Seminario de derechos humanos: genocidio e impunidad en el movimiento sindical

La población afrocolombiana sufre mayor déficit de trabajo decente y exclusión laboral

El pasado 17 y 18 de julio se realizó en Bogotá el seminario Derechos Humanos, Genocidio e Impunidad en el sindicalismo colombiano. Ver nota completa del seminario. / 5

Más allá de la retórica triunfalista, de los discursos académicos, de los avances jurídicos y las construcciones de políticas públicas incluyentes, las condiciones laborales de miles de trabajadores afrocolombianos continúan siendo dramáticas. / 12 y 13

La multinacional Río Tinto no merece estar en el podio olímpico Río Tinto ha sido el blanco de críticas y acciones judiciales por daños ambientales y violación de los derechos de las comunidades en el mundo. / 23

Nº 94 Valor $500

Bogotá, Colombia Julio de 2012

En Bogotá, el 19 de julio: aspecto de la segunda gran movilización de “batas blancas” por la salud, exigiendo una nueva ley que la convierta en derecho y no en negocio.

La salud es un derecho

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ascontrol

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¡No nos callarán! Junta Directiva Nacional

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a organización sindical Ascontrol se permite denunciar públicamente la actitud antisindical de la Contralora General Sandra Morelli Rico, quien de manera reiterada y permanente viene efectuando declaraciones en los medios de comunicación en las cuales se ha dedicado a difamar, perseguir, calumniar, a nuestra organización sindical y a sus dirigentes a nivel nacional y regional, pretendiendo con ello deslegitimar nuestras acciones. Tanto las intervenciones en los medios de comunicación como sus comunicados escritos son dignas piezas publicitarias que envidiaría Goebbels, el nazi encargado de las comunicaciones hitlerianas, por sintetizar en unas cuantas expresiones y unos escasos párrafos lo más dilecto de la filosofía fascista y autoritaria, que ha sustentado el actuar de aquellos que ven en las organizaciones sindicales y sociales, no actores válidos y necesarios en un Estado social de derecho, sino potenciales enemigos del sistema y, por ello, fascistas y autoritarios, precavidos de un poder coyuntural, buscan su eliminación y aniquilamiento físico, enviando hordas de asesinos morales y físicos. Dicha “filosofía” es aplicada magistralmente en Colombia y hoy, lo denunciamos, en la Contraloría General de la República, en relación con la organización sindical Ascontrol, que es considerada un “enemigo”, un “contradictor” y según dicha filosofía fascista, al contradictor hay que amedrentarlo, perseguirlo, difamarlo, debilitarlo, para poder asestarle después un golpe de gracia. En palabras de Jean Paul Sartre, “el fascismo se distingue no por el número de víctimas sino por la forma como mata”. Por ello, desde ahora, hacemos públicamente responsable a la Contralora General de la República y a toda su administración por los riesgos y/o perjuicios físicos, morales, disciplinarios, y legales, que puedan ocurrir a la organización sindical Ascontrol, a sus afiliados y a sus directivos en todo el país. Las afirmaciones tendenciosas y calumniosas de la Contralora Morelli no se han limitado a asuntos internos de la Contraloría General de la República sino que han trascendido hasta cuestionar garantías sindicales de representación alcanzadas en años de lucha y movilización, como lo son las representación de las centrales sindicales en los Consejos Directivos de las Cajas de Compensación Familiar al cuestionar la designación del presidente de nuestra organización, compañero Carlos Saavedra Zafra, en Cafam. Dicha actitud, que se ha centrado en la amenaza reiterada de procesos disciplinarios por supuestas inhabilida-

des, es producto de la desinformación, del desconocimiento y del retrógrado carácter antisindical y antilaboral de la Contralora. A estas alturas no sabemos si la Contralora General ha podido discernir sobre una elemental verdad, si no tiene la información o, más grave, si teniéndola no la entiende o no la quiere entender.

12 AÑOS DE LUCHA Y COMPROMISO

La participación del compañero Carlos Saavedra Zafra en el Consejo Directivo de Cafam y de cualquier trabajador, público o privado, se sustenta en el derecho establecido en la Ley 21 del 22 de enero de 1982 que estableció en su artículo 50 que todas las Cajas de Compensación Familiar tendrán un Consejo Directivo conformado por representantes de los empleadores y representantes de los trabajadores, y en su artículo 52 determinó la forma de elección de los representantes de los trabajadores al preceptuar que los mismos serán escogidos por el Ministerio del Trabajo de las listas que envíen los Comités Ejecutivos de las Federaciones y Confederaciones de Trabajadores con personería jurídica.

La organización sindical Ascontrol cumplió el 21 de julio 12 años de existencia, de lucha y de compromiso con los intereses de los trabajadores de la Contraloría General (CGR) y sus familias; de lucha y compromiso por toda la verdad, todas las garantías, toda la democracia, por una Colombia justa y soberana.

La designación del compañero Carlos Saavedra Zafra y de todos los representantes de los trabajadores en los Consejos, obedece a que las centrales sindicales los seleccionan entre varios compañeros. Una vez escogidos por las centrales, las postulaciones son sometidas al escrutinio jurídico tanto del Ministerio del Trabajo como de la Superintendencia de Subsidio Familiar, con el fin de verificar el lleno de los requisitos y estudiar lo concerniente al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Una vez surtido este proceso se expide una resolución de designación por parte del Ministerio del Trabajo (de Protección, en su momento). Es decir, pretender de manera amañada cuestionar la designación efectuada por la CUT del compañero Carlos Saavedra Zafra deja entrever la utilización perversa de su dignidad ante los medios de comunicación y coloca a nuestra organización y a sus dirigentes en situación de desigualdad frente a sus continuos ataques. Pero no contenta con su campaña de difamación y deslegitimación contra nuestra organización, hoy prosigue con la campaña de amedrentamiento, persecución y difamación contra nuestra organización sindical. Ahora hace eco de una supuesta denuncia contra el compañero Saavedra por haber ejercido “constreñimiento ilegal sobre el pariente de un padre de familia cuyos hijos estudian en el Colegio de la Contraloría General de la República” y sin mediar indagación sobre la veracidad de la denuncia, da por cierto que hubo el constreñimiento al expresar que “...en efecto, Saavedra habría suministrado a dicha persona $20 millones de pesos, para que se diera un concepto negativo sobre la estabilidad de la sede donde está ubicado el Colegio”.

Hoy, más que nunca, ante la arremetida de la administración de turno de la Contraloría General, Ascontrol ha demostrado que su lema de “Ascontrol siempre contigo” no es un lema publicitario sino un asunto de principio y convicción. Ha sido Ascontrol el artífice fundamental de los avances en materia laboral y prestacional que tienen los trabajadores de la Contraloría General de la República y hoy es, Ascontrol, el baluarte en defensa del control fiscal ejercido por la CGR, el portaestandarte de la lucha en defensa de nuestro sistema especial de carrera, de la dignidad, responsabilidad y compromiso de los trabajadores y trabajadoras.

Es de imperativa obligación de la Contralora General informar a la opinión pública y a la entidad en general, en qué Juzgado y mediante qué proceso se investigó, enjuició y venció al compañero Saavedra o se lo condenó por ejercer constreñimiento ilegal. O será su obligación, poner en conocimiento de las autoridades competentes la ocurrencia de este delito si de él dice tener conocimiento y aportar las pruebas que confirmen dicho entuerto o si se trata solo de otra patraña orquestada bajo los oscuros propósitos de manchar la honra y el buen nombre del compañero y de la organización que dirige. Ahora bien, si se trata de denuncia interpuesta mediante terceras personas tendrá la obligación de guardar la reserva sumarial si hay algunas pesquisas en averiguación o indagación. Como estamos seguros que las afirmaciones de la señora Morelli hacen parte de la campaña de aniquilamiento moral, ella estaría inmersa en el delito de calumnia. Por ello, la organización sindical Ascontrol ha decidido emprender las acciones jurídicas y políticas tendientes a defender no sólo la honra y el buen nombre del compañero Carlos Saavedra Zafra sino el buen nombre de nuestra organización sindical. Las calumnias de que es objeto Ascontrol y sus directivos sindicales, a nivel nacional y departamental, hacen parte de la campaña de amedrentamiento y persecución que desató esta administración, en cabeza de la Contralora General, contra los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría General porque vio en nosotros no los colaboradores sobre los cuales se podía apoyar para sacar avante los objetivos misionales, sino funcionarios “anquilosados”, “rutinizados”, “corruptos”, “perezosos” y “sin compromiso”. Hace parte de esa campaña de difamación y debilitamiento salir a los medios de comunicación a despotricar de propios y extraños para después asumir posiciones

diametralmente opuestas. Cree la administradora, de paso por la Contraloría General de la República, que posee la verdad absoluta y se considera dueña de las mentes y conciencias de funcionarios de todos los niveles. Solo desea trabajadores y organizaciones serviles y dóciles, sometidas, borregas, que repitan lo que les dice, que solo hagan lo que les dice, sin cuestionar o adoptar posiciones propias o de controversia, solo quiere badulaques y áulicos. Y eso señora, no somos los funcionarios públicos de esta entidad. Para bien o para mal, durante las administraciones anteriores o posteriores, Ascontrol por principios ha sido y será una organización sindical conciliadora, abierta al diálogo, agradecida; pero nunca ha estado ni estará sometida a administración alguna, y sustenta su accionar en el diálogo y en la movilización en cuanto éstos sean necesarios para la defensa de la Contraloría General, del control fiscal público, los intereses de los trabajadores y sus familias, del Fondo de Bienestar Social y sus programas. Y ello, no lo perdona el fascismo. En palabras de Thomas Jefferson: “Todo lo que la tiranía necesita para afianzarse es que la gente de buena conciencia permanezca en silencio”. Debe saberse que dicha campaña de calumnia, persecución, difamación, y deslegitimación obedecen a que nuestra organización ha denunciado los yerros jurídicos, administrativos, técnicos y laborales que han sumido, hoy, a la Contraloría General en la más profunda crisis, sin par, en sus casi 90 años de existencia. Ante la calumnia como arma rastrera de ataque, Ascontrol no se callará nunca y convocamos la solidaridad del conjunto del movimiento sindical y social colombiano e internacional. Bogotá, D. C. 21 de julio de 2012.

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opinión sindical

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Lo público y lo laboral en Bogotá Miguel Ángel Delgado Rivera

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Fiscal CUT Bogotá Cundinamarca

stán pendientes de una definición de la dirección y los sindicatos de la CUT en Bogotá, temas que atañen a problemas fundamentales de nuestro accionar sindical y social y su relación con el gobierno de la ciudad. Es decir, la posición sobre la administración Petro; nuestro punto de vista frente al Plan de Desarrollo 2012-2015 (Bogotá Humana); la mirada sobre los desempeños de esta Alcaldía en siete meses de gobierno, en cuestiones trascendentales como salud, educación, movilidad, servicios públicos domiciliarios, espacio público, tema laboral y otros más. El asunto es complejo, como es complejo administrar una urbe como la capital y como es compleja la personalidad política del Alcalde. Por supuesto que hemos adelantado debates y tomado posiciones. En compañía de los ejecutivos de la Subdirectiva, Doris González, Manuel Téllez y Carlos Castañeda, respaldamos la campaña por la Alcaldía de Gustavo Petro. Y en mi condición de tal y de militante del Partido del Trabajo de Colombia y del Progresismo escribo estas reflexiones. Vayamos por partes:

•• E l sindicalismo y la CUT en particular, de tiempo atrás, hemos luchado por la defensa de la red pública hospitalaria, por reversar la Ley 100 y hacer de la salud un derecho y no un negocio, en esta dirección saludamos y acogemos la posición de la administración distrital y de la Secretaría de Salud en la misma vía. Demostración de ello es la participación conjunta en las grandes movilizaciones de batas blancas del 7 de junio y del 19 de julio. •• E n educación respaldamos las decisiones que ha venido asumiendo institucionalmente la ADE, en la ruta por consolidar los innegables avances hechos, bajo la batuta del profesor Abel Rodríguez, en las dos administraciones anteriores, con el énfasis puesto en la educación de la niñez y la juventud. •• La renegociación de los leoninos contratos de la Fase I y II de Trasmilenio, la rebaja de tarifas, el pico y placa, la entrada en funcionamiento, en su parte inicial, del Sitt, y la mirada a favor del peatón y del servicio público de transporte masivo, multimodal, eficaz y cómodo son muy positivos. •• La defensa de la ETB como patrimonio público, los anuncios de recuperar para la empresa de acueducto los contratos de gestores privados, la implementación del mínimo vital para los estratos 1 y 2, y el fortalecimiento de estas

empresas, junto con la de energía, a través de un holding empresarial, han merecido el pronunciamiento favorable de la Subdirectiva, de voceros de Sintrateléfonos y Sintraemsdes Bogotá. •• La trampa en que la enredada jurisprudencia ha convertido el asunto del espacio público y las ventas informales ha tenido un desahogo con la formulación, aún general, del fortalecimiento de la economía popular y el nuevo modelo de ciudad. El Comité Distrital de Vendedores Ambulantes, la Ugti y su presidente Pedro Luis Ramírez, están reclamando retomar la concertación, la confianza y los acuerdos alrededor del uso democrático del espacio público para avanzar en este trascendental punto. •• En lo laboral, cuestión de nuestro interés inmediato y central, se negoció, a contrapelo de la actitud del gobierno nacional, con los sindicatos distritales, las federaciones y centrales, un aceptable acuerdo salarial para dos años. Se viene manifestando, con reiteración, la intención de formalizar el empleo en el Distrito sobre la base de estudios de cargas laborales, lo que se debe concretar ya para reflejarlo en el tema presupuestal. Se aceptaron los cambios en la formulación de la política laboral de trabajo decente en el Plan de Desarrollo. Se entendió, con mucha poquedad en su rectificación práctica, el papel de la contratación en la vulneración de derechos de trabajadores de aseo y vigilancia (Directiva 003 de abril de 2012). Pero el bache enorme y negativo es el despido de trabajadores por OPS, opinión que retomaremos adelante. •• S obre el Plan de Desarrollo Bogotá Humana hay mucha tela que cortar. De entrada estamos de acuerdo con sus ejes centrales: combatir la segregación social, un nuevo modelo de ciudad que respete el agua como fuente estructurante del territorio y que adapte el desarrollo urbano a los desafíos del cambio climático, y la restitución de confianza y defensa de lo público. Sus objetivos generales y programa, así como su desarrollo real merecen un estudio y seguimiento detallado de nuestra parte, que está en mora de hacerse. También podemos anotar, de paso, que en lo fundamental los ejes de este plan de desarrollo son conceptos expresados en nuestros “idearios”, los cuales tratamos de poner en práctica, pese a las dificultades y errores, con las dos anteriores administraciones amigas o que denominamos de izquierda democrática. Reiteramos, en lo que respecta directamente con los importes del sindicalismo, nuestra complacencia con la aprobación del trabajo decente como política pública laboral para Bogotá, como

reza la declaración de la CUT Bogotá Cundinamarca del 13 de junio de 2012, declaración oficial y absolutamente mayoritaria de la Subdirectiva, en la cual, además, se valora el papel del concejal Yezid García en la consecución de plasmar en el Plan de Desarrollo el trabajo decente como política pública. Finalmente, y para poder precisar nuestra relación con la administración distrital, retomamos el punto de los despidos de funcionarios de OPS. No estamos de acuerdo con el despido indiscriminado y masivo de estos trabajadores, los que a nuestro criterio y al concepto de la sentencia C-614, tienen un contrato realidad. La CUT lo ha dejado bien claro en las mesas de negociación. Es tan subjetivo contratar como despedir trabajadores en esta condición sin un estudio serio y concertado de las cargas laborales, para determinar sobre ese estudio la verdadera dimensión de las plantas de personal.

El Alcalde declaró a Noticias Caracol que el distrito tiene 60.000 funcionarios, 28.000 de planta y 38.000 por fuera de ella, y que de estos se han cancelado 5.000 contratos de prestación de servicios. Maleza que surge en un entendimiento fructífero y positivo por los objetivos comunes de la nueva ciudad, y que permite a “plumas” descarriadas producir comunicados, a opositores montar campañas mentirosas, a contratistas corruptos sacarse el clavo, y a concejales en tránsito al cinismo mojar pantalla. Nos unimos férreamente con esta administración en defensa de lo público, por los derechos de los ciudadanos capitalinos, por la educación, la salud y el bienestar de la niñez, por la defensa del agua y el ambiente sano, contra la corrupción, la usura y el negociado, pero necesitamos acordar, con urgencia, una política laboral sobre la base del respecto de los derechos de los trabajadores, condición fundamental de nuestra concepción de trabajo decente.

