MESA PSICOSOCIAL DOCUMENTO MACRO DE DENUNCIAS Y RECOMENDACIONES DEBATE CONTROL POLÍTICO 18 DE MAYO DE 2016 ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO 6 DE MAYO DE 2016 Presentación La Mesa Psicosocial1 es un espacio de encuentro y articulación de organizaciones que realizan un trabajo comprometido de acompañamiento y acciones psicosociales en diferentes ámbitos y realidades, desde un enfoque de DDHH y acción sin daño, la mesa psicosocial se constituyó desde el 2007. Tiene como objetivo integrar la mirada psicosocial a diferentes procesos de búsqueda de verdad, justicia, reparación y construcción de paz para la recuperación emocional y reconstrucción del tejido social. En el debate de control político al Ministerio de Salud y la Unidad de Víctimas por la atención psicosocial a las víctimas del conflicto de octubre de 2013 la representante a la cámara Ángela María Robledo afirmaba “Las víctimas tienen una herida invisible que se profundiza día a día con una atención precaria, inoportuna, ineficaz y que en muchas ocasiones las revictimiza, estigmatiza y violenta”. Más de dos años después de este debate se mantiene la atención en condiciones deficitarias similares y la relación con el sistema se cristaliza en revictimización, estigmatización y violencia. Posicionar, como primer frente de acción, la urgencia de una transformación estructural del sistema de salud y de los servicios que oferta, responde a la distancia que aún media entre la realidad del país, atravesada por el conflicto político social y armado, un proceso de negociación que aspira ampliar sus impactos en el mediano y largo plazo, y unas instituciones de salud que parecen permanecer ajenas al reto que la coyuntura demanda. Ante la persistencia de la situación descrita, el presente documento fue elaborado con el interés de denunciar y propiciar la construcción de soluciones ineludibles, a partir de las reflexiones y casos identificados por las organizaciones que hacen parte de la Mesa Psicosocial respecto a los enfoques e implementación de los procesos de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado. En este ejercicio se resaltan las deficiencias, falencias y retos que debe asumir el Estado para garantizar el derecho a la salud integral de las víctimas promoviendo la protección de su dignidad y garantizando sus derechos, y en un marco más amplio, cómo este tipo de responsabilidades puede contribuir a la construcción de paz en una sociedad con una larga trayectoria de violencia sociopolítica. De acuerdo a esto, en un primer momento se presentan las falencias, que persisten, y retos que deberían resolver con urgencia los actuales escenarios de atención psicosocial propuestos por el Estado, en especial aquellos que han sido liderados por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas; en un segundo apartado se refieren las recomendaciones de acuerdo a las valoraciones que hacen las víctimas en casos específicos sobre los actuales programas y estrategias como 1

La Mesa Psicosocial está conformada por las siguientes organizaciones, y algunos profesionales independientes: Corporación AVRE (Acompañamiento Psicosocial y Atención a Víctimas de la Violencia política) , Tejidos del Viento, Costurero de la Memoria: Kilómetros de vida, Colectivo Ansur, CAPS (Centro de Atención Psicosocial), Corporación Vínculos, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Colectivo Psicosocial Colombiano Copsico, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Diego Fernando Abonia V, Carmen Sánchez.

el Programa de Atención Psicosocial y Salud integral a Víctimas, PAPSIVI, y la estrategia para la reconstrucción del tejido social (Entrelazando). Finalmente se aportan algunas conclusiones sobre cuáles deben ser los cambios estructurales que el Estado debe promover y asumir para asegurar el derecho a la salud desde una perspectiva integral y a partir de una visión aprehensiva sobre las causas y efectos de la violencia sociopolítica en la salud mental de la sociedad colombiana, que constituya escenarios para construcción de paz y procesos de reconciliación. Denuncias y recomendaciones frente a los escenarios actuales de atención psicosocial 1. Consolidar e implementar una Política Pública de Atención Psicosocial y en Salud Integral a las Víctimas del conflicto armado. De conformidad con la sentencia T-045 de 2010, la prestación de los servicios de salud debe estar regida por una Política Pública de Atención Psicosocial y en Salud integral a las víctimas del conflicto armado, con la garantía plena del derecho a la participación activa de las víctimas en todas las etapas de su construcción. Ante este ordenamiento, y puntualmente ante la promulgación de la Ley 1448 de 2010 o Ley de Víctimas, el Ministerio de Salud diseñó y lanzó el PAPSIVI frente al cual es importante aclarar por qué no constituye una política pública2: -

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No cuenta con una partida presupuestal efectiva que garantice estabilidad y continuidad sin interrupción en la atención3. No tiene una unidad administrativa única al interior del Ministerio que la ejecute, tan solo una oficina de atención a víctimas que no involucra todas las esferas de la salud integral. No cuenta con un programa definitivo, al punto que se han expedido un sin número de documentos, todos en construcción, los cuales no han sido elaborados con la mayoría o el grueso de las víctimas del conflicto sociopolítico, tan solo fue socializada con un grupo de ellas. Conforme a los anteriores argumentos es perentorio constituir un sistema de salud diferencial para las víctimas, considerando que estas son un sujeto de especial

Comisión Colombiana de Juristas. Organización No Gubernamental con estatus consultivo ante la ONU. Plan Nacional de Desarrollo: una oportunidad para la reparación y atención integral en salud de las víctimas del conflicto 3 Aunque en los documentos CONPES se asignan partidas presupuestales a la atención psicosocial no se define un recurso efectivo y probablemente suficiente para las demandas en cobertura y calidad que demanda una política pública de atención psicosocial “Si bien no se modificó el monto total aprobado por el Conpes 3712, la composición de los gastos asociados a la población vulnerable, que no genera impacto fiscal ya que se refiere a los derechos generales de la población independiente del hecho victimizante por el que haya sido afectada, y la población no vulnerable, que sí representa un costo fiscal adicional, cambió en la elaboración del Plan Nacional de Víctimas. Los anteriores gastos pudieron ser incluidos gracias a que se precisó que los costos en Atención Psicosocial, que hace parte del componente de Salud, no son demandados por la totalidad de la población víctima de acuerdo a estimaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, y parte del componente de Garantías de no Repetición, principalmente compuesto por la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, puesto que éste no es exclusivo a la implementación de esta ley. En razón de lo anterior, la composición de las medidas y componentes correspondientes a la actualización del plan de financiación de la Ley 1448 se presenta en la Tabla 1.” (El subrayado es nuestro) CONPES 3726/ 2012 Págs. 35 y 36. Para mayor información ver CONPES 3712/2011 y CONPES 3726/2012.

protección por parte de la Corte Constitucional, como lo establecen la sentencia T025 y autos relacionados. Precisamente, incumplimiento de la garantía de las víctimas como sujetos de especial protección en el marco del actual sistema de salud, pone en evidencia la imposibilidad real de atención en salud integral a las víctimas bajo los parámetros de la Ley 100 y la andamiaje institucional actual. Es pertinente por tanto, dar respuesta con urgencia a la transformación estructural del sistema de salud y de los servicios que oferta, pues en medio de la realidad del país, atravesada por el conflicto armado interno y un proceso de negociación que aspira a paliar sus impactos en el mediano y largo plazo, las instituciones de salud parecen permanecer ajenas al reto que la coyuntura demanda (ver caso desaparición forzada). Frente al actual escenario de atención es preocupante encontrar como en la última estrategia de implementación del PAPSIVI del Ministerio de Salud, se plantea un acompañamiento a víctimas desde categorías jurídicas del daño, lo cual puede resultar abiertamente contraproducente para el derecho de reparación en salud de las víctimas. Si se es coherente con los preceptos psicosociales, la estrategia debe partir entre otros aspectos, de la historia de las víctimas, y desde una concepción amplia de la salud integral y los derechos humanos. Por otra parte, una atención psicosocial y en salud adecuada, oportuna y de calidad para las personas que afrontan los impactos del conflicto armado interno, demanda revertir la tolerancia e invisibilización social respecto de la violencia sociopolítica y la desigualdad social que permea las instituciones. Éstas reproducen la discriminación en sus discursos y prácticas de atención cotidianas, dando lugar a la paradoja de un sistema violento intentando sostener, contener y reparar sosteniendo, conteniendo y reparando los impactos de décadas de violencia perpetua. El principio de acción sin daño impone aquí la pertinencia de una transformación estructural de fondo, que afecte los imaginarios y prejuicios que vehiculan la atención (ver casos violencia sexual). Para la elaboración de tal Política Pública de Atención Psicosocial y en Salud Integral a las Víctimas del conflicto armado, se exige: a) Una investigación exhaustiva de la epidemiología del conflicto armado en el país, que tenga en cuenta la violencia sociopolítica como contexto que genera daños específicos y por ende necesidades específicas de atención. Para ello es necesario un estudio epidemiológico de la violencia nacional liderado por el Ministerio de Salud. b) Que se amplíe la mirada biomédica tradicional a un enfoque biopsicosocial y una integración de cuerpo-mente. El enfoque biomédico de la salud [sobresaliente en las empresas prestadoras de servicios que reciben a las víctimas] excluye la violencia sociopolítica como etiología del malestar o la enfermedad y carece de un marco teórico-práctico para responder integralmente a las problemáticas que presentan. Por ende, resulta prioritario flexibilizar dicho enfoque, integrando transversalmente la perspectiva biopsicosocial para el conjunto de acciones e interacciones del personal sanitario con las víctimas, en el horizonte de una reparación integral que se erige como derecho. Ello implica integrar un marco comprehensivo (en la misma o en una estructura de salud autónoma y exclusiva para las víctimas) que dé cuenta y haga aprehensibles los determinantes sociales, políticos y culturales de la salud de las

