CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR / PROGRAMA POR LA PAZ

PROYECTO DE INVESTIGACION

“INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y EVOLUCION DE SU PROTESTA”

INFORME FINAL

EQUIPO Mauricio Archila (coordinador académico) Alejandro Angulo Álvaro Delgado Martha Cecilia García Luis Guillermo Guerrero (coordinación operativa) Auxiliares Leonardo Parra Diego Laverde

Bogotá, D.C., 15 de septiembre de 2010

INDICE INTRODUCCIÓN Hipótesis de trabajo y partes del informe Categorías de la investigación Primera Parte: LAS FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep Segunda Parte: TENDENCIAS DE LAS LUCHAS SINDICALES Y LA VIOLENCIA CONTRA LOS SINDICALISTAS (1984-2009) Contexto y dinámica general Análisis por subperiodos Dinámicas regionales y sectoriales La violencia y otros factores de debilidad sindical Análisis estadístico

Página 1 1 3 12 12 21 39 39 66 82 106

Tercer Parte: CASOS EJEMPLARES Sector bananero Petroleros Sector cementero Sector palmero Bebidas y alimentos Salud pública El magisterio

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CONCLUSIONES

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RECOMENDACIONES

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BIBLIOGRAFÍA

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ANEXO 1: Categorías del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep ANEXO 2: Categorías de la Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep ANEXO 3: Análisis estadístico de la relación entre Violencia Sindical y Protesta Sindical (Cerac)

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INTRODUCCIÓN “Para colaborar al fortalecimiento y protección del movimiento obrero, esta investigación buscará conocer las modalidades de violencia contra los trabajadores sindicalizados, analizar la dinámica de la protesta sindical en el país y documentar casos que ilustren el impacto de la violencia sobre sectores sindicales diferenciados según actividad y ubicación geográfica”.1 Hipótesis de trabajo y partes del informe En cumplimiento de tales objetivos, en esta investigación nos planteamos la siguiente hipótesis central: la violencia contra los trabajadores sindicalizados – independientemente de sus generadores y de sus móviles–, además de ser una constatación dramática de la crisis humanitaria que vive el país en los tres últimos decenios, termina produciendo el debilitamiento del sindicalismo, y en algunos casos su aniquilación.2 Por supuesto que este proceso está acompañado de otros factores globales y nacionales que debilitan el sindicalismo en Colombia, derivados del modelo aperturista que afecta la capacidad productiva industrial y agropecuaria e informaliza más la economía nacional, junto con la desregulación y flexibilización de la fuerza de trabajo –políticas que se articulan en lo que comúnmente se conoce como “neoliberalismo”–.3 Pero la violencia contra los trabajadores sindicalizados es determinante en la debilidad de nuestro mundo del trabajo, especialmente desde mediados de los años 80 para acá.

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Objetivo de la investigación “Incidencia de la violencia contra los trabajadores sindicalizados y evolución de su protesta”, acordada con Pnud desde el inicio, en octubre de 2009. Como objetivos específicos se estipularon los siguientes: 1.1 Estudiar las formas de persecución que, entre 2000 y 2008, atentaron contra la vida, integridad personal y libertad de los trabajadores, particularmente los sindicalizados. 1.2 Analizar la protesta sindical en Colombia entre 1975 y 2008 ponderando la mutación de los motivos de las luchas de los asalariados, de demandas más economicistas a la reivindicación de sus derechos. Igualmente se mirarán denuncias públicas, actos institucionales, propuestas y la repercusión de la protesta en la opinión pública nacional e internacional. 1.3 Ilustrar con estudios documentados cómo la violencia ha golpeado a ciertos sectores sindicales que abarcan distintas actividades económicas y formas de propiedad –privada y pública–, y se ubican en espacios geográficos estratégicos, entre los cuales se cuentan los bananeros de Urabá, los trabajadores de palma aceitera y de alimentos y bebidas, los cementeros del Magdalena Medio, los petroleros, el magisterio público y los asalariados de la salud pública. La modificación del periodo (1984-2009) fue acordada posteriormente de común acuerdo con los centros participantes. 2 En términos metodológicos esta es una hipótesis para una explicación histórica de tipo cualitativo que busca relacionar la violencia contra los sindicalistas y las luchas sindicales. A lo largo de este informe la hipótesis se va mostrando o ilustrando tanto en el análisis de las tendencias generales como especialmente en los casos ejemplares de los siete sectores sindicales abordados. No obstante, aunque la demostración de una causalidad estadística no era el propósito de esta investigación –según los términos pactados con Pnud–, realizamos un ejercicio econométrico con ayuda de Cerac para ver la validez cuantitativa de nuestra hipótesis, ejercicio que se resume al final de la segunda parte de este informe y se detalla en el anexo 3. 3 En la siguiente sección de esta introducción aportamos la definición de categorías clave de la investigación, como la de “neoliberalismo”.

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Es evidente que esa violencia contra los trabajadores sindicalizados adquiere rasgos particulares, de acuerdo con los diversos subperiodos de análisis y los contextos socioeconómicos y políticos regionales, como se verá en los siete casos ejemplares que se estudiarán: bananeros, petroleros, cementeros, palmicultores, bebidas y alimentos, salud pública y magisterio. Pero en general toda esa violencia suele ocurrir con más intensidad en los momentos y sectores en donde hay más actividad sindical contenciosa, en especial cuando se acude a la huelga. Concomitantemente, será menor cuando dicha actividad decrece, pues en parte ha cumplido su objetivo de debilitar al sindicalismo. Así lo constatamos al observar que la violencia contra los trabajadores sindicalizados, tanto en el plano nacional como en los siete sectores específicos que estudiamos, parece incrementarse en los momentos de auge de la lucha sindical, articulada muchas veces a la popular. Y la respuesta violenta es más dura –masacres y asesinatos selectivos– cuanta más fuerza independiente hayan desplegado los sindicatos. De esta forma, áreas clave de la economía y de la sociedad han sido afectadas por esta perversa expresión violenta, que también cierra las posibilidades de una ciudadanía plena en el país, pues sin sindicalismo no solo los derechos sociales y económicos se debilitan sino que los civiles y políticos se ven amenazados. Para mostrar esta hipótesis desarrollaremos el presente informe en tres partes. La primera se centra en las fuentes que el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) ha utilizado para esta investigación y que comprenden tanto sus propias bases de datos –de Derechos Humanos y de Luchas Sociales– como las series de información ofrecidas por otras instituciones, que detallamos más adelante. En el caso de las bases de datos propias explicamos la metodología y las fuentes que cada una utiliza y las comparamos con bases de datos similares referidas a Colombia y al conjunto de países latinoamericanos. La segunda parte pretende analizar las tendencias nacionales, tanto de la violencia contra los sindicalistas como de las luchas sindicales a lo largo del periodo 1984-2009, e intenta relacionar, hasta donde sea posible, las dos expresiones en términos temporales y espaciales. Para ello se acude a análisis cualitativos y cuantitativos por subperiodos y a georrefenciar en mapas la información de nuestras bases de datos, en un ejercicio descriptivo y a la vez analítico. La tercera parte confronta las tendencias generales observadas en la protesta sindical y la violencia contra el sindicalismo con casos representativos de sectores sindicales afectados por ese problema. El análisis cualitativo de tales casos ejemplares pretende documentarlos a partir de información suministrada por las bases de datos propias, el archivo de prensa del Cinep y la literatura secundaria. Los sectores seleccionados son: bananeros, petroleros, cementeros, trabajadores

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de la palma aceitera, trabajadores de las industrias de alimentos y bebidas,4 trabajadores de la salud pública y maestros. Los resultados de esta pesquisa se resumen en las conclusiones, de las que derivaremos algunas recomendaciones finales. Categorías de la investigación De acuerdo con los criterios propuestos por la Coordinación del Proyecto de Pnud y acordados con los centros de investigación participantes y los pares académicos, las dos categorías centrales empleadas en el presente estudio son: trabajadores sindicalizados y violencia ejercida contra ellos. Si bien la delimitación de la categoría trabajador sindicalizado está claramente expuesta en los criterios arriba referidos,5 conviene precisar qué significa hoy tal denominación en Colombia. El sindicato es una forma de organización de los trabajadores asalariados que surgió a comienzos del siglo XX y ha sufrido cambios a lo largo de una historia ya casi centenaria (Archila, 1991; Silva, 1998 y Cuéllar, 2009). No corresponde aquí hacer el recuento de su trayectoria histórica, sino señalar que el sindicalismo ha cambiado de acuerdo con las mutaciones de la sociedad nacional enmarcada en el devenir global. Un ejemplo basta para ilustrar lo dicho. Si bien la definición que se diera en la Ley 83 de 1931 se mantiene hasta el presente, en términos generales,6 con el tiempo se fueron precisando sus funciones y en el Código Sustantivo del Trabajo de 1950 se especificó que los sindicatos eran de cuatro tipos: de base o empresa, de rama industrial, gremiales y de oficios varios. 7 El mismo código consagró las condiciones para el ejercicio de la actividad sindical. Así, claramente prohibió la actividad política partidista de los sindicatos,8 cosa que fue rebasada en la práctica desde el Frente Nacional,9 para desaparecer en la Ley 4

Como se explicará en su momento, el sector de alimentos y bebidas será abordado en algunas empresas particulares, especialmente las multinacionales, que se han visto involucradas en denuncias sobre violencia contra sus trabajadores, como es el caso de Coca Cola y Nestlé-Cicolac. 5 Según los términos condensados por la Coordinación del Proyecto de Pnud, por “trabajador sindicalizado” se entiende “aquella persona que deriva el sustento individual o familiar de su propio trabajo (… y que está) afiliado a sindicatos”. En este punto es pertinente hacer la distinción entre sindicalista y trabajador asalariado en general, como nos solicitó la evaluadora argentina María Celia Cotarelo. El sindicalismo es una forma de organización del amplio mundo del trabajo y, aunque puede coincidir en sus tendencias históricas, no siempre es así. Por ello, bien puede suceder que el sindicalismo se debilite, pero los trabajadores asalariados encuentren otras formas de fortalecerse. Con esta aclaración en mente debemos recordar que esta investigación se centra en la trayectoria del sindicalismo colombiano de cara a la violencia en su contra. 6 “Se llama sindicato la asociación de trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad (…) constituida para el estudio, desarrollo y defensa de los intereses comunes de su profesión sin repartición de beneficios” (Ley 83 de 1931, Artículo 1º. Tomada de Silva, 1998, 258). 7 Artículo 373 del Decreto 2663 de 1950, citado en Silva, 1998, 318-319. 8 Artículo 396 del mismo Decreto, citado en Ibíd., 324. 9 Nos referimos no solo a la presencia en el parlamento de dirigentes sindicales como Tulio Cuevas, José Raquel Mercado o Gustavo Osorio, sino a intentos efímeros como el Movimiento Social y Político (Mospol), creado por Cuevas en la coyuntura electoral de 1970, que no obtuvo una

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50 de 1990, que fue ratificada por la Constitución de 1991 (Silva, 1998, 243). 10 Por tanto, hoy el sindicalista no tiene prohibida, al menos de manera formal, la participación en política, incluso partidista. Esta mutación legal, que consagra el proceso real, tendrá consecuencias cruciales para definir el contorno actual del sindicalismo, ya no circunscrito a meros asuntos reivindicativos sino proyectado a espacios políticos cada vez más amplios. Claro que no todos los sindicatos dan ese paso en forma igual, o incluso algunos no lo dan, lo que de paso sirve para afirmar que se trata de un fenómeno plural, para nada homogéneo o uniforme. Así lo entenderemos en este estudio cuando hablemos del sindicalismo. Un elemento crucial en la vida de cualquier sindicato, que valoramos altamente en esta investigación, es su autonomía con relación a los otros actores con los que interactúa: Estado, empresarios, ONG, partidos, sociedad en general y, en el caso colombiano, actores armados irregulares. Obviamente, partimos del supuesto de que los trabajadores sindicalizados no están aislados de la sociedad, pero para que puedan actuar en medio de las múltiples relaciones que encaran requieren contar con autonomía. Por ella entendemos la capacidad de proponerse fines propios y obrar en consecuencia, sin interferencias de los demás actores del mundo laboral con los que se relacionan los sindicatos. Estas organizaciones, como las demás del mundo social, cuentan con ideas y prácticas políticas e incluso sus dirigentes y bases pueden militar en algún partido. En ese sentido no son “apolíticas”; pero lo que la autonomía les permite es no caer en la manipulación o instrumentalización por esos partidos. La autonomía no es una situación pura ni estática, es resultado de la permanente disputa social y política; tanto se puede ganar como se puede perder.11 En ese sentido, la fortaleza de un sindicato no se mide solo por el número de afiliados, la posición estratégica del sector económico al que pertenece, las alianzas sociopolíticas que construya y los recursos económicos, organizativos y de comunicaciones de que disponga, sino también por contar con autonomía en sus diversas formas de actuar. En forma inversa, consideramos que hay debilidad del sindicalismo cuando se afecta alguno de los anteriores elementos, en especial su capacidad de acción autónoma. significativa votación. Por la misma veta habría que analizar los intentos de las izquierdas de orientar políticamente al sindicalismo. Al respecto, ver nuestras elaboraciones previas en Delgado, 2002; Archila, 2003 y Archila y otros, 2009. 10 La nueva Constitución se refiere a los sindicatos y asociaciones gremiales en estos términos: “Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado (…) La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos (…) Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías para el cumplimiento de su gestión” (Constitución Política de Colombia, Artículo 39, 1991). Allí no aparece la prohibición de la acción política, como ocurría hasta la Ley 50. Esto es más claro si se considera que el siguiente artículo de la Constitución se inicia con esta fórmula: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación y control del poder político…” (Artículo 40). 11 Algo similar tiene en mente Miguel Eduardo Cárdenas en su análisis del sindicalismo en los últimos 30 años, al señalar que entre 1974 y 1998 se pasó del control bipartidista a la autonomía política, la cual se ha debilitado posteriormente, sin desaparecer del todo (Cárdenas, 2006).

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Pues bien, el sindicalismo colombiano ha evolucionado y hoy no es el mismo de hace 50 o 90 años. El tipo de relaciones laborales, y en últimas de sociedad, sobre el que se apoyan los sindicatos da cuenta de su actividad. 12 En términos gruesos, podemos hablar de tres modelos de relaciones laborales en Colombia que han predominado, según los siguientes periodos históricos: a) en sus inicios – años 10 y 20 del siglo pasado–, cuando en el mundo del trabajo primaba una precaria institucionalidad, el sindicalismo colombiano no tenía reconocimiento legal y soportaba una especie de “capitalismo salvaje” con extensas jornadas de trabajo y salarios caprichosamente manejados por las empresas (Archila, 1991), las relaciones fueron –a falta de un calificativo mejor– “primitivas”; b) entre los años 30 y 80 el mundo del trabajo colombiano encaró nuevas relaciones modernas, o “fordistas”, asentadas en el empleo formal, la contratación colectiva institucionalizada y el reconocimiento sindical;13 c) finalmente, a partir de los años 90, en medio de la apertura económica y la desregulación laboral, que debilitan hondamente la actividad productiva industrial y agraria y flexibilizan la contratación de la fuerza de trabajo, tomaron cuerpo las formas de relación laboral llamadas “posfordistas”.14

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Coincidimos con Carmen Marina López en la centralidad de las relaciones laborales para el estudio de la dinámica sindical y en la forma como las define: “formas de intercambio contractual, de uso de la fuerza de trabajo, de las relaciones de poder y de legitimación y de demarcación y competencia entre capital y trabajo establecidas en el ámbito de la empresa” (López, 1999, 195). Pero creemos que las relaciones laborales trascienden el ámbito de la empresa para convertirse en formas de relacionamiento social acordes con los modelos de desarrollo. En ese sentido nos apartamos de su tipología y proponemos una más societal. 13 El fordismo, término acuñado por Antonio Gramsci para referirse al modelo industrial y de relaciones laborales implantado por el industrial Henry Ford en la primera mitad del siglo XX, ha sido desarrollado y difundido por la corriente de economistas heterodoxos franceses llamada Escuela de la Regulación, la cual postula que a toda forma de acumulación corresponde una de regulación. Así, el fordismo implicará una forma de acumulación apoyada en el consumo de masas –para lo cual es clave la extensión de la relación salarial– y una regulación estatal en áreas de bienestar, legislación social y protección industrial. Pues bien, a juicio del sociólogo francés Robert Castel, cercano a esa corriente de pensamiento, la relación laboral propia del fordismo requiere cinco condiciones principales: 1) separación entre los trabajadores activos y los inactivos para regular efectivamente el “mercado de trabajo”; 2) racionalización y tecnificación del proceso de trabajo; 3) acceso al consumo a través de un buen salario; 4) participación del trabajador en los bienes públicos y en la seguridad social; y 5) institucionalización del contrato colectivo de trabajo, que históricamente significó la consagración del derecho de asociación –sindicatos– y de negociación, incluida la huelga como un instrumento de presión. Hay otros rasgos secundarios, como cadena de montaje y medición rigurosa de tiempos, que, a su juicio, no son centrales a esta forma de relación laboral (Castel, 1997, 327-342). Para el caso colombiano resaltamos las tres últimas condiciones de lo que llamamos relaciones modernas o “fordistas” en el marco del modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) que predominó en América latina hasta los años 80. 14 El posfordismo, especialmente para la Escuela de la Regulación, es una respuesta a la crisis del modelo fordista puesta en marcha desde los años 70. Está acompañado de la desregulación estatal, la desprotección industrial y la apertura a las importaciones, el aumento del sector servicios y la mayor presencia de trabajadores de cuello blanco, entre otros factores. Para Alain Lipietz, uno de los teóricos de la Regulación, ante la crisis del fordismo se aboga por dos soluciones principales y no siempre complementarias: 1) La flexibilización de la máquina y del trabajador, es decir, del aparato técnico y de la contratación laboral. Esa es la nueva “regulación”, que se opone a la

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Aunque esta transformación de las relaciones laborales aparece como una tendencia de largo plazo, en las sociedades concretas no siempre se observa una evolución lineal de ellas (Castel, 1997, 328-329). Por el contrario, la superposición de varias formas de relacionamiento en el mundo del trabajo tiende a ser más frecuente de lo que se piensa. En efecto, en ciertas regiones, especialmente las que designamos como “enclaves extractivos”, se observa la pervivencia de las relaciones más primitivas, compatibles con las nuevas ideologías que buscan la desregularización del mundo del trabajo. Para nosotros el enclave extractivo15 es una forma de explotación intensiva de un recurso natural –agrícola o minero– de importancia para la economía global, en regiones que difícilmente se articulan a la nación y en donde la presencia del Estado está muy diferenciada: más intensa en términos de fuerza pública y menos visible en las instituciones reguladoras de la vida social. Un rasgo de este tipo de enclave consiste en que la extracción la adelantan grupos “externos” a la región respectiva. Históricamente, las empresas multinacionales cumplieron ese papel,16 pero hoy su actuación es llevada a cabo también por elites y empresas nacionales que se “implantan” en la región sin llegar a hacer parte de ella. En consecuencia, dichas regiones están marcadas por una profunda ambivalencia: son cruciales para la economía nacional y global, pero son excluidas de los beneficios de la sociedad nacional, que cubren desde la infraestructura hasta la institucionalidad y la cultura.17

“rigidez” del fordismo, lo que implica la flexibilización del contrato laboral y de todo lo que lo sustentaba, en especial el sindicalismo. Y 2) la participación activa del trabajador en el proceso productivo en medio de la aparente independencia en su actividad. Puede ser por medio de la adhesión a la empresa –según el modelo de la fábrica de autos Toyota– o también a un modelo más amplio para toda la sociedad –como parece ocurrir en los países escandinavos. El ideal posfordista es la adhesión individual del trabajador y su compromiso con la productividad del trabajo, sin mayor compromiso de los empleadores y del Estado (Lipietz, 1994). Por las dos vías pierden centralidad la relación salarial “fordista” y el trabajador productivo como tal –el obrero. 15 Según el Diccionario de la Real Academia Española (Drae), “enclave” es definido como “Territorio incluido en otro con diferentes características políticas, administrativas, geográficas, etc.”. Por eso es pertinente agregar el adjetivo “extractivo”, para precisar de cuál enclave hablamos. 16 Al respecto, ver el balance que hace Catherine le Grand (2006) de los estudios históricos en torno a los enclaves transnacionales, especialmente bananeros, en América Latina. La autora concluye su balance señalando que “en años recientes, la violencia en Colombia se ha centrado particularmente en regiones de explotación de recursos naturales con gran inversión extranjera (las regiones bananeras de Urabá y de Santa Marta, y áreas de petróleo, carbón, níquel, gas, explotación forestal y nuevos proyectos hidroeléctricos). La literatura se centra en por qué y cómo dichas regiones, que con frecuencia atraen importantes movimientos de colonización, son particularmente conflictivas; las respuestas ahondan en las formas que toman los conflictos por el control de los recursos naturales y los beneficios que de allí se derivan” (2006, 151). Este estudio pretende dar una respuesta a esos interrogantes. 17 En su estudio sobre la construcción de la nación, Margarita Serje señala acertadamente: “la fluctuación entre distintas lógicas que caracteriza la acción del Estado en sus territorios salvajes responde precisamente al juego entre la proyección y la reversión (…) La imaginación geopolítica del territorio que sustenta esta doble coerción es la base de un sistema de apropiación e intervención que se resume en la política de enclave: la forma de intervención que ha sido

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Obviamente, la discriminación hace que la economía de estas regiones no solo sea diferente sino que esos territorios mantengan unas relaciones sociales, políticas y culturales particulares que facilitan la existencia de un complejo entramado de poderes civiles y armados.18 Puesto que en esta investigación no vamos a profundizar en estas dimensiones,19 que no hacen parte de nuestro objeto de estudio, baste decir por ahora que en tales enclaves extractivos se viven condiciones laborales de aspecto “primitivo”, que parecen resistir a la modernización pero hoy se articulan con los nuevos ideales de desregulación del mundo del trabajo.20 En esas condiciones no es extraño que el factor laboral se entrecruce con el conflicto armado, con resultados nefastos, como ilustramos en los recuentos de casos ejemplares. En Colombia, como en casi el resto de América Latina, el segundo momento vivido constituyó la época de oro del sindicalismo, cuando creció notoriamente su afiliación y se conquistaron derechos civiles y políticos, al lado de sociales y económicos (Touraine, 1989 y Calderón, 1995). Si bien el tercer momento corresponde a un fenómeno global ocurrido en el marco de la imposición del neoliberalismo (Chomsky, 2008 y Seoane y Taddei, 2001),21 en Colombia adquiere privilegiada para integrar territorios salvajes a la nación, y con el mismo gesto al mercado mundial” (Serje, 2005, 210. Subrayados de la autora). También podría hablarse de “inclusión precaria”: a dichas regiones se las incluye como proveedoras de recursos naturales y de mano de obra barata, pero no se las reconoce como territorios que hagan parte de la sociedad mayor. 18 Tema desarrollado por Fernán González, Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez (2003) en su análisis sobre construcción de Estado y violencia. 19 Esto nos acerca al concepto de “enclave autoritario” que trabaja la Corporación Nuevo Arco Iris en esta investigación. Pero, al contrario de ellos, nuestro énfasis no está en la construcción de poderes locales y regionales de cara a la violencia contra los sindicalistas, sino en el estudio de las dinámicas de protesta sindicales y de violencia contra los sindicalistas en los siete sectores ya enunciados. 20 En este punto coincidimos con la profética visión de Jorge Child hecha a mediados de los años 80 sobre lo que él llama el “capitalismo agrario”: "En Colombia el capitalismo agrario nunca perdió la estructura feudal de la hacienda, y el capitalismo comercial e industrial se insertó en estructuras monopólicas con el estilo exclusivista y arrogante de una falsa aristocracia criolla. Estas estructuras feudalistas están en la raíz de la vieja y de la nueva violencia política colombiana. Ahora la feudalización armada y exclusivista de la sociedad se ha reforzado con terratenientes y comerciantes de la burguesía emergente" (Child, El Espectador, octubre 8, 1988). 21 Según Perry Anderson, el neoliberalismo –un pensamiento económico nacido en los años 40 del siglo pasado que toma fuerza en los años 70, por la crisis económica del capitalismo de bienestar– exigía la desigualdad como motor de la economía. Esta forma de pensamiento, que revivía el ideal de “mercados autorregulados” –una falacia, según Karl Polanyi–, acusó a los sindicatos de provocar la crisis económica del capitalismo por presionar a favor de incrementos en el gasto social. A juicio de Anderson, el neoliberalismo logró controlar la inflación, aumentar las ganancias e incrementar el desempleo –por la vía del debilitamiento de los sindicatos–, es decir, logró aumentar la desigualdad, pero no reanimó al capitalismo (Anderson, 1996, 12-16). Entonces, ¿cuál es la agenda neoliberal? John Williamson, intelectual cercano al establecimiento norteamericano, acuñó a comienzos de los años 90 el término “consenso de Washington” para referirse a lo que los círculos de poder estadounidense consideraban como “reformas” deseables. El autor resume dicho “consenso” en diez puntos “ideales”: 1) disciplina fiscal, con pequeños déficits, para frenar desajustes macroeconómicos, como la inflación; 2) cambio en la composición del gasto público, disminuyendo los subsidios y favoreciendo la inversión en educación, salud e infraestructura enfocada hacia los

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unas características dramáticas debido a la incidencia de la violencia contra los sindicalistas. En verdad, el sindicalismo colombiano vive una crisis organizativa desde los años 80. Un indicador es la tasa de sindicalización, que hoy es casi la misma de 1947 (4,6%), ya que desde entonces ha descendido marcadamente, luego de alcanzar el tope de 13,4% en 1965 (Cuéllar, 2009, 357).22 Al lado de la crisis señalada, nos interesa resaltar que hoy el sindicalismo ofrece varias respuestas a los indudables signos de debilitamiento, que propenden a una redefinición de la categoría “trabajador sindicalizado”. A pesar del constreñimiento en el empleo formal,23 nuevos contingentes de hombres y mujeres ingresan al sindicalismo, y especialmente ellas, que cuya participación asciende levemente.24 Igualmente, se incorpora un personal más calificado y con mayores niveles de educación formal que antaño. Y aparece otro rasgo importante y concomitante con el nuevo modelo de acumulación: el mayor peso de la actividad sindical ha ido trasladándose de la industria manufacturera al sector servicios y especialmente a los trabajadores del Estado, que presentan las mayores tasas de sindicalización y más visibilidad organizativa y contestataria. La otrora diferencia entre obreros y empleados, y entre trabajo manual e inmaterial, se diluye por la generalización de la relación salarial. De lo dicho se desprende que hoy brotan con mayor fuerza ciertos rasgos de identidad del trabajador asalariado: expresiones por diferencias de sexo o comportamiento generacional, calificación laboral y, en algunas zonas, diferencias más pobres; 3) poco estímulo al aumento de impuestos; 4) las tasas de interés deben regirse por la leyes del mercado, pero deben ser positivas para que el capital no migre; 5) la tasa de cambio debe regirse también por el mercado, pero ha ser competitiva; 6) liberalización de las importaciones e incentivo a la competencia; 7) estímulo a las inversiones de capitales extranjeros – a Washington no le gusta el “nacionalismo económico” practicado por países distintos de los Estados Unidos– ; 8) privatizaciones para propiciar esa apertura económica; 9) desregulación estatal al máximo para alimentar la competencia, y 10) garantizar los derechos de propiedad (Williamson, 1990). Esto es lo comúnmente se asume como la agenda “neoliberal”. Desde sus orígenes, el capitalismo tiene una proyección global, pero a partir de los años 80 del siglo XX hay una globalización de esa agenda neoliberal. Ahora bien, la actual globalización tiene otras facetas, que pueden favorecer a los movimientos sociales, como la difusión tecnológica por la Internet, el fortalecimiento de entes globales de protección de los derechos humanos y nuevas formas de solidaridad mundial. Si se observan las políticas aperturistas en materia económica y flexibilizadoras del mundo laboral promulgadas en Colombia desde el gobierno de César Gaviria, pero con antecedentes que se remontan a los años 70, éstas se pueden catalogar de “neoliberales”, como lo haremos a lo largo de esta investigación. Nuestra intención no es adjetivar para estigmatizar, sino buscar la mejor caracterización de lo que ocurre en el país en los años estudiados. 22 Más adelante aportaremos los cálculos que hemos hecho de tasa de sindicalización para ciertos años, con base en la información suministrada por el Ministerio de la Protección Social y la ENS. 23 En lo que va de 2010 el desempleo tiende a ubicarse cerca del 13%, lo que equivale a dos millones quinientas mil personas, sin contar los subempleados, que se estiman en cerca de seis millones (El Espectador, mayo 1, 2010, 2). 24 Según cálculos de la ENS (Sislab, 2009), la proporción de mujeres sindicalistas pasó de 28,5% en 1984 a 37% en 2002.

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étnicas –afrodescendientes o indígenas, por ejemplo– marcan nuevos rasgos identitarios en los trabajadores asalariados colombianos del presente. Los sindicatos son asimismo alimentados por luchas, ideales e incluso divisiones y tensiones que transcurren en su seno, lo que proyecta luces y sombras en su existencia. Por último, aparece la articulación de los factores sociales con los políticos, dimensiones que nunca estuvieron desvinculadas una de otra pero cuya fluidez es ahora más evidente, incluso desde el punto de vista legal, como señalábamos atrás. La idea de un sindicalismo que escapa de sus luchas gremiales inmediatas para incorporar demandas ciudadanas y territoriales e incluso incursionar en el campo de la política electoral, presenta indicios de renovación que cuentan también en las identidades de los sindicalistas contemporáneos (Celis, 2004). Así lo perciben los mismos actores. Aída Abella, antigua dirigente sindical de los trabajadores estatales y figura destacada de la Unión Patriótica, hoy en el exilio, señalaba en reciente entrevista que cuando surge la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) hay una proyección política “porque los sindicalistas no solo hacemos sindicalismo, hacemos política” (Entrevista a Aída Abella, en Carrillo y Kucharz, 2006, 185). Hablando de los años 80 y 90 del siglo pasado, recuerda que se discutía sobre salarios, pero también sobre las políticas del Estado. Fue una época de luchas que iban más allá de lo económico. “Y también luchábamos por aspiraciones de poder, ¿por qué no?”, dijo Abella (Ibíd., 186).25 Desde los orígenes de la CUT, y en consonancia con tendencias internacionales (Anderson y Trenti, 1996), sectores de la central hablaban de impulsar un sindicalismo sociopolítico o político a secas. Estas propuestas derivan en la convocatoria hecha en 1999 por la dirección nacional de la CUT de un Frente Social y Político, cuna de uno de los sectores que hoy convergen en el Polo Democrático Alternativo (PDA). Podemos decir que el trabajador sindicalizado es hoy también un ciudadano, hace parte de la comunidad, la localidad, la región y la nación en las que se inscribe. Mal haría una investigación como la presente si se limitara a considerar al “trabajador sindicalista” reducido solo a la esfera productiva, aislándolo del entorno en que vive y al que también se proyecta, o a entender su actividad solo en términos reivindicativos inmediatos. Muchas de las víctimas que veremos en estas páginas eran sindicalistas a quienes los victimarios buscaban afectar en esa actividad social, pero eran también hombres y mujeres pertenecientes a organizaciones civiles, religiosas, políticas, culturales y deportivas. Y esa múltiple pertenencia, que habla de la pluralidad de identidades del mundo contemporáneo, no anula el carácter básico del sindicalista como víctima, según los términos de esta investigación, y más bien ratifica el carácter heterogéneo del sindicalismo.

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Ella señala, por ejemplo, que los empleados públicos no podían ser candidatos al Congreso “y se pelearon eso en la Constitución del 91 y así llegaron maestros al parlamento” (Ibíd.).

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Debemos precisar además que nuestro acercamiento al tema de investigación se circunscribe a lo que llamamos acción contenciosa sindical. Es sabido que el mundo laboral, y en concreto el sindical, abarca muchas actividades y formas de acción colectiva, y que una de ellas es la protesta. La cotidianidad sindical está llena de invisibles actos de reclamo, negociación y concertación. Pero a veces esos reclamos se condensan en la negociación colectiva que, con distinta periodicidad, se presenta en el mundo del trabajo colombiano. 26 Tales momentos pueden derivar en una negociación colectiva sin interrupción de la actividad laboral o, de acuerdo con la ley colombiana, pueden culminar en la huelga. Esta última, junto con los paros –interrupciones, por lo general intempestivas, de la actividad laboral sin ceñirse a los trámites legales– y otras formas de protesta que luego definiremos, configuran el campo de la llamada acción colectiva contenciosa.27 En ese sentido, no puede decirse que la huelga abarca toda la actividad sindical, pero desde hace mucho tiempo hemos decidido estudiarla porque condensa el conflicto laboral colombiano (Archila y otros, 2002, y Archila, 2003). Antes de terminar este punto, es conveniente precisar que no concebimos la huelga como una expresión de rebeldía “primitiva” que solo ocurriría en ausencia de la institucionalidad laboral, es decir, como una expresión de “violencia”.28 Ella hace parte del repertorio moderno de acciones colectivas y se presenta tanto en países centrales como periféricos (Tarrow, 1997). Una huelga implica costos para los que la adelantan y para sus adversarios, y en ese sentido es tal vez el último recurso al que acude el sindicalismo cuando la negociación se frustra o no tiene otra manera de poner en escenarios públicos sus demandas. Ante todo es una forma de actuar civilista, que puede ser institucional o extrainstitucional (Offe, 1992), y obviamente es cualitativamente diferente de la lucha armada. Confundirlas no solo es un error académico sino una opción política que en Colombia ha tenido nefastas consecuencias. Esto nos lleva a la otra categoría crucial de esta investigación: la violencia. Como se precisa en las pautas metodológicas suministradas por la Coordinación del Proyecto del Pnud, se trata de “actos dirigidos (con éxito o sin él) al exterminio o al daño físico y/o psíquico de una persona –en este caso el trabajador sindicalizado– , con determinados propósitos”. La Coordinación enumera luego las siete modalidades sobre las que todos los centros de investigación vamos a trabajar 26

Conviene precisar las dos modalidades principales de la negociación laboral. De acuerdo con un especialista en el tema, “las convenciones y pactos colectivos de trabajo son acuerdos a los que llegan los patronos y trabajadores en lo referente a las condiciones en que han de desenvolverse las relaciones de trabajo durante su vigencia. Si la parte de los trabajadores está constituida por uno o varios sindicatos o federaciones sindicales, el acuerdo se denomina convención. Si los trabajadores no están sindicalizados, el acuerdo se denomina pacto” (Escobar, 1975, 253). La vigencia de las convenciones colectivas suele oscilar entre uno y tres años. 27 Según la definen teóricos de los movimientos sociales, como Tilly, 2004 y Tarrow, 1997. 28 Como parecen suponerlo algunos técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo, para quienes, cuantas más huelgas haya en un país, menor institucionalidad tendrá y más violento será (Machado y otros, 2009). Aparte de este discutible supuesto, dicha investigación es interesante porque compara las dinámicas de las protestas en varios países latinoamericanos y su impacto en las respectivas democracias.

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para el periodo de estudio (1984-2009), que resumidamente son: homicidio; tentativa de homicidio, lesiones personales y ataques, desaparición – especialmente la “forzada”–, secuestro, tortura, detención ilegal o arbitraria, y amenaza. Hecha esta precisión, aparentemente sobraría cualquier consideración sobre el carácter violento del capitalismo, especialmente en su fase inicial, caracterizada por nosotros como una relación laboral “primitiva” en la que hay carencia de institucionalidad en el mundo del trabajo y, por supuesto, se desconoce la organización sindical. Pero lo paradójico es que hoy, en algunas regiones y empresas, todavía sobreviven rasgos de esas fases iniciales del capitalismo y, sobre todo, están en la cuna de desenlaces violentos contra los sindicalistas de esas zonas. Nos explicamos. La negativa a reconocer sindicatos, la oposición a la negociación colectiva que derive en convenciones colectivas, la violación del Código Sustantivo del Trabajo y la ausencia de la institucionalidad estatal para regular el mundo laboral, aunque no clasifican dentro de las formas de violencia física consideradas en esta investigación, se articulan con ellas y las alimentan, provocando en ciertas regiones y sectores verdaderas espirales de violencia, especialmente en las que existen los enclaves extractivos.29 Por ese motivo, en el análisis de los casos ejemplares habrá que tener presente estas otras formas de “violencia” –propias de los inicios del capitalismo en nuestro país pero no del todo desaparecidas hoy en día–, que buscan impedir la formación de sindicatos o, cuando ellos existen, debilitarlos y hasta aniquilarlos, en una práctica que suele coincidir con las modalidades de violencia física aquí consideradas. Los victimarios y los propósitos que persiguen con sus actos violentos nos darán una pista de lo que buscan al recurrir a esas formas combinadas de violencia, pero habrá que estar atentos a cuál es el resultado que terminan presentando esos procesos, sobre todo a la hora del estudio de casos ejemplares. Una cosa es lo que pueden aducir los victimarios en forma justificatoria y otra el resultado real que ofrece la violencia contra los sindicalistas. Nuestra contribución en esta investigación es precisamente acercarnos a estos procesos violentos y relacionarlos con la dinámica de protesta sindical. Hechas estas precisiones conceptuales y señalada nuestra hipótesis de trabajo, entramos a considerar las tres partes en las que se organiza este informe.

29

Por ejemplo, a comienzos de los años 80, a juicio de un entrevistado por Juan Carlos Celis, en Urabá funcionaba un “código bananero” y no el Código Sustantivo del Trabajo (Celis, 2004, 113). Según el mismo testimonio, eso produjo una expresión violenta de las relaciones laborales, que posibilitó la inserción de las guerrillas en el conflicto laboral.

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PRIMERA PARTE LAS FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN En esta primera parte hacemos un escrutinio de las Bases de Datos del Cinep, de las que provendrá mayormente la información que se utilizará en esta investigación, la cual incluirá otras fuentes que en su momento se indicarán. En esta dirección, en cada una de nuestras bases de datos precisaremos el contenido y la metodología empleados, para luego compararla con otras series similares en el plano nacional y el latinoamericano, con el fin de examinar su confiabilidad según los criterios internacionales reconocidos. 1. BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLÍTICA DEL CINEP a) Historia del Banco de Datos El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, iniciado bajo la responsabilidad conjunta del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, tuvo su origen a finales de 1987. Los niveles de violencia, que en Colombia han estado relacionados de alguna manera con el conflicto social y político, han sido altos desde fines de los años 70. En ese momento fue particularmente elevado el número de denuncias sobre torturas infligidas a los prisioneros políticos por miembros de la fuerza pública y de organismos de seguridad del Estado, pero en los 80, en forma paralela a los primeros “diálogos de paz” entre gobierno e insurgencia, las torturas comenzaron a transformarse en desapariciones forzadas y en ejecuciones extrajudiciales. La necesidad de explicar a la comunidad internacional lo que estaba sucediendo en Colombia –un país que a pesar de no haber tenido dictaduras militares de “seguridad nacional” mostraba altos niveles de represión– fue planteando la importancia de sistematizar la información relativa a las violaciones más graves de los derechos humanos. En abril de 1988, casi en coincidencia con la fundación de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, se publicó el primer número del boletín Justicia y Paz, que seguiría divulgando trimestralmente datos sobre la violencia política hasta junio de 1996, cuando entroncó con la revista Noche y Niebla. Esta última inauguró una nueva etapa, con categorías más elaboradas, en concordancia con instrumentos internacionales que definen los derechos humanos y el Derecho Humanitario aplicable en los conflictos armados.

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El Banco de Datos, creado en el Cinep en enero de 1988 como primer insumo para el trabajo de la naciente Comisión de Justicia y Paz de las congregaciones religiosas de Colombia, recorrió entonces diversas etapas. Entre 1988 y 1992 constituyó una sola unidad, que recopilaba noticia de los hechos de violencia que lograba inventariar, bajo categorías sociológicas muy simples. Por ejemplo, clasificaba como “asesinatos políticos” las muertes violentas en las cuales, por las características de la víctima o del victimario o por otras circunstancias, se evidenciaba una intención de reprimir posiciones ideológicas o políticas. Cuando las evidencias no eran tan fuertes, las catalogaba como “asesinatos presumiblemente políticos”. Registraba también las desapariciones forzadas que revelaban móviles políticos, las torturas que eran denunciadas, los crímenes de “limpieza social”, las muertes en combate y las acciones bélicas. Entre enero de 1993 y junio de 1996 existieron dos bancos de datos. El Cinep optó por ensayar otra metodología y otros criterios y entró a examinar con mayor rigor jurídico la cantidad creciente de información que las diversas fuentes ofrecían, procediendo a seleccionar solamente aquellos casos que permitían atribuir responsabilidades con más fuertes indicios, lo cual le exigió desechar enorme cantidad de información que no llenaba esos requisitos. Entre tanto, Justicia y Paz continuó utilizando las mismas categorías sociológicas menos exigentes, apoyándose en la convicción de que existían presiones muy fuertes sobre el entorno social de las víctimas para ocultar datos fundamentales e impedir que las instancias de administración de justicia pudieran esclarecer las responsabilidades. En un contexto tal de “guerra sucia”, se creía necesario y urgente sistematizar la información indiciaria, ofreciendo bases informativas que permitieran posteriores investigaciones más rigurosas. Los dos órdenes de información que comenzaron a circular, provenientes de los dos bancos de datos, desconcertaron a los estudiosos de la coyuntura de los derechos humanos en Colombia, así como a las numerosas organizaciones de solidaridad que en diversas partes del mundo utilizaban una u otra fuente. Esto motivó la reunión de un seminario conjunto del Cinep y Justicia y Paz, que se prolongó por todo el año 1995 y parte de 1996 y estuvo encaminado a revisar la metodología de los bancos de datos y estudiar la posibilidad de articular las inquietudes de ambas instituciones. De allí surgió la primera redacción de un nuevo marco conceptual, que luego se fue afinando y complementando, a medida que se daba respuesta a los problemas planteados por la labor cotidiana de interpretar la realidad concreta de la violencia política a partir de esas categorías. Así, el 1° de julio de 1996 comenzó a funcionar nuevamente un Banco de Datos único, bajo la responsabilidad conjunta del Cinep y Justicia y Paz, que a su vez dio origen a la nueva revista, de aparición semestral y que resolvió llamarse Noche y Niebla.

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b) Fuentes utilizadas por el Banco de Datos El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep recaba sus informaciones de dos fuentes: a) testimonios directos de familiares de las víctimas y relatos de 60 grupos locales de derechos humanos, así como de víctimas de la guerra. Veinte de éstos conforman una red nacional de bancos de datos de derechos humanos que elaboran sus casos de acuerdo con la metodología del centro y, en consecuencia, emplean el glosario, que reproducimos en el Anexo 1 de este informe. b) Relatos de la prensa escrita nacional y local. El archivo de prensa de esta base de datos está compuesto por 23 periódicos nacionales y regionales y un semanario.30 Los testimonios directos son, en su mayoría, verificados in situ por los investigadores del Cinep, y las informaciones de prensa son cotejadas con las versiones suministradas por las organizaciones regionales locales. Cada caso es analizado para verificar su precisión y su consistencia antes de entrar a la base de datos, y de cada caso se guarda un archivo físico, en papel, además del registro magnético. El registro magnético se hace mediante una ficha que incluye la fecha de la victimización; el departamento y el municipio respectivos; el relato breve de los testigos o, en su lugar, la noticia de prensa, controlada, a ser posible, en el lugar del suceso; los presuntos responsables, la tipificación en el código internacional de los derechos humanos y los nombres de la víctima o las víctimas. Los casos ingresan a una base de datos y son sometidos a una triple revisión antes de ser publicados en Noche y Niebla y su página web: www.nocheyniebla.org c) Definiciones para la codificación de las variables31 Las definiciones usadas se tomaron del instrumental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Para no perder informaciones cuya calidad no puede ser controlada exhaustivamente, se abre el campo “Violencia política y social”, en el cual se consignan los casos en que no se cuenta con evidencias que apunten a una autoría determinada, sino con indicios que permiten detectar la presencia de móviles políticos, o cuya autoría es ejercida por grupos o personas ajenas al Estado o la insurgencia, pero con móviles similares. Por violencia política se entiende la ejercida como medio de lucha político-social, ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o 30

Las fuentes de información son 23 periódicos nacionales y regionales: Nacionales: El Tiempo, El Espectador, La República, El Nuevo Siglo, más el semanario Voz. Regionales: Medellín: El Colombiano, El Mundo; Cali: El País; Barranquilla: El Heraldo; Bucaramanga: Vanguardia Liberal; Cúcuta: La Opinión; Neiva: La Nación, Diario del Huila; Ibagué: El Nuevo Día; Manizales: La Patria; Popayán: El Liberal; Villavicencio: Llano 7 Días; Tunja: Boyacá 7 Días; Pereira: La Tarde; Cartagena: El Universal; Pasto: Diario del Sur; Montería: El Meridiano; Santa Marta: Hoy Diario del Magdalena. 31 Según los estándares internacionales, “todas las reglas relevantes para la codificación de las variables deben estar explicadas en un manual” (Koopmans y Rucht, 220, 239). Es lo que se llama el Codebook. En consecuencia, en los anexos incluimos la codificación de cada base de datos.

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de sociedad, o con el fin de destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado. Tal tipo de violencia puede ser ejercida por: 1) Agentes del Estado o particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o aquiescencia de las autoridades estatales, y que se tipifica como Violación de Derechos Humanos. 2) Grupos insurgentes que combaten al Estado o al orden social vigente, y cuya violencia:  se ajusta a las leyes o costumbres de la guerra, y entonces se tipifica como Acción Bélica;  o se aparta de las normas que regulan los conflictos armados, y entonces se tipifica como infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH). 3) Grupos o personas ajenos al Estado y a la insurgencia, pero impulsados por motivaciones ideológico-políticas que los llevan a actuar en contra de quienes tienen otras posiciones o identidades, o de quienes conforman organizaciones del tipo de las ya mencionadas. En ocasiones los autores son identificables como ajenos al Estado y a la insurgencia; en otras, no es posible determinar la identidad de los autores pero existen elementos que permiten identificar los móviles. Dado que el elemento identificable en todos estos casos es la motivación, ellos se tipifican como Violencia Político-Social. Dentro de esta categoría se clasifican algunas prácticas de la insurgencia que en estricto sentido no se pueden calificar como infracciones al DIH, tales como el secuestro y algunas prácticas de “limpieza social”, pero que se originan en un evidente móvil político (Cinep, Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, 2008, 6-8). 4) En concreto, las categorías empleadas para describir la violencia en la revista Noche y Niebla del Cinep, cuya definición se anexa, se exponen en el Cuadro 1.

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Cuadro 1 Categorías de la violencia Derechos humanos

Derecho Internacional Humanitario

Amenaza Atentado Colectivo amenazado Desaparición Detención arbitraria Ejecución extrajudicial Herido Tortura Violencia sexual

Amenaza Civil herido en acción bélica Civil muerto en acción bélica Colectivo amenazado Colectivo desplazado Escudo Herido en ataque a bienes civiles Herido intencional: persona protegida Herido por métodos y medios ilícitos Homicidio intencional: persona protegida Muerto en ataque a bienes civiles Muerto por métodos y medios ilícitos Tortura Violencia sexual

Violencia políticosocial Amenaza Asesinato Atentado Heridos Rapto Secuestro Tortura

d) Información para el presente estudio Dado el acuerdo entre las entidades participantes en este proyecto y el Pnud de contar con un periodo unificado de cobertura de los estudios entre 1984 y 2009, para la presente investigación el Cinep consolidó la información requerida, en la cual, por una parte, se adoptaron los indicadores de violencia propuestos por la coordinación del proyecto del Pnud, a saber: 1) homicidio; 2) tentativa de homicidio, lesiones personales, ataques; 3) desaparición –con especial atención a la tipificada como “desaparición forzada”–; 4) secuestro; 5) tortura; 6) detención ilegal o arbitraria; y 7) amenaza. Y, por otra parte, se consolidó la información ofrecida sobre el tema por varias fuentes disponibles.32 En el registro de los casos de violencia contra trabajadores sindicalizados contenidos en dicho Banco de Datos, se adicionaron mayoritariamente informaciones consignadas en el Boletín Informativo Justicia y Paz, de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, así como algunos casos de la base de datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS) que no se encontraron en la base de datos del Cinep, a pesar de que la ENS incluye los informes publicados por nosotros de manera sistemática.33 Para complementar el listado resultante del 32

Este paso implicó ir más allá del periodo inicialmente pactado con el Pnud, establecido entre 2000 y 2009. 33 La razón de tales ausencias en los listados originales del Cinep se explica por el hecho de que dicha base no está especializada en el tema de los trabajadores en cuanto tales y, por lo mismo, no ejerce un control específico de los casos, debido a lo cual se registran clasificaciones incompletas, o más generales, en el campo del sector social, de lo cual resulta una subenumeración específica de los trabajadores sindicalizados. La ENS, en cambio, además de recibir información directa de muchos sindicatos, controla los casos por su afiliación. Para esta

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anterior ejercicio, también se tuvieron en cuenta otras fuentes disponibles sobre el tema que nos ocupa.34 e) Comparación con otras bases de datos Habiendo advertido estas diferencias, se decidió establecer una comparación entre las bases del Cinep, de la ENS y de la Vicepresidencia de la República. Esta última entidad también recibe información directa de algunos sindicatos, pero sus cifras resultan inferiores a las de la ENS, al menos en el caso de los homicidios de sindicalistas, que es el único tipo de violación que reporta el Observatorio de Derechos Humanos de dicha entidad oficial (Odhvp, 2003).35 Desde el año 2006 el Odhvp separó la violencia contra los maestros –sindicalizados o no sindicalizados– de las violaciones contra otros sectores sindicalizados y no sindicalizados. Además, esta fuente oficial no incluye a las Fuerzas Armadas como posibles victimarios. Por su parte, la ENS, además de los homicidios, contabiliza 11 categorías en la línea general de los derechos humanos, destinada solamente a los dirigentes y afiliados a los sindicatos. En el Cuadro 2 se comparan las categorías según las fuentes de información; nótese que a las categorías comunes con las del Cinep, la ENS añade otras dos (hostigamiento y allanamiento ilegal), además de distinguir investigación se superaron estas carencias de la Base de Datos de Derechos Humanos del Cinep, como se podrá constatar en el listado que se anexa al presente informe. 34 Además de las ya señaladas fuentes revisadas por el Cinep en su seguimiento de las violaciones de derechos humanos, otras fuentes fueron consultadas para obtener la información en la que se apoya esta investigación: - Amnistía Internacional, Sindicalismo en Colombia: homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte, 2007. - Cinep, Deuda con la humanidad, paramilitarismo de Estado, 1988-2003, Bogotá, Cinep, 2003. - Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, en www.hchr.org.co - Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fecode. - Departamento de Derechos Humanos de la CUT. - Equipo Nizkor, 25 de abril, 2009. - Humanidad Vigente, Memorias de la represión. Operación Relámpago: crímenes de lesa humanidad contra "A Luchar" en el Valle del Cauca, 2007. - Nuevos alegatos, enviados por Ciosl, Sindesena, FSM, Sintratelefonos, USO, con fechas 11 de abril, 15 de mayo, 9 y 30 de junio, 13 de julio y 27 de septiembre de 2006. Caso 1787, Informe 343, Vol. LXXXVIX, 2006, Serie B, núm. 3. - Queja de Sinaltrainal contra Estado colombiano por abusos de Nestlé, 6 de febrero, 2009. - Quejas contra el gobierno de Colombia presentadas por Ciols, Clat, FSM, CUT, Cgdt, CTC, Asodefensa, USO, CMT. Caso núm. 1787, 2004 y 2005. - Vega y otros, 2009. - web.colectivodeabogados.org/libertad-sindical-y-derechos - web.oit.org/ilolex - web.sutimac.org 35 Para esta pesquisa se indagó también por la información suministrada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En las once publicaciones anuales de estadísticas y análisis del Instituto (Forensis datos para la vida, periodo 1999-2009) solamente se encontraron registrados homicidios de “miembros de organización gremial o sindical”, así: uno en 2007, seis en 2008 y seis en 2009.

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entre amenaza de muerte y amenaza sin calificativos.36 Las definiciones completas de las categorías empleadas por el Cinep pueden verse en el Anexo 1, al final de este informe. Cuadro 2 Formas de violencia según fuentes CINEP ENS ODHVP Violación de derechos humanos Homicidio Homicidio Amenaza Amenaza, desaparición, detención arbitraria, Desplazamiento ejecución extrajudicial, herido, tortura, atentado, Atentado desplazamiento colectivo Desaparición Infracción al DIH Amenaza, herido intencional persona protegida, Hostigamiento de homicidio intencional persona protegida, tortura, Amenaza muerte desplazamiento colectivo Secuestro Violencia político-social Tortura Amenaza, asesinato, atentado, herido, rapto por Detención motivos políticos, secuestro, tortura, arbitraria desplazamiento colectivo Allanamiento ilegal

Para establecer la comparación se escogió un periodo en el cual las tres bases reportaran datos y se compararon las cifras de una sola violación, el homicidio, que es la única reportada por las tres. El resultado se observa en el Cuadro 3. Cuadro 3 Sindicalistas asesinados, según bases de datos, por años comparables Años ENS Odhvp Cinep 2001 194 168 207 2002

183

121

180

2003

92

52

101

2004

96

42

93

2005

70

14

80

2006

72

60

79

2007

39

26

42

2008

49

38

60

2009

47

28

53

Promedio anual

93,5

61,0

99,5

36

En cambio, si se comparan con los registros del Cinep, en los de la ENS faltan las siguientes categorías: ejecución extrajudicial, herido como violación de derechos humanos, herido intencional en personas protegida en DIH. El Cinep habla de homicidio intencional en DIH; la ENS solo de homicidio. El Cinep habla de desplazamiento colectivo; la ENS solo tiene la categoría desplazamiento, que puede ser individual o colectivo, pues no lo discrimina.

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La consolidación de toda la información del Cinep, cotejada con las de la ENS y del Odhvp, se realizó agrupando las distintas formas de describir la violencia, propias de cada institución y que se refieren, sin embargo, a formas equivalentes o análogas de violación. Los tipos de violación arriba enunciados se agruparon de acuerdo con el formato recomendado por el Pnud, y así se redujeron a siete indicadores, de los cuales hay que detallar dos categorías agrupadas: 1) homicidio, que incluye ejecución extrajudicial, civil muerto en acción bélica, homicidio intencional de persona protegida, muerto en ataque a bienes civiles, muerto por métodos y medios ilícitos, asesinato; y 2) tentativa de homicidio, lesiones personales y ataques, que incluye atentado, herido, violencia sexual, civil herido en acción bélica, herido en ataque a bienes civiles, herido intencional (persona protegida), herido por métodos y medios ilícitos. Los otros indicadores tienen denominaciones comunes con lo pautado por el Pnud. En conclusión, de este breve escrutinio de varias bases de datos sobre violencia contra los trabajadores sindicalizados se puede decir que la información consolidada por el Cinep para esta investigación tiene una mayor cobertura temporal que las otras fuentes consultadas –se inicia en 1984, dos años antes de la serie estadística de la ENS y mucho antes de la correspondiente a la Vicepresidencia, que arranca en 2001– y es casi similar a la de la ENS en cuanto a la tendencia de registros de víctimas de violaciones, aunque por lo común el Cinep ofrece guarismos superiores.37 Por lo tanto, para la descripción y análisis de la violencia contra los trabajadores sindicalizados nos apoyaremos en el listado construido por nosotros para esta investigación, aunque haremos referencias comparativas a las otras series, especialmente a la de la ENS, por el cubrimiento temporal similar y el reconocimiento que propios y ajenos otorgan a su información. f) Información consolidada entre 1984 y 2009 Incluimos a continuación (Cuadro 4) la síntesis numérica de la información sobre violencia contra los trabajadores sindicalizados, de acuerdo con la información consolidada para esta investigación. Su análisis será tema de posteriores secciones.

37

Como se explicó atrás, esto se debe tanto a la riqueza de categorías de nuestra base de datos como a la cuidadosa integración de los casos documentados por el Cinep y Justicia y Paz con los de la misma ENS y los provenientes de otras fuentes, mencionadas en anterior nota de pie de página.

19

Cuadro 4 Tipos de violaciones de derechos humanos contra sindicalistas, 1984-2009

1984

Amenaza de muerte 1

1985 1986

Año

1

Ataque/ heridos 0

1

6

1

1

19

0

12

40

7

44

2

7

1

0

1

62

Asesinato

Desaparición

Detención

Secuestro

Tortura

Total

2

23

0

0

27

1987

4

71

4

5

4

1

1

90

1988

12

131

6

13

3

1

3

169

1989

0

99

4

10

3

0

6

122

1990

0

74

1

7

0

0

23

105

1991

0

98

4

9

1

0

1

113

1992

0

144

0

6

0

0

5

155

1993

0

193

0

4

1

0

0

198

1994

0

108

3

2

0

0

0

113

1995

2

229

0

4

3

0

0

238

1996

22

267

13

7

16

0

3

328

1997

12

151

6

7

0

0

1

177

1998

3

74

5

1

0

0

0

83

1999

13

69

1

2

41

1

0

127

2000

2

138

6

2

1

1

0

150

2001

71

206

17

11

11

15

0

331

2002

0

181

10

5

0

28

1

225

2003

114

101

27

4

47

0

1

294

2004

7

93

4

0

3

0

0

107

2005

54

78

6

1

19

4

3

165

2006

63

79

3

0

5

1

0

151

2007

25

42

1

0

12

0

0

80

2008

21

60

5

1

1

1

0

89

2009

44

53

0

1

2

0

0

100

Total

478

2.790

129

112

216

53

61

3.839

20

2. BASE DE DATOS DE LUCHAS SOCIALES DEL CINEP a) Historia de la Base de Datos La Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep se ha construido a partir de pesquisas hechas desde los años 70 por diversos investigadores del Centro en sus relaciones directas con los movimientos sociales. Las categorías y variables que cubre esta fuente estadística se han acuñado teniendo en cuenta los desarrollos teóricos sobre los movimientos sociales, y especialmente la reflexión sobre el devenir de los actores sociales en Colombia. Así, a la búsqueda histórica de Mauricio Archila (1991) sobre los orígenes del movimiento obrero se ha sumado la reconstrucción de la evolución de la clase obrera en tiempos más recientes elaborada por Álvaro Delgado (Archila y Delgado, 1995 y Delgado, 2003). Mientras el primero construyó la serie de huelgas desde 1919 hasta 1957, el segundo lo ha hecho desde 1958 hasta nuestros días. La serie de Delgado ha sido pionera, tanto por su juiciosa elaboración como por su temprana difusión pública desde los años 60.38 Por su parte, Archila ha ampliado su espectro de estudio y realizado un análisis de conjunto sobre las luchas sociales colombianas de la segunda mitad del siglo XX (Archila, 2003). Para finales de los años noventa el Cinep tomó la decisión de homologar los recuentos estadísticos sobre protestas sociales para racionalizar esfuerzos, facilitar una mejor consulta de los investigadores internos y externos y, sobre todo, contribuir en forma más eficaz a la visibilización de los actores sociales. Seguidamente, en 2000, los investigadores que conforman el grupo de Movimientos Sociales del Cinep se dieron a la tarea de establecer conceptos y categorías comunes a las series estadísticas de luchas sociales. Igualmente se amplió el universo de actores sociales y se actualizó la información, remontándose en el pasado hasta 1975 (Archila y otros, 2002). En 2006 el equipo de trabajo, con apoyo de Sephis, realizó una evaluación de las variables y categorías que maneja la Base de Datos de Luchas Sociales, con el fin de actualizarla de cara al nuevo contexto de los movimientos sociales en Colombia y el mundo. Una vez hechas las modificaciones conceptuales se procedió a revisar todos los registros acuñados para depurar la información. Los resultados de este trabajo se han hecho públicos en la sección que aparece en la página web del Cinep, 39 además de publicaciones en revistas como Cien Días y Controversia y en algunos de los libros ya citados.

38

Un resumen anual de la actividad huelguística se publicó desde los años 60 en el órgano de prensa del Partido Comunista de Colombia (PCC), Voz Proletaria, hoy conocido simplemente como Voz. Desde los años 90 Delgado realiza esos balances en las publicaciones del Centro, en especial Cien Días Vistos por Cinep. 39 Para consultar la información agregada desde 1975 y por quinquenios, véase www.cinep.org.co

21

b) Fuentes y metodología de la Base de Datos Operativamente, la Base de Datos de Luchas Sociales parte de la categoría lucha o protesta social, entendida como toda acción social colectiva de más de diez personas que irrumpen en espacios públicos para oponerse a exclusiones e injusticias y proponer soluciones. Es evidente que esta categoría se enmarca en el tema de los movimientos sociales, con la advertencia de que no toda protesta provoca un movimiento social, ni todo movimiento social se hace visible por la lucha social, como ocurre, por ejemplo, con el feminismo.40 En términos metodológicos, la Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep se alimenta de la revisión diaria de prensa. La información obtenida de los periódicos es contrastada con la brindada por los boletines oficiales del Ministerio del ramo – de Trabajo o de la Protección Social–, noticieros de radio y TV, por otras fuentes escritas, como revistas, boletines y comunicados de los actores sociales o de las organizaciones de izquierda que nos llegan directamente, o por medio de sus páginas web, así como con entrevistas personales a actores de los conflictos. Cada registro de una lucha social es contrastado con las diversas fuentes, para evitar repeticiones. Se precisan y depuran todas las variables que cubre la Base de Datos, tales como fecha de inicio y de terminación, ámbito espacial – submunicipal, municipal y departamental–, cobertura, modalidad, convocantes, participantes, adversarios, motivos y resultados.41 La Base de Datos de Luchas Sociales incluye, por último, una columna abierta en la que se consigna toda la información cualitativa de los conflictos, con sus respectivas fuentes. En el siguiente cuadro resumimos las fuentes de esta Base de Datos.

40

La fundamentación teórica de estas definiciones se encuentra en Archila, 2003, especialmente en la Introducción. 41 En el caso sindical también se ofrece información –cuando la hay– sobre número de huelguistas y jornadas perdidas por motivo de huelga.

22

Cuadro 5 Fuentes de la Base de datos de luchas sociales Periódicos El Tiempo El Espectador

Radio

Televisión

Caracol Noticias Uno Radio Caracol La Caracol Luciérnaga Noticias

Páginas web

Boletines

Revistas

Actualidad Colombiana

Anthoc

Semana

Base Magmétodos

Censat Agua Viva

Cambio

La República

RCN Radio

RCN Noticias

Caracoltv.com

Caja de Herramientas

Colombia Hoy

El Siglo

La Doble W

Citynoticias

Colombia.indymedia.org

Asapaz

Solidaridad

El Colombiano

Radionet

Canal Capital

Prensa rural.org

Coordinadora Nacional Movimientos Cívicos

El Mundo

Todelar Radio Santafé

CM& Cable Noticias

Noche y Niebla

Comité Ejecutivo CUT

Opción

Colombianuncamas.org

CUT Informativo Bogotá

Cromos

El País

Radio Líder

Contravía

Movimientodevícitimas.org

Vanguardia Liberal

Radio Melodía

(Nuevo)

El Heraldo

surimages.com

de

Justicia y Paz

Asamblea Permanente de la Revista ENS sociedad civil por la paz Comisión Vida, Justicia y Paz Cuadernos de la Diócesis de de DD.HH., Barrancabermeja ENS

Voz (Proletaria)

Etniasdecolombia.org

CJAR correo

Alternativa

Diario del Sur

Sutimac

Cátedra Latinoamericana

Cien Días

El Liberal

Sinaltrainal

Tejido de comunicación-Acin

Diario del Magdalena

untraflores.org

Red de Defensores Institucionalizados

El Universal

Salvacionagropecuaria.net

Cric comunicados

La Costa

Desaparecidos.org

Recalca

El Meridiano de Córdoba

Censat.org

Coordinadora Nacional Agraria

El Pueblo

Somosdefensores.org

De Sol a Sol

La Patria

Moir.org.co

Frente Obrero USO

La Opinión

Polodemocratico.net

Pastoral Rural

La Nación

Notasobreras.net

MOIR correo

No

La Tarde

Pregón Textilero

El Nuevo Día

dhbajoariari

La Noticia

Prensa Defensores

7 días Boyacá

PDA correo

7 días Llano

Periferia

Periódico La Hoja Unidad Indígena Unidad Álvaro Ulcué Voz Proletaria Juventud

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio

Tribuna Roja

Ruta Pacífica de Mujeres

Sindiagro, Caquetá Observatorio de Paz Integral Magdalena Medio OPI Reiniciar

El Socialista Revolución Socialista Democracia Proletaria

23

c) Definiciones para la codificación de variables Para esta investigación es pertinente decir que las categorías que se trabajan son las siguientes:42 En cuanto a actor, se tomaran solo los “trabajadores sindicalizados”, aunque cuando sea necesario se mencionarán algunas acciones emprendidas por los no sindicalizados. En las modalidades de lucha se cubrirán todas las consideradas por la Base de Datos que sean pertinentes al mundo laboral. Conviene señalar que, aunque la legislación laboral colombiana distingue la huelga del paro, destacando el carácter legal o ilegal de la cesación de actividades, nosotros hablaremos en general de huelga, resaltando toda interrupción del trabajo más que su eventual calificación jurídica. De esta forma, definimos HUELGA como toda suspensión de actividades por parte de trabajadores asalariados con unidad de propósito y de acción, lo que implica simultaneidad en el inicio y el fin. Esta definición se atiene a los estándares internacionales, que no distinguen entre huelgas legales e ilegales, como señala la autorizada voz de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En efecto, en la resolución emanada de la XV Conferencia Internacional de Estadísticas de Trabajo, de enero de 1993, la huelga se define así: “una interrupción temporal de trabajo efectuada por uno o varios grupos de trabajadores con objeto de obtener reivindicaciones o rechazar exigencias o expresar quejas o de apoyar las reivindicaciones o las quejas de otros trabajadores” (OIT, 1993, 2).43 Por lo tanto, para todo el análisis estadístico hablaremos de huelga para referirnos a todo tipo de “interrupción temporal del trabajo”, y de huelguistas para designar a los participantes en este tipo de lucha. Ahora bien, cuando abordemos la narrativa de los siete casos de estudio específico recogeremos la versión de las fuentes estudiadas, en especial cuando diferencien entre paro y huelga. Los motivos contenidos en la Base de Datos de Luchas Sociales y que tienen mayor recurrencia en las luchas sindicales son:44 pliego de peticiones laboral, que abarca todas aquellas reivindicaciones que se plasman en las distintas formas de 42

En el anexo 2 se explican y enumeran los contenidos de cada una de estas categorías. El texto fue consultado en la Internet el 5 de abril de 2010. No sobra señalar que, además de acogernos a parámetros internacionales sobre el tema, el propósito de la Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep es hacer el seguimiento de las protestas de muchos actores, no solo de los sindicalistas, y por lo tanto tratamos de usar categorías comunes a todos. Por ello la distinción entre paros ilegales y huelgas legales –diferencia que va cambiando también en la legislación colombiana– no tiene sentido para el conjunto de actores, de ahí que unifiquemos en una sola categoría todo cese de actividad. Esta conceptualización marca diferencias con otras series estadísticas, como las gubernamentales y las de la ENS, consideradas más adelante. 44 Conviene anotar que algunos de los motivos que se contemplan para la totalidad de actores sociales incluidos en esta Base de Datos no impulsan el grueso de las luchas de los trabajadores sindicalizados (por ejemplo, de servicios públicos), aunque encontramos casos puntuales de su participación en luchas, como es el caso de los sindicalistas petroleros de Barrancabermeja. 43

24

negociación colectiva; incumplimientos de leyes o pactos, especialmente retenciones salariales; violación de derechos –a la vida, la libertad e integridad personales, derechos políticos, económicos, sociales, culturales e interétnicos, colectivos de tercera generación, y del DIH–;45 en contra o a favor de políticas gubernamentales; a favor o en contra de autoridades; solidaridad; conmemoraciones y servicios sociales (educación, salud, etc.). Sobre la variable convocantes, se dispone de información detallada sobre organizaciones sindicales de primer grado, federaciones y confederaciones o las centrales sindicales existentes en el periodo estudiado. En cuanto a los adversarios, consideramos los mismos que cubre la Base de Datos de Luchas Sociales para todos los actores contemplados en ella. Algo similar se puede decir del ámbito espacial, que, según dicha Base, cubre el submunicipal y municipal y el subregional, regional y nacional. d) Comparación con otras bases de datos Justo es reconocer que el Cinep no es la única entidad nacional que hace un seguimiento estadístico del conflicto laboral. En los años ochenta, el entonces existente Ministerio de Trabajo publicó información sobre “ceses colectivos de trabajo”, sin que ofreciera nunca una definición precisa de esta categoría, aunque solía ser el resultado de la sumatoria de paros y huelgas, pero no siempre. Dicha información fue publicada en los Boletines de Análisis y Estadísticas Laborales elaborados por la Oficina de Planeación y Economía Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre los años 1982 y 1991.46 Desconocemos las razones por las que se abandonó esta publicación, aunque el seguimiento del 45

Siempre que sea pertinente, y siguiendo las categorías de violencia adoptadas para esta investigación, en las cifras de protestas distinguimos los motivos por violación de derechos humanos de los otros que se dan en torno a razones políticas. 46 En la recopilación de datos plasmada en el Cuadro 6 se encontraron algunos problemas: los Boletines no tienen un orden de edición uniforme, ya que fueron editados con diversa periodicidad, desde bimensual hasta anual, a lo largo de siete años y de manera desordenada. Es decir, los datos de un año se pueden encontrar en un solo boletín, mientras que los de otro año se pueden encontrar dispersos en tres números. Los boletines en mención tienen inconsistencias. Los informes están divididos en varias secciones: comienzan con una especie de resumen donde se expone el número de nuevos sindicatos y su división por sectores, de ceses colectivos y convenciones colectivas, entre otros. Sin embargo, cuando se avanza en el contenido de la publicación y se acude, por ejemplo, a la sección específica donde se analizan las cesaciones colectivas, se pudo observar que las cifras citadas en el resumen no concuerdan con las cifras que se analizan en los respectivos cuadros, a sabiendas de que se están refiriendo al mismo ítem y al mismo periodo. Teniendo en cuenta lo anterior, para la recolección de datos hecha por nosotros se optó por hacer caso omiso de las cifras del resumen, y solamente se tuvieron en cuenta las cifras de la sección respectiva. Por último, la información no estaba completa en todos los boletines. Si bien hay unos donde se encontraron todos los datos requeridos, había otros donde la información no aparecía o había sido recopilada de manera distinta. Es el caso de las cesaciones colectivas: en la mayoría de informes estaban desglosadas en huelgas y paros, pero en otros únicamente se cita el dato global bajo el rubro “ceses colectivos de trabajo”, sin especificar el número de huelgas y el de paros.

25

conflicto laboral lo siguió haciendo dicho Ministerio, que desde 2002 se integró al de Salud para conformar el de Protección Social (MPS). De hecho, la Oficina de Procesos Técnicos de la División General de Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo nos envió información sobre conflictos laborales proveniente de las Oficinas Regionales de Trabajo para 2002-2009. Con base en la información provista por esta instancia oficial, construimos el siguiente cuadro, que ofrece datos para los años 1984-1991, aunque no siempre en forma completa, y luego para el lapso 2002-2009.

26

Cuadro 6 Ceses colectivos (paros y huelgas) 1984-2009 Según el MPS 47 Año

Paros

Huelgas

1984

124

43

Ceses colectivos 167

1985

71

12

83

1986

54

26

80

1987

61

1988

213

12

225

1989

109

8

117

1990

117

1991

234

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

35

2003

15

2004

12

2005

18

2006

8

2007

7

2008

3

2009

1

Total

670

101

1.084

Fuente: Boletines de Análisis y Estadísticas Laborales, 1984-1991 y datos del Ministerio de la Protección Social.

47

El Boletín donde están los números 38, 39 y 40, que corresponde a parte del año de 1989, no se encontró en la Biblioteca Luis Ángel Arango, donde fueron consultados.

27

Aunque el Ministerio de la Protección Social (MPS), y antes de Trabajo, es una fuente valiosa por su presencia en todo el territorio nacional, lo cual garantiza una recolección de datos más cercana a los sucesos municipales y regionales, salta a la vista la discontinuidad temporal de su información y cierta imprecisión en las categorías usadas. Además, tiene un sesgo al intentar la explicación de tendencias de la conflictividad social. Por ejemplo, cuando se analiza la situación de los últimos años afirma que “la reducción en el número de huelgas se refleja en el papel desempeñado por el Ministerio de la Protección Social, en el acompañamiento y orientación realizados en los conflictos colectivos, dando como resultado efectos positivos como se observa en la gráfica” (Información suministrada por la Oficina de Procesos Técnicos de la División General de Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo, MPS, diapositiva No. 5). No solo es discutible que el descenso de las huelgas refleje la actividad del Ministerio, sino asimismo juzgar dicha disminución como “positiva”. En nuestra búsqueda de otras entidades que realicen el seguimiento del conflicto laboral nos encontramos de nuevo con la ENS. El Cuadro 7, que resume la información ofrecida por la Escuela, fue elaborado con base en datos ofrecidos por la revista Cultura y Trabajo, No. 72/73, de septiembre de 2007, el Segundo Reporte del Sistema de Información Sindical y Laboral (Sislab), 2009,48 y el Informe Nacional de Coyuntura Económica, Laboral y Sindical, 2010. La fuente de esta información es el seguimiento de prensa y los reportes de algunos sindicatos. La serie cubre el periodo 1991-2009 y distingue varias modalidades de “acción colectiva”, entre ellas paros y huelgas, además de abarcar otras categorías similares a las de nuestra base de datos.

48

También se hallaron algunas inconsistencias entre estas dos fuentes para los últimos años, sobre todo en las tablas de negociaciones colectivas y acciones colectivas. Suponemos que los datos del informe Sislab, por ser más recientes, son más fiables que los de 2007.

28

Cuadro 7 Acción colectiva, 1991-2009, según la ENS Jornadas Huelga + Huelga de Toma de Paro de paro hambre instalaciones protesta 22 33 51

Año

Huelga

Otras

1991

11

1992

12

62

74

50

1

2

1993

14

11

25

12

4

3

1994

13

25

38

22

1995

7

26

33

14

1996

10

26

36

19

1997

8

30

38

3

1998

5

24

29

2

1999

2

27

29

8

2000

0

10

10

9

2001

3

15

18

7

2002

3

9

12

13

2003

8

19

27

50

2004

7

25

32

48

2005

11

25

36

49

11

15

2006

2

25

27

36

1

10

12

2007

7

26

33

24

16

9

2008

2

28

30

30

5

3

2009

28

2

30

24

20

27

Total

153

437

590

471

80

51

7 9

24

Fuente: Escuela Nacional Sindical, Revista Cultura y Trabajo, Nº 72/73, septiembre 2007; Sistema de Información Sindical y Laboral (Sislab), 2º Reporte de 2009, e Informe nacional de coyuntura económica, laboral y sindical, 2010.

Hasta donde sabemos, las anteriores son las únicas entidades nacionales que hacen actualmente seguimiento estadístico del conflicto laboral del país.49 Por ello sometimos sus series históricas a una comparación con la nuestra. Salta a la vista el mayor cubrimiento temporal ininterrumpido de nuestra Base de Datos con relación a las otras dos –no sobra recordar que la nuestra se inicia en 1975–, y la inclusión de más modalidades de lucha.

49

Se nos sugirió considerar el Observatorio Laboral de la Universidad Externado de Colombia, pero resulta que es una relación de “Mercado de Trabajo y Seguridad Social”, que, como tal, no contiene estadísticas sobre huelgas y demás protestas sindicales sino que se atiene a los temas sugeridos en su título.

29

Analizando por separado cada serie (Cuadro 8), parece que el Ministerio del ramo muestra un mayor número de registros de “ceses colectivos” que el Cinep, especialmente en cuanto a paros ocurridos en la primera época en que publicó el seguimiento al conflicto laboral. En el registro posterior de huelgas hecho a partir de 2002, el MPS inicia también con altos números, superiores a los del Cinep y la ENS, pero luego muestra una disminución que no se corresponde con las tendencias de las series de las dos ONG. Por último, estas dos entidades, aunque se apoyan en fuentes similares, difieren sustantivamente en las cantidades de registros, salvo para las épocas finales, cuando tienden a coincidir. Desconocemos la metodología concreta utilizada para registrar y depurar la información de la ENS, por lo que no avanzamos en juicios al respecto. Por ahora baste decir que nuestra serie tiene mayor continuidad que las otras y parece aproximarse mejor a la dinámica del conflicto laboral, incluso en comparación con la del Ministerio del ramo. Cuadro 8 Comparación del número de huelgas y paros registrados por MPS, ENS y Cinep, 1984-2009 Ministerio de la Protección Escuela Nacional Sindical Cinep Social Huelgas (y Año Huelgas Paros Huelga + paro Huelgas Paros Huelga + paro paros) 1984 43 124 167 104 1985

12

71

83

164

1986

26

54

80

130

61

153

1987 1988

12

213

225

159

1989

8

109

117

172

1990

117

154

1991

234

11

22

33

149

1992

12

62

74

111

1993

14

11

25

86

1994

13

25

38

114

1995

7

26

33

96

1996

10

26

36

107

1997

8

30

38

179

1998

5

24

29

171

1999

2

27

29

168

2000

0

10

10

131

2001

3

15

18

94

2002

35

3

9

12

51

2003

15

8

19

27

50

30

2004

12

7

25

32

47

2005

18

11

25

36

30

2006

8

2

25

27

39

2007

7

7

26

33

64

2008

3

2

28

30

52

2009

1

28

2

30

34

Total

200

152

437

590

2.809

571

1.084

Fuente: cuadros anteriores y Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep.

Para completar esta comparación, hicimos también la búsqueda de series internacionales sobre huelgas. Tuvimos acceso a las estadísticas en línea de que dispone Laborsta.internet de la OIT, sobre las que volveremos luego para hacer la comparación de las tendencias de las huelgas en los países latinoamericanos. En el ámbito latinoamericano, que es el que nos interesa, pues es más comparable con nuestra realidad, revisamos en primera instancia los datos del Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (Olped), que no especifica de dónde proviene su información a partir de 1999, posiblemente del Ministerio del ramo, con apoyo de la Unesco. En todo caso, aunque reúne las luchas del magisterio con las de estudiantes y la comunidad educativa –porque le interesa la conflictividad “educativa” en general–, sus registros son inferiores a los que nosotros poseemos sobre las luchas magisteriales consideradas aisladamente.50 A su vez, el Observatorio Social de América Latina (Osal), del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), elabora cronologías desde 2000, no solo de protestas sociales sino también de eventos políticos y bélicos. En ese sentido, no hace el seguimiento de todos los conflictos sociales sino que resalta los que considera más visibles o significativos para entender la dinámica sociopolítica de cada país. Para el caso colombiano, hasta cuando la ENS, en noviembre de 2007, comenzó a elaborar la respectiva cronología, el reporte se apoyaba en dos o tres periódicos más la información ofrecida por Indymedia y el boletín Rebelión.51 Como puede observarse en esta búsqueda de series sobre conflictos laborales en términos internacionales, no es mucho lo que logramos avanzar para hacer una comparación. Por supuesto que en cada país latinoamericano hay un desigual seguimiento de las huelgas.52 A continuación transcribimos las cifras de huelgas y

50

Así, por ejemplo, habla de tres acciones (colectivas) en 2002, 15 en 2004, 15 en 2005 y 13 en 2006 (registros anuales de Olped), mientras nosotros tenemos 20 luchas del magisterio solo para 2002, 31 para 2003, y 37, 32 y 33 para los tres años siguientes, respectivamente. 51 Las cronologías de Osal se pueden consultar en línea en el portal de Clacso. 52 Este ejercicio lo hemos hecho para obtener una mirada histórica del siglo XX (Archila y Delgado, 1995. Nota 29 de la página 39). Allí, apoyándonos en Alberto Cuevas (1985), señalamos, por ejemplo, que en 1970 Chile tuvo 1.919 huelgas, Perú 345, Guatemala 36 y Venezuela 64, mientras

31

huelguistas de los años recientes encontradas para algunos países de Suramérica en el portal de Laborsta.internet.53 Más que explicar las diferencias entre las tendencias huelguísticas de los países aquí recogidos, es importante hacer algunas reflexiones metodológicas a propósito de los cuadros 9 y 10. No es claro de dónde obtuvieron la información sobre Colombia para los años 1986-1993 (no aparecen datos para otros años),54 pues ella no se asemeja a las cifras de las fuentes ya revisadas por nosotros, ni a las del denominado en ese entonces Ministerio de Trabajo, ni a las de la ENS ni, por supuesto, a las nuestras. Esto no invalida la serie, máxime por la oferta comparativa que hace, pero le pone un serio interrogante. El otro asunto es que en muchos casos unen huelgas y cierres patronales. Así que no es claro si en el caso colombiano lo hacen, lo cual podría explicar ciertos números abultados, como las huelgas de 1992, un año poco destacado en las series de la ENS y el Cinep. Algo similar puede decirse de las cifras de huelguistas. Por último, resalta el uso que hacen de la categoría huelga, similar al nuestro, salvo en el caso de incluir también los cierres patronales de empresas.

para 1982 Perú tuvo 809 huelgas y Venezuela 102, cuando nuestros guarismos para esos años son 65 y 132. 53 Consultada en línea los días 7 a 10 de mayo de 2010. Laborsta, órgano de difusión estadística de la OIT, tiene las siguientes precisiones conceptuales y metodológicas en la elaboración de sus datos: - Se entiende por huelga una interrupción temporal del trabajo efectuada por uno o varios grupos de trabajadores con objeto de obtener reivindicaciones o rechazar exigencias o expresar quejas o de apoyar las reivindicaciones o las quejas de otros trabajadores. - Se entiende por cierre patronal el cierre temporal, ya sea parcial o total, de uno o varios centros de trabajo decidido por uno o varios empleadores o el impedimento por parte de éstos del desarrollo de la actividad laboral de sus trabajadores con objeto de lograr una reivindicación o rechazar exigencias o de apoyar las reivindicaciones o las quejas de otros empleadores. - Un conflicto de trabajo o conflicto laboral es una situación de desacuerdo referente a una cuestión o conjunto de cuestiones con relación a la cual o a las cuales existe una discrepancia entre trabajadores y empleadores, o acerca de la cual o las cuales los trabajadores o empleadores expresan una reivindicación o queja o dan su apoyo a las reivindicaciones o quejas de otros trabajadores o empleadores. Las definiciones que utilizan los países pueden variar de las anteriores según sea la fuente de las estadísticas. Estas provienen por lo general de registros administrativos de los servicios de conciliación u otros interesados en las relaciones laborales, etc. Los datos pueden provenir de diversas fuentes, comprendidos los avisos de huelgas, informes periodísticos y averiguación directa a empleadores y organizaciones de trabajadores. Los datos que se presentan en esta tabla abarcan indistintamente las huelgas y los conflictos laborales, pues las estadísticas de la mayoría de los países no hacen distinción entre estas dos clases de acción reivindicativa. En general, las series abarcan toda clase de huelgas y cierres patronales, así como toda actividad económica, y se refieren tanto a las acciones en curso durante el año como a las que continúan las iniciadas el año anterior. Según las recomendaciones internacionales, todas las interrupciones del trabajo que se deban a un mismo conflicto laboral deben considerarse como una sola huelga o cierre patronal siempre que el lapso entre estas interrupciones no supere dos meses. En algunos países se utilizan criterios distintos para considerar como único un cierre patronal o una huelga. 54 En realidad, el único país de América Latina con información completa para todos los años es Chile, aunque con guarismos inferiores a Colombia, lo que no coincide con la tendencia histórica.

32

La gran lección que nos queda de esta comparación es la necesidad de poner en contacto los esfuerzos, oficiales y de ONG, que en cada país se hacen para seguir el conflicto laboral, con el fin de intercambiar categorías y metodologías y así lograr criterios cada vez más homogéneos que permitan comparaciones internacionales con mayor rigor.55 Cuadro 9 Comparación de número de huelgas y cierres patronales de algunos países de Suramérica, 1986-2008 Año

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia

1986

80

78

648

188

41

1987

79

75

720

207

81

1988

251

126

814

164

2

72

1989

117

169

667

177

6

101

3.164

1990

283

140

613

30

7

176

1.846

1991

234

87

315

110

224

659

1992

638

49

219

40

15

247

347

1993

292

28

151

35

5

224

1994

154

14

168

42

1

196

1995

7

102

44

187

1996

11

77

117

183

1997

66

1998

58

1999

71

Argentina

Venezuela

1

Chile

179 121

35

108

2000

32

125

2001

27

88

2002

35

117

2003

92

2004

125

2005

101

2006

770

134

2007

838

146

2008

839

159

Total

2.128

784

4.689

Brasil

1.154

2.447

166

3.227

6.016

Fuente: Laborista.

55

Este puede ser un resultado no esperado de la investigación en curso y para lo cual el Pnud puede ser un buen convocante.

33

Cuadro 10 Comparación de número trabajadores implicados en huelgas y cierres patronales en algunos países de Suramérica, 1986-2008 Año

Colombia

Ecuador

Perú

1986

12.371

11.963

249.291

3.900

1987

6.559

13.904

304.100

9.900

1988

24.569

51.684

679.300

2

5.600

1989

19.780

51.175

208.200

6

17.900

14’099.000

1990

20.348

24.392

258.234

7

25.010

14’243.000

9.664

180.728

619.000

46.215

16’805.000 16’805.000

1991

Bolivia

Argentina

Venezuela

Chile

1992

23.578

8.040

114.656

340.000

15

26.962

1993

9.879

3.399

41.474

203.000

5

25.098

1994

1.888

62.940

667.000

1

16.209

1995

639

28.182

303.000

1996

938

36.242

1997

19.196

1998

17.333

1999

52.080

24.724 25.776 1

19.278 12.608

249.7746

35

10.667

6’760.850

32

13.227

2001

27

11.591

2002

35

14.662

2000

2003

10.443

2004

13.013

2005

11.209

2006

1’185.076

15.602

2007

1’119.272

17.294

2008

1’931.373

17.473

Total

117.084

177.686

2’251.956

Brasil

2’132.000

13’494.317

166

394.361

61’952.000

Fuente: Laborista.

Añadimos una breve reflexión sobre la metodología utilizada por el Cinep para el seguimiento de la acción contenciosa sindical. Revisando la literatura internacional sobre el tema encontramos una serie de recomendaciones para hacer dicho seguimiento. Es muy común sugerir que se acoten las categorías y se cuente con definiciones operativas claras. Que la metodología sea explícita para el equipo que hace el seguimiento y para el público que va a tener acceso a él. En el terreno práctico surge la pregunta sobre la fuente a ser utilizada. Si bien se sugiere el uso plural de fuentes escritas y orales, muchos de los analistas que estudian los conflictos sociales contemporáneos suelen acudir a la 34

prensa como fuente principal de sus investigaciones. De la misma manera que nosotros, autores como Dieter Rucht y Friedhelm Neidhart son conscientes de los límites de la prensa, pero reconocen que “nosotros somos dependientes de otros que han reportado las protestas de una forma continua y bastante sistemática” (Rutch, Koopmans y Neidhart, 1999, 72).56 En la literatura sobre los movimientos sociales es claro que la visibilidad se juega en el terreno del otro y pasa por los medios de comunicación. De esa manera, los conflictos más numerosos y que afectan la economía o la vida social serán mayormente reportados por los grandes medios. Esto quiere decir que la prensa es una fuente ineludible, por la continuidad y sistematicidad con que sigue las noticias, pero que ella, tanto la ligada a empresas poderosas como la alternativa, no deja de tener sesgos en la información que ofrece. Ahora bien, controlando y depurando las noticias se obtiene una confiable aproximación a los eventos. Para ello, los mismos autores sugieren codificar la información según categorías acotadas y almacenarla, clasificándola para su posterior aprovechamiento por los investigadores y el público en general. Ahora bien, en términos internacionales, encontramos que, dados los altos costos y lo dispendioso del trabajo, frecuentemente se propone hacer la revisión de prensa en pocos periódicos y por muestreo de pocos días a la semana, o incluso al mes. Así, Dieter Rutch y Ruud Koopmans (2002) consideran aceptable tomar un día de la semana para hacer este muestreo con el fin de captar la aparición de protestas significativas –pues los diarios, especialmente en su edición dominical, suelen hacer referencia a hechos de la semana anterior que impresionan a la sociedad–, aunque reconocen que se pierde mucha riqueza de información cotidiana del evento (en Klandermas y Staggenborg, 2002, 238-239). Este consejo lo aplica en la práctica uno de los grandes historiadores y teóricos de los movimientos sociales: Charles Tilly. En su último libro este sociólogo e historiador norteamericano, por ejemplo, al analizar el caso filipino de comienzos de este siglo, hace muestreos de prensa semanales y en algún caso toma solo los titulares diarios de un periódico, sin entrar a estudiar en detalle la noticia (Tilly, 2004, cap. 5). Nuestra intención al hacer este señalamiento no es demeritar la investigación de Tilly, por demás reconocida por su rigor teórico y su amplia cobertura temporal y espacial, sino mostrar que la lectura diaria de varios periódicos –dentro de los estándares internacionales– no es común para desarrollar el seguimiento de las luchas sociales, cosa que sí hace el Cinep, entre otros centros de investigación del país. En efecto, su Archivo de Prensa –la fuente fundamental de nuestra Base de Datos de Luchas Sociales– no solo revisa diariamente diez periódicos nacionales y regionales,57 sino que clasifica y almacena sistemáticamente esta información de

56

El resaltado es de los autores, la traducción del inglés es nuestra. El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El Mundo, Vanguardia Liberal, El Heraldo, El (Nuevo) Siglo, El País, La República, y el semanario Voz (Voz Proletaria). 57

35

acuerdo con estándares internacionales, e incluso más allá de ellos, como hemos visto. En conclusión, y para no alargarnos más en esta sección, dado el rigor con que el Cinep realiza el seguimiento del conflicto social en la Base de Datos de Luchas Sociales, el mayor cubrimiento y continuidad temporal y la riqueza de sus variables y categorías, como se vio tanto en la comparación con otras series nacionales e internacionales como en la reflexión sobre la metodología aplicada por teóricos y estudiosos de los movimientos sociales, en esta investigación optamos por apoyarnos en nuestra información para el estudio de la dinámica de la protesta sindical. Esto no quiere decir que en algunos momentos del análisis no recurramos a otras series estadísticas para contrastar y controlar nuestros hallazgos.58 e) Información consolidada entre 1984 y 2009 Para finalizar, incluimos los cuadros 11 y 12, que resumen la información disponible de nuestra base de datos sobre el total de luchas sindicales, huelgas y huelguistas para el periodo estudiado. El análisis de esta información se hará en las secciones que siguen.

58

En este sentido, y a no ser que se indique claramente, en lo que sigue, las fuentes de los cuadros y gráficos son nuestras dos bases de datos antes analizadas.

36

Cuadro 11 Todas las modalidades de luchas sindicales, 1984-2009 Año

Huelgas

1984

104

8

0

3

Huelga de hambre 0

1985

164

7

0

5

0

176

1986

130

3

0

1

1

135

1987

153

10

0

6

0

169

1988

159

13

0

3

0

175

1989

172

9

0

6

0

187

1990

154

6

0

4

0

164

1991

149

13

0

6

0

168

1992

111

12

0

0

0

123

1993

86

48

0

0

2

136

1994

114

3

0

0

0

117

1995

96

7

0

2

1996

107

13

1

3

0

124

1997

179

7

1

5

0

192

1998

171

9

4

5

0

189

1999

168

24

7

14

0

213

2000

131

7

5

0

0

143

2001

94

18

5

12

0

129

2002

51

18

2

12

1

84

2003

50

55

3

11

0

119

2004

47

51

5

22

2

127

2005

30

56

3

18

3

110

2006

39

51

2

7

1

100

2007

64

83

8

20

0

175

2008

52

62

6

7

1

128

2009 Total tipos de lucha

34

46

8

14

1

103

2.809

639

60

186

12

3.706

Movilizaciones Bloqueos

37

Tomas

Total 115

105

Cuadro 12 Huelgas y de huelguistas, por año, 1984-2009 Año

Huelgas

Huelguistas

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

104 164 130 153 159 172 154 149 111 86 114 96 107 179 171 168 131 94 51 50 47 30 39 64 52 34

346.450 868.590 556.678 648.631 885.589 1’009.311 1’034.783 1’134.976 502.467 688.369 483.960 598.599 708.484 1’560.668 2’122.423 1’635.610 2’322.778 2’312.849 207.556 378.653 260.238 58.890 152.020 165.574 145.254 63.781

Huelgas sin información sobre número de huelguistas 2 0 1 2 10 0 0 2 5 2 1 2 2 1 8 2 0 3 2 3 3 6 4 16 11 2

Total

2.809

20’853.181

90

38

SEGUNDA PARTE TENDENCIAS DE LAS LUCHAS SINDICALES Y DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS SINDICALISTAS (1984-2009) En la segunda parte del trabajo damos cuenta de las tendencias nacionales, tanto de las luchas sindicales como de la violencia contra los sindicalistas para los 26 años estudiados. Buscamos relacionar los dos procesos en forma narrativa, gráfica y georreferenciada, y la dividimos en cinco secciones. En la primera tratamos el contexto general de los 26 años, divididos en tres subperiodos: 19841990, 1991-2001 y 2002-2009. En la segunda observamos las tendencias de las dos variables estudiadas en dichos subperiodos. En la siguiente consideramos algunas dinámicas regionales y sectoriales de las variables para luego presentar nuestra hipótesis de trabajo de cara a los hallazgos aquí encontrados. Finalmente resumimos los hallazgos del ejercicio estadístico sobre nuestra hipótesis central. 1. Contexto y dinámica general Antes de iniciar el recorrido por las principales tendencias de la violencia contra los trabajadores sindicalizados y la evolución de sus luchas conviene enmarcar brevemente el periodo que va de 1984 a 2009, que hemos dividido en tres subperiodos para resaltar sus particularidades sociopolíticas en ciertos momentos históricos. Se trata de divisiones temporales que pretenden mostrar algunos rasgos sobresalientes de la coyuntura nacional, sin perder de vista el contexto internacional referido al tema de investigación que nos convoca.1 El primer subperiodo (1984-1990) está encuadrado en el ciclo recesivo mundial y en la crisis de la deuda externa de América Latina, paralela al desmonte de las dictaduras militares y el consiguiente retorno a la democracia representativa en el Cono Sur y en Centroamérica, así como en general en el continente. En Colombia este subperiodo cubre la segunda mitad del mandato de Belisario Betancur y la totalidad del de Virgilio Barco. Está marcado por la búsqueda de una salida política de la crisis nacional, caracterizada, entre otros factores, por el desborde de las violencias (Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1987). Nos referimos no solo a las que vienen de tiempo atrás –insurgentes y contrainsurgentes– sino también a la paramilitar, a la que se articula, a finales del decenio de los 80, la irrupción del

1

Como bien lo señala Michel de Certeau, la escritura de la historia, que parte de la separación entre pasado y presente, implica dividir “periodos”. En ese sentido toda cronología crea sus periodos, pero no en forma arbitraria sino de acuerdo con la interpretación que se persigue. “El corte es, pues, el postulado de la interpretación (que se construye a partir de un presente) y su objeto (las divisiones organizan las representaciones que deben ser re-interpretadas)” (de Certeau, 1993, 17-18). Para postular la siguiente división de subperiodos tuvimos en cuenta aspectos de contexto global y nacional, y el comportamiento de las dos variables que relacionamos en esta investigación. Una ampliación del contexto histórico figura en el primer capítulo de Archila y otros, 2009.

