La Amazonía colombiana:

Análisis de las inversiones que amenazan los derechos de los pueblos y sus bosques

Foto cortesía de Víctor Mottan. Líder indígena del CRIMA

Derechos, Diversidad y Selvas (Dedise) www.dedise.org [email protected] Bogotá, D. C. ISBN: 978-958-59312-0-6 Primera edición: Diciembre de 2015

Autoras: Mayra Tenjo Hurtado Paula Álvarez Roa Diseño, diagramación e impresión: ARFO Editores e Impresores Ltda. Cra. 15 No. 54-32 Tel.: 2175794 Bogotá, D. C. [email protected]

Tabla de contenido INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sección I: LAS GRANDES INVERSIONES EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA 1. 2. 3. 4. 5.

Infraestructura vial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El enclave minero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La exploración petrolera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los proyectos de crecimiento verde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proyectos PSA en la Amazonía colombiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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7 13 17 23 29

Derecho a la consulta previa, libre e informada, CPLI:. . . . . . . . . . . . . . . . . . Principal jurisprudencia en materia de Consulta Previa. . . . . . . . . . . . . . . .

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Sección II: DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Sección III: CONSIDERACIONES FINALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Introducción Colombia es uno de los países a nivel global con grandes extensiones de bosques; la región Amazónica es el área selvática de mayor extensión en el país, aproximadamente 40,2 millones de has, es decir que representa casi dos veces la superficie total del Reino Unido. Esta región compuesta por seis departamentos: Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés, alberga una gran diversidad ambiental y cultural, ya que es el hogar de 52 pueblos indígenas. Estos pueblos por tiempos milenarios a través de sus sistemas propios tradicionales en relación con la naturaleza han preservado los bosques, sin embargo los grandes intereses económicos generan profundas amenazas sobre los territorios.

Las inversiones y proyectos que se desarrollan en la Amazonía son promovidos por políticas nacionales y regionales, en búsqueda de la “confianza inversionista” para empresas nacionales y extranjeras. Asimismo, subyacen acuerdos internacionales, como los Tratados de Libre Comercio, que promueven reformas políticas internas a nivel nacional, para facilitar el acceso de las empresas; como resultado a nivel nacional se desarrolla un reordenamiento del territorio, en clave de las grandes inversiones, que desconocen el ordenamiento local propio de los pueblos, situación que pone en alto riesgo la pervivencia física y cultural de estos, así como la integralidad ecosistémica de los bosques amazónicos.

El estudio adelantado por el Colectivo Derechos, Diversidad y Selvas, DEDISE, pretende aportar algunos elementos de análisis sobre las tendencias del modelo de desarrollo económico y social, frente a los derechos humanos colectivos e integrales de los pueblos indígenas en la Amazonía colombiana; 4

así mismo mostrar la relación entre la dinámica de las inversiones y la explotación de recursos de la naturaleza en un contexto de conflictos sociales y territoriales.

Gran parte de esos escenarios de intervención, son hoy algunos de los sectores que representan los principales “motores de deforestación”, direccionados por los pilares del desarrollo económico y por los sectores en donde se operan proyectos que transforman los territorios y vulneran los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, como son: la construcción de vías multimodales para la integración regional y comercial y los proyectos extractivos de explotación minero energética. Adicional a estos proyectos también se tienen en cuenta programas de biodiversidad-conservación y de cambio climático, que aunque no generan directamente deforestación, implican afectaciones en los derechos territoriales y colectivos. Este tipo de proyectos son direccionados por políticas globales desde una visión funcional a los recursos y flujos financieros del capital; de los proyectos más destacados de Pago por Servicios Ambientales, PSA, se encuentran: la consolidación de figuras de conservación por parte del Estado y los proyectos REDD+. Este documento está estructurado en tres secciones. En la primera, se presentan los principales datos de las inversiones en: infraestructura vial, industrias extractivas de minero energéticas y programas de biodiversidad-conservación y de cambio climático.

La segunda sección realiza una breve aproximación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas como son la Consulta Previa, Libre e Informada, CPLI, entendida como derecho y herramienta fundamental para enfrentar las amenazas surgidas de las inversiones señaladas. Y finalmente se exponen unas consideraciones finales del trabajo realizado.

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Sección I:

Las grandes inversiones en la Amazonía colombiana En el año 2014 el Colectivo DEDISE identificó 147 proyectos que se estaban ejecutando en la Amazonía, de los cuales el 70% corresponde al sector mineroenergético con proyectos de extracción minera y de hidrocarburos, el 8% está representado por los proyectos de PSA, 10% forestales y 12% de transporte. El gráfico siguiente muestra la distribución de los proyectos según el sector. Inversiones en la Amazonía colombiana

Forestales 12% PSA 8%

Hidrocarburos 36%

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Minería 34%

Transporte 12%

Como lo evidencian las cifras, los negocios mineros y energéticos cubren gran parte de los intereses de la inversión, situación que es reconocida como un factor histórico dentro de los intereses de internacionalizar la Amazonía1. Las obras de infraestructura y los PSA también tienen implicaciones territoriales, sociales, ambientales y culturales, en los territorios colectivos de los pueblos indígenas y comunidades locales.

Las anteriores situaciones son funcionales a la multiplicidad de actores registrados en la zona, la presencia de empresas privadas sobre todo extranjeras, ONG internacionales, cooperación internacional, entre otros actores, tienen un rol elevado en la toma de decisiones sobre las políticas y los recursos en la región.

1. Infraestructura vial

Este sector representa una de las principales causas de la deforestación en el país, ya que se suma la degradación ambiental en su articulación directa con el acceso de las inversiones minero-energéticas. La política externa brasileña estableció el Tratado de Cooperación Amazónica-TCA2 y el tratado OTCA3, para la consolidación de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IIRSA4, que busca entre otras cosas integrar los territorios amazónicos a economías globales (principalmente Japón y China) y el mercado europeo.

En la Amazonía se identifican dos grandes proyectos de infraestructura vial que hacen parte de la IIRSA: i) la carretera marginal de la selva (eje de integración Andino) y ii) el corredor multimodal “(Co) Tumaco – Pasto – Mocoa – Belem do Pará (Br)” (eje de integración Amazonas). Estos proyectos son financiados con recursos públicos a través de préstamos con las instituciones financieras internacionales, IFIS, como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Algunos estudios remontan el interés de internacionalizar la Amazonía desde 1945 fecha en la que se consolido la convención de constitución del Instituto de la Cuenca Amazónica, con intereses en los minerales de Amapá en la Amazonía brasileña. Kucinski B. La Amazonía y la geopolítica del Brasil. En NUEVA SOCIEDAD No. 37 JULIO-AGOSTO 1978, PP. 26-30. Pág. 29. 1

Firmado en julio de 1978 por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, como el instrumento jurídico que reconoce la naturaleza transfronteriza de la Amazonía. 2

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Para más información consultar http://www.otca.info/portal/tratado-coop-amazonica.php?p=otca 3

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Iniciativa para la Integración de la infraestructura regional. Para más información consultar http://www.iirsa.org/

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PROYECTOS VIALES EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA

UBICACIÓN COLOMBIA EN SUR AMÉRICA

UBICACIÓN REGIÓN AMAZÓNICA COLOMBIANA

CORREDORES VIALES Corredor Vial Marginal de La Selva

Corredor intermodal Tumaco-Puerto AsísBelém do Pará

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Carretera marginal de la selva El proyecto carretera marginal de la selva surge como un acuerdo de integración internacional entre Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. En Colombia son varios los departamentos por los que transcurre: Putumayo, Caquetá, Meta, Casanare y Arauca; tiene una longitud aproximada de 1.650 kms, se estiman $2,5 billones para su construcción. Este proyecto además de ser parte del eje de integración andino de la Unasur, está inscrito como parte de los corredores para la prosperidad, a cargo del Instituto Nacional de Vías, Invías, que tiene previsto más de 20 proyectos por separado para su construcción. Existe un gran número de pueblos indígenas y comunidades campesinas de la región amazónica dentro del área de influencia del proyecto, en los municipios de San José de Fragua, Puerto Rico, Florencia, San Vicente y Belén de los Andaquíes. La población indígena impactada por el proyecto pertenece a los pueblos: Nasa, Inga, Pijao, Piratapuyo, Tucano, Embera Chamí y Embera Katío. Son cerca de 2.045 pobladores indígenas en 32 Resguardos5, todos ellos ubicados en el departamento del Caquetá, ya que la mayor ejecución de la vía se ha realizado en este departamento. Las certificaciones del Ministerio del Interior No. 211, 493 y 1890, de marzo de 2013, junio de 2013 y septiembre de 2012, respectivamente, determinan la no presencia de pueblos indígenas en el área de influencia directa del proyecto Corredor Marginal de la Selva para el programa corredores prioritarios para la prosperidad. Las comunidades manifestaron su rechazo y solicitaron protección especial a través de la acción de tutela6.