personas, a los cuales se amalgaman causas y consecuencias del conflicto armado interno; no obstante, en el entretanto y si fuera el caso, las medidas deben incorporarse al sistema existente asegurando el derecho a la rehabilitación. No sólo el personal que interactúa en atención directa con las víctimas está llamado a expandir su lectura epidemiológica de la salud de las personas que han afrontado la violencia, dicho tránsito ha de sostenerse en la voluntad y compromiso político de quiénes orientan, planifican e implementan las políticas y programas en salud. Ello se traduce en acrecentar la presencia y estabilidad de profesionales abanderadas/os y con bagaje y conocimiento en el ámbito de las violencias en los espacios de toma de decisión y lineamiento técnico, esencialmente en el Ministerio de Salud y Secretarías Departamentales. En síntesis, poner a dialogar el enfoque biopsicosocial con el biomédico existente para el conjunto de la estructura sanitaria abre el camino de superación de las barreras existentes para la atención de las víctimas, en los términos que la normatividad impone. c) Que se asegure el derecho a la participación de las víctimas en la elaboración, implementación, verificación y seguimiento de dicha política publica En este orden y en cumplimiento de la sentencia T 045 del 2010 de la Corte Constitucional con respecto a la elaboración de una política pública de atención psicosocial y en salud para todas las víctimas del conflicto se requiere que el Ministerio de Salud presente con urgencia un proyecto de ley orgánica para un modelo exclusivo de atención a víctimas del conflicto. 2. Es imprescindible la creación de un sistema de seguridad social en salud especial para las víctimas del conflicto armado. Sólo así podría darse cuenta de una atención que reestablezca la salud integral y reparación digna a las personas víctimas del conflicto. Este sistema especial debe contar con instituciones y funcionarios que respondan adecuadamente a las necesidades de las víctimas no solo en términos de salud, sino de reparación. Consideramos que esta es la única forma en que se garantizaría el derecho a la salud de las víctimas en condiciones de igualdad y dignidad. Respecto a este sistema es fundamental no reproducir el modelo nefasto bajo el que ha funcionado el actual sistema de salud, es decir debe evitarse y garantizarse la no repetición del modelo establecido por la Ley 100, de modo que no se reproduzca el sistema de intermediación que no cuenta con control efectivo ni sanciones ante las vulneraciones al derecho a la salud integral. Lo anterior, dado que el sistema general de seguridad social en salud continúa imponiendo una serie de barreras administrativas y en la atención, que impiden que los protocolos aborden su problemática de forma integral, con un enfoque diferencial que integre todos los tratamiento médicos y psicológicos con el propósito de reparar de manera integral todos los daños en la salud ocasionados por el conflicto sociopolítico desde una perspectiva psicosocial4.

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Comisión Colombiana de Juristas. Organización No Gubernamental con estatus consultivo ante la ONU. Plan Nacional de Desarrollo: una oportunidad para la reparación y atención integral en salud de las víctimas del conflicto

Igualmente es necesario que este sistema de salud especial, garantice una atención en salud integral gratuita a las víctimas del conflicto, y por ende no puede ser a través de las EPS donde los usuarios, es decir las mismas víctimas, contribuyen a su propia atención. Lo anterior responde a la necesidad de asegurar un sistema de salud que propenda por la reparación integral, enfoque del cual carece y continuara careciendo en el actual sistema. Precisamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias condenatorias al Estado de Colombia ha ordenado el criterio de gratuidad al Estado en materia de salud, en los casos acumulados y reconocidos como: Masacre 19 Comerciantes, La Rochela, Mapiripan, Ituango (La Granja y el Aro), Pueblo Bello, German Escuela Zapata, Manuel Cepeda y Wilson Gutiérrez Soler. 3. Incorporar el enfoque diferencial y la aplicación de principios priorizados de diferenciación. El enfoque diferencial en la atención, el tratamiento y el acompañamiento, y en cada uno de los procesos y procedimientos, debe ser parte esencial de la reparación en salud y por tanto debe reconocer el género, la etnicidad, la orientación sexual, el ciclo etario, la cultura, la historia, las condiciones geográficas, el tipo de hecho o hechos victimizantes. En este momento los obstáculos administrativos, geográficos y profesionales del actual sistema de salud, lo convierten en un programa de remisión de las víctimas al sistema general de salud que no garantizan el tratamiento y que dan origen a una nueva violación de sus derechos. 4. Diseño e implementación de un sistema de información efectivo que dé cuenta de los indicadores de impactos, demostrando avances y resultados concretos. Actualmente no se tiene ningún mapeo de evaluación del impacto, como menciona la representante Ángela María Robledo: “el Gobierno Nacional no tenga hoy datos sobre avances mínimos un sistema de información aunque sea precario y pueda mostrar algún progreso en articulación y coordinación interinstitucional.5” Por lo cual este sistema debe evaluar la efectividad y garantía frente a que el PAPSIVI logre mitigar, superar y prevenir los impactos a la integridad psicológica y proyecto de vida de las víctimas, sus familias y comunidades, por las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Este sistema de información debe arrojar una evaluación del programa PAPSIVI, evaluación que debe entregarse a la sociedad civil, puntualizando las falencias del programa y alternativas de solución que integren un enfoque diferencial y de acción sin daño. Sería importante que a su vez se haga una Evaluación Externa del Funcionamiento del PAPSIVI a nivel nacional que garantiza la participación de las víctimas. De manera puntual este sistema debe permitir contar con información suficiente, representativa y abierta al público respecto: -

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Indicadores de recuperación emocional Atención en Salud Integral Atención a víctimas ubicadas en lugares de difícil acceso Cobertura

“En un país en guerra, no hay atención psicosocial a víctimas”. Duras críticas de Ángela Robledo. Bogotá, Octubre 15 de 2013.

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Interrupciones y correctivos ante fallas en el sistema de atención integral

5. De manera urgente viabilizar la coordinación entre el SNARIV, en particular entre el Ministerio y la Unidad de Victimas, instituciones desde las cuales se está realizando la atención psicosocial. Esta ausencia de respuesta coordinada está generando nuevos vacíos en la atención, incrementando la reexperimentación en las victimas sin un apoyo oportuno y acorde a sus necesidades y mecanismos para afrontar nuevas situaciones en nombre de la reparación integral (ver caso Magdalena Medio)

Conclusiones: Elementos para construir una política pública de atención psicosocial A pesar de existir desde años atrás marcos normativos y lineamientos de política pública que le exigen al Estado concebir la atención en salud a víctimas desde el enfoque de integralidad y desde una perspectiva psicosocial (salud física, psicológica y mental como un todo armónico), como un derecho, y como parte de las medidas de rehabilitación a las que tienen derecho las víctimas, como se anotó en apartados anteriores ni en las orientaciones técnicas ni en la práctica esto se ha cumplido. Conforme a esta gran falencia, se trata de promover en el Estado transformaciones profundas sobre su episteme frente a la atención en salud, que incluyan una comprensión sobre el conflicto armado y sus efectos en las víctimas y en la sociedad en general. Esto conlleva a no definir una estructura institucional inestable, transitoria y sin una visión aterrizada sobre los retos del posconflicto, sino transformar la misión estatal orientada a los bienes y servicios, a una que realmente se proyecte a construir paz y garantizar los derechos de las víctimas del conflicto y sus ciudadanos. Bajo esta perspectiva en el momento el Estado cuenta con varios instrumentos normativos como las sentencias de la Corte Interamericana de DDHH mencionadas anteriormente, la sentencia T-045 de 2010, la Ley 1448 de 2011, así como lineamientos programáticos presupuestales y técnicos generales como el Plan de Desarrollo y los Conpes 3726 y 3712, que le exigen definir e implementar una política pública de atención psicosocial, y no confundir las normas y leyes con la misma. A partir de esto se ha definido el programa ministerial PAPSIVI y la estrategia de la UARIV que se contempla en el plan estratégico de esta entidad en la línea de reparaciones colectivas; adicionalmente entidades que integran el SNARIV han desarrollado y diseñado acciones y protocolos de acompañamiento psicosocial que si bien hacen parte de sus planes operativos no hacen parte de los programas actuales, y sólo son un ejercicio complementario a las funciones de cada entidad. Respecto a esto vale la pena destacar la dispersión de enfoques, protocolos, acciones y responsables de la atención psicosocial, situación que profundiza las afectaciones mencionadas en el primer apartado del documento, y que demuestra la ausencia una política pública en el tema.

Frente a este panorama es fundamental resaltar que el Estado no cuenta con una política pública macro que contenga el enfoque y episteme, temporalidad, población objetivo, responsables, escenarios de coordinación, directrices de implementación, etc; por otra parte esta política requiere ser acompañada por lineamientos presupuestales y vigencias para lo cual es necesario precisar de manera responsable los recursos, temporalidad, alcances y coherencia con planes de desarrollo, pero más allá de esto con marcos normativos eventuales como la ley estatutaria de la salud, no obstante que la misma no logra superar la crisis actual de la salud, sentencias de la Corte Constitucional y/u otros instrumentos que se configuren en el futuro relacionados con el derecho a la salud integral. Desde esta mirada no puede concebirse al PAPSIVI o Entrelazando como políticas públicas de atención psicosocial pues en primer lugar sus lineamientos técnicos han variado haciendo inestable sus enfoques y direccionamientos, en segundo lugar es una política parcelada, y además desconectada, inconstante, y desarticulada de otros escenarios de atención psicosocial que han desarrollado otras entidades del Estado para afrontar sus funciones como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. En este sentido, no puede hablarse de política pública si no hay un enfoque uniforme, si no hay un escenario de implementación en el que exista un actor responsable de orientarla, de asegurar su cumplimiento y seguimiento sostenido y estable (en este caso debe ser el Ministerio de Salud), y en donde las víctimas tengan conocimiento amplio de sus derechos en la misma. Además de la incoherencia de enfoques y la ausencia una política coordinada, está la necesidad de asegurar una política que realmente se construya a partir de las demandas, valoraciones y necesidades de las comunidades y víctimas a las que será dirigida. No se puede continuar con un ejercicio de diseño descontextualizado (que privilegia el círculo de expertos o teóricos) y alejado de lo que en la práctica debe concebirse como atención psicosocial para las víctimas y la sociedad en general. Por otra parte, no se puede aceptar, como se identifica en los actuales lineamientos de atención del Ministerio de Salud, que el enfoque de la política sea el de la salud mental en términos de protección y prevención, pues se trata de restituir los derechos que han sido vulnerados, ser armónica con la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición, y por supuesto tener un enfoque reparador. Finalmente se llama la atención sobre como este es un ejercicio que demanda desmitificar la atención psicosocial como un escenario transitorio y exclusivo del sector salud, y vincular al Estado bajo la perspectiva de atención psicosocial como proceso trascendental para la construcción de paz. De manera puntual se proponen las siguientes acciones el logro de la política pública de atención psicosocial con perspectiva de salud integral: -