39

narcotráfico. Esta violencia desbordada, como un último estertor de la Guerra Fría, tendrá como objetivos a los líderes de organizaciones sociales y los sindicalistas, así como a las expresiones políticas de oposición, en particular la Unión Patriótica (UP). El subperiodo se inicia con la apertura de los primeros procesos de paz convenidos con la insurgencia, que, si bien fracasan en lo inmediato, instalan un ambiente de reforma política descentralizadora, en particular la elección popular de alcaldes. Asimismo, en estos años ocurren notorias convergencias de organizaciones sociales y de las izquierdas políticas y armadas. En ese contexto se inscribe una creciente movilización social, como veremos luego. Al final del subperiodo estos esfuerzos de paz fructificarán en la desmovilización de algunas guerrillas y en la convocatoria de la Asamblea Constituyente, que promulgará la nueva carta política del país. El segundo subperiodo (1991-2001) se enmarca en la caída del socialismo real y la difusión planetaria del neoliberalismo, que significaron la crisis generalizada del Estado de Bienestar y el desmonte de muchas de las conquistas del mundo laboral. En el país cubre los periodos presidenciales de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana y se inicia con la expedición de la Constitución de 1991, que pretendía ser una respuesta a la crisis nacional de la década anterior. Pero con su expedición no se superó la guerra y, antes bien, se profundizó luego de un primer momento de euforia de paz suscitado por algunas desmovilizaciones insurgentes y aun paramilitares. En cambio, al abrigo de la nueva carta constitucional, se inició una apertura económica que con distintos grados se ha implementado desde ese momento. Si bien se presentaron situaciones de diálogo con las guerrillas aún en armas, se produjeron nuevas desmovilizaciones y se emprendió la más generosa negociación de paz con el despeje de la zona del Caguán entre 1999 y 2002, cuya resultante fue la profundización de la guerra con la insurgencia. Paralelamente, y en parte como respuesta a estos acercamientos, se produce el despliegue armado del paramilitarismo, mientras se gesta la unidad de la mayoría de los grupos paramilitares en las llamadas Autodefensa Unidas de Colombia (ACU). Unos y otros actores armados acuden a las drogas ilícitas, el secuestro y la extorsión –las “vacunas”– para financiarse. Todo ello deriva en la degradación del conflicto armado, que afecta en forma creciente a la población civil, entre ella a los sindicalistas, y desencadena una crisis humanitaria sin parangones en el continente. Aunque este subperiodo va a exhibir fuertes momentos de movilización social –especialmente en 1999, por factores coyunturales que más adelante se verán–, la media de protestas fue inferior a la del anterior. El tercer subperiodo (2002-2009), en el que aún vivimos, está determinado por los signos de agotamiento global de la agenda neoliberal –lo que no significa su derrota–, y por el desajuste del sistema global derivado de la concentración de poder en un centro –Estados Unidos– que es incapaz de mantener el orden mundial. En América Latina el ascenso de gobiernos y coaliciones de izquierda, muchos de ellos impulsados por los movimientos sociales del respectivo país, es un signo de renovación democrática y de retorno a la agenda social descuidada por las previas aperturas neoliberales. Colombia aparece en este escenario como 40

una excepción. En efecto, el subperiodo está marcado por el fracaso de los diálogos de paz del Caguán y el abandono de la solución negociada del conflicto armado, después de muchos años de búsquedas por ese camino. Todo ello encarna en la administración de Álvaro Uribe Vélez, quien prometió derrotar militarmente a la insurgencia y someter a los paramilitares por medio de la llamada política de “Seguridad Democrática”. Aunque en estos ocho años se dieron pasos en esa dirección, la insurgencia dista de estar derrotada y no se han desmontado totalmente las estructuras económicas, políticas y aun armadas de los grupos paramilitares. En cambio, la creciente polarización política y la extensión del mandato de Uribe por un periodo más contribuyeron a desequilibrar la institucionalidad de la que se ufanaba el país. En materia económica, el extenso mandato de Uribe profundizó la agenda neoliberal y la apertura comercial por medio de los Tratados de Libre Comercio (TLC).2 Con el ánimo de firmar el TLC pendiente con los Estados Unidos, el mandatario colombiano se ha alineado con la potencia del norte, especialmente durante el mandato de George W. Bush. Pero ello no bastó para obtener la aprobación del mencionado tratado, el cual ha sido rechazado, entre otros factores, por las denuncias sobre la persistencia de violaciones de los derechos humanos, en especial de los sindicalistas.3 Contrario a lo que podría esperarse del talante autoritario de Uribe Vélez, en su gobierno las luchas sociales se han incrementado en el país. Si bien ellas disminuyeron al inicio del último subperiodo considerado, posteriormente ascendieron por encima de la media histórica. Este aumento de la protesta, sin embargo, muestra cambios de fondo en los protagonistas. En efecto, el sindicalismo, actor clave de las luchas sociales a lo largo del siglo XX, tiende a rebajar proporcionalmente su acción contenciosa en este último subperiodo, como lo muestra el Gráfico 1.4

2

Según informe de prensa, para comienzos de julio de 2010 había tres TLC vigentes: con Guatemala, Chile y Canadá. Estaban en trámite los acuerdos con la Unión Europea (UE), Suiza, Noruega, Corea del Sur, Panamá y Estados Unidos (El Espectador, junio 28, 2010, 8). 3 El tema de derechos humanos está en juego no solo en este TLC sino en los celebrados con los países europeos, pues cada uno debe ratificarlo, y en el ya vigente con Canadá, en el cual este país debe realizar una evaluación anual sobre el comportamiento en dicha materia. Esta última información fue aportada por el profesor Álvaro Román, quien consultó la respectiva página web. 4 No sobra volver a advertir que a partir de este momento los cuadros, gráficos y mapas incluidos en este informe tienen como fuentes nuestras bases de datos, a no ser que se indiquen otras.

41

Gráfico 1 Luchas sociales y luchas sindicales por año 1984-2009

En el Mapa 1 no se percibe la evolución de las luchas sociales y sindicales en el tiempo, pero sí la distribución espacial de ambas series. En concreto, las sindicales, que obviamente abarcan menos municipios, tienden a concentrarse en los grandes centros urbanos e industriales de las regiones andinas y de la Costa Atlántica, así como en las áreas de valles interandinos que hemos designado como enclave extractivo.

42

Mapa 1

43

Creemos que esta disminución relativa del peso sindical en las luchas sociales hace parte de un interrogante que trataremos de responder en este informe. Para nosotros, se trata de un paulatino debilitamiento del sindicalismo en el cual la violencia que se ejerce en su contra es un factor explicativo fuerte, aunque no único. Al respecto consideremos el Gráfico 2, relativo a la evolución de la violencia contra los sindicalistas, según las definiciones antes señaladas, y donde se destaca el marcado peso de los asesinatos, la forma más letal y visible de dicha violencia.5 El gráfico muestra una tendencia casi cíclica en cuanto a la evolución general de la violencia contra los sindicalistas, especialmente en la modalidad de asesinato, salvo en el marcado descenso operado a finales del siglo pasado, su incremento a comienzos del presente y en seguida el inicio de una clara tendencia al descenso. Gráfico 2 Violaciones a los derechos humanos ejercidas sobre sindicalistas 1984-2009

5

Hay que aclarar que, para efectos gráficos y comparativos, tendemos a mostrar, por una parte, todas las violencias contra los sindicalistas, que incluyen los asesinatos, y, por otra, esta última modalidad tomada aisladamente. Así deben ser interpretados los gráficos de violencia contra los sindicalistas, a no ser que se señale otra cosa. Lo mismo ocurre con las luchas sindicales, en las que mostraremos todas las luchas sindicales, incluidas las huelgas, y por aparte esta modalidad de protesta en forma aislada.

44

Gráfico 3 Tipos de violación de derechos humanos contra sindicalistas 1984-2009

Gráfico 4 Trayectoria de los tipos de violación de derechos humanos contra sindicalistas 1984-2009

Los gráficos 3 y 4, que discriminan las modalidades que adopta la violencia contra los sindicalistas, ilustran la destacada visibilidad de los asesinatos, que ascienden hasta el pico de 1996, decrecen con un breve repunte en 2001-2002 y a partir de ahí disminuyen. La tendencia decreciente de la violencia antisindical en lo que va del actual siglo podría considerarse como una expresión de que la “tarea” de 45

aniquilar sindicalistas se ha cumplido, y sobre todo porque la violencia sigue adelante y emplea otros medios, ya que se incrementan las detenciones arbitrarias y las amenazas. Estas últimas situaciones aparecen definidas con precisión dramática en el lenguaje popular: “andar con una lápida en la espalda”, “estar muerto en vida”.6 Las tendencias se reflejan igualmente en los mapas 2 y 3, que muestran la gran cobertura territorial que adquieren los asesinatos de sindicalistas, comparada con la de otras modalidades de violencia, que en este caso no incluyen los asesinatos. En general, desde luego, las zonas en donde se ejerce una u otra modalidad de violencia contra los trabajadores sindicalizados tienden a coincidir, pero resaltan las ciudades capitales (en especial Medellín y Bogotá) y regiones como el Magdalena Medio –especialmente Barrancabermeja–, el Urabá antioqueño y partes de Córdoba, el norte del Cesar, la zona bananera del Magdalena y Arauca.

6

Siempre hay una línea frágil entre la amenaza y el asesinato. Así lo muestra el testimonio de Jorge Lerma, dirigente sindical de Telecom, empresa que intentó ser privatizada varias veces desde los años 90. El sindicato resistió esa política en 1992 con un paro que fue catalogado como acción “terrorista” y sus dirigentes fueron encarcelados y judicializados como represalia del gobierno. Según Lerma, “aún más trágico que las detenciones (…) fue la muerte de Joaquín María Caicedo. Un compañero ingeniero afiliado a nuestra organización sindical (…) y quien fue amenazado durante la huelga para obligarle a romper el movimiento (…) se negó a las pretensiones del gobierno y de Telecom y fue asesinado por esa razón. Fue asfixiado y apareció posteriormente quemado en las afueras de Bogotá cerca del barrio de Soacha” (Entrevista a Lerma, en Carrillo y Kucharz, 2006, 268).

46

Mapa 2

47

Mapa 3

48

Para tener una perspectiva más real del fenómeno de la violencia contra los sindicalistas construimos una aproximación a las tasas municipales de todas las modalidades de violación de derechos humanos que tuvieron a los sindicalistas como víctimas en los tres superiodos señalados.7 Ellas se plasman en los mapas 4 a 6. Aunque las magnitudes son algo diferentes por subperiodos –por ejemplo, el segundo es el más largo y el que encierra más cifras de violaciones de derechos humanos–, los mapas en mención sugieren una reconfiguración regional de la violencia contra los sindicalistas. Las regiones más victimizadas en los dos primeros superiodos, como Urabá y el Magdalena Medio, decrecen en el tercero, especialmente Urabá. Mientras que en ese momento aumentan las tasas de violencia contra los sindicalistas en Arauca y partes de Putumayo y del piedemonte de la Amazonia y la Orinoquia. Además, el notorio peso que tenían algunas ciudades capitales en las cifras absolutas de esa violencia, se modera al construir este indicador ajustado de acuerdo con la población.

7

Dichas tasas provienen de las cifras de violencia contra sindicalistas por municipio de cada subperiodo, divididas por la población municipal promedio tomada de los cálculos anuales de población del Dane en cada subperiodo. Aunque nos interesa esta aproximación, pues es una medida más aproximada a la situación de violencia porque la controla por el factor población, también es importante la cifra absoluta de violaciones, que es más sólida por la forma como se construyó para esta investigación. En todo caso, conviene tener presente siempre estas tasas para los análisis concretos del comportamiento municipal y regional de la violencia contra los sindicalistas.

49

Mapa 4

50

Mapa 5

51

Mapa 6

52

El Gráfico 5 y los mapas 7 y 8 son los más dicientes en cuanto a la hipótesis que queremos demostrar. En el Gráfico 5 cruzamos las tendencias de las dos series estudiadas, a pesar de la disparidad de la unidad de análisis –protestas en un caso, víctimas de la violencia en el otro. Y en los mapas señalamos la respectiva georreferenciación de este cruce de los dos procesos analizados. Gráfico 5 Luchas sindicales y violaciones de derechos humanos contra sindicalistas 1984-2009

En el Gráfico 5 salta a la vista que, en el primer subperiodo, las dos series tienden a subir, mientras las luchas sindicales superan los indicadores de frecuencia de la violencia contra los sindicalistas. En el segundo momento no aparece una clara relación entre las dos series, pues hay años en los que una curva supera ampliamente a la otra, y otros en que ocurre lo contrario, sin que tampoco se pueda establecer, al menos visualmente, una correspondencia. La tendencia gruesa del tercer subperiodo parece ser al descenso del indicador de la violencia, aunque marca índices superiores a las luchas, salvo en 2007 y 2008. Las protestas sindicales, a su vez, tienden a disminuir o a estancarse, con la excepción de esos dos años, cuando ascienden, a causa de una coyuntura que luego analizaremos. Los mapas 7 y 8 muestran también una gran coincidencia espacial de los municipios donde se libran luchas sindicales y en los cuales se ejerce violencia contra los sindicalistas. En el Mapa 7 hacemos el cruce de las dos variables por municipios, sin dar cuenta de la magnitud de cada una de ellas. De esa manera

53

puede observarse que en el 13% hubo solo luchas sindicales, en el 18% solo violencia contra los sindicalizados y en el 22% se presentaron ambos fenómenos.8

8

Para hacer estos cálculos tomamos el censo de municipios de 2007, que establece 1.120. Aquí puede haber un subvaluación de las proporciones de los municipios que presentan luchas o de los afectados por la violencia, ya que en 1984 su número total era menor, pero en todo caso los porcentajes son una aproximación a su distribución espacial. El Cinep montó su programa de georreferenciación con base en el año 2007, que sigue siendo válida. En octubre de 2009 el Dane hizo su última actualización, que arrojó 1.122 municipios (Dane, Sistema de Consulta de la División Político-administrativa de Colombia, actualizada a junio de 2010, en www.dane.gov.co).

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Mapa 7

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En el Mapa 8 medimos la intensidad de cada variable y mostramos la presencia mutua en ciudades capitales y en zonas como el Magdalena Medio barranqueño, el Urabá antioqueño y la zona bananera del Magdalena. Hay otras regiones en donde la frecuencia de la violencia es proporcionalmente mayor a la de las luchas, como ocurre en Arauca, Norte de Santander, Córdoba, Putumayo y en general el piedemonte llanero. Allí la clase obrera sindicalizada no es muy numerosa y pueden intervenir otras expresiones violentas ligadas a la disputa de poderes locales y regionales. Y hay algunos municipios, como Buenaventura o Riohacha, en donde se presentan más luchas sindicales que indicadores de violencia contra los sindicalistas. Algunas de estas observaciones serán profundizadas en los análisis de los casos emblemáticos, sobre todo para las regiones en donde encontramos altos indicadores de los dos procesos relacionados en esta investigación.

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Mapa 8

Luchas sindicales y violación de derechos humanos contra sindicalistas 1984-2009

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Con el ánimo de indagar por las dimensiones locales y regionales de la violencia contra los sindicalistas –que no profundizaremos, dadas las especificidades de este estudio, pero que serán abordadas por la Corporación Nuevo Arco Iris–, construimos los mapas 9 y 10 sobre la cobertura municipal de la violencia política general del país –medida tanto en total de víctimas como en total de acciones bélicas– y la dirigida contra los sindicalistas entre 1990 y 2009.9 De esa información se desprende que hay una obvia superposición, pues la violencia que se ejerce contra los sindicalistas es parte de la general, pero es más explícita esta asociación con el total de víctimas (Mapa 9), que con las acciones bélicas (Mapa 10). Aparentemente, la violencia contra los sindicalistas responde más a la dinámica de violación de derechos humanos en Colombia que a la propia del conflicto armado. Por supuesto que hay procesos locales y regionales de violencia general que se cruzan con la antisindical, como ya insinuamos, pero creemos que la que se libra contra los sindicalistas no es algo aleatorio o un simple reflejo de la trayectoria general; tiene una especificidad que ilustraremos en esta investigación, especialmente en los casos emblemáticos

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La diferencia del periodo considerado radica en que la información del total de la violencia política en Colombia que acuña la Base de Datos de Derechos Humanos del Cinep solo se inicia en 1990. Por ello, aunque para esta investigación tenemos registros de violencia contra los sindicalizados desde 1984, preferimos unificar el periodo para hacer comparables las dos variables.

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Mapa 9

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Mapa 10

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Una vez considerada la trayectoria a grandes rasgos de la violencia contra los sindicalistas, es pertinente examinar la evolución de la dinámica de las huelgas y los huelguistas. Como se observa en el Gráfico 6, se presenta un relativo paralelismo en el comportamiento de ambas series hasta 1997, cuando se inicia la disminución de las huelgas, que fue más marcada desde 1999. Mientras tanto, la proporción de huelguistas aumenta por un tiempo más, para caer dramáticamente desde 2002. Gráfico 610 Tendencias porcentuales de huelgas y huelguistas 1984-2009

Al considerar la dinámica de las luchas sindicales por modalidad (Gráfico 7) salta a la vista la disminución proporcional de la huelga. En los dos primeros subperiodos ella tenía el mayor peso en las protestas laborales, salvo en 1993, cuando se acercó al nivel de las movilizaciones. Pero es definitivamente desde 1999 cuando esta tendencia histórica se quiebra. Como bien se sabe, por la literatura sobre el tema, la huelga es la forma más visible de acción contenciosa sindical y la que más explícitamente manifiesta el conflicto laboral desde el inicio de la organización de los trabajadores asalariados.11 En los repertorios de lucha contemporáneos ella es el último recurso al que se ven abocados los trabajadores cuando la negociación laboral se cancela, 10

Este gráfico muestra los porcentajes anuales de huelgas y huelguistas con relación al total de cada variable. 11 No sobra recordar que, metodológicamente, para evitar duplicación de registros, destacamos la forma más abarcadora de lucha sindical, que suele ser la huelga, como ya la definimos en la primera parte de este informe.

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o cuando se busca posicionar temas sociopolíticos en la arena pública. Es una acción que sintetiza el poder de presión autónomo sindical. Si la huelga desaparece como opción de negociación o presión, difícilmente se puede hablar de un sindicalismo vivo y actuante en el marco de una democracia. Y esto parece estar ocurriendo en los últimos años en Colombia. Gráfico 7 Modalidades de protesta sindical 1984-2009

Al considerar la variable de motivo “lucha por derechos humanos” en todos los actores sociales y por separado en los sindicalistas, se percibe en forma también notoria, el descenso de las protestas sindicales en el conjunto de las luchas por la mencionada demanda. El Gráfico 8 registra que la tendencia de las dos curvas coincidía hasta mediados de los años 90, cuando ellas se tornan divergentes y el sindicalismo pierde su papel protagónico en las acciones por derechos humanos y en general en todo el espectro de la protesta nacional.

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Gráfico 8 Total de luchas sociales y sindicales por derechos humanos 1984-2009

Lo anterior se ratifica en el Gráfico 9, que compara, solo para el actor sindical, huelgas totales y huelgas por derechos humanos. Aquí resaltan no tanto las eventuales divergencias de las curvas sino su común tendencia a disminuir, pero con el agravante de que desde 2004 prácticamente desaparecen las huelgas motivadas por violaciones de derechos humanos. Esto, que parece paradójico cuando todavía se ejerce violencia contra los sindicalistas, puede ser explicado por la misma debilidad organizativa del sindicalismo, que corre el riesgo de un mayor deterioro cuando un sindicato acude a este tipo de lucha laboral. El perverso andamiaje de violencia contra ellos hace que, con el paso del tiempo, muchos sindicalistas se contengan antes de lanzarse a la huelga, y con menor razón por motivos como la vigencia de los derechos humanos o la violencia que soportan. Otra explicación adicional del fenómeno observado es que las luchas por derechos humanos tienden a ser más sensibles cuando ocurren asesinatos y masacres; cuando éstos disminuyen, como sucede en lo que va del siglo XXI, aquellas pueden decrecer.

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Gráfico 9 Huelgas totales y huelgas por derechos humanos 1984-2009

Nuestros hallazgos en torno a las tendencias de las protestas sindicales no terminan aquí. Cuando en el Gráfico 10 se miran los convocantes de las luchas sindicales clasificados por su afiliación confederal, es evidente la abrumadora supremacía de la CUT. Ello obedece no solo al mayor peso porcentual de los afiliados a esa organización, sino asimismo al tipo de sindicalismo que pregona, cosa en la que, sin duda, influye la orientación política de izquierda que predomina en esa central. Según datos de la ENS, en 2009 la CUT tenía 731 sindicatos con 527.542 afiliados (64,2% del total), la CGT 540 con 120.349 afiliados (14,6%), la CTC 167 con 45.307 afiliados (5,5%) y los no confederados 1.495 con128.759 afiliados (15,7% del total) (ENS, Sislab, junio de 2009, 3). Mientras los no confederados agrupaban más sindicatos (50,9% del total) que la CUT (25%), ésta era de lejos la mayor central sindical en número de afiliados. También cuenta el hecho de que dicha central sea la que más número de víctimas de la violencia tiene: 78%, en los últimos tres años, según la ENS (Cuadro 13).

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Cuadro 13 Víctimas de homicidios por centrales sindicales, 2007-2009 Central 2007 2008 2009 TOTAL CUT 33 27 16 76 CGT 4 7 3 14 CTC 1 1 No confederado

1

3

2

6

Total

39

37

21

97

Fuente: Escuela Nacional Sindical, Sistema de Información Laboral y Sindical (Sislab), 1er. Reporte, diciembre de 2008 (p. 49) y 2º Reporte, junio de 2009 (p. 48).

No es novedad recordar que la CUT surgió de la confluencia de sindicatos no confederados o “independientes” –muchos de ellos orientados por la izquierda no comunista–, la Cstc –que reunió a los sindicatos “comunistas” expulsados a principios de los años 60 de la CTC–, la mayoría de federaciones de la UTC y algunas de la CTC. En pocas palabras, si bien en la CUT confluyen sindicalistas y dirigentes de distintas afiliaciones políticas, su espectro político es más inclinado hacia la izquierda que el de las demás centrales (CTC y CGT, esta última originalmente vinculada a la Democracia Cristiana).12 Estas consideraciones buscan sugerir la hipótesis de que el predominio de ideas políticas de izquierda en la CUT es posiblemente uno de los motivos para que sus afiliados sean más víctimas de la mayor violencia. Como este elemento se analiza en el estudio de casos, por ahora baste señalar que todos los sectores sindicales investigados por nosotros –sobre los que más violencia se ejerce– están, o en algún momento estuvieron, afiliados a dicha central.

12

Esto es lo que en otro texto hemos llamado una expresión de las izquierdas sociopolíticas (Archila y otros, 2009).

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Gráfico 10 Dirección confederal de las luchas sindicales 1984-2009

2. Análisis por subperiodos Hechas las anteriores consideraciones de carácter general para todo el periodo estudiado (1984-2009), conviene considerar las tendencias que tanto las luchas sindicales como la violencia contra los sindicalistas muestran en los subperiodos acordados, para desarrollar luego nuestro argumento sobre la relación entre estas dos variables, plasmándolo gráfica y espacialmente. De acuerdo con la información previa, en el primer subperiodo (1984-1990) las luchas sindicales muestran una propensión al incremento, especialmente en 1985 y el trienio 1987-1989.13 Cuando se repasa la historia de las protestas sociales de esos años (Archila y otros, 2002) resaltan factores sociopolíticos que no afloran

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Según nuestras series históricas, entre 1975 y 1977 hubo un sostenido nivel de acciones sociales colectivas de todos los actores, que disminuye, entre otros factores, por la penalización de la protesta al abrigo del Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala, expedido en parte como respuesta a la impresionante movilización del Paro Cívico Nacional de septiembre de 1977. En consecuencia, entre 1978 y 1981 hubo un pronunciado descenso de las luchas sociales en general en el país, tendencia que se quiebra a partir de 1982. En ese nuevo ascenso generalizado de la lucha social en el país se enmarca nuestro primer subperiodo (Archila, 2003).

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inmediatamente en nuestras series estadísticas. Al abrigo de la reforma política que se vivió en esos años –fruto a su vez de las negociaciones de paz con la insurgencia, que se concretaron en mayor descentralización y en la elección popular de alcaldes–, se produjeron importantes movilizaciones en las que convergieron varios actores sociales, y el sindicalismo fue uno de los más visibles y, por momentos, el que jalaba esas luchas. Posiblemente ello esté ligado a la búsqueda del control local y regional, en la que no están ausentes los sindicatos. Nos referimos, por ejemplo, a los paros y marchas ocurridos en 1987 y 1988, cuando los actores sociales de varios departamentos del nororiente colombiano, como los Santanderes, Arauca, sur de Bolívar y Cesar, a los que se unieron los de Sucre y Antioquia, se movilizaron para presionar a favor de demandas regionales por la mejora de las infraestructuras y contra la desmilitarización de sus territorios.14 Algo similar ocurrió en varias subregiones antioqueñas, en especial en Urabá, como veremos luego, en torno a servicios públicos y vivienda, por tierras y, sobre todo, por mejores condiciones laborales. El Mapa 11 describe la cobertura municipal, tanto de las luchas sindicales como de la violencia contra los sindicalistas en esos siete años. Aunque hay coincidencia entre los dos procesos, en zonas como el Magdalena Medio y Urabá y ciudades como Medellín, Bucaramanga y Cali se observa una desproporción entre altos indicadores de violencia y menores de luchas, mientras lo contrario ocurre en Bogotá, Ciénaga, Buenaventura y la región de Arauca. En el primer caso se percibe espacialmente una inicial violencia de retaliación ante las luchas sindicales, no así, por ahora, en el segundo caso.

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Así las narra Alfredo Molano en forma algo épica: “En 1987 la Coordinadora Popular del Nororiente organizó el renombrado paro (…) logró movilizar 120.000 personas que paralizaron Tibú, Barrancabermeja, San Alberto y Puerto Wilches. La respuesta fue la misma de siempre: 57 dirigentes asesinados, de los cuales 13 eran negociadores por organizaciones de base. Aparecieron las „Listas de la muerte‟ con 77 nombres de la UP, A Luchar y la USO (…) Al año siguiente las marchas campesinas se organizarían para exigir el cumplimiento de los acuerdos logrados (en el) 87. Las organizaciones iban en aumento (…) En esa oportunidad salieron 80.000 campesinos de Arauca, los Santanderes, Magdalena, Cesar, Sucre y Atlántico (…) El Ejército detuvo las marchas taponando vías e impidiendo la entrada de comida. El gobierno y la prensa calificaron el movimiento de „oscuro plan subversivo‟. La revista Semana habló de „MarchismoLeninismo‟” (Molano, 2010, 54-55).

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Mapa 11

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Las convergencias de diversos actores sociales y el peso del sindicalismo en el nororiente colombiano y Antioquia preocuparon a las elites regionales, no solo por las dimensiones y los logros de las protestas, sino también porque expresaban procesos unitarios en los cuales las diversas fuerzas de izquierda superaban, temporalmente, sus divisiones. Nos referimos a la creación de organizaciones nacionales de indígenas en 1982 y de campesinos en 1986, y especialmente a la CUT, que recogía al sindicalismo caracterizado como “independiente” e influido por las izquierdas (Múnera, 1998; Archila y otros, 2009). Estos procesos unitarios del mundo social eran expresión de las convergencias en el plano político que se presentaban entre distintas fuerzas de la izquierda partidista. Ya desde mediados de los 80, diversos sectores políticos y sindicales, e incluso de la guerrilla del ELN, anticipando lo que serían luego las izquierdas sociopolíticas, se fusionaron en una organización conocida como A Luchar. En el plano electoral, la UP, resultado directo de la negociación con las Farc, recoge, además del grueso de la militancia comunista, a otros pequeños sectores de izquierda. La UP logró una votación significativa en 1986 y obtuvo una aceptable figuración parlamentaria.15 Algo similar, aunque de menor escala, fue la expresión electoral del PC-ML (el Frente Popular), que en algunas regiones, especialmente en Urabá, hizo alianza con la UP y A Luchar en 1988. Aun en la misma guerrilla aparecieron convergencias, como ocurrió con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (Cgsb), que agrupó a todas las fuerzas insurgentes del país hasta 1989. Aunque estos elementos de historia política parecen estar distantes del tema de nuestra investigación, en realidad no lo están porque el “auge” de las luchas sociales en la segunda mitad de los años 80 tiene que ver con esas convergencias sociopolíticas, incluso de las organizaciones armadas. En Urabá, por ejemplo, estas últimas favorecieron que el sindicalismo influido por los comunistas y los “emeeles” trabajara conjuntamente, hasta la desmovilización del EPL en 1991 (Ortiz, 2007; Suárez, 2007). Sin embargo, la “combinación” de la lucha armada con la sindical terminó perjudicando a la segunda, pues se prestó para la estigmatización del sindicalismo, que más pronto que tarde los paramilitares convertirían en sentencia de muerte. Así, por ejemplo, en agosto de 1988 la CUT presentó ante la OIT pruebas de 190 asesinatos de trabajadores colombianos cometidos entre octubre de 1986 y agosto de 1988, que solo merecieron una despectiva y provocadora aseveración del diario más importante del país, El Tiempo: “La infiltración en los sindicatos –donde la encabeza un buen amigo, mas también un buen „idiota útil‟, el doctor Carrillo–,16 aumenta notoriamente. La CUT ya casi se identifica con ciertas reivindicaciones que con bombas y dinamita quieren imponer el EPL o el ELN. Por todos lados la

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La UP obtuvo el 6% de los votos en las presidenciales y consiguió 14 curules en el Congreso. El gobierno, por medio de los respectivos gobernadores, le reconocería su fuerza política en 26 alcaldías. 16 Se refiere a Jorge Carrillo, ex ministro de Trabajo y presidente de la CUT en ese momento.

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amenaza comunista o izquierdista (...) irrumpe en el panorama político, social y laboral (...) ¿Vamos a esperar que llegue el cerco a la capital del país para reaccionar?” (El Tiempo, mayo 27, 1988, editorial). Por fortuna, no todo el mundo pensaba así. Mentes sensatas como la de Jorge Child apuntaban en otra dirección y mostraban el crecimiento del paramilitarismo, fenómeno que silenciaba el periódico de los Santos: “a pesar de que el gobierno conoce la ubicación y el nombre de los grupos paramilitares, y las vinculaciones políticas, electorales y económicas de sus autores, ellos tienen la certeza de que no van a ser capturados, ni castigados, precisamente por el amparo político que denuncia ahora el presidente Barco” (El Espectador, noviembre 29, 1988, páginas editoriales). Si retornamos al Gráfico 4, que reproduce la trayectoria de las violaciones de derechos humanos contra los sindicalistas, se nota que en el subperiodo ellas aumentaron hasta 1988, para iniciar un descenso entre 1989 y 1990. En general, se constata que en este momento los asesinatos marcan la tendencia, como era de esperar, dado el mayor impacto de esta forma letal de violencia. Las razones del alza de las violaciones entre 1984 y 1988 pueden yacer en que ellas fueron respuesta a los auges de las luchas populares y sindicales.17 El relativo descenso de la violencia contra los sindicalistas al final del subperiodo es más difícil de explicar, pues se trató de un momento muy violento de la vida del país, cuando tres candidatos presidenciales fueron asesinados en medio de la declaratoria de guerra al narcotráfico por parte del presidente Barco (Leal y Zamosc, 1991). A modo de hipótesis18 sugerimos que la violencia contra los sindicalistas busca debilitar al sindicalismo en los momentos en que era una organización animadora de las luchas sociales en auge, si no la más importante, por su capacidad de

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Llama la atención la simultaneidad de tres eventos violentos ocurridos en noviembre de 1985, que marcarán la historia que nos ocupa: el asalto al Palacio de Justicia por el M-19 y su sangrienta recuperación por las Fuerzas Armadas, el 6 y 7; el asesinato por parte del ELN de Ricardo Lara Parada, ex guerrillero y dirigente político del Magdalena Medio, el 14; y el asesinato del vocero del EPL, Oscar William Calvo, cometido el 20. Fueron un presagio de la orgía de violencia que se cerniría luego sobre el país y que involucró a todos los actores armados: guerrilla, paramilitares, narcotráfico y Fuerzas Armadas. A ello se debe agregar el lanzamiento público de la UP en el mismo mes, lanzamiento que se debió posponer precisamente por lo ocurrido en el Palacio de Justicia. Aunque no es objeto de esta investigación explicar la violencia generalizada de esos años, y en particular la dirigida contra la UP, no deja de llamar la atención la cercanía que mostraron dichos eventos, que pudieron confundir a más de una mente anticomunista. En esta dirección hay algunas insinuaciones en el reciente libro de Ann Carrigan (2009). 18 En esta parte aplicamos nuestra hipótesis en términos generales, pero su ilustración será avanzada en los casos emblemáticos. No sobra recordar que el presente estudio trata de relacionar la violencia contra los sindicalistas y la acción contenciosa que éstos adelantan, destacando especialmente la huelga. En ese sentido, no pretendemos cubrir toda la acción sindical, que obviamente va más allá de la protesta. Claro está que en los casos ejemplares logramos detectar algunas víctimas sindicales asociadas con procesos de negociación que no necesariamente derivaron en huelga y así se indicará cuando aparezcan. Pero es difícil determinar la temporalidad de esta asociación, pues un crimen provocado porque la víctima había participado en una negociación sindical puede acaecer pocos días después de ocurrida la negociación o varios años más tarde, lo que limita inferencias estadísticas como las hechas por Mejía y Uribe (2009).

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convocación y de liderazgo de las protestas.19 Aunque hay casos de sindicalistas desaparecidos, asesinados y detenidos desde 1984 –los hubo desde antes pero nos atenemos al periodo de estudio–,20 es a partir de 1986 cuando la llamada “guerra sucia” se desata contra ellos. Que algunos fueran al mismo tiempo militantes de izquierda –en la introducción de este estudio ya señalábamos que no hay un sindicalista “químicamente puro”–, no oculta la perversa dinámica de que fueron víctimas algunas regiones y sectores económicos en donde las luchas sindicales se articulaban al factor político y, preciso es reconocerlo, al militar. 21 Si bien la articulación entre sindicalismo y guerrillas no fue generalizada –como quisieron mostrarlo los victimarios–, en parte ocurrió como producto de las expresiones propias del capitalismo primitivo, como veremos en los casos de Urabá y el Magdalena Medio. No es este el lugar, ni es el propósito de esta investigación, evaluar el impacto de la “combinación de todas las formas de lucha” en las organizaciones sindicales, pero podemos postular que terminó siendo funcional al debilitamiento del sindicalismo y que, en todo caso, dicha consigna es cada vez menos aceptada por éste. Lo que buscamos señalar en este punto es que, aun si se trataba de un sindicalista simpatizante de la lucha armada, la labor que ejercía era eminentemente social y laboral, y que nada justifica su asesinato o la violencia que se ejerza contra él.22 Insistimos en que este no era el caso común y cada vez lo sería menos. Lo más frecuente es que, solamente por abrigar ideas de justicia social, que no necesariamente son de izquierda, dirigentes y sindicalistas de base

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Al respecto remitimos al estudio de Mauricio Romero sobre el comportamiento regional de los paramilitares, en el que consigna que los acuerdos de paz y la consiguiente reforma política llevaron a que las elites regionales sintieran afectado su poder, lo que se manifestó en el crecimiento del paramilitarismo y en la guerra sucia que se desató contra toda forma de expresión y organización social que pudiera cuestionar tales dominios (Romero, 2003). El estudio que paralelamente está adelantando la Corporación Nuevo Arco Iris seguramente profundizará esta línea de análisis. 20

Se menciona el caso de Miguel Ángel Díaz, directivo de Fenaltrase y miembro del PCC, quien fue desaparecido en Puerto Boyacá el 5 de septiembre de 1984 junto con Faustino López, carpintero y líder comunista histórico, supuestamente en una operación conjunta del DAS, la Policía y paramilitares del MAS (entrevista a Gloria Mansilla de Díaz, en Carrillo y Kucharz, 2006). Nuestras bases de datos documentan también el asesinato del obrero petrolero Jesús Guzmán cometido el 26 de agosto de ese año, al igual que la detención de numerosos maestros, especialmente de Santander, acusados de pertenecer al M-19. 21

Un testimonio sobre Urabá ilustra este punto. En entrevista hecha a Fernando Alcides Pérez por la ENS en 1997, este antiguo trabajador bananero, dirigente sindical y militante del PC-ML, señalaba que en los años 80 “gritábamos las consignas de ¡Viva Sintagro, viva el PC-ML y viva el EPL (…) Ahí empezó el problema de la inseguridad de nosotros. Nos catalogaron como guerrilleros. Aunque no éramos guerrilleros, nos identificábamos como defensores del movimiento y teníamos apoyo del EPL y del PC-ML” (Entrevista en ENS, 1997, 40-41). 22 Esto es válido aun en el caso de que fuera realmente un guerrillero (de noche) y sindicalista (de día). El asesinato fuera de combate es una clara violación de derechos humanos o del DIH, dependiendo del perpetrador, según nuestras categorías al respecto.

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fueron víctimas de una violencia específica circunscrita al mundo laboral. Con todo, el estigma hará carrera y una acusación frecuente será identificar al sindicalista con el guerrillero.23 Así, por ejemplo, la citada ex dirigente sindical estatal y militante de la UP, Aída Abella, señala que en los años 70 y 80 “conseguimos muchas cosas. Fue la gran subida del movimiento sindical, porque más del 60% de los trabajadores colombianos éramos parte de la plantilla del Estado y éramos la gran masa desorganizada. Y eso nos lo cobrarían después. Empezaron a perseguirnos de una forma atroz. Era como si ser dirigente sindical fuera algo raro, peligroso, porque éramos los que hacíamos los paros, y cómo no los íbamos a hacer si había gente que moría de tuberculosis por trabajar” (entrevista en Carrillo y Kucharz, 2006, 174-175). Y complementa su testimonio con esta denuncia, que vivió en carne propia: “Los dirigentes sindicales fuimos objeto de gran represión y cuando no podían contra nosotros arremetían contra nuestras familias” (Ibíd., 175).24 Al volver sobre la descripción de las tendencias de las luchas sociales, vemos que en el inicio del segundo subperiodo (1991-2001) hubo un descenso de la protesta social en general, y de la sindical en particular, en parte por las expectativas reformistas despertadas por la nueva Constitución y las desmovilizaciones de organizaciones insurgentes e incluso de algunos grupos paramilitares, como el de Fidel Castaño en Urabá (Ortiz, 2007). En el caso sindical también cuentan los primeros efectos de la apertura económica, no solo en términos de la crisis de la actividad productiva agrícola e industrial, que afecta el empleo formal (Misas, 2002), sino igualmente de las medidas de flexibilización de la mano de obra, en especial la Ley 50 de 1990, que fue expedida al final del subperiodo anterior, pero tuvo impacto a lo largo del inmediatamente siguiente. Aunque esta ley tiene aspectos favorables al mundo laboral, como el de permitir la acción política de los sindicatos, la ampliación de los derechos de maternidad, la limitación de las horas extras, la reglamentación de las empresas de servicios temporales y una cierta modernización del derecho sindical,25 al flexibilizar la contratación colectiva terminó afectando la estabilidad laboral, pilar fundamental del sindicalismo,

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Los ejemplos de este macartismo, fruto del anticomunismo de algunos sectores económicos y políticos, son innumerables y los detallaremos en la tercera parte de este informe. También abundan en los testimonios recogidos por Carrillo y Kucharz, 2006. 24 Para ilustrar esta acusación, ella cuenta que en los años 80 su casa fue allanada en busca de un hermano suyo, líder estudiantil. Se llevaron a su marido, dirigente sindical, y a su hermana, enfermera, y luego a su hermano, acusados de ser enlaces de la guerrilla. En ese momento los asesinatos y torturas eran practicados por sectores del Ejército. Años después se enteraron de que un salón de belleza situado enfrente de su casa era un sitio desde donde el Ejército los vigilaba (Ibíd.). 25 Que, según opinión de Marcel Silva, es inocua en el sindicalismo de industria, establecido por la Ley 6 de 1945 y a cuya actividad se le pondrán nuevas trabas. Para el mismo autor, la Ley 50 es contraria a las disposiciones de la OIT sobre la autonomía sindical (Silva, 1998, 199-204).

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A su vez, la Constitución del 91, si bien consagra los derechos sindicales, en especial el de huelga, reproduce los postulados de flexibilización laboral de la Ley 50 y abre la puerta a las privatizaciones por la vía de artículos transitorios que permitían la “modernización del Estado”. Además, a juicio de Marcel Silva, en el artículo 336 hay una trampa encerrada, porque exige que se respeten los derechos adquiridos, mas no las convenciones colectivas de trabajo, lo cual deriva en que “el constituyente desprotege las consecuencias del derecho de asociación, como son las convenciones colectivas y los acuerdos existentes entre empresas y sindicatos” (Silva, 1998, 215). Además, la Constitución mantiene (artículos 55 y 56) la limitación del ejercicio de la negociación colectiva y de la huelga a los trabajadores de servicios públicos considerados esenciales para el Estado, contrariando disposiciones de la OIT formalmente ratificadas por diversos gobiernos, con lo cual limita y desvirtúa la acción de los sindicatos en estos sectores, por demás los más activos en términos de protestas (Ibíd., 211-214).26 Aunque la Ley 100 de 1993 no es propiamente laboral sino reorganizadora de la salud pública y la seguridad social, afecta a los trabajadores como parte que son del pueblo colombiano, al mercantilizar la prestación de la salud y focalizar los recursos estatales de acuerdo con la demanda, y por esa vía debilitar los entes públicos, en especial el Instituto de Seguros Sociales (ISS). A los sindicalistas en particular les amenaza en sus logros convencionales, tanto en pensión como en salud, aunque algunos sindicatos, en particular la USO y Fecode, lograron preservar regímenes especiales. En el contexto de apertura económica, estas disposiciones fueron vistas como complementos necesarios para el modelo neoliberal, y como tales fueron desigualmente resistidas por el sindicalismo. Y lo decimos así porque la evolución de la protesta social en este subperiodo ilustra una tendencia al declive que bien puede indicar el debilitamiento del sindicalismo, en parte a causa de la violencia anterior y la que continúa en estos años. A las modalidades de violación de derechos humanos consideradas en esta investigación se les agrega en estos años la represión estatal de las protestas, especialmente de aquellas que disputaron los intentos de privatizar rentables empresas estatales, como Telecom. En efecto, en el paro de abril de 1992 algunos sindicalistas se tomaron las instalaciones de Telecom y bloquearon sus servicios, y esto bastó para que fueran judicializados bajo la acusación de terrorismo. Algo similar ocurrirá un año

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Desde la reforma administrativa de 1968 la legislación colombiana distinguía entre empleado público y trabajador oficial y les daba un tratamiento diferenciado: los primeros laboraban en los “servicios públicos esenciales” y por tanto tenían prohibida la negociación colectiva y la huelga, mientras los segundos no gozaban de tales derechos, aunque cada vez eran más minoritarios (Ibíd., 132-133). La ley 411 de 1997, al incorporar el Convenio 151 de la OIT, suprime esta desigualdad, que, sin embargo, sigue presentándose en la práctica cada vez que se ilegaliza una huelga de empleados públicos (Ibíd., 232-233). La clasificación de los trabajadores estatales como “empleados públicos” es motivo de numerosas acciones de este sector antes y durante el periodo estudiado en esta investigación, como veremos en los casos de salud pública y magisterio.

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después con algunos dirigentes de la USO, señalados de ser cómplices de la guerrilla, como veremos cuando analicemos ese caso. Por último, en cuanto a la evolución de las luchas sindicales, en los gráficos correspondientes se destaca el auge entre 1997 y 1999. Al analizar los motivos de las movilizaciones y huelgas del momento se destaca la presión obrera al final del gobierno Samper, el paro estatal de 1998 con el que se “recibe” al gobierno de Andrés Pastrana y la oposición masiva, y en alianza con otros sectores populares, al Plan de Desarrollo propuesto por esa administración a lo largo de 1999. Se trata de confrontaciones que superan las particularidades de cada sindicato u organización social popular y se orientan hacia reclamos políticos en escenarios más amplios (Archila y otros, 2002; Cárdenas, 2006). Es una tendencia que volverá a manifestarse en 2001, en la disputa por las transferencias presupuestales a los territorios, que afectan directamente los ingresos de sectores de salud y educación, cuyos trabajadores se movilizarán activamente en estas coyunturas, como veremos en su momento. El Mapa 12 muestra, una vez más, la relación espacial entre luchas sindicales y violencia contra sindicalistas. Lo primero que se percibe es la mayor proporción de unas y otras. Claro que aquí consideramos once años, pero independientemente de ello éste fue el subperiodo que presentó las tendencias más altas en ambos procesos, como se observa en el Gráfico 5. Así, la superposición de luchas y alta violencia es casi general, salvo en casos aislados, como Buenaventura y Arauca, donde las protestas fueron proporcionalmente más numerosas que las violaciones de derechos humanos.

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Mapa 12

75

La trayectoria de la violencia contra los sindicalistas –mostrada en la Gráfica 4– es un poco más errática en este subperiodo con relación al anterior. Aunque el lapso sigue marcado por el comportamiento de los asesinatos, hacia el final de los once años aquí considerados las líneas parecen separarse y se insinúa un creciente peso de otras formas de violencia contempladas en esta investigación. En todo caso, hay notorios aumentos de las violaciones de derechos humanos (1993, 1995-1996 y 2000-2001) –las gráficas de asesinatos muestran claros picos en 1996 y 2001–,27 como también pronunciados descensos. Aunque es difícil señalar una clara asociación con las luchas sindicales, parece que estos ascensos de la violencia tienen que ver con la mayor actividad de la insurgencia en sus disputas territoriales y a favor del modelo sindical que pregona,28 y sobre todo con las oleadas de presencia paramilitar en las zonas de enclave extractivo, donde, en alianza con el narcotráfico, se buscaba controlar recursos naturales y mantener el poder regional. En esas regiones tales intentos hegemónicos encontraron la oposición de un sindicalismo que mostraba todavía vitalidad. En efecto, el primer lustro de los años 90 es el que contiene más masacres, una forma especialmente cruel de violencia colectiva. El descenso de la violencia contra los sindicalistas entre 1997 y 1999 es difícil de explicar a simple vista,29 pues factores que pudieron inducir a la paz –como las expectativas de concertación laboral que abrió el gobierno de Samper al convocar a un pacto social con los trabajadores30 y la idea de iniciar una negociación política con la insurgencia– terminaron ahogados por la crisis de gobernabilidad, fruto del Proceso 8.000. Es decir, el intento de imprimir contenido social a la apertura económica termina en frustración, y con ello se hunde la promesa reformista que había acompañado el ascenso a la presidencia de Samper. Esto explicaría el aumento relativo de la protesta, no así la disminución de la violencia contra los sindicalistas. Como bien se sabe, su mandato sufrió el incremento de las acciones guerrilleras, en especial de las Farc, que escalaron la guerra con mayor envergadura, hasta copar bases militares e intentar tomar ciudades intermedias, como Mitú. Por su parte, los paramilitares reciben impulso institucional con la creación en 1994 de las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural

27

Esos incrementos de la violencia hicieron que las tres centrales existentes solicitaran, en junio de 1998, la visita al país de una comisión de contactos directos de la OIT, basada en denuncias concretas de violación de derechos humanos y sindicales de los trabajadores colombianos presentadas a la OIT por la USO, Sintrainagro, Fensuagro y Fecode. Según la prensa, la visita se realizaría entre el 6 y el 17 de febrero (El Espectador, enero 25, 2000, 3-A). 28 Así sucedió en Urabá en el primer lustro de los noventa. No en vano fue la región más afectada en estos años por la violencia contra los sindicalistas, aunque buena parte de los hechos sangrientos obedecieron al choque entre las dos tendencias sociopolíticas procedentes de la izquierda: la influida por las Farc y la proveniente del EPL y ahora llamada Esperanza Paz y Libertad o Esperanzados. 29 Posiblemente esta trayectoria general tiene que ver con la disminución de hechos violentos desencadenados a partir de 1997 en Urabá contra Sintrainagro, el sindicato más afectado por la violencia dentro del conjunto encontrado por este estudio. 30 Otro paso en esa dirección fue nombrar Ministro de Trabajo al presidente de la CUT, Orlando Obregón.

76

(cooperativas Convivir), que en 1998 serían declaradas ilegales por la Corte Constitucional, pese a lo cual, en esos cuatro años, proliferaron en los territorios más conflictivos, especialmente en Antioquia bajo la gobernación de Álvaro Uribe Vélez (1995-1997). Mientras tanto, los paramilitares se unifican bajo el rótulo de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y aumentan su presencia en territorios antes controlados por la insurgencia, en especial en Urabá y el Magdalena Medio (Archila y otros, 2006; Molano, 2010, 62). Precisamente al final de los años 90, cuando aumentan las protestas sindicales, se disparan nuevamente las cifras de violaciones de derechos humanos, aunque ya no necesariamente materializadas en asesinatos y masacres. En efecto, los paramilitares querían cerrar a toda costa los diálogos de paz del Caguán e impedir la apertura de contactos similares con el ELN, por lo que emprendieron una ofensiva para arrebatar territorios a la insurgencia. Y en ellos, de nuevo, el sindicalismo autónomo y progresista era un estorbo que había que eliminar. Al considerar la trayectoria de las luchas sindicales del tercer subperiodo (20022009) se observa que tienden a decrecer, en claro contraste con el aumento de las acciones sociales de otros actores. Se evidencia igualmente un descenso en la curva de las violaciones de derechos humanos contra los sindicalistas, luego de alcanzar un pico en 2002. Esto puede indicar que la “tarea” de debilitar el sindicalismo ya se había cumplido, al menos para muchos sectores ubicados en los enclaves extractivos. En efecto, para ese momento la violencia había logrado aniquilar prácticamente el sindicalismo cementero y palmicultor del Magdalena Medio, mientras el petrolero estaba golpeado y el bananero había perdido mucha de su autonomía. Pero la violencia no desaparece del todo y se manifiesta especialmente en los trabajadores estatales de la salud y la educación, aunque bajo formas distintas del asesinato. El Mapa 13 reproduce espacialmente esta relativa rebaja de los dos procesos aquí relacionados. Con todo, sorprenden los altos indicadores de violencia en las grandes ciudades, en las que relativamente se libran menos luchas que en años anteriores. Esto sugeriría un patrón de violencia antisindical que se desplazaría de las zonas periféricas de enclave extractivo a las áreas centrales de la economía, en donde hay importantes contingentes de maestros y trabajadores de la salud sindicalizados.

77

Mapa 13

78

Al observar con más detalle las luchas sindicales de estos ocho años –retornar al Gráfico 4– se notan algunas oscilaciones: descienden en el inicio del primer mandato de Álvaro Uribe Vélez pero luego comienzan a recuperarse, hasta llegar a un nuevo pico en 2007, para luego reanudar la tendencia decreciente. Más definitiva es la tendencia a la disminución de la modalidad huelga dentro del conjunto de las protestas sindicales. Es algo que contrasta con los años anteriores, como se observa en los gráficos 11 a 13. Gráfico 11 Modalidades de lucha sindical 1984-1990

Gráfico12 Modalidades de lucha sindical 1991-2001

79

Gráfico 13 Modalidades de lucha sindical 2002-2009

En el Gráfico 13 se constata que el número de huelgas (9% del total de luchas sindicales) cede terreno a las movilizaciones (5% del total) e incluso las tomas de instalaciones aumentan proporcionalmente al 12%. Algunos factores explican el relativo incremento de las protestas entre 2003 y 2007, no así el de las huelgas. De una parte, entre 2003 y 2004 se presentaron amplias convergencias en las que participó el sindicalismo, especialmente el estatal, que a la vez convocó a realizar jornadas unitarias contra algunas políticas gubernamentales. De esa forma el Plan de Desarrollo presentado por el presidente Uribe, así como su propuesta de modificación de la Constitución por la vía del Referendo y su intención de apostarle a la reelección, constituyeron temas que concitaron amplias movilizaciones, a las que se sumaron rechazos al TLC con Estados Unidos y a la prolongación del Plan Colombia. Posteriormente, en 2007, las acciones se dirigen a resistir a la política de transferencias presupuestales a las regiones, que afecta el funcionamiento de escuelas y hospitales y en general de todo el aparato estatal, salvo su componente militar. No por azar fueron los sindicatos de la salud y la educación públicas los más activos al final del anterior subperiodo y en lo que corría del siguiente, y que simultáneamente sean los que más soportan la reciente violencia contra sus afiliados. La coyuntura crítica del sindicalismo en estos últimos ocho años ha estado marcada por tres rasgos, asociados con el doble mandato de Uribe Vélez: la política de Seguridad Democrática, que pone a los sindicalistas críticos de su gobierno en la orilla de los enemigos del régimen; la desmovilización de los paramilitares, que ha sido incompleta y no ha impedido que sigan actuando; y las relaciones entre éstos y órganos de seguridad del Estado, en especial el DAS, que 80

tienen como mira a los sindicalistas y personalidades de la oposición. A este último respecto es útil mencionar las declaraciones de paramilitares y antiguos directivos del DAS hechas a la Corte Suprema de Justicia a principios de 2010, en las que se evidencia que este organismo no solo hacía seguimientos y “chuzadas” a los sindicalistas, sino que colaboró con los paramilitares en el asesinato de dirigentes e intelectuales como Alfredo Correa de Andreis en septiembre de 2004.31 De acuerdo con Guillermo Correa, investigador de la ENS, todos esos procesos convergen en el debilitamiento del sindicalismo (Correa, 2007, 40). Habría que agregar el escándalo de la parapolítica, pues, como afirma León Valencia, ella “vino a demostrar que el Estado no era una víctima. Resultó que una parte importante de las élites regionales y nacionales, con una presencia decisiva en el Estado –ya como altos funcionarios del gobierno o como miembros destacados de los órganos de elección popular–, se coaligaron [sic] con paramilitares y narcotraficantes para consolidar su predominio dentro y fuera del Estado y alterar la competencia política. En esta empresa produjeron en corto tiempo cifras de muertos y desaparecidos similares o superiores a las [registradas en las] dictaduras del Cono Sur en los años 60 y 80 y desataron una ola de desplazamiento de la población civil más grande y dolorosa que la de aquellos gobiernos de facto” (Romero, 2007, 10, Prólogo). En ese contexto reciente ocurren las nuevas formas de violación de derechos humanos a los sindicalistas. Sobre su evolución, se puede hablar de una modificación del “repertorio” –abusando de la expresión que suele emplearse para estudiar la evolución de los movimientos sociales (Tarrow, 1997). Si bien disminuyen algunos indicadores de violencia contra los trabajadores sindicalizados, en especial los asesinatos, aumentan otros, particularmente las amenazas –recordar los Gráficos 3 y 4. La disminución de la forma más letal de violencia no oculta que ella continúe practicándose en este subperiodo y que la amenaza sea también una forma brutal de atacar al sindicalista, pues puede ser igualmente efectiva y no tiene tantos “costos” en momentos en que entran en funcionamiento entes internacionales que persiguen los crímenes de lesa humanidad. En todo caso, la disminución de los asesinatos se explica en parte con el argumento de que ya está cumplida la tarea de aniquilar el sindicalismo más luchador por sus derechos y al mismo tiempo el que más se resistía al control territorial de paramilitares y narcotraficantes, quienes contaron con el apoyo de algunos miembros de las Fuerzas Armadas. La violencia que ejerce la insurgencia contra el sindicalismo en esta época, aunque menor que la correspondiente a los demás actores armados –como se observa en los gráficos y respectivos mapas de presuntos responsables, que vienen a continuación de esta sección–, también

31

Agradecemos al profesor Álvaro Román por llamarnos la atención sobre estas declaraciones. Para una ampliación de estas denuncias remitimos a sus comentarios hechos al primer avance de este trabajo.

81

tiene que ver con el control territorial y termina siendo funcional al resultado de un debilitamiento generalizado del sindicalismo. Es decir, a nuestro juicio, en este subperiodo se tiende a cerrar el círculo vicioso iniciado en 1985 y consistente en desatar la violencia antisindical ante el auge de la movilización popular y laboral, puesto que –como observaremos en los casos estudiados–, para comienzos de este siglo parte del sindicalismo ha sido aniquilado, en su mayoría debilitado y, en algunas situaciones, domesticado. 32 3. Dinámicas regionales y sectoriales Antes de abordar otros indicadores del debilitamiento sindical, debemos dirigir una mirada complementaria al comportamiento de las luchas sindicales y sobre todo de la violencia contra los sindicalistas en términos espaciales y sectoriales, como anticipo a nuestros estudios de caso. Lo primero que vamos a analizar es la atribución de los responsables de dicha violencia. Hay que advertir que esta es una variable de difícil determinación, pues no siempre aparece en los registros de violación de derechos humanos en general y de los sindicalistas en particular. En no pocas ocasiones las víctimas o sus familiares desconocen a ciencia cierta quién ocasionó los ilícitos contra ellos. Incluso cuando hay atribución de parte de los testigos de los hechos criminales, a veces ella es muy vaga y no permite mayor precisión. De ahí que sea tan abultado el número de casos sin información: 2.098 de un total de 3.839 registros, es decir, el 55%.33

32

Con esta expresión nos referimos a un sindicalismo que pierde su autonomía, de acuerdo con la definición hecha en la introducción, y en algunos casos también su identidad como organización de trabajadores asalariados, para convertirse en una empresa o una cooperativa. Por su parte, Miguel Eduardo Cárdenas habla de un “sindicalismo de colaboración”, nacido en Urabá luego de la desmovilización del EPL y con ramificaciones en otros sectores de la economía, como los cañeros y las trabajadoras de las flores, que habría sido alentado por el gobierno de Uribe Vélez (2006, 251). 33 Lo mismo ocurre con las pesquisas que adelantan otras instituciones, como la ENS. En reciente informe sobre el lapso 1986-2006, Guillermo Correa afirma que los “datos de la ENS establecen que 33 casos (de asesinatos) fueron responsabilidad de grupos paramilitares, 9 de organismos del Estado y 9 de la guerrilla; en 194 asesinatos no se identifica al victimario y de 87 casos no se posee ninguna información” (Correa, 2007, 41). Nosotros unificamos las dos últimas categorías en “sin información”.

82

Gráfico 14 Presuntos responsables de violaciones de derechos humanos contra sindicalistas 1984-2009

En vista de eso, suprimimos del Gráfico 14 esa abultada proporción para visualizar mejor a los presuntos responsables identificados. Así, en el Gráfico 15 aparece que los paramilitares componen el 72,0% de los casos, con 1.255 registros; les siguen las Fuerzas Militares y de Policía, con 310 casos (17,8%), a los que habría que sumar la participación de los organismos de seguridad del Estado y la Fiscalía (para un total de 19,35%); luego aparecen las acciones violentas atribuidas a la guerrilla, con 89 registros (5,11%) y, por último, los sicarios, con 48 registros (2,75%).

83

Gráfico 15 Presuntos responsables de violaciones de derechos humanos contra sindicalistas (se excluye la categoría Sin Información) 1984-2009

Los mapas 14 a 17 permiten visualizar espacialmente estas supuestas atribuciones de responsables. Además de la amplia distribución de casos sin información (Mapa 14), resalta la gran “cobertura” espacial de la violencia paramilitar contra los sindicalistas, lo que, junto con su alta participación, permitiría conclusiones claras sobre el sentido de la violencia contra los trabajadores sindicalizados (Mapa 15). Su radio de acción se concentra en las zonas donde se libran las luchas laborales mayormente entrecruzadas con la violencia, como Urabá y Magdalena Medio. La alta figuración de Medellín en el mapa –en términos absolutos, no así en las “tasas de violencia”– es resultado de que muchas muertes y otras formas de violencia contra los sindicalistas de regiones vecinas ocurren en la capital departamental, como se constata en los ejemplos bananero y cementero, además de las que se derivan de la situación vivida en sectores estatales como la salud y el magisterio y que tienen a dicha ciudad como uno de sus epicentros nacionales. El comportamiento violento de las Fuerzas Militares y la Policía (Mapa 16), aunque mucho menor, tiende a seguir el mismo patrón espacial de los grupos paramilitares, lo que puede sugerir una interacción entre ambos, como lo han denunciado algunas víctimas y ONG de derechos humanos, según documentaremos en los casos respectivos. En cambio, la violencia ejercida por la guerrilla coincide con las luchas sindicales únicamente en el Urabá antioqueño –y, de rebote, en el chocoano, donde sabemos que desde hace años se libra una guerra por control territorial– y parcialmente en Barrancabermeja. De resto, sus actuaciones contra los sindicalistas responden a otras lógicas, diferentes de la coincidencia con altos índices de luchas sindicales (Mapa 17). 84

Mapa 14

85

Mapa 15

86

Mapa 16

87

Mapa 17

88

La información de estos mapas contrasta con la correspondiente a los adversarios de las luchas sindicales, pues allí predominan los entes estatales de orden nacional, departamental y municipal, en ese orden. Luego vienen los entes privados, empresas por lo común, y finalmente los grupos armados irregulares, dentro de los cuales sobresalen los paramilitares. Decimos que dichos mapas contrastan aparentemente con el Gráfico 16 porque la explicación está en algo que ya expusimos: la mayoría de las luchas sindicales no ocurren por motivo de la violación de derechos humanos sino que se libran más bien como parte de la propia actividad laboral. En ella el gran peso de los trabajadores estatales hace que el choque con el Estado, en sus distintos niveles, sea pronunciado, pero no debemos olvidar que cierta politización del mundo sindical colombiano lleva a algunos sindicalizados de empresas privadas a enfrentarse con políticas gubernamentales o de Estado. Gráfico 16 Adversarios de las luchas sindicales 1984-2009

De la observación de las tendencias de las luchas sindicales por sectores económicos surge el abigarrado Gráfico 17, que muestra la distinta evolución de ellas en el tiempo. Resaltan las trayectorias del magisterio y la salud, con tendencias similares, así haya alguna variación puntual. Algo similar ocurre con “otros servicios”, principalmente el comercio. En cambio, es sugestivo que las llamadas “convergencias”, que suelen ser nacionales, tiendan a disminuir con el paso del tiempo, salvo en el pico circunstancial de 2005. La rama judicial, por el contrario, repunta últimamente y consolida la notoria presencia de los trabajadores públicos en las luchas sindicales. Otras expresiones sectoriales las analizaremos con detalle en los casos ejemplares.

89

Gráfico 17 Luchas sindicales por sector económico 1984-2009

Para entender mejor dicho gráfico construimos la representación que le sigue (Gráfico 18), que muestra los sectores económicos que han librado mayor número de luchas sindicales, en su orden: magisterio (25,6 %), salud (21,6%), “resto de servicios” (15,4%) y manufactura (12,9%).

90

Gráfico 18 Luchas sindicales por sector económico 1984-2009

Cuando solo analizamos las huelgas por sector económico (Gráfico 19), las proporciones son similares, con pequeñas variaciones, pues al fin y al cabo la huelga, hasta años recientes, ha sido la principal forma de protesta laboral. Gráfico 19 Huelgas por sector económico 1984-2009

91

Las cifras porcentuales varían cuando miramos el número de huelguistas por sectores económicos (Gráfico 20). Como es sabido, los sindicalistas del magisterio ocupan una proporción considerable dentro del total de huelguistas (43%), no así los de salud pública, que solo representan el 5% de tales participantes. Llama la atención el gran volumen del “resto de servicios”, con el 23%, y las acciones de “convergencia” de sectores, que por ser nacionales incluyen a muchos huelguistas. Gráfico 20 Huelguistas según sector económico 1984-2009

En torno a la trayectoria de las violaciones de derechos humanos de los sindicalistas por sectores económicos, hay que advertir que en los estudios de casos observaremos la trazada por algunos en los subperiodos sugeridos. Puesto que, por ahora, interesa la visión de conjunto, solo insertamos a continuación el Cuadro 14. De él se desprende que la agroindustria, donde se incluye, entre otros, a los bananeros, palmicultores y trabajadores de la caña, ocupa el primer lugar, con 1.118 violaciones, casi el 30% del total. Esta alta figuración contrasta con la relativa rebaja de las luchas sindicales y los huelguistas en este sector, cercana al 5%. Teniendo en cuenta estos factores, hay que decir que la proporción de la violencia ejercida contra ellos es la más alta del país en términos absolutos y relativos, lo cual puede explicarse –como lo haremos en detalle para los bananeros y palmicultores– por estar enmarcadas en las áreas de enclaves extractivos, donde la actividad laboral aparece muy interferida por el conflicto armado interno en todas sus manifestaciones.

92

Cuadro 14 Violaciones de derechos humanos contra sindicalistas, por sector económico 1984-2009 Sector económico Manufactura

Amenaza Asesinato de muerte 121 268

Ataque/ heridas 37

Desaparición

Detención Secuestro

Tortura

Total

20

72

6

29

553

Construcción

1

9

2

0

2

0

0

14

Agroindustria Minas y canteras Transporte y comunicaciones Magisterio*

15

1.015

14

32

28

0

14

1.118

3

39

3

5

0

0

1

51

10

58

5

0

0

0

1

74

47

913

19

22

25

8

5

1.039

Salud pública Sector financiero Rama judicial Resto de servicios Dirección confederaciones Sin información Total tipo de violaciones

93

93

8

7

14

2

5

222

6

12

1

3

31

0

0

53

6

54

2

2

0

3

0

67

95

298

30

21

39

33

2

518

79

20

8

0

5

1

4

117

2

11

0

0

0

0

0

13

478

2.790

129

112

216

53

61

3.839

*El magisterio comprende tanto a los maestros de primaria y secundaria como al profesorado universitario. Este último no pertenece a la federación que se estudia como caso emblemático del magisterio, Fecode.

Otro sector víctima de la violencia contra los sindicalistas es el magisterio, y en concreto la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que cuenta con el mayor número de afiliados en el país y adelanta un buen número de luchas, temas que se profundizarán en el estudio específico sobre ella.34 Aquí las lógicas de esta violencia son más complejas, pero sin duda tienen que ver con la gran actividad sindical de la federación, aunque asimismo con la articulación a expresiones locales y regionales de disputa de poder territorial. Le sigue la industria manufacturera, un sector muy amplio y complejo, del cual solo estudiamos la actividad petrolera y cementera y la de algunas empresas de bebidas y alimentos. De nuevo la violencia contra los sindicalistas es aquí compleja y tiene que ver tanto con las lógicas de “enclave extractivo”, no exentas de disputas entre actores armados por los recursos productivos y el control

34

Hay una aparente disparidad entre las cifras de violaciones de derechos humanos contra el magisterio que aparecen en el Cuadro 14 y las que ofrecemos en el análisis de caso. La disparidad radica en que aquí incluimos todas las víctimas de sindicalistas del magisterio, mientras en la tercera parte del informe nos centramos en los afiliados a Fecode, pues no todos los sindicatos magisteriales están vinculados a esta federación.

93

territorial, como con las vigorosas luchas que libraron y siguen librando sus sindicatos, especialmente la Unión Sindical Obrera (USO). Luego está el “resto de servicios”, que no detallaremos como caso aparte en esta investigación pero cuyo abultado número de víctimas sorprende. Por último, figura el sector de la salud pública –otro de los casos analizados en la tercera parte de este informe–, cuyas manifestaciones de protesta y de violencia se asemejan a las del magisterio, aunque en menor proporción. Al considerar la distribución de luchas sindicales y las huelgas por departamentos (Gráfico 21), complementaria de los mapas relacionados y con información agregada por departamentos, aflora que aquellos con mayor nivel de protesta no solo son los que más recursos económicos y humanos concentran,35 sino –aún más indicativo para nuestra investigación– los que muestran más violencia contra los sindicalizados, con la excepción de Bogotá. En este punto es necesario aclarar que esta ciudad, además de alojar la dinámica propia de los conflictos laborales, por ser capital del país recoge buena parte de la protesta de otras regiones, que acuden a este escenario para hacerse visibles ante los poderes nacionales. Por eso Bogotá muestra altos niveles de lucha sindical, que contrastan con las menores cifras de violencia antisindical –que serían todavía más pequeñas si se contabilizaran por población–, lo que no quiere decir que ella esté ausente en el Distrito Capital. Con esta salvedad, sobresale la alta figuración de Antioquia, Santander, Valle y Atlántico en las luchas sindicales, además de las protestas de cobertura nacional.

35

Este tema ha sido ampliado por previos trabajos nuestros, en especial el de Archila, 2003, capítulo 4.

94

Gráfico 21 Participación departamental en las luchas sindicales y las huelgas, 1984-200936

A estas alturas de nuestro informe, la relativa coincidencia de la cobertura departamental de las luchas sindicales con la de violaciones de derechos humanos no causa sorpresa, con mayor razón si ya se ha observado la respectiva información de referencia geográfica. En todo caso, no sobra reiterar la elevada representación de los departamentos que libran más luchas sindicales, incluido el distrito de Bogotá: Antioquia, Santander y Valle. La figuración de Antioquia, seguramente por lo ocurrido en Urabá, es dramática porque más de una tercera parte de todas las violaciones de derechos humanos y de los asesinatos contra

36

Debe tenerse en cuenta que en una misma acción pueden tomar parte varios departamentos, por ejemplo, las de maestros o trabajadores de una misma actividad económica. Por eso la suma de las protestas llevadas a cabo en los departamentos es mayor que la suma total de las luchas. Lo mismo cabe con relación a las huelgas.

95

sindicalistas ocurrieron allá. Esta misma información se reproduce visualmente en el Gráfico 22. Gráfico 22 Todas las violaciones de derechos humanos y asesinatos por departamentos 1984-200937

Por último, hacemos una breve consideración sobre la violencia contra las mujeres sindicalizadas. De acuerdo con Guillermo Correa (2007, 44), las violaciones de derechos humanos se incrementan en el último subperiodo estudiado, cuestión que toca directamente a dos sectores: salud y magisterio. Como se desprende del análisis del Cuadro 15, son los dos más afectados por esta violencia, con 32% y

37

Como ya indicamos, cuando hablamos de todas las violaciones de derechos humanos incluimos, por supuesto, los asesinatos; si los ubicamos en columna aparte es para destacar su trayectoria.

96

22% del total de víctimas, respectivamente.38 Esta información se plasma en el Gráfico 23. Se trata de dos sectores sindicales en los cuales la presencia de la mujer es numéricamente destacada. El hecho de que allí la violencia siga siendo muy activa en los últimos años sugiere que no es descabellado pensar que una reciente estrategia violenta está dirigida contra ellas, por tratarse de un sector muy activo en las recientes luchas sindicales.39 Una reflexión de “género” es pertinente en este punto. La muerte de un sindicalista, además de ser algo doloroso termina ocasionando unos “costos” sociales no solo para sus familias y allegados sino para el sindicalismo y la sociedad en general. Si se trata de una mujer esos “costos” son todavía más altos, como consecuencia de la discriminación y la inequidad de género que se viven en la sociedad y que se reproducen en el mundo laboral. En esas condiciones, el ingreso de una mujer a un sindicato es más difícil que el de un hombre. No solo se supone que el ejercicio sindical no es una “labor femenina” sino que la situación de la mujer se agrava todavía más –en el hogar y fuera de él– si llega a aceptar un cargo directivo. De modo que el asesinato contra una sindicalista termina siendo más calamitoso y costoso para la sociedad, porque se pierde una vida valiosa y se corre el riesgo de retroceder en la equidad de género, ya que es difícil su reemplazo por otra mujer.40

38

De acuerdo con el Observatorio de Multinacionales de América Latina (Omal), “dentro de la estrategia de judicialización seguida para desarticular a los movimientos sociales de Arauca, los sindicatos de aquellos sectores en que la mayoría de los trabajadores son mujeres han sido especialmente golpeados, como en el caso de las trabajadoras de hospitales y las maestras” (Omal, 2006, 61). 39 No pudimos disponer de tasas generales de sindicalización por sexo ni por sectores. Pero un indicador cercano puede ser la participación proporcional en el sindicalismo. Según Norberto Ríos, si en 1984 los hombres eran el 71,5% de los sindicalistas y las mujeres el 28,5%, para 2005 éstas habían subido al 37%, mientras aquéllos eran el 63%, lo que indicaría que, proporcionalmente, más mujeres que hombres estarían ingresando al mundo sindical (Ríos, s. f., 8). 40 Agradecemos a la profesora Patricia Jaramillo, par académica de este estudio, la sugerencia de reflexionar sobre las implicaciones de género que reviste la violencia contra los sindicalistas.

97

Cuadro 15 Mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos, según casos de estudio 1984-2009 % Total violaciones violaciones Número de víctimas mujeres de de derechos derechos contra 1984-1990 1991-2001 2002-2009 1984-2009 de mujeres sindicalistas

Casos estudiados

Fecode

15

105

103

223

22,3

1.000

Salud

6

23

42

71

31,98

222

Bananeros

2

27

1

30

3,56

842

Cementeros

0

1

0

1

1,39

72

1

0

5

6

4,19

143

Palmicultores

1

0

0

1

0,84

119

USO

1

0

0

1

0,46

214

Otros sectores

7

46

48

101

8,23

1.227

Total 33 * Afiliadas a Sinaltrainal.

202

199

434

Alimentos

*

3.839

Gráfico 23 Violaciones a los derechos humanos de mujeres, según casos, 1984-2009

4. La violencia y otros factores de debilidad sindical Hemos afirmado que la violencia contra los sindicalistas ha debilitado, cuando no destruido, al sindicalismo más activo, al menos en materia de protesta pública. En aras del rigor que exige esta investigación, debe reconocerse que en este proceso obran otros factores estructurales y globales, además de las nuevas modalidades 98

de violencia ya señaladas. Tampoco podemos descartar que las tensiones internas y las pugnas políticas que se viven en el seno de los sindicatos, así como ciertas apetencias personalistas de algunos líderes, puedan ser factores que le resten fortaleza al sindicalismo colombiano. Pero, como intentaremos sustentarlo e ilustrarlo en los análisis de los siete casos ejemplares, estos factores se anudan a la dinámica de la violencia y tornan más compleja la explicación del fenómeno estudiado. Observemos el conjunto de elementos estructurales que disminuyen la sindicalización.41 Uno de ellos es la creciente flexibilización de la mano de obra a través de formas de vinculación que excluyen o dificultan todavía más la creación de sindicatos, así como las privatizaciones de empresas públicas, que no solo arrojan más desempleados sino debilitan al sector sindical más organizado del país. Lo primero ocurrió con la ya señalada Ley 50 de 1990, reforzada por la Ley 789 de 2002, la cual, a juicio de María Mercedes Cuéllar, “incrementa la flexibilidad de la estabilidad laboral” (Cuéllar, 2009, 272). La misma investigadora señala que la Ley 790 de 2002 profundiza la “modernización” estatal al propiciar fusiones de ministerios y otras entidades nacionales (Ibíd., 272). Es en ese contexto donde transcurre la privatización de algunas empresas públicas de telecomunicaciones, energéticas y de servicios públicos. En el caso de Ecopetrol se promueve la división entre la exploración –el negocio más rentable– y la explotación y refinación, el menos rentable y con tecnología más obsoleta. Esto habría provocado la huelga petrolera de 2004, que tuvo como eje, no tanto las reivindicaciones particulares sino la defensa de una política petrolera soberana. Los avatares de este conflicto resultan útiles para ilustrar la tendencia creciente a protestar por motivos políticos, asunto que no es nuevo, según hemos establecido en el estudio de periodos anteriores (Archila, 2003; Cárdenas, 2006), y que cobra creciente papel en los últimos años. Esta “politización” de las luchas laborales puede ser interpretada como un rasgo reciente del sindicalismo, que igualmente ilustra un deterioro de las relaciones laborales hacia formas posfordistas – curiosamente muy parecidas a las “primitivas” que se consideraban superadas–, lo cual exige respuestas más radicales del movimiento obrero. Nos referimos especialmente a la proliferación de formas de contratación que anulan al sindicalismo, como las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) y las Empresas de Servicios Temporales (EST), que vienen de tiempo atrás pero cobran fuerza en el último subperiodo (Cuéllar, 2009, 292-300). Como se observa en el Cuadro 16, tomado de la misma autora, hay un aumento grande de estas dos modalidades de contratación laboral, que transcurren al margen del sindicalismo. Nótese que entre ambas suman unos totales de trabajadores con tasas de afiliación mayores a las sindicales. Si las CTA y EST cubren entre el 12% y el 15% de la población ocupada, el sindicalismo escasamente llega al 5%.

41

Los asuntos de la vida interna de los sindicatos no estuvieron en nuestro foco de análisis, aunque aparecen en la medida en que sean visibles en el estudio de casos.

99

Cuadro 16 Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) y Empresas de Servicios Temporales (EST), 2000-2006 Cooperativas de Trabajo Asociado Año

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Empresas de Servicios Temporales

Cooperativas

Asociados (en miles)

Trabajadores (en miles)

732 885 1.331 1.838 1.968 2.980 3.296

56 72 117 193 283 379 452

N. D. N. D. N. D. 924 834 821 585

Total de trabajadores afiliados (en miles)

% de población ocupada

1.117 1.117 1.200 1.037

14,0 14,0 15,0 12,0

Fuente: Cuéllar, 2009, 294.

Asimismo cuenta la mayor limitación del derecho de huelga, que sigue vigente aun en la Ley 1210 de 2008. Si bien el gobierno traslada a la justicia la declaratoria de legalidad de los conflictos laborales –aparentemente toma distancia de un asunto que siempre fue muy polémico por el uso político que el Estado podía hacer de una potestad que politizaba las huelgas (Ibíd., 301)–, el ejecutivo sigue teniendo capacidad para dar por finalizados los conflictos de trabajo, previo concepto favorable de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y cuando, a su juicio, se afecte “de manera grave la salud, la seguridad, el orden público o la economía en todo o en parte de la población” (texto modificado por la Ley 1210 de 2008, artículo 1, parágrafo 2, citado en Mendoza, 2010, 46). De modo que todavía sigue vigente la limitación de la negociación colectiva y, sobre todo, del ejercicio de la huelga en los sectores públicos considerados “esenciales”, lo cual hace que allí el conflicto laboral siga siendo muy pugnaz.42 Hablamos igualmente de nuevas propuestas de limitación del régimen pensional mediante el aumento del tiempo de cotización (Leyes 797 de 2002 y 860 de 2003), en un contexto en donde las pensiones se convierten en un severo problema financiero para Estado. Veamos algunos indicadores de este debilitamiento sindical, que se añaden a la ya demostrada disminución de la actividad contenciosa. Uno de ellos es la tasa de sindicalización medida con relación a la Población Económicamente Activa

42

Por eso no es extraño que en estos últimos años sigan presentándose propuestas de ampliación del derecho de huelga a federaciones y confederaciones, así como a los servicios públicos no esenciales, y de que se permita la negociación colectiva en el sector público, como ocurre con la propuesta hecha por algunos investigadores colombianos con apoyo de Usaid (Urrutia y otros, 2008).

100

(PEA).43 El Cuadro 17 muestra pronunciados descensos en casi todos los sectores, salvo en minería y finanzas. En aquellos que solían tener buenos indicadores de sindicalización, como transporte, energía, gas y agua, la caída es más notoria, como si allí se hubieran concentrado los distintos factores del debilitamiento sindical. Otros no muy “modernos”, como la construcción y la agricultura –que no incluye la agroindustria–, mantienen bajas tasas de afiliación. Sumando todos los sectores, se observa que la tasa de sindicalización tiende a disminuir en Colombia, pues pasa de 9,3% en 1984 a 4,2% en 2009. Eso quiere decir que cada vez hay menos asalariados afiliados a los sindicatos.44 No sobra recordar que en este momento las CTA y las EST albergan más trabajadores que aquéllos. Cuadro 17 Tasa de sindicalización por rama de actividad, 1984-2009 Rama

1984

1990

1992

1994

1996

1998

2000 2002 2004 2005 2008 2009

Agricultura

1,82

1,74

1,77

2,13

1,85

1,65

1,76

2,03

Minería

12,72

8,77

8,11

9,54

12,77 11,48 16,04

6,87

8,1

6,34

5,69

5,15

5,88

5,51

5,02

3,19

Electricidad, gas, 53,21 agua

31,4

30,05 28,82 27,98

28,5

23,81

36,46

Comercio

3,86

2,19

1,99

1,93

1,93

1,91

1,71

1,42

Construcción

2,97

2,91

1,05

0,96

1,17

1,15

1,27

0,55

Transporte

51,35

18,2

15,17

9,45

10,27

8,9

8,94

5,13

Finanzas

12,78 10,93

9,52

7,21

7,38

6,63

7,16

14,45

Servicios

19,55 12,98 12,32 13,04 13,09 12,09 10,35

Manufactura

Total

9,3

6,0

9,9 4,93

4,84

4,6

4,7

Fuente: ENS, Sislab, 2do. Reporte, 2009, Ríos, sin fecha, y ENS, Informe Nacional de Coyuntura, 2009, 5.

En 2005, el entonces investigador de la ENS, Jorge Giraldo, propuso otro indicador: la densidad sindical, “que mide la relación entre la población sindicalizada y el número de sindicatos. Esta tasa nos dice el número promedio de trabajadores organizados por sindicato existente y su exposición responde a la idea universalmente aceptada de que un mayor número de afiliados al sindicato puede implicar mayor representación, más capacidad de negociación y mayor volumen de recursos financieros y humanos disponibles para la organización” (Giraldo, 2005, 11). Como quien dice, cuantos más sindicalistas y menos sindicatos haya, mayor es la densidad y, por tanto, mayor el poder sindical. Lo que

43

Un indicador más aproximado de lo que se vive en el mundo del trabajo colombiano sería la medición de dicha tasa con relación a la población ocupada (PO). No pudimos conseguir tales datos, que serían ligeramente superiores a los que aparecen en el Cuadro 16. 44 Según Norberto Ríos, de la ENS, en 2009 hay 53.000 sindicalistas menos que los encontrados en 2002. A su juicio, “los campeones de la desindicalización están en (los empresarios) del sector manufacturero y en el financiero. Los empresarios del sector fabril están cerca de cumplir su propósito de erradicar los sindicados de sus negocios” (Ríos, 2010, 8-9).

101

4,2

se observa en el Cuadro 18 es que tendencialmente disminuye esta densidad, salvo en sectores como la educación. En efecto, esto puede sugerir la disminución del número de sindicalizados pero también cierta proliferación reciente de sindicatos, especialmente en el sector público, como subterfugio para cobijarse con el fuero sindical, que impide ser despedidos de los entes estatales sin el reconocimiento de altas indemnizaciones (Delgado, 2003). Giraldo señala que si en 1994 había 692 sindicatos en el sector público y 1.742 en el privado –lo que representaba el 25% y el 75%, respectivamente–, para 2002 los estatales habían subido a 1.165, es decir, representaban el 41% del total, mientras los privados habían disminuido a 1.647 y eran el 59% del total (Giraldo, 2005, 20). Claro que la misma ENS muestra que esta proporción volvió a variar en 2008 a 27% y 73%, respectivamente, tal vez por el agotamiento de muchos de esos sindicatos efímeros del sector estatal (Sislab, junio de 2009, 1). Pero esto no altera la tendencia decreciente de la densidad sindical observada en el Cuadro 18 y, por el contrario, la vuelve más significativa, pues disminuyen los sindicatos, al menos en el sector público, donde en 2008 bajaron a 801 (Ibíd.). Por donde se mire hay signos de debilidad sindical. Cuadro 18 Densidad sindical por actividad económica, 1990-2009 Actividad 1990 1994 1998 2000 153,58 206,77 120,45 88,73 1 452,86 435,7 335,15 300,74 2 236,05 239,32 154,41 161,38 3 109,67 111,08 106,96 103,33 4 187,66 134,05 121,07 116,61 5 1.474,97 1.674,74 1.620,96 1.597,50 6 326,18 341,33 280,97 274,03 7 80 57,5 40 40 8 201,66 207,03 219,58 225,66 9 288,79 287,33 278,32 281,85 10 1.208,78 1.343,15 1.239,16 1.068,22 11 162,89 133,45 119,92 113,81 12 42,97 44,91 44,38 45,03 13 505,02 656,61 607,02 565,58 14 822,59 917,06 993,31 930,91 15 461,08 273 262,4 261,81 16 Total 353,33 356,23 323,64 312,56

102

2002

2004

2006

2008

2009

85,88

75,86

84,54

77,36

75,35

221,85

216,86

216,17

190,25

186,1

165,47

219,75

175,66

219,51

226,98

111,2

113,01

134,91

122,85

123,13

97,52

72,48

73,26

70,34

70,34

1.725,64 1.710,26 1.650,42 1.579,60 1.686,47 238,97

284,28

348,91

319,79

300,69

40

40,5

38

43,67

45,5

221,56

218,63

212,33

297,87

325,07

283,06

261,51

237,97

224,38

219,29

1.014,43

734,46

607,44

574,46

587,65

100,04

92,02

92,22

88

87,7

44,06

44,11

44,44

45,83

48,23

546,79

577,78

551,54

507,7

486,62

653,41

663,37

629,97

581,98

608,08

236,39

226,61

240,41

234,32

231,39

302,6

300,83 293,27 280,33 280,99

Número de cada actividad 1

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

2

Administración pública y defensa, seguridad social de afiliación obligatoria

3

5

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos Construcción

6

Educación

7

Explotación de minas y canteras

8

Hogares privados con servicio doméstico

4

9

Hoteles y restaurantes

10

Industrias manufactureras

11

Intermediación financiera

12

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales

13

Pesca

14

Servicios sociales y de salud

15

Suministro de electricidad, gas y agua

16

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Fuente: ENS. Datos suministrados para esta investigación

En este punto quisimos indagar si las bajas tasa de sindicalización con tendencia decreciente son un proceso único en Colombia o más bien hacen parte de las consecuencias globales de la imposición de la lógica neoliberal en el capitalismo tardío. Lo que encontramos para América Latina (Cuadro 19) es que el fenómeno no es tan generalizado, y que incluso hay países en donde los indicadores suben o se mantienen estables. La comparación muestra que Colombia, tal vez con excepción de El Salvador, Honduras y Guatemala, es el país que más bajas tasas de afiliación sindical ostenta, y con tendencia a decrecer.

103

Cuadro 19 América Latina. Tasa de sindicalización como porcentaje del número de trabajadores que constituyen la fuerza de trabajo País Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela

1990-1996 24,4 30,9 24,9 20,8 7,4 16,4 4,4 27,0 11,2 14,3 9,2 7,5 18,9 16,2 25,9

1996-2001 25,4 16,4 23,6 13,1 6,9 13,1 10,4 5,2 4,4 6,0 9,3 7,8 17,3 12,4 14,9

Fuente: Lacchinni y Succotti, 2010, 22.

Como último indicador de actividad del sindicalismo colombiano, y para apreciar su fuerza o su debilidad, consideremos la distribución de convenciones y pactos colectivos, sobre la base de que las primeras son fruto de la negociación sindical y los segundos ocurren al margen de ella. Por la información que pudimos recoger (Cuadro 19 y Gráfico 24), se nota una tendencia decreciente de las convenciones colectivas, mientras los pactos mantienen sus guarismos, con una leve disminución. Preocupa sobre todo la primera forma, que es la manera de negociación que goza de protección legal, porque la relación muestra que tampoco en este indicador de actividad –no necesariamente contenciosa– el sindicalismo sale bien librado en los tiempos recientes. Carlos Rodríguez, presidente de la CUT en 2005, tocaba el problema de la baja cobertura de la negociación colectiva al afirmar –con cierta exageración– que “la negociación colectiva prácticamente desapareció. El año pasado (2004) solo 44.000 trabajadores accedieron a esa figura. Eso es insólito” (revista Cambio, octubre 17, 2005, 35). Los datos del Cuadro 20 muestran mayores números, pero descubren

104

la baja cobertura de la negociación colectiva en el país, no mayor del 1% de la PEA, otro signo preocupante de debilidad sindical.45 Cuadro 20 Convenciones, pactos y cobertura de la contratación colectiva, 1984-2009

1984

Convenciones colectivas 359

Pactos colectivos 253

Contratos sindicales 0

1985

457

144

2

1986

650

258

0

908

1987

566

201

1

768

1988

982

278

0

1.260

1989

1.026

493

0

1.519

1990

600

288

0

888

1991

437

184

0

621

1994

495

321

0

817

196.241

1995

517

307

0

824

230.472

1996

607

334

4

945

258.713

1997

376

257

1

634

203.928

1998

446

251

1

755

125.386

1999

207

172

0

379

108.744

2000

438

129

4

571

165.203

2001

328

149

6

483

113.383

2002

567

200

5

772

176.027

2003

267

110

4

381

72.264

2004

490

192

15

697

130.216

2005

273

160

4

437

99.336

2006

384

72

6

462

60.877

2007

291

204

5

500

113.435

2008

255

217

0

472

106.455

Año

6

Convenios totales 618

1

604

Laudos

Cobertura total

2009 360 207 567 220.000 Fuente: ENS, Sistema de Información Sindical y Laboral (Sislab), Segundo Reporte, 2009; Ministerio de la Protección Social y cálculos de la ENS, Revista Cultura y Trabajo No. 72/73, septiembre, 2007; Boletines del Ministerio de la Protección Social. La información fue empalmada y corregida por nosotros. No se dispone de información para 1992 y 1993.

45

Norberto Ríos muestra unas cifras distintas de la negociación colectiva para años recientes, pero aclara que el abultado número de convenciones colectivas suscritas en 2009 (391, según la ENS) está sobrestimado porque incluye la suscripción de 159 convenciones por parte de Sintrainagro, que fueron negociadas en un solo proceso (Ríos, 2010, 9). Según eso, se mantiene la tendencia decreciente de la negociación laboral que involucra al sindicalismo.

105

Gráfico 24 Dinámica de la negociación colectiva, 1984-200946

Fuente: la misma del Cuadro 20

5. Análisis estadístico47 Ya hemos señalado que nuestra investigación no se fijó como meta la aplicación de métodos estadísticos porque esa función no hace parte del acuerdo con el Pnud, dado que ese tipo de análisis lo ejecutaría otra de las instituciones participantes en el proyecto total. Además, en una relación tan compleja como la violencia política contra los sindicalistas y sus causas, y dada la precariedad de los datos ofrecidos por todas las fuentes consultadas, no se esperaba mucho de la simplificación requerida por la estadística para la comprensión adecuada del fenómeno. Asimismo hemos opinado que, aunque nuestra hipótesis sobre la relación entre la violencia contra los sindicalistas y el debilitamiento sindical –

46 47

Nota: la ausencia de información para 1992 y 1993 ocasiona el bajón que muestra la gráfica. Fue realizado con el apoyo de Cerac. Una ampliación de este análisis se encuentra en el Anexo

3.

106

especialmente en su acción contenciosa–48 no tiene estrictamente carácter estadístico, quisimos explorar esa dimensión del análisis que se sugería en unos gráficos y fue también pedida por algunos de los lectores de nuestro borrador de informe. Por tanto, en esta sección queremos establecer si existe, en términos estadísticos, una relación negativa o inversa entre las dos variables propuestas: violencia contra los sindicalistas –medida en términos de víctimas letales y no letales– y luchas sindicales, en las que se incluyen huelgas –o paros–, movilizaciones, tomas de instalaciones, bloqueos de vías y otras modalidades de protesta.49 La ejecución de estas pruebas estadísticas fue realizada por el Cerac, como puede observarse en el Anexo 3 del presente informe. En esta parte consignamos los principales hallazgos de dicho trabajo, cuyos detalles encontrará el lector en dicho anexo. El primer paso estadístico que se dio fue realizar algunas correlaciones entre las dos variables.50 De los múltiples ejercicios de correlación que se hicieron, resultaron especialmente significativas al 5% las que asociaban –en el nivel espacial departamental y con temporalidad anual– a víctimas sindicalistas totales con luchas sindicales; víctimas sindicalistas por violencia letal con huelgas, y víctimas sindicalistas por violencia letal con otras formas de lucha sindical diferentes de las huelgas.51 Estas tres correlaciones eran de signo positivo –con lo que aparentemente se invalidaba nuestra hipótesis–, pero al desagregarlas por

48

Textualmente la formulamos así: “La violencia contra los trabajadores sindicalizados, además de ser una constatación dramática de la crisis humanitaria que vive el país en los tres últimos decenios, termina produciendo el debilitamiento, cuando no la aniquilación, del sindicalismo”. 49 Por momentos en nuestro borrador de informe se insinuaba otra hipótesis, que apuntaba a una causalidad distinta, pero que no es nuestro argumento central en la interpretación de los dos procesos relacionados en el plano nacional, así pueda funcionar para algunos casos ejemplares en ciertos años. Dicha hipótesis alterna sugería que la acción sindical contenciosa es la que provoca la violencia contra los sindicalistas, es decir, que habría una relación positiva entre las dos variables examinadas. Esta supuesta hipótesis no se pudo demostrar estadísticamente, pues, entre otras cosas, la explicación de la violencia contra los sindicalistas responde a muchos más factores que la sola acción contenciosa sindical. Agradecemos al profesor Cabarcas su llamada de atención sobre la contradicción que surge al insinuar dos hipótesis con sentido opuesto, como también sobre la necesidad de considerar los diferentes comportamientos departamentales y las limitaciones de las representaciones gráficas, que pueden sugerir aparentes causalidades no siempre demostrables estadísticamente. 50 La correlación muestra el grado de asociación entre las dos variables; por su “significancia”, se puede descartar que la relación sea diferente de cero y se atribuya a razones distintas del azar. Con todo, es preciso aclarar que la existencia de una correlación entre dos variables no tiene implicación alguna sobre una posible causalidad o su dirección; esto se explora con la regresión. 51 También se hicieron correlaciones de esas variables en el plano nacional y con periodicidad anual, que no resultaron significativas, precisamente por el alto grado de agregación que conllevan, lo que oculta el carácter diferencial del fenómeno de la violencia contra los sindicalistas, considerada por departamento. De las que se realizaron en el nivel nacional y con temporalidad mensual, algunas fueron significativas, pero seguían siendo muy agregadas.

