rechazo provocado por los alimentos transgénicos en los consumidores.

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herbicidas altamente tóxicos tales como la atrazina. Se han reportado casos de intoxicación de los trabajadores rurales y de las comunidades vecinas a lo largo y ancho de las provincias productoras de soja. Los efectos más inmediatos consisten en la contaminación del agua superficial por plaguicidas lo que pone en peligro a las poblaciones humanas y la vida acuática. Las poblaciones indígenas y comunidades rurales que dependen de la pesca como sustento y del agua del río como fuente de abastecimiento de agua potable son especialmente vulnerables. «La expansión del monocultivo es la causa directa de la grave situación que vive actualmente la mayoría del pueblo paraguayo, con una economía volcada a la exportación de soja forrajera, con un costo en salud de miles de personas contaminadas, la casi desaparición del Bosque Atlántico con la consecuente pérdida de biodiversidad, la disminución del empleo rural y la pérdida de la cultura indígena y campesina, un constante éxodo del campo a la ciudad donde los emigrantes rurales se enfrentan a la miseria y el desempleo. Las cifras de crecimiento macroeconómico no significan una mejora de las condiciones de vida de la mayoría sino el enriquecimiento desmedido de una delgada capa social egoísta y sus aliados transnacionales»11. Cuando hablamos de la crisis de los recursos y una competitividad futura sobre estos recursos, debemos tener en cuenta que actualmente hay 1.300 millones de personas afectadas por el proceso de la desertificación, la pérdida de suelo fértil. El suelo es la capa de transformación de la corteza sólida terrestre, formada como resultado de un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos sobre el medio rocoso original. La génesis del suelo es un proceso extremadamente lento. La formación de una capa de 30 cm de suelo puede durar de 1.000 a 10.000 años. Desde este punto de vista, se debe considerar el suelo como un recurso no renovable y por lo tanto un bien a proteger. La producción agroalimentaria necesita de suelos agrícolas fértiles. Los suelos no son infinitos, su profundidad es variable de entre unos centímetros hasta unos 11 Paraguay: Declaración oficial de Chake Ñuha. Sobre las trampas del agrocombustible y los servicios ambientales http://www.salvalaselva.org/ news.php?id=679

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pocos metros. En este caso, con el término erosión hacemos referencia a la pérdida de suelo agrícola, es decir a la desaparición de esa franja fértil donde se origina la actividad agroalimentaria. Una mala practica agrícola conlleva una pérdida de suelo (erosión) y una vez esto ocurre la tierra deja de ser productiva definitivamente. Exactamente esto es lo que está pasando con los monocultivos y los cultivos agroindustriales intensivos derivados de la Revolución Verde o de la Nueva Revolución Verde. Se ha demostrado en múltiples estudios científicos, informes y verificaciones en campo que las grandes plantaciones de monocultivo en una agricultura intensiva y destinada a la exportación destruyen el medio ambiente y el empleo rural porque convierte a las pequeñas parcelas en grandes cultivos que son operados mecánicamente. El caso de la soya, por ejemplo en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, está demostrando cómo en los países productores los pequeños agricultores migran del campo a la ciudad por la falta de tierras para cultivar los alimentos básicos, por la concentración de tierras y por falta de empleo. Sólo en el estado de Sao Paulo en Brasil, la agricultura intensiva de la caña de azúcar eliminó entre 1970 y 2000 aproximadamente 700.000 puestos de trabajo. Para Brasil se ha investigado que mientras 100 hectáreas de monocultivo de soja emplean sólo una persona, en una hectárea de producción de tomate puede haber ingreso para hasta 69 personas. La tercera razón por la que habrá más hambre y menos soberanía alimentaria, reside en los impactos del Cambio Climático. El incremento de zonas áridas, la caída en las cosechas de los principales cultivos agrícolas y problemas de abastecimiento de agua, tanto para consumo humano como para la agricultura y la generación de energía, serán los principales efectos que dejará el cambio climático global que provocará un aumento de la salinidad y la desertificación en el suelo agrícola, por lo que está previsto que la productividad de las más importantes cosechas disminuya y esto ocasionará consecuencias adversas para la soberanía alimentaria. Para 2050, al menos la mitad del suelo destinado a la agricultora en el mundo se verá afectado, lo cual podría ocasionar hambrunas que afectarían hasta 550 millones de personas más de las actuales

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si la temperatura aumenta 3 grados. El aumento en el nivel del mar que se ha estimado, de entre 20 y 60 centímetros para fin de este siglo, ocasionará inundaciones en las áreas bajas (con mucha producción agrícola como el Delta del Nilo o Bangladesh por ejemplo); el incremento en la temperatura tendrá efectos negativos en la cadena alimentaria (por la pérdida de biodiversidad), y ocasionará cambios en la ubicación de los bancos pesqueros. El 60% de los movimientos migratorios actuales están causados o relacionados con el cambio climático. Además, de los 1.300 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, el 70% son mujeres y de ellas depende en muchos lugares la siembra, el cuidado de las semillas y el ganado, la comida, la búsqueda de agua, la medicina tradicional, etc. La Organización Mundial de la Salud afirma que cada año mueren al menos 150.000 personas como resultado directo del calentamiento global, que puede disparar a unos niveles sin precedentes los brotes de enfermedades como la malaria, el dengue o el mal de las chagas. La crisis hídrica perjudica ya a 2.400 millones de personas, y, en 2025 el 60% de la población mundial se verá afectada por las sequías. Mientras, los desastres naturales se multiplican y si en los años setenta afectaban a unos 740 millones de personas anualmente, en los noventa ya tenían impacto sobre 2.000 millones cada doce meses. Esta realidad se percibe con más fuerza en América Latina, donde sólo en 2005 se produjeron 26 tormentas tropicales y 14 huracanes, fenómenos de proporciones claramente mayores que en épocas anteriores. En la región, entre un 30% y un 40% de la población vive de la agricultura y el efecto del clima en los cultivos de países como Haití, República Dominicana o Bolivia es devastador. Pero África se lleva la peor parte de los impactos del cambio climático. En el continente el 70% de la población vive de la agricultura, el sector más vulnerable a las alteraciones del clima. Además, un 33% de los habitantes tienen malnutrición. En la actualidad 14 países africanos tienen problemas de escasez de agua. En los próximos 11 años se sumarán once Estados más, según el informe de la coalición de ONGs «Up in Smoke»12. 12

http://www.upinsmokecoalition.org/

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El caso de la producción de agroenergía en Asia: Una bomba de relojería para el Cambio Climático Grupos ecologistas, indígenas, campesinos y científicos han denunciado durante muchos años la gravedad de la situación que suponen cientos de incendios forestales en la isla de Sumatra (Indonesia)13. La mayoría de estos incendios han sido provocados por empresas para «limpiar» los bosques y reemplazarlos con plantaciones agroindustriales de monocultivos como la palma aceitera14. En los últimos 50 años más de 74 millones de hectáreas de bosques han sido destruidos (talados, quemados, degradados, convertidos en pulpa de celulosa para producir papel) y sus «productos» han sido transportados hacía el mundo entero. Numerosas organizaciones15 han documentado cómo las plantaciones de palma de aceite han sido una de las causas más importantes de la deforestación en zonas tropicales y de la generación de conflictos sociales en Asia. Millones de personas están perdiendo su subsistencia porque sus tierras están siendo convertidas en plantaciones para agroenergía. Actualmente la deforestación en el mundo es la segunda fuente de contribución a los niveles crecientes de dióxido de carbono en la atmósfera16. En Indonesia se emiten cada año 13

http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/natural_hazards_v2. php3?img_id=14545 14 De las 176 compañías identificadas como sospechosas de los incendios forestales registrados en 1997, por ejemplo, 133 eran compañías de plantación de palma aceitera. 15 WRM (2001): «El amargo fruto de la palma aceitera». Montevideo. http:// www.wrm.org.uy/plantaciones/material/palma.html - Friends of the Earth (2004): Greasy Palms: Palm Oil, the Environment and Big Business. http:// www.foe.co.uk/resource/reports/greasy_palms_summary.pdf - Friends of the Earth (2005): Greasy Palms: the social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia, FoE, London. http:// www.foe.co.uk/resource/reports/greasy_palms_impacts.pdf - Forest Peoples Programme - Perkumpulan Sawit Watch - HuMA - World Agroforestry Centre (2006): «Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia Implications for Local Communities and Indigenous Peoples. h t t p : / / w w w. forestpeoples.org/documents/prv_sector/oil_palm/promised_land_eng.pdf Forest Peoples Programme: http://www.forestpeoples.org/documents/prv_sector/ bases/oil_palm.shtml

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1.800 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEI) a causa de la degradación y la quema de las turberas así como de la deforestación –el 4% del total de GEI sobre un espacio que es menos del 0,1% de la superficie terrestre. Como resultado de esta política, Indonesia es el tercer emisor de GEI más grande después de China y EEUU. Esta deforestación vinculada al cambio de uso del suelo para ganar terreno a favor de cultivos energéticos a gran escala obstruye definitivamente la «etiqueta verde» de los agrocombustibles. En Indonesia existen 6 millones de hectáreas de monocultivos de palma aceitera, y el Gobierno central está realizando planes para consagrar hasta 2015 otros 4 millones de hectáreas sólo para la producción de agrocarburantes. Los gobiernos regionales son aun más ambiciosos y pretenden convertir otros 20 millones de hectáreas de bosques tropicales en zonas de producción de aceite de palma. Un 80% de esta expansión se prevé en Sumatra y Kalimantan, y otros 3 millones de hectáreas en Papua, la región de bosque natural todavía más intacto del país. Sólo los planes de expansión en la provincia de Riau tienen la capacidad de hacer estallar una «bomba de relojería del clima», ya que las turberas de Riau albergan 14,6 mil millones de toneladas de carbono17 –el equivalente de las emisiones mundiales de GEI de un año. Por ello Greenpeace eligió este lugar para bloquear recientemente, con su barco Rainbow Warrior, el buque mercantil MT Westama, que transportaba 30.000 toneladas métricas de aceite de palma de Dumai, en la provincia de Riau (Sumatra), a India. En la pancarta se podría leer: «Palm Oil Kills Forests and Climate»18. En 2007, el Gobierno de Indonesia firmó 58 acuerdos, por un valor de US-$ 12,4 mil millones, con el fin de producir en 2010 unos 200.000 barriles de aceite de palma cada día y «sustituir» supuestamente el 10% de la demanda nacional de petróleo. Esta 16

Los incendios forestales emiten cada año 3.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera lo que intensifica el Cambio Climático. 17 Wahyunto et al (2003): Maps of Area of Peatland Distribution and Carbon Content in Sumatera, 1990-2002. Wetlands International -Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC). 18 http://www.greenpeace.org/international/news/Palm-oil-blockade071115

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operación implicaría la emisión adicional, cada año, de 300 millones de toneladas de CO2. La contribución a las emisiones globales de dióxido de carbono será muy significativa.

El problema de las turberas Las turberas19 cubren el 3% de la superficie terrestre (cerca de 4 millones km2) y guardan una parte importante del carbono de la tierra (unos 528.000 millones de toneladas M/t), el equivalente a un tercio de todas las reservas de carbono y 70 veces más que las emisiones anuales de CO2 de la quema de combustibles fósiles (aproximadamente 7.000 Mt/año en 2006 equivalente al carbono y 26.000 Mt/año en CO2). Esta mega reserva de dióxido de carbono está siendo emitido poco a poco a la atmósfera, por (1) el drenado de las turberas lo que lleva a la oxidación de las mismas al entrar en contacto con el aire resultando en ingentes emisiones de CO2, y (2) los incendios forestales provocados (la turbera seca crea aún mayores peligros para la inflamación y bajo un escenario de temperaturas crecientes a causa del Cambio Climático estamos hablando de un circulo vicioso). La degradación más acelerada de turberas ocurre en el Sudeste asiático, donde están siendo deforestadas, drenadas y incineradas para la producción de aceite de palma y plantaciones de monocultivos de árboles (para la celulosa), la agroindustria y la ma19

Turbera: tierra pantanosa en la que la materia orgánica se produce a mayor velocidad que la que se descompone. El resultado de este proceso es la acumulación de materia vegetal parcialmente descompuesta. A esta materia se le denomina turba. Dependiendo del lugar, hay diferentes turberas, unas que se remontan al período post-glacial, otras son más recientes. En los humedales de los bosques tropicales de Asia se produce cada año una capa de entre 1 y dos milímetros de turba de las hojas caídas y otro material orgánico. Las turberas son compuestas por 10% de restos de plantas y 90% de agua. Para que la turbera perdure y evolucione, es necesario que la diferencia entre el crecimiento anual y la degradación del material subyacente sea positiva, ya sea debida a una intensa actividad biológica o bien porque el proceso de degradación sea débil. Es conocida la abundancia de agua en los ambientes de turba, la cual es normalmente visible en superficie, debido a la alta capacidad de retención de humedad. Constituyen además reservorios de carbono que es emitido si desaparece el agua que cubre la turbera.

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dera. En Indonesia, Malasia, Brunei y Papua Nueva Guinea hay unos 27,1 millones de hectáreas de turbera (un 10% de su superficie)20. Indonesia sólo alberga unos 22,5 millones hectáreas (83%; 3,7 M/h ya han sido destruidos), Malasia 2 millones y 2,6 millones en Papua Nueva Guinea. Según los cálculos de Delft Hydraulics21, esta área acumula un total de 42.000 Mt de carbono que se emitiría si no se frena el avance de la deforestación. Se estima que por la degradación de turberas se emiten en el Sudeste asiático periódicamente entre 136 millones y 1,42 mil millones de t de CO2, más las emisiones de la deforestación, la pérdida de carbono del suelo, el uso de fertilizantes nitrogenados, las emisiones de la maquinaria agrícola y la pérdida de sumideros de CO2. El Protocolo de Kioto pretende reducir en 2012 las emisiones globales en 195 M/t comparado con los niveles de 1990. ¡No se está cumpliendo Kioto y para hacer frente a las emisiones de las turberas se necesitarían varios protocolos como éste! Pero a pesar de que científicos han demostrado la relación entre la destrucción de turberas y las emisiones de CO2, éstas no han sido incorporadas en el debate global sobre Cambio Climático. La ONG Wetlands International, autora de un estudio muy citado sobre la materia, señala que la producción de una tonelada de aceite de palma sobre un terreno de turberas produce hasta 33 toneladas de CO 2. Wetlands International estima que los 1,5 millones de hectáreas de palma aceitera cultivados sobre turberas en Indonesia contribuyen a la emisión de 100 toneladas de CO2 por hectárea (sólo por el drenado y secado de la turba). Aparte de las emisiones de CO2, la destrucción de las turberas supone un peligro para la biodiversidad asiática por el hecho de que las turberas son el hábitat de numerosas especies en peligro de extinción, como el orangután en Borneo y el tigre de Sumatra.

20 Según Delft Hydraulics, Wetlands International y Alterra, sólo la degradación de turberas emite acualmente entre 97-238 M/t de CO2 en el Sudeste Asiático (90% en Indonesia). La cifra más realista debe estar sobre las 172 M/t. 21 Hooijer, A., Silvius, M., Wösten, H. and Page, S. 2006. PEAT-CO2, Assessment of CO2 emissions from drained peatlands in SE Asia. Delft Hydraulics report Q3943 (2006)

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Miles de orangutanes han muerto en los feroces incendios forestales de Indonesia, lo que apresura la ya de por sí inminente extinción de esa especie en la próxima década. Estos simios, cuyo nombre significa «hombre del bosque», son uno de los parientes más cercanos de los humanos y coinciden en un 97 por ciento de nuestro ADN. La destrucción de la selva –que solía cubrir todo Borneo– implica el mayor peligro para ellos.

El caso Indonesia El experto de suelos, D.E. Parry de Jakarta, explica en una carta al director que además de todas las consecuencias ecológicas las áreas de turbas son totalmente inapropiadas para la producción agrícola por su composición y características, y deberían conservar su papel como reserva de agua y biodiversidad22. Incluso en la prensa internacional se ha podido leer en repetidas ocasiones que «cuando los científicos comenzaron a estudiar el funcionamiento de las plantaciones de palma en Indonesia y Malasia, el cuento de hadas ecológico del biodiesel empezó a parecer una pesadilla medioambiental, ante la deforestación –obtenida muchas veces por la quema de turberas– y el aumento del uso de fertilizantes»23. Los incendios forestales provocan humo que se extiende por toda la región del Sudeste Asiático causando graves problemas para la salud y la economía en esta región. En octubre del año 2006 la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) convocó una sesión de crisis a causa de este fuerte humo que había oscurecido los cielos de los países vecinos de Indonesia durante semanas e inducido a importantes tensiones políticas (situación que se repite en la actualidad). En el proceso de contrarreforma agraria miles de indígenas y campesinos han sido desalojados de sus tierras, y centenares de personas, que intentaron resistirse, torturados. En las plantacio22

http://www.thejakartapost.com/detaileditorial.asp?fileid= 20070216.F05&irec=4 Elisabeth Rosenthal: Once a Dream Fuel, Palm Oil May Be an Eco-Nightmare h t t p : / / w w w. n y t i m e s . c o m / 2 0 0 7 / 0 1 / 3 1 / b u s i n e s s / w o r l d b u s i n e s s / 31biofuel.html?pagewanted=1&en=e653a375e67e8e49&ei=5088&ex= 1327899600&partner=rssnyt&emc=rss

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nes industriales se han registrado múltiples violaciones de los derechos humanos y una injusticia laboral generalizada. Según un informe encomendado por el Banco Mundial, en Indonesia alrededor de 50 millones de personas viven en bosques que son tierras estatales y 20 millones más viven en aldeas próximas a los bosques, de los cuales cerca de 6 millones perciben gran parte de sus ingresos monetarios a partir de los bosques. No debería causar sorpresa, pues, que la expansión de las plantaciones a gran escala de palma aceitera haya traído consigo destrucción ambiental y conflictos sociales generalizados. La Unión de Campesinos de Indonesia (FSPI) organizó este año varias protestas para demandar la intervención del Gobierno en los conflictos por la tierra que han aumentado en los últimos tiempos. Las grandes empresas están expropiando ilegalmente a los agricultores y contratan vigilancia privada para imponer el estado de hecho. En las manifestaciones a raíz de los conflictos por la tierra han sido asesinados miembros de la FSPI a manos de la policía o el ejército como confirma The Jakarta Post24. Sólo en 2006 ha habido 350 conflictos agrarios por la expansión de las plantaciones y la FSPI ha documentado 1.753 casos de violaciones de DDHH de sus miembros: 40 desaparecidos, 76 arrestados, 7.034 heridos y desplazados y 11 asesinatos25. El secretario general de la FSPI, Henry Saragih, dijo que se han registrado unas 2.000 disputas por la tierra en todo el país lo que tiene un enorme potencial de provocar violencia. El diputado de Java Oriental, Syaiful Huda, comentó que los conflictos sólo en su provincia afectaban a un millón de personas empobrecidas y 500.000 hectáreas. Cada año decenas de miles de trabajadores se contaminan en las plantaciones con Paraquat, y muchos de ellos se mueren de forma cruel al estar en contacto con este herbicida extremada24

«Farmers demand justice in land disputes» en The Jakarta Post/Medan/ Bandung, National News - June 05, 2007 25 Seminario Internacional Crisis Planetaria, Derechos Humanos y Agrocombustibles que se celebró entre el 6 y 8 de agosto en Bogotá. Presentación «Agrocombustibles de Indonesia: Violación de la Soberanía Alimentaria» de Muhammad Yunus Nasution y Elisha Kartini Tenalema Samon de la Federation of Indonesian Peasant Union (FSPI) - www.fspi.or.id

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mente peligroso (su mayor productor mundial es Syngenta). La red contra pesticidas (PAN) está haciendo campaña contra el uso de Paraquat en los monocultivos de palma aceitera y denuncia los impactos de los agrotóxicos para mujeres y hombres que trabajan en estas plantaciones26. Las instituciones financieras que propiciaron esta situación, incluido el Grupo Banco Mundial, comparten la responsabilidad por esos impactos adversos27. Los informes de la ONG Sawit Watch28 exponen las injusticias causadas a los pueblos indígenas y comunidades locales por la forma como han sido desarrolladas las plantaciones de palma en Indonesia. La vida de diez millones de personas ha sido afectada por el sector de la palma que tiene blindadas sus actividades industriales por leyes, políticas y prácticas que permanentemente están limitando los derechos humanos de la población afectada. Además, las políticas gubernamentales respaldan a las empresas públicas y empresas extranjeras. Henry Saragih, también coordinador general de La Vía Campesina, advierte que la carrera por los agrocombustibles podría «destruir nuestro sistema agrario y alimentario». El desorbitado aumento del precio de aceite de palma crudo (CPO) y de los aceites de cocina está relacionado con el uso de CPO para agrocarburantes. «Como segundo productor mundial muchos productores indonesios han olfateado los enormes beneficios que pueden hacer de esta tendencia», enfatiza Saragih. Además el negocio con la palma aceitera ha atraído muchas empresas extranjeras para expandir sus negocios en este sector. El 67% de las plantaciones de palma está controlado por empresas privadas quienes también controlan las tierras, la industria de transformación y de refinado. 26

http://www.evb.ch/en/p25001546.html Liz Chidley (2005): «Indonesia: invirtiendo para el desastre; la CFI y las plantaciones de palma aceitera» en el Boletín Nº 93 del WRM, abril 2005. Down to Earth, correo-e: [email protected], http://www.dte.org 28 «Indonesian Palm Oil production blights the poor: major reforms needed, claim two new reports» Press release (17 November 2006). http:/www.forestpeo ples.org/documents/prv_sector/oil_palm/oil_palm_press_rel_indonesia _nov06_eng.shtml 27

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Hay que señalar en este contexto que todo el sistema agrario de Indonesia es una herencia de la era colonial. «En este sentido podemos afirmar que Indonesia nunca logró su total independencia», según FSPI. Las empresas amplían sus plantaciones y desvían la producción de aceite a la exportación, se reduce la oferta para aceites comestibles y los precios saltan por los aires. La demanda nacional de aceite de palma crudo es sólo el 25% de la producción total nacional pero ya hay escasez de aceites comestibles. La demanda de aceite de palma crudo para la producción de agrocombustibles ha creado una competencia con la demanda para fines alimentarios. El precio del aceite de cocina incrementó rápido de US-$ 0,7/kg a comienzos de 2007 a US-$ 1,1/kg en mayo 2007. Al ser uno de los cinco alimentos básicos los primeros afectados son los campesinos y la población más empobrecida. Los campesinos son contradictoriamente consumidores netos del aceite de cocina por lo que les afecta igualmente el aumento del precio en este sector. Un ejemplo: en el norte de Sumatra, campesinos productores de aceite de palma, que viven a 2 km de distancia de la fábrica de refinado de aceite, tienen que comprar el aceite de cocina al mismo precio que las personas que viven en las áreas urbanas29. Definitivamente la demanda de aceite de palma en los mercados internacionales lleva a una escasez de aceite alimentario en el mercado doméstico. Además, el incremento de precios de aceite de palma no beneficia a los pequeños campesinos. Ellos sólo pueden vender la fruta de palma fresca por US$ 0,09 - 0,12/ kilo a la industria de procesamiento, las empresas comercializadoras y la industria se quedan con el beneficio. Con la explosiva demanda de CPO, el Gobierno de Indonesia se propone convertir el país en el exportador más grande del mundo a través de megaproyectos de Palma aceitera e incrementar la producción de 15 a 18 millones de toneladas al año en 2010 (Malasia produce: 16.804.000 t/año).

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Muhammad Yunus Nasution y Elisha Kartini Tenalema Samon de la Federation of Indonesian Peasant Union (FSPI) - www.fspi.or.id

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Desinformación dirigida por la industria Cada vez más aparece la industria con datos que demuestren que la sustitución de ecosistemas naturales por monocultivos supone «absorber mucho más CO2». La Comisión de Aceite de Palma de Indonesia distribuye material con balances positivos de CO2 de la palma aceitera. Se argumenta que las plantaciones absorben mucho más CO2 que los bosques naturales por lo que sería la mejor forma de luchar contra el Cambio Climático. Aunque sea cierto que las plantaciones crezcan más rápido por unidad de planta y puede secuestrar más CO2 que un árbol adulto, al final de su ciclo de vida (20 años), habrá retenido entre 50 y 90% menos carbono que la cubierta forestal original. La empresa Neste Oil publicó un informe sobre el ahorro de GEI a lo largo de un ciclo de vida derivado de su biodiesel NExBTL, producido con colza y aceite de palma30. El estudio, realizado por el Instituto de Investigaciones sobre Energía y Medio Ambiente (IFEU), concluyó que el mejor equilibrio de GEI se conseguía convirtiendo bosques tropicales originales en palma aceitera para la producción de biodiesel. No obstante, el grupo Biofuelwatch de Inglaterra habló con el equipo de IFEU responsable del estudio, que les advirtió, aunque sólo verbalmente, que el resultado se había obtenido excluyendo las emisiones de carbono del suelo, todas las emisiones vinculadas con la destrucción de turberas, todas las emisiones relacionadas con la quema de bosques, y dividiendo las emisiones de la deforestación por 100 (es decir, repartiéndolas a lo largo de todo un siglo), aunque la vida máxima de una plantación de palma aceitera es de unos 25 años. En los cálculos sobre las emisiones de N2O se ignoró la observación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), incluida en su Tercer Informe de Evaluación, de que la aplicación de fertilizantes de nitrógeno en una hectárea de suelos tropicales y pobres en fósforo provoca unas emisiones de N2O entre 10 y 100 superiores a las provocadas por la misma cantidad de fertilizantes en una hectárea de suelos temperados31. 30

«An Assessment of Energy and Greenhouse Gases of NExBTL», Informe final, Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH, junio de 2006.

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Incluso, el Consejo de Aceite de Palma de Malasia (MPOC) ha contratado a la empresa de relaciones públicas GPlus en Bruselas para que se dedique a actividades de lobby. Su objetivo consiste en salvaguardar el potencial de producción energética de Malasia (domina el 57% del comercial mundial de aceite de palma)32 a partir de la palma aceitera, vista toda la publicidad negativa que ha recibido. El reto que plantean la verificación y supervisión de la UE en una esquema de «certificación para la importación de materia prima sostenible» o los criterios de certificación para «aceite de palma sostenible» son imposibles. Un ejemplo de sistema de certificación fallido es el caso de la etiqueta Green Gold de Essent para la electricidad ‘verde’ producida con aceite de palma, que contaba con el respaldo de una subvención multimillonaria del Gobierno holandés. Finalmente, se determinó que la palma aceitera está exacerbando la deforestación de Indonesia. Además, pueden también surgir problemas que entrañen corrupción y represión, y conflictos de interés en caso de que sean las propias empresas las que paguen y elijan a las certificadoras que evalúan el cumplimiento de determinadas normativas33. Por ello es muy positivo que el Gobierno sueco reconoció en un estudio de la Autoridad Nacional de Carreteras que «incrementar la cantidad de biocarburantes importando aceite de palma podría aumentar las emisiones de CO2 en vez de reducirlo» y dio así una bofetada al uso de aceite de palma en la producción de agrocarburantes34. Un estudio del Instituto EMPA (encargado por 31

Véase www.biofuelwatch.org.uk De su producción nacional exporta el 90%, pero hay que anotar que Malasia tienen una superficie dedicada al cultivo menor que Indonesia siendo el mayor productor mundial, eso se explica con que empresas de Malasia ocupan tierra en Indonesia para su cultivo. 33 CEO - GRR - TNI: Preparando el terreno para los agrocombustibles. Políticas europeas, criterios de sostenibilidad y cálculos climáticos. GRR (Grupo de Reflexión Rural-Argentina), TNI (Transnational Institute-Holanda) y CEO (Corporate Europe Observatory-Holanda). Ámsterdam, 2007. http:// www.quiendebeaquien.org/spip.php?article647 34 Vägverket: Climate neutral freight transports on road – a scientific prestudy. 2007. http://publikationswebbutik.vv.se/upload/3547/2007_111_ klimatneutrala_godstransporter_pa_vag_en_vetenskaplig_forstudie.pdf 32

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el gobierno suizo) destaca igualmente que la mayor parte de las emisiones de GEI se producen en la producción agrícola y la deforestación a través de la quema de los bosques tropicales tiene una influencia relevante en el balance final de los impactos ecológicos de agrocarburantes35.

Relación entre demanda en la UE y deforestación en Asia De los 28 millones de toneladas métricas de aceite de palma exportadas en 2007/08 en el mundo, la Unión Europea importa más de 4,5 M/t36. De ello aproximadamente 1,5 M/t son utilizados en centrales térmicas para la producción de electricidad. Es cierto que la creciente demanda mundial de aceites vegetales para la producción de agrocarburantes y los objetivos obligatorios de la UE (y otros países) para su uso en la matriz energética no son, todavía, la mayor causa de todo este escenario. Mucho antes de la reciente apuesta global por los agrocarburantes (a partir de 2004/ 05), Indonesia (y también Malasia) contribuyeron significativamente a la emisión de GEI, por el drenado y la destrucción de las turberas a causa de la producción de aceite de palma para fines industriales. «El drenado de turberas a gran escala comenzó por el año 1996 bajo la dictadura de Suharto y su desastroso Megaproyecto de cultivo de arroz en Kalimantan», apunta Almuth Ernsting del grupo de investigación Biolfuelwatch, y continuó con 35

El Instituto EMPA ha realizado Análisis de Ciclo de Vida para una gran variedad de agrocarburantes, comparando sus impactos ambientales totales (no sólo en emisiones de GEI). En muchos casos, estos impactos son mayores para los agrocarburantes que para los carburantes fósiles (sobre todo por los impactos causados en la fase de cultivo). Así, por ejemplo, el diesel convencional tiene un impacto de 185 UBP Umweltbelastungspunkte, «ecopuntos»); el biodiesel a partir de colza en Suiza, 350 UBP; y el biodiesel brasileño a partir de soja, 540 UBP. La gasolina fósil, 200 UBP; el etanol a partir de caña de azúcar en Brasil, 250 UBP; el etanol a partir de maíz en EEUU, 520 UBP; el etanol a partir de patatas en Suiza, 970 UBP. Ver: Rainer Zah y otros: Ökobilanz von Energieprodukten: ökologische Bewertung von Biotreibstoffen, Berna, mayo de 2007. Puede consultarse en http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/ attachments/8514.pdf 36 Vermás datos: United States Departamento of Agricultura «Oilseeds: World Markets and Trade». Circular Series FOP 11-07, Noviembre 2007.

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la expansión de la tala de árboles para el comercio de madera y las plantaciones de palma aceitera. Los incendios forestales de 1997/ 98 cubrieron el 6% de Indonesia y quemaron 11,7 millones de hectáreas de tierra. Asimismo provocaron la emisión, según cálculos, entre el 13 y 40% del total de GEI del mundo de aquel año37. Cuando la economía de Indonesia colapsó en 1998, el FMI y el BM impusieron como condicionamiento la aplicación de un «programa de rescate» financiero. En ese programa estaban incluidas medidas para promover el sector del aceite de palma, entre ellas reducciones de los impuestos a la exportación de aceite de palma crudo y el levantamiento de la prohibición a la inversión extranjera en empresas conjuntas de aceite de palma de Indonesia lo que llevó a una nueva ola de incendios forestales titánicos. Como los conglomerados en bancarrota tenían intereses en la explotación forestal y en la banca, más de 100 compañías endeudadas vinculadas al sector forestal obtuvieron beneficios del orden de por lo menos 2.000 millones de dólares, cuando el Estado asumió algunas de sus deudas privadas. Una evaluación interna de las políticas y prácticas del BM en materia forestal, que incluía a Indonesia, llegó a la conclusión terminante de que tanto la deforestación como la pobreza aumentaron durante la década de los años 90. El aceite de palma se usa como aceite de cocina, en la producción de margarinas y entra en la preparación de productos industriales de panadería, pastelería, confitería, heladería, etc. Por otro lado se utiliza ampliamente en la producción de cosméticos, detergentes y jabones, así como en la fabricación de pinturas, velas, cremas para zapatos, tinta de imprenta, en la industria textil y del cuero. Obviamente Asia no escapó de la revolución verde y de la globalización económica que apuesta por un sistema de producción y comercio mundial agropecuarios basados en los monocultivos agroindustriales para alimentar a la ganadería intensiva, así como para abastecer con bienes de consumo a los países altamente industrializados y urbanizados. La Organización para la 37

Almuth Ernsting: Agrofuels in Asia. En Seedling, GRAIN, julio 2007. www.grain.org

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Alimentación y la Agricultura (FAO) pronostica para los próximos 30 años una expansión de los monocultivos a un ritmo de entre 3,8 a 5 millones de hectáreas por año. A mayor ritmo de metropolización en Asia (sobre todo por los procesos de migración campo-ciudad en China e India), mayor consumo de carne, mayor consumo de proteínas para producir carne, mayor expansión de la agroindustria y mayor competencia por la tierra a la que se suma ahora la producción de cultivos energéticos. Además las importaciones europeas (y españolas) de productos y materiales, para cuya obtención han sido quemados bosques y turberas en Asia, han contribuido significativamente a este proceso y han generado una inmensa Deuda Ecológica. Varios informes explican cómo las empresas transnacionales más grandes de la industria de alimentación, cosmética y agrocarburantes son responsables de todo ello38. La lista de compañías incluye Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, Gillette, Burger King, McCain, AMD, Cargill, Johnson & Johnson, Beiersdorf, Cadbury-Schweppes, Colgate-Palmolive, Danone, Henkel, Mars, Matthew Foods, PepsiCo, Raisio, Sara Lee, United Biscuits, Tesco, Carrefour, Eroski, Acciona Energías Renovables, y un largo etcétera, las cuales usan un volumen significativo de la producción mundial de aceite de palma, la mayor parte de Indonesia y Malasia. Sólo Unilever (con marcas tan sonadas como KitKat, queso Philadelphia) usa 1,2 millones de toneladas de aceite de palma al año. Ahora bien, un informe de la FAO de 2006 indica que el aumento del consumo de aceite de colza europeo para producir «biodiesel» es uno de los principales factores que explican el incremento de los precios del aceite de palma, que a su vez promueve la expansión de la palma aceitera39. Además, el Gobierno indonesio ha admitido que las inversiones en la expansión de la palma aceitera están directamente relacionadas con el precio del aceite de palma. El consumo de diesel en Europa fue de 172 millones de toneladas (Mt) en 2005 (60% de la energía para el trans38

Ver: How the palm oil industry is cooking the climate. Greenpeace, 2007. «Biofuels and Commodity Markets – Palm Oil Focus», P. Thoenes, FAO, 2006, http://www.fao.org/es/ESC/common/ecg/110542_en_full_paper_English.pdf

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porte). Se sabe que no hay suficiente colza disponible en Europa para alcanzar el objetivo obligatorio de la UE del uso de agrocarburantes a partir de 2010 (5,75%) y 2020 (10%) por lo que se prevé la importación masiva de un elevado porcentaje de los agrocombustibles de países del Sur Global. El Joint Research Centre de la Comisión Europea considera que la UE sólo puede cubrir el 4,2% de sus necesidades de carburantes sin recurrir a cultivos importados. Con ello se lograría sustituir el 2,2% de la energía procedente de combustibles fósiles utilizados en transporte. Se considera que la fabricación de agrodiesel sin recurrir a cultivos importados alcanzaría para sustituir tan solo el 3,4% del consumo total de este carburante. En 2006, la UE había pasado a ser el mayor productor mundial de biodiesel, con unos 6.000 millones de litros, mientras que la fabricación de etanol, de unos 1.700 millones de litros, aumentaba aceleradamente40. Cumplir el objetivo de un 5,75% requeriría un 192% de la cosecha europea de oleaginosas de 2005 –unos 21 millones de toneladas producidas en 7,5 millones de hectáreas– o importar un 14% adicional de la cosecha mundial prevista para 201241. De hecho, a pesar de que la producción actual de agrodiesel es todavía modesta en el conjunto de la Unión Europea, las importaciones destinadas a su fabricación han aumentado de forma muy significativa42. Las empresas hablan de un aumento de la demanda de «biodiesel» en 52 Mt entre 2005 y 2030 en el conjunto de la UE. Alcanzar este crecimiento en la demanda de aceites vegetales requiere, en el caso de la palma, 15 millones de hectáreas de plantaciones de aceite de palma madura. Esto es tres veces la superficie actual de plantaciones de palma en Indonesia. En Asia se co40 Global Agriculture Information Network (GAIN). EU-27 Bio-Fuels Annual 2007. USDA Foreign Agricultural Service Report nº E47051. 6/4/2007. 41 European Commission Joint Research Centre Op. cit. European Commission Joint Research Centre, Concawe, EUCAR. (2007) Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context, JEC WTW study version Version 2c, 03/2007. Overview of Results. Slide 88. Datos producción de oleaginosas de Global Agriculture Information Network (GAIN) EU-27 Oilseeds and Products Annual 2007.USDA Foreign Agricultural Service Report nº E47047 5/31/2007. 42 Global Agriculture Information Network (GAIN). Report nº. E47051. 6/4/2007

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noce muy bien las políticas energéticas europeas. Según observadores del sector, sólo un día después del anuncio de la UE de subvencionar la producción de agrocarburantes, muchos empresarios extranjeros llegaron a Kalimantan y Papua para ofrecer inversiones en plantaciones de palma de aceite43. Rory Macrae, un lobbyista de GPlus Europe que representa los productores de Malasia dice: «No hay duda de que los suministradores de Asia ven un potencial enorme en los nuevos objetivos de la UE.» El apetito a «biofuels» ha creado lo que Yusof Basiron, representante del Malaysian Palm Oil Council, ve como la «necesidad ilimitada de aceite de palma». Entre los cultivos energéticos la palma aceitera es el más «rentable» energética y económicamente para las empresas en un marco de libre comercio como el que se pretende. Es el más productivo por Ha (en una hectárea se pueden producir hasta 6.000 litros de aceite para diesel al año) y el más «barato». Los bajos costes de producción en tierras y mano de obra, y unas mejores condiciones climáticas hacen de Asia un productor muy «competitivo». Por tanto, en condiciones de libre mercado y sin descontar las externalidades ecológicas, las empresas europeas preferirán, a gran escala, el aceite de palma de importación. Los planes de agrocarburantes de Indonesia, vinculados muy directamente con la política europea, prevén multiplicar por 43 la producción de aceite de palma44 destruyendo 20 millones de hectáreas de bosques tropicales. Si la UE sigue favoreciendo esta expansión y no impide la importación, serán arrasadas la mayor parte de las selvas tropicales y turberas del país, liberando entre 42 hasta 50 mil millones de toneladas de carbono. Esta cantidad equivale a más de seis años de quema de combustibles fósiles y podría provocar un calentamiento global de más de 2º C, superando el límite que el IPCC (y la propia UE) ha propuesto a no sobrepasar. Sin un cambio político de 180º, argumenta Ernsting, es inevitable que más de la mitad de 43

M. Ahmad del WWF entrevistado por Tb. Arie Rukmantara, The Jakarta Post, h t t p : / / w w w. b o t h e n d s . o r g / s t r a t e g i c / 0 6 1 2 1 1 _ D u t c h % 2 0 i m p o r t %20of%20biomass.pdf 44 Marianne Klute: Green Gold Biodiesel: Players in Indonesia. Watch Indonesia, 2007. http://tinyurl.com/33lb7r

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las turberas de la región sudasiática, que siguen intactas (55%), se convierte en los próximos años en gigantescas plantas de «biodiesel». Otros diez años de rápido crecimiento de las emisiones de GEI y mayores infraestructuras para explotar aceite de palma conducirían al peor escenario de Cambio Climático pronosticado por el IPCC. Las comunidades pagarán doblemente por esta estrategia equivocada, primero en su fase de expansión agroindustrial, y más tarde con los impactos del Cambio Climático. Sólo en Indonesia hay más de 2.000 islas en peligro de sumergirse por el creciente nivel del mar.

