PRINCIPALES NOVEDADES:

Impuesto sobre Sociedades Ejercicio 2011 (a declarar en 2012) PRINCIPALES NOVEDADES:  Se establece un régimen fiscal de libertad de amortización en...
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Impuesto sobre Sociedades Ejercicio 2011 (a declarar en 2012)

PRINCIPALES NOVEDADES: 

Se establece un régimen fiscal de libertad de amortización en elementos nuevos del activo material fijo afectos a actividades económicas, no condicionado al mantenimiento del empleo.



Adquisición de participaciones de entidades no residentes: con efectos para los periodos impositivos iniciados en 2011, 2012 y 2013 se establece una limitación en el importe máximo anual que puede ser considerado fiscalmente deducible. En concreto, en dichos periodos, el importe del fondo de comercio financiero deducible tendrá como límite anual máximo la centésima parte de su importe, pudiendo deducir en los ejercicios posteriores los importes no deducidos en los ejercicios 2011, 2012 y 2013.



Se limita la compensación de bases imponibles para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha del inicio del período impositivo y a partir de veinte millones de euros del importe neto de la cifra de negocios en esos doce meses.



La deducción para evitar la doble imposición interna, en relación a dividendos o participaciones en beneficios de otras entidades residentes en España, del 100 por 100 de la cuota íntegra que corresponda a la base imponible derivada de dichos dividendos o participaciones también es aplicable en nuevos supuestos, cuando sin haberse transmitido la participación, se haya reducido el porcentaje de participación hasta un mínimo del 3 por 100 como consecuencia de que la sociedad participada haya realizado una operación acogida al régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII de la LIS (régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una sociedad europea o una sociedad cooperativa europea de un estado miembro a otro de la unión europea), o una operación en el ámbito de ofertas públicas de adquisición de valores.

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Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades: o

Actividades de innovación tecnológica el porcentaje de deducción aplicable es del 12 por 100 en los períodos impositivos iniciados a partir de 6 de marzo de 2011.

o

Inversiones medioambientales se mantiene la vigencia solamente de las recogidas en el apartado 1 del artículo 39 de la LIS y para los períodos impositivos iniciados a partir de 6 de marzo de 2011 el porcentaje de deducción aplicable es del 8 por 100.

o

Gastos de formación profesional solamente es aplicable en lo que concierne a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.

o

Para períodos impositivos iniciados a partir de 6 de marzo de 2011, el límite que afecta conjuntamente a las deducciones será del 60 por 100.



Empresas de reducida dimensión: o

El importe neto de la cifra de negocios del período impositivo inmediato anterior, por debajo del cual es posible acogerse al régimen especial de entidades de reducida dimensión, es de 10 millones de euros.

o

Aunque se haya alcanzado dicho importe, también es posible disfrutar del régimen especial si la entidad ha cumplido las condiciones para ser consideradas de reducida dimensión en el período impositivo de cómputo del referido importe y en los dos anteriores al mismo.

o

El importe hasta el cual la base imponible tributa al tipo reducido del 25 por 100 es de 300.000 euros.

o

Para las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 5 millones de euros y una plantilla media inferior a 25 empleados, que tributen al tipo de gravamen del 20 por 100, el importe de la base imponible hasta el cual se aplica ese tipo de gravamen es de 300.000 euros.

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ÍNDICE 1.

NATURALEZA

2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

3.

LA RESIDENCIA EFECTIVA

4.

DOMICILIO FISCAL

5.

PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

6.

SUJETOS PASIVOS: CONTRIBUYENTES Y EXENCIONES SUBJETIVAS 6.1. CONTRIBUYENTES 6.2. EXENCIONES SUBJETIVAS

7.

HECHO IMPONIBLE 7.1. ASPECTO MATERIAL 7.2. ESTIMACIÓN DE RENTAS 7.3. ATRIBUCIÓN DE RENTAS

8.

LA BASE IMPONIBLE 8.1. CONCEPTO Y MÉTODOS DE DETERMINACIÓN 8.2. EL RESULTADO CONTABLE 8.3. DIFERENCIAS ENTRE LA NORMATIVA FISCAL Y LA NORMATIVA CONTABLE: LOS AJUSTES EXTRACONTABLES 8.4. CORRECIONES AL RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A. AMORTIZACIÓN B.

PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES

C.

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

D. GASTOS NO DEDUCIBLES E.

REGLAS DE VALORACIÓN: REGLA GENERAL Y REGLAS ESPECIALES EN LOS SUPUESTOS DE TRANSMISIONES LUCRATIVAS Y SOCIETARIAS

F.

OPERACIONES VINCULADAS

G.

REGLAS DE VALORACIÓN: CAMBIOS DE RESIDENCIA, CESE DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES, OPERACIONES REALIZADAS CON O POR PERSONAS O ENTIDADES RESIDENTES EN PARAÍSOS FISCALES Y CANTIDADES SUJETAS A RETENCIÓN. REGLAS ESPECIALES.

H.

EFECTOS DE LA SUSTITUCIÓN DEL VALOR CONTABLE POR EL VALOR NORMAL DE MERCADO

I.

IMPUTACIÓN TEMPORAL

J.

SUBCAPITALIZACIÓN

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ÍNDICE K.

L.

EXENCIONES OBJETIVAS O DE CARÁCTER TÉCNICO a.

Exención por doble imposición internacional

b.

Reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles

OBRA BENÉFICO-SOCIAL DE LAS CAJAS DE AHORRO

M. COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS 9.

TIPOS DE GRAVAMEN

10. CUOTA TRIBUTARIA 10.1. CUOTA ÍNTEGRA 10.2. CUOTA LÍQUIDA A. DEDUCCIONES PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN a.

Deducciones para evitar la doble imposición interna

b.

Deducción para evitar la doble imposición internacional

B.

BONIFICACIONES

C.

DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES

10.3. CUOTA DIFERENCIAL

11. GESTIÓN DEL IMPUESTO 12. REGÍMENES ESPECIALES DEL IMPUESTO

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MARCO NORMATIVO:



Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.



Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

1. NATURALEZA Es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas. 

Carácter directo, porque grava la renta como manifestación directa de la capacidad económica del sujeto pasivo.



Naturaleza personal, porque tiene en cuenta determinadas circunstancias particulares de cada contribuyente a la hora de concretar la cuantía de la prestación tributaria que está obligado a satisfacer.



Objetivo, porque aun cuando en la normativa reguladora se contengan deducciones e incentivos fiscales de diversa índole, éstos responden fundamentalmente a razones de política económica.



Proporcional, ya que el tipo de gravamen permanece inalterable con independencia de la cuantía de la base imponible (salvo para las pymes para las cuales el tipo es progresivo).



Periódico, porque su hecho imponible es una situación que se prolonga en el tiempo de manera indefinida, lo que obliga al legislador a fraccionarlo en períodos impositivos, que coinciden con el ejercicio económico de la entidad.

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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN El Impuesto sobre Sociedades se aplica en todo el territorio español. A estos efectos, el territorio español comprende, además del territorio peninsular, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, aquellas zonas adyacentes a las aguas territoriales sobre las que España puede ejercer los derechos que le correspondan, referentes al suelo y subsuelo marino, aguas suprayacentes y a sus recursos naturales, de acuerdo con la legislación española y el Derecho internacional.

3. LA RESIDENCIA EFECTIVA La sujeción al Impuesto la determina la residencia en territorio español. Se considerarán residentes en territorio español las entidades en las que concurra alguno de los siguientes requisitos: 

Que se hubieren constituido conforme a las leyes españolas.



Que tengan su domicilio social en territorio español.



Que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español. A estos efectos, se entiende que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en territorio español cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades.

La Administración tributaria podrá presumir que una entidad radicada en algún país o territorio de nula tributación, según lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal (Ley 36/2006, de 29 de noviembre), o considerado como paraíso fiscal, tiene su residencia en territorio español cuando sus activos principales, directa o indirectamente, consistan en bienes situados o derechos que se cumplan o ejerciten en territorio español, o cuando su actividad principal se desarrolle en éste, salvo que dicha entidad acredite que su dirección y efectiva gestión tiene lugar en aquel país o territorio, así como que la constitución y operativa de la entidad responde a motivos económicos válidos y razones empresariales sustantivas distintas de la simple gestión de valores u otros activos. Estas entidades tributan en el IS por la totalidad de la renta que obtengan, con independencia del lugar donde se hubiere producido y cualquiera que sea la residencia del pagador, esto es, se grava en el impuesto la renta mundial que obtengan las entidades residentes.

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4. DOMICILIO FISCAL El domicilio fiscal de los residentes en territorio español será el de su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otros casos se atenderá al lugar desde el que se realice la citada gestión. En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores, prevalecerá aquél donde radique el mayor valor del inmovilizado.

5. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO. El período impositivo coincidirá con el ejercicio económico de la entidad, por lo que es el sujeto pasivo el que lo fija en sus estatutos sociales, con la única limitación de que no puede exceder de doce meses. Excepcionalmente, se entenderá concluido el período impositivo, aunque el período de tiempo que comprenda sea inferior al año, en los casos siguientes: 1.

Cuando la sociedad se extinga. Se entiende producida la extinción cuando tenga lugar el asiento de cancelación de la sociedad en el Registro Mercantil, estando, en consecuencia, obligada a presentar su declaración en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a dicho asiento de cancelación.

2.

Cuando tenga lugar un cambio de residencia de la entidad residente en territorio español al extranjero.

3.

Cuando se produzca la transformación de forma jurídica de la entidad y ello determine la no sujeción a este impuesto de la entidad resultante (ejemplo, si una sociedad anónima se transforma en una sociedad civil).

4.

Cuando se produzca la transformación de forma jurídica de la entidad y ello determine la modificación de su tipo de gravamen o la aplicación de un régimen tributario especial (ejemplo, si una sociedad de responsabilidad limitada se transformase en una sociedad de inversión de capital variable).

El impuesto sobre Sociedades se devenga el último día del período impositivo.

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6. SUJETOS PASIVOS: CONTRIBUYENTES Y EXENCIONES SUBJETIVAS 6.1. CONTRIBUYENTES

Están sujetas al Impuesto sobre Sociedades: a)

Toda clase de entidades, cualquiera que sea su forma o denominación, siempre que tengan personalidad jurídica propia, excepto las sociedades civiles.

b) Además, las siguientes entidades, carentes de personalidad jurídica propia: o

Los fondos de inversión mobiliaria y los fondos de inversión en activos del mercado monetario y los fondos de inversión inmobiliaria.

o

Las uniones temporales de empresas.

o

Los fondos de capital-riesgo.

o

Los fondos de pensiones.

o

Los fondos de regulación del mercado hipotecario.

o

Los fondos de titulización hipotecaria.

o

Los fondos de titulización de activos.

o

Los fondos de garantía de inversiones.

o

Las comunidades titulares de montes vecinales en mano común.

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6.2. EXENCIONES SUBJETIVAS. La ley del IS configura primordialmente un sistema subjetivo de exenciones en función del cual declara una serie de sujetos exentos del IS, distinguiendo un doble nivel: unos sujetos se declaran totalmente exentos y otros únicamente con exención parcial. Exención total: 

Las rentas obtenidas por los siguientes sujetos: o

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

o

Los organismos autónomos de carácter administrativo de los anteriores.

o

El Banco de España y los Fondos de Garantía de Depósitos.

o

Las entidades públicas encargadas de la gestión de la Seguridad Social.

o

El Instituto de España y las Reales Academias integradas en el mismo y las instituciones con fines análogos de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia.

o

Los restantes organismos públicos mencionados en la D. Adicional 9ª y 10ª de la LOFAGE.



Características: 1.

Estas entidades no tienen la obligación de presentar declaración por el IS.

2.

No tienen que darse de alta censal en el índice de entidades.

3.

No tienen porque cumplir con los requisitos contables y registrales exigidos por las normas fiscales.

4.

Las rentas obtenidas por estas entidades totalmente exentas no sufrirán ningún tipo de retención previa acreditación ante el pagador de las mismas de su condición de entidad con exención total.

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Exención parcial: 

Sujetos, entre otros: 1.

Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro previstas en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, “de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”.

2.

El resto de entidades e instituciones sin ánimo de lucro.

3.

Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.

4.

Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras oficiales, los sindicatos de trabajadores y los partidos políticos.

5.

Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo 22 de la Ley de Reconversión



Características:

1.

Se declaran exentas las rentas que proceden de su actividad social o de utilidad pública. Así se reconoce la exención de las siguientes rentas: a.

Las rentas que procedan de actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica.

b.

Las rentas derivadas de adquisiciones y de transmisiones a titulo lucrativo (gratuitas), siempre que se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto social o finalidad específica.

c.

Las rentas generadas en la transmisión onerosa de bienes afectos a su objeto social o finalidad específica, siempre y cuando el total del producto obtenido en la venta se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto social o finalidad específica, es decir, se reinvierta (se concede un plazo desde el año anterior hasta los 3 años posteriores, y el bien ha de mantenerse en el patrimonio del sujeto pasivo durante un plazo de 7 años, salvo que su vida útil fuera inferior).

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2.

No están exentas, por el contrario, las siguientes rentas: 1.

Los rendimientos derivados del ejercicio de explotaciones económicas.

2.

Los rendimientos derivados de su patrimonio.

3.

Las rentas obtenidas en transmisiones, cuando no se cumplan los requisitos antes vistos, es decir, que no se reinvierta, o que sean bienes no afectos a su finalidad específica.

En ningún caso, serán deducibles los gastos imputables exclusivamente a la obtención de rentas exentas. Si fuesen parcialmente imputables a este tipo de rentas serán deducibles en la proporción que estas representen respecto a las exentas. Estas entidades tienen obligación de presentar declaración por el IS por las rentas no exentas obtenidas en el ejercicio.

7. HECHO IMPONIBLE 7.1. ASPECTO MATERIAL El impuesto somete a gravamen la renta obtenida por el sujeto pasivo durante el período impositivo con independencia de su fuente u origen. A diferencia del IRPF, la normativa societaria delimita la renta objeto de gravamen sin distinguir los componentes o fuentes de la que procede, englobando por tanto todos los incrementos producidos en el ejercicio, y lo hace a partir del resultado contable o saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad. Ahora bien, la normativa reguladora del impuesto no se limita a aceptar sin más el resultado contable equiparándolo con la renta fiscal sino que, para llegar a ésta, la ley procede a corregir dicho resultado mediante la aplicación sobre el mismo de una serie de ajustes en orden a la determinación de la base imponible.

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7.2. ESTIMACIÓN DE RENTAS Las cesiones de bienes y derechos en sus distintas modalidades se presumirán retribuidas por su valor normal de mercado, salvo prueba en contrario. Se configura como una presunción iuris tantum que puede ser destruida por el contribuyente, bien probando su carácter gratuito, bien su retribución a un precio inferior al normal de mercado (se admite, entre otros, como medios probatorios la contabilidad de las partes correctamente llevada o las actas del Consejo de Administración o de la junta de la sociedad). 7.3. ATRIBUCIÓN DE RENTAS Las rentas que correspondan a sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades sin personalidad que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, así como las retenciones e ingresos a cuenta que hayan soportado, se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente, conforme a las normas o pactos aplicables que consten fehacientemente a la Administración y, en su defecto, por partes iguales.

8. LA BASE IMPONIBLE 8.1. CONCEPTO Y MÉTODOS DE DETERMINACIÓN El método que se utiliza en este impuesto es el de estimación directa, es decir, se atenderá a los ingresos reales y a los gastos efectivos del sujeto pasivo. No obstante, prevé la aplicación del método de estimación objetiva con relación a las Entidades Navieras en función del Tonelaje. Conforme al método de estimación directa, la base imponible del Impuesto sobre Sociedades está constituida por el importe de la renta en el período impositivo minorada por la compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores.

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8.2. EL RESULTADO CONTABLE La renta del período se obtiene a partir del resultado contable de la entidad. Su cálculo se efectúa de acuerdo con las normas del Código de Comercio (y, en su caso, de la Ley de Sociedades Anónimas, de Responsabilidad Limitada, Ley de Sociedades de Capital, etc.), del Plan General de Contabilidad y de las restantes normas de desarrollo. Por consiguiente, son de aplicación al cálculo del resultado contable los principios y normas de valoración contenidas en las normas de contabilidad, las cuales son asumidas, con carácter general, en el ámbito fiscal a efectos del cálculo de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 8.3. DIFERENCIAS ENTRE LA NORMATIVA FISCAL Y LA NORMATIVA CONTABLE: LOS AJUSTES EXTRACONTABLES La normativa del Impuesto sobre sociedades establece reglas específicas para la cuantificación de algunos componentes de la base imponible. Ello implica

que pueden existir, en algunos casos,

diferencias entre los criterios contables y fiscales en cuanto a la calificación, valoración e imputación temporal de algunos ingresos y gastos. Tales diferencias dan lugar a los «ajustes extracontables», que se practican sobre el resultado contable para la determinación de la base imponible. Pueden venir motivados por: 

Diferencias permanentes: -

Negativas: Ingresos contables que nunca van a ser ingresos fiscales y gastos no contables que sí van a ser gastos fiscales.

-

Positivas: Ingresos que no son contables y que sí son ingresos fiscales, y gastos contables que nunca van a ser gastos fiscales.



Diferencias temporarias: Según el PGC son aquéllas derivadas de la diferente valoración, contable y fiscal, atribuida a los activos, pasivos y determinados instrumentos de patrimonio propio de la empresa, en la medida en que tengan incidencia en la carga fiscal futura”

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En suma, los ajustes extracontables positivos son aquellos que bien integran en la base imponible rentas que no han sido consideradas contablemente como ingresos, o bien se efectúa dicha integración respecto de gastos no admitidos fiscalmente pero sí contablemente. Por su parte, los ajustes extracontables negativos son aquellos que minoran el resultado contable para hallar la base imponible, bien por la existencia de un ingreso desde el punto de vista contable que no lo es desde la perspectiva fiscal, bien debido a la existencia de un gasto admitido fiscalmente pero no contablemente. BI = RC +/- AE BI: base imponible RC: resultado contable antes del impuesto AE: ajustes extracontables El esquema a seguir para determinar el Impuesto sobre Sociedades es el siguiente: Resultado Contable +/- Diferencias permanentes +/- Diferencias temporales - Compensación de B.I – de ejercicios anteriores = -----------------------------------Base Imponible del ejercicio x Tipo de gravamen = -----------------------------------Cuota Integra - Deducciones = -----------------------------------Cuota Líquida - Retenciones y Pagos a cuenta = ------------------------------------Cuota Diferencial

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8.4. CORRECIONES AL RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A. AMORTIZACIÓN 

Son deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia.