107

algunos casos de los departamentos más victimizados la correlación cambió de signo, según se esperaba en nuestra hipótesis.52 En este punto recordamos lo ya señalado antes en nuestro informe: que la violencia contra los sindicalistas es heterogénea, tanto en el tiempo como en el espacio. Es evidente que los departamentos presentan una participación disímil en la tendencia de la violencia contra los sindicalistas, al igual que en la actividad sindical. Esta característica implica reconocer las particularidades específicas de cada departamento. No sobra resaltar que la dinámica nacional de la victimización del sindicalismo se concentra en diez departamentos, que reúnen al 80% de las víctimas: Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Bogotá D. C., Cesar, Atlántico, Norte de Santander, Magdalena, Córdoba y Arauca. Veamos cómo funcionan las correlaciones en los más representativos. Antioquia concentra una muy alta proporción de la victimización letal principalmente entre 1984 y 1998, y termina marcando la tendencia nacional en esos años. Los máximos de victimización sindical no están acompañados de mayor actividad sindical, pero en algunos años puede haber una relación positiva.53 Santander ejemplifica más claramente la relación negativa entre las dos variables. A pesar de que el nivel de las luchas sindicales no es constante durante todo el periodo de estudio, como se percibe en el caso de Antioquia, los periodos con altos niveles de victimización están acompañados de bajos niveles de lucha sindical. En el caso de Valle del Cauca también aparece la relación negativa entre las dos variables, al menos para ciertos años. 54 Bogotá es la más atípica, pues se caracteriza por un nivel de lucha sindical superior a la de los demás departamentos, acompañada de bajos niveles de victimización letal. En todo caso, reiteramos que un análisis diferencial entre departamentos y periodos de tiempo logra construir una explicación más profunda que la mera observación de las tendencias a escala nacional. Este resultado diferenciado condujo a revisar la variable lucha sindical y a atender al número de participantes en vez del número de eventos de lucha sindical, es decir, el número de huelguistas. Inicialmente no se definió en esta forma, por las dificultades intrínsecas que presentan las fuentes para el conteo de los participantes en tales eventos. Sin embargo, con esta salvedad y las precauciones para el posible subregistro –especialmente desde 2002–, se calcularon las correlaciones y se realizaron las desagregaciones gráficas, y el resultado fue que

52

Un problema de las tres correlaciones señaladas –que resultaron significativas pero con signo positivo– es la aparición de muchos puntos que indican bajos niveles de victimización y bajos niveles de lucha, lo que está relacionado con la distribución geográfica de la violencia contra sindicalistas. 53 Remitimos, tanto a los gráficos y mapas que hemos presentado en este informe, como a los cuadros y gráficos que específicamente, a partir de nuestros datos, construyó Cerac para este análisis y que aparecen en el Anexo 3. En este caso, véanse los gráficos 6 y 11 de dicho anexo. 54 Sin embargo, cuando se analiza la relación entre los homicidios de sindicalistas y la lucha sindical, es posible entrever alguna relación positiva (Gráfico 8 del Anexo 3).

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en el nivel nacional y en los casos de Antioquia y Santander la correlación es significativamente negativa entre la victimización y el número de sindicalistas que participan en las luchas.55 En esa dirección y con el objetivo de profundizar en las relaciones existentes entre violencia contra sindicalistas y lucha sindical, se realizaron algunos ejercicios de regresión con la estructura de “datos panel”, que permite interpretar de una mejor manera los estimadores presentados y, mediante la inclusión de otras variables, controlar la posible omisión de otros factores explicativos. 56 Este ejercicio posibilita considerar los cambios de las variables estudiadas, tanto en la dimensión temporal como en la espacial. La dimensión temporal corresponde a datos anuales registrados entre 1984 y 2009, mientras la espacial hace referencia a los departamentos.57 Pues bien, utilizando la técnica mencionada, se adelantaron varios ejercicios de regresión con cuyos resultados vamos a condensar ahora. Con apoyo en la información aportada por el Cinep para esta investigación, se tomó como variable dependiente la tasa de luchas sindicales por 100.000 habitantes de cada departamento y como variable de interés se asumió la tasa de victimización sindical por 100.000 habitantes. Estas tasas fueron construidas a escala departamental y con periodicidad anual. El coeficiente que nos interesaba encontrar era el estimador de la tasa de victimización, que indica en qué medida las variaciones registradas en la victimización afectan la lucha sindical. Como variables de control se utilizaron la “violencia”, medida por la tasa de homicidios reportados por la Policía Nacional;58 la “economía”, medida el PIB departamental per cápita reportado por el Dane, y la “presencia guerrillera y paramilitar”, determinada por las acciones unilaterales de cada grupo, por departamentos. 59 También se hizo otro ejercicio de regresión, que adoptó como variable dependiente la tasa de participación sindical en las huelgas o número de huelguistas por 100.000 habitantes, por departamentos y por años.

55

Como se constata en los gráficos 9 a 12 del Anexo 3, y su respectiva explicación por Cerac. De hecho, los cálculos de las correlaciones que buscan indagar el tipo de relación de estas dos variables –violencia contra sindicalistas y participación de huelguistas– son de signo negativo, significativos al 5% y con un coeficiente de Spearman de -0.13. 56 Todavía no puede hablarse de causalidad estadística o de una variación directa de valores absolutos de la acción sindical “causados” por la victimización de sindicalistas. 57 En principio parecía contarse con datos para 26 años y 32 departamentos, lo que daba un número de observaciones cercano a 800, pero como hay departamentos en donde se desconoce la información para algunos momentos, la muestra real es cercana a los 500 datos. 58 Conviene señalar que no se encontró una correlación entre la tasa de homicidios reportada por la Policía y la victimización sindical según el Cinep. 59 La presencia de estos actores armados ilegales se midió asignando el valor de uno (1) cuando determinado grupo realiza una acción unilateral. Esto el lo que estadísticamente se llama una variable indicadora o “dummy”. Se añadieron otras variables “dummies” referentes a la división propuesta por el Cinep de las dinámicas de la violencia contra sindicalistas y lucha sindical: primer subperiodo (1984-1991) y tercer subperiodo (2002-2009). Se omitió el subperiodo intermedio, para evitar problemas de multicolinealidad.

109

De acuerdo con los datos reportados por el Cinep, solo fue posible determinar una relación negativa entre la victimización contra sindicalistas y la participación de huelguistas. A manera de complemento, al replicar el mismo ejercicio, pero con los datos de Cerac –muy cercanos a los del Cinep–, se observó una relación negativa entre la victimización contra sindicalistas y la lucha sindical. De igual manera, se corroboró la incidencia negativa de la victimización sindical en la participación de sindicalistas en huelgas. En este sentido, los ejercicios de regresión no descartaron la existencia de una relación negativa entre la lucha sindical y la victimización sindical.60 Con el objetivo de precisar la causalidad entre las variables y superar los posibles problemas de endogeneidad en la regresión, Cerac realizó algunos test, que permiten identificar la presencia o la ausencia de una relación de causalidad entre dos variables.61 Así se aplicó el test de causalidad de Granger, que busca determinar si una serie de tiempo es útil para indicar una causación sobre otra. De ese ejercicio final se concluye que, estadísticamente, hay una causalidad –en el sentido de Granger– entre la tasa de victimización sindical y la lucha sindical. Para cerrar la descripción de estos ejercicios, se puede decir que, estadísticamente hablando, no se descarta la hipótesis central de Cinep de que la violencia contra los sindicalistas afecta negativamente la actividad contenciosa sindical. Es el momento de concluir esta segunda parte de nuestro informe. Posiblemente estos indicadores de debilidad sindical reproduzcan un fenómeno global, pero en Colombia hay particularidades de la vida –y la muerte– de sindicalistas que debemos tener en cuenta. La conjunción de disposiciones oficiales y la violencia contra los trabajadores sindicalizados –adelantada por grupos paramilitares, sicarios y sectores de las Fuerzas Armadas, y en menor medida por la insurgencia– busca debilitar uno de los movimientos sociales históricamente más fuertes y afirmativos del país. De esta forma se contribuye a allanar el camino para imponer una apertura económica de corte neoliberal, por medio de “ventajas comparativas” de abaratamiento de la mano de obra y flexibilización de los contratos colectivos, así como mediante la presencia de empresas multinacionales en la explotación de recursos naturales con nuevas formas de enclaves extractivos, que también son practicadas por empresarios nacionales. De esa manera la imposición del modelo neoliberal en Colombia “combina” elementos legales, y hasta constitucionales, con

60

Remitimos a las tablas 3 y 4 del Anexo 3, en las cuales se plasman los resultados de estos ejercicios de regresión. También se corrieron regresiones en el plano nacional y con una periodicidad mensual (Tabla 5), que ratificaron lo señalado en las anteriores tablas, pero con la advertencia de que el análisis en el nivel departamental es más sólido y consistente. A esta altura del análisis econométrico, Cerac advierte que no es posible determinar si existe una relación causal, ya que para ello es necesario el uso de variables instrumentales que permitan corregir los posibles problemas de endogeneidad en la regresión, como puede ocurrir con la victimización sindical, que puede ser una variable endógena al modelo. 61 Como se explica al final del documento de Cerac (Anexo 3).

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otros abiertamente ilegales, en especial en las áreas de enclaves extractivos. Si a todo eso intenta resistir el sindicalismo, la sombra de la amenaza se cierne sobre él. Algunas reflexiones de especialistas en temas laborales nos ayudan a precisar nuestra hipótesis. Por ejemplo, el abogado Marcel Silva dice: “Hay una verdad (de) a puño que nadie puede desmentir: la aplicación de la política neoliberal exige la destrucción de las organizaciones populares que le pueden hacer resistencia” (Silva, 1998, 173). Si a la flexibilización neoliberal se le suma la violencia, “tenemos que el ejercicio del derecho de asociación en Colombia es un acto suicida” (Ibíd., 174). El autor cita un texto de la OIT de principios de los años 90 para afirmar que “En Colombia, el clima general de violencia agudiza la debilidad general de los sindicatos” (Silva, 1998, 174). Por su parte, María Mercedes Cuéllar señala que, aunque en nuestra economía hay exceso de oferta de mano de obra y costos laborales que impiden la competitividad de empresas en el mercado mundial –costos atribuidos por ella a los sindicatos–, esto no justifica que se haya debilitado la estabilidad laboral y que hayan proliferado formas de contratación al margen de la negociación colectiva y el sindicalismo, como las CTA y las EST. Lo que más le sorprende a esta investigadora, cercana a los círculos oficiales, es que “sea el mismo Estado el que más recurra a este tipo de alternativas” (Cuéllar, 2009, 302). A fin de que pueda observarse con más detalle esta situación, que no dudamos en calificar de perversa para la existencia de los sindicatos y los sindicalistas, preparamos los siete estudios de “casos ejemplares” que siguen a continuación.

111

TERCERA PARTE CASOS EJEMPLARES En esta tercera parte del informe nos concentraremos en el análisis de siete casos que hemos considerado ejemplares en cuanto al objeto de investigación: “Incidencia de la violencia contra los trabajadores sindicalizados y evolución de su protesta”. Los hemos seleccionado porque representan sectores con altos índices de luchas sindicales y sobre todo de violencia contra los sindicalistas. Seguramente hay otros que cumplen estos requisitos, como el sector minero, el metalúrgico o el cañero, pero dadas las limitaciones obvias de un estudio como el propuesto se necesita poner límites a la pesquisa. Los sectores seleccionados son, en su orden: bananeros, petroleros, cementeros, palmicultores, bebidas y alimentos –en concreto, los vinculados a las multinacionales Nestlé y Coca Cola–, sector salud pública y magisterio. En el estudio de cada caso tendremos en cuenta la información cualitativa y cuantitativa de nuestras bases de datos, según se explicó en la primera parte, complementada con la ofrecida por la prensa y la literatura secundaria.1 Por lo común abordaremos el análisis siguiendo los subperiodos propuestos, aunque en algunos casos será preciso hacer agrupaciones temporales más cortas que den cuenta de la dinámica de la protesta o de la violencia en un sector específico. Por último, no sobra recordar que nuestro enfoque de análisis cae sobre el sindicalismo de un sector laboral y no estrictamente sobre la región o las regiones en donde se asientan las actividades productivas y los trabajadores objeto de estudio, dimensión esta última que se aborda en el proyecto la Corporación Nuevo Arco Iris.

1

Advertimos que dichas bases de datos tienen un campo final con información cualitativa, que usaremos frecuentemente para evitar citarlas en todo momento. Todos los cuadros y gráficos de esta parte, salvo que se indique lo contrario, provienen de la información consignada en los listados que anexamos a este informe.

113

1. SECTOR BANANERO

114

Urabá era una región casi desconocida de la vida nacional cuando, en los años 60, los trabajadores bananeros lograron poner en marcha una organización sindical vigorosa, que a partir de entonces no ha podido ser exterminada por la que, sin duda alguna, ha sido la violencia política más sangrienta soportada por el sindicalismo colombiano de las últimas décadas. Muestra de ello aparece en el gráfico 1, elaborado de acuerdo con la información aportada por el Cinep para esta investigación.2 En el sector bananero registramos 842 violaciones de derechos humanos entre 1984 y 2009, y de ellas 808, es decir, el 96% de todas las violaciones, tuvieron la modalidad de asesinatos. En algunos casos, especialmente en el primer lustro de los años 90, tales homicidios alcanzaron la característica de masacre. Todo ello hace que este sector sea considerado como el más victimizado en la historia del sindicalismo colombiano. Veamos esta historia. Gráfico 1 Violaciones de derechos humanos contra sindicalistas bananeros 1984-2009

Ataque y heridos; 9 Desaparición; 15

Asesinato; 808

Tortura; 9

Detención; 1

Urabá era una zona típica de colonización (García, 1996 y Ortiz, 2007), que comenzó a transformarse a mediados del siglo XX por la presencia de la United Fruit Company (UFC), empresa norteamericana que llegó allí buscando tierras fértiles y un mejor clima, al abrigo de los huracanes (Bucheli, 2003). Las plantaciones urabeñas empezaron a aparecer en los años 50, después de que el cultivo de la fruta comenzara a decaer en el departamento del Magdalena, donde la UFC había operado por muchos años, convertida posteriormente en Compañía Frutera de Sevilla –por el nombre de una de las poblaciones de la región– y hoy conocida como Chiquita Brands. En Urabá la UFC buscó una inserción indirecta, tanto en términos de tierras como en el aspecto laboral. De esa manera controla el transporte, almacenamiento y comercialización de la fruta sin involucrarse en la compra de tierras. Ofrece crédito a empresarios, en su mayoría antioqueños, 2

Los datos incluyen a los sindicalistas bananeros de Urabá y la Zona Bananera del Magdalena. Remitimos a la tabla que aparece al final de este capítulo y que resume las series de luchas sindicales y hechos de violencia contra los sindicalistas de este sector.

115

afiliados a la Asociación de Bananeros y Agricultores de Urabá (Augura), y estimula la subcontratación para evitarse conflictos laborales directos (Chomsky, 2008, 188-189 y Bucheli, 2003, 746-748). Los empresarios bananeros antioqueños, al contrario de sus contrapartes del Magdalena en la primera mitad del siglo XX, fueron más activos ante la UFC. Además de la creación de Augura en los años 60, luego montaron su propia empresa exportadora, la Unión de Bananeros (Uniban) (Bucheli, 2003). Y, en términos laborales, desarrollaron formas “primitivas” de relaciones laborales, propias de las fases iniciales del capitalismo y no muy distantes de las practicadas por la UFC en la zona del Magdalena, que provocaran el conflicto laboral y la masacre de trabajadores de 1928. Según un reporte de la ENS de finales de los años ochenta, en 1984 los trabajadores bananeros laboraban 10, 12 y más horas diarias por un salario inferior o igual al mínimo legal, sin seguridad social ni servicios médicos y deambulando de una finca a otra, pues la estabilidad laboral era precaria. Vivían recluidos con sus familias en barracas –llamadas “campamentos” por la patronal– que carecían de los más elementales servicios de higiene (Revista de la ENS, Nº 9, agosto de 1987, 9). Un testimonio recogido por la ENS y referido al inicio de los años 80 expresa: “Allí no se podía hablar de sindicato, nadie podía hablar de sindicato (…) Le imponían las cosas a uno, las horas de trabajo dependían del programa de embarco. Había jornadas de 15 horas, lo cierto es que a uno lo obligaban a trabajar en el día y en la noche. Si no lo echaban, lo suspendían por ocho o quince días (…) Los capataces estaban ahí permanentemente vigilando (…) A uno le pagaban según ellos quisieran (…) uno no tenía garantías, las primas se las pagaban a uno cuando ellos decidían pagarlas. Cuando uno se enfermaba le daban una orden para ir donde el médico. Entre el patrón y el médico había convenios y negocios. No entregaban drogas que superaran determinado valor” (Entrevista a Pérez, 1997, 37-38). A este respecto vale la pena recordar la expresión de un trabajador de la zona y dirigente de Sintrainagro, Oswaldo Cuadrado, para quien lo que allí existía era un “código bananero” y no el Código Sustantivo del Trabajo (citado en Celis, 2004, 113). De acuerdo con el mismo entrevistado, “no había horario de trabajo, no conocíamos salario mínimo, al no haber horarios no pagaban recargos, dominicales ni festivos (…) trabajábamos a destajo (…) si usted iba a reclamar, se iba, lo suspendían como mínimo por 15 días” (citado en Ibíd., 113). Todo ello configura un panorama laboral previo al de los años estudiados, que, en términos de la investigadora norteamericana Aviva Chomsky, hace de la región una versión extrema de lo que serán luego “los ideales neoliberales”: gran oferta de mano de obra migrante, ausencia de regulación estatal y disponibilidad de las Fuerzas Armadas para aplastar cualquier protesta (Chomsky, 2008, 181-182 y 192). Es decir, que aparentemente en Urabá se junta el pasado con el presente: 116

condiciones primitivas de trabajo con nuevos vientos neoliberales, todo en el contexto de un enclave extractivo regional. El hecho de que las condiciones de trabajo fueran “primitivas” y los empresarios se resistieran a negociar explica que, si bien las organizaciones sindicales aparecieron en los años 60, no contaran con mayor número de afiliados ni fueran muchas las convenciones colectivas que pactaron durante largo tiempo. 3 En 1964 se creó el Sindicato de Trabajadores Bananeros (Sintrabanano), afiliado a la Federación de Trabajadores de Antioquia (Fedeta), uno de los puntales de la Cstc, de orientación comunista. A su vez, en 1972 fue creado el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Urabá (Sintagro), que perteneció a la UTC y en los 80 fue controlado por simpatizantes del EPL, para convertirse en uno de los sindicatos no confederados que se sumaron a la naciente CUT en 1986, a la que siguió afiliada hasta el presente, salvo por un breve lapso a mediados de los 90 en que perteneció a la Cgtd. En esas condiciones el Estado parecía estar ausente, al menos en términos de la regulación del mundo laboral. Pero si se mira con cuidado, más bien habría una presencia selectiva –según la conceptualización de Fernán González y otros (2003)–, pues para los años 80 Urabá será una de las zonas más militarizadas del país. Esta situación parece propicia para el uso de la fuerza por cada uno de los polos del conflicto laboral (Chomsky, 2008, 193 y Celis, 2004, 113). Para Clara Inés García, la forma cruda en que se vivía tal conflicto hizo que no solo se expresara en forma de confrontación militar, sino que “anudara” los otros conflictos –como los campesinos y cívicos–, dándoles un carácter regional (García, 1996). En esas condiciones no es extraño que la guerrilla hiciera presencia temprana en la región. Al poco tiempo de conformarse las Farc aparece en Urabá el V Frente, que consolidó la histórica presencia comunista entre los colonos y durante muchos años fue la única organización insurgente instalada allí. El EPL, una expresión guerrillera resultante de la separación del núcleo maoísta del PCC en 1965, se implantó desde 1967 en el cercano departamento de Córdoba. Esa distribución territorial –algo muy caro a las organizaciones armadas– comenzó a alterarse a fines de los años 70, cuando una disidencia del V Frente de las Farc –los “Núcleos Marxistas Leninistas”, comandados por Bernardo Gutiérrez– se deslizó hacia el EPL, con lo cual esta guerrilla hizo presencia en la región. Si las relaciones entre las dos fuerzas insurgentes habían sido distantes, por obvias razones ideológicas, este deslizamiento atizó más su enemistad (Ortiz, 2007 y Suárez, 2007). Hubo además otro giro que también tuvo consecuencias en la historia que nos ocupa. En 1980 el PC-ML, partido que “orientaba” al EPL, realiza su XI congreso 3

Carlos Miguel Ortiz explica la baja sindicalización existente antes de los años 80 a los altos salarios comparativos, dadas la escasez de mano de obra, la hostilidad patronal y la mentalidad de los trabajadores, que confiaban más en las redes familiares (Ortiz, 1999, 94-96). El recuerdo de los trabajadores no habla de altos salarios, tal vez porque el costo de vida era igualmente elevado, como ocurre corrientemente en las zonas de enclave extractivo.

117

–el primero desde su fundación en 1965– y se aparta del maoísmo, con lo que rompe su anterior aislamiento y propicia su acercamiento al mundo laboral (Villarraga y Plazas, 1995). De esta forma se integrará al sindicalismo, en especial a Sintagro, tanto, que sus activistas confundirán la lucha social con la política y aun la armada. La consigna que enarbolaban en el momento es dicente, como ya referimos atrás: “Somos Sintagro, que hace parte del PC-ML y del EPL, que es el brazo armado del Partido” (Entrevista a Pérez, 1997, 39-41). Mientras tanto, Sintrabanano, influido por el PCC y las Farc, mantiene un bajo perfil activista y más bien intenta amoldarse a la “combinación de todas las formas de lucha”, es decir, a las luchas electorales y sindicales, a las que en esa época se subordinaba la armada (Suárez, 2007). Así llegamos a la coyuntura que aparece al inicio de nuestro estudio: la tregua pactada en 1984 entre el gobierno de Belisario Betancur y algunas fuerzas insurgentes. Ella va a ser un punto de inflexión de la lucha sindical de la región e, infortunadamente también, de la escalada violenta contra los sindicalistas en esa zona. Veamos esta historia siguiendo los subperiodos gruesos que ya analizamos, aunque en el caso bananero será necesario mirar unos momentos particulares dentro de este marco cronológico, especialmente en los años 90. Pero antes consideremos brevemente la trayectoria de las luchas sindicales y de la violencia contra los trabajadores bananeros sindicalizados. Una mirada a los gráficos (2 a 5) sobre esas dos series arroja una cierta desproporción entre los mayores indicadores de violencia –los más altos en cuanto a sindicatos se refiere– y las menores luchas que se libran en este sector, incluso en términos comparativos con otros. También se percibe que el incremento de la violencia se produce en el segundo subperiodo, una vez pasado el auge de luchas del primero. Además, es evidente que en el último subperiodo hay una disminución, en números absolutos y en su “calidad”,4 tanto de las acciones sindicales como de los indicadores de violencia, lo cual no es pura coincidencia sino resultado de la anterior violencia ejercida contra el sindicalismo bananero, como lo ilustraremos en las páginas que siguen.

4

En lo que va de este siglo hay una modificación de sus demandas hacia asuntos menos políticos, como se constata en los gráficos respectivos y lo ampliaremos después.

118

Gráfico 2 Violaciones de derechos humanos contra bananeros 1984-2009 180 160 140 120 100 80 60 40 20 2007

2008

2009

2008

2009

2006

2005

2004

2007

Violaciones de derechos humanos

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

0

Asesinatos

Gráfico 3 Trayectoria de las luchas y huelgas de los bananeros 1984-2009

18 16 14 12 10 8 6 4 2

Luchas de los bananeros

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

0

Huelgas de los bananeros

119

Gráfico 4 Luchas de bananeros por diversos motivos y por violación de derechos humanos 1984-2009 18 16 14 12 10 8 6 4 2

Luchas de bananeros Luchas de bananeros por derechos humanos

Gráfico 5 Motivos de las luchas de los bananeros 1984-2009

Otros; 5

Pliegos no dirimidos; 15

Derechos; 65

Incumplimiento pactos; 12

120

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

0

1er subperiodo (1984-1990) Según la anterior información gráfica, este subperiodo fue el momento de mayor número de luchas sindicales y huelgas del sector, con un pico pronunciado en 1989. En cuanto a la violencia contra los sindicalistas, los indicadores son altos, como se constata en el Cuadro 1, aunque este subperiodo no fue el más cruento. Cuadro 1 Violaciones de derechos humanos contra sindicalistas bananeros 1984-1990 Asesinato Ataque y heridos Desaparición Tortura Total

154 3 7 7 171

En el Gráfico 6 se observa una distribución de los motivos de las luchas sindicales similar a la que estuvo presente a largo de los 26 años estudiados, con un alto porcentaje de protestas por derechos, acorde con la creciente violencia. Veamos esas expresiones. Gráfico 6 Motivos de las luchas de los bananeros 1984-1990

Otros; 2

Derechos; 39

Pliegos no dirimidos; 9

Incumplimiento pactos; 6

Entre 1980 y 1985 Urabá exportó banano por un valor de 969,1 millones de dólares, producidos en 20.000 hectáreas de 259 fincas, donde laboraban 11.997 obreros, de acuerdo con una publicación de la ENS de 1987 (Revista de la ENS, 121

Nº 9, agosto de 1987, 9).5 La región, extendida sobre fértiles tierras bajas y con fáciles accesos a la comunicación marítima, producía en los años 80 un volumen de banano que había elevado a Colombia como tercer gran exportador latinoamericano de la fruta, después de Costa Rica y Ecuador. Según Chomsky, “Para 1984 Urabá estaba produciendo el 92% de la exportación de banano de Colombia, y Colombia era el cuarto exportador del mundo (…) Para 1995 la región tenía una población de 350.000 con 29.000 hectáreas plantadas de banano en 409 fincas que pertenecían a 310 propietarios. 16.000 trabajan en esas fincas, unos 4.000 en las de Banadex, subsidiaria de la Chiquita, que también poseía el puerto de Turbo” (Chomsky, 2008, 190). En el contexto de la tregua pactada con Belisario Betancur, la decidida acción sociopolítica del EPL y la actividad electoral de las Farc por medio de la UP, se produce un veloz ascenso de la afiliación sindical. Según Camilo Castellanos, “Sintagro saltó de 2.700 afiliados en 44 fincas, en diciembre de 1984, a 12.600 en 144 plantaciones, en junio de 1987. En el mismo lapso, Sintrabanano mejoró de 213 miembros en cuatro fincas a 4.600 en 78 empresas” (Castellanos, 1988, 7). Las cifras que ofrece Carlos Miguel Ortiz son más moderadas, pero coinciden en la impresionante tendencia al incremento que mostró la sindicalización en la región. Para este autor, Sintagro pasa de 147 afiliados en agosto de 1984 a 4.500 en febrero de 1985, para seguir creciendo a 6.730 en 1987 y a 8.133 en 1989. Por su parte, Sintrabanano tenía 1.685 afiliados en 1987 y al año siguiente pasó a 2.647 (Ortiz, 1999, 96 y ss.). A estos datos habría que agregar los del pequeño sindicato de jornaleros (Sindejornaleros) y otros aun menores, como el Sindicato Departamental de Embarcadores y Braceros de Turbo (Sindebras), que, de acuerdo con Juan Carlos Celis, constituían el 16,5%, mientras Sintagro cubría el 54,8% de los trabajadores y Sintrabanano el 13,7% (Celis, 2004, 112). La mayor sindicalización propició una mejora de las condiciones de existencia de los trabajadores. En efecto, las quince convenciones colectivas suscritas en 1984 pasaron a ser más de cien al año siguiente (Revista de la ENS, Nº 9, 1987, 9). Según nuestra Base de Datos de Luchas Sociales, a partir de 1986, y especialmente entre 1987 y 1989, se observa también un incremento en las luchas sindicales de la región, enmarcadas por la demanda de derechos básicos laborales, y la violencia comienza a ser también un motivo de protesta. De las seis acciones sindicales registradas entre 1984 y 1985, cuatro estuvieron relacionadas con la discusión de pliegos de peticiones, una con el incumplimiento y la violación de leyes laborales y la última, que ocurre en diciembre de 1985, estalla en protesta por el asesinato de siete activistas de Sintrabanano. No es de extrañar que esta huelga haya derivado en paro cívico, anudando varios conflictos, como lo señala 5

Las cifras de trabajadores difieren según la población que se incluya. En algunos casos se habla de 20.000, al sumar también los trabajadores del transporte y los puertos marítimos, así como actividades comerciales y de servicios relacionadas con la producción bananera, tal como lo hace Chomsky para mediados de los años noventa (2008, 190). Esta suma se amolda a las ofrecidas por Camilo Castellanos para la afiliación sindical (Castellanos, 1988, 7). En cambio, la de casi 12.000 se acerca a los cálculos más moderados de sindicalización ofrecidos por Carlos Miguel Ortiz (1991, 96 y ss.).

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Clara Inés García (1996). Con todo, el ataque a los sindicatos bananeros aparece desde antes. A inicios de 1985 Sintrabanano y Sintagro eran acusados de infiltración guerrillera y en febrero de 1985 el gobernador de Antioquia, Alberto Vásquez Restrepo, había puesto en marcha un plan de aumento de tropas, concertado con el ministro de Trabajo, Oscar Salazar, y el de Defensa, Miguel Vega Uribe. El Ministerio de Trabajo amenazó con suspenderles las personerías jurídicas e intervenirlos (El Colombiano, marzo 6, 1985). Luego, en julio de ese año, más de 250 sindicalistas afiliados a Sintagro fueron víctimas de un atentado con granadas y ametralladoras, cuando hacían presencia en una asamblea sindical reunida en el corregimiento de Currulao. El saldo fue de cinco muertos y entre 22 y 35 heridos.6 Ese era el tono y el ritmo de la violencia contra los sindicalistas del banano, y todo ello en plena ejecutoria del plan de paz del presidente Belisario Betancur con el grueso del movimiento guerrillero –Farc, EPL, M19 y ADO–. Entonces, el 9 de diciembre de 1985 el gobierno departamental de Antioquia, los viceministros de Gobierno y Trabajo, Augura, Sintrabanano y la Fedeta, filial de la Cstc, suscribieron un convenio mediante el cual empresarios y trabajadores se comprometían a luchar por un clima civilizado de confrontación laboral. Pero ese esfuerzo no fructificó, debido a la violencia paramilitar desatada con el apoyo de ciertos mandos de las Fuerzas Armadas y la simpatía velada de algunos empresarios. De esta forma, parece presentarse un ciclo que visualmente se aprecia al observar la evolución de las dos series consideradas en este estudio: las luchas sindicales enderezadas a consagrar derechos mínimos –y en ese sentido superar las relaciones laborales que hemos llamado “primitivas”– son respondidas utilizando diversos mecanismos laborales, como negar la existencia del sindicato o cerrarse a toda negociación, y especialmente mediante formas violentas. En una región en donde el sindicalismo es influido por la izquierda, tales argumentos gubernamentales y patronales provocan mayor movilización obrera contra la violencia, hasta que al fin esta última es de tal tamaño –y regionalmente involucra el choque entre organizaciones de izquierda–, que termina debilitando al sindicalismo hasta hacerlo desaparecer o disminuir su autonomía y domesticarlo, cosa que hasta cierto punto se logra en Urabá. La presencia del paramilitarismo terminará complicando todavía más la situación regional.7 Según Aviva Chomsky, los acuerdos de paz de 1984 con el gobierno de Belisario Betancur impulsaron la sindicalización pero también la presencia paramilitar 6

La diferencia en el número de víctimas corresponde a la información diversa contenida de las dos bases de datos aquí cruzadas: la de luchas habla de 22 heridos y la de derechos humanos, seguramente con más rigor en este caso, aporta la cifra de 35. Esta última base de datos responsabiliza al Ejército de tal acción violenta, que en sentido estricto sería una masacre. 7 Los informes de Justicia y Paz –una de nuestras fuentes en esta investigación– hablan también de asesinatos de administradores y capataces de fincas, que no hacen parte de la categoría de “trabajador sindicalizado”. Según la misma fuente, solo en 1993 aparecen registros que señalan a las organizaciones guerrilleras como presuntos victimarios de sindicalistas.

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(Chomsky, 2008, 196).8 Ella insiste en que la violencia coincide con los momentos de negociación laboral y que, a su juicio, Augura parecía estar implicada en el apoyo a los grupos paramilitares. Aunque de este segundo asunto no tenemos prueba contundente, compartimos la idea de que hay una cierta simultaneidad entre los momentos de negociación colectiva y las acciones de violencia. Por ejemplo, el 16 de febrero de 1987, mientras se discutía un pliego laboral unificado, tres afiliados a Sintagro fueron asesinados, supuestamente por paramilitares. Entre el 1º y el 5 de julio, en plena negociación del petitorio, fueron muertos otros cuatro miembros de Sintrabanano: Raúl Higuita, José Abraham González, Juan Esteban Hernández y el negociador del pliego, Narciso Mosquera, –los dos últimos fueron acribillados cuando iban al entierro de José Abraham. En respuesta, los trabajadores de noventa fincas bananeras de Urabá se lanzaron al paro. El 29 de septiembre del mismo año fueron ultimados Alberto Angulo, presidente de Sintrabanano y concejal de la UP en Apartadó, y Luis Aldemar González, integrante de la comisión negociadora del mismo sindicato. Finalmente, en 1987, se logró un acuerdo sobre un pliego unificado que cubría al 85% de los trabajadores de la zona. Los principales logros fueron: aumento salarial, jornada de ocho horas, pago de horas extras, dominicales y festivos, puesta en vigencia del salario mínimo legal, creación de comisiones obreropatronales en cada finca e impulso al fondo de vivienda de las empresas –que entraría a operar a partir de 1991–, a fin de desmantelar los precarios campamentos en que se alojaban los trabajadores. Con todo, la violencia no cesó. Por ejemplo, el 15 de enero de 1988 fue asesinado Argemiro Correa Miranda, vicepresidente de Sintagro y vicepresidente de Fensuagro (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, afiliada a la CUT). Al día siguiente se inició en Apartadó un paro cívico solidario que cubrió toda la región entre el 18 y el 19, con semiparálisis del comercio y el transporte aéreo y terrestre. La zona fue militarizada y la marcha fúnebre fue hostigada, y el 18 de enero los bananeros iniciaron una huelga de tres días en protesta por la ola de asesinatos contra ese sector. En esas circunstancias, se puede afirmar que las condiciones laborales mínimas se consiguieron en medio de una violencia desatada desde 1986. Nuestras bases de datos confirman que entre 1987 y 1989 se libraron 29 luchas sindicales por derechos humanos, mientras 97 sindicalistas –pertenecientes a Sintagro, Sintrabanano, Sintragícola, Sindebras y Sintainagro– fueron asesinados y hubo dos desparecidos y tres detenidos arbitrariamente.

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Algo similar señalaba Camilo Castellanos cuando estos hechos estaban ocurriendo: “La organización del personal y el auge de sus reclamaciones significaron una merma en los ritmos de acumulación. Algunos empresarios intentaron contener la configuración de la nueva realidad con métodos inapropiados: entre 1982 y 1986 Sintagro vio caer asesinados a 350 de sus miembros” (Castellanos, 1988).

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La situación de violencia en Urabá en este primer subperiodo estaba ligada claramente al conflicto laboral. Así lo sostenía también la gran prensa: “el proceso de organización obrera ha permitido aislar a las viejas camarillas sindicales que controlaban los sindicatos de la zona (...) Pero este proceso ha sido difícil y doloroso, pues contra la nueva organización de los trabajadores se ha desatado toda una campaña de violencia y terror que pretende acabarla ahogándola en sangre” (El Tiempo, marzo 11, 1987). El periódico describía la situación de la siguiente manera: “En Urabá mueren en forma violenta cada semana entre una y tres personas. Los asesinatos se centran en trabajadores bananeros y dirigentes sindicales, aunque no son escasos los capataces y administradores de fincas. Los asesinatos ocurren por lo general dentro de las plantaciones de banano, en las empacadoras, el lugar donde se concentran los trabajadores (...) En Urabá los asesinatos no han sido cosa rara, pero se han agudizado en los dos últimos años y se recrudecen cuando se negocian los pliegos de peticiones en las fincas bananeras. Sintagro, el sindicato que más afiliados tiene en la zona, en los últimos años ha perdido a más de 100 personas” (Ibíd.). El 3 de marzo de 1988, grupos paramilitares provenientes del Magdalena Medio, con aparente respaldo de las Fuerzas Armadas y la simpatía de algunos empresarios, ejecutaron a 21 trabajadores de las fincas Honduras y La Negra afiliados a Sintagro,9 luego de que fueran obligados a bajarse de un bus en la carretera que conducea Turbo. Esto provocó un paro laboral y cívico en la zona, en el cual fue asesinado otro miembro de Sintagro. El 9 de marzo la CUT ordenó un paro nacional de protesta de dos horas contra la guerra sucia y en solidaridad con los bananeros. No fue acogido por la CTC, ni tampoco por la CGT y el Moir, que en esos momentos estaban formando la Confederación de Trabajadores Demócratas de Colombia (Ctdc), por considerar que obstaculizaba la jornada electoral. La CUT prácticamente desistió de adelantarlo, por falta de garantías. 10 Y ese mismo 9 de marzo se reunió en Apartadó una Comisión del gobierno nacional encargada de conocer la situación de orden público que vivía la región, pero a ella no asistieron ni Augura ni otros empresarios de la fruta. El caso de las fincas Honduras y La Negra presenta otra faceta, más allá de la meramente política, de acuerdo con un Informe de la OEA (1994). Esa otra dimensión interesa en gran manera para nuestro estudio porque revela un hostigamiento previo a las víctimas por parte de miembros del Ejército Nacional que visitaron las fincas el 24 de febrero de 1988, una semana antes de la masacre, para disuadir a los trabajadores de acudir a las elecciones del 13 de 9

Carlos Miguel Ortiz llama la atención sobre la eventual participación en la masacre de un negociante de la Costa, amigo de algunos propietarios de Urabá, llamado Hernán Giraldo Serna, y sobre los rumores de participación de un conocido administrador de los grupos inversionistas, que posteriormente huyó al Caquetá y que también tenía estrechos lazos con los militares del Batallón Voltígeros (Ortiz, 2007, 155). 10 Por los mismos motivos la central había suspendido la jornada nacional del 27 de enero del mismo año contra la “guerra sucia”. Antes de esa fecha se había producido el asesinato del Procurador General, Carlos Mauro Hoyos, y el secuestro del candidato presidencial conservador Andrés Pastrana.

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marzo de 1988, y les dieron 14 días de plazo para desocupar la zona. Para acusar a los detenidos, en esa visita previa incluyeron el empleo de testigos falsos, menores de edad e intimidados para que testimoniaran que los sindicalistas pertenecían al EPL. El informe de la OEA narra cómo el DAS, “dada la gravedad de los hechos, elaboró un informe de carácter confidencial denominado Investigación Genocidio Fincas La Honduras y La Negra, Urabá, el 16 de abril de 1988, según el cual el problema se inicia cuando el EPL extrema su campaña de secuestros, asesinatos, boleteo y extorsión contra los hacendados de la región, quienes forman grupos de autodefensa para unir fuerzas con el Ejército, lo que radicaliza posiciones, convierte el área en zona de guerra y genera un vacío de autoridad que hace posible que se cometan toda clase de atrocidades”. Por último, “llegaba a la conclusión de que en las masacres de Honduras y La Negra se habían empleado a ex guerrilleros desertores del EPL como guías, integrándolos a patrullas militares para la ubicación, identificación y eliminación de los presuntos subversivos y también, con el mismo propósito, se emplearon sicarios financiados por la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam). El DAS corrobora esta conclusión a través del examen de quienes participaron en los hechos y de los testigos de los mismos” (OEA, 1994). Antes de finalizar 1988 se producirían ocho huelgas más en respuesta a nuevos asesinatos y atentados contra dirigentes sindicales de la región. Cabe anotar que, aunque no estaban afiliados a sindicato alguno, la masacre de 26 campesinos cometida el 11 de abril de 1988 por un grupo de alrededor de 30 paramilitares en la vereda Punta Coquitos, corregimiento de Currulao (Turbo), lanzó a los trabajadores bananeros a realizar la primera marcha del silencio contra la “guerra sucia” y las matanzas de trabajadores. Según la información registrada en nuestra Base de Datos de Luchas Sociales, más de 2.000 trabajadores marcharon desde la sede del sindicato bananero hasta el concejo y la alcaldía municipales, exigiendo el derecho a la vida y el respeto de los derechos sindicales y políticos. Como se ve, a finales de los 80 la violencia no amainó, como tampoco la respuesta sindical que la denunciaba. En esas condiciones, y con el ánimo de controlar al aguerrido sindicalismo bananero, el gobierno impuso la carnetización obligatoria de los trabajadores. En efecto, el entonces Ministro de Trabajo, Juan Martín Caicedo Ferrer, planteó que “el país debe legislar sobre una nueva figura, que es la del orden público laboral, para evitar que los sindicatos parcializados le ocasionen problemas al sistema productivo del país” (El Tiempo, diciembre 15, 1988). El ex ministro José Manuel Arias Carrizosa, cercano a los intereses bananeros, fue más lejos y pidió “arremeter contra los sindicatos subversivos y terroristas” (Ibid.). Tales presiones se habían traducido en la militarización de la región, con los consiguientes allanamientos de hogares y locales sindicales y los atropellos realizados por las tropas de la IV Brigada del Ejército. Hubo casos de familias enteras reseñadas por las autoridades militares, y a partir del 15 de septiembre de 126

1988 se exigió a los trabajadores portar un carné expedido por el Ejército en vez de la cédula de ciudadanía. Todo ello por disposición del general Jesús Armando Arias Cabrales, designado por el gobierno como jefe militar de Urabá.11 La militarización de la zona, y en concreto la carnetización, fueron motivos de una nueva huelga bananera, que fue declarada ilegal y por consiguiente dio ocasión para la cancelación de las personarías jurídicas de los sindicatos involucrados. Esto, paradójicamente, favoreció los proyectos de unidad sindical propiciados por la CUT, en el marco de los acercamientos entre el EPL y las Farc, unidas en ese momento en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (Cgsb). Aunque los roces y tensiones entre los dos proyectos insurgentes continuarán, en esta época disminuyen, al menos como confrontación armada.12 En esas condiciones, en 1989 revivió el Sindicato de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), antigua organización del Magdalena Medio con influencia comunista, que en ese momento estaba en receso pero cuya personería jurídica continuaba vigente. Sintagro y Sintrabanano orientaron entonces a sus afiliados a ingresar masivamente a Sintrainagro, donde los antiguos miembros de Sintagro mantuvieron su mayoría. En esa decisión también pudo obrar la idea de que les iba mejor en los marcos de un sindicato de rama típicamente industrial, que les permitiría obrar en todo el territorio nacional y no reducirse a los marcos de Urabá. Con la fuerza de la unidad, en 1989 Sintrainagro se lanza a una negociación continuamente interrumpida por hechos de violencia contra sus afiliados y los miembros de la comisión negociadora,13 que deriva en varias cesaciones laborales y uno que otro paro cívico de solidaridad con los trabajadores. El movimiento culmina en diciembre con nuevos aumentos salariales y planes de vivienda urbana.14 Pero la violencia recrudeció todavía más, a tal punto que el entonces ministro de Gobierno y poco después presidente de Colombia, César Gaviria, confesó a la prensa que “el gobierno es incapaz de erradicar la violencia en las zonas de reciente colonización como Urabá, Magdalena Medio, Arauca y Caquetá” (Semana, mayo 22, 1989). Coincidiendo con el ingreso a la presidencia de Augura del ex ministro José Manuel Arias Carrizosa, los empresarios pusieron a funcionar una campaña de escala nacional en el sentido de que Urabá era una región de valor estratégico en la “guerra” entre las dos superpotencias mundiales y escenario de prosecución del conflicto centroamericano, punto de reapertura de un 11

La carnetización fue rechazada no solo por los trabajadores sino por todas las fuerza políticas de la región, mientras la figura de la Jefatura Militar para Urabá fue demandada por las centrales y el entonces procurador Horacio Serpa Uribe. 12 Claro que la presencia armada alertó también a los empresarios y contribuyó a su polarización. Según Juan Carlos Celis, las guerrillas pretendieron convertir en una insurrección el paro nacional que estalló en Urabá el 19 de octubre de 1988. Por eso desencadenaron acciones armadas en apoyo de los trabajadores (Celis, 2004, 116). 13 Según nuestras bases de datos, así se denunció el 9 de septiembre (tres asesinatos) y el 21 de octubre (dos asesinatos de dirigentes sindicales y miembros de la UP). 14 De acuerdo con Chomsky (2008, 198), durante el conflicto se presentaron nueve homicidios.

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nuevo canal interoceánico y presa codiciada de la “revolución comunista internacional”. Con ánimos propios de las peores coyunturas de la Guerra Fría, los voceros empresariales bananeros exclamaban: “Urabá es la prolongación de Centroamérica y nosotros estamos viviendo los procesos de revolución y contrarrevolución que se viven en este punto del planeta. Es un enfrentamiento entre la democracia y el comunismo” (Ibíd., 81; ver también Castellanos, 1988, 6). En momentos en que la nación entera presenciaba estupefacta las atrocidades contra la población trabajadora de Urabá, en 1988 un editorial de El Tiempo tenía suficientes resuellos para seguir orientando a sus lectores con formulaciones como éstas: “Se habla de fracciones derechistas encargadas de liquidar a comunistas. También existe la creencia de que organizaciones guerrilleras izquierdistas pretenden crear una situación de caos que culmine en el triunfo de sus ideales políticos. Conocedores de la región y sus problemas piensan en la posibilidad de que se esté gestando en Urabá un frente encaminado a montar allí una especie de república independiente, para iniciar el derrumbe de las instituciones nacionales. No podemos dar prueba acerca de cuál de estas teorías puede tener visos de verdad” (El Tiempo, marzo 6, 1988, editorial). Por su parte, Augura, no mucho tiempo después de que se hubieran enterrado los muertos de las masacres de Honduras y La Negra, lanzó un comunicado “a la opinión pública” en el cual mencionó tales masacres solo para sostener que “no hay que olvidar que estos aterradores sucesos se producen mientras reina la normalidad laboral en la zona bananera (...) la problemática (sic) de Urabá no es laboral sino política (...) en Urabá sigue estando en juego la soberanía nacional (...) la pérdida de Urabá es el comienzo del desmonte de nuestro Estado de derecho” (El Tiempo, abril 14, 1988). En la azarosa región urabeña los desastres naturales provocan a los empresarios mayores pérdidas económicas que las huelgas, pero las jornadas de protesta contra las atrocidades de la “guerra sucia” fueron estigmatizadas por los patronos presentándolas como acciones destinadas a desestabilizar el régimen del país y atizar los enfrentamientos entre agrupaciones guerrilleras, que, curiosamente, en ese año habían disminuido. Según voceros sindicales, a fines de 1989, de 68 integrantes de las comisiones negociadoras de pliegos de peticiones asentados en las fincas bananeras, solo veinte seguían viviendo en la región; el resto había sido eliminado o había tenido que exiliarse para escapar de la muerte (citado en Borrero, 1989, 20). Y esto ocurría en medio de una notoria presencia de las Fuerzas Armadas. Como decían los analistas del Cinep en el momento: “Las peores masacres colectivas (sic) se han realizado en zonas previamente militarizadas. En Urabá, en donde se han cometido entre enero y marzo de 1988 más de 100 asesinatos, se hallan acantonados 6.000 policías y soldados, quienes realizan operativos día y noche” (Matyas, 1988, 15). Para 1988 la región contaba con la presencia de la XI Brigada,

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con sede en Montería,15 el Batallón Voltígeros, del Comando Operativo de Urabá, y la recién establecida Jefatura Militar (Castellanos, 1988, 7).16 Ya hicimos alusión al análisis de la OEA sobre la masacre de La Negra y Honduras. Sintagro, por su parte, denunció que días antes de ese genocidio el Ejército llegó a altas horas de la madrugada a la finca Honduras en busca de armas. Allí sacaron de sus viviendas a obreros, mujeres e hijos y los mantuvieron bajo amenaza de muerte durante ocho horas, todo ello bajo órdenes del comando de la XI Brigada militar (El Espectador, marzo 6, 1988). Las investigaciones de los organismos de seguridad y control del Estado comprobaron, por su lado, que los comandantes de la Quinta Brigada militar y de la Segunda División del Ejército, ambas desplegadas en el norte del país, “sabían de los paramilitares pero nada hicieron contra ellos”, de acuerdo con la denuncia formulada por la Procuraduría General, y posteriormente, en vez de ser sancionados por su conducta, fueron ascendidos de rango (El Espectador, mayo 7, 1989). Para esa época un gran propietario que venía de Córdoba, Fidel Castaño, alias „Rambo‟, entra a ejercer la violencia antisindical, que antes habían ejecutado las autodefensas del Magdalena Medio (Suárez, 2007). Como hemos visto por las denuncias antes citadas, la novedad pudo tener cierta relación con algunos mandos militares destacados en las masacres de Honduras y La Negra y en las posteriores de los caseríos de Punta Coquitos (Antioquia) y Mejor Esquina (Córdoba). Según reportes de nuestras bases de datos, el 14 de enero de 1990 „Rambo‟ secuestró y asesinó a 42 campesinos del corregimiento de Pueblo Bello (Turbo). Pues bien, la juez encargada de investigar este último genocidio, Marta Lucía González, tuvo que abandonar el país ante las amenazas de muerte proferidas contra ella, y los sicarios de „Rambo‟ ultimaron entonces a su padre y a la juez que asumió el mismo caso, María Elena Díaz. Justo es reconocer que además de la presencia militar, el Estado llega a la región también mediante el Ministerio de Trabajo, que apoya las difíciles negociaciones laborales que transcurrían en esos años. A juicio de Juan Carlos Celis, esto favorece las nuevas relaciones laborales en las que pone empeño el sindicalismo, especialmente Sintagro, lo cual, a su vez, presiona a favor de cambios en los otros actores: Estado, empresarios y hasta las mismas Farc (Celis, 2004). Esta manifestación de mayor institucionalidad en la región va a cobrar fuerza a partir de la Constitución de 1991, sin que, infortunadamente, merme la violencia. 15

En diciembre de 1993 se creó la XVII Brigada, con jurisdicción en Urabá. La página web del Ejército afirma que “Para su funcionamiento se dispone que hagan parte de esta Unidad Operativa Menor, el Batallón de Infantería Nº 31 Voltígeros, el Batallón de Infantería Nº 32 General Francisco de Paula Vélez y el Batallón de Contraguerrillas No. 35 Coronel Jaime Gerardo Díaz López, los cuales cambiaron su numeración en Julio de 1995 por las que hoy en día tienen” (consultada el 18 de mayo de 2010). 16 Según Aviva Chomsky (2008, 192), en 1993 había aproximadamente 7.000 miembros de las FF. AA.

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Antes de considerar el nuevo subperiodo conviene detenerse en el violento conflicto laboral de la zona bananera del Magdalena que estalla a comienzos de los años 90. En efecto, en 1990, en la región bananera cercana a Santa Marta, seis activistas sindicales murieron en forma violenta, tres más fueron desaparecidos y otros tuvieron que ausentarse de la región, de acuerdo con informes de Sintrainagro. Entre enero y octubre del año siguiente, dos líderes fueron asesinados y dos desaparecidos, mientras otros tres sufrieron amenazas (El Espectador, noviembre 13, 1991, 16-A). La pregunta es:¿se había trasladado allí la violencia de Urabá? No exactamente. Más bien, había reaparecido, en remembranza de los ya casi olvidados sucesos sangrientos de los años 20 y como réplica a las labores de reorganización del movimiento sindical emprendidas desde 1984 y que solo en marzo de 1991 habían permitido crear la seccional de Sintrainagro allí. Precisamente la reactivación sindical en la antigua Zona Bananera de Santa Marta estuvo rodeada de violencia, según los testimonios que recoge una crónica de prensa: “Un primer intento de reorganizar el sindicato de los bananeros se hizo en 1988, a iniciativa de Sintrainagro y Fensuagro, organizaciones filiales de la Central Unitaria CUT (...) Por esos días estaba en pleno furor en Colombia la guerra sucia y se había desatado una verdadera masacre de izquierdistas y sindicalistas. Entonces no tardaron en caer asesinados los primeros líderes obreros en Ciénaga (...) Los patronos y empresarios de las fincas bananeras en Ciénaga temen verse obligados a cumplir por fin con sus obligaciones como manda la ley” (Voz, junio 12, 1991, 13). Al igual que en Urabá y mucho antes en la misma zona bananera, el núcleo sindical del Magdalena tuvo que comenzar por exigir para los trabajadores seguro social, dotación de equipo y vestuario, y subsidio familiar. No esperaban obtener de golpe lo que acababan de alcanzar en Urabá los trabajadores bananeros. Como lo reconoció el presidente de Augura, José Manuel Arias Carrizosa, tales logros sindicales provocaron “dificultades y malquerencias” (El Espectador, noviembre 13, 1991, 16A). Entonces, ya en 1991, en la zona bananera del Magdalena se presentó un pliego petitorio en 46 fincas y en 16 de ellas se firmó una convención colectiva que prontamente fue violada. Los propietarios magdalenenses se negaron, además, a ingresar en Augura, porque ésta les exigía hacer inversiones en obras sociales para la región. Era, pintorescamente, el nuevo empresariado paisa enfrentado al “capitalismo salvaje” en el Magdalena, pero a finales del siglo XX. La huelga iniciada en la Zona Bananera de Santa Marta el 11 de junio de 1991 –la primera conocida de cierta magnitud después de la de 1928 había ocurrido en 1962– estalló en la finca La Marcela, una de las 47 de la región y de propiedad de la familia Dangond Noriega, y prontamente se extendió a otros predios. Uno de los trabajadores explicó las cosas así: “Vivimos en la miseria. No tenemos agua potable. El agua la tomamos de los canales de la finca”. Una mujer, Emilia Araújo, agregó: “No tenemos médico ni enfermera. Aquí no tenemos derecho a ningún servicio. La escuela para la secundaria queda lejos del pueblo. No nos dan transporte. Este es el reino de las enfermedades para los niños, que tienen que bañarse en aguas residuales de canales, ya infectadas por las fumigaciones en las plantaciones” (El Espectador, noviembre 13, 1991, 16-A). Los cerca de quinientos servidores de La 130

Marcela, de acuerdo con la crónica de prensa, estaban “cansados de esperar que los empresarios de la agroindustria reviertan en obras de beneficio comunitario y social al menos una mínima parte de las utilidades en divisas que perciben por las exportaciones de fruta”. Sobre el propietario de la finca dice el trabajador Eusebio Hernández: “En febrero y marzo no nos pagó los sueldos. Después de un tiempo recibimos la paguita gracias a que nos afiliamos al sindicato, pero sin vacaciones, seguro social, pensión ni subsidio familiar, ni nada de eso” (Ibíd.). El conflicto no se resolvió y, por el contrario, la violencia se recrudeció. El 28 de noviembre del mismo año, en Ciénaga, supuestos paramilitares asesinaron al secretario de prensa y relaciones internacionales de Sintrainagro, Javier Antonio Martínez, a Adriano Hernán Roquema, presidente de Fensuagro y militante de la UP, y a dos sindicalistas más. Todos habían participado en un foro por la paz organizado por Sintrainagro y en el que habían denunciado la presencia paramilitar en la zona con apoyo militar y de empresarios. Esta masacre provocó un paro cívico, no solo en el Magdalena sino igualmente en Urabá, en el que participaron los trabajadores. El conflicto violento en la zona bananera del norte continuará durante el siguiente subperiodo, como veremos oportunamente. 2º subperiodo (1991-2001) En términos de luchas sindicales, los años 1991-2001 muestran un relativo declive con relación al subperiodo anterior, pero todavía presentan gran actividad contenciosa por parte de los sindicatos bananeros. Además, se libra el mayor número de protestas por derechos humanos (Gráfico 7).

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Gráfico 7 Motivos de las luchas de los bananeros 1991-2001

Otros, 1 Pliegos no dirimidos, 2

Derechos, 26

Incumplimiento pactos, 6

En cuanto a la violencia contra los sindicalistas bananeros, este es el subperiodo que arroja mayores registros de violaciones de derechos humanos, incluidos los asesinatos, no solo en comparación con los otros momentos sino en relación con el conjunto del sindicalismo colombiano. El Cuadro 2 da cuenta de eso. Cuadro 2 Violaciones de derechos humanos contra bananeros 1991-2001 Asesinatos Ataques con heridos Desapariciones Detenciones Torturas Total

639 5 8 1 2 655

Este segundo subperiodo presentados momentos relativamente diferentes. El primero ocurre entre 1991 y 1997 y aparece marcado por la desmovilización del EPL y la búsqueda de nuevas relaciones laborales en medio de una cruenta violencia, especialmente entre los desmovilizados del nuevo partido Esperanza Paz y Libertad (EPL) –llamados Esperanzados– y la disidencia del EPL aliada a las Farc, en una fractura por la que se cuelan también los paramilitares. En el segundo tramo, 19982001, Sintrainagro consolida un modelo sindical vigoroso pero cercano a la patronal debido a la hegemonía de los Esperanzados en alianza con militares e incluso paramilitares, mientras disminuye hasta casi desaparecer la influencia de las Farc. En consecuencia, vamos a trabajar los dos momentos en forma diferenciada. 132

Reinicio de la negociación laboral y recrudecimiento de la violencia (1991-1997) Volvamos a Urabá en el primer momento de este nuevo subperiodo. Hemos visto que para 1989 los sindicalistas han logrado avances sustanciales en sus condiciones de existencia, lo que constituye un “hito en la memoria” de la zona (Suárez, 2007, 217; Villarraga y Plazas, 1995, 193-195). Pero la violencia no cedió y obligó,17 de alguna forma, a replantear el tipo de sindicalismo que se vivía en Urabá, al menos para los integrantes del EPL, quienes se desmovilizaron el primero de marzo de 1991 y se convirtieron en Esperanza Paz y Libertad para participar con dos delegados en la Asamblea Constituyente, que ya llevaba varios meses deliberando. Sin embargo, una minoría del EPL, liderada por el histórico dirigente Francisco Caraballo, continuó en armas y entró a disputar los territorios ahora controlados por los Esperanzados. Estos, a su vez, crean los Comandos Populares que, paradójicamente “retornan a las armas para defender su decisión de abandonar la lucha armada”! (Suárez, 2007, 131). Al principio las Farc se mantienen a la expectativa, dejando que la disidencia del EPL haga la labor de exterminio de sus antiguos camaradas. Pero una serie de hechos va a romper lo que Andrés Suárez llama “el silencio estratégico” de las Farc ante el giro político de los Esperanzados (Ibíd.). De una parte, está la ruptura de los diálogos que la mermada Cgsb tenía con el gobierno Gaviria, lo que significa revivir la lucha insurgente. De otra parte, los Esperanzados, para protegerse, hacen alianzas con el DAS y los paramilitares de los hermanos Castaño, quienes entre 1992 y 1993 disminuyen sus actividades en la zona. Tales alianzas son consideradas por las Farc como una traición. Pero parece que el detonante del enfrentamiento violento entre Esperanzados y Farc, junto con la disidencia del EPL, es la invasión que los primeros impulsaron en febrero de 1992 en el barrio La Chinita, bastión de la UP en el casco urbano de Apartadó. En ese sentido, la posterior masacre de La Chinita, ejecutada el 24 de enero de 1994 por las Farc y que dejó 34 víctimas, anuncia el reinicio de la guerra entre las dos fuerzas políticas, hasta ese momento inscritas en el campo de la izquierda. Se trata, entonces, de una disputa territorial que implica el control de la población, incluidos los sindicalistas. Por eso también será un enfrentamiento por el modelo de sindicalismo.18 En efecto, Sintrainagro era mayoritariamente controlado por los Esperanzados, quienes inician la reconversión del sindicato, de una fuerza confontacional a una que busca la “armonía de clases”, tratando de evitar el choque violento con los 17

Esta violencia ocurre en el ambiente de paz derivado de la Asamblea Constituyente y la temporal desmovilización de los paramilitares de los Castaño. También hay una mayor presencia del Estado a través de la Consejería para Urabá y del establecimiento de la XVII Brigada del Ejército en la región. 18 A pesar de la dificultad por establecer la pertenencia política de las víctimas, ya que se trata de una información que no suelen ofrecer las fuentes consultadas, en nuestros listados pudimos documentar algunos casos de sindicalistas asesinados en Urabá y que a su vez eran militantes de grupos de izquierda: entre 1986 y 1990, nueve de la UP y ocho del PC-ML-EPL; entre 1991 y 1997, 26 Esperanzados, 32 de la UP y dos liberales.

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empresarios, las Fuerzas Armadas y los paramilitares. Por esa vía se constituyen en un actor sociopolítico clave en la región, que consigue importantes conquistas para sus afiliados y los habitantes de la zona, a costa del sacrificio de su autonomía.19 De esta forma, los avatares de la desmovilización del EPL y sus tortuosas alianzas se trasladaron también al seno de Sintrainagro. Por ejemplo, el sindicato apoyó la invasión de La Chinita aduciendo que era una vía de solución del problema habitacional de los trabajadores (Celis, 2004). Pasada la masacre perpetrada por las Farc, Sintrainagro acompañó a los pobladores –muchos de ellos eran sus afiliados– en la lenta legalización del barrio. Pero no puede afirmarse que Sintrainagro hubiese entregado la lucha reivindicativa. En agosto de 1991 –cuando ya el 87% del personal bananero estaba sindicalizado– esta organización presentó a 225 fincas bananeras de la región un pliego de peticiones que planteaba reivindicaciones regionales cuya resolución corresponde más al Estado que a las empresas: vivienda, educación, salud, recreación y transportes. Oliverio Molina, secretario general del sindicato, mencionó lo que consideraba como la parte más difícil del petitorio: “Como el gobierno, infortunadamente, no ha hecho presencia para enfrentar estas necesidades en la región de Urabá, le corresponde a Sintrainagro plantearlas para que los empresarios contribuyan a su solución” (El Colombiano, septiembre 3, 1991, 10-A).20 Desde ese momento Sintrainagro buscó concertar un “pacto social” con la asociación de empresarios Augura. La política de apaciguamiento laboral, agenciada por Sintrainagro y en parte presionada por el hostigamiento de las Farc y la disidencia del EPL, dio frutos en materia de condiciones laborales. Las cosas habían cambiado tanto en las bananeras de Urabá, que en noviembre de 1993 se firmó por la primera vez un acuerdo cuando el pliego transitaba apenas la negociación directa. La nueva convención, que cubrió a 270 fincas, fijó –también por primera vez– un reajuste de salarios de acuerdo con el índice de productividad, que se mediría por la cantidad de cajas producidas cada catorce días. Un aumento salarial de 20,1% constituyó el incremento básico anual, fuera del que fijaría el incremento de la productividad. La convención colectiva suscrita a fines de 1993 marcó un hito histórico en la lucha gremial de los bananeros. La cuarta convención colectiva de trabajo que suscribió Augura a fines de 1993 fue por rama industrial, un tipo de negociación no contemplado en la Ley 50 de 1990, según Jorge Giraldo, en ese entonces investigador de la ENS, quien señalaba que “de 156 convenciones unificadas en 19

Para Miguel Eduardo Cárdenas, este “sindicalismo de colaboración” fue resultado tanto de la decisión de los Esperanzados de crear un nuevo modelo laboral de concertación –que arroja frutos reivindicativos notorios–, como por el terror desatado por el paramilitarismo en la región. A su juicio, más que una alianza, fue una simbiosis entre el sindicalismo y la “derecha” (Cárdenas, 2006, 248-251). 20 En la etapa de discusión del pliego, entre agosto y diciembre de 1991, fueron asesinados cinco sindicalistas, mientras un negociador –Leovigildo Velásquez– fue detenido arbitrariamente por la Dijin (División de Investigación de la Policía Judicial). En enero de 1992, cuando ya se había llegado al acuerdo laboral, fue muerto Álvaro Berrío, miembro de la comisión negociadora.

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1991, se pasó a 328 en 1993; para ello el sindicato se esforzó por acercar las vigencias convencionales y los empresarios se afirmaron en la idea de ampliar la cobertura del acuerdo laboral. Para llevar a cabo la negociación por rama, las partes tienen que cumplir con una pantomima que aparente la sujeción a la ley: Sintrainagro tiene que depositar 328 pliegos idénticos ante el Ministerio de Trabajo, mientras Augura acepta recibir un solo pliego que luego es distribuido – para su estudio– a todos los empresarios involucrados (...) Finalmente, en el proceso de contratación colectiva entre Sintrainagro y Augura se introdujo una novedad que rompe con la cultura empresarial y la filosofía estatal respecto a la obligatoriedad de los convenios laborales. Como parte de un acuerdo extraconvencional, sindicato y empresariado bananeros han establecido un Comité de Seguimiento del Acuerdo Convencional, dirigido a garantizar un estricto cumplimiento de los acuerdos convencionales pactados” (Giraldo, en Revista de la ENS, Nº 32, abril de 1994, 2). El autor concluye que se trataba de crear nuevas relaciones laborales, lejanas de las “salvajes” de antes, por medio de una concertación directa entre empresarios y trabajadores, “al margen o con una muy discreta tutela estatal” (Ibíd.). En todo caso, la violencia creció en la región, en especial contra los sindicalistas. La disputa territorial y por el modelo sindical continuó entre las Farc y los Esperanzados, con muertos de lado y lado, como lo documenta nuestra información para esta pesquisa. El 11 de noviembre de 1993, cuando estaba negociándose en Medellín el mencionado pacto obrero-patronal, cayeron asesinados tres trabajadores en Carepa, dos de ellos afiliados a Sintrainagro pero simpatizantes del Partido Comunista. Catorce días después se presentó en Turbo una masacre de ocho trabajadores pertenecientes al mismo sindicato, perpetrada por paramilitares supuestamente vinculados con los Esperanzados. A su turno, cinco sindicalistas militantes de Esperanza Paz y Libertad fueron ultimados en el mismo municipio el 9 de diciembre, en una matanza atribuida a las “milicias bolivarianas” de las Farc. Y posteriormente vendría la ya comentada masacre de La Chinita. 1994 fue un año electoral y eso exacerbó la confrontación entre Esperanzados y Farc, aunque en Apartadó se experimentó cierto apaciguamiento, por el arribo de Gloria Cuartas a la alcaldía, apoyada en un amplio consenso que incluía a los dos sectores enfrentados. Sin embargo, pronto el consenso colapsó a causa de presiones internas y externas, y entre 1995 y 1997 aumentaron los crímenes colectivos (Suárez, 2007). Para acabar de complicar las cosas, en 1995 Carlos Castaño anunció el ingreso de sus huestes paramilitares a Urabá (Ortiz, 2007). Aprovechando la división entre las fuerzas que antes hacían parte del campo de las izquierdas, los paramilitares se insertan en la dinámica regional, incluida la sindical, favoreciendo a los Esperanzados, algunos de los cuales se integran a sus estructuras. Por eso las Farc los señalan como paramilitares (Suárez, 2007, 162). La arremetida de los grupos de Castaño, con la colaboración de los Esperanzados, coincidió con la llegada del general Rito Alejo del Río a la comandancia de la XVII Brigada y con el arribo de Álvaro Uribe Vélez a la gobernación de Antioquia (1995-1997). La conjunción de estos sucesos y estos 135

actores agudiza la confrontación armada y la violencia contra los trabajadores, en medio de escenas dantescas, como la del juego de fútbol con la cabeza de una víctima, descrita por Carlos Miguel Ortiz (2007, 161). El objetivo de esas fuerzas convergentes era arrinconar y expulsar a las Farc de la región, pues la disidencia del EPL se había bandolerizado o integrado a los paramilitares. En últimas, las mayores víctimas no fueron los guerrilleros en armas sino los civiles, muchos de ellos sindicalistas simpatizantes de la UP. Esto afectó su proyección electoral y sindical, terrenos de los que prácticamente se les extirpa en 1997. En efecto, para ese año Sintrainagro estaba controlado casi hegemónicamente por simpatizantes de Esperanza Paz y Libertad. En opinión de Aviva Chomsky (2008), el cambio fue resultado de un proceso de purga de elementos de izquierda influidos por las Farc, por parte de los Esperanzados, quienes, a juicio de la autora, han dejado de ser de izquierda. Aunque es difícil controvertir la tesis de que el grupo de desmovilizados del EPL abandonó el campo de la oposición al sistema, no es tan claro sostener que el comportamiento de las Farc en Urabá sea propio de la izquierda, al menos si nos atenemos a sus crueles prácticas, claramente violatorias del DIH, como el secuestro, el asesinato –o, conforme con nuestras categorías, el homicidio intencional en persona protegida– y las matanzas en condición de indefensión de las víctimas, sin entrar a hablar de otros asuntos, como los medios de financiación de su actividad bélica. Tal debate desborda, sin embargo, los marcos de la presente investigación,21 por lo cual nos restringimos a lo que podemos comprobar en estas páginas: la confrontación entre dos fuerzas provenientes del campo de la izquierda fue funcional al debilitamiento del sindicalismo autónomo en Urabá, no solo por la violencia contra sus dirigentes y bases sino asimismo porque reforzó el giro político de los Esperanzados. Esta pugna entre fuerzas provenientes de la izquierda fue atizada por la dirigencia de los partidos tradicionales. Pocas semanas después de los hechos de La Chinita, Francisco Santos comentaba que “la desmovilización del EPL desligó a los sindicatos bananeros de la guerrilla. El fenómeno laboral dejó de ser un factor de perturbación y violencia y se abrió un espacio de concertación legal. Se acabaron los pagos y los cupos especiales de trabajadores que la Coordinadora (guerrillera) tenía en las distintas fincas. La paz ganó peso en la región y por ello la guerrilla decidió tomar cartas en el asunto e intimidar a los otros partidos políticos con los que los Esperanzados podían hacer alianzas” (El Tiempo, enero 25, 1994). La relativa desprotección estatal de los desmovilizados también contaba. En comunicado de prensa publicado el 24 de septiembre de 1995, Sintrainagro consignaba la siguiente consideración: “En el torbellino de violencia demencial que vive Urabá nosotros nos hemos convertido en el blanco principal de los violentos irracionales que pretenden exterminarnos y acabarnos. De 856 asesinatos en 9 meses de 1995, 428 han sido compañeros y compañeras del sindicato (...) El Estado es el primero y principal responsable de salvaguardar la vida de los ciudadanos. Es 21

Debate que ha sido abordado por nosotros en reciente publicación, en especial el capítulo dedicado a la evolución del maoísmo en Colombia (Archila y otros, 2009, 179-214).

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quien en primer lugar debe garantizar la presencia en todo el territorio de una fuerza pública (sic) respetuosa de los derechos humanos y ser capaz de castigar a quienes asesinan y masacran. No tiene justificación alguna que, en medio de la zona con mayor presencia de la fuerza pública (sic) en el país, ocurran impunemente los ataques (...) Por eso nos preocupa que medidas tomadas esta semana en torno a los allanamientos indiscriminados sin orden judicial, interferencia ilimitada a la comunicación privada y las detenciones arbitrarias, en lugar de contribuir a reprimir a los violentos, puedan constituirse en medidas que violen los derechos humanos a la población civil (...) se hace necesario un diálogo regional de paz, con participación de los actores de la confrontación y de las fuerzas sociales y políticas más relevantes (...) Apoyamos un plebiscito por la paz en la región de Urabá (...) Hacemos un llamado a las fuerzas en combate: Farc, EPL, ELN, Autodefensas y grupos paramilitares, al igual que a la fuerza pública (sic) y los organismos de seguridad del Estado, para que se comprometan en el respeto a los derechos fundamentales de la población civil y presenten iniciativas edificadoras de paz” (El Tiempo, septiembre 24, 1995, 17-A). Razón tenía el presidente de Sintrainagro al denunciar la violencia contra sus afiliados, aunque tal vez haya exagerado en las cifras de víctimas. 22 Según nuestros reportes, por ejemplo, entre el 13 y el 14 de mayo hubo dos masacres, de nueve y trece sindicalistas, respectivamente en Apartadó y Carepa. Dos de las víctimas de los luctuosos eventos fueron mujeres y al menos uno era declarado militante de los Esperanzados. Hacia mediados de año la violencia recrudeció, de acuerdo con nuestros registros. El 6 de julio, 30 integrantes de los Comandos Populares dispararon indiscriminadamente contra trabajadores bananeros en la finca “Galicia”, de Carepa, y allí cayeron cuatro sindicalistas. Entre el 12 y el 29 de agosto se produjeron cinco nuevas matanzas, con un total de 46 víctimas de afiliados a Sintrainagro. De la mayoría de esos crímenes no contamos con información detallada, pero del último, ocurrido el 29 de agosto y que cobró 16 vidas de sindicalistas –más ocho de personal no sindicalizado–, se dice que un grupo de unos quince hombres y tres mujeres, que vestían prendas de la Policía Nacional, llevaban el rostro cubierto con pañoletas rojas y portaban fusiles, llegaron a tres fincas de Carepa, interceptaron a los trabajadores que se transportaban en buses, los hicieron descender de los vehículos y les pidieron sus documentos de identidad para compararlos con una lista que portaban. Las masacres y asesinatos continuaron en 1996 y 1997. En muchos casos la violencia se atribuye a los paramilitares, pero no se debe olvidar que en esa época las gentes cercanas a la UP solían identificar a los Comandos Populares como paramiltares, lo que torna más complejo el estudio de los responsables de las acciones criminales. Para citar solo pocos casos registrados en nuestros listados, el 7 de marzo de 1997 grupos genéricamente designados como paramilitares asesinaron a tres sindicalistas en la finca Monitos, del municipio de Maceo. Lo llamativo de este caso es que días después los mismos victimarios ultimaron a dos 22

Al menos si nos atenemos tanto a la base de datos de la ENS como a la nuestra, que arroja 169 asesinatos en 1995.

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familiares de otro trabajador de la hacienda, lo que muestra la sevicia contra los trabajadores y sus allegados. Y el 15 de abril del mismo año fue desaparecido en Medellín Ramón Alberto Osorio, dirigente de Sintrainagro y militante de la UP, y su hijo de cinco años. El niño fue dejado en libertad dos días después en el Carmen de Viboral, pero el paradero de Ramón es desconocido. Él había sido detenido antes, el 17 de enero de 1997, por miembros de la XVII Brigada del Ejército en cumplimiento de una orden de captura por el supuesto delito de rebelión, pero recobró su libertad quince días después. A finales de febrero del mismo año, el general Rito Alejo del Río lo culpabilizó de un atentado dinamitero cometido en Apartadó. Nuevamente se constata en ese caso la coincidencia, por decir lo menos, entre acciones oficiales y sicariales. En ese contexto violento, del que hemos dado solo unos ejemplos, se desarrolla el mencionado acuerdo obrero-patronal. “Nosotros hemos tenido una buena relación con el gremio bananero y coordinado una serie de actividades en beneficio de la región” expresó Guillermo Rivera, presidente de Sintrainagro, al referirse a las negociaciones de reajuste salarial que antecedieron a la firma de la convención colectiva suscrita en 1993 (La República, agosto 1, 1994, 10-A). El presidente de Augura, sin embargo, manifestó entonces que la difícil situación que vivía el cultivo por el descenso de los precios internacionales de la fruta y el cierre del mercados en Europa, además de la violencia, impedían a las empresas cumplir el convenio laboral, con vigencia de dos años pero sometido a reajuste salarial anual. Rivera, a su vez, informó que la Comisión de Verificación de los Acuerdos Convencionales, que debía reunirse cada dos meses, había venido funcionando, y añadió que el sindicato reconocía la gravedad de la situación que atravesaban las empresas: confrontaciones armadas, quemas de camiones y empacadoras por la guerrilla, secuestros, “chantajes”, “vacunas” [extorsiones], todo lo cual, expresó, había sido denunciado por el sindicato. “Estamos en condiciones de discutir los mecanismos sobre cómo tratamos de mantener la producción bananera, porque hemos asumido un compromiso, tanto los empresarios como los trabajadores, en la negociación del año pasado”, concluyó Rivera (Ibíd.). En esas circunstancias, y ante el temor de que los empresarios se retiraran de la zona como consecuencia de la caída internacional de precios y la decisión de la Comunidad Europea de favorecer a sus antiguas colonias bananeras, Sintrainagro propició el acercamiento a los empresarios agrupados en Augura. El 12 de marzo de 1995 se produjo un nuevo acuerdo laboral para conjurar un paro que se había votado para ese mismo día. Las empresas adujeron que no podían satisfacer el pliego bananero por la crisis de las exportaciones, los bajos precios y la iliquidez. Entonces las dos partes acordaron pedir apoyo del gobierno: antes del 25 de marzo de 1995 el IFI debía desembolsar los créditos pedidos para pagar las obligaciones laborales, cosa que en efecto ocurrió. Un editorial de El Colombiano glosaba entonces la presentación del pliego de Sintrainagro con estas palabras: “Con sentido sereno debemos recordar que el periodo de consolidación sindical en la región bananera fue muy difícil para el país. Los conflictos obrero-patronales que se presentaron hacia mediados de la década de 138

los años ochenta y la aguda polarización que hacía muy difícil siquiera el diálogo entre las partes, llevó (sic) a un cambio radical de metodología que poco a poco fue despejando un contexto de paz social (...) Hace unos quince años, menos del veinte por ciento de las fincas tenía personal sindicalizado y más o menos la mitad de éstas contaba con acuerdos laborales, de los cuales la gran mayoría eran pactos colectivos, situación que varió desde hace casi una década, cuando aproximadamente el noventa por ciento de los operarios ha estado afiliado al sindicalismo, constituyéndose en uno de los más altos índices que en la materia presenta el país (...) De esta manera, poco a poco se fue adoptando un estilo de trámite que, con modificaciones y adaptaciones en el tiempo, abre caminos de diálogo tranquilo” (El Colombiano, noviembre 26, 1995, 5-A). El 7 de noviembre de 1995, cuando Sintrainagro presentó su petitorio, pudo medirse mejor la cobertura de la concertación bananera: “El proceso de negociación –escribió El Colombiano– involucrará a 10.820 trabajadores que laboran en 21.641 hectáreas de 280 fincas localizadas en el eje bananero de Urabá y a unas 37.725 personas que dependen directamente del sector. También beneficiaría a 21.405 hijos de los trabajadores. En el grupo de obreros hay registrados 7.500 casados. En promedio, actualmente, cada trabajador gana al mes un salario de $235 mil” (El Colombiano, noviembre 28, 1995, 4B). Para sellar el acercamiento obrero-patronal, una vez lograda la derrota de las Farc, que estuvo acompañada del exterminio de la UP en la región y del exilio forzoso de los dirigentes de ese grupo político que lograron escapar de la muerte, el 9 de abril de 1997 tuvo lugar en Carepa una nutrida asamblea popular que se llamó “Compromiso de convivencia y producción”. Así informó la prensa: “Volver a Urabá fue la consigna que ayer lanzaron los empresarios, ganaderos y comerciantes que de manera masiva se hicieron presentes en Carepa durante la „toma civil y pacífica de Urabá‟ programada por Augura con el respaldo de los trabajadores de compañías productoras y comercializadoras de la fruta (...) Más de 400 personas se congregaron (…) en un acto presidido por las autoridades departamentales y de la región, el comandante del Ejército, general Manuel José Bonnet Locarno, los dirigentes gremiales y sindicales y voceros de diferentes sectores de la población. El presidente de Sintrainagro, Guillermo Rivera, hizo un llamado a la clase obrera en el sentido de cerrar filas y apoyar a los productores para mejorar la productividad” (El Tiempo, abril 10, 1997, última A). El 19 de noviembre de 1997, 8.000 habitantes de Chigorodó, Carepa y Currulao marcharon masivamente contra las Farc. Estuvieron presentes trabajadores bananeros, transportadores, comerciantes, ganaderos y empresarios del banano, con la activa colaboración del partido político Esperanza, Paz y Libertad. La demostración pública rechazó ostensiblemente la presencia y la acción de las ONG de derechos humanos, la Cruz Roja Internacional, las Juntas de Acción Comunal (JAC) y los dirigentes indígenas, que habían venido intentando mediar en el conflicto urabeño (El Colombiano, noviembre 18, 1997, 11-A). El documento central aprobado por la protesta y que fue firmado también por Sintrainagro decía: “Más de 10.000 habitantes de Urabá participaron en las marchas y 139

concentraciones realizadas ayer en las poblaciones de Currulao, Carepa y Chigorodó en una jornada de protesta de las fuerzas vivas de la región contra las últimas acciones violentas de las Farc” (El Tiempo, noviembre 20, 1997, 10-A). Germán Castro Caycedo se encargó de pintar el lado “amable” de la transformación de las relaciones de trabajo en Urabá: “Hoy –escribió–, la industria bananera colombiana es la que mejores salarios y prestaciones extralegales paga en el país. Entre 1987 y 1996 había invertido 4.000 millones de pesos en educación, salud e infraestructura. Entre 1993 y 1995 empleó otros 2.500 millones de pesos en vivienda en las zonas de producción, que son las que reciben menos inversión social por parte del Estado. Eso explica por qué los bananeros están convencidos de que „cualquier empleo que se pierda en nuestro sector repercute en la situación de orden público y en el crecimiento del narcotráfico‟” (Cambio 16 Colombia, febrero 24, 1997, 28). Consolidación del nuevo modelo sindical (1997-2001) Como hemos visto, Sintrainagro decidió abandonar la política de la confrontación laboral y la contestación ideológica a la patronal, forzado quizás por la práctica de exterminio de sus cuadros adelantada por la guerrilla aún en armas y los paramilitares. A comienzos de 1997 el presidente de Augura, Fernando Devis Morales, consignó el criterio de que, “a pesar de las agudas dificultades financieras que registró el gremio el año pasado, los obreros mantuvieron la paz laboral en Urabá, lo cual contribuyó a que los productores contaran con recursos permanentes, a aumentar la producción colombiana de 73,6 millones a 77,6 millones de cajas de la fruta y a incrementar la producción de 1.699 a 1.850 cajas por hectárea/año en relación con 1995” (El Colombiano, febrero 5, 1997, 5B). Los dirigentes de Sintrainagro también proclamaban a los cuatro vientos el nuevo modelo de sindicalismo que implementaban por esos años. Así lo ratificó Fernando Alcides Pérez en entrevista concedida a la ENS en 1997, con un lenguaje que todavía mantiene un dejo de izquierda pero solo en lo formal: “…tenemos buenas relaciones con los empresarios. Trabajamos juntos en varios proyectos. Estamos concientizando a los trabajadores para que ellos entiendan la responsabilidad que tienen como trabajadores. Queremos que ellos entiendan que hoy hemos cambiado la mentalidad de lucha. Ya no somos dirigentes dedicados a entregar orientaciones para acabar con las empresas. Lo importante es que los trabajadores comprendan que mantener una empresa es mantener el futuro de sus familias. Esta actitud es vista como „patronista‟ (sic) por las personas que hoy sostienen ideas de lucha atrasadas. Digo atrasadas porque cuando uno orienta a sus afiliados a que perjudiquen la empresa, está perjudicando tanto a la organización sindical como a los trabajadores” (Entrevista a Pérez, 1997, 53. El subrayado es nuestro). Como se nota por este testimonio, la dirigencia de Sintrainagro, y seguramente de los Esperanzados, se sentían los verdaderos representantes de los trabajadores en Urabá. Y como tales decidieron romper el aislamiento al que los tenían sometidos los 140

sectores de izquierda y aun liberales de la CUT, que los consideraban portadores de “ideas atrasadas”. En efecto, luego de un fugaz paso por la Confederación General de Trabajadores Democráticos (Cgtd), fruto de la convergencia de sectores democristianos y del Moir, en las elecciones directas de fines de 1996 Rivera fue elegido miembro del comité ejecutivo de la CUT. El periódico El Mundo, del 17 de noviembre de 1997, entrevistó al presidente de Sintrainagro, Guillermo Rivera, ya posesionado como miembro del comité ejecutivo nacional de la CUT, quien dijo: “Logramos la integración de un sindicato de la industria bananera importante, las negociaciones de industria que hemos desarrollado en esta zona del país y la proyección del sindicato hacia el futuro como una empresa importante en defensa de los trabajadores (...) Actualmente hay alternativas importantes que hemos venido trabajando en Sintrainagro. Se trata de presentar propuestas, de presentar alternativas. Eso se trabajó desde la CUT, y considero que hay un buen futuro para el sindicalismo si quienes estamos al frente de él somos capaces de definir alternativas y propuestas que es lo que los trabajadores están pidiendo hoy en cada una de las organizaciones sindicales” (El Mundo,17 de noviembre, 1997, 3. El subrayado es nuestro). Más adelante Rivera narró que “nos hemos dedicado a una gran tarea, como ha sido la modernización de la organización sindical. Hoy tenemos un gran espacio, hemos logrado concertación laboral, negociar convenciones colectivas en medio de complejas dificultades, se han evitado conflictos laborales, pero sin renunciar a ningún derecho de los trabajadores. De eso se trata, es que el sindicalismo tiene que cambiar en esta materia. Bajo estos parámetros Sintrainagro ha avanzado mucho con todo el aporte de los dirigentes sindicales y la proyección que nos propusimos de hacer un sindicalismo diferente desde Sintrainagro, orientado a lograr un beneficio para los trabajadores (…) Hacer la guerra es muy fácil, lo complicado es lograr la paz (...) El sindicalismo se tiene que meter a los escenarios del gobierno, a las corporaciones públicas, porque hay que pelear las garantías y las propuestas desde los mismos escenarios públicos (...) Es tarea de todos trabajar por un proyecto diferente que nos permita fortalecer el sindicalismo en Colombia con alternativas y propuestas” (Ibíd.). Pero no todo era claro en la transformación del sindicalismo bananero. El homenaje de desagravio rendido a fines abril de 1999 en el Hotel Tequendama de Bogotá a los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán –llamados a retiro por el gobierno de Andrés Pastrana por sus supuestas conexiones con paramilitares, denunciadas por la Fiscalía– puso sobre el tapete las eventuales relaciones de Sintrainagro con el paramilitarismo y despertó en el seno del sindicalismo un debate que todavía no cesa. Guillermo Rivera, “Consultado por (la revista) Cambio, dijo que está con los militares porque „el país requiere un nuevo sindicalismo, aliado de las instituciones estatales y de los empresarios‟. Y agregó que su organización no es una rueda suelta y que „este mundo ha evolucionado y tenemos que cambiar el modelo sindical y a sus dirigentes que quieren quedarse en el pasado. Debemos salirnos del conflicto y pasar al diálogo y a la concertación, sin dejar de defender los intereses de los trabajadores. Por eso no 141

podemos negar el gran trabajo que mi general del Río hizo en Urabá al garantizar la seguridad de los trabajadores, cuando la guerrilla los estaba masacrando. Si lo hubiéramos visto dirigiendo paramilitares lo habríamos denunciado‟” (Revista Cambio, 3 de mayo, 1999, 29). Y continúa el reporte de Cambio: “… esta alianza –según el sindicalista– acabó con el 80% de la violencia en Urabá y afirma que ya no se necesitan huelgas para negociar una convención laboral: „Hoy somos un sindicato fortalecido que buscará proyección nacional con la ayuda de 120.000 trabajadores de la palma africana en Santander y del sector azucarero y arrocero en el eje cafetero‟. Para muchos, sin embargo, la llamada pacificación de Urabá no es otra cosa que un cambio de manos en el control de la región, que antes era un fortín de la subversión. La ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, le dijo a Cambio que „Sintrainagro y Urabá se libraron de la influencia guerrillera pero para someterse a los fusiles del movimiento paramilitar de Carlos Castaño‟” (Ibíd.). “El coronel retirado, Carlos Velásquez, ex comandante del Ejército en Urabá y el primero en denunciar al general del Río, recordó que „los esperanzados terminaron aliados con los paramilitares de Castaño por cuenta de los Comandos Populares que crearon para defenderse‟” de los ataques de las Farc y los reductos del EPL (Ibíd.). En efecto, como se observa en las gráficas iniciales de este capítulo, las luchas laborales disminuyen en Urabá a partir de 1998 y los motivos de las mismas se modifican y dejan de enfatizar en el problema de los derechos humanos para centrarse en asuntos estrictamente laborales. La violencia contra el sindicalismo, que se alineara con la UP o las Farc, había rendido sus frutos. A su vez, las Farc fracasan en un intento desesperado por retornar a la región en 1998 (Suárez, 2007). Lo que provocan, por el contrario, es el ataque paramilitar contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, infortunadamente ubicada en la vieja zona de influencia de dicha guerrilla y acusada de ser cómplice de ésta (Ibíd). Pero mientras en Urabá se exhalaban estos estertores violentos y paralelamente transcurrían los acercamientos entre trabajadores y empresarios en procura de aclimatar nuevas relaciones laborales en las que el sindicalismo no desempeñara un papel contestatario, en la zona bananera del Magdalena se vivía con crudeza una lógica de confrontación laboral similar a la de Urabá en el subperiodo anterior, en la que se anudaba, como señalaba Clara Inés García (1996), el factor sindical con la violencia. De acuerdo con nuestros listados, el 23 de febrero de 1994 estalló un paro que afectó a 65 fincas de Ciénaga y Fundación, en respuesta al asesinato de cinco miembros de Sintrainagro por parte de paramilitares que se movilizaban en un campero con lista de víctimas en mano. Tres años después, el 23 de julio de 1997, se presentó en la Zona un nuevo paro por el secuestro y asesinato de Mauricio Tapias y Camilo Ariza, respectivamente secretario general y fiscal de la subdirectiva local de Sintrainagro, cuyos cadáveres presentaban signos de tortura e impactos de bala. Y el 28 de agosto del mismo año hubo otra jornada de 142

protesta en la región bananera del Magdalena, esta vez suscitada por la muerte violenta de Amauris Lambis Mejía, vicepresidente de la seccional del sindicato. El 14 de diciembre de 1999 se registra otra acción contenciosa, en respuesta al asesinato de César Herrera, secretario de la subdirectiva de Sintrainagro en Ciénaga, miembro de la Comisión Coordinadora de Sindicatos Bananeros de América Latina y negociador sindical destacado para la zona del Magdalena. La protesta se generalizó a los bananeros de Urabá, los palmeros del Magdalena Medio y los azucareros del Valle del Cauca. Como se desprende de estos eventos, Sintrainagro tiene presencia más allá de Urabá, pero en contextos regionales y laborales diferentes, lo cual lo obliga a enfrentar situaciones laborales y de violencia distintas de las que maneja en su centro de operaciones, Urabá. En el Magdalena no se siente el choque entre Esperanzados y Farc, pero en cambio aflora crudamente la acción paramilitar, muy de la mano de la negativa del empresariado regional a negociar relaciones laborales modernas o siquiera menos primitivas.23 3er subperiodo (2002-2009) En cuanto a las luchas sindicales, en este subperiodo continúa la tendencia a la disminución insinuada desde 1998. De hecho, se reportan solo cinco acciones, todas huelgas y todas por motivos laborales, cuatro en el contexto de negociación de pliegos y una por retención salarial (Gráfico 8). En cuanto a los datos sobre violencia contra los sindicalistas, en este subperiodo tenemos 15 asesinatos y un ataque; doce de estas violaciones de derechos humanos ocurrieron en solo 2002. Parecería que la región se hubiese “pacificado”, pero a un gran costo de vidas humanas y de independencia política. Veamos ese complejo panorama.

23

Según nuestras bases de datos, 17 dirigentes bananeros del Magdalena fueron asesinados en el curso de los años 90.

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Gráfico 8 Motivos de las luchas de los bananeros 2002-2009

Pliegos no dirimidos; 4

Incumplimiento pactos; 1

Para mediados de lo que va de este siglo Sintrainagro se había consolidado como un sindicato de industria que agrupaba a más de 15.000 trabajadores en el país, la mayoría de ellos en Urabá y el resto repartido entre los bananeros del Magdalena, los palmeros del César y los corteros de caña de azúcar de Risaralda. En el plano regional, la hegemonía de los Esperanzados en el sindicato, lograda a costa de la desaparición de los simpatizantes de la UP y de la retirada militar de las Farc, ha permitido que esa fuerza sociopolítica gane varias alcaldías y un buen número de concejales en los más importantes municipios de Urabá. En ese ámbito la organización creó servicios de Empresas Prestadoras de Salud (EPS) –algunas, al parecer, penetradas por paramilitares– y estimuló la creación de Juntas de Acción Comunal con las que actúa coordinadamente (Celis, 2004, 110-111). Así mismo, Sintrainagro maneja dos escuelas primarias públicas y equipos de fútbol, adelanta competencias deportivas y realiza amplia labor social con niños, jóvenes y ancianos, que incluye concursos y reinados de diverso tipo. Ha desarrollado obras de infraestructura municipales, programas y cursos cívicos, y cuenta con bibliotecas públicas al servicio de la población pobre y organismos de ligazón y solidaridad con la población rural de la región. El sindicato publica un periódico mensual, De Sol a Sol, que ha venido apareciendo regularmente desde febrero de 1993 y que en julio de 2008 llevaba 127 ediciones, editaba 15.000 ejemplares y circulaba en Urabá, parte del Magdalena Medio y el sur del Cesar y la Zona Bananera magdalenense, además de Bogotá y Medellín. Es la publicación periódica sindical más permanente y destacada que circula en provincia.