Corredor multimodal Tumaco-Puerto Asís-Belém do Pará

El proyecto corredor multimodal Tumaco–Puerto Asís–Belém do Pará, hace parte del Eje de Integración y Desarrollo Amazonas de la IIRSA. Este proyecto también hace parte de la agenda de la Unasur7. Su objetivo es resolver el cuello de botella para el transporte de carga pesada entre las costas del Atlántico bra-

Algunos de los resguardos indígenas son: La Cerinda, La Esperanza, Honduras, San Pablo del Para, Nasa Kiwe, Sekdxí del Quecal, Siberia, Witac´kwe, El Portal, Las Brisas, San Antonio de Fragua, San Miguel, Yurayaco, Altamira y Yaguará II. Gobernación del Caquetá. Plan de Desarrollo Departamental (2012 – 2015): “Gobierno de oportunidades”. Págs. 412-415. 5

Mecanismo previsto en el articulo 86 de la Constitución Política que busca proteger los derechos constitucionales fundamentales de los individuos cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 6

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Unión de Naciones Suramericanas. Para más información ver: http://www.unasursg.org/

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silero y el Pacífico colombiano, incluyendo las denominadas hidrovías por los ríos Putumayo y Amazonas. El corredor intermodal en el tramo colombiano tiene una longitud total de 2.804 kms, de los cuales 2.292 corresponden a los ríos Putumayo y Amazonas, y los 512 kms restantes carreteables. El proyecto impacta tres regiones al sur del país: Andina, Pacífica y Amazónica. Su costo aproximado se estima en US$800 billones. Para los pueblos indígenas del Putumayo el territorio por donde pretende desarrollarse el proyecto, es fuente ancestral de su cultura y pervivencia como pueblos. Dos de los proyectos de la cartera del BID hacen referencia al tramo de la construcción de la Variante San Francisco-Mocoa, el primero es el proyecto CO-T1038 ya ejecutado, y que se basó en la preparación del proyecto de infraestructura regional del corredor multimodal vial Pasto-Mocoa. El segundo proyecto CO-L1019 está actualmente en ejecución, consiste en la construcción de la variante San Francisco-Mocoa fase I. Los dos ascendieron a contratos con el BID por cerca de USD$ 54,4 millones, aunque la construcción se estima en un costo total de USD$ 203 millones8. El corredor multimodal es uno de los grandes proyectos viales planificados para Suramérica, impacta tres de los departamentos más grandes en extensión del país y representa uno de los lugares de mayor diversidad cultural y ambiental: Nariño, Putumayo y Amazonas, los dos últimos hacen parte de la Región Amazónica. Tan solo en el departamento del Putumayo han sido reconocidos por el Estado 39 Resguardos indígenas y 128 Cabildos9, de los cuales 12 son pueblos indígenas afectados por el proyecto: Awá, Camentsa, Coreguaje, Embera, Inga, Kichwa, Kofan, Murui, Nasa, Pasto, Siona y Yanacona, con una población cercana a los 32.689 indígenas10. Una de las áreas más afectadas por el corredor es donde se construye el tramo de la variante San Francisco-Mocoa, allí se destaca la presencia de los pueblos indígenas Inga y Camentsá; su permanencia en la región es de siglos, sin embargo el Estado no les ha reconocido su territorio ancestral. Cabe señalar que

“…se estiman necesidades de recursos por un monto de USD 203 millones para la primera fase, los cuales se dividirán en dos operaciones de crédito. Una primera operación por USD 53 millones y una segunda por USD 150 millones.” Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 3610, “Concepto favorable a la nación para contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por la suma de US$ 203 Millones, o su equivalente en otras monedas, para la financiación Parcial de la construcción de la variante San Francisco - Mocoa (Fase I)”, Bogotá D.C., 2009, pág. 9. 8

Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidosreconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus uso, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. 9

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OZIP - Organización Zonal Indígena del Putumayo. http://www.ozip.org.co/2012/, consultada el 10 de enero de 2015.

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fueron desconocidos como pueblos indígenas. Por tanto no se llevó con ellos el proceso de consulta previa y/o consentimiento previo, libre e informado, a pesar y como ya se mencionó de ocupar ancestralmente este territorio.

Los empresarios

El Grupo Solarte es un grupo empresarial que abarca diferentes líneas de negocios, dentro de las que más se destaca son las obras civiles. Las principales empresas que conforman lo que algunos llaman “La Dinastía Solarte” son: Sonacol S.A.11, Cass Constructores & Cia. S.C.A., Css constructores S.A., Constructora LHS S.A. Los socios fundadores son dos hermanos de origen nariñense, Carlos Alberto Solarte y el fallecido Luis Héctor Solarte. Según lo establece un estudio realizado por la Superintendencia de Transporte, este grupo estaba presente en 12,3% de las concesiones viales y aeroportuarias del país, eso lo convierte en uno de los grupos con mayores triunfos en la obtención de licitaciones de grandes contratos de obras públicas, a pesar de que algunos de sus principales proyectos tienen problemas. Dentro de los más destacados están: la ampliación del aeropuerto El Dorado; la doble calzada Briceño - Tunja - Sogamoso, la Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca y la Ruta del Sol, el Corredor del Sur, la Marginal de la Selva, el Anillo del Macizo Colombiano, entre otros12. Gran parte de las empresas Solarte fueron objeto de análisis por la Contraloría de Bogotá, ya que representaron en el período 2004-2009 un alto grado de concentración en la contratación del distrito13.

El contrato de obra para la construcción de la Variante San Francisco-Mocoa es administrado por el Invías, quién adjudico la contratación de la obra al “Consorcio vial del Sur”, a cargo del Grupo empresarial Solarte, en un proceso contractual que se confirma en la Resolución No. 3332. Al Grupo Solarte también le fue adjudicado el mejoramiento y mantenimiento del corredor Tumaco-Pasto-Mocoa, que fue ejecutado por una de sus empresas, el Consorcio vial del Sur, por cerca de 338 mil millones de pesos colombianos, mediante Resolución No 03334 del 26 de julio de 2010. 11

Para mayor información revisar: http://sonacol.com.co/#section=Company

Revista Dinero. La Dinastía Solarte. Julio 2012. Página web consultada: HTTP://WWW.DINERO.COM/NEGOCIOS/ARTICULO/LADINASTIA-SOLARTE/152815, el 26 de enero de 2015. 12

Contraloría de Bogotá D.C., Capítulo 5 Consorcios y Uniones Temporales, en Contratación en el Distrito Capital 2004 - 2009 “Un análisis desde el control fiscal”. Bogotá D.C., págs. 87-106. 13

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Consorcio vial del Sur - Construcciones el condor S.A. 27% - Sonacol 20% - Latinco 10%

- CASS Constructores y Cía 20% - CSS Constructores y Cía 20%

- H.B. Estructuras Metálicas 3%

Para el caso de la carretera Marginal de la selva, el tramo San José de FraguaFlorencia-Puerto Rico fue otorgada al Consorcio Metrovías Selva (del Grupo Solarte), mediante contrato 575 de 2012, por cerca de $193 mil millones. Así mismo el tramo San José de Fragua-San Vicente del Caguán fue otorgado al Consorcio Metrocorredores 3, (empresas del grupo), por cerca de $91 mil millones. Consorcio Metrovías Selva

- Constructora Lhs S.A.S. 25% - Css Constructores S.A. 25%

- Cass Constructores & Css S.A. 30%

- Luis Héctor Solarte Solarte 40%

- CASS Ingenieros Constructores 30% - SONACOL 30%

Marginal de la selva y zonas de deforestación. Caquetá. Enero 2015.