Forman parte del inmovilizado material los bienes tangibles, muebles, inmuebles o semovientes que estén incorporados efectivamente al patrimonio del sujeto pasivo y que se utilicen para la obtención de rendimientos gravados por el impuesto (ej. edificios, maquinaria, etc.).



Integran el inmovilizado inmaterial los bienes y derechos intangibles que sean susceptibles de valoración económica (ej. las concesiones administrativas o la propiedad industrial), siempre y cuando hayan sido adquiridos mediante contraprestación y se hallen contabilizados como tales.



Las inversiones inmobiliarias son aquellos inmuebles que la entidad explote en alquiler, así como aquellos que posea con la finalidad de obtener plusvalías a través de su enajenación fuera del curso ordinario de sus operaciones.



Cuando la amortización contable practicada en el ejercicio por el sujeto pasivo sea superior a la amortización admisible fiscalmente debe consignarse en la declaración el importe de esa diferencia por exceso. Si, por el contrario, la amortización fiscal admisible es superior a la amortización contable practicada por el sujeto pasivo por los referidos conceptos deberá consignar en la autoliquidación el importe de la diferencia correspondiente.

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Reglas generales de amortización: 

Será amortizable el precio de adquisición o coste de producción, excluido, en su caso, el valor residual.



Cuando se trate de edificaciones, no será amortizable la parte del precio de adquisición correspondiente al valor del suelo, excluidos, en su caso, los costes de rehabilitación. Cuando no se conozca el valor del suelo se calculará prorrateando el precio de adquisición entre los valores catastrales del suelo y de la construcción en el año de adquisición. No obstante, el sujeto pasivo podrá utilizar un criterio de distribución del precio de adquisición diferente, cuando se pruebe que dicho criterio se fundamenta en el valor normal de mercado del suelo y de la construcción en el año de adquisición.

Modo de practicar la amortización: 

La amortización se practicará elemento por elemento.



No obstante, cuando se trate de elementos patrimoniales de naturaleza análoga o sometidos a un similar grado de utilización, la amortización podrá practicarse sobre el conjunto de ellos, siempre que en todo momento pueda conocerse la parte de la amortización acumulada correspondiente a cada elemento patrimonial.



Las instalaciones técnicas podrán constituir un único elemento susceptible de amortización. Se considerarán instalaciones técnicas las unidades complejas de uso especializado en el proceso productivo que comprenden edificaciones, maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos que, aun siendo separables por su naturaleza, están ligados de forma definitiva para su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortización, así como los repuestos o recambios válidos exclusivamente para este tipo de instalaciones.

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Plazo para practicar la amortización: 

Los elementos patrimoniales del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias empezarán a amortizarse desde su puesta en condiciones de funcionamiento y los del inmovilizado intangible desde el momento en que estén en condiciones de producir ingresos.



Los elementos patrimoniales del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias deberán amortizarse dentro del período de su vida útil, entendiéndose por tal el período en que, según el método de amortización adoptado, debe quedar totalmente cubierto su valor, excluido el valor residual, excepto que dicho período exceda del período concesional, caso de activos sometidos a reversión, donde el límite anual máximo se calculará atendiendo a este último período. Los costes relacionados con grandes reparaciones se amortizarán durante el período que medie hasta la gran reparación.



Tratándose de elementos patrimoniales del inmovilizado intangible su vida útil será el período durante el cual se espera, razonablemente, que produzcan ingresos.



Cuando las renovaciones, ampliaciones o mejoras de los elementos patrimoniales del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias se incorporen a dicho inmovilizado, el importe de las mismas se amortizará durante los períodos impositivos que resten para completar la vida útil de los referidos elementos patrimoniales. A tal efecto, se imputará a cada período impositivo el resultado de aplicar al importe de las renovaciones, ampliaciones o mejoras el coeficiente resultante de dividir la amortización contabilizada del elemento patrimonial practicada en cada período impositivo, en la medida en que se corresponda con la depreciación efectiva, entre el valor contable que dicho elemento patrimonial tenía al inicio del período impositivo en el que se realizaron las operaciones de renovación, ampliación o mejora.



Los elementos patrimoniales que han sido objeto de las operaciones de renovación, ampliación o mejora, continuarán amortizándose según el método que se venía aplicando con anterioridad a la realización de las mismas.



Cuando estas operaciones determinen un alargamiento de la vida útil estimada del activo, dicho alargamiento deberá tenerse en cuenta a los efectos de la amortización del elemento patrimonial y del importe de la renovación, ampliación o mejora.

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Estas reglas también se aplicarán en el supuesto de revalorizaciones contables realizadas en virtud de normas legales o reglamentarias que obliguen a incluir su importe en el resultado contable.



Para un mismo elemento patrimonial no podrán aplicarse, ni simultánea ni sucesivamente, distintos métodos de amortización. No obstante, en casos excepcionales que se indicarán y se justificarán en la memoria de las cuentas anuales, podrá aplicarse un método de amortización distinto del que se venía aplicando, dentro de los previstos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.



En los supuestos de fusión, escisión, total y parcial, y aportación, deberá proseguirse para cada elemento patrimonial adquirido el método de amortización a que estaba sujeto, excepto si el sujeto pasivo prefiere aplicar a los mismos su propio método de amortización, para lo cual deberá formular un plan de amortización.



Las normas relativas a la amortización de los elementos actualizados de acuerdo con lo previsto en las leyes de regularización o actualización continuarán siendo aplicables hasta la extinción de la vida útil de los mismos.



La misma regla se aplicará respecto de los elementos patrimoniales revalorizados al amparo de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre.

Métodos de amortización El TRLIS exige como requisito de deducibilidad de las dotaciones a la amortización que la depreciación sea efectiva, entendiendo que tal depreciación es efectiva cuando se practique conforme a alguno de los métodos establecidos en el TRLIS y desarrollados reglamentariamente. Estos métodos son los siguientes: a)

Cuando sea el resultado de aplicar los coeficientes de amortización lineal establecidos en las tablas de amortización oficialmente aprobadas.

b) Cuando sea el resultado de aplicar un determinado porcentaje constante sobre el valor pendiente de amortización. c)

Los edificios, mobiliario y enseres no podrán acogerse a la amortización mediante porcentaje constante.

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d) Cuando sea el resultado de aplicar el método de los números dígitos. Este método no es admisible para los edificios, mobiliario y enseres. e)

Cuando se ajuste a un plan formulado por el sujeto pasivo y aceptado por la Administración tributaria.

f)

Cuando el sujeto pasivo justifique su importe.

g)

a) Método de amortización lineal según tablas

Este método se fundamenta en la aplicación de los coeficientes de amortización fijados en las tablas oficialmente aprobadas y recogidas en el anexo del RIS. Dichas tablas establecen para cada elemento patrimonial un coeficiente de amortización lineal máximo y un periodo máximo de amortización (del que se deriva el coeficiente de amortización lineal de carácter mínimo). Se entenderá cumplido el requisito de depreciación efectiva cuando se aplique un coeficiente comprendido entre el máximo y el mínimo fijado. Ejemplo: Una sociedad dedicada a la fabricación y manufactura del vidrio (Grupo 246) adquiere una máquina. Según las tablas el coeficiente lineal máximo de amortización es del 12 por ciento y el período máximo de amortización de 18 años. El coeficiente lineal mínimo resulta de dividir el total del valor amortizable entre el periodo máximo de amortización. Coeficiente mínimo = 100 %/18 = 5,55 % Período mínimo de amortización se obtiene al dividir 100 entre el período máximo de amortización: 100/12= 8.33 La sociedad podrá amortizar el elemento utilizando un coeficiente comprendido entre el 12% y el 5.55%, en función de la vida útil que estime que posee la máquina. Además, el Reglamento contempla unas reglas específicas para determinados supuestos de elementos patrimoniales en los que bien la depreciación es mayor, que sería el caso de los bienes que se utilicen

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diariamente en más de un turno de trabajo, bien su vida será previsiblemente menor, como ocurriría con relación a los bienes adquiridos usados. En concreto se establece que cuando un elemento patrimonial se utilice diariamente en más de un turno normal de trabajo, podrá amortizarse en función del coeficiente formado por la suma de: 

el coeficiente de amortización lineal que se deriva del período máximo de amortización, y



el resultado de multiplicar la diferencia entre el coeficiente de amortización lineal máximo y el coeficiente de amortización lineal que se deriva del período máximo de amortización, por el cociente entre las horas diarias habitualmente trabajadas y ocho horas.

Lo expuesto no se aplica a aquellos elementos que por su naturaleza técnica deban ser utilizados de forma continuada. Ejemplo: Una máquina se usa 24 horas al día y sus coeficientes y periodos son 10% y 20 años, respectivamente. Coeficiente mínimo de amortización: 100/20= 5% C"= c + [(C-c) x H/8] Nuevo coeficiente máximo: 5 + [(10-5) x 24/8] = 20% C": Nuevo coeficiente máximo c: Coeficiente mínimo según tablas C: Coeficiente máximo según tablas H: Horas al día

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Asimismo, tratándose de elementos patrimoniales del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias que se adquieran usados, es decir, que no sean puestos en condiciones de funcionamiento por primera vez, el cálculo de la amortización se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios: a)

Sobre el precio de adquisición, hasta el límite resultante de multiplicar por 2 la cantidad derivada de aplicar el coeficiente de amortización lineal máximo.

b) Si se conoce el precio de adquisición o coste de producción originario, éste podrá ser tomado como base para la aplicación del coeficiente de amortización lineal máximo. c)

Si no se conoce el precio de adquisición o coste de producción originario, el sujeto pasivo podrá determinar aquél pericialmente. Establecido dicho precio de adquisición o coste de producción se procederá de acuerdo con lo previsto en la letra anterior.

No se considerarán como elementos patrimoniales usados los edificios cuya antigüedad sea inferior a diez años. Amortización según porcentaje constante Consiste en aplicar un porcentaje constante sobre la base de amortización de cada ejercicio, constituida esta, por el valor pendiente de amortización o valor contable del elemento patrimonial. De esta forma, este método determina cuotas de amortización decrecientes. Los pasos a seguir para su cálculo son: 

El sujeto pasivo escogerá el periodo en el cual desea amortizar el bien. Dicho periodo estará comprendido, como límite superior, por el que fijen las tablas oficiales de amortización, y como límite inferior, por el tiempo en el cual estaría amortizado el correspondiente bien en caso de aplicar el coeficiente máximo que para el mismo fijan las tablas oficiales.



Una vez elegido el periodo, tendremos un primer coeficiente como resultado de dividir 100 entre el número de años escogido.



El coeficiente de amortización lineal elegido se ponderará en función de los siguientes parámetros: -

Periodo de amortización inferior a cinco años: 1,5.

-

Periodo de amortización igual o mayor que cinco años e inferior a ocho: 2,0.

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Periodo de amortización igual o mayor a ocho años: 2,5. -

El coeficiente así obtenido no podrá ser menor del 11%.

-

El coeficiente obtenido se aplicará sobre el valor pendiente de amortización, obteniendo así la cuota correspondiente. El valor pendiente de amortización será la diferencia entre el valor de adquisición y la amortización practicada hasta ese ejercicio.

-

El saldo pendiente de amortizar en el último periodo de vida útil se amortizará íntegramente en ese periodo.

Este método de amortización no será aplicable a edificios, mobiliario y enseres. Ejemplo: Una sociedad compra un ordenador por un valor 10.000€ cuyo coeficiente máximo de amortización por tablas es del 25% y su periodo máximo de amortización es de 8 años. Decide amortizarlo por el sistema del porcentaje constante, estimándose una vida útil de 4 años. Para una vida útil de 4 años, la Ley establece que el porcentaje de amortización que debe aplicarse es: 25% x 1' 5= 37' 5%.

Año

Base amortización

Amortización

Valor pendiente

3.750

6.250

1

10.000

2

6.250

2.343' 75

3.906' 25

3

3.906' 25

1.464' 84

2.441' 41

4

2.441' 41

2.441' 41

0

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Método de amortización según números dígitos. 

La sociedad escogerá el periodo en el que se desea amortizar el bien, que podrá ser cualquiera de entre los comprendidos entre el máximo y el mínimo en las tablas de amortización.



A continuación se procede a la suma de dígitos, mediante la adición de los valores numéricos asignados a los años en que se haya de amortizar el elemento patrimonial.



A estos efectos, se asignará el valor numérico mayor de la serie de años en que haya de amortizarse el elemento patrimonial al año en que deba comenzar la amortización, y para los años siguientes, valores numéricos sucesivamente decrecientes en una unidad, hasta llegar al último considerado para la amortización, que tendrá un valor numérico igual a la unidad.



A continuación se divide el valor a amortizar entre la suma de dígitos obtenida, determinándose así la cuota por dígito.



La cuota de amortización anual se obtendrá como resultado de multiplicar la cuota por dígito por el valor numérico que corresponda a cada periodo.



La asignación de valores numéricos también podrá efectuarse de manera inversa a la expuesta.



Este método de amortización no será aplicable a edificios, mobiliario y enseres.

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Ejemplo: Una sociedad compra una maquinaria por un valor 15.000€ cuyo coeficiente máximo de amortización por tablas es del 25% y su periodo máximo de amortización es de 8 años. Tomamos como periodo de amortización el mínimo de las tablas: 100/25 = 4 años. Se procede a la suma de todos los dígitos. 1+2+3+4=10. A continuación se calcula la cuota por dígito dividiendo el valor de adquisición entre la suma de los dígitos, para obtener la cuota por dígito. 15.000/10= 1.500. Finalmente amortizamos cada año la cantidad resultante de multiplicar su dígito correspondiente por la cuota por dígito: 

el año 1 amortizaremos 4 x 1.500= 6.000



el año 2 amortizaremos 3 x 1.500= 4.500



el año 3 amortizaremos 2 x 1.500= 3.000



el año 4 amortizaremos 1 x 1.500= 1.500

Planes de amortización Los sujetos pasivos podrán proponer a la Administración tributaria un plan para la amortización de los elementos patrimoniales del inmovilizado material, intangible o inversiones inmobiliarias. La solicitud deberá contener los siguientes datos: a)

Descripción de los elementos patrimoniales objeto del plan especial de amortización, indicando la actividad a la que se hallen adscritos y su ubicación.

b) Método de amortización que se propone, indicando la distribución temporal de las amortizaciones que se derivan del mismo. c)

Justificación del método de amortización propuesto.

d) Precio de adquisición o coste de producción de los elementos patrimoniales.

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e)

Fecha en que deba comenzar la amortización de los elementos patrimoniales.

La solicitud se debe presentar dentro del período de construcción de los elementos patrimoniales o de los tres meses siguientes a la fecha en la que deba comenzar su amortización. El sujeto pasivo podrá desistir de la solicitud formulada. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá: a)

Aprobar el plan de amortización formulado por el sujeto pasivo.

b) Aprobar un plan alternativo de amortización formulado por el sujeto pasivo en el curso del procedimiento. c)

Desestimar el plan de amortización formulado por el sujeto pasivo.

El procedimiento deberá finalizar antes de tres meses contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente o desde la fecha de subsanación de la misma a requerimiento de dicho órgano. Transcurrido este sin haberse producido una resolución expresa, se entenderá aprobado el plan de amortización formulado por el sujeto pasivo. Finalmente, cabe la posibilidad de que la amortización se realice en función de la depreciación real de los elementos patrimoniales, conforme a los importes justificados por el sujeto pasivo.

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Amortización de activos adquiridos mediante contrato de arrendamiento financiero Desde un punto de vista contable, cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, dicho acuerdo deberá calificarse como arrendamiento financiero y tendrá el tratamiento previsto en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. Fiscalmente, son deducibles los cargos contables y no procederá ningún ajuste. Además, se establece en el TRLIS un criterio adicional que calificará un arrendamiento financiero, cuando el importe a pagar por el ejercicio de la opción de compra o renovación, en el caso de cesión de activos con dicha opción, sea inferior al importe resultante de minorar el valor del activo en la suma de las cuotas de amortización máximas que corresponderían a éste dentro del tiempo de duración de la cesión. Por aplicación de este artículo, debe calificarse fiscalmente como financiero el arrendamiento aunque contablemente no esté así calificado. En el artículo 115 de la LIS se establece un régimen fiscal especial para los arrendamientos financieros, de modo que, por excepción al régimen general previsto para dicha clase de arrendamientos explicado anteriormente, se permite al cesionario la amortización fiscal acelerada de los activos objeto de arrendamiento financiero, sin necesidad de su imputación contable a la cuenta de pérdidas y ganancias. Este régimen se aplicará a los contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 1.

Deberán tener una duración de al menos dos años para bienes muebles, o de 10 años para inmuebles o establecimientos industriales.

2.

Las cuotas de recuperación del coste deberán expresarse separadamente de las cuotas financieras y de la opción de compra.

3.

Las cuotas de recuperación del coste del bien deberán ser constantes o crecientes a lo largo de todo el contrato. No obstante, este requisito no será exigido en los contratos de arrendamiento financiero vigentes cuyos periodos anuales de duración se inicien dentro de los años 2009, 2010 y 2011. Si bien, el importe anual de la parte de esas cuotas en dichos periodos no podrá exceder del 50% del coste del bien, caso de bienes muebles, o del 10% de dicho coste, tratándose de bienes inmuebles o establecimientos industriales.

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La aplicación de este régimen especial permite para el cesionario acogido al mismo una amortización fiscal más rápida del elemento y, por tanto, un mayor gasto fiscal que contable. En concreto, las cuotas de recuperación del coste tendrán la consideración de gasto deducible, con el límite del doble del coeficiente de amortización lineal que figure en las tablas oficiales aprobadas. Dichos importes revertirán como mayor gasto contable que fiscal, una vez que el elemento esté totalmente amortizado desde un punto de vista fiscal, o como mayor ingreso fiscal en caso de enajenación, deterioro, pérdida o inutilización definitiva del elemento, salvo que en este último caso fuese por causa no imputable al sujeto pasivo y debidamente justificada. La parte no deducida por exceder del límite antes fijado podrá deducirse en los periodos impositivos posteriores con el mismo límite. No serán deducibles las cuotas de recuperación del coste del bien que correspondan a terrenos, solares y otros activos no amortizables. Para las entidades de reducida dimensión, el límite de la deducción de la parte de la cuota satisfecha correspondiente a la recuperación del coste del bien será el resultado de aplicar el triple del coeficiente máximo de amortización previsto en las tablas, en lugar del doble establecido con carácter general para el resto de las entidades. LIBERTAD DE AMORTIZACIÓN Se establece la posibilidad de amortizar libremente los siguientes elementos: 

Los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias de las sociedades anónimas laborales y de las sociedades limitadas laborales, afectos a la realización de sus actividades, adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la fecha de su calificación como tales.



