EXPEDIENTE NUM: 107/2012 ORDINARIO CIVIL SENTENCIA DEFINITIVA: Pachuca de Soto, Hidalgo, junio 18 dieciocho del 2013 dos mil trece. VISTOS para resolver en definitiva los autos del JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por *******************************, como parte actora en el principal

y

demandada

en

la

reconvención,

en

contra

de

*******************************, dentro del expediente 107/2012 y : R E S U L T A N D O: 1.- Por escrito de fecha 03 tres de febrero de 2012 dos mil doce, ******************************* compareció ante éste Juzgado Tercero Civil de éste

Distrito

Judicial,

demandando

en

la

vía

ordinario

civil

de

*******************************, las prestaciones que dejó asentadas en su escrito inicial de demanda, las cuales se tienen por reproducidas en este apartado en obvio de reiteradas e inútiles repeticiones, para todos los efectos legales a que haya lugar; fundándose para ello en los hechos y consideraciones de derecho que dejó asentadas; por auto de fecha 07 siete de febrero de ese mismo año, se admitió lo solicitado en la vía y forma propuesta, ordenándose emplazar a la demandada para que dentro del término legal de 9 nueve días diera contestación a la demanda instaurada en su contra; mediante proveído dictado el 05 cinco de marzo de 2012 dos mil doce, se tuvo al C. *******************************, dando contestación

a

la

demanda

instaurada

en

su

contra

asi

como

reconviniendo a la parte actora dentro del presente juicio, por lo cual se ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del término de 7 siete días diera contestación a la misma, por auto de fecha 28 veintiocho de marzo de 2012 dos mil doce se tiene a la parte demandada reconvencional, dando contestación en tiempo a la reconvención planteada en su contra, por lo que en auto de fecha 16 dieciséis de abril del mismo año se abre el juicio a prueba por el término de 10 diez días. 2.- En auto de fecha 12 doce de julio de 2012 dos mil doce se dicta el correspondiente auto admisorio de pruebas, por lo que una vez que fueron desahogadas las pruebas admitidas, en fecha 12 doce de

noviembre de 2012 dos mil doce, quedaron los autos a disposición de las partes para que formularan sus correspondientes alegatos; en proveído de fecha 23 veintitrés del mismo mes y año se tiene a la parte demandada en tiempo interponiendo el recurso de apelación en contra del auto de fecha 12 doce de noviembre del presente año, mismo que se admite en el efecto devolutivo, del cual en auto de fecha 22 veintidós de marzo de 2013 dos mil trece se tiene al Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia remitiendo el testimonio de apelación deducido del expediente citado al rubro y las copias certificadas de la resolución dictada dentro del Toca Civil número 02/2013-II, mediante el cual se declara desierto el recurso de apelación interpuesto y firme el auto de fecha 12 doce de noviembre de 2012 dos mil doce, interpuesto por la parte demandada; finalmente en acuerdo de fecha 08 ocho de mayo del presente año, se ordena dictar sentencia definitiva que en derecho correspondiera, la cual hoy se dicta en base a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O: I.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 141, 142, 154, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles; éste Juzgador resulta competente para conocer y resolver del presente juicio, en virtud de que las acciones intentadas son de carácter real, lo que le otorga competencia al Juez del lugar en el que se encuentre ubicado el inmueble objeto de las mismas y en la especie, el inmueble reclamado en esta controversia se encuentra ubicado en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, el cual se encuentra dentro del perímetro de competencia territorial de esta autoridad judicial. II.- Que es procedente la vía ordinaria civil intentada en términos de lo dispuesto por el artículo 253 del Código de Procedimientos Civiles al no requerir la acción intentada tramitación especial o ejecutiva. III.- Que la parte actora en el principal, *******************************, demandó de *******************************, las siguientes prestaciones: A).La reivindicación real, material y jurídica a mi favor del predio de mi propiedad, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: En 19.21 metros,

linda con *******************************; AL SUR: En 15.22 metros linda con *******************************;

AL

ORIENTE:

En

8.20

metros

linda

con

*******************************; AL PONIENTE: En 7.00 metros linda con *******************************, con una superficie total de 117.18 metros cuadrados…; B) La declaración en sentencia ejecutoriada en el sentido de que

soy

propietario

del

bien

*******************************,

inmueble

ubicado

**************,

en

la Lote

*************************************, de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; C) Como consecuencia de lo anterior, la entrega real, material y jurídica con sus frutos y accesiones, respecto del bien inmueble con construcción, debidamente identificado con la prestación que antecede; D) El pago de los daños y perjuicios ocasionados al suscrito, desde el tiempo que se acredite que el demandado lo ha tenido en posesión indebidamente, lo anterior a razón de un valor de $2,500.00 pesos por concepto de arrendamiento mensual, hasta en tanto se desocupe el inmueble por el demandado, monto que acreditaré, he dejado de percibir y que bien puede producir el inmueble en cuestión. D).- (SIC) El pago de gastos y costas judiciales que origine el presente juicio hasta su total culminación. Por su parte, el demandado dio contestación negando los hechos de la demanda y oponiendo como excepciones la falta de acción y de derecho, la prescripción positiva a su favor y la excepción de extinción

del

derecho

de

propiedad

del

actor.

