29 de octubre de 2013

Apyme celebra la plena vigencia de la Ley de Medios La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) saluda el pronunciamiento positivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que permanecían sin aplicarse. La plena vigencia de la normativa permitirá poner límites al accionar oligopólico de grandes empresas de la comunicación, ya que durante cuatro años desde la sanción en el Congreso una medida cautelar logró impedir que el Grupo Clarín cumpliera el proceso de adecuación que lo obliga a desprenderse de señales (cuenta con 250 licencias cuando se permiten 24) para cumplir con la ley. Debe destacarse la legitimidad de esta ley desde su gestación, sobre la base de los 21 puntos de la Coalición para una Radiodifusión Democrática conformada por entidades y actores sociales que venían bregando por el indispensable reemplazo dela Ley de Medios de la dictadura militar. La legislación actual arribó al Congreso luego de meses de discusiones en foros a lo largo de todo el país, de los que APYME participó activamente, y fue sancionada por amplio consenso al cabo de intensos debates enla Legislatura. Debemos remarcar, además del sentido democrático y pluralista de esta ley, su innegable efecto económico y distributivo para miles de Pymes, cooperativas y trabajadores de la comunicación. En estos cuatro años de aplicación parcial posibilitó la creación de más de 100.000 puestos de trabajo en el sector audiovisual. Un relevamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) presidida por Martín Sabatella informó hechos relevantes que será útil difundir, como el otorgamiento de 1.018 autorizaciones y licencias para radio, televisión abierta y televisión paga y la autorización de 210 radios comunitarias en todo el país. En este marco el fallo dela Corte Suprema, aunque tardío, significa la concreción de un nuevo avance sobre grandes intereses corporativos que buscan permanentemente maximizar sus ganancias a expensas del conjunto de la ciudadanía e impedir mayores logros en un proyecto de desarrollo equitativo. También es un paso adelante en la calidad de las instituciones democráticas de nuestro país, que deben promover y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, económicos y sociales para todos sus habitantes, una tarea que nos compromete a todos los argentinos.

Comunicado de la CTA ante el fallo de la Corte La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) saluda la resolución de la Suprema Corte de Justicia que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como un triunfo popular que fortalece la democracia.

Este fallo demuestra en primer lugar la legitimidad de todas las acciones que durante años vinimos realizando desde distintos sectores de la sociedad, para lograr la plena aplicación de esta ley. La resolución de la Corte es también la derrota de los que pretendieron ponerle límites al avance de la democracia. A partir de hoy tenemos más resguardo para el pluralismo y para el derecho ciudadano a la información. Cuando hablamos de derrotados nos referimos al Grupo Clarín y a las oligarquías mediáticas. También nos referimos a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que siempre intenta poner en el banquillo de los acusados a los gobiernos populares y democráticos de la región. Con este fallo, queda demostrado, que cuando las demandas populares representan causas justas, no hay poder económico que la pueda detener. Ante la extorsión del Grupo Clarin que amenaza con despidos a sus empleados, reafirmamos que la Ley garantiza los puestos de trabajo. La CTA y las organizaciones que representan a trabajadores del sector garantizaremos el compromiso de mantener que el empleo se cumpla 100%. Por último la CTA, expresa públicamente su agradecimiento a la presidenta de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Sharan Burrow, quién al otro día de las elecciones legislativas, envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, solicitándole se expida a favor de la constitucionalidad de la Ley de Medios.