Los activos mineros en los términos establecidos en el artículo 97 del TRLIS.



Los elementos del inmovilizado material e intangible afectos a las actividades de investigación y desarrollo, excluidos los edificios. Los edificios pueden amortizarse, por partes iguales, durante un periodo de 10 años, en la parte en que se hallen afectos a las actividades de investigación y desarrollo.

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Los gastos de investigación y desarrollo activados como inmovilizado intangible, excluidas las amortizaciones de los elementos que disfruten de libertad de amortización.



Los elementos de inmovilizado material o intangible de las entidades que tengan la calificación de explotaciones asociativas prioritarias de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la fecha de su reconocimiento como explotación prioritaria.



Libertad de amortización en elementos nuevos del activo material fijo



Diversos supuestos en Empresas de reducida dimensión.

Libertad de amortización en elementos nuevos del activo material fijo. El Real Decreto–ley 13/2010, de 3 de diciembre, ha modificado el régimen especial de la libertad de amortización para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2011. En concreto, dos son las novedades aplicables a partir de 1 de enero de 2011: 

La desaparición del requisito de mantenimiento del empleo por parte del sujeto pasivo para poder acogerse al régimen especial de libertad de amortización y,



la ampliación del periodo de duración del incentivo fiscal hasta el ejercicio 2015.

Los únicos requisitos exigidos para la aplicación del régimen de libertad de amortización son: -

que los elementos adquiridos sean nuevos y pertenezcan a las categorías de inmovilizado material o inversiones inmobiliarias,

-

que estén afectos a las actividades económicas del sujeto pasivo y

-

que sean puestos a disposición del sujeto pasivo en los periodos iniciados dentro de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

El Decreto-ley 13/2010, también prevé un régimen transitorio aplicable a los contribuyentes que, no cumpliendo el requisito de mantenimiento del empleo, hayan realizado inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias que hubieran sido puestos a su disposición con posterioridad a la entrada en vigor de la citada norma (esto es, el 3 de diciembre de 2010) y antes del primer periodo impositivo que se iniciara a partir del 1 de enero de 2011. En este caso, las referidas

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inversiones podrán acogerse al régimen de libertad de amortización sin necesidad de cumplir el requisito del mantenimiento del empleo a partir del primer periodo impositivo iniciado tras el 1 de enero de 2011. Sin embargo, aquellas inversiones puestas a disposición del sujeto pasivo antes de 3 de diciembre de 2010 solo podrán acogerse al régimen especial de libertad de amortización si cumplen los requisitos previstos en el Decreto ley 6/2010 entre los que se encuentra el del mantenimiento del empleo. Por lo que se refiere a aquellos elementos que sean adquiridos en virtud de contratos de ejecución de obra o proyectos de inversión con una periodo de ejecución superior a dos años, el régimen vigente a partir de 1 de enero de 2011 determina que sólo se podrá amortizar libremente la parte de la inversión en curso realizada dentro de los años 2011 a 2015, con independencia de que se puedan poner a disposición o en funcionamiento con posterioridad a 2015. En concreto, el Decreto–ley 12/2012 ha eliminado el incentivo de la libertad de amortización para nuevos activos adquiridos a partir del 31 de marzo de 2012. Esta circunstancia si bien no afecta al ejercicio 2011 sí incide respecto a las cantidades pendientes de amortizar que correspondan a inversiones en elementos puestos a disposición del contribuyente en 2011, por lo que debe ser valorado a la hora de la elaborar la declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al presente ejercicio 2011. Así, el Decreto Ley 12/2012, aun cuando permite a los sujetos pasivos que hubieran realizado inversiones acogidas al incentivo de la libertad de amortización antes del 31 de marzo de 2012, y que tuvieran cantidades pendientes de amortizar, la posibilidad de poder seguir aplicando dicho régimen, introduce una limitación a la cuantía de la amortización fiscal aplicable durante los periodos impositivos que se inicien en 2012 y 2013. Tal limitación, que no afecta a las empresas de reducida dimensión, es la siguiente: -

Solo se podrá computar una amortización fiscal equivalente al 40% de la base imponible del sujeto pasivo (previa a la aplicación de la amortización y a la compensación de bases imponibles negativas), cuando las cantidades de amortización fiscal pendientes de aplicar procedieran de inversiones acogidas al incentivo fiscal con los requisitos establecidos en el decreto-ley 6/2010.

-

Solo se podrá computar una amortización fiscal equivalente al 20% de la base imponible del sujeto pasivo (previa a la aplicación de la amortización y a la compensación de bases

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imponibles negativas), cuando las cantidades de amortización fiscal pendientes de aplicar procedieran de inversiones acogidas al incentivo fiscal con los requisitos establecidos en el decreto-ley 13/2010. -

En el caso de que los sujetos pasivos tuvieran a la vez cantidades pendientes de aplicar en los términos establecidos en los dos párrafos anteriores, se podrá aplicar el límite del 40% hasta agotar las cantidades pendientes generadas con arreglo al decreto-ley 6/2010. Podrán aplicar en el mismo periodo impositivo las cantidades pendientes de aplicar generadas al amparo del decreto-ley 13/2010 hasta el importe de la diferencia entre el límite del 20% y las cantidades ya aplicadas en el mismo periodo impositivo.

Amortizaciones en el régimen de incentivos a las empresas de reducida dimensión Se establecen los siguientes supuestos: -

Libertad de amortización para inversiones generadoras de empleo.

-

Libertad de amortización para inversiones de escaso valor.

-

Amortización acelerada para inversiones en elementos nuevos.

-

Amortización acelerada de bienes objeto de reinversión.

Para poder aplicar estos incentivos es necesario que la entidad sea una empresa de reducida dimensión, esto es, que en el período impositivo anterior el importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 10 millones de euros. Asimismo, estos incentivos fiscales también serán de aplicación en los tres períodos impositivos inmediatos y siguientes a aquél período impositivo en que la entidad o conjunto de entidades a que se refiere el apartado anterior, alcancen la referida cifra de negocios de 10 millones de euros, siempre que las mismas hayan cumplido las condiciones para ser consideradas como de reducida dimensión tanto en aquél período como en los dos períodos impositivos anteriores a este último.

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Libertad de amortización para inversiones generadoras de empleo. Los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, puestos a disposición del sujeto pasivo en el periodo impositivo en que se cumplan las condiciones para considerar a una empresa como de reducida dimensión, podrán ser amortizados libremente siempre y cuando, durante los 24 meses siguientes a la fecha del inicio del periodo impositivo en que los bienes adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media total de la compañía se incremente respecto de la plantilla media de los 12 meses anteriores, y dicho incremento se mantenga durante un periodo adicional de otros 24 meses. La libertad de amortización será incompatible con los siguientes beneficios fiscales: -

La bonificación por actividades exportadoras, respecto de los elementos en los que se inviertan los beneficios objeto de aquélla.

-

-La reinversión de beneficios extraordinarios, la exención por reinversión y la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, respecto de los elementos en los que se reinvierta el importe de la transmisión.

En caso de transmisión de elementos que hayan gozado de libertad de amortización, únicamente podrá acogerse a la exención por reinversión la renta obtenida por diferencia entre el valor de transmisión y su valor contable, una vez corregida en el importe de la depreciación monetaria. En el supuesto de que se incumpliese la obligación de incrementar o mantener la plantilla se deberá proceder a ingresar la cuota íntegra que hubiere correspondido a la cantidad deducida en exceso más los intereses de demora correspondientes.

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Libertad de amortización para inversiones de escaso valor. Los elementos del inmovilizado material nuevos podrán amortizarse en su totalidad siempre que: su valor unitario no exceda de 601,01 euros y la puesta a disposición se realice en un periodo impositivo en el que sea aplicable el régimen especial de empresas de reducida dimensión, hasta el límite máximo de 12.020,24 euros de amortización por este concepto por periodo impositivo. Amortización acelerada para inversiones en elementos nuevos. Los sujetos pasivos del IS podrán amortizar los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, así como de los elementos del inmovilizado intangible que se encuentren recogidos en las tablas oficiales de amortización como, por ejemplo, las aplicaciones informáticas o producciones cinematográficas, en base al coeficiente que resulte de multiplicar por dos el coeficiente máximo derivado de las tablas oficiales. Los activos intangibles de vida útil definida y el fondo de comercio que cumplan los requisitos establecidos en los apartados 4 y 6 de los artículos 11 y 12 del TRLIS, respectivamente, podrán deducirse un 150% del importe que resulte de aplicar dichos apartados. Amortización acelerada de bienes objeto de reinversión. Este beneficio fiscal permite que los activos en que se materialice el importe obtenido en una transmisión onerosa de un elemento del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias puedan ser amortizados en función del coeficiente que resulte de multiplicar por tres el coeficiente de amortización lineal máximo previsto en las tablas de amortización oficialmente aprobadas. La amortización acelerada de los elementos objeto de reinversión establecida para las empresas de reducida dimensión en el artículo 113 LIS es incompatible con la amortización del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias nuevos prevista en el artículo 111 LIS. No se trata de un beneficio fiscal distinto, sino que es el mismo beneficio fiscal, con diferentes cuantías máximas. Por eso, el límite máximo de amortización para las empresas de reducida dimensión que reinviertan el importe obtenido por la enajenación de elementos patrimoniales afectos a explotaciones económicas será siempre 3 (períodos impositivos iniciados con posterioridad al 25 de junio de 2000), aunque sean inmovilizado material o inversiones inmobiliarias nuevas.

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B. PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES Las pérdidas de valor por deterioro sufridas por determinados elementos patrimoniales tienen un tratamiento específico en la normativa reguladora del impuesto. En los demás supuestos se respeta la partida contabilizada. Las pérdidas por deterioro reguladas en el TR del IS son las siguientes: Pérdida por deterioro de los fondos editoriales, fonográficos y audiovisuales. Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los fondos editoriales, fonográficos y audiovisuales de las entidades que realicen la correspondiente actividad productora, una vez transcurridos dos años desde la puesta en el mercado de las respectivas producciones. Antes del transcurso de dicho plazo, también podrán ser deducibles si se probara el deterioro. Pérdida por deterioro de los créditos derivada de posibles insolvencias de los deudores Son deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, cuando en el momento del devengo del Impuesto concurra alguna de las siguientes circunstancias: a)

Que haya transcurrido el plazo de seis meses desde el vencimiento de la obligación.

b) Que el deudor esté declarado en situación de concurso. c)

Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.

d) Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro. No serán deducibles las pérdidas respecto de los créditos que seguidamente se citan, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía: 1.

Los adeudados o afianzados por entidades de derecho público.

2.

Los afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca.

3.

Los garantizados mediante derechos reales, pacto de reserva de dominio y derecho de retención, excepto en los casos de pérdida o envilecimiento de la garantía.

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4.

Los garantizados mediante un contrato de seguro de crédito o caución.

5.

Los que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa.

No son, sin embargo, deducibles: -

las pérdidas para la cobertura del riesgo derivado de las posibles insolvencias de personas o entidades vinculadas con el acreedor, salvo en el caso de insolvencia judicialmente declarada,

-

ni las pérdidas basadas en estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores. Con relación a este supuesto nos encontramos con una excepción en la medida en que las empresas de reducida dimensión sí tienen la posibilidad de deducir la pérdida dotada siguiendo la técnica apuntada de estimación global hasta el límite del 1% sobre los deudores existentes a la conclusión del periodo impositivo. Entre los referidos deudores no se incluirán aquellos sobre los que se hubiese reconocido la pérdida por deterioro de los créditos por insolvencias establecidas con carácter general en el artículo 12.2 de la LIS y aquellos otros cuyas pérdidas por deterioro no tengan el carácter de deducibles según lo dispuesto en este último artículo. El saldo de la pérdida por deterioro efectuada según lo indicado no podrá exceder del referido límite.

-

El importe de las pérdidas por deterioro de valor de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores contabilizadas en el período impositivo objeto de declaración y que no cumplan los requisitos para ser deducibles conllevarán la necesidad de efectuar un ajuste extracontable positivo. Cuando en un período impositivo posterior al de la contabilización de la pérdida por deterioro de valor de dicha clase de créditos y que dio lugar al correspondiente ajuste positivo se produzca la recuperación de valor, el sujeto pasivo deberá efectuar en aquél un ajuste al resultado contable negativo del importe que fue objeto del referido aumento.

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Pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en fondos propios de entidades que no coticen en un mercado regulado La deducción en concepto de pérdidas no podrá exceder de la diferencia positiva entre el valor de los fondos propios al inicio y al cierre del ejercicio, debiendo tenerse en cuenta las aportaciones o devoluciones de aportaciones realizadas en él. Este mismo criterio se aplicará a las participaciones en el capital de entidades del grupo, multigrupo y asociadas en los términos de la legislación mercantil. Para determinar la diferencia indicada se tomarán los valores al cierre del ejercicio siempre que se recojan en los balances formulados o aprobados por el órgano competente. Si la participación se produce en entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, las correspondientes pérdidas por deterioro no serán deducibles salvo en el supuesto de que dichas entidades consoliden sus cuentas con las de la entidad que dota la pérdida o cuando las mismas residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos y que realizan actividades empresariales. Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda admitidos a cotización en mercados regulados Son deducibles las pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda admitidos a cotización en mercados regulados, con el límite de la pérdida global, obtenida tras el cómputo de las variaciones de valor positivas y negativas de todos los valores poseídos por el sujeto pasivo admitidos a cotización, sufrida en el periodo impositivo. Por el contrario, no son deducibles las pérdidas por deterioro de valores que tengan un valor cierto de reembolso que no estén admitidos a cotización en mercados regulados o que estén admitidos a cotización en mercados regulados situados en países o territorios calificados como paraísos fiscales. Adquisición de participaciones de entidades no residentes Los sujetos pasivos que, en períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2002, hayan adquirido valores representativos de la participación en fondos propios de entidades no residentes en territorio español cuyas rentas puedan acogerse a la exención establecida en el artículo 21 de la LIS, en los períodos impositivos indicados a partir de 1 de enero de 2011, realizarán un ajuste negativo hasta un máximo anual de la centésima parte del importe, que no corresponda imputar a los bienes y derechos

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de la entidad no residente en territorio español, de la diferencia (positiva) entre el precio de adquisición de la participación y el patrimonio neto de la sociedad participada a la fecha de adquisición, en proporción a esa participación. Y cuando transmitan los referidos valores, deberán hacer un ajuste positivo sobre aquel importe que, con motivo de la adquisición de los mismos, efectuaron el ajuste negativo. En el caso de contabilización de la pérdida por deterioro del fondo de comercio financiero, en el supuesto de que el gasto contabilizado en el período impositivo sea superior al referido límite de la centésima parte, el importe de tal exceso deberá incluirse mediante ajuste positivo; y si el gasto contabilizado fuese inferior a dicho límite, solamente el importe de esta diferencia será el incluible como ajuste negativo. La deducción de la base imponible no será de aplicación a las adquisiciones de valores representativos de la participación en fondos propios de entidades no residentes en territorio español, realizadas a partir de 21 de diciembre de 2007, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 1 de la Decisión de la Comisión Europea de 28 de octubre de 2009 y en el apartado 3 del artículo 1 de la Decisión de la Comisión de 12 de enero de 2011, relativas a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras, asunto C-45/2007, respecto a las adquisiciones relacionadas con una obligación irrevocable convenida antes del 21 de diciembre de 2007. No obstante, tratándose de adquisiciones de valores que confieran la mayoría de la participación en los fondos propios de entidades residentes en otro Estado no miembro de la Unión Europea, realizadas entre el 21 de diciembre de 2007 y el 21 de mayo de 2011, podrá aplicarse la deducción establecida en este apartado cuando se demuestre la existencia de obstáculos jurídicos explícitos a las combinaciones transfronterizas de empresas, en los términos establecidos en los apartados 4 y 5 del artículo 1 de la citada Decisión de la Comisión de 12 de enero de 2011.

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Por tanto, a efectos de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2011, solo se podrán efectuar correcciones al resultado contable en concepto de amortización del fondo de comercio financiero en la medida en que éstas procedan de: -

adquisiciones de participaciones en entidades residentes tanto en otro Estado miembro de la UE como fuera de la UE efectuadas antes del 21 de diciembre de 2007, y

-

adquisiciones de participaciones en entidades residentes en otro Estado no miembro de la UE efectuadas antes del 21 de mayo de 2011 cuando se acredite la existencia en dicho Estado de obstáculos jurídicos explícitos a las combinaciones transfronterizas de empresas.

Como se ha señalado, el Decreto-ley 9/2011, ha introducido también con efectos para los periodos impositivos iniciados en 2011, 2012 y 2013 una limitación en el importe máximo anual que puede ser considerado fiscalmente deducible. En concreto, en dichos periodos, el importe del fondo de comercio financiero deducible tendrá como límite anual máximo la centésima parte de su importe, pudiendo deducir en los ejercicios posteriores los importes no deducidos en los ejercicios 2011, 2012 y 2013. Deducibilidad fiscal del fondo de comercio. Es deducible el precio de adquisición del inmovilizado intangible correspondiente a fondos de comercio, con el límite anual de la veinteava parte de su importe, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a)

Que dicho inmovilizado intangible se haya puesto de manifiesto en virtud de una adquisición a título oneroso.

b) Que la entidad adquirente y la transmitente no formen parte de un mismo grupo de sociedades, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. Si ambas entidades forman parte de un grupo, la deducción se aplicará respecto del precio de adquisición del fondo de comercio satisfecho por la entidad transmitente cuando lo hubiera adquirido de personas o entidades no vinculadas. c)

Que se haya dotado una reserva indisponible, al menos, por el importe fiscalmente deducible, en los términos establecidos en la legislación mercantil. De no poder dotarse esta reserva, la deducción está condicionada a que se dote con cargo a los primeros beneficios de los ejercicios siguientes.