Asimismo,

******************************* promovió la reconvención exigiendo como prestaciones: A).- La propiedad por prescripción positiva de la casa con domicilio

ubicado

en

la

*******************************,

**************,

*************************************, en esta ciudad de Pachuca. B).- La cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo y que aparece a favor del reconvenido bajo los antecedentes registrales señalados por el actor en su escrito de demanda inciso a) del capítulo de prestaciones y la inscripción a mi favor del inmueble afecto a este juicio; C).- Los gastos y costas del juicio…. A la citada reconvención, la actora en el principal y demandada reconvencional opuso como excepciones y defensas, la sine actione agis, la non mutati líbelo, la de oscuridad o defecto legal de la demanda, las que derivan de las tesis jurisprudenciales que cita relacionadas con la causa generadora de la posesión de su contraparte.

IV.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 279 del Código de Procedimientos Civiles, el cual establece: “El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo el de sus excepciones”, el suscrito se encuentra ante la obligación de analizar y valorar todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes en este juicio, para efectos de determinar la procedencia de la acción ejercitada por la parte actora o bien de las excepciones opuestas por el demandado. En esa tesitura tenemos que por la naturaleza de las acciones ejercitadas por ambas partes, es correcto entrar primero al estudio de la acción reconvencional de prescripción positiva adquisitiva o usucapión, pues de resultar procedente,

haría naturalmente

improcedente

la

acción

principal

reivindicatoria, pues en ese supuesto carecería la actora en el principal del primer elemento de la reivindicatoria consistente en la propiedad y por ende, haría innecesario el estudio de la misma. Lo anterior de conformidad con las tesis: USUCAPION, ACCION RECONVENCIONAL. ES PREFERENTE SU ESTUDIO CUANDO LA ACCION PRINCIPAL ES LA REIVINDICACION. Es correcto que cuando se demanda la reivindicación y se reconviene la usucapión, se estudie primeramente esta última, puesto que de ser procedente haría innecesario estudiar las pretensiones del actor, consistentes en la reivindicación del inmueble en litigio. Lo anterior es así, pues cuando se ejercita acción reivindicatoria y el demandado contrademanda su usucapión debe estudiarse en primer término la acción reconvencional, porque el objeto de ésta es obtener sentencia en la cual se declara propietario al actor, en la reconvención en cuya hipótesis, desaparece el derecho de la propiedad del reivindicante, luego, no sería lógico el análisis de la reivindicatoria, antes de la usucapión, si el elemento propiedad de la primera es menester sujetarlo a estudio, en la prescripción positiva. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, Septiembre de 1996. Tesis: II.1o.C.T.58 C. Página: 763. Y la diversa: USUCAPIÓN. ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LA REIVINDICACIÓN YA SEA PLANTEADA VÍA ACCIÓN O RECONVENCIÓN. Cuando se demanda la reivindicación y se reconviene la usucapión o viceversa, debe examinarse, en principio, la procedencia de la prescripción, pues de ser procedente ésta, resultaría innecesario examinar si se acreditaron los elementos de la acción reivindicatoria,

pues el objeto de la acción de usucapión es que a través de la sentencia se declare propietario al actor y, por ende, desaparece el derecho de propiedad del reivindicante existente antes de la prescripción. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVIII, Agosto de 2003. Tesis: I.11o.C.68 C. Página: 1860 Por lo que hecha la precisión señalada, esta autoridad considera que, de acuerdo con la instrumental de actuaciones que goza de pleno valor probatorio conforme al artículo 409 del Código de Procedimientos Civiles, conforme a los principios del derecho y la lógica jurídica, que la acción de prescripción positiva adquisitiva, también conocida como usucapio, promovida en reconvención por *******************************, deviene necesariamente IMPROCEDENTE. En efecto, el artículo 1231 de nuestro Código Civil, establece: “El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público, a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido por ende, la propiedad”. De la interpretación del precepto que antecede, debe demostrarse por la parte actora reconvencional *******************************, que ha poseído el inmueble objeto de este asunto, por más de cinco años, de manera pública, pacífica, continua, de buena fe y en carácter de dueño por tener un justo título (artículos 882, 1226 y 1227 del Código Civil) para prescribirlo en su favor y declararla como propietaria de dicho inmueble y del estudio minucioso de los autos, bajo las reglas de la debida valoración de la prueba, la lógica jurídica y la sana crítica, esta autoridad se encuentra en la convicción de que tales extremos NO fueron debidamente acreditados. En efecto, en primer lugar tenemos que el del bien inmueble ubicado en la *******************************, **************, *************************************, de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, tiene una superficie de 117.18 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: En 19.21 metros, linda con *******************************; AL SUR: En 15.22 metros linda con *******************************; AL ORIENTE: En 8.20 metros linda con *******************************; AL PONIENTE: En 7.00 metros linda con *******************************, pertenece a la hoy parte demandada reconvencional, ******************************* al haberlo adquirido por