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC): Una ley para fortalecer la democracia La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional. Así lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia en un día histórico, en vísperas de cumplirse treinta años consecutivos de vigencia democrática. Esta norma, cuya aplicación plena será posible a partir de la resolución dispuesta por la máxima instancia del Poder Judicial, constituye un avance de singular trascendencia en la batalla cultural contemporánea. Se trata, en esencia, de posibilitar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, al permitir el acceso a los medios audiovisuales a los más diversos sectores de la comunidad. Entre ellos, a las cooperativas y mutuales. Cabe recordar que la Ley de Radiodifusión impuesta por la última dictadura genocida fue un instrumento más del terrorismo de Estado. En particular, aquella disposición dictatorial constituyó una mordaza para impedir que las entidades de la economía solidaria pudieran difundir sus enfoques, principios y valores. Desde el primer instante de la nueva etapa constitucional, iniciada el 30 de octubre de 1983, comenzó una lucha incesante para lograr que la recuperada democracia le diera un marco normativo apropiado a ese derecho humano inalienable. Así, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos realizó un acto multitudinario en diciembre de ese año, en el estadio Luna Park, bajo la consigna “La cooperación, por una Argentina unida y democrática”. En ese marco y a la par de un amplio abanico de propuestas, estuvo presente el legítimo anhelo para disponer de instrumentos comunicacionales.

Una mención especial corresponde a la Coalición por una Radiodifusión Democrática actualmente denominada “por una Comunicación Democrática”- , donde confluyeron las más diversas vertientes del campo popular, para reclamar la derogación de la norma dictatorial por otra acorde con los nuevos tiempos. Este nucleamiento condensó en veintiún puntos los ejes conceptuales que debería contener ese nuevo marco normativo. Una verdadera plataforma doctrinaria que le fue entregada a la Presidenta de la Nación en los primeros tramos de su mandato y posteriormente pasó a formar parte de los fundamentos de la llamada “Ley de Medios”, la número 26522, aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. La constitucionalidad de esta disposición legal ha quedado ratificada por la Corte Suprema cuatro años después de su sanción, luego de un proceso inédito en el cual se sometió al debate de la ciudadanía, en todo el territorio de nuestro país, el contenido de su articulado. Llegar hasta este momento histórico llevó tiempo y una lucha consecuente. Hubo que atravesar obstáculos judiciales interpuestos por el monopolio mediático, en su intento por preservar sus intereses económicos y el poder acumulado durante décadas, so pretexto de la defensa de la libertad de expresión. En esa batalla se encolumnaron a favor del multimedio los mismos sectores que sistemáticamente ponen trabas, para impedir que el pueblo argentino pueda concretar el sueño de construir una nueva y gloriosa nación. Ahora que la democracia acaba de cumplir sus primeras tres décadas de vigencia consecutiva, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual permitirá que se hagan escuchar todas las voces, entre las cuales ocupará un lugar destacado el movimiento cooperativo. Se inaugura una nueva etapa y con ella el desafío de ocupar el espacio mediático con inteligencia, calidad y profesionalismo, para instalar en la sociedad los valores de la solidaridad, el patriotismo, la defensa del patrimonio material y cultural de nuestro país y el compromiso con la construcción de una Argentina para todas y todos.

Celebramos con el pueblo argentino la vigencia de la Ley La Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) entiende el fallo de la Corte Suprema como un paso fundamental para la consolidación de la democracia, a 30 años de su recuperación. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada hace casi 50 meses, nos permite a las organizaciones de la comunidad, sin fines de lucro, producir y distribuir información de calidad y competir en igualdad de condiciones con los grupos comerciales concentrados. Más de mil medios de comunicación cooperativos, junto con los hermanos mutuales y pymes asociativos, estamos en condiciones -algunos desde hace muchas décadas- de brindar servicios de comunicación desde y para nuestras comunidades, ya sean grandes ciudades o pequeños pueblos. Desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, emisoras radiofónicas y señales de televisión pudieron empezar a hacerlo con el permiso legal que arbitrariamente les