- Carlos Alberto Solarte Solarte 20%

Consorcio Metrocorredores 3

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2. El enclave14 minero La minería en Colombia hace parte de uno de los ejes centrales de la política pública sobre todo desde finales de la década de los 90 y lo que lleva transcurrido del siglo XXI. Bajo el discurso de que la minería contribuye al desarrollo de la economía, se han realizado cambios significativos en materia normativa, que le permite a este sector tener amplias garantías. Llegó a pensarse que la región amazónica tenía cierto ‘blindaje’ por la conservación de este ecosistema tan importante para el planeta, pero hoy está en riesgo. Un enclave en medio de la selva deforesta miles de hectáreas, “no hay ninguna experiencia en el mundo que muestre que los efectos no hayan sido depredadores”, afirma un ex Ministro de Medio Ambiente, a propósito de un estudio que señala que para el año 2030, más de la quinta parte de la selva colombiana no existirá15.

Estas cifras preocupantes convocan a estar atentos a lo que está sucediendo en la región, pues para 2008 se habían otorgado 106 títulos mineros en Caquetá, Guaviare, Putumayo, Amazonas, Guainía, Vaupés, Cauca, Nariño, Meta y Vichada, estos títulos equivalían a 95.3 mil hectáreas; para 2011 los títulos vigentes eran 128 equivalentes a 100.6 mil hectáreas, el 0.20% de la Amazonía colombiana, y para 2013 se registraron 180 títulos equivalentes a 107.9 mil hectáreas16.

Como desarrollo de la Ley 1450 de 2011 se expide la Resolución 0045 de 2012, que declara Áreas Estratégicas Mineras, AEM, lo equivalente a casi a 22.3 millones de hectáreas, de las cuales 17.5 millones corresponden a los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Chocó, distribuidos en 202 bloques, correspondientes al 15.4% del territorio nacional. Las AEM se superponen con 70 Resguardos indígenas, (algunas de las etnias son los Puinavé y Curripacos en Guainía y Tukanos, Cubeos, Makunas, Tarianas, en Vaupés). Para la declaración del área no se realizó ningún tipo de consulta previa libre e informada con las comunidades. La Resolución señala que el gobierno autorizará la explotación a empresas que cumplan con las condiciones técnicas para desarrollar el enclave, según la tendencia actual minera es muy probable que este tipo de concesiones se otorguen a empresas multinacionales como ocurre en casi todo el territorio nacional.

Explica un modo social de producción, en el caso de actividades como la minería implica la producción de materias primas que se realiza en países del tercer mundo con destino al mercado global, también se entiende como un modelo que aplica en la economía de recursos naturales de base exportador. 14

15

http://www.semana.com/imprimir/246881

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Agencia Nacional Minera y Catastro Minero 2014.

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TÍTULOS MINEROS EN TERRITORIOS INDÍGENAS

Fuente: SINCHI 2013

PARQUES DENTRO DE TERRITORIOS INDÍGENAS

RESGUARDOS Y TERRITORIOS INDÍGENAS PARQUES NACIONALES Y ÁREAS PROTEGIDAS

TÍTULOS MINEROS OTORGADOS

Convenciones

Región Amazónica colombiana

Colombia en Suramérica

Por otra parte y no menos importante es que dentro del AEM se encuentran cuatro parques nacionales naturales: Tuparro cuya extensión es de 561.7 mil hectáreas, Puinawai con 1.1 millones de hectáreas, Nukak con 889.4 mil hectáreas y el Yaigojé Apaporis con 1 millón de hectáreas; e incluye 14.2 millones de hectáreas de ZRF y dos Zonas Mineras Indígenas, la del Guainía del Resguardo Remanso-Chorrobocón de las etnias Puinaves y Curripacos cuya área es de 27.7 mil hectáreas y en Vaupés con 12.9 mil hectáreas17.

Frente al AEM, el Consejo de Estado en mayo de 2015, decidió suspender de manera temporal las Resoluciones del Gobierno nacional en las que las delimitaba. Según el tribunal, antes de aplicar los Decretos era necesario haber adelantado una consulta previa con las comunidades que no se efectuó ya que este mecanismo busca proteger el derecho de las comunidades a decidir sobre los procesos de desarrollo y planes que afecten su organización, de modo que no se afecten sus creencias, instituciones y bienestar espiritual. Con la ponencia de la Magistrada Olga Mélida de la Hoz los consejeros pidieron dejar sin efectos legales hasta que se establezca si era o no necesaria la consulta previa en la expedición de las Resoluciones y se haga el estudio de legalidad de las mismas. La demanda de nulidad la presentó el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, por cuanto las normas que quedaron sin vigor temporalmente son las Resoluciones 180241 de 2012 del Ministerio de Minas y Energía18 y 0042 de 2012 y 429 de 201319 de la Agencia Nacional Minera20.

Por otra parte es importante resaltar que en el departamento de Guainía se concentra el 56.17% de la superficie total otorgada en los departamentos amazónicos bajo concesión minera, mediante 31 títulos (en el municipio de Inírida 7,42%, Paná Paná 33.98% y Puerto Colombia 14.76%), luego sigue el departamento de Putumayo donde se otorgó el 16.06% de la superficie en 52 títulos (en Mocoa el 9.27%) y el departamento de Vaupés con el 12.57% de su superficie titulada (el 12.53% se ubica en Taraira y el 0.04% en Mitú). Estas cifras revelan que solo en 3 municipios, Paná Paná y Puerto Colombia en Guainía y Taraira en Vaupés, está concentrada el 61.27% de la superficie titulada en 2013. De esta el 45.43% corresponden a Oro y Coltán21. En cuanto a solicitudes mineras, en 2013 se presentaron 993, concentradas en su mayoría en el departamento de Vaupés con un 52.6% y en Guainía con 17

http://www.minminas.gov.co/minminas/minas.jsp?cargaHome=3&id_categoria=167

18

http://www.simco.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Wvh4LoUAqxE%3D&tabid=106

19

https://cnagrario.files.wordpress.com/2015/05/resolucion-anm-429de2013.pdf

20

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/consejo-de-estado-suspenden-provisionalmente-normas-de-areas-estrategicas-mineras/15789735

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Ibíd.

15

Balsa minera, medio Caquetá-Amazonas.

un 27.8% para la explotación de Oro principalmente. En el departamento de Guainía se observan títulos vigentes de empresas y personas naturales, algunas de estas empresas poseen títulos que se encuentran superpuestos con Resguardos indígenas, según estudios estos territorios poseen uranio, oro y coltán22. A continuación se señalan algunas de esas empresas: Colombian Stategical Mineral SA CI: Domiciliada en Bogotá, se creó en el año 2007; dentro de su objeto social aparece que desarrollará actividades de exploración, explotación, operación y comercialización nacional e internacional de minerales. Se creó con un capital inferior a los USD 3.000; los miembros de su junta principal, suplente, así como su gerente y suplentes son colombianos. De los 23 títulos en Guainía, 15 son para esta empresa con concesiones a 30 años en el municipio de Paná Paná para explotación de oro y sus concentrados en un área de 29.6 mil hectáreas.

22

Minerales estratégicos establecidos en la Resolución 180102 de 2012.

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Ibut Niti SAS: Domiciliada en Cali, fue creada en el año 2010, su objeto social es el de la exploración, explotación, beneficio y comercialización de cualquier tipo de mineral que se encuentre comprendido en contratos de concesión; su gerente y suplente son colombianos, se creó con un capital de USD 83.000, tiene una concesión por 30 años para oro y sus concentrados en un área de 1.979 hectáreas.