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laborales

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CSICSI Confederación Sindical Internacional (CSI) En línea

Colombia: La violencia antisindical y la discriminación suelen quedar impunes

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n nuevo informe publicado por la CSI, coincidiendo con el examen por parte de la Organización Mundial del Comercio de la política comercial de Colombia, evalúa el rendimiento del país en lo referente a las normas fundamentales del trabajo. El informe revela un extremo nivel de violencia y discriminación antisindical que queda impune. En los últimos años, cientos de sindicalistas han sido víctimas de agresiones mortales, así como de amenazas de muerte, desapariciones, atentados contra su vida y redadas. En Colombia los sindicatos son objeto de constantes ataques y amenazas que han afectado enormemente el número de sus miembros así como su poder de negociación. Los empleadores no suelen participar de buena fe en las negociaciones colectivas y el Estado no protege a los trabajadores que tratan de concluir un convenio colectivo o convocar una huelga en apoyo a sus reivindicaciones. El poder de negociación también se ha debilitado debido al gran número de trabajadores cuya situación irregular y precaria no les permite acceder a contratos de larga duración. La legislación de Colombia aporta insuficiente protección a las mujeres, los afrocolombianos, indígenas y otros grupos que

con frecuencia son objeto de discriminación y se ven confrontados a desigualdades en el acceso al empleo y en su remuneración, así como condiciones de empleo inadecuadas. Además, activistas y líderes indígenas y campesinos son blanco de intentos de asesinato y centenares de ellos reciben amenazas cada día. Las personas indígenas y afrocolombianas se ven duramente afectadas por conflictos armados internos, que en ocasiones dan lugar a desplazamientos forzados. Las familias desplazadas suelen refugiarse en las ciudades, donde sus hijos son particularmente vulnerables al terminar trabajando en la calle. Los niños/as afrocolombianos e indígenas a menudo son víctimas de algunas de las peores formas de trabajo infantil en las plantaciones, las minas y en el servicio doméstico. El trabajo forzoso y la trata de personas son también problemas que suelen afectar a las familias desplazadas, indígenas y afrocolombianas. Se han recibido informes de mujeres y niñas que son objeto de la trata de personas con fines de explotación sexual, y numerosos niños y adultos al parecer son obligados por algunos grupos paramilitares ilegales a participar en conflictos armados. Informe completo: http://www.ituc-csi.org/informepara-el-examen-del-consejo.html

El Presidente de Egipto interviene para poner fin a una oleada de huelgas tras la muerte de un trabajador

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ruselas, 23 de julio de 2012 (CSI EnLínea): El Presidente de Egipto, Mohamed Morsi, ha intervenido para que se ponga fin a las huelgas en todo el sector textil y el gigante Cleopatra Ceramics, en Ain Sokhna, donde los trabajadores en huelga aceptaron una mediación para obtener el pago de los salarios adeudados por el propietario de la fábrica, partidario del derrocado Mubarak. Un obrero textil, Ahmed Hosni, fue asesinado y otros cuatro resultaron heridos en Mahalla, como consecuencia de un ataque perpetrado por tres hombres, al parecer bajo las órdenes de la dirección de la empresa Al-Samoly. Una oleada de huelgas en Mahalla había sido el detonante de la revolución que desembocaría con el derrocamiento de Hosni Mubarak de la presidencia. Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, indicó que “La intervención del Presidente Morsi resulta crucial, pero no ataca la raíz del problema, los trabajadores están hartos de las intrigas políticas que

tienen lugar a alto nivel, mientras que cuestiones básicas, como el impago de salarios, no llegan a abordarse. El Gobierno debe actuar con prontitud respondiendo a estas preocupaciones básicas. Los trabajadores están resintiéndose por las restricciones, tanto a nivel financiero como político, y no responder a sus reivindicaciones podría tener consecuencias dramáticas”. Decenas de miles de trabajadores en los sectores industriales de Egipto han venido participando en acciones de huelga en las últimas semanas, para protestar por los intentos por parte de la dirección de retirarles beneficios, así como para reclamar el pago de salarios pendientes e incrementos salariales. Los progresos para el establecimiento de una protección y una legislación laboral efectivas han sido muy lentos desde la revolución, teniendo en cuenta los estrechos vínculos de los empresarios con el antiguo régimen y la resistencia a cualquier cambio por parte de los militares.

Comité Ejecutivo CUT Bogotá-Cundinamarca Héctor I. Bermúdez R. (Presidente); María Doris González (Vicepresidenta, responsable de Asuntos de Salud y Seguridad Social); Carlos Arturo Rico Godoy (Segundo Vicepresidente, responsable Relaciones Internacionales); Manuel Téllez González (Secretario General); Miguel Ángel Delgado Rivera (Fiscal); José Meyer Álvarez (Departamento Tesorería y Finanzas), Winston Francisco Petro (Departamento de la Juventud y Menor Trabajador); Raúl Alfonso Soto Ariza (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos); Óscar Gustavo Penagos (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente); Alfonso Ahumada Barbosa (Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva); July González Villadiego (Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad); Nohora Bulla Gutiérrez (Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos); Alfredo Manchola Rojas (Departamento de Organización y Trabajadores Informales y Relaciones con Organizaciones Sociales); Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda); Fraydique Alexander Gaitán (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial).

Consejo Editorial Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Director del Departamento de Comunicaciones), Héctor I. Bermúdez R. (Presidente); Miguel Ángel Delgado (Fiscal), Óscar Penagos (Dept. Recursos Naturales y Medio Ambiente), Nohora Bulla (Dep. de Educación), Jorge E. Charry (asesor editorial).

Avenida Caracas Nº 44-54 Of. 402 Teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432 Bogotá D.C. Colombia Email: [email protected] [email protected] ISSN: 1900-0898 Diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, [email protected] / 2329558. Caricaturas: Internet. Fotografías: Jorge Becerra, Manuel A. Mora, Manuel Téllez y tomadas de Internet. Asistencia editorial: Yolanda Rodríguez. Edición: 20.000 ejemplares. Tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones. Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

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derechos humanos

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Seminario de derechos humanos: genocidio e impunidad en el movimiento sindical Equipo Derechos Humanos CUT Bogotá Cundinamarca

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l pasado 17 y 18 de julio se realizó en Bogotá el seminario Derechos Humanos, Genocidio e Impunidad en el sindicalismo colombiano. Dos objetivos fundamentales nos propusimos en estos días de reflexiones: aportar y fortalecer la propuesta de la campaña nacional e internacional y fortificar la iniciativa de Reparación individual y colectiva que adelanta la CUT, en el proceso de verdad, justicia y reparación integral, para las víctimas del conflicto en el movimiento sindical. Nos acompañaron importantes personalidades, luchadores y lideresas, como Alfredo Beltrán, Renán Vega Cantor, Alberto Vanegas, Nohora Bulla Gutiérrez, Iván Cepeda Vargas, July González Villadiego y Francisco Ramírez Cuellar quienes provocaron el debate, desde la academia, la constitucionalidad, las organizaciones sociales y el Parlamento colombiano. Visitamos el Centro de Memoria Histórica, para visibilizar la política de exterminio contra el sindicalismo en Colombia y socializamos varios testimonios con víctimas de distintos sectores de la economía, que dieron cuenta de dicha política. Compartimos con ustedes, la Declaración Política como conclusión de los importantes debates y aportes: Las organizaciones sindicales de B ogotá , C undinamarca , N ariño , V all e , B oyacá y C esar , de la C entral U nitaria de T rabajadores , CUT, presentes en el seminario de derechos humanos, genocidio e impunidad contra el movimiento sindical. Teniendo en cuenta: 1. Que desde antes de la creación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en 1986, el movimiento sindical viene sufriendo una sistemática persecución y exterminio de sus afiliados, afiliadas, dirigentes y dirigentas, que configura el delito de genocidio contra este grupo humano y que ha producido el asesinato de más de 3.000 sindicalistas, en un promedio de uno cada tres días, en un porcentaje mayor al 60% de todos los sindicalistas asesinados en el mundo, siendo nosotros no más del 0,0002% del total mundial de sindicalizados, lo que ha producido un descenso muy grave de afiliados del 14% en 1986 a un 3,9% aproximadamente en 2012. 2. Que el principal responsable de este genocidio contra el movimiento sindical es el establecimiento colombiano, sus gobiernos de turno, los monopolios y empresarios nacionales, que han adelantado una política de infiltración, criminalización e ilegalización de la actividad sindical, estigmatización, señalamientos, despres-

tigio, a través de campañas mediáticas y todo tipo de actos criminales entre los cuales se cuentan amenazas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, exilio forzado, torturas físicas y morales, secuestros, atentados a las oficinas de los sindicatos y desconocimiento de las mínimas garantías individuales y colectivas en el ejercicio de su actividad legal. 3. Papel muy importante en este crimen de lesa humanidad lo cumplen algunos gobiernos de países desarrollados, con sus multinacionales y transnacionales, con el apoyo de organismos de inteligencia, grupos de mercenarios y fuerza pública que dirigen su accionar a la destrucción de las organizaciones sindicales, que se oponen al saqueo de nuestros recursos naturales y al modelo económico neoliberal; ejemplo de esta actividad criminal son las empresas Coca Cola, Nestlé, Chiquita Brands, Drummond y Oxy. 4. Por estos hechos hemos decidido adelantar una campaña nacional e internacional contra el genocidio que sufre el movimiento sindical colombiano, llamando a la solidaridad de organizaciones sociales, sindicales, ONG de todo el mundo, comprometidas con las causas sociales, para que manifiesten su rechazo contra este crimen; también llamamos a los gobiernos de los países desarrollados a que cesen su injerencia en las políticas sociales que impuestas desde la banca multilateral propician este genocidio, y a los gobiernos del llamado tercer mundo para que no apoyen estas acciones. 5. En el marco de la verdad justicia y reparación, las organizaciones reunidas en este seminario, exigen del gobierno colombiano que, además de las propuestas ya presentadas por la CUT, se tenga en cuenta: •• La libertad sindical es un derecho fundamental, por tal razón el gobierno nacional debe garantizar la afiliación de trabajadoras y trabajadores vinculados mediante cualquier forma de contratación y ofrecer las garantías necesarias para el ejercicio de este derecho. •• L a comisión propuesta por la CUT para valorar los daños causados individual y colectivamente a las organizaciones sindicales, deberá incluir en dicha valoración la reparación por: el patrimonio perdido como consecuencia de la violación de los derechos laborales; las acreencias laborales; la seguridad social integral. En términos de igualdad y equidad de género, se tendrán en cuenta en dicha reparación las particularidades de las trabajadoras víctimas (despedidas, desempleadas, desplazadas, viudas o con alguna discapacidad). •• Como acto de desagravio al sindicalismo colombiano y como política estatal, el gobierno nacional adecuará y financiará un museo para preservar la memoria histórica de las víctimas

de la política de exterminio y la declaración de un día nacional conmemorativo del y la sindicalista. ••Los medios de comunicación publicarán la inocencia demostrada por los sindicalistas y líderes populares estigmatizados y acusados injustamente, para resarcir su buen nombre y asumirán el compromiso de no promover y participar en campañas de desprestigio contra el sindicalismo colombiano. •• El gobierno nacional se comprometerá a implementar medidas de recuperación del campo colombiano y del sector agropecuario y garantizará la seguridad y sostenibilidad alimentaria, como también el reconocimiento, respeto y garantías del campesinado para el ejercicio sindical.

6. Dados los últimos acontecimientos sucedidos en el departamento del Cauca colombiano, en contra de la población indígena que exige la aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario, respeto a sus vidas, sus territorios, su cultura e identidad y que sean apartados del conflicto bélico que se desarrolla en su territorio, exigimos al gobierno colombiano, se les respeten sus derechos, conformando una comisión que impulse el diálogo y la concertación entre las partes, que impida que la situación se agrave aún mas, y sigan perdiendo la vida los civiles, tal y como está ocurriendo. Dado en Bogotá, D.C. a los 18 días del mes de julio de 2012.

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salud

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Cumbre nacional de secretarios de Salud motivada por la crisis de los hospitales

os secretarios de Salud departamentales, municipales y del Distrito Capital, nos reunimos de emergencia en la ciudad de Bogotá presionados por la insostenible crisis económica de nuestros hospitales y demás prestadores, crisis cuya causa principal es el actual sistema de salud considerado un negocio para los intermediarios. La cumbre se realizó ante la negativa de los distintos gobiernos a realizar cambios estructurales a un sistema que hace agua y ha cobrado muchas vidas.

Decidimos: 1. Asumir directamente y sin reservas, de manera responsable y unificada con nuestros gerentes y trabajadores, la defensa de la salud como derecho fundamental de los colombianos, la existencia de nuestros hospitales y la exigencia del pago inmediato de las deudas de las EPS que hoy superan los cuatro billones de pesos, sin incluir las glosas ocultas. 2. Exigir, como lo plantean los señores exministros de salud en su declaración del pasado 12 de junio, cambios estructurales y de fondo al actual sistema de salud basado en el ánimo de lucro, y rechazar los remiendos de reforma que sólo favorecen y fortalecen la intermediación. 3. Requerir a la Nación que pague a los prestadores las deudas de las EPS quebradas, insolventes o intervenidas, y que no permita que los recursos de las glosas hagan parte del patrimonio de las EPS, sino que estos se reviertan al Sistema. 4. Solicitar a la Superintendencia de Salud, Ministerio de Salud y de la Protección Social

y organismos pertinentes, revocar la habilitación de operación a las EPS que presenten una cartera superior a 180 días en el territorio nacional, pues su permanencia en calidad de morosas quiebra a las entidades. 5. Reconocer la función social indelegable e insustituible que prestan las Empresas Sociales del Estado, contraria al ánimo de lucro. Reconocer la urgente necesidad de fortalecer la red pública hospitalaria, de humanizar el servicio y de dignificar el trabajo. 6. Organizar en cada municipio de nuestros departamentos y el Distrito Capital comités para la defensa de la salud, involucrando en ellos a todos los sectores comprometidos con la salud como máximo interés general y vital de los colombianos. 7. Conformar una comisión que a nivel nacional recoja los aportes e inquietudes de diferentes sectores con el fin de estructurar un nuevo sistema de salud, que será presentado al Congreso de la República directamente o como resultado de un referendo ordinario u obligatorio. 8. Convocar a todos los sectores sin distinción política, económica, cultural, creencia, raza, etnias, edad, etc., a la movilización nacional del próximo 19 de julio para salvar nuestros hospitales, exigir la terminación del oprobioso sistema de intermediación y requerir cambios a las estructuras del Sistema de Salud. Se concentrarán esfuerzos en las capitales de departamentos, en el resto de ciudades se harán movilizaciones o plantones en los hospitales públicos. 9. Advertir a organismos internacionales, al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la

Procuraduría General de la Nación y a defensores de los derechos humanos sobre la próxima y más grande violación al derecho a la salud y a la vida en Colombia, de no tomarse las medidas urgentes que demanda la crisis hospitalaria para resolver de manera inmediata el grave estado de iliquidez y de no disponer la voluntad política para cambiar el régimen de salud. 10. Realizar en cada departamento actos, asambleas, foros y otras actividades tendientes a socializar las causas de la crisis de la salud, evidenciar las dificultades actuales de los hospitales y advertir sobre las consecuencias en caso de no buscar solución inmediata a los problemas que aquejan al sector. 11. Señalar públicamente el impacto negativo que implica en lo económico, social y en la congestión de las urgencias, para la red hospitalaria, la unificación del POS-S al POS-C, sin que se garantice el acceso, oportunidad, continuidad e integralidad en los servicios y la suficiencia de recursos. 12. Convocar dentro de los próximos dos meses un encuentro nacional de gerentes, secretarios de salud departamentales y municipales, e invitar a que hagan parte de la convocatoria, coordinación y preparación de dicho encuentro a las federaciones de departamentos y de municipios, así como a las organizaciones más representativas del sector salud. 13. Manifestar nuestra coincidencia con las siguientes declaraciones: 1. Del Presidente Juan Manuel Santos cuando dice: "la salud no puede ser un negocio. La salud es un servicio social y es un derecho que tienen los colombianos y con ese principio hay que actuar y hay que encontrar esas so-

luciones" (12 de agosto de 2011-Heraldo; agencia de noticias de la presidencia de la república). 2. De los exministros de Salud: "la salud se ha convertido en un negocio y sus estructuras se han acondicionado al ánimo de lucro antes que a la garantía del derecho a la vida y la salud, se hace necesario su reforma estructural de fondo". 3. De la Procuraduría General de la Nación: "La Corte Constitucional debe declarar todo el sistema de salud estado de cosas inconstitucional porque le interesa más la rentabilidad económica que la defensa de los derechos humanos (informe 2008)". 4. De la Contraloría General de la Nación: "Se demuestra la vulnerabilidad del sistema a cualquiera que quiera montar una lógica de defraudación... el Estado Colombiano lleva la peor parte en esta crisis porque no tiene cómo hacer control... más del 50% de los recursos de la salud se desvía de manera indebida para el lucro privado" (10 de mayo 2012, 2ª audiencia de seguimiento a la sentencia 760 de 2008). 5. De la Corte Constitucional: "El Sistema pareciera colapsar, en detrimento de los derechos fundamentales de quienes habitamos en este Estado. Ello hace imperioso que el país aborde decididamente el rediseño de la estructura y el cambio de procedimientos tendientes a salvaguardar el derecho a la salud, como mecanismos que permitirán tener una esperanza ante el complejo panorama mencionado" (Segunda audiencia de seguimiento a la sentencia 760, mayo 10 de 2012). 14. Nombrar como comité coordinador provisional de las acciones futuras a los secretarios de Salud o sus delegados asistentes a esta cumbre. Bogotá, D.C. julio 4 de 2012

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salud

El colapso del Sistema de Salud y las alternativas en ciernes cias, mediante la negación de servicios y el aumento de los recobros, ampliando en forma amañada las denominadas “zonas grises” del Plan Obligatorio de Salud (POS) y del no-POS.

Saúl Franco Médico, Ph. D. en Salud Pública. Miembro Comisión de Seguimiento a la Sentencia T/760 y de Reforma Estructural del Modelo de Salud. Tomado de razonpublica.com de la

- La claridad y firmeza de la Contralora General también merecen mención, pues desnudó diversas artimañas utilizada para el enriquecimiento desbordado a costa de la salud: por ejemplo, solicitar recobros por 8 millones de pesos por medicamentos que en realidad no valen más de 10 mil pesos, o anteponer el pago de las ganancias a la prestación del servicio a los pacientes, hasta el punto de que aproximadamente el 50 por ciento de los recursos se desvían hacia el lucro privado.

La Corte Constitucional reabre el debate: el Sistema de Salud colapsó y se enfrentan ahora tres tendencias: mantenerlo, reformarlo o cambiarlo. No se vislumbra un consenso, pero los abusos siguen y la situación ya es insostenible.

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A rendir cuentas

ste jueves la Corte Constitucional citó de nuevo a los funcionarios del Estado a rendir cuentas sobre el cumplimiento de algunas de sus órdenes sobre las orientaciones y el funcionamiento del sistema de salud, mediante la sentencia T/760 de 2008. La Corte también convocó a organizaciones académicas, gremiales y sociales para que presentaran sus opiniones y sugerencias. En una maratónica sesión de ocho horas, los convocados cumplieron su compromiso. Como era de esperarse, las presentaciones no sólo proyectaron cifras e ideas, sino que reflejaron intereses que permiten identificar a los actores en juego y explorar los escenarios posibles y sus desenlaces eventuales. A continuación hago un intento de delimitar los bloques de actores-intereses y de descifrar el guión de lo que viene en materia de salud para Colombia.