prohibía el anterior marco normativo, sancionado durante la Dictadura cívico-militar y profundizado en los años noventa. Tal como lo señaló nuestro representante como amicus curiae por parte del Estado en la audiencia convocada por la Corte Suprema el 28 de agosto, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, "las organizaciones de la economía solidaria eran y son conscientes de que ejercer y garantizar la libertad de expresión, en todas sus vertientes, está en la esencia del pensamiento solidario, con un criterio plural y básico para la construcción de una sociedad democrática". Cooperar, como institución cincuentenaria y federalmente representativa del cooperativismo argentino, celebra que esta mañana el Tribunal haya declarado la constitucionalidad de esta ley, lo cual nos permite asentar junto al resto de la sociedad el compromiso por una comunicación democrática, sin monopolios e incluyente de todos los argentinos, en coherencia con nuestra esencia y trayectoria. Proveemos energía eléctrica, agua, telecomunicaciones, salud, educación, seguros, crédito y vivienda, entre otros servicios, a unos 10 millones de argentinos, no importa dónde habiten ni quiénes sean, porque nuestro fin es económico pero también es social. Con el mismo espíritu ampliaremos las fronteras de las comunicaciones audiovisuales para que no haya más compatriotas sin la posibilidad de escucharse, verse y conocerse, ahora sobre la base firme de una ley votada por la mayoría del Congreso Nacional.

Trama: "El fallo de la Corte nos obliga a redoblar esfuerzos" Tras el fallo de la Corte Suprema por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), la Cooperativa Trama Audiovisual dio a conocer su respaldo a la plena aplicación de la norma. Compartimos el comunicado de prensa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a ratificar que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no afecta la libertad de expresión y declaró constitucional la totalidad de la norma. El grupo Clarín objetaba la ley basándose en que sólo su condición de gigante económico le permitía ser un grupo independiente. "El tamaño importa", espetó uno de sus representantes ante la jornada convocada por el máximo tribunal a los “amicus” de las partes. La ley en cuestión, además de velar por el control antimonopólico, abrió la posibilidad de que entidades sin fines de lucro puedan ser prestadoras de servicios audiovisuales (canales de tv de aire, cableoperadores y radios). Y no sólo revirtió la expresa prohibición impuesta por la última dictadura militar, sino que reservó un tercio del espectro radioeléctrico para quienes no persiguen lucro a través de empresas comunicacionales. Mientras el tiempo judicial definía la suerte del principal grupo económico de medios del país, desde la economía solidaria venimos construyendo un nuevo esquema, absolutamente inverso a la lógica monopólica. Mientras Clarín produce contenidos centralizadamente y homogeniza la información repitiéndola hasta el hartazgo por las redes que construyó en cada rincón del país, las cooperativas, mutuales, gremios y pymes buscamos en la producción distribuida y la emisión coordinada una nueva lógica de escala nacional.

Hace menos de un año, un grupo de pantallas de todos los rincones del país conformamos la cooperativa Trama Audiovisual. Hoy, mientras festejamos la resolución de la Corte, estamos produciendo nuestros primeros productos audiovisuales de modo coordinado, creando entre todos una oferta audiovisual que busca ser masiva, popular y de la más alta calidad. Buscamos generar contenidos desde cada uno de los rincones de nuestra patria, promoviendo que nuestros jóvenes tengan en sus pueblos un espacio en donde volcar sus aprendizajes universitarios, en donde las entidades locales puedan contar sus verdades y difundir sus actividades. Buscamos construir en conjunto pantallas locales competitivas, en donde los anunciantes locales encuentren escala y calidad para dar a conocer sus productos y servicios, pero también en donde las grandes empresas nacionales puedan auspiciar los suyos. No tener enfrente a un monopolio todopoderoso como competidor no es un detalle menor. Mientras seguimos trabajando para construir los nuevos medios, celebramos que la Corte haya dado su veredicto respecto de la desinversión. No son dos temas aislados ya que el espíritu de nuestra Ley sólo podrá cumplirse cuando la misma pueda ser aplicada en forma integral. Ese momento es hoy. Todos debemos redoblar nuestros esfuerzos para construir una comunicación más humana en donde todos podamos decir y en donde todos nos podamos ver.

