Reflexiones sobre el capital social

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Reflexiones sobre el capital social y el desempeño económico venezolano durante 2005-2013 Reflections of Venezuelan social capital and economic performance during 2005-2013

Alberto Castillo Aroca*

Abstract

Resumen Con el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y su autodenominada Revolución Bolivariana, el país se ha convertido en un ícono mundial. La información presentada desde el mismo obedece a intereses sesgados que en numerosas ocasiones no permiten que la población se entere de forma veraz e imparcial de lo que acontece. En el siguiente artículo se exponen reflexiones sobre la erosión del capital social venezolano, expresado en el deterioro institucional del mismo, y las consecuencias económicas que esto conlleva.

With the rise of Hugo Chavez as President of Venezuela and his self-proclaimed Bolivarian Revolution, the country has become a global icon. The information presented from the same is due to biased interests that on numerous occasions do not allow people to learn truthfully and impartially what is happening. The following article presents reflections on the erosion of the Venezuelan social capital, expressed in the institutional deterioration thereof, and the economic consequences that this entails. Keywords: institutionality, social capital, economic crisis Venezuela.

Palabras clave: institucionalidad, capital social, crisis económica, Venezuela.

Clasificación JEL: A13, K00, P48, H89

* Economistas en formación, Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia 67

Ausencia de una revolución institucional

Introducción La reciente crisis económica, política y social de Venezuela ha despertado el interés y preocupación de la comunidad internacional, así como de los medios de comunicación, quienes, a través de sus líneas editoriales, sesgan la información presentada y exponen una perspectiva parcial de la situación actual venezolana, obviando una gran variedad de datos relevantes para el análisis. (Puerta, 2000).

En la década de los noventa Venezuela se enfrentó a la decadencia del sistema bipartidista implantado en el Pacto de Punto Fijo en 1958 entre Acción Democrática y COPEI. Por ello el antiguo teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, líder del Movimiento Militar Bolivariano, produjo un intento de golpe de Estado en contra de Carlos Andrés Pérez en 1992, que le disparó una inmensa y creciente popularidad, la cual se acentuó con la elección de Rafael Caldera, el incumplimiento de las promesas de medidas populistas y el retorno a la época dorada del país. Ante esto, el decepcionado pueblo Venezolano encontró en el expresidente Chávez una esperanza de cambio radical de la política interna a través de una Asamblea Constituyente.

El propósito del siguiente artículo es ofrecer una perspectiva de la crisis venezolana desde la óptica del neoinstitucionalismo económico y concretamente desde la teoría del capital social. Como definición de esta se utilizará un punto intermedio entre los planteamientos de Bourdieu (1986), Coleman (1990), Putman (1993), Banco Mundial (2000) y Ostrom (2000) citados por (Vargas, 2002), con lo cual se entenderá por capital social al conjunto de relaciones sociales basadas en la confianza, normas y obligaciones que favorecen los objetivos de individuos dentro de una estructura organizada, así como el conjunto de instituciones que facilitan el desempeño económico y la convivencia social.

Tras efectuarse la proclamación de la Constitución de 1999, un hecho trascendental postergado por décadas, se renovaron los poderes estatales; sin embargo, no cambiaron radicalmente las instituciones del Estado, sino que hubo una rotación de personal. Cabe destacar que el gabinete ministerial que acompañó al expresidente Chávez durante 1999-2002 fue el mismo dejado por Rafael Caldera (Oppenheimer, 2009) y que, a pesar de la creación de dos poderes nuevos (Poder Electoral y Poder Popular), el funcionamiento institucional del país siguió sin mayores modificaciones e incluso sufrió de una profundización de sus problemas internos (corrupción, tráfico de influencias, falta de independencia, sometimiento a la voluntad presidencial, entre otros). Esto evidencia la ausencia de una mayor revolución institucional. (Becker, 2004).

El presente artículo consta de un recuento histórico de la institucionalidad venezolana en el siglo XXI y la autodenominada Revolución Bolivariana, así como de una reflexión sobre las implicaciones económicas que produce el deterioro de la confianza en las instituciones del país, la parcialización de la administración de la justicia y los atropellos a la población no oficialista del país.

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Análisis del Sistema Tributario y de Gasto Social de Argentina

Deterioro institucional venezolano

de la burocracia estatal (Buchanan, 2003), heredera de la corrupción orgánica de la IV República, que, según (Atilio, 1984), se institucionalizó principalmente a partir del incremento del ingreso petrolero hacia mediados del siglo pasado. Esto ha propiciado la creación de una infraestructura diseñada para utilizar al Estado como fuente de capitalización personal, fenómeno que no ha podido ser superado por el chavismo.