El modelo y su crisis La Ley 100 de 1993 constituyó un cambio radical en la manera de entender, financiar, organizar y administrar los problemas de salud, sobre todo en el plano de la atención de las enfermedades. Los tres cambios de fondo fueron los siguientes: 1. Que la prestación y administración de los servicios se convirtieran en un sector empresarial con ánimo de lucro. 2. Limitar el campo de la salud a dos paquetes de atención de enfermedades: uno para quienes puedan pagarlos (Régimen Contributivo), y otro para quienes necesitan subsidios parciales o totales (Régimen Subsidiado). 3. Convertir al Estado en un garante del mercado, reduciendo de manera significativa su responsabilidad, sus aportes y, por tanto, su autoridad sobre el sistema.

En desarrollo del modelo se fueron limitando los derechos reales de los pacientes, se hizo cada vez más difícil el acceso a los niveles básicos de atención y –aún más– a los de mayor complejidad. Pero además se violaron las propias leyes del mercado. La voracidad abrió las puertas al fraude, a la corrupción y a la ilegalidad. El gobierno Uribe intentó radicalizar el modelo: dio prioridad a las ganancias empresariales y satanizó el papel de médicos y jueces, mediante un paquete de normas diseñado

El colapso por un equipo bien remunerado de asesores. Las reformas, amparadas por una supuesta Emergencia Social en Salud, fueron enterradas por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C/252 del 16 de abril de 2010. Desde entonces se han ido agravando los síntomas de deterioro y parecen agotarse los tratamientos paliativos que intentan salvar al modelo. Durante la audiencia ante la Corte Constitucional, su Presidente dejó constancia de que “todo continúa igual y con tendencia clara a deteriorarse” (sic).

Hablan los funcionarios En principio, la CC buscaba verificar si los organismos del Estado habían acatado las órdenes impartidas en su sentencia T/760 de 2008, en particular en lo tocante al control, flujo y uso eficiente de los recursos. También se trataba de elaborar un diagnóstico sobre la situación financiera del sistema desde la perspectiva de los empresarios de la salud y de los sectores académicos, gremiales y sociales. * El ministro de Hacienda se limitó a un ejercicio de futurología macroeconómica del sistema, difícilmente creíble aún para sí mismo. El Fiscal General se dedicó a explicar cómo piensa reorganizar su estrategia y su equipo en lo relacionado con la salud, dejando una gran preocupación por sus vacilaciones sobre el carácter público de los dineros de la salud y su insistente solicitud a la CC de una sentencia interpretativa para aclarar las zonas grises. * Los demás funcionarios –Procuraduría, Ministra de Salud, Defensor del Pueblo, Superintendentes, Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Salud (Fosyga), Comisión de Regulación en Salud (CRES)– explicaron cómo estaban haciendo sus tareas y tratando de contribuir a que funcione la pesada maquinaria. * Merece destacarse el valor del Superintendente de Industria y Comercio al hacer públicas las averiguaciones sobre acuerdos urdidos por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo para aumentar desvergonzadamente sus ganan-

Estas denuncias, sumadas a los aportes documentales y analíticos de la Federación Médica Colombiana, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia) y de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T/760 y de Reforma Estructural del Modelo de Salud, fueron llevando la discusión al reconocimiento de la alarmante situación del Sistema de Salud y de los núcleos reales del problema. Resultó seriamente cuestionada la intermediación financiera. Se reivindicó el carácter público de los dineros de la salud, y se reactivó la discusión sobre las zonas grises en la delimitación del plan de beneficios y en las interpretaciones de la compleja legalidad sanitaria. En un texto publicado a posteriori en la página web de la CC, el Presidente de la Audiencia Pública divulgó sus sesudas reflexiones finales, donde divide en dos grupos las que a su juicio son las causas del colapso del modelo: •• Causas generales: alto grado de corrupción, prevalencia de intereses particulares, debilidad de control estatal e ineficiencia administrativa; •• Causas específicas: recobros por procedimientos y medicinas no aplicadas, cobros a nombre de personas inexistentes, pago de comisiones por levantar glosas o acelerar procesos de recobros, falta de base de datos unificada, entre otras.

Tres posiciones enfrentadas Más allá de competencias, funciones y discursos, se pueden identificar tres posiciones frente a lo que debe hacerse con el modelo de salud, cada una con sus propios matices:

1. Mantener el modelo: Obviamente esta posición está liderada por las EPS, el capital financiero nacional y trasnacional que viene invirtiendo en el sistema y por todos los antiguos beneficiarios, ideólogos y defensores de la fallida Emergencia Social en Salud. Para ellos, tal como lo plantearon en la Audiencia anterior –julio de 2011– lo único que se requiere son plenas garantías legales

y jurídicas –la “confianza inversionista” del gobierno del expresidente Uribe–, que se eliminen todos los servicios conocidos como no-Pos (el cáncer del sistema para ellos), que se les paguen oportunamente todos los recobros, y que se les indemnicen los “costos reputacionales”, es decir, que se les devuelva su buena fama.

2. Reformar el modelo: Esta posición la conforma un espectro más amplio de actores: buena parte de los funcionarios del gobierno y del Estado relacionados con el sector, una franja de la denominada opinión pública, algunos académicos y sectores de prestadores y usuarios de servicios, tanto públicos como privados. Para los reformistas, el problema no es el modelo sino su inadecuado funcionamiento y las consiguientes dificultades en atención, flujo de recursos, registro y manejo de información, mecanismos de vigilancia y control, imprecisiones normativas, delimitación de responsabilidades, abusos en utilización de servicios, entre otras. La solución pasaría entonces por corregir tales dificultades, mediante una acción fundamentalmente legislativa y de los entes de vigilancia y control.

3. Cambiar de modelo: Es la posición de un amplio y creciente grupo de pacientes ya impacientes, de académicos, legisladores, líderes de opinión y organizaciones gremiales, sindicales, sociales y populares, que hemos llegado a la conclusión de que el modelo es esencialmente inadecuado para garantizar el derecho a la salud, para atender digna, científica y oportunamente las enfermedades, y para crear mejores condiciones de vida y tranquilidad. Estamos muy bien informados sobre cómo funcionan otros sistemas de salud que sí cumplen los objetivos antes enunciados, bajo muy diversos regímenes políticos. Creemos que no debemos volver al pasado, sino recoger las mejores experiencias propias y ajenas para construir un modelo propio, socialmente responsable, científicamente sustentado, financieramente viable y administrativamente funcional. A pesar de que existen ya muchas aproximaciones a lo que podría ser un modelo de tales características, su construcción debe ser producto de un proceso colectivo y democrático que convoque a todos los sectores, ojalá bajo el liderazgo del Estado, y abra espacios a la participación de todos, concrete las mejores propuestas y garantice la legitimidad y la legalidad necesarias. El futuro de la salud en Colombia depende fundamentalmente del desarrollo de las tensiones entre estas tres fuerzas, proceso que necesariamente llevará su tiempo y ojalá sea el menor posible, pues lo que está en juego no es sólo mucho dinero, sino la salud, la vida y el bienestar de todos. Domingo, 13 de mayo de 2012

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salud

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Movilicémonos por la salud como derecho fundamental

l próximo año se cumplirán 20 de la expedición de la Ley 100. Desde el trámite comenzaron las críticas de médicos, enfermeras, trabajadores de la salud y usuarios que comprendieron que la reforma constitucional de 1991, a más de contener unos pocos enunciados democráticos tenía, como aspecto central, la carga económica derivada de la aplicación de las políticas neoliberales, acordadas entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los gobiernos se acogieron al Consenso de Washington. La salud, al igual que la educación y demás servicios públicos se convertirían en negocios y se entregarían, para su manejo y usufructo, al gran capital financiero. A los pocos días de empezar la aplicación de la Ley 100 se notaron, por doquier, los efectos negativos del cambio en la política nacional de salud sin que esta afirmación intente defender el sistema anterior. Quienes eran afiliados a los sistemas de seguridad social en salud, tanto públicos como privados, fueron obligados a acabar con ellos y se forzó a los colombianos a vincularse a alguna de las Empresas Promotoras de Salud EPS. El gobierno dijo que se hacía el cambio para garantizar aseguramiento pleno, calidad en la prestación de los servicios, ampliación de la cobertura y el pago oportuno, a clínicas y hospitales, por la prestación de los servicios de salud a los afiliados a las EPS. Y, quienes no estuvieran afiliados a las aseguradoras, contributivas o subsidiadas, gozarían de la atención que el Estado les daría como vinculados al nuevo sistema. A partir de ese momento, los pacientes, cuando se enferman, no van a clínicas y hospitales para que los atiendan en sus dolencias, sino a las EPS para que autoricen tratamientos y cirugías, den órdenes para hacer exámenes y entreguen las medicinas para paliar los padecimientos. El asunto se complico, más aun, cuando los afiliados a las EPS comenzaron a sentir que estos intermediarios financieros no entregaban las órdenes a tiempo, demoraban tratamientos y cirugías y negaban las medicinas, tal y como sucede con la Nueva EPS, Saludcoop, Coomeva EPS y otras más. Pronto, la opinión avezada descubrió que el sistema que montaron con la Ley 100 tampoco le pagaba a clínicas y hospitales, ahora llamadas Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, glosaban las cuentas, negaban el pago de servicios ya prestados y, sobre todo, encontraron que el esfuerzo de las EPS estaba centrado en hacer negocios, usar los varios billones de pesos que, año a año, les da el Estado por la llamada Unidad de Pago por Capitación, UPC, para expandir sus propias IPS e, incluso, para invertir en actividades comerciales completamente

ajenas a la atención de sus afiliados como se demostró con las inversiones del grupo Saludcoop. Por otra parte, hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas, empezaron a quedarse sin recursos, sin el pago de las EPS y sin giros de la nación, muchas de ellas cerraron. Por más esfuerzos que hacen, todos los meses se cierra un hospital, clínica o centro de atención en salud. Los casos del Hospital de Caldas, el Infantil de la Cruz Roja, la clínica Manizales y decenas más en todo el país así lo prueban. Los que no cerraron, fueron obligados a reestructurarse, es decir, reducir servicios y planta de personal, envileciendo los salarios de médicos, enfermeras y trabajadores. Pero, después de todos estos años la situación es igual o peor. Ahí tenemos los casos de los hospitales de Caldas. Hoy las EPS adeudan a las instituciones prestadoras de salud IPS, más de 3,8 billones de pesos en el país y más de 120 mil millones en Caldas. Como la mayoría de la población no tiene empleo y no puede aportar para su salud o pagar medicina prepagada, se estableció el régimen subsidiado y el de “pobres no afiliados”. Y, como no se aporta por igual, para el sostenimiento del sistema, la salud que se ofrece tampoco es igual. Los que tienen prepagada gozan de un plan de atención mayor, los del régimen contributivo un Plan Obligatorio de Salud, POS, menos amplio, los del subsidiado un POS más reducido aun, con menos servicios, cirugías y medicinas, y los “pobres no afiliados”, lo que de pronto sean capaces de conseguir, para la atención de sus enfermedades. Y así se diga que el cubrimiento es casi universal, la verdad es que las EPS se dan mañas para no atender debidamente a los afiliados. Y los hospitales tampoco tienen como hacerlo. Después de todos estos años el sistema de salud de la Ley 100, copia del de los Estados Unidos –uno de los peores del mundo desarrollado– ha alcanzado su más profunda crisis y diversos sectores sociales e institucionales piden, exigen, su fin. Y lo solicitan no porque no haya los recursos económicos suficientes en el sistema sino por qué estos se los quedan los intermediarios. Según las cuentas la nación aporta 28 billones de pesos y, sin embargo, los colombianos se mueren en las puertas de los hospitales y sufren el paseo de la muerte. Ante esta dolorosa realidad se propone un sistema que, con base en la combinación de instituciones públicas y privadas, preste los servicios de salud –tanto de promoción y prevención como de curación de las enfermedades–. Este tendrá que ser eficiente, pulcro, cuidado por el Estado en su financiación, con cobertura plena y vinculado al conocimiento científico y académico más

Domingo Tovar Arrieta, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

avanzado. Un sistema que atienda los asuntos administrativos, de procedimientos y cirugías, de entrega de medicinas y de bienestar de los trabajadores de la salud y sin intermediarios financieros. Como lo ha señalado con agudeza la Corte Constitucional, las asociaciones de médicos, los secretarios de Salud de algunos departamentos, los sindicatos del sector, las asociaciones de usuarios y miles de dirigentes sociales y políticos, para mejorar la salud de los colombianos, debe acabarse con la intermediación financiera y con la Ley 100 que le sirve de sustento. Y eso debe hacerse porque, está claro, las EPS se apropiaron de los recursos estatales, los dilapidaron en todo tipo de inversiones fraudulentas y 16 EPS, que atienden a la mitad de los colombianos, están intervenidas por no cumplir los indicadores financieros. Pero, aunque es sencillo lo que debe hacerse, no se hace. ¿Y, por qué? Porque

el gobierno de Santos y los anteriores son partidarios del aseguramiento, la intermediación financiera, la permanencia de la Ley 100 y, sobre todo, de aprovechar la salud como negocio. No importa si eso conlleva la muerte de miles de colombianos. Y la prueba es que Santos tramitó e hizo aprobar la Ley 1438 de 2011, dejando intacta la esencia de la Ley 100. Ante la gravedad de los hechos se continúa integrando, a lo largo y ancho del país, un movimiento en defensa de la salud pública como derecho fundamental y por la eliminación de la Ley 100. Manizales, julio 18 de 2012 CUT, CTC, CGT, Sindess, Anthoc, Sintraiss, Sintraseguridad Social, Asociaciones de usuarios de las EPS, Comité Departamental por la Defensa de la Salud No más Ley 100 ni intermediarios financieros en la salud

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¡Muchos indios! Catalina Ruiz-Navarro

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conflicto

Soberanía de quiénes y ante quiénes

Tomado del espectador.com

Tejido de Comunicación - Acin

se es el título que le da un portal de internet a la noticia sobre cómo la guardia indígena sacó antier al Ejército Nacional a empujones de su territorio.

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n este tiempo resulta bastante paradójico festejar en nuestro país el grito de independencia, porque doscientos dos años después, seguimos soportando imposiciones y vejámenes. El pueblo colombiano y en especial las comunidades indígenas, negras y campesinas hemos sido víctimas inermes de los paramilitares, la policía nacional, el ejército y las guerrillas.

Una expresión coloquial en un país donde “indio” es un insulto y “mona” un cumplido, donde “indio” significa feo, salvaje, ordinario, exótico, y donde a las comunidades indígenas sólo las quieren los turistas –siempre y cuando vistan trajes autóctonos–. Los paeces tienen toda la razón para estar furiosos con un Estado que nunca les ha dado garantías sociales y cuya presencia ha sido sobre todo militar, y es natural que desconfíen de un ejército que no parece estar ahí para cuidarlos a ellos sino a unas antenas de telefonía celular. Tienen que sentirse excluidos si Santos realiza en su territorio un Consejo de Gobierno y no los invita, y poco le deben a un Estado que olvida sus intereses y en cambio mueve la cola como un perro entusiasta ante lo que digan las multinacionales que explotan nuestros recursos con el eufemismo de “invertir”. Ante ese panorama es apenas natural que los paeces quieran sacar al Ejército y a la guerrilla de sus tierras, incluso con violencia. No justifica la agresión de ninguna manera, pero la explica, y la pregunta para el Estado no debería ser cómo controlarlos, sino cómo reparar el daño y volver a ganar la confianza de una comunidad a la que ha dejado en el olvido. Sin embargo, para que nadie diga que le tiembla la mano, ayer en la mañana Juan Manuel Santos dijo por Twitter: “Vamos a Vichada y luego al Cauca. No quiero ver un solo indígena en las bases militares”. ¿Se percató el presidente de que muchos, si no todos, los soldados del Ejército deben tener ascendencia indígena? ¿Se da cuenta de que acatar a pie juntillas su orden implicaría casi desalojar las bases? Su tweet evidencia por qué los paeces están tan jodidos: porque son los otros, una masa parda y bajita de jerga ininteligible con la que la mayoría de los colombianos, racistas y acomplejados, no se reconoce. Algunos, mejor intencionados pero igualmente racistas, creen que los miembros de las comunidades indígenas son todos seres de luz en comunión con la naturaleza. En ninguno de los casos se los considera

Lunes, 23 de julio

como colombianos y por eso decimos que el Ejército somos nosotros, y las lágrimas de un soldado despiertan patriotismo, pero el asesinato de un indígena se considera un daño colateral. Pero resulta que los paeces son un nosotros, y cada uno que muere, sea por los actores armados o por el olvido del Estado, es también un colombiano. En esa misma línea olvidamos con frecuencia que los guerrilleros también son nuestros, colombianos que viven en este país, y no una manada de orcos sin nombre que hay que exterminar. Reporta La Silla Vacía que ayer un paez ajeno a los hechos de Toribío fue asesinado en Caldono, en un retén en Laguna Siberia. Los soldados le ordenaron detenerse, y como no atendió el llamado le dispararon. Así es como ese discurso racista vuelve a cobrar vidas y nos hace olvidar que cada indígena es un individuo y que cada individuo en Colombia es un indígena. El Gobierno sólo reafirma ese imaginario al resolver el problema amparado en el monopolio de la fuerza, en vez de aprovechar la ocasión para realmente desarrollar una política que le dé sentido real al principio pluralista y multicultural de la Constitución, que escuche las voces locales y no confunda a la sociedad civil con los actores del conflicto. La guerra en Colombia no se resolverá pensando en dicotomías. No es el Ejército contra la guerrilla, la guerrilla contra los indígenas o los indígenas contra el Ejército: somos los colombianos contra los colombianos, y sí, somos muchos indios, porque los indios somos todos. 18 Julio de 2012