Impuesto sobre Sociedades Ejercicio 2011 (a declarar en 2012)

Esta deducción no está condicionada a su imputación contable a la cuenta de pérdidas y ganancias dada la inexistencia de amortización contable del fondo de comercio. Las cantidades deducidas minorarán, a efectos fiscales, el valor de dicho fondo. Deducción del inmovilizado intangible de vida útil definida Está limitada a un máximo anual de la décima parte de dichas dotaciones. No obstante, en el caso de intangibles de vida útil inferior a 10 años, el límite anual máximo se calculará atendiendo a dicha duración. Las dotaciones serán deducibles cuando se cumplan los siguientes requisitos: a)

Que el referido inmovilizado se haya puesto de manifiesto en virtud de una adquisición a título oneroso.

b) Que la entidad adquirente y la transmitente no formen parte de un grupo de sociedades, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. Si ambas entidades forman parte de un grupo, la deducción se aplicará respecto del precio de adquisición del inmovilizado satisfecho por la entidad transmitente cuando lo hubiera adquirido de personas o entidades no vinculadas. Esta deducción no está condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias, y las cantidades deducidas minorarán, a efectos fiscales, el valor del inmovilizado.

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C. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Las provisiones representan obligaciones expresas o tácitas, claramente especificadas en cuanto a su naturaleza, pero que en la fecha del cierre del ejercicio están indeterminadas en cuanto a su importe exacto o a la fecha en que se producirán. Las provisiones constituyen un gasto del ejercicio y deben valorarse en el momento de cierre del mismo en virtud de una estimación del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. Frente a la anterior concepción de que, como regla general, las dotaciones a las provisiones tenían la consideración de gasto no deducible, salvo determinadas excepciones, la regla general ha pasado a ser la de que las provisiones dotadas conforme a criterios contables serán deducibles, salvo las excepciones previstas en el artículo 13 del TRLIS. En concreto, los gastos por provisiones que no tendrán carácter deducible son los siguientes: 

Los derivados de obligaciones implícitas o tácitas. Sólo serán deducibles los gastos por provisiones que reflejen obligaciones derivadas de una disposición legal o contractual.



Los relativos a retribuciones a largo plazo al personal, excepto las contribuciones de los promotores de planes de pensiones así como las realizadas a planes de previsión social empresarial, y las contribuciones para la cobertura de contingencias análogas que cumplan estos requisitos: a)

Que sean imputadas fiscalmente a las personas a quienes se vinculen las prestaciones.

b) Que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción de las prestaciones futuras. c)

Que se transmita la titularidad y la gestión de los recursos en que consistan dichas contribuciones.



Los concernientes a los costes de cumplimiento de contratos que excedan a los beneficios económicos que se esperan recibir de los mismos.



Los derivados de reestructuraciones excepto si se refieren a obligaciones legales o contractuales y no meramente tácitas.

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Los que cubran el riesgo de devoluciones de ventas.



Los gastos de personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución a los empleados, tanto si se satisface en efectivo o mediante la entrega de dichos instrumentos

En el período impositivo en que se contabilicen dichos gastos no fiscalmente deducibles se deberá efectuar un ajuste extracontable positivo, y en el período impositivo en que la provisión se aplique a su finalidad, el importe correspondiente a aquellos gastos será objeto de un ajuste negativo. Sí son deducibles los siguientes gastos por provisiones: a)

Los gastos correspondientes a actuaciones medioambientales. Son provisiones para gastos derivados de las obligaciones legales, contractuales o implícitas asumidas por la entidad para prevenir o reparar daños medioambientales. Para que estos gastos sean deducibles será necesario que se correspondan a un plan formulado por el sujeto pasivo y aceptado por la Administración tributaria.

b) Los gastos relativos a las provisiones técnicas realizadas por las entidades aseguradoras, así como la dotación a la reserva de estabilización hasta el importe de las cuantías mínimas establecidas por las normas aplicables. La dotación a la reserva de estabilización será deducible en la determinación de la base imponible, aun cuando no se haya integrado en la cuenta de pérdidas y ganancias. Cualquier aplicación de dicha reserva se integrará en la base imponible del período impositivo en el que se produzca. c)

Las correcciones por deterioro de primas o cuotas pendientes de cobro serán incompatibles, para los mismos saldos, con la dotación para la cobertura de posibles insolvencias de deudores.

d) Los gastos relativos a las provisiones técnicas efectuados por las sociedades de garantía recíproca, con cargo a su cuenta de pérdidas y ganancias, hasta que el fondo alcance la cuantía mínima obligatoria. Las dotaciones que excedan de las cuantías obligatorias serán deducibles con el límite del 75%. No se integrarán en la base imponible las subvenciones otorgadas por las Administraciones públicas a las sociedades de garantía recíproca ni las rentas que se deriven de dichas subvenciones, siempre que unas y otras se destinen al fondo de provisiones técnicas. Todo lo previsto en este apartado también se aplicará a las sociedades de reafianzamiento con relación a las actividades que integran necesariamente su objeto social.

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e)

Los gastos inherentes a los riesgos derivados de garantías de reparación y revisión, así como los gastos accesorios por devoluciones de ventas. Estos gastos, serán deducibles hasta el importe necesario que resulte de aplicar a las ventas con garantías vivas a la conclusión del período impositivo, el porcentaje determinado por el resultado de la siguiente fracción: en el numerador, los gastos realizados para hacer frente a las garantías habidas en el período impositivo y en los dos anteriores, y en el denominador el importe de las ventas con garantías realizadas en dichos períodos impositivos. Las entidades de nueva creación también podrán deducir las dotaciones a que hace referencia el párrafo primero, mediante la fijación del porcentaje referido en éste respecto de los gastos y ventas realizados en los períodos impositivos que hubieren transcurrido.

D. GASTOS NO DEDUCIBLES Con carácter general, los requisitos que deben concurrir en un gasto para que tenga carácter deducible son los siguientes: 

Que esté contabilizado.



Que esté justificado mediante el correspondiente documento o factura.



Que esté imputado correctamente.



Que sea necesario para la obtención de los ingresos.

La contabilización exige que los gastos aparezcan reflejados contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, o en una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria, para que tengan la consideración de deducibles. No obstante, existen una serie de excepciones que permiten deducir un gasto aunque no se haya contabilizado. Entre ellos cabe destacar los supuestos de libertad de amortización La justificación del gasto es asimismo un requisito necesario para su deducibilidad. Esta justificación se debe realizar mediante documento (nóminas, escritura pública, etc) o factura, que deberá ser completa conforme a lo dispuesto en el RD 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las operaciones de facturación.

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En la normativa reguladora del impuesto se hace referencia a determinadas partidas de gastos que no tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible. Son los siguientes: 1.

Los que representen una retribución de los fondos propios, como los dividendos y otras formas de retribución a los socios por su participación en el capital social.

2.

Los derivados de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades. No tendrán la consideración de ingresos los procedentes de dicha contabilización. La necesidad de esta corrección viene impuesta por la distinta consideración que para las normas mercantiles y fiscales tienen las cuotas del Impuesto sobre Sociedades. Desde el punto de vista mercantil y contable, es una partida a computar como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando la cuenta, o conjunto de cuentas representativas de dicho concepto, tenga saldo deudor, y como ingreso cuando el saldo sea acreedor. Sin embargo, la Ley del Impuesto sobre Sociedades no considera deducibles los gastos derivados de la contabilización del propio Impuesto, ni tampoco considera como ingresos fiscalmente computables la contabilización acreedora del citado impuesto en dicha cuenta.

3.

Las multas y sanciones penales y administrativas, el recargo de apremio y el recargo por presentación fuera de plazo de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones.

4.

Las pérdidas del juego.

5.

Los donativos y liberalidades. No tendrán la consideración de fiscalmente deducibles los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en países o territorios calificados reglamentariamente por su carácter de paraísos fiscales, o que se paguen a través de personas o entidades residentes en éstos, excepto que el sujeto pasivo pruebe que el gasto devengado responde a una operación o transacción efectivamente realizada.

6.

Asimismo, son deducibles las cantidades satisfechas y el valor contable de los bienes entregados en concepto de donación en cuanto sean aplicables a la consecución de los fines propios de las siguientes entidades donatarias: a.

Las sociedades de desarrollo industrial regional.

b.

Las federaciones deportivas españolas, territoriales de ámbito autonómico y los clubes deportivos, en relación a las cantidades recibidas de las sociedades anónimas

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deportivas para la promoción y desarrollo de actividades deportivas no profesionales, siempre que entre las referidas entidades se haya establecido un vínculo contractual oneroso necesario para la realización del objeto y finalidad de las referidas federaciones y clubes deportivos. 7.

Las dotaciones a provisiones o fondos internos para la cobertura de contingencias idénticas o análogas a las cubiertas por los planes de pensiones. En este caso deberá practicarse un ajuste positivo generado como consecuencia de una diferencia de carácter temporal en la medida en que, fiscalmente, este gasto contable sí tendrá carácter deducible cuando se produzca el abono efectivo de las prestaciones comprometidas.

8.

Las correspondientes a gastos de servicios derivados de operaciones realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en países o territorios calificados como paraísos fiscales, o que se paguen a través de personas o entidades residentes en éstos. La no deducibilidad tiene una excepción consistente en que el sujeto pasivo pruebe que el gasto devengado responde a una operación o transacción efectivamente realizada.

E. REGLAS DE VALORACIÓN: REGLA GENERAL Y REGLAS ESPECIALES EN LOS SUPUESTOS DE TRANSMISIONES LUCRATIVAS Y SOCIETARIAS Los elementos patrimoniales se valorarán de acuerdo con los criterios establecidos en el

Código de

Comercio. No obstante, las variaciones de valor originadas por aplicación del criterio del valor razonable no tendrán efectos fiscales mientras no deban imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias. El importe de las revalorizaciones contables no se integrará en la base imponible, excepto cuando se lleven a cabo en virtud de normas legales o reglamentarias que obliguen a incluir su importe en la cuenta de pérdidas y ganancias. El importe de la revalorización no integrada en la base imponible no determinará un mayor valor, a efectos fiscales, de los elementos revalorizados. Es decir, cuando el sujeto pasivo haya efectuado una revalorización contable no amparada por una norma legal o reglamentaria tendrá que efectuar en el período impositivo en que contabilice gastos derivados de dicha revalorización un ajuste positivo y, en caso de ingresos, un ajuste negativo.

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Se valorarán por su valor normal de mercado los siguientes elementos patrimoniales: a)

Los transmitidos o adquiridos a título lucrativo.

b) Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación. c)

Los transmitidos a los socios por causa de disolución, separación de estos, reducción del capital con devolución de aportaciones, reparto de la prima de emisión y distribución de beneficios.

d) Los transmitidos en virtud de fusión, absorción y escisión total o parcial. e)

Los adquiridos por permuta.

f)

Los adquiridos por canje o conversión.

Se entenderá por valor normal del mercado el que hubiera sido acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes. En los supuestos previstos en los párrafos a, b, c y d la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado de los elementos transmitidos y su valor contable. En los supuestos de elementos patrimoniales adquiridos por permuta, así como los procedentes de canje o conversión, las entidades integrarán en la base imponible la diferencia entre el valor normal del mercado de los elementos adquiridos y el valor contable de los entregados. En la adquisición a título lucrativo (por donación o legado), la entidad adquirente integrará en su base imponible el valor normal de mercado del elemento patrimonial adquirido. Por ello en el período en que se produzca la adquisición la entidad adquirente deberá efectuar un ajuste positivo por el importe de la diferencia entre el valor normal de mercado del elemento y su amortización contable efectuada en ese mismo período impositivo. En los períodos impositivos siguientes deberá realizar un ajuste negativo en el importe de las respectivas amortizaciones contables del elemento. Si el elemento patrimonial no es amortizable, el importe del ajuste será el que corresponda en el período impositivo en que se impute contablemente a la cuenta de pérdidas y ganancias la enajenación, la corrección valorativa por deterioro o la baja en balance de dicho elemento. La integración en la base imponible de las rentas se efectuará en el período impositivo en el que se realicen las operaciones de las que derivan las mismas.

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No se entenderán como adquisiciones a título lucrativo las subvenciones. En la reducción de capital con devolución de aportaciones se integrará en la base imponible de los socios el exceso del valor normal de mercado de los elementos recibidos sobre el valor contable de la participación. La misma regla se aplicará en el caso de distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones. No obstante, tratándose de operaciones realizadas por sociedades de inversión de capital variable reguladas en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva no sometidas al tipo general de gravamen, el importe total percibido en la reducción de capital con el límite del aumento del valor liquidativo de las acciones desde su adquisición o suscripción hasta el momento de la reducción de capital social, se integrará en la base imponible del socio sin derecho a ninguna deducción en la cuota íntegra. Cualquiera que sea la cuantía que se perciba en concepto de distribución de la prima de emisión realizada por dichas sociedades de inversión de capital variable, se integrará en la base imponible del socio sin derecho a deducción alguna en la cuota íntegra. Se aplicará lo anteriormente señalado a organismos de inversión colectiva equivalentes a las sociedades de inversión de capital variable que estén registrados en otro Estado, con independencia de cualquier limitación que tuvieran respecto de grupos restringidos de inversores, en la adquisición, cesión o rescate de sus acciones; en todo caso resultará de aplicación a las sociedades amparadas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios. En la distribución de beneficios se integrará en la base imponible de los socios el valor normal de mercado de los elementos recibidos. En la disolución de entidades y separación de socios se integrará en la base imponible de éstos la diferencia entre el valor normal de mercado de los elementos recibidos y el valor contable de la participación anulada. En la fusión, absorción o escisión total o parcial se integrará en la base imponible de los socios la diferencia entre el valor normal del mercado de la participación recibida y el valor contable de la participación anulada.

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La reducción de capital cuya finalidad sea diferente a la devolución de aportaciones no determinará para los socios rentas, positivas o negativas, integrables en la base imponible. Corrección de rentas por efecto de la depreciación monetaria La Ley del Impuesto sobre Sociedades establece unos mecanismos tendentes a determinar el importe de la depreciación monetaria producida desde el 1 de enero de 1983, a los efectos de que la misma no se integre en la base imponible del Impuesto cuando se obtengan rentas positivas en la transmisión de elementos patrimoniales. La aplicación de esta corrección se circunscribe, exclusivamente, a las rentas positivas obtenidas en la transmisión de elementos patrimoniales del activo fijo o de estos elementos que hayan sido clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta, que tengan la naturaleza de bienes inmuebles. El procedimiento de corrección es el siguiente: a)

Los coeficientes correctores que se establezcan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se aplicarán sobre el valor de adquisición y las amortizaciones contabilizadas.

Estos coeficientes, para el año 2011, son los siguientes: Con anterioridad a 1 de enero de 1984: 2,2719 En el a o 1984: 2,0630 n el a o 1985: 1,9052 n el a o 1986: 1,7937 n el a o 1987: 1,7087 n el a o 1988: 1,6324 n el a o 1989: 1,5612 n el a o 1990: 1,5001 n el a o 1991: 1,4488 n el a o 1992: 1,4167 n el a o 1993: 1,3982 En el a o 1994: 1,3730 n el a o 1995: 1,3180 n el a o 1996: 1,2553 n el a o 1997: 1,2273 n el a o 1998: 1,2114

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n el a o 1999: 1,2030 n el a o 2000: 1,1969 n el a o 2001: 1,1722 n el a o 2002: 1,1580 n el a o 2003: 1,1385 n el a o 2004: 1,1276 n el a o 2005: 1,1127 n el a o 2006: 1,0908 n el a o 2007: 1,0674 n el a o 2008: 1,0343 n el a o 2009: 1,0120 En el año 2010: 1,0000 n el a o 2011: 1,0000 Estos coeficientes se aplicarán atendiendo al año de adquisición del bien y al año en que se dotó la amortización. La diferencia entre ambos valores nos dará el valor contable actualizado del bien que se transmite. b) Se obtendrá la diferencia entre el valor contable actualizado y el valor contable del bien transmitido. c)

Sobre la anterior diferencia se aplicará el coeficiente resultante de dividir las siguientes magnitudes: 

En el numerador, el patrimonio neto.



En el denominador, el patrimonio neto más el pasivo total menos la suma de los derechos de crédito y tesorería.

Ambas magnitudes se refieren al promedio de las mismas durante el tiempo de tenencia del bien. No obstante, si este periodo fuera superior a cinco años, el sujeto pasivo podrá optar por los cinco ejercicios anteriores a la fecha de la transmisión. El TRLIS establece asimismo un límite: no se aplicará coeficiente alguno si el coeficiente calculado es superior a 0,4. d) El resultado de aplicar el coeficiente anterior sobre la diferencia entre el valor contable actualizado y el valor contable nos dará la parte de plusvalía monetaria, constituyendo la parte de renta no sometida a gravamen.

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F. OPERACIONES VINCULADAS La Ley 36/2006, de 29 de Noviembre, de medidas de prevención del fraude fiscal, modificó el artículo 16 del Impuesto sobre Sociedades que regula las operaciones vinculadas. Según la propia exposición de motivos, dicha reforma obedece a dos objetivos prioritarios: 

Regular las operaciones interiores recogiendo los criterios de valoración

contables, para

valorar las operaciones a valor de mercado. 

Adaptar la legislación española a las directivas de la OCDE en materia

de precios de

transferencia. Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas deberán valorarse por éstas obligatoriamente por su valor normal de mercado, entendiendo por valor normal de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia. A diferencia del régimen anterior en el cual esta valoración sólo podía hacerse por la Administración tributaria en caso de que las partes vinculadas no lo hubieran hecho. Las operaciones entre personas o entidades vinculadas deberán valorarse a valor normal de mercado en cualquier caso, aunque el resultado tributario en el conjunto de la operación sea neutro. A diferencia del régimen anterior en el cual la Administración Tributaria sólo podía valorar a valor normal de mercado cuando la valoración convenida hubiera determinado, considerando el conjunto de las personas o entidades vinculadas, una tributación en España inferior a la que hubiere correspondido o un diferimiento de dicha tributación. La Administración tributaria podrá comprobar que las operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas se han valorado por su valor normal de mercado y efectuará, en su caso, las correcciones valorativas que procedan respecto de las operaciones sujetas a este Impuesto, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de No Residentes que no hubieran sido valoradas por su valor normal de mercado, con la documentación aportada por el sujeto pasivo y los datos e información de que disponga. La Administración tributaria quedará vinculada por dicho valor en relación con el resto de personas o entidades vinculadas.

