Tramitando el pasado. Violaciones de los Derechos Humanos y agendas gubernamentales en casos latinoamericanos

Tramitando el pasado. Violaciones de los Derechos Humanos y agendas gubernamentales en casos latinoamericanos. Silvia Dutrénit Bielous y Gonzalo Varel...
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Tramitando el pasado. Violaciones de los Derechos Humanos y agendas gubernamentales en casos latinoamericanos. Silvia Dutrénit Bielous y Gonzalo Varela Petito. México: FLACSO México, 2010, 418 p. Ana Carol Solis1 O´Donnell y Oszlak escribieron hace ya un tiempo que llamamos cuestiones a estos asuntos, necesidades o demandas, socialmente problematizados, atravesando un ciclo vital que se extiende desde su problematización social hasta su resolución. En él diferentes actores afectados positiva o negativamente, por el surgimiento y desarrollo de la cuestión, toman posición frente a la misma. (Oszlak y O´Donnell, 1984: 109). Tomando en consideración sus dichos para el origen histórico de las violaciones a los derechos humanos en América Latina y su legado a los gobiernos posautoritarios, es precisamente ese carácter no acabado, en el sentido de no resuelto, lo que justifica ampliamente la decisión de los autores de elegir la forma verbal «tramitando» para dar cuenta de la imposible clausura del pasado que no pasa, siendo éste el primer hallazgo de la obra que nos ocupa, lo que prolijamente se irá delineando a lo largo de más de cuatrocientas páginas. El segundo hallazgo del libro es poner a consideración de los lectores un objeto en cierto modo tradicional, como 1

es la gestión del legado de las violaciones a los derechos humanos, pero desde una perspectiva comparativa infrecuente hasta ahora. En efecto, los autores proponen estudiar el tema de la herencia que, en cuestión de derechos humanos, los regímenes autoritarios de Argentina, Chile, México y Uruguay dejaron a los gobiernos que les sucedieron tras los respectivos procesos de transición a la democracia iniciados a partir de los años ochenta. Primera ruptura: para los observadores de tales procesos en el Cono Sur, la sociogénesis de la cuestión de los derechos humanos estaba ligada interpretativamente a las dictaduras militares, como específicos regímenes autoritarios, y las transiciones eran desde este tipo de regimenes hacia la democracia. La posibilidad de albergar empíricamente el caso mexicano, máxime cuando la mirada de aquél que estamos comenzando a conocer con mayor rigurosidad es la del país receptor del exilio argentino (y latinoamericano en general), era –al menos hasta ahora- poco probable. Sin embargo, los autores demuestran con nitidez las claves que justi-

Licenciada en Historia, docente de Historia Argentina contemporánea en la Escuela de Ciencias de la Información e investigadora del CIFFyH, Universidad Nacional de Córdoba.

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fican tales comparaciones, a partir de varias operaciones: asir la categoría de regímenes autoritarios para englobarlos, sean estos civiles o militares; contrastar la definición de enemigos internos, aunque ideológicamente legitimados desde posiciones opuestas: la tercera guerra mundial en el Cono Sur y la actualización de las herencias de la revolución mexicana en el país del norte, y afirmar la existencia misma de evidencia en torno a las violaciones a los derechos humanos, por sobre los períodos en que tales hechos lograron visibilidad y estado público. Desde estas justificaciones, tres aspectos de comparación proponen a los cuatro países seleccionados: el objeto de estudio en sí, es decir la comisión de delitos especiales derivados de una política (...) de Estado, en tanto violación de derechos humanos que dejó como legado la necesidad de la verdad y la justicia, como exigencia que excede a los afectados directos y a sus allegados para comprometer a la sociedad. En segundo lugar, la incidencia de los diferentes procesos de transición en los cuatro países respecto a la tramitación de aquella herencia, estableciendo diferencias y similitudes. Y, por último, el papel que le cupo a los Estados Unidos en la política regional latinoamericana, particularmente en materia de derechos humanos. Si bien este tópico no es analizado en profundidad, Dutrénit y Varela afirman la necesidad de tener presente su rol tanto en la difusión de los mecanismos represivos como en las posteriores presiones democráticas para la democratización. Privilegiando un enfoque cronológico, la obra se centra en las decisiones de los gobiernos que sucedieron a los