En los últimos 10 años, nuestro norte del Cauca viene sufriendo con mayor intensidad el acoso del conflicto armado en medio de sus hogares y territorios. Ha vivido las masacres, la expropiación de sus tierras y el destierro. Nos siguen invadiendo las empresas de servicios, alimentos, telecomunicaciones y extractivas, las más grandes depredadoras de los recursos naturales. Actualmente padecemos la imposición de leyes que se implementan para facilitar el despojo de nuestros territorios, que favorecen a las empresas de estos macronegocios y ponen en peligro a los legítimos dueños de los territorios. Pero a la difícil situación que viven nuestras comunidades en el norte del Cauca, se le suman otros agravantes que no son nuevos. Nuestros comuneros lo saben y lo sufren: aquí no sólo existe guerra para despejar territorios y despojar pueblos. No sólo empresas para instalarse encima de nuestras casas y cultivos para luego convertir en mercancía a la Madre Tierra. No sólo existen mandatarios serviles. No sólo se crean leyes que se imponen al pueblo y benefician a las empresas extranjeras. Existe también la infiltración de sectores de derecha que han llegado a permear y transformar los propios procesos indígenas en botín y, más de una vez, reclutando indígenas para la lógica práctica de conseguir beneficios dentro de un orden que defiende esto. De ahí la razón de las recientes declaraciones de Ana Silvia Sécue presidenta de la Opic, organización fundada con el apoyo de Álvaro Uribe durante su presidencia. Claro que hay muchos otros casos en los que se prueba el interés de infiltración y cooptación de procesos por parte de los gobiernos, por ejemplo, el ungir presidente a Santos en la Sierra Nevada y darle el bastón; o los chamanes que han ayudado a Uribe; o el cacique convertido en Obispo que traicionó la resistencia a España y tantas otras situaciones. El contexto es cada vez más complejo y entre tantos sectores interviniendo hay muchos que más que respaldo buscan sacar provecho a nombre de estos esfuerzos surgidos desde las bases. Usan nuestro proceso y nuestras luchas de resistencia a su beneficio, pretenden respaldar las iniciativas de la gente, pero realmente aspiran a validar sus propias empresas y planes a través de las acciones

legítimas de la comunidad. Nada ganamos si tras luchar por sacar la guerra de nuestro territorio se sigue creyendo que pueden llegar unos a aprovecharse de la lucha colectiva para alcanzar sus propios intereses. El pueblo Nasa con su Guardia Indígena alzada en bastones de mando, convirtió el 16 de julio de 2012, en un día memorable para el movimiento indígena del Cauca. Día en que el pueblo Nasa como legítimo dueño y protector de su territorio, pacíficamente ocupó y desalojó a los alzados en armas del cerro Berlín, lugar sagrado donde estaba ubicada una base militar. Acción legítima, que como era de esperarse, se le antepuso la manipulación de la información ante la opinión pública por parte del gobierno, representado en las actuaciones del teniente García y los medios comerciales. Procedimiento autónomo que se volvió un referente de la dignidad y la lucha por la libertad para nuestros pueblos indígenas, pero también para los sectores que respaldan, se unen y hacen suya esta lucha. Una acción para la memoria como el llamado al pueblo colombiano a levantar la cabeza, con conciencia y por una razón: defender la Madre Tierra y ejercer autonomía. Nuestra invitación no fue a acompañar el desfile militar ni a entonar un himno, y menos, a izar el escudo que promociona la “independencia” del 20 de julio. Sino abrir los ojos para reconocer qué patria están defendiendo con sus vidas los alzados en armas. Cada 20 de julio reconocemos las mentiras que nos presentaban en los libros de historia de la escuela. Lo que sucedió en 1810 fue el levantamiento de los comuneros, que luego aprovecharon los criollos para sacar a los españoles y permitir que sus hijos y parientes se pudieran quedar con lo que Europa explotaba. Todo esto en nombre de ese levantamiento. ¿Cómo podemos hablar de independencia si nuestro territorio colombiano se está entregando por pedazos a transnacionales? Con las concesiones que está haciendo el gobierno, el país pronto pasará de dividirse por departamentos, a dividirse según el nombre de la marca transnacional. Por eso la autonomía que está en juego en nuestro territorio y que estamos dispuestos a recuperar, tan sólo comienza con la expulsión de todos los actores armados. Sabemos que es una tarea larga y espinosa, pero estamos dispuestos a caminarla para vivir en paz consolidando autónomamente nuestros planes de vida, en equilibrio y armonía con nuestra Mama Kiwe (Madre Tierra). No es una lucha étnica por la independencia, es una lucha entre conciencias confrontadas e incompatibles por la soberanía o la dependencia: soberanía frente al gobierno y a las instituciones de un Estado dependiente y obediente a las transnacionales, y frente a todo actor que intenta someternos ideológica y económicamente.

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sindicales

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Colombia se “raja” en la implementación del Plan de Acción Laboral con EE.UU. declarar como exitoso el Plan de Acción. Es tiempo para dedicar mayor atención, esfuerzos y recursos para garantizar los derechos laborales en Colombia con el fin de evitar enviar un mensaje a los trabajadores, quienes están ahora desamparados porque el TLC entró en vigencia.

Agencia de Información Laboral. 25 de julio de 2012

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Aunque el gobierno de Colombia ha realizado importantes esfuerzos para reducir el poder de los grupos armados, modernizar la economía y atraer la inversión extranjera, los progresos son mínimos en materia de las necesidades de los trabajadores y los sindicatos”, es una de las conclusiones del informe-balance presentado hoy en Washington por la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), sobre la implementación del Plan de Acción Laboral suscrito por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para la entrada en vigencia del TLC entre los dos países. Como se sabe, conjuntamente con otras organizaciones de derechos humanos y laborales en Colombia, la AFL-CIO, la central sindical más importante de Estados Unidos, ha estado monitoreando el cumplimiento y progreso del Plan de Acción, y con esa mirada señaló que aunque ya no se considere “un Estado fallido”, Colombia continua siendo el lugar más peligroso del mundo para los sindicalistas. Afirma que de acuerdo con la Confederación Sindical Internacional (CSI), aproximadamente 3.000 sindicalistas han sido asesinados desde 1986, y que la mayoría de los casos permanecen sin resolverse y gran parte de los perpetradores (quienes ordenaron el asesinato y quienes lo ejecutaron) permanecen en la impunidad. Aunque el presidente Obama y el representante de comercio de los Estados Unidos, Ron Kirk, anunciaron el 15 de abril de 2012 que el gobierno colombiano había dado “importantes pasos para cumplir con el Plan de Acción en Derechos Laborales”, y a pesar de que el TLC entre Colombia y los Estados Unidos entrara en vigencia un mes después, la AFLCIO señaló que aún falta mucho trabajo para asegurar que en Colombia los trabajadores puedan ejercer sus derechos sin colocar su vida en riesgo. “Si bien hoy se cuenta con nuevas leyes y directrices, el gobierno colombiano aún no ha logrado demostrar su implementación exitosa”, afirma la AFL-CIO, y agrega: Mientras hay buenas noticias frente a la protección de trabajadores por la Unidad Nueva de Protección (UNP) y cambios en las formas de contratación indirecta a empleos formales en los hipermercados como Éxito, Carrefour y la textilera Fabricato, estos cambios aún no logran penetrar la cultura general empresarial de violaciones de los derechos laborales y sus efectos son muy mínimos en el mercado de trabajo. A muchos trabajadores aun se les niega sus derechos.

Las más notables violaciones La AFL-CIO señala en su informe que los trabajadores en todos los sectores económicos, incluidos los cinco sectores considerados prioritarios en el Plan de Acción (palma, azúcar, minas, flores y puertos) continúan viviendo

“Los trabajadores colombianos continúan enfrentando graves obstáculos en sus trabajos para mejorar sus vidas. Retirar prematuramente la vigilancia del gobierno estadounidense podría no sólo ocasionar retrocesos en los progresos realizados, sino que la violencia se podrá incrementar contra aquellos que continúan como líderes activos en sus comunidades. Los trabajadores han señalado un incremento en la violencia y amenazas de muerte desde la entrada en vigencia del TLC”, agrega en su informe la principal central sindical de E.U.

violaciones sus derechos laborales, y menciona como las más notables: ••Formas irregulares de contratación (por medio de CTA y otras formas camufladas de subcontratación) que impiden que los trabajadores puedan ejercer sus derechos de libre asociación y negociación colectiva. ••Unilateral determinación del salario y otros beneficios impuestos por empleadores para disuadir a los trabajadores de afiliarse a un sindicato (pactos colectivos). ••Salarios bajos y condiciones precarias de trabajo por no poder organizarse sindicalmente y negociar colectivamente. ••Amenazas de muerte y violencias contra los trabajadores y sus familias por tratar de ejercer los derechos que el Plan de Acción tiene como objetivo.

Sobre el Ministerio de Trabajo Sobre el papel del ministro de Trabajo, Rafael Pardo, el informe señala: Él ha sido claro con su sólido compromiso para cambiar esta situación. Sin embargo, él no puede realizar los innumerables cambios de un día para otro y sin ayuda. Los esfuerzos para modernizar la manera en la cual las relaciones laborales son tratadas en la economía colombiana será un proceso largo, e incluirá diferentes pasos hasta que se logre instalar una cultura de respecto por los derechos laborales. Es por eso, que la AFL-CIO y sus contrapartes colombianos, la CUT, la CTC y la CGT, se opusieron a la afirmación de que el Plan de Acción había progresado suficientemente para poder permitir que el TLC entrara en vigencia. Este Ministerio ha sido creado y el Ministro Pardo ha hecho algunas declaraciones y cambios iniciales positivos. Adicionalmente, se ha nombrado un nuevo director de los inspectores de trabajo quien está mostrando liderazgo y aprovechando su mandato para eliminar formas de tercerización laboral ilegal.

No obstante, de acuerdo con los sindicalistas colombianos, el Ministerio está infestado de corrupción y de personal que se dedica a manejar la cartera como en ´tiempos viejos´. Falta impulsar una nueva cultura estructural dentro del Ministerio y ése esfuerzo requerirá más tiempo. De acuerdo con trabajadores colombianos la aplicación de las nuevas leyes, hasta la fecha, ha sido simbólica, no sistemática. Aunque el Ministerio ha aplicado algunas multas de sumas considerables a empresas violadoras de las nuevas leyes, y estas multas han sido de conocimiento público, no se ha logrado proponer cambios estructurales en términos del comportamiento empresarial con respecto a las garantías que debe dar para el libre ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores colombianos. El Ministerio debe dedicarse e instalar una política oficial que asegure que las leyes laborales serán cumplidas todo el tiempo y en todos los sectores económicos. Además debe desarrollar un plan sistemático para asegurar que todos los lugares de trabajo en el país cumplen con las leyes laborales. La AFL-CIO entiende que no todos los inspectores laborales nuevos han sido capacitados en los procedimientos nuevos que protegerán mejor a los derechos laborales. Recomienda que el Ministerio de Trabajo haga informes públicos regulares sobre el trabajo de sus inspectores laborales, además sobre la ubicación y enfoque de estos inspectores, para que los sindicatos colombianos puedan monitorear mejor, y en tiempo real, las acciones de estos inspectores, tanto de su contratación, su capacitación y sus inspecciones laborales de manera sistemática.

Es pronto para declarar exitoso el Plan Tras la evaluación de las evidencias presentadas por los trabajadores y sus sindicatos, las discusiones con importantes agencias en los dos países, y la información suministrada por organizaciones de la sociedad civil, la AFLCIO concluye que es demasiado pronto para

La AFL-CIO exige del gobierno estadunidense y a todas las partes interesadas redoblar los esfuerzos para promover los derechos laborales y proteger y defender los derechos humanos y laborales en Colombia. El Plan de Acción requerirá no solo un año de implementación, sino varios años para implantar y transformar una cultura que durante largo tiempo ha estado atravesada por la violencia, represión y violaciones a los derechos laborales de los trabajadores.

Coincide con la visión de la ENS El balance de AFL-CIO sobre la implementación del Plan de Acción Laboral suscrito por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, coincide en sus ejes centrales con el análisis hecho por la Escuela Nacional Sindical (ENS) en torno a este mismo asunto. A pesar de que el Gobierno afirma que Colombia ha cumplido con todos los compromisos asumidos, la realidad señala que eso no es del todo cierto. De las 37 medidas a las que se comprometió, al menos 9 no se han adoptado, y de las 28 que se han adoptado, varias se pueden calificar como parciales e insuficientes. Persisten preocupantes situaciones de ataque a los sindicalistas y restricciones al derecho de asociación... Por eso consideramos que no es serio y responsable con el país y con los trabajadores afirmar que el Plan de Acción se ha cumplido, como también decimos que es necesario realizar un balance público sobre el mismo, a fin de mejorar su implementación.

Sobre el tema de la intermediación laboral, por ejemplo, la ENS afirma que las medidas tomadas por el gobierno colombiano no corresponden a las nuevas formas de intermediación laboral: Aplicar regulaciones legales para terminar con la intermediación de las CTA no es suficiente para controlar el comportamiento de las empresas que rápidamente adaptan sus estrategias para poder seguir con la violación de los derechos laborales. La intermediación laboral ha tomado nuevas formas (SAS, contratos sindicales, etc.), pero no ha habido una respuesta adecuada de parte de los inspectores laborales. Ellos deben ser más eficientes y ser capaces de estar al tanto de las nuevas realidades laborales y contractuales para asegurar que sus sanciones y decisiones generan cambios reales.

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mujer y género

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Organización Femenina Popular

Cuarenta años defendiendo la vida Yuly González V. Dpto. de la Mujer CUT Bogotá Cundinamarca

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n 1972 se gestó un acontecimiento muy importante en Barrancabermeja, en medio de las luchas sindicales lideradas por la Unión Sindical Obrera: la creación de la Organización Femenina Popular, con el apoyo de la Iglesia católica, quien tomó esta decisión, por la participación de las mujeres, que con sus hijos e hijas, asumieron la lucha por la recuperación de la tierra. Cuarenta años después y en medio del terror impuesto por el paramilitarismo, las mujeres organizadas en la OFP, resisten los efectos de la guerra. Ellas se asumen como proceso organizativo, de formación y movilización popular de mujeres de base, en la defensa de los derechos humanos. Construyen proyectos de vida digna, resistiendo todas las formas de violencia; su misión es el desarrollo integral de las mujeres y la construcción de poder popular, en defensa de la vida digna y los derechos humanos de las mujeres. El trabajo que realizan tiene presencia en Barrancabermeja, San Pablo, Cantagallo, Yondó, Puerto Wilches y Paturia, pero también existen comedores populares en Bogotá y Neiva; los comedores funcionan como casas de mujeres donde además se realiza capacitación, reuniones organizativas y venta de productos productivos. En 1988 se independizan de la Iglesia católica. Su labor inicial estuvo enfocada en proyectos de salud sexual y reproductiva, vivienda, alimentación y en fortalecer el liderazgo de las mujeres populares; labor que en 1998 se extendió a los derechos civiles y políticos, ante la intensidad del conflicto y para evitar el desplazamiento interurbano. Ofrecen apoyo a la población desplazada, asesoría jurídica, ayuda humanitaria de emergencia y actividad médica psicosocial; participan en otros movimientos sociales como la comisión intersectorial por la vida y el espacio de los trabajadores y trabajadoras por los derechos humanos. Promueven la conmemoración de fechas importantes y significativas como el 8 de marzo, el 1º de mayo y el 25 de noviembre, y reciben el respaldo de organizaciones internacionales. Todo este accionar lo realizan en medio de la agresión permanente; los grupos paramilitares han pretendido desarticular la organización desde distintas acciones: la demolición de su sede en Barrancabermeja, la persecución, amenazas y hostigamiento de sus integrantes; el desplazamiento forzado de varios líderes y lideresas, la desaparición

forzada y el asesinato selectivo de varias de sus militantes y familiares; todas estas violaciones y crímenes que se encuentran en la total impunidad. Yolanda Becerra Vega fue durante varios años su coordinadora; por su encomiable labor y el compromiso con la vida y los derechos humanos de las mujeres, ha sido amenazada y perseguida de manera permanente. Esto no ha sido obstáculo para persistir en esta tarea, lo que también la hizo merecedora de la nominación al Premio Nobel de Paz en el año 2005. En el 2007 recibió el premio sueco Per-Anger por la promoción de actividades humanitarias y democráticas, y en 2009 fue premiada por Amnistía Internacional con la distinción “Ginetta Sagan” por su trabajo en defensa de los derechos humanos de las mujeres. Gloria Amparo Suárez, su actual coordinadora, ha asumido el reto de la resistencia; una tarea nada fácil pero de la que no es inferior. El coraje y compromiso de estas mujeres, representadas en Gloria Amparo, son un vivo ejemplo de todo el aporte que permanentemente hacemos en la búsqueda de la paz. 40 años de lucha, adversidades, violencias, persistencias y resistencias ante la muerte y por la vida, merecen un reconocimiento especial. La OFP sigue siendo la organización que ofrece a las mujeres una posibilidad y esperanza de vida en medio del conflicto. ¡Felicitaciones compañeras! Seguiremos acompañando ese compromiso y emulando el ejemplo de valor, de compromiso y de vida, que representan las mujeres de la OFP.

¡40 años luchando, 40 años resistiendo, 40 años construyendo!

