La sociedad mexicana y el cambio Alejandro Moreno

El 2 de julio del 2000 será recordado como la fecha del cambio en México. Después de 71 años de gobierno, la derrota del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones presidenciales celebradas ese día marcó el fin de una era y el inicio de otra. El cambio reflejaba meramente la alternancia de partidos en el gobierno, el reemplazo de uno por otro como consecuencia del voto popular. Sin embargo, tanto la retórica del candidato ganador y hoy presidente de la República, como los deseos y expectativas de una buena parte de los electores, hacían referencia al "cambio" como si éste tuviese una mayor profundidad y alcance. El 2 de julio fue la expresión de una sociedad cuyas actitudes hacia el cambio han sido entre moderadas y conservadoras, un intento por probar algo nuevo, por renovar su ya deteriorada imagen sobre la política, el gobierno y las instituciones, y a verse a sí misma como responsable de sus propias decisiones. Sin embargo, las evaluaciones ciudadanas sobre el cambio bajo el nuevo gobierno han sido severas, al grado de afirmar que, más allá de la alternancia, el país no ha cambiado nada. Sin embargo, hay indicadores claros, basados en encuestas nacionales representativas, de que la sociedad mexicana efectivamente cambió después del 2 de julio, en su concepto y sentimiento hacia el sistema político, en su manera de ver a las instituciones, y en sus preferencias partidarias que, si bien reflejaron en un principio un efecto de sumarse al carro ganador, no se vislumbra una realineación partidaria estable a favor de un instituto político, sino la ratificación de un sistema de partidos altamente competitivo. En este ensayo hago un recuento de esos cambios. Una tendencia moderada hacia el cambio La actitud de la sociedad mexicana hacia el cambio ha sido primordialmente moderada y, en los últimos años, crecientemente conservadora. Las actitudes de los mexicanos se han plasmado en el seguimiento de la Encuesta Mundial de Valores que, entre 1980 y 2000, se realizó cuatro veces en nuestro país, ofreciendo una radiografía del sentir y el pensar mexicano de los dos últimos decenios. Con base en esa encuesta, la actitud moderada de los mexicanos se refleja en el porcentaje de encuestados que opinan que la "sociedad debe ser gradualmente mejorada con reformas". Desde 1981, año del primer levantamiento de la encuesta, ésta ha sido la opción más recurrida de entre tres ofrecidas a los encuestados, siendo las otras dos referentes a una actitud de cambio radical y a una actitud de defensa del status quo (véase cuadro 1). Si bien es cierto que la actitud de cambio moderado, gradual, ha sido la más común, también es de notar que ésta ha venido perdiendo partidarios a lo largo de las dos últimas décadas. La proporción de encuestados que se manifiestan por esa opción moderada se redujo de 68 a 49% entre 1981 y 2000, pasando por 60 y 52% en 1990 y 1996. La actitud de cambio moderado sigue predominando, pero es menor que hace veinte años y ha dejado de ser claramente mayoritaria. En contraste, el porcentaje de personas que opta por asumir una actitud conservadora, aquellos que están de acuerdo en que la "sociedad actual debe ser valientemente defendida de toda fuerza subversiva", tuvo un aumento importante, según la encuesta. De 9% en 1981 pasó a 11 en 1990 y posteriormente a 26% en 1996. Esta actitud más conservadora registrada en 1996 puede reflejar el sentir de un buen número de mexicanos ante varios fenómenos sociopolíticos de enorme envergadura: el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) en Chiapas el 1 de enero de 1994, que declaró la guerra al gobierno mexicano; los magnicidios político-electorales de ese mismo año, que tomaron como una de