144

En cercanos municipios de Córdoba, Sintrainagro ha apoyado a pequeños productores en la exportación del plátano, a la vez que con la Universidad de Córdoba adelanta programas educativos bajo el sistema “semiescolarizado” (De Sol a Sol, junio, 2003, 12 y 13). “Uno de ellos es el que beneficia a medianos y pequeños productores plataneros con miras a fortalecer la producción y lograr competitividad”. Otro se relaciona con la alianza empresarial con Sol Salud –una Administradora de Régimen Subsidiado (ARS)– y otro con la participación en la Institución Prestadora de Salud (IPS) Salud Darién (El Mundo, octubre 2, 2004, A7). Todo ello da la pauta para unas relaciones laborales de baja confrontación y más concertación. Así han venido firmándose cada dos años, a partir de 2000, los llamados Acuerdos Generales con Augura. Incluso las pocas huelgas que se presentan no alteran el clima de concertación que se respira en la región. En esos Acuerdos, que son verdaderas convenciones colectivas para la actividad bananera, se pactan asuntos más allá de los estrictamente laborales, como vivienda, salud y educación para los trabajadores. Incluso en 2002 se acordó elaborar de conjunto, con el apoyo del Dane, un nuevo índice de costo de vida para la región de Urabá. Juan Carlos Celis insiste en la importancia que revisten los aportes de esta concertación en el enfrentamiento de los problemas de vivienda, salud y educación, así como en el apoyo a los pequeños productores de plátano, aunque señala asimismo que hay poca discusión sobre el problema ambiental (Celis, 2004, 134). En la consolidación de su modelo sindical también cuenta la intención de Sintrainagro de ampliar su cobertura más allá de Urabá. Como se trata de un sindicato nacional de rama industrial, el proyecto es continuar fortaleciéndose también en la caña, las palmas y las flores. En esto mantiene buenas relaciones con otras organizaciones, como el sindicato de palmeros (Sintrapalmas) del Magdalena Medio, orientado por el PCC. Ya vimos que Sintrainagro se proyectó nacionalmente y en 1996 logró un asiento en la directiva de la CUT, que subieron a dos en 2002, situación que se ratificó en las últimas votaciones directas realizadas por la central. De igual manera abrió sus relaciones con el exterior, especialmente con Centroamérica, Ecuador y el Caribe, al conformar la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (Colsiba), a la vez que ganó preeminencia entre las organizaciones mundiales del banano a través de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Uita), a la que está afiliada desde 1996. En el marco de Uita-Colsiba, los bananeros urabeños suscribieron un Acuerdo Global con Chiquita Brands, por medio del cual la empresa adoptaba un código de conducta. De igual manera, el sindicato quiere hacer parte de los acuerdos comerciales que involucran la política del banano con Estados Unidos y la Unión Europea. Como dice Oswaldo Cuadrado en entrevista dada a Juan Carlos Celis, “el sindicato tenía que salirse de esa política económica que estaba suscrita (sic) única y exclusivamente a presentar un pliego de peticiones (…) sin acordarse de 145

que esos trabajadores hacían parte de la comunidad. Empezamos a entender a Sintrainagro como empresa social de los trabajadores, como actor político” (Ibíd., 131. El subrayado es nuestro). La idea de considerar al sindicalismo como “una empresa social de los trabajadores” –que ya la habíamos escuchado en boca del presidente de Sintrainagro, Guillermo Rivera– no solo es algo extraño en el mundo laboral sino que se acerca a la noción de convertir a los trabajadores en empresarios, algo que predican las CTA y las EST. De hecho, según Aviva Chomsky, de casi 300 plantaciones, cinco son CTA de trabajadores e incluso los dirigentes de Sintrainagro no ven al jefe como enemigo sino como un partner (colega) (Chomsky, 2008, 211-213). Todo esto parece ser la conclusión del transcurso reciente de Sintrainago, que de ser un sindicato contestatario y autónomo pasó a conciliador y cercano de la concepción patronal. Sin duda, es una organización con una gran proyección regional, que ofrece muchos beneficios materiales a sus afiliados y a la población circunvecina, como pocos sindicatos colombianos se han resuelto a hacerlo. Pero la proyección ha tenido costos políticos no fácilmente digeribles por la masa laboral del país. En efecto, Sintrainagro se aisló del grueso del sindicalismo por oponerse al boicot contra Coca Cola desarrollado en julio de 2003, cuando la multinacional fue denunciada internacionalmente por apoyar a grupos paramilitares, como narramos en otro lugar de este trabajo. El sindicato adujo entonces que esa acción internacional le hacía juego a la guerrilla (Chomsky, 2008, 209). Por la misma época, sin embargo, la organización expresó su apoyo tanto al referendo que pretendía desmontar la Constitución como a la reelección de Uribe Vélez. Más grave todavía parece el apoyo que Sintrainagro le dio a la versión gubernamental de que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, atrozmente victimizada por las fuerzas armadas oficiales, es controlada por las Farc (Ibíd.). Ahora bien, el asunto de la financiación de grupos paramilitares por multinacionales tocaba directamente al sector bananero. En efecto, luego de muchas denuncias sin éxito, en 2001 Chiquita Brands aceptó pagar 100.000 dólares a una corte norteamericana, pero sin reconocer la culpa. En 2003 la OEA encontró que Banadex, su subsidiaria, era culpable de tráfico de armas en beneficio de los paramilitares, pero no mencionó a Chiquita. Y finalmente, en 2004 ésta aceptó haber financiado a grupos armados en 2003 (Chomsky, 2008, 339). Según información de prensa, la historia menuda de este oscuro asunto fue así: “En 2007 Chiquita Brands aceptó un trato con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del cual se declaraba culpable de haber participado en transacciones con terroristas y de haber realizado a las AUC más de 100 pagos por un total de más de US$ 1,7 millones entre 1997 y febrero de 2004, a través de su subsidiaria Banadex” (El Mundo, septiembre 12, 2007, A-12). Ante el Tribunal Federal del Distrito Columbia, Chiquita declaró que entre 1997 y 2004 era culpable de “realización de transacciones con un terrorista global especialmente designado” (Ibíd.). Fueron pagos a la AUC por “seguridad”, servicio que, según el mismo tribunal, nunca recibió. En abril de 2003 la empresa reveló al gobierno 146

norteamericano la existencia de tales pagos y fue multada solo con 25 millones de dólares, pagaderos allá. Hacía los desembolsos a través de su subsidiaria Banadex, “que para el año 2003 había pasado a ser la operación más rentable de la firma. Efectuó más de cien pagos por un total de 1,7 millones dólares, „revisados y aprobados‟ por altos ejecutivos de la empresa, incluidos altos gerentes, directores y empleados, registrando los egresos en sus libros contables como „pagos de seguridad‟” (Ibíd.). No sobra recordar que desde septiembre de 2001 las AUC habían sido reconocidas por Estados Unidos como una organización terrorista, y ahora decenas de familias tenían demandas de reparación entabladas ante las cortes norteamericanas. Pero hubo algo más: finalmente salió a flote el comportamiento criminal de las empresas transnacionales de la fruta. En octubre de 2008 Human Rights Watch publicó una relación de las que comprobadamente mantuvieron pagos regulares a los grupos paramilitares para el ejercicio de sus crímenes, todas ellas con juicios ante los tribunales norteamericanos, entre las cuales figuran Chiquita, Dole, Del Monte, Postobón, Bavaria y empresas explotadoras y transportadoras de carbón. El paramilitar apodado „HH‟ también declaró que, en un momento, “todas las compañías bananeras de la región de Urabá habían participado en los pagos al paramilitarismo: „nosotros íbamos a las fincas y presionábamos a los trabajadores para que trabajaran, ya que se venía presentando una serie continua de paros y de órdenes de manos caídas para no trabajar y no hacer embarques, íbamos a las fincas y obligábamos a las personas a trabajar‟, dijo” (Human Rights Watch, 2008, 51). Por su parte el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, durante una entrevista a una cadena de televisión norteamericana en 2008, dijo lo siguiente sobre estas multinacionales en Urabá: “Pagaron impuestos porque éramos como un estado en el área, y porque nosotros estábamos proporcionándoles protección que les permitan (sic) seguir haciendo inversiones y obtener una ganancia financiera”.24 Parece que confesiones de este tipo, y sobre todo las condenas en las cortes penales norteamericanas, hicieron que Sintrainagro reconsiderara sus alianzas. Por lo pronto, hay un claro intento de tomar distancia ante las multinacionales. En mensaje de Sintrainagro a sus afiliados con motivo del Primero de Mayo de 2003 se lee: “No podemos dejar transcurrir este memorable día sin abordar temas tan trascendentales como los que nos afectan y las amenazas que se ciernen sobre la comunidad internacional, la implementación del Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) (...) Tampoco somos ajenos a las preocupaciones ante la entrega permanente de nuestros recursos naturales a la explotación irracional de las compañías extranjeras (...) Nos inquieta además sobremanera el tratamiento que el gobierno nacional le viene dando a los conflictos laborales y el deterioro permanente de las relaciones entre el sector productivo bananero y el sindicato, la forma como se han ido deteriorando los procesos de concertación que tanto beneficio han traído para el país, lo mismo que las dificultades que hoy afronta el mercado mundial de la 24

Ver entrevista concedida el 11 de mayo de 2008 al periodista Steve Kroft en el programa “60 minutos” de la CBS, en la página web de la cadena (www.cbsnews.com). Agradecemos al profesor Álvaro Román por suministrarnos esta información.

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fruta (...) los que están definiendo las políticas del nuevo régimen bananero son las multinacionales, desconociendo el gran esfuerzo que han venido haciendo los productores nacionales en América Latina para producir banano” (De Sol a Sol, mayo, 2003, 4). El señalamiento de un deterioro de las relaciones laborales en la región, atizado por las empresas multinacionales, hace eco a nuevos signos de cambio en la zona bananera de Urabá, lo que impide una percepción simple de la evolución de Sintrainagro en términos de blanco o negro, bueno o malo.25 Desde luego, el gobierno no ha quedado satisfecho con los cambios operados en Urabá, porque el sindicato bananero es la única organización agroindustrial victimizada por la guerra que no fue destruida y que incluso ha dado muestras de expansión, como lo sostiene el investigador Mauricio Romero (2003) y lo hemos ilustrado en este capítulo. En forma que recuerda la antigua beligerancia de los sindicalistas bananeros, en 2007 Sintrainagro, junto con la CUT, denunciaron jurídicamente a la empresa de flores Exportaciones Bochica por violación de normas jurídicas y persecución sindical, y dijeron que acudirán a la solidaridad internacional. La empresa contó con el apoyo del Ministerio de la Protección Social, que negó la inscripción de la junta directiva de Sintrainagro en La Ceja, sede de la empresa. Según informe de prensa, los “sindicatos presentarán tutela y movilizarán sus efectivos en Apartadó y si es necesario en Medellín, a fin de que pueda iniciarse la negociación de un pliego en la empresa. Dirigentes sindicales de la misma han sido amenazados por las Águilas Negras con presunto apoyo de la empresa” (El Mundo, noviembre 28, 2007, 4A). También para el último año estudiado, 2009, Sintrainagro vuelve a hacer uso de la huelga después de cuatro años de abstención. En consideración con la lucha de los trabajadores de la agroindustria, que en el año anterior se había manifestado en los conflictos de los trabajadores de la palma africana y de los corteros de caña de azúcar, los trabajadores bananeros de la zona de Urabá se vieron obligados a salir a la huelga ante la no solución satisfactoria del pliego de peticiones presentado por cerca de 15.000 trabajadores de unas 300 fincas bananeras. La huelga, que rechazó el tribunal de arbitramiento que contempla el Código Laboral, tuvo una duración de doce días y logró poner a salvo derechos laborales que pretendían ser recortados, en especial el sistema de contratación, e incluso puso sobre el tapete la creación de un Fondo de Reparación a las Víctimas del conflicto armado.26 Además, consiguió un aumento salarial del 8% y una vigencia 25

La complejidad de la historia de Sintrainagro, que para algunos puede ser resultado de “oportunos” giros políticos, tiene un reciente capítulo en la adhesión que algunos de sus dirigentes hicieron a candidatos del PDA en las pasadas elecciones de 2010. ¿Será un retorno a la tradición política de izquierda? Por ahora no hay respuesta, y habrá que esperar a la continuación de la historia. 26 En entrevista de Guillermo Rivera al órgano de prensa del sector del Moir que opera dentro del PDA –algo de por sí diciente–, poco antes del estallido del conflicto, el directivo señala que Sintrainagro se opuso a discutir la supresión del límite de 48 horas semanales y la inclusión de las

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convencional de dos años. Y de nuevo ocurre que, mientras hay negociación en Urabá, en la zona bananera del Magdalena se quiere seguir desconociendo la acción sindical por medios violentos.27 En esas condiciones los sindicalistas bananeros, en años recientes, no tienen inconveniente en reconocer la complejidad de la violencia que los involucró y comienzan a tomar distancia de sus antiguos aliados, especialmente de los paramilitares.28 El comunicado de julio de 2008 enviado por Sintrainagro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OIT, la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Uita, el Gobierno Nacional y la Corte Suprema de Justicia afirma:29 “En aras de la verdad histórica que nos ha golpeado, estamos obligados a reseñar que desde la existencia de las primeras tres organizaciones sindicales de Urabá –Sintagro, Sintrabanano y Sindejornaleros– hasta los actuales momentos, se nos ha victimizado por parte no solo de organizaciones de extrema derecha: también, y con dolor debemos decirlo, que los renglones económicos de gran poder en la región y sectores de las mismas fuerzas armadas legítimas del Estado, y con el mismo o más rigor y violencia, las organizaciones armadas de izquierda o guerrilleras, ostentan tristemente la condición de ser verdugos de la clase trabajadora sindicalizada y no de pocas regiones del país” (De Sol a Sol, julio, 2008, 4). Luego de este recuento histórico, el comunicado denuncia que cada fuerza, a su modo, ejerció violencia contra los sindicalistas: “Agresiones que van desde la misma negación de existencia jurídica como organización sindical, la prohibición de establecimiento de sindicatos al interior (sic) de las empresas, la persecución y despido laboral, las detenciones arbitrarias, hasta llegar ya a las amenazas, destierros, tortura física y sicológica, y finalmente el cercenamiento de la vida misma de forma individual y colectiva, todo lo cual se ha convertido en la constante de violencia a la que se ha visto enfrentada la organización sindical, que CTA y de contratistas en la negociación (consultada en la página www.moir.org.co el 17 de agosto de 2010). De alguna manera el sindicato hizo valer su existencia, algo no muy común en el actual mundo laboral colombiano. Todo ello puede ser un signo de recuperación de la autonomía sindical ante la patronal, lo que matizaría nuestro juicio sobre la evolución de Sintrainagro, aunque todavía no es claro su rumbo futuro. 27 Según una reciente tesis de grado, en octubre de ese año dos nuevas fincas de la zona bananera del Magdalena protagonizaron huelgas de 6 y 3 días, respectivamente, con la participación de unos 1.900 trabajadores. A fin de año Sintrainagro se movilizó igualmente en la zona, en defensa del derecho a la organización sindical (Mendoza, 2010, 29-30). 28 Sobre estas relaciones, y dejando de lado el asunto de si los Comandos Populares pueden ser considerados como típicos grupos paramilitares, en nuestras bases de datos aparece alguna información, que no puede generalizarse a todos los dirigentes sindicales de la región. Por ejemplo, el primero de febrero de 2000 Jairo Suárez, dirigente de Sintrainagro, concejal de Apartadó y candidato a la alcaldía de la misma ciudad por el grupo de Esperanzados, fue acusado por la Fiscalía de formar grupos paramilitares. Guillermo Rivera, presidente del sindicato, lo defiende y dice que comparte el proyecto político con Suárez y que hay gente interesada en desprestigiarlo y en “desestabilizar a Urabá, crear caos y violencia” (El Colombiano, febrero 2, 2000). En su apoyo, Sintrainagro convoca a un paro indefinido que no dura más de un día. 29 Por la importancia que este documento tiene para nuestra investigación, lo citamos en extenso.

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subsiste en el convencimiento de haber sido victimizada dentro de la una lucha política y armada, a partir de la implementación de las distintas formas de lucha” (Ibíd.). Por último, el sindicato reclama “verdad, justicia, reparación y no repetición”, critica la decisión del gobierno de extraditar a los cabecillas paramilitares y agrega: “Por todo lo anterior, Sintrainagro respalda todas las iniciativas de juristas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas de la violencia, organizaciones sociales, políticas y sindicales que se oponen a la extradición de los actuales desmovilizados de las Autodefensas sometidos a la Ley de Justicia y Paz con criterios de verdad y reparación. Por ello reclamamos del gobierno nacional, de las altas Cortes judiciales y de organismos multilaterales de protección y vigilancia de los derechos humanos y de los derechos sindicales, que no desatiendan la preeminencia que debe dársele al proceso de justicia y paz en Colombia y con ello, al derecho de las víctimas de conocer la verdad, derecho que nos asiste a todos los colombianos” (Ibíd.). En conclusión, del caso analizado podemos aprender dos lecciones: la primera y más obvia es que, cuando aparentemente se logra la paz en una región, el sindicalismo puede existir y fortalecer su capacidad reivindicativa, como lo muestra el caso de Sintrainagro en Urabá, aunque no así en el Magdalena. En esta primera lección aparecen las dos caras de nuestra hipótesis: la violencia debilita el sindicalismo y la paz lo fortalece. Sin embargo–y esta segunda lección no es tan obvia–, la paz conseguida en Urabá no fue resultado de la negociación política, como se pensaba en 1991, luego de la desmovilización del EPL, sino de una confrontación armada con un alto costo de vidas humanas, de la que los Esperanzados, las Farc y la disidencia del EPL fueron también responsables. En ese enfrentamiento Sintrainagro termina aliado con el sector patronal más retardatario, los militares y los paramilitares, sacrificando gravemente su autonomía y favoreciendo la implantación del modelo neoliberal en una zona de enclave extractivo por parte de empresarios criollos y de multinacionales. 30 Claro que esas alianzas proporcionaron alguna mejora en las condiciones de vida de la región urabeña, pero fue una “paz de los sepulcros”, la cual, sin reales procesos de verdad, justicia y reparación mantiene latente una situación de violencia que bien puede volver a estallar por la vía de las venganzas y retaliaciones, que de alguna forma sigue viva en la zona bananera del Magdalena. Ojalá esto no ocurra en Urabá también, pero es un escenario posible mientras en Colombia no se logre la solución política del conflicto armado. Es cierto que en los últimos años Sintrainagro ha tomado cierta distancia de sus antiguos aliados y trata de enderezarse por un sendero más autónomo, pero estamos ante un proceso cuyos resultados no podemos predecir.

30

Nos referimos a la UFC o Chiquita Brands, que ha tenido presencia más indirecta en la región, pero ha estado igualmente comprometida en la financiación de grupos paramilitares como ya se mostró.

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Luchas sindicales y violaciones de derechos humanos contra sindicalistas bananeros, 1984-2009 Luchas Todas las Año sindicales de Huelgas Asesinatos violaciones bananeros 1984 3 3 0 0 1985 3 3 5 4 1986 6 5 31 26 1987 12 10 36 35 1988 11 9 47 46 1989 17 15 28 22 1990 4 4 24 21 1991 4 3 14 13 1992 3 3 65 64 1993 8 8 145 144 1994 3 2 35 34 1995 7 6 169 168 1996 1 1 170 163 1997 3 2 40 37 1998 2 2 3 3 1999 2 1 3 3 2000 1 1 8 7 2001 1 1 3 3 2002 1 1 12 12 2003 1 1 2 1 2004 1 1 0 0 2005 1 1 0 0 2006 0 0 1 1 2007 0 0 1 1 2008 0 0 0 0 2009 1 1 0 0 Total 96 84 842 808

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2. LOS PETROLEROS

152

La Unión Sindical Obrera (USO) nació como sindicato de industria el 12 de febrero de 1923, funcionó la mayor parte de su vida como sindicato de empresa de la Tropical Oil Company, luego de Ecopetrol, y solo a partir del 18 de octubre de 1996 volvió a ser sindicato de rama industrial. Hoy cuenta con afiliados en Ecopetrol, Occidental de Colombia, Esso-Mobil, Texas-Omimex, Andercol y Gasoriente –española, que administra gas domiciliario en Barrancabermeja–. Está afiliado a la Federación Unitaria de Trabajadores de la Industria Energética (Funtraenergética), filial de la CUT. La Tropical Oil Company (Troco), subsidiaria de la Exxon que inició labores en Colombia en 1921, revirtió a la nación el 25 de agosto de 1951 y la empresa estatal creada para administrar la concesión adoptó el nombre de Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol). La refinería de Barrancabermeja quedó en poder de la Internacional Petroleum Ltda. (Intercol), otra subsidiaria de la Exxon, hasta su entrega a la nación el primero de abril de 1961. En agosto del 51, en medio del recrudecimiento de la violencia en el país que debilitó profundamente a la USO, ésta entró en receso. Mientras tanto la UTC creó dos sindicatos de empresa: el Sindicato de Trabajadores de Ecopetrol (Sincopetrol) y el Sindicato de Trabajadores de Intercol (Sintranal) (Archila, 1986, 194). En 1958 aparece la Federación de Trabajadores Petroleros de Colombia (Fedepetrol). En 1960 Sincopetrol fue sancionado con la suspensión de la personería jurídica y al año siguiente los trabajadores respondieron convirtiendo a la USO en sindicato de industria, y en julio de 1963 estalló la primera huelga en Ecopetrol. Ahora bien, tan pronto fue restablecida la personería jurídica a Sincopetrol –marzo de 1966–, la USO retornó a ser sindicato de base. Años más tarde, a fines de 1996, volvió a ser sindicato industrial, en un intento de sus dirigentes por salir al paso de la inatajable división de las plantas de la gran entidad petrolera oficial. A todo lo largo de su vida el sindicato ha gozado de enorme fuerza política y psicológica en la gran empresa, tanto entre los empleadores como entre sus servidores. Desde las primeras acciones de la década de 1920 la confrontación laboral en las áreas petroleras ha sido muy aguda y ha estado asociada a la violencia, tanto por el carácter estratégico de la industria como por la importancia de los valores económicos puestos en juego y su ubicación en territorios marginales del dominio estatal. Los contratos petroleros desventajosos para la nación y los permanentes abusos con la población del campo llevaron a los obreros del petróleo y los colonos a crear una alianza nacional para proteger su derecho al trabajo y al tránsito libre por el territorio nacional. Las relaciones obrero-patronales nunca fueron buenas en la industria del petróleo, y las tensiones de los tiempos de la Troco se trasladaron inercialmente al petróleo nacionalizado. A partir de los años 60 se opera el crecimiento del sindicalismo colombiano y simultáneamente la ruptura de una gran parte de él con los partidos tradicionales y su acercamiento a los de izquierda (Archila y otros, 2009). Surge así la Cstc y el sindicalismo no confederado llamado independiente y “clasista”. En el caso del petróleo, la USO se destacó en esos años, tanto por sus luchas reivindicativas como por su participación en las acciones cívicas al margen de las electorales. En los años 153

setenta se libran dos importantes huelgas petroleras, en 1971 y 1977, con un saldo abultado de despidos y 217 trabajadores que nunca pudieron ser reintegrados, asunto que será un permanente reclamo de la USO (Vega y otros, 2009, tomo 2). Las huelgas emblemáticas de 1971 y 1977, pusieron en evidencia las nuevas características del conflicto. La primera duró 18 días y dejó un saldo estremecedor: ocupación de la refinería por el Ejército, suspensión de la personería jurídica de la USO, 142 trabajadores despedidos –75 de ellos reintegrados posteriormente– y consejo de guerra para 36, de los cuales 24 fueron condenados. La de 1977, que duró 67 días, tuvo un desenlace quizás peor: numerosos actos de sabotaje y 103 trabajadores de la nómina de Ecopetrol despedidos (Vanguardia Liberal, abril 3, 1991, 7B). Las grandes batallas nacionalizadoras, ocasión de tantas huelgas en la industria, solo tuvieron un momento estelar en 1975. En efecto, el gobierno, presionado por el movimiento en favor de la nacionalización y consciente de las constantes violaciones que la Colombian Petroleum Company (Colpet) hacía del tratado Chaux-Folson, negoció para ese año la reversión de la Concesión Barco, que debía finalizar en 1981. Ecopetrol comenzó así a convertirse en monopolio estatal, en el cual se formalizó definitivamente la extensión de las prerrogativas convencionales de esa empresa a toda la rama petrolera, incluidas las entidades contratistas de la estatal. Las décadas de los 80 y los 90 son violentas para los trabajadores petroleros y la última está marcada también por los efectos de la apertura económica con afectaciones sobre el petróleo, en el sentido de su presión en favor de la privatización de Ecopetrol y una generosa política de contratos de asociación para atraer a multinacionales petroleras. La USO enfrentó la situación con el apoyo de la población barranqueña organizada en la Coordinadora Popular, en la cual también participaba. Además, como la marcha de la economía local dependía en gran parte de la capacidad de consumo de los asalariados industriales, la injerencia del sindicato en la vida social cotidiana era inevitable. Pero la USO no solo recibía solidaridad sino que la brindaba a otros movimientos sociales regionales y nacionales. Así se vio en el paro cívico de Barrancabermeja (1983) contra el pésimo servicio de agua del municipio. Igualmente en las marchas campesinas y el movimiento cívico del nororiente y el Magdalena Medio que tuvieron lugar, respectivamente, en 1986 y 1987. La preeminencia de la Unión Sindical Obrera, desde luego, estaba sustentada en su relación directa con un material de importancia estratégica. Su alianza con los colonos de los territorios afectados por la explotación petrolera fue permanente, pero no excedió los límites del circuito económico petrolero y transcurrió bajo la enseña del abstencionismo electoral. Tal vez por eso su planteamiento político –defensa de la soberanía nacional personificada en Ecopetrol como ente público– se tornó intangible para el grueso de los pobladores cuando la apertura neoliberal de los 90 empezó por destrozar las posiciones estatales en los dominios de la producción de bienes. 154

En la descripción de este panorama general introductorio al caso petrolero resta decir que también en las áreas petroleras se viven relaciones laborales preñadas de arbitrariedades patronales, lo que provoca respuestas obreras de choque articuladas con asuntos nacionalistas, por tratarse comúnmente de compañías multinacionales. En medio de estas relaciones antagónicas, propias de un enclave extractivo y similares a las encontradas en las áreas bananeras, hace aparición la guerrilla con el pretendido argumento de defender a los trabajadores. El resultado de esa “solidaridad” será también, como en Urabá, el debilitamiento del sindicalismo, aunque aquí no habrá mayor confrontación entre grupos insurgentes, sino que las afectaciones de derechos humanos de los sindicalistas correrán por cuenta de otros actores armados, particularmente las Fuerzas Armadas y los paramilitares. Así llegamos al periodo de estudio en esta investigación. Los gráficos 1 a 3 muestran las trayectorias, tanto de la violación de derechos humanos en contra de los afiliados de la USO como las luchas sindicales adelantadas por ese sindicato. Hay una coincidencia inicial entre las protestas sindicales y la violencia contra los sindicalistas, como si ésta fuera una respuesta a dichas luchas. La misma coincidencia gráfica se reproduce en el último periodo, salvo por el inusitado aumento de detenciones y amenazas en 2003, que parece provocar un leve incremento en las luchas sindicales de ese mismo año. Pero ahora hay una tendencia a la disminución de la huelga al igual que de los asesinatos, dato que sugiere que esa forma de violencia ha logrado limitar la modalidad de lucha por excelencia del sindicalismo. Gráfico 1 Trayectoria de las violaciones de derechos humanos contra la USO 1984-2009 45 40 35 30 25 20 15 10 5

Violaciones de derechos humanos

155

Asesinato

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

0

Gráfico 2 Trayectoria de las luchas de la USO 1984-2009 12

10

8

6

4

2

0

Luchas de los petroleros

Huelgas de los petroleros

Los motivos de las luchas sindicales de los petroleros (Gráfico 3) muestran un alto porcentaje de acciones en defensa de los derechos humanos, tema que con el tiempo va a dar lugar a la discusión de pliegos y, sobre todo, a temas políticos como el manejo de los recursos petroleros, que será su bandera en los años recientes y la que ondeó en la última huelga de 2004. Veamos con más detalle estos procesos. Gráfico 3 Motivos de las luchas de la USO, 1984-2009

Solidaridad; 7 Políticas; 29

Otros, 5

Pliegos no dirimidos; 23 Derechos; 68

Incumplimiento pactos; 15

156

1er subperiodo En el primer subperiodo considerado se libraron en el sector petrolero 30 luchas sindicales convocadas por la USO, 25 de las cuales fueron huelgas. Inicialmente las luchas fueron por discusión de pliegos, pero a partir de 1988 el tema de derechos humanos se hace visible (Gráfico 4). Es precisamente ese año el que también presenta más registros de hechos de violencia contra los afiliados a la USO: 16 casos, de los cuales 11 fueron asesinatos. Veamos con más detalle los eventos que relacionan estas series. Gráfico 4 Motivos de lucha de la USO, 1984-1990

Derechos; 13 Solidaridad; 1

Políticas; 2 Incumplimiento pactos; 3

Pliegos no dirimidos; 10

Otros; 1

En efecto la “guerra sucia” contra el sindicalismo se desata también en el sector petrolero, principalmente desde 1985.31 En febrero de ese año, en medio de la negociación de un pliego, siete trabajadores petroleros pertenecientes a la USO fueron detenidos y torturados por tropas del Batallón Nueva Granada y acusados de pertenecer a un supuesto “Movimiento Revolucionario de Ecopetrol”. Dos de ellos fueron condenados a dos años de cárcel mediante resolución del comandante de la V Brigada. En los años siguientes hay otros casos de detención arbitraria, de los cuales destacamos la del entonces secretario de educación de la USO, Luis Eduardo Garzón, realizada el 6 de mayo de 1987 por miembros de la policía de Barrancabermeja cuando repartía volantes alusivos al respeto por la vida. Mientras se llevaba a cabo esta persecución oficial al sindicato aparecieron los paramilitaresen el Magdalena Medio, inicialmenteen Puerto Boyacá, en donde 31

En 1984 solo registramos un caso, el asesinato del afiliado a la USO Jesús Guzmán, el 26 de agosto.

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contaron con apoyo de funcionarios de la Texaco (Vega y otros, 2009, 367). Muchas veces las dos fuerzas se combinaban en el común objetivo de penalizar las protestas y suprimir la vida de dirigentes sindicales, a los que se tachaba de ser colaboradores de la guerrilla. Así, por ejemplo, el 16 de julio de 1987, Euclides Garzón, ex directivo de la USO, fue asesinado por el grupo criminal autodenominado Muerte a Secuestradores (MAS).32 Garzón había sido arrestado y torturado por el Ejército en mayo de 1979 y posteriormente recluido en la Cárcel Modelo de Bucaramanga. En esas condiciones no es extraño el alto peso de los paramilitares en la violencia contra los afiliados a la USO: son responsables del 41,5% de todas las violaciones, seguidos de las Fuerzas Armadas, que asumen el 30,5% (Gráfico 5). Gráfico 5 Presuntos responsables de violaciones de derechos humanos contra la USO, 1984-2009

FF.AA. y armados ilegales; 2

Sin información; 52

FF.AA./Policía; 66

Sicariato; 4 Paramilitares; 89

Fiscalía; 1

La violencia toma impulso en 1988 y comienza con el asesinato del apreciado dirigente sindical Manuel Gustavo Chacón, cometido el 15 de enero en Barrancabermeja. Chacón había sido amenazado desde 1985 y sufrido tres atentados previos al que le costó la vida. Ante semejante crimen, la USO decreta un paro nacional petrolero que es secundado por la población barranqueña en la modalidad de paro cívico. Al entierro de Chacón asistieron unas diez mil personas y se produjeron fuertes choques con las “fuerzas del orden”, que dejaron el saldo de tres muertos, 29 heridos y 15 detenidos. Según testimonio de César Carrillo, ex dirigente petrolero hoy en el exilio, Manuel Chacón se negó a abandonar el país a pesar de saber que estaba amenazado. 32

Según César Carrillo, en Barranca este grupo pronto se designó “Muerte a Sindicalistas” (Carrillo y Kucharz, 2006, 305).

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Opinaba que salir huyendo era hacerle el juego a los victimarios. Que si él moría “se armará el escándalo más grande que se pueda para que no vuelvan a tocar a un dirigente de la USO” (Entrevista a Carrillo, en Carrillo y Kucharz, 2006, 294). Frente a la violencia, “el sindicato determinó una cosa: cada vez que asesinen a un dirigente, a un activista del sindicato, vamos a parar la producción” (Ibíd., 303). Así, cuando asesinaron a Chacón apagaron por seis horas la refinería. Luego vinieron otros homicidios y nuevos paros. Se produjo entonces la reversión del campo de la Esso en Sabana de Torres, que tenía gas y petróleo, y el gas era clave para el funcionamiento de la refinería. Pero aparecieron los paramilitares en la región y, según Carrillo, “nos obligaron a sacar a toda la subdirectiva de allí y llevarla a Bucaramanga por un tiempo” (Ibíd., 304). María Luisa de Chacón, viuda de Manuel Gustavo, cuenta que en 1985 comenzaron las amenazas contra él con el envío de un sobre en donde le exigían salir de Barrancabermeja. No lo hizo, y llegaron más amenazas, “pero él no quería creerlas porque su protesta era legal”. Le hicieron dos atentados, uno cuando iba caminando y le dispararon desde una moto, y otro contra el carro en el que iba. No estaba convencido de que fueran a matarlo, se sentía protegido por la USO, un sindicato “intocable” hasta ese momento (Entrevista a María Luisa de Chacón, en Carrillo y Kucharz, 2006, 367). A los dos meses detuvieron a un implicado y le dieron 16 años de cárcel, pero nunca se hizo nada contra los autores intelectuales. “Hay rumores de que la empresa pudo estar también involucrada, pero nunca se pudo comprobar” (Ibíd., 369).33 Pero ni los paros ni las presiones políticas detuvieron la violencia. El 2 de junio de 1989 fue eliminado Jorge Orlando Higuita, ex dirigente de la USO, concejal de la Unión Patriótica y miembro de la dirección nacional del Partido Comunista. Higuita había sido uno de los despedidos en 1977 y en el momento de su muerte hacía parte de la dirección de la Fedepetrol. El mayor éxito de esa nueva forma de violencia antipopular que fue la “guerra sucia” de los años 80 consistió, a nuestro parecer, en haber extinguido las nuevas expresiones de lucha civil y de ejercicio de los atributos ciudadanos, en especial en el mundo sindical. Con todo, la cultura radical propia de la colonización del Magdalena Medio y en especial de la historia de Barrancabermeja (Archila, 1986), hizo que la violencia desatada en la región fuera respondida por movilizaciones. Según Amanda Romero, en las zonas urbanas dichas respuestas fueron más frecuentes y reiterativas: “La mayoría de los paros de los trabajadores petroleros agrupados en la USO en este periodo corresponden a respuestas organizadas pero contestatarias a asesinatos selectivos, no solo de sus afiliados sino de otras personas del municipio de Barrancabermeja y de la región” (Romero, 1994, 129. Subrayado original). La autora agrega que “se constatan las amenazas de muerte 33

César Carrillo afirma que a Chacón lo mataron agentes del Estado, y se apoya en la denuncia de Eduardo Umaña de que fueron miembros de la Armada Nacional. Según su testimonio solo uno de los asesinos pagó 24 años de cárcel (Ibíd., 304). La USO igualmente sostendrá esa acusación en este caso.

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como mecanismo para castigar a la población, luego de la realización de protestas sociales”, y cita a la revista Colombia Hoy, en la que se afirma que “quizás” las amenazas de muerte en la región se deban a la masiva participación de la población en la jornadas del paro del nororiente de 1987, las marchas de mayo de 1988 y el paro del 27 de octubre de 1988 (Ibíd., 130). Llegamos así el meollo de nuestra hipótesis: los auges iniciales de las luchas sindicales y populares parecen ser respondidos con violencia contra dirigentes y miembros de base de esas organizaciones, en este caso de la USO. Esta escalada de violencia contra la USO coincide con el proceso de reestructuración de Ecopetrol desde fines de los años 80, proceso que no podría haberse presentado fácilmente en las condiciones de un sindicalismo fuerte opuesto a la política privatizadora de la empresa. De acuerdo con el testimonio de César Carrillo, por esos años dos sicarios al servicio del Batallón Nueva Granada del Ejército, instalado en Barranca, le contaron que tenían una lista de sindicalistas para asesinar y entre ellos estaban varios directivos de la USO. Agregaron que estaban involucrados agentes de seguridad de Ecopetrol. Poco después los desaparecieron. A él personalmente lo amenazaron desde que llegó a la presidencia de la USO en 1988. La primera advertencia le fue hecha por el grupo “Gota Negra”, dizque por haber intercedido por la liberación de dos trabajadores secuestrados por el ELN (Entrevista a César Carrillo, en Carrillo y Kucharz, 2006, 305). Un mensaje público emitido por la USO en esa época decía: “La ausencia de autoridad de que nos quejamos los barranqueños es motivada por el hecho de que los sicarios transitan libremente por sus calles (de Barrancabermeja) en motos sin placas, y por hechos tan lamentables como el de que un camión antimotines de la Policía Nacional protegiera a los elementos que desde una moto dispararon y asesinaron a nuestro compañero Hamet Consuegra Llorente, el pasado 25 de mayo; y que uno de los principales sospechosos del asesinato de Manuel Gustavo Chacón, (y) actualmente detenido, sea un funcionario de la Armada Nacional” (El Espectador, junio 10, 1988, 3-A). Dos años después el sindicato denunciaba que varios trabajadores petroleros de Casabe (Yondó), entonces bajo férreo control del Ejército, “recibieron mensajes del MAS donde (sic) les exige retirarse de sus sitios de trabajo inmediatamente, por considerarlos auxiliadores de grupos alzados en armas y responsables de las protestas que se realizan en las instalaciones de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) frecuentemente, entorpeciendo el procesamiento de petróleo y exaltando los ánimos de los demás trabajadores” (El Tiempo, julio 3, 1990). Antes de culminar el estudio de la violencia contra los sindicalistas en este subperiodo, que parece escalarse en contra de la lucha que libra la USO por la pervivencia de Ecopetrol, como empresa estatal petrolera, y por la solidaridad que presta a las luchas cívicas y campesinas de la región, conviene reflexionar sobre el papel que tuvo la “solidaridad” guerrillera en esas acciones y las consecuencias que acarreó tal acción. 160

Para algunos dirigentes petroleros la presencia guerrillera en las protestas no solo desvió el carácter pacífico que tenían sino que fue utilizada como disculpa por las Fuerzas Armadas y los paramilitares para descargar su odio contra un sindicato independiente como la USO. Según testimonio suministrado en 2004 por Gabriel Alviz, presidente de la USO, “No demoramos un año que eso era cada veinte días un muerto. Cada veinte días había un muerto y por eso es que de un predominio de la insurgencia del Magdalena Medio, sobre todo ahí en Barranca se pasa abruptamente a un predominio de la derecha radical con los paramilitares y autodefensas. Y yo no vacilo en señalar que hubo errores grandes de la insurgencia. Ya cuando uno pierde el concepto social, la formulación revolucionaria, el ideal político, cuando ya uno empieza (...) cuando una organización de estas empieza a vacilar al tendero común y corriente, a dañar la luz, a quitarle el agua a un sector de la población, uno va creando unas resistencias” (Entrevista a Alviz, 2004). Por su parte, Hernando Hernández, ex presidente de la USO para la época de nuestra entrevista (2004), se remonta al asesinato de Ricardo Lara Parada cometido por el ELN en noviembre de 1985: “Yo creo que lo de Ricardo Lara fue un error. Independientemente de lo que pudo haber pasado entre Ricardo Lara y el ELN, pero en mi opinión fue un error político. Creo que nunca se debió haber asesinado a Ricardo Lara (…) De alguna manera, eso afectó un poco la proyección de pronto (...) democrática en Barrancabermeja, para hacer otro tipo de política”. Hernández continúa expresando: “Yo creo que la insurgencia tuvo mucha responsabilidad en este apogeo de los grupos paramilitares. En Barrancabermeja, en el pasado reciente, la presencia de la insurgencia era notoria. Allá había presencia de las Farc, había presencia del ELN, había presencia del EPL, y creo que a partir del 97, más o menos, 96, en razón a los errores que comenzó a cometer la insurgencia con el pueblo de Barrancabermeja, en el sentido que se distanciaron mucho de los postulados políticos y de la defensa realmente de la población, el pueblo empezó a plantearse mucha resistencia con la insurgencia (…) Yo creo que la guerrilla (con) esos desmanes que hacían los milicianos, le abrieron (sic) la puerta al paramilitarismo” (Entrevista a Hernández, 2004). Volviendo al momento que nos ocupa, Hernández recuerda: “En la década de los 80, incluso llegando a los 90, en esas movilizaciones masivas que nosotros hacíamos de protestas por el derecho a la vida, en fin, por tantas situaciones,el movimiento insurgente hacía presencia en estas convocatorias, en estas movilizaciones masivas, con un error, en mi opinión, y era que en plena marcha se enfrentaban con el Ejército (…) Por supuesto, el Ejército respondía también con plomo y el que caía era el manifestante; esa parte pienso que le hizo mucho daño al movimiento de masas en Barrancabermeja, porque, claro, después de una marcha donde habían tiros de la guerrilla metida en la población ya con su camuflaje y toda ese tipo de cosas, y el Ejército respondía y los muertos eran de la población, la gente empezó a sentir el miedo lógico para salir a las calles (…) El movimiento insurgente se escudaba en la población para la confrontación con el Ejército. Entonces, yo creo que ese fenómeno también le hizo mucho daño al movimiento de masas en Barranca” (Entrevista aHernández, 2004). 161

A su vez, Renán Vega y sus colaboradores, en una historia de la USO publicada recientemente, mencionan la presencia guerrillera y su desviación militarista en las luchas sociales de Barrancabermeja, pero no le dan la importancia que nosotros atribuimos a esta situación, e insisten en que “la razón fundamental que explica la entrada de los paramilitares no era la existencia de un movimiento insurgente sino una estrategia integral que busca implantar el orden neoliberal en la zona” (Vega y otros, 2009, 378). Para estos investigadores lo que sucede, tanto en el Magdalena Medio como en la región de Tibú, “indica la relación que existe entre la apropiación de recursos estratégicos, los intereses capitalistas (locales y transnacionales) y la presencia de paramilitares” (Ibíd., 385). Por ello es necesario debilitar el sindicalismo, tanto por medios como la flexibilización laboral como por la violencia directa, “utilizando todas las formas de lucha” (Ibíd., 389). Los investigadores añaden que “la gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos de que son víctimas los sindicalistas se encuentra vinculada con „conflictos laborales‟”. Y concluyen que “existe una terrorífica coincidencia entre periodos de pliego de peticiones de los trabajadores y el aumento de amenazas, atentados, asesinatos y desterrados” (Ibíd., 390). Como se percibe por los testimonios citados y las respectivas reflexiones académicas, la violencia contra la USO y en general contra los sindicatos independientes entraña un fenómeno complejo en el cual intervienen muchos actores armados. Si bien hay una relación entre auges de la lucha social y laboral y el incremento de la violencia, como lo hemos constatado en este caso, también es cierto que la “solidaridad” guerrillera con esas luchas, así no fuera su propósito, termina siendo funcional al debilitamiento de la USO. Eso se verá más claramente en el subperiodo que sigue. 2º subperiodo En el segundo subperiodo –el de mayor número de registros de luchas de todos los años estudiados– se produjeron 74 protestas convocadas por la USO, de las cuales 62 fueron huelgas. En esas acciones, al lado de las típicas disputas laborales en torno a los pliegos de petición, el sindicato agitó la bandera de la defensa de Ecopetrol34 y exigió el respeto a los derechos humanos (Gráfico 6). En efecto, en estos once años se registran 96 actos de violencia contra sindicalistas, 57 de ellos en la modalidad de homicidio.

34

Así lo expresa el sindicato en un comunicado de comienzos de los años 90: “Dentro del marco patriótico que nos caracteriza y fortaleciendo el concepto de soberanía nacional, no estamos de acuerdo con la política aperturista del gobierno actual y el proceso privatizador de las empresas estatales” (citado en Amanda Romero, 1994, 173).

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Gráfico 6 Motivos de lucha de la USO, 1991-2001

Solidaridad; 2 Políticas; 15

Otros; 1 Pliegos no dirimidos; 7

Derechos; 41 Incumplimiento pactos; 8

Como era tradición en la USO y en el Magdalena Medio, los eventos políticos nacionales tenían repercusión en la vida regional. Así, en marzo y abril de 1990 estallaron sendos paros en repudio de los asesinatos sucesivos de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, candidatos presidenciales de la UP y del M-19, respectivamente. Una tercera cesación, ocurrida en septiembre de ese año, fue provocada por el asesinato de un trabajador petrolero, las amenazas de muerte contra otros dirigentes sindicales y la inseguridad política reinante. Y en enero de 1991 estalla una huelga que podría catalogarse como emblemática, porque ofrece, en tamaño ampliado, los rasgos que predominaron en las relaciones obreropatronales hasta la reestructuración de la empresa, hecha a mediados de 2003, y además porque es un nuevo ejemplo de cómo la violencia se presentaba en momentos de negociación laboral. Por eso vamos a considerarla con algún detalle. El conflicto se inició en enero de 1991, por pliego no dirimido, y estalló en medio de protestas por el proyectado cierre de la planta de Alkanos y la probable erección de una nueva refinería fuera de Barrancabermeja. La negociación de un petitorio, que beneficiaba a 5.500 trabajadores sindicalizados sobre un total de alrededor de 11.500, se había iniciado el 8 de enero. Pero unos súbitos hechos de violencia entorpecieron los acercamientos. En efecto, el primer día del año fue muerto Luis Eduardo Galindo, ex vicepresidente de la USO. El 9 de febrero de 1991 se presentó un paro de protesta por el asesinato de Alirio Bermúdez, dirigente petrolero, militante de la UP y presidente del concejo de Yondó, y de dos trabajadores más de esa población. En esa ocasión los huelguistas procedieron a apagar algunas calderas de la refinería. La guerrilla atacó el oleoducto y en Barrancabermeja apareció de nuevo el MAS, que se mostraba públicamente por el Magdalena Medio y el sur del Cesar. 163

El 15 de febrero el pliego entra en la prórroga legal de diez días contemplada para la negociación laboral, pero tres días después la empresa se retira de las conversaciones ante la toma por los sindicalistas de las dependencias donde se realizaban los diálogos. Por presión empresarial, el 28 de febrero el gobierno convoca el tribunal de arbitramento y el 3 de marzo una asamblea obrera aprueba la huelga. La negociación se reanuda pero el 6 de marzo se produce una nueva ruptura, ocasionada por los mítines de los trabajadores, enderezados a presionar la solución del pliego y que incluyeron una ruidosa marcha por las calles barranqueñas. Los contactos se reanudan el 11 de marzo y el 13 la parte sindical rompe las negociaciones, rechaza el arbitramento y reanuda los mítines. Finalmente, el 15 de marzo la USO acepta la mediación del Ministerio de Trabajo y permite que tres días después se reanuden las negociaciones, que versaban principalmente sobre salarios, escalafón y política petrolera. El 20 de marzo las dos partes se levantan de la mesa de negociaciones, la obrera por el asesinato, cometido el día anterior, de José Humberto Hernández, padre del dirigente de la USO Hernando Hernández, y la empresarial en protesta por paros escalonados del trabajo realizados en tres fechas diferentes. Pero la ultimación de José Humberto Hernández, jubilado de Ecopetrol, antiguo dirigente de la USO y quien había recibido amenazas desde tiempo antes, no fue el único crimen ocurrido en medio de una negociación sindical. Ya señalamos los primeros casos, en enero y febrero anteriores. El 8 de marzo dos trabajadores de la petrolera afiliados al sindicato caen muertos al explotar una granada de fragmentación que desconocidos lanzaron contra un establecimiento público de Barrancabermeja. Once personas más resultaron heridas, entre ellas tres empleados de Ecopetrol afiliados a la USO. El sindicato condenó el hecho, que entorpecía la discusión del pliego y afectaba a la población en general.35 Por esa época la insurgencia vuelve a atacar el oleoducto, coloca un petardo en la residencia del supervisor del distrito petrolero de El Centro y asesina al jefe de personal del Proyecto Carare-Opón (Vanguardia Liberal, marzo 20, 1991, 8-A). Volvamos al conflicto laboral en Ecopetrol. Los paros, de cuatro horas diarias, comenzaron el 19 de marzo y terminaron el 3 de abril. La USO los llamó “operación reglamento”. Fueron declarados ilegales el 19 de abril y el Ministerio de Trabajo autorizó proceder a las sanciones del caso. 250 trabajadores –incluido el presidente del sindicato– fueron suspendidos de sus puestos y se les instauró denuncia penal por sabotajes, que siguieron adelante después de concertado el acuerdo. Por esos días la Cgsb había anunciado su solidaridad con el conflicto obrero. La prensa informó de atentados, bloqueo de vías y operaciones con carrotanques, mítines de bloqueo y daños intencionales a las plantas, como el que dejó fuera de servicio una 35

En esos días se presentó otro suceso violento, no ligado directamente con la negociación pero indicativo de la modalidad del ataque asestado a los trabajadores y hoy conocido como “falso positivo”. El 11 de marzo fueron encontrados en el área rural de Barrancabermeja cuatro cadáveres de obreros vinculados temporalmente a Ecopetrol; los cuerpos estaban vestidos con prendas militares y tenían huellas de tortura y varios impactos de bala. El Ejército los había presentado como guerrilleros del ELN dados de baja en combate, cosa que fue desmentida por sus familiares y compañeros de trabajo.

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caldera de la refinería de Cartagena. Durante tales paros aparece la primera noticia pública de la determinación gubernamental de reestructurar a Ecopetrol dividiéndola en dos empresas (Colombia Hoy Informa, No. 131, Bogotá, febrero de 1995). El 21 de marzo, de todas maneras, se reabre el diálogo, pero solo para que el 3 de abril se rompa de nuevo y se inicie un “plan tortuga”, de trabajo a desgano. El 9 de abril se intentó conformar el tribunal de arbitramento. En la misma fecha el sindicato había ordenado la realización de un paro cívico en Barrancabermeja, que a la postre se convirtió solo en jornada por el derecho a la vida. Las cosas no pintaban prometedoras para la organización obrera y el día 12 de abril se precipitó el acuerdo final, que incluyó un aumento de salarios de 27,5% para 1991 y del equivalente al índice del IPC para 1992, la suspensión de despidos por los paros escalonados y una declaración pública de Ecopetrol sobre su política petrolera, muy importante (Voz, 18 de abril de 1991, 7-8). Siguió adelante, sin embargo, con anuencia sindical, la investigación penal por los sabotajes a las plantas que la empresa alegaba haberse cometido durante el conflicto. La escalada violenta que venía acompañando los conflictos laborales de la región continuó. El 8 de abril de 1991 se produjo un atentado paramilitar a la vivienda de Olgher Santodomingo, fiscal de la USO, quien desde entonces debió abandonar la ciudad para proteger su vida. Los trabajadores cesaron labores y la Cgsb ofreció públicamente apoyo militar en caso de que se produjera una huelga indefinida. La USO, en comunicado que condenaba el terrorismo, pidió a la guerrilla cesar los atentados. “No necesitamos de ese apoyo y rechazamos toda actividad de tipo terrorista”, dijo César Carrillo, presidente del sindicato (El Espectador, abril 9, 1991, 9-A). A ese respecto, meses antes Alberto Merlano, alto funcionario de Ecopetrol, afirmó: “Aunque la guerrilla ha brindado apoyo al pliego de peticiones, según Ecopetrol esto no es representativo y la destrucción de oleoductos e instalaciones no puede ligarse a un apoyo activo a la USO en la negociación” (El Espectador, febrero 13, 1991, 8-A). Los sabotajes, sin embargo, no se detuvieron,36 al igual que los ataques a sindicalistas y dirigentes populares de Barrancabermeja. El 11 de octubre un grupo de paramilitares eliminó a dos trabajadores petroleros y a un profesor de danzas en frente del albergue de campesinos damnificados por la violencia en marcha en el Magdalena Medio. La USO denunció el triple homicidio y solicitó una vez más a las autoridades tomar medidas para frenar esos hechos.37

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Según el periódico La República, en los nueve años transcurridos entre 1986 y 1994 las pérdidas de la empresa por ataques de la insurgencia a sus instalaciones sumaron 1,2 millones de barriles, con costos totales de valor del producto, descontaminación y reparación que subieron a $29.000 millones. El crudo dejado de extraer en ese lapso equivalió a $591.000 millones y las regalías no generadas se estimaron en $64.000 millones (La República, enero 24, 1995, 3-A). Como nos decía un ex dirigente petrolero, “La situación con guerrillas y paras era incontrolable: todos se conocen, son de la región y tienen información que permite hacer saboteos” (Entrevista a Pedro Chaparro, julio de 2003). 37 De acuerdo con la información de nuestra base de datos sobre violencia, al día siguiente de esa denuncia se recibió una llamada en el mencionado albergue de un desconocido, quien dijo: “Se

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El nuevo año de 1992 se abre con la aparición violenta de la Red de Inteligencia 07 de la Armada Nacional a la que se atribuye el asesinato de seis personas en el noreste de Barranca, una de ellas dirigente de la USO. Ese hecho provoca el 26 de enero una marcha por la vida y la paz, organizada por la USO y a la cual asisten funcionarios públicos, el consejero de paz y varios dirigentes políticos encabezados por Horacio Serpa Uribe (Vanguardia Liberal, enero 27, 1992, 6B). Según algunos analistas la tal Red de Inteligencia actuó criminalmente entre 1991 y 1993 y ocasionó la muerte de cerca de cien personas en Barrancabermeja (Vega y otros., 2009, 395). Según uno de los sicarios de la Red, Carlos Alberto Vergara, citado por Vega y otros, “cada asesinato oscilaba entre cien o doscientos mil pesos de acuerdo a la víctima, cada miembro de la USO era pagado con doscientos mil pesos” (Ibíd., 397). Como si fuera poco, por esos años también aparece un grupo paramilitar autodenominado “Comando Ariel Otero”. En un comunicado sin fecha pero probablemente elaborado en 1992 y que fuera reproducido por Amanda Romero, se afirma que la Coordinadora Popular de Barrancabermeja es la “representación sindical” de la Coordinadora Guerrillera, que disfraza sus actividades como “presuntas reivindicaciones laborales” (en Romero, 1994, 175). El panfleto concluye señalando que “el comando urbano Ariel Otero se hace presente haciendo la advertencia de que por cada acción terrorista de la guerrilla pondremos (sic) tres muertos de la USO y de la Coordinadora Popular” (Ibíd., 176). Y pronto cumple la amenaza. El 3 de marzo dicho comando asesina a dos trabajadores, uno de ellos afiliado a la USO. Ese mismo año caen nueve sindicalistas más a manos de los paramilitares. Y la lista se engrosará a lo largo de esos años, con cuatro adicionales en 1993 y dos en 1995. 38 Uno de ellos, Gabriel Pineda, era dirigente de la USO y se encontraba negociando un pliego de peticiones, por lo cual su muerte enturbió el desarrollo de las conversaciones. La USO decretó un nuevo paro de protesta por la violencia de que era objeto, que fue acompañado por una huelga de hambre de once trabajadores. El 10 de octubre de 1996 Rafael Reyes González, secretario de la subdirectiva de la USO en el distrito de El Centro, fue ultimado por paramilitares en el restaurante de su propiedad. Lo notorio, además de la persona, es que el crimen ocurrió horas después de realizada una marcha de protesta organizada por el sindicato y en la cual había participado activamente Reyes. Minutos después del crimen, en la sede de la USO se recibieron llamadas amenazantes contra otros sindicalistas. Reyes hacía parte de una lista de 20 miembros del sindicato amenazados.

salvaron, gran hijueputas (sic), pero no guarden esperanzas”. 38 Amanda Romero reproduce también un documento de la USO titulado “Situación en Barrancabermeja”, sin fecha pero posiblemente elaborado en el mismo año. Allí se dice que la situación de violencia en el Magdalena Medio y en Barranca se ha agudizado por el paso del asesinato selectivo a la masacre y la presencia del Comando Ariel Otero. Reconoce que la USO hace parte de la Coordinadora Popular, “lo que nos ha costado el exilio de cuatro dirigentes de la USO y constantes amenazas telefónicas contra nuestras vidas” (citado en Ibíd., 171).

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La violencia contra la USO adquirió otras facetas en esos años. Permanentemente se orquestó una campaña de desprestigio contra esa organización por parte de destacados militares y políticos nacionales, que la acusaban de mantener vínculos con la insurgencia. Amanda Romero cita una declaración del general Harold Bedoya aparecida en El Espectador el 3 de febrero de 1995, en la cual “manifiesta que la subversión está en la USO y el señor Ministro de Defensa, al entregársele una comunicación de la USO, pidiéndole una explicación sobre el hecho, nos contesta que esa explicación la deben dar los guerrilleros que están dentro del sindicato” (Romero, 1994, 171-2). Semejantes rumores se difunden para detener y judicializar a dirigentes de la Unión Sindical en una época en que funcionaba la “justicia sin rostro”. Los sabotajes de la guerrilla son la disculpa esgrimida para hacer efectivas las acusaciones. De esa manera, en abril de 1993 es detenido Pedro José Chaparro, pocos días después de sucedidos nuevos atentados del ELN a las instalaciones de Ecopetrol situadas en el corregimiento de El Centro. Al año siguiente son detenidos otros líderes, lo que provoca nuevas protestas de la USO. Chaparro dice que él tenía un enfrentamiento con el general Harold Bedoya, quien manejaba la Brigada Militar de Santander. Bedoya lo acusaba de guerrillero y él respondía tachándolo de paramilitar.39 Según el mismo Chaparro, después de su detención el oficial siguió intrigando contra él, presentando falsos testigos y presionando para que no se le diera la libertad. Fue una persecución a cuentagotas contra el sindicato. “A uno no lo matan pero la cárcel tiene sus costes políticos. Cuando el dirigente sale de la cárcel, gracias al escándalo de la prensa, mucha gente lo identifica con la insurgencia. Y marginaliza no solo al dirigente sino a toda la organización a la que pertenece” (Entrevista a Chaparro, en Carrillo y Kucharz, 2006, 294). El dirigente petrolero fue condenado a siete años de prisión y el proceso en su contra solo termina cuando cae la “justicia sin rostro”. El 5 de diciembre de 1996 César Carrillo, otro dirigente nacional de la USO, fue detenido en Bogotá. Anteriormente habían sido capturados doce sindicalistas en Tibú y otro en Neiva, todos acusados de “vínculos con la guerrilla y de estar involucrados en atentados a la infraestructura petrolera” (Entrevista a Carrillo, en Carrillo y Kucharz, 2006, 307). Se les acusó de tres delitos graves: “terrorismo, asociación para delinquir y rebelión” (Ibíd., 308). Podían ser cuarenta o cincuenta años de cárcel. Según el mismo Carrillo, fue un proceso muy político y se violó todo proceso debido. Su abogado defensor, Eduardo Umaña Mendoza, comenzó a recibir amenazas. Umaña logró mostrar la clonación de testigos y ahí el proceso 39

Chaparro cuenta una diciente anécdota sobre este enfrentamiento. En un foro sobre el petróleo, Bedoya manifestó que “el problema del Magdalena Medio eran las organizaciones sindicales y en defensa de los derechos humanos que estaban siendo caja de resonancia de la guerrilla”. Agrega que luego, en el almuerzo, Bedoya le dijo: “No en vano un frente guerrillero del ELN se llamaba Manuel Gustavo Chacón” (Ibíd.). Chaparro le replicó que la USO no tenía que ver con eso y más bien le reprochó que hubiera condecorado póstumamente a un oficial implicado con el paramilitarismo, y que luego una compañía contraguerrillera (grupo paramilitar) tuviera el nombre del militar Rogelio Correa Campos (Entrevista a Chaparro, en Carrillo y Kucharz, 2006, 293).

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comenzó a naufragar. Como se sabe, Umaña Mendoza fue ultimado en su residencia bogotana el 18 de abril de 1998. Los paramilitares asesinaron igualmente a otro abogado defensor de los detenidos de la USO, Javier Alberto Barriga, y dos más tuvieron que abandonar el país.40 Por su parte, Hernando Hernández, en entrevista que nos concedió en 2004, hizo la siguiente reflexión sobre las detenciones de dirigentes de la USO –de las que él mismo sería víctima en 2003–, como una forma de criminalizar la organización: “La situación de amenazas de los dirigentes sociales ha sido evidente; en el caso de la USO en particular, a partir de la muerte de Gustavo Chacón y hasta nuestros días nos han matado más de cien compañeros sindicalistas, han desaparecido también dos compañeros de la USO, la política de la criminalización de la protesta social, que son las detenciones, también se empezó a presentar desde 1993. Es decir, la represión en la USO ha sido muy fuerte en esa década, lo que ha hecho que nosotros estratégicamente hayamos decidido en algunos casos sacar al dirigente de manera definitiva; en otros casos, por ejemplo, como el mío, yo salía, entraba, salía y entraba otra vez” (Entrevista a Hernández, 2004). Para Vega y su equipo investigador, la “justicia sin rostro” tenía como intención “perseguir, criminalizar y sentenciar a los movimientos sociales y a sus líderes, así como a los miembros de partidos políticos de oposición” (Vega y otros, 2009, 400). Como bien lo describió el jurista Umaña Mendoza, defensor, entre otros, de los detenidos de la USO, todo el proceso contra ellos era “una telaraña jurídica y una tenaza política”, en la cual hubo testigos inducidos por los organismos de seguridad, otros clonados y ninguna prueba, además de que los jueces obedecían a los dictados del gobierno, para no hablar de las amenazas y la eliminación física de los abogados que los defendían (Ibíd., 401). Por esos años la violencia contra los trabajadores petroleros no solo se diversifica sino que se desplaza a otras regiones, en donde la USO va a extender su presencia al convertirse en sindicato de industria, en 1996. A este respecto son dicientes los gráficos de cobertura espacial de la USO, tanto en términos de luchas como de violaciones de derechos humanos (Gráficos 7 y 8), que muestran a Santander como el más activo en acciones sindicales y el mayor escenario de la violencia contra los sindicalistas del petróleo. Llama la atención la relativa mayor victimización encontrada en Norte de Santander y Arauca, frente a un número proporcionalmente menor de luchas. Seguramente obraron allí elementos de la disputa regional por la construcción de poderes, cuya dinámica escapa a esta investigación.

40

En total, para 1999 había 24 trabajadores acusados de terrorismo (Ibíd.).

168

Gráfico 7 Luchas de la USO, por departamentos, 1984-2009

Meta Casanare Arauca Putumayo Huila Norte de Santander Bogotá Antioquia Bolívar Nacional Santander 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Gráfico 8 Violaciones de derechos humanos y asesinatos contra la USO por departamentos 1984-2009

Cundinamarca La Guajira Putumayo Casanare Valle Atlántico Antioquia Arauca Bolívar Bogotá Norte de Santander Santander 0

Asesinatos

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Violaciones de derechos humanos contra la USO

En este punto conviene recordar brevemente el estado de la explotación petrolera en Colombia y el hallazgo de importantes yacimientos, primero en Arauca y luego en Casanare. De acuerdo con la investigadora inglesa Jenny Pearce, en los años 70 y 80 169

Colombia era importadora de petróleo, hasta que, en 1986, se descubrió el pozo de Caño Limón, en Arauca. Desde el gobierno de César Gaviria hubo cambios en los contratos de asociación, desfavorables a la Nación, según el pensamiento nacionalista de la izquierda. También surgen otros sectores críticos de esa política, como los ambientalistas y los indígenas, especialmente los U‟was, por afectar sus territorios. El ELN fue uno de los actores político-militares que más defendió dicho pensamiento nacionalista, pero la eventual simpatía por ese planteamiento disminuyó con la tragedia de Machuca, ocasionada por el ELN en 1998 (Pearce, 2005, 26). A juicio de la autora, Colombia no es un actor de primer orden en el mercado petrolero internacional: “La producción aumentó de 430 mil barriles por día en 1991 a un máximo de 838 mil por día en 1999 y declinó a 627 mil en 2001, lo cual representó un 0,9% de la producción mundial” (Ibíd., 28-29). Para comienzos del siglo XXI la exploración y la exportación petroleras estaban en declinación, aunque el país aportaba a Estados Unidos el 2% de sus importaciones. En el plano interno, hacia 1999 el petróleo contribuía con el 3% del PIB –el 25% de los ingresos del gobierno– y representaba el 32% de las exportaciones (Ibíd., 29-30). En ese contexto, se entiende que el país busque ampliar la exploración y la explotación del crudo. En 1984 la empresa alemana Mannesmann fue contratada para construir un oleoducto entre Caño Limón (Arauca) y Coveñas (Sucre). Sin embargo, una vez iniciada la obra, fue atacada por el ELN y, aunque la empresa lo negó, parece que le entregó dinero a esa guerrilla. Tiempo después la Occidental Petroleum Company –mejor conocida como la Oxy– reanuda la explotación en Arauca y continúa con la práctica de pagar la extorsión exigida por el ELN, con el apoyo de la cual el grupo incrementó sus acciones en ese territorio. En 1989 dicha guerrilla prometió parar los ataques si se convocaba un foro energético. Pero, a juicio de Pearce, “ya estaba sentado el precedente. El petróleo era una fuente de ingresos potencialmente muy lucrativa para la lucha armada, al mismo tiempo que el asunto nacionalista brindaba un discurso de legitimación para esta forma de extorsión” (Ibíd., 19). Con todo, la autora insiste en algo importante para nuestra investigación: afirma que la USO ha rechazado crecientemente la voladura de oleoductos (Ibíd.). Antes había señalado que el sindicato “ha representado una fuerza laboral militante y políticamente activa” en la defensa de sus derechos laborales y por una política energética (Ibíd., 18). En cuanto a Casanare, en 1991 se descubre el yacimiento de Cusiana y en 1994 el de Cupiagua, dos de los más grandes yacimientos petrolíferos de América Latina (Pedraza, 2007). El contrato de asociación se firma en esta parte con la Bristish Petroleum (BP), que trata de evitar los problemas observados en Arauca. Por ello, al principio, se margina de la vida regional, pero posteriormente modifica esa actitud para “mirar más allá de la malla perimetral” e involucrarse en el desarrollo regional (Pearce, 2005, 9), algo que después discutiremos, pues esa no parece ser una política tan altruista como la autora sugiere. 170

Mientras tanto, la guerra por el petróleo se libra con virulencia por esos años. Con base en información suministrada por la Oxy en 1997, los ataques que la guerrilla había descargado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en el curso de los nueve años corridos entre 1988 y 1996 sumaban 404.41 Por la misma fecha, cuando acababa de ocurrir el segundo ataque guerrillero al ferrocarril del Cerrejón, aparecieron en los periódicos numerosos artículos y crónicas que denunciaban la falta de seguridad para las empresas extranjeras, sometidas a la acción violenta de las guerrillas. Uno de ellos rezaba: “Después de 15 días de parálisis total, ayer se reanudaron parcialmente los trabajos en la central de operaciones Cupiagua, en Aguazul, Casanare, donde los trabajadores no asistían a sus labores debido a las amenazas hechas por el ELN (...) Las amenazas de la guerrilla generaron un caos total tanto en Aguazul como en Yopal, pues todas las compañías contratistas de la BP tuvieron que liquidar a su personal –unas 1.200 personas– (...) Por su parte, monseñor Flavio López, obispo de Casanare, hizo un llamado a los grupos guerrilleros y a las autodefensas para que permitan el ingreso de los trabajadores a la zona petrolera donde se desarrolla el montaje de la infraestructura para la explotación del crudo del campo de Cupiagua. „No se puede permitir que se viole el derecho al trabajo por parte de las organizaciones violentas, pues este está contemplado en la Convención de Viena sobre los Derechos Humanos‟, dijo monseñor López” (El Tiempo, junio 13, 1997, 6B). A su vez, en las empresas afectadas por el conflicto había otra faz de la situación. “Human Rights Watch –decía una crónica de prensa– denunció que el 12 de septiembre de 1996 Shell y sus socios formalizaron un acuerdo de asistencia con los militares colombianos, comparable con el que tiene la British Petroleum en el Departamento de Casanare. Precisaron que dicho acuerdo prevé varias formas de ayuda al Ejército colombiano, como es el desembolso en un año de unos dos millones de dólares con destino a las tropas de la Brigada XVIII que opera en el recinto de los campos de producción de Caño Limón” (El Tiempo, junio 18, 1997, 1B). Todo ello, afirmaba, “en una zona donde son denunciadas numerosas violaciones” de los derechos humanos. Además, Ecopetrol es socio mayoritario en casi todos los campos, “conoce dichos acuerdos y es la que más paga” (Ibíd.). Un vocero de la Oxy añadía: “En lo transcurrido del año hemos sufrido 34 atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas. El último atentado nos obligó a cerrar la producción el pasado 15 de junio”. La crónica terminaba apuntando que, “Según los datos de la multinacional, el promedio de atentados de la guerrilla al oleoducto durante los últimos tres años ha sido de 45 por año” (El Tiempo, junio 18, 1997, 1B). Aunque las empresas multinacionales instaladas en esas regiones se quejaban del poco apoyo estatal, las Fuerzas Armadas, desde los 90, estaban vigilando sus instalaciones con el aporte de un “impuesto petrolero”, como ya se anotó atrás. En Casanare la BP, de acuerdo con cálculos de Pearce, pagó a las Fuerzas Armadas 54 millones de dólares en tres años (Pearce, 2005, 49). También desde esa 41

Se distribuían así: 54 en 1988, 32 en 1989, 23 en 1990, 60 en 1991, 63 en 1992, 38 en 1993, 43 en 1994, 46 en 1995 y 45 en 1996 (El Tiempo, abril 21, 1997, 1B).

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década los grupos paramilitares se financian directa e indirectamente con el petróleo, y no por azar su ubicación territorial está en torno a los pozos petroleros.42 Ahora bien, volviendo al caso de Casanare, el paso que da la BP de “mirar más allá de la malla perimetral” es visto como crítico por Oscar Pedraza en su tesis de grado como antropólogo (2007). Según Pedraza, los hallazgos de crudo provocan expectativa por mayores recursos, no solo en la zona sino en el país entero. Sin duda la presencia de la BP en Casanare alteró la vida de los habitantes de la región, tanto desde el punto de vista del hábitat y el medio ambiente como de las relaciones sociales y la cultura. La BP se apoyó en el mundo rural existente y trató de impedir el establecimiento de nuevas relaciones laborales, pues a los campesinos que contrataba temporalmente les impedía la formación de sindicatos y la negociación colectiva. Para tal fin ofreció recursos a las comunidades e impulsó “planes locales de desarrollo”. Pero también a través del apoyo a la presencia militar. En esa época, por ejemplo, se produjeron las detenciones de los hermanos Humberto y Hernando Cáceres y, según testimonio recogido por el autor, “el plan era descabezar el movimiento” (Pedraza, 2007, 90). Pero la violencia fue impulsada sobre todo por los paramilitares, desde principios de los años 90.43 La introducción de agentes privados de seguridad desde Inglaterra despertó más suspicacia en la zona y hasta hubo una denuncia de la BBC sobre la relación entre los mercenarios extranjeros contratados por la BP y los paramilitares de Casanare (Ibíd., 111). La BP buscó crear consensos regionales, aunque también ejerció coerción. La multinacional pretendía “modernizar” a la fuerza a las comunidades campesinas, sin involucrarlas en las relaciones laborales. Los campesinos trabajadores, con una visión más integral y autosostenida, se resistían, pero con grandes costos humanos, como hemos visto. Solo hasta hace poco, según Pedraza, la USO pudo entrar en la zona a organizar a los “campesinos-trabajadores”. En todo caso, parece que con la intención de distanciarse del conflicto armado, la BP propicia una serie de acciones sobre la población civil que buscan estimular el desarrollo regional, pero que también tienden a inhibir la capacidad organizativa de los pobladores de la región, incluido, hasta tiempos recientes, el sindicalismo. Todo ello era regresar a relaciones laborales primitivas, propias de los enclaves extractivos, pero aplicando una dosis de paternalismo moderno. En ese contexto 42

La autora incluye la Tabla 1, que resume las modalidades de financiación de la guerra por el petróleo (Ibíd., 34-35). Según ella, el oleoducto de Coveñas fue volado 460 veces hasta 1996, cuando la Oxy dejó de pagar la extorsión a la guerrilla, y entre 1986 y 2001 el oleoducto fue atacado 911 veces. Agrega que en 1996 fueron secuestrados 24 trabajadores petroleros (Ibíd., 36). 43 Estos fueron responsables del asesinato, cometido a mediados de los años 90, del dirigente campesino de la Anuc Unidad y Reconstrucción (UR), Carlos Arregui, quien buscó la organización de los que trabajaban allí (Ibíd., 134-137). Por esa época matan asimismo a otro dirigente campesino, Edgar Ortiz (Ibíd., 79). Otro testimonio, recogido por Pedraza, afirma que los paras entraron desde 1992: “Cuando se cortaba la luz todo el mundo se metía a sus casas y luego aparecían 4 o 5 muertos tirados en cualquier caño” (Ibíd., 111).

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se filtraba la acción guerrillera, con la disculpa de defender el patrimonio energético nacional y proteger a los trabajadores, mientras simultáneamente ocurría la acción represiva de las Fuerzas Armadas y la orgía de violencia causada por los paramilitares en defensa de las compañías multinacionales. En esta arremetida los asalariados –colonos contratados temporalmente– resultan ser las principales víctimas, con lo cual se impide la implantación de relaciones laborales modernas y de la organización sindical. Los casos de la BP y su antecesora la Oxy no parecen ser únicos en el panorama petrolero colombiano. En 2000 llega a Arauca el bloque Vencedores, de las AUC. Según testimonios recogidos por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (Omal), de España, en 2006, “hasta que tuvo lugar la represión estatal, el movimiento social en Arauca era muy numeroso y fuerte. Básicamente, contaba con el apoyo de todos los sectores, y es que, como dice uno de sus voceros, „en una semana podíamos reunir 25.000 personas para una reunión, existía una importante voluntad de trabajo por la comunidad‟” (Omal, 2006, 51). De acuerdo con el mismo relato, “uno de los más grandes logros era el Plan Estratégico, que era un acuerdo de todas las organizaciones sociales sobre un proyecto de sociedad distinta; este trabajo era el fruto de una discusión de casi tres décadas que, hasta el momento de la arremetida de Uribe, era nuestra hoja de ruta” (Ibíd.). Actualmente, según la misma fuente, todos los dirigentes sociales de relevancia que había antes de la represión gubernamental se encuentran encarcelados o refugiados, o han sido asesinados. El balance de los daños causados por las organizaciones paramilitares en Arauca es desalentador, como lo plantea uno de los dirigentes sociales de la región citado por los investigadores de Omal: “aquí no podía haber paramilitarismo porque aquí no hay terratenientes que los financien, lo único que los podía financiar era la empresa privada y las únicas que podían hacer eso eran las petroleras como Oxy y sus contratistas. Estas empresas fueron las que empezaron a traer el paramilitarismo a Arauca. Nosotros cometimos un error grave: subestimamos al paramilitarismo y creímos que no iban a llegar a nuestra región. Creímos que éramos tan fuertes, que ellos no iban a entrar. No fuimos capaces de ver la coyuntura y de entender lo que significaba el contubernio del gobierno con el paramilitarismo. No contábamos con el apoyo tan descarado de las fuerzas militares a las acciones paramilitares” (citado en Omal, 2006, 56). A juicio de estos investigadores españoles, la Brigada XVIII recibió financiación de Estados Unidos, por la vía del Plan Colombia y de otras modalidades de apoyo financiero y militar.44

44

Según ellos, “Se destinaron 90 millones de dólares al llamado Plan Escudo, así como asesoría directa de un comando de élite del ejército estadounidense, en lo que empezó con un número de 68 instructores de contraterrorismo y contraguerrilla y luego se fue incrementando hasta llegar, en 2005, a 800 instructores que operan en todo el país. Parece no importar que empleados de la corporación de seguridad norteamericana Air Scan –algunos retirados del ejército de los Estados Unidos– ordenaran a pilotos de la Fuerza Aérea de Colombia bombardear la población de Santo Domingo en 1998, porque al día de hoy las unidades militares norteamericanas aún continúan en la

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Tanto la presencia paramilitar como la represión militar en manos de la Brigada XVIII hacen que los investigadores de Omal concluyan: “dado que esta situación antecede al incremento de las actividades de exploración petrolera en la región durante 2005 y 2006, es lógico pensar en que existen relaciones entre el ejercicio de la violencia y los intereses creados en torno al control del petróleo” (Omal, 2006, 51). Mientras esto ocurría en las nuevas áreas de exploración y explotación petrolera, a las que habría que incluir las de Putumayo y la zona del Catatumbo, en Norte de Santander, la situación en Barrancabermeja no era la mejor. En efecto, entre 1998 y 2000 se produjo allí el cruento ingreso de los paramilitares, que cerraron así el cerco que habían establecido desde el sur y el norte del Magdalena Medio.45 El primer paso de este sangriento plan fue la ejecución de la masacre del 18 de mayo de 1998, perpetrada por grupos paramilitares de Santander y el sur del Cesar comandados por Camilo Morantes. Como respuesta, la USO llamó a un paro laboral que fue secundado por la población barranqueña. Dos meses después, el 14 de julio, Alexánder Cardona Padilla, directivo de la USO en Sabana de Torres, fue secuestrado por el mismo grupo. En esta ocasión el sindicato se vio obligado a levantar el consiguiente paro de protesta, pues habían arreciado las amenazas a sus directivos, entre ellos su presidente Hernando Hernández. 46 La penetración paramilitar en el Magdalena Medio continuó sin tregua a fines del siglo pasado y comienzos del presente. En referencia al año 2001, Vanguardia Liberal denunciaba: “En el último año las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) acabaron con más de cinco organizaciones sindicales y de defensa de derechos civiles, que agrupaban a 20.000 trabajadores en Barrancabermeja. Así lo denunció ayer el defensor de derechos humanos Francisco Campos (...) En la última década, a 271 miembros de la Unión Sindical Obrera les tocó salir de la ciudad, y sindicatos como Sintradit, el Seguro Social y Unimotor quedaron en la práctica desmantelados. Y fueron obligados a cerrar las puertas de sus sedes organizaciones como la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asfades) y la entidad Mujer, Familia y Comunidad (...) en el presente año doce directivos del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (…) están en el exilio” (Vanguardia Liberal, septiembre 28, 2001, 1-A). Como hemos visto, la incursión de los grupos armados insurgentes en las zonas productivas del territorio nacional, y tras ella los destacamentos paramilitares, trastornaron por completo las relaciones laborales en Ecopetrol y afectaron profundamente la interacción del sindicato con la población. De hecho, por esos años la Coordinadora Popular de Barrancabermeja entra en inactividad. El conflicto región, fortaleciendo su presencia en Saravena con la donación de varios helicópteros de guerra para el Batallón Reveíz Pizarro y continuando con la recepción de fondos provenientes del Plan Colombia” (Omal, 2006, 52). 45 Tema que hemos trabajado antes (Archila y otros, 2006) y que aquí referiremos brevemente. 46 No sobra recordar que por esa época Hernández y el entonces presidente de la CUT, Luis Eduardo Garzón, buscaron interlocución directa con Carlos Castaño para frenar estas amenazas y se entrevistaron con él. Castaño se comprometió a respetar el DIH, pero la violencia no cesó.

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armado, que en el conjunto del país contribuyó a paralizar el desarrollo del movimiento sindical, en el caso del petróleo –donde todos los grupos armados, encontraron una veta de recursos aparentemente inagotable– descargó los peores efectos políticos. La solidaridad política de otros tiempos con la población menuda se fue perdiendo. Personas desprevenidas e investigadores sociales encuentran hoy una situación muy distinta de aquella que prevalecía en los años dorados de la batalla por la nacionalización del petróleo y del encuentro social con la comunidad. La interpretación crítica que hace sobre la USO un reciente libro afirma: “No estamos diciendo que los vínculos con la población se hayan roto solo por la violencia y los asesinatos, sino que las acciones criminales acentuaron un proceso de separación entre los trabajadores de la USO el resto de la población que ya estaba en camino (…) el apoyo a la USO en los barrios había disminuido ya a mediados de la década de 1990 e importantes sectores del comercio fueron reclutados por los paramilitares” (Vega y otros, 2009, 410). Y continúan los analistas: “Ante la generalización de ataques contra miembros de la USO, el sindicato debió encerrarse y resguardarse, con lo cual aumentó su distanciamiento de la población pobre del municipio de Barrancabermeja, pero igual cosa ha sucedido en todos los lugares donde tiene sedes la USO. Los dirigentes sindicales deben movilizarse en vehículos polarizados y rodearse de escoltas, con lo cual se rompen los posibles nexos con la población, ya que resulta muy complicado acercarse y hablar con alguien que debe tomar muchas medidas de seguridad. Eso mismo se fue convirtiendo en caldo de cultivo para el burocratismo, generando ciertos privilegios materiales de los que no disfrutan todos los trabajadores petroleros, como son los de acceder a un esquema de seguridad con escoltas y carro blindado” (Ibíd, 411). Los afectados tienen, sin embargo, una visión diferente de su papel en esos años. Según el testimonio que nos brindó Hernando Hernández, “en este tema del papel del dirigente de la USO hacia la población, éste sí está jugando un papel de resistencia en la dirección del tema del paramilitarismo en Barrancabermeja, por el control que hoy se ejerce por parte de este sector armado, (pues) dirigente que se atreva a llegar a una reunión comunal o lo que sea, es un dirigente que lo pueden matar” (Entrevista a Hernández, 2004). Otro factor importante intervino en el debilitamiento del sindicato petrolero: la flexibilización laboral. A juicio de Vega y sus colegas, la violencia ha facilitado la eliminación paulatina del trabajo fijo y la flexibilización de las labores, la mayor contratación externa a través de contratistas, el trabajo temporal y la imposición de las CTA, en muchos casos controladas por sectores paramilitares. “Por supuesto que eso ha debilitado al sindicato, porque las posibilidades de enfrentar el fenómeno paramilitar, armado y apoyado por el Estado, son bastante difíciles, máxime cuando los paramilitares y sus voceros están presentes en los propios campos petroleros o en los barrios nororientales de Barrancabermeja, donde viven algunos trabajadores. En estas condiciones, la labor gremial, de agitación, 175

propaganda y organización se torna muy complicada, es casi un acto heroico” (Vega y otros, 2009, 412). Este puede ser el duro balance que se puede sacar de un cruento subperiodo, 1991-2001, en la vida y casi muerte de la USO. Pero por fortuna esto último no ocurrió, aunque sí quedó muy debilitada para librar las luchas que se avecinaban en el futuro inmediato. 3er subperiodo Durante el tercer subperiodo (2002-2009) se libraron 43 luchas convocadas por la USO, de las cuales solo 16 fueron huelgas. El hecho de que se haga menor empleo de este recurso sindical reitera la hipótesis del relativo debilitamiento de la USO,47 entre otros factores, por la cruda violencia de los años anteriores, que continuó en los siguientes bajo otras modalidades. En efecto, según nuestra información, hubo 78 casos de violaciones de derechos humanos, 13 de los cuales fueron homicidios. Sin duda, en el tercer subperiodo esta modalidad de violencia antisindical disminuye, luego de intensificarse en 2002, pero recrudecen las amenazas graves y las detenciones arbitrarias, como las 19 que se registran en 2003, el año con más violaciones de todo el largo periodo estudiado. Esto puede explicar que las luchas sindicales disminuyan un poco en sus demandas por derechos humanos, mientras se incrementan en materia política, especialmente el manejo de los recursos petroleros y energéticos del país y la eventual privatización de Ecopetrol (Gráfico 9). Gráfico 9 Motivos de lucha de la USO, 2002-2009 Pliegos no dirimidos; 6 Otros; 3 Incumplimiento pactos; 4 Políticas; 12

Derechos; 14

Solidaridad; 4

En forma similar al anterior decenio, en el inicio del presente se vuelven a presentar 47

De todas formas, se acude a la huelga, como será notorio en el conflicto de 2004, que describimos más adelante.

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detenciones arbitrarias de directivos de la USO bajo la misma acusación de tiempos anteriores: vinculación con los grupos guerrilleros, así muchos de ellos hubiesen sido expulsados del Magdalena Medio. El 19 de octubre de 2001 fueron detenidos en Barrancabermeja, Bucaramanga y Santa Marta y luego llamados a juicio en Bucaramanga por rebelión los directivos de la USO Ramón Rangel, miembro de la comisión de derechos humanos de ese sindicato, Jairo Calderón y Luis Viana, ex presidentes del mismo, y Alonso Martínez, afiliado de la base. La investigación llevaba ya seis años, según el sindicato (Vanguardia Liberal, junio 17 y 18, 2003, 8C).48 Año y medio después, el 15 de enero de 2003, Hernando Hernández, presidente de la USO entre 1995 y 2002 y a la sazón vicepresidente de la CUT, fue detenido por cargos de rebelión, justo cuando estaba en negociación una nueva convención colectiva de trabajo, y fue liberado sin cargos en abril de 2004. Como en casos anteriores, se le acusó de vínculos con la guerrilla y para inculparlo se sirvieron de reinsertados del ELN (Entrevista a Hernández en Carrillo y Kucharz, 2006, 312). Luego vendrían otras detenciones, esta vez en Arauca. El 21 de agosto de 2003, 37 dirigentes sociales y activistas defensores de derechos humanos fueron apresados, entre ellos José Vicente Murillo, presidente del Comité Regional de Derechos Humanos, Joel Sierra y Alonso Campiño Bedoya, dirigente de la seccional de Arauca de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) (Omal, 2006, 58).49 Posteriormente los arrestos quedaron cesantes por vencimiento de la pena, pero, a juicio de los investigadores españoles, “el daño sobre los dirigentes sociales ya está hecho: aunque saliesen absueltos, además de la estigmatización y de vivir señalados por haber estado procesados y por el tiempo que han estado en la cárcel, salen con muchas pérdidas. Tres años de prisión implican la ruptura de las rutinas de la vida cotidiana: familias rotas, sin expectativas laborales, habiendo perdido el poco capital que tuvieran, con una gran precariedad económica, con dificultades para encontrar apoyo para reconstruir sus vidas. La persecución judicial ha sido mucho más efectiva que la militar. Eso sí, ha resultado ser eficaz no para combatir la insurgencia, sino para desvertebrar al movimiento social. Porque de hecho las guerrillas siguen intactas en Arauca, mientras el movimiento social ha sido terriblemente golpeado” (Ibíd., 59). Ello ocurre en el contexto de una política especial de represión desatada en Arauca. En el año 2003 se hizo la declaratoria oficial de Zona Especial de Rehabilitación y Consolidación, que incluía los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena. De esa manera el Estado puso en marcha toda una estrategia de represión encaminada a eliminar cualquier organización que se opusiera a la 48

Según los registros de nuestra base de datos, a esta lista de detenidos habría que agregar a Edgar Mojica, también activista de base de la USO. 49 Nuestra información señala que los sindicalistas detenidos fueron nueve, entre ellos dos dirigentes regionales de la CUT.

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explotación petrolífera en el departamento. Y pese a que ese mismo año la Corte Constitucional declarara la inconstitucionalidad del acto, la estrategia de represión en la región siguió adelante, incrementándose de forma escandalosa los niveles de violaciones de derechos humanos (Ibíd., 50). El análisis de los investigadores de Omal sigue señalando que con la declaración de Zona de Rehabilitación se tornó más directa la persecución a los dirigentes y al movimiento social. “Se señaló a los dirigentes como guerrilleros de cuello blanco, se militarizó la vida de las ciudades y se vulneraron todos los derechos. Se iniciaron las detenciones masivas y selectivas, cuyo récord tuvo lugar en noviembre de 2002 al detenerse a 2.500 personas en un pabellón deportivo de Saravena” (Ibíd., 51). El informe destaca que, si bien muchas violaciones antecedieron a la presencia de la multinacional española Repsol, que llegó a Arauca en 2003, es por lo menos extraña la alianza que hace con la OXY, que evidentemente estaba implicada de manera directa en esas violaciones. Por eso el informe la acusa de complicidad, al menos pasiva. El citado reporte concluye: “Las empresas petroleras no juegan el papel de ser meros espectadores en la profunda crisis que se vive en el departamento de Arauca, ya que sus intereses han resultado determinantes en la intensificación del conflicto, al tener que garantizar recursos para la guerra: desde el aporte directo del Gobierno norteamericano a la Brigada XVIII hasta la extorsión de los grupos insurgentes a las empresas contratistas, pasando por la relación del Estado con las acciones paramilitares en el marco de la lucha contra el terrorismo” (Ibíd., 61). Lo ocurrido en Arauca es otra manifestación de que la violencia contra los sindicalistas se extendía más allá del Magdalena Medio.50 El 21 de mayo de 2001, en Tibú (Norte de Santander), fue desaparecido William Marino Wallens, vigilante de Ecopetrol y afiliado a la USO, precisamente cuando avanzaba la negociación de un nuevo pliego petitorio. El 30 de noviembre del mismo año fue secuestrado Aury Sará Marrugo, dirigente de la USO en Cartagena, y el 5 de diciembre siguiente apareció su cadáver con señales de tortura, al igual que el de su escolta. Junto a los cuerpos se encontró una lista de varios sindicalistas escogidos para ser eliminados por los paramilitares. A Sará se le imputaba haber parado el trabajo en la planta de Cartagena. En 2002 se reportan otros tres casos de secuestro de sindicalistas por parte de los mismos actores armados en Casanare, dos homicidios en Tibú y Cúcuta y cuatro más en Barrancabermeja. En el año siguiente se registran 28 heridos en un atentado contra la sede de la USO en el puerto petrolero, atribuido a los 50

De acuerdo con la información de un noticiero de televisión, el jefe paramilitar con el alias „don Mario‟, en versión libre rendida ante la Fiscalía, dijo que la multinacional Perenco financió con veinte millones de pesos mensuales al Bloque Centauros de Casanare, además de darle combustible a finales de 2002 y comienzos de 2003 (Noticias UNO, emisión nocturna del 7 de marzo de 2010).

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paramilitares. El 15 de julio de 2003 fue muerto en Cúcuta Marco Tulio Díaz, pensionado de Ecopetrol y destacado dirigente del sindicato petrolero. Había recibido varias amenazas de los paramilitares, quienes finalmente cumplieron su cometido. En todos estos casos la USO llamó a realizar acciones de protesta, por lo común paros operativos, que a su vez eran declarados ilegales, y sancionados los participantes. Así ocurrió, por ejemplo, en la protesta del 5 de diciembre de 2001 por el asesinato de Sará Marrugo. La acción, cumplida el 21 de marzo de 2002 a causa del asesinato de Rafael Jaimes en Barrancabermeja, fue de alcance nacional y en ella participó, quizás por primera y única vez, personal directivo de la empresa. Mientras se vivía este nuevo desangre petrolero, el gobierno de Uribe Vélez imponía una nueva reforma laboral, particularmente la Ley 789 de 2002, que flexibiliza aún más el empleo de la fuerza de trabajo del país. Para el sector petrolero será definitivo el Decreto 1760 de 2003, que dividió a Ecopetrol en una entidad de exploración, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y otra de explotación, relegada a cargo de Ecopetrol, que se llevó la peor parte, no solo por la menor rentabilidad de sus funciones sino por la obsoleta tecnología con la cual las adelanta. Posteriormente, con la Ley 1118 de 2006, el Congreso de la República, controlado por fuerzas uribistas, autorizó la venta a particulares del 20 por ciento de las acciones de Ecopetrol, en lo que parece una privatización a cuentagotas y aparentemente democrática, ya que convoca a todos los ciudadanos a ser sus socios. A ello se une la intención de reestructurar la planta de personal cambiando trabajadores de planta por “directivos” (empleados) y aumentando los contratistas en desmedro de los vinculados establemente. Estos pasos, que a todas luces debilitaban a la empresa estatal, fueron respondidos por la USO, aunque sin obtener el éxito esperado. A juicio de muchos analistas y de los mismos dirigentes del sindicato petrolero, éste no respondió con contundencia a esa ofensiva estatal porque estaba debilitado, a causa de los efectos de la apertura neoliberal, especialmente la flexibilización laboral, articulados a la violencia, pero también porque el sindicato petrolero, como nos manifestó Hernando Hernández, “del 2003 hacia acá es un sindicato que se metió otra vez dentro de la malla y se olvidó de su historia, y eso ha sido fatal para nosotros, y por eso nos están dando todos estos golpes certeros, porque es que uno, con apoyo de mucha gente, hace muchas cosas” (Entrevista con Hernández, 2004). En ese contexto ocurre la huelga de 2004, la primera como tal desde la de 1977y que tuvo como eje la defensa de Ecopetrol y de una política nacional de hidrocarburos. El sindicato la calificó como huelga política, pues no buscaba la defensa de reivindicaciones particulares sino de la política petrolera de la nación. El conflicto fue precedido de paros parciales, hasta que entró en vigencia la huelga decretada desde fines de 2003, la cual fue declarada ilegal por el Ministerio de la Protección Social el 22 de abril. Inmediatamente las instalaciones de la empresa en todo el país fueron militarizadas y no se permitió el acceso de huelguistas a las refinerías. En esas condiciones, el movimiento fue levantado y dejó 358 179

despedidos, que se sumaron a los que venían de anteriores procesos. Pese a que la huelga petrolera de 2004 no pudo ser vencida y revivió el debate sobre la reorganización decretada en la empresa, la Unión Sindical Obrera, el más importante sindicato del área industrial del país, tiene ya su vida cortada en dos: cuando acabe de jubilarse el último de sus antiguos servidores, toda la nómina de la nueva empresa petrolera habrá quedado en el mismo plano laboral del resto del asalariado nacional. El desenlace del conflicto fue poco favorable para los trabajadores, pues no se logró frenar la disolución de Ecopetrol y ni siquiera el reintegro de todos los despedidos. Como hemos ilustrado en esta historia, el contexto de violencia no fue propicio. Hubo amenazas y torturas contra sindicalistas detenidos y el general Castro, director nacional de la policía “calificó a la huelga como una acción terrorista” (Vega y otros, 2009, 431). La huelga de 2004 tuvo además consecuencias laborales de las cuales el sindicato apenas ahora, más de cinco años después, empieza a reponerse. Los 358 despidos hechos por los patronos a raíz de esa acción estuvieron encaminados a desbaratar la organización sindical a toda costa. Eso explica la lucha infatigable por el reintegro, que se llevó más de tres años y nunca alcanzó enteramente sus propósitos. En el curso de las demandas, basadas en la pretensión de legalidad del conflicto laboral por parte de la USO, los iniciales 358 despedidos sufrieron cambios de presentación debido a que estaban compuestos por trabajadores temporales y de contrato directo mezclados con sindicalizados y no sindicalizados de diversas instancias empresariales, y a que los despidos obedecían a sanciones de calificaciones disímiles. Después de interpuestos muchos recursos legales y acciones políticas, además de movilizaciones que contaron con el apoyo de la población barranqueña,51 incluido el obispo Jaime Prieto, y de políticos de izquierda y liberales como Hugo Serrano y Horacio Serpa,52 e incluso hasta de la misma OIT –por medio de su Comité de Libertad Sindical–, la USO logra parcialmente ganar el reintegro de los despedidos tres años atrás. El 6 de julio de 2007 la demanda de la USO de reenganchar a los despedidos en 2004 llegó a acuerdos con la empresa al término de casi tres meses de negociaciones: 284 fueron reenganchados como temporales, y los 74 restantes ingresaron a cursos de capacitación en el Sena (Voz, julio 18, 2007, 4). La lucha por el reintegro de la totalidad de los despedidos 51

Incluyó una huelga de hambre sostenida en abril y mayo de 2005 y la ocupación de las instalaciones de Barrancabermeja en 2006. Igualmente, el 4 de agosto de 2005, en acto cumplido en la plazoleta Manuel Chacón, frente al edificio de Ecopetrol en Bogotá, al cual asistió el candidato presidencial del PDA Carlos Gaviria, la USO demandó que el gobierno cumpliera los compromisos sobre la no privatización de Ecopetrol que había adquirido en la 93ª conferencia de la OIT (Voz, agosto 10, 2005, 3). 52 “Con relación al tema de la seguridad de los dirigentes, de los encarcelamientos, Horacio Serpa ha sido un hombre muy incondicional para nosotros en todas estas situaciones. En el caso de los presos, por ejemplo, ha sido testigo en muchos de los casos nuestros. Él fue testigo mío en el juicio actual. Fue testigo de Pedro Chaparro. Ha sido testigo y ha sido defensor de la lucha legítima de este sindicato y ha sido un contradictor fuerte con relación a la estigmatización que le hacen a la USO con la guerrilla” (Entrevista con Hernández, 2004).

