PODER JUDICIAL DEL ESTADO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA TERCERA SALA SENTENCIAS QUE CAUSARON ESTADO NÚMERO DE TOCA 839-2015

FECHA EN QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA

27 veintisiete de mayo del 2016 dos mil dieciséis.

V I S T O S para resolver los autos del Toca número 839-2015, relativo a la apelación interpuesta por el diverso demandado y apelante ELIMINADO, por conducto de su abogado autorizado Licenciado ELIMINADO, en contra de la sentencia definitiva de 26 veintiséis de agosto del 2015 dos mil quince, pronunciada por el Juez Séptimo del Ramo Civil de esta Capital, en el expediente número 396/2012, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL POR NULIDAD, promovido por ELIMINADO, en contra de ELIMINADO y ELIMINADO; y, RESULTANDO PRIMERO.- La sentencia definitiva de 26 veintiséis de agosto del 2015 dos mil quince, concluyó con los puntos resolutivos siguientes: “PRIMERO.- Este juzgado es competente para conocer del presente negocio. SEGUNDO.- Procedió la Vía Ordinaria Civil y la personalidad de las partes quedó debidamente acreditada. TERCERO.- La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción y el demandado ELIMINADO no demostró sus excepciones, en tanto que el diverso demandado ELIMINADO, fue juzgado en rebeldía. CUARTO.Se declara la Nulidad del Convenio de fecha 2 dos de Septiembre del año 2010 dos mil diez, mediante el cual se pactó la Cesión en Pago efectuada por el C. ELIMINADO a favor del C. ELIMINADO, respecto del bien inmueble ubicado en la Calle de ELIMINADO número ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad. * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

QUINTO.- En consecuencia, se declara la Nulidad y Cancelación de la Escritura Pública ordenada por la Juez Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, según oficio número 2947/2010 dentro de los autos del Expediente 1055/2010 al Notario Público Número ELIMINADO con ejercicio en esta Ciudad, en relación a la Protocolización de la referida Cesión de Derechos derivada del Convenio cuya nulidad se decreta. SEXTO.- Se condena al demandado ELIMINADO a la entrega material y jurídica a favor de la parte actora del inmueble ubicado en la Calle de ELIMINADO número ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad. SÉPTIMO.- Se condena al demandado ELIMINADO al pago de la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO), por concepto de los daños y perjuicios generados con motivo del despojo de que fue objeto la parte actora del inmueble que motivó el Convenio cuya nulidad se decreta, cantidad que se deriva de las once pensiones rentísticas que fueron cubiertas por el actor al haber tenido que rentar un inmueble en donde habitar. Así como al pago de la cantidad que se siga generando como pago de las pensiones rentísticas que continúe pagando el actor hasta el día de la entrega material y jurídica del inmueble objeto del presente juicio, previa regulación que se presente en ejecución de sentencia conforme a derecho y en base a la exhibición de los recibos correspondientes. OCTAVO.- Se condena a los demandados al pago de las costas originadas con motivo de la tramitación del presente juicio, previa su regulación conforme a derecho. NOVENO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.”. SEGUNDO.- Inconforme con dicha resolución, el diverso demandado y apelante ELIMINADO, por conducto de su abogado autorizado Licenciado ELIMINADO, interpuso recurso de apelación, el que le fue admitido en ambos efectos, enviándose los autos del expediente al Tribunal de Alzada para su substanciación, tocando conocer por cuestión de turno a esta Tercera Sala, quien previa confirmación de la calificación de grado hecha por el Inferior, ordenó ponerlos a la vista de la parte apelante por el término de 6 seis días para los fines a que se refiere el artículo 953 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En el propio auto se hizo del conocimiento de los litigantes su derecho para manifestar su conformidad o inconformidad para que sus datos personales señalados en el artículo 3°, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se incluyan en la publicación que se haga del presente fallo, sin que al respecto hubieren hecho manifestación alguna. Consta en el toca la presentación oportuna del * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

escrito de expresión de agravios, más no así el de su contestación. Por acuerdo de 06 seis de abril del 2016 dos mil dieciséis, se decretó el período de alegatos, poniéndose los autos a la vista de las partes, por su orden y por el término de 3 tres días comunes para que formularan los que a su derecho correspondiera, no haciendo uso de ese derecho ninguna de las partes. Finalmente, por auto de 11 once de mayo del 2016 dos mil dieciséis, se citó a las partes para resolver el presente negocio, ordenándose el turno del Toca, correspondiendo aleatoriamente a la Magistrada Ponente la formulación y presentación del proyecto de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 936 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en concordancia con el 1°, 3°, 4°, fracción I, 7°, 21 y 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. SEGUNDO.- Los agravios que hace valer el diverso demandado y apelante, por conducto de su abogado autorizado Licenciado ELIMINADO, son del tenor literal siguiente: “1.- La sentencia que por este medio se combate es ilegal, causa agravio a la esfera de derechos de mi autorizante, atento a lo siguiente: Dentro de dicha sentencia se estima y señala por el Juez A quo que el segundo de los elementos de la acción ejercitada consistente en las causas de nulidad para invalidar el convenio de fecha 02 de septiembre de 2010, alegadas por el actor, consistentes en que el convenio referido contiene la disposición indebida de pago de un adeudo por parte de ELIMINADO, del bien inmueble ubicado en la Calle de ELIMINADO número ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, que a la fecha de su celebración 02 dos de Septiembre de 2010 ya había salido de su patrimonio, en virtud del contrato de compraventa celebrado con el ahora promovente con fecha 10 de junio del 2000 y posteriormente con la formalización mediante escritura pública de fecha 10 de Septiembre de 2001, acto jurídico que tiene el efecto que constituye la disposición de cosa ajena, lo cual es un acto prohibido por la ley y trae como consecuencia la nulidad del convenio, en el cual se dispuso del bien en pago del crédito que le era reclamado, puesto que la transmisión del dominio se efectuó sin que el aquí actor como legítimo propietario del bien expresara su consentimiento para ello, así como que los ahora demandados a * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