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La valoración administrativa no determinará la tributación por este Impuesto ni, en su caso, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de una renta superior a la efectivamente derivada de la operación para el conjunto de las personas o entidades que la hubieran realizado. Para efectuar la comparación se tendrá en cuenta aquella parte de la renta que no se integre en la base imponible por resultar de aplicación algún método de estimación objetiva. Se regula expresamente el denominado “ajuste secundario”, ajuste que ya venía siendo reconocido en doctrina, resoluciones de los TEAR y TEAC y en sentencias de los tribunales, pero que carecía de reconocimiento legal. n este sentido, el “ajuste primario” sería el ajustar el importe de la operación vinculada al valor normal de mercado, y el “ajuste secundario” sería ajustar la diferencia entre el valor normal de mercado y el efectivamente convenido por las partes vinculadas según

la verdadera

naturaleza económica que subyace en la operación. Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes: a)

Una entidad y sus socios o partícipes.

b) Una entidad y sus consejeros o administradores. c)

Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros o administradores.

d) Dos entidades que pertenezcan a un grupo. e)

Una entidad y los socios o partícipes de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

f)

Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

g)

Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes de otra entidad cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

h) Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 % del capital social o de los fondos propios.

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i)

Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 % del capital social o los fondos propios.

j)

Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero.

k)

Una entidad no residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el mencionado territorio.

l)

Dos entidades que formen parte de un grupo que tribute en el régimen de los grupos de sociedades cooperativas.

En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, la participación deberá ser igual o superior al 5 %, o al 1 % si se trata de valores admitidos a negociación en un mercado regulado. La mención a los administradores incluirá a los de derecho y a los de hecho. Existe grupo cuando una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según los criterios establecidos en el

artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de

la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

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Para la determinación del valor normal de mercado se aplicará alguno de los siguientes métodos: a)

Método del precio libre comparable, por el que se compara el precio del bien o servicio en una operación entre personas o entidades vinculadas con el precio de un bien o servicio idéntico o de características similares en una operación entre personas o entidades independientes en circunstancias equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación. En este método hay que tener en cuenta varios factores, entre otros los que señala una Resolución del TEAC de 25-10-1995: a.

El mismo mercado: a ser posible el mismo país puesto que en la fijación del precio influye el tamaño del mercado, la renta per cápita, etc.

b.

El producto ha de ser similar.

c.

Tiene que ser un volumen equivalente, dado que a mayor cantidad el precio suele ser menor.

d.

El tramo ha de ser el mismo también, es decir de fabricante a mayorista, de mayorista a minorista, etc.

e.

Es necesario que sea el mismo año dado que los precios pueden cambiar de un año para otro

b) Método del coste incrementado, por el que se añade al valor de adquisición o coste de producción del bien o servicio el margen habitual en operaciones idénticas o similares con personas o entidades independientes o, en su defecto, el margen que personas o entidades independientes aplican a operaciones equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación. c)

Método del precio de reventa, por el que se sustrae del precio de venta de un bien o servicio el margen que aplica el propio revendedor en operaciones idénticas o similares con personas o entidades independientes o, en su defecto, el margen que personas o entidades independientes aplican a operaciones equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación.

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d) Este método es indicado para las fases finales, donde no se transforma el producto. También es indicado si no transcurre mucho tiempo de stock porque pueden cambiar los precios ante diversas coyunturas del mercado Cuando debido a la complejidad o a la información relativa a las operaciones no puedan aplicarse adecuadamente los métodos anteriores, se podrán aplicar los siguientes métodos para determinar el valor de mercado de la operación: 

Método de la distribución del resultado, por el que se asigna a cada persona o entidad vinculada que realice de forma conjunta una o varias operaciones la parte del resultado común derivado de dicha operación u operaciones, en función de un criterio que refleje adecuadamente las condiciones que habrían suscrito personas o entidades independientes en circunstancias similares.



Método del margen neto del conjunto de operaciones, por el que se atribuye a las operaciones realizadas con una persona o entidad vinculada el resultado neto, calculado sobre costes, ventas o la magnitud que resulte más adecuada en función de las características de las operaciones, que el contribuyente o, en su caso, terceros habrían obtenido en operaciones idénticas o similares realizadas entre partes independientes, efectuando, cuando sea preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de las operaciones.

La deducción de los gastos en concepto de servicios entre entidades vinculadas, valorados de acuerdo con lo establecido en el apartado 4, estará condicionada a que los servicios prestados produzcan o puedan producir una ventaja o utilidad a su destinatario. Cuando se trate de servicios prestados conjuntamente en favor de varias personas o entidades vinculadas, y siempre que no fuera posible la individualización del servicio recibido o la cuantificación de los elementos determinantes de su remuneración, será posible distribuir la contraprestación total entre las personas o entidades beneficiarias de acuerdo con unas reglas de reparto que atiendan a criterios de racionalidad. Se entenderá cumplido este criterio cuando el método aplicado tenga en cuenta, además de la naturaleza del servicio y las circunstancias en que éste se preste, los beneficios obtenidos o susceptibles de ser obtenidos por las personas o entidades destinatarias.

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La deducción de los gastos derivados de un acuerdo de reparto de costes de bienes o servicios suscrito entre personas o entidades vinculadas, estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Las personas o entidades participantes que suscriban el acuerdo deberán acceder a la propiedad u otro derecho que tenga similares consecuencias económicas sobre los activos o derechos que en su caso sean objeto de adquisición, producción o desarrollo como resultado del acuerdo.



La aportación de cada persona o entidad participante deberá tener en cuenta la previsión de utilidades o ventajas que cada uno de ellos espere obtener del acuerdo en atención a criterios de racionalidad.



El acuerdo deberá contemplar la variación de sus circunstancias o personas o entidades participantes, estableciendo los pagos compensatorios y ajustes que se estimen necesarios.

Los sujetos pasivos podrán solicitar a la Administración tributaria que determine la valoración de las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas con carácter previo a la realización de éstas. Dicha solicitud se acompañará de una propuesta que se fundamentará en el valor normal de mercado. La Administración tributaria podrá formalizar acuerdos con otras Administraciones a los efectos de determinar conjuntamente el valor normal de mercado de las operaciones. El acuerdo de valoración surtirá efectos respecto de las operaciones realizadas con posterioridad a la fecha en que se apruebe, y tendrá validez durante los períodos impositivos que se concreten en el propio acuerdo, sin que pueda exceder de los cuatro períodos impositivos siguientes al de la fecha en que se apruebe. Asimismo, podrá determinarse que sus efectos alcancen a las operaciones del período impositivo en curso, así como a las operaciones realizadas en el período impositivo anterior, siempre que no hubiera finalizado el plazo voluntario de presentación de la declaración por el impuesto correspondiente. En el supuesto de variación significativa de las circunstancias económicas existentes en el momento de la aprobación del acuerdo de la Administración tributaria, éste podrá ser modificado para adecuarlo a las nuevas circunstancias económicas. Las propuestas podrán entenderse desestimadas una vez transcurrido el plazo de resolución.

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En aquellas operaciones en las cuales el valor convenido sea distinto del valor normal de mercado, la diferencia entre ambos valores tendrá para las personas o entidades vinculadas el tratamiento fiscal que corresponda a la naturaleza de las rentas puestas de manifiesto como consecuencia de la existencia de dicha diferencia. En particular, en los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, la diferencia tendrá, en la proporción que corresponda al porcentaje de participación en la entidad, la consideración de participación en beneficios de entidades si dicha diferencia fuese a favor del socio o partícipe, o, con carácter general, de aportaciones del socio o partícipe a los fondos propios si la diferencia fuese a favor de la entidad. Se regula un procedimiento específico de comprobación del valor de mercado. Así, se establecen algunas reglas especiales, que tratan de garantizar un único valor para todas las partes implicadas en la operación Para la determinación del valor de mercado de las operaciones entre personas o entidades vinculadas, el obligado tributario deberá aportar, a requerimiento de la Administración tributaria, la documentación con la que se justifique que la valoración pactada es la de mercado, la cual deberá estar a disposición de la Administración tributaria a partir de la finalización del plazo voluntario de declaración o liquidación. Tales obligaciones implican una inversión de la carga de la prueba, siendo el contribuyente quien deberá probar que sus operaciones vinculadas responden a precios de mercado.

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Existen, sin embargo, dos límites que eximen de esta obligación: 

Para las personas o entidades cuya cifra de negocios del período impositivo sea inferior a 10 millones de euros, cuando el total de operaciones vinculadas realizadas en dicho período no supere el importe conjunto de 100.000 €.



No obstante, deben documentarse en todo caso las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas residentes en paraísos fiscales, salvo que residan en la Unión Europea y se acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.



Para

todo tipo de personas o entidades,

cuando la contraprestación del

conjunto de

operaciones realizadas en el período impositivo con la misma persona o entidad vinculada no supere el importe de 250.000 € de valor de mercado, sin computar las operaciones específicas que se indican a continuación. Deben documentarse en todo caso las siguientes operaciones (operaciones específicas): 

Las realizadas con personas o entidades residentes en paraísos fiscales, con la misma salvedad que en el caso anterior.



Las realizadas por contribuyentes del IRPF en el desarrollo de actividades económicas a las que resulte de aplicación el método de

estimación objetiva con determinadas sociedades

vinculadas. 

Transmisión de negocios o valores o participaciones representativos de la participación en fondos propios no admitidos a negociación en mercados regulados de valores.



Transmisión de inmuebles o de operaciones sobre activos que tengan la consideración de intangibles.

Obligación de información en la autoliquidación. Solo existe obligación de informar en la declaración sobre aquellas operaciones vinculadas en las que, existiendo obligación de documentación, el conjunto de

las operaciones por persona o entidad

vinculada, del mismo tipo y con el mismo método de valoración supere 100.000 €, sin incluir el IVA.

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Por tanto: 

Si no existe obligación de documentar una operación vinculada, nunca va a existir obligación de declararla.



En algunos supuestos en los que sí existe la obligación de documentar la operación, tampoco es obligatorio informar de la misma en la declaración de Sociedades

Se prevé un severo régimen sancionador específico para el incumplimiento de la obligación de documentación, y en caso de discrepancia entre el valor que deriva de la documentación y el valor convenido entre las partes. En particular, se regulan dos tipos infractores específicos. En primer lugar, se considera infracción tributaria grave no aportar o aportar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos la documentación. En segundo lugar, es infracción tributaria grave declarar un valor de mercado que no sea el que se derive naturalmente de la documentación. En el primer caso, se establece una multa pecuniaria fija de 1.500 euros por dato y 15.000 euros por cada conjunto de datos omitido, inexacto o falso. En el segundo caso, corresponderá una multa pecuniaria proporcional del 15% sobre el importe de las cantidades que resulten de las correcciones valorativas de cada operación. G. REGLAS DE VALORACIÓN: CAMBIOS DE RESIDENCIA, CESE DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES, OPERACIONES REALIZADAS CON O POR PERSONAS O ENTIDADES RESIDENTES EN PARAÍSOS FISCALES Y CANTIDADES SUJETAS A RETENCIÓN. REGLAS ESPECIALES. Se valorarán por el valor normal de mercado los elementos patrimoniales: 

que sean propiedad de una entidad residente en territorio español que traslada su residencia fuera de éste, excepto que dichos elementos patrimoniales queden afectados a un establecimiento permanente situado en territorio español de la mencionada entidad;



los que estén afectos a un establecimiento permanente que cesa en su actividad, y



los que estando previamente afectos a un establecimiento permanente situado en territorio español son transferidos al extranjero.

Asimismo se valoran a precio de mercado las operaciones que se efectúen con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, siempre que no determine una tributación en España inferior a la que hubiese correspondido por aplicación del valor convenido o un diferimiento de dicha tributación.

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Se establecen para estos casos obligaciones de documentación similares a las previstas para las operaciones vinculadas H. EFECTOS DE LA SUSTITUCIÓN DEL VALOR CONTABLE POR EL VALOR NORMAL DE MERCADO Como consecuencia de la valoración a precios de mercado de determinados elementos patrimoniales, la entidad adquirente deberá integrar también en su base imponible la diferencia entre el valor de mercado y el valor contabilizado, mediante el correspondiente ajuste fiscal, y deberá hacerlo en la misma medida en que los bienes o servicios adquiridos se vayan consumiendo o incorporando a los ingresos obtenidos por la sociedad. En cuanto al período impositivo y modo en que la entidad adquirente de un elemento patrimonial o de un servicio que hayan sido valorados a efectos fiscales por el valor normal de mercado deba integrar la diferencia entre dicho valor y el valor de adquisición, se aplican las siguientes reglas: 

Tratándose de elementos patrimoniales integrantes del activo circulante, en el período impositivo en que éstos motiven el devengo de un ingreso.



Tratándose de elementos patrimoniales no amortizables integrantes del inmovilizado, en el período impositivo en que éstos se transmitan.



Tratándose de elementos patrimoniales amortizables integrantes del inmovilizado, en los períodos impositivos que resten de vida útil, aplicando a la citada diferencia el método de amortización utilizado respecto de los referidos elementos.



Tratándose de servicios, en el período impositivo en que se reciban, excepto que su importe deba incorporarse a un elemento patrimonial en cuyo caso se estará a lo previsto en los párrafos anteriores.

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I. IMPUTACIÓN TEMPORAL La imputación de los ingresos y gastos se realiza de acuerdo con el principio del devengo. Así, los ingresos y los gastos se imputarán en el período impositivo en que se devenguen, atendiendo a la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera, respetando la debida correlación entre unos y otros. Principio de inscripción contable: No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria, a excepción de lo previsto respecto de los elementos patrimoniales que puedan amortizarse libremente. Errores contables: 

Los gastos que por error se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en la cuenta de reservas en un ejercicio anterior al de su devengo fiscal dan lugar a un ajuste positivo sólo cuando se hayan contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias. Sin embargo, si se han contabilizado en una cuenta de reservas no hay que aumentar la base imponible puesto que su importe no está incluido en el resultado contable. Por su parte, determinarán un ajuste negativo en el período impositivo de su devengo fiscal, cualquiera que fuera la cuenta en que se hubieran contabilizado.



Los ingresos que por error se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en la cuenta de reservas en un ejercicio posterior al de su devengo fiscal, darán lugar a un ajuste negativo sólo cuando se hayan contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias. Sin embargo, si se han contabilizado en la cuenta de reservas no hay que disminuir la base imponible puesto que su importe no está incluido en el resultado contable. Por su parte, determinarán un ajuste positivo en el período impositivo de su devengo fiscal, cualquiera que fuera la cuenta en que se hubieran contabilizado.



Los gastos imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias o en la cuenta de reservas en un período impositivo posterior al de su devengo, se imputarán fiscalmente en el período impositivo de imputación contable, siempre que de ello no se derive una tributación inferior a la que hubiera correspondido por aplicación de las normas generales de imputación temporal (devengo). En este caso, si se hubieran imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias no

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generarán ajuste alguno. Si se hubieran imputado en la cuenta de reservas darán lugar a un ajuste negativo en el período impositivo en que se hubieran contabilizado. 

Los ingresos imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias o en la cuenta de reservas en un período impositivo anterior al de su devengo, se imputarán fiscalmente en el período impositivo de imputación contable, siempre que de ello no se derive una tributación inferior a la que hubiera correspondido por aplicación de las normas generales de imputación temporal. En este caso, si se hubieran imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias no generarán ajuste alguno. Si se hubieran imputado en la cuenta de reservas darán lugar a un ajuste positivo en el período impositivo en que se hubieran contabilizado.

Criterios distintos al devengo: Si una sociedad, a efectos de conseguir la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera y de su resultado contable, utiliza excepcionalmente, de acuerdo con el Código de comercio, unos criterios de imputación temporal de ingresos y gastos distintos del devengo, esos criterios los puede utilizar en el IS para la imputación de su renta, con la única condición de que hayan sido aprobados por Administración tributaria. La Administración deberá resolver al respecto en un plazo máximo de seis meses y su silencio será interpretado en sentido positivo. Operaciones a plazos: Son operaciones a plazos, o con precio aplazado las ventas y ejecuciones de obras cuyo precio se perciba, total o parcialmente mediante pagos sucesivos, o mediante un solo pago, siempre que el período transcurrido entre la entrega y el vencimiento del último o único plazo sea superior al año. Imputación de estas operaciones. Los sujetos pasivos puedan optar por: 

Imputar la totalidad de las correspondientes rentas al período en el que se hubiesen devengado (criterio de devengo).



Imputar las citadas rentas proporcionalmente, a medida y en cada período en que se efectúen los cobros correspondientes (criterio de corriente monetaria). En el caso de producirse el endoso, descuento o cobro anticipado de los importes aplazados, se entenderá obtenida, en dicho momento, la renta pendiente de imputación.