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crónica

ESTUDIO DE LA ENS

La población afrocolombiana sufre mayor déficit de trabajo decente y exclusión laboral Agencia de Información Laboral

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ás allá de la retórica triunfalista, de los discursos académicos, de los avances jurídicos y las construcciones de políticas públicas incluyentes, las condiciones laborales de miles de trabajadores afrocolombianos continúan siendo dramáticas. Es la principal conclusión del estudio de la Escuela Nacional Sindical sobre condiciones laborales y déficit de trabajo decente en esta población específica, adelantado en Cartagena, Buenaventura, Cali y Medellín, y plasmado en un libro de reciente publicación. El estudio se hizo de acuerdo con los indicadores de trabajo decente construidos a partir de una muestra representativa en estas 4 ciudades. Si bien no permite establecer conclusiones para toda la población negra, sí ofrece elementos claves para interpretar y visibilizar sus malas condiciones de vida y exclusión laboral, más precarias incluso que las que padecen los trabajadores no afro; y además con mayor grado de invisibilidad. En la normatividad laboral formal en Colombia no se reconocen formas explícitas o directas de discriminación o exclusión por razones étnico-raciales, pero ello no quiere decir que ya superamos la histórica marca del racismo en el campo laboral, porque nada está más lejos de la realidad. El estudio de la ENS permite corroborar la existencia y continuidad de múltiples formas y procesos de discriminación y exclusión hacia la población afrodescendiente, sutilmente invisibles y generalizados en la vida cotidiana, asociadas al color de la piel. Frases como: “un blanco con bata blanca es un médico, y negro con bata blanca es en vendedor de paletas”, o “trabaja tan duro como negro”, son, entre muchas otras, expresiones generalizadas por el sentido común y el humor popular, que aluden a formas precarias de trabajo y explotación, e incluso justifican las vulneraciones a los derechos de la población afro, al punto que informalidad laboral y afros parecen conceptos sinónimos, justificaciones a las que se acude para borrar e ignorar la memoria histórica de sometimiento y exclusión hacia la población negra. Otra conclusión del estudio es la escasa preocupación por el tema del trabajo para las comunidades y grupos afrocolombianos, que se observa en el sector oficial y la academia. Con excepción de algunos estudios realizados en la Universidad del Valle, en las demás ciudades es notable el desinterés y poca producción académica frente al tema. E incluso el desinterés abarca a los movimientos de reivindicación de derechos de la

población negra, cuya pregunta por lo laboral no ha sido muy contundente. En ocasiones preocupa la reproducción de visiones que tienden a observar al sujeto afrocolombiano del lado de los asuntos de folclore, el deporte, la mitología africana, etc., donde la pregunta por la identidad termina desplazando aspectos gruesos de los derechos económicos sociales y culturales, como el derecho al trabajo decente. Y en el movimiento sindical nacional el tema es aún más invisible, pese a que las ciudades estudiadas presentan importantes protagonismos y presencia de la población afro en las organizaciones sindicales.

Situación de los afros en la economía formal Antes de ser docente en la Universidad, María transitó por todo tipo de empleos: desde empleada doméstica (donde a cambio de su trabajo recibió ayuda para estudiar), vendedora ambulante por catálogos, cocinera en un pequeño negocio, secretaria en una farmacia (sin ningún contrato pero con permiso para salir una hora antes y asistir a la universidad), e incluso instructora de danza. Con una sonrisa irónica dice que siempre sintió que en todos esos empleos era la persona más calificada profesionalmente, pero aun así su remuneración era de las más bajas. Hoy está convencida que a la gente negra, sin que importe su grado de preparación, le toca esforzarse el doble si quiere conseguir un empleo medianamente decente. Pero sobre todo reconoce que su gente prefiere permanecer en silencio y valorar el empleo que tiene, por precario que sea, porque sienten pánico al miran hacia abajo, hacia los que no han logrado nunca conseguir un trabajo formal. Ella misma ha tenido que empezar a hacer público su doctorado, su dominio de otros idiomas y su alta experiencia investigativa, porque algunos de sus mismos compañeros creen que ella está en la universidad, no por sus capacidades, sino por ser una cuota étnica (Testimonio tomado del estudio).

En el sector formal de la economía los trabajadores afro están ubicados en niveles inferiores, así su calificación profesional esté a la par de los demás, o incluso superiores en algunos casos. Reciben ingresos más bajos y trabajan más horas extras sin recibir compensación legal. Y para las mujeres es recurrente el desconocimiento de derechos fundamentales en el trabajo, y se presenta mayor vulneración en el tema de la maternidad y el embarazo. Un dato muy indicativo, es que en los negros tiende a ser más alta la satisfacción con el trabajo que tienen, lo mismo que el temor a perderlo. El 39,8% de la población afro consultada para el estudio pertenece al estrato socioeconómico 2, el 28,6% al 1, el 27,3% al 3, el 3,5% al 4, y el 0,9% al 5. El 68,4% tiene hijos y el 63,1% tiene 2 o más. El 28,3%, aparte de laborar, estudia, y de éstos el 35,4% tiene estudios universitarios incompletos, el 16,9% posgrado incompleto, y el 15,4% estudios técnicos o tecnológicos incompletos.

Carátula del libro del la ENS.

El 68% trabaja como obrero o empleado de empresa particular, el 26% obrero o empleado del gobierno, y el 3% en el empleo doméstico. Así mismo se encontró que el 89% tiene un trabajo permanente, el 6,5% ocasional y el 3,9% estacional. El 37,3% tiene contrato a término fijo: hasta 6 meses el 48,2%, entre medio y un año el 51,8%, y a término indefinido el 62,7%. En la actividad económica de servicios comunales, sociales y personales labora el 68,4%; en comercio, hoteles y restaurantes el 10,3%. Es decir, cerca del 84% se desempeña en el sector terciario de la economía, un 13% en el

sector secundario, y el porcentaje restante en el sector primario. El 54,1% labora entre 25 y 48 horas semanales, el 23,2% hasta 24 horas semanales, el 11,6% entre 49 y 56 horas, y el 11,2% más de 56 horas semanales. El 94,4% de quienes laboran en la economía formal tiene contrato laboral: el 91% escrito y el 9% verbal. El 43,3% gana entre uno y dos salarios mínimos, el 13,9% más de dos y tres salarios, el 12,6% más de tres. Sin embargo preocupa que el 29% de la población encuestada reciba hasta un salario mínimo, si tenemos en cuenta que ésta es la población que tiene bajo su responsabilidad a miembros de

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crónica

su familia. El 64,1% de los trabajadores tiene hasta dos personas a cargo, el 31,2% entre 3 y 5; y el 4,8% tiene 6 o más.

servicios comunales, sociales y personales 41,2%. Al indagar sobre su satisfacción con el trabajo que realizan, el 24% dijo no sentirse satisfecho. Singularmente cerca del 67% manifestó satisfacción con sus labores, especialmente por el temor a no conseguir otro empleo y salir del mercado laboral, pese a que las condiciones generales son altamente precarias. Además se observó que el 81,6% no tiene ningún tipo de contrato; el 74,4% se caracteriza por ser un trabajador independiente, el 12,8% son contratados mediante empresas asociativas de trabajo, el 9,3% por empresas de servicios temporales, y el 3,5% restante por cooperativa de trabajo asociado.

Además, el 48,3% señaló que su remuneración no cubre gastos de alimentación, vivienda y servicios. Para paliar esta situación el 15,5% tiene un segundo empleo, y de éstos el 31,4% lo hace para cubrir sus gastos de sostenimiento, el 65,7% para complementar sus ingresos, y 11,4% para ocupar su tiempo libre. Sobre el cumplimiento de las prestaciones sociales derivadas del contrato laboral, se encontró que el 38,2% no tiene derecho a vacaciones pagadas, el 28,2% no recibe prima de navidad, y el 29% tampoco recibe el auxilio de cesantía.

Un punto neurálgico en la persistencia de las condiciones de exclusión y pobreza, es la alta cantidad de personas que reciben un salario mínimo o menos (65%). Situación alarmante, pues muchas de ellas son personas cabeza de hogar, cuyo precario ingreso escasamente posibilita garantías para el bienestar humano.

Por posición ocupacional, tenemos que el 40,6% de las personas encuestadas se desempeña como auxiliar operativo, el 19,2% en servicios generales/oficios varios, el 12,4% como docente, el 9,8% como jefe o coordinador, el 7,7% como ejecutivo; el 5,6% como asistente, y el 3% es directivo. En afiliación a salud se encontró que del total de trabajadores formales encuestados, el 5% no está afiliado a ningún régimen de salud, el 89,3% cotiza al régimen contributivo, el 7% en el régimen subsidiado, y el 2,8% en el contributivo como beneficiario. En protección pensional tenemos que el 85% se encuentra afiliado, frente al 15% que no lo está. En el tema de la discriminación, el 21% de los afros de la economía formal manifestó haber sido víctima de discriminación en el trabajo. Las formas en que ésta más se manifiesta son: discriminación en salarios y tipo de contratos, seguida de los malos comentarios y los insultos, y la no selección para un trabajo por el color de piel. En este sentido se encontró que el 22,6% tuvo discriminación por la edad, el 8,6% por el género, el 8,6% por la condición socioeconómica, el 13,3% por el grupo étnico, el 6,6% por la orientación sexual, el 12,3% por discapacidad física o mental, el 5,7% por el lugar de procedencia o nacimiento, el 2,9% por las creencias religiosas, el 9,4% por el lugar donde vive, el 3,8% por diferencias salariales, el 4,8% por ser sindicalista.

Situación de los afros de la economía informal La Mati tiene más años que arrugas, como ella misma se describe. Si contabilizara en kilómetros sus recorridos diarios vendiendo todo tipo de cosas, alcanzaría para darle la vuelta varias veces al país, señala con tono sarcástico. Ha cambiado cientos de veces de oficio, unas veces porque el dinero que ganaba no se compadecía con el enorme esfuerzo que hacía, otras porque le aburría disfrazarse y que le tomaran tantas fotos con gringos extraños, y a veces porque la policía o algún señorito elegante no la dejaban tener vida. Vive bastante lejos de su trabajo actual, se queda dormida en el bus casi todos los días de regreso a su casa, pero disfruta ver a sus nietos ahora hechos todos unos jovencitos universitarios. A sus 66 años, sin una pensión y con algunas dolencias, reconoce que lo único que le puede asegurar su retiro laboral son las dificultades de salud que empiezan a amontonarse en su cuerpo, pero confía que sus nietos le ayuden con las obligaciones de su casa. (Testimonio tomado del estudio).

En el campo de la informalidad, las condiciones laborales de los y las trabajadoras afros

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Un elevado porcentaje de los afros que trabajan en la economía informal no tiene vacaciones pagadas (94,7%), ni prima de navidad (94,7%), ni derecho a cesantías (96,6%). El 69% de ellos manifiestan el deseo de cambiar de trabajo. En el caso de las mujeres, aparte de la falta de prestaciones legales, el 89,6% de las embarazadas no tuvo licencia remunerada.

son aun más preocupantes, con indicadores profundos de precariedad laboral. Hay una generalizada inexistencia de condiciones de seguridad social, una marcada desprotección en salud y pensiones, un desolador panorama en materia de ingresos, nivel educativo, número de hijos, composición de los hogares, lugares habitacionales, zonas de residencia y maltrato social. Gran parte de los trabajadores se encuentran por debajo de la línea de pobreza, y sin mayores expectativas para superar ese estado. Son los destinarios del mayor número de agresiones, tratamientos discriminatorios en instituciones oficiales (policía, hospitales, espacio público, entre otros), habitan en barrios y lugares marginados sin garantías de servicios públicos, infraestructura y movilidad. Además de este preocupante panorama se observa una tendencia sociocultural a naturalizar la informalidad como su condición connatural, con incrementos significativos en programas asistenciales y escazas preocupación políticas para construir estrategias de incorporación laboral en escenarios formales.

se ve obligado aplazar la escuela, le ha tocado guardarse su interés para dedicarse a vender todo tipo de mercancía barata en el centro de Medellín, pues en su casa son seis personas y solo su madre tiene un trabajo aceptable, como el mismo lo califica: es empleada de servicios generales (aseo) en una importante empresa de la ciudad. Ocasionalmente algunos de sus cuatro hermanos lo apoyan en su trabajo, aunque él en su papel de hermano mayor procura que ellos estén estudiando, a ver si tienen mejores oportunidades. Él no se queja, agradece siempre los pesos que consigue para su casa y cree, con un convencimiento cada vez más diluido, que en algún momento las cosas pueden cambiar. Pese a que se lo han propuesto muchas veces, no ha querido trabajar en asuntos ilícitos. Dice que cuando se es negrito y pobre la gente cree que está hecho para robar. Reconoce que la ciudad es dura, sobre todo porque ser negro es comparativamente desventajoso, incluso con otros vendedores ambulantes. Pero eso no lo abruma, la policía se la tiene velada, pero él sabe muy bien cómo sacarle el quite a las adversidades. Nada de nervios, es su consigna (Testimonio tomado del estudio).

Del total de la población afro de la economía informal encuestada, el 47,9% pertenecen al estrato 1, el 28,5% al estrado 2, el 21,5% al estrato 3, y el 2% al estrato 4. El 83% no estudia y del 17% restante sólo el 15% lo hace en el nivel universitario, el 10% en el técnico, el 6% en secundaria, y el 4% en la media.

El 63,7% de los trabajadores informales afro son por cuenta propia, situación compleja puesto que, en términos generales, no son beneficiarios ni siquiera de las garantías mínimas que un trabajo en condiciones decentes debe ofrecer. Algunas de las explicaciones que dieron para trabajar como cuenta propia fueron: 24,2% no había encontrado trabajo nunca, 8,1% porque lo despidieron del empleo anterior, 23,8% porque ganaba más que como empleado, y 12,6% por la edad.

Aunque se muere de la ganas de estudiar, es el tercer año que Ferney, de 13 años de edad,

Sus principales actividades económicas son: comercio, hoteles y restaurantes 43,7%, y

Al indagar los temas relacionados con la seguridad social, se halló que el 83,2% está afiliado a salud, frente al 16,8% que no tiene afiliación; situación preocupante porque de estos últimos un 32% no estuvo afiliado en los últimos dos años, e incluso más. El 62% está en el régimen subsidiado, el 18,5% pertenece al régimen contributivo bajo la modalidad de beneficiario, y sólo el 18,5% participa como cotizante del régimen contributivo. Al mirar las afiliaciones a pensiones, se encontró que sólo el 8,6% está afiliado, y el 91,4% no tiene ningún tipo de afiliación. El 57,7% justifica la no afiliación a un sistema de pensiones porque no cuenta con los recursos económicos para hacerlo, el 17,7% por desconocimiento del proceso de afiliación, el 10,2% por no estar interesado, el 7% porque su empleador no lo exige, y un 4,2% porque considera que nunca llegará a jubilarse, entonces no lo tiene como prioridad. Al preguntar por las afiliaciones a un fondo de cesantías, el 94,7% no está afiliado, y el 89% no está afiliado a una Aseguradoras de Riesgos Profesionales (ARP). Sólo el 23,1% percibió que fue discriminado en el trabajo, mientras que el 76,9% no lo percibió. Las discriminaciones fueron por el color de piel en el 100% de casos, y de ellos el 35,3% dijo haber recibido insultos por su color. El 16,4% dijo haber sido discriminado en el proceso de selección debido a la edad, el 15% por el grupo étnico, y el 6,4% por el lugar donde vive. Además, que el 11,7% de esta población tuvo que soportar discriminación para conseguir empleo en algún oficio. El 80,5% manifestó que hay discriminación en los espacios de trabajo, y el 63,7% consideró que en la ciudad hay zonas o barrios donde discriminan a las personas de color.

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salud

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sindicales

En Manaure, Guajira

EN LA CLINICA SAN RAFAEL

Salinas Marítimas decreta autoparo

¡Fallo de tutela reconoce persecución sindical!

Comité Ejecutivo Subdirectiva CUT Guajira

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a Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Subdirectiva Guajira, se permite informar a los trabajadores sindicalizados de la Guajira, comunidad en general, que la empresa Salinas Marítimas de Manaure - Sama Ltda., se auto declaró un paro, el cual realiza con algunos indígenas de la etnia Wayuu. Los indígenas impulsados y patrocinados por directivos de la empresa, como el señor Elmer Altamar Gómez, vienen bloqueando la entrada principal de la empresa, e igualmente la entrada a la sede administrativa, como forma para impedir que una comisión de la Superintendencia de Sociedades desplazada desde de Barranquilla pudiera realizar revisión de todos los libros contables y sus respectivos soportes. Tras las denuncias instauradas por el Ministerio de Desarrollo Económico y Turismo, y las quejas interpuestas ante el Ministerio del Trabajo regional Guajira y Nacional, por violación e incumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo vigente y actas de compromisos firmadas con el sindicato Sintrasalinas, que agrupa a los trabajadores de la empresa, con el acompañamiento del Comité Ejecutivo de la CUT Nacional, en las denuncias del Ministerio de Desarrollo se dejan entrever presuntas irregularidades en el manejo financiero, administrativo y laboral de la empresa por parte del señor gerente Jorge Luis Ibarra Gómez, y el resto de miembros de la junta directiva. Salinas Marítimas de Manaure Ltda., atraviesa su peor crisis desde su constitución, en la actualidad tiene deudas con sus obreros que ascienden a los $800.000.000 por concepto de prima de antigüedad de los años 2010, 2011 y 2012, consignación de las ce-

santías al Fondo Nacional del Ahorro, más de 150 días de intereses moratorios por las cesantías, los cuales tienen un costo diario aproximado de $2.308.000, prima semestral de servicio, prima convencional extralegal de servicios, quincena causada el 15 de julio 2012, y otros. Sus cuentas bancarias fueron embargadas por $4.000.000.000, y posee deudas con proveedores que superan los $2.000.000.000. En el primer semestre 2012, Sama Ltda. ha logrado producir únicamente 88.000 toneladas de sal, siendo esta la más baja en la existencia de esta empresa en los últimos años. Destacamos que Sintrasalinas ha realizado querellas por escrito ante la Procuraduría y Contraloría regional de la Guajira, estos organismos del Estado no han mostrado mayor interés en adelantar investigaciones que permitan detener las presuntas irregularidades que se presentan. Por otra parte la Central Unitaria denuncia que se presentaron amenazas de muerte contra Jari Bolaño Blanco, fiscal de Sintrasalinas, hechos que fueron denunciados ante las autoridades competentes, exigimos al Gobierno de Nacional que se entreguen las medidas de protección necesarias a los dirigentes de Sintrasalinas, y que estas permitan desarrollar de manera efectiva la actividad sindical, dado los presuntos hechos de corrupción existentes en la empresa. Solicitamos al señor Fiscal General, Procurador y Contralora General de la nación, pronta intervención investigativa sobre las presuntas irregularidades en la empresa Sama Ltda., debido a que el Estado por medio del municipio de Manaure posee un porcentaje accionario en el capital social de dicha empresa representado en un 24%.