sus víctimas al candidato presidencial del pri, Luis Donaldo Colosio, y la aparición del Ejército Popular Revolucionario (epr) en el estado de Guerrero. En el 2000, como marco de las históricas elecciones presidenciales, 21% de los mexicanos compartía, según la encuesta, una actitud conservadora. Por su parte, las actitudes radicales, aquellas que consideran que "la forma en que está organizada la sociedad debe ser cambiada a fondo con acciones revolucionarias" ha sido apenas superior a 10% en cada uno de los levantamientos de la encuesta. El punto más alto de radicalismo fue de 14% en 1990, dos años después de las elecciones presidenciales de 1988. En 2000, cuatro meses antes de las elecciones, 13% de los encuestados asumía esa actitud radical. En suma, la sociedad mexicana llegó a las elecciones presidenciales del 2000 con una actitud predominantemente moderada, acompañada de un conservadurismo creciente y de un radicalismo minoritario pero significativo. El sufragio, emitido en un contexto de mayor competencia, información y con autoridades electorales independientes, producto de las reformas político-electorales, fue el instrumento del cambio. De entrada, la lectura de estos datos nos sugiere que se trataba de un cambio moderado, no radical. La voluntad de cambio en las urnas El voto del 2 de julio fue, efectivamente, un voto por el cambio. Una encuesta a la salida de las casillas que el Grupo Reforma realizó ese día a 3 380 votantes en todo el país ofrece sustento a tal afirmación. El 42% de los sufragantes manifestó en la encuesta que la principal razón de su voto era lograr un cambio. Ese deseo de cambiar no sólo superó en magnitud a cualquier otra razón mencionada, sino que además se centró desproporcionadamente en uno de los tres principales candidatos: Vicente Fox. La campaña del guanajuatense se había guiado precisamente bajo la bandera del cambio. Según la encuesta, 66% de los sufragios emitidos por un cambio fue para el panista, muy por encima del 18% que optó por el otro candidato de oposición, Cuauhtémoc Cárdenas. Quienes dijeron en la encuesta que la principal razón de su voto había sido la costumbre o la lealtad a un partido, 7 y 5% respectivamente, votaron de forma casi unánime por el candidato del pri, Francisco Labastida. Parecería, pues, que el voto por el cambio a favor de Fox se impuso sobre la inercia y la costumbre que favorecían al pri. Sin embargo la encuesta de salida ofrece evidencia de que el voto priista no sólo fue de inercia. Los encuestados que expresaron que la principal razón de su voto fueron las propuestas o el candidato mismo, 23 y 9% respectivamente, apoyaron a Labastida, por encima de cualquier otro candidato. Estos resultados indican que el cambio no tenía como catalizador a un líder o a un programa específicos, pero sí a la salida del pri del poder. Aparte del papel de los aspirantes a la presidencia, protagónico o gris según sea el caso, es notable que el veredicto popular de 2000 no fue sobre un certamen de personalidades. Tres semanas antes de las elecciones, una encuesta nacional realizada por Reforma a 1 546 adultos indicaría que 60% de ellos estaba de acuerdo con la siguiente frase: "Ninguno de los candidatos me convence, pero el 2 de julio voy a votar para lograr un cambio". El nivel de acuerdo con la frase era incluso de 68% entre los panistas, quienes, no obstante la ambivalencia de ésta, manifestaron su deseo de cambio aun reconociendo que el candidato de su partido, o cualquier otro, no los convencía. El cambio se dio. La misma noche de las elecciones se anunció que el triunfador era Vicente Fox. Incluso antes que la autoridad electoral o que los candidatos perdedores, el presidente Ernesto Zedillo dio un mensaje por televisión reconociendo que las tendencias de la votación eran desfavorables al pri y deseó suerte al nuevo gobierno, que encabezaría el mismo Fox. Tras cinco meses de preparativos de transición, el 1 de diciembre daría inicio el gobierno del cambio.