sabiendas de lo anterior, procedieron a llevar a cabo el convenio de enajenación, transmisión y su aceptación del dominio respecto del citado inmueble, acto que concediera legal y por lo tanto nulo, dado que las partes participantes actuaron con el consentimiento pleno de los vicios que afectaban el mismo, que además las partes del juicio conocían perfectamente la existencia de los actos jurídicos antes indicados y que no obstante ello, en su perjuicio, celebraron el convenio que sabían perfectamente que no lo podía llevar a cabo, las mismas resultan procedentes y se encuentran demostradas en autos, con las pruebas aportadas por el promovente. Así mismo, estima el juez A quo que en relación a la excepción de improcedencia de la acción de Nulidad del Convenio de fecha 2 dos de Septiembre del año 2010 dos mil diez, que opone el demandado bajo el argumento de que dicho Convenio fue sancionado y aprobado por la autoridad judicial ante la cual se presentó elevándolo a la Categoría de Cosa Juzgada y que por tanto al haber sido sancionado por la autoridad respectiva a solicitud de las partes del juicio en que se celebró, no puede ser anulado mientras subsista la Resolución que le confirió esa calidad, que además no consta en la demanda inicial que la parte actora haya reclamado la nulidad de las actuaciones o autos del Expediente 1055/2010 tramitado ante el Juez Cuarto del Ramo Civil que dieron al citado Convenio la calidad de Cosa Juzgada y que por consiguiente es totalmente improcedente la acción ejercitada por el actor en este juicio, así como la improcedencia de la Acción de Daños y Perjuicios, toda vez que no ha incumplido para con la parte actora con obligación alguna establecida en un contrato o acto jurídico similar y que tampoco ha realizado actos en contra del tenor de las leyes que le hayan ocasionado daños y perjuicios, cabe decir al demandado que a fin de que resulte procedente la nulidad del Convenio de fecha 2 dos de Septiembre del año 2010 dos mil diez, aún y cuando haya sido elevado a la categoría de Cosa Juzgada al haber sido sancionado por la autoridad respectiva a solicitud de las partes del juicio en que se celebró, no es preciso que se hubiera solicitado por parte del actor primeramente la nulidad de la Resolución que le dio el carácter de Cosa Juzgada, ya que a su juicio es improcedente la acción ejercitada en el sentido de que se declare la nulidad del convenio en mención, si seguirá subsistente el auto y demás actuaciones del expediente 1055/2010 que lo elevaron y dieron la categoría de Cosa Juzgada; pues a este respecto en términos del contenido del artículo 2059 del Código Civil * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

vigente en el Estado, la Nulidad Absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie la Nulidad, por lo cual, aquéllos efectos que se hubieren producido, serán provisionales, como en la especie acontece; pues como ha quedado asentado, el Convenio de referencia se ve afectado de nulidad absoluta pues le sobreviene un vicio no convalidable como lo es la falta de propiedad del inmueble que fue objeto de la Cesión de Pago por el C. ELIMINADO en el juicio que se cita, en atención a que la nulidad absoluta se actualiza cuando la trascendencia del vicio que la provoca es de tal magnitud que se afecta el interés general, por ser contrario a una ley prohibitiva o de orden público como lo es la prevista por los artículos 2100 y 2101 del Código Civil vigente en el Estado, al determinar que ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad, así como de que la venta de cosa ajena es nula y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe, lo que ha demostrado en autos de acuerdo a las probanzas que han sido debidamente analizadas y que además fueron narradas por el demandado al dar contestación a la demanda entablada en su contra, por haber tenido intervención en las actuaciones a que se hace referencia, de lo cual nada expuso al momento en que dio contestación en el precitado juicio 1055/2010 del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, y por el contrario presenta el Convenio de Pago a favor del ahora diverso demandado ELIMINADO, con conocimiento de que el inmueble que fue objeto de la Dación ya había salido de su patrimonio, además de que con anterioridad al juicio de referencia, se había ejercitado en su contra diverso juicio con motivo del mismo documento base de la acción. Que por tanto de acuerdo a lo expuesto en el párrafo que antecede, resulta inaplicable el criterio contenido en la tesis aislada que invoca el demandado bajo el rubro “CONVENIO ELEVADO A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA. NO PUEDE SER ANULADO MIENTRAS SUBSISTA LA RESOLUCIÓN QUE LE CONFIRIÓ ESA CALIDAD, EL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)” e improcedente las excepciones y defensas que hace valer como Improcedencia de la Acción e Improcedencia de la Acción de Daños y Perjuicios. Los anteriores argumentos y proceder del juez A quo son ilegales, contrarios a derecho, un desacierto jurídico y por tanto debe revocarse la sentencia que se combate, toda vez que en primer lugar, contrario a lo estimado por el juez natural, aún y cuando * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