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l pasado 9 de julio, el Juez Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento reconoció en fallo de segunda instancia la violación al ejercicio de asociación sindical en la Clínica San Rafael de Bogotá, perteneciente a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, presente en más de 50 países en el mundo. En el fallo se tutela el derecho de asociación a la organización sindical Asintraf (Sindicato de Trabajadores del Hospital Universitario Clínica San Rafael) y se ordena a las directivas de la institución cesar de inmediato todo acto de persecución sindical, actos que ya venían siendo denunciados por el sindicato y que han buscado la desaparición de la organización. En buena hora tenemos para todos un fallo que reconoce y protege los derechos de los trabajadores a ejercer sus derechos.

Solidaridad nacional e internacional La solidaridad ante los actos de persecución sindical ha sido muchísima. Pronunciamientos de actores nacionales como la CUT, Federación Médica Colombiana, Asmedas Cundinamarca, Sociedad Colombiana de Pediatría, Sindess, Anthoc, Sintrahosmic,

Asemil y muchos más se han realizado, ante las directivas de la institución y públicamente, rechazando semejantes conductas. De igual forma, la comunidad internacional se ha pronunciado, entre otros, la más grande Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Ccoo, que ha enviado comunicación a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en España exigiendo respeto por los derechos humanos, entre ellos el de libertad sindical en sus instituciones a nivel mundial, y específicamente en la Clínica San Rafael en Bogotá. La Ccoo le pide a esta orden religiosa intervenir ante las directivas de la institución en Colombia para garantizar el ejercicio de la libertad sindical. El acompañamiento permanente de la CUT ha sido fundamental en el logro y desarrollo de estas muestras de solidaridad que esperamos produzcan un avance para el pleno ejercicio de asociación sindical, además de la asesoría permanente de esta entidad, con la presencia de los compañeros ejecutivos Francisco Maltés y Miguel Ángel Delgado, que nos han ayudado a avanzar en este difícil pero retador inicio como organización sindical. ¡Avanzando por el derecho de libertad sindical, Asintraf presente!

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servicios / minería

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Subirán las tarifas de energía eléctrica

En el departamento del Cesar

El presidente Santos y la Creg darán más gabelas a las empresas

Dos huelgas perturban el panorama laboral en la minería del carbón

Rafael Espinel Páez Presidente Liga Uspd de Bogotá Vicepresidente Unión Nacional de Usuarios [email protected]

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a Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, establece cada cinco años la estructura tarifaria para estos servicios públicos domiciliarios. En general, todas las comisiones de regulación en Colombia se rigen por los parámetros emanados de la Constitución de 1991 y de las Leyes 142 y 143 del 1994, normas diseñadas bajo los dogmas del Consenso de Washington, que privilegian las privatizaciones y las leyes del mercado en procura de la máxima ganancia para los monopolios privados. Ahora la Creg está notificando a la opinión pública sobre la promulgación del proyecto de resolución 44 de abril 24 de 2012 (Diario Oficial No. 48.425 de 9 de mayo de 2012), “Por la cual se establecen los criterios generales para determinar la remuneración de la actividad de comercialización de energía eléctrica a usuarios regulados en el Sistema Interconectado Nacional” http:// bit.ly/Pw0LgB. Como lo podemos ver en la factura, hoy por cada kilovatio que consumamos, las empresas nos cobran de todo, a saber: el valor que cuesta comprar la energía; el transporte de la misma desde las plantas de generación y desde las subestaciones hasta el usuario final; el margen de comercialización o ganancia; las pérdidas de energía que surgen durante el proceso por fallas técnicas y conexiones ilegales, y los costos por restricciones asociados con líneas de transmisión fuera de servicio, limitaciones técnicas, etc. En la actualidad, sin el ajuste propuesto por la Creg, no se cobra un “cargo fijo”. Si el usuario no consume energía durante un mes, el costo fijo es igual a cero. El gol que nos quieren meter con la nueva formulación tarifaria para los próximos cinco años es que nos van a cobrar un costo base de comercialización mensual o cargo fijo, consumamos o no energía eléctrica. El costo base se calculará conforme lo establece el artículo 6 de la Resolución Creg 044 de 2012. Como si lo anterior fuera poco, la Creg propone incluir, además del costo base de comercialización mensual (cargo fijo), un

incremento tarifario de un 2,9%, que resulta de sumar un 2,37% de margen operacional, un 0,4% por riesgo de cartera y un 0,13% por costos financieros. http://bit.ly/Pw0LgB Para comprender la magnitud de esta alza, observemos cómo podría aumentar sus ganancias uno de estos monopolios. Por ejemplo, Codensa, que entre octubre y diciembre del 2011 obtuvo utilidades netas por $134.346.369.188.oo, con esta propuesta de la Creg de incrementar en 2,9% la tarifa, se echaría al bolsillo la no despreciable suma adicional de $ 3.896.044.706,45 durante el mismo período de tiempo (Reporte de Codensa a la Superfinanciera. http://bit.ly/ LYJ8Uv). Si una empresa como Codensa se gana en solo tres meses $3.896 millones, ¿cuánto aumentarán las ganancias de las empresas de energía en un año, con estos nuevos componentes definidos por la Creg? Y todo con cargo a los menguados ingresos de los usuarios colombianos. El presidente Santos, por intermedio de la Creg, cuyos integrantes son designados por él mismo, quiere obligar a los colombianos a pagar tarifas más caras, en beneficio de las empresas nacionales y multinacionales. Como ven, es necesario que sigamos los ejemplos de lucha: que los usuarios de los servicios públicos nos incorporemos al gran torrente de resistencia civil que hoy se está gestando, con los estudiantes agrupados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane; los usuarios de la salud que no aguantan más las EPS creadas por la Ley 100; sectores sociales, medios de comunicación y algunos movimientos y partidos políticos que rechazaron la reforma a la Justicia; los empresarios del campo y la industria afectados por el libre comercio intensificado con la aprobación de los TLC con Estados Unidos, Corea, Europa; los ambientalistas y pueblo en general que protestan por la gran minería que contamina las fuentes hídricas y destruye los ecosistemas en exclusivo beneficio del capital extranjero. Los usuarios debemos actuar ya, movilizarnos de manera organizada y civilista. De no hacerlo, cada mes veremos cómo sube las tarifas de los SPD y en particular los de energía. Nuestros escasos ingresos disminuirán y se encarecerá aún más la producción nacional.

Agencia de Información Laboral

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l lunes 23 de julio entraron en huelga 400 trabajadores de la empresa Ferrocarriles del Norte de Colombia, Fenoco, con lo cual están paralizados los trenes que transportan el carbón desde los complejos mineros que en el centro del departamento del Cesar explotan las multinacionales Drummond, Glencore, Vale y Golmand Sachs. Fenoco es la empresa encargada del mantenimiento de la vía férrea y de controlar los trenes que diariamente transportan 160 mil toneladas de carbón desde las minas del Cesar hasta los puertos de Santa Marta y Ciénaga, a lo largo de 200 kilómetros. La huelga de los trabajadores de Fenoco se suma a la que desde el jueves 19 de julio iniciaron los mineros de Carbones de La Jagua (CDJ), empresa de propiedad de la trasnacional Glencore A.G. localizada en el municipio de La Jagua de Ibirico; y se produjo tras el fracaso de la negociación del pliego de peticiones presentado por los trabajadores.

La huelga en La Jagua Los trabajadores de CDJ, agremiados en el sindicato nacional Sintramienergética, presentaron su pliego de peticiones el 11 de mayo, y las negociaciones se iniciaron el 17 de mayo. Pero después de 40 días de negociaciones y 28 reuniones entre las comisiones negociadoras del sindicato y la empresa, ésta se negó a solucionar las peticiones obreras, y en su defecto presentó un contrapliego patronal. Como una alternativa para solucionar el conflicto antes de hacer efectiva la huelga, Sintramienergética se mostró flexible y aceptó congelar algunos puntos del pliego y retirar otros, ofrecimiento que no fue suficiente para la empresa. O sea que se repitió la misma situación de hace dos años, cuando tampoco hubo acuerdo en torno al petitorio y los trabajadores decretaron una huelga que se prolongó varios días. Luis Manuel Mendoza, presidente seccional El Paso de Sintramienergética, dijo a esta agencia de información que CDJ pretende recortar conquistas vitales para los trabajadores, sus familias y la comunidad, como son el aumento salarial (el sindicato pide aumento entre el 5 y el 7% y la empresa sólo ofrece el 2%), algunos aspectos de salud ocupacional y seguridad industrial, de estabilidad laboral, de incapacidades médicas, beneficios en el transporte, entre otros puntos. Mendoza también señaló que la empresa se mostró cerrada a resolver el derecho a la igualdad salarial (frente a igual trabajo igual salario), que es una odiosa política discriminatoria que impuso

Glencore AG para enfrentar a los trabajadores no sindicalizados con quienes sí lo están. Es de anotar que el grupo Glencore en el Cesar exportó en el año 2011 unas 14 millones de toneladas de carbón, y obtuvo ganancias en el 2010 y 2011 por más de $18.600 millones, ganancias que produjeron los trabajadores. Sobre este conflicto Sintramienergética emitió un comunicado que en un aparte señala: El único interés que le asiste a la multinacional Glencore es acabar con la organización sindical, para de esta manera ampliar y aplicar las actuaciones de psicoterror que predominan al interior de las instalaciones de la Mina Carbones de La Jagua, incumpliendo con esto los acuerdos y pactos internacionales de libre actividad sindical, y atentando contra la asociación sindical, la contratación colectiva y el derecho a la huelga, contemplada en los convenios internacionales... Además no ha pagado 100 millones de dólares por impuestos y se ha llevado la riqueza, dejando en la región solo destrucción, violencia y miseria.

La huelga en Fenoco Liderados por el sindicato Sintraime, los trabajadores de Fenoco decidieron irse a la huelga como respuesta a la negativa de los directivos de esta empresa a negociar el pliego de peticiones presentado el 30 de marzo. La etapa de arreglo directo terminó sin que la empresa tuviera interés en solucionar las peticiones de los trabajadores en cuanto a aumento salarial, estabilidad y mejores condiciones laborales, garantías sindicales, auxilios e inversión social, etc. Así que entre el 12 y 13 de julio, en asambleas realizadas en Santa Marta, Ciénaga, Sevilla y Fundación (departamento del Magdalena); Bosconia, El Paso y Chiriguaná (departamento del Cesar), los trabajadores votaron por la huelga. Luis Manuel Mendoza dijo que la protesta en ambas empresas se mantiene hasta tanto haya soluciones al pliego de peticiones. Además denunció que en el proceso de votación de la huelga en Fenoco, personal de esta empresa se hizo presente para amenazar con la pérdida del puesto de trabajo a quienes votaran, en una abierta violación al derecho de voto y de huelga. Así mismo, denunció la intromisión indebida de funcionarios del Ministerio de Trabajo, quienes pretendieron “torpedear” la jornada de votación, sin que la organización sindical hubiese solicitado su intervención. Es de anotar que Fenoco actualmente adelanta la construcción de una segunda línea férrea alterna y ramales, a fin de crear una red ferroviaria capaz de trasladar alrededor de 90 millones de toneladas de carbón anuales para la exportación, o sea 260.000 toneladas diarias.

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Sinaltrabimbo se afilia a la CUT La redacción

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l 20 de junio de 2011, con 25 trabajadores de la sede de Tenjo, se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores de Bimbo de Colombia. Esta multinacional de alimentos, que cuenta con más de 2.500 trabajadores en el país, es una de las empresas de panificación más importantes del mundo con sede en México. Con valor, y ponderando correctamente los objetivos sindicales, el naciente sindicato presenta un pliego de peticiones a la compañía, el cual culmina con la primera Convención Colectiva de Trabajo firmada el 14 de octubre del mismo año, a tres meses y medio de fundada la organización gremial. Este acuerdo convencional, a más de contener el reconocimiento formal por parte de Bimbo, contempla mejoras en: salarios; primas de vacaciones, antigüedad y navidad; auxilios de alimentación, fallecimiento de trabajador o familiares, nacimiento, educativo, matrimonio, anteojos; participación directa en el fondo educativo; transporte de personal; descuentos en productos; seguros de vida; garantías sindicales como permisos, oficina, auxilios, derecho de asociación, pasajes, carteleras y lo que es muy importante un concepto de permanencia en el trabajo expresado por la empresa y que se concretó en procedimientos para la permanencia y el eventual despido. Este paso, que es un inicial triunfo y avance del sindicato, ha traído como consecuencia el impulso de la organización sindical, que cuenta en esto momentos con un mayor número de afiliados y el surgimiento de una dirigencia y un activismo sindical, que tendrá que desplegarse con vigor para alcanzar el pleno desarrollo del sindicato en sus plantas de Tenjo, Itagüi, Yumbo y Soledad y en la cadena de distribución y venta. Para este último propósito y con buen criterio la Junta Directiva aprobó realizar contactos con el sindicalismo nacional y a través de él con el sindicalismo mundial. Para ello hicieron contacto con la Central Unitaria de Trabajadores, en particular con la Subdirectiva Bogotá Cundinamarca. En esta relación se tuvo una primera reunión el pasado 5 de mayo, de ella se derivó un primer cursillo con cerca de cuarenta trabajadores el 27 de mayo, la participación de miembros de la Junta Directiva y activistas en el seminario de contratación realizado por la subdirectiva el 14 y 15 de junio, y un curso más especia-

lizado, de tres días, con los miembros de Junta Directiva realizado en la sede de la CUT Bogotá Cundinamarca entre el 5 y el 7 de julio. A más de estas capacitaciones, que se seguirán programando periódicamente, se viene trabajando en una tarea de comunicaciones del sindicato a tono con las realidades técnicas y virtuales de la época, en una campaña nacional de afiliación y, así mismo, se realizan reuniones con miembros del Ejecutivo de la Subdirectiva para mirar asuntos de importancia y coyuntura. Esta relación entre sindicato y CUT Bogotá Cundinamarca ha traído beneficios muy importantes para las partes. Sinaltrabimbo y su dirección han adquirido mayor educación y práctica sindical, a la vez que se han venido relacionando con el movimiento sindical de la región y del país. La Subdirectiva ha encontrado en los compañeros un campo fértil para crecer en nuestra tarea central de fortalecimiento y un magnífico ejercicio para corroborar que el trabajo en equipo es una práctica eficaz y positiva. Un equipo conformado por Héctor Bermúdez, presidente, Nohora Bulla, directora del Departamento de Comunicaciones, Yuly González, directora del Departamento de Derechos Humanas y de Asuntos de la Mujer, Manuel Téllez, secretario general, Carlos Castañeda, director del Departamento de Comunicaciones y Miguel Ángel Delgado, fiscal, han estado al frente de la atención de este joven sindicato, con la decisión de convertirlo, en el mediano plazo, en un sindicato fuerte y ejemplar en el concierto nacional y global. Los frutos de este trabajo no se hicieron esperar. El pasado domingo 22 de julio, por disposición unánime, la Asamblea General de Sinaltrabimbo optó por afiliarse a la Central Unitaria de Trabajadores. Damos la bienvenida a esta nueva organización, que, sin duda, se une a otras labores y procesos que necesita el sindicalismo colombiano, en la vía para superar un trance oscuro de su existencia dejado por el neoliberalismo y la persecución. El corolario de esta jornada de confraternización es una carta dirigida por la CUT al Gerente General de Bimbo de Colombia, señor Bernardo Serna Gámez, donde se insta a una reunión, en la cual, a más de establecer unas relaciones en el camino del diálogo y la concertación, se traten asuntos de común importancia para las partes, cita a la cual asistirá la Central en compañía de Sinaltrabimbo.

En las graficas se aprecian diferentes momento del cursillo laboral de la CUT con Sinaltrabimbo, Héctor Bermúdez, Nohora Bulla, Yuly González y Miguel Ángel Delgado ejecutivos de la Subdirectiva y los dirigentes y activistas de Sinaltrabimbo en las seciones de capacitación.

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SAB Miller Bavaria viola los derechos laborales y sindicales

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pesar de las declaraciones de papel de SAB Miller Bavaria en Colombia, donde dice respetar los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores, el pasado 5 de julio dicha entidad devolvió el pliego de peticiones que sus trabajadores, afiliados a las organizaciones sindicales Sinaltrainbec y Sintraceba, le habían presentado días antes. Después de casi 10 años de ausencia de organización sindical en Bavaria, empresa adquirida por la multinacional SAB Miller, tiempo durante el cual se ha mantenido un pacto colectivo y las relaciones laborales se han caracterizado por las arbitrariedades y el desconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores, éstos han tomado la decisión de organizarse y presentar su correspondiente pliego de peticiones a la empresa. SAB Miller Bavaria está en la obligación de atender el pliego de peticiones de los trabajadores, tal como lo consagran las leyes nacionales y los convenios internacionales de la OIT. La negativa a entablar las negociaciones es una abierta violación a los derechos de asociación y negociación colectiva de los trabajadores de SAB Miller Bavaria. Por si fuera poco, SAB Miller Bavaria acaba de entablar una solicitud al Ministerio de Trabajo para anular la personería jurídica de la organización sindical Sinaltrainbec, cuestión que hemos de señalar como una

actitud abiertamente autoritaria de la empresa y, por lo demás, temeraria, que hace parte de la profunda cultura antisindical de esta multinacional en nuestro país. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, frente a esta agresión contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales, demanda del gobierno nacional, en especial del Ministerio del Trabajo, una intervención inmediata para que obligue a SAB Miller Bavaria a atender el pliego de peticiones de los trabajares y sus organizaciones sindicales. Así mismo, pondrá en conocimiento de la OIT y de las organizaciones sindicales hermanas internacionales, la CSI y la CSA, esta grave situación y demandará de ellas pronunciamientos frente a esta multinacional. Muy especialmente, haremos conocer esta situación a todos los trabajadores de SAB Miller en el mundo, para que nos expresen su solidaridad y exijan de parte de SAB Miller el cumplimiento real de los derechos laborales y sindicales en Colombia. Bogotá, 9 de julio de 2012 Central Unitaria de Trabajadores Domingo Tovar Arrieta Presidente Witney Chávez Sánchez Secretario General Fabio Arias Giraldo Fiscal Horacio Paba Robles Director Dpto. de RR.LL. y NN.CC.