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continuaría en escenarios laborales y judiciales hasta tiempos recientes, cuando finalmente se consiguió la reincorporación a sus labores de la mayoría (La República, agosto 25, 2009, 1B). Mientras se libraba esta lucha por el reintegro de los despedidos, se produjeron nuevos hechos de violencia contra la USO. Amnistía Internacional reportó que en 2006 se habían presentado varios sucesos violentos, entre ellos el asesinato en Barrancabermeja, el 2 de marzo, de Héctor Díaz Serrano, miembro de la USO que fue abaleado por desconocidos. Según Amnistía, el mismo día el diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga informaba sobre amenazas paramilitares contra sindicalistas de la USO en el departamento. El 17 de mayo, la USO y otras organizaciones son amenazadas de muerte por presuntos paramilitares, a juzgar por el estilo de un mensaje electrónico recibido. El 25 de noviembre atentan en Cartagena contra el automóvil de Rodolfo Vecino Acevedo, dirigente de la USO que había sido amenazado en julio de 2005 por el Frente Urbano de las AUC con el propósito de que abandonara su trabajo sindical. El 27 de noviembre Fernando Ramírez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Paz de la USO, es amenazado de muerte por teléfono. Y el 28 de noviembre, un correo electrónico del Bloque Norte de las AUC se atribuyó la autoría del atentado contra el automóvil de Rodolfo Vecino, del que salió ilesa su esposa, y otorgó veinte días de plazo a los dirigentes de la USO de Cartagena para que abandonaran la región (Amnistía Internacional, 2007, 36). En todo caso, el daño ya estaba hecho. La USO, otrora el sindicato más fuerte del país en términos reivindicativos y políticos, estaba debilitada. Como sostienen Vega y asociados, “La huelga (de 2004) había sido una prueba de fuerza en la que se evidenció la debilidad de la USO y la fortaleza militar y mediática de la extrema derecha, entronizada en la Presidencia de la República. Sobre eso no quedó la menor duda a finales de julio de 2006, cuando, tras el anuncio del gobierno de privatizar el 20 por ciento de Ecopetrol, mediante la venta de acciones, solo se generó una tímida reacción de algunos trabajadores en Barrancabermeja, Cartagena y Bogotá” (Vega y otros, 2009, 432-433).53 La histórica fuerza negociadora de la USO había perdido eficacia y era claro que los pasos privatizadores en el sector petrolero seguirían adelante. El 23 de junio de 2006 se firmó una nueva convención colectiva, pero esta vez a tres años y no a dos, aunque cubría a trabajadores directos y de contratistas y otorgaba $400 millones para los fondos del sindicato. Como vimos, una mesa de empresarios y el sindicato debería abocar el cumplimiento de las recomendaciones de la OIT sobre 53

Algunas informaciones de prensa dan una impresión distinta de esas movilizaciones. El 26 de julio de 2006 se producen mítines de trabajadores de Ecopetrol en Barrancabermeja, Cartagena, Bogotá y otras ciudades en protesta por la determinación del gobierno Uribe de privatizar el 20% de la empresa (El Tiempo, julio 27, 2006, 1-8). El 2 de agosto siguiente, trabajadores de Ecopetrol y de otras empresas, acompañados de estudiantes y sectores populares, realizan marchas de protesta contra la decisión del gobierno en Barrancabermeja, Bucaramanga, Cartagena, Bogotá y Medellín (Vanguardia Liberal, agosto 3, 2006, 5-A). Con todo, estas acciones no rectifican la idea del paulatino debilitamiento de la USO.

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libertad sindical y reintegro de despedidos (La República, junio 23, 2006, 1B; El Heraldo, junio 23, 2006, 8A). El siguiente paso se dio el 22 de agosto de 2009, cuando se firmó una nueva convención, esta vez a cinco años –con vigencia hasta 2014–, en negociación directa con la USO, la Asociación de Directivas Profesionales y Técnicas de Ecopetrol de la Industria del Petróleo de Colombia (Adeco) y el Sindicato de Trabajadores de Empresas Operadoras Contratistas, Subcontratistas y de Servicios y Actividades de la Industria del Petróleo, Petroquímica y Similares (Sindispetrol): cobijaría a 2.700 operarios directos más 700 de contratistas, del total de 6.200 de la empresa (Voz, agosto 26, 2009, 3).54 La fuerza de trabajo se había modificado en el sector. En marzo de 2008 se había conocido que en Ecopetrol los trabajadores a cargo de los contratistas eran el doble de los trabajadores cubiertos por la convención colectiva (El Heraldo, marzo 3, 2008, 6A). Por eso, “la cuestión de los contratistas en Ecopetrol ha sido una preocupación de la USO, por múltiples razones: las empresas (que los subcontratan) no reconocen al sindicato, sus sueldos son inferiores a los establecidos por ley, sus contratos son por servicios y no por tiempo, son efímeros y no fijos” (Vega y otros, 2009, 405).55 Cualquiera que repase los episodios del conflicto laboral en el sector petrolero desde 1991 –del cual apenas damos algunos pormenores en estas notas– comprenderá fácilmente que desde los inicios de los años 90 la reorganización empresarial y laboral de Ecopetrol estaba en marcha. Los directores de la planta nunca vacilaron en su decisión de proseguir el plan de reestructurarla y acomodarla a las nuevas exigencias de la globalización, y para ello contaron con el respaldo del empresariado nacional, cansado del régimen convencional tradicional, del cual se valía el sindicato para intervenir en la política petrolera. La firmeza empresarial, en segundo lugar, aprovechaba el hecho de que la organización sindical había perdido aceleradamente su antiguo poder político, afianzado en su alianza con los sectores populares del entorno petrolero. Si a ello se añaden el copamiento de la región entera del Magdalena Medio por el paramilitarismo y la consiguiente expulsión o el repliegue de los grupos subversivos, incómodos y aparentes aliados de los sindicalistas, el escenario queda completo. La presión patronal y la violencia de las armas impusieron la nueva situación laboral y contractual en el petróleo. Lo que vino después fue apenas el desarrollo inatajable de esa coyuntura. El14 de julio de 2005 la junta directiva nacional de la USO emitió esta declaración: “La refinería de Ecopetrol en Cartagena hace 25 años que no tiene ninguna ampliación, y las optimizaciones que se le han hecho han sido insuficientes, 54

Hay que decir que Adeco gozaba de la aprobación de la USO, pero Sindispetrol, creado el 6 de diciembre de 2005 en Barranca por 46 trabajadores, bajo la sombra del Ministerio de la Protección Social, entraba a estorbar el plan de reconstrucción del sindicato mayoritario. La USO rechazó la fundación por considerar que el nuevo ente establecía el paralelismo sindical y era creado por dirigentes “relevados” de las filas de la USO (Vanguardia Liberal, diciembre 19, 2005, 4C). 55 A este propósito, ver la ilustrativa crónica de Juan Carlos Díaz en El Heraldo, julio 26, 2008, 13A.

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rezagándose en el desarrollo tecnológico, que la llevan a que el margen de utilidad y la posibilidad de competir en un mercado abierto sean muy pocos y finalmente a futuro su operación sea imposible de sostener” (Frente Obrero, órgano de la USO, agosto, 2005, 6). A comienzos de los años 90 el sindicato había planteado a la empresa la necesidad de modernizarla y ampliarla con capital propio, y en 1996 Ecopetrol contrató con K.W.Kellogs un estudio sobre viabilidad de la refinería, el cual también sugería medidas para amoldarse a las exigencias ambientales nacionales e internacionales. El sindicato igualmente ha tratado de ponerse al día en materia de calificación de los asalariados que sirven a la empresa. 56 Pero su proyección regional sigue siendo muy débil. Ello puede explicar por qué el sindicato petrolero se decidió en años recientes a integrarse en las actividades y en la dirección nacional de la CUT, después de muchos años de haber actuado por su cuenta, sin mayor interés por el trabajo de la central a la que estaba afiliado. Con la ayuda del sector cercano al Partido Comunista y el Moir, la organización obtuvo la silla que se merecía en el Comité Ejecutivo de la central, aunque falló en su elección a la presidencia de la misma, meta que la USO promovió en alianza con el sector minero del carbón, de objeto similar al petrolero. Una vez más, el mayoritario bloque magisterial eligió a uno de los suyos para el cargo más importante de la organización. En lo que la USO ha seguido siendo intransigente es en el rechazo al robo de combustible, independientemente de quien lo practique. Como nos manifestó un ex directivo del sindicato: “Eso es una cosa atroz (…) que le hace daño a la economía nacional y le hace daño a la economía de nuestra empresa” (Entrevista a Gabriel Alviz, 2004). A este respecto, Hernando Hernández nos comunicó la siguiente reflexión sobre la financiación de los grupos armados ilegales: “Yo no me atrevería a afirmar que Ecopetrol tenga como política garantizar el financiamiento de estos grupos (paramilitares) a través de la gasolina, pero de que se da, se está dando. Hay funcionarios de Ecopetrol que están apoyando el proyecto paramilitar y en muchas zonas petroleras donde nosotros tenemos presencia y financieramente a través de los contratos, se está dando este apoyo económico a estos grupos, hasta tal punto que a nosotros ya nos han matado dirigentes sindicales por denunciar este tema de la contratación para paramilitares y funcionarios de Ecopetrol. A nosotros nos desaparecieron al compañero Alexander Cardona, dirigente de la USO Sabana (de Torres) en el año 98, porque este dirigente sindical empezó a denunciar públicamente este tipo de cosas y entonces el paramilitarismo y los administradores vinculados a este tipo de cosas mataron al compañero. Recientemente, en el 2002, mataron a Rafael Jaimes, también 56

Por ejemplo, en Arauca funciona un Centro de Cómputo de la USO, que se inició en 1998 con un aula y doce equipos y hacia 2005 disponía de 40 equipos propios de última generación. “En estos seis años hemos tenido quince promociones con un total de 476 alumnos graduados como técnicos en sistemas y computadores, auxiliares en sistemas y computadores, técnicos en informática y contabilidad, auxiliares en informática y sistemas”, todo bajo supervisión de la Secretaría de Educación de Arauca. Dicho Centro educa anualmente entre 160 y 180 personas, y tiene convenios con colegios que benefician a cerca de 400 alumnos de primaria y bachillerato. Capacita además a desempleados y desplazados (Frente Obrero, agosto, 2005).

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compañero dirigente de la USO en Barrancabermeja, por la misma situación (…) Uno sabe que hay funcionarios de Ecopetrol que les pasan información a los paramilitares de cuándo se deja de bombear para que ellos puedan chuzar, donde les ubican dónde pueden poner sus válvulas sin ningún tipo de problema, y esas situaciones se dan” (Entrevista a Hernández, 2004). Años más tarde Hernández hizo un balance del significado de la USO que ilustra sobre la sevicia empleada contra el sindicato: “La USO es un sindicato que, históricamente, ha sido una piedra en el zapato de la política de todos los gobiernos. Nos oponemos radicalmente al expolio del petróleo por las empresas transnacionales, a la privatización de la empresa estatal Ecopetrol, y defendemos con mucha vehemencia los intereses de los trabajadores” (Entrevista a Hernández, en Carrillo y Kucharz, 2006, 312-313). La detención masiva y arbitraria de dirigentes es parte de la acción estatal encaminada a debilitar al sindicalismo. Es la forma de criminalizar la protesta social y sindical, acusando a los trabajadores de guerrilleros. “La persecución es política de un Estado contra un sindicato. Y toda persona que llegue a ser dirigente de ese sindicato, corre el riesgo de que lo maten o lo cojan preso” (Ibíd., 314). Sin embargo, independientemente de la violencia, el sindicato se mantiene vivo. “En la década de los 80 nos mataron por lo menos 150 compañeros (?), y a pesar del dolor que causó el entierro de nuestros muertos, continuamos al frente de la lucha sindical (…) Siempre surge relevo para los asesinados o detenidos. La tradición de lucha en este sindicato y la cultura política que nos enseñaron nuestros antepasados hace que cuando más nos repriman, más conciencia hay de los trabajadores para seguir defendiendo este sindicato” (Ibíd., 314-5). Según el mismo dirigente, en la USO conviven muchas posiciones de izquierda, pero cuando alguien llega a la presidencia asume la defensa de la empresa pública. Concluye señalando que no todos los miembros de la USO son de izquierda, aunque sus dirigentes sí lo son. En contra de la globalización, defienden la soberanía nacional. “Se trata de defender el petróleo para el beneficio de todo el país” (Ibíd., 319). Tal vez su visión sobre el futuro de la USO es más optimista de lo que hasta ahora hemos señalado, pero no deja de ser una expresión de esperanza en medio de los severos ataques que la organización ha recibido, especialmente en términos de violencia física contra sus afiliados. Este ha sido el saldo de una larga y violenta batalla librada por círculos políticos, militares y empresariales nacionales y las multinacionales para hacerse al dominio pleno de la principal empresa industrial del país. En las nuevas condiciones, por ahora nada favorables al desarrollo del sindicalismo, uno de los sectores asalariados más victimizado por el conflicto armado interno –el tercero, después de los bananeros y los maestros, según datos que recoge esta investigación y que ratifican los aportados por la ENS–, sigue en pie y se espera que recupere su fuerza. Pero no será tarea fácil, pues en la actualidad la violencia no ha cesado, como lo denuncia un comunicado del presidente de la CUT, Tarsicio Mora, fechado el 17 184

de junio de 2010 y en el que, a propósito del reciente asesinato de un trabajador de la refinería de Mamonal, se afirma: “Este luctuoso hecho es la continuidad sistemática de una serie de atentados y amenazas contra dirigentes y trabajadores afiliados al sindicato que se dan en el marco de conflictos colectivos que adelanta el sindicato con la Multinacional British Petroleum en Casanare, Ecoptetrol-UT Poliducto Andino y TGI en los departamentos de Boyacá y Casanare y la anormalidad laboral determinada en Ecopetrol”.57 Para concluir el capítulo, afirmamos que en el conjunto de esta investigación la USO aparece como un caso típico de sindicalismo debilitado por la violencia, además de la pérdida de su situación estratégica a causa de la división administrativa de Ecopetrol y la flexibilización de su fuerza de trabajo, estragos que, a su vez, la organización no ha estado en condiciones de detener. La violencia ejercida contra ella en la segunda mitad de los años 80 parece ser una respuesta a los auges de las luchas sindicales y populares en el nororiente colombiano y especialmente en el Magdalena Medio, cuna de la industria petrolera nacional. Como sindicato de industria, desde mediados de los años 90 la USO recoge dinámicas laborales propias de enclaves extractivos y que ostentan proyecciones nacionalistas debidas a la presencia de multinacionales en regiones como Arauca, Casanare, Putumayo, Norte de Santander y el mismo Magdalena Medio. En algunas de ellas hubo un rebrote de la violencia cuando ésta parecía ceder en Barrancabermeja a raíz de la incursión de los paramilitares a esa ciudad, la más importante de la región. En el último subperiodo, especialmente desde 2003, baja el número de asesinatos pero aumentan las amenazas y las detenciones arbitrarias. La causa de esta tenaz persecución, aunada a medidas de privatización de la empresa petrolera estatal y a la flexibilización de su fuerza de trabajo, parece deberse a que la USO, como señalaba Hernando Hernández, ha sido “una piedra en el zapato” de la política petrolera oficial. En los años estudiados se nota que el sindicato, en medio de su creciente debilidad, ha pasado de una lucha reivindicativa particular a una demanda más amplia de política petrolera. La organización obrera contaba con una fortaleza sociopolítica hasta los años 90, en gran parte derivada de sus lazos con la población local y regional, especialmente en Barrancabermeja. La “solidaridad” no pedida de la guerrilla terminó no solo debilitando al sindicato sino asimismo a las demás organizaciones populares asentadas en el puerto petrolero, lo que de alguna manera abrió el espacio para el posterior copamiento paramilitar. La USO ha sido desgastada pero sigue viva, y aunque está muy amenazada no ha desaparecido, al contrario de lo ocurrido con los cementeros y palmicultores, que veremos a continuación.

57

El pronunciamiento continúa denunciando 31 homicidios, según la CUT, cometidos contra sindicalistas en lo corrido de este año, siete de ellos sobre dirigentes sindicales, además de cuatro atentados y 56 amenazas “provenientes principalmente de grupos paramilitares” (Comunicado de la CUT del 17 de junio de 2010, aportado a esta investigación por el profesor Álvaro Román).

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Luchas sindicales y violaciones de derechos humanos contra trabajadores petroleros afiliados a la USO, 1984-2009 Año

Luchas

Huelgas

Violación de derechos

Asesinatos

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

1 3 2 6 8 5 5 7 6 9 8 10 5 5 9 5 3 7 7 11 4 6 7 6 0 2 147

1 3 1 6 7 3 4 5 3 8 7 8 5 4 7 5 3 7 7 3 2 0 3 1 0 0 103

1 8 1 4 16 6 3 16 12 7 7 6 11 2 5 13 2 15 11 41 3 6 5 6 2 4 213

1 0 1 3 11 6 3 13 12 6 6 4 4 1 3 0 2 6 5 2 3 1 1 0 0 1 95

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3. SECTOR CEMENTERO

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En las viejas canteras de piedra caliza de La Sierra, entonces corregimiento de Puerto Nare (Antioquia), empresarios antioqueños fundaron en 1933 la firma Mármoles y Cementos del Nare, cuyo primer horno entró a funcionar en 1940. Posteriormente la entidad cambió de mano y entró a llamarse escuetamente Cementos del Nare. A su lado apareció en 1952 una subsidiaria denominada Cemento Blanco, y nueve años más tarde, en Caracolito, inició operaciones la Compañía Colombiana de Carburos y Derivados (Colcarburos), elemento del mismo grupo patronal, aunque separado jurídicamente. El sindicato de base de Cementos del Nare nace en 1945 y permanece bajo el manto de la recién constituida UTC hasta mayo de 1959, cuando se produce su desafiliación y su consiguiente paso a las filas del sindicalismo independiente. En 1948 había firmado su primera convención colectiva de trabajo. Tradicionalmente fue una organización de muy alta tasa de afiliación, que llegó a alojar a alrededor del 90% de los servidores de la empresa. Hasta finales de los cincuenta contó siempre con estrecha asesoría de la Iglesia católica y las reuniones de sus asambleas incluían invocaciones religiosas y actos litúrgicos. El sindicato de Colcarburos aparece en 1966, cuando la influencia de la UTC en la industria cementera nacional había desaparecido casi por completo (Arango, 1992). Entre el 5 y el 28 de marzo de 1956, en plena dictadura militar, transcurrió la primera huelga conocida en el sector,58 que tuvo lugar en Cementos Portland Diamante de la seccional de Bucaramanga –la empresa contaba además con plantas en Bogotá, Ibagué y Apulo–, y seis años más tarde, en julio de 1962, se presentaría un nuevo conflicto colectivo, que duró 87 días y alcanzó mayor cobertura en las diferentes fábricas de la cementera (Ibíd., 17). Mientras tanto, el 27 de abril de 1960 nacía en Medellín la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción, Cemento y Materiales de Construcción (Fenaltraconcem), como producto de la fusión de la Federación de Trabajadores de la Construcción y la Federación de Trabajadores del Cemento. A la nueva entidad se afiliaron los sindicatos de las cuatro firmas. La federación adhirió al sector sindical que en 1964 conformaría la Cstc, de orientación comunista, y en los años siguientes la mayoría de los trabajadores cementeros del país –como los del banano y los palmeros años más tarde– desplegaron una singular batalla laboral enderezada a establecer en las empresas condiciones de trabajo y de vida modernas, que ya eran realidad en el conjunto de la industria manufacturera colombiana. Los cementeros, bajo la orientación de Gustavo Osorio –un santandereano que cambió su puesto de policía por el de organizador obrero–, estuvieron entre los primeros asalariados del país que hicieron realidad el subsidio familiar, incluso antes de que ese derecho fuese estampado en la ley. Pero, como había ocurrido en otros sectores de enclaves extractivos que iniciaron importantes luchas por derechos laborales básicos, en el cementero se manifestó pronto la violencia. Nos referimos a la masacre de los trabajadores de Cementos 58

Claro que el mismo autor citado, Carlos Arango, señala que hubo una huelga en Cementos del Valle en 1946 (Ibíd., 373).

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El Cairo, de Santa Bárbara (Antioquia), ocurrida en febrero de 1963. A finales de 1962, luego de una larga negociación, el sindicato –que por esa época se desafilió de la Utran, federación de la UTC, para ingresar a las filas de Fedeta, perteneciente a la Cstc– votó una huelga que se inició el 23 de enero del año siguiente. Un mes después, con la disculpa de que el Ejército debía proteger unas volquetas destinadas a transportar cemento a Medellín, se disparó sobre los trabajadores que intentaban impedir cualquier movimiento de material de la planta, con el fatal resultado de 13 muertos, 30 heridos y 100 detenidos (Arango, 1992, 108-109). La lista de los conflictos cementeros se incrementó en la época, aunque sin un saldo de víctimas fatales tan abultado. Así pasó en 1965 y 1968 en Cementos Hércules, de San Gil, en 1966 en Cementos del Norte, de Cúcuta, y en 1967 en Cementos Samper, empresa emblemática de la oligarquía bogotana asentada por largos años en La Calera, que realmente fue una cesación de labores presionada por los empresarios para descongelar el precio del cemento (Ibíd., 171 y ss.). Por su parte, en Cementos Boyacá se presentaron huelgas en 1968, 1971, 1975, 1977 y 1983 (Ibíd., 283). Algo similar, según la misma fuente, ocurrió en Colcarburos en los años 1969, 1973, 1975 y 1977; Cementos Argos, de Medellín, entró en la lista en 1965, 1973, 1975 y 1977; Cementos del Valle, de Yumbo, en 1962, 1966, 1975, 1977, 1978, 1979, 1981 y 1983; Cementos Caldas, de Neira, en 1964, 1968, 1975 y 1977, y las fábricas de la Costa Atlántica en 1977 y 1983 (Ibíd., 334-380).59 El recuento es útil para señalar que los obreros del sector cementero estuvieron entre los más combativos de los años previos a nuestro periodo de estudio. Desde luego, no todos los trabajadores cementeros participaron con igual intensidad en las gestas laborales. En realidad, los más activos se localizaron en el Magdalena Medio, a causa de las condiciones laborales “primitivas” que imperaban en la industria cementera instalada allí –de hecho muchas huelgas se lanzaron por intransigencia patronal en la negociación de petitorios colectivos–, como también por la orientación política que los sindicatos recibieron del Partido Comunista a través de los aparatos sindicales que se confederaron en la Cstc desde mediados de los años 60. En efecto, bajo la enseña de Fenaltraconcem –que desapareció en los años 80 para dar paso a una forma sindical más moderna, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de Construcción (Sutimac)–, la lucha cementera estuvo marcada por numerosas y difíciles huelgas y movilizaciones, aunque siempre sometida a las normas de ley. Tras ellas, y mientras el avance de la industria lo permitió, los cementeros lograron importantes ventajas laborales, como lo ilustra Carlos Arango en su crónica de las luchas cementeras. Además, mediante esas negociaciones y cierta presión exitosa de todo el sector aglutinado en Fenaltraconcem y luego en Sutimac, los cementeros consiguieron mejoras para las poblaciones en que estaban insertas las empresas. 59

Eso sin incluir conflictos en sectores cercanos o afiliados luego a las federaciones cementeras, como los de Maderas del Carare-Opón, Muebles Hermes y Maderas Tropicales, de Buenaventura.

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Tal es el caso de La Sierra, que hasta los años 60 era un corregimiento de Puerto Nare y alojaba las principales instalaciones de la compañía cementera. Allí los trabajadores lograron la edificación del hospital local, tres escuelas, un Instituto Nacional de Educación Media Diversificada (Inem), planes de vivienda y una casa sindical que estaba “muy bien dotada y con teatro adjunto, y fue construida con los auxilios y los materiales entregados por la empresa mediante convención colectiva” (Ibíd., 291). Incluso desde sus inicios, los sindicalistas de La Sierra movilizaron a la opinión pública local alrededor de reivindicaciones como la de proteger el ambiente de la región, afectado por las emanaciones y desechos nocivos que provocaba la explotación de la piedra caliza y el oro sobre las fuentes de agua y los cultivos tradicionales, toda vez que las empresas incumplían de manera recurrente los compromisos suscritos al respecto con el Ministerio de Salud Pública. Cuando la violencia política recrudeció, como infortunadamente era de esperar ante tal despliegue reivindicativo, los cementeros organizaron numerosos foros y seminarios regionales en defensa del derecho a la vida, por la solución negociada del conflicto armado interno y en rechazo tanto de la violencia de los grupos paramilitares sobre líderes y activistas sindicales, como de los guerrilleros sobre las empresas. De esta forma, y como hemos descrito brevemente, los años 60, 70 y 80 estuvieron plenos de huelgas laborales, paros cívicos y movilizaciones populares de diverso tipo, provocados tanto por la negativa empresarial a satisfacer las peticiones de los cementeros como por la violación de derechos humanos a que fueron sometidas sus organizaciones sindicales. Sus directivos mantenían una rica comunicación con sus pares del ámbito nacional y los problemas originados por la “guerra sucia” –como se llamó la violencia en los años 80– los acercaron a organizaciones sindicales y no gubernamentales interesadas en la defensa de los derechos humanos en diferentes partes del mundo. Por lo demás, hacían parte activa de los intentos del sindicalismo colombiano de tomar posiciones independientes de la patronal y el Estado, solidarias y claramente políticas. En el Magdalena Medio el movimiento cementero aparecía muy ligado a la población regional. En una clara articulación de la lucha social y política, destacados dirigentes obreros llegaron al concejo municipal de Puerto Nare en las listas de los aparatos electorales del Partido Comunista, y desde allí presionaron a la administración pública para que surtiera a la población de agua potable, energía eléctrica, telefonía y televisión, servicios que hasta los años 70 eran desconocidos en esas poblaciones ribereñas. Tales gestos, unidos a las conquistas sociales de las convenciones laborales, contribuyeron a crear fuertes lazos de solidaridad de la población con los sindicatos. En cambio, los cementeros no tuvieron tanto éxito en lograr la organización gremial y política de otros sectores sociales populares, como los mineros del oro –a cargo de empresas que en los años 80 entraron temporalmente en la zona cementera en busca del preciado metal–, jornaleros de las haciendas ganaderas, pescadores, aparceros, pequeños comerciantes al detal.

190

En todo caso, las expresiones solidarias de comerciantes, tenderos, proveedores de servicios personales, agricultores, pequeños y medianos ganaderos mantuvieron su fortaleza, por lo menos, hasta comienzos de la década de 1990, cuando la presencia paramilitar se convirtió en el factor dominante de la vida política del Magdalena Medio. Esto se refleja en el Gráfico 1, que señala un incremento de la violencia contra los cementeros –en especial de los asesinatos– entre 1986 y 1988, para luego descender a principios de los 90 y remontar nuevamente en 1993, momento que marcó un descenso que tuvo repuntes a principios del presente siglo. La coincidencia de estos fuertes lapsos de violencia con el auge de las luchas sindicales es sorprendente, sobre todo a finales de los años 80 (Gráfico 2). Esto sugiere, tal vez con más contundencia que en otros casos, que aquí la violencia fue una reacción contra la constate y vigorosa lucha sindical de los trabajadores cementeros. Gráfico 1 Violaciones de derechos humanos y asesinatos contra cementeros, 1984-2009 14 12 10 8 6 4 2

Violaciones de derechos humanos

191

Asesinato

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

0

Gráfico 2 Luchas sindicales y huelgas de cementeros 1984-2009

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Luchas sindicales

Huelgas

No en vano muchas de esas acciones iniciales fueron por la defensa de derechos humanos, lo que constituyó una respuesta ante la violencia que los consumía (Gráfico 3). Luego los motivos virarán hacia asuntos más económicos, propios de la lucha por la subsistencia, y tal vez los únicos que permitían los grupos paramilitares que hegemonizaron al Magdalena Medio, de lejos los mayores responsables de la violencia contra los sindicalistas de este sector (Gráfico 4). Gráfico 3 Motivos de lucha de los cementeros, 1984-2009

Pliegos no dirimidos; 12 Derechos; 44

Solidaridad; 8 Incumplimiento pactos; 13

192

Gráfico 4 Presuntos responsables de violaciones de derechos humanos contra cementeros 1984-2009

Paramilitares 35 FF.AA. y de Policía 2

Sicariato 3

Sin información 32

Veamos estos procesos según la periodización propuesta en esta investigación, con especial referencia al Magdalena Medio antioqueño, la región cementera más beligerante en términos laborales y tal vez por ello la más victimizada (Gráfico 5). Gráfico 5 Participación departamental en las luchas de los cementeros 1984-2009

Sucre Norte de Santander Boyacá Bogotá Santander Caldas Tolima Cundinamarca Valle Antioquia 0

5

10

15

193

20

25

30

35

40

45

50

1er subperiodo Como continuación de la activa participación de los cementeros en las luchas reivindicativas de los años anteriores, la segunda mitad de los ochenta presenta también altos indicadores de protesta sindical. Nuestras bases de datos muestran que en este subperiodo se libraron 74 acciones, todas ellas en la modalidad de huelga. El contexto político de la tregua con la insurgencia y la acogida inicial que tuvo la UP daban nuevo aliento a los luchadores cementeros en las apartadas provincias donde actuaban.60 Pero pronto chocarían con la dura realidad de la violencia. En entrevista concedida a Carlos Arango en diciembre de 1986, días antes de su muerte a manos de paramilitares de Puerto Boyacá, Julio César Uribe, el más destacado líder sindical y político del cemento en el Magdalena Medio, respiraba optimismo por la tregua suscrita entre el gobierno y las Farc, como una oportunidad inmensa de afianzar la paz mediante la participación de amplios sectores ciudadanos, y además de fortalecer las posiciones de la izquierda. “Hemos estimado –decía– que es el momento de ampliar nuestra posibilidad política y aprovechar el espacio ganado” (Arango, 1992, 338). En forma ilusa, por no decir que ingenua, pensaba que la “combinación de todas las formas de lucha” no afectaría la actividad sindical y política de oposición, aunque se quejaba de la escasa votación por la UP. “Aquí –concluía Uribe– no hay represión patronal, policial ni militar contra el pueblo (…) al movimiento de la UP lo respetaron, respetaron la propaganda, las inscripciones, los actos públicos, y sin embargo la votación no aumentó” (Ibíd.) La historia del sindicalismo cementero, comenzando por la propia de Julio César Uribe, tomaría un rumbo trágico a mediados de los años 80. La fuerza que tenía el sindicalismo en el sector cementero y sus relaciones con otros sectores populares regionales y nacionales fueron afectadas por la creciente violencia que se ensañó sobre ellos. La “combinación de todas las formas de lucha”, en vez de fortalecer a los cementeros de la vasta región, abrió el camino a la reacción. La interferencia de la insurgencia en los sindicatos a partir de los años 70, así como la proliferación consiguiente de su contraparte, el paramilitarismo, desde su aparición nacional a principios de los años 80 con el MAS, se encargaron de destrozar lo que había sido construido con tanto esfuerzo. El punto inicial se alcanzó en diciembre de 1986, cuando los paramilitares de Puerto Boyacá sacaron a la fuerza de un bus de servicio intermunicipal y eliminaron a Julio César Uribe, quien entonces era presidente del sindicato de Cementos del Nare, dirigente nacional de Fenaltraconcem y concejal comunista de 60

De acuerdo con la información recopilada para esta investigación, 12 de los sindicalistas cementeros asesinados en estos años eran también militantes de la UP. Se trata de una proporción alta de víctimas, casi la mitad durante este subperiodo, que ratifica no solo la pluralidad de identidades y la proyección política de muchos sindicalistas, sino asimismo el profundo anticomunismo de los victimarios.

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Puerto Nare. El acto, que provocó una huelga de tres días en las plantas de La Sierra y Caracolí, marcó el comienzo de la liquidación en serie de los posteriores presidentes del sindicato y de muchos más líderes y activistas. Como era de esperar, los sindicalistas cementeros se lanzaron a la denuncia de esa violencia. El 5 de febrero de 1987 realizaron un paro en La Sierra y Caracolí, sedes de Cementos del Nare, en repudio de los asesinatos de Julio César Uribe y Pedro Ramírez –éste de filiación liberal–, la detención a manos de la Policía y posterior desaparición de Luis Antonio Gómez y la desaparición de Marcial González, trabajador de Colcarburos. El 30 de septiembre de ese año fue ultimado Pablo Emilio Córdoba, miembro de las directivas sindicales de Colcarburos y Sutimac y concejal de la UP en Puerto Nare. El 16 de noviembre cayeron muertos otros dos sindicalistas de Cementos del Nare, y en todos esos casos se denunció la complicidad de las fuerzas del orden con los grupos paramilitares provenientes de Puerto Boyacá. El 23 de diciembre de 1987, los trabajadores de Cementos del Nare y Cementos El Cairo –instalada en Santa Bárbara, Antioquia– iniciaron una huelga luego del rompimiento de las negociaciones de un petitorio, que se reanudaron y llegaron a un acuerdo tres días después. El 19 de enero siguiente, sin embargo, los trabajadores de Cementos del Nare y Colcarburos entraron en un nuevo paro indefinido como consecuencia de la desaparición y asesinato de Arturo Salazar y Darío Gómez, trabajadores de Cementos del Nare y dirigentes de Sutimac. Pocos días después vino la muerte de otro sindicalista, militante de la UP. Informes de prensa dieron cuenta de que en “La noche del 24 de enero de 1988, un comando del grupo paramilitar MAS asaltó el campamento de los trabajadores de Cementos Nare, ubicado en Caracolí, y por la fuerza se llevó al sindicalista Jesús Emilio Monsalve, quien fue desaparecido” (El Espectador, febrero 17, 1988), y luego asesinado. El 25 de enero fue hallado el cadáver del sindicalista de Cementos Nare, Gustavo Bedoya, también desaparecido seis días antes. El 8 de febrero, en Puerto Nare, fue gravemente herido por paramilitares Héctor Julio Mejía, tesorero de Sutimac y militante de la UP, quien murió ocho días después. Esto agotó la paciencia de 900 trabajadores de Cementos del Nare y Colcarburos, quienes, con el apoyo de otros 120 del Proyecto Carare Opón, se lanzaron a un paro indefinido que luego se generalizaría a otros trabajadores cementeros del país. El informe de prensa citado recordaba que algunos de los desaparecidos en Puerto Nare “fueron llevados al monte para ser indagados por uniformados y algunos de los asesinatos, como el de Alfonso Miguel Lozano –utimado en marzo de 1987–, se registraron a escasos metros del puesto de Policía. Esos son los sicarios, dijeron los pobladores, y la autoridad no hizo absolutamente nada” (Ibíd.). Entre el 8 y el 21 de febrero de 1988 transcurrió un paro nacional del cemento ordenado por Sutimac y la federación cementera en repudio de los asesinatos y en demanda de garantías para la vida y la organización de los trabajadores. Para 195

restablecer la normalidad los huelguistas exigieron que se les permitiera adquirir armas para proteger sus vidas y se les garantizara que no habría represalias ni despidos por motivo del paro. Eso no ocurrió, desde luego, pero el desangre tampoco cesó. El 21 de marzo los sicarios atentaron contra la vida del directivo del sindicato de Cementos del Nare y Sutimac, Jesús Aníbal Parra, quien murió siete días después a causa de las heridas recibidas. El 30 de agosto fue asesinado León de Jesús Cardona, presidente de Sutimac en Puerto Nare y concejal de la UP en el mismo municipio, mientras se dirigía en taxi al aeropuerto José María Córdoba, de Rionegro, con el propósito de viajar a Bogotá, como medida precautelativa ante las constantes amenazas que había recibido. Otro dirigente cementero, Sergio Ospina, miembro de la comisión de reclamos de Sutimac, quedó herido en el mismo atentado. 61 La muerte de José Manuel Herrera, miembro de la subdirectiva local de Sutimac, cometida en septiembre de 1988, provocó una nueva huelga de protesta en las tres plantas de Puerto Nare. Apenas iniciado el año 1989, el 4 y el 28 de enero, fueron ultimados dos dirigentes más de Sutimac. La acción paramilitar contra los cementeros escapó del ámbito regional para extenderse a la capital del país. Así, Henry Cuenca, presidente nacional de Fenaltraconcem y secretario de la federación latinoamericana del ramo, y Luis Eduardo Yaya, presidente de la Federación de Trabajadores del Meta, fueron asesinados en Bogotá el 30 de julio de 1989, a manos de un grupo de sicarios. Ambos eran igualmente militantes de la UP y habían arribado a la capital huyendo de amenazas en sus regiones –el Valle en el caso de Cuenca y el Meta en el de Yaya–. Para que no haya duda sobre las intenciones de los asesinos, fueron atacados cuando salían de una reunión de carácter sindical. La violencia desencadenada en la región de Puerto Nare continuaba, ya no tanto contra los sindicalistas de Cementos del Nare –tal vez por sustracción de materia– ,62 sino contra los de Colcarburos, también afiliados a Sutimac. El 12 de agosto de 1989 un grupo de paramilitares ingresó a la residencia de Juan Rivera y lo ejecutó. Rivera era operario de Colcarburos en Caracolí y vicepresidente de Sutimac. En repudio del hecho los trabajadores afiliados a ese sindicato en La Sierra y Caracolí hicieron un paro. El 5 de febrero de 1990 fue ultimado Gustavo de Jesús González en Medellín, a donde llegó huyendo de amenazas. Era trabajador de la misma empresa y vicepresidente de Sutimac. El 22 de octubre del mismo año fue desaparecido Francisco Javier Zapata, sindicalista de Colcarburos y miembro de la UP. Dos de sus familiares que lo acompañaban en el momento del ataque sufrieron la misma afrenta.

61

El taxista que los conducía también fue víctima de las balas de los paramilitares que ultimaron a Cardona. 62 Con todo, el 29 de septiembre de 1989 fue ultimado allí Luis Enrique Durán, un trabajador de planta afiliado al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales de Construcción (Sutimac).

196

La ola sangrienta que se arrojó sobre los cementeros del Magdalena Medio solo tiene parangón con las que desmantelaron las organizaciones sindicales del banano y las palmas oleaginosas, con la diferencia de que la bananera no pudo ser exterminada. El primer impacto lo recibieron como contragolpe de la pugna entre la guerrilla y los paramilitares por el control territorial de las zonas cementeras; el segundo y definitivo, por parte del paramilitarismo triunfante, estuvo dirigido a aniquilar la resistencia gremial y política de los trabajadores y someter o inhabilitar sus organizaciones. El proceso de destrucción del sindicato de trabajadores de Cementos del Nare y su filial Colombiana de Carburos, perpetrado en suelo antioqueño, había transcurrido a los ojos de todo el país en los tres años que mediaron entre 1987 y 1989 y sin que las autoridades civiles ni militares hubieran adelantado mayor investigación de los hechos. De acuerdo con las cifras de nuestras bases de datos, este subperiodo, exactamente entre 1986 y 1990, arrojó un saldo de 34 casos de violaciones de derechos humanos en el sector cementero, 25 de los cuales fueron homicidios. En el epílogo de su libro ya citado, Carlos Arango enumera 28 asesinatos de dirigentes obreros del cemento y la construcción entre 1986 y 1991, y en la mayoría de los casos, en criterio del autor, no aparecen identificados los culpables (Arango, 1992, 559-561). A su vez, la ENS denunciaba en 1996 que, hasta mediados de los años 80, dos juntas directivas del sindicato de Cementos del Nare habían sido literalmente exterminadas (Cuadernos de Derechos Humanos, No. 2, 1996, 9).63 Esa macabra situación es refrendada por el testimonio de la familiar de una víctima. Según Gloria Mansilla, viuda del dirigente sindical de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (Fenaltrase), Miguel Ángel Díaz, “en Puerto Boyacá en los años 80 asesinaron (…) a tres juntas sindicales completas de la empresa de cementos Nare. Miguel Ángel Díaz, dirigente de Fenaltrase, desapareció (en 1984) en una etapa muy poderosa del movimiento sindical” (citada en Carrillo y Kucharz, 2006, 216). 2º subperiodo En el siguiente subperiodo las cosas no mejoraron para los trabajadores cementeros, especialmente los del Magdalena Medio. En efecto, de acuerdo con nuestra información, entre 1991 y 2001 se presentaron 31 violaciones de derechos humanos, 28 de ellas homicidios. Pero ahora su condición laboral se vio también agravada por el impacto de la apertura económica que afectó al sector cementero y provocó cierres de plantas, reconversión de empresas y numerosos despidos. Tal vez eso explique la disminución de las luchas sindicales en este sector, que en estos años alcanzaron a once casos, diez de los cuales fueron huelgas. Tal era el 63

Una información de prensa señalaba que “entre el 8 de diciembre de 1986 y el 8 de febrero de 1988 once directivos y activistas de Cementos del Nare, Colcarburos y Muebles Hermes fueron asesinados, y cinco más desaparecidos, sin contar que el equipo de activistas del sindicato estaba amenazado de muerte por el sicariato” (El Espectador, marzo 4, 1988).

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tamaño del daño hecho a un sector obrero otrora combativo y estrechamente ligado a la población. Veamos cómo ocurrieron estos procesos. En febrero de 1991 Cementos del Nare, que entonces daba empleo a 700 trabajadores, amenazó con suspender operaciones cuando se produjo un nuevo conflicto laboral. Igual actitud adoptaron el Consorcio de Obras de Ingeniería (COI) y el Oleoducto Colombia S. A., cuyos servidores sumaban 1.500. Las labores en Cementos del Nare se reiniciaron el 12 de marzo siguiente, después de que los empresarios, con ayuda del Ejército, expulsaron a los obreros que se habían apoderado de las instalaciones. Doce de ellos fueron despedidos bajo la acusación de estar vinculados a la guerrilla y 24 se retiraron por estar amenazados de muerte; otros 28 habían sido asesinados en los últimos cinco años, como señalaba Arango (1992, 559-561). En octubre de 1991, cuando Sutimac presentó un nuevo pliego unificado de cobertura nacional, el sindicato cementero iniciaba el descenso final de sus actuaciones laborales. Mientras se adelantaba ese proceso de negociación, hubo nuevamente víctimas en las filas de la seccional de Sutimac en Puerto Nare. Tal fue el caso de Albeiro de Jesús Gómez, quien fue retenido por grupos paramilitares a principios de febrero y cuyo cadáver fue hallado el 13 de ese mes con signos de tortura. Igual suerte corrió pocos días más tarde Danilo Barrera. Un año y medio después, el 7 de julio de 1992, los paramilitares ejecutaron en Medellín a Fabio de Jesús Giraldo García, vicepresidente de Sutimac en Puerto Nare y militante de la UP, e hirieron a otro sindicalista. Momentos antes de su muerte Giraldo había sostenido una reunión con directivos de Cementos del Nare en la que había manifestado su preocupación por la seguridad de los trabajadores de la empresa a causa de las constantes amenazas del paramilitarismo. Ese año se conoció además un par de asesinatos de sindicalistas de Cementos Caldas, que funcionaba en Neira (Caldas). En 1993 la violencia volvió a golpear a Puerto Nare con los asesinatos de tres sindicalistas de Colcarburos, en rechazo de los cuales se presentó, el 4 de mayo, un paro obrero de dos días. Pero esas luchas no frenaron la violencia, pues el 20 de mayo hubo una matanza de cuatro sindicalistas de la misma empresa en momentos en que se estaba negociando el pliego de peticiones presentado por los trabajadores. Tales hechos debilitaron al sindicato de Colcarburos y allanaron el proceso de reconversión de esa empresa, como veremos adelante. Es de destacar asimismo que en Cementos del Nare y otras empresas de la rama cementera se utilizó la figura de la “justicia sin rostro” para perseguir a los dirigentes sindicales, como ocurriría igualmente en Telecom y Ecopetrol. De esa justicia, Hernán Motta, ex senador de la UP todavía en el exilio, en entrevista de mediados del presente decenio opinó que era “un aparato judicial de represión, que fue utilizado para reprimir al movimiento social y popular, para criminalizarlo. Bajo esa jurisdicción fueron sometidos a prisión cantidades de luchadores populares” (Carrillo y Kucharz, 2006, 206). Citó el ejemplo de los trabajadores cementeros afiliados a Sutimac, quienes, según Motta, pararon por retención ilegal 198

de salarios a mediados de los 90, un paro imputable a la patronal.64 “La totalidad de los miembros de la junta directiva fue procesada por „sabotaje‟ y condenada a penas privativas de libertad y multas de más de 750 millones de pesos. Además, fueron condenados a la pérdida de sus derechos políticos y civiles y la suspensión del ejercicio de patria potestad sobre sus hijos menores. Todo pasaba en un momento en que todos los días caían dirigentes sindicales asesinados” (Ibíd., 206207). En medio de esta violencia de rostros disímiles, la apertura económica tuvo enorme impacto sobre la industria cementera nacional, que se vio obligada a reestructurarse a las puertas de la crisis que se apoderó del sector de la construcción a partir de 1996. Para mediados de ese decenio las organizaciones sindicales del cemento presentaban una imagen desconocida en el pasado. El ya mencionado Gustavo Osorio, dirigente nacional de Fenaltraconcem y posteriormente de la CUT, diputado por Cundinamarca y luego senador de la república en representación de la UP, en entrevista que nos concedió en febrero de 1996 presentaba así el panorama de la industria cementera en esos momentos: “Se opera una etapa de tecnificación muy grande en la industria cementera colombiana. Hay nuevas técnicas, en detrimento de la mano de obra calificada de antes. Se hacen enormes inversiones de capital y convenios con universidades, se crean laboratorios de investigación y experimentación, hay mayor diversificación de la producción y se establecen conciertos de productores a escala internacional. La meta es elevar la productividad, para poder competir en costos (…) Todo ello ha afectado a los trabajadores. En los últimos años se han producido utilidades muy grandes en la industria. Eso no se compara con los ingresos de los trabajadores, pero no hay duda de que ahora los trabajadores tienen mejores servicios que antes (...) Fuera de la „guerra sucia‟, las empresas captaron gente y cuadros. Los salarios antiguos eran mejores que los de los tecnólogos de hoy. Entonces las fábricas trabajaban en zonas aisladas de las poblaciones y todos los servicios de los trabajadores los cubría la empresa. Ahora eso se acabó (…) Hacia 1990 la rama cementera colombiana tenía unos 7.000 trabajadores, que en 1996 apenas llegan a unos 5.000. En los últimos cinco años no se constituyó ninguna otra empresa en el sector, pero las instalaciones fueron modernizadas” (Entrevista a Osorio, 1996). Colcarburos es un caso concreto de quiebra de una empresa fabril por causa de la apertura económica en que se embarcó el país desde comienzos de los años 90. Creada en 1961 para producir cal y carburo de calcio en Puerto Nare, y PVC y otros productos en Cajicá (Cundinamarca), satisfizo durante décadas las necesidades de la industria nacional y se proyectó al exterior, pero terminó sus días en manos de sus propios operarios, sin poder cumplir con las acreencias que la cercaron. En 1993 los trabajadores se vieron obligados a entrar en una larga huelga ante la negativa patronal para negociar, que llegó hasta el extremo de preferir cerrar las plantas y no abrirlas cuando el conflicto terminó. De ahí en 64

En realidad, se refiere a la huelga de 1991, según la información de nuestras bases de datos.

199

adelante el movimiento obrero decayó y se concentró en la defensa de sus empleos. Después de infructuosas luchas la fábrica se cerró en 1995, para ser reconvertida en 1997. De acuerdo con un informe de prensa, “gracias a un crédito del Instituto de Fomento Industrial (IFI) por $600 millones, los ex trabajadores y pensionados de Colcarburos verán renacer a su empresa de La Sierra, corregimiento de Puerto Nare (Antioquia), bajo el nombre de Cales y Derivados de La Sierra (CDS)” (El Mundo, abril 7, 1997, 5). El mismo periódico describiría años más tarde cómo fue la negociación: “ante la Asamblea Departamental el sindicato –afiliado a la CUT– propuso entregar todas las acreencias prestacionales de los trabajadores como cuota inicial de una nueva empresa. El (entonces) Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, aceptó y llevó al IFI a apoyar la iniciativa, que finalmente se hizo realidad con el aporte del 85% de las acciones de los trabajadores y el 15% del gobierno nacional, con paridad de las dos fuerzas en la junta directiva de la empresa. Ahora eran 503 socios” (El Mundo, febrero 7, 2004, A9).65 Como comentó con cierta ironía un órgano sindical: “en un futuro serán los mismos trabajadores de la otrora Colcarburos los poseedores del 100% de la empresa, pero para ello tuvieron que asumir las deudas causadas por ella” (Informativo Festrac, mayo de 1997). Era una modalidad similar a las CTA, que convierten a los trabajadores en sus propios “empresarios” a costa de acabar con la existencia del sindicalismo. Si bien en el caso de Colcarburos parece claro el impacto de la apertura neoliberal, la debilidad del movimiento sindical nacional y regional también afectó a sus trabajadores. En medio del conflicto descrito, el Ministerio de Trabajo conceptuó que la producción de carburos era una industria química y no propiamente cementera, y con ese criterio rechazó la afiliación de su sindicato a Sutimac. Sin embargo, raramente sus trabajadores se marginaron de las acciones adelantadas por sus compañeros de Cementos del Nare. Pero las cosas cambiaron cuando este sindicato, como resultado de los golpes de la violencia, perdió su existencia como organización independiente y dejó a sus compañeros de Colcarburos en un dramático aislamiento político. Como se constata, en el debilitamiento del sindicalismo cementero y de la construcción no solo obraba la apertura neoliberal. La violencia continuaba en este subperiodo, aunque tal vez en menor escala. El 13 de julio de 1997 apareció muerto y con signos de tortura Orlando Quiceno, dirigente sindical de Sutimac en Cementos El Cairo –Santa Bárbara, Antioquia–, y la autoría del crimen se la atribuyeron las llamadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Y el 18 de octubre de 1998 cayó una nueva víctima de Cementos del Nare: Luis Obdulio Camacho, dirigente de Sutimac y de Fedeta. 65

La misma fuente reza: “a principios de 2004, Cales y Derivados de La Sierra S. A., de Puerto Nare, marchaba con 120 antiguos trabajadores de Colombiana de Carburos y 383 personas de la región, todos socios de la nueva empresa desde 1997” (Ibíd.).

200

A pesar de la debilidad de los sindicatos cementeros, especialmente los del Magdalena Medio, éstos no cejaban en su brega sindical, así acudieran a la protesta con menos frecuencia. En diciembre de 1999 estalló una nueva huelga en Cementos del Nare, esta vez por un pliego no dirimido. El conflicto terminó con un acuerdo que contemplaba reajuste salarial de 10% para el primer año y el equivalente al IPC para el segundo. Seis días después del arreglo las AUC amenazaron al sindicato nacional y declararon objetivo militar a la junta directiva local de Puerto Nare (ENS, Cuadernos de Derechos Humanos, Nº 9, mayo de 2000, 47). La negociación de las dos partes había determinado el levantamiento de la huelga y el reinicio de actividades el 6 de enero de 2000, pero la empresa retardó la apertura de las instalaciones hasta el 11 de enero, cuando ingresó el grueso del personal. Ese día fue ultimado William Márquez, un trabajador de la planta de Caracolí. El 14 de enero, unos setenta hombres armados de fusiles se presentaron en las instalaciones de la mina, en el sitio de Canteras, y se identificaron como Bloque Metro de las AUC. Llamaron por su nombre y número de cédula a los miembros de la junta directiva, ninguno de los cuales estaba presente en el lugar, y los declararon objetivo militar. La junta directiva en pleno se vio obligada a refugiarse indefinidamente en Medellín (Ibíd.). El caso de Cementos Rioclaro, empresa instalada en Puerto Triunfo (Antioquia) y una de las más tecnificadas del país, presenta características un tanto diferentes porque su crisis obedeció ante todo a la agudización de las acciones de la insurgencia. De acuerdo con la información que procesa el Cinep, el 16 de octubre de 1996 se produjo el cierre forzoso de la planta como resultado de los ataques del ELN, por negarse a pagar la extorsión, según la empresa –por cohonestar la formación de paramilitares, según los trabajadores cementeros–. Fueron voladas veinte torres de conducción y dañadas algunas instalaciones, y solo el 30 de noviembre siguiente las torres terminaron de ser reparadas y fue restablecido el servicio de energía eléctrica. Era la única fuente de empleo estable y productivo de la subregión y el cierre afectó a sus 350 empleados directos y a muchos más contratistas y servidores externos. Previamente la empresa se había pronunciado contra los ataques guerrilleros: “Para el grupo Argos, matriz de la compañía Rioclaro, la guerra desatada por la guerrilla que pretende dejar inoperante a la cementera, significa no solo una respuesta a la negativa de colaborar con donaciones sino un frenazo a la producción de una de sus más importantes empresas. Rioclaro es pilar para Argos no solo por la calidad del cemento que produce sino porque es la planta abastecedora para el centro del país y una de las mayores inversiones del conglomerado [antioqueño] en los últimos años” (El Espectador, octubre 2, 1996, 9-A). De esta forma constatamos que la violencia contra los sindicalistas en estos años, independientemente de sus intenciones, terminaba perjudicando a los sindicatos, restándoles fuerza movilizadora. En unos casos tal fue el resultado de acciones directas emprendidas contra sus afiliados –por ejemplo, en los ejecutados por paramilitares, que fueron la abrumadora mayoría– y en otros –los menos, pero que de todas formas contaban–, porque la “solidaridad” insurgente no solo se prestaba a 201

la retaliación paramilitar sino que también afectaba la sostenibilidad de las empresas y de los empleos, ya bastante golpeada por la apertura económica. 3er subperiodo Llegamos así al tercer subperiodo de esta investigación, y lo primero que constatamos es el descenso acentuado de las luchas sindicales, en un sector que, como vimos al inicio de este capítulo, era de los más activos del país. Entre 2002 y 2009 solo se libraron dos luchas, ninguna de ellas en la modalidad de huelga. Tal vez sea el ejemplo más dramático, junto con los trabajadores de las palmas, de un sindicalismo acallado a sangre y fuego, al menos en su acción contenciosa. Pero, por si acaso había algún deseo de levantar cabeza, la violencia acechaba. En efecto, en estos ocho años hubo seis violaciones de derechos humanos contra los sindicalistas cementeros, cinco de ellas homicidios. Aunque las violaciones de derechos humanos ocurridas en este subperiodo no están concentradas en un municipio, como había pasado con Puerto Nare en los anteriores, hay dos casos que afectan a Cementos El Cairo, de Santa Bárbara. El primero se refiere a Alfredo de Jesús Zapata, dirigente sindical de Sutimac en dicha empresa, quien el 3 de abril de 2002 fue obligado a apearse de un bus de la empresa en la localidad de La Pintada, secuestrado por paramilitares que se presentaron bajo el rótulo de “AUC Santuario” y posteriormente asesinado. El segundo fue José Evelio Bedoya, también trabajador de la misma empresa y quien fuera ejecutado por paramilitares no particularizados. Las otras víctimas de este subperiodo cayeron en Bogotá, Sincelejo, Coyaima y Barranquilla. Como venía sucediendo desde principios de los 90, en los inicios del nuevo siglo la industria del cemento había reducido extremadamente la oferta de sus productos como resultado de la “apertura económica” y la organización sindical independiente y luchadora había desaparecido virtualmente. En el caso de Cementos El Cairo es factible reconocer el cambio operado por la contratación cementera, similar a lo ocurrido con el sector bananero. La violencia combinada con la crisis económica del sector deriva en acuerdos que resaltan la supuesta comunidad entre empresarios y trabajadores. Según reportes de prensa, al término de la negociación de 2001 se firmó una convención colectiva con vigencia para el periodo 2002-2004 en la cual “Se logró un incremento salarial del 9% para el primer año y del IPC más un punto para el segundo periodo, así como incremento en todas las prestaciones extralegales. Se destacan las asignaciones para adquisición de vivienda, que harán posible que en los próximos meses la totalidad de los trabajadores posean casa propia, programa bandera orgullo de la empresa, señaló una fuente de la entidad” (El Mundo, diciembre 12, 2001, 4). La fuente citada recalca la mirada que la empresa tenía del nuevo talante del sindicalismo: “Cementos El Cairo destacó que estos logros son posibles por el nivel de tolerancia y respeto que caracteriza las relaciones de trabajo en la empresa, pero sobre todo porque la administración, los empleados, los trabajadores y su organización sindical han entendido que sus intereses comunes son superiores a sus 202

divergencias y que sobrevivir en medio de la competencia y los riesgos de la violencia nacional es un propósito común. La empresa recalcó que se confirma de nuevo la actitud positiva y constructiva de los dirigentes sindicales a favor de la continuidad y mejoramiento de Cementos El Cairo” (Ibíd. El subrayado es nuestro). Esta historia ya la habíamos escuchado en el caso bananero y aparecerá una vez más en el de palmas oleaginosas. En entrevista que nos concedió Gilberto Pareja, dirigente nacional de Sutimac, el 15 de junio de 2003, aparecen las siguientes señales que ilustran los cambios descritos: “La reconversión tecnológica en la industria cementera del país ha llevado a un aumento de la producción y una rebaja de plantas. Por ejemplo, en Cementos Diamante la producción es hoy de 1‟800.000 toneladas y la empresa tiene capacidad para producir 4,5 millones anuales. Antes tenía 1.200 trabajadores y hoy solamente cien de contrato a término indefinido, en las plantas de Cúcuta, Bucaramanga y Caracolito –Payandé, cercana a la planta de Buenos Aires, fue cerrada–. El resto son unos 800, que están bajo contratos precarios, entre ellos muchos por out sourcing. En Cementos del Valle la empresa tenía en 1974 una capacidad de un millón de toneladas, y hoy esa capacidad es de 1,5 millones. En el 74 había allí 900 trabajadores, de los cuales 715 eran obreros; hoy hay solo 360, de los cuales 260 son obreros. Las empresas cementeras están trabajando a una tercera parte de su capacidad debido a la crisis que atraviesa el país y cosa similar a la anterior ocurre en Cementos Boyacá y en las empresas cementeras de Antioquia –El Cairo, Rioclaro y Nare. Incluso en Nare están produciendo más que todo cemento blanco y poco del gris. Cementos del Valle y una empresa como Goodyear, por ejemplo, están empleando el 35% de su capacidad de producción; el resto está cerrado. La situación es fregada. El sindicato tiene hoy apenas 1.100 afiliados, de los 3.500 que eran hace unos años. Por eso la perspectiva de Sutimac es ahora la de abrirse hacia otros sectores, como Eternit, las ladrilleras y otras, y tenemos además un proceso de fusión con Sindicons” (Entrevista a Pareja, 2003). Otra imagen proyecta el sector empresarial que desde los años 90 entró a controlar el grueso de la producción cementera. En efecto, en el curso de los últimos quince años se produjo una transformación en el paisaje de la industria cementera colombiana, determinado por la concentración de las empresas en torno al grupo financiero Argos, que nació en el seno del Grupo Empresarial Antioqueño –antes conocido como Sindicato Antioqueño– y entró a presidir el grueso de la rama cementera. El grupo, que tiene inversiones de importancia en diversos países latinoamericanos e incluso en Estados Unidos, controla ahora siete empresas cementeras: Cementos Rioclaro, Cementos del Valle (Yumbo), Cementos Paz de Río, Cementos del Nare, Cementos El Cairo (Santa Bárbara), Cementos Hércules (San Gil), Colombiana de Clínker, y está por abrir la más moderna de sus instalaciones cementeras en Cartagena. El poderoso grupo incluye asimismo a empresas como Alimentos Noel y Nacional de Chocolates. El resto de instalaciones cementeras es manejado por las multinacionales Holcim y Cementos Mexicanos (Cemex). Esta última controla Cementos Boyacá y las antiguas fábricas de Cementos Diamante ubicadas en Cúcuta, Bucaramanga e Ibagué (Entrevista a Alfonso Velásquez, agosto de 2010). 203

Puesto que el objeto de esta investigación es la asociación entre violencia contra los sindicalistas y luchas sindicales, no analizamos en detalle la evolución de las relaciones laborales en las empresas cementeras. Pero no deja de llamar la atención el reciente comportamiento del grupo Argos al iniciar, a comienzos de 2009, la negociación de una nueva convención colectiva con todos los sindicatos que subsisten en el sector, aun antes de que se venciera su vigencia. A juicio de la ENS, esa positiva actitud empresarial y su compromiso con el “trabajo decente” auspician un nuevo clima laboral, excepcional en el mundo del trabajo colombiano (ENS, Agencia de Información Laboral, julio 17 de 2009, consultada en línea). En conclusión, podemos afirmar que en el sector cementero ocurrió algo similar al caso bananero, pero con un resultado más trágico, pues el sindicalismo autónomo y luchador se debilitó, y en algunos casos desapareció, especialmente en el Magdalena Medio. En efecto allí el sindicalismo cementero fue fuerte hasta mediados de los años 80 y logró conquistas que, más allá de logros inmediatos en salarios y condiciones de vida propias, benefició también a la población circunvecina. En sus luchas, muy abundantes hasta los años 80, había modernizado las relaciones laborales y establecido puentes políticos con otros sectores de la población, que abrigaban especial simpatía por la izquierda cercana al Partido Comunista. Esos avances fueron acompañados de interferencias “solidarias” de la insurgencia, y cuando se producen los diálogos de paz en el gobierno de Belisario Betancur se recrudece la violencia antisindical, especialmente en el Magdalena Medio por parte de los paramilitares, la cual debilita sensiblemente las filas sindicales y anula prácticamente toda protesta. En esas condiciones, la apertura económica no encontrará mayor resistencia laboral desde los años 90 y terminará socavando la contratación formal y el mismo sindicalismo. Aunque golpeado y debilitado en su acción contenciosa, el sindicalismo cementero no pudo ser exterminado, ni siquiera en el Magdalena Medio, donde la organización de Cementos del Nare cuenta actualmente con 260 afiliados, en tanto que su más cercano par, Colcarburos, entró en crisis financiera y finalmente se convirtió en propiedad de los trabajadores bajo la forma de sociedad anónima. Aunque hay signos de nuevas relaciones laborales en el sector, habrá que ver cuánto dura este ejemplo de “diálogo social” y qué tanto fortalece la autonomía de los sindicatos que sobreviven en el sector.

204

Luchas sindicales y violaciones de derechos humanos contra cementeros sindicalizados 1984-2009

Año

Luchas

Huelgas

Violaciones de derechos

Asesinatos

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

1 7 4 18 16 13 5 3 2 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 77

1 7 4 18 16 13 5 2 2 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74

0 0 4 10 13 5 2 5 3 7 1 1 1 2 1 0 4 5 3 1 2 0 1 0 1 0 72

0 0 4 6 9 5 1 5 3 7 1 1 1 2 1 0 4 2 1 1 2 0 1 0 0 0 57

205

4. SECTOR PALMERO

206

El cultivo industrial de la palma africana comenzó en la región de San Alberto (Cesar) desde finales de los años 50, y posteriormente se extendió hacia el occidente, particularmente a Puerto Wilches. En su mayoría las empresas fueron creadas por inversionistas privados, muy ligados a la gran propiedad rural de la zona. Las empresas compraron la tierra a ganaderos, pues allí casi no había campesinos, según Absalón Machado. La expansión, tanto ganadera como palmera, ocurrió sobre tierras que inicialmente habían sido de colonos y campesinos, quienes las destinaban a la agricultura de subsistencia, y para 1988 ya se habían establecido 14.000 hectáreas de palma industrial. Desde 1990 las empresas palmeras han competido por la demanda en el comercio nacional e internacional para mantener la oferta productiva, y han acudido a una drástica disminución de la mano de obra empleada (Machado y otros, 1996). Ha sido una industria oligopólica en lo que respecta a producción, precios, inversiones y generación de empleo, y sus principales empresas son Promociones Agropecuarias Monterrey (Puerto Wilches), Las Brisas y Bucarelia (Puente Sogamoso, Santander), Industrial Agraria La Palma (Indupalma, en San Alberto y Puerto Wilches), Palmeras de la Costa (El Copey) y Palmeras del Cesar (San Martín, Cesar) (Ibíd.). Indupalma hace parte de 23 empresas del conglomerado de la familia Morris Gutt. Nació en 1958 y desde 1960 cultiva palma africana para extraer y elaborar aceite crudo y palmiste, materias primas con las cuales se elaboran productos como margarinas, aceites comestibles, alimentos concentrados para animales, jabones, cosméticos y lubricantes de máquinas. El sur del Cesar es una subregión cuya economía ha girado tradicionalmente en torno de la ganadería extensiva y de cultivos de palma africana, algodón, sorgo y arroz. La gran mayoría de la inversión hecha en la zona ha provenido del sector privado de Santander. Fue considerada como una economía agrícola próspera y generadora de empleo hasta que vino la crisis de los años 93 y 94, que deprimió profundamente la agricultura comercial debido a la baja productividad, a la competencia externa y a la violencia que la circunda. Como dice un informe del Pnud, guerrilleros y paramilitares del Magdalena Medio han medrado a la sombra de las rentas procedentes de recursos naturales –petróleo, oro, esmeraldas–, la coca y las palmas oleaginosas (Gómez Buendía, 2003, 294). La guerrilla asentó reales tempranamente en la región y el más agresivo grupo paramilitar, las Ausac (Autodefensas de Santander y del Cesar), se ubicó en el sur del Cesar en 1996, para luego extenderse hasta el centro del Magdalena Medio (Archila y otros, 2006). En los inicios de la explotación de la palma aceitera predominaban relaciones laborales que hemos llamado “primitivas”, pues, como ocurre en otras zonas de enclave extractivo –la bananera de Urabá, por ejemplo–, no había el imperio de la ley laboral, y casi de ninguna ley. Los patronos se negaban a negociar con los trabajadores. En Indupalma, por ejemplo, el sindicato logró el reconocimiento de 207

plenos derechos laborales solo en 1977. La lucha sindical comenzó en Indupalma en 1965 y seis años más tarde se produjeron las primeras detenciones de personal. En 1972 un grupo de facinerosos destruyó, con ayuda de un buldózer, la sede del sindicato, todo ello en represalia por el asesinato de un funcionario de la empresa, supuestamente a manos de los grupos guerrilleros que operaban en la región. Los dirigentes sindicales detenidos fueron declarados inocentes después de cinco años de reclusión. En 1977 estalló una huelga liderada por el sindicato, entonces cercano a la Unión de Trabajadores de Santander (Utrasan), que era filial de la UTC pero mantenía posiciones independientes y estaba influida por el M-19. Posteriormente, y como caso único en la historia del país, la totalidad de las organizaciones sindicales que funcionaban en Santander acordaron unirse en una federación departamental y crearon la Unión Sindical Independiente de Trabajadores de Santander (Usitras), núcleo en que se inspiraron quienes proyectaban la creación de una sola central nacional unitaria, que pronto se llamaría Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La Usitras obtuvo las primeras conquistas laborales con los palmicultores y fue decisiva para el desarrollo de la lucha posterior en todo el Magdalena Medio. Las fricciones de los empresarios con el sindicato eran constantes, debido a la inflexibilidad patronal, que se negaba a aceptar la existencia de la organización de los asalariados. En ese ambiente de intolerancia laboral, en el sur del Cesar –como ocurrió también en otras zonas de enclave extractivo, como Urabá y el Magdalena Medio–, la guerrilla se hizo presente aduciendo la defensa de los trabajadores y del pueblo en general. En esas condiciones, cerca de 2.500 trabajadores de la palma se lanzaron a una huelga que reivindicaba asuntos básicos de la legislación laboral, y en ese sentido era considerada “justa” por los trabajadores (ver testimonios en Guerrero y otros, 2005, 241). En el momento más pugnaz del conflicto laboral, el M-19 secuestró al gerente de la compañía, Hugo Ferreira Neira, en un intento de obligarlo a aceptar exigencias sindicales. Sin poder precisarse si fue por esta presión o por la lucha de los trabajadores, el conflicto se resolvió a favor de estos últimos. A raíz de ese movimiento los trabajadores constituyeron un comité femenino de muy amplio espectro, que desempeñaba actividades educativas y propagandísticas, un llamado comité de activistas, que recogía las necesidades de los trabajadores y sus familias, y un comité de solidaridad con los presos políticos, que actuaba con eficacia en el nivel regional. Finalmente, organizaron un comité cívico popular, que en 1983 involucró en sus directivas inclusive al alcalde y al cura párroco de la localidad, logró reunir en su entorno a los habitantes de San Alberto y con su ayuda construyó una escuela, un puesto de salud y varias vías de comunicación, para lanzarse en pos del anhelo más hondo de los vecinos: la construcción de un acueducto dotado de planta de tratamiento de aguas (Ibíd.). Así llegamos al periodo de estudio en esta investigación. Los primeros elementos de análisis en el tema que nos corresponde parten de la observación de los 208

gráficos sobre el proceso seguido por las violaciones de derechos humanos contra los sindicalistas y las luchas sindicales adelantadas en el sector. El primer subperiodo es el más agitado en términos de luchas sociales, en concreto de las huelgas, con especial acento en 1990 (Gráfico 1). Gráfico 1 Luchas de los trabajadores palmicultores sindicalizados, 1984-2009 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2008

2009 2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

2008

Luchas de palmicultores

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

0

Huelgas de palmicultores

Gráfico 2 Violaciones de derechos humanos contra palmicultores, 1984-2009 16 14 12 10 8 6 4 2

Violaciones de derechos humanos

209

Asesinato

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

0

A ese curso corresponde un incremento de la violencia contra los sindicalistas (Gráfico 2), y luego viene un relativo declive de las luchas y las huelgas. Esto sugiere la reiteración de un círculo vicioso que ya hemos observado en otros sectores laborales: las acciones colectivas en procura de la conquista de mínimas condiciones laborales, enderezadas a superar las relaciones “primitivas”, provocan casi inmediatamente la violencia de la parte contraria, en este caso algo rezagada; a su vez, esa reacción es contestada inicialmente por más protestas contra las violaciones de derechos humanos (ver Gráficos 3 y 4), las cuales son acalladas, aunque no tan dramáticamente como en los casos bananero y cementero. Pero también, como ocurre en los demás sitios de enclave extractivo, la guerrilla interfiere en la lucha sindical, supuestamente para favorecerla, lo cual puede ocurrir en sus inicios, pero a la larga termina contribuyendo al debilitamiento estructural del sindicalismo del sector. Veamos con más detenimiento estos procesos, siguiendo los subperiodos propuestos. Gráfico 3 Motivos de lucha de los palmicultores, 1984-200966

Derechos; 19 Incumplimiento pactos; 7

Solidaridad; 2 Pliegos no dirimidos; 22

66

Todas las luchas por derechos que protagonizaron los palmicultores durante el periodo de observación fueron motivadas por la violación de los derechos a la vida, la libertad y la integridad. Y, como da cuenta la Base de Datos de Luchas Sociales, no desarrollaron ninguna protesta motivados por políticas públicas ni contra autoridad alguna.

210

Gráfico 4 Luchas de trabajadores palmicultores por derechos humanos, 1984-2009 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Luchas por diferentes motivos

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

0

Luchas por derechos humanos

1er subperiodo Los años 1984-1990 se inician con algunas huelgas sintomáticas de lo que ocurría en el sector palmicultor, aunque con resultados diversos. En cuanto a los motivos de las protestas de este subperiodo, resalta el problema de derechos, más que en el conjunto de los años estudiados, como se observa en el gráfico respectivo. Gráfico 5 Motivos de lucha de los palmicultores, 1984-1990

Pliegos no dirimidos; 9

Solidaridad; 1

Derechos; 12

211

Incumplimiento pactos; 3

De acuerdo con nuestras bases de datos, en Palmeras de la Costa, con domicilio en El Copey (Cesar) y perteneciente al Grupo Grancolombiano, un pliego petitorio presentado por el sindicato en 1983 fue rechazado persistentemente por los empresarios, hasta que en mayo de 1984 estalló un paro laboral que duró seis días. No fue una huelga corriente, sino un paro de solidaridad. Los trabajadores de contrato fijo –cerca de 600, al servicio de contratistas y que no estaban sindicalizados– suspendieron intempestivamente labores y con ello provocaron el paro forzoso del personal de contrato indefinido. Fue una reacción espontánea de los contratistas ante la retención de salarios mínimos, los despidos ilegales y otras violaciones de normas legales que acostumbraban emplear los empresarios. La empresa despidió a los dirigentes de la protesta, que solo parcialmente fueron apoyados por los directivos del sindicato, que agrupaba, por supuesto, al personal de contrato de término indefinido. El Ejército procedió a detener a los despedidos, pero la población se lanzó a la protesta e impidió que fueran trasladados a Valledupar. La cesación laboral terminó con una negociación a medias, con ayuda de la Federación Nacional Sindical Agropecuaria (Fensa), filial de la todavía existente Cstc. En septiembre del mismo año 84 se produjo una segunda huelga, que duró 36 días y agrupó a 880 trabajadores de la empresa. Esta amenazó con cerrar y los trabajadores de contrato fijo y de planta tomaron las instalaciones. Levantaron las carpas de huelga y en ellas y alrededor de las mismas introdujeron a sus familias, incluidos los niños, para impedir que de nuevo el Ejército arrestara a los dirigentes del movimiento. Finalmente, tras un acuerdo, la empresa reabrió operaciones a partir del primero de noviembre de 1984. En forma muy parecida al conflicto laboral de 1977 en Indupalma, en 1985 se libró otro en Palmas Oleaginosas Hipinto (Hipilandia), situada en San Martín, Cesar, pero en esta oportunidad los logros fueron más claros. Allí tampoco se permitía la existencia de organización sindical, por lo que el sindicato se fundó casi clandestinamente. Una vez obtenida la personería jurídica se iniciaron unas largas y tediosas negociaciones, que incluyeron marchas a Bucaramanga y la toma del consulado de España en esa ciudad por parte de los trabajadores, algunos de los cuales fueron detenidos (Guerrero y otros, 2005, 241-255).67 Esas acciones sirvieron para agilizar las negociaciones que buscaban “modernizar las relaciones de trabajo, establecer vínculos contractuales y de respeto a los trabajadores y el sindicato” (Ibíd., 256).68 Pero la violencia sistemática no tardó en aparecer. El 10 de marzo de 1985 fue detenido y torturado Jairo Bohórquez, presidente de Sintrapalmas y concejal comunista de Puerto Wilches. La violencia apareció primero a cuentagotas, pero 67

Los mismos autores señalan que la toma duró escasos 20 minutos y, como el cónsul no hizo acusación de “secuestro”, los detenidos fueron liberados. Entre ellos estaba el dirigente de Usitras, Isaías Tristancho (Ibíd.). 68 Según los mismos autores, fue una huelga “victoriosa” que luego se proyectaría a movimientos cívicos que promovían la conquista de las alcaldías de San Alberto, Aguachica y San Martín y que por lo mismo caerían en la mira de los paramilitares (Ibíd., 257).

212

en 1988 se incrementó. El 14 de febrero de ese año Nemesio Machuca, dirigente de la Asociación Sindical de Trabajadores de Indupalma (Astraindupalma), cayó asesinado en San Alberto. Pocos días después, el 9 de marzo, hombres armados irrumpieron en la sede social del Sindicato de Procesadores de Aceite (Sintraproaceites) del mismo municipio y dispararon indiscriminadamente contra quienes se encontraban allí. En el acto murieron cuatro sindicalistas. Eso provocó una nueva huelga en Indupalma el 11 de abril de 1988, que también fue en protesta por el asalto armado a la sede social del sindicato, en actos llevados a cabo por los paramilitares, que ya estaban merodeando en el Magdalena Medio.69 Dos años más tarde, cuando los asalariados de las palmas habían disminuido a 1.800, se presentaron varias huelgas en protesta por asesinatos de sindicalistas del sector. En efecto, todas las nueve huelgas de palmicultores que estallaron en 1990 tuvieron como resorte central el reclamo de los asalariados de que se respetara el derecho a la vida. En ese cometido, el 6 de marzo de ese año, los trabajadores de Indupalma protestaron por el asesinato de dos sindicalistas de la empresa: Álvaro Mora, trabajador de base afiliado a Asintraindupalma, y Pablo Emilio Cárdenas, revisor fiscal del sindicato Sintraproaceites, filial del primero.70 Los palmicultores reclamaron a las autoridades que se aclararan los móviles y autores del asesinato y desaparición de sus compañeros, que en lo que iba corrido del año ya sumaban cinco, además de otras víctimas no sindicalizadas.71 El 16 de marzo de 1990, trabajadores de Palmas de la Costa, y el 19 de marzo los de Indupalma, cesaron sus actividades en protesta por el asesinato– ocurrido el 15 de marzo– de José Augusto Maldonado y Gonzalo Blanco, trabajadores de Indupalma y miembros de Asintraindupalma, así como de dos trabajadores más y un comerciante, todos a manos de paramilitares. El de Indupalma era ya uno de los sindicatos colombianos más duramente golpeado por los paramilitares. El intento de éstos de hegemonizar por la vía de las armas se refleja claramente en la impresionante proporción de victimas causadas por ellos (Gráfico 6).

69

Vale la pena mencionar un comentario de prensa sobre la escasa “proyección social” de Indupalma: “Aunque sus utilidades son muy altas –y en parte ocultas al conocimiento de las autoridades, según los trabajadores–, son pocas las obras de beneficio social que ella ha adelantado en el empobrecido municipio, al cual tributaba apenas dos millones de pesos anuales (unos 5.000 dólares) por concepto de impuesto predial” (El Tiempo, marzo 3, 1988). 70 El hecho se produjo el 4 de marzo, cuando se desplazaban de San Alberto a Bucaramanga. Sus cuerpos aparecieron en la población de Chimitá, con visibles muestras de tortura e impactos de bala en la cabeza. 71 El 4 de enero, en San Alberto (Cesar), Aquiles Gutiérrez Ochoa, dirigente de Asintraindupalma y su hijo, Jesús Eudes Gutiérrez, fueron desaparecidos por paramilitares en momentos en que visitaban la finca “La Carolina”, y el 27 de enero, en el mismo municipio, fueron ejecutados, supuestamente por paramilitares, Luis Felipe Blanco Vargas y Epaminondas Balza Romero, afiliados de Asintraindupalma y socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Trabajadores de la Palma (Coopalma), en el corregimiento La Palma. Los sicarios también hirieron a Pedro María Rincón y a otra persona cuya identidad no se precisó; el 17 de febrero, fue asesinado Sigifredo Rodríguez, miembro del mismo sindicato.

213

Gráfico 6 Presuntos responsables de violaciones de derechos humanos contra palmicultores 1984-2009

Sin información 35

FF.AA. y de Policía 5 Paramilitares 79

Así, el 18 de julio de 1990 se produjo un paro de actividades en Palmas Bucarelia, Indupalma, Brisas y Monterrey, en protesta por el asesinato, el día anterior, en Puerto Wilches, de dos dirigentes campesinos y un empleado de Palmas Bucarelia, todos ellos afiliados a Sintrainagro y Usitras. Los paramilitares que perpetraron los crímenes llegaron con lista en mano a buscar a varias personas residentes en la inspección departamental de El Pedral. Usitras denunció como responsables a grupos de extrema derecha que operaban en la región. En protesta por los mismos hechos, 68 empresas procesadoras de la palma iniciaron un paro indefinido. El 6 de agosto de 1990, trabajadores de Palmas Oleaginosas Las Brisas, Producciones Agropecuarias Monterrey e Indupalma decretaron un paro de dos días para rechazar el asesinato cometido el día anterior en la inspección de El Pedral (Puerto Wilches) de Marbi Alonso Foronda, uno de los más prestigiosos líderes sindicales de la región, trabajador de Palmas Bucarelia, miembro de Sintrainagro y dirigente de Sintraproaceites. Meses después, el 27 de octubre de 1990, los trabajadores de Indupalma pararon nuevamente por un día, en repudio del asesinato de Isidoro Pablo Antonio González y John Jairo Gómez Rueda, perpetrado el 23 de octubre en San Alberto por parte de un comando paramilitar, así como del vicepresidente de la Anuc del mismo municipio, Isidro Angulo, quien fue torturado y ejecutado y su cadáver fue hallado el 26 de octubre en cercanías de la finca El Guajiro. Esta protesta fue acompañada de un paro cívico cumplido en San Alberto. Según un informe de prensa, entre enero y marzo 1990, seis trabajadores de la 214

industria de la palma africana de la región cayeron acribillados por las balas, y en solo 18 meses –octubre de 1988 a marzo de 1990– las víctimas del paramilitarismo subían a 22. Entre febrero de 1988 y agosto de 1992, treinta trabajadores de Indupalma habían sido eliminados y dos más desaparecidos, y todos los crímenes habían quedado impunes (Vanguardia Liberal, septiembre 22, 1992, 4B). La información de que disponemos consigna que en 1988 hubo ocho trabajadores de Asintraindupalma asesinados y que en el siguiente año el número de víctimas fue el mismo, supuestamente abaleadas por sicarios y paramilitares. 72 Como ocurrió con no pocos conflictos de trabajo que tuvieron lugar en empresas cementeras antes de la apertura económica, en las de palmas aceiteras del Magdalena Medio fue notable la movilización solidaria de la población local con los trabajadores, expresada en marchas de protesta, bloqueo de vías públicas e incluso paros cívicos. Y de la misma manera como había pasado con los cementeros y los bananeros a partir de los años 60, la lucha de los trabajadores de la palma para ganar plenos derechos de negociación y contratación fue larga y cobró vidas humanas. Parece que las realizaciones de la organización sindical provocaron la alarma de los patronos de Indupalma y los ganaderos y terratenientes del sur del Cesar, víctimas a la vez de la extorsión de los guerrilleros. 73 Pese a todos los esfuerzos de los asalariados, los crímenes no pudieron ser detenidos. Nuestra información – ver tabla al final de este capítulo– registra 35 sindicalistas del sector palmero eliminados entre 1986 y 1990. Las organizaciones sindicales acusaron a los grupos paramilitares del sur del departamento y pidieron constantemente la presencia en San Alberto de funcionarios investigadores, lo mismo que la protección de la Policía, el Ejército, la Procuraduría General y la misma Presidencia de la República. Todo indica que no recibieron ninguna respuesta. 2º subperiodo En el sector palmero los años 90 están marcados por dos procesos concomitantes: la creciente violencia y la crisis económica ocasionada por la competencia externa y la acelerada apertura económica iniciada en el gobierno Gaviria. Estos factores, que bien se pueden realimentar para buscar la pervivencia del empresariado, terminan debilitando al sindicalismo no solo por la disminución de sus afiliados sino igualmente por la intolerancia patronal a la hora de negociar. Así se observa en los conflictos laborales de este subperiodo. Inicialmente, en enero de 1991 un total de 1.600 trabajadores suscribieron la 72

El Colectivo de solidaridad en defensa de derechos humanos y Usitras se pronunciaron sobre la escalada criminal en ese último año. 73 Según la información recopilada en nuestras bases de datos, parece que los propietarios apoyaron a los grupos paramilitares. Los trabajadores palmeros constituyeron entonces un Frente Común por la Defensa y el Desarrollo de San Alberto, en el cual incluyeron a gerentes de bancos y a representantes de Indupalma y la Federación Nacional de Arroceros.

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presentación a Indupalma de un nuevo pliego de peticiones, cuyas negociaciones directas concluyeron en marzo siguiente, y entonces empezó un plan tortuga destinado a ablandar las posiciones patronales y que solo condujo a votar la huelga el 4 de marzo. Siete días más tarde se producía el retiro del petitorio por los trabajadores porque la empresa ofrecía un aumento salarial por debajo del tope oficial de 22%, además de que en 1989 habían obtenido el 27%, y finalmente, el 14 de ese mes, se produjo el acuerdo: 25,5% de aumento. La operación tortuga hizo perder mucho dinero a la empresa, que sostuvo que los excesivos costos laborales la tenían al borde del colapso. El 20 de septiembre de 1992 se reunió un foro por la paz, contra el despido de la mitad de los trabajadores de la empresa –650, sobre 1.418 totales– y la reducción del 50% en el área cultivada de palma. Pero la crisis de la aceitera se ahondó y el 12 de noviembre de ese año el sindicato aceptó el reajuste de 20% ofrecido por los empresarios y prometió suspender la presentación de pliegos petitorios hasta 1994. En los años 80 Indupalma había llegado a tener a su servicio por encima de dos mil trabajadores, pero desde 1992 comenzó a anunciar su cierre, alegando crisis financiera ante las exigencias de la competencia. Según un informe de prensa de años después, “la empresa perdía la mitad de su producción porque los trabajadores la echaban a perder y el 82% de sus ingresos se iba en costos laborales. Nada que hacer, había que liquidar. Fue entonces cuando entró a conversar con el sindicato. Después de un año de conversaciones, huelgas y rompimientos se llegó a una salida: los socios accedieron a no repartir las ganancias de su inversión hasta que la empresa se fortaleciera y los trabajadores a disminuir sus beneficios (…) Los sacrificios no fueron suficientes y se necesitó reforzarlos con una nueva idea: crear cooperativas para dar trabajo a través de ellas a las personas que de manera ocasional tenían vínculos laborales con la empresa para realizar corte, recolección y transporte de fruta” (El Tiempo, mayo 21, 2000, 1 y 20). Sin embargo, la racha de violencia contra los sindicalistas estaba deformando el cauce de la concertación. En el caso de Indupalma este factor es evidente. Hacia julio de 1993 los 1.418 empleos se habían reducido a 910 y el sindicato, que tramitaba el pliego, había renunciado a pedir reajuste de salarios y prestaciones. La empresa decía requerir mayores sacrificios, y por eso, según el sindicato, en agosto de 1993 estalló finalmente la huelga, que duró 55 días hábiles y que finalmente concluyó en acuerdo de las partes. La organización –una de las más beligerantes de la CUT y la más importante de la rama de aceites vegetales– insistió en convocar concordato de acreedores para salvar la empresa y aceptó el retiro voluntario de 650 asalariados sin exigir la correspondiente indemnización convencional (Vanguardia Liberal, agosto 17, 1993, 5B). Pese a la actitud concertante de los asalariados, la violencia no dejó de estar presente. Todavía en medio de la huelga, el 24 de octubre de 1993, fue muerto Donaldo Camargo, afiliado a Asintraindupalma en San Alberto; el 26 de julio del año siguiente le tocó el turno a Jorge Rodríguez, tesorero de Sintrapalmacost eliminado en El Copey (Cesar) y cinco días después fueron masacrados en San Martin seis 216

trabajadores sindicalizados de la empresa Palmas del Cesar. A fines de 1993 y parte del siguiente año, como culminación de la huelga y en medio de una violencia recrudecida, la empresa, presionada por las dificultades financieras que le había impuesto la apertura de mercados, planteó al sindicato la necesidad de adoptar políticas laborales flexibles. El sindicato rechazó la propuesta y la empresa optó por acudir directamente a las bases obreras y exponerles la situación. El resultado no se hizo esperar: apoyada en la nueva amenaza de desempleo masivo que aparecía en el horizonte, Indupalma impuso en el grueso del personal a su cargo su plan de abolir la convención colectiva, forzar el paso de sus servidores a las estipulaciones de la Ley 50 y crear un fondo de cesantías privado para trabajadores que llevaban entre 14 y 22 años de servicio a la entidad. Ofreció retiro voluntario con indemnización, que el sindicato rechazó, y a partir de ahí creó, con apoyo de los trabajadores, las CTA, a las cuales ingresaría el personal despedido para ser luego ofrecido a la empresa bajo las condiciones de contratos precarios. Los trabajadores serían “socios” y a la vez asalariados de tales empresas; tendrían derecho a recibir compensaciones y agenciarían el suministro de fuerza de trabajo a las empresas de las cuales habían migrado forzadamente. Nuevos intentos de recuperar la fuerza sindical y negociadora perdida tampoco tuvieron mayor impacto en la masa laboriosa. Con motivo de la huelga de Indupalma de agosto-octubre 1995, que duró 59 días calendario, los trabajadores se vieron precisados a aceptar el plan de salvamento de la empresa y el empleo de CTA para surtir de mano de obra a la misma, cuyo nuevo régimen de cesantías contemplaba bonificaciones para quienes se acogieran a él. En otras palabras, se trataba de deshacerse de buena parte –casi del total– del contrato directo de fuerza de trabajo, con los compromisos de todo orden que eso entrañaba. En abril de 1996 la empresa hizo la propuesta formal. Un grupo de trabajadores de contrato temporal creó la Cooperativa Palmarés, que para mediados de 2000 tenía 68 socios. Había ya 19 cooperativas de ese tipo, con 900 miembros, y la empresa les suministraba capacitación gratuita en la materia. Pero la violencia también contó para este desenlace. Además de repetidas amenazas hechas durante el tiempo de la negociación, al inicio de la huelga, el 3 de agosto de 1995, grupos paramilitares distinguidos con la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de San Alberto” ejecutaron a Floro Castro, afiliado a Asintraindupalma. El cuerpo de la víctima, rociado con ácido, se encontró en el municipio La Esperanza, Norte de Santander. Al observar las cifras de los actos de fuerza cometidos contra este sector sindical en esos años, constatamos que la violencia va erosionando implacablemente la capacidad negociadora de los sindicatos aceiteros, especialmente en Indupalma. Entre 1991 y 1993 se perpetraron 16 asesinatos y tres desapariciones de sindicalistas, y en el año siguiente la cifra anual de asesinatos fue de 11, seis de ellos ocurridos en la matanza que mencionamos atrás. Y en 1995 hubo nueve sindicalistas muertos y tres desaparecidos. 217

Por desgracia, pese a todos los remiendos de trabajadores y empresarios, las cosas empeoraron para el sindicalismo en términos de violencia. Los sacrificios y el nuevo talante de concertación del sindicalismo no parecían suficientes. En el mismo año 1996 cayeron asesinados seis nuevos activistas sindicales. Por ese camino de sangre, el sindicato de Indupalma, inicialmente compuesto por 1.800 afiliados, “fue llevado al borde de la extinción total en un lapso de siete años” (ENS, Cuadernos de Derechos Humanos, Nº 2, 1996, 9). Para ese momento los destacamentos de las Farc en la región estaban ya a la defensiva frente al avance del paramilitarismo, y eso facilitó el nuevo acuerdo laboral. A partir de entonces, el sindicalismo del sur del Cesar, Puerto Wilches y Puerto Berrío entró a ser estrechamente controlado por los paramilitares. Los trabajadores entendían la situación financiera de la empresa pero insistían en no perder las ventajas convencionales adquiridas, y los patronos optaron por permitir que los factores de fuerza hicieran el trabajo de ablandarlos. Los líderes sindicales eran conscientes de la situación. En entrevista concedida a nosotros en febrero de 1996, Gerardo González, miembro director de la Federación Nacional de Sindicatos de la Industria Agropecuaria (Fensuagro), afiliada a la CUT, exponía de la siguiente manera la situación que se vivía en la industria del aceite de palma: “En cuanto a los cultivos industriales, las palmas atraviesan una situación muy difícil. El país importa materias primas, aceites, y hay gran variedad de aceites diferentes del de palma africana, que es el que más cultivamos aquí. Los trabajadores luchan entonces por conservar lo que han ganado, ante unas empresas que están enfrentadas a la pérdida de mercados. Si no hay una mayor reducción de brazos ocupados en el banano, las palmas y el algodón es porque casi todo el proceso allí es manual” (Entrevista a González, 1996). De manera similar a lo ocurrido en las industrias bananera y cementera, el conflicto laboral aceitero, que se había radicalizado con la intervención de la insurgencia armada, se moderó e incluso desapareció tras el abrazo de hierro del paramilitarismo. La guerrilla, cada vez más arrinconada en el Magdalena Medio, seguía sintiendo que era su deber presionar con la fuerza la solución de los petitorios obreros y compartir el liderazgo con los sindicatos. Pero con esto, tal vez sin proponérselo, terminó volviendo a los sindicalistas objetivos de retaliación por parte de los paramilitares, y con ello contribuyó a debilitar el sindicalismo que pretendía apoyar. Las cosas no se limitaban a las palmas aceiteras del Cesar y Antioquia. A mediados de diciembre de 1997, cuando se reiniciaron los ataques del ELN al oleoducto de Caño Limón-Coveñas, los empresarios palmeros de Acacías (Meta) denunciaban que las Farc los había declarado objetivo militar por negarse a pagar la “vacuna”. “En (esa) región –informaba la prensa– se cultivan alrededor de 8.000 hectáreas de palma, de las cuales viven unas 4.000 personas, entre trabajadores y sus familias” (El Tiempo, diciembre 18, 1997, 1B). En torno de la agresión de las Farc contra productores de aceite de palma de San 218

Carlos de Guaroa y Acacías, que había incluido el incendio de buses, tractores y camiones y el derrame de 33 toneladas de aceite, la información de los medios afirmaba: “Según los palmeros, estos hechos se constituyen en una retaliación de la guerrilla porque hace un mes, empresarios y trabajadores efectuaron una jornada de reflexión sobre las presiones de la subversión en dicha zona. Los empresarios hicieron un llamado a la comunidad para que apoye su posición pacifista, que incluye inversiones en salud, vivienda, educación, empleo y vías de comunicación que beneficiarán a más de 20.000 personas. Así mismo, advirtieron que las empresas palmeras del Llano no cederán ante cualquier tipo de presión subversiva que atente contra la estabilidad, la economía y la tranquilidad de sus hogares” (El Tiempo, enero 21, 1998, 12-A). Ante los cruentos hechos de la industria palmera, las centrales sindicales se vieron obligadas a expedir un comunicado conjunto que apareció en la prensa nacional el 9 de enero de 1998, en el cual condenaban toda forma de violencia en el mundo laboral. La CUT, la CTC y la Cgtd denunciaban la situación de violencia que vivían los trabajadores del país y añadían: “Un ejemplo de esta dramática realidad lo constituye lo que viene ocurriendo en las empresas palmeras Monterrey, Las Brisas y Bucarelia, en el municipio de Puerto Wilches (Santander), en donde los trabajadores son víctimas de asesinatos, amenazas y desapariciones, en tanto que los directivos de las empresas se enfrentan a las extorsiones y a los secuestros. Ante estos hechos, manifestamos públicamente nuestra condena al terrorismo, al secuestro y a la desaparición forzada, y llamamos a los actores del conflicto a humanizar la guerra y a buscarle una salida negociada, así como invitamos al conjunto de la población a ponerse en pie por la paz y contra la violencia” (El Tiempo, enero 16, 1998, 9-A). La declaración de las centrales parece referirse a algunos hechos que, de acuerdo con nuestras bases de datos, fueron los siguientes: el 12 de agosto de 1997 un grupo paramilitar desapareció en Puerto Wilches a Misael Pinzón, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Palma (Sintrapalma). Al día siguiente, en momentos que sus compañeros de trabajo estaban realizando un mitin de protesta por su desaparición, se hicieron presentes los paramilitares y les dijeron a los trabajadores que debían desafiliar el sindicato de la CUT y convertirse en una cooperativa bajo la dirección de las autodefensas. Allí mismo amenazaron a otros dos dirigentes de Sintrapalma, los hermanos Ramiro y Edgar Vásquez. Ese año hubo además tres asesinatos de sindicalistas del sector palmero, y en 1998 fueron cuatro las víctimas fatales que cobraron los paramilitares. Pero si por allí llovía, por el lado de las guerrillas no escampaba. A mediados de enero de 1998, a consecuencia de amenazas de las Farc, las fincas Bucarelia, Las Brisas y Monterrey se vieron obligadas a suspender labores durante más de una semana. “El ingeniero Marcos Manrique, quien fue puesto en libertad el 13 de enero, luego de su secuestro, aseguró que la guerrilla acusa a los palmicultores de incumplir los compromisos adquiridos con ellos y permitir la entrada de los paramilitares. Las Farc explicaron ese día que los ocho profesionales de las palmeras que aún mantienen retenidos no serán liberados hasta cuando las 219

empresas cancelen una suma de dinero como indemnización por los daños causados por los paramilitares” (El Tiempo, enero 24, 1998, 8-A). Para entonces las empresas palmeras mantenían unos 2.500 empleados directos y cerca de 2.000 indirectos, y la prensa habló de que entre el 15 y el 26 de enero había ocurrido una huelga, pero no fue así. Solo hubo negociación de pliegos y finalmente malos arreglos de los mismos para los trabajadores, en medio de la violencia paramilitar y guerrillera. En Monterrey la huelga había sido votada desde diciembre de 1997 por Sintrapalma, organización opuesta a Sintrainagro. Poco después Sintrainagro, bajo control del partido Esperanza, Paz y Libertad, como apuntamos en el caso bananero, anunció la presentación de pliegos en Bucarelia y Las Brisas. La prensa afirmó entonces que las huelgas obedecían órdenes de las Farc, en protesta por la acción de los paramilitares. Las Farc, en acto que dio credibilidad a la prensa, secuestraron a los ocho empleados de las empresas palmeras, por quienes pidieron el pago de rescate, y en esa situación los mantuvieron durante más de seis meses (El Tiempo, marzo 30, 1998, 10-A). El ataque a las instalaciones de Bucarelia, perpetrado el 27 de marzo de 1998, no fue menos violento. “Por lo menos hasta dentro de una semana se reanudará la producción en la empresa Palmeras Bucarelia (...) la más grande de la región, luego del atentado dinamitero que ejecutaron las Farc la noche del viernes. El ataque destruyó el sistema eléctrico de la planta extractora y dejó cesantes a 600 trabajadores que dependen de la siembra, recolección y procesamiento del fruto de la palma africana” (Ibíd.). La acción tuvo lugar “por negarse a pagar la extorsión de la que son objeto” las empresas. Las cosas no mejoraron en los días siguientes. Una corresponsalía de El Tiempo fechada el 7 de abril señalaba: “Un nuevo cese de actividades se registra desde ayer en las empresas de palma africana de Puerto Wilches como consecuencia de las exigencias del frente 24 de las Farc, que condicionó de esta manera la liberación de los cuatro directivos que aún mantiene retenidos” (El Tiempo, abril 7, 1998, 11-A). La crónica, sin embargo, callaba lo referente al control paramilitar sobre el sindicato, que para entonces había pasado a ser una organización virtualmente invisible en el panorama nacional. Los paramilitares sometieron a permanente vigilancia a todas las organizaciones populares de la región. Tenían acceso libre a los archivos sindicales, como si se tratara de autoridades del trabajo, y el sindicato respectivo estaba obligado a comunicarles oportunamente sobre la llegada y salida de la región de cualquier trabajador, así como de las visitas de dirigentes de la CUT, central a la cual estaba afiliada la agrupación: nombres de los visitantes, fecha de arribo y fecha de partida previstas, medio de transporte utilizado, etc. Como resultado de los acuerdos laborales de mediados de los años 90, los trabajadores de Indupalma aceptaron el plan de salvamento de la empresa y la creación de CTA para surtir de empleados a la misma. Pero la violencia y las amenazas continuaron, especialmente contra los dirigentes portadores de tendencias políticas de izquierda, como hemos visto en las reseñas de otros

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sectores sindicales.74 De acuerdo con reportes de la ENS, a consecuencia de que, en octubre de 1998, había sido ultimado el presidente del Sintraindupalmas, Jairo Cruz –el segundo alto directivo asesinado en menos de tres años–, siete de sus compañeros de dirección se vieron obligados a abandonar la región. En marzo del año siguiente cayó abaleado el nuevo presidente, Leonidas Moreno, y toda la junta directiva sindical salió al exilio. Con permiso del Ministerio de Trabajo, el sindicato se abstuvo entonces de designar presidente durante un plazo de treinta días, y solo una asamblea posterior nombró la nueva junta directiva para completar el periodo 1997-2001 (ENS, Cuadernos de Derechos Humanos, Nº 9, mayo de 2000, 44). Desde entonces el sindicato ha dejado de figurar en las noticias de luchas laborales del país y en la actualidad Indupalma opera apenas con unos trescientos trabajadores de contrato directo. El resto obra a través de las mencionadas CTA. Para el año 2000 unas tres mil familias estarían “beneficiándose” del modelo laboral antisindical implantado en la región, ahora en dominios del paramilitarismo. La crisis más profunda de Indupalma ocurrió en 2001, cuando sus trabajadores se vieron amenazados por el cierre de la empresa, la mayor empleadora de la región, y decidieron crear las CTA con apoyo de la empresa, que para mediados de 2003 eran unas 900 en el sur del Cesar. Se trataba de “obreros que pasaron a ser propietarios de maquinarias y equipos, en principio, y se convirtieron en empresarios de la tierra, dueños actualmente de no menos de 5.000 hectáreas de palma africana, que este año comenzarán a producir anualmente 40 toneladas de aceite por cada diez hectáreas, que es la extensión de tierra a la que tiene derecho cada asociado a las cooperativas. Las 20 cooperativas producirán cerca de mil toneladas diarias de aceite de palma, con ingresos anuales superiores a los $10.000 millones. Campesinos que no sabían ni firmar y ahora facturan ingresos por cerca de mil millones de pesos anuales, en promedio, gracias a los contratos que tienen con Indupalma” (El Espectador, mayo 4, 2003, 9-A). El mismo informe de prensa señala enseguida que “el proceso de conformación de las cooperativas de trabajo asociado ha tenido que enfrentar a los grupos armados de la región y el escepticismo de muchos campesinos que llegaron a pensar que detrás de la bondad de Indupalma había gato encerrado. „Todo esto ha sido un parto, y bien doloroso, porque la decisión no era fácil: cerrar o cortar de raíz los males de la empresa y comenzar un nuevo rumbo‟, asegura Rubén Darío Lizarralde, gerente de Indupalma. La empresa, salvo la educación y la capacitación que continuamente les brinda a los trabajadores, no ha regalado nada a las cooperativas” (Ibíd). Entonces, como había ocurrido en Urabá, algunos índices de violencia antisindical, como los asesinatos, disminuyeron, pues parecía que la tarea aniquiladora estaba 74

Por esa época, exactamente el 23 de abril de 1999, fue asesinado Manuel Ávila Ruiz, presidente de la seccional de Sintrainagro en Puerto Wilches y miembro de la directiva de Fensuagro. Es un ejemplo de cómo se continuaba atacando a los dirigentes sindicales con simpatías de izquierda.

