RAZONES Y DILEMAS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN GUATEMALA Álvaro Velásquez1

1. Antecedentes Fue el 31 de mayo, día del 27 aniversario de la Constitución Política de la Republica guatemalteca, que el Presidente Otto Pérez Molina lanzó la iniciativa de reforma constitucional como un paso obligado en el proyecto de Reforma del Estado que días antes había lanzado al ruedo del debate público. En su discurso ante el hemiciclo del Congreso de la República se mostró favorable a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC); sin embargo, la aparición posterior del ex presidenciable Manual Baldizón del Partido Líder, cuya bancada cuenta con 27 curules, lo que lo convierte en el principal partido de la oposición, haciendo público su apoyo a la reforma constitucional y a la convocatoria de una ANC, habría hecho que la mayoría de los asesores del Presidente, le aconsejaran se decantara por proponer mejor reformas puntuales y proponerlas a aprobación –o rechazo- en una Consulta Popular, conforme a los Artículos 280 y 173 de la Constitución. Lo que fue en sus inicios una propuesta osada y orientada a refundar el Estado guatemalteco, con un solo movimiento mediático del Dr. Baldizón la hizo virar a un proceso mucho más limitado, sin dejar por ello su altas implicaciones políticas, económicas y sociales, aunque circunscrito al juego de fuerzas dentro del Congreso. Sin, embargo, y considerando todo ello, lo que parece no estar en discusión es la conveniencia de las reformas constitucionales, dada la decisión gubernamental de impulsarlas, aunque en medio de ello está el tema de las reformas propiamente tales: ¿cuales artículos reformar y en qué sentido? Son asuntos que preocupan a cualquiera, porque siendo la Constitución un contrato político, cualquier reforma a la misma lo que revela es la correlación de fuerzas políticas y económicas del momento; he ahí la preocupación por lo que se produzca, ¿a quién beneficiarán las reformas? Del análisis de estas tres variables se compone este ensayo. 2. ¿Reformar o no reformar? el dilema de siempre. Cada vez que se discute un proceso de reforma cualquiera, pero especialmente de la Constitución, la discusión se divide entre los que están a favor o y los que están en contra de una ANC, que parece estar afincado en el atávico temor a la soberanía 1

. Investigador del Área de Estudios Sociopolíticos de Flacso. Este ensayo, fue publicado en la Revista Diálogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sede Académica de Guatemala. No. 42, Extraordinario, del 17 de junio del 2012.

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popular en acto o en el manejo mediático que el bloque en el poder pueda imponer para elegir sus constituyentes. Pero sobre esto último se volverá más adelante. Entre los que están a favor o en contra de las reformas se parte de elementos de sentido común, entre lo que sobresale: A. Los que están en contra argumentan la defensa del texto, arguyendo que la Constitución se basta sola, que los cambios habría que hacerlos en leyes secundarias. B. Los que están a favor defienden el contexto, es decir, modernizar al Estado –a sus órganos- para volverlo más eficaz. El formalismo de los primeros siempre les hará desconfiar del contexto y de sus movimientos. Los primeros dicen: “la ley es buena”, “hace falta más bien que ésta se cumpla”, “la Constitución no es la culpable”; por ende, lo que en su lógica haría falta sería, en lo político, la posición firme de una autoridad que la imponga y, en lo social, la internalización –mediante la fe o la educación- de la ley. Por tanto, los más moderados de esta corriente insistirían en que lo que “hace falta es que el pueblo conozca sus leyes”, para lo cual serían suficientes campañas masivas que promovieran el conocimiento de la Constitución y sus leyes, logrando así que la gente haga valer sus derechos. En cambio, los que ponen el énfasis en el contexto señalan que las fallas son sistémicas, argumentando que lo que hay que hacer es “modernizar la arquitectura institucional y sus procesos” y “ajustarla a la realidad”. Dependiendo de la profundidad que a esa modernización de la arquitectura institucional quiera darse, es evidente que los primeros pueden tener razón. Por ejemplo: muchos de los cambios que el gobierno propone, relativos al modelo electoral, ya se han venido discutiendo por ejemplo, en las Consultas Ciudadanas de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, y por tanto no habría que botarlo, por ejemplo, lo relativo al fortalecimiento público del sistema partidario, algo a lo que el Presidente Pérez se ha mostrado favorable. Sin embargo si lo que se quiere es “transformar” el modelo electoral de representación de minorías por uno completamente uninominal bautizar la americanización de facto de nuestro régimen y eliminar el Listado Nacional o cambiar el Art. Artículo 139 constitucional correspondiente al tema de las Interpelaciones, entre otras que abarcarían los ámbitos fiscales y presupuestarios de la Nación, entonces sí haría falta reformas constitucionales; pero entonces ya no estamos hablando de reformas de ajuste sino de cambios de modelos, con respecto a la Constitución heredada de 1985. Es decir, estamos ante un cambio político con orientación definida. 2