Extracción y Comercialización Minera en la Selva Colombiana SA, domicilio en Bogotá, aunque antes estaba en Mitú, se constituyó en 2010, tiene el mismo objeto social que las anteriores, creada con un capital de USD 330.000, sus miembros son colombianos, tiene un título de 2.156 hectáreas en Paná Paná.

Otras empresas como Anglo American PLC y Anglo Gold Ashanti tienen concesiones mineras de explotación de oro en las partes altas de los ríos Putumayo, Guamuez, Mocoa y Caquetá, que coinciden con territorios indígenas. Es de resaltar que dada la actividad que desarrollan estas empresas requieren de obras de infraestructura para la movilidad de sus recursos y por ello promueven la construcción de la vía San Francisco-Mocoa, que cruzará muy cerca de sus explotaciones. Los conflictos asociados a la minería pasan entonces por un enorme costo ambiental y social para las comunidades locales como las indígenas, quienes evidencian cómo se apropian de sus tierras, alteran sus relaciones sociales, destruyen sus formas de sustento, culturas, tradiciones y afectan su salud.

3. La exploración petrolera

La política petrolera ha sido hecha a la medida de las necesidades de las compañías, por lo que se han estandarizado políticas en hidrocarburos en concordancia con las políticas internacionales, que requiere además una desregulación de la normativa que aún existe y que brinda ciertas garantías como es el caso de las licencias ambientales y requieren el derecho a la consulta previa libre e informada.

Colombia ocupa el tercer puesto en Latinoamérica en la producción de petróleo, por encima se encuentran Venezuela y Brasil, y en materia de reservas se ubica en el quinto lugar antecedido por Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador23. Desde 1985 el país abasteció el consumo interno y generó excedentes 23

http://www.radiomunera.com/contenidos/contenidos/colombia_tercer_pais_latinoamericano_en_la_produccion_de_petroleo.php

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Zona de explotación de petróleo “Los Pozos” de la Empresa Emerald Energy. San Vicente del Caguán-Caquetá. Enero 2015.

para la exportación, con los descubrimientos petrolíferos en Caño Limón en 1983 y el de Cusiana-Cupiagua en 1999.

En la ronda del año 2014, se buscó ampliar la dinámica petrolera, a través de la promoción del fracking y el acceso a territorios donde no se había llegado antes, como los fondos marinos, los páramos y selvas de gran importancia ambiental y cultural, que se ven amenazadas con la “conquista petrolera”.

En los últimos quince años la extracción está en aumento en el país. Los contratos que se entregan a las empresas para exploración-explotación, reconocidas en gran medida por la reducción en el pago de regalías e impuestos, colocaron a Colombia en un lugar atractivo para las inversiones, de allí que exista en la actualidad una expansión de pozos en casi todo el territorio nacional, inclusive en áreas protegidas y con presencia de comunidades. En la región Amazónica se registran dos zonas petroleras importantes, en donde actualmente se reconoce la presencia de pueblos indígenas y comunidades, las denominadas “cuencas” del Caguán-Putumayo y Vaupés-Amazonas. La zona Vaupés-Amazonas se ubica en el departamento del Vaupés, donde se encuentra el segundo Resguardo más grande del territorio nacional el Gran Resguardo del Vaupés24, con pueblos originarios de gran diversidad étnica y cultuExtensión aproximada de 3.375.125 has, con comunidades indígenas Cubeo, Wanano, Curripaco, Itanas, Tukano, Piratapuyos, Bara, Makuna, Cabiyarí, Pizamira, Desano, Tuyuca, entre otros. 24

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ral. Según un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, habría recursos prospectivos por 2.340 millones de barriles, así lo expresa el vicepresidente de contratos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH: “se considera a la Amazonía como un área potencial en producción de hidrocarburos, porque se ha comprobado la existencia de yacimientos económicamente explotables, pero en esta región hay poco conocimiento porque hay menos exploración”25.

La zona Caguán-Putumayo, una de las más antiguas explotaciones del país y de las más activas, cuenta con aproximadamente 200 mil hectáreas, 8 áreas productoras y 11 se encuentran en exploración en un área aproximada de 250 mil, en esta zona también se registra la presencia de comunidades étnicas, por solo mencionar algunas de ellas: Piratapuyo, Tucano, Embera Chamí, Nasa y Pijaos. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, a mediados de 2014 la producción de los 31 campos petroleros en esta cuenca era en promedio de 45.000 barriles diarios y las reservas de esta región a diciembre de 2013 alcanzaban los 125 millones de barriles, es decir el 5.1% de las reservas del país (campos ubicados en Putumayo). Mientras que en Caquetá existen contratos de exploración y producción de las empresas: Meta Petroleum, Pacific Status, Emerald, Canacol, C&C Energy, Hupecol, Monterico. Es de anotar que para el primer trimestre de 2014 existían 19 bloques petroleros y se ofrecían 8 más para la siguiente ronda.

La Defensoría del Pueblo señaló preocupación26, por la forma como se han adjudicado los bloques petroleros por parte de la ANH, al menos 15 de estos están en la cuenca Caguán-Putumayo. Entre algunas compañías que se encuentran en esta zona están las empresas: Vetra Exploración, Gran Tierra, Emerald, Petrominerales, Ecopetrol, Petro Nova, Petróleos del Norte, Pacifi Status, Vest, Petrocaribe; casi todas son extranjeras, a excepción de Ecopetrol que es una empresa de economía mixta vinculada al Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Cabe resaltar que casi 6.000 soldados protegen la infraestructura petrolera en el país27. A continuación se mostrarán algunos datos en referencia a las empresas ubicadas en las cuencas:

Emerald Energy Colombia: Filial de la empresa EmeraldEnergy PLC, con sede en Inglaterra. Se dedica a la exploración de petróleo y gas en Oriente Medio y América del Sur. En Colombia participa en los bloques Nogal, Cardón y Manza25

http://www.portafolio.co/economia/gobienro-estudia-produccion-petrolera-la-Amazonía

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Para más información verhttp://www.inascol.com/ANH/

27

http://www.oilwatchsudamerica.org/doc/MEGAPROYECTOS_PUTUMAYO_JUNIO_25.pdf

19

no en Caquetá, así como en la cuenca Cagúan. Se sabe que en 2009, Emerald Energy pasó a formar parte del grupo chino Sinochem. Esta empresa tiene actividad en los departamentos de Caquetá, Huila, Casanare y en Putumayo en el bloque Maranta de 18.3 mil hectáreas.

En julio de 2013, por orden de la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, se ordenó a la empresa iniciar un proceso de consulta previa con las comunidades afrodescendientes y con la Asociación de Desarrollo de Negritudes del Corregimiento de Puerto Umbría, para concertar el desarrollo del proyecto Campo Mirto en el Bloque Maranta; este tiene una extensión de 36.608 hectáreas y es contiguo a Costayaco en el bloque Chaza de Gran Tierra Energy. A comienzos de 2014 se conoció a través de medios de comunicación que la suspensión de la licencia ambiental otorgada a la empresa para el área de perforación exploratoria en Maranta, había sido levantada, lo que significa que la empresa podía retomar sus actividades.

