IV Propuestas y exigencias
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PROVEA Informe Anual
Contexto y Balance General
Propuestas y exigencias a los poderes públicos en materia de derechuos humanos
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esde hace 21 años, Provesa realiza un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. El Informe, además de reflejar avances, retroce sos y estancamientos en el cumplimiento de los derechos humanos, tiene como objetivo presentar propuestas derivadas de ese diag nóstico a fin de contribuir y orientar a los po deres públicos en la adecuación de las políti cas públicas para la garantía del pleno ejerci cio de los derechos humanos en el país. Al hacerlo, Provea se basa en el artículo 62 de ña Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el cual expresa que “To
dos los ciudadanos y ciudadanas tienen el de recho de participar libremente en asuntos pú blicos, directamente o por medio de sus repre sentantes electos. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la ges tión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colecti vo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las con diciones más favorables para su práctica ”. Este año, nuevamente priorizamos algu nas exigencias hasta un máximo de 5 por cada derecho, lo que no significa que la lista no pueda ser mayor. Procedemos de esta manera para visibilizar los principales problemas que de acuerdo a las organizaciones de derechos humanos afectan a la sociedad venezolana, y priorizar el cumplimiento de esas exigencias,
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lo cual, de lograrse, significaría avances con siderables en materia de derechos humanos.
Sobre derechos económicos, sociales y culturales Derecho a la alimentación Desarrollar un sistema integral de medi ción de la situación nutricional de la po blación venezolana que permita conocer de manera oportuna y actualizada indicadores claves como el bajo peso al nacer, la anemia, la deficiencia de hierro y yodo, la accesibilidad y disponibilidad de nutrientes, entre otros. Vigilar que la política actual de importa ciones tenga un carácter temporal y es trictamente destinado a suplir el desabas tecimiento de alimentos. En tal sentido, re mover todos los obstáculos que inciden la situación de desabastecimiento recu rrente, lo que implica, entre otras accio nes, elaborar en el corto plazo una política nacional en relación con las importacio nes que contengan un diagnóstico claro de la situación y desarrollar y mantener una política de consensos y acuerdos en tre los diversos sectores y actores que in tervienen en la producción y comerciali zación de alimentos en el país. Vigilar de manera permanente la implemen tación de programas de fortificación de alimentos y asegurar que los que se con suman en el país, ya sean de fabricación
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nacional o importados, cuenten con los suplementos vitamínicos establecidos en dichos programas. Dar continuidad, fortalecer y aumentar el control de las gestión de los programas sociales alimentarios que, previa evalua ción, demuestren que contribuyen a dis minuir el déficit nutricional de los secto res más vulnerables. Asegurar la creación de los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de Seguri dad Alimentaria (LOSA) e incluir en su apli cación a todos los sectores interesados para garantizar el derecho, especialmente a los sectores más vulnerables de la so ciedad venezolana. Derecho al ambiente sano Establecer indicadores de estudio que per mitan darle practicidad y seguimiento a los estudios de impacto ambiental. Diseñar un plan de acción para el desarro llo de actividades económicas y habita cionales consecuentes con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Garantizar el funcionamiento de la juris dicción penal ambiental tal como lo esta blece la Ley Orgánica del Ambiente, otor gando tutela judicial efectiva en caso de violación del derecho a un ambiente sano. Publicar las cifras oficiales sobre el número de grupos de trabajo de ambiente existen tes en los Consejos Comunales del país, así como los planes para su desarrollo. Realizar estudios sistemáticos, continua dos y permanentes, de las reservas acuíferas del país, en cuanto a cantidad de agua y calidad de la misma. Derecho a la educación Continuar el proceso de construcción de au las para lograr incluir a la población desescolarizada, priorizándose el nivel pre escolar y la II etapa de educación secundaria. 412