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Las dotaciones a provisiones o fondos internos para la cobertura de contingencias idénticas o análogas a las cubiertas por los planes de pensiones, en la medida en que el gasto correspondiente a las mismas no es fiscalmente deducible en el ejercicio en el que se doten, se imputarán al período impositivo en el que tenga lugar el abono efectivo de las prestaciones comprometidas. Asimismo, los gastos de personal liquidados mediante la entrega de instrumentos de patrimonio serán deducibles en el período impositivo en que se entreguen dichos instrumentos. Reversión del deterioro de valor de elementos patrimoniales: Siempre que con anterioridad hayan sido fiscalmente deducibles las pérdidas por deterioro de valor de un elemento patrimonial, en el período impositivo en que se produzca la reversión del deterioro de valor del elemento patrimonial y el importe de la misma no deba de computarse contablemente, la entidad que aplique la reversión del deterioro de valor y que se haya deducido fiscalmente (en períodos impositivos anteriores) las pérdidas por deterioro de dicho elemento deberá efectuar un ajuste positivo por el importe de la reversión del deterioro de valor si el elemento patrimonial no ha sido transmitido en ese mismo período impositivo. Si el elemento patrimonial ha sido transmitido, la inclusión del importe de la reversión del deterioro de valor la deberá efectuar la adquirente si es una entidad vinculada a la transmitente (y la reversión del deterioro se produce cuando el elemento patrimonial ya pertenezca a la adquirente). En el caso de que una entidad transmita un elemento patrimonial derivándose de ello una pérdida y la misma entidad lo vuelva a adquirir dentro del plazo de seis meses siguientes a la fecha en que lo transmitió y en el período impositivo correspondiente a ese plazo se produce una reversión del deterioro de valor del elemento patrimonial, dicha entidad deberá incluir el importe de ésta efectuando un ajuste positivo. En el caso de transmisión de un elemento patrimonial a otra entidad no vinculada, la entidad transmitente deberá en el período impositivo de la transmisión, efectuar un ajuste negativo del importe que con ocasión de la reversión del deterioro de valor del mismo elemento patrimonial fue objeto de ajuste positivo en otro período impositivo anterior. Con relación a las rentas derivadas de las adquisiciones gratuitas o a título lucrativo, tanto en metálico como en especie, nos encontramos con una importante diferencia entre los planos fiscal y contable, que radica en su imputación temporal. Mientras que fiscalmente se imputarán en el período impositivo en el

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que se produzcan, contablemente se imputarán como ingresos a medida que se vayan amortizando los bienes adquiridos con cargo a las mismas. En el supuesto de que la entidad declarante sea beneficiaria o tenga reconocido el derecho de rescate de contratos de seguros de vida en los que, además, asuma el riesgo de la inversión, y en tanto que según las normas contables no se impute el resultado del mismo modo, deberá efectuar un ajuste positivo por la diferencia positiva entre el valor liquidativo de los activos afectos a la póliza al final y al comienzo de cada período impositivo. Y en el período impositivo en que contabilice el resultado financiero positivo de la inversión deberá efectuar un ajuste negativo por dicho importe. Finalmente, cuando se eliminen provisiones, por no haberse aplicado a su finalidad, sin abono a una cuenta de ingresos del ejercicio, su importe se integrará en la base imponible de la entidad que las hubiese dotado, en la medida en que dicha dotación se hubiese considerado gasto deducible. J. SUBCAPITALIZACIÓN La subcapitalización puede definirse como la situación de endeudamiento excesivo en la que se encuentra una sociedad respecto de sus socios, ya sean personas físicas o jurídicas. Cuando el endeudamiento neto remunerado, directo o indirecto, de una entidad, excluidas las entidades financieras, con otra u otras personas o entidades no residentes en territorio español con las que esté vinculada, exceda del resultado de aplicar el coeficiente 3 a la cifra del capital fiscal, los intereses devengados que correspondan al exceso tendrán la consideración de dividendos. Es decir, si el endeudamiento con los socios dividido entre el capital fiscal arroja un cociente superior a tres, los intereses correspondientes a ese exceso se tratan como dividendos. Para la aplicación de esta regla tanto el endeudamiento neto remunerado como el capital fiscal se reducirán a su estado medio a lo largo del período impositivo. Se entenderá por capital fiscal el importe de los fondos propios de la entidad, no incluyéndose el resultado del ejercicio. Los sujetos pasivos podrán someter a la Administración tributaria una propuesta para la aplicación de un coeficiente. La propuesta se fundamentará en el endeudamiento que el sujeto pasivo hubiese podido obtener en condiciones normales de mercado de personas o entidades no vinculadas.

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La norma no será de aplicación cuando la entidad vinculada no residente en territorio español sea residente en otro Estado miembro de la Unión Europea, salvo que resida en un territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. K. EXENCIONES OBJETIVAS O DE CARÁCTER TÉCNICO a. Exención por doble imposición internacional Exención para evitar la doble imposición económica internacional sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en territorio español. Estarán exentos los dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en territorio español, cuando se cumplan los siguientes requisitos: a)

Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad no residente sea, al menos, del 5%. La participación correspondiente se deberá poseer de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, se deberá mantener posteriormente durante el tiempo necesario para completar dicho plazo. Para el cómputo del plazo se tendrá también en cuenta el período en que la participación haya sido poseída ininterrumpidamente por otras entidades que reúnan las circunstancias a que se refiere el

artículo 42 del Código de Comercio para formar parte del mismo grupo de

sociedades. b) Que la entidad participada haya estado gravada por un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga a este impuesto en el ejercicio en que se hayan obtenido los beneficios que se reparten o en los que se participa. A estos efectos, se tendrán en cuenta aquellos tributos extranjeros que hayan tenido por finalidad la imposición de la renta obtenida por la entidad participada, siquiera sea parcialmente, con independencia de que el objeto del tributo lo constituya la propia renta, los ingresos o cualquier otro elemento indiciario de aquélla. Se considerará cumplido este requisito, cuando la entidad participada sea residente en un país con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional, que le sea de aplicación y que contenga cláusula de intercambio de información.

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En ningún caso se aplica esta exención cuando la entidad participada sea residente en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, excepto que resida en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos y que realiza actividades empresariales. c)

Que los beneficios que se reparten o en los que se participa procedan de la realización de actividades empresariales en el extranjero. Si se hubiera aplicado la exención a los dividendos de fuente extranjera, no se podrá integrar en la base imponible la depreciación de la participación, cualquiera que sea la forma y el período impositivo en que se ponga de manifiesto, hasta el importe de dichos dividendos.

Está exenta la renta obtenida en la transmisión de la participación en una entidad no residente en territorio español, así como la renta obtenida en los supuestos de separación del socio o disolución de la entidad, cuando se cumplan los tres requisitos citados anteriormente para la exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en territorio español, con algunas particularidades. Así, el requisito 1º debe cumplirse el día en que se produzca la transmisión. Los requisitos 2º y 3º deben ser cumplidos en todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de la participación. En determinados supuestos, la aplicación de la exención tiene algunas especialidades. Entre otros: a)

Cuando la entidad no residente posea, directa o indirectamente, participaciones en entidades residentes en territorio español o activos situados en dicho territorio y la suma del valor de mercado de unas y otros supere el 15 por 100 del valor de mercado de sus activos totales. En este supuesto, la exención se limita a aquella parte de la renta obtenida que se corresponda con el incremento neto de los beneficios no distribuidos generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación.

b) Cuando el sujeto pasivo hubiera efectuado alguna corrección de valor sobre la participación transmitida que hubiera resultado fiscalmente deducible. En este supuesto, la exención se limita al exceso de la renta obtenida en la transmisión sobre el importe de dicha corrección. c)

Cuando la participación en la entidad no residente hubiera sido previamente transmitida por otra entidad que reúna las circunstancias para formar parte de un mismo grupo de sociedades

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con el sujeto pasivo, habiendo obtenido una renta negativa que se hubiese integrado en la base imponible de este impuesto. d) En este supuesto, la renta positiva obtenida en la transmisión de la participación resulta gravada hasta el importe de la renta negativa obtenida por la otra entidad del grupo. Están exentas determinadas rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a)

Que la renta proceda de la realización de actividades empresariales en el extranjero.

b) Que el establecimiento permanente haya sido gravado por un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IS. c)

Que el establecimiento permanente no se halle situado en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. Cuando en anteriores períodos impositivos el establecimiento permanente hubiera obtenido rentas negativas netas que se hubieran integrado en la base imponible de la entidad, esta exención o la deducción a que se refiere el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades sólo se aplican a las rentas positivas obtenidas con posterioridad a partir del momento en que superen la cuantía de dichas rentas negativas.

No se aplicarán estas exenciones: 

A las rentas de fuente extranjera obtenidas por agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y por uniones temporales de empresas



A las rentas de fuente extranjera procedentes de entidades que desarrollen su actividad en el extranjero con la finalidad principal de disfrutar del régimen fiscal previsto en este artículo. Se presumirá que concurre dicha circunstancia cuando la misma actividad que desarrolla la filial en el extranjero, en relación con el mismo mercado, se hubiera desarrollado con anterioridad en España por otra entidad, que haya cesado en la referida actividad y que guarde con aquélla alguna de las relaciones a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio, salvo que se pruebe la existencia de otro motivo económico válido.



A las rentas de fuente extranjera que la entidad integre en su base imponible y en relación con las cuales opte por aplicar, si procede, la deducción establecida en los artículos 31 ó 32 de la LIS

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b. Reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles Los ingresos procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, se integrarán en la base imponible en un 50 % de su importe, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

Respecto a la entidad cedente: se exige que la misma haya creado los activos objeto de cesión, que disponga de los registros contables necesarios para determinar los ingresos y gastos correspondientes a estos activos.



Respecto al cesionario: que los resultados de la utilización de los derechos de uso o explotación en el desarrollo de una actividad económica no se materialicen en la entrega de bienes o prestación de servicios por el cesionario que generen gastos fiscalmente deducibles en la entidad cedente, cuando exista vinculación entre ambas y que el cesionario no resida en un país de nula tributación o considerado como paraíso fiscal.



Respecto al contrato de cesión: exigiendo que si el contrato incluye prestaciones accesorias de servicios, deberá diferenciarse en dicho contrato la contraprestación correspondiente a los mismos.

Dicha reducción: 

Está condicionada en su aplicación a la compatibilidad con el ordenamiento comunitario.



No es aplicable a partir del período impositivo siguiente a aquél en que los ingresos procedentes de la cesión de cada activo, computados desde el inicio de la misma y que hayan tenido derecho a la reducción, superen el coste del activo creado, multiplicado por seis.



En ningún caso dan derecho a ella los ingresos procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de marcas, obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de derechos personales susceptibles de cesión, como los derechos de imagen, de programas informáticos, equipos industriales, comerciales o científicos, ni de cualquier otro derecho o activo distinto de los señalados en el primer párrafo.

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L. OBRA BENÉFICO-SOCIAL DE LAS CAJAS DE AHORRO Serán deducibles fiscalmente las cantidades que las cajas de ahorro destinen de sus resultados a la financiación de obras benéfico-sociales, de conformidad con las normas por las que se rigen. Las cantidades asignadas a la obra benéfico-social de las cajas de ahorro deberán aplicarse, al menos, en un 50 %, en el mismo ejercicio al que corresponda la asignación, o en el inmediato siguiente, a la realización de las inversiones afectas, o a sufragar gastos de sostenimiento de las instituciones o establecimientos acogidas a aquélla. No se integrarán en la base imponible: a)

Los gastos de mantenimiento de la obra benéfico-social, aun cuando excedieran de las asignaciones efectuadas, sin perjuicio de que tengan la consideración de aplicación de futuras asignaciones.

b) Las rentas derivadas de la transmisión de inversiones afectas a la obra benéfico-social. M. COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS Las bases imponibles negativas podrán ser compensadas con las rentas positivas de los períodos impositivos que concluyan en los 15 años inmediatos y sucesivos. En las entidades de nueva creación: el plazo de compensación se contara a partir del primer período impositivo cuya renta sea positiva. En el caso de entidades cuyo período impositivo no se corresponda con el año natural o que tengan período impositivo partido, las bases imponibles negativas de períodos anteriores pendientes de compensación deberán incluirse como procedentes del año en que el ejercicio se haya iniciado. El sujeto pasivo deberá acreditar, mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación, de la contabilidad y de los oportunos soportes documentales, la procedencia y cuantía de las bases imponibles negativas cuya compensación pretenda, cualquiera que sea el ejercicio en que se originaron.

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Límites de aplicación temporal a la compensación de bases imponibles negativas procedentes de ejercicios anteriores: Para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2011, 2012 ó 2013, en la compensación de bases imponibles negativas se tendrán en consideración las siguientes especialidades: 

La compensación de bases imponibles negativas está limitada al 75 por ciento de la base imponible previa a dicha compensación, cuando en esos doce meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos veinte millones de euros pero inferior a sesenta millones de euros.



La compensación de bases imponibles negativas está limitada al 50 por ciento de la base imponible previa a dicha compensación, cuando en esos doce meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos sesenta millones de euros.

9. TIPOS DE GRAVAMEN Los tipos de gravamen del Impuesto sobre Sociedades, vigentes para los períodos impositivos iniciados dentro del año 2011, son los siguientes: a)

Con carácter general: 30 por 100

b) Entidades a las que sean de aplicación los incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión que, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, no deban tributar a un tipo diferente del general: 

Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros: 25 por 100



Por la parte de base imponible restante: 30 por 100 Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al año, la parte de base imponible que tributa al tipo del 25 por 100 es la resultante de aplicar a 300.000 euros la proporción en la que se hallen el número de días del período impositivo entre 365 días, o la base imponible del período impositivo cuando ésta fuera inferior.

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Entidades a las que sea de aplicación el tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo y que de acuerdo con el artículo 28 de la LIS no deban tributar a un tipo diferente del general: o

Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros: 20 por 100

o

Por la parte de base imponible restante: 25 por 100

Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al año, la parte de base imponible que tributa al tipo del 20 por 100 es la resultante de aplicar a 300.000 euros la proporción en la que se hallen el número de días del período impositivo entre 365 días, o la base imponible del período impositivo cuando ésta fuera inferior. a)

Mutuas de seguros generales, mutualidades de previsión social, sociedades de garantía recíproca, sociedades de reafianzamiento y comunidades titulares de montes vecinales en mano común: 25 por 100

b) Entidades parcialmente exentas a las que se refiere el artículo 120 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y los partidos políticos por las rentas no exentas: 25 por 100. c)

Las entidades sin fines lucrativos: 10 por 100

a)

Entidades en régimen fiscal especial SOCIMI, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1-1-2010, tipo de gravamen especial del régimen: 19 por 100

b) Sociedades de inversión de capital variable y fondos de inversión de carácter financiero que tengan el número mínimo de accionistas o partícipes previsto en la Ley 35/2003: 1 por 100 c)

Sociedades y fondos de inversión inmobiliaria, que tengan por objeto exclusivo la inversión en cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su arrendamiento y cumplan las condiciones del artículo 28.5.c) de la LIS, así como los que desarrollen la actividad de promoción exclusivamente de viviendas para destinarlas a su arrendamiento y cumplan las condiciones del artículo 28.5.d) de la LIS: 1 por 100

d) Fondo de regulación del mercado hipotecario: 1 por 100 e)

Resultados cooperativos de las sociedades cooperativas fiscalmente protegidas. o

Cooperativas de crédito y cajas rurales: 25 por 100

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o

Resto de cooperativas: 20 por 100

Tratándose de cooperativas fiscalmente protegidas, en el supuesto de que entre los resultados del ejercicio hubiese alguno de naturaleza extracooperativa, a la parte de base imponible correspondiente a estos últimos le será de aplicación el tipo general de gravamen del 30 por 100. Tratándose de cooperativas que no tengan la consideración de fiscalmente protegidas, les será de aplicación el tipo general de gravamen del 30 por 100 a los resultados cooperativos y a los extracooperativos, es decir, a la totalidad de la base imponible del período impositivo (sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de la escala expuesta en la letra b) o, en su caso, el tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo referido en la letra c). a)

Los fondos de pensiones : 0 por 100

b) Sociedades que se dediquen a la exploración, investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos: 35 por 100 c)

Las actividades relativas al refino y cualesquiera otras distintas de las de exploración, investigación, explotación, transporte, almacenamiento, depuración y venta de hidrocarburos extraídos o de la actividad de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos propiedad de terceros, tributarán al tipo general de gravamen del 30 por 100.

10. CUOTA TRIBUTARIA 10.1. CUOTA ÍNTEGRA La cuota íntegra es el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 10.2. CUOTA LÍQUIDA Las deducciones establecidas son de tres tipos: deducciones para evitar la doble imposición, bonificaciones y deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades. A. DEDUCCIONES PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Estas deducciones tratan de paliar la existencia de la doble imposición que se produce cuando los beneficios generados en una sociedad, primero tributan en el Impuesto sobre Sociedades y después en sede del socio, bien en el IRPF si es una persona física o en el IS si se trata de una persona jurídica.

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a. Deducciones para evitar la doble imposición interna Deducción por doble imposición intersocietaria de dividendos al 50 por 100: Cuando se hubieran computado, entre las rentas del sujeto pasivo, dividendos o participaciones en beneficios de otras entidades residentes en España, la norma prevé una deducción del 50 por 100 de la cuota íntegra que corresponda a la base imponible derivada de dichos dividendos o participaciones en beneficios. Para el cálculo de la deducción, se deberá tomar como base imponible derivada de dichos dividendos o participaciones en beneficios, el importe íntegro de los mismos, sin deducir ningún gasto. 

Tratándose de sociedades cooperativas fiscalmente protegidas, la deducción por doble imposición de dividendos percibidos se practicará aplicando el tipo de gravamen que corresponda (20/25 por 100 ó 30 por 100) en función del carácter cooperativo o extracooperativo de los rendimientos que originan esta deducción.



Las entidades a las que sean aplicables los incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión y las entidades a las que sea de aplicación el tipo reducido por mantenimiento o creación de empleo establecido en la disposición adicional duodécima de dicha ley y tributen con arreglo a la escala de gravamen correspondiente calcularán esta deducción por la proporción resultante de dividir la cuota íntegra por la base imponible total de la entidad. Es decir: Deducción = Importe de los dividendos x CI x 0,5 BI

Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse en los períodos impositivos que concluyan en los siete años inmediatos y sucesivos.

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Deducción por doble imposición: intersocietaria de dividendos al 100 por 100 Cuando se hubieran computado, entre las rentas del sujeto pasivo, dividendos o participaciones en beneficios de otras entidades residentes en España, la norma establece una deducción del 100 por 100 de la cuota íntegra que corresponda a la base imponible derivada de dichas rentas siempre que procedan, entre otras de entidades en las que el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea igual o superior al 5 por 100, siempre que dicho porcentaje se hubiera tenido de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea necesario para completar un año. Esta deducción también se aplica en los casos en que se haya tenido dicho porcentaje de participación pero, sin embargo, sin haberse transmitido la participación, se haya reducido el porcentaje tenido hasta un mínimo del 3 % como consecuencia de que la entidad participada haya realizado una operación acogida al régimen fiscal especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una sociedad europea o una sociedad cooperativa europea de un estado miembro a otro de la unión europea, o una operación en el ámbito de ofertas públicas de adquisición de valores. Lo anterior será aplicable a los dividendos distribuidos dentro del plazo de tres años desde la realización de la operación en tanto que en el ejercicio correspondiente a la distribución no se transmita totalmente la participación o ésta quede por debajo del porcentaje mínimo exigido del 3 %. La deducción también se aplicará en los supuestos de liquidación de sociedades, separación de socios, adquisición de acciones o participaciones propias para su amortización y disolución sin liquidación en las operaciones de fusión, escisión total o cesión global del activo y pasivo, respecto de las rentas computadas derivadas de dichas operaciones, en la parte que correspondan a los beneficios no distribuidos, incluso los que hubieran sido incorporados al capital, y a la renta que la sociedad que realiza las operaciones a que se refiere el párrafo anterior deba integrar en la base imponible de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.3 de esta Ley. 

Tratándose de sociedades cooperativas fiscalmente protegidas, la deducción por doble imposición de dividendos se practicará aplicando el tipo de gravamen que corresponda (20/25 por 100 ó 30 por 100) en función del carácter cooperativo o extracooperativo de los rendimientos que originan esta deducción.



Tratándose de entidades a las que sean aplicables los incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión, o de entidades a las que sea aplicable el tipo de gravamen reducido establecido en la disposición adicional duodécima de dicha ley y tributen con arreglo a la escala

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de gravamen correspondiente, calcularán esta deducción por la proporción resultante de dividir la cuota íntegra por la base imponible total de la entidad. 

Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse en los períodos impositivos que concluyan en los siete años inmediatos y sucesivos.



Existen determinadas rentas que no originan el derecho a la deducción por doble imposición intersocietaria al 50 o al 100 por 100, existiendo al efecto dos regímenes en función de que se trate de dividendos y participaciones en beneficios obtenidos de valores representativos del capital o los fondos propios adquiridos antes o después del 9 de junio de 1996.

Deducción por plusvalías de fuente interna Cuando entre las rentas del sujeto pasivo se computen las derivadas de la transmisión de valores representativos del capital o los fondos propios de entidades residentes en territorio español, que tributen al tipo general de gravamen o al tipo del 35 por 100, se deducirá de la cuota íntegra el resultado de aplicar el tipo de gravamen al incremento neto de los beneficios no distribuidos, incluso los que hubieran sido incorporados al capital social, que correspondan a la participación transmitida, generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación transmitida, o al importe de las rentas computadas si éste fuere menor. Cuando debido a la fecha de adquisición de la participación, no pudiera determinarse el importe de los beneficios no distribuidos en la fecha de adquisición de la participación, se presumirá que el valor de adquisición se corresponde con los fondos propios. Los requisitos para la aplicación de esta deducción son los siguientes: 

Que el porcentaje de participación, directo o indirecto, con anterioridad a la transmisión sea igual o superior al 5 por 100.



Que dicho porcentaje se hubiera poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que se transmita la participación.

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Estos requisitos no serán exigibles en las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o los fondos propios de las entidades de capital riesgo. 

Tratándose de entidades de reducida dimensión o de entidades a las que sea de aplicación el tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo establecido en la disposición adicional duodécima de la ley de sociedades y tributen con arreglo a la escala de gravamen correspondiente, calcularán esta deducción aplicando la proporción resultante de dividir la cuota íntegra por la base imponible total de la entidad al incremento neto de los beneficios no distribuidos, a que se refiere el párrafo anterior o al importe de las rentas computadas si éste fuere menor.



Tratándose de sociedades cooperativas fiscalmente protegidas, esta deducción se calculará aplicando el tipo de gravamen que corresponda (20/25 por 100 ó 30 por 100) en función del carácter cooperativo o extracooperativo de los rendimientos que originan el derecho a practicar esta deducción, sobre el incremento neto de los beneficios no distribuidos o sobre el importe de las rentas computadas si éste fuere menor.



La deducción no se aplicará respecto de la parte del incremento neto de los beneficios no distribuidos que corresponda a rentas no integradas en la base imponible de la entidad participada debido a la compensación de bases imponibles negativas.



Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse en los períodos impositivos que concluyan en los siete años inmediatos y sucesivos.

b. Deducción para evitar la doble imposición internacional Impuesto soportado por el sujeto pasivo Cuando en la base imponible de un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades se integren rentas obtenidas y gravadas en el extranjero, la entidad declarante puede deducir de la cuota íntegra la menor de las dos cantidades siguientes: a)

El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este impuesto. o

Por importe efectivo de lo satisfecho hay que entender la cantidad efectivamente pagada, no siendo deducibles los impuestos no pagados en virtud de exención, bonificación o cualquier otro beneficio fiscal.

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o

En el caso que resulte de aplicación un convenio para evitar la doble imposición, la deducción no podrá exceder del impuesto que corresponda según el mismo.

b) El importe de la cuota íntegra que en España correspondería pagar por las mencionadas rentas si se hubieran obtenido en territorio español A efectos del cálculo de la cantidad, el importe neto de las rentas a considerar se incrementará en la cuantía del gravamen de idéntica o análoga naturaleza efectivamente satisfecho en el extranjero y también formarán parte de la base imponible, aun cuando no fuese plenamente deducible. Tratándose de sociedades cooperativas fiscalmente protegidas, el tipo de gravamen aplicable será el que corresponda (20/25 por 100 ó 30 por 100) en función del carácter cooperativo o extracooperativo de cada una de las rentas obtenidas y gravadas en el extranjero. Tratándose de entidades de reducida dimensión o de entidades a las que sea aplicable el tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo y que tributen con arreglo a la escala de gravamen correspondiente, calcularán el importe de la cuota íntegra que en España correspondería pagar por las mencionadas rentas si se hubieran obtenido en territorio español, multiplicando dichas rentas por la proporción resultante de dividir la cuota íntegra por la base imponible total de la entidad. Cuando el sujeto pasivo haya obtenido en el período impositivo varias rentas del extranjero, la deducción se realizará agrupando las procedentes de un mismo país, salvo las rentas de establecimientos permanentes, que se computarán aisladamente para cada uno de los mismos. La aplicación de esta deducción tiene como límite el importe de la cuota íntegra. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse en los períodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos.

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Dividendos y participaciones en beneficios Cuando en la base imponible de un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades se computen dividendos o participaciones en los beneficios pagados por una sociedad no residente, se deducirá el impuesto efectivamente pagado por esta última respecto de los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos, en la cuantía correspondiente a tales dividendos siempre que dicha cuantía se incluya, a estos efectos, en la base imponible del sujeto pasivo. Requisitos para la aplicación de esta deducción: a)

La participación directa e indirecta de la entidad declarante en el capital de la sociedad no residente que reparte el dividendo o el beneficio debe ser, al menos, del 5 por 100.

b) La participación de la entidad declarante en la sociedad no residente que reparte el dividendo ha de mantenerse de modo ininterrumpido durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea necesario para completar un año. La aplicación de esta deducción tiene como límite el importe de la cuota íntegra Esta deducción, juntamente con la deducción por doble imposición internacional (impuesto soportado por el sujeto pasivo) aplicable, en su caso, respecto de estos dividendos, no podrá exceder de la cuota íntegra que en España correspondería pagar por estas rentas si se hubieran obtenido en territorio español. El exceso sobre este límite no tiene la consideración de gasto fiscalmente deducible. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse de las cuotas íntegras de los períodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos.

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B. BONIFICACIONES La Ley reguladora contiene tres bonificaciones que también se aplican en la cuota. El exceso de las mismas no podrá deducirse en los ejercicios siguientes. Bonificación para rentas obtenidas en Ceuta y Melilla Se prevé una deducción del 50% de la cuota íntegra que corresponda a las rentas generadas por entidades que operen efectiva y materialmente en Ceuta y Melilla, esto es, aquellas operaciones que cierren en dichos territorios un ciclo mercantil determinante de resultados económicos. Para poder disfrutar de la bonificación deberá tratarse de entidades residentes que tengan su domicilio fiscal en Ceuta o Melilla, o entidades residentes no domiciliadas en dichos territorios y entidades no residentes siempre que operen en Ceuta y Melilla mediante un establecimiento permanente o una sucursal. Bonificación para actividades exportadoras y de prestación de servicios públicos locales. Actividades exportadoras: 

Porcentaje de bonificación: 38 por 100.



Entidades a las que afecta: empresas exportadoras de producciones cinematográficas o audiovisuales españolas y de libros, fascículos y otros productos editoriales.



Rentas bonificadas: las rentas procedentes de la actividad exportadora de producciones cinematográficas o audiovisuales españolas, de libros, fascículos y elementos cuyo contenido sea normalmente homogéneo o editado conjuntamente con aquéllos, así como de cualquier manifestación editorial de carácter didáctico, siempre que los beneficios correspondientes se reinviertan en el mismo período impositivo al que se refiere la bonificación, o en el siguiente, en la adquisición de elementos afectos a la realización de las citadas actividades.

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Prestación de servicios públicos locales: 

Porcentaje de bonificación: 99 por 100.



Entidades a las que afecta: las que obtengan las rentas bonificadas.



Rentas bonificadas: las rentas derivadas de la prestación de cualquiera de los servicios comprendidos en el apartado 2 del artículo 25 o en el apartado 1, letras a), b) y c), del artículo 36, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, de competencias de las entidades locales territoriales, municipales y provinciales, excepto cuando se exploten por el sistema de empresa mixta o de capital íntegramente privado.



También será de aplicación esta bonificación cuando los servicios referidos se presten por entidades íntegramente dependientes del Estado o de las Comunidades Autónomas.

C. DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas introdujo un calendario de progresiva reducción de determinadas bonificaciones y deducciones reguladas en el TRLIS. No obstante, en algunos casos, dicho calendario ha sido objeto de posteriores modificaciones. Deducción por actividades de investigación y desarrollo y de innovación tecnológica Dan derecho a deducción, los gastos que se realicen en: 

Actividades de investigación y desarrollo.



Actividades de innovación tecnológica.

Actividades de investigación y desarrollo Se considera investigación a la indagación original y planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico o tecnológico. Se considera desarrollo a la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes.

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Se considera también actividad de investigación y desarrollo la materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así como la creación de un primer prototipo no comercializable y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que los mismos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación comercial. Asimismo se considerará actividad de investigación y desarrollo el diseño y elaboración del muestrario para el lanzamiento de nuevos productos, así como la concepción de “software” avanzado, siempre que suponga un progreso científico o tecnológico significativo mediante el desarrollo de nuevos teoremas y algoritmos o mediante la creación de sistemas operativos y lenguajes nuevos o siempre que esté destinado a facilitar a las personas discapacitadas el acceso a los servicios de la sociedad de la información. No se incluyen las actividades habituales o rutinarias relacionadas con el “software”. A efectos de la deducción por investigación y desarrollo en diseño y elaboración de muestrarios se entenderá como lanzamiento de un nuevo producto la introducción del mismo en el mercado y como nuevo producto, aquél cuya novedad sea esencial y no meramente formal o accidental. La realización de actividades de investigación y desarrollo da derecho a practicar una deducción de la cuota, en las siguientes condiciones: a)

Base de la deducción. Está constituida por el importe de los gastos de investigación y desarrollo y, en su caso, por las inversiones en elementos de inmovilizado material e intangible excluidos los inmuebles y terrenos. Se considerarán gastos de investigación y desarrollo los realizados por el sujeto pasivo, incluidas las amortizaciones de los bienes afectos a las citadas actividades, en cuanto estén directamente relacionados con dichas actividades y se apliquen efectivamente a la realización de las mismas, constando específicamente individualizados por proyectos. La base de la deducción se minorará en el 65 por 100 de las subvenciones recibidas para el fomento de dichas actividades e imputables como ingreso en el período impositivo. Los gastos de investigación y desarrollo que integran la base de la deducción deben corresponder a actividades efectuadas en España o en cualquier Estado miembro.

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Igualmente tendrán la consideración de gastos de investigación y desarrollo las cantidades pagadas para la realización de dichas actividades en España o en cualquier Estado miembro, por encargo del sujeto pasivo, individualmente o en colaboración con otras entidades. Las inversiones se entenderán realizadas cuando los elementos patrimoniales sean puestos en condiciones de funcionamiento. b) Porcentajes de deducción: 

El 25 por 100 de los gastos efectuados en el período impositivo por este concepto. En el caso de que los gastos efectuados en la realización de actividades de investigación y desarrollo en el período impositivo sean mayores que la media de los efectuados en los dos años anteriores, se aplicará el porcentaje establecido en el párrafo anterior hasta dicha media, y el 42 por 100 sobre el exceso respecto de la misma. Además de la deducción que proceda conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores, se practicará una deducción adicional del 17 por 100 del importe de los gastos de personal de la entidad correspondientes a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de investigación y desarrollo.



El 8 por 100 de las inversiones en elementos de inmovilizado material e intangible, excluidos los inmuebles y terrenos, siempre que estén afectos exclusivamente a las actividades de investigación y desarrollo.

La deducción será compatible con la prevista en el artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades e incompatible para las mismas inversiones con las restantes deducciones previstas en el capítulo IV del título VI de esta ley. Los elementos en que se materialice la inversión deberán permanecer en el patrimonio del sujeto pasivo, salvo pérdidas justificadas, hasta que cumplan su finalidad específica en las actividades de investigación y desarrollo, excepto que su vida útil conforme al método de amortización que se aplique, fuese inferior.

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Innovación tecnológica Se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad. a)

Base de la deducción.

La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos del período en actividades de innovación tecnológica que correspondan a los siguientes conceptos: 1.

Actividades de diagnóstico tecnológico tendentes a la identificación, la definición y la orientación de soluciones tecnológicas avanzadas, con independencia de los resultados en que culminen.

2.

Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción, que incluirán la concepción y la elaboración de los planos, dibujos y soportes destinados a definir los elementos descriptivos, especificaciones técnicas y características de funcionamiento necesarios para la fabricación, prueba, instalación y utilización de un producto, así como la elaboración de muestrarios textiles, de la industria del calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete, del mueble y de la madera.

3.

Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, “know-how” y dise os. No darán derecho a la deducción las cantidades satisfechas a personas o entidades vinculadas al sujeto pasivo. La base correspondiente a este concepto no podrá superar la cuantía de un millón de euros.

4.

Obtención del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento de la calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares, sin incluir aquellos gastos correspondientes a la implantación de dichas normas.

Se consideran gastos de innovación tecnológica los realizados por el sujeto pasivo en cuanto estén directamente relacionados con dichas actividades y se apliquen efectivamente a la realización de las mismas, constando específicamente individualizados por proyectos. Los gastos de innovación tecnológica que integran la base de la deducción deben corresponder a actividades efectuadas en España o en cualquier Estado miembro.

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Igualmente, tendrán la consideración de gastos de innovación tecnológica las cantidades pagadas para la realización de dichas actividades en España o en cualquier Estado miembro, por encargo del sujeto pasivo, individualmente o en colaboración con otras entidades. Para determinar la base de la deducción, el importe de los gastos de innovación tecnológica se minorará en el 65 por 100 de las subvenciones recibidas para el fomento de dichas actividades e imputables como ingreso en el período impositivo. b) Porcentaje de deducción o

8% de las inversiones o gastos si el periodo impositivo se inició antes del 6 de marzo de 2011.

o

No obstante, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía ha incrementado el porcentaje de deducción al 12% para los periodos impositivos iniciados después de la fecha de su entrada en vigor (es decir, el 6 de marzo de 2011).

Plazo de aplicación Los importes de esta deducción que no hubieran podido llegar a aplicarse por insuficiencia de cuota podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los quince años inmediatos y sucesivos. Aplicación e interpretación de la deducción Para la aplicación de esta deducción, los sujetos pasivos podrán aportar informe motivado emitido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, o por un organismo adscrito al mismo, relativo al cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos exigidos para calificar las actividades del sujeto pasivo como investigación y desarrollo o innovación tecnológica. Dicho informe tendrá carácter vinculante para la Administración tributaria. También podrá presentar el sujeto pasivo consultas sobre la interpretación y aplicación de esta deducción, cuya contestación tendrá carácter vinculante para la Administración tributaria. A estos efectos podrá aportarse informe motivado. Asimismo, el sujeto pasivo podrá solicitar a la Administración tributaria la adopción de acuerdos previos de valoración de los gastos e inversiones correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo o

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de innovación tecnológica. A estos efectos, es posible también la aportación de informe motivado en los términos expresados en el párrafo primero de este apartado.

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Deducción por inversiones en bienes de interés cultural Los sujetos pasivos podrán deducir de la cuota íntegra el 6 por 100 de las inversiones o gastos que realicen para: c)

La adquisición de bienes del Patrimonio Histórico Español, realizada fuera del territorio español para su introducción dentro de dicho territorio, siempre que los bienes sean declarados bienes de interés cultural o incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles en el plazo de un año desde su introducción y permanezcan en territorio español y dentro del patrimonio del titular durante al menos cuatro años.

d) La conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes de su propiedad que estén declarados de interés cultural conforme a la normativa del Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades Autónomas, siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en particular respecto de los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes. e)

La rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de sus tejados y fachadas, así como la mejora de infraestructuras de su propiedad situados en el entorno que sea objeto de protección de las ciudades españolas o de los conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales o paisajísticos y de los bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco situados en España.

f)

La parte de inversión financiada con subvenciones no dará derecho a deducción.

g)

Las cantidades no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos.

Inversiones en producciones cinematográficas El productor de la obra podrá aplicar el 18 por 100 del coste de la producción minorado en la parte financiada por el coproductor financiero. El coproductor financiero que participe en una producción española de largometraje cinematográfico tendrá derecho a una deducción del 5 por 100 de la inversión que financie, con el límite del 5 por 100 de la renta del período derivada de dichas inversiones. Las deducciones se practicarán a partir del período impositivo en el que finalice la producción de la obra.

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La parte de inversión financiada con subvenciones no dará derecho a deducción. Las cantidades no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos. En tal caso, el límite del 5 por 100 que afecta a la deducción que puede practicarse el coproductor financiero se calculará sobre la renta derivada de la coproducción que se obtenga en el período en que se aplique la deducción. Inversiones en edición de libros Los sujetos pasivos podrán deducir de la cuota íntegra el 2 por 100 del importe de las inversiones que realicen en la edición de libros que permitan la confección de un soporte físico, previo a su producción industrial seriada. La parte de inversión financiada con subvenciones no dará derecho a deducción. Las cantidades no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos. Inversiones destinadas a la protección del medio ambiente En los períodos impositivos iniciados entre 1 de enero y 5 de marzo de 2011, los sujetos pasivos podrán deducir de la cuota íntegra el 2 por 100 de las inversiones realizadas en elementos patrimoniales del inmovilizado material destinadas a la protección del medio ambiente que consistan en instalaciones que tengan por objeto alguna de las siguientes finalidades: a)

Evitar o reducir la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales.

b) Evitar o reducir la carga contaminante que se vierta a las aguas superficiales, subterráneas o marinas. c)

Favorecer la reducción, recuperación o tratamiento correcto desde el punto de vista medioambiental de residuos industriales.