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cumplida. El mismo reporte que hemos citado así lo muestra: “La fuerza generadora de empleo en que se han convertido las cooperativas provocó, según los propios habitantes, una reducción en los índices de violencia en los últimos tres años de casi el 80%. Mientras el promedio de homicidios en el Cesar llegó a 2.500 (cifra algo exagerada) en 2001, en San Alberto ese mismo año solo se registraron 24 casos. „Cuando llegaron las autodefensas, en 1993, no había día en que no mataran a tres o cuatro personas en el municipio. Ahora uno puede dejar la bicicleta o la moto por ahí tiradas y las encuentra en el mismo sitio‟, dice Juan, un vigilante de la zona. „Los paramilitares siguen en la región, pero han comprendido que el proceso social y económico que aquí se están dando no tiene reversa y, entonces, tuvieron que dejar las presiones sobre la población‟, agrega” (Ibíd). El balance de lo ocurrido en el sector palmero lo hizo la gran prensa en estos términos: “Con ese pequeño experimento de paz donde todos cedieron y pusieron de su parte, Indupalma logró pasar de 9.000 millones de pesos de ingresos anuales en 1991 a 35.000 millones de pesos en 1999. Además, logró cambiar el ambiente de conflicto que se vivía en la empresa. Hoy la situación es otra. Tres mil familias se benefician con el modelo de las cooperativas, y la región, que antes era un terreno perfecto para la guerrilla y el paramilitarismo por falta de empleo, se ve con futuro” (El Tiempo, mayo 21, 2000, 1 y 20). En este estudio observamos que en varias regiones se producen estos “pequeños experimentos de paz”. La historia de sectores sindicales como los cementeros y bananeros se repite acá: la violencia contra los sindicalistas había debilitado los sindicatos hasta el punto de que no pudieron ofrecer resistencia a los planes de reestructuración que se adelantaban también en el marco de la apertura económica. 3er subperiodo A partir de 2001 descienden las luchas sindicales del sector palmero y paralelamente disminuyen los indicadores de violencia contra los trabajadores sindicalizados. Las nuevas acciones de los asalariados tienden a ser cada vez más de carácter laboral, es decir, suscitadas por la negociación de pliegos, y no propiamente en defensa de derechos humanos. Ello parece reflejar el dominio que los paramilitares imponen a sangre y fuego en el sindicalismo palmero, como ocurría igualmente en otros sectores de enclaves extractivos. En el caso de la palma, sin embargo, parece más evidente que en otros el reemplazo de los otrora combativos sindicatos por las CTA. Pero aún en ellas se observa que el sometimiento al orden paramilitar no es total. Así ocurrió en los conflictos laborales de 2002, 2005, 2008 y 2009, cuando los trabajadores, ahora afiliados a dichas cooperativas, adelantaron paros por “pliegos” laborales o incumplimiento patronal de normas laborales. En opinión de Ricardo Aricapa, investigador de la ENS, no hay ninguna duda de que las CTA fueron impuestas a los trabajadores palmeros por los empresarios y con ayuda de grupos paramilitares. El mismo autor narra que en julio de 1997 estos grupos reunieron a los trabajadores y los conminaron a desafiliarse de la 222

CUT y convertir sus sindicatos en cooperativas de trabajo bajo dominio paramilitar en sus juntas directivas, so pena de castigarlos si optaban por lo contrario. En referencia a la huelga de 1.700 trabajadores de CTA que tuvo lugar entre el 18 de octubre y el 7 de noviembre de 2002 en las empresas oleaginosas Las Brisas, Monterrey y Bucarelia, Aricapa afirma que ella fue la respuesta a la burla de los contratos laborales por parte de los empresarios y a su negativa a otorgar un alza salarial. Como suceso no previsto en los planes empresariales, quienes aparecían supuestamente como propietarios de una empresa –las CTA– se lanzaron a la huelga, y en vez de la proliferación de cooperativas pedían que hubiera una sola y que se estandarizaran y aumentaran las tarifas de contratación. Pero nada consiguieron los huelguistas. El movimiento fue reprimido y ahogado y dejó un saldo de once trabajadores detenidos, 32 expulsados de las CTA y algunos amenazados por los paramilitares. De esta forma acabaron con los sindicatos que supuestamente tenían ligazón con la guerrilla, y así se extinguió la última protesta de los trabajadores de Indupalma (Aricapa, 2007). En adelante, sin embargo, otros sectores de la agroindustria sometidos al sistema de las CTA, como los corteros de caña del Valle del Cauca, seguirían su ejemplo, y lo propio ocurriría con los estibadores de puertos y el personal médico y auxiliar de algunos hospitales. Entre el 17 y el 28 de abril de 2008, en Palmeras Yarima y Agroindustrial Villa Claudia, de San Vicente de Chucurí, estalló una huelga de trabajadores de varias CTA como resultado de un pliego de peticiones no dirimido en las correspondientes negociaciones. Los palmeros pedían alza de salarios y contratación empresarial directa y no mediante las CTA, y en la semana anterior el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, afirmó desde Bucaramanga: “El corregimiento de Yarima es un pueblo secuestrado por la anarquía, por un grupo sindical que tiene vínculos con la guerrilla y que (sic) el gobierno sabe cuáles son los verdaderos propósitos políticos de quienes promueven un movimiento campesino en esa región” (citado en Voz, junio 11, 2008, 6). Esa vieja retórica de guerra fría no era solo esgrimida por el entonces ministro de Agricultura. En realidad seguía siendo la disculpa de los asesinatos que siguieron cometiéndose en la industria palmera, así sus indicadores hubiesen disminuido. En efecto, entre 2002 y 2009 hubo ocho asesinatos, cinco de ellos contra dirigentes o afiliados de Sintrainagro, que ya había incursionado en la rama palmera, así como en la industria azucarera. Llama la atención el caso de Juan de Jesús Gómez, presidente de la subdirectiva de San Martín (Cesar), ultimado el primero de mayo de 2003 mientras, según voceros de la CUT, estaba liderando una histórica negociación colectiva con la empresa Palmas del Cesar. Y era histórica porque pretendía empoderar de nuevo a los sindicatos en contra de las CTA. Esto muestra, de paso, las diferencias políticas que se vivían en el seno de Sintrainagro, según los contextos regionales. El resultado de toda esta historia fue que los sindicatos se volvieron minoritarios en las empresas palmeras y quedaron por tanto inhabilitados para decidir. En diciembre de 2003 Bucarelia y Las Brisas, por ejemplo, alojaban a un total de 1.546 trabajadores cobijados por convenciones colectivas de trabajo, pero menos 223

de 400 de ellos pertenecían al sindicato, según Sintrainagro (De Sol a Sol, diciembre de 2003, 4).75 Los paramilitares vencieron a la guerrilla mientras las CTA asfixiaron al sindicalismo. A juicio de Aricapa, “Es pues en ese entorno favorable que la agroindustria de la palma africana se da un respiro, toma un nuevo aire e inicia su expansión, que a partir de entonces será vertiginosa” (Aricapa, 2007, 26). Al respecto, es ilustrativo el análisis de Gearóid Longshide referido al cambio socioeconómico y político operado en el Magdalena Medio: “se trata de nada más ni nada menos que (sic) revivir el paternalismo de los viejos caciques sin las mínimas obligaciones sociales de antaño. En la nueva sociedad que se está construyendo en el Magdalena Medio los pobres no mendigarán por migajas de pan de la mesa del gamonal, pero tampoco lucharán por mejoras en su nivel de vida sino (que) competirán entre sí para conseguir el contrato y los favores del patrón” (Longshide, 2002, 102). Para él, la violencia vivida en la región ha servido para que las multinacionales entren allí sin mayores obstáculos (Ibíd., 103). Con la caída de toda la región del valle medio del Magdalena en poder de las huestes paramilitares, ahora aliadas con el narcotráfico, la situación de los trabajadores palmeros ha descendido a condiciones de extrema precariedad política, que pueden ser extensibles a gran parte del sindicalismo colombiano de la actualidad. Algo similar ocurrió en el Urabá chocoano, aunque allí las víctimas no fueron los trabajadores sindicalizados sino los colonos afrodescendientes, según recientes reportes de prensa, que dan cuenta de un ejercicio violento muy similar al que hemos narrado en estas páginas. Uno de los documentos se refiere a la acusación de la Fiscalía contra 24 empresarios, representantes legales, intermediarios, empleados de empresas de palmas y desmovilizados paramilitares, quienes “durante una década, con créditos otorgados por el Estado, y bajo la fachada de compañías que impulsarían el progreso de Urabá, se apoderaron de terrenos ancestrales de afrodescendientes (…) apelando a toda suerte de crímenes y horrores para consolidar un proyecto de autodefensa que pretendía a toda costa insertarse en la economía legal” (El Espectador, mayo 22, 2010, 4). El informe dice que el terror en la región fue sembrado por los paramilitares, mientras “la „Operación Génesis‟ de 1997 –adelantada por el general Rito Alejo del Río– tenía a la población asustada y los asesinatos selectivos se sucedían” (Ibíd.). Según la misma fuente, el arquitecto de esta arremetida, que involucró también un repoblamiento con gente vinculada a las autodefensas, fue el jefe paramilitar 75

En abril de 2005 la ENS advirtió que se había producido una intensificación de las violaciones de derechos humanos contra organizaciones del campo: “el 47% de las detenciones arbitrarias están dirigidas contra los trabajadores del sector agrícola. La situación más grave la viven los sindicalistas agrícolas de los departamentos de Sucre, Tolima y Arauca, quienes son víctimas de detenciones masivas, de montajes judiciales y de asesinatos de sus principales líderes. A esta dramática situación se suma el hecho de que hoy en día la situación de los campesinos trabajadores es quizás una de las más invisibilizadas en el panorama general de violaciones” (ENS, Caja de Herramientas, abril de 2005, 18).

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Vicente Castaño Gil. El reporte concluye afirmando que “en últimas, se masacró, desplazó e invadió terrenos ancestrales de los colonos afrodescendientes para concretar un proyecto económico que nació de las entrañas del crimen” (Ibíd., 5). Agreguemos la victimización de sindicalistas y tendremos un cuadro similar al presentado en otras regiones palmicultoras. En la conclusión de este análisis sectorial, podemos afirmar que, como fruto de la violencia ejercida contra los trabajadores de la palma aceitera, hoy prácticamente se vuelve al mismo punto de 1977, si no a antes: se (re)implantan relaciones laborales indirectas y sin contratación colectiva, que significan el desconocimiento del sindicalismo.76 Mientras tanto la lucha sindical disminuye hasta casi desaparecer. Tal vez por ello ahora no se recurre tan intensamente a la violencia como en los primeros subperiodos. Esto ocurre aun con el sindicato filial de Sintrainagro, cosa que muestra los matices políticos diferentes de esta organización, según los diferentes contextos regionales. La imposición del orden paramilitar en este sector de enclave extractivo ha estado acompañada de la proliferación de las CTA, que, sin embargo, de alguna manera se resisten a acatar integralmente ese orden. Se trata, por tanto, de una nueva historia de las luchas por los derechos laborales básicos interferidas por la insurgencia, situación que aprovechan los paramilitares para imponer su proyecto hegemónico que termina siendo favorable a las posiciones patronales más retardatarias en términos laborales. Incluso las acciones de “solidaridad” guerrillera, no fortalecieron el sindicalismo porque eran algo externo a él. Así todas estas formas de violencia terminan debilitando al sindicalismo palmicultor, aunque en este caso no suprimen totalmente la lucha obrera, manifestada incluso en algunas muestras de resistencia de las CTA al proyecto paramilitar. Tal vez por ello, recientemente se observan actos de violencia antiobrera, menores que los de los años 80 y 90, pero representativos de las violaciones atroces de los derechos humanos que persisten en el sector palmicultor. No en vano hace un par de años el ministro Arias veía brotes de subversión en un sector sometido desde fines de los 90 por el paramilitarismo.

76

En forma cruda, los dirigentes sindicales de Santander que elaboraron su historia oral concluyen sobre los avatares de la lucha de los palmeros: “O sea que todo lo que se construyó durante décadas de lucha, se derrumbó” (Guerrero y otros, 2005, 257).

225

Luchas sindicales y violaciones de derechos humanos contra palmicultores sindicalizados, 1984-2009

Año

Luchas

Huelgas

Violaciones de derechos

Asesinatos

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

2 3 1 0 5 5 9 2 0 4 2 0 2 4 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 50

2 2 1 0 5 4 9 2 0 3 2 0 2 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 43

0 1 0 0 15 9 14 8 9 4 12 12 7 5 4 3 3 5 2 2 0 1 1 0 1 1 119

0 0 0 0 13 9 13 5 7 4 11 9 7 3 4 3 3 5 2 2 0 1 1 0 1 1 104

226

5. BEBIDAS Y ALIMENTOS

Sinaltrainal, 1984-2009

227

La importancia que reviste la participación de los trabajadores de los alimentos y bebidas en la respuesta del sindicalismo colombiano a la violencia estriba en que ellos, al lado de los bananeros y los mineros del carbón, estuvieron entre quienes primera y más empecinadamente acudieron a la denuncia y la solicitud de la solidaridad internacional con su causa y la convirtieron en objeto de derechos humanos, del DIH y hasta de la carta de presentación de Colombia para la concertación de acuerdos comerciales internacionales, en especial el que está pendiente de aprobación por el Congreso de los Estados Unidos. El sindicalismo de la industria de las bebidas apareció tempranamente en la vida nacional en el ramo de las cervezas, surgidas en los decenios finales del siglo XIX y ejemplarizadas en la fábrica Bavaria, modelo de una nueva disciplina de la mano de obra fincada –como en los casos de las compañías textiles Coltejer y Fabricato– en el paternalismo patronal (Martínez, 2007). Esa nueva expresión del trabajo arrojó generaciones enteras de operarios y contramaestres educados en la obediencia y el deber antes que en los derechos, pero en el caso de Bavaria este modelo paternalista entró en crisis en los años 20, por la influencia de sectores socialistas y liberales de izquierda. El brote independiente fue ahogado por la represión de los años 40 y sus fuerzas iniciales fueron dispersadas, hasta que se reagruparon en el seno de la UTC y posteriormente, bajo banderas independientes disímiles y de la CUT, tuvieron papel destacado en la vida y las luchas de los asalariados hasta tiempos recientes, cuando el sindicato de Bavaria fue suprimido, previamente a la transferencia de la empresa a la multinacional Saab-Miller en 2005. En efecto, el 27 de febrero de 1991 se presentó en Bavaria una nueva huelga, luego de muchos años de no recurrir a ella.77 En 1993 hubo otra huelga en torno a un pliego unificado de todas las compañías cerveceras de propiedad del Grupo Santadomingo. Y en diciembre de 2000 se libró otro conflicto laboral que derivó en una huelga nacional en las 18 plantas controladas por dicho Grupo. Vendría luego la transferencia a la Saab-Miller, que tuvo como una de las condiciones el “saneamiento” laboral de Bavaria, es decir, la supresión de su sindicato. El ramo de las bebidas gaseosas y similares, sin embargo, tomó otro camino a principios de los años 60 y entró a reforzar las filas del llamado sindicalismo independiente o “clasista”, bajo la dirección de la Cstc. A diferencia de las cervezas, que conservaron su carácter nacional a la sombra del poderoso gremio industrial hasta tiempos recientes, en las bebidas refrescantes el paternalismo empresarial fue sustituido por políticas intolerantes, que radicalizaron las posiciones de los sindicatos y agudizaron siempre las negociaciones de las partes. Además, allí se produjo desde sus inicios una notoria penetración del capital extranjero, particularmente norteamericano, lo cual incubó un sindicalismo con mayor sentido nacionalista, que rápidamente entró a luchar por la homologación de sus condiciones salariales y prestacionales con las de sus pares estadounidenses. Los trabajadores de las bebidas dulces desarrollaron acciones reivindicatorias 77

La anterior había ocurrido entre el 20 y el 26 de diciembre de 1969.

228

importantes alrededor del consorcio Postobón, pero solo vinieron a alcanzar una cohesión política nacional a raíz del surgimiento, en 1982, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y Similares (Sinaltrainal), que entró luego a afiliarse a la recién creada CUT y hoy lidera la orientación sindical en las empresas de Coca Cola y el monopolio Nestlé de Colombia –que comprende Cicolac Ltda., Comestibles La Rosa S. A., Purina S. A. y otras menores–. Como el escenario de la gran industria de los alimentos y las embotelladoras transnacionales es fundamentalmente el de la distribución –el de carreteras y caminos que conectan grandes ciudades y poblaciones menores–, prontamente se vieron envueltas en el conflicto armado interno que vive el país. Los grupos armados de todas las tendencias entraron a extorsionar a las empresas, y cuando sus pretensiones no eran satisfechas procedían a tomar represalias. Los asalariados del sector, naturalmente, se convirtieron en las principales víctimas de los hechos y debieron enfrentar la complacencia o por lo menos la indiferencia de las autoridades con los victimarios. Veamos cómo son estas historias en dos empresas del sector, NestléCicolac y Coca Cola. En este caso, dada la concentración en dos empresas, no dividimos el análisis en subperiodos, como hacemos para otros sectores. Antes de entrar en el estudio específico por empresa observemos las tendencias gruesas, tanto en las luchas sindicales como en la violación de derechos humanos contra los sindicalistas afiliados a Sinaltrainal. Gráfico 1 Trayectoria de las luchas sindicales de Sinaltrainal, 1984-2009 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5

Luchas sindicales

229

Huelgas

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

0

Gráfico 2 Violaciones de derechos humanos y asesinatos contra Sinaltrainal, 1984-2009 35 30 25 20 15 10 5

Violaciones de derechos humanos

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

0

Asesinato

En términos de acciones sindicales, la rama de bebidas y alimentos no se destaca por una abultada presencia numérica, aunque algunas, especialmente las huelgas, tuvieron un gran impacto nacional. En el Gráfico 1 se observa un empuje inicial a fines de los ochenta y un repunte a mediados del presente decenio. En cambio, la trayectoria de las violaciones de derechos humanos muestra una mayor cantidad, lo que proporcionalmente hace de sus sindicalistas un sector muy victimizado, así su participación en la lista general de homicidios no sea muy alta. Del Gráfico 2 llama la atención el pico de 1996 –año también destacado por el asesinato de un sindicalista en Carepa, que será objeto de denuncias y litigios jurídicos internacionales– y, en menor proporción, los de 2003, 2006 y 2009. La figuración de estos tres últimos años sugiere, en contra de la versión gubernamental, que –al menos en este sector– la violencia contra los sindicalistas persiste y en promedio es superior a la registrada en subperiodos anteriores. El Gráfico 3 muestra los motivos de las luchas sindicales dirigidas por Sinaltrainal. Resalta el peso de las disputadas en torno a pliegos laborales, las cuales, sumadas a incumplimientos de leyes y pactos, dan la pauta de una dinámica de negociación aparentemente muy circunscrita a los asuntos típicos del mundo del trabajo. Pero la relativa figuración del motivo derechos humanos nos recuerda que es un sector sometido a una creciente violencia contra los sindicalistas.

230

Gráfico 3 Motivos de la lucha sindical de Sinaltrainal, 1984-2009

Pliegos no dirimidos; 14

Incumplimiento pactos; 7

Derechos; 6

La conquista de derechos laborales en el sector de bebidas y alimentos no fue cosa fácil, como ya señalamos. A la intransigencia patronal se sumó la violencia, que en los primeros años aquí estudiados tomó la modalidad de detenciones arbitrarias. En noviembre de 1984 fueron apresados por unidades militares nueve trabajadores de la embotelladora de Coca Cola en Barrancabermeja que eran miembros del Sindicato de la Industria de Gaseosas (Sintradingascol), acusados de participar en un atentado contra la empresa. En febrero del siguiente año otros dos dirigentes de Sintradingascol corrieron la misma suerte en Cúcuta, a manos de unidades del F-2 de la Policía y el B-2 del Ejército. Uno de ellos, Enrique Alfonso Cañas, fue luego desaparecido. En agosto de 1988 cinco directivos de la seccional de ese sindicato en Barrancabermeja fueron amenazados; tres de ellos habían hecho parte de la comisión negociadora de una convención colectiva recientemente firmada con la empresa Embotelladora de Santander. Pero de amenazas y detenciones pronto se pasó a asesinatos, que suman 28 en los 26 años estudiados, mientras el total de violaciones de derechos humanos ascendió a 143. En términos de responsables de estos actos criminales sobresalen los paramilitares (Gráfico 4), y con una alta participación – proporcionalmente mayor que en otros sectores–, de las Fuerzas Armadas. Veamos el curso de estos procesos en las dos empresas mencionadas.

231

Gráfico 4 Presuntos responsables de violaciones de derechos humanos contra Sinaltrainal, 1984-2009

Sicariato 1

Fiscalía 3

Sin información 46

FF.AA. y de Policía 27

Paramilitares 66

El caso de Nestlé-Cicolac Sinaltrainal se funda en Bugalagrande el 24 de enero de 1982. Nestlé, una multinacional de la alimentación de origen suizo, se opuso férreamente a su existencia y solo en diciembre de ese año el sindicato logró obtener la personería jurídica. El 1º de mayo de 1982, mediante una escisión patronal, los 785 trabajadores que laboraban en la Compañía Industrial Colombiana de Productos Lácteos (Cicolac), de la misma ciudad, perdieron los derechos laborales ganados, lo cual ocasionó la primera huelga, que se inició el 15 de octubre de 1982 y tuvo una duración de 27 días. En agosto de 1984 se produciría allí una nueva parálisis laboral, con una duración de 46 días, como respuesta a la negativa de Nestlé de solucionar un pliego de peticiones, y en octubre de 1986 estallaba la segunda, luego de alcanzado un acuerdo que la empresa se negó a firmar. A finales de 1987 la cesación de labores, con una duración de 79 días, se presentó en Comestibles La Rosa –del mismo conglomerado–, y en febrero del año siguiente, a raíz del despido de veinte operarios, entre ellos toda la junta directiva de Sinaltrainal, estalló una huelga de hambre en Industria Nacional de Alimentos (Indunal). En octubre de 1988 la seccional de Bugalagrande participó en la huelga nacional convocada por la CUT y el gobierno la ilegalizó, suspendió la personería jurídica y despidió a 16 dirigentes sindicales de Sinaltrainal. En respuesta, la fábrica de Nestlé fue tomada por los trabajadores y solo después de intensas negociaciones, el 9 de diciembre de 1988, fue devuelta a sus dueños. Bugalagrande fue militarizada, se intensificaron los señalamientos políticos a los dirigentes obreros y se inició un proceso de velada violencia que condujo al debilitamiento del sindicato. 232

El 7 de agosto de 1991 la Policía Nacional, apoyada en el hecho de que un nuevo conflicto ocurrido a partir del 3 de julio en Nutrinal –una empresa avícola controlada por la misma multinacional– que había sido declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo, desalojó las carpas y dispersó el movimiento. Una nueva huelga estallaría el 9 de marzo de 1992 en Frutera Colombiana S.A. (Fruco), del mismo conglomerado pero ligada a la Corn Products Company, ante la negativa de esta última de solucionar las peticiones de la organización. Posteriormente, con la autorización del gobierno nacional, el 8 de octubre de 1993 Nestlé procedió a cerrar la fábrica de Productos Refrigerados “Chambourcy” y despidió a todos sus trabajadores. En medio de tales relaciones laborales poco fluidas entre trabajadores y empresarios, y de más de un roce entre estos actores, se hizo presente la guerrilla, aunque en forma un poco tardía con relación a otros sectores analizados. El 14 de octubre de 1998 se produjo el primer atentado guerrillero a las instalaciones de la fábrica Cicolac, de Valledupar, mientras el segundo ocurriría en febrero del año siguiente. Empresarios, autoridades departamentales y municipales, los gremios del capital y el sindicato “analizaron la situación y propusieron la creación de un frente común para respaldar la presencia de la empresa, que hace parte del grupo Nestlé, de Suiza” (El Tiempo, febrero 28, 1999, 6D). La planta de Valledupar tenía a la sazón 400 trabajadores y compraba 550.000 litros de leche diarios a 5.000 ganaderos del Cesar, La Guajira, Magdalena y Bolívar. El presidente de la subdirectiva de la CUT del Cesar y directivo del sindicato de la empresa expresó a El Tiempo que “la situación es preocupante y en la actualidad hay una superproducción de 6.000 toneladas de leche en polvo, lo cual obligaría a la empresa en la presente semana a reducir drásticamente la compra de leche líquida (...) Por su parte, un vocero de Cicolac afirmó que no le entregarán ni un peso a la guerrilla y que „si ocurre un nuevo atentado vendrá el cierre definitivo‟” (Ibíd). En 17 septiembre de 2003 Nestlé despidió al 99% de los trabajadores de Cicolac de Valledupar, como producto de un proceso agresivo que, de acuerdo con el sindicato, estuvo orientado desde Suiza por Nestlé, conducido en suelo colombiano por Nestlé de Colombia S. A., alentado por grupos paramilitares y cohonestado por el Estado colombiano. El despido masivo de los trabajadores y la destrucción de Sinaltrainal en Valledupar habrían sido requisitos prioritarios de Cicolac para que Nestlé pudiera dar vía libre a la entrega de las instalaciones de la fábrica y demás activos a la Dairy Partners Americas Manufacturing Colombia Ltda. (DPA). Actualmente la DPA desarrolla las mismas actividades que desempeñaba Cicolac, pero con trabajadores de contrato laboral precarizado, muy difíciles de ser sindicalizados. Como se constata por este apretado recuento, en Cicolac de Valledupar pasó algo similar a lo ocurrido en Bavaria, aunque en aquél caso el debilitamiento del sindicato también fue producto de la intervención de grupos paramilitares que delinquían en la región. 233

En medio de esos avatares económicos y laborales, la violencia siguió acechando a los trabajadores de Nestlé-Cicolac afiliados a Sinaltrainal. El 22 de julio de 1999, cuando el sindicato cumplía 25 años de existencia, cayeron asesinados en El Copey (Cesar) el directivo sindical Víctor Eloy Mieles y su esposa. El 21 de mayo del año siguiente Omar Darío Rodríguez corrió la misma suerte en Bugalagrande y meses después Hernando Cuartas en Desquebradas (Risaralda). El 6 de enero de 2001 Felipe Arce Simanca, trabajador de Nestlé-Cicolac y miembro de Sinaltrainal, fue abordado por seis hombres de las AUC frente a la planta de la empresa instalada en Curumaní (Cesar). Como no pudieron secuestrarlo, hicieron varios disparos al aire. Por ese atentado, Arce tuvo que salir del país. Igual situación han enfrentado varios directivos del sindicato amenazados en lo que va de este siglo. Por lo demás, el límite entre la amenaza y el asesinato se cruzó continuamente. El 11 de septiembre de 2005 fue ejecutado Luciano Enrique Romero, despedido en 2002 de Nestlé-Cicolac de Valledupar y miembro de Sinaltrainal, donde era activista de derechos humanos. Al momento de su muerte contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su cadáver fue encontrado amarrado, torturado y apuñaleado. El 22 de noviembre de 2007 fue asesinado en Dosquebradas José de Jesús Marín Vargas, trabajador de Comestibles La Rosa y afiliado al sindicato. Este crimen se produjo en momentos en que los trabajadores adelantaban la denuncia internacional contra Nestlé por los abusos cometidos contra los trabajadores y la población, los perjuicios ocasionados al medio ambiente y los problemas de calidad de sus productos. Dos años después –el 21 de agosto de 2009– caería su primo hermano, Gustavo Gómez, también directivo de Sinaltrainal en Desquebradas, quien fue ultimado por paramilitares en su propia casa en momentos en que el sindicato estaba presentando un nuevo pliego de peticiones a la multinacional. Según se desprende de la breve narración de eventos luctuosos contra los sindicalistas del conglomerado Nestlé-Cicolac, la violencia, que todavía no cesa de presentarse, terminó dando una estocada fatal al sindicato, suficientemente afectado ya por las políticas económicas aperturistas del gobierno nacional. El caso de Coca Cola En la multinacional Coca Cola el conflicto laboral se inició principalmente en las embotelladoras instaladas en los Santanderes –Bucaramanga, Cúcuta y Barrancabermeja–, donde la primera huelga, de 39 días, tuvo lugar el 4 de mayo de 1971. Nuevos paros se presentaron en 1994, y al año siguiente en las embotelladoras de la Costa Caribe –Cartagena, Barranquilla, Valledupar, Santa Marta–, cuando ya los empresarios habían erigido un sindicato paralelo y opuesto a Sinaltrainal: el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Bebidas de Colombia (Sinaltrainbec). Mediante un expediente que ya era generalizado en la época, el 6 de marzo de 1996 fueron detenidos tres directivos sindicales en Bucaramanga y dictada orden de captura a dos más, acusados por la multinacional de terrorismo, lo cual provocó, según Sinaltrainal, “pánico en los trabajadores, causando la renuncia de cerca de 120 y un conflicto laboral que duraría nueve meses en 234

proceso de Tribunal de Arbitramento” (Sinaltrainal, “25 años caminando por Colombia”, 28 de diciembre de 2007).78 Otras formas de violencia más letales también se harán presentes en esta multinacional, especialmente en la planta de Carepa (Urabá). En efecto, el 23 de abril de 1995 un grupo de paramilitares ejecutó a Luis Enrique Gómez, trabajador de Coca Cola y miembro de Sinaltrainal en dicho municipio, luego de buscarlo durante varios días y de amenazar a su familia. Días después apareció un panfleto que, según la información de nuestras bases de datos, decía: “Bienvenidos paramilitares a esta zona de Urabá. Muerte a colaboradores, sindicalistas y sapos de la Guerrilla”. El 5 de diciembre de 1996 fue asesinado Isidoro Segundo Gil, secretario general de Sinaltrainal, seccional de Carepa, y miembro de la comisión negociadora ante la empresa.79 Cuatro días después se atentó contra ocho trabajadores de la misma planta afiliados a Sinaltrainal. Y el 26 del mismo mes, en las instalaciones de la empresa en Carepa, caía ultimado también por paramilitares José Libardo Herrera. No era una violencia nueva en Urabá, como hemos visto en el caso bananero, pero afectó profundamente a la organización de Sinaltrainal en la región. Según información suministrada por el sindicato,80 el mismo día del asesinato del Isidoro Segundo Gil en Carepa los paramilitares secuestraron a otro trabajador y destruyeron los archivos sindicales. Luego fueron a la planta y reunieron a todos los trabajadores, conminándolos a renunciar a la organización. De acuerdo con la misma fuente, el gerente, en connivencia con los paramilitares, tenía listos los formatos de renuncia al sindicato. Los paramilitares permanecieron dos meses en la planta. La información citada concluye con un somero listado de víctimas de trabajadores de Coca Cola: cinco en Carepa entre 1994 y 1996, uno en Montería en 2001 y uno en Barranquilla en 2002.81 La investigadora norteamericana Aviva Chosmky señala que una vez cometidos estos crímenes contra dirigentes de Sinaltrainal y luego de amenazar a sus afiliados en Urabá, los paramilitares obligaron a los trabajadores a desafiliarse del sindicato y crearon uno nuevo, denominado Sico,82 muy cercano a Sintrainagro (Chomsky, 2008, 254). Años después de haber sido elevadas demandas judiciales por parte de Sinaltrainal, el 18 de noviembre de 2000, la Fiscalía prescribió la instrucción del asesinato de Gil. Mientras tanto, en Bucaramanga y Barrancabermeja los 78

Los datos consignados en este aparte fueron tomados de este documento, consultado en www.sinaltrainal.org 79 Su hermano, Martín, fue amenazado de muerte por paramilitares el día anterior y debió abandonar la región sin poder reclamar el cadáver de Isidoro. Su esposa, Alcira del Carmen Herrera Pérez, fue sacada de su vivienda, ubicada en el municipio de Apartado, y asesinada por paramilitares el 18 de noviembre de 2002. 80 Consultada en la página www.killercoke.org 81 Esta información fue contrastada con nuestras bases de datos y se incorporó a la correspondiente a víctimas no registradas originalmente por el Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep. 82 La autora no explica el significado de estas siglas, que tampoco pudimos encontrar en Internet. Pero suponemos que se trata de “Sindicato de Trabajadores de Coca Cola”.

235

paramilitares amenazaron a varios dirigentes sindicales para que cesaran en sus exigencias de investigar a la empresa, y posteriormente la Fiscalía expidió una resolución de acusación contra los sindicalistas, que el sindicato apeló de inmediato (Voz, agosto 13, 2003, 4). La precariedad del empleo en este sector acompañaba a la violencia. Durante los años 2001 y 2002 Coca Cola despediría más trabajadores, para debilitar a Sinaltrainal. De acuerdo con el mismo sindicato, “no han sido suficientes las movilizaciones y la solidaridad internacional para que en varias empresas nos hayan aniquilado”. El documento concluye denunciando que “en estos 25 años, 20 compañeros han sido asesinados, 2 desaparecidos, 13 allanamientos por las fuerzas militares (sic), 37 encarcelados, 58 desterrados, decenas de amenazados y miles despedidos de su trabajo” (Sinaltrainal, 2007).83 Ante tales giros laborales, y por la impunidad frente a la violencia, en julio de 2003 Sinaltrainal acudió a la solidaridad internacional y llamó a un boicot global contra la multinacional Coca Cola (Chomsky, 2008, 253).84 Información más detallada del semanario Voz aparecida en julio de 2003 afirma que “el pasado 22 de julio se dio inicio a la campaña mundial de boicot contra la transnacional Coca Cola a raíz de una serie de denuncias realizadas por diferentes organizaciones en el mundo (...) La campaña consiste en impulsar una serie de actividades entre las que se encuentra (el) no consumo de Coca Cola hasta tanto la transnacional cambie su política de represión contra los trabajadores y se comprometa a no implementar las políticas que hasta el momento han ido en contra de los trabajadores. Aunque hasta el momento (sic) no ha sido demostrado que Coca Cola ha sido (sic) responsable directamente de los asesinatos de trabajadores afiliados o dirigentes de la organización sindical, sí se ha beneficiado de los resultados de estos hechos (...) Según las denuncias hechas por Sinaltrainal (la multinacional y sus plantas en Colombia) son responsables por acción u omisión de esta política (…) Las investigaciones se han acogido además a los informes de derechos humanos que dan testimonio del permanente accionar de grupos paramilitares que actúan en complicidad con las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado; sumado a esto es claro para los trabajadores que se ha favorecido a las multinacionales y a sus filiales. Las presiones ejercidas contra los dirigentes sindicales han llevado a que centenares de trabajadores se desafilien del sindicato, a la renuncia de contratos de trabajo, a que se desconozcan los convenios colectivos y a la imposición de salarios de hambre destinados para los subcontratados, en cerca del 86% de los trabajadores” (Voz, julio 23, 2003, 5).

83

Sinaltrainal reproduce sus nombres y el sitio y fecha de los casos, los cuales también fueron incorporados en nuestro listado para esta investigación. 84 La citada fuente sindical, consultada en la página www.killercoke.org, afirma que el boicot fue convocado para denunciar el asesinato de nueve trabajadores, el exilio de dos más, el desplazamiento forzado de 48 y la existencia de 67 amenazas de muerte y de más de 15 personas encarceladas injustamente. El acto de solidaridad fue rechazado por Sintrainagro, de acuerdo con su nuevo modelo de sindicalismo, como vimos en el capítulo dedicado a los trabajadores del banano.

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Por ese entonces, la convocatoria a la solidaridad internacional comenzó a dar resultados y mostró otro rostro de la globalización.85 En mayo de 2003 se conocieron opiniones de Terry Collingsworth, director ejecutivo de la ONG International Labor Rights Fund, que, junto con el poderoso sindicato norteamericano United Steel Workers, demandó a tres multinacionales que tienen presencia en Colombia: Drummond, Coca Cola y Occidental Petroleum: “Estamos alegando que estas multinacionales tienen nexos con los paramilitares y que usan a esos paramilitares para intimidar y asesinar a los líderes sindicales”, manifestó el personaje (Voz, junio 4, 2003, 5).86 Coca Cola y Drummond negaron la acusación, “pero en esos dos casos las Cortes [norteamericanas] han tomado decisiones a nuestro favor” agregó (Ibíd.). Sin embargo, no todo estaba a favor de los trabajadores. Frente a la campaña sindical internacional enderezada a denunciar a Coca Cola, el fiscal seccional 61 de Bogotá profirió resolución de acusación contra el presidente de Sinaltrainal y otros miembros de la junta directiva de ese sindicato que el 20 de julio de 2001 habían presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida una denuncia contra Panamco Colombiana S. A. y Embotelladora de Santander S. A. Los sindicalistas acudieron a ese expediente ante la impunidad que reinaba en Colombia y después de presentar varias veces demandas de investigación de los hechos denunciados. A raíz de ese requerimiento, tres años más tarde la Fiscalía colombiana, en fallo de segunda instancia, precluyó la investigación pedida por Coca Cola contra Sinaltrainal por los delitos de calumnia e injuria. “Desde entonces la organización obrera busca el pago de indemnizaciones por la violación de derechos humanos en el caso del asesinato de trabajadores. De 1994 hasta la fecha ocho sindicalistas de Sinaltrainal han sido asesinados”, añade el semanario Voz (febrero 18, 2004, 4). En efecto, la violencia contra el sindicato de alimentos y bebidas no se detuvo y las acciones de respuesta sindical coparon toda la primera mitad del año 2004 y fueron aún más allá, mostrando un leve incremento de la protesta obrera en este sector durante los últimos años, aunque no de la modalidad conocida como huelga. Así lo informa el citado semanario en reporte que citamos en extenso: “El pasado 2 de marzo (de 2004) en la ciudad de Barranquilla, en horas de la mañana, Sinaltrainal fue nuevamente víctima de hostigamientos (...) Cuatro sujetos fuertemente armados ingresaron violentamente y sometieron a la secretaria del sindicato Sandra Muñoz, a Cristóbal Gómez, funcionario, al dirigente de Sinaltrainal y trabajador de Coca Cola, Campo Elías Quintero, y a Sandra Castro, empleada de la farmacia. Los agresores redujeron al gerente de la cooperativa Erasmo Castro, quien se encontraba dentro de la oficina trabajando en un computador, revolcaron todo cuanto encontraban a su paso, preguntaron insistentemente por el DVD, se llevaron 85

Un proceso similar se adelanta frente a la minera Drummond por los asesinatos de los dirigentes sindicales y empleados de esta multinacional, Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler a comienzos de este siglo, caso que no vamos a desarrollar en esta investigación por estar ubicado por fuera de los sectores analizados, pero que cuenta en los procesos aquí descritos. 86 No sobra recordar que un par de años antes Chiquita Brands había sido denunciada por hechos similares, como se vio en el estudio del sector bananero.

237

aproximadamente cuatro millones de pesos y el casete de la cámara de seguridad de video que está ubicada en la parte exterior de ingreso a la sede sindical. Los sujetos desde adentro llamaron por teléfono y en instantes llegaron otros sujetos en motos y emprendieron la huida” (Voz, marzo 10, 2004, 5). Igualmente preocupante es el aparente motivo de esta nueva expresión de violencia, según la misma fuente: “Este hecho se produce después de que en la seccional de Sinaltrainal Barranquilla estuvo una comisión de ciudadanos de Estados Unidos recibiendo testimonio de los trabajadores de Coca Cola, víctimas de los abusos y agresiones de esta multinacional, y un día después de que fue instalada la negociación del pliego de peticiones entre la organización sindical y la empresa Panamco Colombia y Coca Cola Femsa en la ciudad de Bogotá” (Ibíd.). En la segunda mitad de marzo de ese año se produjeron en Coca Cola conatos de paro, una huelga de hambre de 30 operarios y otras expresiones de protesta por la reducción de operaciones, las solicitudes de despido de 280 empleados y la violación de derechos humanos contra los sindicalistas. Los despidos afectaron las plantas de once ciudades, entre ellas las de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta y Valledupar. El descontento de los asalariados era igualmente por la importación de azúcar extranjera y la subcontratación de personal, en una empresa donde el 88% de su planta laboral estaba compuesta por asalariados subcontratados a través de agencias de empleo, según el sindicato (El Tiempo, marzo 16, 2004, 1 y 11). Los boletines de Sinaltrainal hablaban igualmente de varios atentados, secuestros, desplazamientos forzados e incendio de sedes sindicales que habían obligado a no pocos trabajadores a abandonar el sindicato, al tiempo que pedían reubicar a los que permanecían sin ocupación en las once embotelladoras cerradas desde septiembre de 2003, en cumplimiento de la tutela interpuesta contra la empresa por la reducción de sus actividades (Voz, marzo 24, 2004, 4; y marzo 31, 2004, 4). En abril de 2004 apareció nueva información emanada del sindicato: un juez había tutelado los derechos laborales de dos trabajadores de Palmira y exigía su reintegro. La empresa apeló la sentencia y, según Voz, “los trabajadores días después recibieron en la sede sindical de Sinaltrainal de Palmira un sobre sellado con una carta señalando a los directivos como auxiliadores y colaboradores de la insurgencia vallecaucana. En el último párrafo de dicho comunicado manifiesta: „el bloque conjunto Calima, Pacífico y demás colaboradores urbanos de la ciudad de Palmira declaran la guerra a estos sujetos ya identificados como directivos de esta organización para que la abandonen en un plazo de no mayor de tres meses. De lo contrario serán declarados objetivos militares por nuestra organización y acabaremos con todos‟” (Voz, abril 7, 2004, 5). La socorrida acusación de auxiliadores de la insurgencia seguía siendo esgrimida por los paramilitares, en este caso por el Bloque Calima y Pacífico, para amenazar a los sindicalistas que se resistían a los planes de reestructuración de la multinacional. Las persistentes denuncias sindicales y la solidaridad internacional alcanzaron 238

nuevos espacios. El 24 de junio del mismo año, miembros de la Caravana Internacional por la Vida de los Trabajadores de Colombia visitaron varias poblaciones de Santander en preparación de un informe sobre el caso colombiano. Hacían parte de ella 560 activistas de derechos humanos de los Estados Unidos, Canadá, Bélgica, España, Alemania, Italia, Gran Bretaña y Suiza, arribados al país el 21 de junio. El informe que la CUT les rindió sobre la situación encontrada en Santander afirmaba que allí la central disponía de 48 sindicatos y que 30 de ellos estaban “afectados por presiones que los llevarían a su desaparición”. Los ilícitos señalados comprendían atentados, amenazas, asesinatos, desplazamientos forzados y “presiones para que deserten” de la lucha sindical (Vanguardia Liberal, junio 25, 2004, 2B). De acuerdo con el periódico santandereano, en los últimos cinco años se había operadouna reducción de 300 miembros pertenecientes a Sinaltrainal, la mayoría de ellos procedentes de Coca Cola, empresa que había quedado con solo 50 sindicalizados (Ibíd.). Finalmente, el 22 de julio de 2004 tuvo lugar en la Plaza de Bolívar de Bogotá la segunda audiencia pública colombiana en defensa de los derechos humanos, las libertades públicas y el patrimonio nacional frente a las multinacionales, organizada por Funtraenergética, Sintramienergética, Sintraime, el sindicato de Icollantas, la CUT y el Comité Intersindical y Popular del Sur. La jornada se extendió a lo largo del día en presencia de observadores de la OIT, senadores y representantes de las comisiones séptimas del Congreso, y contó con la presencia de delegados del American Center for Institutional Labor Solidarity, la AFL-CIO y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Foros similares ya habían sesionado en Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca. Estaba entonces en marcha –y llevaba ya tres sesiones de audiencias públicas– la campaña mundial de repudio a Coca Cola, encaminada a que esa empresa multinacional respetara los derechos humanos y reparara los daños causados a los trabajadores y a la población, como ya se dijo. La campaña incluyó demandas ante los tribunales judiciales del Distrito del Sur de la Florida y un boicot de ventas de esa empresa en algunos lugares, que se había iniciado el 22 de julio de 2003. En la misma fecha del año siguiente, en el segundo Foro Social Mundial, se declaró el Día Internacional de repudio a Coca Cola, cuyas jornadas en territorio colombiano fueron cumplidas frente a instalaciones de la compañía en Cali, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja y Bogotá (Voz, julio 14, 2004, 4; y agosto 4, 2004, 5). En este punto, y para entender mejor la solidaridad internacional, vale la pena hacer un paréntesis para señalar el reciente giro político de la poderosa confederación norteamericana AFL-CIO, según Aviva Chomsky. Hasta los años 90 la visión internacional de dicha central sindical era más o menos la misma de los gobiernos norteamericanos y las multinacionales: proteccionismo para adentro y anticomunismo para afuera, lo que implicaba debilitar al sindicalismo en países como Colombia. En 1951 crearon la Organización Regional Interamericana del Trabajo (Orit) y en 1962 el American Institute for Free Labor Development (Iadsl, por su sigla en español), que “educó” a muchos sindicalistas latinoamericanos en las políticas de Guerra Fría y que para su acción anticomunista se apoyó, según la 239

investigadora norteamericana, en gente corrupta como José Raquel Mercado. Pero en 1995 hubo un cambio en la AFL-CIO: el grupo “New Voices” ganó el control de la central y transformó el Iadsl en un Centro de Solidaridad, con una especial atención a Colombia. Aunque el Centro tiene apoyo estatal, es crítico de la política exterior norteamericana, especialmente hacia nuestro país. Pero hay dudas sobre este giro político, no solo entre los sindicalistas colombianos sino también entre algunos norteamericanos.87 Claro que el mensaje es muy diferente ahora: más crítico del neoliberalismo y claramente internacionalista (Chomsky, 2008, 248-249). Regresando a nuestra narración, parece que la solidaridad internacional, convocada hábilmente por Sinaltrainal en el caso de Coca Cola, logró frenar el desangre en esta multinacional, no así en Nestlé-Cicolac, como hemos visto. La diferencia radica tal vez en que ahora el sindicalismo norteamericano tiene una postura más crítica del neoliberalismo y de la política internacional norteamericana, especialmente en la era Bush. No parece en cambio que el sindicalismo suizo o europeo haya reaccionado en igual forma ante Nestlé.88 Con todo y eso, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) reunido en Bogotá del 21 al 23 de julio de 2008 juzgó a varias empresas multinacionales instaladas en Colombia y a algunas nacionales89 y las condenó, entre otras cosas, por “la persecución y exterminio de sus sindicatos; la puesta a su servicio, con grandes 87

Por ejemplo, el Centro de Solidaridad y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (Uita), a la que pertenece Sintrainagro, no apoyaron el boicot contra Coca Cola (Ibíd., 254). 88 Claro que no faltan las voces que desprecian estas actividades internacionalistas y las tildan de subversivas, cuando no de enemigas de la patria. Dentro de los múltiples ejemplos encontrados en esta investigación citamos solo un editorial de El Nuevo Siglo de mediados de 2005, escrito a propósito de una reunión de la OIT, en donde se ventilaría el caso del sindicalismo colombiano, reunión tachada de “tour” de sindicalistas: “en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo (…) para infortunio de nuestro país, la vocería insulsa de nuestros sindicalistas por años ha ido calando en la mente y en el corazón de quienes gozan escuchando noticias místicas acerca de las desgracias que nos afligen y que la retórica ampulosa se encarga de magnificar. Por virtud de ellas la república de Colombia ha sido objeto de la aplicación de varias „sanciones‟ de las que utiliza la OIT para disciplinar y poner en cintura, aunque sin rigor probatorio alguno, como si hasta ahora estuviéramos rompiendo, sabrá Dios qué clase de cadenas (…) Ahora, desbordando todo lo que son los intereses naturales de los trabajadores, abandonando las reivindicaciones legítimas que surgen del mundo del trabajo, han resuelto como objeto de su causa el cambio político del país, sin que importen los medios ni la magnitud de los daños que dejan a su paso. Buscan la internacionalización de sus desafueros dando palos de ciego aun en contra de su patria” (El Nuevo Siglo, mayo 22, 2005, página editorial). 89 Tales como Coca Cola, Nestlé, Chiquita Brands, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel Mining Corporation, Glencore-Xtrata, Anglo American, BHP Billington, Anglo Gold Ashanti, Kedhada, Smurfit Kapa (Cartón de Colombia), Pizano S. A. y su filial Maderas del Darién, Urapalma S.A., Monsanto, Dyncorp, Multifruit S. A. (filial de la transnacional Del Monte), Occidental Petroleum Corporation, British Petroleum, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Canal Isabel II, Canal de Suez, Ecopetrol, Petrominerales, Gran Tierra Energy, Brisa S. A., Empresas Públicas de Medellín y B2 Gold (Cobre y Oro de Colombia S. A.). De dicho tribunal hacen parte el premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel, el sacerdote e intelectual belga François Hutart y el dirigente indígena colombiano Lorenzo Muelas, entre otros.

240

remuneraciones, de la fuerza pública del Estado, diseñada para proteger a toda la sociedad; la contratación clandestina de grupos paramilitares; las ejecuciones extrajudiciales de sus sindicalistas insumisos, de los integrantes de movimientos sociales que se oponen a los grandes perjuicios causados, como la reducción de su fuerza laboral, sus sistemas de contratación indirecta y la consiguiente precarización de sus trabajadores” (TPP, 2008, 7). La sentencia agrega más adelante: “En efecto, se verifica una persecución sistemática de toda forma de actividad sindical, en el marco de una política de precarización del empleo y desguace de las redes de seguridad social, mediante despidos masivos y tercerización de vínculos laborales para diluir la responsabilidad de la empresa principal. En este sentido se destaca el desmantelamiento de la Unión Sindical Obrera, sindicato de Ecopetrol, incluido el asesinato de sus principales líderes sindicales ya descrito (por el Tribunal) y el aniquilamiento de Sinaltrainal en Cicolac-Nestlé” (Ibíd., 14). El documento incluye –para no alargarnos más– una diciente denuncia sobre la estrecha relación entre Estado y multinacionales: “Se ha demostrado también con claridad la simbiosis existente entre la estructura del Estado de Colombia y algunas de las empresas transnacionales analizadas, reflejada de manera muy visible en los flujos, que se dan en ambos sentidos, de dirigentes estatales y empresariales: así altas (sic) responsables de Nestlé pasaron a ser altos cargos en el Ministerio de Protección Social; un ex Procurador General que se negó, en el ejercicio de su cargo, a investigar muchas denuncias de los sindicalistas de Coca Cola, luego actuó como abogado de dicha empresa en procesos contra los dirigentes del sindicato en 2003. Esta simbiosis se traduce en la práctica en una subordinación del Estado a las peticiones, necesidades o conveniencias de las empresas transnacionales estudiadas y se materializa en todos los poderes del Estado” (Ibíd., 14-15). En síntesis, y para concluir, así no se comparta la sentencia del TPP, los hechos en que se basa su condena –que son similares a los narrados en este capítulo a partir de nuestra información– son tozudos y hablan por sí mismos. En el sector de alimentos y bebidas, en particular en las dos empresas multinacionales consideradas, se reproduce un ciclo que es similar al observado en otras ramas de la producción ya analizadas, aunque un poco más tardío en cuanto a su desarrollo: auge de las luchas sindicales por derechos en condiciones de precarias relaciones laborales modernas e interferencia insurgente –en menor medida que en otros sectores–, hechos que son respondidos por una creciente violencia oficial y paramilitar en connivencia con empresas multinacionales, todo lo cual debilita al sindicato afectado, en este caso a Sinaltrainal. Lo que marca aquí la diferencia es la apelación a la solidaridad internacional, que es clave ahora, especialmente en el lado norteamericano, por el giro político de la AFL-CIO. No en vano ese sindicalismo es de los más vehementes opositores a la firma de un TLC con Colombia, precisamente a causa del problema de violación de derechos humanos de los sindicalistas que sigue adelante en nuestro país. Convocar la solidaridad internacional constituye una importante estrategia para la 241

subsistencia de aquellos sindicatos que no han perdido su autonomía y la orientación de resistir a la reestructuración neoliberal. Pero eso mismo los sigue poniendo en la mira de quienes quieren implantar dicha reestructuración a sangre y fuego. De ahí que la lucha sindical en este sector esté todavía seriamente amenazada, en el sentido más literal de la expresión.

Luchas de Sinaltrainal y violaciones de derechos humanos contra sus afiliados, 1984-2009

Año

Luchas

Huelgas

Violaciones de derechos

Asesinatos

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

3 1 2 3 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 3 4 0 0 1 0 27

3 0 2 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

9 2 1 0 10 4 3 0 1 2 2 4 29 2 1 3 2 7 4 13 3 5 15 5 3 13 143

0 0 1 0 2 2 1 0 1 1 2 1 4 2 0 1 2 0 2 0 0 3 1 1 0 1 28

242

6. SALUD PÚBLICA

243

La primera organización de rama industrial de la salud pública apareció a mediados de los años 60, cuando la Cstc, apuntalada en un sindicato gremial que organizó inicialmente, la Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Colombia (Analferaux), creó la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Consultorios (Anthoc), que hoy amplía su cobertura y se llama Asociación Nacional de Sindicatos de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia. Antes, con la creación en 1946 del Instituto Colombiano de Seguros Sociales (Icss), como entidad tripartita –Estado, empresarios, trabajadores–, había aparecido el correspondiente sindicato de base, que tuvo un largo y azaroso historial de luchas hasta la desaparición de esa empresa a principios del presente siglo. Además, desde el año 1958 ya existía una importante organización de los profesionales médicos –particularmente concentrados en el Icss–, conocida como Asociación Médica Sindical (Asmedas), que todavía subsiste y se ha diversificado para ofrecer múltiples servicios a sus afiliados, no propiamente sindicales. A partir de entonces los trabajadores de la salud pública aparecen en la vida nacional como uno de los sectores sindicales más destacados y batalladores por la mejora de los servicios que prestan a la población, al mismo tiempo como uno de los mayormente afectados por la violencia que vive el país. Se trata de un movimiento consistente, que habla de una importante organización sindical que, sin embargo, se ha debilitado en los últimos tiempos por la violencia contra sus afiliados, aunque no con la hondura de la crisis observada en sectores como palmeros y cementeros. Conjuntamente con el magisterio, que analizamos en otro lugar, los trabajadores de la salud constituyen una expresión de los asalariados públicos, antes diferenciados de la clase obrera por pertenecer a las capas medias, no propiamente proletarias. Pero desde mediados de siglo XX se organizan sindicalmente y se acercan a la llamada clase obrera. La legislación laboral los ha excluido del régimen de negociación colectiva y del derecho de huelga, por estar cobijados por la categoría de “empleados públicos” de “servicios esenciales”, asunto que sigue vigente aun después de expedida la Constitución de 1991, como recordamos en la sección de tendencias generales. A pesar de ello, los trabajadores del sector salud, enseguida del magisterio y junto con los jueces, desde los años 60 han estado entre los más combativos, y por eso mismo han sido víctimas de la violencia oficial y, en tiempos recientes, paramilitar. En efecto, las enfermeras y los médicos, como los maestros de escuela y los empleados del poder judicial, eran y siguen siendo blanco del dedo acusador de las autoridades, que recriminan a los asalariados de la salud pública por paralizar un “servicio esencial” y supuestamente poner en peligro la vida de los pacientes bajo su cuidado. El personal auxiliar, en especial las enfermeras, fue el primero que inició su sindicalización, con la creación a fines de los años 50 de Analferaux, como acabamos de reseñar. Estas mujeres eran muy maltratadas en los hospitales y puestos de salud, recibían salarios de hambre, realizaban turnos extremos, no tenían cursos de calificación como fuerza de trabajo y muchas de 244

ellas fueron despedidas cuando crearon las primeras formaciones de la Asociación. Hay que recordar que ellas constituyeron el núcleo de la resistencia al primer intento oficial de cerrar el que por muchos años había sido el más importante centro de salud del país, el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Con el correr del tiempo la crisis financiera del sector público se tornó tan aguda, y tan destructora la corrupción administrativa en los hospitales y en todo el Sistema Nacional de Salud, que el cuerpo médico se vio precisado a ingresar en la ola de protestas surgidas a partir del conflicto de la salud pública de abril de 1974 y con mayor fuerza aún del que se presentó en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales en septiembre de 1976, el más voluminoso e impactante ocurrido hasta ahora en ese sector. Entre el 6 de septiembre y el 26 de octubre de 1976 los trabajadores del Icss, y en especial los médicos agrupados en Asmedas, libraron una huelga nacional que mereció no solo recriminaciones televisadas del presidente Alfonso López Michelsen sino un centenar de despidos de esa entidad. El motivo principal fue la oposición de los trabajadores a ser clasificados como “empleados públicos”, asunto que se pospuso y será motivo de posteriores pugnas, pero que llevó a un resultado no esperado: la identificación del médico como un asalariado más (Sánchez, 2009, 350-351). Otro aspecto que se deriva de esta huelga fue la unificación sindical de varios actores de la salud, como los médicos internos y residentes, los estudiantes de las facultades de medicina y las enfermeras, quienes, a juicio de Ricardo Sánchez, “van a conformar una vanguardia en la lucha” (Ibíd., 352). Esta batalla, además de poner de bulto la situación social de un sector profesional considerado privilegiado por parte de la opinión pública, contribuyó a legitimar la protesta del conjunto de servidores de la rama, que en la década de los 80 adelantaron acciones decisivas por la elevación de los salarios y una solución de fondo de la crisis hospitalaria y en defensa del recién reestructurado Instituto de Seguros Sociales (ISS) como institución pública al servicio de los trabajadores, contra los planes de privatizarlo. La importancia del cambio operado puede colegirse al constatar que el promedio anual de huelguistas subió de 8.956 en la década de 1970 a 19.243 en la de 1980 (Archila y Delgado, 1995, 164). Bajo la dirección de Anthoc, Asmedas, la Asociación Nacional de Médicos Internos y Residentes (Anir), la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fentrasalud) y el Sindicato Nacional de Empleados de la Salud y la Seguridad Social (Sindess), el movimiento huelguístico en este sector público tuvo siempre un acentuado contenido local y regional, un especial acercamiento a las comunidades, lo cual imprimió a su lucha una buena dosis de solidaridad y consistencia. Y asimismo protagonizó notables huelgas de cubrimiento nacional, como la de 1976 y algunas que consideraremos más adelante. La figura del médico Eduardo Arévalo Burgos al frente de Asmedas, en los recios conflictos de los años 70, simbolizó la temporal alianza gremial de capas medias y sectores asalariados pobres, ambos afectados por el irrefrenable deterioro del sistema de 245

salud del país. Es conocido que cada paso dado en la obtención de mejores condiciones de trabajo en este sector estuvo precedido de persistentes demandas y ceses de labores; en el solo año de 1981 los médicos internos y residentes, por ejemplo, realizaron cinco paros exclusivamente para hacer valer la determinación del Consejo de Estado que los había declarado trabajadores en adiestramiento en vez de estudiantes becados. Ahora bien, en las condiciones de violencia que vive nuestro país desde los años 80, conviene apreciar tanto los riesgos que corren los trabajadores de la salud como su señalamiento por las autoridades como cómplices de los grupos guerrilleros y por tanto merecedores de un trato represivo. 90 El área de la salud está tan expuesta a la violencia política como la del magisterio, por tratarse de un servicio directo que se presta a la población, sin intermediarios, sin que se permita discriminar qué sectores sociales atiende o a quién pueda negarle el servicio. Allí se mueven los medicamentos, los instrumentos quirúrgicos, los vehículos de transporte de personal enfermo y, más importante aún, los conocimientos de salud y protección, y por eso mismo son apetecidos por los grupos armados de todo tipo. Así el trabajador se expone directamente a la violencia, tanto si ejerce su deber social y ético como si se niega a hacerlo, tanto si lo hace con unos como si lo hace con sus contrarios. Antes de iniciar el análisis cronológico de la relación entre luchas sindicales y violencia contra los sindicalistas de este sector conviene echar una mirada a las tendencias generales de nuestras series estadísticas. En términos de luchas sindicales, el sector salud siguió siendo muy activo a lo largo de todo el periodo estudiado (Gráfico 1), con picos de actividad contenciosa en 1985, en 1991 y especialmente entre 1997 y 2000, para decrecer luego –en particular la huelga–, aunque en 2004 y 2007 se sostuvieron otras modalidades de protesta. La disminución de las huelgas es de por sí un signo de debilidad del sindicalismo, como hemos argumentado en seccionesanteriores.

90

La primera protesta de asalariados aparecida en nuestra base de datos se refiere a una marcha realizada en Cali por el asesinato de un médico en los años 60.

246

Gráfico 1 Luchas sindicales y huelgas de la salud pública, 1984-2009 80 70 60 50 40 30 20 10

Luchas sector salud

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

0

Huelgas sector salud

La tendencia en la participación de huelguistas se asemeja a la de huelgas pero en una proporción diferente, pues las alzas y bajas son más pronunciadas. Así se percibe en el aumento de los años 1997 a 1999, seguramente asociado con la gran movilización ciudadana contra el plan de desarrollo de la administración Pastrana. Llama igualmente la atención el descenso en el número de huelguistas a partir de 2002, con una breve excepción al año siguiente. Esto ratifica lo dicho al final del párrafo anterior. Gráfico 2 Huelguistas del sector salud, 1984-2009 300000 250000 200000 150000 100000 50000

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0

247

Aunque las estadísticas de luchas sindicales y víctimas de la violencia (Gráfico 3) no son estrictamente comparables, se observa una aparente desproporción a favor de las primeras –como puede verse en el cuadro al final de este capítulo–, lo cual delataría la existencia de un sindicalismo que se resiste a doblegarse. Por lo demás, el sector salud, junto con el de bebidas y alimentos –especialmente el agrupado en Sinaltrainal– y el magisterio –organizado en Fecode–, enseñan que en el largo mandato de Álvaro Uribe Vélez no ha desaparecido la violencia contra los trabajadores sindicalizados, aunque sin duda ha disminuido el asesinato mientras se mantienen, o incluso aumentan, otras modalidades de violación de derechos humanos más sutiles pero igualmente efectivas. Pero también hay una explicación de esta elevada violencia durante lo corrido del siglo XXI en el contexto de la reestructuración de la red hospitalaria, como veremos más adelante.

Gráfico 3 Todas las violaciones de derechos humanos y asesinatos contra el sector salud 1984-2009 45 40 35 30 25 20 15 10 5

Violaciones de derechos humanos

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

0

Asesinato

Al estudiar discriminadamente las formas de violencia se constata el peso que tienen los homicidios –el 42%–, y llama la atención la figuración de otras violaciones de derechos humanos, especialmente las amenazas, la modalidad que cobra más visibilidad en la violencia contra los sindicalistas en los últimos años y que, como ya dijimos, es una muerte en vida que afecta hondamente al mundo del trabajo colombiano (Gráfico 4).

248

Gráfico 4 Tipos de violaciones de derechos humanos contra sector salud, 1984-2009

Asesinato 93

Tortura 5

Amenaza de muerte 93

Secuestro 2 Ataque y heridos 8 Desaparición 7 Detención 14

En cuanto a los motivos de todas las luchas sindicales del sector salud pública (Gráfico 5), incluidas las huelgas, sorprenden las pocas protestas por derechos humanos, en beneficio del abrumador peso de los incumplimientos patronales, y dentro de ellos de las retenciones salariales. En efecto, de las 536 luchas por violación de pactos y leyes –equivalentes al 68% del total–, 406 fueron ocasionadas por retenciones, mientras de las 36 por derechos en general –el 5% del total de luchas–, 30 fueron protestas por violaciones de derechos humanos. Al observar la evolución de los motivos resaltan, además de la alta figuración de los incumplimientos, las disputas en torno a la negociación de pliegos laborales al principio de los años estudiados; luego se destacan aquellas por demandas políticas en el marco de la crisis de la salud, y en concreto contra el cierre de hospitales y la privatización del ISS, en lo que va de este siglo.

249

Gráfico 5 Motivos de lucha sindical del sector salud pública, 1984-2009

Derechos 37 Autoridades 12 Servicios sociales 6

Políticas Pliegos no 86 dirimidos 113

Conmemoración 1 Solidaridad 6

Incumplimiento pactos 539

1er subperiodo En el primer subperiodo estudiado en el sector de salud pública se libraron 180 luchas sindicales, de las cuales 173 fueron huelgas, para un promedio anual de 25. El epicentro de la actividad contenciosa en este sector fue Santander, escenario privilegiado también de las primeras violaciones de derechos humanos contra sus sindicalistas. Lo mismo ocurre en el magisterio y obviamente en el sector petrolero, aunque en este último por razones diferentes. Sin disponer de mayor información empírica, nos atrevemos a pensar que en el caso de la salud y del magisterio pesa mucho el despliegue del M-19 en Bucaramanga y alrededores, no así en Barrancabermeja, en donde hacía presencia el ELN, ni en las zonas de colonización del Magdalena Medio, en donde había notoria actividad de las Farc. Es diciente el hecho de que una de las primeras grandes movilizaciones del sector salud fuera impulsada por el asesinato del médico y combatiente recién desmovilizado del M-19, Carlos Toledo Plata, ultimado por sicarios el 13 de agosto de 1984 en Bucaramanga. Hay que decir que el M-19 se articuló tempranamente a las luchas sindicales de esa región, como ocurrió en el caso de los palmeros, en parte por las difíciles condiciones laborales que se vivían allí, y especialmente al abrigo de la tregua pactada por el movimiento armado con el gobierno de Betancur, que efímeramente permitió la presencia de guerrilleros en la vida pública, algo que también aprovechó el EPL en Urabá. Como ya se dijo, el M-19 tuvo simpatías entre las directivas de Utrasan, convertida tiempo después en Usitras.

250

En marzo de 1987 esa primera federación, dirigida por Isaías Tristancho, orientó la movilización de los trabajadores de la salud del departamento contra la nueva intención gubernamental de convertirlos en “empleados públicos”. De acuerdo con la narración de Tristancho aparecida en un libro sobre la historia oral del sindicalismo santandereano, la tentativa oficial estuvo acompañada del despido de 120 trabajadores de la salud. Como el gobierno departamental no daba muestras de negociar, decidieron emprender una marcha a Bogotá, que se inició con 270 hombres y mujeres y fue engrosándose en el camino, a lo largo del cual tuvieron que soportar toda suerte de dolencias y enfermedades. A la llegada a la capital, recuerda Tristancho, fueron recibidos por unas 40.000 personas convocadas por la CUT. Ante la renuencia del gobierno nacional a recibirlos, se introdujeron en las dependencias de los ministerios de Salud y de Trabajo, sin mayor resultado, por lo que recurrieron a la toma de las instalaciones de Unicef, decisión que facilitó la negociación con el gobierno. Al regresar a Bucaramanga, las autoridades departamentales rechazaron los acuerdos logrados en Bogotá, lo que obligó a los huelguistas a desplazarse de nuevo a la capital e ingresar, por pocas horas, en la embajada de Francia. El acuerdo a que finalmente se arribó enfureció al gobernador, quien ordenó reprimir la manifestación que pretendía celebrar la negociación en Bucaramanga, en una redada en la cual Tristancho cayó una vez más (ver su testimonio en Guerrero y otros, 2005, 258 y ss.).91 Gráfico 6 Tipos de violaciones de derechos humanos contra sector salud, 1984-1990

Ataque y heridos; 1 Detención; 8

Tortura; 5 Asesinato; 4

Llama la atención que, a instancias de la federación santandereana –Utrasan primero y luego Usitras–, el sindicalismo regional –como hemos visto en el caso del palmero– acudiera en este subperiodo a las tomas de instalaciones como una forma de protesta más confrontacional que la misma huelga, aunque las dos 91

Nuestras bases de datos dicen que el dirigente de Usitras había sido detenido el 15 de junio de 1985 junto con varios trabajadores de la región, una de ellas Cristina Acevedo, sindicalista de la Clínica Bucaramanga. La narración que el autor hace en el libro citado muestra permanentes detenciones, unas más arbitrarias que otras.

251

modalidades muchas veces coincidían. Esto muestra una crudeza en el conflicto laboral, que fue aprovechada por la guerrilla para insertarse en el mundo social, como ocurrió en otras zonas de enclave extractivo, lo cual provocó la conocida espiral de violencia que observamos en los sectores ya descritos. En todo caso, añadida a la represión oficial, que no consigue el objetivo de aplacar las luchas del sector, aparece una violencia más letal, que va a afectarlo severamente (Gráfico 6). Si entre 1984 y 1986 habían predominado las detenciones arbitrarias de sindicalistas, todas ellas en Santander, a partir de 1987 comienzan los atentados, también en Bucaramanga, y luego los asesinatos, pero ahora en Medellín y en otras partes del país. Así ocurrió el 17 de octubre de ese año en la persona del médico Rodrigo Guzmán, vicepresidente de la Asociación Nacional de Médicos Residentes e Internos (Anir), seccional Antioquia, e integrante del Frente Popular.92 El crimen provocó un paro regional y posteriormente, en 1988, ocurrieron otros tres asesinatos en Santander de Quilichao (Cauca) y en 1990 en Cartago (Valle) y Cartagena (Bolívar).93 Un asunto que surge en este subperiodo y va a tener consecuencias en las luchas de los siguientes, especialmente de los trabajadores públicos que nos ocupan, es el de la descentralización presupuestal y las transferencias del gobierno central a los departamentales, que vamos a tratar en forma condensada. Desde mediados de la década de 1970 los gobiernos nacionales exteriorizaron su preocupación por la inestabilidad de las finanzas regionales y la dependencia exclusiva de departamentos y municipios respecto de las transferencias presupuestales asignadas para su funcionamiento, asuntos que intentaron enfrentarse con propuestas tendientes al fortalecimiento de las rentas propias, a través del incremento del esfuerzo fiscal y de la redefinición de competencias de los entes territoriales.94 Mediante la Ley 14 de 1983 se pretendió simplificar y racionalizar el sistema impositivo de departamentos y municipios para incrementar los recaudos territoriales, y la Ley 12 de 1986 estableció el aumento progresivo de la participación municipal sobre el recaudo del Impuesto al Valor Agregado (IVA): del 30,5% en 1986 hasta alcanzar el 50% en 1993. Tales recursos adicionales deberían destinarse a la ampliación y mejoramiento de servicios públicos, vías de 92

En este punto no se puede ignorar que el 28 de agosto de ese año había sido asesinado en la misma ciudad Héctor Abad Gómez, médico y presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, en momentos que asistía con Leonardo Betancur al velorio del dirigente magisterial Luis Felipe Vélez. Abad Gómez figura en nuestra serie de violencia contra el magisterio, por su afiliación a Adida. 93 Por supuesto que también hubo paros de protesta contra la violencia ejercida por la insurgencia. Tal fue el caso de la muerte de dos médicos, no sindicalizados, por el estallido de una bomba en el Hotel Cartagena Hilton, el 26 de septiembre de 1989. 94 El informe de la Misión sobre finanzas intergubernamentales en Colombia, de 1981, recomendó modificar el sistema de transferencias nacionales y los mecanismos de financiación de departamentos y municipios. Por ejemplo, sugirió tomar medidas que condujeran al autofinanciamiento de los municipios grandes y al mantenimiento del sistema de transferencias municipales para localidades medianas y pequeñas, siempre y cuando se tomara en consideración un criterio adicional de esfuerzo fiscal (Iregui, Ramos y Saavedra, 2001, 5).

252

comunicación, plantas físicas y dotación de planteles educativos, puestos de salud y ancianatos, y para la construcción y mantenimiento de infraestructura física de las actividades culturales, deportivas y recreativas, programas de reforestación y pago de deuda pública interna o externa. La ley condicionó la transferencia al esfuerzo fiscal local observado en el recaudo del impuesto predial. La Constitución Política de 1991 incrementó el volumen de las transferencias del gobierno central hacia las entidades territoriales, pero, de manera concomitante, aumentó sus responsabilidades. El artículo 356 de la Carta, aunque establece taxativamente que dichos servicios deben financiarse con los recursos del situado fiscal,95 no determina los porcentajes que se destinarán para tal fin.96 La Ley 60 de 1993 definió que, del total que corresponda a cada departamento, era obligatorio destinar como mínimo el 60% para educación y el 20% para salud. A partir de 1995 se puso en evidencia un deterioro de las finanzas del aparato central y de las administraciones territoriales: el déficit del primero pasó de 1,0% del PIB en 1990 a 6,8% en 1999, y el de los segundos subió de 0,3% del PIB en 1990 a 0,6% del PIB en el mismo periodo (Iregui y otros, 2001, 1). Entonces, muchos políticos y técnicos culparon a las transferencias territoriales de tal detrimento financiero. En 2001, mediante el Acto Legislativo 01, se modificó la forma como las entidades territoriales participaban de las rentas nacionales –es decir, se modificó la Ley 60 de 1993–: se entregó a éstas una suma fija y creciente durante siete años, calculada con base en la inflación más unos puntos. De tal manera, las transferencias se desligaron de los ingresos corrientes de la nación. En 2006 – Acto Legislativo 011– el gobierno de Uribe Vélez hizo una modificación de tales sumas que afectó a la educación y la salud, como veremos luego. 2º subperiodo Retornemos a nuestro segundo subperiodo, en el que se librarán 397 luchas sindicales, 376 de ellas huelgas, para un promedio anual de entre 36 y 34, respectivamente. En estos once años la acción sindical contenciosa en el sector de la salud iba, pues, en aumento. Sobre la distribución departamental de las acciones sindicales de este sector para todo el periodo estudiado (Gráfico 7), se observa que 29 de los 32 departamentos toman parte en ellas. Los de la Costa Atlántica –Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira, Cesar, Sucre y Córdoba– 95

Por tal se entiende el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que será cedido a los departamentos, el distrito capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta para la atención directa, o a través de los municipios, de los servicios que se les asignen (Artículo 356 de la Constitución). 96 Con todo, el Artículo 357 determinó que la participación de los municipios se incrementará, año por año, partiendo del 14% de los ingresos corrientes de la nación en 1993 hasta alcanzar el 22% como mínimo en el año 2002, y estableció que el 60% de las participaciones se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con necesidades básicas insatisfechas y al nivel relativo de pobreza de la población de cada municipio. El 40% restante deberá distribuirse de acuerdo con la población total, la eficiencia fiscal y administrativa y el progreso demostrado en calidad de vida. Sin embargo, no estableció los programas específicos de gasto que deben financiarse con estos recursos.

253

copan el 41% de la participación departamental total en las luchas del sector de la salud, sobrepasando con creces su participación en las acciones magisteriales. En este caso también podría pensarse en la ineficacia administrativa de las autoridades departamentales y municipales para atender oportunamente el pago de acreencias laborales de los trabajadores de la salud pública, como sugiere la alta proporción de protestas por retenciones salariales. Gráfico 7 Participación departamental en las luchas sindicales del sector salud pública, 1984-2009

Guaviare Putumayo Meta San Andrés Casanare Chocó Caquetá Huila Quindío Cundinamarca Nariño Boyacá Caldas Arauca Cauca Risaralda Nacional Norte de Santander Córdoba Tolima Sucre Cesar La Guajira Magdalena Antioquia Bolívar Bogotá Santander Valle Atlántico 0

20

40

60

80

100

120

Aunque hay una cierta coincidencia entre las regiones con mayor número de acciones sindicales y las de mayor violencia contra los sindicalistas (Gráfico 8), como ocurre especialmente en el caso de Atlántico y Santander, hay otros escenarios en donde la violencia es mayor que los indicadores de protesta, como Arauca –particularmente afectado por los asesinatos– y Cauca, que seguramente corresponden a dinámicas regionales y locales del conflicto armado que escapan de nuestras consideraciones en esta investigación.

254

Gráfico 8 Violaciones de derechos humanos contra el sector salud por departamentos 1984-2009 Putumayo Caldas Sucre Risaralda La Guajira Casanare Chocó Bolívar Magdalena Meta Sin información Córdoba Norte de Santander Valle Cesar Tolima Antioquia Cauca Arauca Caquetá Santander Atlántico Bogotá 0

Asesinatos

5

10

15

20

25

30

35

40

Violaciones de derechos humanos contra sindicalistas del sector salud

Paralelamente al aumento de la lucha sindical en la salud pública en el segundo subperiodo, la violencia contra sus activistas se incrementó, hasta registrar 78 violaciones de derechos humanos, 44 de las cuales fueron homicidios (Gráfico 9). Esta modalidad de violencia aumenta notablemente con el cambio de siglo y se dispersa por la geografía del país, como se observa en el mapa respectivo, presentado en 1990 al inicio de este capítulo. Gráfico 9 Tipos de violaciones de derechos humanos contra el sector salud, 1991-2001 Desaparición 6 Ataque y heridos 2 Asesinato 44

Amenaza de muerte 24

Secuestro 1

255

Por último, en esta apreciación cuantitativa de la violencia contra los sindicalistas del sector salud, si bien no se dispone de información muy precisa sobre presuntos responsables, por las dificultades ya anotadas, en los casos reportados tienden a predominar los paramilitares en forma abrumadora (Gráfico 10). Se presentaron ocasiones de apoyo entre Fuerzas Armadas y paramilitares, como pasó con el secuestro y posterior asesinato de Jorge Eliécer González, presidente de la seccional de Anthoc en Natagaima y miembro de la directiva departamental de esa organización. No solo sucedió que su cadáver fue encontrado el 27 de noviembre de 2001 cerca de la base militar de El Paso, sino que él mismo había denunciado que su nombre figuraba en un listado que poseía la VI Brigada. También se conocieron denuncias de amenazas procedentes de la insurgencia, como ocurrió en el Hospital San Juan de Dios de Anorí (Antioquia) el 10 de enero de 2001. Gráfico 10 Presuntos responsables de violaciones de derechos humanos de sindicalistas del sector salud, 1984-2009

FF.AA. y armados ilegales, 1

Sin información, 66

FF.AA. y de Policía, 18 Fiscalía, 3

Sicariato; 4

Guerrilla; 1 Paramilitares; 129

No pocas veces la violencia afectaba asimismo al núcleo familiar de la víctima, además de que se trata de un sector laboral en donde las mujeres han sido particularmente las víctimas directas. Según nuestra información, en todo el periodo estudiado (1984-2009) hubo 71 violaciones de derechos humanos contra ellas, de las cuales 35 fueron homicidios, cifras que corresponden respectivamente al 32% y al 37,5% del total de afrentas y asesinatos del sector. Algunos ejemplos ilustran lo dicho, sobre todo en el final del subperiodo considerado. El 8 de agosto de 2000 estalló un paro que afectó a la Clínica Primero de Mayo, propiedad del ISS en Barrancabermeja, en protesta por la eliminación de cinco trabajadores en el último mes, a manos de paramilitares. En efecto, el 10 de julio 256

fue ultimada Elizabeth Cañas, trabajadora del hospital, dirigente del Sindicato de Trabajadores del ISS (Sintraiss) y defensora de derechos humanos de la región. Elizabeth era madre y hermana de dos desaparecidos en la masacre de Barrancabermeja del 16 de mayo de 1998 y se presentó como testigo de esos crímenes ante los Tribunales de Opinión que en el año de 1999 sesionaron en Canadá y en la misma ciudad afectada. Dos días después de ese crimen, los paramilitares ejecutaron a Diego Fernando Gómez, dirigente de Sintraiss en Barrancabermeja. El 2 de septiembre de 2001, Carmenza Pungo, quien laboraba en el Hospital Santa María de El Tambo (Cauca) y era integrante del Comité de Reclamos de la seccional de Anthoc, fue torturada y asesinada por las AUC junto con un líder social local. Según la información de nuestras bases de datos, a consecuencia de esta “política de terror y persecución selectiva” debieron salir los presidentes de las seccionales de Anthoc en El Tambo y Mercaderes, el primero junto con su núcleo familiar. Para el final del subperiodo considerado la violencia contra los sindicalistas de la salud se había incrementado en forma impresionante, sin que las denuncias sindicales tuvieran mayor eco en las esferas estatales. Así, por ejemplo, a mediados de mayo de 2001, el semanario Voz informó de la muerte por paramilitares del presidente de la seccional de Anthoc en Barranquilla, Ricardo Orozco, y, ante la falta de garantías para investigar el crimen en la capital del Atlántico, su proceso debió ser trasladado a la Fiscalía General de Bogotá. El sindicato pidió protección para los testigos oculares del crimen, mientras se intensificaban las amenazas contra sus dirigentes nacionales y regionales. Por lo menos, según la misma fuente, estaba amenazada la mitad de la junta directiva nacional, los presidentes de quince seccionales, 160 directivos y más de 300 afiliados que habían sido desplazados forzosamente de sus lugares de residencia (Voz, mayo 15, 2001, 5). Mientras tanto, a cuatro trabajadores del hospital de Honda los paramilitares les dieron un ultimátum de ocho días para salir de la ciudad, acusados de dirigir el paro de la Salud contra el Acto Legislativo No. 012 de 2001, que reformaba el funcionamiento de esa rama pública. El sindicato denunció que “hay regiones en donde nos han prohibido actuar, a donde los directivos sindicales no podemos ir, en donde les han exigido a los compañeros retirarse del sindicato o por lo menos no participar de ninguna de las movilizaciones, como pasó en Sabana de Torres (...) en Arauca, en la zona del Catatumbo. En el Departamento del Cauca los paramilitares han exigido a todos aquellos que tienen relación con el Gobernador (el indígena Floro Tunubalá) que tienen que abandonar la región (...) Los asesinatos se llevan a cabo no solamente por razones sindicales sino por razones de la misión médica. Es así como los conductores de las ambulancias que transportan heridos en combate, ya sean de la guerrilla, de las autodefensas o un soldado, son víctimas, así como los paramédicos y enfermeros (...) Se ha llegado incluso a casos como el del médico que interpuso una acción jurídica a una ARS (Administradoras del Régimen Subsidiado) solidaria de Córdoba y a los dos días 257

de haber interpuesto el proceso ejecutivo los paramilitares llegaron y le ordenaron retirarlo” (Ibíd.) El semanario comunista no era el único que denunciaba serias violaciones de derechos humanos de los trabajadores de la salud. Datos suministrados en 2002 por el viceministro de Salud, Juan Gonzalo López, afirmaban que “entre abril de 1998 y el mismo mes del 2002 han sucedido 347 agresiones contra personal médico y paramédico. Esto significa 279 amenazas contra personal sanitario, 33 homicidios del mismo personal, cinco ataques, dos conversiones en objetivo militar, 25 retenciones y un ingreso de grupo armado a unidades de salud. Y no estamos hablando del saqueo de medicamentos, donde (sic) los grupos armados al margen de la ley arrasan con las medicinas contra la malaria, así como antibióticos, gasas, anestesia. Estas agresiones han llevado a que en departamentos como el Caquetá tengamos siete vacantes sin llenar porque la gente no quiere irse a trabajar en una zona de tanto conflicto” (El Tiempo, agosto 21, 2002, 1 y 14). Volviendo al comportamiento de las luchas sociales de este subperiodo, llama la atención el hecho de que, en lo inmediato, no se librara mayor número de acciones sindicales en torno a la expedición de la Ley 100 en 1993, que tanto afectará al sindicalismo del sector y terminará debilitándolo a la par de la violencia. Esto tiene su explicación. En efecto, la Ley 100, promovida por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, reestructura el sector y focaliza los recursos públicos en los factores de demanda. Aunque proclama la defensa del ISS, la lógica mercantil lo pone a competir y el resultado es el fortalecimiento de los entes privados que manejaban el servicio, especialmente las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS). La pretendida cobertura universal del nuevo sistema de salud tampoco se cumplió, pues se ha visto afectada por la creciente informalidad laboral –fruto a su vez de la apertura económica, que genera desempleo–, puesto que el régimen contributivo disminuye porcentualmente, al tiempo que el subsidiado aumenta en términos absolutos. Además, la supresión de la Caja de Previsión Social de Empleados y Obreros Nacionales (Cajanal) complicó todavía más el régimen pensional de los trabajadores oficiales (Cuéllar, 2009, 244-245). La Ley 100 fue discutida con varios sectores económicos y sociales, incluidos los sindicatos del sector y las centrales obreras. Así, Sintraiss logró la declaración de la preservación del ISS, pero no previó el impacto negativo que las leyes del mercado tendrían sobre este ente público. La USO y Fecode, por su parte, conservaron regímenes especiales de pensión. En un principio Anthoc, que logró puntualmente un incremento salarial, no se opuso a la ley, al considerar como positivos aspectos como la supuesta preservación del ISS y la pretendida cobertura universal del nuevo sistema. A medida que la Ley 100 empezó a ser reglamentada en los años posteriores, para entrar en real vigencia en 1996, los sindicatos de la salud percibieron sus efectos negativos para el sector público y entonces se decidieron a enfrentarla. De esta forma, hacia el final de los años 90 la oposición a la ley convocó efectivamente numerosas protestas, que incluyeron a 258

otros sectores vinculados al campo de la salud, como los usuarios, padres de familia y sindicatos y organizaciones sociales en general, pero ya la crisis hospitalaria había alcanzado enormes magnitudes. En cuanto a los propios trabajadores de la salud, la crisis hospitalaria les afecta en forma definitiva, ya que significa el cierre de instituciones públicas y el creciente desempleo, lo que obviamente debilita al sindicalismo. Según Natalia Paredes, investigadora del Cinep, “los recursos que antes financiaban directamente los hospitales, ahora entran a financiar los subsidios de la demanda, que pueden llegar o no a los hospitales” (Paredes, 2000, 120). Al cambio de siglo, tales entes atendían una creciente cartera y estaban al borde de la quiebra, a causa de lo cual cerrarán sus puertas a lo largo de los años 2000. Esto se refleja en las luchas de finales de los años 90 y en las del siguiente subperiodo. Por lo demás, la Ley 100 de 1993 tuvo otro efecto no buscado, pero igualmente perverso. La reestructuración del sistema, y en particular de los entes públicos de la salud, derivó en una disputa local y regional por los recursos presupuestales, que no se redujo a los círculos políticos tradicionales sino que tuvo la participación de los grupos armados irregulares, especialmente los paramilitares. 97 Y allí la férrea oposición de los sindicalistas a la desviación de fondos y a los actos de corrupción fue un motivo más de violencia contra ellos, como hemos visto en páginas anteriores. 3er subperiodo Gráfico 11 Motivo de las luchas sindicales del sector salud pública, 2002-2009 Derechos; 13 Servicios sociales; 5

Incumplimiento pactos; 143

Políticas; 48

Pliegos no dirimidos; 4 Otros; 4 Autoridades; 6

97

A modo de ejemplo, en reciente información de prensa se consignó: “hasta 2005 los hospitales de Sabanalarga, Soledad y Repelón les giraban cuotas mensuales a los paramilitares para que compraran armas” (El Espectador, mayo 20, 2010, 22).