Así que desde el momento en que la intención del actual gobierno deja de ser un asunto de ajustes meramente administrativos, para convertirse en un proyecto político-económico para configurar el Estado para las próximas décadas hay que preguntarse, como ya se dijo antes, ¿a quién beneficia tales cambios?, ¿quién las impulsa?, y si ¿hay suficiente debate y participación ciudadana para que sus propuestas sean aceptables y legítimos? Las democracias no rehúyen los cambios constitucionales. Aquellos países con textos constitucionales modernos tienen establecidos los mecanismos formales para que los ajustes constitucionales sean periódicos, ordenados y pacíficos, al tiempo que éstos pueden darse cada diez o quince años; pero los países que carecen de sistemas políticos modernos recurren a los golpes de Estado, en América Latina mayoritariamente a la derecha por ser de carácter conservador en defensa del status quo, o a revoluciones, generalmente de izquierda porque intentan modificar profundamente ese estado de cosas. En la historia guatemalteca las Constituciones han durado poco, sufriendo a cada diez o quince años modificaciones sustantivas o aprobándose nuevas que en la práctica modificaron poco. Con la Constitución vigente, si bien se acepta que ésta fue ideal para salir de un atolladero de legitimidad, tras la larguísima oscuridad de las dictaduras militares en las que los derechos y libertades fundamentales estuvieron conculcadas, no se profundizaron modificaciones en la correlación de fuerzas basadas en el poder económico. Asimismo, el procedimiento empleado para promulgarla fue audaz y eficaz y en ello consiste su legitimidad actual: la Asamblea Constituyente de 1984, aunque restringida política e ideológica en su entorno, actuó con relativa independencia a su interior. Su legitimidad electoral fue alta (85%), aunque los factores de poder real, Ejército y Sector empresarial organizado, hicieron sentir su peso en el texto. Por eso mismo, la democracia vigente surgida de aquella gesta, necesitaría ser relegitimada en nuevo contexto de libertad, a través de un nuevo proceso refundacional. Con todo, se acepta que las condiciones políticas han cambiado: la globalización por un lado, la firma de la paz por otro, y el sumergimiento de la democracia en una especie de “fraude ideológico” (con respecto a su espíritu original) hace que unos y otros de los bandos en debate estén de acuerdo con que hay que actualizar el texto constitucional, así como el proyecto de nación que lo sustenta. En resumen, los sectores organizados que tradicionalmente se oponen a una reforma constitucional, son el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON) y la Asociación de ex Constituyentes, cuya naturaleza es precisamente defender el texto vigente. En cambio, entre los que apoyan las reformas, su preocupación se centra