Es muy importante destacar que los pueblos indígenas del Putumayo, a través de la Minga de resistencia social y popular indígena, se declararon en asamblea permanente en agosto 28 de 2014, en contra de explotaciones inconsultas, de allí que decidieron adelantar manifestaciones públicas en rechazo a la implementación de megaproyectos con fines extractivos en territorios indígenas. A los pueblos indígenas no se les había conferido el derecho a la Consulta previa, libre e informada, debido a la estrategia constante del gobierno de certificar la no presencia de comunidades indígenas en territorios indígenas donde se proyectan y/o ejecutan proyectos de exploración y explotación mineroenergética y de conservación por parte de las multinacionales petroleras Gran Tierra Energy Colombia (Bloque PUT1, Bloque PUT10, Bloque Putumayo, Piedemonte Norte y Bloque Chaza; Emerald Energy Colombia, Bloque Maranta, mediante la Resolución 0033 de 2011. El proceso de resistencia de los pueblos indígenas estuvo coordinada por 44 cabildos del Putumayo, en la dirección de ACIMVIP, la OZIP y otras organizaciones indígenas y campesinas. Gran Tierra Energy: Compañía internacional de exploración y producción de petróleo y gas con sede en Calgary, Canadá, opera en Suramérica, en países como Perú, Argentina, Brasil y Colombia. En Colombia tiene las concesiones de 23 bloques petroleros, en Putumayo están en el bloque Rumiyaco, donde opera un 100%, en un área de 33.4 hectáreas y en el Dantana&Guayuyaco donde opera en un 35% junto con Ecopetrol 65% 611.4 hectáreas. Además el campo Costayaco, descubierto por la misma empresa en el 2007, es considerado uno 20

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RONDA 2012

EVALUACIÓN TÉCNICA CON ANH

NOMINACIÓN 2012

ÁREA RESERVADA

ÁREA DISPONIBLE

ÁREA EN EXPLORACIÓN

ÁREA EN EXPLOTACIÓN

RONDA 2012 Y 2014

Región Amazónica colombiana

Colombia en Suramérica

Fuente: ANH2014

PARQUES DENTRO DE TERRITORIOS INDÍGENAS

RESGUARDOS Y TERRITORIOS INDÍGENAS PARQUES NACIONALES Y ÁREAS PROTEGIDAS

Convenciones

PROYECTOS DE HIDROCARBUROS EN TERRITORIOS INDÍGENAS

PROYECTOS DE HIDROCARBUROS EN TERRITORIOS INDÍGENAS

de los mayores descubrimientos de esta cuenca desde 1960. En 2014 produjo en promedio 18.000 barriles por día.

En Colombia desde el 2005 opera como Gran Tierra Colombia, fecha en la que empezó sus operaciones. Actualmente la empresa es el mayor productor, dueño de la reserva de petróleo más grande y el principal explorador en la cuenca del Putumayo.

Comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas argumentan que con la llegada de la empresa a la región, el costo de vida se “disparó”, así como el consumo de alcohol y prostitución, también se evidencia un fuerte incremento de la presencia militar. Señalan además que el problema del tráfico de drogas en la región se ha empeorado, dado que la extracción de petróleo contiene químicos que son utilizados en el proceso de producción de cocaína. En 2010, miembros de comunidades indígenas se tomaron los pozos petroleros de la compañía en un intento por obligarla a negociar, la respuesta no fue de la compañía sino del Ejército y la Policía que contuvieron a los manifestantes, inclusive 6 indígenas de la etnia Nasa fueron arrestados.

Texas Petroleum Company: Recibió en concesión un millón de hectáreas en los años 1960, desde esa época a la fecha los impactos han sido en varios órdenes, puesto que el conflicto armado y la militarización del territorio están muy relacionados con la actividad petrolera, el “boom” petrolero, ha aumentado la presencia de grupos armados quienes extorsionan a las compañías, realizan atentados a su infraestructura, pero también se evidencia un permanente flujo de personas que arriban a la zona buscando trabajo. En medio de esta situación está la población local que se ha visto afectada por estos cambios. En articulación con la explotación petrolera se encuentra la construcción de oleoductos, como la forma más idónea de transporte de petróleo y sus derivados a los puertos de exportación. Para el caso de la región de la Amazonía se identifican dos grandes infraestructuras para el transporte de petróleo: Oleoducto del Pacífico: busca transportar hidrocarburos de las cuencas de los llanos y el Caguán-Putumayo, el propósito es mejorar la infraestructura para conectar un mercado de fácil acceso al continente asiático. Con esta obra la industria petrolera puede generar un ahorro de USD$ 500 millones al año en costos de transporte. Lo que busca es transportar diariamente entre 250 mil y 400 mil barriles de petróleo28. El corredor tiene una extensión de 780 kiló28

http://www.elespectador.com/noticias/economia/oleoducto-al-pacifico-pide-via-articulo-435597

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metros, pasa por cuatro departamentos y atraviesa las tres cordilleras. Según estimaciones del Gobierno, luego de llevarse a cabo los procesos de consultas con las comunidades y el licenciamiento ambiental, se podría empezar la obra entre el 2016 ó 2017, ya que de acuerdo a uno de los financiadores el objetivo es que el oleoducto esté operando en 201829.

Oleoducto Trasandino: Entró en operación en 1970, tiene 305.4 kms de línea terrestre y 6.9 kms de línea submarina, es el medio de transporte del Putumayo y Nariño hasta el puerto de Tumaco en el Pacífico. Según fuentes regionales, la construcción de este oleoducto no fue nada fácil, ya que la geografía es muy accidentada. La obra fue contratada por la Texas Petroleum Company30. Los atentados que ha tenido este oleoducto son varios, por ejemplo en agosto de 2014 cuando hubo una “voladura” en el pie de monte costero de Nariño en plena operación, se le atribuyó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, por lo que se produjo un derrame de crudo, poniendo en riesgo la integridad de los pobladores y del ecosistema de la zona. En ese año se presentaron 10 atentados contra el oleoducto31.

4. Los proyectos de crecimiento verde

La política de crecimiento verde es uno de los ejes prioritarios de la política del actual gobierno, ya que representa fuertes inversiones sobre todo de cooperación internacional. Las directrices de política se encuentran orientadas bajo las pautas de política internacional de conservación, mitigación y adaptación al cambio climático, las cuales se buscan incorporar en el ordenamiento ambiental del territorio.

Esta nueva dinámica de nivel global pretende crear mercados que incorporen recursos como el agua, el carbono, la biodiversidad, los conocimientos tradicionales, entre otros. A esto es a lo que muchos han denominado ‘capitalismo verde’, en oposición a la noción de ‘economía verde’ que pretende poner un valor monetario a los servicios ambientales o ecosistémicos, para la privatización, apropiación y posterior venta y compra de los bienes comunes, que son imprescindibles para garantizar la vida de la humanidad32. 29

http://www.portafolio.co/economia/obra-oleoducto-pacífico.

30

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/carta_petrolera121/transporte.htm

31

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/atentado-a-oleoducto-en-narino/14401835

Desde fines de la década del setenta (70´), se inició el redimensionamiento de la biodiversidad como recurso estratégico para el desarrollo de tecnologías, entre algunas de ellas se encuentran la biotecnología , nanotecnología , la electroinformática (desarrollo de nuevos procesadores que imiten la capacidad de la célula para empaquetar grandes cantidades de información en poco espacio) y las nuevas energías (caso de la biomasa), son parte de un nuevo patrón tecnológico “más limpio”, con fuertes encadenamientos productivos como 32

23

Para el caso de pueblos indígenas corresponden a los bienes que forman parte integral de su territorio y de su construcción cultural como pueblos milenarios, también indispensables para la pervivencia física y cultural como pueblos. Este tipo de proyectos (biodiversidad-conservación y cambio climático), aunque no son causa directa de la deforestación, representan profundas transformaciones políticas y territoriales que pueden llegar a afectar los derechos colectivos de los pueblos y comunidades locales. Sin embargo, este tipo de inversiones resultan ser complementarias a los proyectos que sí representan los grandes motores de deforestación, principalmente en base al control y financiarización de la naturaleza; esto se evidencia en la fragmentación de los procesos organizativos locales y las nuevas relaciones basadas en derechos de propiedad para la compensación. La reconfiguración de la biodiversidad como recurso estratégico al servicio del capital, conlleva grandes inversiones de los países potentes en la región de la Amazonía, con el propósito de controlar los recursos, a través del acceso, administración, conservación, uso y usufructo directo e indirecto. Pero el recurso es tan sólo una parte del proceso productivo, ya que los conocimientos adquiridos por las comunidades serán la base fundamental del mercado; algunos les denominan como los “conocimientos asociados”. De los proyectos de Economía Verde se destacan los de Pago por Servicios Ambientales, PSA. En Colombia se desarrollan en lugares de gran diversidad cultural y biológica, como es el caso de la gran cuenca Amazónica, lugar donde habitan pueblos indígenas. En la actualidad la Amazonía colombiana contiene grandes proyectos para los denominados mercados verdes, en el que se identifican dos tipos de intervenciones: i) Proyectos que pretenden expandir las zonas de conservación, con figuras de ordenamiento territorial, para la administración y el control del territorio por parte del Estado. Los principales proyectos y financiadores identificados son: militares. Aunque el auge del mercado biotecnológico inicio en los 70´s, fue en la década de los 80´s que se consolidó el nuevo mercado, es por ello que hoy por hoy se hace más evidente las grandes potencias mundiales invirtiendo inmensas cantidades de dinero en estudios sobre la cuenca amazónica que incluyen: prospección geofísica, estudios antropológicos, flora y fauna, recursos naturales, biodiversidad, agua, por solo mencionar algunos. Capitales japoneses, holandeses, alemanes, rusos, norteamericanos, suizos, chinos, ingleses, han encontrado en la Amazonía un lugar atractivo para realizar sus inversiones y/o proyectos. Delgado G. El carácter geoeconómico y geopolítico de la biodiversidad: el caso de América Latina, pág. 25.