democráticos, respecto a los problemas de verdad y justicia. Se define entonces a las conductas de los gobiernos como políticas o estrategias, compuestas por actos que conforman decisiones, donde se equilibran tanto elementos éticos y jurídicos como consideraciones de cálculo político y respuestas a presiones sociales. Con foco en las políticas hacia el pasado, entendidas como el modo en que se tramitó el legado de violaciones a los derechos humanos en los gobiernos postautoritarios; se integran en el análisis a otros actores de la sociedad civil que resultan relevantes en cada caso y momento, los que, al avanzar en la lectura detenida del texto, terminan siendo decisivos en todos los procesos bajo análisis, al menos desde nuestra mirada. Otra novedad es la incorporación de la serie «Recuadros» que reproduce un valioso corpus documental en el que se integran leyes, decretos, informes, testimonios, declaraciones y extractos de reconocidos analistas que deviene en una doble potencia: por un lado, ilustra el entramado argumental de los autores y, por otro, abre nuevas lecturas sobre los procesos bajo estudio, permitiendo –por ejemplo- detenerse en otras filiaciones de la serie, como los conceptos y relaciones conceptuales que en cada tiempo y lugar han ido delimitando un cierto sentido acerca de la cuestión de las violaciones a los derechos humanos en tanto legado pendiente; esto es los discursos en disponibilidad, así como los préstamos y las migraciones en los modos de intelectualizar tales procesos. Ambas decisiones, la de integrar y sostener comparativamente el caso mexicano con las dictaduras del Cono Sur y la de reproducir un valioso conjunto docu-

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mental, aportan a la rigurosidad de un trabajo en cuya minuciosidad se encuentran las claves contra las miradas simplificadoras. La solidez del texto se funda, además, en la cuidada investigación que ambos autores vienen realizando, destacándose la abundante información presentada sobre el caso mexicano de violaciones a los derechos humanos en regímenes civiles autoritarios y que en estos escenarios conosureños son menos conocidas y transitadas analíticamente. En el primer capítulo se realiza un ejercicio de contextualización histórica que tiene por objeto situar las cuatro experiencias nacionales, en un breve repaso por las condiciones en las que tales regímenes autoritarios fueron posibles. Como clave de larga duración, señalan el uso reiterado en el siglo XX latinoamericano del terrorismo de Estado en diferentes países, dejando un legado de violaciones a los derechos humanos que incide en las generaciones posteriores. Fuera de esta constatación, alertan sobre la diversidad de las formas represivas y la búsqueda de reparación a sus efectos; requiriéndose una mirada en profundidad de cada país por las bases políticas (y sociales agregamos) de cada experiencia y las diversas modalidades de exhumación del pasado. Reúnen luego a los países del Cono Sur, caracterizando las llamadas dictaduras de seguridad nacional (p.17) por su particular construcción del enemigo interno, su marcada vocación refundacional, su filiación con la política regional norteamericana y su identificación entre seguridad y desarrollo socioeconómico. Ahora bien, dentro de las diferencias nacionales desde las que se erigieron estos regímenes altamente represivos argumen-