259

En total, en estos ocho años se presentaron 223 luchas sindicales, 110 de las cuales fueron huelgas, para un promedio anual de 28 y 14, respectivamente. Si bien esto indica una relativa disminución de la acción contenciosa en el sector, no es menos cierto que en el último subperiodo estudiado aumentan las protestas provocadas por políticas públicas tendientes a la reestructuración y fusión de hospitales y centros de atención médica, lo que implica el despido de personal, el incumplimiento sistemático de las ARS y EPS en el pago de servicios a los hospitales, los déficits presupuestales de los centros de atención médica que amenazan permanentemente con su cierre, la paulatina privatización de las entidades de salud a través de la entrega de servicios a particulares, el recorte de las transferencias territoriales, el diseño de planes de desarrollo y las transformaciones en el régimen de seguridad social (Gráfico 11). Así mismo se incrementaron las luchas que pretendían la reapertura de hospitales cerrados con anterioridad. Gráfico 12 Tipos de violaciones de derechos humanos contra el sector salud, 2002-2009

Amenaza de muerte, 69

Secuestro; 1 Ataque y heridos; 5

Desaparición; 1

Asesinato; 45

Detención; 6

La violación de derechos humanos es algo que preocupa crecientemente a los sindicalistas de la salud pública en Colombia. En efecto, entre 2002 y 2009 hubo 127 violaciones, 45 de ellas asesinatos (Gráfico 12). Contra esta violencia se enfocó el 6% de las luchas sindicales del sector. Una de ellas fue la librada el 24 de julio de 2003 en Barranquilla por el asesinato de Carlos Barrero Jiménez, enfermero del Hospital General de esa ciudad y miembro de Anthoc. El crimen ocurrió el día anterior y fue perpetrado por un grupo denominado “Muerte a Sindicalistas”, que, según la información de nuestras bases de datos, supuestamente procedería de Bogotá y estaría integrado por unos quince hombres, que tenían la tarea de eliminar a unos 30 líderes sindicales de Barranquilla. La protesta precipitó la reunión de un consejo de seguridad en la ciudad, ante el cual los sindicalistas pidieron protección para tres líderes amenazados, uno de ellos directivo de Anthoc y otro el secretario general de la CUT en la región. Según nuestras fuentes, Yezid Camacho, presidente de Anthoc y asistente a dicho consejo, manifestó: “aquí hay un Estado y un paraEstado, que están combinados para imponer una política a los colombianos (…) aquí 260

podemos solucionar cosas como carros, escoltas y algunos recursos, pero lo que realmente queremos es que el Estado garantice el derecho a la salud, a la existencia de los hospitales públicos y a la vida de los sindicalistas”. A pesar de estas acciones y reclamos, la violencia no cejó en Barranquilla. El 13 de enero de 2004 fue dejado en las oficinas de Anthoc en esa ciudad un sobre que contenía un sufragio en el que las AUC amenazaban a la junta directiva de la seccional del sindicato. Un año más tarde, el 30 de abril de 2005, las amenazas se extienden a diez sindicalistas de Anthoc residentes en la ciudad y a otros tres en noviembre. El 3 de mayo del mismo 2005, tres sindicalistas de Ciénaga de Oro, municipio de Córdoba, sufrieron la misma afrenta. Un artículo aparecido a mediados de 2004 en El Tiempo informó: “La CUT acusa a los grupos paramilitares. Prueba de esto, según ellos, son los sufragios y comunicados firmados por las Autodefensas Unidas de Colombia y por un grupo autodenominado Masin (Muerte a Sindicalistas). Este último –que dice también pertenecer a los paramilitares– apareció el 23 de julio del 2003 tras adjudicarse el asesinato del miembro de Anthoc Carlos Barrero. Antonio García, presidente de la CUT Atlántico, afirma que las amenazas son consecuencia de las denuncias hechas por los sindicatos sobre casos de corrupción estatal y sobre los ataques contra la población civil por parte de grupos armados en el departamento. Y agrega que ni el gobierno nacional ni el regional les han brindado seguridad para seguir con su actividad. Por su parte, la Defensoría del Pueblo del Atlántico señala que las amenazas contra sindicalistas son solo una parte de la estrategia de posicionamiento de las autodefensas en esa región para dominar lo que consideran un corredor para el tráfico de drogas” (El Tiempo, abril 20, 2004, 1 y 16). La Defensoría del Pueblo añadía que los hechos violentos se presentaban también en los municipios atlanticenses de Soledad, Galapa, Santo Tomás, Luruaco, Ponedera y Repelón. La Fiscalía adelantaba en el Atlántico 80 investigaciones de amenazas y 41 de homicidios. La directora de fiscalías del departamento afirmó que “aún no se ha podido establecer con certeza quién está detrás de estas acciones. En cambio, afirma que los sindicalistas no han colaborado lo suficiente para apoyar el avance de los procesos. „Muchas veces no se reafirman en sus denuncias, a pesar de que se les llama personalmente para que acudan a los despachos‟, dice. Esto es rechazado por la CUT, que asegura que ha denunciado con nombres propios y señalado lugares donde están sus perseguidores, pero las autoridades no actúan” (Ibíd.). Como ya señalamos, la profesión médica es particularmente riesgosa, pues despierta enemigos de lado y lado. En otro reporte, El Tiempo, basado en información procedente de Anthoc y conocido en noviembre de 2004, afirmaba que “entre enero de 2001 y septiembre de 2003 fueron detenidos 24 médicos por haber prestado auxilio médico a actores armados (principalmente guerrilleros). Y aunque no hay cifras consolidadas, un sondeo de este diario determinó que este año han sido capturados unos 16 trabajadores de la salud, ocho de ellos en el Cauca. Los casos abundan. José Manuel García, director del Hospital Santa Lucía, de 261

Roncesvalles (Tolima), fue detenido el primero de junio y todavía está preso. Él aceptó ante la Fiscal que operó a „Walter‟, comandante del Frente 21 de las Farc. „A él lo llevaron al hospital y yo no podía negarme a asistirlo‟, explicó en la indagatoria (...) Una queja reiterada es el peligro que para ellos representa una detención, por el estigma que les queda. „Médicos judicializados casi no hay –dice un vocero de Anthoc–. A casi todos los dejan libres luego de encerrarlos varios meses. El problema es que al regresar a sus pueblos a menudo los espera una bala. A varios los han matado por eso. La mayoría de acusaciones vienen de informantes que se quieren ganar unos pesos o de testimonios débiles de reinsertados‟ (...) El Gobierno nacional, por su parte, guarda silencio” (El Tiempo, noviembre 8, 2004, 1-2). Todavía al final del periodo estudiado en la Costa Atlántica se libraban luchas motivadas por la violación de derechos humanos, que no había desaparecido. Así, el 20 de noviembre de 2009, médicos, enfermeras y trabajadores del Hospital Universitario de Sincelejo realizaron una manifestación de protesta por el asesinato de un anestesiólogo cometido la noche anterior.98 Marcharon hasta la sede de la gobernación para exigir el derecho a la vida y la protección para ellos. Además de la Costa norte, hubo otras regiones que concentraron mayormente la violencia. En el caso de Casanare, el 28 de marzo de 2004 tuvo lugar el asesinato de Clemencia Daza, directora del centro La Salina, que provocó la renuncia inmediata de un grupo de médicos de Monterrey y Maní; para el mes siguiente, 250 médicos de 19 municipios a cargo de la Secretaría de Salud de ese departamento estaban amenazados por grupos armados no discriminados. En los últimos diez años subían a cuatro los médicos victimizados en la región, y datos del recién creado Ministerio de la Protección Social revelaban que desde 1996 se habían registrado 503 infracciones a las instituciones médicas y 145 personas habían sido eliminadas violentamente, entre el personal de salud y sus pacientes, 21 de ellas en 2003 (El Tiempo, abril 17, 2004, 2 y 7). En Arauca se presentó un conjunto de hechos violentos contra sindicalistas de la salud y de otros sectores, incluso agrarios, que fue notorio porque involucró a las Fuerzas Armadas como victimarias, dato que no solo fue denunciado por los sindicatos implicados sino que fue incluido en un informe de Amnistía Internacional de 2007. Veamos los eventos violentos con cierto detalle, pues son muy indicativos de la violencia contra sindicalistas que soporta el país. El 5 de agosto de 2004 Jorge Eduardo Prieto, trabajador hospitalario y directivo de Anthoc; Leonel Goyeneche, miembro de la CUT de Arauca, y Héctor Alirio Martínez, dirigente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Arauca (Aduc), fueron muertos por soldados del Batallón “General Gabriel Revéiz Pizarro” de la Brigada XVII de la 2ª División, cuyo comandante, el general Luis Fabio García, adujo que los tres sindicalistas habían perecido en combate con soldados del mencionado batallón (Amnistía Internacional, 2007, 20).

98

Quien, al parecer, no era sindicalista, por lo cual no figura en nuestro listado respectivo.

262

Según testigos citados por la revista Noche y Niebla, “el 5 de agosto, hacia las 5:30 a.m. una patrulla militar de cerca de 35 hombres pertenecientes al Grupo Mecanizado Revéiz Pizarro, con sede en Saravena, al mando del subteniente Juan Pablo Ordóñez y conducidos por el informante civil Daniel Caballero Rozo, alias „Patilla‟, hicieron presencia en Caño Seco, dirigiéndose por lo menos cuatro de ellos a la casa de Jorge Prieto. Una vez allí, golpearon a la puerta. Al abrirla, los tres hombres fueron llamados por sus nombres por el informante civil, sacados de la casa y conducidos al lote contiguo, a escasos tres metros, donde fueron inmediatamente fusilados. Luego de esto, los militares procedieron a entrar en la casa, intimidando a las dos mujeres que se encontraban allí, requisaron por completo la vivienda. Les preguntaron dónde se encontraban las armas, pero su búsqueda no tuvo resultados (…) Los militares, usando bolsas plásticas para envolver los cuerpos de Jorge y Héctor, los trasladaron (…) taparon con arena los restos de sangre (…) permanecieron en la casa manteniendo encerradas a las mujeres a quienes se les impidió hablar entre ellas (…) hacia las 10 de la mañana las dos mujeres fueron sacadas de la vivienda y conducidas a un lugar desde el cual no podrían observar la casa. Mientras las llevaban hacia allí, los militares hicieron disparos a un objetivo incierto sin recibir respuesta. En ese momento una de las mujeres recibió amenazas muy graves si denunciaba lo que había visto” (Cinep, Noche y Niebla, No. 30, 99). El Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep coincide con Amnistía Internacional en que el general García afirmó que las tres víctimas habían muerto en combate con los soldados: “cuando fueron sorprendidos reunidos en una vivienda con varios guerrilleros del ELN, se les incautaron armas, municiones y explosivos”. Y la misma reseña de Noche y Niebla adiciona tres declaraciones: a) del Ministro de la Defensa, Jorge Alberto Uribe, quien llama delincuentes a las víctimas y repite que murieron en combate; b) del director de la Justicia Penal Militar, general Jairo Duván Pineda, para quien los tres sindicalistas eran “muy importantes dentro de la política del ELN”; y c) del vicepresidente de la República, Francisco Santos, para quien “eran dirigentes sindicales pero también estaban metidos en cosas que no estaban relacionadas con su trabajo sindical” (Ibíd.). La Comisión de Organizaciones de Derechos Humanos que investigó el caso sobre el terreno afirma que era un rumor común que los tres sindicalistas habían sido amenazados de tiempo atrás. Por su parte, Amnistía Internacional revela que el informante que guió a las tropas era un desmovilizado del ELN y que ya antes había calificado a Jorge Prieto de guerrillero en un programa de radio emitido desde la base del Batallón Gabriel Revéiz Pizarro. Dos años más tarde, la Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones disciplinarias contra varios integrantes del Batallón Revéiz Pizarro e “hizo referencia al hecho de que las investigaciones criminales abiertas contra altos cargos por su posible implicación no hubieran prosperado” (Amnistía Internacional, 2007, 21). Este mismo caso permite observar otra modalidad de la violencia: la intimidación de los testigos y de los familiares y amigos de las víctimas. El 5 de agosto de 2004 –el mismo día del asesinato de Goyeneche, Martínez y Prieto–, miembros del 263

Ejército detuvieron a Samuel Morales, presidente de la CUT en Arauca, y Raquel Castro, dirigente de la Asociación de Educadores de Arauca (Asedar), quien fue capturada en la misma vivienda de Jorge Prieto. Y aunque estas dos últimas víctimas no pertenecen al sector de la salud, les seguimos la pista, pues hacen parte de una misma violencia contra los sindicalistas de Arauca. El 3 de enero de 2005, Morales y Castro fueron acusados de rebelión y en noviembre de 2006 fueron declarados culpables y condenados a seis años de cárcel. Detrás de este “proceso” hubo una serie de testigos a sueldo, muy sospechosos y protegidos por las fuerzas de seguridad, combinados con informantes militares, gracias a todos los cuales se habían obtenido órdenes de captura contra Martínez y Goyeneche, ultimados como se describió arriba. El informe de Amnistía Internacional afirma que “al menos dos de estos informantes se presentaron como ex guerrilleros que se habían entregado a las autoridades en junio de 2003”. Todo parece indicar que la muerte de Martínez, Goyeneche y Prieto se preparó en las instalaciones de la Brigada XVIII. Estos informes habían conducido a la detención arbitraria hecha en el año 2003 de cerca de 40 activistas sociales de Saravena, entre los cuales estaba el vicepresidente de la subdirectiva de la CUT en Arauca, Alonso Campiño Bedoya, a quien se le impuso arresto domiciliario con base en la presunta confesión de que seguiría trabajando para derrocar al gobierno. Tal confesión fue negada por sus abogados defensores, de acuerdo con los cuales lo que realmente había dicho Campiño era que “no lamentaba su trabajo sindical y de defensa de los derechos humanos y que lo reanudaría cuando quedara en libertad”. La Fiscalía General de la Nación pidió que se investigaran las irregularidades de estos juicios. De buena fuente se sabe que los paramilitares amenazaron con matar a las dos hermanas de Samuel Morales que trabajan como maestras en Arauquita (Amnistía Internacional, 2007, 29-30). Pero el caso de Arauca no es aislado. En Villahermosa (Tolima), el 26 de mayo de 2003, fueron detenidas arbitrariamente 36 personas, entre los cuales figuraban Arley Antonio Osorio y Amanda Cortés Buriticá, integrantes de Anthoc. La Fiscalía ordenó esa detención basándose en un informe del Ejército. Sin embargo, los informantes señalan a Osorio y a Cortés como guerrilleros, con las siguientes pruebas: “el Señor Arlet (sic) Osorio se refiere muy mal de los paramilitares y de los soldados campesinos (…) Es de anotar que Amanda es sindicalista de la Junta Directiva del Comité Obrero Patronal y es ideóloga de izquierda”. Más adelante, en el expediente, se aclara que los testimonios habían sido dictados por miembros de las “fuerzas de seguridad”, como lo declaró la Procuraduría General de la Nación (Cceusa, 2006, 234). A su vez, en Florencia (Caquetá), el 25 de noviembre de 2005 tuvo lugar un atentado con artefacto explosivo contra una asamblea convocada por la junta directiva de Anthoc en el Hospital La Inmaculada, de la misma ciudad, en la cual estaba presente el presidente nacional del sindicato, Yezid Camacho. El saldo, además de la destrucción parcial de las instalaciones hospitalarias, fue de 15 heridos, siete de ellos en estado crítico, además del fallecimiento de un destacado líder social que asistía a 264

la reunión (CUT, Correo, noviembre 29, 2005). En el mismo departamento fue retenido el 4 de febrero de 2008 Carlos Burbano, cuyo cadáver fue encontrado el 12 de marzo siguiente. Burbano era auxiliar de enfermería del Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán y estabaafiliado a Anthoc. En el momento de su retención estaba organizando en la localidad la movilización nacional que contra los crímenes del paramilitarismo y de agentes del Estado se llevaría a cabo el 6 de marzo de ese año. Algo similar ocurrió el 9 de mayo de 2009, pero ahora en Magangué (Bolívar), en donde fue asesinada Vilma Carcamo Blanco, integrante de la junta directiva de la seccional de Anthoc. La dirigente sindical había liderado varias jornadas de protesta para reclamar salarios atrasados y la negociación de pliegos de peticiones. Frente a esta escalofriante situación de violencia, uno de los investigadores del Cinep entrevistó el 24 de agosto de 2005 a dirigentes del sindicato del Instituto de Medicina Legal destacados en la capital del país. Los entrevistados mostraron que la situación podría empeorarse por las condiciones propias de la labor médica y forense: “La situación de violencia que vive el país presenta situaciones críticas para el personal médico. Hay amagos de actores armados en Tumaco: paramilitares que exigieron ser diagnosticados de enfermedad para que no los detuvieran, por ejemplo. El director de ese centro tuvo que abandonar la región y desde el año 2001 no hay allí forense. En el caso de Cajamarca y la masacre de una familia campesina por las tropas, que tuvo lugar allí, el concepto de balística de Medicina Legal fue determinante porque comprobó que los disparos habían sido hechos a quemarropa (…) Con el cambio al sistema acusatorio es posible que los casos de Medicina Legal vayan a ser motivo de situaciones complicadas. En Risaralda, donde ya funciona el nuevo sistema, el 9 de agosto de 2005 se presentó un atentado en La Virginia contra Hober Mesa, funcionario del Instituto de Medicina Legal y dirigente del sindicato de esa entidad; además, ahí tenemos del asesinato de otros tres funcionarios” (Entrevistas a dirigentes del sector salud, 2005). Recientemente se buscó la opinión de Yezid Camacho, presidente de Anthoc. Según él, en el sector de la salud pública hay subregistro de datos sobre violencia antisindical. La mayor parte de los trabajadores del sector no están hoy sindicalizados. Debido a la tercerización de los contratos, el 80% de los 280.000 empleados del sistema estatal de salud no son trabajadores de planta. En lo que va de este siglo ha habido lo que él llama un “atentado contra el derecho de sindicalización”. Entre 2000 y 2010 han corrido diez años de reestructuración de los hospitales, y prácticamente todos los 300 establecimientos de esa naturaleza han sido intervenidos. Los espacios dejados por los trabajadores de contrato directo y los despedidos fueron llenados con las CTA. Se estima que un total de 65.000 dejaron de trabajar en el sistema como resultado de los despidos ocasionados por la reestructuración hospitalaria o por la violencia. De acuerdo con su criterio, las Farc no fueron las causantes de este desangre, sino los proyectos financieros de las EPS, no pocas de ellas en manos de paramilitares. En esas condiciones, las filas sindicales de la salud fueron afectadas enormemente. El 265

personal de planta, que es el único susceptible de ser sindicalizado, suma hoy apenas unos 35.000. Anthoc llegó a contar con más de 30.000 afiliados en el año 2000 y hoy apenas tiene alrededor de 14.000 (Entrevista a Camacho, abril, 2010). Hay otro ángulo de los efectos de la violencia en el sector salud que no hemos abordado mayormente en estas páginas, pero que merece alguna consideración. Se trata de la disminución de la solidaridad entre los trabajadores, en especial ante el cierre de hospitales emblemáticos en la historia de la salud en Colombia, como el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, parte central del complejo hospitalario de La Hortúa –como generalmente se le conoce. Según el testimonio de Blanca Flor, trabajadora de dicho hospital y ahora ocupante de lo que quedó de él, la Hortúa fue convertida en empresa privada por Julio César Turbay y abandonada por el gobierno de Andrés Pastrana desde 1999 –el último salario lo pagaron en noviembre de ese año–. En 2000 los trabajadores y las trabajadoras –la mayoría son mujeres– protestaron por el abandono, se tomaron el Ministerio de Salud y fueron desalojados por la Policía. El gobierno no estaba dispuesto a dialogar y las tachó de “terroristas”, y hasta se conoció una amenaza de las AUC. Según el citado testimonio, “Decían que en el hospital había infiltración guerrillera y si no dejábamos esa lucha nos iban a matar” (entrevista a Blanca Flor, en Carrillo y Kucharz, 2006, 257). Los dos primeros años fueron de nutridas expresiones de lucha y solidaridad de estudiantes, médicos y sindicatos, como los de Telecom y Bavaria. Lo que se hacía era un trabajo de base, pues la dirigencia sindical del hospital estaba de acuerdo con la reconversión del ente. Las trabajadoras resistieron el primer intento de desalojo y el establecimiento volvió a abrir sus puertas temporalmente en 2001, pero en 2002 se fueron los médicos porque no les pagaban sus sueldos. La misma entrevistada afirma que la Universidad Nacional abandonó también al hospital. En esas condiciones, las trabajadoras fueron brutalmente desalojadas. Hoy unas 30 personas viven allí a pesar de que el gobierno cortó los servicios públicos. Blanca Flor concluye su testimonio apesadumbrada: “Me revuelve el estómago la insolidaridad y la indiferencia” (Ibíd., 260). Es hora de ir redondeando el análisis del sector de la salud pública para concluirlo. Hemos visto que desde los años 70 sus luchas integraron a trabajadores – asimilables a los clásicos obreros– y capas medias asalariadas –empleados– que crecientemente se involucraron en las acciones sindicales. Algunas de las protestas tuvieron que ver con su condición laboral, pues el estatus de “empleado público” que se les quiere asignar los limita en su posibilidad de negociación colectiva y de ejercicio del derecho de huelga. Pero de manera creciente formulan demandas en torno a la defensa de la salud pública, especialmente desde finales de los años 90. Contra ellos se desató la violencia, un poco más tarde que en otros sectores pero con igual o peor sevicia. Es una violencia que se articula a procesos locales y regionales de disputa territorial por recursos públicos –asunto que escapa de nuestro objetivo de análisis pero que sin duda hace presencia allí y seguramente podrá ser analizado por el estudio de la Corporación Nuevo Arco Iris–. Constatamos, eso sí, que los asesinatos aumentaron en los años 90 y 266

especialmente entre 2000 y 2003, para disminuir desde ese año, pero que se mantienen otros indicadores de violación de derechos humanos, en especial las amenazas. Lo que ocurre en la salud pública, al igual que en el sector de bebidas y alimentos y en el magisterio, muestra que la violencia contra los sindicalistas no ha sido controlada y sigue presentándose aún en tiempos recientes, mostrando algunos rasgos nuevos, como el mayor impacto sobre las mujeres sindicalizadas y, en no pocas ocasiones, la afectación de sus núcleos familiares. Esta historia, de nuevo, concluye en un debilitamiento del sindicalismo, en el que la violencia se articula a los efectos de las políticas económicas de corte neoliberal que campean en el país desde los años 90 y que en la salud pública se desatan desde la promulgación de la Ley 100 de 1993. En efecto, los decretos de privatización de ese servicio, inspirados en dicha ley y en posteriores figuras jurídicas, provocaron los escandalosos despidos colectivos –presentados en oportunidades como “retiros voluntarios”–, mediante la jubilación de los trabajadores de tiempo cumplido y los cercanos al mismo, así como la desaparición de cargos y secciones enteras y el enganche del viejo personal con contratos fijos suscritos por las CTA. Quienes siguieron con contratos de término indefinido –trabajadores de planta o directos– fueron reducidos drásticamente. Todo ello socava la solidaridad, fundamento del sindicalismo que, también en este sector, se resiste a desaparecer.

267

Luchas sindicales y violaciones de derechos humanos contra sindicalistas del sector salud pública, 1984-2009

Año

Luchas

Huelgas

Violación de derechos

Asesinatos

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

19 44 37 34 18 20 8 35 21 14 27 30 16 54 44 70 44 42 21 25 43 21 15 45 28 25 800

19 42 37 31 17 19 8 34 19 13 27 29 15 54 44 65 41 35 13 13 20 7 10 21 15 11 659

5 6 1 2 1 0 3 0 1 0 1 2 3 7 4 6 15 38 18 20 10 27 42 3 3 4 222

0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 2 0 6 4 2 13 15 17 10 5 4 3 0 3 3 93

268

7. EL MAGISTERIO

269

Desde hace decenios las filas del magisterio ocupan el mayor espacio del sindicalismocolombiano, y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) es la organización sindical colombiana que cuenta con más afiliados y mayor cobertura territorial. Una crónica de prensa inspirada en un informe emitido por el Ministerio de Educación Nacional, tomado a mediados de 2000 como base para la reestructuración del sector en el curso de los siguientes tres años, estableció que “por primera vez el país tiene datos actualizados sobre sus maestros públicos” (El Tiempo, mayo 12, 2000, 2-3) y dio cuenta de que el total de docentes del sistema público a diciembre de 1999 había sido de 305.019. La Nación tenía a su cargo 223.201; los departamentos, 16.771, y los municipios, 65.047; había además 1.906 maestros bajo el sistema de prestación de servicios. De acuerdo con la información de la página web de Fecode, esta federación tiene en la actualidad cerca de 270.000 afiliados y cuenta con 33 sindicatos filiales presentes en cada uno de los departamentos del país.99 A partir de 1998, siguiendo el ejemplo de la CUT, Fecode estableció el voto directo de sus cuerpos directivos, con lo cual subrayó su carácter de organización sindical quedesarrolla también funciones políticas. Las primeras expresiones sindicales del gremio a escala nacional aparecieron a fines de los años 50 y sus dirigentes procedían en buena parte de la generación de los años 30 que se formó en la Escuela Normal Superior y que permaneció en sus puestos más o menos hasta los años 60. El sindicalismo de este sector, controlado por el gobierno, estaba circunscrito a las capitales regionales y siempre presentó dispersión, principalmente por el hecho de que la Ley 39 de 1903 distribuía las responsabilidades salariales con los maestros entre los municipios, los departamentos y la nación. A partir de la Ley 11 de 1960, que nacionalizó la educación, los gobernadores hacían los nombramientos y la nación pagaba los salarios, y de ahí surgió la contradicción entre el juego clientelista y el dinero para sufragar los salarios: como solo raramente había fondos para pagarlos, los maestros de las regiones vivían en constante zozobra y a menudo entraban en paro. Los esfuerzos que de tiempo atrás venían haciéndose para la erección de una entidad sindical nacional fraguaron en 1958, cuando alrededor de la solidaridad con un nuevo conflicto suscitado en la docencia de Boyacá se formó en la capital del país el núcleo organizador de la Federación Colombiana de Educadores, que realizó su primer congreso en marzo del año siguiente, con asistencia del presidente Alberto Lleras Camargo. Para entonces, un conflicto laboral en las escuelas del Distrito Capital puso en evidencia que importantes sectores magisteriales estaban operando al margen del sindicalismo tradicional. Uno de ellos estaba influido por el Partido Comunista y el otro, la Sociedad de Institutores de Bogotá, seguía instrucciones de un grupo liberal independiente capitaneado por el educador tolimense Adalberto Carvajal, quien suscribió finalmente los acuerdos que pusieron término a la huelga. El 24 de marzo de 1959, finalmente, se crea la Fecode, que fue reconocida por el Estado, según Resolución Nº 01204 de 1962. 99

Datos tomados de www.fecode.edu.co

270

La acción de inmiscuirse en algo que, como la actividad sindical, aparentemente no era propio de la posición social de las capas medias, también fue un reto para el magisterio –como lo había sido para el sector de la salud pública–, que se cumplió por etapas y no sin cierta timidez. Todavía en mayo de 1959 los maestros de escuela de Cundinamarca, exasperados por varios meses de atraso de sus sueldos, se reunían en asamblea y terminaban por echar atrás un paro que habían decidido realizar poco antes. En una resolución aprobada en dicha reunión aparecían expresiones como las de los “nobles y elevados intereses” que los animaban para demandar un “trato justiciero e igualitario para los maestros”; aclaraban que no pretendían atacar “a ningún superior jerárquico” y que en las reclamaciones habían puesto su actividad “en el terreno elevado de la elegancia, como corresponde a nuestra misión educadora. Energía y estoicismo no son actitudes de protesta”, terminaban manifestando extrañamente (El Tiempo, mayo 29, 1959, 21). A fines de 1961 el magisterio se vuelve más independiente y más consciente de sus limitadas condiciones de existencia. El Tiempo lo nota y dibuja lo que debe ser un educador: “A la calidad de maestro se condiciona (...) la más limpia y eximia vocación de apostolado. No se entiende bien que un maestro lo sea de verdad sin que aprestigie su personal prestancia con los mejores atributos de abnegación, austeridad en la conducta pública y privada, continencia en el porte, disciplina en la conducta (sic) y acatamiento riguroso a las normas que regulan las relaciones con sus semejantes”. El maestro debe ser “modelo de civilidad y virtud. Pero sucede que, en los últimos tiempos –afirma la nota editorial del diario– se han desviado de los procedimientos regulares en la demanda muy justa de sus reivindicaciones. Se ha roto su calidad de virtuosos del orden y la civilidad, y apelan a la huelga, a los paros y a la rebelión subversiva” (El Tiempo, diciembre 3, 1961, editorial). Las primeras expresiones regionales del sindicalismo magisterial aparecieron en el Valle del Cauca, Boyacá, Bogotá, Magdalena y Santander. El congreso sindical realizado en 1962 en la capital del Huila puso en ejecución el llamado “Plan Neiva”, consistente en coordinar en el futuro la presentación de pliegos petitorios de cobertura nacional. Como ocurrió con la salud pública, la profundidad que alcanzó la lucha regional magisterial fue factor de primer rango para la conformación del movimiento. En 1966 Fecode ordenó parar en cada región toda vez que la mesada magisterial fuera retenida. Como esa era la situación más corriente, las cosas tomaron un cariz tan alarmante, que en noviembre del año siguiente la federación se vio precisada a pedir una tregua en los paros regionales. La determinación, sin embargo, no consiguió moderar los desórdenes presupuestales y la irresponsabilidad de los mandatarios departamentales, y prontamente las protestas de los educadores tornaron a incrementarse, ahora en un plano de mayor identificación con las comunidades de las localidades y más cercanía con sectores políticos de oposición. Algunos maestros se van radicalizando y se convierten en intelectuales críticos del sistema. Así lo recuerda Pedro Chaparro, exdirigente de la USO en 271

Barrancabermeja: “Había profesores que se habían trasladado desde otras regiones del país, lo que era común en esa época. Llegaron profesores con compromiso revolucionario (…) Antes nos metimos en este proceso con Ramón Rangel, de construir el primer sindicato nacional de educadores: el Sindicato de Educadores del Magdalena Medio, y solo el nombre daba para que fuéramos reprimidos” (entrevista a Chaparro en Carrillo y Kucharz, 2006, 290). Por su parte, el recuento histórico de los dirigentes sindicales de Santander muestra la radicalización del magisterio en los años 60 y 70. Ellos mencionan la marcha que partió del departamento del Magdalena para acompañar a la gran huelga de 1966, la combativa huelga de 1977, que duró 53 días, y la “toma” de Bogotá organizada en 1984 por el entonces presidente de Fecode, Abel Rodríguez (Guerrero y otros, 2005, 233). Fecode, pues, logró unificar las filas de los maestros de primaria y desde principios de los años 80 sus sindicatos absorbieron bajo una sola estructura a los docentes de escuela primaria, secundaria y técnica. De esa forma la federación se convirtió virtualmente en un enorme sindicato gremial, el más grande del país. Como se observa en el caso de la salud, la legislación laboral afectó grandemente las condiciones laborales de los empleados del Estado, al establecer la diferenciación entre “trabajadores oficiales” y “empleados públicos” y tratar de clasificar a la mayoría en la segunda categoría, cosa que limitaba la acción sindical, como hemos señalado. A partir de 1970, en el calor de las luchas por la conquista de un estatuto docente y una ley general de la educación que garantizaran la sostenibilidad y la calidad de la educación pública y protegieran la labor de los educadores, comenzó el más notable auge de la lucha magisterial colombiana (Archila y Delgado, 1995). Diez años más tarde ella dio un verdadero salto y de ahí en adelante no cesará de ocupar el centro del escenario huelguístico, jalonado de movilizaciones regionales y nacionales que, a partir de la huelga nacional de marzo de 1966, desfilaron ruidosamente por las calles de muchas ciudades, aparecieron en carreteras y caminos, rumbo a distintas citas tumultuosas en las capitales de departamento, y colmaron en varias oportunidades la Plaza de Bolívar de Bogotá, cosa que raramente habían logrado los partidos políticos. Esa fue la forma de llevar el problema de la educación pública al seno y al pensamiento de la población, porque los maestros, a diferencia de los obreros fabriles y los transportadores, por ejemplo, no tienen bienes del gran capital para resguardar y proteger en las huelgas, pues nadie se prenda de la pobreza y abandono presupuestal de las escuelas y colegios oficiales. La lucha por el estatuto docente se extendió a lo largo de los años 60 y 70 y concluyó con la expedición del Decreto 2277 del 14 de septiembre de 1979, pero nunca ha perdido su tenacidad, por la persistencia estatal en deshacerse de ese instrumento de lucha del sindicato. En noviembre de 1977, dos años antes de ser finalmente expedido, el instrumento fue derogado por el gobierno, pero en enero de 1978 la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible el decreto ejecutivo alusivo, y en agosto de ese mismo año Fecode hizo entrega al Senado de su proyecto de 272

nuevo estatuto. El instrumento ha venido cumpliéndose en relación con el pago oportuno de los salarios, aunque éstos siguen siendo muy bajos, porque sucesivos gobiernos alegan que hay una gran multiplicidad en las asignaciones de los sueldos y que una buena parte magisterio percibe doble sueldo y doble pensión de jubilación. Abel Rodríguez, en entrevista con nosotros, señaló tres etapas de la lucha del magisterio cumplidas hasta los años 90: la de los “descamisados”, es decir, cuando Fecode arranca de cero, dadas las precarias condiciones de vida de los maestros, y que iría hasta inicios de los años 70; la de radicalización, que se hace evidente en el congreso de la federación realizado en 1975, cuando la presidencia de la entidad es asumida por un militante del ala extrema de la izquierda, el maoísmo; y la etapa de consolidación, que, según Rodríguez, arrancaría en 1982, cuando él fue elegido presidente de Fecode como fruto de un acercamiento entre sectores moderados de izquierda (Entrevista a Rodríguez, 2000). Esta sugestiva periodización, que deberemos complementar para años más recientes, propone un elemento explicativo clave en la historia de Fecode: su estrecha relación con las fuerzas de izquierda desde los años 70. Ella hace que sea una forma de sindicalismo muy politizada, lo que puede darle cierta fortaleza en los procesos de lucha, pero la torna muy vulnerable a la violencia, especialmente la ejercida desde el paramilitarismo (Gráfico 1). Como se observa en este gráfico, que recoge los presuntos responsables de todas las violaciones de derechos humanos contra los afiliados a Fecode en el curso de los 26 años estudiados, aparte del alto número de los registros sin información resalta el mayor peso de los paramilitares, seguidos de las Fuerzas Armadas y de Policía. A la guerrilla solo se le atribuyen claramente 17 casos, pero su actuación en el mundo sindical del magisterio va a tener consecuencias también negativas sobre su fortaleza, como mostraremos más adelante.

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Gráfico 1 Presuntos responsables de violaciones de derechos humanos contra Fecode, 1984-2009

FF.AA. y de Policía 48 Guerrilla 17

Sin información 669

Paramilitares 249

Organismos de seguridad del estado 3

Sicariato 14

Claro que hay otros factores que influyen en esa violencia, además de los problemas gremiales internos de disputa de poder local y regional, que escapan a nuestra investigación. Nos referimos a la amplia presencia del magisterio en el país. Prácticamente no hay vereda ni municipio en donde no haya una escuela, en donde el maestro no tenga un papel de liderazgo social entre la comunidad. Abel Rodríguez definió al maestro mediante tres categorías que se superponen y tornan más compleja su identidad: asalariado, intelectual y ciudadano. A las tres tenía que responder Fecode en distintos planos. En la primera, mediante la típica lucha sindical por mejoras salariales; en la segunda, a través del Movimiento Pedagógico que impulsó la federación, no sin crearle tensiones, pues una cosa es un sindicato y otra un movimiento cultural e intelectual; y, por último, la dimensión política, que se logrará destrabar con la Constitución de 1991 (Entrevista a Rodríguez, 2000).100 En todo caso, estas múltiples dimensiones de la función magisterial fortalecen al gremio, por la amplia audiencia de que dispone y la solidaridad que puede despertar en la comunidad educativa local y regional. En 2007 la revista Semana calculaba que “Fecode está en la posibilidad de hablarles directamente a 7‟500.000 estudiantes, y a sus padres o acudientes, 12 millones más de personas” (Semana, junio 11, 2007, 80). Las cifras pueden ser discutibles, pues significarían 100

Lo que nos dijo fue exactamente: “en el Congreso del 82 en Bucaramanga (…) la tesis central es que Fecode tenía que luchar por los maestros en tres dimensiones: una era la del maestro como trabajador asalariado, es decir, mejorarle su salario, lo que hace un sindicato; la otra era el maestro como intelectual, como trabajador de la cultura, que era el rescate de la autonomía profesional del maestro, de su condición de sujeto de saber; y la otra era el maestro como ciudadano y entonces el derecho de la libertad de participar en política” (Ibid.).

274

que la federación cubre a un poco menos de la mitad de la población colombiana, pero sin duda indican una amplia cobertura del gremio magisterial, cosa que también lo sitúa en la mira de los violentos. Dicho esto, y antes de entrar a considerar, por subperiodos, la relación entre las luchas sindicales de Fecode y la violencia contra sus afiliados, demos una mirada de conjunto sobre las tendencias de los dos procesos. Gráfico 2 Luchas sindicales totales, huelgas totales, luchas y huelgas por derechos humanos, 1984-2009 70 60 50 40 30 20 10 0

Total luchas

Huelgas

Luchas por derechos humanos

Huelgas por derechos humanos

Del Gráfico 2 se desprende que, al igual que en los otros sectores estudiados, la huelga marca la tendenciade las luchas de Fecode hasta 1998, y que desde 2000 las trayectorias se distancian y disminuyen notoriamente, especialmente en el pico de 2007. Igual cosa se observa en aquellas libradas por derechos humanos, las cuales, después de la alta participación en el total de luchas alcanzada entre 1989 y 1991, decrecen precisamente cuando aumenta la violencia (Gráfico 4). No sobra recalcar que estas trayectorias reflejan un rasgo de debilidad del sindicalismo magisterial, especialmente su marginación de la huelga –forma de protesta que, en sentido estricto, corresponde a paro, pues la mayoría de tales acciones se producen al margen de la legislación laboral.

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Gráfico 3 Huelguistas de Fecode, 1984-2009 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

La tendencia observada en el número de huelguistas involucrados es similar a la encontrada en la trayectoria de las huelgas, como se ve en el Gráfico 3.101 La disminución operada desde 2001 en la modalidad de huelga se refleja también en el volumen de los huelguistas involucrados, lo cual refuerza nuestra hipótesis sobre la existencia en Fecode de una tendencia a disminuir su capacidad de lucha contenciosa, expresada en la disminución de sus participantes. Una de las causas del fenómeno reside en la violencia descargada sobre los maestros sindicalistas (Gráfico 4).102 Los datos menudos también muestran que el mayor número de participantes en esas jornadas se expresa cuando ellas revisten carácter nacional. Ello confirma que los educadores a cargo del Estado, cuya inmensa mayoría está conformada por maestros de escuela primaria y secundaria, tienen definido que los problemas que los aquejan son inevitablemente de orden nacional, comprometen políticas y prácticas del sistema general de gobierno implantado en la nación. 101

En 2002, 2005 y 2009 registramos pocos huelguistas, cercanos a 5.000. Por tanto, la cifra no es cero, como aparenta el gráfico. No sobra recordar que aquí contabilizamos los participantes en cada paro, por lo cual en algunos años arroja una suma muy superior a la de los afiliados a Fecode. 102 Esto fue corroborado por el ejercicio estadístico realizado por Cerac para relacionar las dos variables estudiadas en esta investigación, como se vio al final de la segunda parte de este informe y se amplía en el Anexo 3.

276

Gráfico 4 Total de violaciones de derechos humanos y asesinatos contra Fecode, 1984-2009 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Violaciones de derechos humanos

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

0

Asesinato

En relación con la tendencia seguida por las violaciones de derechos humanos (Gráfico 4), ella es creciente, con altibajos, hasta 2001-2002, momento en que disminuye aunque sigue siendo relativamente alta, por encima de la cota observada en los años 80. Un rasgo particular de este sector, a diferencia del de salud, es la gran visibilidad que adquieren los homicidios como la principal forma de violencia, factor que marca la tendencia del comportamiento de las violaciones antimagisteriales hasta el presente (Gráfico 5). Gráfico 5 Tipos de violaciones de derechos humanos contra Fecode, 1984-2009

Secuestro; 8 Ataque y heridos; 19 Desaparición; 22

Asesinato, 879

Detención; 25 Amenaza de muerte; 42 Tortura; 5

277

Al comparar los gráficos 2 y 4 se nota que las curvas de las luchas y de las violaciones no coinciden anualmente, y menos en la tendencia desplegada a partir del cambio de siglo. Con todo, en los dos primeros subperiodos hay cierta asociación entre picos de luchas y posterior aumento de violaciones. Así, al auge de las protestas que se presentó en 1991 le sigue un pico de asesinatos en 1992; algo similar ocurre con los ciclos de protesta de mediados y finalesde los años 90, que son seguidos de aumentos de la violencia. Además de estas constataciones iniciales, hay que decir que, si bien la violencia contra los afiliados a Fecode tiende a decrecer durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, no desaparece y se mantiene alta, incluso con promedios superiores a los alcanzados en subperiodos anteriores. En todo caso, como nos advirtió en breve entrevista Rafael Cuello, alto directivo de Fecode y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la federación, “en un país democrático el asesinato de un solo maestro es un asunto de suma gravedad; no es un problema de cifras o estadísticas, es de respeto al derecho fundamental y trascendente de la vida de los seres humanos, en este caso de la vida de los docentes” (Entrevista a Cuello, 2010). Otro dato preocupante es que la violencia contra las maestras sindicalizadas se incrementa también en el último subperiodo, pues de 223 casos registrados para el total de los 26 años –y que corresponden al 22% del total de violaciones de derechos humanos del sector–, 103 se presentaron entre 2002 y 2009 –en promedio, 13 por año–, mientras en los once años anteriores la relación había sido de 11. De nuevo señalamos que este parece ser un nuevo patrón de la violencia contra los sindicalistas, en un sector laboral de mayoría femenina. Gráfico 6 Motivos de las luchas de Fecode, 1984-2009 Servicios sociales; 11 Autoridades; 11

Derechos; 96 Incumplimiento pactos; 496

Políticas; 86 Solidaridad; 10 Otros; 11 Pliegos no dirimidos; 46 Conmemoraciones; 3

278

En cuanto a los motivos de las luchas sindicales adelantadas por Fecode (Gráfico 6), el 64% corresponde a incumplimientos de leyes o convenios laborales, la mayoría de ellos expresada en retenciones salariales, un asunto que habla de la precariedad de la educación pública colombiana. Las acciones emprendidas por motivos políticos y por derechos –entre ellos los de respeto a la vida– suman un 23,5%. Es un indicio de la politización del gremio, aunque no deja de ser llamativo el hecho de que las protestas en favor de la vigencia de los derechos humanos decrezcan cuando está aumentando la violencia contra los sindicalistas del sector. El Gráfico 7 muestra la distribución departamental de las luchas sindicales del magisterio, en la que resalta el gran peso de Antioquia, Santander y el Valle del Cauca. A estos tres departamentos les siguen las acciones de cobertura nacional y enseguida las cumplidas en Atlántico, Magdalena y Bogotá. El aparente menor peso de la capital del país, en parte compensado por las abundantes acciones nacionales, que tienen como escenario principal esta ciudad, puede también estar indicando una mayor eficiencia de la administración del Distrito Capital en el pago puntual de los sueldos magisteriales. Gráfico 7 Participación departamental en las luchas de Fecode, 1984-2009

San Andrés Putumayo Amazonas Casanare Chocó Quindío Cundinamarca Meta Cesar Arauca Boyacá Huila Caquetá Tolima Risaralda Caldas Norte de Santander La Guajira Bolívar Sucre Córdoba Cauca Nariño Magdalena Bogotá Nacional Atlántico Valle Santander Antioquia 0

10

20

30

40

279

50

60

70

80

90

100

Gráfico 8 Adversarios de las luchas de Fecode, 1984-2009

Ejecutivo Departamental; 365

Ejecutivo Municipal; 162

Órganos normativos; 3 Privados; 13 Armados irregulares; 60

Ejecutivo Nacional; 135

FF.AA., 3 Sin información; 26

En efecto, si se observa la figuración de los adversarios de dichas luchas (Gráfico 8), es notorio el peso que tienen los Departamentos, que, por la vía de la descentralización y las transferencias, son los entes responsables de pagar a los maestros. Este asunto, especialmente el ya señalado debate por las transferencias territoriales del presupuesto nacional, puede estar en la base del incremento de la violencia a comienzos del presente siglo, momento en que la lucha sindical por este motivo se torna ardorosa. Similarmente a lo ocurrido con el sector salud, la violencia se dispara cuando hay disputa por recursos públicos entre los distintos actores políticos y armados, especialmente los paramilitares, quienes, ante la oposición de los sindicatos de maestros, deciden eliminarlos. Enseguida aparecen como adversarios los niveles municipales y el nacional, en ese orden. Llama la atención la aparición de protestas contra los grupos armados irregulares, principalmentelos paramilitares, en contraste con el bajo peso de las quejas contra las Fuerzas Armadas.

280

Gráfico 9 Violaciones de derechos humanos contra Fecode, por departamentos, 1984-2009

Chocó Cundinamarca Quindío Atlántico Casanare Tolima Guaviare La Guajira Bogotá Huila Boyacá Sucre Meta Putumayo Bolívar Cauca Caquetá Caldas Cesar Nariño Risaralda Arauca Magdalena Santander Valle Norte de Santander Córdoba Antioquia 0

Asesinatos

50

100

150

200

250

300

Violaciones de derechos humanos contra Fecode

En esta inspección panorámica de las tendencias de las luchas sindicales y la violencia contra maestros sindicalizados, por último, el Gráfico 9 indica notorias coincidencias entre los dos procesos, en especial en Antioquia, Santander y Valle del Cauca. En cambio, hay departamentos, como Córdoba y Norte de Santander, donde proporcionalmente hay más violencia que luchas, lo que sugiere que allí la violencia puede responder también al juego de problemas regionales propios del conflicto armado, que no indagamos en esta investigación. Al respecto, es conveniente observar el mapa inicial de este capítulo que entrecruza las dos variables en el ámbito municipal. 1er subperiodo Entre 1984 y 1990 el magisterio libró 182 luchas sindicales, 174 de ellas en la modalidad de huelga, con un promedio anual de 16 y 15, respectivamente. Es una continuación de los niveles de protesta encontrados en este sector en años 281

anteriores (Archila y Delgado, 1995), con un punto alto en 1990, posiblemente ligado a las expectativas surgidas en torno a la reforma política nacional que se avecinaba. En contraste con estos altos indicadores de lucha sindical, los de violencia no parecen tan voluminosos entre 1984 y 1990, al menos en comparación con subperiodos posteriores o con otros sectores ya analizados. En efecto, en estos siete años se presentaron 107 violaciones de derechos humanos contra los sindicalistas afiliados a Fecode, de las cuales 74 fueron homicidios –13 y 9, en promedio anual, respectivamente–, lo que en cifras absolutas hace del magisterio la principal víctima de la violencia antisindical de estos años. Naturalmente, la población magisterial sindicalizada es mucho mayor que la del resto de sectores analizados. Una noticia de prensa calculaba, con cifras redondas, que entre 1988 y 1989 unos 600 educadores habían sido amenazados de muerte y más de 200 habían solicitado traslado del puesto. Entre enero de 1980 y julio de 1990, 190 maestros fueron muertos o desaparecidos. Del total de 21 que fueron eliminados entre julio de 1979 y septiembre de 1989, en esa lista figuran algunos sacerdotes y monjas (carta de un sacerdote, El Espectador, abril 9, 1990). Un ejemplo ilustra lo denunciado: el 28 de febrero de 1989 estalló un paro departamental de protesta por el asesinato en San Roque (Antioquia), a manos de paramilitares, de la religiosa de la Compañía de María Nuestra Señora, Teresita de Jesús Ramírez, quien también era educadora y afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida). Como había advertido en 1988 nada menos que el general Oscar Guerrero Paz, ministro de Defensa, “los grupos paramilitares no se enfrentan a las fuerzas armadas ni a la subversión” (El Espectador, noviembre 24, 1988). Tiempo después, en mensaje dirigido a la OIT en vísperas de la visita del presidente Virgilio Barco a algunos países europeos, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (Ciosl) afirmaba: “El movimiento sindical es la principal víctima de la guerra sucia, debido aparentemente a la falta de interés del gobierno o a su incapacidad para esclarecer estos crímenes” (El Espectador, abril 3, 1990). Por esa época era palpable que los funcionarios gubernamentales colombianos no creían mayormente los relatos de los maestros amenazados de muerte, pues estimaban que se trataba de presiones para conseguir traslados de cargo. Con motivo de los preparativos del paro nacional docente del 24 de abril de 1990, la Fecode informaba de sesenta casos de solicitud de traslado por amenazas que desde hacía seis meses estaban sin ser resueltos por las autoridades.103 103

Al respecto, entre los trabajadores de la docencia y el poder judicial es típico el caso ocurrido a Samuel Alonso Rodríguez, juez de orden público de Bucaramanga, y su esposa Margoth Puentes, abogada auxiliar del Juzgado Tercero de Orden Público de la misma ciudad, ambos asesinados a fines de junio de 1990: “Siete veces había sido amenazado de muerte. Aunque su situación la sabían las autoridades de policía y los cuerpos secretos del Estado, ninguna seguridad especial fue dispuesta para protegerle la vida” (El Tiempo, junio 29, 1990).

282

Pues bien, las primeras expresiones de violencia contra los afiliados a Fecode se producen bajo la modalidad de detención arbitraria y tienen por epicentro, como ocurrió en el caso de la salud pública, el departamento de Santander. El primer maestro detenido que registra nuestra base de datos es el ex senador Luis Alberto Gil Castillo, por esa época secretario del Sindicato de Educadores de Santander (SES) y simpatizante del M-19. Gil fue detenido el 30 de octubre de 1984 en Barrancabermeja por miembros del B-2 y conducido al cuartel de la V Brigada, con sede en Bucaramanga, y solo sería liberado a principios de diciembre del mismo año. Como dato adicional, la vivienda de su hermana, Rosa Gil de Espinosa, fue allanada al día siguiente de la detención de Luis Alberto. El 30 de noviembre de 1984 también fueron encarcelados y conducidos a la misma brigada Isidro Caballero y Raúl Hernández, dirigentes del SES. Cuatro años después, en San Alberto (Cesar), efectivos de las Fuerzas Militares detuvieron nuevamente a Caballero, junto con su acompañante, María del Carmen Santana, pero esta vez el líder no aparecerá más. Además de otras detenciones de sus directivas, el SES sufrió un atentado contra su sede el 28 de octubre de 1988. La respuesta sindical no se hizo esperar y, en Santander se libraron importantes luchas, ya no solo por asuntos laborales y de retención salarial sino por el respeto a la vida. El 8 de marzo de 1989, 50 educadores ocupan durante cinco horas la residencia arzobispal de Bucaramanga y solicitan la intervención de la Iglesia para detener el desangre del magisterio regional. El hecho de que por esa época muchas de estas víctimas simpatizaran con el M-19 indica que había una intención política en esa persecución –seguramente condenatoria de los procesos de paz desarrollados con esa organización–, pero insistimos en que no es nada secundario el hecho de que el principal blanco de los actos delictivos fueran los dirigentes regionales de Fecode y que en Santander el sindicalismo de la época adelantara numerosas luchas en distintos sectores, utilizando a veces formas radicales de presión, como la toma de entidades.104 Otro departamento donde la violencia contra los maestros sindicalistas se manifiesta con fuerza desde 1987 es Antioquia. Ya referimos el conocido caso del doble asesinato en Medellín de Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur cuando asistían al velorio de Luis Felipe Vélez, dirigente de Adida y de la CUT y perteneciente asimismo al Frente Popular.105 Al respecto conviene recordar que el jefe paramilitar Carlos Castaño confesó que había ordenado matar a los que llamó “señores de la guerra”, que según él se escondían detrás de actividades civiles como las sindicales, dizque para alimentar a la guerrilla, y adujo precisamente el ejemplo de Luis Felipe 104

Como ya señalamos en el análisis del sector de salud pública. Es difícil determinar qué tanta relación tengan esos comportamientos con la militancia en el M-19. En cambio, hemos indicado los efectos negativos de ciertos actos de “solidaridad” con el movimiento sindical por parte de esa y otras guerrillas. 105 A pesar de la escasa información sobre las simpatías políticas de las víctimas, en este caso podemos decir que de 19 casos registrados en este subperiodo, ocho la tenían con la UP, cinco con el M-19, dos con el PC-ML (que se proyectaba políticamente en el Frente Popular), dos con el Frente de Izquierda Liberal (Fila) y uno con A Luchar.

283

Vélez (Aranguren, 2001, 120). En todo caso, la violencia contra maestros de primaria y secundaria y los profesores universitarios antioqueños, en especial de la Universidad de Antioquia, fue permanente, como si a la vez se quisiera cobrar a ese centro docente público su autonomía y su pensamiento crítico. Por lo demás, no todas las violaciones ocurren en Medellín; al contrario, se presentan más en provincia y especialmente en Urabá, el Magdalena Medio, el Bajo Cauca, en donde también estaban escenificándose disputas armadas por el control regional. Otros hechos de violencia ofrecen pistas adicionales sobre las intenciones de los victimarios. En Arauca, por ejemplo, ocurrió una serie de violaciones de derechos humanos de maestros sindicalistas que en los años 1986 y 1987 colaboraron o hicieron parte de las grandes movilizaciones del nororiente colombiano. Así lo denunciaba una víctima: “cuando preparábamos el Congreso Pedagógico Nacional de 1987, asesinan a mi tío, Hernando Sanguino. Tenía 40 años, quince de ellos dedicados al sindicalismo. Sabemos que fue la factura por haber participado en forma muy activa en el paro del nororiente de ese mismo año” (Entrevista a Amanda Rincón en Carrillo y Kucharz, 2006, 277). Su tío coordinó la asistencia médica en la movilización de Ocaña pero no pudo estar presente en el acto: “No pude ir al entierro, porque los que asesinaron a Hernando preguntaban por mí. Ellos estuvieron en el entierro y tenían una lista de muerte” (Ibíd.). Según este testimonio, los comerciantes fueron quienes iniciaron la organización de los grupos paramilitares en esa región. La mayoría de los amenazados, dijo, eran activistas sindicales del magisterio. A su tío lo mataron a la salida del colegio. La violencia suscitada entre 1984 y 1990, pues, atacaba los múltiples ámbitos de acción del magisterio y se enfocaba contra el núcleo sindical. Es una consideración que, desde luego, no desconoce otras motivaciones, quizás ligadas a complejas dinámicas de disputa política y gremial por el poder regional, que las limitaciones de este estudio no permiten analizar. 2º subperiodo En los once años transcurridos entre 1991 y 2001 se libraron 370 luchas sindicales del magisterio, de las cuales 335 tuvieron la modalidad de huelga. No se observa una trayectoria lineal ni una tendencia clara, sino muchos altibajos, con altos promedios anuales de 34 y 31 acciones, respectivamente. Esto indica un incremento de la actividad contenciosa de los sindicatos agrupados en Fecode con relación al subperiodo anterior. Veamos detalles de esa situación. El contexto de las luchas magisteriales libradas entre 1991 y 2001 ya ha sido señalado y corresponde a las ambivalentes derivaciones de la Constitución del 91 y de todo el proceso de descentralización administrativa, que transfiere recursos públicos de la Nación a los departamentos en materia educativa, entre otras destinaciones. En concreto, para el magisterio resalta también el nuevo proceso de negociación entablado entre Fecode y el Estado y que se plasma en la Ley 115 284

de 1994 (Ley General de Educación), considerada por Abel Rodríguez como un gran logro de la federación (Entrevista a Rodríguez, 2000). Pero ese avance no es tan claro. El parágrafo 2 del artículo 105 de esa ley estipula, por ejemplo, que “Los educadores de los servicios educativos estatales tienen el carácter de servidores públicos de régimen especial”. En cambio, en el artículo 115, sobre el régimen especial de los educadores estatales, se consigna: “El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley”. Y continúa dicho artículo: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales. En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los educadores” (Ley 115 de 1994).106 A diferencia de otros sectores estatales, el volumen del magisterio público no rebajó sino que se incrementó a partir de la apertura económica de principios de los años 90, como ocurrió así mismo con la salud pública y el poder judicial. Las huelgas de esos tres sectores se tornaron cada vez más turbadoras de la vida social y afectaron a la gente del común con mayor contundencia. En el curso de los años 80 y 90 los objetivos políticos perseguidos por los educadores públicos estuvieron dirigidos principalmente a conquistar la estabilidad en el empleo, el salario digno, un estatuto de la profesión docente y la mencionada Ley General de Educación.107 Los salarios magisteriales aparecen como los mejor tratados por el presupuesto nacional desde 1996: en 1995 los maestros lograron un acuerdo con el gobierno de Samper para que el incremento de 1996-1998 superara en ocho puntos porcentuales el que fuese aprobado para el conjunto de los empleados estatales (El Tiempo, octubre 13, 1999). A estos logros salariales se sumaba el régimen especial de pensiones, que Fecode había logrado desde 1993 y que se plasmó en la Ley 115 del siguiente año, por medio del cual no solo se establecían distintas modalidades de pensión sino que los docentes podrían seguir laborando mientras no se hubiesen pensionado. Tales avances económicos eran objeto de disputa en la opinión pública del momento. A comienzos de 1999 la prensa daba cuenta de que “el Gobierno propondrá al Congreso eliminar la doble pensión que tienen actualmente cerca de 80.000 maestros y acabar con el doble sueldo que reciben otros docentes al obtener mesada de jubilación y salario por continuar enseñando (...) el Gobierno se comprometió en octubre de 1998 a no revisar el sistema pensional de los 106

Consultada en línea en abril de 2010. Según estimaciones oficiales recogidas por la prensa a finales de los años 90, los 50.000 maestros de los años 60 se convirtieron en 240.000 en 1996; los 30.000 de la salud se transformaron en 91.000 y los 11.000 empleados judiciales de los años 70 sumaban 41.000 en 1999 (El Tiempo, octubre 14, 1999, 14-A). 107

285

maestros y ahora quiere hacerlo” (El Espectador, febrero 16, 1999, 2B). En lo que toca con la calidad de la educación, contemplada en la Ley 115 de 1994, la disparidad entre el gobierno nacional y el sindicato docente no ha podido ser zanjada hasta ahora y ha sido motivo de muchos conflictos laborales en los últimos años. En entrevista hecha por la prensa a Tarcisio Mora en octubre de 1999, el dirigente magisterial afirmó: “Estamos de acuerdo con la evaluación, pero que sea formativa y que también se evalúe el Ministerio de Educación, para saber en qué se gasta la plata, por qué no se mejora la calidad de la educación. Que se evalúen las secretarías de educación, que hacen parte de la politiquería. Que se evalúe a las universidades y a las normales, los textos escolares y cómo están los establecimientos educativos, si tienen agua, luz y teléfono, si tienen por lo menos un patio. Cuando eso se dé, entonces también nosotros estamos de acuerdo en que se nos evalúe” (El Tiempo, octubre 15, 1999, 16-A). Otro asunto de áspera disputa se relaciona con la “privatización” de la educación pública por medio de recursos a la demanda y los convenios para la administración privada de entidades oficiales, que también se ventiló en la coyuntura de 1999, a raíz de la discusión pública del plan nacional de desarrollo de Pastrana. “El gobierno –estimaba El Colombiano– ha venido privatizando la educación con el sistema de contratación, las ONG, las cooperativas, y no se ve en el plan de desarrollo ninguna objeción a eso sino la creación de nuevos programas para afirmar ese proceso. Sin necesidad de que esté en el plan, el gobierno, por otros medios, ha venido privatizando mediante contratos con colegios privados, cuotas a padres de familia, falta de cupos escolares (tres millones de menores que estaban por fuera de aulas)” (El Colombiano, mayo 8, 1999, 10-A).108 En respuesta a estas políticas oficiales, el magisterio procedió a declarar lo que denominó “desobediencia civil”, estrategia que formuló en un Encuentro Nacional de Directivos Docentes –docentes, supervisores, directivos docentes y administrativos– convocado por Fecode para considerar los proyectos de modificación de las leyes 60 y 100 de 1993. En dicho evento decidió “ratificar la desobediencia civil como política de resistencia del magisterio contra el contenido del Plan Nacional de Desarrollo en materia educativa y, en particular contra la aplicación de la evaluación-despido. En consecuencia, no participaremos en los procesos de inscripción, preparación y presentación de la prueba programada por el gobierno, hasta tanto se concrete un cambio sustancial en la política de evaluación que implique la concertación con Fecode de una propuesta alternativa (...) Respaldar el paro nacional indefinido por la defensa de la educación pública y del régimen prestacional especial de los maestros colombianos (...) Impulsar (...) el Foro por la Salvación de la Educación Pública, para los días 13, 14 y 15 de agosto” (El Espectador, junio 20, 1999, 14-A. Aviso pagado).

108

Claro que el periódico escribía esto con la idea de oponerse a la movilización magisterial, que estaba “empeorando” las cosas en el sector educativo.

286

Con motivo del paro nacional del 31 de agosto de 1999, una declaración de la junta directiva nacional de Fecode estableció: “La ley 508 o Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que el gobierno impuso a sangre y fuego (sic) contra los maestros y el pueblo, es la base para la privatización de la educación, el despido de los educadores estatales y la liquidación de las organizaciones sindicales de nuestro gremio; sus objetivos principales son dos: acabar la educación pública y destruir a Fecode. Para enfrentar esta ley el magisterio ha adoptado la táctica de la desobediencia civil, que consiste sencillamente en negarnos a acatar todas las órdenes que vayan en contra del derecho a la educación, de nuestra estabilidad y nuestros derechos laborales” (El Tiempo, agosto 15, 1999,14-A). Menos de dos años más tarde el magisterio se embarcó en una protesta de nuevo tipo, el paro indefinido, que no tuvo el éxito esperado. Un balance de esa acción, que se mantuvo entre el 15 de mayo y el 20 de junio de 2001, apareció en un documento suscrito por el grupo político Maestros Unitarios, dirigido por el Partido Comunista, documento que fue elaborado por Miguel Antonio Caro –ex presidente de Fecode y ex directivo de la CUT– y Gloria Inés Ramírez –presidente en ese entonces de Fecode y posteriormente senadora. El paro estuvo precedido de una gran preparación: 420 foros municipales y 32 audiencias públicas departamentales, plebiscito de recogida de tres millones de firmas y creación de un Frente Común con inclusión de varios sindicatos y asociaciones de padres de familia. El referido documento señala “La participación organizada y masiva de los estudiantes, los padres de familia y la comunidad educativa. Los padres de familia, que por lo general han estado desorganizados o han tenido organizaciones muy poco representativas, en esta oportunidad jugaron un papel muy significativo (...) En cuanto a los estudiantes (...) desde hace alrededor de 25 años su organización estaba prácticamente desaparecida, aunque organizaciones como la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (Andes) y la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (Aceu) han desarrollado un trabajo importante en los últimos años (...) es tarea de los educadores posibilitar el desarrollo y fortalecimiento de la organización de quienes, más que alumnos, fueron compañeros y aliados en la lucha. Este hecho debe abrirles paso en todas las instituciones educativas a unas nuevas relaciones entre educadores, estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en general” (Voz, julio 18, 2001, 1). En la protesta ocurrida entonces en Pasto las cosas tomaron un cariz peligroso, a causa de la temeridad gubernamental. La prensa describió las cosas de esta manera: “Después de tres horas de resistencia cívica y popular en la plaza de Nariño [Pasto], cuando miles de profesores, trabajadores y estudiantes impidieron el desalojo de esta plaza por la policía (...) se organizó una marcha alrededor del parque” (Voz, junio 13, 2001, 8). Un provocador que fue sorprendido en el sitio “salió corriendo y se montó de parrillero en una moto sin placas, de alto cilindraje y similar a las que en meses anteriores utilizaron los sicarios para sembrar el terror en Pasto. Ante esto, varias mujeres, maestros y estudiantes lograron cercar la moto y los tipos huyeron del lugar esgrimiendo pistolas y revólveres tratando de intimidar al pueblo. La moto ardió en la plaza en medio de gritos contra el paramilitarismo. En horas de la noche regresaron al parque, y sin respetar las 287

carpas de los huelguistas tres individuos sacaron armas y encañonaron a un dirigente del magisterio. Enseguida sonaron las alarmas y en cuestión de segundos fueron detenidos y los directivos del paro llamaron inmediatamente a la Fiscalía. Los tres asaltantes se identificaron como miembros del Batallón Boyacá, adscrito a la Tercera Brigada del Ejército” (Ibíd.).109 El Comando Nacional Unitario –conformado por las tres centrales obreras y la confederación de jubilados– convocó los paros nacionales de solidaridad del 7, 14 y 15 de junio de 2001 y debió encarar las debilidades que tuvo el paro nacional, especialmente manifiestas en la precaria movilización en Bogotá, Cundinamarca y Antioquia. Los resultados de esta movilización fueron precarios si se considera que “el Gobierno logró que el Congreso de la República le aprobara los puntos básicos de su política, a saber: 1) Reemplazar las transferencias por el llamado Sistema General de Participaciones, eliminado los porcentajes destinados a educación y salud; 2) Recortar las transferencias de la Nación a las entidades territoriales durante los próximos siete años en más de nueve billones de pesos; y 3) Aminorar el crecimiento de los recursos del Sistema General de Participaciones a partir del año 2009” (Voz, julio 18, 2001, 1). Eso pondría en grave riesgo los cupos para 1,2 millones de escolares y 2,5 millones de afiliaciones al Sisben. La evaluación de la mencionada comisión magisterial añade que, de todas maneras, “el paro significó un avance hacia la ruptura con las concepciones gremialistas, que tanto arraigo han tenido en el magisterio, no solo por los objetivos, que fueron esencialmente políticos, sino porque se superaron prácticas vanguardistas y aislacionistas para darle paso a la unidad con el resto del movimiento sindical y popular, expresada en la creación del Frente Común. Los resultados nos indican que avanzamos en la dirección correcta pero que todavía no tenemos una correlación de fuerzas suficiente; que estamos en condiciones de detener algunas medidas gubernamentales pero que aún no somos capaces de derrotar la política neoliberal (...) Así mismo, cada día es más evidente que la sola lucha reivindicativa y de resistencia, aun en el supuesto de que sea exitosa, es insuficiente para encontrarle una salida a la encrucijada en que se encuentra el país, y adquiere mayor importancia la tarea de construir un movimiento político alternativo que, armado de un programa democrático avanzado y de un plan de lucha, pueda convertirse en opción real de poder para el pueblo” (Voz, julio 18, 2001, 1).110 En este punto conviene reflexionar sobre la politización creciente de Fecode, una de las posibles causas de la violencia contra sus afiliados. En efecto, el proceso político seguido por el sindicalismo magisterial nunca ha dejado de estar influido 109

La información de Voz continúa: “Ante la gravedad de los hechos, se hizo presente el mayor Carlos Estupiñán, quien afirmó: „Los tres no están en misión oficial o en algo relacionado con el paro. Lo que pasa es que salieron del Batallón, ya que son del equipo de escoltas, y fueron a comprar unas revistas para la esposa del coronel Naranjo Nieto‟. Los tres individuos pasaron a manos de un juzgado penal militar” (Ibíd.). 110 Sobre el efecto que el Acto Legislativo 012 y la Ley 617 tuvieron en Fecode, ver también El Tiempo, mayo 6, 2001, 1 y 32.

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por las tendencias economicistas que permean al conjunto del movimiento sindical colombiano. Llama la atención el hecho de que en la campaña electoral destinada a elegir el nuevo comité ejecutivo nacional de Fecode en agosto de 1997, entre los once puntos de la propuesta de Programa Político de la federación que fuera presentada por el llamado Sector Democrático –que además resultó victorioso–, el postulado referente a la “defensa del derecho a la vida y demás derechos humanos” ocupara el sexto lugar y el de “defensa de la educación pública” el octavo (Voz, agosto 20, 1997, 10). Con motivo de paro nacional de trabajadores del Estado que tuvo lugar entre el 7 y el 27 de octubre de 1998, Tarcisio Mora, entonces presidente de Fecode, emitió el siguiente concepto: “El maestro, que por tradición es sumamente economicista, empieza a hablar de los logros de los demás trabajadores gracias a la nueva dirección en Fecode” (Voz, noviembre 11 y 24, 1998, separata). La oportunidad de la discusión pública del Plan de Desarrollo de la administración Pastrana en 1999 favoreció dicha politización. Luis Eduardo Garzón, entonces presidente de la CUT, expresaba las siguientes opiniones a mediados de 1999: “Desde febrero de 1997 se genera una iniciativa social que va más allá de lo sindical. El paro del 11 de febrero de ese año contó con la participación de los transportadores (…) El magisterio sale del encerramiento gremial y reivindicativo para ofrecer la fuerza de su contingente a los demás. El 28 de abril [1999] los maestros se tomaron Rumichaca, Maicao y Arauca, también San Antonio, taponando el flujo de importaciones y exportaciones (...) La toma de la Plaza de Bolívar [Bogotá] por espacio de dos semanas carece de antecedentes y muestra enormes niveles de heroicidad” (Voz, mayo 19, 1999, 4, Separata). El dirigente añade noticias sobre el paro estatal del 21 de abril de 1999, contra el Plan de Desarrollo y en solidaridad con el magisterio, y dice: “Obtuvimos reivindicaciones (…) No miramos logros particulares. Tanto Ecopetrol como el Sena, la salud y la educación pública universitaria tuvieron logros, incluso el magisterio. Lo importante es que el Plan Nacional de Desarrollo nació cojo. Un triunfo, porque logramos su desgaste (...) El movimiento sindical y social sí está cambiando las costumbres políticas. No hay antecedente de debate de un presupuesto nacional con la fuerza con que lo hicimos nosotros en octubre, en medio de procesos de paz interesantes. Ahora, por primera vez, generamos un cambio de calidad en la discusión del Plan, no solamente desde el punto de vista reivindicativo, sino de confrontación al modelo económico del Estado” (Ibíd.).111 Las huelgas prolongadas y extenuantes que ordenaba la federación en su afán de doblegar la férrea resistencia gubernamental, sin embargo, acarreaban serias consecuencias para el magisterio. El mismo semanario comunista consignaba una constancia al respecto de las jornadas magisteriales de 1999. “Si bien Fecode decretó la parálisis indefinida desde el 19 de abril, dos días antes del primer paro 111

Para ese momento Garzón ya había fundado el Frente Social y Político, que derivaría, luego de unos cuantos giros, en el actual Polo Democrático Alternativo (PDA), en el que participan activamente varios directivos de Fecode y del cual se retiró Garzón al término de su alcaldía de la capital.

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nacional estatal, que consiguió también la vinculación de importantes núcleos regionales y sectoriales, la verdad es que los acercamientos logrados están quedando reducidos a letra muerta. Es más, ni siquiera han sido consignados en documento escrito alguno (...) De poco le ha servido a Fecode sacar de las aulas a todos sus militantes, también a los 6 millones de estudiantes y padres de familia con quienes tiene el compromiso de luchar contra la privatización de la educación pública” (Voz, mayo 5, 1999, 6). Eso matiza el poder movilizador de la federación, máxime si paralelamente “se vienen conformando federaciones de padres de familia de corte neoliberal agenciadas por el Ministerio de Educación para dividir a los padres de familia y obstaculizar las luchas del magisterio”, expresó la presidenta del Sindicato de Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca (Sutev) (El País, agosto 18, 1999, C1). Pero la capacidad movilizadora de Fecode también se vería afectada por la violencia paralela que se desató contra sus afiliados. En efecto, en estos once años contabilizamos 505 violaciones de derechos humanos de educadores, que hacen un promedio de 46 anuales, casi una por semana. De estas violaciones, 459 fueron asesinatos, a razón de 42 por año. Al inicio del este subperiodo la violencia contra el magisterio sindicalizado aumenta, en pleno desarrollo de la Asamblea Constituyente y de la promulgación de la nueva Carta política del país. Los hechos parecen responder más a una retaliación por el despliegue movilizador del año anterior, que a las expectativas de paz y democracia que la nueva Constitución despertaba. Sintomáticamente algunas de las víctimas simpatizaban o habían sido militantes de grupos desmovilizados. El 13 de febrero de 1991 la ADE convocó una manifestación para exigir el retorno con vida de Guillermo Palacios, directivo del sindicato distrital de Bogotá y miembro del M-19, desaparecido al finalizar un paro magisterial. Dos años después, el 1º de septiembre de 1993, fue asesinado Omar de Cristo Pérez, líder de la Asociación de Educadores de Sucre y desmovilizado del mismo grupo, ahora convertido en movimiento político en alianza con una asociación cívica. 112 El 8 de marzo de 1994, en el mismo departamento, fue ajusticiada por paramilitares Alba Inés Flórez, dirigente del sindicato magisterial regional y militante del PRT, que había recibido amenazas y cuya vivienda había sido allanada por el Ejército en 1993. Y, para no alargar más la lista, el 18 de julio de 1997, en Montería (Córdoba), fue ultimado Fredys Fuentes por los paramilitares. Fuentes, directivo sindical regional y presidente de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) en Córdoba, aparecía en una lista de maestros amenazados de muerte. Los no desmovilizados también fueron blanco de la violencia, más por su actividad sindical que por su presunta militancia partidista. Un directivo del sindicato de maestros de Boyacá, José Santos Mendivelso, militante de A Luchar, fue muerto por paramilitares en Turmequé, hecho que provocó un paro regional el 5 de abril 112

La información consignada en nuestras bases de datos señala que Pérez integraba el Movimiento Cívico por la Defensa de Corozal, que había ganado la alcaldía local y se aprestaba a repetir el proceso. Otro dirigente del mismo grupo había sido asesinado el 10 de julio anterior.

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de 1991. El 24 de agosto del mismo año, en Chámeza (Casanare), fue ultimado un maestro sindicalizado en hechos no precisados. De acuerdo con la información de nuestra base de datos, a raíz del paro nacional del 13 y 14 de agosto de ese año, Fecode denunció que se habían recrudecido las acciones violentas contra el gremio. El 13 de octubre siguiente los paramilitares, en asocio con miembros de las Fuerzas Armadas, ejecutaron en Convención (Norte de Santander) a Hugo López, miembro de la Asociación Sindical de Institutores de Norte de Santander (Asinort). Ya desde el 13 de agosto, le habían hecho un atentado, pues en meses anteriores López había sido uno de los organizadores de un foro regional de derechos humanos. Otros participantes del evento también recibieron amenazas. Al observar el comportamiento regional de la violencia contra los maestros sindicalizados notamos la decreciente figuración en ella del departamento de Santander, en una distribución que casi cubre todo el territorio nacional y registra incrementos particulares en Antioquia –especialmente fuera de Medellín– y, hacia mediados del decenio de los 90, en Arauca, Córdoba y Cesar. Seguramente allí la violencia antisindical se cruza con conflictos de poder regional y local, cuyos alcances no podemos precisar. En efecto, nuestras fuentes estadísticas revelan que el 2 de febrero de 1994 se presentó un paro regional en el departamento de Arauca, en protesta por las amenazas de los paramilitares a directivos y activistas sindicales. Se dijo entonces que más de 150 educadores habían abandonado la región. El 8 de mayo de 1996, en Pelaya (Cesar), la víctima eliminada se llamaba Jaime Laguna y sus victimarios fueron paramilitares al servicio de la cercana hacienda Bellacruz. Entre tanto en Córdoba, desde el año 97, se dispara la actividad criminal de las Accu, que el 10 de enero asesinan a tres profesores sindicalistas, acusados por los paramilitares de participar en atentados dinamiteros contra entidades de fachada de los hermanos Castaño, ocurridos a fines del año anterior. Las fechorías de las Accu se extendieron a Antioquia y Cesar, donde causaron dos desapariciones de educadores en mayo de 1997. La violencia contra los docentes aumentó en forma impresionante en 2001, hasta alcanzar a 97 violaciones de derechos humanos, 75 de ellas asesinatos. Este pico de violencia se prolongó al siguiente año, cuando el saldo fue de 87 violaciones, de las cuales 85 fueron asesinatos. Aunque no conocemos mayormente de los motivos que llevaban a estas acciones violentas, creemos que, además de las retaliaciones por el trabajo sindical y la defensa de derechos humanos,113 la disputa por las transferencias desempeñó un papel detonante en esos años.114 La descripción de esa coyuntura corresponde al siguiente periodo.

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Como ejemplos de estos “motivos” aducidos por los paramilitares podemos citar el asesinato en Segovia (Antioquia) de Jesús Ramiro Zapata, miembro de Adida e integrante de un colectivo de derechos humanos, cometido el 3 de mayo de 2000, y el de Germán Carvajal en Obando (Valle), el 6 de junio del siguiente año. Carvajal había sido amenazado en su región nativa, Caquetá, por su “dedicación al movimiento sindical” y se había trasladado al Valle, donde finalmente fue ejecutado. 114 En este punto nos referimos al ya mencionado Proyecto de Acuerdo Legislativo 012 de 2000, que desembocó en la Ley 715 de 2001, reglamentaria del Sistema General de Participaciones.

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3er subperiodo Entre 2002 y 2009 se libraron 218 luchas –27 anuales, en promedio–, de las cuales solo 77 fueron huelgas –10 anuales, en promedio–. Como ya señalábamos, en el magisterio es notorio el descenso de la huelga como modalidad de protesta sindical. En el Gráfico 2 se observa cómo decrecen también las acciones que tienen por motivo los derechos humanos. En cambio, continúan las protestas por retenciones salariales y pagos atrasados de primas y bonificaciones, pero ahora en el marco de las transferencias presupuestales territoriales, especialmente en el pico de 2007. El régimen prestacional es igualmente un motivo de lucha en 2008 y 2009, en medio del debate por un nuevo Estatuto Docente. Además, en este subperiodo, y especialmente en 2003 y 2004, Fecode enfrenta decisiones políticas del gobierno nacional y el Ministerio de Educación en torno a evaluaciones y concursos de méritos docentes destinados principalmente a purificar la planta magisterial mediante la supresión de los llamados “maestros provisionales”, añejo producto de las políticas clientelistas utilizadas por los mandatarios de las diferentes regiones del país. A su vez, la federación magisterial incursiona crecientemente en el debate de políticas nacionales e internacionales, marcando una clara oposición al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Es una manera de trascender sus intereses particulares e incluso desbordar el campo educativo, práctica que otorga a la agremiación mayor proyección sociopolítica pero la vuelve más vulnerable ante la violencia de los defensores del orden. Veamos con cierto detalle este proceso, para acercarnos a los nuevos desarrollos de la violencia contra los sindicalistas del magisterio. El subperiodo comienza con el rechazo de Fecode al Decreto 1278 de 2002, conocido como nuevo Estatuto Docente. Según Fecode, este decreto “pone fin a la estabilidad laboral, impide los ascensos, profundiza la desprofesionalización y despedagogización de la docencia y establece el control ideológico y cultural del magisterio mediante la evaluación control (…) Las políticas neoliberales de reestructuración de la profesión docente, por diversos medios, se han encargado de desmontar sistemáticamente el Estatuto Docente de 1979 –Decreto 2277–, y esto ha traído como consecuencia la pérdida de muchos derechos laborales, la obstaculización de los ascensos y el deterioro de las situaciones salariales, laborales y de aula; de esta forma se precariza el rol docente y la dignidad profesional”.115 Al año siguiente Fecode, en conjunto con las centrales sindicales (CUT, CTC y CGT) y las fuerzas de izquierda, encara problemas políticos de orden nacional, tales como el referendo que pretendió modificar la Constitución de 1991, la reelección del presidente Uribe Vélez y la eventual aprobación del TLC con Estados Unidos. En esa coyuntura Fecode ayuda a crear la Gran Coalición Democrática, el ente en donde convergen organizaciones sociales y partidos de oposición y que coordina este tipo de demandas desde 2003. En ese contexto se 115

Citas tomadas de la propuesta de Nuevo Estatuto Docente elaborada por la federación en julio de 2009 y consultada en línea en la página web de Fecode, en abril de 2010.

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reavivan las luchas del magisterio, que seguirán en aumento hasta 2007, aunque no en el terreno huelguístico. Otro problema candente por esos años lo constituyó el concurso de méritos docentes y evaluaciones, con efectos directos sobre la estabilidad laboral de los maestros, lo que evidentemente introdujo en el magisterio una gran incertidumbre y lo obligó a movilizarse. Basado en la Constitución del 91, el proyecto pretende, mediante un “concurso de méritos docentes”, vincular en propiedad a los maestros provisionales a la nómina de planta. Fecode se opuso y la directiva de Mineducación No. 020 de 2003 ordenó a las secretarías de Educación trasladar a plantas provisionales, bajo órdenes de prestación de servicios, a los docentes que no hubiesen obtenido su nombramiento mediante el concurso, esto es, que se negaran a presentarse al mismo, arriesgándose presuntamente a ser despedidos si después de un año o más de cursos “correccionales” no ameritaban su continuación en la docencia pública (El Colombiano, febrero 7, 2004, 10-A). Las movilizaciones convocadas por Fecode el 12 y el 19 de febrero de 2004 volvieron a rechazar la medida oficial y la federación anunció un nuevo paro de 48 horas para los días 25 y 26 de ese mes. Sin embargo, los concursos de méritos se realizaron desde entonces en varios colegios de Bogotá y del resto del país. Sumado a lo anterior, a mediados de agosto de 2004 El Nuevo Siglo comentaba los planes del Ministerio de Educación para debilitar el control de Fecode sobre el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, una cuenta especial del Minhacienda creada por la Ley 91 de 1989 y que administra recursos anuales del orden de $400.000 millones: “No place a Fecode –consignó– que poderosas EPS privadas sustituyan a una serie de pequeños organismos regionales” en los cuales la federación tiene alguna presencia (El Nuevo Siglo, agosto 12, 2004, 9). El Concurso de Méritos de Directivos Docentes y Docentes fue abierto por el Ministerio de Educación a mediados de octubre de 2004, preveía su cierre en la segunda semana de noviembre siguiente y estuvo destinado a nombrar en calidad de permanentes a 50.000 docentes y 10.000 directivos docentes del sector público. El Ministerio calculaba una presentación de 180.000 personas y se inscribieron 195.000, de todas las profesiones (El Tiempo, noviembre 13, 2004, 1 y 24). Los exámenes fueron programados para el 15 de diciembre de 2004 y Fecode pensó en sabotearlos, pero pospuso la decisión a raíz de que una reunión de la ministra de Educación con gobernadores de todo país acordara acatar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia relativa al concurso de méritos docentes, que exigía circunscribir la prueba al sector pedagógico, incluir en la misma a los tecnólogos y fijar los nuevos exámenes de evaluación para el 16 y 17 de enero de 2005 (El Tiempo, diciembre 16, 2004). Una nueva jornada nacional del magisterio en rechazo del concurso provocó que el 15 de enero de 2005 los educadores bloquearan los accesos a los puestos de presentación del examen y lograran impedir las pruebas en la zona metropolitana de Bucaramanga. El boicot fue general en el país y tuvo éxito en varios lugares. En Bogotá hubo una marcha que concluyó en la plaza de Bolívar y en Aguachica y Valledupar los docentes invadieron los lugares de la prueba. Hubo disturbios y detenidos por la misma razón en Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, 293

Bogotá, Cali, Santa Marta, Popayán, Barranquilla, Medellín, Riohacha, Maicao, Florencia, Pasto y varias poblaciones del Meta. El 16 de enero centenares de educadores dirigidos por Fecode realizaron mítines, bloqueos de sedes oficiales y hostigamientos contra los participantes en el examen, y se produjeron tomas de sedes educativas en Cartago, Tuluá, Buga y Palmira. El Ministerio de Educación dispuso 225 sitios y el boicot impidió la labor solo en trece, entre ellos los de Cartagena, Sogamoso, Puerto López, Montería, Sahagún y Lorica. Algunos sindicalistas rompieron los cuadernillos del examen y hubo un total de 103 detenidos (El Tiempo, enero 17, 2005, 1 y 7; Vanguardia Liberal, enero 16, 2005, 4-A). Aunque Fecode logró frenar la aplicación del concurso de méritos, no lo derrotó, pues de hecho se ha venido adelantando en varias regiones. Mientras tanto, otra preocupación absorbió las energías de la federación de educadores, así como las de otros sindicatos del sector público, entre ellos el de la salud: las transferencias del presupuesto nacional. Por este motivo se libraron numerosas luchas en 2007, año cimero de la actividad contestataria del magisterio sindicalizado, que arrojó un balance de 61 protestas, de las cuales solo 17 fueron huelgas. El 23 de mayo de 2007 Fecode inició un nuevo paro nacional, que culminó el primero de junio siguiente, en esta oportunidad contra el recorte de las transferencias territoriales, el incremento del pasivo pensional de las universidades públicas y el TLC con Estados Unidos. Las grandes marchas nacionales del 23 y 30 de mayo fueron puntos culminantes de la movilización magisterial y de la participación de estudiantes de secundaria y enseñanza superior. Una vez más el paro fue proyectado como indefinido y en el curso de su desarrollo se fijó el 28 de junio como fecha final, pero pocos días después de iniciado Fecode lo levantó. Todo ello a causa de la debilidad del movimiento, que fue firme y convincente en la Costa Atlántica, de Bolívar hasta La Guajira, pero débil en los demás departamentos, con pocas excepciones. Casi la totalidad de los maestros provisionales, en prueba, recién posesionados o por contrato de prestación de servicios se abstuvieron de participar. Especialmente flaca fue la participación magisterial en Antioquia, el Viejo Caldas, Santander y el mismo Bogotá, donde las movilizaciones fueron encabezadas por estudiantes de secundaria y universitarios. Fecode resolvió levantar la protesta alegando que iba a hacer una pausa para reanimar sus fuerzas y volver a la lucha callejera. La federación afirmó que la poca participación obedeció al temor de los educadores por la suspensión del pago de sus salarios por el tiempo dejado de trabajar a causa del paro y de una prima o bonificación semestral que el gobierno nacional les reconoce por el buen curso académico de su trabajo y que se perdería si el paro seguía adelante. En estas jornadas revivieron los signos de debilidad movilizadora que venían manifestándose desde el paro de 2001, cuando el gobierno hizo descuentos por los días no laborados a causa de la cesación laboral y eso desconcertó a los maestros y los indispuso contra su organización sindical. Sobre la marcha del 23 de mayo de 2007, enfocada contra el proyecto de Acto Legislativo 011 del año anterior, relativo al recorte de las transferencias 294

presupuestales a los departamentos, la prensa manifestó que “las protestas son las más grandes que se han realizado en Colombia en menos de un mes contra dicha ley” (El Mundo, mayo 24, 2007, A9). Hubo bloqueo de carreteras por maestros, estudiantes y habitantes en los tramos Calarcá-La Línea y Santa MartaBarranquilla, lo mismo que en los cruces de frontera con Venezuela y Ecuador. En general, las marchas fueron numerosas y pacíficas en todo el país, pese a los choques parciales con la fuerza pública en algunos lugares. Los organizadores levantaron además la protesta contra la privatización de empresas públicas y el paramilitarismo. En la movilización hacia Bogotá realizada el 30 de mayo llegaron caminantes de Honda, Girardot, Tunja y Villavicencio, que en cada caso recogieron personal marchista procedente de varios departamentos. En torno al sistema de distribución del presupuesto nacional, hay que decir que el proyecto de Acto Legislativo 011 de 2006 aumentaba las participaciones, aunque no en la proporción que señala la Constitución Política de 1991, según el presidente Uribe, “porque se vuelven impagables”. La ministra de Educación agregó que, tal como estaba establecido entonces, las participaciones “son inviables” (El Heraldo, mayo 25, 2007, 5-A). La oposición opinaba que el porcentaje de aumento de los ingresos corrientes de la nación –que no contabilizan allí los créditos externos– sería siempre mayor que el de la inflación, y Fecode añadía que, con el plan de Uribe, en los próximos nueve años los departamentos dejarían de percibir 49 billones de pesos (Ibíd.). Las marchas del 23 de mayo de 2007 continuaron al día siguiente en varios lugares del país, y el 25 siguiente, mediante Decreto 1838, el Ministerio de Educación ordenaba no pagar a los educadores los días no laborados por motivo de las protestas, cosa que acabó por separar del paro a otro gran bloque de maestros. Uribe anunció que las mesadas no pagadas a los huelguistas irían a obras de mejora de la educación pública, y agregó que el gobierno había venido cumpliendo estrictamente con el pago de salarios, cesantías, pensiones y actualizaciones del escalafón. El primero de junio Fecode suspendió el paro, argumentando que lo hacía para reagrupar fuerzas. La mayoría de los docentes de la capital participó en esa movilización y las autoridades afirmaron que solo el 20% del magisterio había cesado actividades en todo el país. En Medellín, Adida admitió que la marcha del 30 de mayo había sido multitudinaria, pero de 10.621 docentes de la ciudad solo habrían parado 361. Varios diarios sostuvieron que las marchas del 30 de mayo, que habían estado acompañadas por grupos musicales y de canto, habían reunido a 200.000 participantes en el conjunto del territorio nacional. Sobre el paro magisterial del 23 de mayo al 1º de junio el periódico Voz publicó una crónica en la que se sostuvo que el 23 y el 30 de mayo se habían producido grandes marchas en todo el país: que para la primera habían salido unas 250.000 personas y en la segunda habrían participado unas 300.000. Según el semanario comunista, los docentes salieron, más a acompañar a las marchas que a paralizar sus labores. Destaca, en cambio, la activa participación de estudiantes de secundaria y de las universidades públicas (Voz, junio 6, 2007, 12). 295

Una vez levantado el paro, no era claro cómo Fecode continuaría la lucha. Para El Tiempo, aunque sus directivos “dicen que seguirán presionando con marchas este 8 y 13 de junio por las calles de Bogotá, la estrategia del sindicato será ahora de cabildeo” (El Tiempo, junio 2, 2007, 1 y 3). En cambio, una resolución de la federación magisterial, sin fecha, convocaba prontamente a una gran toma de Bogotá a realizarse el 13 de junio de 2007 (El Tiempo, junio 3, 2007, 1 y 3). De nuevo queda la sensación de que Fecode logra posicionar un tema en la agenda pública, en este caso las transferencias, pero no derrotar la decisión gubernamental de modificarlas. Claro que en este caso la Federación de Educadores no estuvo sola y los logros y retrocesos deben imputarse al conjunto del sindicalismo público. Para ese entonces Fecode estaba también debatiendo la necesidad de un nuevo Estatuto Docente. El borrador que hizo público en julio de 2009 afirmaba: “La Federación Colombiana de Educadores presenta al magisterio colombiano el presente proyecto de Ley sobre el Estatuto Único de la Profesión Docente. Con esta propuesta, que será llevada al congreso de la república, iniciamos un proceso de lucha por la conquista de la dignidad profesional del magisterio y emprendemos un arduo camino dirigido a confrontar las políticas neoliberales que han reestructurado la profesión (…) De ahí la importancia de elaborar y tramitar ante el congreso de la república un proyecto de ley de Estatuto Único de la profesión docente que reúna lo positivo del 2277 de 1979 y lo mejore en muchos aspectos. A la vez, la propuesta busca derogar el 1278 de 2002 y posicionar una norma que posibilite generar unas verdaderas condiciones de profesionalización y dignificación de la carrera docente”.116 Que sepamos, todavía no se ha negociado el nuevo Estatuto Docente, por lo que, a juicio de Fecode, en el sector educativo sigue primando una tendencia a la mercantilización de la educación y, en consecuencia, continúa la lucha por la dignificación de la profesión docente. Pero hay otra dimensión política en la que Fecode ha obtenido mayores logros, al menos hasta las pasadas elecciones del Congreso, realizadas en marzo de 2010. La aparición de la Constitución Política de 1991, al amparar la actividad política de los sindicatos, cambió enteramente las prácticas sindicales y políticas del magisterio en mayor medida de lo que pudo haber ocurrido con otros sectores sindicales del área estatal. Esto puede apreciarse en las nuevas prácticas adoptadas por el magisterio en el terreno electoral, que en varias ocasiones han llevado al Congreso a sus más destacados líderes,117 sin contar con que algunos parlamentarios provienen de la docencia universitaria. Pues bien, es ese escenario de luchas sociopolíticas en las que Fecode ha tenido una indudable visibilidad: el que enmarca las expresiones de violencia contra sus afiliados. En efecto, en este subperiodo se presentaron 388 violaciones de 116

Borrador consultado en la página web de la federación, en abril de 2010. Cosa que no se repitió en las pasadas elecciones de marzo de 2010, por razones cuya indagación rebasa los marcos de este estudio. 117

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derechos humanos contra maestros sindicalistas y 346 de ellas en la modalidad de homicidios. Esto arroja promedios anuales de 48 y 43, respectivamente, lo que significa un incremento con relación a subperiodos previos. Claro que la violencia es más pronunciada al comienzo de esos años y, de hecho, en 2002 continúa el momento pico del año anterior, con 87 violaciones, de las cuales solo dos no fueron homicidios. En este estudio creemos que la violencia contra los sindicalistas afiliados a Fecode obedece en gran parte a la ya narrada actividad sociopolítica desplegada por la federación en los últimos años. Fecode se compromete cada vez más en luchas amplias con los sectores populares y relaciona la batalla reivindicativa con la política, incluso en la escena parlamentaria. El testimonio reciente de una víctima refuerza esta hipótesis. Según Amanda Rincón, actual miembro del comité ejecutivo de la federación, a los maestros se les ataca porque tienen influencia en las comunidades, porque les abren los ojos ante las injusticias. Los paramilitares asesinan especialmente a los de tendencias de izquierda y que se solidarizan con los movimientos campesinos e indígenas. Cuando estos maestros logran salvarse, caen en una situación de desprotección, pues no les pagan salarios y les inician procesos disciplinarios por estar fuera del lugar de trabajo (entrevista a Rincón, en Carrillo y Kucharz, 2006, 279-280).118 Para ella, los sindicatos hacen política, pero no partidista. “Los sindicatos tenemos que luchar para que el pueblo empiece a tomar las riendas de su destino” (Ibíd., 283). Fecode “siempre se ha involucrado en la movilización política con unos objetivos relacionados con la defensa de la educación como patrimonio de los colombianos” (Ibíd., 285). Veamos algunos casos para ilustrar lo señalado. En Tame (Arauca), el 20 de julio de 2002 fueron asesinados los docentes sindicalistas Olegario Gómez y Carlos Alberto Barragán, este último vinculado asimismo a las Juntas de Acción Comunal del municipio, dentro de un proyecto de desarrollo local adelantado por la petrolera española Repsol. Ambos habían recibido antes amenazas de la fuerza pública. La violencia ha seguido su marcha en Arauca, como señalamos en el apartado dedicado a los trabajadores de la salud pública, a raíz del asesinato, en agosto de 2004, de varios líderes sindicales y sociales a manos de miembros del Batallón Revéiz Pizarro. Recordemos que en esa ocasión también fue detenida Raquel Castro, dirigente de la Asociación de Educadores de Arauca (Asedar), posteriormente condenada a seis años de cárcel por “rebelión” (Amnistía Internacional, 2007, 29-30). Sobre la violencia desplegada en esa región, el 118

Según el mismo testimonio, Fecode reseña 17 formas de violación de derechos humanos contra los maestros –amenazas de distinto tipo, prohibición de dictar clases, reuniones de grupos armados en las escuelas, etc.–. “Actualmente (2005) 10 maestros están presos bajo cargos de terrorismo y rebelión, y en esos casos se vulneraron las garantías constitucionales” (Ibíd., 281). La testigo denuncia que también la guerrilla acosa a los maestros. Por ejemplo, una pareja de docentes del Cauca creó un proyecto educativo para impedir la instrucción militar de los muchachos. Al enterarse de eso la guerrilla los amenazó y tuvieron que desplazarse (Ibíd., 285).