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Selva amazónica de Colombia. 2015.

Visión Amazonía 2020, financiado por Noruega, Alemania y Gran Bretaña con cerca de USD$100 millones33, ésta iniciativa pretende promover acciones para evitar la deforestación al 2020 bajo un modelo de desarrollo cero carbono.

Proyecto GEF Corazón de la Amazonía, financiado por el Banco Mundial con USD$10,40 millones, se orienta a la consolidación de los procesos de ordenamiento ambiental del territorio alrededor del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Debe tenerse en cuenta que los proyectos Visión Amazonía 2020 y GEF tienen como base la ampliación del Parque Nacional Natural (PNN) Serranía de Chiribiquete, aprobado mediante la Resolución 1038 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Parques, para la prevención del cambio climático y la conservación de la biodiversidad, financiado principalRCN Radio. Nota de prensa: Reino Unido, Noruega y Alemania invertirían en Colombia en materia ambiental, página web consultada: http://www.rcnradio.com/noticias/reino-unido-noruega-y-alemania-invertirian-en-colombia-en-materia-ambiental-164893#ixzz3RoJ9lRwv, el 15 diciembre de 2014. 33

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mente por Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y The Nature Conservancy (TNC).

ii) Iniciativas tempranas de proyectos de Reducción de Emisiones Generadas por la Deforestación y Degradación de los Bosques, REDD+, es uno de los mecanismos de mitigación del cambio climático, promovido por Organizaciones No Gubernamentales, ONG; empresarios privados y países industrializados; tienen el propósito de negociar los créditos de carbono en los mercados financieros y así seguir emitiendo los Gases de Efecto Invernadero. En la región amazónica se pretenden desarrollar nueve (9) iniciativas tempranas de proyectos de Reducción de Emisiones Generadas por la Deforestación y Degradación de los Bosques, REDD+, gran parte de estos proyectos se encuentran en la etapa de alistamiento y/o validación ante las certificadoras a nivel internacional34, abarcan un área aproximada de 11,6 millones de hectáreas, en los departamentos de: Vichada, Guainía, Putumayo, Caquetá, Amazonas, y Guaviare.

La preparación de Colombia para REDD+, estimó un costo total de USD$ 27,5 millones, las actividades se promueven mediante presupuesto nacional por cerca de 2,10 millones de dólares, y lo demás se realiza a través de financiaciones de la cooperación internacional como: GIZ, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), es una empresa implementadora de cooperación del gobierno alemán, apoya el Programa REDD+ Colombia por valor de USD$ 4,19 millones. BMU-ICI, la Iniciativa Internacional del Clima del Ministerio de Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, está financiando un proyecto a través de los centros de investigación y consultoría Winrock y Climate Focus, para el desarrollo del enfoque subnacional en Colombia por USD$ 1,84 millones. Embajada de los Países Bajos, financió USD$ 0,326 millones para proyectos de implementación temprana REDD+ en el norte de la Amazonía colombiana, así como la construcción del nivel de referencia para la Amazonía.

Fundación Moore, ha financiado dos proyectos relacionados con el fortalecimiento de capacidades nacionales para el monitoreo, reporte y verificación en Cada proyecto REDD+ para poder desarrollarse debe llevar a cabo los siguientes pasos: i)idea, ii)diseño, iii)validación y registro, iv) inicio e implementación, y v) la verificación que se realiza durante todas las etapas a partir de la implementación del proyecto. 34

26

el IDEAM, así como la consolidación de un sistema de monitoreo de deforestación y carbono, SMDYC. ONU-REDD, aporta USD$ 4.0 millones e incluye trabajo con el PNUD, la FAO y el PNUMA,

USAID, apoyó la preparación de la ENREDD+ a través de los programas BIOREDD, ICAA y FCMC, con cerca de USD$ 0,488 millones.

El fondo del FCPF del Banco Mundial, le asignó a Colombia USD$ 3.8 millones, actualmente el gobierno se encuentra en proceso de debida diligencia y firma del acuerdo de donación para recibir los recursos. IDLO, financia con USD$ 0,9 millones, es una organización intergubernamental dedicada exclusivamente a la promoción del Estado de derecho, se ubica en Roma. Asimismo, las iniciativas tempranas avanzan a través de operadores empresariales, ONG y/o instituciones de Estado, ya que también se registran alianzas público-privadas para el desarrollo de este tipo de proyectos. Los principales operadores identificados en estos proyectos son:

Mediamos F&M Limitada, es una empresa privada que vinculó su proyecto a la iniciativa Globe International, escenario que participa y promueve actividades parlamentarias para facilitar las modificaciones en temas de medio ambiente, desde el ámbito legislativo en los países. Para el caso de Colombia funciona Globe Colombia que fue creada desde el 2009 y modificada en el 2013 por el presidente del Congreso de la República de la época, Simón Gaviria, está conformada por cerca de 39 Congresistas. El propósito principal de este organismo en el Congreso es impulsar temas de cambio climático y seguridad energética, sus repercusiones en el cambio de uso de suelo, el crecimiento económico, demográfico y su impacto en los ecosistemas35. C.I. Progress, Compensation International Progress S.A, empresa privada ubicada en Bogotá, tiene como propósito gestionar y desarrollar proyectos ambientales enfocados a mitigar los efectos del cambio climático, generación de créditos de compensación de carbono para los mercados36.

Bioredd+, es un programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en Colombia, inició actividades en octubre de 2011 con 35

Para mayor información consultar la página http://globecolombia.org/.

El representante legal es Germán Bernal Gutiérrez quien desde el 2009 se encuentra investigado por su relación desde 1985 entre el extinto esmeraldero Gilberto Molina (el zar Víctor Carranza). Para mayor información consultar: http://www.elespectador.com/victorcarranza/articulo146818-de-esmeraldas-ecopetrol, http://www.elespectador.com/articulo172207-tres-conocidos-de-vieja-data. 36

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una asignación de USD$ 27,9 millones. El programa fue creado con el propósito de implementar metodologías en los proyectos que les permitan certificar en los mercados voluntarios a través de la cartera de Clima, Comunidad y Biodiversidad, CCBA, y en el Estándar de Carbono Verificado, VCS37.

Mesa REDD: grupo de organizaciones no gubernamentales, en su mayoría internacionales, la mesa está conformada por: Conservación Internacional, The Nature Conservancy, Fondo Patrimonio Natural, Ecoversa, Fundación Natura, Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, USAID, Amazon Conservation Team, WCS y Avina38. Este tipo de organizaciones se caracteriza por canalizar fondos e impulsar la creación de figuras legales para la conservación. Algunos pueblos indígenas manifiestan que este enfoque de conservación en ocasiones entra en contradicción con las dinámicas culturales propias de los pueblos y comunidades locales que habitan los territorios. Algunas de estas organizaciones reciben recursos económicos que provienen de corporaciones privadas a través de acuerdos empresariales de Responsabilidad Social Empresarial, RSE, de petroleras, mineras, madereras, agroindustria, automovilísticas, de turismo de lujo, entre otros39.

Es importante señalar que en algunas zonas de la amazonía colombiana, las directrices para el ordenamiento territorial son coordinados por este tipo de organizaciones, caso de The Nature Conservancy, TNC, quien actualmente desarrolla las directrices de ordenamiento territorial para el departamento del Caquetá.