Las percepciones de cambio después del 2 de julio El nuevo gobierno comenzó en medio de grandes expectativas. Desde junio, poco antes de la elección, ya una encuesta nacional del Grupo Reforma había mostrado cuáles eran las prioridades que los ciudadanos consideraban que debía atender el próximo presidente. En primer lugar aparecía la educación, con 46% de las menciones. En segundo la seguridad pública, con 43%, seguida de la corrupción, con 37%. También estaban presentes los aspectos económicos, como los empleos (33), los salarios (24), el crecimiento (14) y el alza de precios (13%) La pobreza y la salud aparecían con 30 y 15%, respectivamente. El asunto de la reforma fiscal, que ocupó buena parte del primer año de gobierno, fue mencionado solamente por 2% de los encuestados como una prioridad. El 2 de julio del 2001, al celebrarse un año de las elecciones presidenciales, la opinión pública estaba dividida en cuanto a los cambios que había tenido el país desde entonces. En una encuesta nacional telefónica de 1 048 adultos, Reforma encontró que 43% de los entrevistados consideraba que, desde el 2 de julio del 2000, el país había cambiado para bien. Sin embargo, 45% opinaba que el país no había cambiado, que todo seguía igual. Solamente 8% dijo que el país sí había cambiado, pero para mal. Ese mismo día, el presidente Fox contrajo matrimonio con su hasta entonces vocera, Martha Sahagún. Algunos observadores y políticos bromearon diciendo que el único cambio del año había sido el estado civil del mandatario. Hacia el primer año de gobierno, la idea de que no había cambios en el país no sólo seguía siendo común, sino incluso mayoritaria. Otra encuesta nacional de Reforma, realizada personalmente en la vivienda de 1 200 adultos en noviembre de 2001, mostraba que 53% de ellos consideraba que durante el primer año de gobierno de Fox el país no había cambiado nada. El 36% opinaba que el país sí había cambiado para bien y 8% percibía cambios para mal. Para entonces, ya la ola del cambio había tenido otros resultados electorales desfavorables al pri en varios estados de la República, pero la ciudadanía se volvía más crítica hacia el primer presidente panista. Simplemente, la mayoría no veía el cambio, más allá de la alternancia de partidos en el poder y las grandes expectativas se volvían grandes exigencias. Lo que sí cambió Si bien el mandato en las urnas fue un mandato de cambio, su significado más allá del reemplazo del pri por otro partido en la presidencia era ambiguo e incierto. Como se mencionó anteriormente, no había un mapa programático delineado, sólo fines universalmente deseados: una mejor educación, mayor seguridad pública, una economía fuerte que se sintiera en los bolsillos de las personas, y, alternativamente, menos corrupción y menos pobreza. Asuntos o situaciones que ningún gobierno podría cambiar de tajo. Con todo y las crecientes críticas expresadas en las encuestas ante la falta de cambios en el país, lo cierto es que la sociedad sí experimentó una transformación notable en sus creencias y opiniones por causa del 2 de julio, transformaciones que renovaron el sentir ciudadano hacia la política. Casi de la noche a la mañana cambiaron las percepciones sobre el sistema político mexicano, los niveles de satisfacción con la democracia, la confianza en las instituciones y, al menos de una manera temporal, el balance de fuerzas políticas. Lo que algunos analistas identificaron como el "bono democrático" incluía, sin duda, una renovación del capital social mexicano, en la que una desconfianza generalizada hacia lo político daba paso a nuevos aires de confianza. El mejor indicador del momento eran los altos índices de popularidad y respaldo ciudadano de los que gozaba el presidente Fox, quien literalmente vivía su luna de miel con la ciudadanía, incluyendo a muchos de los que no habían votado por él. Sin embargo, también hay otros indicadores. La percepción pública de que México es una democracia se confirmó inmediatamente después del 2 de julio. La serie de encuestas nacionales de Reforma indica que, entre enero y junio del 2000, poco más de 40, pero menos de 50% de los encuestados en cada mes, consideraba a México como una democracia

(véase cuadro 2). Quienes consideraban que no era una democracia representaban entre 33 y 40%. En septiembre de ese año, 66% de los encuestados dijo que México era, efectivamente, una democracia, frente a 24% que decía que no. Esta percepción de un México democrático aumentó alrededor de 20 puntos tan sólo por el resultado de las elecciones, el cual fue acompañado por el respeto que hubo al voto popular y por la ausencia de conflictos políticos poselectorales. Para diciembre del 2000, cuando tomaba posesión el nuevo gobierno, el porcentaje de quienes consideraban a México como una democracia era de 59%, claramente mayoritario. Esta percepción de democracia se confirma con otras preguntas a las que se les ha dado seguimiento en las encuestas nacionales de Reforma desde 1999: cuánta democracia hay en el país y qué tan satisfechos están los ciudadanos con el funcionamiento de ésta (véanse