Desarrollar un plan nacional de formación docente con énfasis en la educación en derechos humanos. Reactivar el Sistema Nacional de Medición y Evaluación del Aprendizaje (Sinea). Desarrollar y dar a conocer públicamente los resultados de evaluaciones de tipo cua litativo sobre la calidad del aprendizaje ob tenido a través de las misiones educativas. Producir y publicar estadísticas del siste ma de educación superior. Derechos laborales Reactivar la Mesa Nacional de Diálogo so bre los conflictos laborales asociados al derecho al empleo, para investigar y hacer recomendaciones integrales apegadas a los derechos humanos. Abrir investigaciones y castigar a los res ponsables de los asesinatos de los diri gentes sindicales para poner fin a la situa ción de impunidad. Fortalecer las inspectorías del trabajo para garantizar plenamente los derechos con templados en los decretos de inamovilidad laboral y reducir las solicitudes de reenganches en espera de decisión. Abstenerse de aprobar normas o dictar po líticas públicas que restrinjan o dificulten el derecho constitucional a la huelga o ame nacen la libertad sindical y el derecho a la contratación colectiva. Promulgar la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, garantizando una amplia consulta en el sector laboral y empleador, y adecuarla a las recomendaciones del Comité de Apli cación de Normas de la Organización Inter nacional de Trabajo, en cumplimiento del artículo 31 de la Constitución de la Repú blica Bolivariana de Venezuela. Derechos de los pueblos indígenas Garantizar la protección del pueblo Yukpa ante las agresiones sufridas desde el año PROVEA Informe Anual
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2004 presuntamente por terratenientes, así como por funcionarios militares y estata les, investigando y sancionando a los res ponsables. Culminar de forma eficaz y diligente el pro ceso de demarcación territorial indígena garantizando el protagonismo y participa ción real de los pueblos originarios, respe tando en este proceso la diversidad socio cultural de los mismos y autorizar los recur sos técnicos y financieros necesarios. Garantizar en el marco de la implementa ción del Plan de Salud Yanomami, la aten ción de salud en las comunidades de difí cil acceso . Incorporar en el sistema epidemiológico la perspectiva étnica para garantizar así un sistema de información apropiado. Asumir y priorizar el problema de la minería ilegal y las consecuencias que trae para la supervivencia de los pueblos indígenas en su hábitat y para el medio ambiente. Derecho a la salud Definir un plan de financiamiento que ga rantice el sostenimiento a largo plazo del sis tema sanitario, para que pueda ampliar sus capacidades y así ofrecer una atención a la salud gratuita, universal y de calidad. Convocar a los integrantes del sistema sa nitario, principalmente gobernadores, al caldes, gremios y sindicatos, trabajado res y trabajadoras de la salud, incluyendo el personal de Barrio Adentro, universida des, así como los trabajadores y trabaja doras del país y los propios ciudadanos, a fin de concertar un proceso de integra ción democrática y descentralizada del Sis tema Público Nacional de Salud. Revisar las estrategias asistenciales, específicamente la Misión Barrio Adentro, y tomar de ella los elementos positivos para fortalecer el Sistema Público Nacio nal de Salud. octubre 2008-septiembre 2009
Garantizar un salario digno a los profesio nales y técnicos de la salud sin discrimi nación de ninguna especie. Restituir la difusión pública del boletín epidemiológico y planificar las campañas de prevención y de atención primaria opor tuna a enfermedades como Malaria, Den gue y Mal de Chagas. Derecho a la Seguridad Social Garantizar que la Asamblea Nacional genere una amplia consulta y participación de los sectores interesados y apruebe definitiva mente las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones. Promover la implementación y funciona miento de la institucionalidad del Sistema Nacional de Seguridad Social. Obligar a la Contraloría General de la Repú blica a realizar una auditoría general del Ins tituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), a fin de garantizar que las cotizacio nes sean contabilizadas y enteradas al nue vo Sistema de Seguridad Social. Fiscalizar que los entes públicos solven ten la alta morosidad que tienen con el IVSS. Asegurar que el IVSS vuelva a publicar en la página web de la institución Memoria y Cuenta, la Síntesis ejecutiva Trimestral y Semestral, así como las estadísticas de los principales indicadores de cobertura y asistencia. Derecho a la Tierra Convocar a una Mesa de Diálogo Nacio nal Agropecuaria, que incluya a todos los sectores involucrados (campesinos, pro ductores pequeños y medianos; la agroindustria, los gremios empresariales, facultades de agronomía, expertos ambientalistas y agrícolas, y los organis mos públicos involucrados en la gestión de la política agraria) para analizar y eva 413