Debido a los reiterados atropellos contra dirigentes políticos opositores tras el intento de golpe de Estado de 2002, la oposición del país decidió abstenerse de presentar candidatos a las elecciones parlamentarias del año 2005, argumentando la falta de garantías en el proceso electoral. Por esta razón se estableció una mayoría absoluta afín al Gobierno del ex presidente Hugo Chávez en la Asamblea Nacional, 156 diputados, de los 167 que había, profesaban simpatía por él. Esto permitió la imposición de las decisiones de la mayoría y generó cierto grado de recelo en diversos sectores de la población (Buchanan, 2003), lo que en últimas evitó la generación de consensos.

Ante esto, la sociedad ha sido indolente e incluso cómplice, debido a que el patrimonio público está nutrido de petrodólares y no exactamente a partir de impuestos de los ciudadanos (Olavarría, 1984). Del mismo modo, el sistema premia con dádivas a las personas del común y líderes populares, comprando su conciencia y silencio (Rangel, 1984).

La mayoría absoluta en la Asamblea Nacional le permitió al Gobierno obtener un profundo control de las instituciones del país y efectuar reformas obviando diversos mecanismos colectivos, como el referéndum constitucional de 2007 (Lacabana, 2009). Ante tal situación, la reputación de los organismos del Estado se vio cuestionada por un amplio sector de la población, catalogados como opositores y ciertos sectores del oficialismo radical que esperaban una transición más pronunciada hacia el comunismo. (Díaz, 2013).

Entonces, la política se orientó definitivamente por medio del cálculo de beneficios personales (Rivero, 1984), condenando a un segundo plano a la academia, la sabiduría y la vocación de servicio (Cortés, 2013). Esta situación generó un divorcio entre la moral, el derecho y la política, demostrado en la profundización del respaldo de sectores de la población a acciones antimorales, la relativización del derecho y el cálculo político (Castillo, 2014). De igual modo, se hizo incongruente la relación entre las normas constitucionales y las normas ordinarias (Buchanan, 2003), debido a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), subordinado a la voluntad del Ejecutivo, procedió a interpretar artículos constitucionales y emitir resoluciones contradictorias a la misma, como es el caso del aval de participación política de las Fuerzas Armadas, a pesar de su explícita prohibición en el artículo 328 de la carta magna (Alonso, 2014).

En el año 2008 se fundó el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con el que se oficializó la centralización de los poderes del Estado en torno a dicho partido, eliminando los tradicionales controles y contrapesos constitucionales que aseguraban el funcionamiento democrático del Gobierno. (Lacabana, 2009). Ante la ausencia de controles institucionales se profundizó el comportamiento de búsqueda de rentas por parte 69

En la misma línea, se abolió el principio de universalidad del derecho al aplicar la ley a un determinado sector de la población según su militancia política, lo cual se evidenció en los encarcelamientos e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos a numerosos dirigentes opositores y en la aplicación de excesivos procesos burocráticos a empresarios y comerciantes detractores del Gobierno, en una clara forma de persecución y castigo, en contraste con los tratos hacia militantes oficialistas y sus líderes (Villafranca, 2013). Adicionalmente, no se puede olvidar la violación, por parte del Gobierno, al artículo 55 de la Constitución que establece que “toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado […], frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, […]”, (Constituyente, 1999), normativa incumplida en los procesos de expropiación y confiscación efectuados por el Gobierno. Cabe destacar que la expropiación de numerosas empresas fue justificada por su ineficiencia; sin embargo, tras el proceso de nacionalización, estas continuaron siendo ineficientes e incluso fueron liquidadas. Entre otras cosas, esto constituye una de las causas del actual desabastecimiento que sufre el país. Debido a lo antes expuesto, se produjo una malversación de la función de las instituciones, un retraso en su efectividad que generó obstáculos al desempeño económico (Castillo, 2014), un deterioro de la legitimidad y la confianza en el Gobierno, incertidumbre en amplios sectores de la población y variaciones en la conducta de los agentes económicos del país (Ayala, 2005). De este modo, se puede concluir que el capital social venezolano ha presentado un deterioro progresivo ex-

presado principalmente en la erosión de la confianza entre el Estado y los individuos, como se evidencia en la continua disminución de la calificación que expresa el índice de percepción de la corrupción, presentado en el gráfico 1 y en el comportamiento del índice de desconfianza en las instituciones, presentado en los gráficos 2 y 3, donde se demuestra la variación del comportamiento a partir del 2005.

Gráfico 1: histórico del índice de percepción de la corrupción para Venezuela entre 2000-2013.

Fuente: elaboración propia con datos de (Transparencia Internacional, 2014).

Por otro lado, resulta de especial interés el punto de inflexión del Índice de desconfianza en las instituciones del país a partir del año 2005, cuando se rompió la tendencia a la baja del indicador. De igual modo, es de destacar el pico que presentó el índice en el intento de golpe de Estado del 2002, su pronunciado descenso producto de la confianza que generó el ex presidente Chávez tras dicho suceso por medio de su discurso nacionalista, antiimperialista y su carisma característico.