Los congresistas citantes deberían solicitar al Ministerio de Salud y de la Protección Social, que designe una (i) comisión de expertos, que cuente con el acompañamiento y las garantías del derecho a la participación de la sociedad civil, es decir, las víctimas, los familiares de las víctimas y sus organizaciones, con el propósito de redefinir la estructura orgánica y administrativa del Ministerio de

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Salud de tal forma que se visibilice, concentre y haga operativa, todas las acciones concernientes a la atención en salud integral de las víctimas del conflicto sociopolítico. (ii) que de manera expedita sea presentado al legislativo un proyecto de ley que ponga a su consideración un sistema-modelo de salud integral para la atención de todas las víctimas del conflicto legalmente reconocidas. (Lo del paréntesis era un comentario interno para su valoración. El estudio Nacional de Salud Mental Colombia 2015 dice: “Como forma de promover la salud mental y mitigar el impacto de los problemas y trastornos mentales, la Organización Mundial de la Salud ha diseñado la iniciativa de la Encuesta Nacional, que promueve la investigación en estos temas para poder diseñar políticas públicas que se ajusten a las necesidades nacionales”. Por lo tanto recomendamos, dada la ausencia de estudios oficiales frente a la epidemiología de la salud integral de las víctimas, que se lleve a cabo un estudio específico sobre la población víctima del conflicto armado, que dé cuenta de la salud mental, física y psicosocial de las víctimas: y que de acuerdo con el propósito que tiene el estudio de salud mental, diseñar la política pública de atención psicosocial y en salud integral de las víctimas en concordancia con lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-045.

Casos: valoración de las víctimas de escenarios estatales de atención psicosocial Caso de Reparación colectiva, Estrategia Entrelazando Elaborado por la Corporación AVRE- Acompañamiento Psicosocial y en Salud Mental a Víctimas de Violencia Política- Como insumo de la Mesa Psicosocial para el Debate de Control Político Mayo de 2016. La estrategia Entrelazando se constituye en la medida de Rehabilitación Comunitaria de los Sujetos de Reparación Colectiva y da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1676 y 1687 del decreto 4800 de 2011. Asume el mismo enfoque de la Reparación que contempla la Ley 1448 de 20118: I) enfocado a los daños, II) perspectiva diferencial, III) enfoque transformador, IV) Integralidad de la reparación, V) las víctimas como sujetos de derechos. Esta se dirige a sujetos de reparación colectiva y grupos sociales en cuyos casos se reconocen decisiones judiciales que dan respaldo a la actuación de la estrategia9. Su propósito fundamental es contribuir con la reconstrucción del tejido social, el restablecimiento de las relaciones de confianza con el Estado y el fortalecimiento de la convivencia en las comunidades víctimas del conflicto armado. Se enuncia como una estrategia móvil, flexible, creativa, adaptada a diferentes contextos sociales y culturales, que pueda ser apropiada por las comunidades y desarrollada en diferentes escenarios sociales10. De acuerdo con la UARIV11 “en la implementación de la ruta de reparación colectiva se cuenta con 303 sujetos, de los cuales 153 son sujetos étnicos, 17 organizaciones, tres grupos, y 130 sujetos de comunidades no étnicas. Además, se cuenta con 77 planes de reparación colectiva aprobados desde el año 2012. De estos 6

Artículo 167. Los Centros de Encuentro y Reconstrucción del Tejido Social son espacios para las víctimas, sus familiares y su red de apoyo. Disponen de múltiples herramientas y mecanismos que se adaptan a las condiciones particulares de la población, integrando procesos de acompañamiento grupal y comunitario. 7 Artículo 168. Las acciones de articulación de los componentes del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas se desarrollan en los Centros de Encuentro y Reconstrucción del Tejido Social, en los lugares donde estos operen. Así mismo, los Centros de Reconciliación podrán articularse con ofertas y programas estatales regionales que cumplan con un cometido similar. 8 Artículo 25. Derecho a la reparación integral. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente ley. La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante. 9 Aunque en el artículo se enuncia la creación de Centros de Encuentro y Reconstrucción del Tejido Social, La Unidad para las Víctimas, en abril del 2012 tomo la decisión de construir una estrategia que vinculara diferentes tipos de acciones en el terreno, para “llenar de sentido” la infraestructura comunitaria dispuesta como lugar de encuentro e intercambio, o en el contexto de la misma estrategia entrelazando, construir una infraestructura, si ésta no existía. 10 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2014). Voces y miradas de la reparación colectiva, un aporte para la paz. (p.58) 11 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2015). Avanza la reparación colectiva en Colombia. http://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparaci%C3%B3n-colectiva/avanza-la-reparaci%C3%B3n-colectiva-encolombia/12913

planes cinco son de organizaciones de mujeres (Afromupaz, OFP, ANMUCIC Nacional, ANMUCIC el Zulia y Narrar para Vivir) y dos casos de incidencia nacional (REDEPAZ e IPC). Los demás corresponden a comunidades campesinas. De acuerdo con la UARIV, en el 2015 se implementaron 64 medidas de rehabilitación, para un total de 254 medidas implementadas durante el periodo 2012 – 2015, en 101 sujetos de reparación colectiva. Dentro de estas medidas se encuentran las conmemoraciones de hechos violentos en las comunidades de El Tigre, El Placer, Juan Frío, Libertad, Caso de Periodistas y la conmemoración del reconocimiento a Asociación de Trabajadores y Campesinos del Carate (ATCC) como patrimonio intangible de paz. La medida cuenta con la participación activa de 1.825 Tejedores y Tejedoras comunitarias, denominación que se les da a las personas que han servido como cuidadores históricos de las comunidades, pueblos étnicos y los grupos sociales o políticos12. Esta misma, tiene una duración prevista de tres años en los cuales se desarrollan las actividades que se establecen en la planeación participativa y a través de la acción conjunta de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, las entidades territoriales, los tejedores y tejedoras y las personas de la comunidad, que avanzan en el proceso de reconstrucción del tejido social y la rehabilitación comunitaria13. Entrelazando opera dentro de La Ruta de Reparación Colectiva en la fase de alistamiento, que responde a la socialización de la medida de reparación en términos de expectativas, limites, alcances y condiciones. En esta etapa se expone al Sujeto de Reparación Colectiva (SRC) los objetivos de la medida y su aporte en la reconstrucción del tejido social, su estructura por componentes y la identificación de tejedores y tejedoras, para dar inicio a la formación de los últimos. Prosigue con la fase de Diagnostico del Daño, donde se identifican los hechos violentos de los que fue víctima el SRC y se reconocen las afectaciones y secuelas generadas por este. Desde la estrategia Entrelazando se reconocen los patrones de victimización, los Derechos vulnerados y la multidimensionalidad de los daños. En la siguiente fase, formulación, la estrategia se concentra en acompañar el proceso de identificación de los hechos y eventos concretos que desde la comunidad se identifican como acciones que repararán el daño, a partir de la planeación participativa, la cual implica la identificación de las actividades y acciones que, según la opinión del SRC, aportarán a la reparación de los daños identificados en la fase anterior. Tras haber reconocido los daños y las acciones que para el SRC son significativas para su reparación se pasa a la implementación, en esta fase la medida, propicia el desarrollo de un proceso de formación con los Tejedores y Tejedoras en cada uno de los componentes, a quienes se les otorga el liderazgo en las comunidades de las 12

“Los tejedores y tejedoras son personas que han servido como cuidadores históricos de las comunidades, pueblos étnicos y los grupos sociales o políticos. Ellos y ellas tienen saberes, experiencias y aprendizajes propios alrededor de las formas como se han significado las diferentes expresiones del sufrimiento colectivo y la fractura del tejido social. Su vinculación tiene sentido bajo la comprensión de los sujetos de reparación colectiva, entendiendo que si bien las comunidades, las organizaciones, los pueblos étnicos y los grupos sociales sufren daños y afectaciones luego de la ocurrencia de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al DIH, en ellas surgen también respuestas que buscan preservar el equilibrio, sobrevienen formas de afrontamiento individuales y colectivas que convierten a las comunidades en resistentes, que ponen al servicio de la reconstrucción de su proyecto de vida los saberes y prácticas con los que preservaron su sentido comunitario”. Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2015) Formato de procedimiento Entrelazando. 13 Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2015) Formato de procedimiento Entrelazando