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sobre el tipo y carácter de las reformas que se pretenden hacer, porque de éstas se infiere el rumbo que el país podría tomar. Hay que advertir, no obstante, la carencia actual de propuestas de los sectores “progresistas” y subalternos. Todas las propuestas existentes han sido promovidas por sectores ligados al stablishment y aquellos que a última hora se han propuesto como la del Bloque Líder, que incluye la vía democrática de la ANC, sus propuestas no son tan democráticas, al impulsar el voto uninominal, la reducción de derechos para los menores de edad, reducción del tamaño del Congreso y elitizar las candidaturas al Congreso (exigiendo solo profesionales universitarios) 2. Entre otros. ¿Asamblea Constituyente o no? Contra la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo fundante de la República y la democracia ha habido en Guatemala un miedo atávico, se puede decir que es un temor conservador contra la soberanía popular por parte de los grupos de poder. Al que suelen sumarse, por otros motivos, más coyunturales, los temores de grupos de las capas medias contra la clase política corrupta. Pero en lo que respecta a los grupos tradicionales de poder, aquellos que rastreados cronológicamente por apellidos y en su ramificación de actividades económicas e influencias en partidos políticos, medios de comunicación o en los cargos los públicos de distintos gobiernos, bien cabría identificarles en la categoría formulada por Antonio Gramsci, el filósofo político italiano del siglo pasado, que denominó: “el bloque histórico en el poder”3, es decir aquella fracción o fracciones de las elites dominantes social que retienen el poder de un Estado, con pocos mecanismos para permitir una mayor circulación de otras elites, y otros imaginarios sociales. En ella se incluyen miembros de la aristocracia financiera, y elites militares, religiosas y políticas que a veces se traslapan en sus espacios de intersección pública. Y pasa que el actual bloque histórico en el poder es el mismo que logró retomar el poder institucional en 1993 y con sus reformas constitucionales de 1994, el que produjo un conjunto de cambios que les favorecieron y crearon un régimen económico de Estado y un régimen de circulación electoral regido por al mercado y no por razones de Estado, en el sentido clásico del término. El tipo de Estado que tiene la nación guatemalteca no solo es hija de su tiempo sino de sus principales grupos de poder económico, político, militar, con sus respectivos dictadores de turno. Mejor dicho, las cuestiones del poder lo han decidido los poderosos. Aquí la democracia ha sido excepcional y el método por excelencia de

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Ver: Reformas Riesgosas, en: Prensa Libre, 10/06/2012 Antonio Gramsci: Cuadernos de la Cárcel ([1975], 1999); México, ediciones ERA. 4

fundación democrática que son las Convenciones Constitucionales (i.e. la ANC), han sido más bien formales que reales. Así que aquellas ocasiones en que se terminó realizando una Asamblea Constituyente en Guatemala fue sólo por dos razones: a) o se estaba bajo control militar (como en los casos de 1955, en época del gobierno de facto de Carlos Castillo Armas, o en 1984 con el también gobierno de facto de Oscar Mejía Víctores); o, b) fue producto de revoluciones sociales, como en los casos de 1874, tras la revolución liberal de justo Rufino Barrios o la experiencia de 1944, tras la revolución democrática contra Jorge Ubico. Cabría añadir que fue también una ANC la deshizo el pacto criollo-iturbidista en 1824, el que dio lugar a una Federación Centroamericana más republicana, liberal y federativa. Dicho lo anterior, se podría decir que con el gobierno del Presidente Pérez Molina, un gobierno considerado de centro-derecha, donde los intereses empresariales y militares tradicionales están cómodos, y que muestra una continuidad de modelos con respecto a los gobiernos de Álvaro Arzú (1996-1999) y Oscar Berger (2004-2007), la certeza por una reforma constitucional no deriva únicamente de exigencias de coyuntura frente a los desafíos de la oposición, sino de lograr en una rápida movida política, para profundizar un determinado proyecto económico y de gestión pública, que asegure sus intereses y tasas de ganancia, insertándose en el mercado internacional vía el extractivismo minero. En esa lógica, la ANC no tendría cabida. De hecho, con el tema de una ANC, la Constitución vigente es tremendamente ambigua, conservadora, en su redacción. En efecto, el constituyente redactó en el acápite relativo a los mecanismos de reforma a la Constitución (Título VII, Capítulo Único) el artículo 278, contradictoria consigo misma, al consignar la validez de una ANC solo en un extremo marginal, solo para cuando se quiera modificar lo relativo a la parte dogmática: i.e. los derechos individuales y humanos del texto constitucional, lo cual parece un contrasentido. Veamos. Art. 278. Asamblea Nacional Constituyente. Para reformar éste o cualquier artículo de los contenidos en el Capítulo I del Título II de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente (…) Pero si el Capítulo I del Título II de la Constitución vigente se refiere a los derechos individuales, contenidos en los artículos 1 al 46, que van desde los derechos fundamentales, pasando por los derechos humanos, los cuales sería absurdo modificar, excepto para conculcarlos. Pareciera que el constituyente dijera: “el extremo mecanismo de una ANC solo podría convocarlo una dictadura para revisar los derechos individuales”. O dicho de otro modo: “sólo irás al médico, si estás muerto”. 5