luar los resultados e impactos de la ac ción gubernamental, con miras a lograr consensos que contribuyan al desarro llo rural integral. Garantizar la transparencia y el cumplimien to del debido proceso en los casos de res cate y regularización de tierras. Limitar progresivamente las importaciones de alimentos a lo estrictamente necesario para abastecer el consumo nacional. Estimular y apoyar a los productores de aquellos rubros agrícolas necesarios para garantizar la seguridad alimentaria de la población. Apoyar y acelerar el cumplimiento de los plazos y metas del VII Censo Agrícola Na cional, masificando su difusión cuando fi nalice la recolección de datos y su publi cación. Paralizar la implementación de la propues ta de crear «milicias campesinas», «cuer pos campesinos combatientes» o cual quier otra organización, por ser contraria a los principios constitucionales y legales que garantizan la exclusividad del Estado en la garantía del derecho humano a la se guridad, en este caso de la vida e integri dad de los campesinos afectados por la violencia, fundamentalmente de origen paramilitar o sicariato. Derecho a la vivienda Revertir el proceso de fragmentación ins titucional en materia de vivienda. Aumentar el presupuesto destinado a vi vienda como porcentaje del Producto In terno Bruto (PIB) y fiscalizar la transpa rencia en la ejecución de los recursos. Poner a disposición pública información ve raz y oportuna sobre las diferentes políti cas públicas en materia de vivienda y hábitat, actualizando el sitio web del Mi nisterio del Poder Popular de Obras Públi 414
cas y Vivienda (Mopvi) y respondiendo de manera efectiva las peticiones de infor mación realizadas por la ciudadanía. Difundir los informes que demuestren que el material de las llamadas Petrocasas, construidas con Policloruro de Vinilo (PVC), no constituyen un riesgo para la salud de sus habitantes. Comprender las ocupaciones de tierras e inmuebles como acciones de exigibilidad de vivienda ante la falta de respuesta de las instituciones, abriendo canales de diá logo y negociación con los sectores afec tados, evitando su criminalización y la rea lización de desalojos arbitrarios.
Sobre derechos civiles y políticos Derecho al asilo y al refugio Diseñar y ejecutar planes integrales de de sarrollo en los estados fronterizos, con participación de la población local, para elevar los niveles de desarrollo humano y de calidad de vida de la población. Ejecutar planes de seguridad integral en las zonas fronterizas, con una perspectiva garantista de los derechos humanos que garantice la seguridad de las personas y sus bienes y prevenga toda clase de vio lencia en contra de la población, en parti cular de los grupos más vulnerables (mu jeres, niños, niñas y adolescentes) Dotar a la Comisión Nacional para los Re fugiados de personal, dotación material, sedes y equipos, de modo que puedan brindar a la población solicitante de refu gio una atención pronta y eficaz, así como una resolución a las solicitudes dentro de los lapsos legales. Agilizar la entrega de la documentación que acredita a los solicitantes de refugio como refugiados conocidos. Velar por el principio de no devolución y PROVEA Informe Anual
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sancionar a todo funcionario público que realice una deportación sumaria sin res petar el derecho al debido proceso. Derecho a la integridad personal Erradicar las prácticas de las torturas, abu sos, maltratos físicos o mentales, así como aplicar las sanciones establecidas a los funcionarios que incurran en esos delitos, los permitan, los instiguen o no los de nuncien. En ese sentido, reformar el Códi go Penal, agregando disposiciones rela cionadas con las torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes así como discutir y aprobar en el seno de la Asamblea Nacional la legislación sobre la sanción de la tortura, de conformidad con la Disposición Transitoria Cuarta de la CRBV. Establecer un programa de capacitación a funcionarios de la Medicatura Forense en la identificación de signos de tortura y su documentación. Diseñar una política de formación y difun dir entre los efectivos policiales y milita res los Convenios y Acuerdos Internacio nales suscritos por Venezuela que prohíben la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Crear un programa nacional descentrali zado para la rehabilitación integral de víc timas de tortura y la creación de un Fondo Nacional de Indemnización. Diseñar una campaña de concientización general sobre la problemática de la tortura en Venezuela y su absoluta prohibición. Aprobar y ratificar el Protocolo Opcional para la Convención de las Naciones Uni das contra la Tortura y otros Tratos o Pe nas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado el 18.12.02 por la 57ª sesión de la Asamblea General.