compraventa

realizada

para

él,

por

su

señor

padre

***************************** a *******************************************, y se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, a nombre de *******************************, con el número ******, del Libro ***, de la Sección **** de fecha 17 de julio del 2001, lo que se acreditó plenamente en autos con la copia certificada de la escritura pública número *****, del volumen ***, otorgada en fecha 05 de diciembre del 2001, ante la fe del Notario Público Número Seis de la ciudad de Tula de Allende, Hidalgo, que contiene el contrato de compraventa aludido; documental pública exhibida por el propio demandado reconvencional, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Pachuca de Soto, Hidalgo, con los datos citados en líneas arriba, documental pública que tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Hidalgo y con la que

se

demuestra

que

el

demandado

reconvencional

******************************* en efecto aparece ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo como propietario del inmueble de marras, cumpliéndose con ello, con lo preceptuado en el artículo 1231 del Código Civil y demostrándose la legitimación pasiva del mismo. Sin

embargo

y

no

obstante

lo

anterior,

correspondía

a

*******************************, acreditar mediante los medios de prueba pertinentes, que la posesión que ejerce respecto del inmueble en litigio, ha reunido en efecto todas y cada una de las condiciones exigidas por los artículos 1226 y 1227 del Código Civil, es decir, que es pública, pacífica, continua, de buena fe, por más de cinco años y sobre todo, en concepto de propietario; aspectos que podían ser demostrados mediante la probanza idónea para tal efecto, como lo es la testimonial o bien con otros que, debidamente relacionados, generaran en el suscrito la convicción acerca de las afirmaciones vertidas por el actor en la reconvención; para tal efecto, *******************************, manifestó en síntesis: “El inmueble descrito e identificado plenamente lo he poseído y poseo actualmente por más de siete años en concepto de propietario y con los atributos de ser una posesión de buena fe, pacífica, continua, pública e ininterrumpidamente por lo que me he convertido en propietario

por prescripción positiva, debiendo declararse judicialmente que soy propietario del inmueble por ese título” Como se puede observar, el actor reconvencional se limita a referir que la posesión que ostenta es en concepto de propietario pero no invoca cuál es el acto jurídico generador de la posesión apta para prescribir, esto es, no revela cuál es la causa generadora de la posesión, ello en términos de los artículos 881 y 901 del Código Civil para el Estado de Hidalgo y ello impide declarar fundada su acción. Lo anterior es así, porque no se sabe con certeza, cuál fue el acto que le otorgó la posesión, para que esta autoridad esté en la facultad de determinar si la posesión recibida es en efecto a título de propietario o bien derivada y si el acto generador de esa posesión es de buena o mala fe. No pasa inadvertido para esta autoridad que aunque en el escrito de reconvención que es aquel en el que se deducen las prestaciones por parte del demandado principal y actor reconvencional no se estableció la citada

causa

generadora

*******************************

de

la

posesión,

el

señor

al dar contestación a la demanda de

reivindicación, es donde señala que entró a poseer por virtud de un contrato privado de compraventa celebrado en fecha 14 de junio de 2004 con una persona de nombre *********************** y a su decir, es la causa generadora de su posesión; señala que tal evento lo demostrara con la documental privada correspondiente al contrato privado y recibos de pago. Sin embargo, el actor reconvencional al ofrecer medios de prueba, no exhibe el contrato privado de compraventa que afirma celebró para entrar a poseer el inmueble en calidad de propietario y al ser el citado contrato el título base de su acción, estaba en la obligación de demostrar de manera plena su existencia, lo que no hizo, pues no exhibió el contrato ni fueron recibidas las testimoniales ofertadas y por cuanto a los recibos que exhibe, si bien es cierto, en ellos se describen pagos por la compraventa de un inmueble, cuyas copias certificadas obran a fojas 116 a la 119 de autos, los mismos se reducen a solo presunciones que no pueden alcanzar el valor de prueba plena, al no existir otros medios de prueba con los que puedan ser válidamente relacionados. Al respecto, resulta importante mencionar, que los recibos exhibidos amparan el pago