La CUT condena el asesinato de cinco trabajadores petroleros en Putumayo

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a Central Unitaria de Trabajadores de Colombia rechaza y condena el asesinato de cinco trabajadores del sector petrolero en el departamento de Putumayo, sucedido en el día de ayer 4 de julio de 2012 y atribuido a las Farc. La CUT, por principio, rechaza todo acto de violencia; defiende y respeta el derecho a la vida, por lo tanto, llama a todos los actores armados a parar la guerra y optar por la salida política negociada, así como al gobierno del presidente Santos Calderón, a tomar medidas que garanticen la vida de los trabajadores.

Expresamos nuestra solidaridad a los familiares, compañeros y amigos de los trabajadores inmolados. Bogotá, 5 de julio de 2012 Domingo Tovar Arrieta Presidente Witney Chávez Sánchez Secretario Generall Alberto Vanegas Zuluaga Director Dpto. de DD.HH.

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En medio de dificultades, avanzar en la lucha por la ampliación de las plantas de personal

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l pasado 6 de julio se expidió la Ley 1551, "Por la cual se Dictan Normas para la Modernización, la Organización y el Funcionamiento de los Municipios", como lo señala su nombre pretende la norma actualizar el régimen municipal al desarrollo de la política económica dominante, es decir, profundizar la política neoliberal en los entes territoriales. Llama la atención entre otros los siguientes elementos: •• La exclusión del movimiento sindical en la búsqueda de soluciones a los problemas locales (artículo 3, literal g). •• El fortalecimiento de la presencia del sector privado para la solución de los asuntos locales (artículo 6 numeral 6). •• Castiga de una manera muy fuerte a los municipios que sobrepasen los topes de los gastos de funcionamiento, bajándolos a la categoría inferior, no está de más recordar que los salarios de los empleados públicos se pagan por este rubro, este parágrafo 3 del artículo 7, se articula con parágrafo 3 del artículo 5 donde se reitera que la Esap puede y debe estudiar previamente la reforma a las plantas de personal. Se debe destacar como un avance importante la obligación que tienen los munici-

pios de incluir en los planes de desarrollo, políticas dirigidas al respeto y garantía de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (articulo 6 numeral2). La dicotomía de la norma nos debe llamar la atención para estar vigilantes y trabajar desde ya para incidir en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto, que deben estar listos en el mes de agosto, para que se tenga en cuenta la aplicación de la sentencia de la HCC C-614 del 2008. Un número importante de municipios y gobernaciones certificó al Dafp, la cantidad de trabajadores tercerizados que cumplen funciones permanentes, esto no se puede quedar en un dato más, se requiere la unidad y movilización de los sindicatos de los entes territoriales y los empleados tercerizados para la ampliación de las plantas de personal y el incremento del presupuesto para tal fin. Domingo Tovar Arrieta Presidente Witney Chávez Sánchez Secretario General Francisco Maltés Tello Director Tesorería y Sector Estatal

Defendamos la Empresa de Acueducto Bogotá D.C., 11 de julio de 2012 Doctor Gustavo Petro Urrego Alcalde Mayor de Bogotá Doctor Diego Bravo Borda Gerente Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Ciudad. Señor Alcalde y señor Gerente: Reciban cordial saludo del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Subdirectiva Bogotá Cundinamarca. Nuestra Central saluda las expresiones de voluntad política de la Administración Distrital y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de recuperar las zonas entregadas a los gestores desde hace 10 años para operarlas en forma directa con funcionarios de planta, lo cual está acordado en la convención colectiva firmada entre la organización sindical y la empresa desde el 2004.

Lo anterior lo podemos considerar que hace parte de la política del fortalecimiento de lo público que se discutió y aprobó en el Plan de Desarrollo 2012-2015 para el Distrito Capital y que ha sido una bandera de lucha contra las privatizaciones, la defensa de los público y el trabajo digno. Esperamos contribuir desde este escenario y con los trabajadores y su organización sindical para que por la vía del diálogo y la concertación este hecho se convierta en una realidad para el bien de los usuarios de este vital servicio. Fraternal saludo, Héctor I. Bermúdez R. Presidente Manuel Téllez G. Secretario General Miguel Ángel Delgado Fiscal Copia. Sintraemsdes Bogotá - Nacional Medios de comunicación

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ETB debe capacitar para el futuro, no para una coyuntura el fin de impactar el flagelo del ocio entre los menores colegiales que ha disparado peligrosamente el uso del tiempo libre, pero al unísono con estos proyectos se pretende institucionalizar un Wellness empresarial para atender problemas de salud ocupacional y brindar espacios de deporte y gimnasia entre los trabajadores para combatir el stress psicosocial que generan las diferentes actividades laborales de ETB.

Luis Hernando Casallas Secretario de Bienestar Social Sintrateléfonos

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n grupo de progresistas de Sintrateléfonos ha venido presentando diferentes proyectos tendientes a dinamizar la capacitación y la reivindicación de los puntos convencionales vigentes; este grupo de progresistas, quienes hemos sido discriminados y satanizados, ante los medios y la base, por apoyar al actual alcalde Gustavo Petro, venimos juiciosamente presentando proyectos ante la Junta Directiva de Sintrateléfonos para solucionar problemas básicos como la tercerización, y a través de la revolución del conocimiento combatir los flagelos del contratismo y su consecuente desplazamiento de mano de obra. De tal suerte que a la fecha y desde ya casi un año de posesionada la actual Junta Directiva, nos hemos atrevido a presentar proyectos tendientes a proteger y mantener la estabilidad laboral de los trabajadores, así como la dignificación de los puestos de trabajo, por eso presentamos un proyecto realizable para la implementación de un segundo préstamo de vivienda, en razón a que por el carácter de rotatorio que tiene el fondo de vivienda convencional, están congelados 21 mil millones de pesos, en manos de la administración, sin generar intereses,

ni valores agregados a favor de la base; dineros que por su destinación específica y la connotación social que tienen, deben estar colocados en prestamos en beneficio de los trabajadores; proyecto sustentable que no requiere de presentación de pliego, en virtud a que el comité paritario de vivienda goza de plena autonomía reglamentaria para poner en circulación, a favor de los trabajadores, dichos recursos. Así mismo, presentamos propuestas de dinamizar programas de deportes para los trabajadores y los hijos de los mismos con

El proyecto reina de dicha gestión sindical, en beneficio de los trabajadores afiliados, es el proyecto de capacitación que presentamos los directivos, Rubiel Alfonso Carrillo, William Sierra Linares, Hernando Cañón Prieto y Luis Hernando Casallas; proyecto ambicioso que apunta a generar la cultura de la capacitación integral en TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), en un sector tan dinámico como en el que compite ETB, pues es ostensible que la capacitación técnica, tecnológica y profesional, son factores determinantes en la sostenibilidad de ETB en estrecha coherencia con la propuesta del señor alcalde Gustavo Petro y su programa de gobierno 2012-2015 y con los mismos puntos convencionales pactados y vigentes; como directivos activos y consecuentes aportamos el esquema básico de un proyecto futurista de capacitación que integre todas las destrezas y potencialidades acumuladas por los trabajadores de ETB, pero

al mismo tiempo permita que a través de la reconversión de mano de obra capacitada y formada adecuadamente, se blinde la estabilidad laboral de la nómina actual. A través de proyectos viables y realizables, ETB y Sintrateléfonos deben concretar, como pilar de desarrollo y sostenibilidad en coherencia con el plan estratégico de ETB, una formación integral al ritmo dinámico del sector de las TIC. Es por eso que se puso a disposición de la base de trabajadores, ante la Junta Directiva del sindicato y ante la alta gerencia de ETB, el día 28 junio de 2012, el proyecto de capacitación en su primera fase, que va más allá del concepto Ftth (Fiber to the house) y abre las puertas a las expectativas reales de convergencia, integrando desarrollo de contenidos, redes combinadas, telefonía y televisión Smart y telefonía celular buscando que el mayor capital de ETB, como ha sido, siga siendo los saberes y experiencia de los trabajadores. Nuestro interés de beneficio, apunta a integrar dinámicamente en este proyecto al primer aliado dentro de la estructura actual del Distrito, como lo es la Universidad Distrital, en razón y consistencia de ser accionista de ETB, y que dentro de las políticas y plan estratégico de ETB contribuirá altamente al desarrollo no solo de capacitación, sino de innovación tecnológica para el futuro de nuestra empresa y de la ciudad.

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opinión

Impunidad: Negocio lucrativo de los privilegiados Víctor Báez Mosqueira

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Secretario General de la CSA

a impunidad, definida en el diccionario como “falta de castigo”, es el principal factor para que sigan proliferando los crímenes contra sindicalistas en muchos países de las Américas y continuemos con altísimos niveles de injusticia social. Para representar su figura, podemos recurrir por un momento a la simbolización de la Justicia, representada por la figura de una mujer con los ojos vendados, una balanza en la mano izquierda y una espada en la mano derecha. La venda significa que ella punirá sin mirar a quién, la espada es símbolo del castigo y la balanza hace entender que ese castigo será proporcional al delito cometido. Podríamos por tanto imaginar que la impunidad puede ser representada por esa misma mujer, sin vendas, con la balanza cargada excesivamente hacia uno de los lados y con la espada rota. Mira a quién castiga y a quién no, según le interese. El II Congreso de la CSA denunció el alto grado de impunidad, así como de violencia y persecución contra sindicalistas en la región de las Américas, donde se concentra el más alto índice de crímenes violentos contra dirigentes y activistas sindicales. Esta situación es especialmente crónica en países como Colombia, Guatemala y Honduras, donde, entre abril de 2008 y diciembre de 2011, fueron asesinados 122 sindicalistas y defensores de los derechos humanos. De ese total, en ninguno de los casos han sido identificados los autores y, por tanto, tampoco fueron juzgados y sentenciados. El Congreso denunció también que el continente americano sigue siendo el más peligroso para el ejercicio de la actividad sindical. La violencia contra el sindicalismo ha estado revestida y fortalecida por una grave impunidad que es sistemática, afectando al conjunto de trabajadores y trabajadoras y vulnerando sus derechos. Asimismo, condenó la impunidad con la que muchos empleadores privados y públicos violentan física, económica, laboral y socialmente a los trabajadores, dirigentes y organizaciones sindicales. Anualmente cientos de trabajadores y trabajadoras son asesinados, encarcelados o brutalmente reprimidos, miles de trabajadores son despedidos sólo por estar sindicalizados o querer sindicalizarse, miles de trabajadores/ as son objeto de represión y represalias por demandar que se negocie colectivamente y por participar en manifestaciones o huelgas. Millones de trabajadores y trabajadoras del campo y de la ciudad, del sector público como del privado, viven a diario condiciones de temor a ejercer sus legítimos derechos sindicales.

Asimismo, el Congreso expuso que las organizaciones sindicales también han sido duramente golpeadas por prácticas y legislaciones laborales que obstaculizan la organización sindical y la negociación colectiva., tanto en el sector privado como en el público. El despido de dirigentes y/o fundadores de sindicatos, la simulación y defraudación de la relación de trabajo, la proliferación de seudosindicatos dominados por los empleadores (a veces llamados “sindicatos de protección”), así como el uso de figuras jurídicas como la intermediación, subcontratación, cooperativas y denominaciones sociales de “papel”, son argucias empleadas para eludir los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.

La soledad de la desconfianza…

La impunidad como negocio de algunos En general, la impunidad es un negocio muy rentable para los impunes. Aporta cuantiosos beneficios económicos. Forma parte de un incentivo y hasta de una especie de subsidio para quienes quieren seguir manteniendo sus privilegios y fortunas mal habidas. Cuando se cargan impuestos indirectos a los trabajadores y los más ricos no pagan, eluden o evaden impuestos a la renta progresivos y al patrimonio, se está subsidiando la riqueza proveniente de la especulación y de la acumulación ociosa. Cuando se permiten los despidos de dirigentes sindicales, la desaparición de un sindicato, o se evita la negociación colectiva., se está subsidiando de forma perversa a los empresarios que lo hacen. Hay incluso leyes que consolidan la impunidad. Es sabido que en muchos países de las Américas, la ley no actúa para castigar los abusos y crímenes de los más ricos, pero sí se han inventado leyes para punir la protesta de los sectores populares contra las injusticias. Se ha criminalizado la protesta social. Dos conceptos que nos pueden ayudar en esta emergencia son los de “Estado de Derecho” y “Estado Social de Derecho”. Si aceptamos la definición del primero como aquél “donde nadie está por encima de la ley” y del segundo como aquél “donde nadie está por encima de la ley y, a la vez, se protege con políticas concretas a aquellos sectores de la sociedad que son más débiles, dándoles igualdad de oportunidades”, llegamos a la conclusión de que en la mayoría de los países de la región no hay Estado de Derecho y mucho menos Estado Social de Derecho. Así, podemos afirmar con holgura que allí donde la impunidad es parte del sistema, no existe Estado de Derecho, porque esa impunidad hace imposible que vastos sectores de privilegiados puedan ser alcanzados por la justicia. La impunidad es una herramienta para mantener el statu quo en la región. Por eso, indiscutiblemente, la lucha del movimiento sindical en su contra forma parte integral de nuestro deseo de llegar a tener un Estado de derecho y, sobre todo, un Estado social de derecho.

Ángela María Londoño de la C. Directora programas Presidentes de Empresa y Alta Gerencia. Universidad de los Andes

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n un país donde la cultura de “no creer en nada ni en nadie” es la que impera, no es de extrañar que “la solitaria soledad de la desconfianza” a la que se refería la escritora británica George Eliot, sea la razón y consecuencia de una sociedad individualista y descreída como es la nuestra. La desconfianza desmotiva, incomunica, distancia y desconecta a los individuos de los asuntos públicos; sin embargo, cuando ésta es absoluta, la indiferencia ciudadana se transforma fácilmente en conflicto. Una sociedad excesivamente alerta frente a posibles amenazas, alberga ciudadanos incrédulos, hostiles, suspicaces, invadidos por el miedo; viven, además, refugiados en viejos y profundos rencores. Culpar la cuestionada reforma a la justica de ser la causante del debilitamiento de las instituciones es un atropello a la verdad. La exacerbación del descontento de los colombianos es producto de muchos años del abuso de nuestra dirigencia en el uso desmedido y acomodado de la palabra y del poder; del desengaño generalizado por la distorsión de la voluntad popular, en manos de unos pocos en quienes prima el interés particular. Enfrentar la crisis de credibilidad que vive el país, exige de los colombianos que han tenido el privilegio de influir sobre la realidad de los ciudadanos, el tener que asumir la tarea de reconstruir la confianza hace años perdida y con ello, recomponer la relación Estado-ciudadanía. El reto para dirigentes y representantes del poder popular –manda-

tarios, funcionarios públicos, líderes políticos, magistrados y congresistas–, consiste en ganar la credibilidad de los ciudadanos mediante una comunicación eficaz. Eficacia producto no de una estrategia abultada de palabras, sino como fruto de hechos y de acciones. Mientras el ciudadano siga percibiendo temas “dudosos” en los poderes del Estado, de nada valdrán campañas, promesas y discursos. Decía Confucio “Sabio es aquel que en primer lugar pone en práctica sus palabras y luego habla conforme a sus acciones”. El equilibrio de la información le corresponde a los medios de comunicación; de lo contrario, la inmediatez y el protagonismo terminarán por poner en tela de juicio a uno de los más poderosos pilares de la democracia. Análisis, reflexión, sensatez y mesura son indispensables en una sociedad desorientada y atrapada en medio de una lucha de poderes políticos y personales que en nada resuelven su diario trasegar. Una información superficial y fragmentada, dirigida a una mayoría de ciudadanos desligados de la vida política, animados y exaltados por las redes sociales, pone en riesgo la autoridad y legitimidad de cualquier gobierno. A los ciudadanos nos atañe exigir de los poderes políticos y mediáticos información precisa y oportuna. Solo un cuidadoso análisis sobre los asuntos públicos nos ayudará a reducir los riesgos de llevar al país por el tormentoso camino de las emociones desmedidas y apasionadas. Construir, no destruir, es el gran reto. El desencanto y la desconfianza habitual de los ciudadanos, sumados al desgaste de las instituciones, le harán un gravísimo daño a la institucionalidad, a los individuos, y al siempre anhelado desarrollo de la sociedad.

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internacional

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El golpe en Paraguay: un traspié de EU en Mercosur Samuel Pinheiro Guimarães

Tomado de

Diplomático brasileño y profesor del Instituto Río Branco Traducción: Silvia Beatriz Adoue Alai Alai Amlatina, 17/07/2012 Resumen del Informativo CUT

movimiento de capitales, a las inversiones extranjeras, a la defensa comercial, a las relaciones entre inversores extranjeros y Estados serían no sólo las mismas, sino que permitirían la plena libertad de acción para las megaempresas multinacionales.

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6. La existencia del Mercosur, cuya premisa es la preferencia en sus mercados de las empresas (nacionales o extranjeras) instaladas en los territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que pretende expandirse en el intento de construir un área económica común, es incompatible con el objetivo norteamericano de liberalización general del comercio de bienes, de servicios, de capitales, etc., que beneficia.

Los medios conservadores salieron a socorrer a los neogolpistas

7. Por otro lado, un objetivo (político y económico) vital para Estados Unidos es asegurar el suministro de energía, pues importa 11 millones de barriles diarios de petróleo, 20% de los cuales provienen del Golfo Pérsico, área de extraordinaria inestabilidad, turbulencia y conflicto.

a política externa norteamericana en América del Sur sufrió las consecuencias totalmente inesperadas de la prisa de los neogolpistas paraguayos en asumir el poder, con tamaña voracidad que no podían esperar hasta abril de 2013, cuando se llevarán a cabo las elecciones, y ahora articula a todos sus aliados para intentar revertir la decisión del ingreso de Venezuela al Mercosur.