La fiebre ha contagiado a toda la región asiática En China la Comisión Nacional para la Reforma del Desarrollo Nacional fijaba un objetivo del 15% para 2020. Sin embargo, esta propuesta ha sido paralizada en el Consejo de Estado, preocupado por la subida de precios de los alimentos (que aumentaron en un 17,9% desde comienzos de año hasta octubre de 2007) y la creciente utilización de maíz para etanol. China importa grandes cantidades de aceite de palma, soja y cereales. Liu Mengze del Organismo Gubernamental de Cereales espera no obstante aumentar la producción de «biodiesel» de 1 M/t a 7 M/t en 2010. Burma pretende cultivar 8 millones de acres45 de jatropha, igual que India que espera plantar 33,5 millones de acres en 201246. El Ministerio de Desarrollo Rural de India propone gastar 252 millones de euros en los próximos cinco años para investigar la viabilidad de jatropha como material para combustibles. India trata de asegurar el 20% de sus demandas de diesel con agrocarburantes en 2012. También en Filipinas el tema atrae mucha atención. El nuevo «bio-fuel Act» de enero de 2007 demanda un 1% de «biodiesel». En el país se produce mucho aceite de coco y caña de azúcar. Algunos datos hablan de exportar agrocombustible a Alemania y Japón. Proyectos que cuentan con la financiación de la EC ASEAN Energy Facility (EAEF), un programa de la Comisión Europea para fomentar la producción de agroenergía en los 45 46

1 acre = 4047 metros cuadrados. http://www.ft.com/cms/s/0/6eb02a7e-9952-11dc-bb45-0000779fd2ac.html

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países ASEAN. Los gobernantes de los países ASEAM asumieron una propuesta de Filipinas de armonizar los estándares para agrocarburantes. En Tailandia las áreas proyectadas para producir aceite de palma aumentarán en un 50% hasta 2009 para responder a la creciente demanda de agrocombustibles. Para ello se ha creado una alianza entre el Ministerio de Energía y el Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC). Actualmente sólo 100.000 litros de la producción diaria de 1,1 millones de litros son convertidos en diesel. El ministerio espera incrementar la producción para cubrir el 10% de la demanda total de diesel en el país. El mal llamado Biodiesel y el cultivo de plantas energéticas se han convertido en muchos países asiáticos en un componente importante de su planificación energética. Y se puede decir que el empujón de producir agrocombustibles en Asia está relacionado con la promesa de poder enviar grandes embarcaciones con rumbo a Europa. Con el auspicio de la FAO, se reunieron en Bangok recientemente los seis países llamados El Gran Mekong (Camboya, China, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam) para lanzar una iniciativa de agrocarburantes lo que podría cambiar dramáticamente la geografía del mundo rural. El Banco Asiático de Desarrollo, la propio FAO, el International Fund for Agricultural Development (IFAD) y numerosas agencias estatales de cooperación comprometieron importantes ayudas técnicas y financieras para asegurar una alianza público-privada. «El creciente interés mundial en biocarburantes puede ser descrito como la fiebre de oro del siglo 21», dijo Hiroyuki Konuma, el director regional de la FAO para Asia y el Pacífico. Una alianza de las ONGs ambientalistas y de desarrollo más grandes del mundo han publicado recién un informe «Up in Smoke? Asia and the Pacific: the threat from climate change to human development and the environment»47, en el que concluyen el trabajo de cuatro años sobre las últimas experiencias de comunidades en Asia frente a los peligros del Cambio Climático, y dice, por ejemplo, que la supuesta panacea de los agrocarburantes, como 47

http://www.upinsmokecoalition.org/

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respuesta a la dependencia de los combustibles fósiles, puede turnarse rápidamente en una fiebre por el «oro falso» en toda Asia porque los impactos sociales y ambientales pesan más que cualquier beneficio. En este contexto no se debe olvidar que Asia alberga el 60% de la población mundial que sufrirá las consecuencias del calentamiento global.

Competencia entre alimentación, piensos y producción de agrocombustibles. Según Isabel Bermejo, de Ecologistas en Acción, además de los factores mencionados anteriormente, amenazan la soberanía alimentaria la desaparición de variedades vegetales y razas de ganado adaptadas a entornos diversos, y de los conocimientos campesinos sobre su manejo; y el agotamiento de una agricultura industrializada, cada vez más desvinculada de los procesos naturales y más dependiente en insumos externos (semillas, fertilizantes, biocidas) y combustibles fósiles. «A este inquietante panorama hay que añadir el crecimiento urbano acelerado originado por el éxodo a las ciudades de millones de familias campesinas, expulsadas del campo por una agricultura y un reparto de los recursos en el que no tienen cabida, y la rápida industrialización –y consiguiente cambio de hábitos alimentarios de una población crecientemente urbana»– de países como China e India, considera Bermejo. Añade que más del 30% de la población urbana vive en grandes barriadas marginales, «enormemente vulnerable a la más ínfima subida del precio de los alimentos.» Y estos precios tienden a subir según el informe de la «OCDEFAO sobre Perspectivas de la agricultura: 2007-2016»: • Los precios del mercado mundial para muchos productos agrícolas básicos se deben en gran parte a las disminuciones en la oferta provocadas por las sequías (situación que va acentuarse con el Cambio Climático) o los bajos inventarios. Sin embargo, cambios estructurales como una mayor demanda en países como China e India (por el fuerte aumento de la población urbana) y de materias primas para la producción de agrocombustibles y la reducción de excedentes provocada por las últimas reformas de las

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políticas (sobre todo en EEUU) podrían mantener los precios por arriba de los niveles de equilibrio histórico, durante los próximos diez años. • Los precios más altos de los productos básicos son una preocupación especial para la importación neta de alimentos de los países en desarrollo, así como para las poblaciones urbanas pobres, y suscitan un debate permanente sobre el tema «alimentos o combustible». Además, implican costos más elevados y menores ingresos para quienes usan esa misma materia prima para producir alimento para animales. Los rendimientos agrícolas en los últimos 6 años han descendido, destaca Bermejo, y «según los últimos informes de la FAO, las reservas mundiales de cereales han caído a su nivel más bajo en décadas y la situación de abastecimiento mundial de alimentos (tanto de granos como de oleaginosas, es decir los alimentos básicos) es actualmente deficitaria»48. Según Isabel Bermejo, la biomasa va a competir con la producción alimentaria por las tierras, por el agua y por otros recursos, poniendo en peligro la soberanía alimentaria de la Humanidad. Según el último informe de la FAO sobre perspectivas mundiales de la alimentación: «la utilización tradicional de las tierras para producción de alimentos y fibra puede salir perdiendo en esta competición, sencillamente porque el mercado potencial de la energía es inmenso comparado con el de los alimentos». «A pesar del preocupante panorama alimentario», comenta Bermejo, «una creciente proporción de las cosechas mundiales se ha empezado a desviar hacia la producción de carburantes». En EEUU, se prevé una producción de etanol de 5.900 millones de galones49 para 2006/07 y de 9.700 millones para 2010/11, destinando una parte creciente de la cosecha de maíz a la producción 48

Datos alimentación de: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2006-2015. FAO. World Agriculture: towards 2030/2050. Prospects for food, nutrition, agriculture and major commodity groups. FAO Global Perspective Studies Unit. June 2006. FAO. Crop Prospects and Food Situation Nº 4. FAO. Food Outlook. Global Market Analysis. Nº 2. December 2006. Q. Qualman, Biodiesel and ethanol can’t fuel this civilization. Union Farmer Monthly. Vol. 57 Issue I. Jan 2007. 49 Un galón estadounidense equivale a algo menos de 4 litros (3,79 litros)

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de este carburante. Para la UE (mayor importador mundial de alimentos y enormes importaciones de piensos: el 75% de sus necesidades de proteína para alimentación ganadera se cubre con importaciones de soja, colza o aceite de palma), la FAO afirmaba que «tras dos años de expansión excepcional, se prevé que las importaciones sigan creciendo de forma importante puesto que la producción europea no es suficiente para abastecer la demanda alimentaria y la producción de biocarburantes». Según un estudio de 2006 de la OCDE, para producir el 10% del consumo total la UE tendría que destinar el 72% de la superficie agrícola a la producción de agrocarburantes. La UE importa actualmente más del 75% de la masa vegetal para producir agroenergía del exterior. Además de la colza de Europa del Este, el aceite de palma de Asia, gran parte proviene del aceite de soja de América Latina. Miguel Altieri, Profesor de Agroecología de la Universidad de California (Berkeley) y Elizabeth Bravo, de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos de Quito, Ecuador, explican en el artículo «La tragedia social y ecológica de la producción de agrocombustibles en el continente americano» que «la expansión de la soja conduce a una extrema concentración de tierras e ingresos. En Brasil, el cultivo de soja desplaza once trabajadores de la agricultura por cada nuevo trabajador que emplea. En Argentina, 60.000 establecimientos agropecuarios fueron excluidos mientras el área cultivada con soja Roundup Ready se triplicó. En 1998, había 422.000 granjas en Argentina mientras en 2002 sólo quedaban 318.000, reduciéndose en una cuarta parte. En una década, el área sojera se incrementó en un 126% a expensas de la producción de lácteos, maíz, trigo y frutas. En la campaña 2003/2004, se sembraron 13,7 millones de hectáreas de soja, pero hubo una reducción de 2,9 millones de hectáreas de maíz y 2,15 millones de hectáreas de girasol. Para la industria biotecnológica, el aumento en el área cultivada de soja y la duplicación de los rendimientos por unidad son un éxito económico y agronómico. Para el país, esto implica mayor importación de alimentos básicos, por ende pérdida de soberanía alimentaria, aumento en el precio de los alimentos y el hambre (Pengue 2005)».

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Varias investigaciones señalan también la estrategia que persigue la UE en África para importar agroenergía. En el informe de Oxfam se señala que Sudáfrica tiene potencial para convertirse en el «Oriente Próximo de los biocombustibles»50. Informes recientes que evalúan el potencial para los biocombustibles de Tanzania estiman que más de la mitad de los terrenos cultivables del país son válidos para esa producción51, mientras que el gobierno está cortejando las inversiones de empresas europeas de biocombustibles como la británica Sun Biofuels52. En Mozambique, cerca de 33 millones de hectáreas (un 40 por ciento de la superficie cultivable del país), ha sido identificada como válida para el cultivo de biocombustibles, con Europa como el único mercado identificado como potencial53. Desde el año 2000 más del 25% de las inversiones efectuadas por el Banco Europeo de Inversiones en África subsahariana se concentran en subsectores de energía, y alcanzan los 600 millones de euros. A la producción de materia prima destinada a agrocarburantes se han sumado los 53 países que conforman la Unión Africana (UA), y la Unión Económica y Monetaria de África del Oeste (UEMOA) con el respaldo de la India y, desde el principio, liderados por Brasil, el mayor exportador de etanol del mundo. Según la Comisión Europea, los 30,33 millones de kilómetros cuadrados de superficie de África convierten al continente en el 50 Andrew Owens, director ejecutivo (CEO) de Greenergy en la Biofuels Markets Africa Conference, 30 de noviembre - 1 de diciembre de 2006, Ciudad del Cabo. 51 Por ejemplo, Liquid Biofuels for Transportation in Tanzania: Potential and Implications for Sustainable Agriculture and Energy in the 21st Century, Cooperación Técnica Alemana (GTZ), 2005. 52 Véase www.sunbiofuels.com para más detalles. A comienzos de este año, el gobierno de Tanzania anunció que estaba negociando con once empresas extranjeras para inversiones en biocombustibles. Véase Dar to grow bio-fuel crops, Daily News, 12 de abril de 2007. Disponible en http://www.dailynewstsn.com/page.php?id=6364 53 The performance of EU-Africa Energy Partnership, presentación realizada por el ministro de Energía de Mozambique, en la International Business Roundtable, ‘Business Perspectives on the Africa-Europe Energy Partnership, 27-29 de junio de 2007, Hamburgo. Disponible en http://www.energy partnership.eu/business/session%201/Minister20Namburete.ppt

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lugar perfecto donde ubicar las grandes plantaciones de agroenergía. «África está cerca de la Unión Europea y el bloque está dispuesto a contar con más biocombustible. Queremos aprovechar el hecho de que África sea uno de los proveedores con más probabilidades», comentó en el mes de julio, Teodsio Bule, secretario técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UE. El ministro mozambiqueño de Agricultura, Erasmo Muhate, ha dejado claro que su país «va a ser el mayor productor de etanol de África, con críticas o sin críticas. El desarrollo de la fabricación de etanol ya es competencia de la central African Mining and Exploration Company (Camec)». Burkina Faso ya ha firmado los acuerdos con Brasil; India depositó, este año, 250 millones de dólares destinados al fondo para impulsar la producción de biocombustible en 15 países de África Occidental. La bolsa dineraria es responsabilidad de Banco de Inversión y Desarrollo de la UEMOA, que ha empleado 35 millones de dólares en la plantación de jatropha para biodiesel en Ghana. Benín, Malí, Nigeria y Senegal, siguen raudos este ejemplo y son pioneros en el continente en investigación sobre los agrocarburantes a partir de la jatropha. Se estima que sólo en África Occidental de destinarán, antes del final de la década, 150.000 hectáreas al cultivo de la materia prima y a la industria necesaria para su desarrollo. El informe de la Comisión Europea, que detalla el plan de acción sobre biomasa, impone tres grandes objetivos: «Promover los biocombustibles en la UE y en los países en desarrollo, preparar el terreno para el uso de biocombustibles a gran escala y apoyar a los países en que la producción de biocombustibles podría estimular el crecimiento económico sustentable.» El comisario de Desarrollo de la UE, Louis Michel, afirmó que los agricultores de países del Sur productores de agrocombustibles «son potenciales receptores de la asistencia del bloque», condicionando así la cooperación internacional de la UE, en vez de preocuparse por las causas del hambre en este continente. «Muchos países en desarrollo están naturalmente bien ubicados para la producción de biocombustible, en particular aquellos tradicionalmente azucareros. La expansión del mercado europeo para este producto les brinda-

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rá nuevas oportunidades exportadoras», aseguró. En cambio, la ONU señaló que si siguen aumentando los precios de los alimentos básicos (el maíz en 120% entre enero y junio de 2007), el Programa Mundial de Alimentos no podrá atender en los próximos años con ayuda alimentaria a las 90 millones de personas que asiste anualmente. Ante todo ello, queda la pregunta: ¿Es posible cumplir con el objetivo del 10 por ciento de la nueva directiva sobre biocarburantes de la UE o el objetivo de calidad del carburante sin perjudicar a la soberanía alimentaria del mundo? ¿Teniendo en cuenta que la UE ya importa grandes cantidades de cultivos producidos de forma muy insostenible, como soja y aceite de palma, para alimentación humana, piensos animales, productos industriales y otros fines, cultivos que ya han causados grandes estragos en la situación alimentaria del mundo?

La resistencia de los movimientos campesinos contra el actual modelo de agrocombustibles y por la soberanía alimentaria La Vía Campesina, una red de organizaciones campesinas que representa a más de 120 millones de familias de pequeños agricultores, se ha implicado en la lucha contra el Cambio Climático y los agrocombustibles. Radio Mundo Real54 entrevistó al coordinador internacional de La Vía Campesina, Henry Saragih, quien además es el máximo dirigente del Sindicato de Organizaciones Campesinas de Indonesia. «Para nosotros es muy importante decirle al encuentro de los gobiernos en la COP 13 de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que si continúan con el principio de enfrentar el calentamiento global basándose en el mercado no lograrán resolver el problema ambiental ni el del hambre en el mundo», manifestó Saragih. Un documento elaborado por La Vía Campesina de cara a su participación en las actividades que se realizan en Bali paralelamente a la COP 13, expresa que las sequías e inundaciones están 54

http://www.radiomundoreal.fm/rmr/?q=es/node/24329

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llevando a fracasos en las cosechas, lo que conlleva un aumento del número de personas hambrientas en el mundo. «Hay estudios que predicen un descenso de la producción agrícola global de entre un 3 y un 16 por ciento para el año 2080. En las regiones tropicales, el calentamiento global es muy probable que lleve a un grave declive de la agricultura (más del 50 por ciento en Senegal y del 40 por ciento en India), y a la aceleración de la desertificación de tierras de cultivo», dice el documento. Esta red internacional de organizaciones y movimientos campesinos apunta que es la producción industrial de alimentos la que está contribuyendo de forma significativa al cambio climático y a la destrucción de las pequeñas comunidades rurales. El transporte intercontinental de alimentos, con las consecuentes emisiones de dióxido de carbono, la destrucción de tierras y bosques a partir de la deforestación, una de las actividades que más emite gases contaminantes a nivel mundial, y el uso de insumos químicos en la agricultura, son algunas de las formas enumeradas por La Vía Campesina mediante las cuales se agrava el cambio climático. Esas actividades están transformando a la agricultura en un consumidor adicto de energías fósiles, explica La Vía Campesina. «Bajo las políticas neoliberales impuestas por la Organización Mundial de Comercio, los acuerdos de libre comercio bilaterales, así como por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la comida se produce con pesticidas derivados del petróleo y fertilizantes», agregan. Los agrocombustibles, según La Vía Campesina, significa deforestación en inmensas áreas de bosques, desplazamiento de comunidades originarias de esas tierras y utilización de transgénicos. Estos grupos señalan además que el impulso a los agrocombustibles lo que verdaderamente busca es beneficiar a inmensas corporaciones transnacionales de varios sectores industriales implicados en su desarrollo. «Los agrocombustibles son negativos para la gente, porque significan hacer alimentos no para alimentar a los pobres sino para las máquinas. Esto está haciendo que día a día el hambre aumente, como ocurre en Indonesia», manifestó Saragih. Contó que ese

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país es uno de los más importantes productores y exportadores de palma aceitera, que sirve para la producción de agrocombustibles, y que ella se destina principalmente al mercado exterior, lo cual complica las posibilidades de la población local de acceder a un aceite de calidad para cocina, por ejemplo. Agregó que a pesar del impulso a las plantaciones de palma aceitera, los trabajadores implicados en su producción no reciben buenos salarios, y que en las zonas en donde se planta ese cultivo hay mucha gente con hambre, lo que demuestra que se trata de una industria que no beneficia el mercado local. La Vía Campesina demanda el desmantelamiento completo de las compañías de agrocombustibles, que «están despojando a los pequeños productores de sus tierras, produciendo comida basura y creando desastres medioambientales», según dice el documento «La agricultura sustentable a pequeña escala enfría el planeta: la soberanía alimentaria como bandera». El coordinador internacional de Vía Campesina cree que los trabajadores rurales a nivel internacional pueden hacer frente a la crisis del hambre para alimentar a la humanidad, aunque para eso necesitan políticas gubernamentales que apoyen su trabajo en el campo. Y ese trabajo los campesinos lo hacen «sobre la base de la solidaridad», dijo Saragih. El documento agrega: «Creemos que la agricultura sostenible a pequeña escala y el consumo local de alimentos va a invertir la devastación actual y sustentar a millones de familias campesinas. La agricultura también puede contribuir a enfriar la tierra, usando prácticas agrícolas que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el uso de energía por los campesinos». «Nosotros advertimos en 1996 a los gobiernos que para solucionar el problema del hambre debían implementar los principios de la soberanía alimentaria, no sólo de la seguridad alimentaria», aseguró Saragih. «La soberanía alimentaria implica que todos los países, todos los pueblos, tienen el derecho a producir sus alimentos, usando sus recursos, no basados en el libre mercado, ni en la liberalización, privatización y desregulación, ni en los principios de la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional», agregó.

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La soberanía alimentaria implica además que los pueblos tienen el derecho a decidir qué alimentos consumir, de qué forma y cómo comercializarlos. «Da prioridad a las economías y mercados locales y nacionales, dando el poder a campesinos y pequeños agricultores, a los pescadores tradicionales, a los pastores y a la producción, distribución y consumo de alimentos basada en la sostenibilidad ambiental, social y económica», dice la declaración política de La Vía Campesina. «Colocamos en el fundamento de los sistemas y de las políticas alimentarias las aspiraciones y necesidades de aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos, en lugar de las demandas de los mercados y de las multinacionales», agrega el documento. Saragih manifestó que originalmente todos los países se podían alimentar ellos mismos con sus recursos. Explicó que el Foro Mundial de Soberanía Alimentaria, realizado en febrero en Mali, fue organizado por La Vía Campesina y otras organizaciones justamente para decir que los pueblos del mundo se pueden alimentar ellos mismos a través de los principios de la justicia social, y no del mercado. «Indonesia es un país agrario, de granjeros, y no podemos alimentarnos a nosotros mismos, debemos importar comida porque tenemos políticas de mercado», se lamentó. Finalmente Saragih dejó un mensaje de ese movimiento social a los delegados en la COP 13: «Esta vez decimos a los gobiernos: por favor, sean serios, ahora el mundo está en un proceso peligroso. Si no cambiamos el orden económico del modelo de industrialización, el mundo, el planeta, tendrá muchos problemas».

Conclusiones Una simple ecuación matemática, nos plantea una dimensión ética muy alarmante. Si todas las personas de la Tierra tuviesen una calidad de vida similar a la de las personas de economías «desarrolladas» (utilizando el mismo nivel de recursos y generando los mismos residuos), la economía global necesitaría tener acceso a cinco o seis planetas más para satisfacerlas. Resulta evidente que el actual modelo de producción, distribución y consumo globalizado no es sostenible.

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Este panorama nos sitúa ante una situación compleja en la que tenemos una gran responsabilidad si queremos que las futuras generaciones tengan de qué comer. Los conflictos por la tierra, el agua y otros recursos les han privado a las comunidades locales de suficiente poder de decisión como para que ellas sigan generando y asegurando su propio sustento. Esta sinrazón debe cambiar. En las políticas públicas se debe incorporar la tierra como un Derecho Humano, patrimonio cultural, base de la vida y no como una simple mercancía. Además se debe distribuir de forma justa y equitativa el correspondiente derecho a la tierra, el apoyo a la pesca artesanal, la agricultura ecológica y los mercados locales. Francisca Rodríguez, integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas de Chile y miembro de la Coordinación Internacional de Vía Campesina, lo deja muy claro: «O salvamos la tierra y nuestras semillas o morimos en el intento. Porque campesinas y semillas somos una unidad. Si se destruye una, se destruye a ambas». La Vía Campesina lanzó un concepto revolucionario: el de la «Soberanía Alimentaría» que implica tanto la lucha por la tierra, por el agua; por la semilla y por la vida55. «El capitalismo es incapaz de organizar algo tan complejo, bello y variado como la diversidad agrícola. Por eso industrializa el suelo, trata a la tierra como materia inerte, cambia el significado de la agricultura y de la alimentación y rompe con las leyes de la naturaleza envenenando plantas, animales y personas. Explota y aniquila campesinos; privatiza el agua; usurpa la biodiversidad; concentra la tierra en las corporaciones transnacionales; militariza territorios; criminaliza a los defensores de la tierra; destruye diversidad y vida mediante tratados comerciales», concluye Rodríguez. Ha llegado la hora que sean los movimientos campesinos e indígenas, los que fijen las reglas del cuidado, el uso y la ordenación de la tierra y el territorio, basado en un código de conducta que se inspira en valores y principios de la naturaleza y en los principios de la Soberanía Alimentaría. Con el fin de que la Soberanía Alimentaria sea una realidad, se exige una reforma radical a 55

www.viacampesina.org

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la estructura de propiedad de la tierra que garantice el derecho al acceso para quienes no la posean o no tengan una cantidad suficiente para conseguir con ella una vida digna, y, así mismo, que también proteja la distribución y la propiedad colectiva de las comunidades que así lo reclaman56. Cientos de organizaciones promueven desde mediados de 2007 un llamado para una moratoria inmediata para los incentivos de la UE a los agrocombustibles y la agroenergía de monocultivos extensivos, incluyendo plantaciones de árboles y una moratoria de las importaciones de la UE en este ámbito. Esto incluye la suspensión inmediata de todos los porcentajes obligatorios, los incentivos tales como exenciones de impuestos y subsidios que benefician a los agrocombustibles procedentes de monocultivos, incluyendo las financiaciones a través de mecanismos de negociación de carbono, de ayuda internacional al desarrollo o de créditos otorgados por Instituciones Financieras Internacionales como el Banco Mundial. Este llamado responde al número creciente de otros llamados procedentes del Sur Global en contra de monocultivos para agrocombustibles que la UE está ayudando a promover. Incluso el relator de la ONU para la Alimentación, Jean Ziegler, pidió con ocasión del Día Mundial de la Alimentación 2007, una moratoria de cinco años en la producción de los mal llamados biocarburantes. La idea es contar con el tiempo necesario para «evaluar el impacto de los agrocarburantes sobre los derechos económicos, sociales y culturales y el medio ambiente». Para Ziegler, el entusiasmo por la agroenergía, engloba un riesgo tanto para la seguridad alimentaria de la población como el medio ambiente. Como conclusión de este texto, y para animar los debates para construir soberanía alimentaria desde lo local, me parece muy acertado la declaración «La Geopolítica de los agrocombustibles» que reclama: «Entendemos que la única forma de superar la crisis climática y energética que amenaza definitivamente la continuidad de toda la Vida en el planeta es la superación del capitalismo. La transición hacia una sociedad post-petrolera y un nuevo senti56

http://integracionsolidaria.org/integracion2/publicaciones/tem-agric-territ.htm

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do del «desarrollo», en la construcción de una Vía de superación del capitalismo, será sobre bases ecológicas; o no podrá ser»57. «Los agrocombustibles y toda la generación de energía a través de la biomasa tal como viene sido promovida por gobiernos, corporaciones, agencias de ayuda, Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y demás agentes interesados en su producción a gran escala y en su comercio internacional no cambian, sino que perpetúan el modelo de producción y consumo de la civilización moderna, urbana y industrial que ha generado inequidad, guerra, destrucción ambiental. La cuestión energética, así como la producción de alimentos, son los ejes concretos e indivisibles de resistencia y de construcción de otro proyecto de sociedad, y de nuevas relaciones de intercambio entre los pueblos de la humanidad, y de éstos con la naturaleza; y así subvertir –de facto– la lógica colonial y de subordinación.» «Acordamos que la lógica política de la nueva sociedad global en esta ruta de transición –y la estrategia de autonomía de los pueblos sobre sus territorios– deberá orientarse a partir de la premisa central de garantizar la Soberanía Energética en acuerdo y complementariedad con la defensa radical de la Soberanía Alimentaria. Por lo tanto, el único debate consecuente sobre agrocombustibles debe enmarcarse en un nuevo paradigma de desdesarrollo que incluya una transformación estructural radical de toda la economía y de nuestro estilo de vida y el desmantelamiento del macro sistema energético que sustenta y garantiza el poder global.» Y el documento propone como ejes del des-desarrollo: * Des-urbanizar, para restituir la existencia de la población a escala humana, supliendo las necesidades en el mercado local y con fuentes de energía locales. * Des-globalizar el comercio y el transporte de mercancías, sobre todo agrícolas y alimentarias, para atacar la principal fuente de consumo de combustibles líquidos: los camiones refrigerados que transportan toda la cadena de carnes y lácteos, los aviones que transportan flores y frutas tropicales; los gigantescos navíos 57

http://www.ecoportal.net/content/view/full/72990

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cerealeros movidos a diesel para llevar soja a Europa y a China, etc.; que generan un flagrante balance energético negativo, y que sostiene el discurso ilusorio del «crecimiento». * Des-tecnologizar la producción de alimentos, a partir de tomar a los sistemas productivos como agroecosistemas donde la biodiversidad y la nutrición adecuada de los suelos reemplacen a las tecnologías puntuales y contaminantes de derivadas del petróleo. * Des-petrolizar la economía, la mejor política contra el cambio climático es la eliminación de los combustibles fósiles, dejando el petróleo y el gas en el subsuelo. Eso no debe confundirse con soluciones ficticias como el «descarbonizar la economía» o sea, promocionar el mercado de carbono, los mecanismos de desarrollo limpio y la implementación conjunta que perpetúan el modelo petrolero destructivo, bajo la lógica del mercado. * Des-centralizar la generación y distribución de energía, a través de tecnologías que no recreen la dependencia, y que garanticen el abastecimiento de acuerdo a las necesidades de la población local, lo que se diferencia de promover la privatización de la energía, aun de fuentes «alternativas» bajo el argumento de «proveer acceso de energía para los pobres». En otras palabras: recuperar y defender el principio de la energía como un servicio y no un negocio y una mercancía ofrecida en el mercado. En esta línea de argumentación debe construirse la Soberanía Energética.

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Un mundo sin transnacionales Gustavo Duch* Abril de 2010 Hace hoy 14 años, 250 dirigentes de La Vía Campesina, en representación de unas 80 organizaciones de todo el planeta, celebraban su segunda asamblea, en Tlaxcala (México), cuando recibieron noticias de Brasil. En el Estado amazónico de Pará, en Eldorado dos Carajás, más de 1.500 mujeres y hombres del MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra) tomaron y bloquearon la carretera principal para exigir a los gobiernos federal y estatal que adoptaran medidas urgentes a favor de la reforma agraria (en un país donde el 2% de los propietarios es dueño de más de la mitad de la tierra fértil del país, mientras más de 100.000 familias duermen bajo carpas negras en campamentos de ocupación de tierras). Sobre las cuatro de la tarde, 155 miembros de la Policía Estatal Militar atacaron sin piedad. Asesinaron a 19 personas, 69 resultaron heridas y, de ellas, tres murieron unos días más tarde. Catorce años después, la matanza orquestada por los grandes propietarios de la región con el consentimiento del Estado sigue sin respuesta. Los disparos en Pará retumbaron en la reunión de Tlaxcala y, desde entonces, cada 17 de abril miles de campesinos y campesinas, y muchas otras personas que apoyan al mundo rural, organizan acciones y eventos para recordar la situación de opresión y marginación que parece que les tiene asignado el sistema capitalista. *

Editor de la revista ‘Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas’

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Como explica La Vía Campesina en su convocatoria de este año –y pone el ejemplo de Honduras, donde varias personas del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán han sido asesinadas también por su defensa de la tierra que les permite cultivar sus alimentos–, la represión sobre las organizaciones campesinas no cesa y se repiten, idénticos, muchos 17 de abril por todo el mundo. Pero al abuso del terrateniente se ha sumado el poder hegemónico de las empresas transnacionales sobre toda la cadena alimentaria. Controlan los mercados de las semillas, de los agrotóxicos, de los fertilizantes, del agua, de la genética animal y también, como una nueva tendencia, se están haciendo –muchas veces de la mano de terceros países– con el control de mucha tierra productiva. Monsanto, Cargill, Carrefour, Archer Daniels Midland, Nestlé, Syngenta, entre otras, son los nombres que La Vía Campesina cita como Señores de una agricultura globalizada responsable del tránsito de millones de agricultores y agricultoras de sus campos a los suburbios de las ciudades, de la autosuficiencia a engrosar las bolsas de la pobreza, mientras –con sus modelos intensivos– ahondan en la herida sobre la salud del planeta. Así, La Vía Campesina y sus aliados centran todas sus acciones y reivindicaciones en señalar el inmenso daño que estas corporaciones ocasionan, rompiendo de paso el mito que suele situar en competencia a la agricultura de los países ricos con la agricultura de los países del Sur. Para reforzar las energías en la ofensiva contra las transnacionales y a favor de ‘un mundo sin monsantos’, La Vía Campesina recuerda algunas acciones que demuestran que las cosas se pueden cambiar y apunta hacia otras que se deben cambiar. Frente al avance de los transgénicos como tecnología de dominación del campesinado y de pérdida de biodiversidad para la naturaleza, La Vía Campesina destaca cómo la presión de la sociedad civil de la India consiguió detener el pasado enero la aprobación de una berenjena transgénica de la que es copropietaria Monsanto. O cómo la ocupación que hicieron en 2006 de la sede de investigación de Syngenta en Brasil para alertar de que en Paraná esta transnacional estaba sembrando ilegalmente varias hectáreas de cultivos transgénicos ha llevado a finales de 2009 a conseguir

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que esos terrenos se hayan reconvertido en un centro para la enseñanza y la investigación de la agroecología. En Europa, junto a las reivindicaciones contra el reciente decreto de aprobación de nuevas variedades transgénicas, se están coordinando muchas actividades para desvelar el poder que sobre nuestra agricultura ejercen los grandes supermercados. Los datos que desvelan son muy significativos, a la vez que preocupantes: en este momento, los grandes supermercados han absorbido el 80% del mercado minorista en Europa. En Reino Unido, por ejemplo, una de cada siete libras que se gasta en el comercio se desembolsa en una sola gran superficie, en Tesco, que, como sus compañeros de pódium, aprovecha la desregulación del comercio internacional para comprar sus mercancías en los mercados mundiales a precios más bajos, ocultando en el precio de las etiquetas los costes sociales y ambientales. «Cuando un producto llega al mercado –explica Susan George–, ha perdido toda la memoria de los abusos de los cuales es la consecuencia, tanto en el plano humano como en el de la naturaleza». Con esta realidad, sin acceso a los recursos naturales, sin atención política, las opciones pasan por la movilización, y esa es seguramente una de las características insignia de La Vía Campesina desde su creación en 1993. Como la misma organización explica, barridos por el huracán de la globalización, sintieron la necesidad de recuperar con una voz propia y única su espacio de participación social. Sus propuestas, bajo la premisa de que la alimentación es un derecho, no una mercancía para las transnacionales, dibujan un paisaje posible, justo y hermoso.

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LAS REPRESAS EN EL MODELO ENERGÉTICO DE BRASIL

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Las represas en el modelo energético de Brasil y sus impactos sociales y ambientales Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB, São Paulo.* Marzo 2010 El sector eléctrico brasileño es actualmente uno de los más poderosos política y económicamente. Su poder económico y político se ejerce en las estructuras y poderes del Estado brasileño, imponiendo a la sociedad una explotación brutal de la gente y la naturaleza. La construcción de presas ha sido la de cumplir con esta lógica. Identificar y especificar los impactos socio-ambientales de las represas hidroeléctricas es de importancia decisiva para ayudar a las personas afectadas por las represas y amenazadas para negar la imagen falsa e ilusoria impuesta a la sociedad que las represas son el sinónimo de progreso y la preservación del medio ambiente. La industria de la presa y los gobiernos utilizan el discurso de que los impactos sociales y ambientales de las plantas son mínimos y manejables, «afirmando» que producen energía limpia y renovable en un ambiente de escasez de energía y las preocupaciones sobre la inminencia del calentamiento global. *

El MAB es el movimiento de afectados y afectadas por las presas o represas, en Brasil. Las comunidades afectadas por la construcción de las represas se unen en una organización nacional brasileña a raíz de un encuentro en 1989, desarrollando desde entonces una lucha a nivel nacional por sus derechos. Para más información http://www.mabnacional.org.br/.

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Según el informe de la Comisión Mundial de Represas (WCD en ingles) en el mundo, unos 80 millones de personas se vieron afectadas directa o indirectamente por la construcción de plantas hidroeléctricas. En Brasil, las represas han expulsado a un millón de personas y más de 34.000 kilómetros cuadrados de tierra fueron cubiertos por los embalses (WCD, 2000). Hay más de 2.000 presas en el país, 650 de los cuales son de proyectos hidroeléctricos, beneficiando principalmente a los grandes empresas electro-intensivas, nacionales e internacionales que se apropian de la naturaleza, contaminando el ambiente y destruyendo vidas en nombre del desarrollo (ANEEL, 2010). En Brasil, está en curso un intenso proceso de construcción de represas, ya que tiene la mayor reserva mundial de energía hidroeléctrica. La Amazonia ha sido el foco principal de la construcción de estas plantas. Al mismo tiempo el interés y la presión de estas obras ha sido internacional. Las grandes empresas mundiales de energía, minería, fábricas de papel, la industria química y la agroindustria, han sido las principales responsables de estos planes. La destrucción social y ambiental ha sido enorme. Si sigue esta lógica de hoy, se dejará una gran deuda social y ambiental para las generaciones futuras. Las plantas hidroeléctricas son extremadamente destructivas para la población local y el medio ambiente. Desplazan miles de personas cuando el agua sumerge sus lugares de residencia, la eliminación de miles de hectáreas de bosques, ríos destruidos, eliminan especies vegetales y animales, inundan tierras de cultivo, emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera, destruyen y eliminan las culturas originarias. Éstos han sido sólo algunos de los problemas en nuestra experiencia diaria, que hemos percibido y enfrentado a la hora de construir estos proyectos.