Comunicado de Fadiccra y la Red de Cooperativas de Comunicación sobre el falo de la Corte Los trabajadores autogestionados que integramos la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA) y la Red de Cooperativas de Comunicación (RCC) expresamos nuestra gran alegría por la ratificación judicial de La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sabemos que esta alegría es compartida por compañeros y compañeras de un enorme abanico de organizaciones sindicales, sociales, políticas, comunitarias, de defensa de los derechos humanos. Con todas ellas hemos compartido, en encuentros, foros y movilizaciones, la larga lucha por una radiodifusión democrática, al servicio del pleno cumplimiento en nuestro país de los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información del conjunto de nuestro pueblo. Instamos al gobierno nacional a que en esta nueva etapa persista en la firmeza de defender las leyes y la democracia frente a las enormes presiones corporativas de los grupos empresarios de la comunicación que insistan en la actitud golpista de rechazar la aplicación de las normas vigentes. Nada puede extrañarnos de quienes apoyaron las dictaduras del siglo XX. Llamamos al gobierno a instrumentar sin dobleces todos los medios previstos por la Constitución Nacional y las leyes para que la norma cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se instrumente en toda su extensión. Al mismo tiempo, renovamos, en tanto trabajadores sumados al movimiento cooperativo y mutual que brega por el crecimiento de la economía solidaria y el asociativismo, nuestro compromiso con la consolidación y multiplicación de nuestros medios de comunicación audiovisuales, que sufrieron décadas de censura al amparo del decreto dictatorial que rigió hasta la aprobación de la nueva ley.

Queremos también compartir nuestra alegría con quien tuviera la enorme valentía de impulsar, con el peso y la legitimidad de su autoridad emanada de la voluntad popular, el proyecto de democratización de las comunicaciones audiovisuales: nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien aprovechamos para desearle una pronta y plena recuperación.

Comunicado Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Río Cuarto Con profunda satisfacción celebramos el fallo de la Corte Suprema que habilita la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales. No podemos dejar pasar por alto que los poderes hegemónicos siempre tuvieron en claro que dos de las herramientas más importantes para sojuzgar a los pueblos fueron el monopolio de la educación y de la información. La vigencia de esta Ley será un duro golpe para los "formadores de opinión" y un avance en la democratización de ese servicio público que es la información. Ahora serán las organizaciones populares las que deberán materializar los beneficios que otorga esta ley para llevar a toda la sociedad la voz de los que nunca tuvieron voz, sin perder de vista que todavía tenemos un desafío mayor: poner la educación, en todos sus niveles, al servicio de los intereses nacionales y populares.

Al Gran Pueblo argentino Salud A treinta años de la recuperación de la Democracia, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN) celebra el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara la constitucionalidad de los artículos de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual objetados por el Grupo Clarín. Se cierra de este modo una discusión planteada por ese grupo monopólico cuyo único interés era el de mantener las prebendas de un sistema de comunicación heredado de la dictadura. Los trabajadores de prensa y comunicación de Córdoba nos unimos al regocijo de los trabajadores de la comunicación de todo el país en esta jornada histórica que legitima una ley parida desde y para el pueblo. Resta ahora, que el gobierno nacional, a través, de los organismos pertinentes, garantice el cumplimiento pleno de esta norma cuya característica distintiva es haber sido ampliamente debatida en toda la geografía del país. Sostenemos que aun cuando existen ajustes que hacer sobre esta normativa, su vigencia plena es el mejor presente que como pueblo podemos otorgar a nuestra generación y a las generaciones futuras. La información es un derecho y como tal sólo resta ejercerlo.