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En los períodos impositivos iniciados a partir de 6 de marzo de 2011 los sujetos pasivos podrán deducir de la cuota íntegra el 8 por 100 de las inversiones realizadas en bienes del activo material destinadas a la protección del medio ambiente consistentes en instalaciones que eviten la contaminación atmosférica o acústica procedente de instalaciones industriales, o contra la contaminación de aguas superficiales, subterráneas y marinas o para la reducción, recuperación o tratamiento de residuos industriales propios. Requisitos para practicar la deducción a que se refiere este apartado: a)

Que la inversión se realice para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia del medio ambiente sobre emisiones a la atmósfera, vertidos a las aguas, así como producción, recuperación y tratamiento de residuos industriales o para mejorar las exigencias establecidas en dicha normativa (esta mejora es obligatoria para el caso de la deducción del 8 por 100). Se entenderá que la inversión cumple este requisito siempre que se efectúe dentro de los plazos y en las condiciones previstas en la citada normativa.

b) Que la inversión se lleve a cabo en ejecución de planes, programas, convenios o acuerdos aprobados o celebrados con la Administración competente en materia medioambiental. La prueba del cumplimiento de este requisito se realizará mediante la certificación de convalidación de la inversión expedida por la referida Administración. Si al tiempo de presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades no se hubiera emitido por la Administración competente la citada certificación por causa no imputable al sujeto pasivo, éste podrá aplicar con carácter provisional la deducción siempre que haya solicitado la expedición de la referida certificación de convalidación con anterioridad al primer día del plazo de presentación de aquella declaración. En el caso de que la Administración competente no convalide la inversión, el sujeto pasivo deberá ingresar, juntamente con la cuota correspondiente al período impositivo en el que se notifique dicho acto administrativo, el importe de la deducción aplicada con sus intereses de demora. Para el cálculo de la deducción se aplicará el 2 por 100 o el 8 por 100 al precio de adquisición o coste de producción de los elementos en que se materialice la inversión. Cuando una inversión no tenga por objeto exclusivo alguna de las finalidades descritas anteriormente, una vez identificada la parte que guarde relación directa con la función protectora del medio ambiente, el porcentaje se aplicará sobre la porción del precio de adquisición o coste de producción que el sujeto pasivo acredite que se corresponde con las referidas finalidades.

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La parte de la inversión financiada con subvenciones no dará derecho a deducción. Realización y mantenimiento de las inversiones destinadas a la protección del medio ambiente Las inversiones se entenderán realizadas cuando los elementos patrimoniales sean puestos en condiciones de funcionamiento. Tratándose de elementos patrimoniales que sean objeto de los contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, se considerará realizada la inversión en la fecha de celebración del contrato, por un importe igual al valor de contado del elemento patrimonial. El disfrute de la deducción por la inversión en los elementos patrimoniales estará condicionado, con carácter resolutorio, al ejercicio de la opción de compra. En el caso de que no se ejercite la opción de compra el sujeto pasivo deberá ingresar, juntamente con la cuota correspondiente al período impositivo en el que se hubiera podido ejercitar dicha opción, el importe de la deducción aplicada con sus intereses de demora. En el caso de que, por razones tecnológicas, los elementos patrimoniales afectos a la presente deducción perdieran o disminuyeran su eficacia en materia de protección del medio ambiente durante los plazos a que se refiere el apartado 3 del artículo 44 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, podrán ser sustituidos o complementados con otros elementos que contribuyan a la recuperación de los niveles de protección inicialmente previstos, sin que por ello se pierda el derecho a la deducción. En este caso, las inversiones que sustituyan o complementen a la inicial no podrán acogerse a la deducción. Las cantidades no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos.

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Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad Será deducible de la cuota íntegra la cantidad de 6.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores con discapacidad, contratados por tiempo indefinido, experimentado durante el período impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores con discapacidad con dicho tipo de contrato del período inmediatamente anterior. Los requisitos para disfrutar de esta deducción son los siguientes: 

Los trabajadores contratados han de tener discapacidad. A estos efectos, serán de aplicación los criterios de contratación de trabajadores minusválidos conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos.



La contratación ha de ser por tiempo indefinido y a jornada completa.



La entidad ha de experimentar un incremento del promedio de la plantilla de trabajadores con discapacidad con dicho tipo de contrato y jornada durante el período impositivo, respecto de la plantilla media de trabajadores con discapacidad del ejercicio inmediato anterior con contrato indefinido a jornada completa.

Gastos de formación profesional Esta deducción quedó derogada con efectos para los periodos impositivos que se iniciasen a partir de 1 de enero de 2011. No obstante, la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 ha extendido a todo el ejercicio 2011 el derecho a aplicar la deducción por gastos de formación en los que se incurra para habituar a los empleados a la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Se incluyen entre dichos gastos los realizados para proporcionar, facilitar o financiar su conexión a Internet, así como los derivados de la entrega gratuita, o a precios rebajados, o de la concesión de préstamos y ayudas económicas para la adquisición de los equipos y terminales necesarios para acceder a aquélla, con su “software” y periféricos asociados, incluso cuando el uso de los mismos por los empleados se pueda efectuar fuera del lugar y horario de trabajo. Los sujetos pasivos podrán deducir de la cuota íntegra el 1% de los gastos efectuados en el periodo impositivo, minorados en el 65 por 100 del importe de las subvenciones recibidas para ello e imputables como ingreso.

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Cuando los gastos efectuados por este concepto en el período impositivo sean mayores que la media de los efectuados en los dos años anteriores en actividades de formación profesional (con arreglo al artículo 40 de la LIS), se aplicará el porcentaje del 1 por 100 hasta dicha media y del 2 por 100 sobre el exceso respecto de la misma. Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios Esta deducción permite reducir en un porcentaje las rentas positivas derivadas de la transmisión onerosa de determinados elementos patrimoniales, siempre que se reinviertan en alguno de los elementos patrimoniales citados en la ley. Elementos patrimoniales transmitidos que dan derecho a deducción: 

Los que hayan pertenecido al inmovilizado material, intangible o inversiones inmobiliarias afectas a actividades económicas que hubiesen estado en funcionamiento al menos un año dentro de los tres años anteriores a la transmisión.



Valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de toda clase de entidades que otorguen una participación no inferior al 5 por 100 sobre su capital y que se hubieran poseído, al menos, con un año de antelación a la fecha de la transmisión, siempre que no se trate de operaciones de disolución o liquidación de esas entidades. El cómputo de la participación transmitida se referirá al período impositivo.

A efectos de calcular el tiempo de posesión, se entenderá que los valores transmitidos han sido los más antiguos. No se entenderán comprendidos entre los valores los siguientes: 

Que no otorguen una participación en el capital social o fondos propios.



Sean representativos de la participación en el capital social o en los fondos propios de entidades no residentes en territorio español cuyas rentas no puedan acogerse a la exención establecida en el artículo 21 de la LIS.



Sean representativos de instituciones de inversión colectiva de carácter financiero.



Sean representativos de entidades que tengan como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario

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Elementos patrimoniales objeto de la reinversión:

a)

Los pertenecientes al inmovilizado material, intangible o inversiones inmobiliarias afectas a actividades económicas cuya entrada en funcionamiento se realice dentro del plazo de reinversión.

b) Los valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de toda clase de entidades que otorguen una participación no inferior al 5 por 100 sobre el capital social de aquéllos. El cómputo de la participación adquirida se referirá al plazo establecido para efectuar la reinversión. Estos valores no podrán generar otro incentivo fiscal a nivel de base imponible o cuota íntegra. A estos efectos no se considerará un incentivo fiscal las correcciones de valor, las exenciones a que se refiere el artículo 21 de la LIS, ni las deducciones para evitar la doble imposición. No se entenderán comprendidos entre los valores los citados anteriormente. Plazo para efectuar la reinversión a)

La reinversión deberá realizarse dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la puesta a disposición del elemento patrimonial transmitido y los tres años posteriores, o, excepcionalmente, de acuerdo con un plan especial de reinversión aprobado por la Administración tributaria a propuesta del sujeto pasivo. Cuando se hayan realizado dos o más transmisiones en el período impositivo de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de toda clase de entidades, dicho plazo se computará desde la finalización del período impositivo. La reinversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la puesta a disposición de los elementos patrimoniales en que se materialice.

b) Tratándose de elementos patrimoniales que sean objeto de los contratos de arrendamiento financiero a los que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, se considerará realizada la reinversión en la fecha en que se produzca la puesta a disposición del elemento patrimonial objeto del contrato, por un importe igual a su valor de contado. Los efectos de la reinversión estarán condicionados, con carácter resolutorio, al ejercicio de la opción de compra. c)

La deducción se practicará en la cuota íntegra correspondiente al período impositivo en que se efectúe la reinversión. Cuando la reinversión se haya realizado antes de la transmisión, la

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deducción se practicará en la cuota íntegra correspondiente al período impositivo en el que se efectúe dicha transmisión. Mantenimiento de la inversión. Requisitos formales de la deducción Los elementos patrimoniales objeto de la reinversión deberán permanecer en funcionamiento en el patrimonio del sujeto pasivo, salvo pérdida justificada, hasta que se cumpla el plazo de cinco años, o de tres años si se trata de bienes muebles, excepto si su vida útil conforme al método de amortización que se aplique, fuere inferior. La transmisión de los elementos patrimoniales objeto de la reinversión antes de la finalización del plazo determinará la pérdida de la deducción, excepto si el importe obtenido o el valor neto contable, si fuera menor, es objeto de reinversión. Como requisito formal, los sujetos pasivos deben hacer constar en la memoria de las cuentas anuales el importe de la renta acogida a la deducción prevista en este apartado y la fecha de la reinversión. Dicha mención deberá realizarse mientras no se cumpla el plazo de mantenimiento referido anteriormente. Base de la deducción La base de la deducción está constituida por el importe de la renta obtenida en la transmisión de los elementos patrimoniales que se haya integrado en la base imponible con las limitaciones establecidas en el apartado 2 del artículo 42 de la LIS. A los solos efectos del cálculo de esta base de deducción, el valor de transmisión no podrá superar el valor de mercado. No forman parte de la renta obtenida en la transmisión el importe de las perdidas por deterioro relativas a los elementos patrimoniales o valores, en cuanto las dotaciones a las mismas hubieran sido fiscalmente deducibles, ni las cantidades aplicadas a la libertad de amortización, o a la recuperación del coste del bien fiscalmente deducible según lo previsto en el artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que deban integrarse en la base imponible con ocasión de la transmisión de los elementos patrimoniales que se acogieron a dichos regímenes. No se incluirá en la base de la deducción la parte de la renta obtenida en la transmisión que haya generado el derecho a practicar la deducción por doble imposición. La inclusión en la base de deducción del importe de la renta obtenida en la transmisión de los elementos patrimoniales cuya adquisición o utilización posterior genere gastos deducibles, cualquiera que sea el

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ejercicio en que éstos se devenguen, será incompatible con la deducción de dichos gastos. El sujeto pasivo podrá optar entre acogerse a la deducción por reinversión y la deducción de dichos gastos. Tratándose de elementos patrimoniales pertenecientes al inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias, la renta obtenida se corregirá, en su caso, en el importe de la depreciación monetaria. Si la reinversión se efectúa por una cantidad inferior al importe obtenido en la transmisión, la base de la deducción será la parte de la renta que proporcionalmente corresponda a la cantidad reinvertida. Porcentajes de deducción A la base de la deducción se le aplica un porcentaje que, para las entidades que tributen al tipo general del impuesto o a la escala prevista en el artículo 114 de la Ley, será del 12%. La deducción será del 7 por 100, del 2 por 100 o del 17 por 100 cuando la base imponible tribute a los tipos del 25 por 100, del 20 por 100 o del 35 por 100, respectivamente. Planes especiales de reinversión Cuando se pruebe que, por sus características técnicas, la inversión o su entrada en funcionamiento deba efectuarse necesariamente en un plazo superior al indicado anteriormente, los sujetos pasivos podrán presentar planes especiales de reinversión. No se aplicará a esta deducción el límite conjunto del 35 por 100 (50 ó 60 por 100, en su caso) de la cuota íntegra, minorada en las deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional y las bonificaciones, que establece el apartado 1 del artículo 44 de la Ley del Impuesto. 10.3. CUOTA DIFERENCIAL La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota líquida del impuesto en los pagos a cuenta (retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados) realizados a lo largo del período impositivo. Esta podrá ser positiva, a pagar, o negativa. En este último caso la Administración devolverá de oficio.

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11. GESTIÓN DEL IMPUESTO Obligación de declarar Están obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades todos los sujetos pasivos del mismo, con independencia de que hayan desarrollado o no actividades durante el período impositivo y de que se hayan obtenido o no rentas sujetas al impuesto.

Por tanto, aunque la entidad permanezca inactiva o bien teniendo actividad, no se hayan generado como consecuencia de la misma rentas sometidas a tributación, ello no exime al sujeto pasivo de la obligación de presentar la preceptiva declaración. Como únicas excepciones a la obligación general de declarar, la normativa vigente contempla las siguientes: 

Las entidades declaradas totalmente exentas.



Las comunidades titulares de montes vecinales en mano común respecto de aquellos períodos impositivos en que no tengan ingresos sometidos al Impuesto sobre Sociedades, ni incurran en gasto alguno, ni realicen las inversiones que dan derecho a la reducción en la base imponible específicamente aplicable a estos sujetos pasivos.



Las entidades parcialmente exentas del artículo 9.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que cumplan los siguientes requisitos: o

Que sus ingresos totales no superen 100.000 euros anuales.

o

Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas sometidas a retención no superen 2.000 euros anuales.

o 

Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.

Los partidos políticos, en relación a las rentas exentas.

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Plazo para presentar la declaración La declaración del Impuesto sobre Sociedades no tiene un plazo de presentación único para todos los contribuyentes, sino que cada sujeto pasivo tiene su propio plazo, en función de la fecha en que concluya su período impositivo. En concreto, la presentación de la declaración deberá efectuarse dentro de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo. Por consiguiente, cuando se trate de sujetos pasivos cuyo ejercicio económico coincida con el año natural, el plazo de presentación de declaraciones queda fijado en los veinticinco primeros días naturales del mes de julio. No obstante, los sujetos pasivos cuyo plazo de declaración se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden del Ministro de Hacienda que ha aprobado los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, deberán presentar la declaración dentro de los 25 días naturales a la fecha de entrada en vigor de la citada Orden, salvo que opten por presentar la declaración utilizando los modelos y formas de presentación contenidos en la Orden EHA/1246/2011, de 9 de mayo, que aprobó los modelos de declaración aplicables a los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, en cuyo caso el plazo de presentación será el general. En las localidades en que el último día del plazo voluntario de presentación sea festivo, los sujetos pasivos podrán presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades hasta el primer día hábil siguiente a aquél.

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Modelos de declaración Existe un único modelo: el modelo 200. Además, existe un modelo de declaración específico para el régimen de consolidación fiscal: el modelo 220. La presentación del modelo 200 debe hacerse obligatoriamente por vía telemática en el caso de los sujetos pasivos adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el caso de los sujetos pasivos que tengan la forma de sociedades anónimas o de sociedades de responsabilidad limitada, o cuando deban presentar el formulario referente a las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias o a determinadas deducciones. La declaración correspondiente al modelo 220 deberá efectuarse telemáticamente en todo caso. Documentación a presentar junto con la declaración Los sujetos pasivos a los que resulte aplicable lo previsto en el artículo 107 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (inclusión en la base imponible de determinadas rentas positivas obtenidas por entidades no residentes), consignarán en el sobre los siguientes datos relativos a cada una de las entidades no residentes en territorio español: a)

Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser incluida en la base imponible. Los sujetos pasivos a quienes les haya sido aprobada una propuesta para la valoración previa de operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas, el escrito informativo a que hace referencia el artículo 29 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Los sujetos pasivos que deban presentar la información a que se refieren los artículos 15 (adquisición de valores representativos de la participación de fondos propios de entidades no residentes cuyas rentas puedan acogerse a la exención del artículo 21 de la LIS) o 45 (aplicación de lo dispuesto en el artículo 89.3 de la LIS) del Reglamento del Impuesto, incluirán la documentación relativa a dicha información.

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Cuando se haya consignado en la declaración la corrección al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, como disminución, por importe igual o superior a 50.000 euros en el apartado correspondiente a “otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias”, el sujeto pasivo deberá describir la naturaleza del ajuste realizado a través de un formulario específico que se halla en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, para su presentación telemática previamente a la declaración. Asimismo y mediante el referido formulario los sujetos pasivos deberán incluir la información adicional correspondiente cuando el importe de la deducción generada en el ejercicio (con independencia de que se aplique o quede pendiente para ejercicios futuros) sea igual o superior a 50.000 euros en las siguientes deducciones: a)

Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios: se deberán identificar los bienes transmitidos y los bienes en los que se materializa la inversión.

b) Deducción por inversiones medioambientales: se deberán identificar las inversiones realizadas. c)

Deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica: se deberán identificar las inversiones y gastos que originan el derecho a la deducción.

Devolución Cuando la suma de las retenciones e ingresos a cuenta, de los pagos fraccionados y cuotas imputadas supere el importe de la cuota resultante de la autoliquidación, la Administración Tributaria procederá, en su caso, a practicar liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo para la presentación de la declaración o a la fecha de presentación de la declaración si ésta se presenta fuera del plazo legalmente establecido. Cuando de la autoliquidación practicada por el sujeto pasivo o de la citada liquidación provisional resulte una cantidad a devolver (que en este último caso no coincidirá con la cuantía autoliquidada por el sujeto pasivo), la Administración efectuará la devolución de oficio dentro del plazo de seis meses expuesto en el párrafo anterior, sin perjuicio de la práctica de ulteriores liquidaciones, provisionales o definitivas, que procedan.

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Si transcurre el plazo de seis meses para efectuar la devolución y la Administración tributaria no ordena el pago de la misma por causas que sean imputables a ella, ésta debe abonar, además del importe de la devolución que corresponda, los intereses de demora que resulten de aplicar a la cantidad pendiente de devolución el mismo interés que aplica la Administración tributaria a los contribuyentes por débitos de éstos a favor de la misma Administración, desde el día siguiente al final de dicho plazo de seis meses y hasta la fecha de ordenación del pago de la devolución, sin necesidad de que el sujeto pasivo tenga que reclamarlos.

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12. REGÍMENES ESPECIALES DEL IMPUESTO La normativa del impuesto contiene una serie de regímenes especiales, en función de la naturaleza de los sujetos afectados o de los hechos, actos u operaciones que llevan a cabo. Se trata de los siguientes: 

Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresa



Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas



Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional



Instituciones de Inversión Colectiva



Sociedades patrimoniales



Régimen de consolidación fiscal



Régimen especial para determinadas operaciones de reestructuración empresarial



Régimen fiscal de la minería



Régimen fiscal de la investigación y explotación de hidrocarburos



Transparencia fiscal internacional



Empresas de reducida dimensión



Régimen de determinados contratos de arrendamiento financiero



Entidades de tenencia de valores extranjeros



Entidades parcialmente exentas



Comunidades titulares de montes vecinales en mano común



Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje



Régimen de entidades deportivas



Cooperativas



Fundaciones y entidades sin ánimo de lucro



Sociedades laborales



Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI)

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FECHA DE EDICIÓN: JUNIO 2012