de diversas cantidades, con la firma de quien responde al nombre de ***********************, sin embargo, los recibos constituirían demostración del cumplimiento de una obligación personal, pero no la existencia del contrato mismo, ni la forma en que el demandado entró a poseer. En las citadas circunstancias, es claro que el actor reconvencional no invocó la causa generadora de su posesión al formular su reconvención y por cuanto a la descrita al contestar la demanda en el principal, no aportó los medios de prueba idóneos para demostrar que fue en virtud de un contrato de compraventa escrito privado, que entró a poseer en carácter de propietario, pues a pesar de haber manifestado que lo demostraría con el propio documento, no lo exhibió en autos y los recibos que aportó, no son suficientes para demostrar la fecha y condiciones mediante las cuales entró a poseer el inmueble de marras, pues no debe confundirse el cumplimiento de una obligación personal que es lo que los recibos en su caso amparan, con la forma de poseer el inmueble; aunado al hecho de que no fueron desahogadas las testimoniales que le fueron admitidas y con ello, tampoco quedarían probados los restantes elementos de la posesión apta para prescribir, esto es, la posesión pública, pacífica, continua y por más de cinco años. Finalmente, de las copias certificadas de la averiguación previa número 12/SPM/228/2011, pese a su pleno valor probatorio por tratarse de un documento público, solo acreditan que el actor en la reconvención fue denunciado por el delito de despojo, pero las indagatorias realizadas en dichas actuaciones, no son prueba plena de la forma en que el actor reconvencional entró a poseer el inmueble de cita. Conforme a los razonamientos que preceden, es claro para esta autoridad, que el actor reconvencional no acreditó que su posesión sea en carácter de propietario, pues no basta con referir que se ha conducido como tal, realizando actos de dominio, sino que además, el acto por el que entró a poseer, sea idóneo para estimar que la posesión se ejerce con esa calidad, lo que no ocurre si la causa generadora de su posesión, la sustenta en un contrato de compra venta, cuya existencia no demostró y si tampoco aportó los medios de prueba idóneos para acreditar las restantes características de la posesión apta para prescribir.

Son de invocarse las tesis: PRESCRIPCION

ADQUISITIVA,

POSESION

EN

CONCEPTO

DE

DUEÑO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON). El artículo 1148 del Código Civil de Nuevo León estatuye que la posesión necesaria para prescribir debe ser en concepto de propietario, y aunque es verdad que no exige el "justo título" como requisito para la usucapión, ello no quiere decir que toda posesión deba considerarse apta para prescribir. Por justo título, conforme a la legislación anterior, se entendía el que era o fundadamente se creyó bastante para transferir el dominio, y aunque al eliminarse parecería que perdió importancia el origen de la posesión, en realidad únicamente se abrió la posibilidad para que la posesión alcanzada por virtud de un hecho ilícito, como el despojo o la usurpación, pudiera considerarse apto para la prescripción, pero sin cambiarse en lo fundamental el sistema. El artículo 826 del Código Civil vigente expresa que sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño puede producir la prescripción, y es evidente que, para que se adquiera en ese concepto una posesión, es menester una causa que le dé ese carácter, necesariamente distinta de la pura intención subjetiva del poseedor, pues de otro modo resultaría que el simple detentador, el arrendatario o depositario, a su capricho, podría constituirse en poseedor en nombre propio, cambiando su verdadera condición de poseedor precario, para pretender luego de cierto tiempo haber adquirido por prescripción, cosa notoriamente inaceptable. Ahora bien, de no consistir dicha causa en un título traslativo de dominio en sentido estricto, como la compraventa, donación, dación en pago, herencia, etcétera, sólo podría ser la que proviene de un hecho delictuoso; causa que genera la posesión, esta última, que no constituye el justo título, pero que la legislación actual, a diferencia de la anterior, reconoce como bastante para la prescripción, aunque con la modalidad de que la usucapión no empieza a contar sino hasta una vez que se ha extinguido la pena o que ha prescrito la acción penal. Así pues, es indispensable haber adquirido la posesión en concepto de propietario, lo que solamente podría tener lugar de la forma indicada. De otra manera, la usucapión no puede operar, porque entonces se estaría en presencia de un caso de posesión derivada o precaria, que si empezó como tal, continuará con esa calidad, de acuerdo con el artículo 827 del Código Civil, mientras no sobrevenga la mutación de causa establecida por el artículo 1136 del mismo ordenamiento, cosa que acontece cuando el poseedor a título derivado o precario obtiene un título traslativo de dominio, y sólo hasta entonces y no antes empieza a correr a su favor el término de la prescripción adquisitiva. Por tanto, no basta la retención de una cosa de modo exclusivo, manifestada por actos materiales de uso y disfrute,

durante cierto lapso, para concluir que la posesión se tiene en concepto de dueño, puesto que puede ser a título precario, y para determinar lo primero se requiere un acto o hecho que lo signifique, distinguiéndolo de otro que de lugar a una posesión que se ejerce en distintas condiciones, y ese acto o hecho no es otro que el título traslativo de dominio o en su caso el delito. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989. Tesis: Página: 379. Conforme a lo anterior, es evidente que no pueden tenerse por acreditados los requisitos que exigen los artículos 1226 y 1227 del Código Civil, pues no existe elemento de prueba que demuestre que la posesión de ******************************* con relación al inmueble motivo de la litis, sea en carácter de propietario, y por consecuencia, deberá absolverse al demandado reconvencional ******************************* de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en este juicio. V.-