Comunicado Universidad Nacional de Río Cuarto

El Rectorado de la UNRC expresa su beneplácito por el fallo conocido, horas atrás, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la constitucionalidad de los artículos que obstruían la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De esta manera la República Argentina transita, desde hoy, a paso firme una senda donde el pluralismo, la libertad y la desconcentración del mercado comunicacional están garantizados, regidos, y protegidos por una norma que goza de los avales plenos del pueblo –ante todo-, de la ciudadanía política, y de las instituciones todas de la democracia. En tal sentido, esta conducción hace mención distintiva a todos los colectivos de organizaciones de toda índole- que, sin medir especulación alguna, se unieron en pos de forjar y forzar los gloriosos “21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión democrática”. Los cuales no sólo fueron incorporados sino que enriquecieron los múltiples debates abiertos a lo largo y ancho del país. Precisamente esta Universidad Pública participó, con múltiples voces, en el foro celebrado en la hermana Universidad Nacional de Córdoba. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual abre, definitivamente, las puertas a los Pueblos Originarios, a las niñas, niños y adolescentes, a los gremios, a las organizaciones sociales, educativas, ya no sólo en su expresión sino en su posibilidad cierta de poseer medios propios de comunicación. Las UUNN participaron y participan activamente de la consolidación de este profundo proceso democrático de comunicación. Así las voces y los cuerpos de quienes actúan según sus convicciones son protagonistas de este camino que es vanguardia en Latinoamérica. Celebremos en este día. Comprometámonos todas y todas en profundizar las huellas libertarias de la educación pública. En cada aula, en cada espacio abierto. Con nuestras instancias comunicacionales como, esperamos y luchamos, sea el propio Canal Universidad con la pronta habilitación de la antena de Televisión Digital Abierta. Al gran Pueblo Latinoamericano. Salud!!!

Comunicado Mesa de Articulación del Movimiento Cooperativo de Río Cuarto En torno de esta pelea por la comunicación y el sistema de propiedad de los medios de comunicación, estamos discutiendo y avanzando en otros aspectos sustantivos de la vida política de nuestra patria. Después de 4 años de haber sido mañatada dentro del laberinto judicial, desde que la resolución quedó en manos de la Corte Suprema Justicia había solo una discusión de fondo que determinaba luego la validez de la cantidad de licencias permitidas por titular y el tiempo de adecuación a esa cantidad. La interpretación giraba en torno de basar el derecho de la comunicación y de la libertad de expresión en el derecho público colectivo o en el derecho individual privado. Y lo que gano, compañeros, es que la razonabilidad social para determinar el marco general de la actividad, en este caso la comunicación, prima el derecho colectivo por sobre el de una parte. Y eso, que parece técnico es un paso en la construcción del sujeto pueblo no solo como destinatario

o beneficiario de las políticas sino como punto en el que se apoya el compas para trazar los proyectos y las líneas de desarrollo. Por eso estamos acá. Celebrando, sí. Celebrando que hemos podido abrir y profundizar una grieta en la lógica judicial cuya biblioteca de consulta era solo la de defensa de la propiedad privada. Una grieta que es preámbulo de la ruptura del andamiaje judicial neoliberal construido desde los 70 en adelante que fue la base del sistema de poder y de control de nuestro territorio, de nuestras economías, de nuestras calles, y que permitió a Clarin y sus socios americanos monopolizar la industria cultural desde el papel que usa la prensa, los diarios, editoriales de libros y cadenas de radios, sistemas de TV por cable. Pero también estamos acá, compañeros, porque derribando el monopolio, ha quedado el campo de orégano. Nosotros tenemos la iniciativa y hace desde mucho más que 4 años que venimos peleando por ser incluidos o contemplados por una ley. Ahora la lucha se nos hace construcción para cristalizar en medios de comunicación sociales todo lo que venimos haciendo en los territorios. Hemos sacado la comunicación del cofre de la propiedad privada y del lucro comercial. Hemos ganado porque de hecho, la comunicación es social. La información es un derecho público. Nosotros, que resistimos al neoliberalismo y construimos gobiernos populares y democráticos. Nosotros que vivimos de nuestro trabajo, que generamos la riqueza y la renta comercial y el mercado interno. Nosotros que somos barrio organizado, vecinal, murga, copa de leche, jardín maternal. Nosotros, que armamos los bolsones de comida, recolectamos y reciclamos papel, cartón y basura, nosotros que organizamos nuestro trabajo. Nosotros, para quienes la economía siempre es economía regional y lo poco que ganamos lo ponemos en más máquinas. Nosotros que en nuestras manos ejercemos la práctica de la salud, de la enseñanza, de la recreación, de la cultura, de la administración de lo público y de lo privado. Nosotros que estudiamos y peleamos para ser más dentro de las aulas... nosotros somos pueblo construyendo nuestros medios. Ese trabajo, es nuestra lucha. A los medios, compañeros....!