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tan los autores que los Golpes sintetizan relaciones entre Estado y sociedad civil, con diferentes articulaciones y mediaciones. En el caso de la instauración de tales regímenes, sostienen que además de la eliminación del enemigo ideológico (de izquierda) también se propusieron eliminar a los políticos corruptos e ineficaces. De allí su desdén por la política parlamentaria, aunque los partidos terminaron, a la vuelta de aquellas experiencias dictatoriales, convertidos en interlocutores y protagonistas de las transiciones, marcando hasta donde la refundación no había sido totalmente posible o, al menos, había tenido densidades propias en cada país. Concentrándose a posteriori en el análisis partidario, el repaso histórico privilegia la articulación de tres interrogantes: la configuración de los partidos y su comportamiento en los prolegómenos del Golpe, las posiciones asumidas una vez instaurados los regímenes militares, incluyendo el grado de acercamiento o distancia respecto a las FF.AA y, por último, el rol desempeñado en las transiciones, teniendo en cuenta si contribuyeron o no a crear una nueva hegemonía política civil. Para el caso mexicano, cuyo tratamiento es presentado aparte, los episodios represivos se inscriben en un sistema político caracterizado en el siglo XX por el proceso de institucionalización de la Revolución que devino en un autoritarismo civil controlado (p.55) con un fuerte componente represivo hacia los disidentes políticos, sobre todo en las décadas del sesenta y setenta -adquiriendo características de guerra sucia- en parte invisibilizadas por la posición dominante del partido gobernante. Esa negación de la responsabilidad estatal en los mismos se

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mantuvo en los decenios posteriores hasta el cambio de signo político en los dosmiles. A continuación se concentran en la descripción del universo delictivo y su contexto de las dictaduras del Cono Sur, asumiendo que la construcción de la categoría de delito depende de las diferentes normativas nacionales e internacionales vigentes. Recurriendo a ambas, los autores puntualizan los delitos denunciados como violatorios a los derechos humanos, entre los que se destacan: desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales, manipulación y destrucción de la personalidad de los detenidos, detención, cárcel y ejecuciones ilegales, esclavización, represalias a familiares y allegados, delitos económicos como pillaje, chantaje y extorsión, apropiación y tráfico de menores, sustitución forzada de identidad, homicidios en masa y hasta genocidio como exterminio sistemático y planificado de una minoría (p.80), incluyendo como variante la eliminación de un subgrupo nacional. No todas estas situaciones se dieron en cada país, como tampoco tuvieron igual intensidad; sabido es que cada dictadura tuvo patrones represivos igualmente específicos. Se incluyen además datos sobre aquellos de carácter imprescriptible y los que caducan, lo que tuvo especial incidencia en los reclamos posteriores y en las formas de judicialización según cada período. A su vez, se correlacionan las formas represivas con la configuración de disímiles situaciones de amenaza en las que los regímenes dictatoriales tomaron el poder, y se afirma la existencia de terrorismo de Estado, dado la sistematicidad e implicancia estatal en las violaciones cometidas, justificado por

la conformación de una organización criminal que tiene al Estado como condición de posibilidad. La coautoría individual e institucional delimita un amplio campo de responsabilidades tanto individuales (pero igualmente políticas) de los implicados como del Estado, habilitando las políticas de reparación a los afectados y, eventualmente, de perdón a los primeros. Sobre estos escenarios se fue configurando la violación de los derechos humanos y sus efectos. Se agrega un interesante análisis de los argumentos de impunidad esgrimidos sobre este universo delictivo y las responsabilidades derivadas con que se ha intentado, en diferentes momentos, obstaculizar las exigencias de verdad y justicia. El tercer capítulo es una exhaustiva revisión histórica de las condiciones de salida de los regimenes dictatoriales de Argentina, Chile y Uruguay, en el que se inscribió la pugna inicial por tematizar una cierta situación de injusticia como relativa al campo de las violaciones a los derechos humanos. Ello implicó necesariamente la amplitud de los reclamantes, desde el núcleo inicial de las víctimas a otros grupos solidarios en la exigencia de verdad y justicia, en el marco de la conformación de oposiciones dictatoriales. En paralelo a la tematización de las violaciones como cuestión del debate, tanto en el plano internacional como cada vez más en el nacional, los autores recorren las estrategias evasivas y las diferentes fórmulas de impunidad que se fueron construyendo para clausurar el pasado, antes de entregar el poder a los civiles, teniendo en cuenta los diferentes márgenes políticas para negociar la transición. El discurso de la reconciliación se convirtió