acciones previamente diseñadas. Los componentes que aquí se refiere son, pedagogía social, duelos colectivos, prácticas sociales, iniciativas locales de memoria e imaginarios colectivos. Por último viene la fase de seguimiento, donde la estrategia se encarga de acompañar la evaluación del avance y logro de los objetivos planteados y resultados esperados, a través de los Entrelazadores, los enlaces territoriales y nacionales, quienes deben velar por el cumplimiento de los planes de las entidades territoriales y realizar un seguimiento mediante evaluaciones participativas con el SRC14. Habiendo dicho esto, se presenta a continuación la experiencia de un caso de Sujeto de Reparación Colectiva en el Magdalena Medio, el cual ha participado en la estrategia de Reparación Colectiva, Entrelazando, de la UARIV. Este caso de reparación colectiva, cuyo nombre se resguarda como medida de seguridad para los participantes que concedieron su testimonio acerca de su experiencia, es abordado desde la valoración que hacen los tejedores y tejedoras, consideramos este un caso tipo, pues, desde la UARIV se ha resaltado como una experiencia exitosa de reparación colectiva15. Respecto a la medida y sus objetivos, “La estrategia entrelazando es el fortalecimiento del tejido social que se ha perdido durante el conflicto armado. Eso es la estrategia. Como querer reconstruir el tejido social que se perdió, pero es algo de que, de que yo por ejemplo yo no veo que eso sea tan fácil. Aprender a reconstruir el tejido social que se ha perdido, es algo que no es de hoy para mañana. Y también, nosotros como entrelazando necesitamos como más capacitación y estar mejor preparados para eso”16 “El proceso de reparación colectiva o esa matriz ha sido un proceso desgastante, porque la misma comunidad dice yo no creo en eso, eso no se va a dar, eso ya tantos años y con la misma blablá. La unidad se pierde por momentos, entonces no sabemos si van a volver, que paso. El año pasado llevábamos casi un año sin saber de ellos y aparecieron nuevamente en mayo, que entonces ahora si vamos a retomar el proceso, otros profesionales” Acerca de la reconstrucción del tejido social, “Siento que el reconstruir el tejido social es importante, en los momentos de crisis y cuando hubo tanto daño como hubo en el corregimiento, pero nosotros no podemos dar ese paso si no empezamos a sanearnos nosotros mismos y a mirar si yo realmente, con todo el problema del conflicto que yo tengo interno, soy capaz de hacerlo con mi comunidad, porque es que mi comunidad me juzga… ósea ¿quién? Pero usted? ¿Usted que de pronto ha sido la que más ha llorado aquí? ¿Usted que de pronto ha sido la que más pelea? Pero esa pelea es porque tiene un peso de atrás, que es la forma de reaccionar y de defenderse de la persona. Usted me va a decir a mí que yo haga tal cosa?... entonces yo creo que eso hace que la misma comunidad no crea mucho pues 14

Tomado de Documento de lecciones aprendidas Estrategia Entrelazando. Los fragmentos expuesto en este documento pertenecen a una entrevista realizada en el mes de abril del 2016 a un grupo 4 personas que participan en el programa Entrelazando y una persona de la organización que acompaña de manera permanente a la comunidad. Su identificación se reserva como media de seguridad de este Sujeto de Reparación Colectiva. 15

ellos que son los líderes y que han venido luchando por tantos años para que realmente las cosas se den. Ellos planteaban una medida y pedían acompañamiento psicológico, que viniera un equipo de psicólogos dispuestos, al corregimiento, a que trabajaran 100%.Y la Unidad siempre se opuso a eso, que por que había el PAPSIVI. Que por que el PAPSIVI estaba ahí y que esa era la estrategia para víctimas… pero no está… primero no existe, existe en el papel como muchas cosas en Colombia” En relación a la formación en los componentes, “P1: En cada componente hay actividades que le toca hacer a la comunidad. Entonces lo que pasaba ahí, eso de los grupos de apoyo mutuo, era una actividad que a nosotros nos tocaba hacer con la comunidad. P2: Nos daban unos folletos y con esos folletos uno se guiaba. P3: desde la unidad dan los folletos así en esa forma pero nosotros en nuestras comunidades, creo que todos, no sé si aquí la compañera o alguno haya pisado las puertas de una universidad (…) nosotros que fuimos a un quinto de primaria a un cuarto de primaria, pero nunca pisamos una universidad, como carajos vamos a estar debidamente capacitados para nosotros llevar un grupo de apoyo mutuo como debe ser? “A nosotros porque no nos ponen a estudiar, para aprender más intensamente de esta medida… porque siempre tienen que ser las charlas con la profesional que nos manda de que por ejemplo llegamos allá a las 9 o 10 de la mañana y ya a acosa y esa señora se va rapidito. Que son las dos que ya a todo el mundo “nos vamos por que yo tengo una reunión esta tarde. Nos vamos porque esto y después hacemos esto otro”, ¿Sí? Todo es corriendo. Y ella me dice que no, para eso está la profesional que envía la Unidad, que es la que nos tiene que… yo le digo eso sinceramente no…Yo quiero es sentarme y como que le dicten a uno clase, mire esto es así, esto es asa, pa’ uno empaparse más. ¿Sí?... No como lo están haciendo ahora. Yo tengo siempre esa apreciación, siempre lo he pensado”. Como eran las sesiones, P1: “tuvimos varios encuentros, si no estoy mal fueron 8 encuentros por cada componente, no? .Pero todavía no se ha terminado. P2:“[Los encuentros eran] Como cada mes o cada 15 días a veces cada 2 meses o 3 cada tres meses, cuando venían volvían a retomar, incluso hubieron como 3 o 4 profesionales, comenzó una la cambiaron, comenzó otra y bueno no la cambiaron hasta ahora último que la que más duro” P1:“Uno llegaba a las 8 o 9 de la mañana, hasta las dos y luego cogíamos pa’ las veredas. Y no terminábamos los componente”. P3:“Cuando nos tocaba quedarnos nos pagaba daban lo del hospedaje la noche” P2: Hubieron unas que eran por días [quien los dirigía] nos daba el hospedaje. Pero luego ya comenzamos con [otra profesional] y nos dijo que no podíamos hacer sesiones de dos días porque no había plata para el hospedaje.

En relación a los Entrelazadores, “Ella se basa mucho en que hemos hecho una serie de talleres que ya con eso nosotros tenemos que seguir adelante. Que entonces para que venimos a los talleres que esto que lo otro. Y a mí no me parece, a mí me parece que nosotros si deberíamos de lanzarnos al agua pero con ellos pegaditos a nosotros. Pero ella dice que no, que entonces cuando, que esto no va a durar toda la vida que esto que lo otro. (…) Ella de verdad nos ha dicho de que, nosotros solitos, que ya debemos de soltarnos de la mano de ella, que nosotros ya debemos de caminar solos, porque ella no va a estar todo el tiempo con nosotros. Pero como les digo yo no me siento capacitada para yo hacerlo “Siempre le digo a ella eso, por algo es que usted viene acá a este territorio a dar esa charla, dice ay si porque es que a mí me gusta trabajar con las comunidades. Le decía “ mamita no me venga a meter los dedos en la boca que yo no nací ayer!. Usted viene es porque usted tiene su sueldo. Entonces si a usted le pagan pues acompáñenos y no nos deje solos” “Ella dice que es que yo siempre ahí la cascarita… el día que tuvimos la reunión allá dijo “es que yo no sé de qué ha servido tanto el esfuerzo que hemos hecho, porque ustedes están los mismos”, así con rabia. Porque sinceramente eran dos actividades que iban a hacer, una con los niños, otra con la comunidad; entonces si estamos con la comunidad no estamos con los niños… le digo yo “o soplamos o silbamos” “Dijo “es que yo no sé qué es lo que han aprendido hasta este momento”… A mí me dijo que era una bruta… Sinceramente todo quieren que uno lo haga y se vuelve uno ochos, o estamos acá o estamos allá (…) Siempre ha habido pequeños inconvenientes así con la profesional, porque ellos siempre nos quieren imponer algo que no debe uno hacerlo, ¿sí? Entonces por eso es que ellas dicen que de que ha valido tanto esfuerzo” “Uno de los funcionarios me dijo, “¿usted por qué me hace esto a mí, por qué lo que va a hacer no me lo dice”. Yo [en respuesta al funcionario] no tengo por qué decirle a usted lo que yo voy a hacer, ¿usted me va a obligar? Hay cosas buenas y hay cosas malas. A pesar de que uno no tiene todas las letras que tienen ellos, unos son abogados otros son psicólogos, no es para que pasen por encima de uno” Acerca de su función como tejedores, “De cada parte de los grupos de tejedores nombraron de a 2 para que lleváramos la información a la comunidad. Aquí empezamos con 15, a lo último vinieron 8 por que unos se fueron, decían que “no es perder el tiempo, si usted está aprendiendo por qué no vienen los mismos de allá. (…) entonces lo que dice aquí el amigo, la gente siempre a uno lo mira como si uno no… como que nosotros no somos psicólogos, no somos para llevar eso, uno le puede enseñar lo que aprendimos pero como dice más de uno no pero ustedes apenas aprendieron eso, muéstreme el cartón de que usted es un psicólogo… a mí me dijeron, aunque los psicólogos son pa’ los locos (…) Entonces eso es lo primero que le decían a uno “ no que yo pa’ que voy si eso es pa’ locos, eso no sé qué, porque no vienen los mismos de la entidad por que la plata se la están guardando pa’ ellos.

“Cuando los tejedores y tejedoras que convocamos reuniones, siempre ha habido y ya ni agua le dan. Entonces tras de que la comunidad son apática para ir a una convocatoria de esas a una reunión y no se les da, entonces ahora sí que peor. Sinceramente siempre se le había dicho al profesional que nos estaba enseñando: “¿Por qué usted no nos acompaña? ¿Por qué nos va a dejar solos?” (…) Entonces ella [La profesional/ Entrelazadora] decía “ay entonces ustedes ¿qué es lo que están aprendiendo?” Nosotros sinceramente no estamos aquí porque nos la sabemos todas, no. Siempre necesitamos que estén ahí guiándonos, porque por A por B por C se puede equivocar. Nosotros no somos perfectos. “Me refería a la tarea que asignaron los compañeros de entrelazando, que sin ser profesionales deberían enfrentarse a un grupo de gente. Si me hubieran dicho eso, que debía comunicarle todo lo que aprendí a un sector de la comunidad créame que le hubiera dicho no, yo no estoy capacitado para eso. Por eso digo que para ser psicólogo de mi comunidad debo primero tener capacitación, para saber que no voy a meter la pata, o no lo hago” Acerca del sentido reparador que ha tenido la medida, “Pues yo pienso que muy poquito, porque como les dije, esto no es de un día para otro, porque esto necesita mucho tiempo muchas capacitaciones, entonces eso claro” “P1: En cierta parte para mí ha sido, pero para nosotros no. E1: ¿pero para ti si, como persona? P1: para mí sí, pero para replicar esto en las comunidades no, creo que falta” “Si, en ser una persona más abierta a expresar lo que uno piensa lo que no le gusta, no guardarse. Mi familia siempre me dice has cambiado mucho, pero de una manera especial” “También siento que a veces los afanes porque firmemos, los afanes porque aprobemos, es más para decir mire hay tantos planes de reparación colectiva aprobados, estamos haciendo esto, la comunidad tal cosa. Porque también para hacer videos y mostrar eso sí es efectivo, y los videos siempre son… pues yo reconozco que el proceso tiene sus fortalezas, pero también siento que hay muchas cosas que ellos quieren manejar. Como por ejemplo el hecho de que le escriban a los líderes que deben decir cuando los actos públicos (…) Ellos no tendrán la mejor redacción pero yo te ayudo, o sea cuáles son las ideas y lo vamos haciendo yo no puedo decirle venga diga esto y cuando uno lee los documentos, no pues agradecimientos al estado colombiano a la unidad y todo lo que nos tuvo en cuenta, en pocas palabras, yo siento que eso es poco ético, poco ético y que eso no se debe hacer. Yo creo que cuando la comunidad le da un agradecimiento a uno es porque realmente lo siente y si no lo siente hay que seguir trabajando para que en algún momento la comunidad sienta que realmente esto es de agradecer y que realmente se sienten reparados”. “En lo personal, yo soy una persona extrovertida y yo me caracterizo por eso, pero en lo personal no me gusta de que por ejemplo se valgan de la ocasión. A mí no me dejaron hablar por micrófono para expresar lo que yo quería. A mí me tiene resentida eso, porque yo no podía decir algo que no me podía salir de aquí y ella era la única que sabía.