El actual modelo eléctrico brasileño Con el proceso de privatización, a partir de los años 90, el sector de la electricidad fue privatizada y organizada en un modelo energético bajo la hegemonía de las ideas neoliberales, estructurados con mecanismos y con lógicas del capital financiero. La produc-

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ción de energía eléctrica en Brasil cambió a estar al servicio de las grandes corporaciones. Este modelo energético se mantiene en vigor hasta el día de hoy. Varias son las características del actual modelo, que explota y expropia al pueblo brasileño y destruye la naturaleza. La electricidad se ha convertido en una mercancía. La electricidad se convirtió en el principal negocio que –bajo determinadas condiciones– es capaz de recuperar las tasas de rentabilidad. Las tarifas de precios de la electricidad ha transformado el sector en el negocio más rentable del mundo. (Gonçalves, 2007). Para eso, el sector eléctrico se ha transformado en varios negocios, organizados todos y controlados por los mecanismos y el funcionamiento de la lógica del «capital financiero», organizado en un gran «monopolio» del capital privado internacional que permite la especulación y las tasas más altas de ganancia en cada sector del poder. El negocio principal ahora es sobre todo la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad. Pero una empresa controla todos los diferentes negocios, aumentando sus ganancias (Gonçalves, 2007). Las tarifas eléctricas se han convertido en un verdadero robo al pueblo brasileño. Antes del proceso de privatización, las tarifas de energía se definían principalmente por el costo histórico de producción de energía hidroeléctrica en Brasil, además de la tasa de ganancia, así que las tarifas eran más bajas que los precios mundiales. Con la nueva organización, las tasas se establecieron con referencias internacionales en el alto precio de la energía térmica. A pesar de obtener un 85% de la electricidad producida por hidroeléctricas, el pueblo brasileño paga en la actualidad una de las tarifas más caras del mundo, incluso más caro que la mayoría de los países de Europa y Estados Unidos. Mientras que los grandes consumidores de electricidad, la industria llamada electro-intensiva, que es principalmente de exportación (las fábricas de celulosa, aluminio, hierro, cemento, acero, petroquímica, etc.), considerada una de las más contaminantes del mundo, ha recibido diversos privilegios. Reciben la energía a precio de costo, transformando Brasil en un importante exportador de energía, a través de productos de alta densidad de energía. En

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la actualidad, 670 empresas utilizan estos privilegios, en un total de 900 unidades de consumo. Sólo estos grandes usuarios consumen aproximadamente el 30% de toda la energía en el país (CCEE, 2009). En la actualidad, la electricidad en Brasil es dominada por los «propietarios de la energía.» Entre ellos se encuentran algunos de los mayores bancos privados del mundo (Santander, Bradesco, Citigroup), las empresas de energía (Suez, AES, Duke, Endesa, General Electric, E.ON, Votorantim, Iberdrola), las mayores empresas de metales y minería (Alcoa, BHP Billiton, CVRD, Votorantim, Siemens, General Motors, Alstom), las grandes compañías de la construcción transnacional (Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez), y los gigantes de los agronegocios globales (Aracruz, Amaggi, Bunge, Brasche, Stora Enso). Estos grupos de empresas son como los pilares que soportan los tres grandes bloques de capital: el capital financiero, la minería y la metalurgia, la energía y la agroindustria. Este bloque de capitalistas internacionales y brasileños forma esta alianza global, que se apropia de todas las fuentes de energía en nuestro país, imponiendo una super-explotación a todo el pueblo brasileño. El Estado brasileño ha cumplido un papel importante en la regulación, mantenimiento y la reproducción del modelo actual, incluida la de la represión cuando es necesario. Han creado muchos organismos institucionales como la Agencia Nacional de Energía Eléctrica -ANEEL, la Empresa de Investigación Energética -EPE, la Cámara de Comercio de la Energía -CCEE, el Operador Nacional del Sistema Eléctrico -ONS, entre otros, que no eran necesarios, pero cada uno de ellos ha cumplido determinadas tareas para garantizar y proteger los intereses de los sectores. El Banco Nacional de Desarrollo Económico, BNDES, banco público, ha sido la herramienta principal fuente de financiación de esta lógica, primero financiado la privatización de activos públicos, ahora sigue financiando los mismos grupos económicos que saquearon al pueblo brasileño. ANEEL, el organismo responsable de la regulación de toda la política de tarifas ha sido totalmente controlado y sirve a los intereses de las empresas privadas, que ha sido responsable de los aumentos de las tarifas eléctricas.

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En el actual modelo energético, controlado por empresas privadas, las cuestiones sociales y ambientales han estado en constante retirada. Las empresas han tratado de modificar los derechos sociales y las cuestiones medioambientales en un negocio lucrativo, que tratan de negar los derechos y gastan menos beneficios para conseguir más beneficios para los empresarios de la energía. Las leyes ambientales no están siendo respetadas, o se modifican para evitar los costes de los proyectos o se hacen viables proyectos que ecológicamente son inviables. Además, como contamos con grandes reservas de recursos naturales estratégicos (agua, minerales, tierras fértiles, biodiversidad y energía), los grupos económicos más grandes en todo el mundo, dirigen sus fuerzas para tomar posesión y control para disfrutar de estas reservas estratégicas. Con la crisis económica mundial y de América Latina, particularmente Brasil, ha recibido una enorme presión para poner estos bienes naturales estratégicos, con una productividad general superior a otras reservas naturales del mundo, al servicio y bajo el control de las empresas transnacionales. La selva amazónica se está privatizando, grandes proyectos mineros están en curso y devastarán áreas enormes en la Amazonía, el monocultivo de la soja y el eucalipto avanzan como nunca en el Amazonas. En materia de energía, más de 300 grandes represas se han diseñado en la selva amazónica brasileña. Todo esto siendo apropiado por las grandes corporaciones transnacionales que operan en el mundo. Al final, éste es el escenario futuro, si no hay reacción social con fuerza suficiente para evitar esta lógica de la apropiación privada de la riqueza, y destructiva de la naturaleza. Por lo tanto, todo lo que experimentamos y sabemos acerca de la cuestión de la energía nos trae una afirmación de que la raíz del problema es este modelo energético, que pertenece a un sistema de sociedad que explota a los desposeídos y a gran parte de la sociedad dejando a millones de personas indigentes, privatizando y destruyendo la naturaleza como nunca antes, enriqueciendo a unos pocos. No estamos de acuerdo y por eso nos organizamos para luchar y hacer frente a esta lógica que pone en peligro la vida de las personas y el planeta.

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Las injusticias del sector de la energía dominado por el capital privado, transnacional. Somos conscientes de que «todas las personas somos afectadas» por el modelo energético brasileño actual. Después de la privatización, el sector eléctrico brasileño se ha convertido en un símbolo de injusticia. Miles de agricultores afectados por las centrales hidroeléctricas no recibieron ningún tipo de derecho y acaban convirtiéndose en campesinos sin tierra. Las empresas que construyen las hidroeléctricas niegan derechos a las familias y el gobierno brasileño no interviene en absoluto. En Brasil más de un millón de personas fueron desalojadas de sus tierras, el 70% no recibió ninguna indemnización y muchas otras amenazadas han de seguir el mismo camino. El propio presidente Lula en un discurso público, reconoció que el Estado brasilero tiene una deuda histórica con las poblaciones afectadas por las represas, pero hasta la fecha no se ha hecho nada. «Sólo tengo deudas con un movimiento en este país, que aún no han cumplido... que son los compañeros del MAB, el Movimiento de los afectados por la presas. Éste es un movimiento que le pedí al compañero Dulci hablar con ellos, preparar lo que es la deuda que el Estado brasileño tiene con ellos, porque sin duda tenemos una deuda con ellos, como la presa fue construida, se comprometió darle a casa, darle eso, y no vino lo de las casas y la tierra no vino. Y no quiero dejar el gobierno sin pagar esta deuda histórica que el Estado tiene con los compañeros del MAB. «(Discurso pronunciado por el Presidente Lula en el lanzamiento de la Familia Agrícola Cosecha Plan 2009/2010, el miércoles pasado, 22/7/2009). En los planos internos del sector eléctrico brasileño están previstas 1.443 presas, el 60% del potencial hidroeléctrico está en el Amazonas. En la actualidad hay 70 grandes presas y docenas de pequeñas centrales hidroeléctricas en construcción (PDEE, 2008/ 2017). Las represas han inundado más de 35 mil kilómetros cuadrados del territorio brasileño. La construcción de plantas hidroeléc-

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tricas en Brasil realizaron los mayores desastres ambientales, como es el caso de la presa de Tucuruí y Balbina en la Amazonía y el Barra Grande en el sur de Brasil. Somos afectados porque el 80% de los recursos para construir cualquier proyecto de la electricidad proviene de las arcas del Estado, a través del BNDES, sin embargo, el control y la propiedad de los resultados finales de estos proyectos han sido siempre privadas transnacionales (BNDES, 2010). Asimismo, el sector de distribución de energía eléctrica durante los años ha ido en gran parte a manos privadas (más del 85%). En Brasil y otros países de la región de América del Sur en las últimas décadas que siguieron a los mandamientos del Banco Mundial y el FMI, para enderezar las deudas ilegítimas creadas en gran parte por los sucesivos gobiernos militares anteriores, dejaron a sus consumidores desprotegidos a la codicia de las empresas. Una consecuencia del proceso intenso de la privatización del sector eléctrico brasileño es que casi la mitad de sus 200.000 empleados fueron despedidos en dos décadas, dejando a la industria en la actualidad con poco más de cien mil trabajadores. La mayoría de los trabajadores que fueron despedidos se encuentran desempleados y otros se incorporaron a empresas temporales, en las que las condiciones y derechos laborales son extremadamente pobres, cercana a la mano de obra esclava, como ha ocurrido en varias denuncias que figuran en la construcción de hidroeléctricas. Somos afectados porque pagamos una de las tarifas más altas del mundo. En los últimos 15 años de la privatización, hubo aumentos en las tarifas de más de 400%, con lo cual eleva los precios de la energía a los niveles de las tarifas internacionales (Standard Oil o la energía térmica) que el MAB ha denunciado durante años como injusto y un verdadero robo. La campaña lanzada por el MAB en 2007, «El precio de la luz es un robo», que se aprobó con el compromiso y el entusiasmo de otros movimientos brasileños rurales y urbanas han estado presionando a las autoridades para revisar la actual política de precios de la electricidad (MAB, 2010). Después de la privatización el sector eléctrico se ha deteriorado en gran medida, ha sido objeto de constantes quejas con los apagones eléctricos que se han producido con frecuencia, con una

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baja calidad de la energía y condiciones de trabajo precarias, con salarios más bajos para los trabajadores de la energía. También hay quejas de falsificación de los estudios ambientales para la liberación de proyectos hidroeléctricos. Los pagos de las tasas por las empresas de energía con aumentos abusivos en las tasas para la población. Los sobreprecios de los proyectos y la criminalización y represión hacia las organizaciones populares. Los encargos no legales en las facturas de los consumidores de electricidad por poner más ejemplos. En 2009, la Comisión Parlamentaria de Investigación / CPI investigó la actuación del sector de la electricidad, en el informe publicado por el Tribunal de Cuentas / TCU, señala que la Agencia Nacional de Energía Eléctrica / ANEEL, señaló que 10 mil millones dólares en cobros de 63 empresas distribuidoras de energía, se produjo a través de cobros indebidos en facturas de los consumidores domésticos, del que ni un solo centavo fue devuelto. Estos han sido unos pocos ejemplos concretos de las injusticias cometidas por el sector eléctrico brasileño.

El sector eléctrico brasileño en la coyuntura del calentamiento global y la búsqueda de fuentes «limpias y renovables» Brasil quedó en evidencia durante la Conferencia Mundial sobre el Clima en Copenhague en diciembre de 2009. El país tiene la mayor extensión de bosques tropicales en el mundo, a la vez que la mayor tasa de deforestación. Creemos que las propuestas de la conferencia oficial de Copenhague son falsas, y van en la dirección opuesta a los intereses de la sociedad y el planeta. Los planes que ahora se proponen se relacionan con los intereses de las empresas transnacionales y el efecto dominó en todo el mundo. La crisis económica mundial redujo la tasa media de ganancia de los grupos económicos en todo el mundo. Para recuperar los márgenes de ganancia sobre las normas aceptables para el capital, los grupos económicos ya realizaron diversos movimientos. La primera acción fue tomar posesión de las reservas monetarias, que estaban bajo el control público de los estados nacionales,

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y éstos se vieron obligados a aumentar su deuda pública y ahora son obligados a recortar el gasto social, para asegurar el pago de las tasas a la luz ante las enormes deudas. Esto significa reducir el gasto en políticas públicas o retirar los derechos de los trabajadores públicos. Una segunda acción que las empresas están haciendo es aumentar la tasa de explotación de los trabajadores en sus propias industrias, mediante la reducción de salarios, los recortes de derechos, aumento de la intensidad del trabajo y esto permite a las empresas volver sus tasas de lucro a niveles anteriores a la crisis. La tercera acción de las empresas es la búsqueda por el control de los recursos naturales estratégicos. Las reservas naturales mantienen una productividad mayor, que garantiza ganancias extraordinarias. En este sentido, América Latina y en particular la Amazonia serán el foco principal de esta acción para el control de las corporaciones transnacionales, que buscan la propiedad de estas reservas. El tiempo dirá la factura que pagará el planeta por esta destrucción. Otro movimiento de importancia en todo el mundo de los grupos económicos –salir de la crisis– es la búsqueda de nuevos mercados y materias primas. Es aquí donde entra y se acelera el debate sobre el cambio climático. El interés de los grandes grupos económicos y sus gobiernos en todo el mundo, presentes en Copenhague, es transformar el clima en una mercancía mundial, comercializada y controlada por el capital financiero y sus multinacionales. Un negocio que proporcionará miles de millones donde se mueven billones de dólares. Las empresas más contaminantes del mundo son las protagonistas de esta iniciativa. Quieren encontrar la forma, no para resolver el problema del cambio climático, sino retomar las tasas de lucro, que son su verdadero interés. La primera actitud fue cambiar su discurso, de la noche al día, ahora se presentan como «defensores del medio ambiente». El mayor productor de soja en Brasil que produce la mayor deforestación de la selva amazónica, está con frecuencia en los medios de comunicación y se presenta ahora, como el defensor de la selva. También lo han sido las empresas mineras, de las plantas de celulosa y la construcción de las centrales hidroeléctricas en Bra-

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sil. Por tanto, debemos tener mucho cuidado con este discurso, porque podemos estar contribuyendo a que el cambio climático sea una gran mercancía, es decir, una falsa solución. Las empresas transnacionales saben que para resolver el problema ambiental hay que ir a la raíz. Pero en Copenhague, junto a cada gobierno estaban las empresas multinacionales imponiendo sus intereses. El plan de falsas soluciones que quiere transformar el clima en mercancía traerá enormes consecuencias. La primera consecuencia es la apropiación privada de recursos naturales estratégicos por las transnacionales y la destrucción del mundo en nombre de la «conservación del medio ambiente». En el caso de Brasil ya están trabajando en varios planes. Un plan es la privatización de la selva amazónica a través de la legalización de las tierras «ilegalmente ocupadas» o a través del mercado de tierras. Otro ha sido la construcción de las hidroeléctricas como una contribución a la preservación del medio ambiente. Ahora vamos a ver que ALCOA, el mayor productor mundial de aluminio en el mundo y una de las industrias mas contaminantes tiene varias unidades en la Amazonia, también es propietaria de varias plantas hidroeléctricas en Brasil y todos los impuestos que pagarán será para sí mismas, al tener muchas plantas hidroeléctricas y «ayudando a preservar», al mismo tiempo que se les permitirá la construcción de otros puntos de extracción mineros en el Amazonas, continuando lo que ellos llaman «la preservación del medio ambiente mediante la reducción de las emisiones». La idea de que la energía hidroeléctrica es limpia está en el subconsciente colectivo de la humanidad desde hace décadas. Sin embargo, la investigación científica desde principios de los 90 ha señalado que las represas contribuyen significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero. En un artículo publicado en 2007, científicos del Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) estimaron que las grandes represas en el mundo son responsables de más del 4% de las emisiones globales, mientras que el sector agrícola aporta el 18% y el sector del transporte un 13%. Creemos que los resultados del cambio climático es una cuestión política, las tecnológicas son importantes, pero no deben ocu-

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par un lugar central. La cuestión central es el modelo de desarrollo y hay que cambiarlo de raíz para que podamos cambiar la atmósfera.

El sector eléctrico en el Mecanismo de Desarrollo Limpio Argumentando que las represas producen energía limpia, las presas pueden registrarse como proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) establecido bajo el Protocolo de Kyoto, y por lo tanto vender créditos de carbono en el mercado mundial. Este mercado hoy gira con más de 100 mil millones de dólares, creciendo hasta casi un 1.000% desde 2005 y debe llegar por lo menos al 1 trillón de dólares en 2014. En Brasil existen 83 proyectos hidroeléctricos en evaluación del MDL, generando más de 60 millones de dólares por año para los propietarios de las empresas. En el futuro, más proyectos se están planteando para entrar en este lucrativo negocio. Las dos represas en el río Madeira, por ejemplo, que sí están incluidos en el MDL generarán 100 millones de dólares por año, además de 8,2 mil millones/ año de lucro esperado con la generación, transmisión y distribución. Se estima sin embargo que hoy dos tercios de los proyectos en el mundo que se insertan en el MDL no se ajustan a los requisitos, es decir, no tienen una evaluación segura de los proyectos y no ayudan a reducir el efecto invernadero. Éste fue el caso, por ejemplo, la agencia de validación Det Norske Veritas es una de las más grandes en funcionamiento en el sector hidroeléctrico, que fue investigada por fraude en su evaluación de las presas como inadecuados para su incorporación en el MDL. El gobierno brasileño presentó en la Conferencia sobre el Clima en Copenhague, como propuesta contra las emisiones de gases de efecto invernadero la construcción de represas. Se prevé invertir 113 mil millones dólares para el año 2020, principalmente en cuatro sub-cuencas del Amazonas (Madeira, Tapajós, Xingu, Araguaia-Tocantins). Al mismo tiempo que se diseñan para formar cuatro pilares de la exportación de materias primas (minera-

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les, madera y productos agrícolas como la soja y celulosa) a los mercados mundiales. En el caso brasileño se observa que los intereses en juego en este plan ha sido fruto de una alianza compleja y poderosa. Las principales partes interesadas y la participación de los grupos económicos de agronegocios, como Cargill y el grupo Maggi –el mayor productor de soja en el Amazonas–, quieren tomar posesión de la selva amazónica para controlar la absorción de carbono que los bosques han proporcionado históricamente, junto con la gran minería electro-intensivas como VALE, Alcoa y Votorantim, las empresas de celulosa Suzano y Votorantim, los grandes bancos como Bradesco, las grandes empresas de energía hidroeléctrica, como GDF Suez y Camargo Correa y hasta los productores de la caña (etanol) y los propios gobiernos, sobre todo gobernadores de los estados en la región amazónica.

Consideraciones finales Creemos que el problema central en materia de energía y, en particular la situación de las centrales hidroeléctricas en Brasil, no es solo tecnológico. La cuestión central es el modelo energético brasileño muy controlado y puesto al servicio de las empresas transnacionales, al tiempo que impone al pueblo brasileño una brutal explotación y la destrucción de nuestras riquezas naturales. Creemos que las empresas transnacionales son los principales responsables por la destrucción y la contaminación de nuestro planeta y la miseria de millones de personas, brasileños, europeos o americanos. Estos grupos representan la principal amenaza económica para el planeta, debido a que imponen una lógica de aumentar la explotación y la destrucción del planeta y la concentración de la riqueza. Es imposible pensar en la preservación del medio ambiente en el modelo hegemónico, que organiza la producción donde se quiere vender más y ganar el máximo beneficio mediante el fomento de cada vez más consumismo y el control planificado de los bienes con la devastación de la naturaleza.

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El modelo actual de sociedad y este modelo energético brasileño, refleja la manera en que nos relacionamos con la naturaleza y por lo tanto hay necesidad de cambiar el modo de producción para cambiar el modo de relación con la naturaleza. Es decir, nuestro esfuerzo principal debe estar encaminado a «transformar el sistema, no el clima», como fue la declaración por el pueblo en Climaforum 2009 en Copenhague. Del mismo modo, es imposible pensar en los usos y fuentes que son más favorables para el pueblo y menos perjudiciales para el medio ambiente cuando el único objetivo es la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos. Diversas fuentes (agua, sol, viento, biomasa, etc.) existen y pueden ser utilizados para el bienestar de toda sociedad, sin embargo, no hay ninguna fuente o tecnología que sirva a la mayoría, debe haber otra forma de organización de lo económico, político y social, primando el bien de toda la humanidad. El aumento en la construcción de plantas hidroeléctricas en Brasil no tiene nada que ver con la energía limpia. Las presiones por el uso de esta fuente, representan la búsqueda de las transnacionales por la mayor rentabilidad. El discurso que desempeñan estos sectores para justificar sus planes y proyectos ha sido presentar las presas como «energía limpia», pero todos sabemos que las presas proporcionan máximo rendimiento a estos sectores con el sólo interés de la construcción de las fábricas en Brasil. Presentar la energía hidroeléctrica como la energía limpia es una solución falsa, así como todas las otras soluciones de comercializar el clima que el capital ha tratado de imponer en todo el mundo. Por cada central eléctrica construida en Brasil existe un proyecto de gran minería, celulosa, o de la soja que se hace posible dentro de la Amazonía y desde luego, el objetivo de los sectores hegemónicos es presentar la energía hidroeléctrica en Brasil y América Latina como garantía de continuidad del modelo de exportación de productos básicos como hierro, aluminio, madera, celulosa, alcohol, soja, carne, entre otros productos. Todo eso producirá una brutal destrucción de la naturaleza y un creciente empobrecimiento del pueblo brasileño.

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Por tanto, creemos que es necesario luchar contra la comercialización del clima. Pero sobre todo tenemos que luchar para cambiar el sistema de producción. Centralizar la única lucha en la búsqueda de alternativas tecnológicas más limpias es importante, pero no resuelve el problema de la humanidad y eso es exactamente lo que las multinacionales interesadas en la mercantilización no quieren en este momento. No podemos esperar que las soluciones vengan de los principales grupos económicos o de sus gobiernos, que siempre presentan falsas soluciones, aunque éstos son los principales responsables de la situación actual del mundo. Sin embargo, la transformación de esta realidad debe ser la tarea de personas en todo el mundo, el campo y la ciudad a través de una masiva organización y lucha constante.

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El caso del Aguán (Honduras) A inicios de la década de los 90, durante el gobierno de Callejas, del Partido Nacional, se derogó la Ley de Reforma Agraria concentrando la tierra en manos de pocas personas y convirtiendo la tierra en una mercancía de compra y venta. Las cooperativas que habían sido beneficiarias de dicha reforma agraria, tuvieron que vender sus tierras forzosamente, quedando éstas en manos de unos poco terratenientes. A raíz de estos hechos, estos últimos se convirtieron en agro-exportadores de melón, palma africana, etc. Desde entonces, el campesinado se vio en la obligación de comenzar a realizar acciones de recuperación de tierras, que históricamente les pertenecían y para ello se organizaron en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). Este conflicto permanece desde esa época hasta nuestros días. Desde que se dio el golpe de Estado, el conflicto se ha intensificado ya que las fuerzas militares y policiales de la dictadura hondureña, han invadido las calles de las comunidades donde viven las y los campesinos del Bajo Aguán (departamento de Colón) reprimiendo y desalojando al sector campesino. Actualmente, la administración actual, está negociando con el campesinado pero, a pesar de la voluntad de este sector por encontrar una solución, ésta ha estado boicoteando las negociaciones en favor de los terratenientes con asesinatos, desapariciones y detenciones ilegales contra los trabajadores del campo. Mundubat Honduras

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La experiencia agraria en el Aguán Uno de los «mayores esfuerzos» en materia de Reforma Agraria, que el Estado ejecutó en los años setenta «la era de oro», se concentra en el Valle del Aguán y esto obedeció a 2 razones fundamentales: 1. El departamento de Colón, era uno de los más poblados, cuando se inició lo que ha pretendido ser el proceso de Reforma Agraria. 2. El Valle del Aguán, está considerado uno de los más fértiles de América Latina, por lo que se consideró que cualquier inversión garantizaba su rentabilidad. Bajo estos conceptos, miles de familias campesinas dentro del Programa del Instituto Nacional Agrario, llamado Migraciones Inducidas, fueron trasladadas a esa zona de diferentes partes del territorio nacional, (según censo agropecuario de 1993, revela: más de 200 mil familias campesinas no tienen ningún acceso o un acceso muy deficiente a la tierra). Por otra parte sumas millonarias de dólares, fueron invertidas a través del BID. Hubo que construir infraestructura económica (carreteras, caminos, sistemas de drenaje, bordos de contención…) y social (escuelas, centros de salud…) además que significó la creación de proyectos de palma africana, cítricos, banano etc. que les fueron impuestos a las Cooperativas Campesinas constituidas al efecto, en contraste con su tradición que viene de una agricultura de subsistencia. Desafortunadamente, del proceso de Reforma Agraria no ha logrado verse su aplicación; estuvo y está muy lejos de las metas de afectación y adjudicación de tierras requeridas, por lo que no ha logrado el propósito de eliminar el latifundio y el minifundio. En los años noventa (1992) lo poco que hasta ese momento se implementó en la llamada Reforma Agraria, es paralizado, entra en vigencia la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que afecta seriamente el acceso a la tierra, ésta es una mercancía, entre otras, que se vende y se compra sin intervención alguna del Estado. La aplicación de esta Ley cambió totalmente la estrategia de desarrollo. Se promovió la concentración de la propiedad en lati-

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fundios más grandes y la disminución del tamaño del minifundio. Se incentivó la venta de tierras del sector reformado aún violando preceptos fundamentales de la Ley de Reforma Agraria. En este caso del Aguán, se constató que presionaban a los asentamientos campesinos para que vendieran sus tierras1 Esto llevó a un proceso de venta de 73 Empresas con un gran potencial de desarrollo, y la entronización de grandes terratenientes, condenando a que gran número de familias campesinas quedaran en la miseria trasladándose muchas de ellas a las zonas forestales, ampliando con ello la frontera agrícola y alterando el entorno ecológico de la región. En este proceso no se tomó en cuenta la opinión de las mujeres y demás miembros de la familia pues sólo el hombre se consideraba socio de la Empresa. En el año 2000, organizaciones campesinas de la región, a fin de hacer uso del beneficio que debe representar la Reforma Agraria y por el hambre que abate una enorme cantidad de la población rural en nuestro país, integran lo que se le llama Movimiento Campesino del Aguán (MCA) con 45 Empresas Asociativas de Campesinos y Campesinas, procedentes de cuatro departamentos: Colón, Olancho, Yoro y Atlántida, con las que se tomó la decisión de ocupar las tierras del CREM, afiliadas a las Centrales: Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), Central Nacional de Trabajadores del Campo (C.N.T.C.) y Asociación Campesina Nacional (ACAN). En la medianoche del 14 de mayo, este Movimiento con alrededor de 700 campesinos del Aguán (Se trasladaron con todos los miembros de sus Familias) –costa norte de Honduras– ocuparon tierras del extinto Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), consideradas por ganaderos y agricultores como propias. Después de muchos ataques armados de los ganaderos contra el campamento instalado por los campesinos, la ocupación continuó en la lucha por la recuperación de las tierras; así, parece despertar en Honduras la aletargada y necesaria reforma agraria. 1

Carta de Juan Ramón Martínez, Director del INA, con fecha 23 de mayo de 1990, en La compraventa de tierras de la reforma agraria, de Raúl Rubén y Francisco Fúnez, marzo de 1993, Editorial Guaymuras.

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En 1977 un tal Temístocles Ramírez, ciudadano estadounidense de origen puertorriqueño, compró 5 mil 700 hectáreas en la costa del departamento de Colón en flagrante violación a la Constitución (Artículo 107), que prohíbe que los extranjeros puedan ser propietarios ni de territorios costeros ni de zonas fronterizas. En 1983, Estados Unidos exigió estas tierras para instalar el CREM. El gobierno de Honduras, coherente con su decisión de convertir al país en una plataforma de contrainsurgencia, se las expropió a Temístocles Ramírez. En 1987, Temístocles apeló al gobierno de Estados Unidos, exigiendo una indemnización por «sus» tierras. El 29 de junio de ese año, la Cámara de Representantes de Estados Unidos acordó reducir en 17 millones de dólares un préstamo a Honduras de 51 millones hasta que el gobierno hondureño le pagara a Temístocles esa suma millonaria. De esta forma, el gobierno de Honduras endeudó al pueblo hondureño para ceder a los militares norteamericanos el usufructo de las 5 mil 700 hectáreas del CREM. La realidad es que esas tierras fueron compradas con deuda externa. Las tierras quedaron tituladas como tierras fiscales a nombre del Estado de Honduras. En 1991, el gobierno de Honduras proclamó la nueva Ley de Municipalidades, según la cual (Artículo 68), se permitía a los municipios vender todas las tierras no tituladas. La municipalidad de Trujillo vendió las tierras del CREM –ya desmantelado– a ganaderos locales por sólo 20-30 lempiras la hectárea (0,80-1,20 euros). Así, lo que al gobierno le costó 17 millones de dólares, lo vendió la municipalidad por menos de 50 mil. Fueron ventas ilegales porque las tierras del CREM no eran ejidales ni nacionales (sin título), sino tierras tituladas a favor del Estado. En 1993, a petición del Congreso, la Procuraduría traspasó formalmente estas tierras al INA para que las distribuyera entre campesinos y campesinas sin tierra. No hay duda de que los ganaderos están poseyendo ilegalmente tierras que pertenecen al Estado de Honduras y que tienen un fin específico: dotar de tierras a beneficiarios de la reforma agraria. En 2009 quedan aun 6 Empresas Campesinas de las 45 que integran el MCA, a las cuales no se les ha otorgado tierra. El Pre-

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sidente Manuel Zelaya otorgó al menos 31 títulos de propiedad a igual número de Empresas, a pesar de que hay avances significativos en la entrega de tierra, la comunidad donde están instaladas las familias campesinas de este movimiento, llamada Guadalupe Carney, se les continúa amenazando y criminalizando por parte de empresarios, políticos, policías, militares, operadores de justicia, ubicados en la región y específicamente sus vecinos más cercanos. la ciudad de Trujillo, cabecera departamental de Colón. Con el golpe de Estado esta situación de amenazas y hostigamiento se ha profundizado. En la zona de Sico Paulaya sucede algo similar, donde Organizaciones Campesinas como: ANACH, C.N.T.C., FECORAH Y ACAN, con Empresas de Campesinos y Campesinas legalmente constituidas, también están recuperando una buena cantidad de hectáreas de tierra, necesaria para la sobrevivencia de sus familias, se ha logrado emitir títulos de propiedad a favor de 36 Empresas en esta zona, este proceso sólo ha sido posible por la presión que han ejercido las Organizaciones Campesinas y beneficiarios de la Reforma Agraria. En esta región producto del conflicto y la crisis de la lucha permanente por el acceso a la tierra, han ido surgiendo grupos de campesinos y campesinas que no la poseen y que se aglutinan en diversos movimientos diseminado a lo largo y ancho del valle del Aguán, al igual que el MCA, existen otros tales como: El Movimiento Campesino «Rigores», con 6 Empresas afiliadas a la CNTC, Ubicado en la aldea Rigores, Municipio de Trujillo; el Movimiento Campesino «Vallecito», con 4 Empresas afiliadas a la ANACH, ubicado en la aldea Villa Hermosa en el municipio de Santa Rosa de Aguán y el «Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán», (MUCA), con un número alrededor de 25 Empresas, ubicado en varios municipios del Departamento. La región norteña de Honduras del Bajo Aguán es una zona de alta conflictividad agraria. Existen muchos conflictos por la tierra entre campesinas y campesinos por un lado y los terratenientes por el otro. La controversia principal entre las partes es sobre la implementación de la Reforma Agraria.

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Una de las formas cada vez más evidentes y preocupantes para detener la lucha campesina es la criminalización de sus líderes y lideresas. Desde el 23 de agosto de 2005, a 11 de los principales dirigentes campesinos y populares de la región del Bajo Aguán, en el norte de Honduras, les dictaron órdenes de aprehensión, estuvieron en peligro de ser capturados por la fuerza de la seguridad pública. Junto con otros 151 campesinos y campesinas de otros grupos, han estado procesados con acusaciones criminales, cuando su única lucha es la promoción de la Reforma Agraria y la realización de su derecho a alimentarse. Esly Banegas, coordinadora de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), afiliada al Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA); de los 11 dirigentes procesados solamente ella fue capturada el 23 de septiembre 2005, alrededor de las 10:00 am, cuando se encontraba en las oficinas del Instituto Nacional Agrario, en Sinaloa, Tocoa, Colón, donde labora, por unos 10 elementos de la Policía de Tocoa, sin mostrarle ninguna orden de captura (la misma fue recibida por fax, desde Trujillo una hora después de estar detenida en las Instalaciones de la Policía Preventiva en Tocoa). Ese mismo día fue liberada a las 6:30 pm, por gestiones de un abogado, y la presentación ante el juez del Juzgado de letras de Trujillo, departamento de Colón, probándose que todo eran falsas acusaciones (Esly Banegas compañera mujer entre los 11 procesados, fue la única capturada). La situación de miseria, desempleo y medidas propias de la racionalidad empresarial salvaje, utilizando menos mano de obra y bajos salarios, impidieron la utilización de tierras para otros usos productivos. Tales medidas, unidas al crecimiento vegetativo de la población, conformaron un escenario propicio para el enfrentamiento de campesinos sin tierra y asalariados frente a los terratenientes, con el agravante de que el Estado se niega a cumplir con su obligación de promotor del desarrollo equitativo. El Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, MUCA, surge el año 2001 y es conformado por unas 3.500 familias cam-

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pesinas, (hombres, mujeres, hijos e hijas de algunos de aquellos que la Ley provocó deshacerse de su recurso tierra y otros -otrassin ningún acceso a ella). Desde entonces se hicieron evidentes las primeras acciones organizadas de los campesinos y campesinas de este movimiento, junto a otras organizaciones campesinas y populares de la región que toma fuerza en 2006, cuando se firma un acuerdo de realizar investigación que brindará luces para solucionar la problemática que daba origen al conflicto. Con el presidente Manuel Zelaya Rosales se firmó un Acta de Compromiso el 12 de junio del año 2009, que en su numeral 3, el INA se compromete a sanear y titular tierras de su propiedad, en el término de treinta días y entregarlas en propiedad a los grupos campesinos de la región del Aguán, y Sico y Paulaya. El acuerdo que se había firmado en 2006, no se había cumplido. Con el golpe de Estado militar (el 28 de junio 2009) se cortó toda negociación a la vez que las Instituciones Gubernamentales vinculadas al tema de tenencia de tierras han utilizado la táctica dilatoria (como es su costumbre cuando se trata de intereses a favor de la oligarquía) para llevar a cabo la investigación sobre la legalidad de las tierras que poseen los señores empresarios Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales; en tal virtud el 9 de diciembre de 2009, los campesinos y campesinas organizadas en el MUCA, decidieron recuperar las tierras en ambas márgenes del río Aguán. A partir de ese momento en seguimiento a la línea de represión y violación de los Derechos Humanos más elementales desde el golpe de Estado, contra todos y todas las hondureñas que de diferente manera han rechazado la dictadura y reclaman los derechos, se producen desalojos y ocupaciones constantes, siempre signadas por la violencia. Los resultados de tal conflicto son dramáticos. Los campesinos responsabilizan a la policía, al ejército y a guardias privados de los señores empresarios arriba mencionados, de la muerte de cinco de sus compañeros. Hay varios heridos, perseguidos y torturados; y las comunidades campesinas viven bajo permanente amenaza por parte de los cuerpos represivos. Al mismo tiempo se realizan atentados contra dirigentes, como el caso de Fabio Evelio Ochoa, que recibió más de treinta 30 disparos en su vehículo y 9

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en su cuerpo (el 23 de junio 2009, frente al Hospital de Tocoa). Se asesinan periodistas como el caso de Nahún Palacios, acribillado con más de 40 disparos en su vehículo, el 14 de marzo 2010, frente a su casa en barrio los pinos, Tocoa, aún cuando poseía medidas cautelares de protección, otorgadas por la CIDH, y el Estado no hizo lo que debía, para salvaguardar su vida. Lo más lamentable es que todos estos hechos están en la impunidad, y seguirán de esa manera mientras los entes operadores de justicia, en su mayoría responden a los intereses de quienes perpetraron el golpe de Estado el 28 de junio, y que aún continúan «gobernando».