Decretada

prescripción

positiva

improcedente promovida

la por

acción

reconvencional

de

*******************************,

corresponde entrar al estudio de la acción reivindicatoria promovida por *******************************. En esa tesitura tenemos que el artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles, establece: “La reivindicación compete a quien no está en posesión de la cosa, de la cual tiene la propiedad, y su efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue real o jurídicamente el demandado con sus frutos y accesiones, en los términos prescritos por el Código Civil” por lo que esta Autoridad considera pertinente invocar, para efectos de tener por acreditados los elementos de la acción real reivindicatoria, la jurisprudencia firme sustentada por nuestro máximo órgano impartidor de justicia que establece: ACCION REIVINDICATORIA. SUS ELEMENTOS. La reivindicación compete a quien no está en posesión de la cosa de la cual tiene la propiedad y su efecto es declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue al demandado con sus frutos y accesiones. Así, quien la ejercita debe acreditar: a). La propiedad de la cosa que reclama; b). La posesión por el demandado de la cosa perseguida y c). La identidad de la misma, o sea que no pueda dudarse cuál es la cosa que pretende reivindicar y a la que se refieren los documentos fundatorios de la acción, precisando situación, superficie y linderos, hechos que demostrará por cualquiera de los medios de prueba reconocidos por la ley. SEGUNDO TRIBUNAL

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 410 Octava Epoca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Apéndice de 1995. Epoca: Octava Epoca. Tomo IV, Parte TCC. Tesis: 410 Página: 277. Tesis de Jurisprudencia. Por lo que de conformidad con el criterio que antecede, se procede al estudio del primer elemento de la acción reivindicatoria, consistente en la propiedad de la cosa que se reclama, la cual, en criterio del suscrito se encuentra plena y legalmente demostrada en autos, pues bien inmueble ubicado

en

la

*******************************,

**************,

Lote

*************************************, de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, con una superficie de 117.18 metros cuadrados, con las siguientes medidas

y

colindancias:

NORTE:

*******************************;

AL

*******************************;

AL

SUR:

En

19.21

En

ORIENTE:

15.22 En

8.20

metros,

linda

con

metros

linda

con

linda

con

metros

*******************************; AL PONIENTE: En 7.00 metros linda con *******************************,

pertenece

al

actor

en

el

principal

******************************* al haberlo adquirido ***************************** a ******************************************* por compraventa y se encuentra debidamente inscrito a su nombre en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, bajo el número ******, del Libro ****, de la Sección *** de fecha 17 de julio del 2001, lo que se acreditó plenamente en autos con la copia certificada de la escritura pública número *****, del volumen *****, otorgada en fecha 05 de diciembre del 2001, ante la fe del Notario Público Número Seis de la ciudad de Tula de Allende, Hidalgo, que contiene el contrato de compraventa aludido; documental pública exhibida por el propio actor, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Pachuca de Soto, Hidalgo, con los datos citados en líneas arriba, documental pública visible a fojas 7 a la 24 y que tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Hidalgo y con la que se demuestra que el actor ******************************* en efecto aparece ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo como propietario del inmueble de marras, quedando satisfecho con ello, el primer elemento de la acción reivindicatoria. No es óbice para ello, que el demandado ******************************* haya invocado una posesión a título de dueño, invocando haber operado la prescripción a su favor, pues como quedó asentado en el considerando que antecede, no

demostró haber poseído con el carácter de propietario. Por lo que, se insiste, quedó demostrado el elemento “propiedad” en la acción en estudio a favor de *******************************. VI.- Por cuanto al segundo elemento de la acción en estudio, consistente en la posesión de la parte demandada en el principal respecto del inmueble propiedad de *******************************, del estudio de los autos que integran el expediente, específicamente el material probatorio aportado por las partes y de su interpretación y valoración lógica y jurídica, se llega a la certeza de que también fue debidamente demostrada, pues el demandado *******************************, tanto al contestar la demanda en el principal, como al demandar en la reconvención, confiesa expresamente que está en posesión del bien inmueble ubicado en la **************************, **************, *************************************, de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, con una superficie de 117.18 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: NORTE: En 19.21 metros, linda con *******************************; AL SUR: En 15.22 metros linda con *******************************; AL ORIENTE: En 8.20 metros linda con *******************************; AL PONIENTE: En 7.00 metros linda con *******************************, señalando ******************************* que el inmueble de marras le fue entregado mediante contrato de compraventa desde 2004, sin embargo, no acreditó tales hechos con probanza idónea, pues no exhibió el respectivo contrato privado que afirmó existía por escrito, con lo que dejó de demostrar que la posesión que confiesa tener, sea a título de propietario. Ello permite concluir que la posesión del demandado, no puede considerarse en carácter de propietario y solo puede tenerse por cierto, que se encuentra en posesión del bien de marras; de tal manera que la confesión que realiza al contestar la demanda y oponer la reconvención, tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que es de considerarse suficientemente acreditado el hecho de que el demandado en el principal si se encuentra en posesión del inmueble reclamado por la actora en el principal, y acorde a la tesis: POSESION. PRUEBA DISTINTA DE LA TESTIMONIAL. Es cierto que la prueba testimonial es medio idóneo para demostrar la posesión de un inmueble,