Miren, yo no puedo decir esas palabras que me dio la unidad porque no me nace decirlas y cuando a mí me llegó la hora de hablar por micrófono todo el mundo se fue, los de la unidad, porque ellos se dieron cuenta, de que mis palabras no eran las que ellas me habían dado. A mí me tiene resentida eso, porque ellos no me pueden obligar a mí a decir lo que yo no siento. Que fallas reconocen en la medida, “Yo creo que la estrategia, desde el papel, desde lo que se concibe puede ser una estrategia buena. Pero esa estrategia hay bajarla a los territorios, dependiendo de la realidad de cada territorio y del nivel del colectivo. Porque habrá colectivos de reparación, como lo dice don José, que tengan un nivel un poco más elevado y con el que la profesional venga y les explique y que con un taller es suficiente para tener herramientas y replicar. Pero hay otras comunidades que no, que necesitan un acompañamiento y hay que ajustar. Entonces la réplica no es solamente decirles hagan y vayan ustedes. Si uno ve que el equipo no está lo suficientemente preparado, yo siento que esas replicas hay que acompañarlas, y habría que organizar un cronograma de bueno ustedes cuando se van a reunir y yo voy. Ósea usted lo va haciendo pero yo voy siendo su apoyo. Como para que ellos vayan soltando, y cuando ya ellos tengan muchas más herramientas ya poco a poco ellos van caminando” En contraste con los propósitos y principios fundamentales de la medida, y de un foque psicosocial para la atención a víctimas del conflicto armado, esta medida es ineficiente pues y expone a las víctimas a la victimización. En la mayoría de los casos brinda algunas herramientas a las personas que participan como tejedores y tejedoras, las cuales les son parcialmente útiles en su vida personal, pero en ningún caso suficiente para cumplir con el cometido que les otorga la medida. Está claro que los participantes de la estrategia demandan acompañamiento continuo, esto significa, que la estrategia se adapte a sus necesidades, sin embargo, esta es desarrollada al margen de estas demandas, imponiendo un modelo particular de actividades a cumplir, tiempos y valoraciones. Respecto a las valoraciones es inaudito que un programa que se “caracteriza” por propiciar procesos de reparación construidos en dialogo con el SRC para la recuperación del tejido social, censure la voz de los participantes y su evaluación respecto a la medida. Consideramos que si una medida de reparación psicosocial, ha sido concebida desde un enfoque basado en la comunidad, esta es posible solo y exclusivamente si se consideran las características ( por ejemplo su propia afectación y como la han tramitado) de las personas para brindar apoyo y si existen un trabajo amplio y continuo, que facilite la incorporación de estas medidas dentro de la comunidad, esto quiere decir de reconocimiento de quienes lideran la estrategia , de tal manera se deben dimensionar los riesgos que esto puede generar desde un enfoque de acción sin daño. Así mismo, es preocupante que por medio de esta estrategia se responsabilice a los Sujetos de Reparación de llevar a cabo dicho proceso, es decir la auto reparación. Mucho menos, cuando la estrategia enuncia la importancia de la construcción de confianza con el Estado. Es imposible construir una relación de confianza con un Estado que no atiende sus responsabilidades y se las impone a aquellos que debería ser reparados de manera integral.

Si bien la estrategia Entrelazando se enuncia y enmarca en una medida de reparación, esta llama a la rehabilitación comunitaria, tarea que de acuerdo con el capítulo XVIII de la Ley 1448 del 2011, medidas de rehabilitación le corresponden al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, PAPSIVI, véase articulo 13517 y articulo 13618. Es de especial relevancia explicar porque existe una desarticulación entre esta medida y el Programa regente del derecho a la rehabilitación. La falta de coordinación y de apropiación del enfoque psicosocial, el cual en la legislación aparece como pilar de los procesos de reparación, se hace evidente en las prácticas descuidadas e irresponsables que tiene esta medida, así como la deficiente implementación del Programa responsable. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2015). Lecciones aprendidas de la estrategia para la reconstrucción del tejido social entrelazando.

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Violencia sexual en el departamento del Meta19 Elaborado por Corporación Vínculos Insumo de la Mesa Psicosocial para el Debate de Control Político, mayo de 2016.

Contexto El departamento del Meta reporta altas cifras de violaciones de derechos humanos, dentro de las que encontramos aquellas relacionadas con el género. En particular, como lo ha identificado la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres de Meta 20122023 de la Secretaria de Equidad de Género para las Mujeres, el departamento contaba con alrededor de 452.495 de habitantes mujeres para el 2011, y de los casos de violencia sexual el 88% han sido mujeres20, sin contar con la alta probabilidad de subregistro de este hecho victimizante. Para los años 2012 y 2013, si tomamos en cuenta el diagnóstico de la Secretaría de Equidad de Género del Meta21 encontramos que no se habrían registrado tantos casos de violencia sexual como los que identifica Medicina Legal para 2011 lo que podría indicar subregistro.

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Artículo 135. Rehabilitación. La rehabilitación como medida de reparación consiste en el conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas en los términos de la presente ley. 18 artículo 136. El Gobierno Nacional, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, deberá implementar un programa de rehabilitación que deberá incluir tanto las medidas individuales y colectivas que permitan a las víctimas desempeñarse en su entorno familiar, cultural, laboral y social y ejercer sus derechos y libertades básicas de manera individual y colectiva. El acompañamiento psicosocial deberá ser transversal al proceso de reparación y prolongarse en el tiempo de acuerdo con las necesidades de las víctimas, sus familiares y la comunidad, teniendo en cuenta la perspectiva de género y las especificidades culturales, religiosas y étnicas. Igualmente debe integrar a los familiares y de ser posible promover acciones de discriminación positiva a favor de mujeres, niños, niñas, adultos mayores y discapacitados debido a su alta vulnerabilidad y los riesgos a los que se ven expuestos 19 Caso documentado por la Corporación Vínculos, mayo de 2016. 20 Datos obtenidos con base en información del DANE y el Instituto Nacional de Medicina Legal. Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres de Meta 2012-2023, Secretaria de Equidad de Género para las Mujeres Villavicencio – Meta Noviembre 2012, Pág. 10. 21 “La situación social de las mujeres en el departamento del Meta respecto al derecho a vivir libre de violencias”, Informe final, Secretaria de Equidad de Género para las Mujeres.

Por otra parte, según un informe de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas donde si bien no discrimina por género a las víctimas de delitos contra la integridad y libertad sexual en el departamento, indica que por lugar de ocurrencia se han registrado 75 víctimas y por el lugar de residencia 6722, corte abril de 2012. Por su parte, en el reporte del Registro Único de Víctimas con corte a 1/01/2016, habría 375 víctimas mujeres de este delito por lugar de ocurrencia23. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) presenta unas cifras preocupantes respecto al Meta, en donde para el 2014 se habrían presentado 661 casos de presuntos delitos sexuales, y un acumulado para el periodo de 2009 al 2014 de 3375 casos24. 

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Puerto López y Villavicencio reportan entre 2009 y 2014, 188 y 2379 casos de presuntos delitos sexuales respectivamente (INMLCF), y específicamente víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado (datos RUV) se cuenta con un reporte de 8 casos para Puerto López y de 23 en el caso de Villavicencio, nuevamente se reitera la posibilidad del subregistro. En tanto, Granada reporta en el mismo periodo 231 casos de acuerdo a Medicina Legal, mientras que en el registro de víctimas del conflicto armado se reportan apenas 12. Según reporte de la Secretaría de Salud en su contextualización de violencia de género de la Semana 1 a la 20 de 2015 con datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA el 53% de los casos de violencia sexual se concentraron en Villavicencio con 43 casos, mientras que el 6% le correspondió a Puerto López con 7 casos. También indica que la atención psicosocial a casos de violencia sexual en el Meta fue de 11,6 % (53 casos atendidos) de 105 casos sucedidos contra mujeres y hombres25. Tanto en Puerto López como en Villavicencio persiste la presencia de grupos armados ilegales como las “Águilas Negras”, „Libertadores de Vichada‟, „Bloque Meta‟ y „Clan Úsuga‟; el accionar de estos actores es preocupante en relación a las amenazas que reciben líderes de víctimas y/o sociales26, y muchas otras formas de violencia.

Infografía realizada en el marco del proyecto “Red Construyamos: Proyecto de atención psicosocial y terapéutica a víctimas del conflicto armado en el departamento del Meta, 2014-2016” con apoyo de Misereor.