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testimonio antes citado dice literalmente: “En Arauca los paramilitares quieren acabar con la subdirectiva [de Asedar] como sea, porque los profesores han asumido el liderazgo directo en la formulación de proyectos” (entrevista a Rincón, en Carrillo y Kucharz, 2006, 281). Según Amanda, en año y medio, más de 50 maestros se habían visto compelidos a abandonar su lugar de trabajo, 30 de ellos solo en Tame. Fecode no está en capacidad de hacer seguimiento riguroso a todas las denuncias, pero reviste especial significado la siguiente: una hermana de la entrevistada tuvo que desplazarse y su marido, Javier, fue asesinado en 1997: le encontraron 57 impactos de bala. “Había denunciado irregularidades en el manejo del presupuesto de su municipio” (Ibíd. 282). Por lo demás, últimamente el cubrimiento espacial de la violencia contra los maestros es mucho más amplio incluso que en subperiodos anteriores, cuando se concentraba en Santander, Antioquia, Córdoba; ahora hay que añadir Arauca. La Costa Atlántica habría de ser otro escenario trágico de esta orgía de muerte. El caso muy conocido del asesinato del intelectual y profesor universitario Alfredo Correa de Andréis, cometido el 17 de septiembre de 2004, muestra de qué manera los tentáculos de los paramilitares no solo alcanzan a Barranquilla sino que se han infiltrado en agencias del Estado, como se ha denunciado últimamente respecto del DAS. De Andréis había sido detenido el 17 de junio de 2004, acusado por un guerrillero reinsertado de ser un supuesto comandante de las Farc. Tras un mes de detención, fue liberado por falta de pruebas. Como estaba seguro de que era víctima de una conspiración fraguada por el DAS –como efectivamente ahora se ha demostrado en versiones libres de los paramilitares–, se negó a aceptar la “seguridad” que esta institución le brindaba. En todo caso, su sentencia de muerte ya estaba dictada y se ejecutó. En el Cauca encontramos también otros ejemplos de dirigentes magisteriales ultimados por su actividad sindical. Tal es el caso, por ejemplo, de John Smith Ruiz Córdoba, quien había desempeñado un papel destacado en las movilizaciones realizadas por Fecode en la región contra los concursos docentes. Ruiz fue secuestrado el 6 de mayo de 2005 y tres días después se encontró su cadáver con signos de tortura y 27 impactos de bala. Igualmente, en Aranzazu (Caldas), años antes, el 12 de abril de 2002, los paramilitares asesinaron a Hernán Ortiz Parra, directivo regional de Fecode y miembro de la Junta Directiva Nacional de la CUT, además de activista de los derechos humanos. En esa ocasión cayó asimismo en Caldas un dirigente de los trabajadores de la electricidad. En la misma región, al final del periodo estudiado y exactamente el 26 de febrero de 2009, fue ejecutado en Filadelfia José Jair Valencia, docente y activista sindical. Valencia venía transferido de otro municipio por haber recibido previas amenazas y cuando llegó a Filadelfia las volvió a recibir de las “Aguilas Negras”. Pero esta vez la secretaría departamental de educación no le prestó la atención debida. Cuando preguntamos al directivo de Fecode encargado de la secretaría de derechos humanos, Rafael Cuello, por las causas de los recientes casos de violencia contra los afiliados a la federación, respondió que, además de las razones políticas ya esbozadas, hay un cierto auge de las extorsiones contra ellos. 298

De acuerdo con este directivo, los paramilitares tienen acceso a las nóminas departamentales y cobran a los maestros cuotas de acuerdo con sus ingresos. Si éstos se resisten los amenazan o los matan (Entrevista a Cuello, 2010). 119 Aunque este argumento no vincula la reciente violencia a razones políticas, sí establece puentes con la actividad paramilitar que los victimiza. Fecode es hoy un sindicato poderoso que muestra signos de debilitamiento. En junio de 2007, en forma un tanto exagerada y para provocar reacciones de la opinión pública en medio de las protestas por las transferencias presupuestales, la revista Semana anotaba que “en poco más de 10 años, este sindicato pasó de ser una agremiación de defensa de los intereses de los maestros a un importante grupo de presión política para los gobiernos de turno (...) De los 331.000 educadores públicos (...) que hay en Colombia, la gran mayoría está agremiada en Fecode” (Semana, junio, 11, 2007, 78-79). La publicación cita a directivos de la federación y prosigue: “Fecode tiene actualmente 250.000 afiliados en los 33 departamentos y 1.093 municipios del país, y otros 30.000 más están a la espera de ingresar” (Ibíd., 79). Ya veíamos cómo, según la misma publicación, la federación tiene presencia en todos los rincones de la nación y la noticia de sus acciones llega casi al 50% de la población. Estas circunstancias hablarían de un sindicato muy fuerte, pero creemos que Semana exagera, pues Fecode afronta problemas organizativos y ha sido debilitada, entre otros factores, por la violencia. La entidad no es un sindicato de rama industrial sino que –como su nombre lo indica– sigue conservando la forma de federación de sindicatos departamentales, que a la vez agrupan solo a una parte del asalariado comprometido en la educación pública. No existe, pues, un sindicato nacional del magisterio, y menos uno que abarque al conjunto de trabajadores de la rama educativa del país, como ocurre en países de mayor consolidación sindical. Hay obstáculos de todo género, similares a los que han impedido crear sindicatos de rama industrial en la salud pública, el sector financiero o el metalúrgico y metalmecánico. Lo que ha preservado a Fecode hasta ahora ha sido su actividad en defensa de los intereses que representa, su independencia política con relación al Estado y la relativa unidad en que ha operado a pesar de su forma federativa. El magisterio, como sector de la economía, conforma posiblemente la mitad de la masa aglutinada por la CUT –que en 2008 contaba con 527.542 afiliados (ENS, Sislab, junio 2009, 3)–, y su representación en el comité ejecutivo de la central es la más alta entre todos los sectores allí representados: 14 personas del total de 21 miembros del comité, esto es, el 66,6%. El magisterio está en capacidad de decidir cualquier votación de la CUT. La federación responde por una contribución financiera muy grande a la central y se dice que ella es la organización filial que garantiza actualmente la marcha financiera de la CUT, cuyas arcas, por obra de la crisis profunda de nuestro sindicalismo, no ofrecen apetencias personales para 119

Cuello gentilmente nos proporcionó información sobre los asesinatos de maestros cometidos entre 2006 y 2010, que incorporamos en nuestra respectiva base de datos.

299

nadie. Por último, aparece de bulto una distorsión de su estructura organizativa: aunque las mujeres constituyen alrededor del 65% del total del equipo docente público con que cuenta el país, en el máximo organismo magisterial su representación es mínima: en el comité ejecutivo de Fecode aparecen apenas dos mujeres. Por lo demás, desde hace mucho tiempo Fecode es incómoda para los gobiernos, a los cuales, como cree Semana, “les preocupa la forma como la organización sindical se ha ido centrando en intereses cada vez más políticos y partidistas y ha olvidado las necesidades reales de los educadores y los estudiantes” (Semana, junio 11, 2007, 80). De nuevo debemos señalar que la revista exagera o distorsiona las cosas, en especial aquello del descuido de las “necesidades reales” de sus afiliados y de la población estudiantil. La historia que hemos narrado no ratifica este juicio. En cambio, Semana muestra bien la animadversión que la federación magisterial despierta en los gobiernos de turno, y en especial el de Uribe Vélez. No en vano, afirma la misma revista, con la Ley de Transferencias y los concursos de méritos docentes se pretende quebrar “el espinazo” a la organización (Ibíd.). En esa dirección el gobierno ha encontrado aliados en los paramilitares, quienes abrigan además sus propios argumentos para ejercer violencia contra los maestros sindicalizados. Unas veces porque éstos se oponen a sus proyectos de control territorial, otras porque denuncian manejos indebidos de dineros públicos a favor de los grupos paramilitares y otras porque no pagan la extorsión que les imponen. La insurgencia –de la que no hemos hablado mucho en este caso, pues representa un bajo porcentaje de los responsables de la violencia contra el magisterio organizado– afecta asimismo la actividad sindical de Fecode, amenazando, desplazando y aun asesinando a dirigentes y activistas que se resisten a sus intentos hegemónicos o a sus prácticas de guerra. Por todo eso la violencia contra los sindicalistas de la Fecode termina descargando efectos negativos sobre su actividad, como lo hemos constatado en esta páginas. De hecho, comparativamente con otros sectores, esa violencia continúa siendo alta, incluso en asesinatos, y muestra también nuevos rasgos al victimizar crecientemente a las mujeres sindicalizadas y a sus núcleos familiares. Razón tienen los dirigentes sindicales de Santander cuando, en un recuento histórico, hacen un balance de las luchas de la federación: “el magisterio colombiano ha tenido que pagar un costo muy alto de vidas humanas para defender los intereses del sector. Los asesinados son centenares, otros han sido amenazados o destituidos y desplazados. Fecode ha luchado por la educación pública de amplia cobertura y con calidad. También ha incursionado en la política, cuestionando el sindicalismo „reclamero‟ (sic) y propugnando por uno de carácter sociopolítico” (Guerrero y otros, 2005, 233-234). La lucha que Abel Rodríguez describía como el paso de los “descamisados” de los años cincuenta a los maestros asalariados, intelectuales y ciudadanos de los noventa, no ha culminado y corre el riesgo de tener retrocesos, como los impuestos por recientes disposiciones estatales que mercantilizan la educación y restan dignidad al oficio docente. Para que esto último no continúe se necesita un 300

sindicalismo fuerte y Fecode da signos de serlo, pero requiere adecuarse a los tiempos presentes y sobre todo necesita que cese la violencia contra su actividad pedagógica, sindical y política.

Luchas sindicales y violaciones de derechos humanos contra Fecode, 1984-2009

Año

Luchas

Huelgas

Violación de derechos

Asesinatos

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

12 29 17 17 22 29 56 42 21 17 47 22 39 32 45 48 34 23 14 26 29 26 21 61 19 22 770

11 29 16 16 19 29 54 40 20 13 47 21 37 30 43 37 33 14 8 13 11 4 13 17 8 3 586

3 2 13 16 34 24 15 49 32 14 32 28 64 63 33 36 57 97 87 64 46 61 42 24 32 32 1.000

0 1 5 13 24 17 14 46 29 13 32 28 61 55 33 33 54 75 85 52 45 42 42 24 29 27 879

301

CONCLUSIONES A lo largo de estas páginas hemos hecho un extenso recorrido que se inició con algunas consideraciones sobre las categorías centrales de la investigación propuesta al Pnud, para luego escrutar nuestras bases de datos y ubicar el tipo de información del que dispusimos. Hecho este procedimiento iniciamos el análisis, general y en siete casos ejemplares, de la trayectoria histórica de los dos procesos a relacionar: luchas sindicales y violencia contra los sindicalistas. De acuerdo con los objetivos de nuestro estudio, nos propusimos indagar por la siguiente hipótesis: la violencia contra los trabajadores sindicalizados – independientemente de sus generadores y de sus móviles–, además de ser una constatación dramática de la crisis humanitaria que ha vivido el país en los tres últimos decenios termina produciendo el debilitamiento del sindicalismo, y en algunos casos su aniquilación. Por supuesto que este proceso está acompañado de otros factores globales y nacionales que debilitan al sindicalismo colombiano, derivados del modelo aperturista que afecta la capacidad productiva industrial y agropecuaria e informaliza más la economía nacional, junto con la desregulación y flexibilización de la fuerza de trabajo –políticas que se articulan en lo que comúnmente se conoce como neoliberalismo. Pero la violencia contra los trabajadores sindicalizados es determinante en la debilidad de nuestro mundo del trabajo, especialmente desde los años 80 para acá. Es evidente que tal hecho adquiere rasgos particulares, como se constata tanto en el análisis de los diversos subperiodos como de los contextos socioeconómicos y políticos regionales aquí contemplados. El número de 3.839 víctimas sindicalizadas objeto de violaciones de derechos humanos entre 1984 y 2009 –de las cuales 2.790 en la modalidad de homicidios– es una cifra escalofriante en cualquier latitud del planeta. Casi ella sola explicaría la debilidad de nuestro sindicalismo, manifestado, entre otros factores, en la disminución proporcional de su protagonismo en el conjunto de las luchas sociales ocurridas en esos años, el decrecimiento del uso de la huelga como mecanismo de presión clásico de los trabajadores y las bajas tasas de sindicalización y de densidad sindical, aun en términos comparativos con otros países de América Latina, lo que contrasta con otras formas no sindicales de contratación –como son las CTA y las EST– y el decreciente peso del tipo de negociación que lo involucra. Al análisis de esta debilidad sindical, provocada por la violencia contra los sindicalistas, le hemos dedicado buen número de páginas, tanto en el plano nacional como en los estudios de casos ejemplares. Incluso, apoyados por Cerac, hicimos un análisis estadístico de correlación y regresión que arroja la plausibilidad de esta hipótesis,1 algo nada despreciable en el terreno de la 1

En términos estadísticos, como se explicó en su momento y se amplía en el Anexo 3, se detectó que la violencia contra los sindicalistas muestra una correlación negativa con la actividad contenciosa sindical, especialmente la medida por la participación de huelguistas. Y el análisis de regresión no rechazó la hipótesis de que la violencia contra los sindicalizados cause la debilidad sindical.

303

explicación cuantitativa, complementaria a la cualitativa, que fue el centro de nuestra exposición. Reconstruyamos condensadamente el desarrollo de nuestro argumento. Ante todo conviene recordar que la categoría “trabajador sindicalizado” es hoy más compleja de lo que podría esperarse. En nuestra sociedad contemporánea el sindicalista es también un ciudadano que participa en muchos campos de la vida económica, social, política y cultural de la sociedad. Hemos usado la expresión de que no hay un sindicalista “químicamente puro”. Esto quiere decir que la violencia ejercida contra él o ella puede tener varias motivaciones, pero eso no anula la especificidad de que busca afectar la actividad sindical: el abultado número de víctimas sindicalizadas reconocidas entre 1984 y 2009 no fue fruto del azar o de una violencia generalizada. Un expediente muy común fue acusar a los sindicalistas de guerrilleros, casos que, según nuestros datos, no fueron muchos y cada vez lo son menos.2 Pero, aun en el evento de que hubiera sindicalistas que simpatizaran con la lucha armada, nada justifica la violencia contra ellos, pues ejercían una labor civil, sin armas.3 Lo más grave es que si se ultimó a sindicalistas por tener ideas de justicia social –cercanas a la izquierda pero no necesariamente–, estamos ante una suerte de genocidio similar al que arrasó a grupos políticos como la UP o A Luchar. Sin poder profundizar en este último punto, que no es el objeto de nuestra investigación y más bien queda sugerido para posteriores estudios, queremos recalcar otra precisión que hacíamos en la introducción de este informe. La violencia contra los sindicalistas definida operativamente por el Pnud es precisa, pero deja de lado el problema de las relaciones laborales y sociales en las que ella se enmarca.4

2

Desde las esferas gubernamentales se lanzó frecuentemente la acusación de vincular a los sindicalistas con la insurgencia, a la que se le tachaba de “terrorista”. Por ejemplo, a fines de 2008, el presidente Álvaro Uribe Vélez, en respuesta a las críticas de José Miguel Vivanco –director de Human Rights Watch–, dijo: “a nivel internacional todo el mundo se preocupa por los derechos humanos de muchos delincuentes disfrazados de sindicalistas…” (El Espectador, noviembre 1, 2008). Al respecto es interesante contrastar este pronunciamiento de Uribe Vélez con el de la “confesión” de Carlos Castaño, quien, además de lo dicho sobre su orden de asesinar a Luis Felipe Vélez, señaló que en general había ejecutado a “guerrilleros activos que posaban de sindicalistas” (Aranguren, 2001, 121). 3 Otra cosa es que el Estado, si tiene pruebas de que un sindicalista delinque, deba judicializarlo. 4 Así lo percibía Michael Frühling, Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su ponencia al Foro Social Mundial Temático: “Democracia, derechos humanos, narcotráfico y guerra” realizado en Cartagena de Indias el 17 de junio de 2003: “Uno de los capítulos más conmovedores e interesantes de la historia de los derechos humanos es, sin duda, el de la lucha de los trabajadores por ver reconocido y garantizado su derecho primario a fundar sindicatos, a afiliarse a los mismos y buscar efectivamente, a través de ellos, la protección y la promoción de sus aspiraciones económicas y sociales. Esa lucha prosigue hoy en aquellos lugares del mundo donde el movimiento sindical es golpeado, ya en su dirigencia, ya en su base, por cualquier tipo de violencia relacionada con el empleo ilegítimo del poder estatal, con la transgresión de las leyes y costumbres de guerra, o con la inobservancia hostil de las disposiciones nacionales e internacionales sobre el derecho de

304

De esta forma vimos que en las zonas de “enclave extractivo” las relaciones laborales –que definimos como “primitivas” a causa de la precaria regulación estatal en medio de la voracidad patronal que acudía a bajos salarios o extensas jornadas de trabajo para mantener sus tasas de ganancia– no fueron ajenas a las espirales de violencia que allí se incubaron. La búsqueda de relaciones laborales más “modernas” –cercanas a las fordistas– por parte de los sindicatos de esas zonas se encontró a veces con una dura resistencia de los sectores empresariales más atrasados, y si bien hoy tales relaciones se han generalizado en el país, todavía coexisten con formas que tienden a anular a los sindicatos, al menos aquellos que pretenden tener autonomía de acción, tanto en la protesta como en la actividad no contenciosa. Hechas estas precisiones, además de otras que en su momento quedaron consignadas, procedimos a escrutar nuestras bases de datos, sobre lo cual bastaría aquí anotar que ellas ofrecen, en términos tanto metodológicos como comparativos, un sólido sustento empírico para la investigación que el Cinep presenta al Pnud. Esto no excluye que, para alimentar nuestra argumentación, también hayamos acudido a otras fuentes, en especial las ofrecidas por la ENS. Del recorrido general hecho por las trayectorias de las luchas sindicales y de la violencia contra los sindicalistas extrajimos algunas conclusiones que refuerzan nuestra hipótesis sobre la debilidad creciente del sindicalismo, debida a varios factores externos e internos, pero principalmente a la violencia ejercida contra él. Sobre la dinámica de las luchas, constatamos que en los últimos años el sindicalismo tiende no solo a disminuir su protagonismo en el conjunto de la protesta popular colombiana, sino que cada vez acude menos a la huelga –forma privilegiada de su acción contenciosa–, y menos por motivos relacionados con los derechos humanos. En relación con la violencia contra los sindicalistas observamos una trayectoria generalizada –con excepciones en algunos de los casos estudiados– de un ciclo que muestra un aumento en los años 80, una oscilación que en promedio se mantiene alta en los 90 y una relativa disminución en lo que va del presente siglo. Asimismo advertimos una mutación de su “repertorio”, en la cual los asesinatos y las masacres son “sustituidos” por detenciones arbitrarias, atentados contra familiares de sindicalistas y sobre todo amenazas hechas a ellos mismos. En todo caso, no se puede concluir que la violencia contra los sindicalistas haya cesado en los últimos años, que coinciden con los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. Esto lo constatamos con la violencia reciente que, de una parte, se sindicación (sic) y la negociación colectiva. Los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas han condenado reiteradamente, desde hace varios años, las conductas violentas en contra de los sindicalistas. Tales conductas, empero, no siempre se concretan en asesinatos, lesiones, desapariciones forzadas y secuestros. La violencia contra el trabajador comienza cuando la obtención o el mantenimiento de su empleo se sujetan a la condición de que no se afilie a un sindicato, o cuando se le despide o perjudica en cualquier forma por su afiliación sindical o por su participación en actividades sindicales” (Frühling, 2003, 5). Agradecemos al profesor Miguel Eduardo Cárdenas la referencia a este documento.

305

ejerce contra los sindicalistas vinculados a la salud y el magisterio públicos y, de otra, contra los pertenecientes al sector de bebidas y alimentos, en concreto en Coca Cola y Nestlé-Cicolac, a los que se puede agregar la participación de otro tipo de empresas multinacionales, como la Drummond, vinculada a la explotación carbonífera y que aquí no indagamos en detalle. En especial nos llamó la atención la reciente violencia contra las mujeres sindicalizadas, que tienen creciente participación en el sindicalismo, especialmente en el estatal, constatación que podría estar indicando la existencia de nuevas lógicas en la violencia, que deberán ser analizadas en el futuro. En el mismo sentido consideramos la mayor inclusión de los núcleos familiares de los sindicalistas como víctimas de estas nuevas modalidades de violencia. No sobra recordar que el asesinato contra una sindicalista, y peor si es directiva, termina siendo más “costoso” para el sindicalismo y la sociedad en general, porque, además de perder una vida valiosa, se corre el riesgo de retroceder en la equidad de género en el mundo laboral, pues no son muchas las oportunidades que ellas tienen de afiliarse a los sindicatos y menos todavía de acceder a cargos directivos. También en el plano general, constatamos, para el segundo lustro de los 80, la coincidencia entre los auges de las luchas sindicales y la creciente violencia contra los sindicalistas. Esta violencia inicial pudo ser una respuesta brutal a las protestas, cuyas reivindicaciones buscaban muchas veces implantar relaciones laborales más modernas –casos de los “enclaves extractivos” en las zonas bananeras, palmicultoras y cementeras– o se oponían a políticas oficiales en términos de recursos energéticos –la USO– o de los servicios públicos de salud y educación. El resultado–como se observa en los siguientes subperiodos y se corroboró estadísticamente– fue el paulatino debilitamiento del sindicalismo en general por la vía del aniquilamiento de líderes y organizaciones, pero también por la senda de la pérdida de su autonomía. Al interrogante sobre los móviles y los responsables de la violencia descrita no pudimos responder contundentemente, entre otras cosas porque en los actos violentos es lo más difícil de determinar. Sin embargo, en cuanto a los victimarios, logramos mostrar que, dejando de lado los abundantes casos sin información, los paramilitares fueron los mayores responsables, seguidos de lejos por las Fuerzas Armadas y otros agentes estatales, los sicarios de la delincuencia común y finalmente las guerrillas. La comprensión adecuada de las formas de la violencia y de su intensidad tiene que ver con los móviles que impulsan a los distintos perpetradores de los crímenes. Algunos análisis vienen en nuestra ayuda para esclarecer este interrogante. En su estudio de 2007 sobre los asesinatos, las detenciones arbitrarias y las amenazas de muerte contra los sindicalistas, Amnistía Internacional señala que “el terror es parte fundamental de esta estrategia”, por parte tanto de las fuerzas de seguridad estatales y de los grupos paramilitares como de las guerrillas, en un conflicto que “se ha caracterizado por las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos y del derecho internacional 306

humanitario cometidas por todas las partes”. El objetivo explícito es “romper toda vinculación real o aparente entre la población civil y la guerrilla” (Amnistía Internacional, 2007, 9).5 La misma justificación emplean las guerrillas cuando castigan a poblaciones enteras por su vinculación con los militares o los paramilitares. Sin embargo, hay más motivos implícitos, que Amnistía Internacional denuncia: “La táctica del terror sirve también a poderosas élites económicas para proteger, ampliar y consolidar sus intereses. Más del 60% de los más de tres millones de personas desplazadas internamente que hay en Colombia han sido expulsadas de viviendas y tierras situadas en zonas de gran importancia minera, agrícola o económica de otra índole. El conflicto sirve de cobertura a quienes tratan de ampliar y proteger intereses económicos. Es en este contexto en el que se convierte a los sindicalistas en objeto de numerosas violaciones de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad y los paramilitares les tachan reiteradamente de „subversivos‟, y estas críticas suelen ir seguidas de violaciones de derechos humanos, que a menudo coinciden también con épocas de conflicto laboral o negociaciones de condiciones de trabajo” (Ibíd.).6 ¿Qué se persigue con ello? Arrasar el sindicalismo que, primero, busca nuevas relaciones laborales que, de cumplirse, recortan los ganancias inmediatas de los sectores empresariales más atrasados; o, segundo, con el sindicalismo que se opone a políticas privatizadoras y aperturistas, es decir, las más claramente ligadas con el modelo neoliberal. El estudio de Amnistía Internacional también apunta en esta dirección: “el hecho de que un gran porcentaje de los abusos contra los derechos humanos sufridos por sindicalistas se cometan en el contexto de conflictos laborales revela la existencia de una constante que indica que se

5

Algunos ejemplos citados por otros autores complementan el análisis de Amnistía Internacional. A comienzos del siglo XXI la Drummond aprovechó ataques de las Farc a sus instalaciones y al ferrocarril para involucrar al sindicalismo en esas actividades violentas, y en un panfleto habló de “No al sindicalismo guerrillero” (Chomsky, 2008, 278). Todavía en 2008 bandas paramilitares como las Águilas Negras continuaban amenazando, aduciendo que las organizaciones sociales y sindicales “están llenas de sindicalistas revolucionarios y auxiliadores de la guerrilla” (Semana.com, 23 de julio de 2008. Citada en Vega y otros, 2009, 409-410). 6 Algo similar opinan las propias víctimas. César Carrillo, ex dirigente de la USO ahora en el exilio, afirma: “La férula patronal y del gobierno ha logrado su objetivo. El sindicalismo colombiano sufre desde hace décadas un baño de sangre sin precedentes en el mundo. El régimen colombiano ha colocado a este sector social como un objetivo a exterminar o bien dominarlo y colocarlo a su servicio (…) Utilizando la vieja y macabra táctica de relacionar la práctica del sindicalismo con la insurgencia, cientos y miles de sindicalistas y defensores de derechos humanos han sido asesinados/as por los paramilitares o agentes del gobierno” (Entrevista a Carrillo en Carrillo y Kucharz, 2006, 35). El dirigente petrolero Gabriel Álviz nos dio también su versión: “la huelga, en mi opinión, es una lucha democrática de los obreros y nosotros somos dirigentes obreros, sociales. Yo no soy dirigente guerrillero ni paramilitar, ni tengo armas. La huelga de los obreros es así y tenemos la capacidad técnica para parar la producción sin dañar una tuerca y un tornillo, porque, si no, nos agreden, nos mandan a la frontera del código de procedimiento penal, te ilegitiman, ilegalizan y adiós luz, que te vas p‟al (sic) cielo” (Entrevista a Alviz, 2004).

307

ataca a los sindicalistas debido a su trabajo a favor de los derechos socioeconómicos” (Amnistía Internacional, 2007, 11).7 Lo anterior ya era señalado en 2003 por el Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “En Colombia se ha hecho notorio que un buen número de los hombres y mujeres afectados por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, privaciones ilegales o arbitrarias de la libertad, amenazas de muerte, tomas de rehenes, desplazamientos forzosos y otros hechos criminales del mismo género, ejercían actividades relacionadas con la dinámica sindical. Infortunadamente, bajo el clima de violencia y de polarización que hoy padecen los colombianos, en muchos casos la búsqueda de la justicia social y de la realización efectiva de los derechos del trabajador resulta estigmatizada y expone a las más atroces retaliaciones” (Frühling, 2003, 6). Por tanto, la conjunción de disposiciones oficiales que flexibilizan la mano de obra, privatizan empresas públicas, recortan la acción sindical y la huelga, anudadas con la violencia contra los sindicalistas, busca debilitar uno de los movimientos sociales históricamente más fuertes del país, para imponer la apertura neoliberal mediante “ventajas comparativas” de abaratamiento de la mano de obra y flexibilización de los contratos colectivos, así como con la presencia de compañías multinacionales en la explotación de recursos naturales. Si el sindicalismo intenta resistir a todo eso, la sombra de la amenaza se cierne sobre él. ¿Qué decir entonces de la violencia de la insurgencia, no solo de la que arroja directamente víctimas sindicales–renglón en donde no registra indicadores altos– sino también de la que provoca efectos indirectos? Es bien sabido que las guerrillas incluyen en su estrategia el aprovechamiento de la organización sindical para legitimar sus reivindicaciones. La historia de la infiltración de los sindicatos por la guerrilla, y también los casos de simpatía explícita o implícita de los grupos sindicales con la causa guerrillera, ofrece a algunos agentes estatales, y sobre todo a los paramilitares, la base predilecta para considerar al sindicalismo un elemento subversivo. En ese sentido, y sin que la anterior asociación se justifique –pues tal simpatía fue poco común y cada vez lo es menos, como hemos dicho–, la acción guerrillera enderezada a la supuesta defensa de los intereses de los trabajadores sindicalizados los perjudica, ya que es algo ajeno a sus prácticas laborales y, en ese sentido, pretende sustituir al sindicato por una fuerza armada externa a éste, lo que lo debilita internamente y lo expone a la acción de los grupos armados declaradamente contrarios a su existencia.

7

Esa era la mentalidad de algunos funcionarios del gobierno de Uribe Vélez. En torno a las huelgas y luchas sociales por derechos humanos que cursaban en 2008, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, en declaraciones públicas dadas el 17 de octubre de 2008, afirmó que había un “interés que busca desestabilizar, confrontar y hacer oposición política al gobierno nacional”; y la directora del DAS, María Hurtado, agregó que era una estrategia “planeada y organizada, que busca concentrar, en octubre, distintos tipos de protestas de distintos (sic) actores a lo largo y ancho del país” (El Tiempo, 18 de octubre, 2008, 1 y 4).

308

Retornando a nuestro argumento central, la violencia contra los sindicalistas afecta su organización y la debilita, y en algunas situaciones le resta autonomía o la aniquila. En su momento hemos reseñado algunos indicadores de ese proceso, y lo constatamos en el análisis de siete casos ejemplares, de los que resumiremos los principales hallazgos. Para este ejercicio acudimos a dos cuadros que sintetizan las cifras que hemos traído a colación en estos estudios de caso. Síntesis de la violencia contra sindicalistas, por casos ejemplares, 1984-2009 Casos 1er subperiodo 2º subperiodo 3er subperiodo Violaciones de ejemplares derechos humanos Número % Número % Número % Bananeros Petroleros Cementeros Palmicultores Alimentos y bebidas Salud pública Magisterio

Casos ejemplares Bananeros Petroleros Cementeros Palmicultores Alimentos y bebidas Salud pública Magisterio

Total

Todas las violaciones

171

20,3

655

77,79

16

1,9

842

Asesinatos

154

19,05

639

79,08

15

1,85

808

Todas las violaciones

40

18,69

96

44,85

78

36,44

214

Asesinatos

25

26,31

57

60,0

13

13,68

95

Todas las violaciones

34

47,22

30

41,66

8

11,11

72

Asesinatos

25

43,85

27

47,36

5

8,77

57

Todas las violaciones

39

32,77

72

60,5

8

6,72

119

Asesinatos

35

33,65

61

58,65

8

7,69

104

Todas las violaciones

29

20,27

53

37,06

61

42,65

143

Asesinatos

6

21,42

14

50,0

8

28,57

28

Todas las violaciones

18

8,1

77

34,68

127

57,2

222

Asesinatos

4

4,3

44

47,31

45

48,38

93

Todas las violaciones

107

10,7

505

50,5

388

38,8

1.000

Asesinatos

74

8,41

459

52,21

346

39,36

879

Síntesis de luchas sindicales, por casos ejemplares, 1984-2009 1er subperiodo 2º subperiodo 3er subperiodo Luchas sindicales

Total

Todas las luchas

Número 56

% 58,33

Número 35

% 36,45

Número 5

% 5,2

96

Huelgas

52

59,77

30

34,48

5

5,74

87

Todas las luchas

30

20,4

74

50,34

43

29,25

147

Huelgas

26

25,0

64

61,5

14

13,46

104

Todas las luchas

64

83,11

11

14,28

2

2,59

77

Huelgas

64

86,48

10

13,51

0

0

74

Todas las luchas

25

50,0

20

40,0

5

10,0

50

Huelgas

23

52,27

16

36,36

5

11,36

44

Todas las luchas

11

40,74

6

22,22

10

37,03

27

Huelgas

9

69,2

4

30,8

0

0

13

Todas las luchas

213

26,86

358

45,14

222

27,99

793

Huelgas

206

31,54

338

51,76

109

16,69

653

Todas las luchas

181

23,62

369

48,17

216

28,19

766

Huelgas

173

29,57

335

57,26

77

13,16

585

309

En el sector bananero de Urabá resaltamos su alta figuración en las estadísticas de violencia, especialmente entre 1985 y 1997. Allí aparece el resultado paradójico de un sindicalismo activo al término de una verdadera orgía de violencia de la cual salieron vencedores los grupos paramilitares en connivencia con sectores empresariales y de las Fuerzas Armadas. En dicha violencia se vieron seriamente comprometidos sectores políticos y militares otrora pertenecientes al campo de la izquierda, que libraron una cruda disputa territorial y por el modelo sindical. Aparentemente la pacificación de la zona permitía la existencia de un sindicato que labró relaciones con la región y se proyectó nacional e internacionalmente. Pero no solo fue una paz costosa en todo sentido, sino que implicó el sacrificio de la autonomía sindical, ya que el sindicato sobreviviente, Sintrainagro, termina aliado con el sector patronal, los militares y, por momentos, con los paramilitares, factor que favorece la implantación del modelo neoliberal en una zona de enclave extractivo por parte de capitales criollos y empresas multinacionales. En contraste con esta paz de los sepulcros que se vive en Urabá, en la zona bananera del Magdalena el conflicto sigue activo y casi en los mismos términos en que se libró la famosa huelga que derivó en la masacre de diciembre de 1928, pero ahora los trabajadores se enfrentan a empresarios criollos y no a una multinacional como la UFC, hoy llamada Chiquita Brands, por demás comprometida en la financiación de grupos paramilitares. Aunque hoy se observan nuevos signos de autonomía sindical y de capacidad negociadora por parte de Sintrainagro, aún no puede afirmarse que las tendencias observadas desde los años 90 se hayan revertido en Urabá. En el caso de los trabajadores petroleros agrupados en la USO vimos cómo la violencia contra ellos se incrementó desde 1986, primero de parte de las Fuerzas Armadas y luego con el apoyo de los paramilitares. Dicha violencia se libró justamente cuando en el Magdalena Medio y en otras zonas del nororiente colombiano se presentaban masivas movilizaciones sindicales y populares. La violencia contra los sindicalistas, que adoptó varias modalidades, incluida la de detenciones arbitrarias por supuestos cargos de terrorismo, debilitó los lazos de la USO con la población barranqueña. Como sindicato nacional de industria desde mediados de los años 90, esta organización enfrenta expresiones laborales propias de enclaves extractivos y exhibe proyecciones nacionalistas que resultan de la presencia de multinacionales en regiones como Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Putumayo, Norte de Santander y el mismo Magdalena Medio. En algunas de ellas hubo un rebrote de la violencia cuando parecía ceder en Barrancabermeja a raíz de la incursión de los paramilitares en esa ciudad. En el último subperiodo, especialmente desde 2003, baja el número de asesinatos pero aumentan las amenazas y las detenciones arbitrarias. La “solidaridad” no pedida de la guerrilla terminó debilitando al sindicato y a las demás organizaciones populares asentadas en Barrancabermeja, lo que de alguna manera abrió espacio para el posterior copamiento paramilitar. En esas condiciones, la USO no pudo oponerse con contundencia a la división administrativa de Ecopetrol y a las políticas de flexibilización laboral, e incluso difícilmente logró el reintegro de los despedidos a raíz de las últimas huelgas. Pero la USO sigue viva, todavía en un contexto de 310

hegemonía paramilitar en el Magdalena Medio, y continúa siendo una piedra en el zapato de las políticas privatizadoras en materia petrolera. En contraste, los sindicalistas cementeros, particularmente los de la zona antioqueña del Magdalena Medio, luego de haber librado importantes luchas por sus derechos y los de las comunidades en las que vivían, fueron duramente golpeados, casi hasta el exterminio. Llama la atención la brutalidad y contundencia de la maquinaria de guerra paramilitar, con ayuda de sectores de las Fuerzas Armadas, contra esos trabajadores, cuyas simpatías políticas estaban inclinadas a la UP. Como si ser sindicalista y miembro de la UP fuera un pecado que se debía arrancar de raíz. Claro que esos avances laborales y políticos fueron acompañados de interferencias “solidarias” de la insurgencia, que también menguaron la capacidad de acción contenciosa del sindicalismo cementero. Debilitados en el Magdalena Medio, poco fue lo que pudieron hacer los trabajadores para resistir los efectos de la apertura neoliberal en el conjunto nacional de esa industria. Pese a todo, el sindicalismo cementero se resiste a desaparecer, incluso en esa región, y recientemente ha reanimado sus filas y negociado algunas convenciones laborales, bajo la orientación de Sutimac. La destrucción del sindicalismo construido por los palmeros del sur del Cesar, norte de Santander y parte de Antioquia fue también dramática, aunque el proceso ocurrió con un cierto rezago temporal con relación al cementero. Si en algún sector económico es claro el proyecto narco-paramilitar es en éste, y, por supuesto, en él no cabía un sindicalismo autónomo. Tanto es así, que hoy prácticamente se vuelve al mismo punto de 1977, si no a uno anterior: se (re)implantan relaciones laborales indirectas y sin contratación colectiva, que significan el desconocimiento del sindicato. Mientras tanto, la lucha sindical disminuye hasta casi desaparecer. Tal vez por ese motivo hoy no se recurre tan intensamente a la violencia contra los sindicalistas como en los primeros subperiodos. También en este sector las acciones de “solidaridad” guerrillera no fortalecieron al sindicalismo porque eran algo externo a él. Por lo demás, el empobrecimiento del mundo laboral de la palma aceitera ha seguido su curso en el seno de las numerosas CTA creadas por los empresarios al amparo de las armas, aunque en los últimos años los trabajadores de tales cooperativas han desarrollado protestas que desafían el orden paramilitar. En el sector de bebidas y alimentos, y en particular el manejado por Coca Cola y Nestlé-Cicolac, se observa la más reciente violación de derechos humanos contra los sindicalistas. Es un tipo de violencia muy conectado con los enclaves extractivos, encarnados en estos casos por empresas multinacionales, en donde ocurrieron luchas –un tanto rezagadas con relación a otros sectores laborales– por modernizar las relaciones de trabajo. Hechos que son respondidos por una creciente violencia oficial y paramilitar en connivencia con empresas multinacionales, todo lo cual debilita al sindicato más afectado, Sinaltrainal. El asunto ha despertado una amplia solidaridad del mundo del trabajo, especialmente del nuevo sindicalismo norteamericano, que ha permitido, no tanto frenar la violencia contra los sindicalistas como lograr que, al menos, los culpables 311

sean conocidos. Sin duda, convocar a la solidaridad internacional constituye una importante estrategia para la subsistencia de aquellos sindicatos que no han perdido su autonomía y la orientación de resistir a la reestructuración neoliberal. Pero eso mismo sigue colocándolos en la mira de quienes quieren implantar dicha reestructuración a sangre y fuego. De ahí que la lucha sindical en este sector esté todavía seriamente amenazada, en el sentido más literal de la expresión. Los trabajadores sindicalizados de la salud son ejemplares por el acercamiento de capas medias a típicos sectores asalariados en torno a la lucha por los derechos laborales comunes y crecientemente por la defensa de la salud pública. Esos procesos, junto con todo lo que significa la oposición del sindicalismo de este sector a los negocios que surgen de la privatización del servicio de la salud – derivada de la Ley 100 de 1993– y la política de transferencias presupuestales, conforman algunas de las razones de la reciente violencia contra los sindicatos. Constatamos, además, que los homicidios aumentaron en los años 90 y especialmente entre 2000 y 2003, para disminuir desde ese año, pero que se mantienen otros indicadores de violación de derechos humanos, en especial las amenazas. Esta violencia reciente sugiere la aparición de factores nuevos, como el mayor impacto sobre las mujeres sindicalizadas y, en no pocas ocasiones, la afectación de sus núcleos familiares. Por ello el sindicalismo de este sector muestra signos de debilidad, y resulta todavía más preocupante la pérdida de solidaridad ciudadana en un momento de cierre y privatización de numerosos hospitales y otros centros de salud pública. Por último, el magisterio agrupado en Fecode es expresión del sector estatal más fuerte en términos de afiliados y cobertura. Los maestros sindicalizados han librado también amplias luchas por la mejora de sus condiciones de existencia, pero ellas se proyectan cada vez más hacia la defensa de la universalidad y la calidad de la educación. Esto los lleva a involucrarse en la denuncia de desvíos de recursos educativos por los canales de las transferencias. Todo ello hace más vulnerable al maestro sindicalizado y lo expone a una violencia con altos indicadores, que no ha cejado en los tiempos recientes y que involucra crecientemente a las mujeres sindicalizadas y sus núcleos familiares. Aunque Fecode muestra todavía fuerza sindical y ha logrado importantes conquistas para los maestros como asalariados, intelectuales y ciudadanos, hay serias tensiones en su seno y no ha obtenido todo lo que se propone, en especial en su resistencia a políticas oficiales que, a su juicio, privatizan la educación y le restan dignidad al oficio docente. Estos casos “ejemplares”, que se articulan a la realidad nacional de hoy, hacen patente una situación crítica del sindicalismo colombiano. Así lo entienden los actores de esta historia. Por ejemplo, el VII Congreso de la CUT, reunido el 24 de julio de 2007, declaró: “La CUT reconoce al movimiento sindical como una víctima de violaciones de derechos humanos, entendiendo a las víctimas como sujetos políticos activos que demandan verdad, justicia, reparación y no repetición” (ENS, Cultura y Trabajo, Nos. 72/73, septiembre 2007, 104). 312

No por azar la violencia contra el sindicalismo coincidió con los auges de las luchas sindicales y populares de los años 80 y parte de los 90.8 Si hoy disminuye o, mejor, se transforma, es porque los asesinatos segaron preciosas vidas de dirigentes y activistas sindicales. Es claro que el resultado de tal violencia es funcional al objetivo de restarle fuerza al sindicalismo que causa estorbo a la apertura económica de corte neoliberal. El daño está causado y en parte es irreparable. Las víctimas, como lo afirma la CUT, exigen “verdad, justicia, reparación y no repetición”. Los victimarios deben ser aprehendidos y judicializados. En ese contexto son comprensibles las frecuentes denuncias de que Colombia sigue siendo el país más peligroso del orbe para el ejercicio sindical.9 El camino para recuperar la fortaleza y la autonomía del sindicalismo, sin las cuales difícilmente funciona una democracia, es largo y tortuoso. Al propósito, citamos las palabras expresadas en 2003 por el director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Nadie puede desconocer el poderoso y significativo papel que las organizaciones sindicales cumplen con respecto al desarrollo de la vida democrática de cualquier país. Los sindicatos no solamente son órganos de negociación colectiva, de cooperación mutua y de representación, sino también agentes eficaces de la educación en los derechos humanos, centros impulsores del robustecimiento de la solidaridad entre los trabajadores, y mecanismos al servicio de la acción común por ellos emprendida para el logro de sus reivindicaciones” (Frühling, 2003, 1). Al mencionar el caso colombiano, el mismo funcionario lanzó una voz de esperanza: “También es notorio que los sindicatos colombianos han tenido una decisiva y notable influencia en el nacimiento y el desarrollo de muchas de las normas expedidas por las autoridades nacionales en el ámbito del derecho laboral y del derecho a la seguridad social. Es de desear que esta influencia se mantenga y pueda seguirse empleando constructivamente en las diferentes instancias de participación democrática previstas por la Constitución y por las leyes del país” (Ibíd., 2). Ese también es nuestro deseo y a él esperamos haber contribuido con este estudio. 8

Todavía resuena con plena vigencia la declaración que sobre el sentido político de las masacres que vivía el país a fines de los 80 formulara el entonces Procurador General, Horacio Serpa, en marzo de 1989: “no son equivocaciones ni venganzas particulares. Los sucesos tienen todas las características de ser crímenes políticos cumplidos para castigar adhesiones partidistas o solidaridades ideológicas, o para amedrentar a comunidades enteras, en la idea de mantener situaciones económicas o de impedir el crecimiento de ciertas formas de expresión popular” (citado en Amnistía Internacional, 1989). 9 Según reciente informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI), “De las 101 víctimas (a nivel mundial), 48 fueron asesinadas en Colombia, 16 en Guatemala, 12 en Honduras, 6 en México, 6 en Bangladesh, 4 en Brasil, 3 en la República Dominicana, 3 en Filipinas, 1 en la India, 1 en Iraq y 1 en Nigeria (…) 22 de los sindicalistas colombianos asesinados eran dirigentes sindicales, y 5 de ellos mujeres, lo que mantiene la acometida registrada en años anteriores (…) „Colombia ha vuelto a ser el país donde defender los derechos fundamentales de los trabajadores significa, con mayor probabilidad que en ningún otro país, sentencia de muerte, a pesar de la campaña de relaciones públicas del Gobierno colombiano en el sentido contrario‟, dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI” (Informe Anual de la CSI, junio de 2010. Consultado en línea).

313

RECOMENDACIONES10 1. El Estado colombiano debe:  Reconocer, ante todo, la magnitud de la crisis humanitaria del país y en concreto la que afecta a los sindicalistas colombianos. Igualmente debe reconocer su responsabilidad, por acción u omisión, en la violación de derechos humanos a los trabajadores sindicalizados y comprometerse decididamente en acabar con la impunidad que cubre esta violencia.  Consolidar y aplicar un marco jurídico acorde con los principios constitucionales y los estándares internacionales de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que conduzca a la protección, la garantía de los derechos y el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la reparación integral de los trabajadores sindicalizados, de sus organizaciones y de sus familias, a los cuales se les han violado sus derechos con base en el principio de responsabilidad del Estado. Esto implica mejorar sustancialmente la capacidad de investigación judicial en los crímenes contra los sindicalistas.  Actualizar y poner en funcionamiento una política pública que tenga como centro el reconocimiento de los derechos y las responsabilidades de los trabajadores sindicalizados, con la cual todas las instituciones del Estado garanticen el respeto y el cumplimiento integral de los derechos sindicales, incluidos aquellos que el Estado colombiano ha firmado en los tratados internacionales. Ello implica establecer y destinar en el presupuesto nacional los recursos necesarios para hacer efectivas las políticas públicas que se establezcan.  Priorizar en la agenda política del Estado los derechos económicos, sociales y políticos de los trabajadores, en igual nivel en que se establecen los problemas macroeconómicos y de inversión de capitales en el país. Hacer de los asuntos propios del mundo de los sectores asalariados –ingresos, seguridad social, leyes laborales, etc.– una prioridad de la agenda política y de paz del país para los próximos años, promoviendo el diseño legislativo, normativo e institucional necesario para garantizar los derechos de los trabajadores. En este proceso se debe contar con la participación y las propuestas de las organizaciones sindicales y sociales, y tener como base el derecho internacional de los derechos humanos y los derechos laborales –ONU, OIT–, además de la jurisprudencia nacional e internacional en la materia.  Garantizar la participación activa de las organizaciones sindicales como interlocutoras válidas para el diseño, implementación y seguimiento de las 10

Estas recomendaciones deberían extenderse a otras poblaciones víctimas de violaciones de derechos humanos, como indígenas, campesinos, afrodescendientes, mujeres, homosexuales, periodistas, intelectuales y defensores de derechos humanos, entre otras, pero por el carácter de este estudio nos concentramos en los trabajadores sindicalizados. Igualmente suscribimos las recomendaciones que en diversos momentos han hecho la OIT, la ONU, la CSI y otras instancias internacionales y nacionales de derechos humanos y sindicales. Las que aquí resaltamos son las que consideramos prioritarias en la actual coyuntura.

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políticas públicas que las benefician. Tal participación contribuirá al reconocimiento social y político de estas organizaciones y al ejercicio pleno de sus derechos como asociaciones de ciudadanos enmarcadas en el Estado social de derecho.  Detener la represión, criminalización y judicialización de la protesta social y los señalamientos como terroristas de los líderes sindicales, así como sus procesos organizativos y de movilización, protesta y exigencia de sus derechos, y crear, en cambio, espacios de análisis, debate y concertación de alternativas frente a los problemas y demandas de los trabajadores. Esto implica legitimar la protesta social y aplicar el Artículo 23 de la Constitución de 1991.11  Hacer un riguroso y permanente seguimiento estadístico pormenorizado de los indicadores de violencia contra los sindicalistas, así como de los procesos de negociación y protesta laboral, de forma tal que permitan mantener un seguimiento de los avances y retrocesos de las demandas sindicales, especialmente por derechos humanos, y los compromisos pactados con empresarios y el gobierno. 2. Los sindicatos deben:  Fortalecer sus organizaciones con base en la práctica de la democracia y el pluralismo en el seno de sus colectivos, la discusión creativa y propositiva enderezada a la construcción de propuestas y alternativas de solución de sus problemas, una cultura sindical que exija sus derechos y asuma sus responsabilidades ciudadanas y sociales y una formación política y ética que enriquezca y consolide a las organizaciones sindicales en su determinación de contribuir al desarrollo incluyente y a la paz duradera del país.  Promover entre las diversas organizaciones sindicales procesos de convergencia y unidad que reconozcan las diferencias y el valor de la diversidad como oportunidad para elevar su representatividad y prestigio, a fin de presentar propuestas complementarias frente a los problemas y necesidades de los trabajadores y de la nación entera.  Comprometerse en el impulso decidido del sindicalismo de cobertura industrial, con la mira de disponer de un solo organismo representativo por rama económica, y buscar la mayor densidad sindical bajo el lema de menos sindicatos y más sindicalistas.  Denunciar inmediatamente, acudiendo a la mayor difusión posible, los casos de violación de derechos humanos contra los sindicalistas. Sostener las denuncias penales en las instancias judiciales, a fin de obtener el castigo de los culpables.  Idear estrategias para mostrar a la sociedad que sus exigencias, reivindicaciones y propuestas están basadas en el respeto de los derechos humanos integrales; que hacen parte del crecimiento de una sociedad democrática y éticamente sana; que los sindicatos no son la causa de las inequidades y las exclusiones económicas y políticas que ha vivido el país y que, 11

El artículo reza así: “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta solución”. En esto apoyamos las recomendaciones del Informe de Desarrollo Humano de Pnud hechas en 2003 (Gómez, 2003, 375-381).

315

al contrario, son parte de la solución. Se trata de impulsar una nueva expresión de cultura sindical, abierta a cambios profundos de la sociedad y protagonista de alternativas que van más allá de los intereses sectoriales de la fuerza de trabajo.  Aunar esfuerzos con otros sindicatos, las confederaciones, las ONG de derechos humanos y los centros de investigación laboral para adelantar un riguroso seguimiento estadístico de la violencia que se ejerce contra ellos, así como de la trayectoria y resultados de sus luchas, documentándolas y aportando la mayor información posible. 3. A las diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil se les pide:  Aportar, desde su respectivo campo de acción –académico, gremial, cultural, eclesial, de comunicación, etc.–iniciativas para que las organizaciones de trabajadores y los sindicatos sean reconocidos como colectividades de ciudadanos con derechos, que fortalecen la convivencia social y el progreso de la nación en la misma medida en que tienen como misión la promoción y defensa de los derechos de los trabajadores, así como el impulso de sus responsabilidades ciudadanas como sujetos sociales y políticos.  Ejercer presión sobre el gobierno nacional y los organismos de vigilancia internacional para que en Colombia se implemente una real política de respeto a los derechos humanos de los sindicalistas, así como de otros sectores sociales y ciudadanos afectados por la violencia.  Promover el compromiso que diversas entidades e instituciones colombianas tienen, como parte de su responsabilidad ética y social, de participar en la construcción de soluciones y el esclarecimiento de la verdad frente al asesinato de sindicalistas y la grave situación de violación de los derechos humanos que han soportado sus familias y sus organizaciones durante más de cuatro décadas.  Desincentivar el señalamiento y la criminalización que la sociedad le ha endosado a los sindicatos como provocadores del caos social y obstáculos para el desarrollo económico del país, y, por el contrario, ayudar a establecer, con la contribución de los sindicatos y el Estado, escenarios donde se reconozca el valor político y social de los sindicatos para el desarrollo de la democracia en nuestra sociedad. 4. La comunidad internacional debe:  Promover ante el Gobierno colombiano y sus dependencias el cumplimiento de los acuerdos nacionales y de la legislación internacional que ha suscrito el Estado colombiano para el diseño e implementación de políticas públicas nacionales en materias concernientes al mundo laboral.  Mantener la atención puesta en la violación histórica y sistemática de los derechos humanos que les ha tocado soportar a los sindicalistas en Colombia, especialmente del derecho a la vida, con el fin de ejercer presión internacional y colaborar políticamente a que se brinde una adecuada atención a ese problema.

316

 Apoyar con la cooperación internacional el desarrollo de propuestas que contribuyan a la recuperación del ejercicio sindical y al reconocimiento y preservación de los derechos laborales.  Tener presente que la eventual aplicación de los Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos internacionales debe implicar la garantía de respeto a los derechos humanos en Colombia, particularmente contra los sindicalistas, e igualmente el seguimiento de los compromisos gubernamentales para lograr sustantivos avances en la materia.

317

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Incluimos aquí solo las fuentes primarias utilizadas en esta investigación. A esta lista habría que agregar las ya señaladas en la construcción de las bases de datos, que se citaron en la sección respectiva. 2 Aparte de las incluidas en los libros de Carrillo y Kucharz (2006) y de Celis (2004).

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ANEXO 1 Categorías del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de CINEP Ejecución Extrajudicial = Es un homicidio intencional perpetrado en forma deliberada y arbitraria por un agente estatal, por un particular que actúa con el apoyo, la anuencia, la aquiescencia o la tolerancia de un agente estatal, o por un particular que actúa gracias a la ausencia de garantías y de protección de la víctima por parte del Estado. No se clasifican bajo este código aquellas muertes violentas perpetradas en el marco de movilizaciones o protestas pero cuyo carácter deliberado no es claro. Si se trata de líderes o personas que previamente hayan sido amenazadas, perseguidas o víctimas de atentados, sí pueden considerarse como blancos deliberados de la ejecución; si no, deben clasificarse como ejecuciones por abuso de autoridad. Atentado = Es el intento de destruir la vida o de afectar la integridad física de una persona en forma intencional, por parte de agentes directos o indirectos del Estado. Amenaza individual = Es la manifestación de violencia contra una persona por parte de agentes directos o indirectos del Estado, que la colocan en situación de víctima potencial de agresiones contra su vida o integridad, afectando su estabilidad psíquica. Amenaza colectiva = Es la manifestación de violencia contra un grupo de personas por parte de agentes directos o indirectos del Estado, que lo colocan en situación de víctima potencial de agresiones contra su vida o integridad, afectando su organización o su lucha por la reivindicación de derechos. Tortura = “Es todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia” (Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Resolución 39/46 de la Asamblea General de la ONU, 10 de diciembre de 1984, art.1). Herida = Es toda forma de “Heridas o lesiones infligidas a una persona, ya por un intento frustrado de asesinato, ya como forma de castigo por sus posiciones o actividades, o como intimidación para que abandone éstas o las transforme, cuando son causadas por un funcionario público u otro persona en ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su conocimiento o aquiescencia” (Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 327

Degradantes. Resolución 39/46 de la Asamblea General de la ONU, 10 de diciembre de 1984, artículo 1). Desaparición forzada e involuntaria = “Es la privación de la libertad a una persona, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes” (Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 1993). Para registrar las Desapariciones Forzadas habrá que tener en cuenta tres situaciones: 1. Los casos en que no se vuelve a tener noticia de la víctima; 2. Los casos en que la persona aparece con vida posteriormente; 3. Los casos en que posteriormente es hallado el cadáver de la víctima. En estos casos se registrará también el crimen de Ejecución Extrajudicial, pero de ninguna manera se omite el registro de la Desaparición Forzada: se cuentan las dos o más “victimizaciones”. Detención arbitraria = Consiste en privar de la libertad a una o a varias personas por parte de agentes directos o indirectos del Estado, por razones y mediante procedimientos no contemplados en la ley penal. La arbitrariedad e ilegalidad de esta violación se puede configurar:  

  

cuando no existe orden escrita de autoridad judicial competente ni se presenta estado de flagrancia; cuando la detención es decidida y ejecutada por miembros de las Fuerzas Armadas en desarrollo de facultades concedidas por alguna Ley, pues tales facultades se concederían en violación de instrumentos internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos; cuando persiste la detención tras el vencimiento de los términos legales; cuando persiste la detención tras el cumplimiento de la pena; cuando las razones que se invocan para justificar la detención, explícita o implícitamente criminalizan conductas que no pueden ser consideradas como ilegales, como la protesta social, la pertenencia a movimientos sociales, reivindicativos o políticos, así se califiquen con tipos penales arbitrarios o ambiguos, tales como los de “rebelión”, “terrorismo”, “asonada” o “concierto para delinquir”.

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El Banco de Datos solo registrará esta forma de violación de derechos humanos cuando sean evidentes los móviles políticos, es decir, cuando se advierta la intencionalidad de reprimir la protesta social, la organización social o la oposición política, utilizando tipos penales amañados y/o procedimientos irregulares. Deportación = Es el retorno forzado a su patria, de personas protegidas, ya sean individuos, grupos o grandes contingentes, que afluyen de manera desordenada al territorio de un país vecino con el fin de evitar los riesgos que corren en el país de origen. En esta categoría, el Banco de Datos registrará aquellos hechos que involucren a las autoridades colombianas y a las de los Estados vecinos (a las que se les denominará Agente extranjero) en la expulsión de colombianos que acuden a otro país en busca de refugio. Se registrará en primera instancia el desplazamiento forzado hacia el territorio del país vecino y si las personas son obligadas a retornar sin las debidas garantías, se configurará la deportación. Para los casos que sucedan fuera del territorio colombiano, pero en las fronteras y sus zonas adyacentes, el Banco de Datos utiliza el campo geográfico “frontera”. Los hechos pueden ser perpetrados allí por agentes extranjeros o nacionales. Puede darse el caso de deportaciones con responsabilidad conjunta de agentes extranjeros y nacionales. Desplazamiento forzado colectivo = Se entiende por desplazamiento forzado colectivo, aquella migración a la que se ve forzado un colectivo humano, dentro del territorio nacional o hacia las zonas de frontera, abandonando su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, porque sus vidas, integridad física o libertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas por causa y con ocasión del conflicto armado interno o por las violaciones masivas de los derechos humanos. Confinamiento = Consiste en impedir la movilidad de personas o colectividades, por parte de agentes directos o indirectos del Estado, con el fin de impedirles protegerse de agresiones que atentan contra sus derechos fundamentales; evitar la denuncia de las violaciones a sus derechos; entrar en contacto con grupos u organizaciones no afectas al Estado; someterlas a cercos de hambre o carencia de otros abastecimientos, como forma de presión para que colaboren con el actor armado estatal o paraestatal o de castigarlas por sus posiciones de no colaboración. El banco de Datos sólo registra actos de confinamiento colectivo, con los mismos criterios con los cuales se han registrado los casos de desplazamiento forzado.

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Modalidades específicas de violencia político social, por motivos de persecución política, según los bienes protegidos: a. Contra la Vida: Asesinato político = Es la privación de la vida de una persona por particulares o autores no identificados, en forma deliberada y con intención de castigar o impedir sus actividades o posiciones ideológicas o su pertenencia a determinadas organizaciones. Atentado = Es el intento de destruir la vida o de afectar la integridad física de una persona, del cual sale ilesa la víctima, perpetrado por individuos o grupos no estatales ni para-estatales o por autores no identificados. Amenaza individual = Es una manifestación de violencia contra una persona por parte de individuos o grupos no estatales ni para-estatales o de autores no identificados, que la colocan en situación de víctima potencial de agresiones contra su vida o integridad, con miras a castigar o impedir sus actividades sociales o políticas, afectando su estabilidad psíquica. Amenaza colectiva = Es una manifestación de violencia contra un grupo de personas por parte de individuos o grupos no estatales ni para-estatales, que lo colocan en situación de víctima potencial de agresiones contra su vida o integridad, afectando su organización o su lucha por la reivindicación de derechos, apareciendo como causa determinante de la misma, móviles de persecución política. b. Contra la Integridad Personal: Tortura = Es todo acto intencional por el cual se inflige a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, motivados en razones políticas y cometidos por personas o grupos particulares o no estatales. Herida = Es toda lesión infligida a una persona, ya por un intento frustrado de asesinato, ya como forma de castigo por sus posiciones o actividades, o como intimidación para que abandone éstas o las transforme, cuando son causadas por personas o grupos no estatales ni para-estatales o actores no identificados. c. Contra la Libertad Personal: Secuestro perpetrado por organizaciones insurgentes = Es la privación de la libertad de una persona civil por parte de una organización insurgente, ya con el fin de obligarla a entregar una suma de dinero destinada a la financiación de dicha organización o de sus acciones bélicas, ya con el fin de enviar un mensaje, de producir un impacto en la opinión pública o de impedir una determinada actividad de la víctima. Es necesario tener mucho cuidado al registrar la información sobre 330

el Secuestro, a fin de distinguirlo claramente de otras figuras, como la del Escudo o la de la Toma de Rehenes, las cuales constituyen infracciones graves al DIH. Dadas las circunstancias de clandestinidad que rodean la acción del Secuestro y la proliferación de este método entre las formas de delincuencia común, así como los agravantes de desinformación que frecuentemente lo acompañan y que generan una tendencia irreflexiva de atribuir esos actos, sin fundamento, a los grupos insurgentes, se hace necesario extremar las cautelas en la clasificación de este tipo de violencia. Rapto por móviles políticos = Es el ocultamiento o traslado de una persona, contra su voluntad, realizado por autores no identificados, llevando a la víctima a sitios desconocidos, dejando a su familia o a sus allegados en completa ignorancia sobre su paradero y a la víctima en una situación de indefinición existencial. Sólo se registra este tipo de hechos cuando, de acuerdo con el modus operandi de los victimarios; con las características personales, profesionales, sociales o políticas de la víctima, o con elementos del contexto, se pueda presumir fundadamente que los victimarios actuaron por móviles de persecución política. Es necesario anotar que el Rapto se asemeja mucho a la Desaparición Forzada, la cual constituye un típico crimen de Estado y por lo tanto una clara violación a los Derechos Humanos. Lo que diferencia el Rapto de la Desaparición Forzada es la indeterminación del autor o autores o la identificación de éstos como personas totalmente ajenas al Estado y a sus grupos auxiliares, aunque los móviles puedan ser idénticos.

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ANEXO 2 Categorías de la Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep - Actores = Se definen a partir de las identidades que proyectan y las demandas que exigen. En la actualidad se cuentan los siguientes actores: asalariados, campesinos, pobladores urbanos y pobladores de frontera urbano-rural, estudiantes, grupos étnicos (indígenas y afrocolombianos), mujeres, sector Lgbt (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas), trabajadores independientes, empresarios –un grupo de presión que, sin ser movimiento social, a veces protesta–, desplazados, desmovilizados y reclusos. - Modalidades= Recogiendo lo que convencionalmente trabajan los analistas sociales en Colombia tenemos los siguientes: paros o huelgas,3 movilizaciones – incluyen marchas, mítines, plantones, caminatas y manifestaciones en general–, invasiones de tierras urbanas o rurales, tomas de entidades, bloqueos de vías, huelgas de hambre, actos de resistencia civil y disturbios que implican choques con la fuerza pública. En términos operativos y para no duplicar registros, cuando en un conflicto social se producen varias modalidades de protesta, contabilizamos solo la que más abarca. Por ejemplo el paro o huelga suele implicar movilizaciones paralelas, a veces también tomas de entidades y disturbios o aun huelgas de hambre, pero solo se contaría la primera por el tiempo de duración de todo el conflicto. En la información cualitativa que acompaña a cada registro se cuentan las otras modalidades incorporadas. Es de advertir que esta Base de Datos de Luchas Sociales no registra las acciones armadas de la guerrilla o de los paramilitares, pues ellas corresponde a otro tipo de cuantificación –la que mide la violencia–, además de no considerar a los agentes armados como actores de movimientos sociales. - Motivos = Es la variable más compleja, pues cada actor prácticamente posee una agenda propia de reivindicaciones. Se han acuñado 13 categorías que van desde demandas más materiales hasta las más políticas y culturales: condiciones de trabajo (salarios, empleo, etc.), tierra y vivienda, servicios públicos domiciliarios, servicios sociales (educación y salud principalmente), incumplimiento o violación de leyes y pactos, derechos humanos, demandas en torno a autoridades, por políticas públicas en todos los niveles del Estado, ambientales, por solidaridad nacional o internacional, por conmemoraciones –en memoria de personas o eventos nacionales e internacionales–, oposición a otras protestas y, por último, aquellas protestas sobre las cuales no hay información clara. - Convocantes= Esta categoría se refiere a las organizaciones que convocan la protesta y las categorías son prácticamente las mismas de los actores, pero además se incluye a las ONG, las iglesias, los partidos o movimientos políticos y eventualmente a las autoridades locales y regionales que llaman a protestar.

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Recodar nuestra precisión con respecto al uso de la categoría huelga en el sector sindical.

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- Adversarios= Definidos como los grupos a los que se enfrentan las luchas sociales. Especial atención se presta a las entidades estatales en diferentes niveles (local, regional o nacional), las fuerzas armadas regulares e irregulares (en las que se distingue a la insurgencia de los paramilitares), así como a los grupos o personas pertenecientes a la sociedad civil. - Ámbito y Espacio= Se distinguen distintos ámbitos desde el submunicipal y municipal, el subregional, regional y nacional, hasta el global cuando la protesta se produce en ese ámbito. A partir de esta ubicación espacial, la Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep ofrece información de los municipios donde tienen lugar las protestas, según la clasificación del Dane. Esta información agrupa las luchas también por departamentos, a pesar de la heterogeneidad de estas unidades administrativas. Igualmente el Centro dispone de mapas que georreferencian las protestas por municipios desde 1975 hasta el presente, por años y por quinquenios.

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ANEXO 3 Análisis estadístico de la relación entre Violencia Sindical y Protesta Sindical (Documento de resultados preparado para el Cinep) Preparado por: CERAC Elaborado por: Mayra Iglesias y Manuel Moscoso Revisado por: Jorge A. Restrepo Agosto 30 de 2010 1. Objetivo Este documento tiene como objetivo validar estadísticamente las hipótesis planteadas por el Cinep en su estudio “Incidencia de la violencia contra los trabajadores sindicalizados y evolución de su protesta”. Se hacen algunas sugerencias partiendo de la necesidad de matizar los resultados frente a las claras diferenciaciones regionales y temporales de las dinámicas de las luchas sindicales y la violencia contra los sindicalistas. 2. Metodología En términos metodológicos se plantea la exploración de los datos a partir de las hipótesis mencionadas en el informe de Cinep, mediante técnicas de análisis estadístico con aplicaciones econométricas dirigidas a establecer el grado de asociación, sin controlar y controlando por terceras influencias, así como el análisis de causalidad. Los resultados aquí expuestos están sujetos a dos limitaciones: en primer lugar por la ausencia de información que permita profundizar en el análisis, particularmente por la ausencia de controles y variables instrumentales que permitan resolver potenciales problemas de endogeneidad. En segundo lugar, por la calidad y cobertura misma de los insumos de información, cuyas normales limitaciones deben ser consideradas al valorar resultados de orden estadístico. 3. Hipótesis Cinep A continuación se exponen las hipótesis planteadas por Cinep en el informe mencionado. Hipótesis 1 “La violencia contra los trabajadores sindicalizados además de ser una constatación dramática de la crisis humanitaria que vive el país en tres últimos decenios, termina produciendo el debilitamiento del sindicalismo cuando no su aniquilación” (pág. 3).

335

Este debilitamiento sindical al que hace referencia el Cinep está ligado a la dinámica decreciente de la actividad sindical (huelgas y otras modalidades de lucha). De esta manera, el planteamiento de la primera hipótesis consiste en establecer una relación negativa o inversa entre las dos variables propuestas: violencia sindical medida en términos de víctimas letales y no letales pertenecientes a un sindicato, y las luchas sindicales en las que se incluyen las huelgas (o paros), movilizaciones, tomas y bloqueos. Hipótesis 2 Por momentos se insinuaba otra hipótesis que anotaba a una causalidad distinta, pero que el Cinep no considera es su argumento central para su lectura de los procesos en el plano nacional, así pueda funcionar para algunos casos ejemplares. Dicha hipótesis sugería que la acción sindical contenciosa era la que provocaba la violencia contra los sindicalistas.

Lo anterior implica una relación positiva o directa entre las luchas sindicales y la violencia contra los sindicalistas. 4. Análisis estadístico de la información En esta sección se presentan un conjunto de gráficos y correlaciones que en algunos casos permite reforzar los planteamientos realizados por el Cinep. En primer lugar, resulta pertinente resaltar que el fenómeno de la violencia contra sindicalistas no se distribuye de manera homogénea en el territorio nacional. De hecho, el 80% de la victimización sindical se concentra en 10 departamentos, estos son: Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Bogotá D.C, Cesar, Atlántico, Norte de Santander, Magdalena, Córdoba y Arauca. Por esta característica particular, los análisis que se presentan en este documento se construyen con una desagregación geográfica departamental y con una periodicidad anual.

336

4.1. Análisis de correlaciones Tabla 1 Correlaciones Nivel anual- departamental Variables

Coeficiente de correlaciòn Nivel de de Spearman significancia

Víctimas totales vs. Luchas 0,49 Víctimas letales vs. Huelgas 0,31 Víctimas letales vs. Otras formas de 0,21 luchas sindical

Significativa al 5% Significativa al 5% Significativa al 5%

La tabla 1 muestra los resultados de las correlaciones calculadas a nivel anual departamental de los siguientes pares de variables4: Víctimas sindicalistas totales vs. Luchas sindicales: para este caso el resultado de la correlación es positivo y significativo estadísticamente, lo que implica que en aquellos años en los que hay una mayor victimización sindical (letal y no letal) en un departamento, ésta se encuentra relacionada con un mayor número de luchas. Víctimas sindicalistas por violencia letal5 vs. Huelgas: Al hacer una desagregación y explorar la relación de víctimas letales y de huelgas, la relación positiva se mantiene y sigue siendo significativa, este resultado hace robusta la relación encontrada con los totales de las variables de interés. Víctimas sindicalistas por violencia letal vs. Otras formas de lucha sindical (diferentes a huelgas): Nuevamente el resultado en la correlación es positiva y significativa, a pesar de ser más pequeña en tamaño (grado de asociación), ésta se mantiene. A continuación se presentan estos resultados gráficamente con una diferenciación por departamento. Los departamentos seleccionados para este análisis gráfico corresponden a los que mayor participación tiene en el fenómeno de este tipo de violencia medido en términos de victimización.

4

La correlación muestra el grado de asociación entre las dos variables y por su “significancia” se puede descartar que es diferente de cero y por razones que no se pueden atribuir al azar. En este punto es preciso aclarar que la existencia de una relación entre dos variables no tiene implicación alguna sobre una posible causalidad o su dirección, por lo que se requiere hacer una lectura cuidadosa de este resultado. 5 El análisis de la victimización no letal se excluye debido al alto sub registro –años con cero– presente en a información suministrada por Cinep, el cual puede causar distorsión en las conclusiones.

337

Gráfico 1 Victimización contra sindicalistas vs. Lucha sindical 1984-2009 250

200

150

100

50

0 0

10

20

30

40

50

Luchas sindicales Antioquia

Santander

Valle del Cauca

Bogotá

Cesar

Atlántico

Norte de Santander

M agdalena

Córdoba

Arauca

Gráfico 2 Victimización letal contra sindicalistas vs. Lucha sindical 1984-2009 200

Víctimas letales

150

100

50

0 0

10

20

30

40

Huelgas sindicales Antioquia

Santander

Valle del Cauca

Bogotá

Cesar

Atlántico

Norte de Santander

M agdalena

Córdoba

Arauca

338

Gráfico 3 Victimización contra sindicalistas vs. Otras formas de lucha sindical 1984-2009 200

Victimización letal

150

100

50

0 0

10

20

30

40

Otras modalidades de lucha sindical (diferentes a huelgas) Antioquia

Santander

Valle del Cauca

Bogotá

Cesar

Atlántico

Norte de Santander

M agdalena

Córdoba

Arauca

Loa gráficos 1, 2 y 3 se caracterizan por la concentración de puntos que indican bajos niveles de victimización y bajos niveles de lucha, lo que está relacionado con la distribución geográfica de la violencia contra sindicalistas. Se resalta el caso de Antioquia, donde la victimización y la lucha sindical presentan niveles muy altos respecto a los demás departamentos. Más adelante se verá como Antioquia fue el departamento que jalonó la dinámica nacional de la victimización. Los resultados presentados en esta sección insinúan la eventual hipótesis 2 del Cinep, según la cual existe una relación directa entre la violencia sindical y la actividad sindical. Nótese, sin embargo, que es necesario cualificarla, pues las gráficas muestran que algunos pares de datos (departamentos-años) de hecho muestran niveles altos de luchas (y huelgas) al tiempo que muestran bajos niveles de violencia. Dado que el análisis de correlación no considera las dimensiones temporales y espaciales, ni la influencia de terceros factores, pasamos a un análisis que atiende estas variables.

339

5. Análisis gráfico temporal En esta sección se realiza un análisis netamente descriptivo de las dinámicas temporales de las variables analizadas. Partimos de un análisis nacional seguido por uno departamental que permitirá conocer las dinámicas propias y diferenciales existentes entre ellos. Gráfico 4 Víctimas sindicales vs. Luchas sindicales en el nivel nacional 350

300

250

200

150

100

50

0

Víctimas sindicalistas (letales y no letales)

Luchas sindicales

Víctimas letales

El gráfico 4 muestra las dinámicas de las series totales de víctimas sindicales (letales y no letales), luchas sindicales y la desagregación por víctimas letales. Si bien, la eventual Hipótesis 2 podría no funcionar dado que la gráfica sugiere una relación negativa entre la variable de víctimas y la de luchas sindicales en el nivel nacional, es necesario destacar que las gráficas agregadas pueden ser engañosas. Como fue destacado anteriormente, la dinámica sindical no se comporta de manera homogénea en el espacio (nivel departamental), parte de ella está fuertemente jalonada por la situación de departamentos específicos como se verá a continuación en el análisis gráfico temporal a nivel departamental (Gráfico 5).

340

Gráfico 5 Victimización sindical a nivel departamental 350

300

250

200

150

100

50

0

Antioquia Cesar Valle del Cauca Córdoba

Bogotá D.C Cauca Atlántico Arauca

Bolívar Nacional Norte de Santander

Santander Arauca Magdalena

Los casos de Antioquia, Santander y Valle del Cauca se destacan por influir de manera importante en el comportamiento de las series nacionales. Gráfico 6 Antioquia 250

200

150

100

50

0

víctimas_cinep Antioquia

lucha Antioquia

letal_cinep

341

Durante el periodo de 1984-1998 la dinámica de victimización nacional estuvo claramente jalonada por el departamento de Antioquia, lo que hace necesario estudiar el comportamiento de la violencia en contra de sindicalistas en este departamento. Como lo muestra el gráfico 6, la tendencia es que los máximos de victimización sindical no están acompañados de mayor actividad sindical, con la excepción de algunos años en donde se evidencia una relación positiva. Gráfico 7 Santander 50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

víctimas_cinep Santander

lucha Santander

letal_cinep

El caso de Santander ejemplifica la relación negativa que se observa a nivel nacional. A pesar de que el nivel de las luchas sindicales no es constante durante todo el periodo de análisis, como se veía en el caso de Antioquia, los periodos con altos niveles de victimización están acompañados de bajos niveles de lucha sindical.6 Respecto a la dinámica de la victimización, cabe resaltar que los máximos de 1988, 2001 y 2003 coinciden con los máximos nacionales de estos mismos años.

6

Para este departamento el coeficiente de correlación entre los homicidios de sindicalistas y la lucha sindical corresponde a -0.38 siendo estadísticamente significativo.

342

Gráfico 8 Valle del Cauca 45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

víctimas_cinep Valle del Cauca

lucha Valle del Cauca

letal_cinep

Para el caso de Valle del Cauca la relación negativa entre las dos variables que se observa a nivel nacional, se da en este departamento para ciertos periodos. Particularmente, el máximo de la victimización de 1990 estuvo acompañado con el descenso en las luchas, y el máximo de luchas de 1998 estuvo acompañado de unos niveles bajos de victimización. Sin embargo, cuando se analiza la relación entre los homicidios a sindicalistas y la lucha sindical, es posible entrever alguna relación positiva.7 La Tabla 2 muestra el cálculo de las correlaciones por cada departamento. De los resultados estadísticamente significativos los casos de Antioquia y Valle del Cauca muestran una asociación positiva entre las variables de víctimas totales y luchas; por el contrario, el caso de Santander muestra una correlación negativa. Esto reafirma la necesidad de matizar las hipótesis y los resultados encontrados en el plano nacional al controlarlos por una desagregación departamental.

7

El coeficiente de correlación para este departamento corresponde a 0.553 siendo estadísticamente significativos.

343

Tabla 2 Coeficientes de correlación a nivel departamental Agregación departamental, periodicidad anual

Con esto lo que se quiere resaltar son dos cosas: la primera, no todos los departamentos del territorio nacional presentan una participación similar en la dinámica nacional de la violencia contra sindicalistas ni en la actividad sindical; y, segundo, la violencia contra sindicalistas ocurre de forma muy diferenciada a nivel departamental. Considerar este punto es crucial en los análisis que aborden estas temáticas. 6. Una forma alternativa de medir el debilitamiento sindical Con el objetivo de evaluar la validez estadística de la hipótesis 1 del Cinep en la que se dice que la violencia contra sindicalistas ha llevado al debilitamiento de los sindicatos (debilitamiento que se mide en términos de luchas y protestas sindicales), esta sección propone una forma alternativa de medir el debilitamiento sindical a partir de la participación de personas en las huelgas sindicales, es decir el número de huelguistas.

344

Gráfico 9 Participación en luchas sindicales 300

2.500.000

250 2.000.000

200

1.500.000 150 1.000.000

100

500.000 50

0

0

Luchas sindicales

Número de personas que participan en la huelga (ED)

En el gráfico 9 se observa una caída significativa en la participación de personas en huelgas sindicales,8 lo que a su vez coincide con el decrecimiento de la lucha sindical. Con esta idea, se busca indagar de qué manera esta reducción de huelguistas se relaciona con la victimización de sindicalistas.

8

Los resultados que se encuentran a partir del análisis de la información que brinda la variable de participación de personas en huelgas, deben ser leídos cuidadosamente, pues es posible que esta variable tenga problemas de sub- registro. Para un correcto análisis se sugiere analizar las series hasta el año 2005. Los años posteriores se encuentran condicionados por el alto número de huelgas que no registran el número de participantes.

345

Gráfico 10 Número de personas que participan en huelgas vs. Victimización sindical 350

2.500.000

300 2.000.000 250

1.500.000

200

150

1.000.000

100 500.000 50

0

0

Víctimas letales

Víctimas sindicalistas (letales y no letales)

Número de personas que participan en la huelga (ED)

Del gráfico 10 es pertinente resaltar que una mayor victimización está acompañada de un menor número de participantes en huelgas (especialmente en 1993, 1996 y 2002) y viceversa, es decir, aumentos en participación en huelgas sindicales están acompañados de menores niveles de victimización (1990 y 1998). Esto da indicios sobre una posible relación negativa entre estas dos variables, de manera que en este caso el debilitamiento de los sindicatos no se estaría midiendo de acuerdo con el número de luchas, sino en términos de número de huelguistas. De hecho los cálculos de las correlaciones que buscan indagar el tipo de relación de estas dos variables son negativos y significativos al 5%.9 Teniendo en cuenta la heterogeneidad geográfica de este tipo de violencia se presentan a continuación los casos de Antioquia, Santander y Bogotá.

9

Coeficiente de Spearman -0.13.

346

Gráfico 11 Antioquia 250

250000

200

200000

150

150000

100

100000

50

50000

0

0

víctimas_cinep

letal_cinep

No. Sindicalistas presentes en lucha sindical

En el caso de Antioquia, durante los primeros 8 años del periodo de análisis, tanto la participación de huelguistas como la victimización fueron crecientes, posteriormente, en el año 1991, mientras la participación de los huelguistas alcanzaba uno de sus máximos regionales, la victimización pasaba por un periodo de decrecimiento. En el año 1996, en cambio, el pico más alto de la victimización estuvo acompañado de una baja participación de huelguistas, lo cual resulta consistente con lo encontrado a nivel nacional. A partir de 2001, las dos series decrecen.

347

Gráfico 12 Santander 50

45000

45

40000

40

35000

35 30000 30 25000 25 20000

20 15000

15 10000

10

5

5000

0

0

víctimas_cinep Santander

letal_cinep Santander

No. Sindicalistas presentes en lucha sindical (ED) Santander

En el caso particular de Santander, cabe resaltar el periodo 1993-2000, años en los que la participación de huelguistas fue bastante importante respecto a los demás años del periodo de análisis, este periodo estuvo acompañado de bajos niveles de victimización. A su vez, el año 2003 representa esta relación negativa, al notarse que este máximo de victimización estuvo acompañado de un bajo nivel de participación.

348

Gráfico 13 Bogotá 60

450.000

400.000 50 350.000

40

300.000

250.000 30 200.000

20

150.000

100.000 10 50.000

0

0

víctimas_cinep

letal_cinep

No. Sindicalistas presentes en lucha sindical (ED)

El caso de Bogotá es bastante especial, al ser un departamento en el que tanto las luchas sindicales como la victimización fluctúan considerablemente. Cabe resaltar que la victimización en Bogotá se caracteriza por ser una victimización no letal. Bajo esta perspectiva, surge a manera de hipótesis que el debilitamiento no se observa en el menor número de huelgas realizadas por los sindicalistas como tales sino por el menor número de huelguistas. Esto es consistente con la tendencia decreciente en el número de miembros de sindicatos. Es necesario matizar, en todo caso, que hay periodos con comportamientos opuestos al mencionado, 7. Análisis econométrico Con el objetivo de profundizar en las relaciones existentes entre la violencia contra sindicalistas y la lucha sindical, a continuación se reportan algunas regresiones que permiten interpretar de una mejor manera los estimadores presentados, controlando mediante la inclusión de otras variables, la posible omisión de factores explicativos. Se destaca la necesidad de no interpretar las relaciones como cambios sustanciales entre las variables, es decir, no es correcto inferir que incrementos en

349

las tasas de victimización de sindicalistas, disminuyan los niveles de la lucha sindical en determinado valor10. Para analizar las relaciones existentes, se utiliza la estructura de datos panel realizada por mínimos cuadrados ordinarios la cual permite considerar la variación tanto en la dimensión temporal como en la dimensión espacial de las variables. En este caso la dimensión temporal corresponde a datos anuales en el periodo comprendido entre 1984 y 2009, mientras que la dimensión espacial hace referencia a los departamentos de Colombia. Es necesario destacar que, la utilización de datos panel permite controlar la heterogeneidad en la muestra, es decir, captura la heterogeneidad en el tiempo y en el espacio de la violencia sindical y lucha sindical. Una de las principales ventajas del uso de este tipo de estructura es el número de observaciones del cual se puede disponer. En este caso se cuenta con un lapso temporal de 26 años, con una desagregación a nivel departamental (32 departamentos), lo que da un número de observaciones cerca de 800 (claro que hay departamentos en diferentes momentos del tiempo en donde se desconoce la información por lo que la muestra real es cercana a los 500 datos). Bajo estas ideas y de acuerdo a las relaciones evidenciadas en las secciones anteriores, se ejemplifican varios ejercicios de estimación. En este caso, estos ejercicios evidencian las relaciones existentes no en un sentido causa-efecto. Con el objetivo de escrutar la hipótesis número 1 del Cinep, se desarrollan algunos ejercicios de datos panel con una cobertura de efectos fijos:11 el primer ejercicio toma como variable dependiente la tasa de luchas sindicales por 100.000 habitantes de cada departamento. Como variable de interés se evalúa la tasa de victimización sindical reportada por el Cinep. Por lo tanto, el coeficiente que nos interesa es el estimador12 de la tasa de victimización que indica cómo las variaciones en la victimización afectan la lucha sindical. Como variables de control utilizamos la tasa de homicidios reportados por la Policía Nacional –es necesario destacar la inexistencia de una correlación entre esta tasa de homicidios y la de victimización sindical– para controlar por el nivel “general” de violencia, el PIB per cápita a nivel departamental reportado por el Dane con el fin de controlar la volatilidad de la economía, y la presencia guerrilla y paramilitar determinada por las acciones unilaterales de cada grupo a nivel departamental 13. También se añaden otras variables “dummies” referentes a la división propuesta por el Cinep

10

A manera de ejemplo, incrementos en las tasas de homicidios disminuyen en X cantidad la participación sindical. 11 En los datos panel, se entiende por efectos fijos la ausencia de variación temporal. Se utilizaron efectos fijos luego de evaluar por un test denominado test de Hausman que permite determinar qué efectos se deben utilizar, fijos o aleatorios. 12 Se aclara que los análisis deben realizarse no por la magnitud sino por el sentido. 13 La variable presencia toma el valor de 1 cuando determinado grupo armado ilegal realiza una acción unilateral. Esto es lo que se llama una variable dummy.

350

de las dinámicas de la violencia contra sindicalistas y lucha sindical (primer subperiodo 1984-1991 y tercer subperiodo 2002-2009).14 Con el objetivo de validar lo descrito anteriormente respecto a la relación entre la violencia contra sindicalistas y el número de sindicalistas que participan en las huelgas, se toma como variable dependiente la tasa de participación sindical por 100.000 habitantes en las huelgas. Y del mismo modo se evalúa con las variables anteriormente descritas. A continuación se presentan los resultados: Tabla 3 Resultados datos Cinep (1) tlucha

(2) tlucha

(3) tlucha

(4) tnhuelg

(5) tnhuelg

(6) tnhuelg

-0.00892 (0.848) -0.00148 (0.169) 0.107* (0.0714) -0.0915 (0.110) 3.63e-08 (0.872)

-0.0387 (0.343) -0.00128 (0.136) -0.143 (0.296) -0.170** (0.0111) 2.90e-08 (0.886) 0.0398*** (6.84e-06) 0.0104 (0.191)

-167.3 (0.163) 6.787 (0.156) 391.3 (0.169) -602.1** (0.0320) 6.60e-05 (0.864)

-214.0* (0.0647) 6.296 (0.149) -169.1 (0.563) -495.7* (0.0929) 4.35e-05 (0.904) 95.35*** (4.66e-05) -20.10 (0.383)

Constant

0.528 (0.144)

0.478 (0.173)

-0.0192 (0.594) -0.00237** (0.0127) -0.104 (0.357) -0.0751 (0.244) 6.62e-08 (0.746) 0.0397*** (2.73e-06) 0.00701 (0.357) 0.131** (0.0339) -0.184*** (6.95e-07) 0.432 (0.219)

402.4 (0.544)

362.1 (0.538)

-139.9 (0.226) 1.984 (0.681) -19.50 (0.944) -130.0 (0.647) 0.000173 (0.588) 94.65*** (3.48e-05) -33.11 (0.125) 415.2 (0.123) -738.5*** (1.43e-06) 233.5 (0.671)

Observations R-squared Number of depto1 Robust p-value in parentheses *** p< 0.01, ** p< 0.05, * p< 0.1

262 0.026 27

262 0.456 27

262 0.512 27

262 0.062 27

262 0.172 27

262 0.246 27

VARIABLES tcinep_victimas thomicidios_cinep pres_gue pres_para pib_pc pres_gue_union pres_para_union Dummy 1984-1990 Dummy 2002-2009

En la columna 1, 2 y 3 de la tabla 3 se observa que no hay evidencia estadística para determinar una relación negativa entre la lucha sindical y la victimización sindical. Si bien esto sugeriría la inexistencia de la relación y la negación de la hipótesis 1 de Cinep, se resalta que estos resultados se pueden deber a la posible omisión de variables explicativas en la relación (por el bajo coeficiente de determinación R-cuadrado cercano al 0.5), a la omisión de datos de victimización sindical o posibles problemas de endogeneidad que se explican posteriormente. No obstante, al analizar la relación entre la tasa de participación sindical en las huelgas y la tasa de victimización contra sindicalistas, hay evidencia estadística, 14

Se omite el subperiodo intermedio para evitar problemas de multicolinealidad.

351

como se observa en la columna 5 de la tabla 3, para afirmar que: a medida que aumentan los niveles de victimización sindical (letal y no letal), la tasa de participación de trabajadores sindicalizados en huelgas disminuye considerablemente. Lo que corroboraría la hipótesis número 1 de Cinep, si el debilitamiento sindical se midiera a partir de la participación sindical en las huelgas. Gráfico 14 Comparación de series Cinep- Cerac 350

300

250

200

150

100

50

0

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Víctimas sindicalistas - CINEP

Víctimas sindicalistas - CERAC

Fuente: Cálculos basados en la base de datos de Cinep y Cerac referente a victimización sindical, recibida el 10-08-2010

Sin embargo, como ejercicio de robustez, se replican los ejercicios con los datos provenientes de la base de datos de Cerac. En el Gráfico 14 se contrasta las series de victimización sindical de Cinep y Cerac, que terminan teniendo un comportamiento muy similar.15 A partir de estos nuevos ejercicios, no se descarta la existencia de una relación negativa entre la lucha sindical y la victimización sindical (Ver Tabla 4). Es decir, hay evidencia estadística para apoyar la relación mencionada, reforzando así la hipótesis número 1 planteada por el Cinep. Así mismo, se destaca que, al igual que en el ejercicio realizado con los datos de

15

La base de datos integrada de Cerac la componen seis categorías de fuentes: estatales (Defensoría, Ejército, Oppd, Fiscalía, DAS, entre otras), grupos armados (ELN y Anncol), ONG internacionales (CSI – Confederación Sindical Internacional–, Ilrf –International Labor Rights Forum–, Ictur, entre otras), ONG nacionales (Cinep, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ENS, entre otras), Organismos internacionales: (Acnur, Cidh –Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, entre otros) y medios de comunicación (Caracol, RCN, El Espectador, El Tiempo, Voz, entre otros).

352

Cinep, se observa una relación negativa entre la tasa de participación en la lucha sindical y la tasa de victimización sindical.16 Tabla 4 Resultados datos Cerac VARIABLES tcerac_victimas thomicidios_cerac pres_gue pres_para pib_pc

(1) tlucha

(2) tlucha

(3) tlucha

(4) tnhuelg

(5) tnhuelg

(6) tnhuelg

-0.106** (0.0333) -0.000437 (0.650) 0.0365 (0.623) -0.0645 (0.196) -8.93e-08 (0.667)

-0.117*** (0.00309) -0.000393 (0.583) -0.184 (0.143) -0.137** (0.0226) -9.55e-08 (0.600) 0.0392*** (1.73e-05) 0.0107 (0.174)

-380.3*** (0.00301) 8.746** (0.0329) 161.7 (0.683) -414.7* (0.0921) -0.000343 (0.267)

-393.7*** (0.00111) 7.704** (0.0309) -404.9 (0.318) -255.0 (0.295) -0.000363 (0.198) 101.4*** (3.04e-05) -27.96 (0.221)

0.768** (0.0263)

0.687** (0.0332)

-0.0858** (0.0300) -0.00145* (0.0547) -0.157 (0.153) -0.0651 (0.293) -3.16e-08 (0.874) 0.0390*** (9.30e-06) 0.00785 (0.308) 0.0974 (0.116) -0.160*** (1.56e-05) 0.612* (0.0744)

1,111* (0.0810)

1,060* (0.0636)

-267.3** (0.0352) 3.311 (0.445) -298.4 (0.463) 39.87 (0.863) -0.000112 (0.695) 100.2*** (3.50e-05) -39.73* (0.0665) 327.0 (0.175) -672.6*** (2.89e-05) 790.7 (0.153)

264 0.060 27

264 0.482 27

264 0.521 27

264 0.085 27

264 0.199 27

264 0.257 27

pres_gue_union pres_para_union Dummy 1984-1990 Dummy 2002-2009 Constant

Observations R-squared Number of depto1 Robust pval in parentheses *** p< 0.01, ** p< 0.05, * p< 0.1

Es necesario resaltar los problemas presentes en la estimación. En primer lugar, no es posible determinar si existe una relación causal ya que para ello es necesario el uso variables instrumentales que permitan corregir los posibles problemas de endogeneidad en la regresión. Este punto hace referencia a: problemas de simultaneidad de las variables, en este caso la lucha sindical tiene una incidencia directa sobre la victimización sindical. Es decir, el hecho de que se presenten estos problemas presupone la imposibilidad de analizar de manera causal las variables. En este sentido, a nuestro modo de ver, la variable de victimización es una variable endógena del modelo, en donde la tasa de victimización se encuentra determinada por la lucha sindical. Como lo ha reseñado Cinep, la lucha sindical presenta indicios de causalidad directa con la victimización sindical en ciertos departamentos y determinados momentos del tiempo.17

16

Con el objetivo de controlar las dinámicas de la violencia sindical y los diferentes sub-periodos identificados por el Cinep, se incluyeron variables dummies que permiten explicar los diferentes niveles de participación sindical o lucha sindical. 17 Daniel Mejía mediante análisis econométricos niega esta relación (Mejía, 2009). Es necesario destacar que su periodo de estudio estuvo comprendido entre el año 2000 y 2008, un periodo donde se presentó un decrecimiento importante tanto de la lucha sindical como de la participación en las huelgas sindicales.

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A pesar de la reiteración insistimos en que estas relaciones deben entenderse como correlaciones controladas por otras variables. De no serlo, esta regresión, presentaría problemas comunes en la estimación –“insesgamiento”.18 Por último, con el objetivo de reforzar los argumentos expuestos y evidenciar las dinámicas a nivel nacional, se realiza un nuevo ejercicio, en esta caso asumiendo una periodicidad mensual, que permite ejemplificar la relación negativa entre la tasa de victimización sindical y la lucha sindical (ver Tabla 5). En términos generales se consolida lo observado en el ejercicio anterior, pero creemos que es necesario resaltar la importancia de focalizar el análisis en la desagregación departamental. Tabla 5 Lucha vs. Victimización sindical Agregación nacional, periodicidad mensual (1) lucha

VARIABLES tcinep_victimas thomicidios pres_para (sum) eventos Constant

(2) lucha

(3) lucha

(4) lucha

-46.01*** -45.75*** -45.72*** -42.17*** (0.000160) (0.000175) (0.000189) (0.00100) -0.0583 -0.0613 -0.183 (0.831) (0.825) (0.497) -0.170 -0.0616 (0.930) (0.974) -0.00471 (0.470) 15.02*** 15.35*** 15.53*** 16.78*** (0) (0) (2.73e-08) (1.47e-08)

Observations R-squared Robust p-value in parentheses *** p