cuadros 3 y 4). En octubre de ese año, poco antes de la elección interna del pri para seleccionar a su candidato a la presidencia, 42% de los entrevistados dijo que había mucha o algo de democracia en el país, mientras que 46% dijo que había poca o nada. La opinión pública estaba claramente dividida al respecto. En ese mismo mes, el nivel de satisfacción con la democracia, en una escala ponderada del 0 al 100, donde 100 es que los encuestados estaban muy satisfechos y cero muy insatisfechos, era 39 en promedio. Para agosto del 2000, un mes después de las elecciones presidenciales, la proporción de quienes opinaban que en el país había mucha o algo de democracia había aumentado a 58% y el índice de satisfacción con la democracia a 61 puntos en promedio. En enero del 2001, la percepción de mucha o algo de democracia era de 67%, 25 puntos porcentuales por encima del nivel de octubre de 1999 y el índice de satisfacción era de 60 puntos promedio. Se trataba, sin duda, de los mejores días de la nueva democracia mexicana, hasta ahora. En noviembre del 2001, la víspera del primer año de gobierno foxista, las opiniones de que en México había mucha o algo de democracia habían bajado a 59%, 8 puntos menos que en enero, pero seguía siendo una clara mayoría. Por su parte, el índice de satisfacción con la democracia era de 50 puntos promedio, más bajo que al inicio del nuevo gobierno pero aún significativamente mayor que el nivel registrado antes de las elecciones del 2 de julio. Si bien las percepciones sobre la democracia cambiaron significativamente después del 2 de julio, la confianza en las instituciones también registró un aumento importante y más o menos generalizado. Dos encuestas nacionales que abordaron el tema en febrero y agosto del 2000, indican que todas las organizaciones incluidas en ambos estudios, salvo una, tuvieron un aumento en la confianza de los ciudadanos. La única excepción fueron las iglesias, aunque se mantuvieron en el primer lugar de la lista a pesar de una ligera caída, con un 76% de confianza (véase cuadro 5). Entre febrero y agosto del 2000, la confianza en el ejército pasó de 51 a 67%. A las fuerzas armadas les siguen los medios: la televisión subió de 45 a 57% y la prensa de 40 a 53%. El aumento de la confianza en el gobierno de la República fue también notable, de 36 a 52%. El mayor incremento de confianza se registró en torno al Tratado de Libre Comercio, de 30 a 50%. Sin embargo, la confianza en las grandes empresas solamente subió 8 puntos, de 41 a 49%. Los partidos políticos pasaron de 24 a 40% y, aunque no es la mayoría la que confía en ellos, este cambio definitivamente les dio a esas organizaciones una oportunidad de reencontrarse con la sociedad mexicana. Otro cambio notable fue el aumento de la confianza en el Congreso. La Cámara de Diputados pasó de 20 a 38%, mismo porcentaje que obtuvo el Poder Judicial. Los sindicatos ganaron 11 puntos, con un aumento de 26 a 37%, a su vez que la confianza en la policía pasó de 26 a 36% y la burocracia de 20 a 34%. La ciudadanía sigue desconfiando de instituciones, como la policía y la burocracia, o desconoce a otras, como el Congreso y el Poder Judicial, pero todas ganaron puntos como producto de la alternancia política. Finalmente, el resultado de las elecciones del 2 de julio provocó una redefinición de las fuerzas políticas que, por lo que se ha observado más recientemente, tiene más tintes de haber sido un efecto temporal de subirse al carro ganador, que de una posible realineación electoral de más largo alcance y estabilidad.

Tras el triunfo del panista Vicente Fox, el pan se vio envuelto en una ola de simpatías a su favor en forma de intenciones de voto a escala nacional (véase cuadro 6). Después de haber tenido, como partido, un apoyo cercano a un tercio del electorado a principios del 2000, los bonos blanquiazules subieron después de la elección y llegaron hasta 50% en febrero del 2001. Aunque no hubiera elecciones federales, en ese mes la preferencia efectiva por el pan (quitando las respuestas "ninguno" y "no sabe") alcanzaba 64%, frente a un 22 del pri y 13% del prd. Sin embargo, las simpatías por el pan fueron cayendo durante el primer año de gobierno de Fox, a 40% en abril y julio del 2001, a 34 en noviembre de ese año, y a 25% en la última encuesta nacional de Reforma, realizada en febrero del 2002. Por su parte, el pri y el prd han ido capitalizando algo del reajuste panista. Sin volver a los niveles previos a la elección presidencial, superiores a 30%, el pri logró en febrero tener una preferencia mayor que la del pan, de 28%. Por su parte, el prd ha recuperado terreno, situándose en un 16% de las preferencias. La arena política-electoral se vislumbra así, a poco más de un año de las elecciones federales del 2003, tan competitiva o más que en el 2000. Quienes han ido aumentando también con la caída del pan son los que no expresan preferencia por ninguno de los partidos o están indecisos. Al parecer, será una buena parte de ellos quienes podrían inclinar la balanza hacia un lado u otro cuando se renueven a los 500 diputados en el Congreso.