Negociaciones Dado que el conflicto ya cobra la vida de muchas personas, en el actual gobierno liderado por Porfirio Lobo Sosa se ha iniciado un diálogo para solucionar el conflicto de tenencia de tierras que se suscita entre terratenientes y campesinos (as) en el Bajo Aguán. La propuesta efectuada por los campesinos es la recuperación de las tierras a cambio de pago de mejoras; no obstante, el gobierno les hizo una contrapropuesta: compra de las mismas tierras que los campesinos pretenden, el Estado adquiriría para entregárselas a los miembros del MUCA en 2 hectáreas por familia y que son propiedad de la Sociedad Agrícola Cressida del Aguán SA, empresa controlada por Miguel Facussé, una de las partes en conflicto. Pese a las «negociaciones entre gobierno y campesinos» la campaña mediática y de terror contra los campesinos y campesinas, organizaciones populares de la región, instituciones sociales, continúa y al igual que los años anteriores, pretenden detener la lucha por la tierra, criminalizando los líderes y lideresas, a la vez las diferentes organizaciones, las comunidades que de una u otra manera la apoyan; por lo mismo el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) denunció que «continúa el clima de zozobra implantado por la oligarquía terrateniente y el régimen de facto a través de los aparatos de seguridad del Estado que colaboran activamente con grupos paramilitares, amenazando constantemente

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la vida de las familias campesinas que exigen su derecho a trabajar la tierra». Honduras es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), como también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de Naciones Unidas. Por lo tanto, toda autoridad debe respetar, proteger, y garantizar estos derechos, en particular los derechos a la alimentación, la vivienda, y la libertad de expresión y la integridad física. Recordamos que el art. 11 del PIDESC indica que la implementación de la reforma agraria es uno de los instrumentos básicos para garantizar el derecho a la alimentación.

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El caso MUCA, la reforma agraria y el neoliberalismo. Gilberto Ríos*

Introducción Lo que en adelante presenta no tiene propósitos académicos. Este pequeño y apurado esfuerzo tiene el interés de aclarar la confusión que los medios han creado alrededor del actual conflicto en el Bajo Aguán y analizar la propuesta de los terratenientes a los campesinos agremiados en MUCA.

Antecedentes1 Las tomas de tierra de MUCA en el Bajo Aguán, Colón, han orquestado a los más grandes medios de comunicación del país contra ese movimiento y reinventado la historia productiva del valle a favor de los terratenientes. Se empeñan por lograr una opinión pública agresiva contra los campesinos y con ese propósito repiten hasta el cansancio que ahí se gesta un movimiento guerrillero apoyado por venezolanos, cubanos y guerrilleros de las FARC. Adulteran los hechos históricos cuando aseguran que las inversiones de los terratenientes son las que convirtieron el Bajo Aguán en un lugar productivo y que los campesinos no tienen otra opción que agradecer las oportunidades de empleo que aquéllos ofrecen. *

Secretario Ejecutivo FIAN Honduras Las citas 4, 5 y 6 corresponden al documento «Elementos de una estrategia para la reactivación del sector agrícola» base teórica de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, elaborado por Roger Norton y avalado por CONPPA.

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La historia del Bajo Aguán es muy distinta. Fueron los conductores del Estado hondureño, incapaces de afectar tierras dentro de la frontera agrícola2 durante la implementación de la reforma agraria de 1962, quienes en cambio decidieron colonizar3 ese valle, aún con la certeza que tal iniciativa tendría un costo muy alto, que cargaría fuertemente la deuda externa del país. En 1970 el Instituto Nacional Agrario (INA) realizó las primeras actividades para el cultivo de palma africana y cítricos. En 1971 apoyó la siembra de estos cultivos permanentes en tierras de cooperativas del sector reformado4, muy pequeño para ese tiempo. Con el gobierno reformista surgido en 1972 se intensificó el proceso de colonización, siempre con fuerte financiamiento externo5 y recursos propios como contraparte, con los que el Estado construyó carreteras y caminos secundarios, sistemas de drenaje, bordos de contención de inundaciones, escuelas, centros de salud y otras obras con finalidades económicas y sociales. El INA creó un programa de migración inducida para trasladar campesinos, especialmente de la zona sur del país al despoblado Bajo Aguán. Otros departamentos del país con altos índices de pobreza aportaron importante cuota en ese proceso de poblamiento. Tan inhóspita era la región en esa época que en los primeros años muchos de los asentados emigraban a otros lugares del país obligando al Estado a mantener el programa de migración inducida por más tiempo que el preestablecido hasta que logró el arraigo de una importante población que se dedicara al trabajo productivo en un proyecto de tan grandes dimensiones. Al Estado se debe, entonces, la colocación de todos los factores productivos en ese lugar: tierra, capital y fuerza de trabajo.

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Área rural con infraestructura económica y social dedicada a la actividad agropecuaria o con ese potencial. 3 Rompimiento o ampliación de la frontera agrícola a costa de la utilización de territorios vírgenes 4 Totalidad de asentamientos campesinos de reforma agraria sin distingos de formas de organización empresarial campesina desde la reforma agraria de 1962 a la fecha. 5 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

EL CASO MUCA, LA REFORMA AGRARIA Y EL NEOLIBERALISMO. 145 Como en el resto del país, los asentamientos campesinos del Aguán debían constituirse en cooperativas, empresas asociativas o en cualquier forma de organización societaria en el interés de que los campesinos convertidos en empresarios lograran ser competitivos y, con ello, prevenir que la propiedad adjudicada por el INA se concentrara nuevamente en manos de latifundistas y empresarios rurales como resultado de la circulación mercantil, tal como había sucedido con las asignaciones unifamiliares de tierras que integraron las desaparecidas «colonias agrícolas»6 y las pocas realizadas bajo la ley de reforma agraria de 1962. En esos tiempos a nadie se le ocurría que se pudieran vender las tierras del sector reformado porque la ley de reforma agraria lo prohibía. En el caso de esa eventualidad el interesado debía venderla al INA y esta institución la reasignaría a otros campesinos sin tierra siempre que cumplieran con los requisitos de beneficiarios de la reforma agraria. El plan nacional de reforma agraria (1974-1978) era coherente en todas sus medidas con la idea de lograr cierto grado de equidad en el acceso a tierra cultivable. A partir del diagnóstico preliminar –en que se basó el PNRA– de las formas de producción y propiedad de la tierra se dividió la zona rural en tres compartimientos: el tradicional, expresado en el binomio latifundio-minifundio; el moderno, por la empresa privada agropecuaria; y, el contemporáneo, por las empresas campesinas societarias del sector reformado. Había que eliminar, entonces, el compartimiento tradicional con la finalidad última de fortalecer el compartimiento contemporáneo. El compartimiento moderno se desenvolvería por si solo habida cuenta que el modelo de desarrollo capitalista le ofrecía todas las posibilidades para que se fortaleciera. La imposición del modelo neoliberal realizada por el gobierno de Callejas (1990-1994) rompió la lógica de esta estrategia con la concentración de la propiedad y la riqueza producida. La ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) promulgada en 1992, elaborada por un consultor7 de la USAID y el 6

Colonias agrícolas: Catacamas, OLA, Monjarás, Guaymitas, Leán y el mismo Aguán en la década de los 50. 7 Roger Norton, por lo que muchos la conocen como Ley Norton.

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Comité Nacional de Productores para la Política Agrícola (CONPPA)8, junto a otras medidas del «ajuste estructural de la economía», cumplieron con esa intención. El espíritu de la LMDSA no daba lugar a confusión. Había que concentrar la propiedad de la tierra9 y en la misma lógica disminuyó la categoría de minifundio10 considerada en menos 5 hectáreas en la LRA en menos de 1 hectárea11 en la LMDSA. Los medios de comunicación hicieron lo propio como instrumento de los terratenientes, industriales, importadores y exportadores relacionados con el sector agropecuario. La campaña mediática tuvo el interés de hacer creer a la población hondureña que los campesinos no tenían la capacidad para manejar empresas por 8

Para llevar a cabo la tarea, constituyeron «un comité nacional de productores quienes colaboraron con su extensa y variada experiencia. La participación en el Comité Nacional de Productores para la Política Agrícola (CONPPA) fue voluntaria, sin recompensa, motivada por el afán de hacer aportes a la reactivación del sector agrícola... y participaron en su capacidad personal; no representaron instituciones del sector público ni del privado» decía el documento base de la LMDSA. El CONPPA estuvo integrado por Roberto Gallardo (Director), Mario Nufio Gamero (Secretario Ejecutivo), Joaquín Luna Mejía (Coordinador), Cornelio Corrales B, José Armando Erazo; Andrés Lardizábal; Porfirio Lobo Sosa, Róger Mondragón Carrasco, Orlando Lionel Sevilla y Rafael Weddle. Como asesores técnicos: Róger Norton, Enrique Alberto Castellón, Magdalena García Ugarte, Ramón Narváez y Roberto Villeda Toledo. 9 Creyendo en que para aprovechar el «enorme potencial del sector agrícola, que brilla entre el matorral de males y dificultades, y para bien de todos los grupos en la sociedad es una tarea primordial quitar la traílla (cuerda o correa con que se lleva al perro atado a la cacería, G.R) a esa potencialidad», sentenciaba Roger Norton. 10 Si bien los términos minifundio y latifundio hacen referencia a grande y pequeño, para fines prácticos de reforma agraria se ahonda en su conceptualización. Latifundio es calificado como la explotación agropecuaria de grandes dimensiones e ineficiente en el uso de recursos: tierra, agua y mano de obra. Pero al final se concluye en que el latifundio es la cantidad de tierra (y agua) que puede dar ingresos satisfactorios a varias o muchas familias; y minifundio aquel lote de tierra que no es capaz de ofrecer ingresos satisfactorios para una familia. 11 «Es una regla empírica que una finca de una hectárea, sembrada en granos básicos, es de tamaño suficiente para abastecer una familia con esos productos; entonces, una de dos hectáreas ya permite la participación en el mercado, sobre todo si se siembra parcialmente con hortalizas, café o frutas. Es decir, ya no representa una parcela de subsistencia».

EL CASO MUCA, LA REFORMA AGRARIA Y EL NEOLIBERALISMO. 147 lo que había que promover la coinversión con capitalistas experimentados y que el INA debía ocuparse de apoyar en la formación de los campesinos del sector reformado con el programa de «reconversión empresarial» que no iba más allá de ser una expresión demagógica de los neoliberales. Aún cuando los servicios ofrecidos por el Estado para la producción y el fortalecimiento del recurso humano no cubrían la demanda y tampoco con la calidad requerida por los asentamientos campesinos, el sector reformado se mantuvo íntegro hasta la promulgación de la Ley de Modernización y de Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA). Se reconoce que había dificultades en el sector reformado propias de las empresas agrícolas que al final se expresaron en endeudamiento; sin embargo, similares deficiencias padecían grandes y pequeñas empresas del sector no reformado, por lo que los subsidios estatales favorecieron a uno y otro sector. Y, si se hace un recuento de las condonaciones de deuda, probablemente se concluirá en que fueron los terratenientes y grandes empresarios rurales quienes más se beneficiaron con ellas. Durante más de veinte años (1970- primeros años de la década del 90) los grandes productores del Bajo Aguán fueron casi en su totalidad las empresas del sector reformado. La región se convirtió en uno de los centros productivos más importantes del país y Tocoa se distinguió como la ciudad que más crecía en Honduras. El ajuste estructural neoliberal fue demoledor para el sector reformado y la pequeña y hasta mediana producción al quedar en la indefensión frente a los grandes empresarios nacionales y transnacionales. Para los campesinos sin tierra y minifundistas se perdía la esperanza de acceder a tierra productiva en cantidad y calidad suficiente que les permitiera convertirse en productores por cuenta propia. La LMDSA eliminó casi todas las causales de afectación de tierras, con excepción de la ociosidad y los sobretechos12; 12

La ley de Reforma Agraria o Decreto 170 determinó «techos» para propósitos de incentivar el mejor uso de los recursos tierra y agua y, simultáneamente, para la afectación de tierras, que al excederlos convertían la propiedad en latifundio. La cuantificación en hectáreas estaba determinado por la calidad de suelos y la

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causales casi imposible de aplicar por lo engorroso de los trámites que los legisladores impusieron intencionalmente. La privatización de los pocos servicios de crédito, asistencia técnica, capacitación y asesoría para la comercialización que ofrecía gratuitamente el Estado, junto a la eliminación de aranceles a la importación de productos –muchos subsidiados en sus países de origen– igualmente afectarían a los asentamientos del sector reformado y a la pequeña y mediana producción del sector no reformado. Modificaciones burocráticas aviesas, corrupción de dirigentes campesinos y funcionarios del INA, así como presiones de la misma Dirección Ejecutiva de esa institución para que las empresas campesinas vendieran sus tierras a grandes empresas o entraran en convenios de coinversión, completaban las condiciones propicias para la venta de tierras. Y si faltaban recursos financieros ahí estaban los organismos de financiamiento internacional, como el Banco Mundial, dispuestos a conceder préstamos a los grandes empresarios para que compraran tierras a productores sumidos en dificultades financieras. Como es fácil concluir, la modificación de los compartimientos agrarios no se concretó como estaba previsto. Gracias a las medidas gubernamentales señaladas y el apoyo financiero de bancos internacionales al modelo concentrador de la propiedad terminaron favoreciendo al compartimiento moderno (empresa privada agropecuaria)13 por lo que no es de extrañar que los que disdisponibilidad de infraestructura productiva y social. De tal manera que los techos en distritos de riego se estimaron en 100 hectáreas; en el Bajo Aguán en 300 hectáreas; de mil quinientas hectáreas en tierras con pendientes de 30% o más. El sobretecho es la cantidad de tierra que supera los techos y que es autorizado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería que según la Ley de Reforma Agraria se concedería cuando esta secretaría considerara factible el proyecto presentado por el interesado siempre que la inversión no fuera menor de 1 millón de Lempiras a precios constantes de diciembre de 1991. 13 Tal política se mantiene. En reciente comunicado de la Vía campesina, FIAN internacional y Land Research Action Network señalan que «El Banco Mundial parece convencido de que cualquier flujo de capital privado que expanda los agro negocios transnacionales donde aún no hayan penetrado es bueno y debe permitírseles proseguir, de tal modo que el sector corporativo pueda extraer más

EL CASO MUCA, LA REFORMA AGRARIA Y EL NEOLIBERALISMO. 149 ponían de mejores posibilidades para acceder a recursos financieros han terminado como los propietarios de las mejores tierras del país. La promoción de ese modelo concentrador de la propiedad era justificado por los neoliberales como la condición sine qua non para alcanzar grandes y positivos resultados para el desarrollo del país: la actividad agropecuaria ahora en manos de «genuinos empresarios» elevaría los niveles de productividad y crecimiento de la producción a tal grado que la población pobre se beneficiaría sustancialmente por el efecto «rebalse»14.

Situación actual Como era previsible para cualquier iniciado en el tema agrario tales pronósticos no se cumplieron. Años después Honduras presenta un terrible cuadro de pobreza. El informe del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada15 de la Pobreza Rural es particularmente dramático. En él se señala que «en promedio, la población rural hondureña vive con menos de 20 Lempiras (0,82euros) por persona al día osea 584 (24,16euros) Lempiras al mes y que menos del 30% vive en hogares con ingresos per cápita superiores a este valor. Casi la mitad de la población rural vive con ingresos inferiores a 10 Lempiras diarios (0,40euros) y cerca del 25% con ingresos per cápita inferiores a 5 Lempiras diarios (0,20euros)16.» riqueza del campo». Y los firmantes del comunicado añaden que el BM intenta «distraer el hecho de que la crisis alimentaria global de hoy en día con la cifra record de más de mil millones de personas sufriendo hambre, no será resuelta por la agricultura industrial a gran escala que van a aplicar prácticamente todos los inversionistas que están adquiriendo tierra». 14 Mientras tanto se superaba el negativo impacto inicial, reconocido por los diseñadores del modelo, se constituirían los fondos de compensación social (Fondo Hondureño de Inversión Social y Programa de Asignación familiar) 15 Paes de Barros, Ricardo; Mirela de Carvalho; Samuel Franco. Pobreza rural en Honduras: Magnitud y determinantes; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, Tegucigalpa, Honduras, noviembre 2006. 16 1 US$ = 19,02 Lempiras (marzo 2010) 1 euro= 0,03 Lempiras

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La desigualdad es extrema: «el ingreso medio del 20% más rico de la población en las áreas rurales es casi 30 veces más elevado que el ingreso del 20% más pobre17». «Utilizando como línea de pobreza el costo de la canasta básica en el área rural, se obtiene que 2,8 millones de hondureños del área rural viven con un nivel de ingreso inferior a la línea de pobreza. Este grupo representa más del 75% de la población rural y más del 70% de los pobres de todo el país18.» Bajo tales condiciones materiales de vida no sorprende que los campesinos hondureños con un largo historial de lucha, ahora que retoman conciencia de la necesidad ineludible de transformar la estructura agraria como única vía para lograr un futuro mejor, hayan reiniciado las tomas de tierras en el Bajo Aguán; y que no extrañe que al tratarse de una situación generalizada tales acciones se reproduzcan en distintos lugares del territorio nacional si el Estado hondureño no aplica las políticas apropiadas para resolver tal problemática e impulsa el desarrollo rural. En un comunicado reciente de la Plataforma de Derechos Humanos se dice que «la situación de violencia generada en el Aguán es producto de un problema estructural no resuelto en Honduras y una expresión de la necesidad de profundos cambios que requiere el país para que las mayorías gocen efectiva y plenamente de sus derechos humanos. Con el golpe de Estado político-empresarial-militar ejecutado el pasado 28 de junio de 2009, se incrementaron las muertes, las persecuciones, las amenazas y las intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman tierra para vivir con dignidad (en el Bajo Aguán)». En los últimos meses se ha intensificado la represión por diferentes medios: vuelos rasantes de helicópteros y aviones, comandos armados cruzando amenazadoramente poblados indefensos, captura, tortura y cuatro asesinatos de campesinos afiliados al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). Y también el inevitable enfrentamiento ha producido la muerte de guar17 18

Ibídem Ibídem

EL CASO MUCA, LA REFORMA AGRARIA Y EL NEOLIBERALISMO. 151 dias de seguridad de los terratenientes, de acuerdo a reportes de la policía que se ha parcializado con los terratenientes. La visita de miembros de la Plataforma de DDHH19 a 5 asentamientos campesinos durante el 20, 21 y 22 de marzo reciente corroboró que ahí no se encuentran guerrilleros ni extranjeros como asegura la prensa hondureña ligada a los intereses de los terratenientes, pero sí comprobó que los campesinos y campesinas de todas las edades, especialmente niños y niñas, viven en un estado de precariedad e insalubridad que exige la atención de organismos nacionales e internacionales para que acudan en su apoyo.

La propuesta del régimen actual al MUCA20 La propuesta del régimen encabezado por Porfirio Lobo señala que los 28 grupos campesinos agrupados en el MUCA tienen derecho a acceder a la tierra para obtener ingresos y alimentos para ellos y sus familias; también el logro de la convivencia entre éstos y los grandes empresarios afincados en el valle. LA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS El régimen de Porfirio Lobo Sosa propone a los campesinos en nombre de los terratenientes la adjudicación de 6.000 hectáreas. Se entregarían dos hectáreas por familia; una cultivada de palma africana y otra inculta con el compromiso que los campesinos deberán cultivarla con palma africana. Pero el ultimátum del régimen pesa como espada de Damocles sobre los campesinos de MUCA. Si éstos no aceptan esta propuesta, que es a todas luces 19

El acuerdo de constitución de la Plataforma de Derechos Humanos se tomó el 20 de julio de 2009. La constituyen: Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (COFADEH); Centro de Derechos de la Mujer (CDM), Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras (CIPRODEH); Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT); Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH); Food First Information and Action Network (FIAN Honduras) 20 Esta propuesta fechada el 23 de marzo de 2010 está firmada por Samuel Reyes Rendón, Designado Presidencial; Jacobo Regalado W, Ministro de Agricultura y Ganadería; y, César Ham Peña, Ministro Director del INA.

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injusta, habría que volver al acta de compromiso que MUCA había celebrado con Manuel Zelaya, sin eliminar totalmente la posibilidad de desalojarlos por la fuerza con la policía y el ejército. En el documento firmado durante el gobierno constitucional de Zelaya Rosales, en el mes de junio de 2009 las partes acordaron que se investigaría para conocer si los terratenientes tenían posesión legal de las tierras que anteriormente formaron parte del sector reformado. En el caso de que se constatara que no había ilegalidad en la compra venta, faltaría que el INA procediera a remedirlas para constatar si en efecto usufructúan la cantidad de tierras que constan en los títulos de propiedad. MUCA considera que la oferta está muy por debajo de las demandas de los campesinos cuando piden 5 hectáreas por familia tal como señala la Ley de Reforma Agraria o Decreto 170 (30 de diciembre de 1974) y, además, se quejan de que tal propuesta los ata en beneficio de los dos principales empresarios del Bajo Aguán, no sólo cuando deja a criterio de estos empresarios la selección de tierras que deben ser vendidas, sino que además obliga a los campesinos a vender el producto de sus cultivos a las grandes empresas de Miguel Facussé y René Morales a través de contratos de «coinversión». LOS CONVENIOS DE COINVERSIÓN Las modalidades transaccionales que propone el régimen recuerdan el modelo de «coinversión» establecido en la LMDSA debido al cual los asentamientos campesinos del sector reformado se subordinaron al socio capitalista quien, por su capacidad de maniobra en las negociaciones con su contraparte, terminó siendo el verdadero conductor y beneficiario de la empresa originalmente campesina y, cuando quiso, terminó comprándola. Para que no quede duda sobre la dependencia que generará, el mismo convenio de «coinversión» establecerá, según la propuesta, «un compromiso de los agroindustriales para abastecer a los campesinos con insumos a los mismos precios que se obtienen de los proveedores y a brindar asistencia técnica que les permita obtener mejores producciones y por ende mejores ingresos».

EL CASO MUCA, LA REFORMA AGRARIA Y EL NEOLIBERALISMO. 153 En 1954, en Higuerito, Yoro, la United Fruit Company inauguró una experiencia similar con la creación de los «bananeros independientes» de banano con los cuales estableció convenios de coinversión que años después incluyó a productores de banano del sector reformado. Standard Fruit Co. y Fyffes reprodujeron el modelo que resultó satisfactorio a sus propósitos: a mediados de la década del 90 el 60% de banano exportado por las transnacionales bananeras era producido por cooperativas, empresas asociativas y bananeros independientes. Con este modelo de «coinversión» la transnacional se liberó de los riesgos propios de la producción: conflictos laborales, daños por inundaciones, plagas y enfermedades de ese cultivo; así como de las obligaciones contractuales de ofrecer asistencia médica y educación a los trabajadores. Igual que lo que propone la comisión de Lobo Sosa, los convenios de «coinversión» de las transnacionales establecían compromisos» de las empresas transnacionales como asistencia técnica, aprovisionamiento de insumos para la producción, fumigación aérea y también castigos y «regalías», todo para darle el cabal sentido a las relaciones de dependencia. Los convenios de las bananeras establecieron plazos de 8, 10, 12 años que impidieron que los productores bananeros del sector reformado pudieran acceder al «mercado justo21» cuando tuvieron la oportunidad de beneficiarse con él. Seguramente los convenios que pudieran firmarse con estos empresarios de la palma africana y MUCA no obviarán la imposición de largos plazos. Es conocido públicamente que el señor Facussé ha sido el gran prestidigitador en las negociaciones con el Estado a costa del cual acumuló la mejor parte de su capital y, actualmente, la persona con mayor poder político en el país. Con estos antecedentes no cabe duda alguna sobre quién ganará con estas negociaciones. Sin pudor alguno la propuesta anota que «además comprometerá a los campesinos a vender la producción a los procesadores, 21

Promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. Niega las ayudas asistenciales e impone condiciones como respeto al ambiente y a los trabajadores; equidad de género…

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quienes, después de deducir los costos de los insumos y las cuotas del financiamiento dado por el Gobierno para la adquisición de tierras, deberán pagar a los campesinos la diferencia por el producto, tomando como referencia el precio del mercado internacional». Con lo que no deja espacio a la imaginación; todo es claro, el mango y el sartén quedan en manos de los señores Facussé y Morales. Especifica que «la fruta cosechada de las plantaciones ya en producción, será entregada a la Planta Procesadora de la Sociedad Agrícola Cressida del Aguán S.A. de C.V. (propiedad de Miguel Facussé); la fruta cosechada de las nuevas plantaciones será entregada a la Planta Procesadora de la Empresa Agropalma S.A. de C.V. (propiedad de René Morales). Cada grupo campesino deberá firmar contrato de «coinversión» con cada empresa agroindustrial, según sea el caso, donde se definirán puntualmente los compromisos que asuma cada parte, incorporando un seguro agrícola que proteja a los campesinos (as)». Esta propuesta resulta de las negociaciones entre los dos más grandes terratenientes del valle para la repartición de la fuente de materia prima que procesarán y posteriormente comercializarán con enormes ventajas. Tales pretensiones las asegurarán con contratos bilaterales con cada empresa campesina productora (y podría llegarse que las negociaciones se hagan individualmente con campesinos), dejando por fuera al Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA) que hoy por hoy es la organización de lucha reivindicativa que ha llevado el tema a un nivel de discusión que muy pocos esperaban, con un gran sacrificio que se expresa en persecución, atemorizamiento, heridos y muertos. Si a esto se suma que las asignaciones de lotes de tierra serán aislados uno de otro, se consumará la estrategia del divide y vencerás. Si no hubiéramos vivido experiencias similares en nuestra historia agraria podríamos caer en la ilusión de que los empresarios están preocupados porque los campesinos salgan beneficiados del convenio de «coinversión», en especial cuando se refiere al seguro agrícola. Lo que está detrás de todo el planteamiento es la preocupación de los grandes empresarios por asegurarse el fruto de la palma

EL CASO MUCA, LA REFORMA AGRARIA Y EL NEOLIBERALISMO. 155 africana; de contar con eficientes proveedores de materias primas. Recordemos Isletas (Atlántida), campos bananeros que la transnacional bananera Standard Fruit Co. no rehabilitó luego que fueron destruidos por el huracán Fifí en 1974 y que obreros agrícolas, con muy poco apoyo del Estado, pusieron nuevamente a producir con tal calidad que en muchas oportunidades superó lo logrado por las plantaciones manejadas directamente por la transnacional. La Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI)22 se convirtió en una de las más grandes de América Latina dedicada a la producción agrícola con más de mil trescientos asociados pero no pudo resistir las agresiones de sus adversarios y sucumbió para dejar tierras, cultivos y demás instalaciones productivas en manos nuevamente de la transnacional. La Standard Fruit Co. mantuvo relaciones comerciales cordiales con la EACI hasta que ésta decidió modificar su estructura productiva en el interés de lograr mayor independencia y capacidad de negociación con su contraparte. Cuando la EACI inició la diversificación productiva con el cultivo de maíz, arroz y crianza de cerdos fue asaltada el 12 de febrero de 1977 con apoyo del ejército, y sus dirigentes históricos23 purgaron dos años de prisión por delitos no cometidos. Los empresarios dedicados al procesamiento del fruto de la palma africana y su comercialización, tal como la Standard Fruit Company, no están interesados en el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores directos que con su fuerza de trabajo hacen producir los suelos del Bajo Aguán. A los Facussé, Morales y Canales no les interesa el mejoramiento de ingresos ni la soberanía alimentaria; al contrario, la posibilidad de que los campesinos se dediquen a producir para lograr estos propósitos es una amenaza a la dependencia y, consecuentemente, a sus propósitos de lucro. 22

Se constituye formalmente en 1975 y sus propietarios la venden a la Standard Fruit co. el 5 de mayo de 1990. 23 Efraín Rivera Pavón y Porfirio Hernández luego del asalto perpetrado a la EACI por Gustavo Adolfo Álvarez Martínez.

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La propuesta dice que el Estado comprará tierras para los campesinos luego de una «evaluación agronómica de las tierras (en producción e incultas)… para establecer un justiprecio». Asimismo se compromete a «proporcionar los recursos que permitan la adquisición de las tierras y los grupos campesinos asumirán la deuda que deberá ser pagada al gobierno, con condiciones especiales (bajas tasas de interés a largo plazo), para el establecimiento de las nuevas plantaciones se creará un fondo (fideicomiso) para el financiamiento a los campesinos, en este proceso participarán Agropalma S.A. de C.V. y el Gobierno de la República». Veamos lo del justiprecio. La primera propuesta que presentó la comisión especial de Porfirio Lobo a MUCA ya hacía estimaciones sobre los precios a pagar por las tierras en manos de los terratenientes, por cierto bastante altos, que la misma propuesta justifica diciendo que las tierras a comprar disponen de una infraestructura costosa, lo que recuerda los juegos burdos de compra/ venta repetidos de Facussé con la CONADI24 que terminaron por quebrarla. Ahora exigen que los campesinos de MUCA les paguen la infraestructura que los terratenientes no construyeron. Esa infraestructura construida por el Estado para favorecer a los campesinos beneficiarios de la reforma agraria ha pasado a formar parte de los activos de los terratenientes. De tal manera que de cumplirse los deseos de los empresarios el Estado estaría prestando dinero a los campesinos para que paguen una infraestructura que el mismo Estado costeó con propósitos de desarrollo social y económico para los menos favorecidos del sector rural. En los siguientes numerales señala que «Además de la asistencia técnica brindada por parte de los agroindustriales y establecida en el convenio de coinversión, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Instituto Nacional Agrario (INA) se comprometen a apoyar dicho proceso a través de programas y proyectos y su personal técnico de la zona. Además, la SAG se compromete a incorporar a las Empresas Campesinas como beneficiarios directos del Bono de Solidaridad Productiva25, que les permita 24

La Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), institución creada por el Estado a mediados de los 70 para ofrecer financiamiento a los empresarios bajo condiciones muy blandas. Se declaró en quiebra en 1980.

EL CASO MUCA, LA REFORMA AGRARIA Y EL NEOLIBERALISMO. 157 producir maíz y frijoles durante los primeros tres años, en el caso de las tierras donde se restablecerán las nuevas plantaciones». El gobierno se compromete a apoyar a «los grupos campesinos con proyectos sociales de salud y educación». Y para finalizar señala que «una vez firmado el acuerdo se definirán con prontitud las áreas de las plantaciones ya establecidas y en producción, así como las áreas para las nuevas plantaciones y reubicar a los 28 grupos campesinos…» De nuevo el estado hondureño es el que financia y carga con los costos de un proyecto que tendrá como beneficiario final a los grandes empresarios. De aceptarse la propuesta tal como está planteada reforzaría una figura similar a la que presenta el tradicional y perjudicial binomio latifundio-minifundio, relación que sólo beneficia al grande y mantiene en la dependencia y la pobreza al más débil. En tales condiciones el campesino incluido en un proyecto de esta naturaleza no cumple con la condición de «sujeto de desarrollo»; al contrario, asume la condición de «objeto sobreexplotado» por las obvias desventajas de éstos y la voracidad de los grandes empresarios rurales. El régimen se muestra solícito y considerado con los campesinos. Ofrece asistencia técnica a través de esas dos ineficientes instituciones del estado que por ahora no hacen absolutamente nada a favor del sector reformado ni por la pequeña producción. Los conductores del régimen actual están apurados por resolver una crisis que ha puesto en precario su reconocimiento internacional pero, al mismo tiempo, no desaprovechan la crítica coyuntura para favorecer a los grandes empresarios, a quienes deben su posición política actual. Para abundar en ofrecimientos no deja por fuera los servicios de educación y salud, en un país donde buena parte de la población no tiene acceso a ellos. De todos los hondureños es sabido que luego del golpe de Estado militar del 28 de junio, tales servicios presentan mayor precariedad en todo el país. Si se ha criticado la sobreexplotación de los trabajadores y el control político del país por las transnacionales bananeras, qué 25

Sustituye al bono tecnológico implementado en la gestión administrativa de Manuel Zelaya Rosales.

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LUCHAS CAMPESINAS. PROPUESTAS, REDES Y ALIANZAS.

podemos decir de estos empresarios del patio. Sobreexplotan a los trabajadores (nunca han permitido sindicados en sus empresas) e igualmente tienen el control del país pero sin cumplir con las responsabilidades sociales que las transnacionales tuvieron por décadas con la asignación de vivienda, agua y servicios de salud y educación. ¡Se avizora una prisión verde más dramática que aquélla que describió Ramón Amaya Amador para los trabajadores en las bananeras! Si el Estado puede movilizar tal cantidad y variedad de recursos para la producción y asistencia social, por qué no pensar en un proyecto orientado en los objetivos constitucionales de la reforma agraria; por qué no pensar que sean los campesinos quienes escojan su actividad productiva y perfilen su futuro de pequeños productores bajo su conveniencia; por qué ponerles grilletes asidos a los intereses de los terratenientes antes de que accedan a la tierra que legalmente y en justicia les corresponde. ¿Que no son capaces de lograrlo como pregona la campaña mediática a favor de los terratenientes? La respuesta está en las experiencias exitosas del mismo sector reformado, entre las que destaca Hondupalma26, una de las más grandes empresas agrícolas y de transformación industrial de la palma africana en aceite, mantecas y margarinas que compite con éxito con Clover Brand y el mismo Miguel Facussé que ha hecho lo imposible por apoderarse de ella. El pueblo hondureño, y otros pueblos del mundo27, deben hacer causa común con los campesinos que buscan un futuro mejor, apoyado en su trabajo, proyecto que a su vez contribuirá al desarrollo del país y al mantenimiento de la paz.

26 Empresa de transformación industrial de palma africana cuyos accionistas son 31 cooperativas con más de 500 asociados dedicadas al cultivo de esa oleaginosa. 27 Añadido por la Organización editora con permiso del autor.

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

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Soberanía Alimentaria y Nutricional Lourdes Palacios*

A. La situación alimenticia y nutricional en El Salvador Históricamente el crecimiento económico de El Salvador, ha estado vinculado al sector agropecuario, especialmente por la actividad agroexportadora1; con la entrada en vigencia de algunos Tratados de Libre Comercio, a partir del año 2001 se produjo un moderado crecimiento del sector industrial, relacionado con la maquila y hubo un dinamismo acelerado del sector terciario y de las actividades informales. A diferencia de los resultados de la producción agropecuaria salvadoreña en los años 80‘s y su participación en el PIB nacional con tasas cercanas al 19%, este sector empezó a perder su protagonismo en las siguientes décadas, tal como se muestra en el cuadro, derivado de una inadecuada estrategia económica y de políticas agropecuarias que debilitaron al sector, en el marco de los procesos de Ajuste Estructural que se aplicaron en tal época.

*

Diputada de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Integrante de las Comisiones de Economía y Agricultura, y Salud y Medio Ambiente. Secretaria de la Honorable Junta Directiva del Congreso Salvadoreño Periodo 2009-2012 1 Los principales productos que conforman el sector agroexportador son: café, azúcar, algodón y camarón, entre otros.

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LUCHAS CAMPESINAS. PROPUESTAS, REDES Y ALIANZAS.

Producto Interno Bruto total y agropecuario a precios constantes de mercado (millones de dólares de 1990, a partir 1995 base 2000) Años PIB

1985 1990 1995 1999 2000 2003 2006 2007 4.335 4.801 11.299 10.789 13.140 13.985 15.310 16.030 PIB agrop./a 807 821 1.222 1.381 1.286 1.268 1.471 1.597 %

18.6 17.1

10.8

12.8

12.3

11.4

12.1

12.5

CEPAL, Información básica del sector agropecuario, 1980-1998; 1999 y 2007. a/ El PIB agropecuario incluye agricultura, silvicultura, caza y pesca.

Una de las características del sector agroexportador, es su amplia apertura comercial, pese al fenómeno de la globalización y las nuevas tendencias del comercio internacional. Lo que ha provocado entre otras cosas, que se importe cada vez más insumos y maquinaria para abastecer al sector agrícola. En otras palabras, el mercado internacional ha marcado el ritmo de las capacidades de producción del sector agroexportador, la demanda interna no ha sido un factor suficientemente determinante para estimular las fuerzas productivas nacionales.El comportamiento del sector agropecuario, refleja una pérdida gradual y creciente de la autosuficiencia de los granos básicos, tal como sucede con el resto de países de América Latina. Esta carencia en la producción doméstica de granos básicos, tiene en la base la concepción y sostenimiento de un Modelo Económico que persigue la acumulación de la riqueza en pocos sectores o agentes económicos. La concentración de tierras, la irracionalidad en el uso de los recursos naturales renovables, la sobreexplotación y destrucción de tierras de uso agrícola intensivo y forestal y la subutilización de grandes extensiones de tierras dedicadas a la ganadería, expresan claramente esa intencionalidad. Al mismo tiempo, las profundas transformaciones del capitalismo mundial, han ocasionado el incremento de la pobreza en los países de América Latina, El Salvador ha sufrido tales efectos, plasmados en la escasa inversión y en la poca diversificación de la matriz agroexportadora y en las carencias económicas de la familia. En los últimos años, el volumen de las importaciones de granos básicos se ha acelerado considerablemente, mientras que

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SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

las superficies cultivadas de granos básicos y otros cultivos, la producción y los rendimientos de los mismos, están perdiendo sucesivamente su capacidad productiva. Tal como está demostrado en el siguiente cuadro: Volumen de las importaciones de Granos Básicos (Miles de Kgs) Años / 1995 2000 2006 2007 Productos Frijol 3.659 10.104 30.977 21.636 Maíz 186.867 399.815 580.575 596.002 Arroz 25.286 57.404 94.336 84.433 Trigo 157.922 237.225 237.832 220.590 Sorgo

8.808

752

1.005

79

2008 27.514 533.762 82.847 209.399

Junio 2009 16.140 199.803 44,581 112.476

3.031

199

Fuente: Banco Central de Reserva- ES

Anualmente, el grado de dependencia de las importaciones de alimentos se incrementa, dos ejemplos destacables son el arroz, así en 1990, sólo se requería importar el 5% para suplir la demanda interna, dieciséis años más tarde, este porcentaje ascendió al 83% y según muestra este comportamiento, se considera que pronto se dejará de producir arroz en el país y para el caso del maíz, la tendencia es similar, pero en menor densidad, así en el año 1995 las cifras reflejaron un grado de dependencia del 23%, once años más tarde ese nivel había alcanzado el 44%. Lo cual es alarmante, porque demuestra las dificultades reales que el país enfrenta para garantizar una autosuficiencia y la soberanía alimentaria que se desea tener. Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los países en desarrollo dependerán cada vez más de la importación de cereales, ya que la producción nacional de éstos no podrá satisfacer su propia demanda; para lo cual proyecta que en 2030, las importaciones netas pasarían de los 103 millones de toneladas a los 265 millones de toneladas, esto representaría el 14% del consumo de cereales de estos países, por lo que producirían el 86% de sus propias necesidades2. Tal 2

FAO (2009)

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LUCHAS CAMPESINAS. PROPUESTAS, REDES Y ALIANZAS.

situación beneficiaría a los principales exportadores de cereales provenientes de Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Australia y Argentina y los países exportadores emergentes. Sin embargo las cifras que proyecta la FAO, parecen ser muy conservadoras, a diferencia de lo que ha mostrado la realidad salvadoreña con respecto a la capacidad de producción y el aumento de la dependencia de granos básicos, tal como se abordó anteriormente. En cuanto a los niveles de producción de los principales cultivos en El Salvador, el café desempeñó un papel determinante en el crecimiento económico del país y en la generación de empleo mayoritariamente nacional, sin embargo este cultivo está perdiendo su capacidad productiva, de 3,200 quintales que se produjeron en la cosecha 90-91, hoy en día se cosechan 1,887 quintales – ocasionado por políticas agropecuarias erróneas, que carecieron de una visión de país para su sostenibilidad en el futuro. Otro cultivo que casi ha desaparecido totalmente es el algodón, cuya cosecha en 1990 produjo solamente 100 quintales, para el año 1994 su producción cesó, reactivándose nuevamente a partir de 1998, aunque con resultados que no superan los 43 quintales. Para el caso de la producción de granos básicos, la tendencia muestra un leve crecimiento a partir de la cosecha 2005, esto derivado de un mayor aumento de la producción en maíz y maicillo, pese, en primer lugar, a la reducción de la superficie cultivada y a la falta de políticas agrarias que dinamizaran el sector, comprobándose mediante la desprotección comercial de los productores nacionales ante el encarecimiento de los insumos, la falta de financiamiento y las crecientes importaciones. Sin olvidar por supuesto, que los cultivos de estos cereales, han sido afectados por eventos extremos climáticos siendo éstos originados por las prácticas inadecuadas que la humanidad ha tenido con los recursos naturales. Es importante mencionar que el maíz, el frijol y el arroz son la base de nuestra dieta alimentaria diaria, por ello el énfasis en la producción de tales granos. A diferencia del maíz, el arroz y el sorgo, el frijol ha tenido una tendencia de incremento leve en su producción, particularmente porque su área cultivada se elevó a 125 mil manzanas aproximadamente. En los últimos diecinueve años, la producción nacional de granos básicos, no ha superado

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SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

un crecimiento mayor al 150%, el arroz ha presentado una tasa de variación negativa del 61% en comparación a la cosecha inicial de los años noventa y el maíz como el sorgo, no superan tasas de crecimiento mayor al 67% y 27% respectivamente.