22 Meta: Informe Departamental de Hechos Victimizantes a 2012, Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, Pág. 10. 23 Reporte por enfoque diferencial y localización. En: http://rni.unidadvictimas.gov.co/. 24 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Informe Masatugó Mujer que recibe lo malo, para entregar lo bueno. Exámenes médico legales en mujeres por presunto delito sexual en Colombia, 2009 – 2014, Pág. 269. 25 Secretaria De Salud Del Meta, Contextualización de violencia de genero de la Semana 1 a la 20 de 2015. 26 ElTiempo.com (2015, 6 de febrero), “Continúan las amenazas a líderes del Meta”, disponible en http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/continuan-las-amenazas-a-lideres-del-meta/15209056.

Principales impactos psicosociales de la violencia sexual Las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado expresan sentimientos de culpa, vergüenza y la necesidad de ocultar y/o silenciar la violencia perpetrada. Recurrentemente las mujeres se encuentran amenazadas por sus victimarios mientras que estos permanecen en la impunidad, lo que conduce a la revictimización y al temor generalizado. Los proyectos de vida personales se ven truncados ante dichas amenazas y la permanencia de la victimización más allá del hecho violento, pues los impactos son en realidad irreversibles. Las mujeres señalan que sus relaciones familiares se ven afectadas, la mayoría ocultan el hecho a su pareja y describen como la tristeza y la rabia altera su relación con los hijos, a quienes también ocultan la situación y en algunas ocasiones maltratan ante la impotencia de su propia situación. Además se ven sometidas a los sentimientos de soledad y temor a ser juzgadas, y ante esto la necesidad de ser escuchadas y de liberar las emociones negativas que viven. Para la valoración se contó con la participación de 27mujeres del departamento del Meta en su mayoría víctimas de violencia sexual pero también simultáneamente de otros hechos como desplazamiento forzado, tortura, prisión política, reclutamiento ilícito y despojo de tierras, quienes brindaron información valiosa sobre el funcionamiento del programa PAPSIVI y su experiencia personal respecto al mismo. Las participantes (adultas y jóvenes) víctimas de diferentes actores armados ilegales (especialmente paramilitares) manifestaron no conocer en absoluto (13 casos) el programa de atención psicosocial del Ministerio de Salud, o al conocerlo (14 casos) le otorgaron una valoración en gran medida negativa o consideraron sus resultados insuficientes (12 casos), en otros casos no hubo respuesta al respecto. Dentro de las valoraciones sobre el programa encontramos: La mayoría de las personas que se encuestaron y que respondieron que efectivamente habían participado del programa, manifestaron hacer parte de una organización de base y por esto estaban informadas. “Cuando la instructora Muchas de las mujeres encuestadas, decían no saber de hablaba se distraía y no la existencia de tal programa, de tal manera que su ponía mucha atención a lo calificación fue negativa puesto que la desinformación que le decíamos.” sobre la existencia de este programa ha sido parte de otras maneras en que le son negados sus derechos. Algunas han solicitado apoyo psicológico o especializado en momentos como el embarazo, y han encontrado la experiencia de ser atendidas como en cualquier otro caso y no las han remitido al PAVSIVI (o siquiera informado de su existencia). Se han generado dinámicas excluyentes que no son claras para las consultantes, puesto que a unas mujeres las atienden y a otras no. De acuerdo a esto la pregunta es: cuál es la ruta y el protocolo para selección o para acceder al mismo; pues no hay claridad al respecto.

Algunas de las mujeres lo califican como un mal servicio o regular, por las siguientes razones: 1. No sabían que existía; frente a la pregunta de la encuesta sobre si era fácil acceder al programa PAPSIVI en caso de necesitarlo, 13 participantes respondieron negativamente porque no lo conocían, porque no estaban en la lista de atención, o porque “parece que la información se da unos y no a todos”. 2. El tiempo es una de las principales quejas, pues la duración de cada jornada fuerza los procesos y no les permite fluir espontáneamente; también se resalta la escasa cantidad de los talleres, así como el tiempo que se demoran en comenzar procesos y en continuarlos juiciosamente durante el tiempo que sea necesario para cada caso. De las personas encuestadas, 16 participantes corroboraron que el tiempo era insuficiente y la intensidad del trabajo es fluctuante. 3. El programa deja abiertos los procesos y la presencia es intermitente, lo cual es visto como una acción que daña a las personas, pues permite que emerjan emociones y recuerdos del hecho vicitmizante, sin que estos tengan un proceso terapéutico adecuado. 4. No es claro con sus objetivos: resulta confuso la manera de asumir salud mental y física desde un enfoque psicosocial, y se confunde lo que el programa puede brindar o aquello que las personas víctimas requieren con urgencia. Desde esta perspectiva las mujeres piden que dentro de este programa se les brinde las herramientas para acceder a sus derechos básicos de supervivencia. 4. El programa no está funcionando desde finales del año pasado, lo que refleja la intermitencia de la que se hablaba anteriormente. 5. Pocas personas son derivadas a atención especializada (19 mujeres indicaron no haber sido remitidas a ningún especialista); en particular se destaca un caso que lleva desde noviembre bajo solicitud de atención por psiquiatría pues el impacto en su salud mental ha tenido tal efecto en su vida, que ha deteriorado poco a poco sus relaciones y su prospectiva de vida. Esta persona fue atendida en tres ocasiones y la atención recibida fue buena, pero el cierre intempestivo del programa la dejó justo como había comenzado. 6. La mayoría considera que es una pequeña ayuda, y que por ende hace falta perfeccionar sus procesos y la capacidad profesional de los responsables. Quienes no conocían el PAPSIVI consideran que la atención brindada es irrelevante o muy mala por estar ausente dentro de la oferta institucional conocida. 7. Frente a la pregunta de si recomendaría a una víctima con problemas psicosociales o de salud mental que acudiera al PAPSIVI, las participantes 14 contestaron que no lo harían, mientras del 13 restante lo recomendaron o no respondieron pues no lo conocen. Relatos recopilados en las encuestas de las mujeres participantes refiriéndose al programa PAPSIVI “asistí a entidades de salud explicando mi caso pero no le dieron importancia, ni me remitieron al PAVSIVI.” “Si no lo atienden a uno que es una vieja mucho menos a un enfermo mental.” “Que les falta más formas de convocar a la comunidad afectada.” “me ha ayudado a levantar el autoestima pero no es lo que necesito, que es emprender mi propio negocio para salir adelante.” “Estoy en embarazo por ese hecho y no me atendieron por ahí.”

“A veces lo gritan a uno” “Lo que sirve es para ir superándose poco a poco, al menos lo básico para ir recuperándose, pero ojalá que esos programas intermedien o nos enseñen a incidir con las instituciones” Demandas de las mujeres víctimas de violencia sexual frente a procesos de atención psicosocial: 1. Asegurar que los programas sean constantes. 2. Evitar la rotación de personal. 3. Que cada taller y actividad tenga tiempo suficiente para afianzar lo que se aprende y lo que se experimenta emocionalmente. 4. Que sean procesos de largo aliento y con continuidad, deben evitarse las rupturas intempestivas. 5. Ser escuchadas en los espacios es fundamental. 6. Las personas deberían ser informadas de otras maneras, puesto que parece que siempre se atienden a las mismas personas, y las más desprotegidas y desinformadas quedan fuera. Por tanto, el PAVSIVI debería brindar mayor información en todos los municipios y ser claros respecto a cómo acceder a sus servicios. 

Caso de Desaparición forzada y entrega digna Elaborado por el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (Colectivo OFB) y Colectivo Psicosocial Colombiano (COPSICO) Insumo de la Mesa Psicosocial para el Debate de Control Político, mayo de 2016.

El delito de desaparición forzada surge en Colombia en septiembre de 1977 a partir de la desaparición de Omaira Montoya, militante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ocurrida en Barranquilla, pero solo hasta 1991 fue considerada en la Constitución Política y apenas en el año 2000 el Código Penal colombiano lo tipificó como delito (Centro Nacional de Memoria Histórica 2014). Ese mismo año, la Ley 589 de 2000, creó la Comisión Nacional de Búsqueda de personas Desaparecidas como un organismo permanente, encargado de apoyar y promover la investigación del delito de desaparición forzada (Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 2016) y La Ley 971 de 2005 reglamentó el Mecanismo de Búsqueda Urgente de Personas Desaparecidas, en el artículo 5°, inciso 4, ordenando a los funcionarios judiciales quienes hayan activado éste mecanismo, informar de inmediato sobre dicha activación a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para que se realicen las confrontaciones de datos que fueren pertinentes, a fin de recopilar información útil para el hallazgo de la víctima (Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 2016). El 20 de agosto de 2010, se creó la Ley 1408, con la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación (Congreso de la República, 2010), esta ley reglamentada por el decreto 303 del 20 de febrero de 2015, adopta medidas para su localización y plena identificación, y