Según lo establece la Unidad Administrativa especial para la Consolidación Territorial - UACT, durante el desarrollo del programa Bioredd se suscribieron acuerdos entre estas dos entidades para el establecimiento de alianzas en la promoción desarrollo económico, social y ambiental de la población afectada, amenazada y vulnerada por los cultivos ilícitos y en particular, los afro-colombianos y las comunidades indígenas ubicadas en los territorios del Pacífico colombiano. Departamento para la Prosperidad Social – DPS. Informe de rendición de cuentas sector de la inclusión social y la reconciliación, gestión 2013. En Audiencia pública de rendición de cuentas. Enero de 2014. 37

38

MADS. RPP versión 4.0 – Agosto 22 de 2011, pág. 27.

Caso de esto se evidencia con la ONG consevacionista Conservation International (CI), con base en California- Estados Unidos, que en varios sus proyectos incluye la bioprospección, asimismo articula la información conseguida a varios organismos como: Internacional Cooperative Biodiversity Group (ICBG), la Agencia de Cooperación Internacional de EE.UU. (USAID), el Banco Mundial, la International Union for Conservation of Nature (IUCN), el Departamento de Estado de EE.UU., con CMN tales como SmithKline-Beecham, Hyseq Inc., Bristol-Myers Squibb, Dow Agrosciences, Monsanto, Pulsar Internacional, BP Amoco, Exxon, McDonalds, Ford, Intel, General Electric, Mobil, Misissippi Plastics, Sony, Community Foundation of Silicon Valley, entre muchos otros. Delgado G. El carácter geoeconómico y geopolítico de la biodiversidad: el caso de América Latina, págs. 28-29. 39

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5. Proyectos PSA en la Amazonía colombiana PROPÓSITO Expansión de las zonas de conservación del Estado en las figuras de ordenamiento territorial

PROYECTOS - Visión Amazonía 2020.

- Proyecto GEF Corazón de la Amazonía.

- Fortalecimiento del Sistema Nacional de Parques Colombianos para la prevención del cambio climático y la conservación de la biodiversidad. - Proyecto REDD+ Resguardo Indígena Unificado Selva de Matavén (Vichada y Guainía).

- REDD+ Resguardo Predio Putumayo en los sectores de control y vigilancia de Nariño – Puerto Alegría y el Encanto en la Amazonía colombiana (Putumayo, Caquetá y Amazonas).

Implementación de mecanismos de mitigación al cambio climático

- REDD+ Resguardo indígenas de Puerto Zábalo – Los Monos, Monochoa, Mesai, Aduche, Nunuya de Villazul y Predio Putumayo en la Amazonía colombiana (Putumayo, Caquetá y Amazonas).

- REDD+ Predio Putumayo, sector de control y vigilancia de Arica, en la Amazonía colombiana (Putumayo, Caquetá y Amazonas). - REDD+ Reducción de emisiones por deforestación y degradación, en las asociaciones indígenas de la Amazonía colombiana (Putumayo, Caquetá y Amazonas). - Proyecto REDD+ en los resguardos indígenas: Atabapo, Medio Río Guainía y Ríos Cuiari, en el departamento del Guainía (Guainía).

- Implementación Temprana REDD+ en la Amazonía colombiana Iniciativas tempranas REDD en el área de manejo especial de la Macarena y Amazonía - (Guaviare).

- Proyectos BIOREDD+: Reducing Land-use Emissions in Amazon Forests –ReLEAF- (Caquetá). - Conservación y valorización participativa del bosque y sus servicios ambientales. “Proyecto Amazonía Viva” (Amazonas).

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Sección II:

Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas Los pueblos indígenas como comunidades ancestrales cuentan con sistemas de derecho propio o derecho consuetudinario, bajo el cual han manejado las relaciones internas e inter-étnicas y su relacionamiento con su entorno de una manera integral. La cosmovisión expresada como ley de origen, derecho mayor o ley de vida, les ha permitido vivir en armonía con la naturaleza (el buen vivir/vivir comunitario).

Su forma de vida se ha visto amenazada por los intereses de agentes externos a su territorio, quienes ven en la explotación de los recursos y servicios de la naturaleza un nuevo negocio. En ese marco, los pueblos indígenas han sufrido la discriminación, exclusión y empobrecimiento, situaciones que han llevado a las luchas por el reconocimiento de sus derechos en instancias nacionales e internacionales. En Colombia, la Constitución Política de 1991 reconoce y protege el derecho a la diversidad étnica y cultural en el marco del reconocimiento del carácter pluralista del Estado Colombiano, a su vez reconoce los siguientes derechos fundamentales: i) integridad cultural y social (art. 2 y 7 C.P.), ii) derecho a la existencia, iii) identidad cultural, iv) participación y Consulta Previa, Libre e Informada y v) autonomía. Los anteriores derechos mencionados guardan una relación fundamental con el derecho al territorio y las demás disposiciones constitucionales referentes a 30

la preservación, restauración y preservación del medio ambiente, a continuación se desarrollará el Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada como derecho fundamental que permite ser una herramienta primordial para enfrentar las amenazas surgidas de las inversiones señaladas en la primera sección.

Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, CPLI:

Es un derecho fundamental (SU-039/97), que tienen los pueblos indígenas y demás grupos étnicos40, el propósito es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento en cada una de las decisiones que puedan afectarles, así como en obras o actividades que les afecten, ya se planifiquen al interior o no de sus territorios. La consulta previa es el derecho a participar en medidas legislativas, administrativas o de proyectos; es decir que la participación se concibe en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que les afectan, en ese sentido les otorga el derecho a decidir sobre sus propias prioridades frente a la vida, creencias, instituciones, territorio, bienestar espiritual, económico, social y cultural. La consulta previa faculta a los grupos étnicos el derecho a participar, mediante un proceso de carácter público, especial y obligatorio, intercultural e interinstitucional, su realización debe ser previa a la adopción, decisión o ejecución de cualquier medida o proyecto que les afecte. Es importante resaltar que a través del derecho a la consulta previa, se protegen otros derechos fundamentales étnicos, humanos y colectivos de las comunidades indígenas y negras, como son el derecho al territorio, a la identidad, a la autonomía, entre otros. Principales normas en materia de consulta previa

NORMA Convenio 169 de la OIT Ley 21 de 1991 Constitución Política de Colombia

CONTENIDO Artículo 6.1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: (a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de las comunidades en las decisiones que pueden afectarlo (Articulo 79). La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se debe efectuar sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopte

(Continúa)

En Colombia se diferencian cuatro grupos étnicos: los pueblos Indígenas, la población Raizal (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), la población Negra o Afrocolombiana, y la población Rom o Gitana. 40

31

NORMA

CONTENIDO

Constitución Política de Colombia

respecto de dicha explotación, el gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades (parágrafo del artículo 330 de la Constitución Política de Colombia).

Decreto 1320 de 1998

Por el cual se reglamenta la Consulta Previa a comunidades indígenas y negras, para la explotación de recursos naturales dentro de su territorio.

Ley General Ambiental Ley 99 de 1993

Art. 76. La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas, de acuerdo con el artículo 330 de la Constitución Nacional, y las decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a los representantes de tales comunidades.

Directiva Presidencial Reseña los mecanismos para la aplicación de la ley 21 de 1991, señala las ac01 de 2010 ciones que requieren la garantía del derecho a la Consulta Previa y establece los mecanismos mediante los cuales procede el proceso de Consulta Previa. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 46

Cuando la Constitución o la ley ordenen la realización de una consulta previa a la adopción de una decisión administrativa, dicha consulta deberá realizarse dentro de los términos señalados en las normas respectivas, so pena de nulidad de la decisión que se llegare a adoptar.

Decreto ley 4633 de 2011

Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.

Ley 1444 de 2011 y decreto 2893 de 2011

Sobre las competencias del Ministerio del Interior y de las Direcciones con competencias en materia de consulta previa.