Es decir, cualquier decreto de convocatoria tendría que especificar de manera taxativa, cuáles de los Artículos del 1 al 46 debería ser modificado por una ANC. No obstante ello, el breve texto del mismo Artículo citado deja abierta una rendija doctrinal, es decir, una ANC no puede ser prohibida de antemano: porque señala que una vez convocada la ANC es para: “Para reformar éste (…) artículo” significa una ANC podría reformar este mismo artículo (278) y a partir de allí decidir cuales otros artículos constitucionales no contemplados en el decreto de convocatoria, deberían ser modificados. Es este punto en el que se quiebran la cabeza los juristas, y lo que les que le causa desosiego a las élites. Con todo, el que una iniciativa de ANC pase en el Congreso, esto es, que se apruebe, solo va a ser posible si el Gobierno la presenta, pues aunque la oposición política o la sociedad civil lo quieran, la fuerza mayoritaria de 105 votos en el Congreso solo la puede articular el Gobierno, como ya lo ha demostrado en los últimos meses. Cabe deducir que si el gobierno llegara a adoptar el mecanismo de una ANC sería una muestra de independencia con respecto a los poderes reales, muy probablemente movido por expectativas reelecionistas y por eso mismo no parece viable 3. ¿Cuáles Reformas? Mario Fuentes Destarac, destacado jurista cercano a los grupos empresariales organizados y de quien se dice tuvo mucha influencia en las reformas constitucionales de 1993-94, públicamente mostrado como uno de los principales asesores del Presidente Pérez en este tema, ha revelado sus propias preocupaciones, que pueden ser atingentes al grupo económico en el poder: en un primer artículo señaló que el objetivo de una próxima reforma constitucional tenía que ser “no caer en las fauces del populismo autoritario” (elPeriódico, 28/5/2012); una semana después en su columna habitual añadió sin rubor: “La democracia está en riesgo y los cambios se imponen.”4 Para luego dar a conocer su programa de cambios: (i)

La profundización de la democracia representativa; (ii) La renovación del sistema de partidos; (iii) El fortalecimiento del sistema de justicia y seguridad; (iv) El servicio civil basado en el mérito; (v) La institucionalización del sistema de control, transparencia y rendición de cuentas; (vi) La disciplina fiscal, el control de la discrecionalidad y el equilibrio presupuestario; (vii) El gobierno local participativo y eficaz; y (viii) La delimitación del antejuicio” (elPeriódico, 4/6/2012).

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“Los cambios se imponen.” Es una frase que puede ser interpretada de manera ordinaria: los cambios deben ser impuestos con autoridad, o bien, podría ser interpretado como: los cambios se sobreponen solos al margen de nuestra voluntad, en ambos sentidos se revela la urgencia en favor de un programa de cambios que tienen que aprovechar esta coyuntura, este lapso de gobierno.