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Derecho a la justicia Dar cumplimiento a la normativa constitu cional en cuanto a la organización de concursos públicos de oposición para la designación de jueces, de tal forma que se garantice la independencia del Poder Judicial arantizar verdadera autonomía presupues taria al Poder Judicial, a fin de evitar las modificaciones que de manera reiterada le impone el Poder Ejecutivo Desarrollar políticas para el acceso a la jus ticia y darles continuidad en el tiempo a fin de evaluarlas y medir su impacto Dar cumplimiento a la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos que le or denó la reincorporación e indemnización de los jueces de la Corte Primera en lo Con tencioso Administrativo Tomar las medidas necesarias para la dis minución del retardo procesal y para la ad ministración pronta y oportuna de los me canismos de administración de justicia. Derecho a la libertad de expresión Desarrollar una política democrática y transparente de asignación de frecuencias de radio y televisión, con la cual se garan tice que la ciudadanía acceda a informa ción plural. Promover una política de Estado que ga rantice el acceso a la información de ca rácter pública a todas las personas de for ma oportuna y adecuada. Esta política debe incluir una campaña de sensibiliza ción para la ciudadanía y el funcionariado sobre el derecho humano a la información. Eliminar la legislación que contempla el vi lipendio y la difamación como delito pe nales y legislar para que las sanciones por los abusos en materia de opinión sean de carácter civil.
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Continuar con la promoción del periodis mo ciudadano a través de políticas públi cas dirigidas a garantizar que tengan igual dad de oportunidades todas las expresio nes de pensamientos y que las líneas in formativas de los medios comunitarios gocen de autonomía editorial frente al go bierno de turno. Derecho a la libertad personal Garantizar la efectividad del habeas cor pus y sancionar adecuadamente a las au toridades que no cumplan con el mandato judicial. Garantizar que la detención de las perso nas se realice con apego a las debidas ga rantías y en lugares adecuados. Tomar todas las medidas necesarias para evitar o minimizar toda forma de deten ción arbitraria basada en criterios discri minatorios. Liberar a presos políticos injustamente pri vados de libertad, salvo aquellos presun tamente involucrados en violaciones al de recho a la vida y actos de terrorismo. Tomar las medidas necesarias para descon gestionar y garantizar la vida e integridad de las personas privadas de libertad en los retenes y otras dependencias administrati vas, asegurando que las personas no pa sen más de 48 horas en sus instalaciones. Derecho a la manifestación pacífica Garantizar que los organismos de seguri dad cumplan con el artículo 68 de la Cons titución de la República Bolivariana de Ve nezuela, el cual prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el contexto de manifestaciones pacíficas. Establecer responsabilidades penales y administrativas a aquellos funcionarios que han incurrido en el uso desproporcio
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nado de la fuerza en el contexto de mani festaciones pacíficas. Garantizar que las autoridades civiles cum plan con el artículo 38 de la Ley de Parti dos Políticos, Reuniones Públicas y Ma nifestaciones, que establece la notificación y no solicitud de permiso, de las acciones de protesta con 24 horas de anticipación. Revocar los artículos 357 y 360 de Código Penal, que imponen barreras al ejercicio del derecho a manifestar. Así como, el artí culo 51 de la Ley de Transporte Terrestre, que establece la solicitud permisos para ejercer este derecho humano. Detener la práctica discriminatoria e inti midante, hacia los manifestantes, en los pronunciamientos e informaciones emiti das por funcionarios gubernamentales. Derecho a la participación Realizar el proceso de reforma de la Ley de Consejos Comunales con la participación de la mayor cantidad de actores y secto res sociales, de manera transparente e inclusiva. Revertir las políticas que involucran a las instancias de participación social, como los consejos comunales, con labores aje nas a la natural dinámica comunitaria, ta les como el trabajo proselitista de tipo par tidista o la ejecución de labores de seguri dad ciudadana en las zonas populares Efectuar la fiscalización de las cooperati vas de servicios, contratadas por la Admi nistración Pública, para que cumplan con las normativas establecidas en la Ley Or gánica del Trabajo. Respetar y promover la autonomía de las organizaciones sociales. Fiscalizar el cumplimiento de la obliga ción por parte de los gobiernos regiona les y municipales de elaborar Presupues
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tos Participativos con la consulta a las comunidades.