Directiva Presidencial Por medio de la cual se expide un protocolo que busca regular la coordinación No. 10 de 2013 interna de las entidades involucradas, a efectos de garantizar la integración de las competencias correspondientes y la distribución eficaz de los recursos, así como la eficiente circulación de la información relevante, la transparencia de los procesos y permitir el seguimiento al cumplimiento de los deberes de las entidades responsables en materia de consulta previa. Decreto 2613 de 2013

Por medio del cual se adopta el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa.

Fuente: Gloria Amparo Rodríguez (2014).

Para que la consulta alcance el consentimiento libre previo e informado (Sentencia T760/09), se deben observar los siguientes principios básicos: i) Buena fe, ii) Debido proceso, iii) Información previa suficiente y adecuada, iv) Legitimidad, v) Comunicación intercultural y bilingüismo, vi) Oportunidad, y vii) Pluralismo jurídico. La Corte Constitucional en Colombia tiene un papel fundamental frente a los derechos de los pueblos y comunidades étnicas, para el caso específico de la consulta previa, a través de las sentencias ha establecido importantes aportes para la protección y garantía de este derecho. La Corte reconoce que la recla32

mación inmediata de dicho derecho en el país puede lograrse principalmente a través de la acción de tutela.

Pese a los diferentes intentos de aprobar Leyes que van en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas y del menoscabo de su protección legal, la Corte Constitucional ha reconocido en varios casos la diversidad cultural como un principio de la nación y en ese sentido la manera de proteger esos derechos es reconociendo la autonomía que tienen de sus tierras y recursos. A continuación se mencionan algunas sentencias que han sido muy importantes para los pueblos indígenas y que reflejan cómo la Corte ha procurado el reconocimiento de las comunidades como sujeto de derecho colectivo.

Principal jurisprudencia en materia de Consulta Previa SENTENCIA T-428/92 T-214/97

C-418/02

SU-383/03 T-382/06 Tutela 880/07

C-030/08 C-461/08 C-750/08

C- 175/09 C-608/10 C-941/10

MEDIDA Sentencia de presentada por la comunidad indígena de Cristianía y que logró suspender la construcción de una carretera que atravesaba un Resguardo41. Reconoce y protege las prácticas medicinales tradicionales.

Artículo 122 de la ley 685 de 2001 (Zonas Mineras Indígenas).

Acción popular instaurada por la OPIAC contra el programa de erradicación de cultivos ilícitos por las fumigaciones de plantaciones de cosa desde el aire con el herbicida glifosato en las zonas del Amazonas colombiano. Presentación del proyecto de ley No. 25 de 2004 (Ley General Forestal).

Sentencia a favor de la protección y salvaguarda de los derechos colectivos fundamentales y constitucionales del pueblo indígena Motilón Bari por casusa de las exploraciones de petróleo en territorios tradicionales y ancestrales en la cuenca del Catatumbo. Ley 1021 de 2006 (Ley General Forestal).

Ley 1151 de 2007 (Plan Nacional de Desarrollo).

Ley 1143 de 2007 (Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos). Ley 1152 de 2007 (Estatuto de Desarrollo Rural).

Ley 1363 de 2009 (Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia y Canje de Notas).

Ley 1372 de 2010 (Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los de la AELC; Memorando de Entendimiento relativo al Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los de la AELC; Canje de Notas respecto del Capítulo 4º del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los de la AELC; Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colombia y la Confederación Suiza; Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colombia y la República de Islandia; Acuerdo sobre Agricultura entre el Reino de Noruega).

(Continúa)

41

La vía era ejecutada por el Consorcio de ingenieros Solarte.

33

SENTENCIA C-187/11 C-366/11 T-129/11

C-051/12 C-196/12 C-293/12 C-317/12 C-318/12 C-331/12 C-398/12 C-943/12 C-068/13

MEDIDA Ley 1411 de 2010 (Acuerdo en materia de informes anuales sobre derechos humanos y libre comercio entre la República de Colombia y Canadá). Ley 1382 de 2010 (Modifica el Código de Minas).

La Corte le dio la razón a la demanda presentada por el pueblo indígena Embera Katío, se ordena realizar en forma debida la consulta buscando obtener el consentimiento previo, libre e informado en torno a tres proyectos: i) la construcción de una carretera terrestre Acandí–Unguía de 4 kilómetros de extensión, que atravesaría los dos resguardos. A este respecto el Ministerio de Transporte no exigió la licencia ambiental correspondiente, ni realizó la consulta previa con las comunidades afectadas por las excavaciones, cunetas y drenajes que afectan la estabilidad de las viviendas indígenas; ii) la interconexión eléctrica binacional Colombia-Panamá, que planeaba la instalación de una línea eléctrica de más de 3.400 metros. La demanda se sustentó en que los ingenieros de la empresa encargada ingresaron al resguardo para hacer mediciones y determinar puntos geo-referenciados, sin consultar a las comunidades; y iii) una concesión minera de 40 mil hectáreas proferida por Ingeominas en el municipio de Acandí. En este caso tampoco se hizo la consulta previa en los resguardos. Ley 1457 de 2011 (Protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela). Ley 1458 de 2011 (Convenio Internacional de Maderas Tropicales).

Ley 1461 de 2011 (Acuerdo sobre el establecimiento de la Red Internacional de Bambú y Ratán). Acto Legislativo 5 de 2011 (Sistema General de Regalías). Acto Legislativo 5 de 2011 (Sistema General de Regalías).

Artículos 106 y 276 Inciso 3 de la ley 1450 de 2011 – PND. Artículos 106, 107 y 112 de la ley 1450 de 2011 – PND.

Decreto 3573 de 2011 (Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- y se dictan otras disposiciones). Ley 1530 de 2012 (Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías y, en específico, frente al artículo 156 de dicha ley).

Fuente: Gloria Amparo Rodríguez (2014) y datos propios.

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Sección III:

Consideraciones finales Colombia es uno de los países a nivel global con grandes extensiones de bosques; la región Amazónica es el área selvática de mayor extensión en el país, la deforestación actual es de 120.933 has deforestadas en el año, registrada principalmente en el Caquetá y Guaviare, dos de los departamentos que conforman la región.

Las inversiones, principalmente en infraestructura vial para la integración regional y las políticas minero-energéticas, no han mejorado la calidad de vida de los pobladores, quienes históricamente han tenido que padecer el olvido de políticas sociales de Estado que atiendan y resuelvan sus demandas. Esta situación ha sido aprovechada por empresas, ONG, y grupos al margen de la ley, que han creado su propia “gobernabilidad” en el territorio y han generado que los pueblos tengan lazos de dependencia hacia estos. Existen otros dos tipos de intervención, como son las políticas que incentivan la implementación de proyectos de biodiversidad-conservación y de cambio climático, que aunque no generan directamente deforestación, implican impactos en los derechos territoriales y colectivos. Este tipo de proyectos son direccionados por políticas globales desde una visión funcional a los recursos financieros del “capital verde”.

En los ejemplos señalados en cada uno de los motores de deforestacion, se evidencia la grave amenaza frente a la propiedad colectiva de la tierra y los

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derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas y en ese sentido frente a los bosques.

Se puede determinar que los bosques y selvas en Colombia siguen haciendo parte de esa disputa histórica por la tierra. Para los pueblos indígenas el reconocimiento integral de los territorios ancestrales y colectivos representa la protección para su pervivencia como pueblos, al igual que para las comunidades negras y campesinas.

En gran parte de los proyectos analizados, el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada fue sistemáticamente violada, varios de los conflictos generados se relacionan principalmente con el desconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas; es evidente que el no reconocimiento de los pueblos y comunidades afectadas directamente o indirectamente por los proyectos es también una estrategia utilizada en beneficio del gran capital, que conlleva para los inversionistas la disminución de trámites y disminución de costos económicos en los proyectos. Finalmente, las figuras para la conservación ambiental (Parques Naturales, Zonas Ramsar, áreas protegidas, entre otras figuras de conservación), con la nueva tendencia de proyectos para el crecimiento verde, incentivan la llegada de grandes capitales que pueden llegar a transformar y afectar los territorios y las culturas asentadas allí desde hace siglos.

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