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Por otro lado, en una nota de prensa que cita al Presidente Otto Pérez y a otros de sus funcionarios se afirma: “(…) reformas a la Corte de Constitucionalidad en cuanto a los períodos de funciones de los magistrados, eliminar la figura de los suplentes y renovar el pleno de manera parcial. En la Corte Suprema de Justicia habría cuatro consejeros electos y se propone un período de nueve años, mientras que para el presidente, de cinco años, en vez del actual por un año. Tres magistrados tendrían relevos cada tres años. Dotar de autonomía a la Contraloría General de Cuentas, a través de una dotación de fondos. [Eliminar] el listado nacional de diputados, ya que la elección de estos, la de gobernadores y concejales sería uninominal. Que el fiscal general sea elegido por el presidente, así como darle rango constitucional al Tribunal Supremo Electoral. (…) la reforma fiscal apunta a quitar los candados al presupuesto. Eso podría implicar cambios en los aportes del Gobierno a la Universidad de San Carlos, municipalidades, deporte y educación. También se busca que el Congreso no modifique la propuesta de presupuesto del Ejecutivo. Situación de algunos órganos de control (Contraloría General de Cuentas) y régimen electoral pasar al Tribunal Supremo Electoral a rango constitucional. Tampoco se descarta que se quiera introducir el equilibrio presupuestario pro-cíclico, como un mecanismo para evitar déficit público y reformas fiscales eventuales. Se ha hablado además de la descentralización política y fiscal hacia los departamentos de la República. Es decir, el Gobierno y sus asesores tienen claro su proyecto y su programa. Al resto de la sociedad le queda solo reaccionar defendiendo lo que se considere defendible o proponer lo que se considere pertinente. Contra este proyecto se resienten dos ausencias: 1) la falta de propuestas provenientes de sectores subalternos y 2) la inviabilidad de una ANC donde otros sectores sin voz se hagan oír y sentir en cualquier reforma del texto constitucional. Porque es inevitable deducir que en la eventualidad de una Consulta Popular, donde el Congreso de la República ha aprobado previamente el paquete de reformas gubernamentales, el gobierno mismo se implicará en la promoción del SI a las mismas, con lo cual tendría el triunfo asegurado. Eso fue lo que le faltó a la propuesta de reformas constitucionales de 1999, que el Gobierno de A. Arzú no quiso implicarse. 4. ¿Quiénes participan ahora? De lado del gobierno, entre los asesores presidenciales que los medios de prensa han dado a conocer para impulsar este tema están: Eduardo Stein; Gustavo Porras; Edgar Gutiérrez; Fernando Carrera; Mario Fuentes Destarac; Pavel Centeno. También se ha mencionado a doña Raquel Zelaya y a Richard Aitkenhead. Todos son o han sido 7

funcionarios públicos, especialmente en los gobierno de Álvaro Arzú, Oscar Berger, o con el actual Presidente Otto Pérez. Entre los mencionados se considera que hay un equilibrio ideológico y de variados intereses políticos, académicos, o empresariales. Pero de los sectores más cercanos al gobierno, se puede considerar que están próximos al stablishment y por tanto más alejados de los intereses populares o de las visiones redistributivas, como tampoco defensores de la universalización de la democracia. Pero hay dos sectores más que ya antes han presentado propuestas. Tal es el caso de los sectores académicos que juntos presentaron una propuesta de reforma constitucional en el 2011, siendo estos las universidades Rafael Landívar y de San Carlos de Guatemala5 y ASIES Estas tres instancias cabildearon en el Congreso de la República una propuesta que la junta de Jefes de Bloque de la legislatura anterior hizo suya en 2011, sobre aspectos del sector justicia y seguridad. Aunque la misma fue rechazada mayoritariamente en las Audiencias Públicas que abrió la Comisión de Puntos Legislativos y Asuntos Constitucionales del Congreso de la república, goza de la simpatía del actual gobierno. Esto último ha sido recordado por el columnista Alfred Kaltschmit6, quien alega que no se vale retomar dicha propuesta sin antes no considerar la propuesta de ProReforma. Los promotores de ProReforma también se han dado a la tarea de revivirla, alegando que solo la suya garantizaría tasas de crecimiento económico superiores al 10 del PIB. Así Ramón Parellada, Presidente del Centro Estudios Económico Sociales (CEES) 7. Otros sectores han estado fuera del debate, al menos en su primera fase: entre éstas la izquierda organizada, el movimiento social, las expresiones de los pueblos indígenas, y otros sectores académicos, etcétera. Respecto de los partidos políticos solo el Partido Líder está en favor de una ANC aunque con unas propuestas no precisamente democráticas. Asimismo, el recién surgido partido Movimiento Nueva República (MNR), también hizo lo propio cuando salió a luz pública a inicios de junio, inclinándose por la vía de una ANC. No presentó propuestas.