El Grupo Clarín ante el fallo por la ley de medios Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la ley de medios, el Grupo Clarín ratifica, como lo ha hecho en cada instancia judicial, que se encuentra a derecho y que respeta las decisiones judiciales. También, que analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales. El Grupo considera que los artículos cuestionados -como sostienen los tres votos en disidenciacontradicen no sólo principios de la Constitución Argentina sino de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), así como recientes precedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA. Tanto la ley como el fallo, al desconocer licencias vigentes con varios años por delante, violentan abiertamente los derechos adquiridos, como también lo reconocieron tres miembros de la Corte. Y al silenciar, sin justificación técnica ni competitiva alguna, medios que hoy ejercen periodismo

crítico, configuran una clara afectación a la libertad de expresión. Además, impedir el funcionamiento, como hace la ley, de medios que no usan espectro radioeléctrico, equivale a prohibir un diario o un sitio de Internet, lo que implica censura previa para la Constitución y los tratados internacionales. La prueba más concreta de la verdadera intención del gobierno con esta ley, ha sido la enorme colonización oficial de medios producida desde su sanción. Hoy más del 80% de los medios audiovisuales responden directa o indirectamente al oficialismo. La ley busca medios que no sean autosustentables sino que dependan de la publicidad oficial o de negocios vinculados con el Estado. De allí que desde 2009 se haya producido el cambio de manos de numerosos medios y el sojuzgamiento de tantos otros con recursos públicos. En cumplimiento del fallo -que cuestionó tanto la implementación de la ley como la actuación de la autoridad de aplicación- el Grupo Clarín exigirá, en las instancias correspondientes y previo a cualquier otra medida, que las mismas se adecúen a los principios constitucionales de imparcialidad, independencia y solvencia técnica, señalados por la Corte. Además, y también de acuerdo a lo expresado en la sentencia, el Grupo Clarín continuará defendiendo judicialmente cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas. Finalmente, el Grupo Clarín lamenta el contenido de un fallo que no considera el valor de la independencia periodística como presupuesto para la libertad de expresión. Y de ese modo, condiciona seriamente la posibilidad real de ejercer la crítica al poder político, supuesto indispensable de la democracia.

Comunicado ADEPA: la Corte se debate entre lo formal y lo real La ley y su propósito de lograr pluralidad y diversidad en los medios de comunicación perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial, afirma el fallo de la Corte. “Todo lo que se ha dicho acerca de la ley y su propósito de lograr pluralidad y diversidad en los medios masivos de comunicación perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial”, afirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo sobre la llamada Ley de Medios. En este sentido, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) puede afirmar que la citada ley ya ha perdido su sentido, por cuanto no solo no existe una política pública transparente en materia de publicidad oficial, sino que en los últimos años esta fue objeto de un uso brutalmente arbitrario y discrecional, que no reconoce parangón desde la recuperación de la democracia en nuestro país, de lo que se cumple hoy el trigésimo aniversario. En estos 30 años, luces y sombras enmarcaron el desenvolvimiento de la actividad periodística, pero nunca como hoy se ha utilizado la herramienta económica para sofocar a la libertad de prensa. Ya no se persigue físicamente o se encarcela, como ocurriera en la Argentina del siglo XX. Esos son métodos burdos, que resultarían muy difíciles de explicar y de ocultar. Hoy se emplea el ahogo económico y financiero para procurar someter a los medios de comunicación independientes.