Cosecha / Productos Frijol Maíz Arroz Sorgo o maicillo

Producción de Granos Básicos (miles de quintales) 90/91 95/96 99/00 04/05 06/07

08/09

1.145 1.112 1.445 1.855 1.192 2.642 13.100 14.071 14.343 14.257 16.317 22.000 1.341 1.111 1.247 583 670 571 3.492

4.369

3.032

3.248

3.630

4.436

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

El sorgo, es un grano que también forma parte de nuestra canasta de producción de cereales; en los últimos años ha afrontado fuertes rivalidades con el comercio internacional, ya que hay una intencionalidad perversa en sustituir este grano por el maíz amari-

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LUCHAS CAMPESINAS. PROPUESTAS, REDES Y ALIANZAS.

llo, el cual se pretende utilizar en un futuro mediato para la producción de etanol. Ante la agresividad del mercado internacional –en relación a la agroindustria y la generación de agrocombustible– existe un latente riesgo de reducir considerablemente la producción de este grano, lo que afectaría aún más la frágil situación alimentaria del país. El argumento principal para ejecutar tal reconversión agrícola, es la reducción de los costos para el pequeño productor, quien utiliza el maicillo para su alimentación directa como indirecta, mediante la actividad pecuaria y avícola. Existen además otros productos alimenticios que forman parte de nuestra dieta y producción, como son las carnes, la leche y los huevos y que han demostrado una permanente participación en la producción nacional. Estos productos constituyen parte de la canasta básica alimentaria de la zona urbana, la metodología para definir la Canasta Básica Alimentaria en la zona rural, no incluye los productos avícolas, las diferentes clases de carnes, ni la leche, lo cual es contraproducente, porque vulnera el derecho a la igualdad de la población rural.

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

165

La producción de ganado porcino ha reflejado mayor crecimiento en relación al vacuno. Igual situación presenta la producción de leche, en el año 2008 se produjeron 577.8 millones de litros, esto representa una variación de 77% con respecto a 1992. El incremento de la producción de leche, como de la avicultura se debe en parte, a algunas mejoras tecnológicas, a cambios en el consumo de la población, principalmente urbana y al auge de las actividades comerciales, de hostelería y turismo, quienes demandan en mayor proporción estos productos. El crecimiento de estos productos ha permitido mayor disponibilidad energética para la población, sin embargo con la vigencia del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido comúnmente como DRCAFTA, podría ocasionarse una caída en el crecimiento productivo y en la demanda, ante la amenaza de que nuevos competidores se incorporen al mercado nacional. Volumen de producción Leche

1992

1995

2000

2005

2008

333.696 331.968

386.760

447.600

577.894

88.130 119.500

165.574

216.973

203.592

(miles de litros)

Aves carne (miles de libras)

Aves huevos

903.000

992.000 1.103.062 1.145.951 1.114.412

(miles de unidades)

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

Las actividades agropecuarias del país, están altamente expuestas a las asimetrías tecnológicas, a la aplicación de subsidios de los productos importados y a otros programas de apoyo gubernamental extranjero, a lo que se le suma las desigualdades socioeconómicas internas entre productores nacionales como a las de género; por hoy el principal competidor de la producción de alimentos nacionales lo constituye Estados Unidos, quien nos supera en volumen nuestra capacidad exportadora. Un ejemplo práctico de las asimetrías con este país, es lo referente al subsidio que reciben los productores estadounidenses de

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LUCHAS CAMPESINAS. PROPUESTAS, REDES Y ALIANZAS.

parte de su Gobierno, anualmente obtienen 20 mil millones de dólares en comparación a los 1.513 dólares de ingreso per cápita anual que recibiría un productor nacional. La apertura comercial desmedida y el aumento de las importaciones ocasiona también una extensa pérdida de empleos, se estima que en 2008, se perdieron alrededor de 70 mil empleos correspondientes a tres de los principales productos de importación de cereales -maíz blanco, frijol y arroz. Los granos básicos, los productos cárnicos y lácteos podrían ser los productos que mayor grado de dependencia tendrán en el futuro frente a los avances pactados en el Tratado comercial con Estados Unidos3. Ante la fragilidad de estos sectores, existen altas posibilidades, si no se actúa a tiempo, de perder la autonomía del país, en lo concerniente a la Soberanía Alimentaria, ya que por los adeudos comerciales internacionales, el poder de inversión extranjera, de propiedad intelectual, entre otros, socava los compromisos de Nación en materia ejecutoria de los derechos económicos y sociales de la población, los que se articulan con el Derecho Humano a la Alimentación. La producción alimentaria del país, conlleva a plantearnos una vez más, la situación de tenencia y uso de la tierra. El acceso a ésta, permite asegurar la producción alimentaria, así como también es un medio propio de subsistencia de país. Datos de la FAO, sobre el aprovechamiento de la tierra, muestran que el 82% de la superficie total del país se puede utilizar para vocación agrícola, para cultivos permanentes y pastos perennes. La superficie agrícola per cápita en El Salvador es de 0.26 hectáreas por persona.4 Ante esta situación, es válido entonces, conocer cómo está distribuida la tierra en El Salvador y sus principales deficiencias, tal como se describe a continuación: En 1971, las superficies de tierras que correspondían a menos de una hectárea conformaban el 4.8%, las cuales pertene3

La entrada de productos agrícolas salvadoreños, está condicionada a plazos de transición, a salvaguardas agrícolas especiales, a la desgravación no línea y al establecimientos de cuotas. 4 FAO: 2004

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

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cían al 48.9% de los propietarios del país; en cambio la extensiones de 200 hectáreas pertenecían al 0.3% de los terratenientes de aquella época. Las tierras con superficies mayores a 500 hectáreas representaban el 15% de la tierra cultivable del país. Lo que significaba, la profunda concentración que existía sobre la tierra, la desigualdad en su distribución y principalmente porque en la mayoría de los minifundios se dedicaban a la producción de granos básicos para el abastecimiento de la demanda nacional, contrario al 14% que destinaban la producción agrícola de los latifundios. Es a partir de esta situación y las incuestionables injusticias sociales, que la población campesina-rural de aquella época inicia un proceso de reivindicación de sus derechos y de lucha por el acceso a los recursos, a una vida digna y saludable y sobre todo al acceso a la tierra, que es el recurso básico para la producción de alimentos –sin incluir las desigualdades que existen entre hombres y mujeres para alcanzar estos derechos. Fue entonces, que a principios de los años ochenta se distribuyen las tierras con vocación agropecuaria, mediante la aplicación, primero, de la Reforma Agraria5 convenida por la Junta Revolucionaria de Gobierno que llegó mediante un golpe de Estado –la cual no fue el fruto de las demandas de la población rural– y posteriormente a través del Programa de Transferencia de Tierras producto de los Acuerdos de Paz6. Con la aplicación de la fase I y III de la Reforma Agraria, se logró repartir cerca del 37% del área agrícola cultivable del país y un 12% se ejecutó a través del Programa de Transferencias de tierra7. Este porcentaje, no compensó las expectativas 5

En marzo de 1980, se anunció la Ley Básica de la Reforma Agraria, que comprendería tres fases: Fase I, afectaría a las fincas con más de 500 has, la fase II a las fincas menores de 500 has. (en el año 1982, se fijó el límite máximo de la propiedad rústica en 245 hectáreas) y la fase III expropiaría las tierras inferiores a 7 has. 6 Creado en 1992, poniéndose a disposición las tierras del Estado, incluyendo las de las cooperativas de reforma agraria que estuvieran abandonadas o semiabandonadas. La cantidad de tierra asignada dependería de la calidad del suelo, con un límite inferior de 1.5 hectáreas si la tierra era de la mejor calidad. El Banco de Tierras sería la entidad financiera del programa y el acreedor de los beneficiarios.

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LUCHAS CAMPESINAS. PROPUESTAS, REDES Y ALIANZAS.

de redistribución, porque no culminó su afectación o transferencia, en congruencia con lo establecido en la Ley, se beneficiaron solamente 114.000 familias, de las 467.000 que debieron favorecerse con dicha Reforma. Un estudio realizado por la CEPAL en 2001, demostró que el 85% de las propiedades eran menores a las 5 hectáreas las que comprendían cerca del 20% del territorio nacional, mientras que un 1.3% eran extensiones mayores a 50 hectáreas y equivalían a más del 40% del territorio. Además se añade, que las tierras transferidas cuya extensión eran inferiores a 4 hectáreas, no cumplían con los requerimientos productivos básicos para asegurar la alimentación familiar, ni mucho menos para iniciar un proceso de acumulación sostenido. La redistribución de la tierra, producto de la Reforma Agraria y los otros mecanismos citados, carecieron de apoyos y medios para su ejecución lo que imposibilitó la mejora de la situación económica de la familia rural; las medidas estuvieron ausentes del acompañamiento de otras políticas como la asistencia técnica, el acceso al crédito, la transferencia tecnológica, entre otras, persistiendo de esta manera, la inseguridad jurídica, económica y alimentaria. Para concluir este apartado, mencionaré el estado actual en que se encuentran las mujeres salvadoreñas con respecto a la tenencia de tierra; según cifras de la Encuesta de Hogares realizada por el Ministerio de Economía en 2008, existían 89.872 productores y productoras propietarios de sus tierras, de los cuales el 14.3% son mujeres, quienes mayoritariamente se dedican a la actividad agrícola propiamente y a la actividad agrícola-pecuaria, y el resto de propietarios son hombres. Este porcentaje de mujeres rurales, propietarias de sus tierras, apenas representa el 2.7% de la población femenina del país. Esto es clara evidencia, de las desigualdades que existen entre los géneros; a la vez, permite visualizar los retos que han de superarse a fin de reducir progresivamente tales disparidades. 7

PDDH: 2008

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

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Productores propietarios de tierras agropecuarias, según sexo y tipo de actividad 2008. Actividad Agropecuaria Tierra agrícola Tierra forestal Actividad pecuaria Agrícola - pecuaria Apicultura Otras Total de propietarios, según sexo

Mujeres 6.476 53 582 5.769 – –

Hombres 41.671 327 3.996 30.581 105 312

Total 48.147 380 4.578 36.350 105 312

12.880

76.992

89.872

Fuente: Ministerio de Economía, EHPM 2008

No cabe duda, que la mujer, brinda un aporte significativo en la producción agrícola, en la alimentación y el sostenimiento familiar a nivel mundial, a través de su intrínseca participación en las diversas actividades del campo, tales como los huertos domésticos –los cuales llegan incluso a poseer más de 150 especies diferentes de plantas8–, el conocimiento de la práctica agrícola, la previsión productiva, el cuidado de la tierra, la preservación de las semillas nativas, la salud y otros conocimientos afines. Prácticas y conocimientos que en su mayoría no son reconocidos ni económicamente, ni socialmente. En El Salvador, según datos oficiales del Ministerio de Economía9, existen 519.745 mujeres que asumen el rol de jefas de hogar, las cuales cotidianamente deben afrontar los desafíos de la alimentación para su núcleo familiar y de este número, sólo el 53.9% poseen algún nivel de ocupación laboral, ocupación que en muchos de los casos carecen de una remuneración justa, de condiciones laborales adecuadas, de ambientes laborales respetuosos y armoniosos, ni mucho menos de las prestaciones sociales básicas que todo ser humano tiene derecho a poseer. También existen las mujeres que trabajan en actividades informales10, las 8

Vandina (1998) EHPM (2008) 10 Mediante pequeños inventivas agrícolas, producción y venta de alimentos, artesanías o cualquier otra actividad 9

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LUCHAS CAMPESINAS. PROPUESTAS, REDES Y ALIANZAS.

que deben esforzarse doblemente para alcanzar durante su faena algún ingreso monetario, que les permita llevar a sus hogares el sustento diario. Del total de mujeres salvadoreñas ocupadas, 44.974 laboran en la actividad agrícola y ganadera, representando así el 4.5%11. Según la feminista, Irene León, la desigualdad de género en la ruralidad es de por sí, una de las más difíciles relaciones económicas, sociales y culturales a romper, esto primordialmente por la visión patriarcal con que se abordan las políticas agrarias y alimenticias12. De ahí, la lucha constante de las mujeres por encontrar pequeños espacios que le permitan desarrollar sus múltiples capacidades y conocimientos. Conocer los niveles de desigualdad en el acceso a los alimentos, habilita a los Estados a tomar las mejores decisiones para beneficio de la población afectada. La presencia de la desigualdad alimentaria debería permitir que en las negociaciones internacionales exista un trato diferenciado en el pago de la deuda externa, en la transferencia de capital y en la apertura comercial de alimentos. Determinar las desigualdades de alimentos a nivel nacional, facilitaría también la ejecución de mecanismos preventivos en contra de la desnutrición y el hambre, al mismo tiempo que permitiría crear programas para la transferencia de recursos. Sin embargo, en la práctica, tal como se expresó en un principio, las tendencias comerciales internacionales han marcado el ritmo de la producción de alimentos en el país y poco provecho se ha obtenido de esas relaciones en la fase agrícola del proceso de producción. Al contrario, se aplicaron con insistencia políticas de ajuste estructural que deterioraron la estructura alimentaria e industrial de nuestros países, los ingresos de la población rural y urbana y la caída de los precios reales de los bienes producidos nacionalmente, aumentando así el desempleo y subempleo. Las políticas alimentarias de los países de América Latina aplicadas bajo un Modelo agro-industrial han respondido a intereses 11 12

EHPM: 2008 León: 2003

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SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

particulares de empresas privadas y han estado ausentes del resguardo de los derechos de los pueblos -y de la invisibilización del trabajo y el valor agregado de las mujeres. Es cuestionable, la promesa que los Tratados de Libre Comercio han otorgado a los países en desarrollo en materia de inversión extranjera, parte del dinamismo de los sectores económicos es la generación de inversión. Para muestra, el comportamiento de los flujos anuales de inversión en El Salvador destinados hacia el sector agropecuario, los que en menos de cinco años han mostrado una caída considerable. Flujos anuales de inversión extranjera (millones de dólares) Años

2004

2005

2006

2007

2008

Sector Agricultura y pesca

21.8

-1.5

0.6

1.9

0.0

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.

Otra situación conflictiva que se avizora dentro de la problemática mundial de alimentos, es el surgimiento de la producción de agrocombustibles13. Según la FAO, actualmente existen 14 millones de hectáreas que se dedican a la producción de este rubro, lo que representaría solamente el 1,5% de la tierra agrocultivable del planeta. Esta organización estima que el año 2030, la cantidad de tierra cultivable para agrocombustible será de 3.8% a escala mundial. El problema se agrava más, cuando este tipo de producción pretende desplazar las tierras que se ocupan para la producción de alimentos. En El Salvador, ya existen tres proyectos pilotos que se están desarrollando sigilosamente para producir etanol, sin que la población conozca ampliamente las implicaciones económicas de esta medida y que tendrán impacto en el alza de los precios alimenticios, la escasez de los principales granos básicos y los daños al 13 Generalmente las fuentes de biomasa que se utilizan para la producción industrial de agrocombustibles son: el maíz (en Estados Unidos) y la caña de azúcar (en Brasil) para el etanol; y las oleaginosas, la soja, la colza y la palma (en gran parte importadas de Malasia e Indonesia) para el agrodiesel.

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medio ambiente, producto del calentamiento global, ya que los agrocombustibles consumen más energía durante su procesamiento. Se sabe que Estados Unidos destinó alrededor del 25% de su producción de maíz, para la producción de agrocombustibles. Ante esto, los países como El Salvador, no pueden darse el lujo de destinar tierras con vocación agrícola para producir etanol, ya que atenta contra la vida misma de la población salvadoreña. También hay que recordar, que factores económicos, como la elevada volatilidad de los precios de los productos básicos, fertilizantes y combustibles, así como el juego de la especulación y la falta de capital han prolongado que la crisis alimentaria sea más sensible en los países de América Latina. Ante ello la población agrícola y rural de la región demanda mayor inversión productiva y protección social, pero la capacidad fiscal es limitada y decreciente en períodos de desaceleración económica, y El Salvador no es la excepción, apenas el gasto público en el sector agropecuario en 2009, fue de $48.6 millones, lo que representó el 1.3% del PIB.

Alimentos y desnutrición En El Salvador, para que una persona no padezca de desnutrición alimentaria, debería consumir básicamente cereales, pan, tortilla de maíz, verduras y hojas verdes, frutas, lácteos, carnes, huevos, grasas y azúcares. Organismos internacionales como la CEPAL y la FAO, probaron en los años ochenta, que el lánguido crecimiento en la disponibilidad de calorías y el descenso en las proteínas, es producto de una desaceleración en la tasa de crecimiento de la producción de alimentos, lo que ocasionó desnutrición y hambre. En El Salvador, el 30.3% de la población infantil menor de 5 años presenta algún tipo de desnutrición, ya sea por peso, talla o ambas. De dicha población, la población infantil rural es la que más grado de desnutrición presenta, especialmente por las carencias económicas en que han vivido durante años, producto de los bajos ingresos que perciben y de la pobreza en que viven.

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Según estimaciones del Ministerio de Salud y Asistencia social, en El Salvador existe una pérdida monetaria de 144 millones de dólares por la insuficiente alimentación de la leche materna que reciben los niños menores de 6 meses. En el caso de las mujeres, también existen problemas de malnutrición relacionada con el sobrepeso y la obesidad, el 53.9% de la mujeres entre las edades de 15 a 49 años padecen de estos problemas. Otro dato preocupante, asociado a la desnutrición son las muertes de madres, el 20% de la muertes se debe a la anemia producto de la carencia de hierro.

En 2005, la Comisión Económica para América Latina – CEPAL, realizó una estimación sobre el coste de la desnutrición en los países centroamericanos, determinando para El Salvador, un costo incidental-retrospectivo global de 1,175 millones de dólares. La desnutrición global se refiere al peso por edad, ésta puede derivarse de la falta de disponibilidad de alimentos, de las dificultades de un consumo suficiente y del escaso aprovechamiento biológico de los mismos.

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Las mujeres desempeñan un destacable rol en la nutrición de su familia, entre más educación y conocimiento posee una mujer, habrá un impacto positivo en la nutrición de su familia, pero esta relación por sí sola, no tendría sentido, si no va seguida de otras medidas que reivindiquen los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de ellas. Según el Director General de la FAO, actualmente la producción agrícola podría alimentar sin problema a 12,000 millones de personas, es decir, el doble de la población actual. Pese a esto, tres cuartas partes de la población mundial corren el riesgo de pasar hambre, no porque haya escasez, sino debido a la falta de acceso e injusta distribución de los alimentos. El 70% de las personas que sufren hambre y malnutrición habitan en el área rural. Las proyecciones de esta organización calculan que el número de personas hambrientas en los países en desarrollo bajará de 777 millones a 440 millones en el año 2030. Para satisfacer la demanda mundial de alimentos en 2030, se deberán producir anualmente alrededor de mil millones de toneladas de cereales. El padecimiento de hambre, es producto de la vulnerabilidad del derecho a la alimentación, que comprende implícitamente el cumplimiento de otros Derechos Humanos vinculantes al desarrollo humano de los pueblos.

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B. Una visión común: El derecho a la alimentación En los debates y discusiones internacionales, se oye con mucha insistencia la necesidad de garantizar la Seguridad Alimentaria de los países, desde una óptica, por decirlo así, convencional-neoliberal; sin embargo, el concepto en sí mismo debe ir más allá de la simple disponibilidad de alimentos. Desde otra perspectiva, la Seguridad Alimentaria debe ser un componente entrelazado con el papel del Estado en la aplicación de políticas públicas en el largo plazo que permitan el desarrollo económico y la reactivación del sector agropecuario, con el fin de ser capaces de producir, por cuenta propia los alimentos en la cantidad y calidad requerida según las necesidades de la población, es decir enmarcarse en lo que se conoce por Soberanía Alimentaria. En términos prácticos, aunque con una gama de implicaciones teóricas, económicas, sociales y geopolíticas, que más adelante se explicarán, la Soberanía Alimentaria es el derecho de los Estados a decidir cómo producir, cuánto producir y para quiénes producir los alimentos. El garantizar una Soberanía Alimentaria para los pueblos, conlleva explícitamente, garantizar el Derecho a la alimentación, el cual tiene en su base la normativa y estándares internacionales que brevemente se enunciarán y de los cuales el Estado salvadoreño ha asumido como propios: *Declaración Universal de los Derecho Humanos, Art. 25 *Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Art. 11 *Convención por los derechos del Niño, Art. 24 y 27 *Declaración sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, Art. 1 *Observación General No 12 del Comité de Derechos Económicos, sociales y culturales sobre «El Derecho a la Alimentación Adecuada», numeral 5 *Declaración de Roma de la Cumbre Mundial 1996 para la Alimentación *Directrices voluntarias en apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, directriz No 6

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*Convenio No 183 de la Organización Internacional de Trabajo14 En lo que respecta a la legislación nacional sobre el Derecho a la Alimentación, existe una normativa segmentada, que de alguna manera directa o indirecta vincula la realización del Derecho a la alimentación, aunque el abordaje de éste debe ser desde un enfoque integral y no disperso como hasta hoy se ha hecho. A continuación se enlista la normativa nacional con sus elementos principales: *Código de Salud, art. 52 (prevención de la desnutrición y deficiencias en la población). *Ley de Protección al Consumidor, arts. 5, 4, 6 y 28 (derechos básicos de los consumidores, la protección contra riesgos de recibir productos o servicios que atenten la salud) *Código de Trabajo, art.312 y 144 (aduce a la protección de las prácticas laborales abusivas en contra de las mujeres) *Ley del Medio ambiente, arts. 50, 51 y75 (protección al suelo, prevención y control de la contaminación, regulación de suelos y ecosistemas) *Código Municipal, arts. 4, 5 y 6 (promoción del desarrollo turístico, el sano esparcimiento, regulación de actividades económicas locales) *Ley de Sanidad Vegetal y Animal *Ley del Fomento Agropecuario *Ley de Fomento Ganadero *Ley de Fomento Avícola *Ley de Riego y avenamiento *Ley del Régimen Especial de la Tierra en propiedad de las Asociaciones Cooperativas, Comunales y Comunitarias Campesinas y Beneficiarias de la Reforma Agraria El marco de leyes que actualmente norma la actividad agropecuaria de El Salvador, basa su diseño en la implementación del Modelo agro industrial, conocido también con Modelo de agronegocios, de tal manera que progresivamente la agricultura rural, 14

El Salvador, aún no ha ratificado dicho convenio, dentro del Marco del Cumplimiento de los Objetivos del Milenio.

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se ha resquebrajado, especialmente la agricultura basada en técnicas de producción tradicional. No obstante, los compromisos internacionales adquiridos por el país en años anteriores, en materia de derechos, fortalecerán las nuevas iniciativas nacionales que existen en el Congreso salvadoreño, para el aseguramiento de la Soberanía Alimentaria, las que se citan a continuación: 1. Propuesta de Reforma Constitucional por el Derecho a la Alimentación. Esta propuesta pretende reformar el art. 70 de la Constitución. 2. Propuesta de Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional preparado por las asociaciones campesinas de El Salvador, bajo el acompañamiento del Grupo Parlamentario del FMLN. 3. Propuesta de Ley de Soberanía y seguridad alimentaria presentado por el Grupo Parlamentario de ARENA 4. Propuesta de Ley especial transitoria para incentivar la producción agropecuaria. 5. Propuesta de Ley especial para garantizar el acceso de insumos agrícolas y otros a los productos agropecuarios. 6. Propuesta de Ley especial para la producción agropecuaria sustentable. Como se mencionó anteriormente, la Soberanía Alimentaria involucra una serie de prácticas y derechos que encaminan a alcanzar el cumplimiento del Derecho a la Alimentación. Primero. Conviene asumir un cambio de concepción teórica sobre el modelo agro-industrial, la participación de los diversos agentes económicos y sociales es vital para ello, quienes deben alcanzar el empoderamiento de sus derechos, una amplia participación de la población rural y urbana y una estrategia informativa, son factores determinantes para generar esos cambios. Segundo. Es necesaria, la ejecución de la práctica del autoexamen de las capacidades agro-productivas de los pueblos que permitirá identificar los puntos fuertes en la obtención de los beneficios alimentarios y monetarios para nuestra población rural, favoreciendo al mismo tiempo el reconocimiento de las debi-

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lidades de la Soberanía alimentaria doméstica, dentro de sus respectivos contextos. Tercero. La población rural y urbana, debe tener un dominio del conocimiento en materia de derecho constitucional15, de tal manera que pueda ser participe en las decisiones de envergadura nacional, especialmente si se trata de la producción de alimentos, la imposición de prácticas agro-productivas que atentan con la semilla nativa, los recursos naturales, la salud, entre otros; así mismo, la Soberanía Alimentaria implica que la población conozca, quiénes son los participantes, quiénes son los agentes comerciales y cuáles son las políticas comerciales, a quiénes benefician la aplicación de las barreras comerciales y el creciente consumo de alimentos importados. Cuarto. Paralelamente al esfuerzo que se debe hacer, en relación a la información y dominio del tema en la población rural como urbana y otros agentes de la sociedad civil, también es menester encaminar los esfuerzos hacia la preparación y concientización de los tomadores de decisiones en la esfera política, los cuales deben asumir la Soberanía Alimentaria como una alternativa de beneficio-país, de tal forma que las decisiones que éstos realicen se materialicen en medidas prácticas de provecho a la nación. Dependerá del dominio del tema, del conocimiento de los impactos, de la responsabilidad social y de los compromisos sociales, el éxito de la aplicación de la Soberanía Alimentaria en nuestros países. Quinto. Para la implementación de la Soberanía Alimentaria, se requiere una suficiente población de agricultores y agricultoras que se dediquen a alcanzar tal objetivo, pero no sola15

La mayoría de la población civil, rural y algunos funcionarios públicos, inclusive, desconocen la verdadera intencionalidad de los organismos internacionales en materia jurídica, así por ejemplo el caso de la Organización Mundial del Comercio, que en el fondo de su normativa, dificulta la consecución de la Soberanía alimentaria, ya que favorece el dumping de determinados bloques comerciales, dejando desprotegidos a los mercados domésticos. En otros casos, como los TLC´s provenientes de la Unión Europea se legaliza la prioridad del mercado común sobre criterios ambientales, sociales o de salud o culturales

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mente desde la perspectiva del trabajo operativo en sí, sino también por el aporte que esta población puede generar en la aplicación de nuevas alternativas de producción, en la transmisión generacional del conocimiento y del hacer y sobre todo, por el compromiso de ser partícipes en la reactivación de la actividad agrícola. (Ver recuadro No 1) En el caso concreto de El Salvador, la población trabajadora rural, que ha estado por generación arraigada a la tierra, ya sea por necesidad o por naturaleza, ha disminuido poco a poco; producto de las medidas económicas ejecutadas sistemáticamente desde los años noventa, disposiciones que han precarizado al sector agropecuario y la economía de la familia rural. Además ha provocado un enorme flujo migratorio tanto a las ciudades como a los Estados Unidos de Norteamérica. Empleo sector cafetalero, según estimación de jornales. 1980/1981 2000/2001

179.350 116.344

2005/2006

81.277

Fuente: Consejo Salvadoreño del Café

Población ocupada, según sexo en el Sector Agricultura, Ganadería, caza y silvicultura. Años Mujeres Hombres

2001 39.095 481.798

2008 31.243 281.046

Total

520.893

312.289

Fuente: DIGESTYC, 2001 y 2008

Esta tendencia a reducir la participación ocupacional de la población rural o agrícola, es sentida por otros países de América Latina y del mundo, en donde la urbanización del campo, se ha impuesto en concordancia a la reestructuración económica mundial, dando paso a la tercerización de las economías latinoamericanas.

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LUCHAS CAMPESINAS. PROPUESTAS, REDES Y ALIANZAS. Recuadro Nº 1

La práctica productiva en el sector agropecuario salvadoreño, se ha determinado en primer lugar por una producción con técnicas tradicionales, la insuficiente acumulación de capital y una modernización marginal, que se aplica mediante el uso de algunos insumos importados como fertilizantes, plaguicidas y semillas mejoradas. No existe una integración vertical de los productos básicos como son el maíz, fríjol y sorgo. Esta producción se realiza básicamente dentro de una estructura de minifundio y pequeña propiedad privada, así como por el sector cooperativo. Y en segundo por una producción heterogénea que utiliza técnicas modernas y algún nivel de integración vertical, especialmente para la ganadería, la avicultura, el arroz, el azúcar y las hortalizas. La cual se ha desarrollado bajo una estructura de mediana y gran propiedad privada y que acumula algún nivel de capital. Sexto. El derecho a tener dominio sobre el conocimiento de las especies locales de cultivos, según zona geográfica y condiciones climatológicas, es saber cómo cosechar cada cultivo y cómo conservar las semillas para futuros cultivos. Transmitir los conocimientos a la sociedad, para que se un bien público para todos y todas los productores, sin necesidad de controlar exclusivamente los conocimientos, como el caso de las patentes o de la propiedad intelectual que impulsan la libertades comerciales en el mercado mundial. Séptimo. El derecho al acceso de los recursos físicos (agua, tierra, semillas, infraestructura, etc.) obligatorios para realizar una agricultura acorde a los planteamientos de soberanía alimentaria, la cual tiene que basarse en las necesidades reales de los pueblos.

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C. Conclusiones La problemática alimenticia que viven en países como El Salvador, tienen su procedencia en las reglas comerciales que han impuesto organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario y la Organización Mundial del Comercio, de tal suerte, que la ejecución de las medidas neoliberales, como la profunda y acelerada apertura comercial han obligado a la reducción de la participación del sector agropecuario doméstico y por ende se nos está obligando a abandonar los ideales de la Soberanía Alimentaria. La situación de inseguridad alimentaria en los países como los nuestros, tiene connotaciones más allá de lo meramente económico, por tanto la solución no sólo debe plantearse simplemente a este nivel, sino también a otros agentes –nacionales y extranjeros– ya que son también corresponsables política y jurídicamente de esta situación. La existencia del hambre, la desnutrición y mal nutrición, están asociadas a las debilidades de la estructura económica y social heredada al país. La desregulación de la economía, la privatización de los servicios públicos y la apertura comercial han contribuido a la inseguridad alimentaria. Las desigualdades en la distribución del ingreso, ensanchan aún más la inaccesibilidad de los alimentos en cantidad y calidad. La carencia de empleo y los bajos ingresos dificultan a la mayoría de la población a acceder a la canasta básica alimentaria y con menos posibilidades para el área rural; estas mismas desigualdades se presentan aún más para las mujeres, que son las que en muchos casos, tienen menos posibilidades de recibir ingresos monetarios. La falta de disponibilidad de alimentos y la baja producción nacional, particularmente de los granos básicos, agrava más la situación del país, ya que no ha existido una política sectorial que haya apoyado a los productores y productoras nacionales, pese a que el sector agropecuario en el pasado ha sido un sector dinámico en la Producción Nacional Bruta.

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Existe un latente peligro para la disponibilidad de los alimentos con la introducción de los agrocombustibles, porque reduce las fronteras de producción de nuestros principales granos básicos, al mismo tiempo que afecta el medio ambiente. El riesgo de producir alimentos transgénicos agrava la situación alimentaria de la mayoría de la gente por los impactos en la salud, de igual forma tiene impactos negativos en el agro y por supuesto quienes salen gananciosos son las empresas transnacionales y nacionales que comercializan estos productos. Centroamérica tiene amplias posibilidades de producir los alimentos que necesita, así como para aprovechar su vocación agropecuaria y diversificar las exportaciones que puedan beneficiar a las mayorías, en base a esto, este tema debe abordarse bajo una visión de Estrategia Regional. La Soberanía Alimentaría puede constituir un elemento importante en las políticas de desarrollo económico y un factor que dinamice la reactivación económica, con un gran impacto social, al hacer surgir actividades nuevas o al fortalecer las ya existentes; incentivando el mercado interno; mejorando las capacidades institucionales en el manejo de los recursos naturales, tecnológicos y humanos, y con ello lograr una mejoría en la calidad de vida de grandes sectores de la población, con una más amplia y variada distribución del crecimiento y sus beneficios. La situación del derecho humano a una alimentación adecuada, obliga a que las nuevas políticas agropecuarias alcancen a garantizar el cumplimiento del mismo y favorecer en esta medida a la población salvadoreña, que demanda acciones en este sentido.

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Bibliografía consultada CEPAL (1999): Subregión Norte de América Latina y el Caribe, Informe básico del sector agropecuario. —(2008): Subregión Norte de América Latina y el Caribe, Informe del sector agropecuario, «Las tendencias alimentarias 19952007» Encuesta de hogares de propósitos múltiples, MINEC, varios años. FAO (2004): Base de datos agropecuarios FAOSTAT —(2009): Informe Agricultura mundial: hacia los años 2015/2030. Helen Groome (2008): La soberanía alimentaria desde y para el empoderamiento de las mujeres, Vía Campesina Irene León (200): «Semillas y conocimientos de las mujeres», www.alainet.org PDDH (2008): Informe sobre el Estado de Derecho a una alimentación adecuada en El Salvador. Revista trimestral del Banco Central de Reserva de El Salvador, varios años. Vandana Shiva (1998): «La masculinización de la agricultura, monocultivos, monopolios y mitos», www.grain.org

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Defensa del Territorio y Soberanía Alimentaria: desafíos para las comunidades campesinas colombianas. Claudia Johana Cáceres*

Introducción La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO-CUT, desde hace treinta y cuatro años sostiene una lucha incansable por la unidad del movimiento campesino y la unidad agraria, obrera y popular, pese a la fuerte represión de la que ha sido objeto como organización campesina, sin renunciar a los propósitos de lograr una reforma agraria integral con justicia social, lucha que cada día se cualifica y alimenta con el aporte y visión de la mujer campesina y trabajadora en la defensa del territorio y la soberanía alimentaria como derechos de los pueblos. Las comunidades campesinas en Colombia son un sector fuertemente victimizado, con más de veinte mil crímenes de estado según el banco de datos del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y según el Banco de Datos de violencia política del CINEP es el sector más victimizado a fecha de hoy. Hoy día se registran seis millones de desplazados, cifra de la cual no se menciona que el mayor porcentaje corresponde a población campesina. Las campesinas y campesinos no solamente son victimizadas; son invisibilizadas en los relatos periodísticos, en las políticas de desarrollo y sus luchas caen en el anonimato. *

Trabajadora Social. Representante de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO-CUT y la Coordinadora Nacional Agraria y Popular CONAP de Colombia.

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A la vez son criminalizados en el contexto del conflicto social armado que vive Colombia; además de ser las víctimas directas del despojo y de la guerra, se les acusa de ser responsables de su propia desgracia, señalados de ser auxiliadores o miembros de la insurgencia; ocultando de esta manera los verdaderos beneficiarios de quienes agencian los crímenes y el desplazamiento forzado. Convirtiendo la guerra que vive Colombia en un velo que oculta los intereses de las empresas extranjeras en la apropiación de los territorios y sus recursos naturales, intereses para los que los campesinos sobran. El contexto actual del desarrollo del capital transnacional, genera nuevos escenarios en los que se agudiza la problemática de las comunidades campesinas los cuales se ven materializados en proyectos desarrollistas excluyentes y basados en intereses exógenos. Lo cual supone fuertes desafíos para las organizaciones campesinas y sus iniciativas de resistirse a desaparecer como sujetos sociales, económicos, políticos y culturales en la vida colombiana, en lo que FENSUAGRO-CUT continúa trabajando con sus filiales en diferentes regiones del país (Tolima, Atlántico, Eje Cafetero, Suroccidente, Meta, Cundinamarca,…), por la defensa del territorio, mejorar las condiciones de vida de las comunidades; la constitución de Zonas de Reserva Campesina y la construcción de ejercicios de Soberanía Alimentaria. A continuación se propone una reflexión en torno a esas concepciones desarrollistas excluyentes de una realidad colombiana como son las comunidades campesinas organizadas; y las iniciativas emprendidas desde el movimiento campesino.