sin embargo ello no significa que ésta no pueda justificarse mediante otros medios como la confesión expresa de la contraparte y la documental pública consistente en la cesión de derechos posesorios. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XIV, Julio de 1994. Tesis: Página: 717. Y corroboran tal evento, las testimoniales aportadas a juicio, a cargo de *********************** y ***********************, visibles a fojas 193 a 195 del sumario, quienes declaran conocer a las partes, que el inmueble de marras es propiedad del actor en el principal y que se encuentra en posesión del demandado y aun y cuando refieren que a éste se lo vendió un tercero de nombre ***********************, lo cierto es que obtuvieron ese conocimiento del hecho de que escucharon que fue el propio demandado quien así lo refirió, es decir, las testigos no presenciaron la citada compraventa y por ende, su testimonio se reduce al hecho de que el demandado está en posesión del inmueble propiedad del actor e incluso, aducen que quien le vendió al demandado realmente rentaba el inmueble; testimonios que provienen de personas mayores de edad, que declararon respecto a hechos que les consta, sin dudas ni reticencias, coincidentes sin ser necesariamente idénticos y de los que no se desprende motivo de parcialidad o interés en este juicio y por lo tanto, esta autoridad les concede pleno valor probatorio, ello de conformidad con la facultad que me confiere el artículo 415 del Código de Procedimientos Civiles. VI.- Finalmente y conforme a la Jurisprudencia invocada en líneas precedentes, resta determinar si fue acreditada la identidad del bien que posee la demandada con el que ampara el título de propiedad reclamado por *******************************, lo que, en criterio del suscrito, así aconteció, pues ******************************* admitió estar en posesión del inmueble que es propiedad de su contraparte, así se advierte de la contestación a los hechos 2, 4, 5 y 7 de la demanda, confesión que tiene pleno valor probatorio en términos del artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles y con la formulación de la reconvención, pues reconoce expresamente estar en posesión del inmueble que nos ocupa, pues admite las medidas y colindancias que establece el título exhibido por su contraparte y por cuanto a las alegaciones que hace con relación a haber adquirido la propiedad, ello es motivo de probanza, lo que como se estableció en el considerando que antecede, no aconteció, por lo que

solo deberá estarse a lo que le perjudica y no a lo que le beneficia; confesión con pleno valor probatorio atento a reunir los requisitos exigidos por el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles. Así, al ser confrontados los escritos de demanda y contestación, así como en los propios documentos aportados por ambas partes, no dejan lugar a dudas en el sentido de que el inmueble de marras, se encuentra plenamente identificado en autos, al coincidir las partes en su ubicación y delimitaciones, es decir, se acredita que ******************************* admite que el inmueble siendo propiedad de su contraria, lo posee en la porción que le es reclamada, con la misma ubicación, medidas y colindancias a las referidas por la actora en el principal, luego, debe estimarse como plenamente acreditada la identidad del inmueble objeto del juicio, pues el inmueble que posee *******************************, es exactamente

el

mismo

que

acreditó

como

de

su

propiedad

***********************, instrumental de actuaciones que tiene pleno valor probatorio

de

conformidad

con

el

artículo

409

del

Código

de

Procedimientos Civiles y que resulta contundente, pues aun y cuando la idónea para tal efecto es la prueba pericial, ésta no es la única ni excluye otros medios de prueba que demuestren tal alcance, ello encuentra sustento en la jurisprudencia: ACCION REIVINDICATORIA. PRUEBA DE LA IDENTIDAD DE LA COSA. El elemento de identificación de la acción reivindicatoria puede demostrarse por cualquiera de los medios de prueba reconocidos por la ley; de lo que se colige que para acreditar la identidad de la cosa que se reclama (elemento constitutivo de la acción), no es necesario que el actor ofrezca la prueba pericial o de inspección judicial, sino que ello puede justificarse con cualquier medio de convicción que conduzca a ese fin. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 54, Junio de 1992. Tesis: VI.2o. J/202. Página: 62. Lo anterior ocurre al existir probada en autos, congruencia entre el predio que exige en reivindicación la actora y el que posee la demandada, pues reconoce que en efecto posee el predio que se le reclama en reivindicación, sin demostrar de ninguna forma que su posesión sea eficiente para prescribirlo en su favor, al efecto es aplicable la tesis:

ACCION REIVINDICATORIA, PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DEL BIEN INMUEBLE OBJETO DE LA. ES INNECESARIA LA PERICIAL SI LAS PARTES CONTENDIENTES ESTAN DE ACUERDO AL RESPECTO. Si bien es cierto que en tratándose de la identificación de un inmueble, la prueba idónea es la pericial, también lo es que, esta es innecesaria cuando no existe duda o contradicción entre las partes respecto al mismo, en razón de que los contendientes están de acuerdo sobre su identidad. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XII, Agosto de 1993. Tesis: Página: 319 Así las cosas, deben considerarse reunidos todos los elementos de la acción reivindicatoria promovida por *******************************, pues acreditó ser propietario del inmueble de marras, que el mismo está en posesión de ******************************* y que se trata del mismo inmueble que se encuentra amparado por el título que exhibió en autos; y no obra ninguna probanza, presunción legal o humana, ni instrumental de actuaciones que favorezcan las excepciones opuestas por la demandada en el principal. En consecuencia de todo lo anteriormente establecido, deberá declararse que ******************************* es legítimo propietario y tiene pleno dominio sobre el inmueble objeto de este juicio, del bien inmueble ubicado

en

la

*******************************,

**************,

*************************************, de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del Distrito judicial el cual tiene una superficie de 117.18 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: En 19.21 metros, linda con *******************************; AL SUR: En 15.22 metros linda con *******************************; AL ORIENTE: En 8.20 metros linda con *******************************; AL PONIENTE: En 7.00 metros linda con *******************************, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, a nombre de *******************************, bajo el número ******, del Libro ***, de la Sección **** de fecha 17 de julio del 2001; debiendo condenarse a ******************************* a la entrega real y jurídica del mismo, con sus frutos y accesiones. Por cuanto a los daños y perjuicios generados por la demandada en el principal y que le son reclamados en el inciso d) del capítulo de

prestaciones,

esta

autoridad

estima

que

debe

absolverse

a

******************************* de los daños reclamados, pues no existe en los hechos de la demanda, mención alguna con relación a qué daños pudo haber sufrido el inmueble ni mucho menos medio de prueba dirigido a demostrar esos extremos; no obstante resulta procedente condenarle al pago de los perjuicios, entendidos éstos como la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido por el cumplimiento de la obligación, ello en términos del artículo 2091 del Código Civil; ello es así pues el demandado poseyó el inmueble objeto del juicio, lo que indudablemente

genera

un

perjuicio

en

el

patrimonio

de

*******************************, ello a partir de que se negó a la entrega voluntaria de la posesión del inmueble y hasta el momento en que se haga entrega material del citado bien a la parte actora, pues los provechos

que

genera

la

ocupación

del

inmueble,

provienen

precisamente de la imposibilidad de la actora en el principal para utilizar en su beneficio el inmueble que siendo de su propiedad, se encuentra en posesión indebida de su contraparte. No es óbice para lo anterior, que no se acredite el monto los perjuicios, pues la cuantificación de la renta que deberá pagar *******************************, será motivo del incidente de liquidación que en ejecución de esta sentencia deba promoverse en su momento procesal oportuno; al efecto es de aplicarse la tesis: DAÑOS

Y

PERJUICIOS

EN

JUICIOS

REIVINDICATORIOS

(LEGISLACION DE NUEVO LEON). El artículo 2004 del Código Civil del Estado de Nuevo León establece que los daños y perjuicios son consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. Ahora bien, tratándose de una acción reivindicatoria que se declara procedente por haber faltado el demandado a la obligación legal de entregar el inmueble, como lo dispone el artículo 830 del código citado, el pago de los daños y perjuicios es una consecuencia legal y su liquidación debe fijarse en la ejecución de la sentencia. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XCVI. Tesis: . Página: 2076. Y la diversa: DAÑOS Y PERJUICIOS. CASO EN QUE SU DEMOSTRACIÓN NO REQUIERE PRUEBA DIRECTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). Para demostrar los daños y perjuicios reclamados en juicio como consecuencia del