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Es necesario anotar que si bien es posible que las altas autoridades de la URL compartan el contenido y forma de la propuesta, esto no puede decirse respecto al Consejo Superior Universitario de la USAC, por lo que bien puede ser posible que, puestas en discusión, sectores importantes de ésta los adversen. 6

Cf. Alfred Kaltshmitt: El Péndulo de la http://prensalibre.com.gt/opinion/pendulo-reforma_0_713328683.html 7

Reforma,

Cf. Ramón Parellada: Modernización del Estado, en: http://www.s21.com.gt/hacialibertad/2012/06/07/modernizacion-estado 8

en:

CLASIFICACION SUGERIDA DE LAS PROPUESTAS DE REFORMA ENTIDAD CONSORCIO (URL/USAC/ASIES PROREFORMA

BLOQUE LIDER

GOBIERNO

TEMAS Parcial: Seguridad y Justicia. Total. Preeminencia del derecho privado.

MECANISMOS Consulta Popular

Soberanía de la minoría. Parcial. Retroceso en materia de derechos individuales y democráticos. Parcial: Reforzar modelo neoliberal.

Consulta Popular

ALCANCES centristaconservador. Liberal-Minárquico

Asamblea Constituyente

Populistaconservador

No se ha decidido.

Conservador-Liberal (sincrética)

(Aunque muy probablemente Consulta Popular)8.

(Rescata principios del Consorcio, y de Pro-Reforma y sus propias preocupaciones de coyuntura y de los intereses del poder económico).

Elaboración propia.

¿Reforma o acomodamiento del Estado y de la democracia? Pocos dudan que el Estado y la democracia guatemalteca necesiten ajustes, reformas, y por tanto la iniciativa del gobierno, en la medida que las iniciativas de los gobierno en general gozan de mayor viabilidad política, ha sido recibida con el beneficio de la duda. Las inquietudes son, no obstante, sobre el tipo de reformas que se pretenden. Sin embargo estas propuestas se insertan en una coyuntura caracterizada por una triple coincidencia de factores: 1. Necesidad del bloque histórico en el poder de reforzar el modelo económico: hacia lo que se podría denominar “un neoliberalismo agresivo” (pendiente de caracterizar para otro momento), donde el extractivismo de recursos naturales se torna central junto con el minimalismo presupuestario y fiscal.

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El lunes 11 de junio, el Presidente Otto Pérez anunció que una ANC “se veía lejos”, a lo que rápidamente sectores conservadores cantaron victoria, dado que eso evitaba que una eventual ANC se declarara “soberana”. Compárese, el Editorial del diario Prensa Libre del día 13 de junio.