1. Los modelos desarrollistas y los campesinos sobrantes La expresión «sobra mucha gente en el campo y en la agricultura»1 ha acompañado los procesos desarrollistas que han dominado la política agraria desde finales del siglo XX hasta hoy en Colombia. El modelo latifundista de producción capitalista, junto a 1 MACHADO, Absalón. Ante el fracaso mercado subsidiado de tierras. Series Economía Agraria. Santafé de Bogotá, Colombia: Tercer Mundo Editores: CEGA: IICA, 1999. p.205.

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la transformación demográfica ha pretendido sacar del campo gente que consideran improductiva e ineficiente, sobrante en este modelo heredado de la visión Lauchlin Currie2, a través de diferentes mecanismos que van desde la marginación económica, política y social hasta la guerra que desplaza de manera forzada a las comunidades campesinas. Históricamente la población campesina ha padecido los horrores de la guerra en un contexto de violencia estatal y paraestatal, a través de los cuales se han realizado los procesos de modernización violenta, respondiendo a la adecuación territorial y productiva del país para insertarse a la economía mundial. Las especiales características geográficas que posee Colombia, actualmente la convierten en una región estratégica para el desarrollo del libre comercio. Sus condiciones climáticas y de suelo son favorables para la producción agroindustrial de palma africana, cacao, cítricos, flores, banano y especies maderables, los cuales constituyen productos tipo exportación. Así mismo su diversidad en flora y fauna y riquezas en hidrocarburos y minería corresponden con los proyectos de extracción genética, minera y de hidrocarburos. Y su emplazamiento como puerta de entrada a América Latina, conexión con Centro América y estar bañada por dos Océanos, permite las condiciones para el flujo de bienes y servicios en el continente. El aprovechamiento de tales ventajas se materializa desde la visión del Desarrollo Territorial, que ya no solamente se dirige a 2

Currie fue un economista de origen canadiense que llegó a Colombia desde Estados Unidos, encabezando la primera misión del Banco Mundial, cuando Roosevelt fue presidente. Definió como factores de atraso en Colombia, el alto desempleo, eminentemente rural, como consecuencia de la mala distribución de los recursos humanos y técnicos. La solución estaba, según él, en llevar la fuerza de trabajo de los campos a las ciudades, destinándola a actividades que requirieran obreros no calificados, como la construcción de viviendas, mientras que la agricultura y la ganadería debían tecnificarse para elevar la productividad, mejorar el empleo en el campo y asegurar buenos salarios. En 1971 es llamado a formular el Plan de Desarrollo para Colombia, en el que incorporó tales planteamientos. Tomado de: GARRIDO LOPERA, Rafael. Lauchin Bernard Currie. Biblioteca Virtual del Banco de la República. http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/ currlauc.htm

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controlar la tierra como factor productivo, y la población como mano de obra barata o factor sobrante, sino que ha avanzado hacia la incorporación a la lógica de mercado de los recursos naturales, los ciclos naturales de producción y de regulación de agua, CO2 que tienen lugar en los diferentes ecosistemas, incluidos los conocimientos culturales de las comunidades allí existentes, a través de megaproyectos de agroindustria, de extracción y de infraestructura, lo que implica la transformación integral del territorio, en su estructura biofísica, su vida social y cultural. La experiencia colombiana ha mostrado que la adecuación del aparato productivo nacional para el desarrollo económico nacional y su inserción a la economía mundial, se han realizado en una lógica de guerra contra las comunidades campesinas y de violaciones a los Derechos Humanos, desatando un conflicto armado que después de más de cuatro décadas se agudiza, evidenciando cada vez más los intereses de las empresas multinacionales. La guerra a la cual sobreviven estas comunidades es integral, dado que también se ven obligadas a generar alternativas de sobrevivencia y resistencia ante la legislación interna neoliberal, que tiende a legalizar el despojo, la implementación a sangre y fuego de proyectos agroindustriales y extractivos, y la agudización de la crisis de la economía campesina y pérdida de la soberanía alimentaria, que a la fecha arrojan 10 millones de Hectáreas aseguradas por el paramilitarismo3, donde se implementan los megaproyectos mencionados4. Hoy como ayer, las comunidades campesinas continúan sobreviviendo a esta guerra armada, implementada mediante la violencia estatal y paraestatal con fines de expropiación, reapropiación y repoblamiento territorial que coinciden con el interés por realizar controles territoriales y reconversiones productivas, acordes con los intereses del capital transnacional. 3

Base de Datos Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. El observatorio de multinacionales de América Latina, en su boletín No.15 señaló «es un hecho que las zonas donde se produce el mayor desplazamiento en Colombia coinciden con aquellas que disponen de recursos estratégicos atractivos para la inversión extranjera». Luis Alfredo Burbano, «Las multinacionales españolas en Colombia». Boletín OMAL, nº 15, diciembre de 2005.

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Durante cuatro décadas de guerra en Colombia, se han favorecido las políticas de libre comercio y del neoliberalismo que imponen un modelo de desarrollo excluyente, depredador con la naturaleza e inhumano, en el cual las campesinas y campesinos no tienen lugar, pues continúan sobrando en el campo.

2. El Desarrollo Rural y los nuevos escenarios para las sociedades campesinas Para el mundo rural colombiano se promueve el enfoque de Desarrollo Rural, que igual a las medidas desarrollistas que le preceden refuerza una vez más la concentración sobre la propiedad de la tierra en el latifundio, y se fundamenta además en la producción extractiva y minera, y en la producción agroindustrial y comercial basadas en monocultivos. El Desarrollo Rural tiene sustento en un enfoque teórico para el mundo rural, denominado Nueva Ruralidadd desde el cual se plantean nuevos escenarios para el mundo rural; que ven la pobreza directamente relacionada con este mundo dado que, por un lado las comunidades rurales de campesinas, indígenas y afrodescendientes se ajustan a los indicadores de necesidades básicas insatisfechas, bajos niveles de escolaridad y altas tasas de desempleo, y de otro porque la pobreza urbana se corresponde con migraciones de poblaciones rurales a engrosar cinturones de miseria a las ciudades. De la sociología se ha heredado el enfoque dicotómico de interpretación de la sociedad y con ella la interpretación tradicional del mundo rural, según el cual «la evolución natural de la sociedad, en la medida que se avanza en el desarrollo, llegan a hacer predominantes las ideas fuerzas: como son el racionalismo, la sociedad, el poder, la clase, lo profano y el progreso, que implican el crecimiento urbano y las ocupaciones industriales; en oposición a ideas como el conservadurismo, lo comunitario, la autoridad, estatus, lo sagrado y la alienación. Y es en esa misma medida, que el campo pasa a ser un sector residual de lo urbano y lo moderno» (Nisbeth, 1981)5.

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En el marco de tal dicotomía, surge lo rural como una construcción social que da cuenta de un mundo atrasado y premoderno, agrícola y rural, en contraposición de un mundo de progreso, industrializado y urbano que a la vez constituye la medida y marco de referencia para su interpretación. Es esta dicotomía que el enfoque de la Nueva Ruralidad pretende superar mediante la modernización del mundo rural, articulando en una sola política de mercado aquellas dinámicas sobre las que aún tienen control las comunidades locales. Lo que se ha planteado como nueva ruralidad, es el producto de varias décadas de implementación de políticas y paquetes tecnológicos con el objetivo de obtener el máximo beneficio a menor costo6, como única opción para superar una crisis que se ha diagnosticado sobre el mundo rural. Es decir, la nueva ruralidad responde a una realidad que se ha venido materializando sobre la base de agudizar los conflictos en el mundo rural (pobreza rural, falta de ingresos, desempleo rural), ha sido la promotora de una realidad que hoy dice salvar a través del Desarrollo Rural. En el escenario colombiano, el Desarrollo Rural continuará asignando especial protagonismo a la gran propiedad y la agricultura especializada con fines de exportación en sectores específicos (caña de azúcar, palma africana7, ganadería, cítricos, maderas…), para lo cual impulsa procesos de adecuación territorial y de especialización del aparato productivo; en los que no tiene lugar los tejidos sociales de comunidades campesinas y sus sistemas de producción tradicional. A esto se suma la política de importación de alimentos profundizando la dependencia productiva y alimentaria del mercado externo y lesionando la capacidad de producción diversificada que tiene Colombia. La transformación del mundo rural, supone diversas rupturas: 5

Citado en: Gomez, Sergio: ¿Nueva Ruralidad? Un aporte al debate. www.bibliotecavirtual clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/dezessete/ gomez17.html 6 Ejemplo de ello es la Revolución Verde y sus paquetes de agrotóxicos y dependencia de las casas agrícolas. 7 La palma africana es considerada la materia prima óptima para la producción de biodiesel o combustible renovable.

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– Ruptura Agricultura-Territorio: la agricultura dejará de ser la principal actividad rural, con la terciarización de la economía, se pretende diversificar no sólo la producción, sino la ocupación de la mano de obra y las fuentes de ingresos, proporcionando alternativas como la venta de bienes (agua, recursos genéticos) y servicios ambientales. – Ruptura Mundo Rural-Mundo Urbano: las comunidades campesinas de productoras pasaran a ser consumidoras masivas, y la producción no tendrá como eje importante el autoconsumo sino fundamentalmente el mercado. – Ruptura Productor-Consumidor: las comunidades campesinas dejarán de ser proveedores de alimentos a las comunidades urbanas, pues los asuntos alimenticios serán controlados por corporaciones transnacionales. Tales actividades se circunscriben en la desagrarización del mundo rural que tradicionalmente se ha caracterizado por el desarrollo de actividades propias del sector primario de la economía como es la producción de materias primas y de alimentos. Actividades ligadas a procesos territoriales que van más allá de la sola posesión de los territorios, pues implican construcciones culturales y comunitarias a partir de los cuales se han creado procesos identitarios. La transformación en la estructura agraria está en el centro de los objetivos de la nueva ruralidad, que se impone como un proceso de concentración y control territorial que tiene implicaciones culturales por la penetración de prácticas de consumo impulsadas a través del mercado, implicaciones políticas por la pérdida de autonomía en el control y gestión de procesos económicos y políticos. Para la mujer campesina se acentuarán más la sobrecarga del trabajo de producción y del cuidado de la familia. La concentración de la tierra, el despojo territorial y la privación de derechos fundamentales seguirán recayendo sobre las espaldas de las mujeres quienes deben contener los tejidos familiares y comunitarios que este modelo continúa destruyendo. En realidad lo único que garantizará a la mujer será convertirse en mano de obra barata en plantaciones agroindustriales, o la expulsión a las ciudades, des-

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articulando su familia y su cultura; agudizando los problemas aún no resueltos de la mujer campesina. En el escenario internacional, existe la tendencia a la creación de un sistema mundial agroalimentario, que concentrará la política agropecuaria, alimentaria y ambiental, controlado por las Corporaciones Transnacionales Agropecuarias. Situación que corresponde al modelo de Libre Comercio que pretende una cultura homogénea de consumo, y que en las condiciones actuales del contexto colombiano puede representar la desaparición de sociedades y pueblos considerados no viables, no competitivos, no consumidores, por lo tanto no útiles al modelo.

3. Desafíos y construcciones de la lucha campesina Frente a este contexto de despojo y saqueo territorial, desarraigo y la destrucción de la diversidad cultural y étnica de las comunidades campesinas colombianas, en el contexto del conflicto social armado, las comunidades campesinas mantienen su tradición de organización y lucha que les ha permitido sobrevivir política, económica, social y culturalmente y continuar reafirmando sus derechos territoriales. En esta construcción, las comunidades campesinas y sus organizaciones impulsan interesantes iniciativas al respecto: 3.1. LAS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA La defensa del territorio como espacio y fuente de vida y soporte de identidad cultural, hace parte de esa lucha emprendida por el movimiento campesino e indígena por el derecho a la tierra, pero que se ha venido cualificando y enriqueciendo las demandas por la defensa del territorio y la cultura campesina. La figura de Zonas de Reserva Campesina, son una demanda construida como una forma de reconocer y garantizar los derechos territoriales, económicos, sociales y culturales a las comunidades campesinas, fundamentados en proyectos de vida comunitarios. Las Zonas de Reserva Campesina fue incorporada en el capítulo XIII de la Ley 160 de 1994, producto de un fuerte proceso de

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movilización campesina, que buscaba respuesta del gobierno a la problemática socioeconómica y ambiental derivada de la histórica violencia a la que han estado sometidas estas comunidades, y sus consecuentes procesos de colonización. Con la constitución de éstas se pretendía además estabilizar las economías campesinas y evitar la concentración de tierras que ha provocado el poblamiento sobre áreas frágiles y de frontera agrícola. La constitución de Zonas de Reserva Campesina continúa siendo una ardua lucha para las organizaciones campesinas que cada vez encuentran obstáculos entre las instancias gubernamentales y los empresarios para su reconocimiento. Por tanto, sin abandonar este desafío, las organizaciones campesinas continúan avanzando en la construcción de la Soberanía Alimentaria en las comunidades locales como una forma de ir mejorando condiciones de vida, de generar alternativas a la crisis de la economía campesina mediante el impulso de procesos autónomos y sobrevivir a la guerra que continúa amenazando su existencia como comunidad campesinas. 3.2 . LA PRÁCTICA POLÍTICA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA La Soberanía Alimentaria es una práctica política que integra sistemas productivos y sistemas culturales, fundamentada en la autonomía y el reconocimiento de la diversidad cultural, productiva y ambiental de las comunidades campesinas. Se orienta a desarrollar sistemas integrales diversificados que garanticen el acceso a alimentos sanos tanto a comunidades rurales como a urbanas, para mejorar sus condiciones de vida. Surge como una alternativa de resistencia a la crisis generada en las economías campesinas por la implementación de políticas agropecuarias, ambientales y sobre el territorio que entregan el control de los recursos naturales (agua, flora, fauna, semillas…) y la producción de alimentos a las Corporaciones Transnacionales, acentuando la dependencia de las comunidades locales a los mercados externos y arrebatando el control sobre los procesos de producción agropecuaria, generando además graves impactos a nivel cultural y ambiental.

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Alcanzar la Soberanía Alimentaria supone ejercicios de autonomía, de rescate y recuperación de las prácticas locales de producción agrícola, pecuaria, de transformación y procesamiento de alimentos para el consumo humano y como ejercicio político de permanencia de las comunidades. Este proceso va ligado a la cultura, desde el conocimiento y conservación de las semillas nativas, la implementación de sistemas de producción integrales, diversificados y autosuficientes basados en el equilibrio ambiental y la destinación de la producción priorizando el consumo humano. El procesamiento y transformación de alimentos son también esenciales en esta práctica, pues de la calidad de la alimentación depende la salud de un pueblo y su capacidad de supervivencia y resistencia. Visto así, la dieta es reflejo de condiciones ambientales, económicas, políticas y culturales, pero también de la estructura agraria de tenencia y explotación de la tierra. La dieta de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígena ha sufrido transformaciones relacionadas con los cambios de la producción parcelaria hacia la producción para el mercado. La lógica dejó de ser la producción para el consumo o autosuficiencia alimentaria, para producir para el mercado y obtener ingresos para adquirir alimentos en el mercado, lo que gradualmente ha transformado la dieta tradicional, empobrecida por la incursión de los monocultivos y el uso generalizado de productos agroquímicos para abonar y mantener los cultivos. Así que a pesar de que aún persista el consumo de alimentos tradicionales, en unas comunidades más que en otras, es común encontrar alimentos centrales de la dieta productos procesados que deben ser adquiridos en el mercado. Con el desarrollo del modelo económico de libre mercado, las economías parcelarias tienen menores opciones de comercialización y acceso a créditos, a la vez que han adquirido excesiva dependencia del mercado de insumos, agro tóxicos y alimentos, agudizando la pobreza y el hambre en el campo. Ante tal crisis, ha surgido como alternativa para la generación de ingresos los cultivos de marihuana, coca y amapola, que han contribuido a deteriorar la autonomía productiva, la soberanía

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alimentaria introduciendo cambios culturales y ambientales desfavorables para las comunidades locales. Con las comunidades campesinas se han desarrollado algunos ejes de trabajo en la construcción de la soberanía alimentaria, en los cuales el papel de la mujer ha sido central ya que está en todos los espacios de la vida rural, productivo, reproducción social a nivel familiar y comunitario. El impacto de la crisis de las economías campesinas y de las sociedades rurales, recae sobre las mujeres quienes deben contener los tejidos sociales y comunitarios y resolver las afugias económicas para proveer alimento y salud a su comunidad. De ahí que es prioritario que la mujer se involucre en este proceso de construcción. 3.2.1. Apuntes desde las experiencias locales Desde FENSUAGRO-CUT se promueve este ejercicio de construcción con las organizaciones locales, del cual se pueden presentar las siguientes líneas de trabajo desarrollado en las experiencias locales: *Fortalecimiento de la organización local mediante el empoderamiento y fomento del liderazgo de la Mujer Campesina Para la puesta en práctica de este ejercicio, la organización local tiene un papel fundamental como punto de partida y de cohesión colectiva; y de proyección hacia el resto de las comunidades que no están organizadas. Porque ante todo la soberanía alimentaria es una opción que se construye en lo colectivo y en la solidaridad, y solamente desde este lugar se podrá demostrar que es posible y es viable. Para construir la soberanía alimentaria es necesario empezar a vivirla desde experiencias locales y creer en ella para demostrar que es posible. En la idea de reconocer el importante papel de la mujer en este proceso se resignifica y resalta la importancia de su aporte en la vida comunitaria y se fomenta el autoreconocimiento. En éste se incluye el fortalecimiento y la conformación de comités de mujer para promocionar la capacitación y la participación de la mujer en diversos espacios, desde el intrafamiliar, el comunitario y la organización.

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*Recuperación de sistemas de producción tradicionales como las huertas, las que se proyectan ampliar hacia la finca8 integral diversificada autosostenible Se contempla como la materialización de la propuesta productiva de las organizaciones de base, apoyadas en criterios de autonomía alimentaria y productiva, reducción de la dependencia del mercado, principios de agroecología, recuperación de los conocimientos tradicionales, implementación de técnicas de labranza mínima, control biológico; manejo de los pies de cría (con la introducción de cuyes, pollos, cerdos, ovejas, y peces, que se concibe como producción de huevos y carne) y redistribución de los beneficios a otras familias mediante la rotación de semillas y pies de cría; orientados hacia el alcance y disfrute de la soberanía alimentaria y sentar las bases en el mejoramiento de la salud y nutrición de la familia campesina, lo que ha estado acompañado de brigadas de salud y nutrición con las mujeres, niñas y niños. *Establecimiento de reservas comunitarias de semilla en vivo Son espacios en una parcela de una familia que ha adquirido el compromiso con la organización local, de mantener y conservar las semillas recuperadas tanto en su localidad, como las obtenidas producto de los intercambios en actividades. En este sentido se ha propiciado la dinámica que en cada encuentro o reunión se intercambien semillas. *Implementación de Experiencias Piloto de fincas integrales diversificadas autosostenibles En las fincas, cuyas familias han avanzado en esta apuesta, se fortalecen estas fincas como experiencias piloto, en las cuales se realizan actividades de capacitación y se espera que la familia asuma el papel de educador a otras familias. Estas experiencias tienen énfasis ya sea en ganadería, agricultura o especies menores. Además contiene un sistema de abonamiento y un sistema de descontaminación ambiental. 8

Finca es el término empleado para referirse a la Unidad Productiva de las familias campesinas, que generalmente contienen áreas muy pequeñas de tierra.

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*Sistema de abonamiento Comprende la adecuación de un espacio dentro de la Unidad Productiva para preparar abonos orgánicos aprovechando los recursos de la finca y el reciclaje de nutrientes. Esto disminuye la dependencia de insumos externos, ayuda a la recuperación de los suelos y reduce los focos de contaminación ambiental. *Sistema de Descontaminación Ambiental Se ha realizado la construcción de biodigestores o biogás, para la producción alternativa de energía como el biogás mediante el reciclaje de nutrientes garantizando el equilibrio del sistema ambiental y generando material para abono de cultivos. Esto, además de minimizar el impacto ambiental a falta de infraestructuras de saneamiento básico, favorece la economía familiar frente al consumo de energía. *Transformación y comercialización de productos campesinos Se trata de fomentar iniciativas colectivas de transformación y/o comercialización de productos campesinos para generar alternativas de ingresos familiares. Se ha realizado montajes de trapiches paneleros para la producción colectiva de panela. Se realizan actividades de capacitación en torno a productos que respondan a las condiciones climáticas y de suelo de la comunidad que pueden tener fines comerciales como plátano, cacao, caña y café, entre otros. *Educación y Capacitación Estas propuestas pueden ser viables si existe apropiación y compromiso, en ese sentido se hace necesario un proceso educativo permanente entre campesinas y campesinos, y es donde cumplen un papel importante las experiencias piloto lideradas por familias. Dicho proceso involucra a la familia para avanzar en esta transformación desde la unidad familiar a la comunidad. La capacitación se realiza en temas productivos: manejo de ganadería sostenible, recuperación de suelos y aguas; manejos culturales de limpia y producción agrícola; así como también en temas de Derechos Humanos, haciéndose énfasis en Derechos de la Mujer y la Infancia.

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*Actividades de recuperación y transformación de alimentos Éstas han sido desarrolladas por las mujeres, quienes a partir de identificar y recuperar el uso de productos locales, realizan las diferentes formas de preparación de alimentos, reconociendo componentes nutricionales para generar alternativas alimenticias autónomas. Se han realizado recetarios y durante los Encuentros realizados de mujeres se intercambian recetas. *Nutrición y Salud Se han realizado jornadas educativas y de diagnóstico nutricional a mujeres lactantes e infancia en la idea de articular el sistema de producción, a la educación y la salud, buscando alternativas en los recursos locales e identificando casos graves que requieren otro tipo de atención. Lo proyectado para continuar en esta construcción, consiste en vincular cada vez más a la familia campesina e implementar la metodología de Escuelas para Padres mediante visitas a cada parcela, en torno a temáticas de Derechos de la Mujer y la Infancia y Violencia Intrafamiliar, con el propósito de abonar el terreno para la transformación de situaciones de sometimiento de la mujer y la infancia a nivel familiar y comunitario que imposibilitan la construcción de procesos de autonomía y soberanía. Los ejes anteriormente señalados hacen parte de una propuesta colectiva que está en construcción con comunidades campesinas en el departamento del Cauca y que se ha enriquecido y retroalimentado a través de diversas experiencias de comunidades campesinas e indígenas del departamento de Caldas. Este proceso que se enmarca en la lucha campesina, contiene los avances realizados desde los recursos de las comunidades locales, desde lo que se puede construir en la autonomía y la convicción, y de otro lado se mantiene el fortalecimiento de las comunidades campesinas organizadas para lograr avances a nivel de la política pública y de construcción del movimiento popular.

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Bibliografía Breve reseña sobre la historia de las luchas agrarias y legislación agraria en Colombia. Cuadernos de Fensuagro. Escuelas Campesinas. 2004. ECOSUR. Memorias Talleres Prácticos de Preparación de alimentos, resguardo de Tacueyó. 2008. Entrevistas No.2 y No.3. ECOSUR. Fajardo, Dario y otros. El campesinado en la economía y la sociedad colombiana. 2002. Gomez, Sergio: ¿Nueva Ruralidad? Un aporte al debate. www.bibliotecavirtual clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/ estudos/dezessete/gomez17.html Giarraca, Norma. ¿Una Nueva Ruralidad en América Latina? CLACSO. Buenos Aires. 2001. Soberanía alimentaria. Colección Cultura Campesina y Fortalecimiento Organizativo. No.2. Tras las Huellas de la Memoria. FENSUAGRO-FUNDESPERTAR-MINCULTURA.2004.

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Control territorial, control PARA el mercado mundial. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz* Colombia continúa viviendo un conflicto social, político y armado. La estrategia paramilitar del Estado en los últimos 22 años es responsable de cerca del 80% de las violaciones del derecho a la vida y a la libertad personal. A las guerrillas se les atribuye entre el 17 y 20% de responsabilidad en la comisión de daños irreparables a la vida e integridad personal. La política pública económica del gobierno de Álvaro Uribe Vélez vincula los planes y objetivos con la política militar y represiva, denominada eufemísticamente de «Seguridad Democrática» y «Estado Comunitario». Bajo el presupuesto de que «una agricultura débil equivale a un terrorismo fuerte»1, en el fondo tal afirmación redefine el sentido estratégico territorial de la agricultura, concebida como agroindustria y copamiento militar. *

Organización de acompañamiento de Derechos Humanos, que inspira su razón de ser en el marco del derecho Internacional de los derechos humanos, y el carácter humanista evangélico de la dignidad humana y de los pueblos. Acompaña integralmente procesos comunitarios en comunidades u organizaciones afrodescendientes, mestizas e indígenas a través de la formación, la atención psicosocial, la protección y la búsqueda de la justicia, potenciando las propuestas de las comunidades para permanecer en sus territorios. Algunas de estas propuestas son las Zonas humanitarias, las Zonas de Biodiversidad, espacios de refugio provisional, Resguardos Ambientales Humanitarios, y apoya experiencias afirmativas en la búsqueda de verdad, de justicia y de reparación y de salidas políticas negociadas al conflicto armado interno. 1 Discurso de Álvaro Uribe Vélez, Segunda Tertulia del crecimiento económico, Bogotá, Marzo de 2005

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Así, el eslogan de la seguridad «democrática» durante 8 años ha pretendido bajo la militarización de territorios estratégicos en el marco del mercado global redefinir su uso y se significación conforme a los intereses inversionistas. La militarización logra la «confianza inversionista» y posibilita una reconversión del sentido de los territorios rurales. Se trata de brindar garantías para los «derechos» empresariales en agronegocios legales e ilegales, obras de infraestructura y operaciones extractivas de los recursos naturales. Esta idea de seguridad se ha cimentado sobre la negación de la existencia de un conflicto social y armado de más de 50 años. Despojado el análisis de la realidad de una mirada causal se desvincula la ausencia de la reforma agraria de su relación con la violencia socio política. A través de una inversión ideológica de la realidad, la existencia de las guerrillas en Colombia se concibe como el fruto criminal de operaciones externas de vieja data como el comunismo internacional. Despojado el actor contradictor político militar de motivaciones que pretenden transformar situaciones estructurales de exclusión, de imposición en lo político, en lo económico por un modelo de acumulación capitalista, la salida es la militarización integral. La integralidad significa operar no sólo sobre los alzados en armas, sino a quienes se les concibe como su oxígeno o su base. Tanto como la represión, la seducción. La operación represiva con la operación psicológica propagandística y publicitaria que desliga las relaciones causales de los problemas. La sociedad, la población es concebida como blanco de esas lógicas militares represivas-seductoras, sea como actor pasivo víctima o como sujeto activo. La persona, las colectividades se deben al Estado, sus actividades están encaminadas a protegerle de las amenazas terroristas, es un sujeto de deber para que se pueda garantizar el derecho del mercado, de los inversionistas. Así el espacio territorial es concebido más allá de un escenario para la guerra militar que deber ser controlado, en un escenario de resignificación de su sentido material, biótico, espiritual. Se trata entonces de una militarización de la conciencia, de la sensibilidad y de la voluntad

CONTROL TERRITORIAL, CONTROL PARA EL MERCADO MUNDIAL 203 civil. Un cuerpo colectivo que protege al Estado nación de las amenazas. Y éstas se expresan no sólo en lo militar sino en habitantes cuyas concepciones disientan o que habiten corporal-socialmente de un modo distinto los territorios. Ése es el contenido de la expresión «Estado comunitario». Durante estos 8 años la militarización se ha desarrollado bajo tres ejes. MILITARIZACIÓN TERRITORIAL –El aumento del pie de fuerza pasando de cerca de 150.000 efectivos a 459.000, la presencia policial en la totalidad de los 1.200 municipios de Colombia. Ampliación de operaciones de inteligencia –bajo medios legales e ilegales– a sectores disidentes o independientes en la rama judicial, en el legislativo, en las empresas de medios, a organismos no gubernamentales de derechos humanos, organizaciones sociales, realización de actuaciones de saboteo y control. Operaciones tácticas aéreas y terrestres ofensivas y de control de comunicación sobre las guerrillas. –La renovación, ampliación de la injerencia militar externa bajo firmas de Convenios militares oprobiosos, asesorías técnicas, formación en escuelas europeas y estadounidenses que se encuentra en implementación de 7 espacios para el uso de tropas y aeronaves de Estados Unidos, sin contar ya con el apoyo técnico, militar y operativo a través del Plan Colombia I y Plan Colombia II –Consolidación-; y el apoyo técnico también de países de la Unión Europea e Israel. VINCULACIÓN DE CIVILES EN ESTRUCTURAS DE CONTROL MILITAR –Planes operativos de control social con redes de informantes y de cooperantes, pagos con recompensas por información –falsa o no– sobre quienes son concebidos como terroristas. –La presencia militar en los caseríos con la figura de «soldados de mi pueblo», civiles que participan como militares dentro de sus comunidades y el control social territorial con planes asistencialistas y policivos como las familias «guardabosques», que se convierten en civiles que bajo el pretexto de cuidar parques nacionales ejercen control sobre movilidad poblacional.

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–La desmovilización paramilitar de más de 30 mil mujeres y hombres, que bajo un proceso llamado de «paz» institucionaliza la estrategia criminal encubierta del Estado. Se constituyen organizaciones fachadas de civilidad y de paz –pacificación– para el control social en los espacios rural y urbano donde ha existido presencia paramilitar. Constitución de iniciativas productivas –agronegocios– y de seguridad en un modelo de reconciliación con las víctimas del despojo violento y reingeniería en los mecanismos de control para las empresas. CONTROL SOCIAL TERRITORIAL –Ampliación de los ámbitos de operación militar combinando lo represivo y lo social humanitario subordinado –Definición de áreas territoriales de control bajo el modelo de Zona de Rehabilitación. Otorgamiento de facultades de policía judicial, facultades de excepción a los militares sobre las autoridades civiles y restricción a la movilidad de extranjeros, capturas y allanamientos sin orden judicial. Estas regiones de operación estratégica eran los corredores Meta, Guaviare y Guainía, el Urabá antioqueño y el bajo Atrato (Chocó), Catatumbo (Norte de Santander), Valle, Cauca, Tolima, Putumayo, Huila, Caquetá y la región del Sumapaz, además de Sucre y Bolívar. En la presentación realizada por la entonces ministra de Defensa, precisa que el eje de esta política es «precisamente lograr el completo control del territorio por parte del Estado para asegurar el pleno imperio de la ley, la gobernabilidad y por ende el fortalecimiento del Estado de Derecho»3 La fórmula es simple: presencia militar, legalización de la ilegalidad en los territorios estratégicos que generan confianza inversionista» y «desarrollo» en equidad para su habitantes, fórmula técnica del modelo neoliberal. 3

Presidencia de la República, Política de Defensa y Seguridad Democrática, Presentación de la Ministra de Defensa Nacional, Martha Lucía Ramírez, Bogotá, 2002, p. 9

CONTROL TERRITORIAL, CONTROL PARA EL MERCADO MUNDIAL 205 Por lo general estos territorios priorizados por el Estado están ubicados en áreas extensas adjudicadas o en proceso de adjudicación a comunidades afrodescendientes e indígenas o en territorios ocupados por colonos que no han surtido los trámites de titulación en áreas periféricas del país ricas en biodiversidad y en llanura extensa. A los 8 años de aplicación de la política de Defensa y Seguridad Democrática se trazó como objetivos para 2012, la «recuperación» de los territorios por la vía militar, jurídica y social en función del desarrollo de agronegocios, obras de infraestructura, proyectos productivos. En el documento de la «seguridad democrática» se precisa que el «ciclo de recuperación y consolidación» consta de tres fases: a) «la recuperación del control estatal del territorio» por la combinación de inteligencia militar y de actuaciones de la fuerza pública b) «mantenimiento del control estatal del territorio» mediante la ocupación de los territorios por parte de la fuerza pública y mediante la judicialización por parte de los organismos judiciales, de los «miembros de las organizaciones terroristas y a quienes cometan delitos de alto impacto social, según el tipo de manifestación delincuencial» y c) «consolidación del control estatal del territorio», iniciando «proyectos productivos sostenibles de mediano y largo plazo... Los ministerios y demás entidades que participen en los proyectos de atención integral serán coordinados por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, para que estos proyectos sean ejecutados cuando exista el suficiente control territorial…»4. El Ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, en su informe de gestión de enero de julio de 2004, anotó que la política agraria está ligada directamente a la geopolítica de la Seguridad Democrática en Colombia: «Es así como el Presidente Uribe ha afirmado que una agricultura débil, conduce a un terrorismo fuerte, ya que cada vez que se debilita la agricultura lícita, se fortalece la ilícita, y se fortalecen así, las fuentes de financiamiento del terrorismo… Luego, nuestra lucha contra el terrorismo, pasa por 4

Ibid, pp 43-44

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la defensa del trabajo rural…De esta suerte, la agricultura adquiere un valor estratégico geopolítico»5. En el mismo informe, el ministro resalta la palma aceitera, como el principal agronegocio de tardío rendimiento: «Los cultivos de tardío rendimiento, especial fuerza le estamos dando, particularmente a la palma aceitera, donde Colombia ha alcanzado los más altos niveles de productividad en el mundo»6. En consecuencia, según el antes ministro de agricultura y precandidato presidencial en 2010, Andrés Felipe Arias, la política agraria debe estar basada «en la extinción de dominio, y en el fortalecimiento de la Seguridad Democrática a través del incremento de batallones de alta montaña, y de Brigadas Móviles. La idea es ir liberando el territorio e ir sustituyendo el que es liberado con actividad económica formal. Así el `manejo social` del campo se consolida con el aliado natural de la `Seguridad Democrática»7 . El valor estratégico político que en la Seguridad Democrática se le atribuye a la agricultura encuentra en la palma aceitera un cultivo apropiado para el control social de los territorios, tal como se evidencia en la «Estrategia de fortalecimiento de la democracia y el Desarrollo Social» en la que se propone como objetivo fundamental el fortalecimiento de la Política de Seguridad Democrática. Este fortalecimiento se sustenta en la Doctrina de Acción Integral en la que la intervención social del Estado en 53 municipios de Colombia, se hace a través de Acción Social, las Fuerzas militares y los empresarios. En los agronegocios se sostiene que «es de anotar los avances que se han logrado en el tema de proyectos sostenibles enmarcados en cinco líneas productivas principales: café, cacao, caucho, palma de aceite y proyectos forestales»8. 5

http://www.presidencia.gov.co/ministrosII/minagricultura.htm obtenida el 31 de enero de 2008, presentación de informe de gestión, 21 de julio de 2004. 6 Ibid. 7 Citado en Germán Bedoya, «Campesino sin campo», publicado en Plataforma Colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo, Reelección: el embrujo continúa, Antropos, Ltda., Bogotá, septiembre de 2004, pg. 559. 8 Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Justicia y Seguridad, Estrategia de fortalecimiento de la democracia y el Desarrollo Social 2007 2013, febrero de 2007

CONTROL TERRITORIAL, CONTROL PARA EL MERCADO MUNDIAL 207 La Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social, es conocida como Plan Colombia II en la medida que se plantea, también como estrategia para la consolidación de los «logros» del Plan Colombia y aspira a la captación de recursos de la cooperación internacional, especialmente de Estados Unidos. En dicha solicitud, deja de nuevo claro, que su pretensión es el control de los territorios a través, ahora de la Doctrina de Acción Integral (DAI): «La tarea de consolidación territorial es compleja por las características de la amenaza terrorista que padece Colombia.(…) En este sentido, el apoyo a la DAI es un aspecto prioritario en el objetivo de consolidar el control del territorio»9. En la aplicación de la estrategia de control social de los territorios, los Centros de Coordinación de la Acción Integral (CCAI) se constituyen en la instancia que coordina todas las entidades públicas en función de su objetivo. Los proyectos productivos y la inversión social pasan necesariamente por este filtro, integrado por el sector privado, fuerza pública y el ejecutivo, condicionando, en consecuencia, toda gestión productiva y social, incluidos agronegocios como la palma aceitera, a la consolidación del control de territorios: «El CCAI seguirá trabajando para que cada una de las entidades del orden nacional, en coordinación con la FP, las gobernaciones y alcaldías, el sector privado, organizaciones sociales y la comunidad, influyan en los planes de acción y el presupuesto para atender la priorización de estos municipios. De esta forma, se tomarán decisiones de inversión social con criterio de seguridad, y se generará valor público a partir de la coordinación interagencial, especialmente entre los civiles y la FP»10. Un episodio que da buena cuenta de este proceso de consolidación de la Seguridad Democrática ligado al desarrollo del agronegocio de palma aceitera es la entrevista sostenida en julio de 2005 entre el Presidente Uribe y el ex primer ministro de Malasia Tun Mahatir Bin Mohamad. Luego que el presidente de Colombia hablara de las ventajas que para el sector ofrecen las grandes extensiones de tierras disponibles para el agronegocio en territo9

Ibid, p 57 Ibid, p 74

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rio colombiano, el exfuncionario relata cuál fue el proceso adelantado en Indonesia para el control de los territorios, la conquista de los pobladores y el exterminio militar de los «terroristas»: «Al igual que ustedes nosotros teníamos problemas de terrorismo, teníamos guerrillas en las selvas que hacían muchos ataques y alteraban el orden público y la paz. Y en ese tipo de situaciones nosotros no podíamos atraer a los inversionistas (…) Tratamos de ganarnos el corazón y las mentes de los terroristas también, para poderles demostrar que ellos también tienen un interés en el país, que para ellos es mejor dejar su lucha y dejar sus armas, y organizarse, incorporarse y ganarse la vida de forma decente en Malasia (…) Empezamos en 1948, cuando estábamos bajo el régimen británico y solamente terminamos en 1990. Nos tomó 40 años esa lucha para que ellos dejaran las armas y se reinsertaran y dejaran los actos terroristas que estaban perpetrando»11. En una lógica similar, pero en otro contexto, el presidente Uribe liga la tenencia de la tierra de los campesinos al triunfo contra «los violentos». La tierra será para los campesinos, siempre que haya control estatal de los territorios, parece querer decir en la inauguración de una plantación de palma en el Magdalena Medio, apenas iniciaba su primer mandato: «¿Qué se me hizo el Padre de Roux? Él me decía esta mañana que le llamara la atención a los campesinos para que no vendan la tierra. No la vendan. Le llegó el momento a la tierra nuevamente en Colombia. En la medida que derrotemos a los violentos, que los vamos a derrotar, a ellos no les queda más camino, y en la medida que podamos avanzar con estas políticas sociales le llegó el momento a la tierra. Le llegó el momento al campesinado para salir adelante. Hay que difundir en todas partes, Gobernador y Alcalde, que el campesino no venda la tierra. Que vamos es a ayudar a que salga adelante.»12 11

http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2005/julio/21/08212005.htm obtenida el 26 Mar 2008 12 Palabras del presidente Uribe al entregar proyecto de palma africana para el Magdalena Medio Sabana de Torres (Santander), 22 sep de 2002 (SNE).