En su extenso fallo, la Corte sostiene que “la función de garante de la libertad de expresión que le corresponde al Estado queda desvirtuada si por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía preliminar al disenso y al debate plural de ideas”. Siguiendo el mismo razonamiento que expusimos más arriba, podemos afirmar entonces que la labor del Estado ya está desvirtuada, porque todo lo que advierte el máximo tribunal ya está sucediendo. Por eso, ADEPA no puede dejar de plantearse que el fallo se debate entre lo formal y lo real. Lo formal, como queda demostrado, se da de bruces con lo real, por cuanto todo lo que la Corte advierte que desvirtuaría el sentido de la ley, ya venía sucediendo antes del dictado de la sentencia. Cabe por ello preguntarse si quienes firman el despacho mayoritario del fallo ignoran lo que está ocurriendo en materia de comunicación audiovisual en la Argentina. No podrían ni deberían desconocer en manos de quiénes están hoy las licencias de los principales canales de televisión de Capital Federal, ni a quiénes se les han concedido licencias de medios audiovisuales desde la sanción de la ley a partir de 2009 hasta la fecha. En lo formal, en otro párrafo del fallo, la Corte sostiene que “si los medios públicos en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales”, también queda desvirtuada la función de garante de la libertad de expresión que le corresponde al Estado. En lo real, esto ya está ocurriendo. En lo formal, la llamada “televisión pública” debiera dar cabida a la más amplia pluralidad de voces de todos los sectores sociales y políticos de la Argentina. En lo real, el ciudadano advierte cotidianamente que el contenido de esta llamada “televisión pública” responde a fines de difusión y propaganda del gobierno nacional. En lo formal, el máximo tribunal señala que no resulta admisible que solo una importante economía de escala garantice a un medio periodístico la independencia suficiente como para constituir una voz crítica. Agrega que hay numerosos medios pequeños o medianos que ejercen esa función crítica. En lo real, a raíz de su relativamente acotada área de influencia, los medios pequeños o medianos pueden llevar adelante un periodismo crítico sin mayores contratiempos, en virtud de que ese alcance limitado lleva a no generarle preocupación al gobierno nacional. La importancia de la sustentabilidad y de la rentabilidad económica de los medios fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los considerandos de un fallo por el cual se sostuvo la inaplicabilidad del congelamiento del precio de tapa de las publicaciones periodísticas dispuesto en 1985. Sostuvo entonces la Corte que sin una prensa económicamente sólida e independiente existiría una democracia desmedrada y puramente nominal. En lo formal, ahora la Corte dice que la libertad de expresión es, entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, una de las que posee mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia nominal. Es decir que el fallo actual recoge considerandos de hace casi treinta años.

En lo real, el fallo ahora conocido va en detrimento de la sustentabilidad y de la necesaria rentabilidad empresaria, imprescindibles para la existencia de vigorosos medios independientes a través de los cuales se puedan escuchar otras voces que no sean las del gobierno de turno, hoy amplificadas por una enorme red de medios gráficos y audiovisuales afines al gobierno, sostenidos económicamente por los impuestos que gravan a todos los argentinos, y que conforman los recursos públicos de los que se nutre la pauta oficial. En lo formal, hay libertades de prensa y de expresión en la Argentina, ya que hasta ahora se puede escribir y decir lo que se piensa. En lo real, ello se puede hacer pero a riesgo de sufrir el escarnio que baja desde la más alta magistratura, hasta la persecución administrativa a través de organismos recaudadores o fiscalizadores que desvirtúan su función. A esto se suma el intento de controlar el abastecimiento de papel a los medios gráficos y, ahora, la convalidación de la llamada Ley de Medios por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Adepa, desde el retorno de la democracia en 1983, reclamó de manera insistente ante los distintos gobiernos la sanción de una nueva ley de medios audiovisuales acorde a los nuevos tiempos con la recuperación de las instituciones y que eliminara las disposiciones discriminatorias que impedían a los medios gráficos el acceso a los medios audiovisuales. Recién en 2009 se sancionó una nueva ley que, bajo el pretexto de garantizar la pluralidad de voces, en realidad lo que promueve es la concentración en manos del Estado, lo que es igual a la concentración en manos del gobierno, ya que la ausencia de un verdadero republicanismo lleva a que gobierno y Estado en nuestro país hoy sean la misma cosa. Lamentamos entonces que bajo el argumento formal de asegurar esa pluralidad hoy estemos cayendo, en lo real, en la conformación de una cadena multimediática afín al gobierno nacional, con lo cual el ciudadano se ve imposibilitado de conocer distintas voces y de recibir información de otras fuentes que no sea la oficial. Todo esto, convalidado por el fallo de la Corte que se debate, como decimos, entre lo formal y lo real.