1. No se pueden entender las peripecias de la política sudamericana sin tomar en cuenta la política de Estados Unidos para América del Sur, en donde sigue siendo el principal actor político. Su objetivo estratégico, que a pesar de su debilitamiento continúa siendo la mayor potencia política, militar, económica y cultural del mundo, es incorporar a todos los países de la región a su economía. Esta incorporación lleva, necesariamente, a un alineamiento político de los países más débiles con Norteamérica en las negociaciones y en las crisis internacionales. 2. El instrumento táctico norteamericano para alcanzar este objetivo consiste en promover la adopción legal, por los países de América del Sur, de normas de liberalización más amplia del comercio, de las finanzas y de las inversiones, de los servicios y de “protección” a la propiedad intelectual a través de la negociación de acuerdos en nivel regional y bilateral. 3. Este es un objetivo estratégico histórico y permanente. Una de sus primeras manifestaciones ocurrió en 1889 en la 1ª Conferencia Internacional Americana, que se realizó en Washington, cuando Estados Unidos, que ya era la primera potencia industrial del mundo, propuso la negociación de un acuerdo de libre comercio en las Américas y la adopción, por todos los países de la región, de una misma moneda: el dólar. 4. Otros momentos de esta estrategia fueron el acuerdo de libre comercio Estados Unidos-Canadá, el Tlcan (Área de Libre Comercio de América del Norte, que incluye a Canadá y México); la propuesta de creación de un Área de Libre Comercio de las Américas, Alca; y, finalmente, los acuerdos bilaterales con Chile, Perú, Colombia y con los países de América Central. 5. En este contexto hemisférico, el principal objetivo norteamericano es incorporar Brasil y Argentina, que son las dos principales economías industriales a este gran “conjunto” de áreas de libre comercio bilaterales, donde las reglas relativas al

8. Con la elección de Hugo Chávez, en 1998, y su decisión de reorientar la política económica y política de Venezuela hacia a América del Sur (principal, pero no exclusivamente, en dirección a Brasil) rompería la profunda dependencia de Venezuela con relación a Estados Unidos. 9. Esta decisión venezolana, que afectó frontalmente el objetivo estratégico de la política exterior norteamericana de garantizar el acceso a fuentes de energía próximas y seguras, se tornó aun más importante en el momento en que Venezuela se convirtió en el país con mayores reservas de petróleo. Desde entonces, se desencadenó una campaña mundial y regional de los medios contra el Presidente Chávez y Venezuela. Lo calificaron como dictador y, por lo tanto, podría ser derribado. 10. A medida que el presidente Chávez comenzó a diversificar sus exportaciones de petróleo, principalmente a China, cuando sustituyó a Rusia en el suministro energético a Cuba, y comenzó a apoyar a los gobiernos progresistas electos democráticamente, los ataques se duplicaron. 11. Esto ocurrió a pesar de no haber dudas sobre la legitimidad democrática del presidente Chávez, que desde 1998 disputó doce elecciones que fueron consideradas, todas ellas, libres y legítimas por observadores internacionales, incluyendo el Centro Carter, la ONU y la OEA. 12. En 2001, una vez Venezuela presentó su candidatura al Mercosur, y fue aprobado por los Congresos de Argentina, de Brasil, de Uruguay y de Venezuela, su ingreso empezó a depender del Senado paraguayo, dominado por los partidos conservadores representantes de las oligarquías rurales y del “comercio informal”, que comenzó a ejercer un poder de veto, influenciado por su oposición permanente al presidente Fernando Lugo.

13. El ingreso de Venezuela en el Mercosur tendría cuatro consecuencias: dificultar la “remoción” del presidente Chávez a través de un golpe de Estado; impedir la eventual reincorporación de Venezuela y de su enorme potencial económico y energético a la economía norteamericana; fortalecer el Mercosur y tornarlo aun más atractivo para la adhesión de los demás países de América del Sur. 14. El rechazo del Senado paraguayo a la aprobación del ingreso de Venezuela al Mercosur se tornó en una cuestión estratégica fundamental para la política norteamericana en América del Sur. 15. Los líderes políticos del partido Colorado, que estuvo en el poder en Paraguay durante sesenta años, hasta la elección de Lugo, y los del partido Liberal, que participaba del gobierno de Lugo, seguramente evaluaron que las sanciones contra Paraguay en consecuencia del “impeachment” de Lugo serían principalmente políticas, y no económicas. Después de esta evaluación, dieron el golpe. Primero, el partido Liberal dejó el gobierno y se alió a los colorados y a la Unión Nacional de los Ciudadanos Éticos, Unace, y aprobaron, en una sesión de 36 horas, una resolución que consagró un rito supersumario de “impeachment”. Ignoraron el Artículo 16 de la Constitución paraguaya que afirma que el derecho de defensa de las personas es inviolable. 16. El proceso de “impeachment” del presidente Fernando Lugo fue considerado como un golpe por todos los Estados de América del Sur y, de acuerdo con el

Compromiso Democrático del Merscosur, Paraguay fue suspendido de la Unasur y del Mercosur. 17. En consecuencia de la suspensión paraguaya, fue posible y legal para los gobiernos de Argentina, de Brasil y de Uruguay la aprobación del ingreso de Venezuela en el Mercosur a partir del 31 de julio próximo. Acontecimiento que ni los neogolpistas, ni sus admiradores más fervorosos –Estados Unidos, España, el Vaticano, Alemania, los primeros que reconocieron al gobierno ilegal de Franco– parecen haber previsto. 18. Frente a esta evolución inesperada, toda la prensa conservadora de los tres países, y la de Paraguay, y los líderes y partidos conservadores de la región, partieron a socorrer a los neogolpistas con todo tipo de argumentos, proclamando la ilegalidad de las dos decisiones: la suspensión de Paraguay y la inclusión de Venezuela en Mercosur. 19. La política externa norteamericana para América del Sur sufrió las consecuencias totalmente inesperadas de la prisa de los neogolpistas paraguayos en asumir el poder, con tamaña voracidad que no podían aguardar hasta abril de 2013, cuando se llevarán a cabo las elecciones, y ahora articula a todos sus aliados para intentar revertir la decisión de ingreso de Venezuela. 20. En realidad, la cuestión de Paraguay es la cuestión de Venezuela, la de la disputa por la influencia económica y política en América del Sur y de su futuro como región soberana y desarrollada.

Nº 94, julio de 2012

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actualidad

Por daños ambientales y abuso de derechos humanos y laborales

La multinacional Río Tinto no merece estar en el podio olímpico Agencia de Información Laboral

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5 de julio de 2012

na semana después de su creación, la federación sindical global IndustriALL denunció “el poco ético” comportamiento de la multinacional estadounidense Río Tinto, una de las empresas patrocinadoras de los Juegos Olímpicos que se iniciarán en Londres a finales de este mes, y también proveedora del 99% del oro con el que se fabricaron las medallas que se entregarán a los campeones de la justa olímpica, el cual procede de la operación minera que esta compañía tiene en Utah, Estados Unidos. “Hay que velar porque los atletas premiados reciban medallas que enorgullezcan, no medallas que deshonran”, señaló en un comunicado de IndustriALL, refiriéndose al “negro” historial que Río Tinto arrastra en las distintas regiones del mundo donde opera; al tiempo que recordó que esta compañía se gana 15.000 millones de dólares anuales, “obtenidos a costa de daños al medio ambiente, prácticas laborales explotadoras y abusos de los derechos humanos”. Señala IndustriALL: Río Tinto se presenta ante el público y la comunidad de inversores como una empresa minera responsable y éticamente comprometida con el desarrollo sostenible. Sin embargo, su historial relata algo totalmente diferente: ha sido el blanco de críticas y acciones judiciales por daños ambientales y violación de los derechos de las comunidades en el mundo... Por eso preocupa su asociación con el Comité organizador de los Juegos Olímpicos de verano en Londres, porque ello contrasta marcadamente con el espíritu y los valores de amistad, solidaridad y juego limpio.

Se recuerda que IndustriALL es fruto de la fusión de los sindicatos de la Federación

Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (Fitim), la Federación Internacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (Icem), y la Federación Internacional de Trabajadores del Textil Vestuario y Cuero (Itglwf), y aglutina a más de 50 millones de afilados en 109 países, lo que lo convierte en la federación sindical más grande del planeta. Preguntado sobre el particular, el recién elegido secretario general de IndustriALL, Jyrki Raina, dijo: Yo me opongo a lo que hace Río Tinto, porque creo que la justicia no es negociable. Nuestro nuevo sindicato mundial está lanzando su primera campaña global en la industria minera, y elegimos a Río Tinto, que es una de las mayores compañías mineras del mundo, cuyas operaciones en África es un historial de comunidades desplazadas, promesas incumplidas, arreglos muy ventajosos con dictadores locales y la opresión de los sindicatos que intervienen.

Pero el mal comportamiento de Río Tinto no se limita solo a África. Desde comienzos de este año ha despedido a 780 trabajadores en sus instalaciones de Alma, Quebec, penalizando además a su sindicato (United Steelworkers-USW) por rechazar las tentativas de la dirección de rebajar sueldos a la mitad y subcontratar la fuerza de trabajo.

Otras malas actuaciones de Río Tinto Según IndustriALL, otras acciones en las que esta multinacional se ha visto involucrada en los últimos años, son: •• Daños al medio ambiente y contaminación en minas de EE. UU., en Utah, Michigan y Wisconsin. •• Presuntos desalojos forzosos de ciudadanos, contaminación de vías acuáticas locales y violación de los derechos huma-

Uno de los yacimientos de Río Tinto.

nos en la minas de oro Kelian y Grasberg, ubicadas en Indonesia. •• Un tribunal chino ha declarado culpables y sentenciado a largas penas de cárcel a ejecutivos de Río Tinto por cargos de corrupción y robo de secretos comerciales. •• Ha dejado de lado e ignorado a comunidades locales y no ha respetado el medio ambiente en minas de Namibia, Madagascar y Camerún. •• Cierres patronales impuestos a trabajadores de Boron, California, Alma, Quebec en los dos últimos años. •• En Mozambique, el reasentamiento de comunidades para dar paso al desarrollo de una mina de carbón ha dejado a la gente sin acceso a los alimentos, a leña y a medicinas indígenas de las que dependen, y sin una compensación adecuada.

•• En Namibia, los trabajadores de la mina de uranio de Rössing sufren una incidencia superior a la media de mala salud y una falta de información y de formación sobre los riesgos en el lugar de trabajo y las precauciones de seguridad para proteger su salud. Carlos Bustos, coordinador de IndustriALL en Colombia, señaló: “Nuestros sindicatos colombianos afiliados a IndustriALL, en nuestras almas y conciencias no podemos permitir que la injusticia cometida por Río Tinto se pase por alto y quede sin oposición. Pedimos a los Comités Olímpicos de todas nuestras naciones que reflexionen sobre estos hechos al preparar a lo mejor de sus jóvenes atletas que participarán en este noble acontecimiento deportivo. Les instamos a que eleven este importante asunto ante el Comité Olímpico Internacional y pedirles que “bajen a Río Tinto” del podio”,

Dos dibujos de Banksy relacionados con las olimpíadas de Londres 2012. a. Atleta a punto de lanzar un cohete, y b. Niño fabricando banderas del Reino Unido.

La constitución del estado nacional

NÚMERO 21

Huelgas por mejores condiciones laborales y por la defensa del patrimonio nacional Miguel Ángel Urrego Instituto de Investigaciones Históricas Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

L

a huelga se convirtió tempranamente en la forma de lucha de la clase obrera colombiana. A comienzos del siglo XX fue vista por el Estado y los sectores patronales como la evidencia de una conspiración comunista, por ello desconocieron las reivindicaciones sociales y, paralelamente, desarrollaron una enorme iniciativa para reglamentar lo concerniente al mundo del trabajo y de esta manera “institucionalizar” las luchas obreras, utilizar su potencial político y prevenir los excesos de la protestas. Esta actitud fue complementada por un reforzamiento del paternalismo, lo cual llevó al trabajador a identificarse con la empresa y en varios casos a rechazar las huelgas. Existe una referencia a la existencia de huelgas en el siglo XIX. Concretamente, se habla de la del ferrocarril de Buenaventura (1878), canal de Panamá (1884) y tranvía de Bogotá (1885). Sin embargo, hemos preferido darle mayor importancia al carácter obrero de las protestas y, por ello, resaltamos las presentadas entre 1918 y 1920. La fecha es importante, Moncayo y Rojas nos hablan de la huelga de trabajadores portuarios en enero de 1918 y de trabajadores del banano. Por su parte Mauricio Archila presenta su cuadro y listados históricos de huelgas a partir de 1919. Existe una polémica entre los investigadores en torno a las posibilidades de estas primeras acciones de los obreros, por ejemplo Daniel Pecaut sintetizó esta época como la del “sindicalismo de revuelta”. Para Medófilo Medina estas primeras huelgas son importantes porque tienen dos características que serán comunes a las huelgas del período: enfrentamiento violento a esquiroles y potencialidad para desencadenar otros conflictos.

La huelga en Barranquilla estimuló acciones similares por parte de trabajadores de Santa Marta y Cartagena. El 10 de enero se informó a través de la prensa bogotana que el conflicto obrero patronal en Cartagena había dejado tres muertos y “muchos heridos”. Concretamente El Espectador señaló: “los huelguistas pretendieron atacar algunas propiedades y fue necesaria la intervención de la policía. Del choque resultaron tres muertos y varios heridos. Créese que será turbado el orden público. Probablemente vendrá la guarnición de Medellín con el objeto de restablecer el orden”. La huelga en la ciudad heroica había comenzado el 8 de enero impulsada por la Sociedad de Artesanos y Obreros, quienes se manifestaron pacíficamente frente al palacio de gobierno para solicitar que el gobernador mediara en el conflicto. El mandatario seccional, Enrique J. Arrazola, programó una reunión entre los representantes de la Sociedad y los empresarios que culminó con un pacto firmado por las partes. El gobernador, en su informe oficial, señaló que los obreros desconocieron el pacto a la mañana siguiente y se reunieron para protestar de nuevo. El mandatario les exigió el cumplimiento de lo acordado y la desmovilización inmediata: “(...) pero como las turbas no hicieron caso y dirigiéndose al mercado rompieron varias tiendas y armáronse de machetes, revólveres, además de garrotes que ya tenían...”. Los enfrentamientos entre los huelguistas y las fuerzas del orden (policía nacional y departamental y una guardia civil formada por ciudadanos) culminaron con los tres muertos ya mencionados, uno de ellos policía, detenciones y sumarios. Paralelamente se realizó en Santa Marta una huelga de los empleados del ferrocarril de Santa Marta. Los huelguistas se dirigieron a los muelles del puerto y lograron que los trabajadores, especialmente los descargadores, dieran respaldo a su protesta. A partir de entonces la huelga, según los corresponsales del periódico El Espectador: “(...) degeneró en un verdadera asonada, que recorrió las calles causando daños en el comercio y molestando a los trabajadores pacíficos...”. Los huelguistas levantaron gran parte de los rieles del ferrocarril entre

La huelga de los ferroviarios del departamento del Atlántico estuvo rodeada por el uso de la violencia, la solidaridad de otros sectores, el alza de salarios y una influencia en los demás departamentos de la Costa. El Intendente Fluvial informó al Ministro de Obras sobre el estallido de la huelga en los siguientes términos: “Infórmole desde el lunes –31 de diciembre de 1917– hase declarado motín contra empresa vapores, especialmente fin impedir zarpen. Intendencia háles prestado apoyo empresas allanado dificultades. Asunto huelgas no previsto disposición”. Al día siguiente El Espectador anunció en fin de la huelga a raíz del aumento del 50% del salario a los obreros. Asimismo se desmintió la existencia de heridos: “(...) Es inexacta la versión de que hubiera habido con motivo de ella muertos y heridos del ejército y de los huelguistas”.

Santa Marta y Ciénaga. Pero lo más significativo de la protesta de los trabajadores fue que el gobernador Armas renunció a su cargo –siendo reemplazado por el señor Nicolás Dávila quien declaró el estado de sitio y movilizó a la policía departamental y nacional– y que el movimiento se extendió con mayor violencia a Ciénaga, donde se destruyeron algunos puentes. Para el 15 de enero la huelga de Ciénaga y Santa Marta había culminado. El 24 de enero, mediante decreto legislativo No 4 de 1918, se declaró restablecido el orden público en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena. A pesar de la violencia de las protestas no debe entenderse como la evidencia del grado de independencia y beligerancia de las organizaciones sindicales, pues ya vimos el papel de la autoridad local en la mediación del conflicto. Por otra parte, y luego de las huelgas y protestas de la Costa Atlántica, aparecieron los mutuos señalamientos entre las fracciones políticas de los partidos Liberal y Conservador sobre el origen de la violencia de los trabajadores. En efecto, El Espectador afirmó el 15 de enero que el liberalismo estaba interesado en que culminaran pacíficamente las protestas. El día 16 el enfrentamiento a la fracción denominada conservatismo nacionalista fue más directo, pues se sostuvo que este sector culpaba malintencionadamente a los coalicionistas de los sucesos: “De ese modo los nacionalistas impresionan a las clases bajas con el fantasma de una guerra civil que en realidad sólo ellos desean y sólo a ellos conviene”. La polémica continuó por varios meses, hay que recordar que el país en ese momento se encontraba en elecciones. El 6 de marzo se hicieron varias precisiones sobre los acontecimientos de enero. Nuevamente se rechazó la versión de que las acciones habían sido organizadas por los coalicionistas e incluso se señaló abiertamente al conservatismo de haber repartido el aguardiente que estimuló el uso de la violencia, causante del ataque a la sede de El Nuevo Tiempo y demás propiedades. En 1919 se declararon 15 huelgas. Protestaron empleados de ferrocarriles, portuarios, y en Bogotá albañiles y conductores de tranvías, quienes exigieron jornada de 9 horas y aumento salarial, panaderos y trabajadores Bavaria. Al finalizar el año, el 18 de diciembre, 5.000 albañiles marcharon en silencio en Bogotá contra la vida cara; el 29 del mismo se repitió la manifestación.

Portada de la revista Semana de febrero de 1948, caricatura de Diego Montaña Cuellar por Franklin.

En 1920 las protestas fueron llevadas a cabo por sectores tan diversos como textileros, ferrocarrileros y trabajadores del sector judicial. Una de las huelgas más significativas de este año fue la de las trabajadoras de Fabricato en Bello, Antioquia. El 14 de febrero estalló la protesta bajo la dirección de Betsabe Espinosa y culminó el 4 de marzo con un aumento del 40% en los salarios de las empleadas.