incumplimiento de una obligación, no debe llegarse al extremo de exigir prueba directa de la concreción de un diverso negocio jurídico que se haya visto truncado precisamente por aquel incumplimiento, pues esa postura vuelve poco menos que imposible el desahogo de tal carga probatoria, de manera, entonces, que basta con que de conformidad con los dictados de la razón y la sana lógica el acto ilícito razonablemente sea la causa de los daños y perjuicios que se reclaman, para que el órgano competente aborde el estudio respectivo y, en su caso, ya sea vía prueba directa o en ejercicio del arbitrio judicial, regule el monto con el que debe indemnizarse al reclamante, lo anterior en términos de los artículos 1885, 2295, 2299 y 2306 del Código Civil del Estado de Coahuila. A guisa de ejemplo, si la obligación incumplida es la entrega de un inmueble, no se requiere prueba en el sentido de que iba a ser rentado; que ya había alguien interesado en el alquiler; que se pactó monto de la renta y, finalmente, que con motivo del incumplimiento de la entrega se generaron daños y perjuicios ante la imposibilidad de realizar el arrendamiento, pues en casos como éste, y sus semejantes, basta con que se demuestre el incumplimiento de la entrega para que sea obvia la causación de los referidos daños y perjuicios. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXII, Julio de 2005. Tesis: VIII.4o.16 C. Página: 1413. Finalmente,

en

términos

del

artículo

138

del

Código

de

Procedimientos Civiles, deberá también condenarse a la demandada en el principal y actor reconvencional *******************************, al pago de los gastos y costas generadas en este juicio, al actualizarse la hipótesis contemplada en la fracción I del citado precepto legal, ya que habiendo promovido juicio no obtuvo sentencia favorable. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 822, 865, 881, 882, 898, 899, 905, 1210, 1211, 1212, 1213, 1226, 1227 fracción I, 1231, 1232 del Código Civil; 1, 3, 4, 29, 44, 45, 47, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 89, 90, 94, 95, 148, 170, 179, 259, 276, 279, 282, 284, 286, 324, 375, 398, 402, 407, 409, 417, 420 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; 51, 53 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, es de resolverse y se: R E S U E L V E:

PRIMERO. - Este Juzgado resultó competente para conocer y resolver del presente juicio en términos del considerando I de esta resolución. SEGUNDO.- Procedió la Vía Ordinaria Civil. TERCERO.- La parte actora en el principal ******************************* probó los elementos de su acción reivindicatoria y la parte demandada en el principal ******************************* NO demostró sus excepciones. CUARTO.-

La

parte

******************************* reconvencional

de

No

actora probó

prescripción

los

positiva

en

la

elementos y

la

reconvención de

parte

su

acción

demandada

******************************* si probó sus excepciones. QUINTO.- En consecuencia de los puntos que preceden, se declara que ******************************* es legítimo propietario y tiene pleno dominio sobre el inmueble objeto de este juicio, del bien inmueble ubicado en

la

*******************************,

**************,

*************************************, de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del Distrito judicial el cual tiene una superficie de 117.18 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: En 19.21 metros, linda con *******************************; AL SUR: En 15.22 metros linda con *******************************; AL ORIENTE: En 8.20 metros linda con *******************************; AL PONIENTE: En 7.00 metros linda con *******************************, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, a nombre de *******************************, bajo el número ******, del Libro ****, de la Sección ***** de fecha 17 de julio del 2001. SEXTO.- En consecuencia del punto que antecede, se condena a ******************************* a realizar la entrega real, material y jurídica al actor ******************************* del inmueble objeto de este juicio, ubicado

en

la

*******************************,

**************,

*************************************, de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del Distrito judicial el cual tiene una superficie de 117.18 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: En 19.21 metros, linda con *******************************; AL SUR: En 15.22 metros linda con *******************************; AL ORIENTE: En 8.20 metros linda con

*******************************; AL PONIENTE: En 7.00 metros linda con *******************************, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, a nombre de *******************************, bajo el número ******, del Libro ****, de la Sección **** de fecha 17 de julio del 2001, con sus frutos y accesiones. SÉPTIMO.- Se absuelve a la parte demandada en la reconvención *******************************, de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el presente juicio. OCTAVO.- Se condena a la parte demandada en el principal ******************************* al pago de los perjuicios generados a su contrapartes, por el tiempo en que han poseído el inmueble de este juicio, desde su negativa a entregarlo y hasta el momento de su entrega, mismos que deberán liquidarse en los términos del incidente que para tal efecto se promueva en liquidación de sentencia. NOVENO.- Se condena a la actora en la reconvención y demandada en el principal ******************************* al pago de los gastos y costas generadas en el presente juicio, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. Así definitivamente lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado SAUL FERMAN GUERRERO, Juez Tercero Civil de este Distrito Judicial, que actúa legalmente con Secretario de Acuerdos, Licenciada IVONNE MONTIEL ÁNGELES, que autoriza y da fe. DOY FE.-

“En términos de lo previsto en los artículos 23, 42 Fracción V y 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, en esta versión se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”. Autorizo LICENCIADO SAUL FERMAN GUERRERO, 28 de Enero de 2014.