Derechos de las personas privadas de libertad Garantizar que el control interno de los reclusos esté a cargo de personal civil en número suficiente de acuerdo a las perso nas recluidas, y debidamente capacitado, que garantice la vida e integridad de las personas, respetando y salvaguardando sus derechos humanos. Implementar un plan para lograr el desar me de la población reclusa a nivel nacio nal, en conjunto entre el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Dirección Ge neral de Armas y Explosivos del Ministe rio del Poder Popular para la Defensa. Iniciar, acelerar y/o culminar los procesos de investigación administrativa a los fun cionarios involucrados en actividades irre gulares y remitir al Ministerio Público aque llos casos que tengan carácter penal para la determinación de la responsabilidad. Garantizar un trato digno y humano a la población reclusa (alimentación, agua po table, salud, higiene, etc.) ya que ni la fal ta de recursos económicos ni humanos puede ser una excusa para la violación de los derechos de la población. Permitir el acceso de las organizaciones vinculadas a la promoción y defensa de derechos humanos a los establecimien tos penitenciarios así como el acceso a la información, de acuerdo a lo establecido en el texto constitucional. Seguridad ciudadana Diseñar de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana Asegurar que los cuerpos de seguridad que intervengan sobre la seguridad ciu octubre 2008-septiembre 2009
dadana sean de carácter civil, con una adecuada formación que parta y consoli de la noción de que su labor se debe a los ciudadanos y en contra de éstos en pro cura de seguridad para el estado. Diseñar programas de prevención en co munidades y focalizados en población es pecialmente vulnerable a la violencia letal. En este sentido, el análisis de la dimensión objetiva de la seguridad ciudadana da cuen ta de una debilidad en las intervenciones sobre los delitos contra las personas, es pecialmente los homicidios y las lesiones personales, los cuales se insta a conside rar de manera privilegiada en las interven ciones estatales. Crear de un sistema de información acerca de la situación de criminalidad y violencia en el país. Aplicar encuestas de victimización que per mitan realizar diagnósticos certeros respec to a la situación de la seguridad ciudadana. Derecho a la vida Crear políticas públicas dirigidas a preve nir y tratar los casos de violación al dere cho a la vida. Abrir una averiguación sobre los casos de muertes en enfrentamientos para proceder a la ejecución de las medidas judiciales per tinentes y así adoptar las acciones necesa rias para evitar este tipo de fallecimiento. Diseñar e instrumentar un sistema de infor mación que permita conocer con certeza la magnitud del fenómeno de violación al de recho a la vida a nivel nacional. Se propone que esta información permita un nivel de desagregación suficiente como para espe cificar entidad federal y municipio donde ocurre el suceso; cuerpo policial involucrado o imputado en la acción; nú mero de funcionarios policiales involucra dos; número de víctimas; fecha en la que se 417
produce el suceso; estado actual del caso frente a la Fiscalía General de la República. La propuesta incluye la consolidación de información mensual y anualmente; así como el monitoreo del caso. Consolidar la iniciativa de la ampliación de unidades criminalísticas a nivel nacio nal con el Plan de Seguimiento de Casos
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sobre Violaciones de Derechos Fundamen tales, de Ministerio Público. Mantener una vigilancia estricta sobre la actuación de los funcionarios policiales, de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional, creando conciencia del respeto absoluto al derecho y la magnitud de las ejecuciones acaecidas en el país en el pasado reciente.
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