CONTROL TERRITORIAL, CONTROL PARA EL MERCADO MUNDIAL 209 Esa pretensión se quiere concretar dentro de la segunda fase del Plan Colombia, como lo expresa el mismo presidente: «los cultivos alternativos son una parte importante del Plan, especialmente en aquellas zonas donde la inversión privada no llega, con Caucho, palma africana y ayudar a las Familias Guardabosques y destacó que hay regiones en Colombia donde lo único que se debe hacer como cultivo alternativo es la protección de la selva o ayudar a su recuperación»13. Los documentos oficiales y las intervenciones del primer mandatario de Colombia, abstraen del todo, el papel jugado por la estrategia paramilitar en el control social de los territorios, que contiene evidentes similitudes con las fases de la «Recuperación estatal de territorio» de la aludida «Política de Defensa y Seguridad Democrática», como lo dejaron ver todos los medios de información nacionales, cuando alertaron sobre la «Paramilitarización del país», en septiembre de 2004. Los medios recogieron los informes que durante años elaboraron organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos y sintetizaron el desarrollo del paramilitarismo, identificando cuatro etapas: 1) El terror mediante masacres que marca el ingreso de paramilitares a determinados territorios, generando desplazamientos masivos 2) Los asesinatos selectivos para eliminar los sobrevivientes que persisten en procesos de afirmación de derechos y penetración paulatina en circuitos políticos, económicos y sociales; 3) El trabajo comunitario aceptado por las personas que prefieren no abandonar sus tierras, que se incorporan a proyectos de inversión social y productivos como la palma aceitera 4) la consolidación del dominio real del territorio mediante formas de legalización de las expropiaciones y negocios, recepción de recursos públicos a través de asociaciones tipo ONG.14 Los avances en el control de territorios, en las distintas fases del desarrollo del paramilitarismo y el paso oficial de recuperación estatal en función de agro negocios como la palma aceitera, 13

Entrevista del presidente Uribe con las emisoras del ejército, 9 de febrero de 2007 http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=189129 obtenida el 16 Mar 2008 14 El Tiempo, 26.09.04, pg. 1-8 y 1-11

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están imbricados de manera evidente, como se puede constar en casos específicos del asesinato, desaparición forzada, desplazamiento forzado, siembra de palma aceitera, créditos de la entidad pública Finagro, incentivos palmeros en el Curbaradó; también en la aprobación de generosas leyes que favorecen con créditos, exenciones e incentivos la producción de cultivos de tardío rendimiento, particularmente la palma, aprobados por un congreso de la república del que 30 de sus miembros están en la cárcel y 60 en total están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia, sindicados de vínculos con paramilitares. Sin embargo, tales objetivos, en los últimos 8 años, han estado signados por más de 6.500 detenciones ilegales y arbitrarias, más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales o crímenes a sangre fría de militares que hacen pasar a sus víctimas como guerrilleras, más de un millón y medio de desplazados internos, el reconocimiento de la existencia de más de 50 mil desaparecidos forzados. De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas: «Durante los primeros cinco años de la administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez, se tiene que, por lo menos, 14.017 personas han perdido la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica entre julio de 2002 y junio de 2008. Esta cifra corresponde al período de aplicación de la política de «Seguridad Democrática» promovida por el actual Gobierno colombiano. Entre julio de 2002 y junio de 2008, al menos, 24.802 personas perdieron la vida a causa de la violencia sociopolítica.5 http://www.coljuristas.org/ Portals/0/CCJ%20informe%20NEO.pdf

La obsesión palmera de Uribe en Curvaradó y Jiguamandó Desde 1996 el Estado colombiano conoce denuncias de las comunidades del Curbaradó y Jiguamiandó y de organizaciones de Derechos humanos en las que se le manifiesta que fueron víctimas de desplazamiento forzado mediante asesinatos, desapariciones y torturas y las tierras ocupadas en la siembra de palma aceitera por empresas implicadas con grupos paramilitares que están perfectamente identificadas.

CONTROL TERRITORIAL, CONTROL PARA EL MERCADO MUNDIAL 211 Octubre de 1996 marca el desarrollo de una estrategia militar de ocupación y de desalojo en los límites de Antioquia y Chocó, justo cuando Uribe Vélez es gobernador del departamento antioqueño, implementando el programa institucional de grupos armados privados, conocidos como Convivir, en el que se camufló la estrategia paramilitar al lado del llamado «Pacificador de Urabá», general Rito Alejo del Río Rojas. Al mismo tiempo Uribe promovió la carpeta del plan de desarrollo llamado «La Mejor Esquina de América» en el que se entrecruzan proyectos de infraestructura, de operaciones extractivas de recursos naturales y de agroindustria y ganadería extensiva. Ese plan redefinió el sentido de los intereses estratégicos antioqueños hacia el mercado mundial del noroccidente de Colombia, con Centro, Sur y Norte América, el este de Suramérica y el Pacífico. Así se planteó en medio del desplazamiento de la población y de una crisis sistemática de violaciones de derechos humanos y una profunda crisis humanitaria la construcción de la carretera panamericana, ahora llamada, transversal de las Américas, para romper el llamado «Tapón del Darién» que separa a Colombia de Panamá; el gaseoducto de Ballenas en Venezuela, Costa Atlántica-Chocó con Centroamérica; el proyecto de Interconexión Eléctrica, IIRSA; la extracción mecanizada de recursos forestales; el canal Atrato-Truandó uniendo el Pacífico y el Atlántico y agronegocios de banano, de palma de aceite, y la constitución del Puerto Marítimo de Urabá, de Zonas Francas y de un aeropuerto internacional, entre otros. Seis años después, en 2002, «La Mejor Esquina de América» toma impulsos inusitados en los aspectos de planeación, de estudios de viabilidad y en particular del agronegocio de la palma aceitera para la producción de agrocombustibles. El caso ilustra de buena manera la aplicación concreta de la política agraria concebida como estrategia de control militar en cerca de 100 mil hectáreas. Esa relación entre economía, tierra y seguridad militar integra la militarización, violaciones de derechos humanos, vía judicialización, exacerbación de los medios para lograr sus fines. El presidente Álvaro Uribe renombra estos territorios colectivos con la genérica denominación «Urabá» o «Sur de Urabá». La

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forma de nombrar por sí es excluyente y hace alusión a esa visión «paisa», que pretende negar la existencia del Chocó, del bajo Atrato o que ella está incluida en Antioquia. Es la superposición territorial verbalizada de la colonización. Negar la existencia de un territorio, el bajo Atrato o suponer su existencia al hablar de lo que lo limita el «Sur de Urabá». El recurso discursivo a través del cual se hace percibir la realidad de una determinada manera, oculta la criminalidad estatal. Así, por ejemplo, el nombramiento de un espacio territorial o nombrarlo equívocamente, posibilita ocultar la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad. Hablar del Urabá, del Sur de Urabá es obviar la criminalidad estatal en los territorios colectivos, que es conocida nacional e internacionalmente. Se asegura discursivamente las inversiones, es parte de la «confianza inversionista» de la que habla Uribe. Pero también, el uso del discurso verde, enmascara la violencia y la impunidad, justificando la inversión empresarial. El crimen «se viste de verde» en el agronegocio de los agrocombustibles que Uribe llama biocombustible o biodiesel. Tal discurso verde encubre los daños ambientales en una región concebida como Zona de Reserva Forestal. El discurso institucional se asienta en la idea del progreso, del desarrollo, asegurado por la militarización, la confianza inversionista en el «Estado comunitario». Aquel estadio donde la comunidad se hace sujeto de deberes, de responsabilidad en la seguridad y la economía, donde se usa de ésta, donde se coloniza su mente, su voluntad para disponer de la existencia territorial para los agronegocios. En 2004, Uribe, por ejemplo, motivó la siembra de palma en la región del bajo Atrato, a pesar que una comisión dirigida por el Incoder, constató que el 93% de la palma estaba sembrada ilegalmente en territorios colectivos de los afrodescendientes de Curbaradó. Uribe desconoció lo que su gobierno sabía, que estas familias fueron desarraigadas violentamente desde 1996 y en una serie de fases de represión en 1997, en 1999 y en una operación de tierra arrasada en 2000.

CONTROL TERRITORIAL, CONTROL PARA EL MERCADO MUNDIAL 213 Posteriormente Uribe, en el «Consultorio Empresarial» convocado por la Cámara de Comercio de Medellín solicitó un informe sobre los avances de los cultivos en la región del Urabá «El informe nuestro es que en el sur de Urabá están sembrando cinco mil hectáreas de palma aceitera. ¿Cuántas van ya? Van a ajustar 10 mil en dos años. ¿Cuántas han sembrado ya? 3.500. En regiones como Urabá, el bajo Cuaca, el Magdalena Medio, esto es de gran importancia. El año pasado se sembraron 22 mil en el país. Este año aspiramos que se siembren 30 mil y el 20 de julio vamos a ingresar una nueva exención tributaria al Congreso para que quede exento el biodiesel, que se puede producir a partir del aceite de palma , a fin de darle vía libre a que el país no tenga demoras en sembrar 600, 700 mil hectáreas de palma africana. El Gobierno encontró 170 mil». [1] En la inauguración, en octubre de ese año, de una hidroeléctrica en Frontino, Antioquia, motivó a los empresarios del banano a continuar con la expansión de la palma, sin nombrar al bajo Atrato, pero refiriéndose a él, pues no existe otro lugar en el nor occidente de Colombia en donde se desarrolle tal agroindustria. Uribe manifestó: «Por ejemplo, el sector privado, necesita en Urabá, para los cultivos de banano y para otros cultivos que empiezan a ser muy prósperos en la región como Palma africana, generalizar el riego por goteo. El Gobierno Nacional le va a prestar al sector privado bananero un dinero importante para su sistema de riego. Ése puede ser un gran socio»[2]. Y ese mismo mes, a pesar del conocimiento del recrudecimiento de la estrategia paramilitar en el Jiguamiandó y del control absoluto de tipo paramilitar en Curbaradó aseveró claramente a empresarios de Medellín, que Urabá se empezaba a beneficiar con la política de promoción de palma aceitera de su gobierno. Mientras Uribe Vélez esto expresaba, se realizaba una segunda comisión de verificación dirigida por el Incoder, que constataría la información ya recogida sobre la apropiación de esos terri[1]

Palabras del presidente Uribe Durante el Consultorio Empresarial, Cámara de Comercio de Medellín 30 de abril de 2004. www.presidencia.gov.co/prensa_new/ sne/2004/abril/30/24302004.htm - 60k [2] Frontino Antioquia, 26 de octubre de 2004

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torios por parte de empresarios para el desarrollo del agronegocio, del uso de mecanismos fraudulentos y de la violencia ejercida con estos propósitos. Semanas después, la única exigencia del gobierno a las organizaciones humanitarias fue pedir copia de los videos grabados por las organizaciones de derechos humanos, en particular, el de la Comisión de Justicia y Paz, en donde se aprecian operaciones paramilitares y la labor de personas ligadas al gobierno de Uribe, en el servicio diplomático, como Ignacio de Guzmán, hoy jefe de campaña del candidato Vargas Lleras. En ese momento, ya el Washington Post se refirió al tema en un extenso artículo y gracias a la resistencia de la gente que iba regresando en las constituidas Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, y conocida la situación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una peregrinación internacional, se iba desenredando la tramoya palmera. A pesar de tanta evidencia, el primer mandatario al referirse al bajo Atrato expresó: «Urabá se empieza a beneficiar de nuestra política de la promoción de la palma africana, que tiene un gran futuro para producir combustibles biológicos».[3] Un discurso verde, ambiental ocultaba la criminalidad. En mayo de 2006, el presidente de la República anunciaba con entusiasmo a los empresarios de Antioquia que la palma del «Sur de Urabá» ya estaba a punto de cosecha para la extracción de aceite y le propuso su uso en el Atrato. Para esta fecha, ya se conocía el informe del Incoder que reconocía la siembra de palma en territorios colectivos (15 de marzo de 2005); la Directiva 008 del Procurador General de la Nación que pedía al gobierno resolver la problemática de tierras en el Curbaradó (21 de abril de 2005); la resolución 039 de la Defensoría del Pueblo que solicitaba que se detuvieran todas las actividades relacionadas con el agronegocio en el Curbaradó y Jiguamiandó (junio de 2005). Simultáneamente las estructuras paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas se desmovilizaron como parte de una reingeniería [3]

Encuentro ‘Colombia, democracia y paz’ 26 de octubre de 2004 (MedellínAntioquia) http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/discursos/discursos2004/ octubre/encuentro.htm

CONTROL TERRITORIAL, CONTROL PARA EL MERCADO MUNDIAL 215 militar pero también con el propósito del desarrollo del Proyecto de Alternatividad Social, Paso. Entre otros, el del control social territorial a través de la cooptación de consejos comunitarios y organizaciones de base, la creación de otras para el desarrollo de agronegocios, asegurados con desmovilizados o la fuerza pública. No obstante estas realidades, los informes institucionales y el proyecto Paso, el presidente instó a los empresarios al agronegocio de la palma: «Yo le voy a hacer una sugerencia para que la discutan en este simposio. El sur de Urabá está próximo a iniciar la producción de aceite de palma. Yo creo que ése podría ser el combustible para utilizarlo no en mezcla sino en un ciento por ciento en plantas de los municipios ribereños del Atrato».[4] Y finalmente agregó en una visión futurista: «Colombia puede pasar de 300 mil hectáreas de palma africana a 6 millones» En septiembre de 2006 en un consejo de seguridad en Carepa, Antioquia, en presencia de varios ministros de su despacho, empresarios y autoridades locales Uribe Vélez manifestó, como lo reseñó el Ministerio de Defensa: «Finalmente, en lo referente al tema de cultivos de palma africana que hay en el sur de la región, el Jefe de Estado expresó que allí se necesita una clarificación de títulos, la cual se espera adelantar en las próximas semanas, para después concretar un acuerdo ‘de muy buena fe entre empresarios y las comunidades afrodescendientes, para llegar a una exploración racional de la palma africana en esa zona, que le ayude a todo el mundo a generar ingresos, aplicar tecnología, a generar empleo, eso necesita un gran proceso de concertación y los vamos a impulsar’».[5] En 2007, el presidente Álvaro Uribe continuó asumiendo la problemática situación de los cultivos de palma con el monocultivo con el genérico «sur de Urabá». En coherencia con su discurso estratégico, engaño, plantea que tienen la disposición de impulsar una solución a la problemática generada por «paramilitares y guerrillas». Así Uribe distorsionó la realidad, volviendo a la tesis de [4] II Simposio internacional de energía y frontera en el sector rural 24 de julio de 2006 (Medellín-Antioquia) [5] http://www.mindefensa.gov.co/index.php?page=181&id=4486 obtenida el 9 de julio de 2008

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dos demonios, transfiriendo la responsabilidad a «actores ilegales» ocultó la responsabilidad en la construcción del paramilitarismo y en el despojo violento para la siembra de palma. Igualmente, Uribe no hizo alusión a que los palmeros de la región de bajo Atrato, beneficiarios del paramilitarismo, a través de medios fraudulentos accedieron a créditos e incentivos de Finagro. También, olvido decir, que el emporio empresarial cuenta con la protección permanente de, en ese momento, desmovilizados y militares de la Brigada 17 del ejército, y ahora de la brigada 15. Independientemente de la voluntad de las comunidades afectadas por el agronegocio, el presidente persiste en mantener la palma aceitera. Se anunció que la concertación siempre ha estado subordinada a la permanencia de la palma aceitera sembrada en los territorios colectivos, luego del despojo, no está en discusión la ilegalidad ni la criminalidad, está en discusión cómo sostener el agronegocio. «Encontramos un problema grave con tierras de consejos comunitarios negros al sur de Urabá, lo estamos superando, allí hubo de todo, presiones de la Farc, robos de la Farc, presiones de los paramilitares, robo de los paramilitares. Estamos devolviendo toda esa tierra a sus dueños, los consejos comunitarios negros y estamos impulsando unas alianzas estratégicas entre ellos e inversionistas para poder continuar el desarrollo de palma africana, pero sin el despojo al consejo comunitario»[6] Las Alianzas Estratégicas, ya implementadas ilegalmente por los empresarios de la palma de esta zona del país desde 2001 con constitución de asociaciones campesinas, falsificación de documentos públicos, para intentar legalizar la ocupación violenta de esas tierras, es dejada de lado por Uribe. En diciembre de 2007, hablando nuevamente a los empresarios en Medellín, les llamó fuertemente la atención por no aprovechar las ventajas de la política de zonas francas para la exención de impuestos e instó a hacer uso de este incentivo para la palma aceitera, obviando la conocida problemática: «Sobre el tema de [6]

http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2007/mayo/22/11222007.htm obtenida el 22 de junio de 2008

CONTROL TERRITORIAL, CONTROL PARA EL MERCADO MUNDIAL 217 los biocombustibles, la idea es expandir la zona productora de palma africana en el sur de Urabá, ante la gran posibilidad que tiene la región para el desarrollo de proyectos de biodiesel»[7] La implementación de una política pública agraria para hacer fuerte el campo, en materia de palma aceitera y «biodiesel» se ha impuesto por encima de las arbitrariedades e irregularidades, que entidades del propio gobierno, y dos del Ministerio público, en la que se establece la ocupación violenta e ilegal de territorios colectivos por parte de empresarios de la palma. Para Uribe condiciones como las de la tenencia ilegal y violenta de las tierras, las violaciones sistemáticas de derechos humanos, no son parte de su política. Ni siquiera el reciente auto de la Corte Constitucional en mayo de 2010, que impidió la restitución de la propiedad a las comunidades negras, porque se iba a realizar en medio de una polémica legitimación y legalización de los intereses empresariales con un consejo comunitario realizado a la medida de los victimarios ha valido para que cese su obsesión. Uribe manifestó públicamente en relación con el Auto que debe entregarse antes del 7 de agosto fecha en que termina su mandato. Así pretende hacerse a un lado del Auto que fija unos plazos para la restitución de la tierra, en condiciones de identificación precisa de los habitantes de Curbaradó y Jiguamiandó. En esa misma intervención, el 21 de mayo en el marco de la afrocolombianidad Uribe manifestó: «me parece muy grave que vengan nuevos conquistadores, así se hagan llamar ONG, a disociar y a crear más problemas. La comunidad ha visto que el gobierno es su defensor frente a ese fraude, que se dejó cometer en el pasado con las tierras en Curvaradó y Jiguamiandó». Su obsesión le impide observar sus propias incoherencias, sus contradicciones, y constatar su propio cinismo. La obsesión por los agrocombustibles lo hacen preso del olvido estratégico, su memoria «inversionista», es la de impunidad y la de una criminalidad que pretende legalizar la ilegalidad, legitimar la ilegitimidad. [7]

«Presidente Uribe pide a bananeros de Urabá aprovechar esquema de zonas francas» http://web.presidencia.gov.co/sp/2007/diciembre/12/09122007.html

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Uribe desconoce públicamente que durante los últimos 14 años, en parte en su gobernación y ahora en su presidencia, se desata un plan sistemático de exterminio de la población. Luego de la violencia estatal y su estrategia paraestatal, con el logro del despojo violento, la colonización empresarial, protegida por el paramilitarismo y la fuerza pública, con la finalidad de imponer una economía a gran escala, basada en agronegocios de palma, de banano, de ganadería extensiva, extracción minera, y de obras de infraestructura eléctrica y vial con altísimos costos humanos, el exterminio de comunidades originarias, y con daños ambientales irreparables en la Zona de Reserva Forestal del bajo Atrato . Mientras sus planes antes de dejar su gobierno es lograr focalizar recursos o presupuesto de la nación hasta 2017 brindando la seguridad inversionista para el capital nacional e internacional, de modo que los próximos gobiernos sean simplemente administradores de la «seguridad democrática y del Estado Comunitario», hace caso omiso de las decisiones judiciales, cuando expresa ante una decisión de la Corte Constitucional de impedir una restitución de la propiedad colectiva a manos de los empresarios beneficiarios del paramilitarismo, que deberá hablar para lograr modificar el Auto que posterga la entrega de tierras luego de que termine su mandato. Pero también, oculta con sus expresiones mediáticas, la decisión de la Fiscalía del pasado 18 de mayo, inicialmente una decisión inédita, llamada del capítulo de la paraeconomía, con la medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional de 25 empresarios y algunos paramilitares por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir, usurpación de tierra y delitos contra el medio ambiente cometidos en Curvaradó y Jiguamiandó.[8] La Resolución evidencia la responsabilidad de los empresarios de la palma y de la ganadería extensiva, así como de funcionarios públicos que por su acción u omisión favorecieron la ideación, realización y ejecución de los delitos investigados (aprobaron créditos, conceptos y licencias). [8]

http://justiciaypazcolombia.com/Un-avance-aunque-no-cesa-la

CONTROL TERRITORIAL, CONTROL PARA EL MERCADO MUNDIAL 219 Pese a ello, pasados más de 5 años desde que los representantes legales de los consejos Comunitarios de las cuencas del río Curvaradó y Jiguamiandó presentaran la denuncia penal, aun no existen decisiones de fondo, resoluciones de acusación o juzgamientos en contra de los responsables y no se investigan la totalidad de 142 crímenes de lesa humanidad, 15 desplazamientos forzosos. Por eso, en la actualidad se encuentra en trámite ante el sistema interamericano y ante la OIT el caso de los consejos comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad. Esta decisión de la Fiscalía, más el auto del pasado 18 de mayo de la Corte Constitucional que obstaculizó la restitución ilegítima de predios colectivos para favorecer a los empresarios, más la audiencia de la Corte Interamericana, recientemente celebrada, han generado la reacción de Álvaro Uribe Vélez acusando a la Comisión de Justicia y Paz de generar divisiones y de colonizar a la población. Así poco se puede esperar de una restitución real y material del territorio, los factores de poder a pesar de estas decisiones siguen activos en las decisiones del ejecutivo y en la persistencia de la estrategia de control social paramilitar que se desarrolla en el bajo Atrato en medio del conflicto armado interno. Las obsesiones de Uribe son la expresión de la decadencia del Estado de Derecho, son la manifestación de los límites de las democracias liberales en que el poder real, es el poder del capital, sus lógicas de operación y de instrumentalización de la vida y del territorio para el mercado mundial. Obsesiones que matan, que reproducen la muerte, que legitiman la muerte.

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La lucha campesina en Palestina UAWC, Union of Agricultural Work Committees - Unión de Comités de Trabajo Agrícola La Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC) es una ONG palestina de desarrollo sin ánimo de lucro. UAWC no tiene afiliación religiosa ni política de ningún tipo. Fue creada en 1986 en Jerusalén y comprende varias delegaciones en Cisjordania y la Franja de Gaza1. Es una entidad independiente de conformidad con la Ley de ONGs y Organizaciones Benéficas Palestinas. Su objetivo es la mejora de los ingresos que obtienen los agricultores de los productos agrícolas, así como la mejora y el aumento de la cantidad y la calidad de los productos agrícolas. Dado que las tierras palestinas han sido y siguen siendo objetivo de los planes de ocupación israelíes y sionistas, UAWC considera el desarrollo y mejora del sector agrícola como uno de los principales medios para defender y proteger las tierras de la confiscación y ocupación israelí. UAWC lucha incansablemente por establecer una política de desarrollo agrícola que pueda mejorar y desarrollar el sector agrícola, y que pueda proporcionar un nivel aceptable de seguridad alimentaria, y eliminar la pobreza en las zonas rurales, especialmente en el caso de los pequeños agricultores. UAWC cree que los esfuerzos combinados de las ONGs e instituciones gubernamentales involucradas en el sector agrícola au1

Cisjordania y Gaza son los territorios bajo control Israelí donde vive la mayoría de la población palestina, de pobladores de estos territorios, junto con la población, desplazada, refugiada y expulsada de los territorios hoy considerados Israel que sufre el control y la ocupación colonial israelí.

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mentarán drásticamente la contribución de este sector al Producto Nacional Bruto. UAWC opina que la forma más adecuada para ello es funcionar como una ONG, al objeto de lograr sus metas de desarrollo en asociación y cooperación con otras organizaciones de desarrollo. UAWC busca alcanzar muchas metas propias. Estas metas consisten en preservar las tierras palestinas y protegerlas de las confiscaciones israelíes mediante recuperación y cultivo de la tierra, así como animar a los agricultores a invertir en sus tierras y mejorar el rendimiento de los agricultores concienciándolos y proporcionándoles orientación, formación y acompañamiento. Además, tiene como objetivo ayudar a agricultores a comercializar sus productos en los mercados nacionales e internacionales, así como intentar limitar el índice de pobreza en las áreas rurales palestinas proporcionando oportunidades laborales. UAWC también está implicada en la capacitación y el empoderamiento de las mujeres rurales fomentando el papel participativo de las mujeres palestinas en el proceso de desarrollo. Además, UAWC percibe como uno de sus objetivos la protección y preservación de la integridad del entorno agrícola y el desarrollo de fuentes de agua para uso agrícola. UAWC es miembro de: la Red Palestina de ONGs, el Consejo Palestino del Aceite, el Consejo Palestino de la Uva, la Red Palestina de Organizaciones Medioambientales, la Red Palestina de Comercio Justo, el Consejo Nacional de Resistencia a Organismos Genéticamente Modificados, la Campaña Nacional de Resistencia al Muro del Apartheid, comités de coordinación agrícola en los gobiernos palestinos, y es miembro de diferentes y diversos comités implicados en el desarrollo agrícola. UAWC también mantiene unas relaciones y asociaciones excelentes con varias organizaciones internacionales que apoyan a la nación palestina, y tiene lazos estrechos con el Ministerio de Agricultura palestino. PROGRAMAS DE LA UAWC —Programa de Servicios Agrícolas —Programa de Derechos de los Agricultores -Defensa y grupos de presión

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—Programa de Respuesta de Emergencia, especialmente en casos relacionados con la eliminación del desempleo y la pobreza y el aumento del nivel de alimentación. —Programa de Capacitación y Empoderamiento de la Mujer Rural —Mejora de los Recursos Económicos y las Capacidades Organizativas de la UAWC VISIÓN DE LA UAWC Mantener una sociedad agrícola que tenga garantizada la alimentación y esté firmemente conectada a su tierra en un estado palestino independiente libre, contribuyendo de una manera eficaz a la vida social, política y económica sin discriminación. MISIÓN DE LA UAWC Mejorar las condiciones de vida de la sociedad agrícola palestina, dentro de un marco global de desarrollo rural sostenible, de una forma que aumente la autosuficiencia y active el papel de los comités agrícolas locales y el concepto de trabajo voluntario y de equipo. OBJETIVOS DE LA UAWC 1-Mejorar los ingresos agrícolas de la sociedad rural. 2-Proteger los derechos, tierras y suministros de agua de los agricultores de todas las políticas marginadoras y desastres naturales. 3-Responder a emergencias, especialmente las relacionadas con la pobreza, el desempleo y el nivel de la alimentación. 4-Contribuir a apoyar y empoderar a las mujeres rurales. 5-Mejorar la eficacia de la Unión para lograr su visión.

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Valores y Principios de la UAWC Valores

Principios

Credibilidad: La Unión se considera plenamente responsable de ofrecer servicios agrícolas eficientes a los agricultores y acondicionar sus tierras de un modo que les permita sacar el mayor provecho que puedan de ellas. Esto podría lograrse a través de un uso eficaz y juicioso de los fondos recibidos de los donantes para servicios agrícolas. Así, la Unión se hace responsable de esto tanto ante los agricultores como ante los donantes.

Gestión de proyectos: A pesar de que la Unión es una organización sin ánimo de lucro con una visión con orientación social, administra sus proyectos como si tuvieran fines lucrativos. En realidad ésta se considera la principal base de gestión, en lo que respecta a los proyectos, lo que se refleja en todos los demás principios de la Unión.

Compromiso: La Unión se compromete a proporcionar tanto apoyo como sea posible a los agricultores, así como mejorar su agricultura y hacer realidad el mayor número posible de las necesidades y objetivos, tanto suyos como de la Unión.

Sostenibilidad y Autonomía: La Unión tiene como objetivo proporcionar servicios agrícolas sostenibles; por consiguiente, las decisiones metodológicas y de procedimiento de la Unión dependen de las necesidades de los agricultores y de cuánto contribuyan esas decisiones a su autonomía.

Trabajo en equipo: La Unión busca obtener resultados a todos los niveles en términos de cooperación con socios y donantes internacionales que trabajen en la agricultura y con los agricultores locales. Esto se hace a través del personal de la Unión y de grupos de comités agrícolas.

Independencia: La Unión recibe fondos de donantes pero su objetivo es depender de sí misma. Además, su meta principal es basar sus servicios en las necesidades de los agricultores más que en las preferencias de los donantes. Por tanto, para miembros de la junta se selecciona a profesionales del sector privado.

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Valores

Principios

Excelencia: La Unión sobresale por el alto nivel de su visión, estrategias, programas, personal, trabajo de equipo, cooperación, reglas administrativas y respuesta a las necesidades de los agricultores.

Responsabilidad en las relaciones con los agricultores: La Unión cree que no hay agricultor malo, sino malos proyectos, en el sentido de que la institución no culpa al agricultor en caso de tener problemas agrícolas. Sin embargo, los agricultores son responsables de proseguir y ocuparse de los diferentes proyectos.

Innovación: La Unión siempre busca lograr formas de garantías, planes y normas que reflejen las mejores ideas mundiales en relación

Pilar de Servicios: La Unión es una sociedad agrícola que proporciona sus servicios a los agricultores en todos los terrenos agrícolas.

Confianza: La Unión busca crear confianza en su relación con los agricultores a través de la comunicación y la conexión. con los servicios de los agricultores.

Amplia Dispersión: La Unión cree que para lograr un impacto positivo en la vida de los agricultores de Palestina es importante llegar a miles de agricultores que poseen pequeños terrenos, y proporcionarles servicios agrícolas. Énfasis en la mujer: La Unión cree que las mujeres tienen un papel fundamental en el restablecimiento de la sociedad palestina. Por tanto, creemos en la propagación y el aumento de la conciencia medioambiental, agrícola, económica y social entre las mujeres palestinas, especialmente las de las zonas rurales.

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Introducción En 1948, el mismo año en que se implementaban las leyes del Apartheid en Sudáfrica, los invasores sionistas libraron una guerra contra la tierra y las gentes de Palestina. Asesinaron a más de 13.000 Palestinos y desplazaron a más de 750.000 habitantes, convirtiéndolos en refugiados. Más de 400 pueblos palestinos fueron destruidos y más de la mitad de la tierra de Palestina fue robada por invasores extranjeros. Estos invasores declararon un Estado en esta tierra robada y así es como nació Israel. En 1967, Israel invadió más terrenos, esta vez tomando posesión de Gaza, el Sinaí, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Otros 200.000 palestinos fueron desplazados, y el número de refugiados palestinos hoy en día asciende a más de 6 millones. Israel se retiró finalmente del Sinaí egipcio en 1979, pero anexionó ilegalmente los Altos del Golán sirios en 1982. Y en Palestina, Israel continúa ocupando Cisjordania y Jerusalén Este, y ha seguido hasta hoy con el control militar de Gaza. Incluso aunque la población refugiada tenga el derecho humano legal y básico a volver a sus tierras y hogares, Israel impide el regreso a los refugiados palestinos, ya provengan de áreas dentro de la «Línea Verde» ahora conocidas como Israel, o de la zona dentro de los Territorios Palestinos Ocupados. Israel ha implementado muchas leyes y normativas que deniegan los derechos humanos básicos de los palestinos. El bloqueo ilegal de Gaza y el cierre de las fronteras impiden a los palestinos entrar o salir. Los palestinos de Cisjordania no pueden visitar a sus parientes en Gaza y viceversa. Los palestinos sin un carné de identidad de Jerusalén tienen que obtener un permiso especial de los israelíes para entrar en Jerusalén, la capital cultural y espiritual de Palestina, y este permiso les es a menudo denegado. Los controles y barreras militares israelíes dificultan los viajes incluso dentro de Cisjordania. Donde Israel muestra mejor su intención de tomar toda Palestina es a través de su política ilegal de asentamiento. Hay más de 150 asentamientos exclusivamente para israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este. Estos asentamientos son ilegales según el derecho

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internacional, que declara que una potencia ocupante no puede transferir a su población a territorio ocupado. Israel ha construido una extensa red de autopistas en terreno palestino, conectando los asentamientos, y no se permite a los palestinos usar esas carreteras. Israel sigue confiscando más y más terreno palestino para la expansión de los asentamientos. Los asentamientos están protegidos por el ejército israelí. Los propios colonos van a menudo armados y se sabe que aterrorizan a la población palestina, arrancan los olivos y prenden fuego a los terrenos agrícolas, a menudo bajo la mirada vigilante de las Fuerzas de Defensa de Israel. Aunque los asentamientos son ilegales, la comunidad internacional no ha hecho nada para detenerlos, y el Primer Ministro israelí ha declarado abiertamente la intención de Israel de continuar expandiéndolos. En 2002, Israel comenzó la construcción ilegal del Muro del Apartheid. Este muro atraviesa Cisjordania, y con ello, Israel confisca incluso más terreno, separando a muchos agricultores y agricultoras de sus propios campos, y restringiendo aun más los viajes. Israel deniega a la población palestina el derecho humano básico de expresarse y organizarse y oponerse a la ocupación ilegal. Muchos líderes nacionales palestinos, de todo el espectro político, han sido detenidos. Hoy en día hay más de 10.000 prisioneros políticos palestinos en las prisiones israelíes. Israel usa esto como un medio de suprimir la disidencia y disuadir a la población palestina de las demandas por sus derechos humanos básicos. Un sorprendente 20% de todos los palestinos de Cisjordania y Gaza han sido detenidos en algún momento de sus vidas. Además del pasado y continuado robo de terreno palestino, Israel también controla y limita rigurosamente la disponibilidad de una de las necesidades y derechos humanos básicos: el agua. Israel controla y desvía gran parte del suministro de agua de Cisjordania a los asentamientos e incluso a los israelíes dentro de la «Línea Verde». Esto tiene un impacto considerable sobre la agricultura. La agricultura es un componente muy importante de la vida y la economía palestina, proporcionando alimentos y empleo. Los retos normales a los que se enfrenta la comunidad agrícola, como

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son el cambio climático y la sequía, se agravan por la realidad palestina, que sufre ataques brutales y explotados por una ocupación militar extranjera.

Importancia de la Agricultura en Palestina La agricultura ha desempeñado tradicionalmente un papel vital en la sociedad palestina y su economía. La propaganda israelí declara que los israelíes trajeron vida agrícola a la tierra, pero los palestinos poseen una rica historia de cultivo y producción. Palestina es conocida por muchos productos agrícolas, incluyendo aceitunas, naranjas, limones y muchas otras frutas y verduras. La rica historia agraria palestina echa por tierra las ridículas afirmaciones israelíes de que su presencia en Palestina es necesaria para proteger el medio ambiente y ofrecer empleo a los palestinos. Los palestinos han estado «haciendo florecer el desierto» durante siglos antes de la llegada de los ocupantes. La producción agrícola local de Palestina logra la autosuficiencia en la mayoría de las verduras, aceitunas, aves de corral y huevos. Por el contrario, sólo la producción local satisface el 75% de las necesidades de carne roja, mientras que el 85-90% del trigo ha de ser importado, dependiendo de la cantidad anual de lluvia. Históricamente, la agricultura ha proporcionado el mayor número de empleos en Palestina, ya que la mayoría de los palestinos dependían de la agricultura como una fuente secundaria de ingresos. La proporción de empleo dentro del sector agrícola aumentó de un 11,5% en 1996 a un 14,2% en 2008, y su contribución al PIB aumentó de 6,4% en 1997 a 8,2% en 2008. Tras la segunda Intifada, la mayoría de los palestinos que perdieron sus trabajos en Israel se dedicó a la agricultura. Asimismo, cuando los salarios del sector público fueron recortados durante el periodo 2006-2007, una porción considerable de los empleados de la Autoridad Nacional Palestina recurrieron a la agricultura. Además de esto, el sector agrícola es uno de los principales proveedores para la creación de empleo formal e informal, especialmente para la mujer.