Implicaciones económicas del deterioro institucional

Gráfico 2: histórico del índice de desconfianza en las instituciones venezolanas durante 2000-2013.

Con respecto a lo anterior, surge el interrogante sobre los efectos que produce en la economía el deterioro del capital social antes expuesto. En primer lugar, la aparente incapacidad del Estado de hacer cumplir la ley de forma universal genera incertidumbre en torno a su posibilidad de garantizar el cumplimiento recíproco de los contratos efectuados entre agentes económicos (Ayala, 2005). Dicho temor se profundiza ante la falta de eficiencia de los tribunales del país, que presentan un índice de impunidad del 90% (Infobae, 2014) y el elevado nivel de corrupción y tráfico de influencias que se percibe (Transparencia Internacional, 2014).

Fuente: elaboración propia con datos de (CEPAL, 2015).

Gráfico 3: histórico del índice de desconfianza en las instituciones venezolanas durante 2005-2013.

Lo anterior trastorna la actividad económica en términos de confianza y la certeza del cumplimiento recíproco de los contratos establecidos entre los agentes económicos (Rivero, 1984), generando un difícil ambiente para negociar, como se demuestra en el retroceso que presenta Venezuela en el ranking según el índice de facilidad para hacer negocios (Doing Business) en el gráfico 4. Fuente: elaboración propia con datos de (CEPAL, 2015).

De igual modo, se genera un deterioro de la competitividad del país como se observa en el retroceso de la posición de Venezuela en el ranking según el índice de competitividad global presentado en el gráfico 5.

Adicional al deterioro de la confianza en el Gobierno, se asistió a la trivialización del derecho, las obligaciones, las normas y la polarización política e irrespeto entre los militantes, tanto opositores como oficialistas. En la misma línea, la intensa polarización de la opinión pública y el sesgo de los medios de comunicación generaron interrupciones en el flujo de información que llenaron a la ciudadanía de datos parciales e incompletos, así como de especulaciones malintencionadas.

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Gráfico 4: evolución de la posición de Venezuela en el ranking mundial según el índice de facilidad para hacer negocios (Doing Business) durante 2007-2015.

Gráfico 6: evolución de las exportaciones de bienes y servicios no petroleros de Venezuela durante 2000-2013 a precios constantes en dólares de 1997.

Fuente: elaboración propia con información de (Datos Macro, 2015).

Fuente: elaboración propia con datos del (Banco Central de Venezuela, 2014).

Gráfico 5: evolución de la posición de Venezuela en el ranking mundial según el índice de competitividad global durante 2007-2014.

Gráfico 7: evolución de las exportaciones de bienes y servicios no petroleros de Venezuela durante 2004-2013 a precios constantes en dólares de 1997.

Fuente: elaboración propia con información de (Datos Macro, 2015).

Por otro lado, la violación de los derechos de propiedad genera inseguridad sobre el recibimiento efectivo de los retornos a la inversión, lo que contrae las iniciativas de inversión privada nacional y extranjera (Castillo, 2014) y reduce la dinámica de formación bruta de capital en el sector no petrolero, la competitividad y productividad nacional (Rangel, 1984), como se observa en la caída de las exportaciones no petroleras de Venezuela, principalmente desde el año 2005 en los gráficos 5 y 6.

Fuente: elaboración propia con datos del (Banco Central de Venezuela, 2014).

De igual modo, la falta de confianza en los medios de comunicación y el constante bombardeo de información sesgada genera que los costos de la información veraz se eleven y, por tanto, encarezcan y dilaten el proceso de toma de decisiones. Esto, sumado a la ineficiencia de las instituciones, la ambigüedad en sus acciones y la falta de autoridad provoca que en numerosas ocasiones el 72

Reflexiones sobre el capital social... emprendimiento y la inversión presenten mayores costos que beneficios y reduzcan el incentivo a la actividad económica. (Oliveros, 2014) (Muriel, 2008).

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Conclusiones Por los motivos antes expuestos se puede concluir que existe una estrecha relación entre la erosión del capital social venezolano, expresado en el deterioro institucional del país, y su menguante desempeño económico. Por lo cual se puede inferir la responsabilidad del Gobierno en la actual crisis económica, política y social del país, así como dudar de las reiteradas denuncias de conspiración internacional, al tiempo que se evidencia la necesidad de una renovación institucional que genere seguridad y confianza en el país y asegure el auge del emprendimiento, la inversión y la innovación. Del mismo modo, se hace indudable la necesidad de la separación de poderes y un liderazgo que cohesione a la sociedad y calme la intensa polarización e inestabilidad a la que se enfrenta el país.

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