brinda asistencia a los familiares de las mismas durante el proceso de entrega de los cuerpos o restos exhumados (Ministerio del Interior, 2015). Tanto la ley como el decreto establece una serie de medidas sobre atención psicosocial durante el proceso de identificación y entrega de los cuerpos óseos: Artículo 21, parágrafo 1, acompañamiento psicosocial garantizando la atención integral durante el proceso de exhumación. Artículo 22, atención psicosocial dirigida a los familiares de las víctimas durante el todo el proceso de entrega del cuerpo óseo. Artículo 23, la Fiscalía General de la Nación comunicará a los familiares de las víctimas sobre el proceso de entrega de su familiar atendiendo el principio de acción sin daño. Artículo 23, el Ministerio de Salud y Protección Social desarrollará herramientas de seguimiento y monitoreo a la atención psicosocial brindada a los familiares de las víctimas identificadas. Artículo 25, afirma que el profesional que integra el equipo interdisciplinario deberá presentar el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas -PAVSIVI y le indicará el plan de atención a seguir con el propósito de mitigar el impacto y afectación a la integridad psicológica y moral de las personas, familias o comunidades victimizadas. Este artículo también habla sobre la necesidad de profesionalismo y experiencia del profesional que acompañará a las víctimas y sobre una valoración preliminar que se les deberá realizar a los familiares de las víctimas. En cuanto a cifras se tiene que según el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas (2016) existen 45.854 víctimas directas de desaparición forzada en los últimos 22 años, además de las 20.525 personas inhumadas como no identificadas en los cementerios municipales de todo el país ( cifras de la Fiscalía General de la Nación, 2015). De estas últimas, según Eduardo Montealegre Lynett, Fiscal General de la Nación (2015),los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas implementados por la Fiscalía General de la Nación en su conjunto le han permitido ubicar 4.332 fosas comunes, exhumar 5.958 cuerpos y entregar a los familiares más de 3.200 personas inhumadas como no identificadas. En cuanto a los Llanos Orientales, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la Nación, en la Audiencia sobre Personas No Identificadas, realizada en el Congreso de la República, el 8 de julio de 2015, se contabilizan 2.292 personas reportadas como no identificadas (593 en Villavicencio, 528 en Granada, 130 en Vista Hermosa, 577 en San José del Guaviare y 464 en La Macarena). De ellas han sido identificados 830 personas (200 en Villavicencio, 255 en Granada, 26 en Vista Hermosa, 190 en san José del Guaviare, y 159 en La Macarena), se han exhumado 990 (593 en Villavicencio, 135 en Granada, 52 en Vista Hermosa, 106 en San José del Guaviare, y 104 en La Macarena) y se han entregado 111 cuerpos (8 en Villavicencio, 35 en Granada, 16 en San José del Guaviare y 18 en La Macarena, entre enero de 2013 y julio de 2015, cinco (5) más en noviembre de 2015 en Granada y otras 29 personas que fueron entregadas en el marco de la implementación de las medidas inmediatas del Acuerdo de búsqueda de desaparecidos, dado a conocer a través del comunicado 62 de la Mesa de Negociación de Paz). De los 111 cuerpos entregados el Colectivo OFB ha acompañado a por lo menos 77 familias en las cuales la atención psicosocial ha iniciado y terminado con la diligencia judicial de entrega de cuerpos óseos. Se presentarán dos casos individuales de desaparición forzada, de los departamentos del Meta y de Santander que ilustran los problemas de acceso al PAPSIVI, falta de atención psicosocial como víctima de desaparición forzada en todo el proceso de búsqueda, exhumación y entrega digna de cuerpo óseo, revictimización y falta de reparación integral.

1. Caso de esposa e hijos de Carlos Hernández Vargas víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial hace 9 años. 2. Caso de una lideresa nacional de una organización de familiares de personas desparecidas cuyo hijo fue desaparecidos hace 21 años.

Primer Caso El primer caso demuestra cómo no se le brindó ningún tipo atención a las denuncias y reclamos de las víctimas en cuanto a la desaparición forzada de su ser querido y cómo se le revictimizó en el proceso de búsqueda, identificación y entrega del cuerpo óseo. El 3 de enero de 2006, en la vereda Santo Domingo, en Vistahermosa (Meta), CARLOS HERNÁNDEZ VARGAS, se encontraba con toda su familia, en el río haciendo un paseo de olla, cuando un grupo de militares pertenecientes a la Brigada Móvil n°. 12, del Ejército Nacional lo retuvo y lo llevó hasta la plaza central en donde una comisión de Fiscalía y el DAS se encontraba realizando diligencias de allanamiento y registro. Allí, luego de recoger la información de los habitantes de la vereda miembros del Ejército Nacional, detuvieron a once personas, entre ellas a CARLOS HERNÁNDEZ VARGAS. La familia esperó por varios días el regreso de Carlos, quien según información de los militares habían dejado en libertad horas después de su detención, pero él nunca regresó. Su esposa y sus pequeños hijos intentaron buscar respuesta sobre el paradero de Carlos, pero la única información que le dieron fue que no siguiera buscando y que mejor se marchará de allí. Tras esta situación, la esposa salió con los niños hacía Villavicencio. Estando allí, se dirigió a la Defensoría del Pueblo y a la Seccional 4 de la Fiscalía colocó la denuncia el 6 de enero de 2006, tanto de la desaparición de Carlos Hernández como del desplazamiento forzado del que fueron víctimas. Tres años después, luego de que la esposa seguía insistiendo para que las autoridades le dieran respuesta sobre el paradero de su esposo, le informaron que en el sistema no aparecía la denuncia por la desaparición de Carlos, que solo aparecía una denuncia por desplazamiento forzado y quien encabezaba la lista de la familia desplazada, era Carlos Hernández. Allí, luego de aclararles que Carlos había sido víctima de desaparición forzada, la incluyeron junto con sus hijos en la Unidad de Reparación de Víctimas y la invitaron a una reunión en donde le prometieron que le iban a dar una indemnización, le dieron un bolso rojo, una alcancía verde y le preguntaron si necesitaba Psicólogo para los niños. Dora, les dijo que ya para qué Psicólogo si igual lo que necesitaban era que le devolvieran a su papá. Nunca más le volvieron a hablar del tema y no recibió ninguna indemnización. Posteriormente, le dieron acceso a un seguro social de atención médica sin ningún carácter preferencial, es decir asiste como cualquier paciente. Debe pagar el mismo copago y la atención especializada es igual a la de cualquier persona que asiste a un régimen no contributivo. Inicialmente la atendieron en Caprecom y luego en la ESE Municipal. Hacía 2008, el Grupo de Exhumaciones, halló un cuerpo que se encontraba en una fosa común en Vistahermosa (Meta). Tras el hallazgo, procedió a la verificación de su

identidad por lo que buscaron a la esposa de Carlos para tomar la muestra de ADN de sus hijos. Este proceso, fue altamente estresante y revictimizante para la familia, pues a los hijos les tomaron la muestran tres veces. Las dos primeras, se la tomaron en Granada, sin ningún tipo de acompañamiento y sin repuesta de cómo iba el proceso. En 2010, en Vistahermosa (Meta), les tomaron la tercera muestra. En este momento el ColectivoOFB tomó el caso y fue cuando le dieron respuesta de que el cuerpo encontrado correspondía al de Carlos. Sin embargo, el cadáver les fue entregado solo hasta diciembre de 2015. Para el proceso de entrega, la esposa de Carlos cuenta que desde la Fiscalía no le realizaron sino una llamada en la que le avisaron que el cuerpo estaba listo para la entrega y el lugar donde debían asistir a la diligencia judicial. La demás información la recibió solo a través del Colectivo OFB. Durante la diligencia judicial de entrega de cuerpos óseos en el que la familia de Carlos recibió su cuerpo, se brindó la debida atención por parte de autoridades correspondientes gracias al acompañamiento psicosocial por parte de las organizaciones sociales y de derechos humanos. Sin embargo, no se les brindó información sobre la ruta de atención psicosocial – PAVSIVI, en el lugar final de exhumación del cuerpo debieron afrontar la falta de gestión y la ineficiencia de las autoridades locales para la ubicación del osario donde quedaría el cuerpo y el acompañamiento psicosocial por parte de las autoridades empezó y terminó con la diligencia judicial.

Segundo caso César Ariel Sepúlveda Díaz trabajaba liderando un proceso de autoconstrucción de vivienda de interés social y a su vez alternaba el trabajo con una sociedad en dos vehículos los cuales nunca manejó, pues siempre les tuvo conductor transporte y uno de sus vehículos lo conducía una persona que fue detenida en el socorro por la Policía Nacional por el hurto contra JOSUÉ VALLEJO. La detención del conductor en el municipio del Socorro y las posteriores llamadas a su casa de Cesar por parte del chofer JAVIER ROJAS QUITANILLA lo obligó a CESAR ARIEL a desplazarse hasta el municipio del Socorro donde se encontró con la sorpresa que los detenidos habían sido enviados a Oiba. CESAR ARIEL viajo para resolver cuestiones relativas al vehículo y nada más. Sin embargo, la presencia de CÉSAR ARIEL SEPÚLVEDA llamó la atención de la Policía y de JOSUÉ VALLEJO quien comprobadamente dio la orden de retenerlo ilegalmente. El atroz hecho lo realizan unos civiles que trabajan para VALLEJO, el día cinco de septiembre de 1994 en la carretera entre Oiba y Bucaramanga, y posteriormente fue ejecutado en un municipio del Palmar por paramilitares (los Mazetos). Tras esto, la familia tuvo que desplazarse por las amenazas que recibieron al preguntar y denunciar lo sucedido, durante 16 años, la madre lo buscó incansablemente hasta que en el 2010 después de agotar todas las acciones y acudir a todas las instituciones, recibió la noticia, del reconocimiento del cuerpo óseo de Cesar. Mediante prueba de ADN fue encontrado en la jurisdicción de San Gil en el departamento de Santander. Durante todo este proceso, la madre se comprometió con la búsqueda de las personas desaparecidas en Colombia. Para este segundo estudio de caso se realizó una entrevista a la madre teniendo en cuenta su perfil como lideresa de familiares de personas desaparecidas forzadamente.