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2. El estilo autoritario del actual gobierno junto con el aumento de los conflictos sociales, obliga a un fast-track de reformas de conveniencia para este o el próximo año. 3. Aumento del desencanto ciudadano con la democracia y la clase política. No le ven resultados y se comprueban que la corrupción y el nepotismo son parte de la administración pública. Hay exigencia de cambios. Aunque la correlación de fuerzas hacia una democracia extensiva es desfavorable. En efecto, la democracia surgida con la Constitución de 1985 exigía, cual automóvil de carreras (un Lamborghini, por ejemplo), una autopista de lujo (o sea, un Estado fuerte), porque la democracia cuesta. Sin embargo, sucesivos cambios a la Constitución y reformas legales redujeron capacidades al Estado en materia de recursos públicos (energía, frecuencias radiofónicas, minería, crédito público, etcétera) impidiendo además la aprobación de leyes fundamentales como la ley de desarrollo de comunidades indígenas o la ley de antimonopolios, junto con la paulatina “americanización” de la política electoral (dominada por el rentismo plutocrático), lo que ha hecho que el Estado sea más que una autopista: un camino de terracería. Esto ha provocado no sólo una democracia descompuesta sino una Constitución traicionada, especialmente tras los cambios –constitucionales y de políticas privatizadoras- de 1994, por parte de los grupos tradicionales y no tradicionales de poder. Así que si bien, los objetivos puramente sistémico-funcionalistas de la reforma constitucional sean pertinentes, estos no ocurren ni en el vacio histórico ni en un vacío de poder, al contrario, ocurren en una coyuntura de máximo triunfalismo o desesperación del bloque dominante. 5. Conclusiones. La iniciativa de reforma constitucional del gobierno es positiva en tanto y cuanto las democracias necesitan oxigenarse y los Estados coincidir con el dinamismo de la sociedad, logrando que la norma refleje la realidad. Aquellos sectores que quedan fuera del pacto siempre cuestionarán la legitimidad de los cambios, de modo que el mayor y pluralista consenso es necesario y exigible. En el sentido indicado, las conclusiones preliminares de este debate podrían reducirse a las siguientes. 1. La reforma constitucional va, porque es una iniciativa de gobierno tendiente a asegurar un determinado proyecto económico y político, a sabiendas de que estos cuatro años son claves para profundizar el rumbo del Estado alcanzado tras las reformas constitucionales de 1994, es decir un modelo re-orientado al mercado.

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2. Una ANC sería la única forma de que sectores excluidos se hagan oír ante la avalancha de reformas provenientes del stablishment, pero esto exigiría un Decreto de implica convocatoria amplia (que incluya comités cívicos) y una Ley Electoral reformada que garantice el pluralismo político y social en su integración. Por esto mismo, cabe pensar que se vuelve inviable en sí misma. 3. No existe al momento un movimiento social y político alternativo que esté exigiendo una ANC, al contrario, el consenso conservador anti ANC es abrumador. Por tanto es lógico pensar que hasta que no exista una correlación de fuerzas diferente a la actual o un movimiento de “encabronados chapines” juveniles, difícilmente la democracia cobrará un sentido más allá de lo procedimental. 4. Si, tal como se adivina, el gobierno manda al Congreso su propio paquete de reformas, éste lo pasará integro a Consulta Popular para un SÍ o un NO, sin que para ello haga falta reformar en nada la LEPP, y porque el paquete gubernamental de reformas constitucionales llevaría en su texto, la sustitución del régimen electoral de corte proporcional que tenemos por otro de corte mayoritario, consiguiendo por fin la sanción a la “americanización” de nuestro modelo electoral. 5. Mientras tanto, los sectores que todavía no están participando podrían generar foros, espacios y redes para generar debates sobre los alcances y contenidos de una reforma constitucional. Vale la pena conocer lo relativo a las partes dogmática, orgánica, procesal y de mecanismo de reforma que están contemplados en la Constitución vigente, a fin de estar listos a los detalles. Solo una conciencia ciudadana informada y crítica tendrá mejores actuaciones para cuando las reformas pasen a discusión, ya sea en una ANC o una Consulta Popular.

Guatemala junio 2012

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