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desde entonces en un lugar de fuerte disputa, que condensaba las diferentes posiciones de los gobiernos, las fuerzas político- partidarias y las organizaciones sociales respecto al modo en que el legado de las violaciones se tramitaría. En general, apuntan los autores, los gobiernos que sucedieron a los militares buscaron fórmulas de reconciliación que poco se ajustaron a los reclamos, siendo revisiones más que acotadas de aquel pasado que siguió pendiente. Comisión de verdad (CONADEP), juicio a la Juntas militares, leyes para acotar judicialización e indultos en Argentina; pacto civil militar en el Acuerdo del Club Naval, ley de amnistía y ley de caducidad de pretensión punitiva en Uruguay y marcada impronta del régimen saliente en Chile, vía reforma constitucional. Dominaron, a juicio de los autores, las estrategias cortoplacistas en la tramitación del legado de las violaciones a los derechos humanos, lo que se contradecía además con un panorama internacional en el que los instrumentos jurídicos crecientemente aceptados por las naciones ponían en evidencia la deuda pendiente. Fue la preocupación por la estabilidad democrática una clave común para comprender el modo en que estos primeros gobiernos civiles posdictatoriales actuaron, además de las claves de larga duración de las respectivas historias nacionales. Estos modos de resolución del pasado pronto comenzaron a ser cuestionados por insuficientes en cada país, abriéndose una nueva etapa en la que confluyeron varios factores: las revelaciones públicas de militares participantes, los hallazgos promovidos por las organiza-

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ciones de la sociedad civil, las rutas judiciales que buscaron sortear las normas de impunidad y el trabajo de algunos tribunales europeos. Analizando la evolución por país, Argentina resultó la más temprana, destacándose el acontecimiento de la revelación sobre los vuelos de la muerte. Fue aquí donde la reinstalación del tema cobró mayor proyección. Se destaca entonces la labor del movimiento de defensa de los derechos humanos que, sumado a la progresiva autonomización del poder judicial, posibilitó abrir los juicios por la verdad. A su vez, se fueron desarmando los marcos legales de la impunidad, a través de la derogación de leyes y la inconstitucionalidad de los indultos; además de la justicia española que había logrado juzgar represores usando el delito de genocidio. En Chile fue más decisiva la coyuntura externa creada por la detención de Pinochet en Londres en 1998, por pedido de la justicia española, aunque previamente se habían continuado activando medidas reparatorias. Si bien la extradición del ex dictador no prosperó, generó una revitalización del debate que derivó en una nueva comisión de verdad y en acotados procesos judiciales por episodios represivos puntuales. En Uruguay, no se modificó la tendencia oficial a relegar el pasado hasta que confluyeron dictámenes internacionales con revelaciones de militares represores. También una mayor presencia pública del MDH permitió avanzar en los juicios por la verdad y se exigió una comisión por la verdad, demostrando la difusión de repertorios de lucha y de argumentos políticos en ambas orillas del Plata. Reclamos éstos que sólo comenzaron a ser atendidos en las dos últimas presidencias, transformándose