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Destrucción de hogares y terrenos agrícolas palestinos En su continuo esfuerzo por expandir su control y tomar toda Palestina, Israel destruye tierras y derriba hogares. Los palestinos tienen que obtener permiso de Israel para construir en su propia tierra. Sin embargo, Israel ha denegado sistemáticamente los permisos de construcción a los palestinos en más del 60 por ciento de Cisjordania (conocida como «Área C»), afirmando que las áreas están calificadas como zona verde y no son urbanizables. Mientras se han denegado los permisos a los palestinos, Israel ha construido decenas de miles de casas y otras infraestructuras para uso exclusivo de los colonos israelíes en terrenos palestinos calificados como zonas verdes. Cuando los palestinos construyen sin un permiso, en lugar de limitarse a imponer multas o expedir los permisos, la ocupación israelí destruye el edificio, ya se trate de un hogar o un negocio. De hecho, Israel ha demolido miles de hogares palestinos y otras estructuras en los Territorios Ocupados por «falta de permiso de construcción» o por «necesidad militar». Israel reivindica la «necesidad militar» cuando quiere confiscar terreno, incluyendo la «tierra de nadie» alrededor de los asentamientos y las autopistas exclusivas para colonos. Entre 1967 y el comienzo de 2009, Israel ha demolido más de 24.100 hogares de palestinos y otras estructuras en Cisjordania ocupada, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, produciendo el desplazamiento interno de más de 128.00 Palestinos dentro del Territorio Palestino Ocupado desde 1967. Más de 3.000 estructuras de propietarios palestinos en Cisjordania tienen órdenes pendientes de demolición, que pueden ser ejecutadas inmediatamente sin previo aviso produciendo nuevas olas de desplazamiento. Israel también viola el derecho internacional destruyendo los hogares de familiares de palestinos implicados en actividades de resistencia frente a la ocupación israelí. Aunque Israel afirma haber cesado las demoliciones «punitivas» de hogares, todavía existen ejemplos de dichas demoliciones. La práctica viola tanto el derecho internacional humanitario como la legislación sobre derechos humanos, y es discriminatoria a la vez que ilegal. La de-

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molición de casas ha sido utilizada de modo rutinario contra los palestinos y los israelíes árabes, mientras que prácticamente no se usa nunca contra los israelíes judíos. Los desahucios forzosos y la demolición de estructuras de propiedad palestina, han sido una pauta continua por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, para ejercer ilegalmente el control sobre la máxima cantidad de terreno con un número mínimo de palestinos, e implantando asentamientos exclusivamente judíos. Además, hay demoliciones militares en las que se derriban estructuras palestinas para limpiar el área con un objetivo militar sin especificar. La misma pauta se aplica a la destrucción de grandes áreas de terreno agrícola y huertos, que ha privado a algunas de las comunidades palestinas más vulnerables de su principal medio de vida. En Gaza, los agricultores no han podido recuperarse de los continuos asaltos israelíes. Tras la Operación Plomo Fundido2, un bloqueo continuado, un acceso restringido a áreas agrícolas vitales, una prolongada tensión respecto al agua y un deterioro de la calidad del agua, la comunidad agrícola de la Franja de Gaza sigue al borde del colapso. En sólo un año, el número de personas empleadas en la agricultura descendió un 60 por ciento. Junto con daños directos a bienes agrícolas por valor de aproximadamente 180 millones de dólares americanos, las familias que dependen de la agricultura han agotado sus opciones de mantener su medio de vida. Los ciudadanos palestinos de Israel también han estado sometidos a políticas dirigidas al desposeimiento y el desplazamiento desde el establecimiento del estado israelí en 1948. Las primeras olas de desplazamiento interno obligado que fueron llevadas a cabo por Israel en la Guerra de 1948 y el periodo inmediatamente posterior, han producido el desplazamiento interno de aproximadamente 335.000 ciudadanos palestinos de Israel y sus descendientes. Hasta la fecha, el estado de Israel sigue impidiendo a estas comunidades palestinas volver y recuperar sus propiedades. Aunque todas las comunidades palestinas dentro de Israel son vulnerables al desplazamiento forzado en base a su nacionalidad, 2

Ataques militares de Israel en diciembre de 2008 y principios de 2009 contra la franja de Gaza

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el Beduino palestino (las comunidades de pastoreo) y los palestinos de las «ciudades de población mixta» se encuentran particularmente en riesgo de sufrir un desplazamiento forzado. Entre el año 2000 y 2007, más de 3.000 estructuras de propietarios palestinos fueron demolidas, perteneciendo la mayoría de ellas a beduinos residentes en los pueblos no reconocidos del Naqab (Negev).

Crisis del Agua Desde el comienzo de la ocupación de 1967, la demanda de agua de los palestinos ha aumentado considerablemente debido al crecimiento de la población. Sin embargo, el estricto control que ejerce Israel sobre el sector del agua en los Territorios Ocupados ha impedido que el desarrollo satisfaga la creciente demanda de agua, causando una escasez de agua y una crisis de la calidad del agua. Los asentamientos israelíes ilegales controlan más del 40% de los Territorios Ocupados (incluyendo la mayoría de sus tierras fértiles y acuíferos) y desvían los escasos recursos hídricos de los palestinos a proyectos de asentamiento y urbanización destinados a israelíes solamente. Tres millones de palestinos de Cisjordania usan solamente 250 millones de metros cúbicos al año mientras que los 500.000 colones israelíes tienen asignados 1.450 metros cúbicos de agua por persona al año. Algunos asentamientos incluso venden la misma agua que roban a los pueblos palestinos cercanos. Mr. Katz-Oz, el negociador de Israel sobre asuntos hídricos, dejó clara la política discriminatoria de Israel cuando declaró: «No hay razón para que los palestinos afirmen que simplemente porque estén en las tierras, tengan derecho a esa agua.» Empresas israelíes tales como Carmel Agrexco obtienen enormes beneficios de la producción colona de fruta y verdura que requiere un intenso riego, causando la degradación del entorno y la pobreza de los agricultores palestinos privados de su suministro de agua. Los colonos también contaminan habitualmente los recursos hídricos palestinos vertiendo aguas residuales. Esto es parte de un intento deliberado de animar a los palestinos a marcharse.

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SUMINISTRO DE AGUA DISCRIMINATORIO E INSUFICIENTE Desde la ocupación de 1967 de Cisjordania y la Franja de Gaza, Israel ha instituido una división desigual del agua superficial y el agua subterránea compartida. El agua en los territorios palestinos ocupados ha sido totalmente incorporada al sistema de gestión de recursos hidráulicos israelí en beneficio general de Israel y en perjuicio de los palestinos. Alrededor del 70% del agua subterránea de la que depende Israel y el 40% de su suministro anual de agua dulce se origina en los territorios palestinos ocupados. Del agua disponible de los acuíferos de Cisjordania, Israel usa un asombroso 73%, los asentamientos judíos ilegales usan otro 10%, y los palestinos de Cisjordania se limitan a un mero 17% del agua que se origina en su propio territorio. Esta política israelí deliberada de limitar el agua a los palestinos produce que el consumo medio de agua diario per cápita de los palestinos de Cisjordania sea solamente de dos tercios de la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se permite a los colonos israelíes en Cisjordania cinco veces más agua que a la población palestina. Dentro de Israel, el consumo israelí de agua es de 350 litros por persona al día comparado con los 60 litros por persona para los palestinos en Cisjordania, excluyendo Jerusalén Este. Debido a la escasez de agua, muchos palestinos tienen que comprar agua de camiones cisterna y pagar de tres a seis veces el precio normal, forzando a las familias pobres a gastar hasta una quinta parte de sus ingresos en agua, comparado con las familias israelíes de ingresos medios que gastan poco más del 1% de sus ingresos en agua. Israel tiene el control de toda la explotación hidráulica en Cisjordania, y puede vetar cualquier petición palestina para perforar pozos o recoger agua superficial de sus propias tierras. Y en la práctica resulta difícil, si no imposible, para la población palestina de los territorios ocupados conseguir permiso para perforar un nuevo pozo de agua o incluso reparar uno que esté próximo a un pozo israelí.

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En varios lugares en los que hay asentamientos ilegales y comunidades palestinas conectados al mismo pozo, el proveedor de agua israelí, Mekorot, reduce o corta temporalmente el suministro a los clientes palestinos. A algunas comunidades palestinas se les corta el agua durante tres meses en verano. FALTA DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL TERRITORIO PALESTINO OCUPADO

Aunque la ocupación israelí de Palestina es en sí ilegal, como potencia ocupante Israel tiene obligaciones legales que cumplir para con los habitantes de las tierras que ocupa. En lugar de ello, Israel activamente deniega incluso las necesidades más básicas a los palestinos. Israel ha descuidado la construcción de infraestructuras para conectar a la población rural palestina a una red de agua corriente y el mantenimiento apropiado de las redes existentes para impedir la pérdida de agua. Entre los que más sufren la escasez de agua, están los residentes de los pueblos y campos de refugiados de los Territorios Ocupados no conectados a una red de agua corriente. En el año 2008, 227.500 palestinos en 220 ciudades y pueblos no estaban conectados a una red de agua. Otros 190.000 palestinos viven en ciudades y pueblos en los que una red de agua cubre solamente una parte de la comunidad. La infraestructura envejecida causa la pérdida de dos tercios del agua que discurre por la red. Además, la falta de tratamiento regular de la mayoría de las aguas residuales palestinas en Cisjordania impide la purificación y el uso del agua para necesidades de riego agrícola. Debido a la escasez de agua causada por Israel, durante el verano algunos municipios de Cisjordania pueden distribuir agua solamente unas pocas horas al día. Hebrón, Belén y Jenín tienen tales planes de racionamiento. En Cisjordania, alrededor de 50 pozos de agua subterránea y más de 200 cisternas han sido destruidos o apartados de sus dueños debido a la construcción por parte de Israel del Muro del

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Apartheid. Esta agua era usada para cubrir las necesidades domésticas y agrícolas de más de 122.000 personas. En el año 2003, las pérdidas sufridas por los agricultores palestinos debido al desvío de recursos hídricos el Muro fueron de 2.200 toneladas de aceite de oliva, 50.000 toneladas de fruta y 100.000 toneladas de verdura. La construcción y expansión del muro continúa hasta la fecha, apartando cada vez a más propietarios de su tierra y sus suministros de agua. MALA CALIDAD DEL AGUA La única fuente de agua local en Gaza es el Acuífero de Gaza, que proporciona el 96% del consumo total de agua en la Franja de Gaza. Desde los años 50 este acuífero ha estado contaminado y salinizado, y esto ha empeorado con el aumento del consumo. Las principales razones de la contaminación y salinización del acuífero son la sobre-extracción, la penetración de aguas residuales no tratadas, y la penetración de pesticidas, fertilizantes y sales provenientes de la agricultura de regadío. El agua salobre de Gaza puede tener niveles de cloruro cinco veces por encima del nivel máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 250 miligramos por litro. De hecho, solamente el 7% del agua de la Franja de Gaza cumple las normas de la OMS.

El Muro del Apartheid Israelí En el año 2002, Israel comenzó la construcción del Muro del Apartheid. Se le conoce por este nombre porque «apartheid» significa «separación,» y el efecto del muro ha sido separar a los palestinos de su tierra y entre sí. La valla/muro que está construyendo Israel en Cisjordania restringe aun más los derechos de los palestinos a la libertad de movimiento, al trabajo y a un nivel de vida adecuado. Israel ha descrito el muro como una barrera defensiva para proporcionar seguridad para Israel. Sin embargo, no se adhiere a la «Línea Verde» de más de 315 kilómetros de longitud, y más del

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80 por ciento está siendo construido sobre terreno palestino en Cisjordania. Abarca unos 80 asentamientos israelíes y vastas áreas de las tierras palestinas más fértiles y ricas en agua, anexionándolas de hecho a Israel. Cuando esté terminado, el muro tendrá unos 720 kilómetros de longitud y 35.000 palestinos estarán confinados en enclaves, necesitando permisos para permanecer en su propia tierra. Algunos pueblos han perdido la mayoría de sus tierras de cultivo y los campesinos que no tienen acceso a su tierra han perdido su medio de vida. Los pasos a través del muro, vigilados por los israelíes, están a menudo cerrados y el ejército israelí niega cada vez más a los agricultores los permisos para cruzar. La mayoría de las demandas presentadas por los palestinos ante el Tribunal Superior Israelí contra el trazado de la valla/muro fueron desestimadas pero incluso en los pocos casos en los que el Tribunal Superior ordenó que se cambiase el trazado, las resoluciones no han sido ejecutadas por las autoridades israelíes. En el año 2004, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya, dictaminó que la «construcción del muro y su régimen asociado son contrarios al derecho internacional.» El dictamen mencionaba que con el muro, Israel viola el Derecho a la Autodeterminación, la Cuarta Convención de Ginebra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, importantes derechos humanos y el derecho humanitario, así como los derechos a la libertad de movimiento, trabajo, educación, sanidad, alimento y agua, religión y los Derechos del Niño. Se ordenó a Israel que cesara inmediatamente la construcción del muro en todas las áreas, y desmantelase las partes ya construidas, que revocara cualquier legislación o normativa relacionada con el muro y compensara por los daños causados por la construcción del muro. Como ha ocurrido con otras resoluciones y leyes, Israel se ha negado rotundamente a cumplir la resolución del Tribunal Internacional de Justicia.

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EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL MURO DEL APARTHEID Con la construcción del Muro del Apartheid, todos los problemas medioambientales de Palestina han aumentado y seguirán aumentando considerablemente en muchos aspectos, tales como recursos, fauna y flora y agricultura. Aquí se indican algunos de los diferentes elementos que incluyen estos aspectos: 1. Agua Una de las razones principales de la ruta sinuosa del muro es para que Israel anexione la tierra más fértil, incluyendo un mayor control del agua. Después de ocupar Cisjordania en 1967, el ejército israelí emitió órdenes que prohibían toda perforación y explotación de agua en Cisjordania a menos que el ejército israelí aprobara un permiso. Hasta el día de hoy no se ha expedido ni un sólo permiso, lo que quiere decir que la mayoría de los pozos usados por los palestinos fueron perforados antes de la ocupación de 1967. Los palestinos se han visto obligados a sustentarse con esa agua. Mientras que en Cisjordania hay escasez de agua y dificultades para la agricultura, un par de metros más abajo hay agua perfectamente buena y pura lista para ser utilizada, pero Israel deniega a los palestinos el derecho humano básico al agua y no permitirá el acceso a ella. El muro ha tenido un efecto perjudicial sobre el suministro de agua palestino. Según el Grupo de Hidrología Palestino, el número de pozos de agua afectados por la primera fase de construcción del muro es de 50. Israel ha destruido y confiscado tierras no sólo para el espacio del muro, sino también para una zona de «tierra de nadie» de unos 30-100 metros. De los 50 pozos afectados, 14 están situados en la «tierra de nadie» del muro, mientras que los 36 restantes han sido aislados completamente de Cisjordania. 2. Gestión de Residuos La gestión de residuos y la red de alcantarillado en Palestina son un serio problema, especialmente en los pueblos pequeños, donde apenas hay alcantarillado, y el muro del Apartheid empeora la situación.

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Durante los años de ocupación Israel también ha descuidado la gestión o eliminación de residuos sólidos dentro de Cisjordania, y en el año 2008 el 12% de los hogares palestinos no disponían de servicio de recogida de residuos sólidos. Por consiguiente, muchos terrenos se consideran ahora inapropiados para un uso agrícola o doméstico, debido a la contaminación. Israel también ha impedido a los municipios dentro de Cisjordania transportar los residuos sólidos fuera de la ciudad. Así que muchos pueblos y ciudades palestinos no han tenido más opción que verter los residuos en áreas urbanas. En el año 2008 había 119 vertederos en Cisjordania. En algunos lugares, la contaminación del aire se ha convertido en un problema debido a la quema de basura. Un informe elaborado en el año 2006 halló que la eliminación de residuos sólidos en Cisjordania ha ocasionado una presencia anormalmente elevada de sustancias tóxicas en el agua superficial, incluyendo cloruro, arsénico, cadmio y mercurio. Los colonos israelíes descargan anualmente 224.000 toneladas de residuos en Cisjordania, contaminando manantiales, arroyos y granjas. Según PNGO (la Red Palestina de ONGs Medioambientales) se está bombeando agua no tratada y contaminada directamente a áreas y valles agrícolas palestinos. Estudios realizados en 2008 han mostrado que el 73% de las familias de Cisjordania vive en áreas contaminadas con aguas residuales. Israel también ha sido acusado varias veces de verter materiales tóxicos dentro de Cisjordania (en el lado palestino del muro). En una entrevista exclusiva con PRESS TV, el Subdirector de la Autoridad Medioambiental Palestina, Jamil Mtoor, confirmó que Israel recorta los gastos de eliminación de residuos mediante vertidos en territorios palestinos. Según Mtoor; «las empresas israelíes han estado vertiendo residuos sólidos y peligrosos en diferentes pueblos de Cisjordania. Han estado utilizando la tierra palestina de un pueblo llamado Shoukba, cerca de Ramallah, para verter radiografías, liberando carcinógenos en el entorno, y esto ha causado a mucha gente enfermedades relacionadas con el asma.» Los palestinos también han observado a empresas israelíes enterrando los cadáveres de miles de pollos infectados de gripe aviar en el distrito de Nablus.

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En cuanto al Muro del Apartheid, el alcantarillado ha resultado dañado en algunas áreas, especialmente en Qalqiliya, donde el Muro ha actuado como una presa, atrapando el agua de lluvia en el interior del Muro, impidiendo que fluya hacia el oeste. Allí se ha mezclado con contaminantes y ha inundado casas, campos e invernaderos. Alrededor de 700 dunams (unos 700.000 m2) de terreno agrícola fueron completamente destruidos, así como fábricas, tiendas y un puente. Las autoridades israelíes se han negado a abrir las trampillas del muro para permitir que el agua fluya por los valles. Las autoridades palestinas calcularon que los daños ascienden a 1,4 millones de dólares americanos. 3. Impacto en las Plantas y Animales Al estar el muro en construcción, tiene un efecto devastador en la fauna y la flora que vive en esas áreas. El Muro del Apartheid es una estructura enorme que ocupa mucho espacio, perjudicando al medio ambiente y desequilibrado los ecosistemas (comunidades de seres vivos). Los árboles desempeñan un papel fundamental en la preservación del medio ambiente y los ecosistemas; mejoran la calidad del aire y la calidad del agua y estabilizan el suelo. En las primeras fases de la construcción del muro en los años 2002 y 2003, cuando se estaba despejando el camino para el muro, Israel arrancó más de 100.000 árboles. La actividad de construcción del muro y su presencia también tendrán un efecto perjudicial sobre los animales y plantas que viven allí. Muchos de sus hábitats naturales serán destruidos y debido a la pérdida de hábitat, resulta más fácil para los patógenos, microorganismos nocivos y malas hierbas exóticas invadir el área. Esto aumentará los índices de enfermedad para los animales y plantas restantes. Además, los animales responden a la contaminación acústica causada por la construcción. Su nivel de stress aumenta y desequilibra su organismo. Su comunicación entre sí también se ve afectada por el ruido, así como su reproducción. En resumen, las poblaciones animales se verán notablemente reducidas debido a las perturbaciones constantes de sus relaciones ecológicas. Algunas especies pueden desaparecer por completo.

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Vida y Libertad Desde Septiembre de 2000, el ejército israelí ha asesinado a más de 6.500 hombres, mujeres y niños en los Territorios Ocupados (Cisjordania y Gaza), por medio de bombardeos, demoliciones de casas y asesinatos selectivos. Gaza se encuentra en la actualidad sitiada con un movimiento extremadamente limitado de entradas y salidas. Además, muchos palestinos y palestinas han muerto debido a que se les ha denegado el acceso a tratamiento médico. En Cisjordania, en los últimos años, más de 60 mujeres palestinas se han visto obligadas a dar a luz en los controles; más de la mitad de los bebés y algunas de las madres han muerto. En la actualidad, más de 10.000 prisioneros políticos palestinos se encuentran retenidos en prisiones israelíes, incluyendo más de 300 niños, muchos bajo el sistema de ‘detención administrativa’ – es decir, sin cargos o juicio. La crisis del encarcelamiento político de palestinos por parte de los ocupantes israelíes es tan importante que la Autoridad Nacional Palestina tiene un Ministerio entero dedicado a ocuparse de ella. Estos prisioneros no son criminales, sino palestinos y palestinas acusados de resistencia a la ocupación ilegal, a menudo de modos no violentos. En algún caso, Israel detiene a palestinos que simplemente pertenecen a ciertas organizaciones políticas palestinas. Las condiciones en las prisiones son terribles. Las prisiones están abarrotadas. A menudo se niega a los prisioneros políticos palestinos una atención médica apropiada. Han de comprar su propia comida, y las familias de los prisioneros, que de por sí se encuentran con que les han quitado al principal proveedor de ingresos, han de encontrar un modo de conseguirles este dinero. Además, Israel practica la tortura. La Sociedad de Prisioneros Palestinos estimó en julio de 2003 que un 90% de todos los prisioneros palestinos son sometidos a torturas en algún momento de su detención. Casi 200 prisioneros han muerto mientras se encontraban detenidos como resultado de torturas o negligencia médica desde 1967.

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Cierres y Restricciones de Movimiento El régimen de cierres, controles y otras barreras del ejército israelí, incluyendo el muro del Apartheid, viola el derecho a la libertad de movimiento de las gentes palestinas de los Territorios Palestinos Ocupados. Dichas restricciones han paralizado la economía palestina y están privando a los palestinos del derecho al trabajo, a la sanidad, a un nivel de vida adecuado, a la educación, y a la vida familiar. Estas medidas violan las obligaciones de Israel como potencia ocupante según los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario. Las fuerzas israelíes niegan rutinariamente el paso a los palestinos, incluyendo a pacientes cuyas vidas están en peligro, a través de los controles militares dentro de Cisjordania, violando la obligación de Israel según los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario, de garantizar el derecho a la sanidad de la población sin discriminación. La red de asentamientos israelíes y las carreteras para los colonos han fragmentado Cisjordania. El movimiento de los palestinos se ve gravemente obstaculizado por un sistema de más de 550 puntos de control, controles de carretera, barreras, montículos de tierra y trincheras. Israel sostiene que dichas restricciones son necesarias para proteger a los israelíes de los ataques; sin embargo la gran mayoría están situadas para bloquear los viajes de los palestinos entre ciudades y pueblos dentro del Territorio Palestino Ocupado, en particular para mantener a la población palestina lejos de los asentamientos israelíes y las carreteras de los colonos, no para impedir que los palestinos entren en Israel. Aunque no ha sido internacionalmente reconocido como legítimo, Israel anexionó ilegalmente Jerusalén Este y expande continuamente sus actividades de asentamiento allí, desplazando a más y más palestinos de sus hogares. A los palestinos sin un carné de Jerusalén se les niega habitualmente el acceso a Jerusalén. Israel frecuentemente niega a los palestinos la entrada al complejo Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Los colonos israelíes a menudo provocan la confrontación aquí. Los israelíes también han estado excavando debajo del complejo, amenazando los propios cimientos.

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Asentamientos El Artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra prohíbe la transferencia de población de la potencia ocupante al territorio ocupado. Sin embargo, Israel ha asentado a más de 450.000 israelíes en Cisjordania ocupada, incluyendo unos 200.000 en Jerusalén Este. Se han establecido unos 140 asentamientos para israelíes en terreno palestino confiscado como parte de una política de gobierno discriminatoria. Los colonos reciben generosas ayudas a la vivienda e incentivos fiscales del gobierno y protección por parte del ejército israelí. Los asentamientos representan uno de los mayores obstáculos para cualquier acuerdo de paz potencial. Estos asentamientos son para israelíes judíos solamente. Están vigilados por torres militares y normalmente se encuentran en las tierras más fértiles y militarmente ventajosas confiscadas a los palestinos. Están cerrados a los palestinos (excepto a través de permisos laborales). La apropiación por parte de Israel de la tierra y recursos naturales palestinos para la expansión de asentamientos israelíes y su infraestructura relacionada, particularmente carreteras para los colonos, ha causado diversas violaciones de los derechos humanos de los palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados –incluyendo restricciones de movimiento y destrucción de hogares y tierras. Los propios colonos van a menudo armados, y frecuentemente cometen actos de terror contra los palestinos a través de acoso, quema de terrenos, ataques físicos a palestinos e incluso asesinatos. En muchas ocasiones, se permite a los colonos victimizar a los palestinos bajo la mirada vigilante de los soldados israelíes, que no hacen nada para proteger a la población palestina que sufre el ataque.

Actividad Nuclear A pesar de la presión internacional sobre muchos países para que abandonen sus ambiciones nucleares, y de que Estados Unidos usó la afirmación de que Irak buscaba construir un arma nuclear

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como uno de los pretextos para invadir ese país, Israel posee desde hace mucho tiempo armas nucleares y sirve como una amenaza en la región. La actividad nuclear de Israel comenzó en los años 50, aunque no ha sido declarada oficialmente por el estado de Israel. Israel se ha deshecho de sus residuos nucleares en Territorios Palestinos Ocupados. Los habitantes de una serie de pequeños pueblos palestinos han encontrado zonas del suelo selladas con cemento. Según diversos estudios, el nivel de radioactividad en estas áreas resulta muy alto. Según el Dr. Mahmoud Sa’ada, un médico palestino y jefe de la División de Oriente Medio de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, Israel ha enterrado los residuos del reactor nuclear Dimona cerca de Dahriyya, un pequeño pueblo de Cisjordania justo al norte de Hebrón y a 12 millas del reactor. La radiación de estos residuos enterrados llega a la gente y causa cáncer. Según el Dr. Sa’ada, la radiación nuclear ha llegado a lugares tan alejados como Tulkarm (una ciudad palestina en la parte norte de Cisjordania situada a más de 160 Km. del reactor Dimona). Se ha desvelado que la radiación de Dimona también causa un aumento del cáncer entre los palestinos de Cisjordania.

Violaciones de los derechos humanos Las autoridades israelíes no garantizan de modo rutinario investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas de supuestas violaciones de los derechos humanos contra palestinos. Mientras las autoridades israelíes imponen castigos severos, incluyendo castigos colectivos en violación del derecho internacional, a los palestinos condenados por ataques contra soldados y civiles israelíes, raramente llevan a cabo una investigación apropiada de los asesinatos y ataques ilegales a los palestinos. Incluso cuando se llevan a cabo dichas investigaciones, el castigo para el autor es extremadamente raro y casi nunca se indemniza a la víctima. El ambiente resultante de impunidad ha alentado más violaciones.

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Los colonos israelíes que han atacado a palestinos y activistas de paz internacionales también se han beneficiado sistemáticamente de impunidad. El ejército israelí no interviene con frecuencia para proteger a los palestinos atacados por colonos y en la mayoría de los casos la policía israelí no lleva a cabo una investigación apropiada de tales ataques. Más del 90 por ciento de las investigaciones policiales de ataques cometidos por colonos israelíes terminan sin formulación de cargos.

Restricciones que afectan al Sector Agrícola La agricultura es el sector que ha sufrido más por la ocupación israelí, produciendo ineficiencia y poca competitividad en los mercados locales y extranjeros. Debajo se enumeran algunas de las principales distorsiones resultantes y su impacto enormemente negativo sobre la sostenibilidad, productividad y rentabilidad agrícola: TEMAS RELACIONADOS CON LA OCUPACIÓN Aunque Israel afirma que la confiscación de tierras y recursos hídricos es para «propósitos de seguridad», la realidad es que Israel busca expandir su control y sacar a la población palestina de su tierra. A través de esta política, Israel sigue arrancando huertos y dañando otras infraestructuras. Israel exige que los palestinos obtengan permisos para derechos de captación de agua y proyectos de infraestructura hídrica, pero intencionadamente se niega a autorizar estos permisos. Esto impide la rehabilitación de pozos de agua, cisternas y redes de transmisión, y la infraestructura agrícola como por ejemplo refugios para animales e invernaderos. Debido a la restricción de las importaciones, los agricultores palestinos dependen de Israel para las vacunas, pero Israel no proporciona una cantidad adecuada. Esto conduce a una escasez que causa un pobre control y prevención de las enfermedades de los animales, lo que tiene un impacto negativo sobre el ganado en su conjunto.

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Las restricciones israelíes sobre el libre comercio; movimiento de mercancías, servicios e individuos a través de los cruces fronterizos, con impuestos, aranceles y retrasos punitivos sobre el movimiento de importaciones y exportaciones a y desde el Territorio Palestino Ocupado, contribuye a que los productos agrícolas perecederos se estropeen, perjudicando la fiabilidad y puntualidad de los acuerdos comerciales. Israel restringe y a veces incluso prohíbe el movimiento de pastores, pescadores, agricultores y comerciantes. La ocupación crea dificultades relacionadas con la propiedad, la accesibilidad y el uso de los recursos naturales incluyendo la tierra y el agua en diferentes zonas. Los cierres impuestos en prados y pastos privan a los pastores del acceso a estas importantísimas áreas de pastoreo, y por tanto causan problemas de sobrepastoreo en las zonas accesibles y obligan a los pastores a depender cada vez más de los piensos importados, lo que les hace más vulnerables a las sequías y a la subida vertiginosa de los precios de los piensos. La construcción ilegal del Muro del Apartheid ha afectado a más de 943.000 dunams de terreno palestino en Cisjordania. El establecimiento de una «tierra de nadie» a lo largo de Gaza, ha hecho que los palestinos no puedan ya llegar a ella. Además, la construcción de carreteras de circunvalación en Cisjordania ha privado a mucha población palestina del acceso a sus tierras. BASE POBRE DE RECURSOS NATURALES La agobiante ocupación israelí causa una alta competitividad entre los y las agricultoras palestinos en relación con los limitados recursos de tierra y agua. La escasez de tierra y agua disponible lleva a muchos productores a un uso excesivo de sustancias químicas (lo que conduce a contaminación del suelo y degradación de la calidad), un bombeo excesivo de agua (que conduce a la salinización del agua agrícola) y un pastoreo excesivo en los limitados pastos disponibles. Como ocurre en muchas regiones del mundo, los terrenos agríco-

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las también han de competir con la urbanización y el uso de terreno para una expansión aleatoria. RESTRICCIONES TÉCNICAS E INSTITUCIONALES La falta de libertad palestina y el control por parte de Israel crea obstáculos técnicos e institucionales para el sector agrícola. Hay una falta de campañas de formación y capacitación dentro de la sociedad palestina, especialmente en el terreno de la planificación, la política, los programas de inversión, así como la supervisión y la evaluación. Esto incluye una implicación insuficiente del sector privado en los servicios de comercialización, procesamiento y financiación agrícolas. Los agricultores de Palestina no disfrutan de la misma protección gubernamental existente en muchas otras regiones. Hay una legislación incompleta y que no se hace cumplir plenamente, pero se necesita más protección. Existe una falta de programas de seguros y de fondos frente a riesgos y desastres naturales y políticos. Las instalaciones de investigación y experimentación son limitadas. RESTRICCIONES SOCIOECONÓMICAS Las propiedades agrícolas son normalmente pequeñas y fragmentadas. Los y las agricultoras padecen una productividad y una rentabilidad bajas en algunos subsectores agrícolas, particularmente los pequeños rumiantes y cultivos extensivos (cereales y legumbres). La sostenibilidad del sector agrícola también se ve amenazada por la inmigración interna de la juventud y el abandono de la agricultura. RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES Como ocurre con cualquier región, los agricultores palestinos están sujetos al impacto negativo de los cambios climáticos, principalmente la sequía y las heladas. Las confiscaciones de tierra y el cierre militar israelí de tierras palestinas cercanas a asentamientos producen un pastoreo excesivo de los limitados pastos. Hay una falta de gestión de residuos agrícolas y de programas de reciclaje.

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RESTRICCIONES FINANCIERAS La Autoridad Nacional Palestina proporciona un presupuesto y un apoyo financiero limitados al sector agrícola. Dentro de la ANP, se ha asignado un presupuesto limitado a la agricultura durante los últimos ocho años, lo que demuestra un débil apoyo interno. Para el año 2009, el presupuesto del Ministerio de Agricultura fue de 139,75 millones de NIS, lo que constituye alrededor del 1,21% del presupuesto total de la Autoridad Palestina. De esto, casi un 58% actualmente se destina a salarios y gastos operativos, asignándose menos de un 1% a costes de operación y un 41% a costes de desarrollo.

Conclusión Los sionistas infligieron la Nakba, o «catástrofe» a los palestinos en el año 1948, y han seguido brutalizando y oprimiendo a los palestinos desde entonces. Los refugiados palestinos y sus descendientes por todo el mundo desean regresar a Palestina. Tienen un derecho legal y un derecho humano a regresar, pero las políticas racistas de Israel no les permiten hacerlo. Los ciudadanos palestinos de Israel se enfrentan a leyes discriminatorias que les niegan los mismos derechos que los ciudadanos israelíes judíos. Y los palestinos dentro de Cisjordania y Gaza se enfrentan a multitud de horrores, desde la confiscación de la tierra hasta detenciones, restricciones para viajar, y hasta se les deniegan recursos básicos como el agua. Como otra gente de todo el mundo, los palestinos tienen el derecho humano a plantar y cultivar su tierra y a hacerla reverdecer de nuevo como ha ocurrido a lo largo de la historia. Tienen derecho a agua que no esté contaminada y que sea de buena calidad. No deberían verse obligados a beber de fuentes de agua que son contaminadas intencionadamente. Y se les debería permitir extraer agua de su propio suministro de agua que discurre bajo ellos. Debido a la confiscación de tierras y a las opresivas políticas israelíes, la tierra disponible para el sector agrícola palestino se ha

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visto reducida considerablemente desde el comienzo de la ocupación israelí. Pero la realidad es que si se permitiera a los palestinos el acceso a sus propios recursos hídricos en sus cuencas de agua subterránea, manantiales y pozos agrícolas, así como a su parte del río Jordán, hay potencial para regar más tierra incluso que antes de comenzar la ocupación. Israel debe dejar de negar el agua y los derechos agrícolas a los palestinos. Hay que ocuparse de las necesidades de los palestinos, de modo que puedan construir una economía y aumentar la seguridad alimentaria palestina, tanto en la cantidad como en la calidad, y avanzar hacia la autosuficiencia en productos agrarios animales y vegetales, a la vez que se proporciona empleo al máximo número de trabajadores. Los palestinos tienen derecho a su propio estado con Jerusalén como capital. Tienen derecho a la libertad, la dignidad y la autodeterminación. No se debe permitir que continúen los crímenes de Israel, e Israel ha de rendir cuentas por sus décadas de opresión contra los palestinos. La ocupación debe terminar, todos los prisioneros políticos han de ser liberados y la política de asentamientos ha de cesar.

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Mundubat es una ONGD comprometida con el cambio social. Entiende la Cooperación y la Educación al Desarrollo, como herramientas para el impulso de procesos orientados a ese necesario cambio social, tanto en el escenario global como en el local. Así nuestra solidaridad está interesada en reflexionar sobre todos los aspectos que configuran el mundo en el que vivimos.

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Luchas campesinas; propuestas, redes y alianzas Gustavo Duch. Editor de la revista ‘Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas’, exdirector de Veterinarios Sin Fronteras. Esther Vivas. Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Rosalinda Hernández Alarcón. Periodista mexicana. Co-editora de la publicación feminista «laCuerda» y columnista del diario «elPeriódico». Isabel de Gonzalo Aranoa. Coordinadora y Responsable de Territorio de Delegación Mundubat en Honduras 2006-2010. Ingeniera Agrónoma. Tom Kucharz. Coordinador estatal del Área de Agroecología y Soberanía Alimentaria de Ecologistas en Acción. MAB. Movimento dos Atingidos por Barragens - São Paulo-Brasil. Movimiento de afectados y afectadas por las Represas. MUCA. Movimiento Unificado Campesino del Aguán. Gilberto Ríos. Secretario Ejecutivo FIAN Honduras. Lourdes Palacios. Diputada de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Integrante de las Comisiones de Economía y Agricultura, y Salud y Medio Ambiente. Claudia Johana Cáceres. Representante de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO-CUT y la Coordinadora Nacional Agraria y Popular CONAP de Colombia. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Organización de acompañamiento de Derechos Humanos Colombiana. UAWC. Union of Agricultural Work Committees -Palestine- Unión de Comités de Trabajo Agrícola. Palestina.

Luchas campesinas; propuestas, redes y alianzas

Este volumen es parte del fondo editorial propio de Mundubat, que tiene como objetivo el estudio y la reflexión de temas de interés para las organizaciones sociales. En este caso este libro es el primero que específicamente trata sobre las realidades del campesinado y la Soberanía Alimentaria de los pueblos. Este trabajo además supone una colaboración con EHNE, en la línea de alianzas con las organizaciones campesinas.

Mundubat y EHNE presentan este libro en un intento de aportar contenidos y propuestas que se están produciendo en el mundo, relacionadas con el campesinado. Este esfuerzo entra dentro de las alianzas por la consecución de la Soberanía Alimentaria. En este sentido EHNE lleva años trabajando mediante alianzas y proyectos, como La Vía Campesina y otras redes, con una clara apuesta de crítica al modelo de producción neoliberal que se establece a nivel mundial. Es la lucha contra el modelo agroindustrial que trae consigo consecuencias catastróficas para las comunidades campesinas, para el medioambiente y profundiza en la llamada crisis alimentaria, crisis últimamente olvidada. Desde Mundubat la apuesta por acompañar las propuestas y luchas campesinas viene desde su nacimiento, acompañando a comunidades en su gran mayoría relacionadas con el sector agropecuario. En este camino, el conocimiento mutuo entre organizaciones del Norte y del Sur, y las propuestas de La Vía Campesina suponen una apuesta por la Soberanía Alimentaria. Este volumen no se hubiera publicado sin esas alianzas, sin esos esfuerzos, y por lo tanto desde las dos organizaciones queremos dar nuestro más sincero agradecimiento a las organizaciones y personas que han participado.