Por tanto su conocimiento no se basa únicamente sobre su experiencia personal sino también desde su acompañamiento a cientos de familiares en diferentes regiones del país. Acceso al PAPSIVI Si fui inscrita en el Registro Único, pero no fui aceptada por desaparición forzada. Porque dicen que por donde fue desparecido mi hijo no había paramilitares. Yo mencioné que habían sido los Mazetos, ellos eran “Muerte a secuestradores”, que eran paramilitares, y entonces me dijeron que ellos no existían. Y entonces estoy inscrito por desplazamiento porque yo después de los hechos fui amenazada y tuve que salir del pueblo. Atención psicosocial recibida “La atención como madre fue muy ausente; recién ocurridos los hechos, no hubo ninguna atención, y luego sufrí con las amenazas, y se dieron los traslados que tuve que hacer en Bucaramanga, tres veces cambiamos de casa, porque había muchísimas amenazas y seguimientos. Y tampoco recibí atención” “No me han citado nunca a ninguna reunión, a nada. Y no he tenido nunca una atención psicosocial por el PAPSIVI, a pesar de que estoy inscrita.” Si conozco de familiares de ASFDDES que han recibido atención, de esas tales visitas que hacen. Atención por parte de la EPS: Cuando acudí a la EPS porque ya no era capaz de seguir, la psiquiatra a la que me enviaron que lloraba más de lo que yo lloraba…. Fue muy chistoso. Pues, y después me dijo porque ella también tenía un hermano desaparecido, y que siempre lo tuvo que silenciar, y entonces yo le contenía a ella. No creo que el Ministerio de Salud ha pensado en eso; las EPS no nos pueden atender, la mayoría de las EPS están quebradas, con problemas en la gestión, contratan a psicólogos a los que pueden pagar menos, gente de prácticas también para trabajadores sociales, entonces las EPS no tienen los profesionales para atender esos casos…”

Las dificultades en la atención psicosocial “Por ejemplo ahora PAPSIVI hasta ahora está buscando los contratos y capacitaciones, así se reduce a 6 meses por año que trabajan, es como con los operadores de la Unidad, solo los contratan por tiempos cortos. No se concierta con las organizaciones de los desaparecidos; a nosotros se nos trata de reprimir y hacer daño, porque saben que entendemos del daño. Una vez, uno de nosotros estuvo en un evento donde señalo todas las dificultades con el PPASIVI y entonces lo querían sacar. Y él no se dejó. Nunca fuimos consultados para diseñar el PAPSIVI. No han escuchado la experiencia de las organizaciones de víctimas. No está dando los resultados esperados.

Hemos dado los debates en la alcaldía y la gobernación. Logramos que dos personas conocidas sean contratadas para el PAPSIVI; y los formamos como atender en lo psicosocial ahí.. Pero luego ellas nos dicen que es muy académico, mucho escritura, mucho libro pero no da el resultado esperado No entienden del daño de los desaparecidos. “ Actitud de funcionarios/as que revictimiza Otra cosa, solo se dan 2 o 3 citas en el primer año y en el segundo año mandan a otra persona, y entonces otra vez les ponen a responder las mismas preguntas. Y paralelamente al que la persona cuenta, responden al teléfono, o al whatsapp. Y he escuchado que con una visita les hacen firmar dos o tres citas, porque viven muy lejos en barrios apartados. O les dicen cosas como su caso ya se le indemnizó, entonces ya vamos a cerrar su atención. Por ejemplo en mi caso, hay un victimario detenido, a él no lo juzgaron por desaparición forzada sino asesinato, y eso duele demasiado que yo tenga más de 21 años de estar en esta lucha y que me vengan a decir que no es desaparición forzada..…. En los casos de desaparición forzada hay mucho por hacer. El enfoque tiene en cuenta la especificidad del daño El programa como tal puede servir, si fuera aplica en la debida forma; pero el PAPSIVI se creyó, se organizó mucho dentro de la academia, con muchos expertos, se hizo mucho desde la academia, desde expertos, pero ellos mismos no lo han vivido, no lo entienden lo que han vivido las personas desplazadas y desaparecidas que han tenido la experiencia durante mucho tiempo... …. Lo que hay escrito no es del todo malo, pero envían psicólogas a las casas de los familiares y les dicen ´Yo vengo aquí a escuchar su testimonio´, le pone a la gente a contar su experiencia y a llorar y sufrir. Y le dicen firme por las otras visita porque yo no puedo vivir porque usted vive muy lejos; y las hacen firmar hasta por dos tres citas. Y hay otras que dicen eso ya es su cuarta visita y esto es todo lo que podemos hacer por usted, ya lo indemnizaron. Y además su caso ya se encuentra inscrito, registrado en la Unidad de Victimas, entonces esta ya es la última visita y es el cierre. ¿testimonio repetido? En el caso de los desparecidos no hay cierre; hay un duelo congelado en el tiempo, no se puede cerrar; el duelo se quedó en camino, porque en el camino se quedó la verdad, la justicia. ….A un colega le dijeron que la desaparición forzada si tiene un cierre porque ellos no van a continuar dando la atención a la gente porque no tienen la capacidad.

Atención colectiva con familiares de personas desaparecidas No he escuchado de trabajo colectivo con familiares de desaparecidos; si he escuchado de en un barrio, pues dictan la charla a todos que están de diferentes crímenes, tortura, desplazamiento, desaparición. Pero no que después pasan a la atención, la charla y simplemente pasan después el refrigerio…. Y se acaba.

La entrega Cuando me avisaron que fue identificado (mi hijo) al poco tiempo me llamaron que me lo entregaban en el DAS o en Medicina Legal. Yo les dije que no allá, no quise. Me llamaron muchas veces, me insistieron, pero yo me rodeo de organizaciones y de sindicatos…. No es cuando ellos quieran… Y mi madre me dijo que había que pagar en la iglesia el diezmo que teníamos que ir al pueblo, pagar el diezmo y mirar en el pueblo donde lo habían enterrado… Llamé a la fiscalía y le dije que debe ser allá donde lo encontraron .. no les gustó pero luego accedieron; fueron hasta allá, en San Gil, para entregármelo. Y entonces que yo iba a ir allá, hable con la gobernación, les expliqué. Me dieron para los buses de todas las personas, los almuerzos, éramos como 200 personas … y me ofrecieron en la gobernación si quería velarlo en la gobernación, y me pareció muy político , y les dije que no. Yo no recibí atención psicosocial durante la entrega desde el estado, sino estuve con la Corporación Compromiso, ellos estuvieron todo el tiempo con migo y antes también. Momentos reparadores en la entrega Estuvo el fiscal, no, los tres fiscales del caso, y los de Medicina Legal, y si el fiscal en algún momento hablo del trabajo mío y de ASFADDES, lo importante que ha sido. Y cambiamos el himno nacional por el himno de ASFADDES, todo eso fue improvisado, pero fue porque nosotros lo hicimos. Y luego el padre en la misa, también habló de mi hijo, en su memoria…. Experiencias de atención psicosocial auto-organizado Todos los avances que hemos tenido en ASFADDES nosotros hemos acudido a psicólogos, a equipos interdisciplinarios, lo que hemos hechos es fortalecer la organización. Porque cuando hay un equipo interdisciplinario que entiende la víctima y camina junta ellos, siente el dolor y entienda la magnitud del duelo, so hace también que una organización se fortalezca. Por eso en Bucaramanga hay un buen núcleo de famulares que camina con ASFADDES. Así que aunque no haya atención en la Fiscalía, ellos están aquí con ASFADDES, porque ASFADDES es grande y apoya en este sentido. A manera de conclusiones consideramos que: - Si bien solo se trata de dos casos con diferencia en cuanto a lugar, tiempo, circunstancias, actores, perfiles de familiares y diferentes redes de apoyo y acompañamiento se observan similitudes y múltiples barreras de acceso a la atención psicosocial por parte de PASIVI, ya sea por desconocimiento del PAPSIVI, por falta de cubrimiento geográfico, por falta de personal y por contratación intermitente. Situación que se repite una y otra vez en los casos acompañados por el Colectivo OFB y por COPSICO. - Los dos casos muestran la falta de aplicación de las políticas creadas para la protección y asistencia de las víctimas a la hora de denunciar el crimen de desaparición forzada. En

ninguno de los dos casos la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, actuó, no se activó el Mecanismo de Búsqueda y lo mandatado en la Ley 1408 y su decreto se ha cumplido muy a medias. - Ninguna de las dos personas recibió una atención psicosocial individual en ninguna de las fases del proceso de búsqueda, exhumación, identificación y entrega digna, a pesar de ser acompañado por organizaciones que apoyaron los procesos de exigibilidad propias de las familias. - Si bien el PAPSIVI habla de un enfoque de derechos, las víctimas no sienten garantizados los mismos, en cuanto derecho a la verdad, la justicia, a la salud integral y la rehabilitación a pesar de que se han entregado los restos de sus seres queridos. - Aunque se habla desde un enfoque psicosocial de entender el daño en las víctimas de desaparición forzada desde el contexto y la especificidad del hecho victimizante, una atención restringida en tiempo contradice plenamente la naturaleza de los daños. Por tanto se hace necesario una atención psicosocial y en salud integral sin importar el tiempo pasado desde la ocurrencia de los hechos o si fue entregado la persona desaparecida, especialmente cuando no hay justicia. - Hay factores estructurales del PAPSIVI que permiten la revictimización y contradicen el enfoque de Acción sin Daño previsto, entre otros: El numeró limitante de sesiones dedicadas por persona frente a la magnitud de los daños psicosociales sufridos por los y las familiares en caso de desaparición forzada con los procesos de duelos congelados y cristalizados. - El personal contratado en ocasiones no cuenta con el perfil y la experiencia requerida para la atención en casos de desaparición forzada y los esfuerzos de capacitación por parte del Estado se pierden con las contrataciones cortas y cambiantes - la intermitencia del personal no permiten continuidad en la atención, y por lo contrario pueden revictimizar al volver a pedir la narración de los hechos. - El acceso a la salud integral dentro del sistema de salud existente es limitado por los problemas propios del sistema de salud y por falta de comprensión, formación y estructura para la atención idónea a familiares de personas desaparecidas. Hay elementos dentro de las leyes, los decretos, y protocolos existentes que establecen ampliamente derechos de las víctimas pero que no son aplicadas, como por ejemplo, la coordinación interinstitucional, el seguimiento y la monitoreo a la entrega digna, la participación de las víctimas en el diseño, implementación, y monitoreo de las políticas y programas que prevén la atención psicosocial para víctimas de desaparición forzada. Una política pública orientada a garantizar el derecho de las víctimas a la atención psicosocial debe promover el fortalecimiento de las organizaciones de familiares de desaparecidos y sus procesos de apoyo mutuo, contención emocional y elaboración colectiva de lo ocurrido y proveerles los recursos necesarios para tal fin.

Referencias bibliográficas:

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