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la visión oficial al respecto, pero más acabadamente cuando el Frente Amplio llegó al poder. El capítulo dedicado al caso mexicano incluye una exhaustiva revisión de los acontecimientos represivos así como de las numerosas intervenciones oficiales en la que los mismos han sido negados, dado que ésta ha sido la principal clave de tramitación del pasado en aquel país: tramitar el pasado en mexicano es, en primer lugar, reconocer que tales violaciones a los derechos humanos existieron y que las mismas son responsabilidad estatal, acercándose así a la situación uruguaya. Aquí se destaca el énfasis explicativo puesto en la referencia como guerra sucia de los hechos denunciados, la que vendría a significar esa eludida acción estatal, resultando una clara diferencia con otras experiencias nacionales en las que aquel concepto ha sido un argumento de legitimación de los militares para justificar la utilización de técnicas no convencionales de guerra. Claro es que algunas organizaciones defensoras de derechos humanos en México prefieren denominar directamente terrorismo de estado a las acciones represivas denunciadas. Pero volviendo al análisis histórico, el capítulo muestra información abundante de estas operaciones de represión selectivas y focalizadas, ocurrida en los sesenta y setenta. La novedad es que se integran denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas con posterioridad, confirmando el trato vejatorio a los disidentes políticos en décadas más recientes y marcando la especificidad de la represión en gobiernos civiles. A su vez, es un detallado recorrido por las ocasiones en las que aquel pasado fue exhumado y los límites

claros en que se mantuvo su tramitación bajo el imperio del PRI como partido gobernante. Fue, sin duda, la combinación de la acción denunciativa con la apertura política de los dosmiles la clave para desandar el camino de la negación. Allí también se creó institucionalidad para avanzar en el esclarecimiento de la verdad y, a diferencia del Cono Sur, se abrieron archivos estatales fundamentales para revisar aquel pasado, aunque los intentos de juzgamiento fueron muy acotados. Finalmente, Dutrénit y Varela recorren comparativamente los años más próximos de estas historias nacionales. Con diversos grados de avance, constatan que es generalizada la tendencia a revisar las versiones oficiales sobre el pasado. En los cuatro países se ha avanzado en la concreción de las exigencias de verdad y justicia, en parte como cumplimiento a las normativas internacionales que tales países reconocen internamente. Uno de los aspectos más notorios es que tampoco se trata de recorridos lineales hacia mayores cuotas de verdad y justicia, si se considera que también hay importante retrocesos, o por lo menos límites bastante firmes en algunos casos. Piénsese, por ejemplo, en que la ley de caducidad fue ratificada hace muy poco en Uruguay, en la imposibilidad de juzgar a Pinochet en vida y, en Argentina, lo dificultoso que resulta sostener los procesos judiciales ahora que las trabas legales han desaparecido. Ello remite a la necesidad de sostener estas revisiones del pasado, no solamente como tematizaciones de agenda gubernamental sino como legítimas cuestiones públicas. Pues, como afirman los autores ¿Se puede de manera indefinida escamotear la verdad? No por mucho

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tiempo, como lo demostraron los autores en este riguroso trabajo. Pero la verdad es sólo uno de los componentes de la revisión del pasado; sin la justicia, los efectos de verdad pueden ser nuevamente objeto de una disputa por las interpretaciones. La experiencia latinoamericana ha indicado que en la inmediata posdictadura lo que se juzgó políticamente como garantía de estabilización democrática, terminó afectando las calidades de una democracia que devino mínima, y la impunidad terminó corroyendo las bases de aquel consenso democrático tejido al amparo del revisionismo acotado del pasado. Por supuesto que este proceso tuvo carnadura diferencial en cada país, en parte por las propias claves históricas con las que cada uno ha venido lidiando. Y este es un aporte central del libro: animarse a una comparación funda-

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da y empíricamente sostenida de cuatro casos nacionales en los que la tramitación del pasado es un presente ineludible y la constatación final es auspiciosa: a pesar de las trayectorias zigzagueantes presentadas, se está claramente en un lugar mejor al producirse un giro positivo hacia políticas de verdad y justicia; un lugar mejor hacia donde este libro imprescindible aporta de manera decisiva. Bibliografía citada OSZLAK, Oscar y O´DONNELL, Guillermo, (1984), «Estado y políticas estatales en América Latina. Hacia una estrategia de investigación», en KLIKSBERG, B. y SULBRANDT, J (comp) Para investigar la administración pública. INAP, Madrid.

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