se haya demostrado la causa de nulidad invocada por parte del accionante del juicio, ello con el cúmulos (sic) de pruebas que aportó, lo cierto es que el segundo de los elementos de la acción, consistente en las causas de nulidad para invalidar el convenio de fecha 02 de septiembre del 2010, no puede demostrarse, no puede quedar demostrado, en virtud de que la acción de nulidad de dicho convenio resulta improcedente porque, contrario a lo estimado por la sala responsable, primeramente se debió haber solicitado por parte del actor la nulidad de la resolución que le dio el carácter de cosa juzgada, pues al haber sido dicho convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, seguirá subsistente el auto que lo elevó a categoría de cosa juzgada y demás actuaciones del expediente 1055/2010. Además, la acción de nulidad del convenio de fecha 02 de septiembre de 2010 resulta improcedente al existir una resolución firme que lo elevó a categoría de cosa juzgada, y otras resoluciones que lo ejecutaron, las cuales constituyen cosa juzgada y que por ello solo pueden ser anuladas a través de la acción de nulidad adjetiva, nulidad de juicio concluido por fraudulento, un juicio de amparo o nulidad de actuaciones en su caso, en donde se acredite la causa de nulidad y los daños causados, más no a través de la nulidad ordinaria de convenio que promueve el actor, que sólo tiende a anular dicho convenio y destruir los efectos producidos, transferencia de derechos, obligaciones, prestaciones, que las partes se restituyan las prestaciones recibidas, más no la nulidad de actuaciones y resoluciones firmes con carácter de cosa juzgada, como las que se mencionan. Cabe precisar, que existen nulidades sustantivas que pueden ser denunciadas a través del juicio ordinario y nulidades adjetivas, cuya preclusión y autoridad de cosa juzgada constituye obstáculos para la viabilidad de una acción ordinaria autónoma. En el caso tenemos que el presente asunto versa sobre una nulidad de un convenio celebrado en juicio que ya está concluido, la cual es una nulidad adjetiva en razón a que la anulación del acto jurídico pretendido por el actor, provienen de un proceso judicial que ya culminó, pues dicho convenio se elevó a la categoría de cosa juzgada y ante su incumplimiento fue ordenada su ejecución, lo cual se llevó a cabo con el otorgamiento de escritura y entrega del bien objeto del mismo, lo que implica que dicho convenio es cosa juzgada, tiene firmeza, proviene de un proceso judicial que adquirió firmeza procesal de manera definitiva. Por lo que atendiendo al origen del acto jurídico cuya nulidad se pretende, es decir juicio * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

concluido, es incuestionable que se anule por enajenación de cosa ajena, ya que la materia sería la violación a la garantía del debido proceso legal, y en ese sentido el actor debe acreditar el hecho en que funda el acto fraudulento objeto del juicio y le cause un perjuicio las resoluciones que se toman en tal juicio, las que la elevan a categoría de cosa juzgada y las que lo ejecutan, puesto que esta acción de nulidad absoluta válidamente deriva de la aplicación de la regla general contenida en el artículo 5 del Código Civil que determina: los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, serán nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa. De ahí que la nulidad pretendida por la parte actora, se estima solo puede ser impugnada a través de nulidad de juicio concluido por proceso fraudulento, el juicio de amparo, el incidente de nulidad en los casos y bajo las condiciones en que procedan, y no como lo pretende la accionante, como nulidad sustantiva como de cualquier acto jurídico, puesto que se encuentra inmerso en un juicio totalmente concluido, hay firmeza de autos, el que le da la categoría de cosa juzgada y los que se dictan para ejecutarlo ante el incumplimiento del demandado, que sólo pueden declarados (sic) sin efectos en la forma señalada. Sin que valga que el anterior argumento sea inoperante por el hecho de que no se hizo valer como excepción en el escrito de contestación de demanda, pues la procedencia o improcedencia de la acción es una cuestión de orden público que debe ser estudiada de oficio por el juzgador aún y cuando el demandado no conteste la demanda u (sic) no oponga excepciones y defensas, y en el caso el segundo de los argumentos antes señalados si bien no se hizo valer en el escrito de contestación de demanda, tal (sic) también lo es que en este momento es válido se haga valer a virtud de lo ya señalado y por tanto debe ser tomado en consideración pro (sic) este tribunal de alzada, porque fue una cuestión que el juzgador de origen debió tomar en cuenta de manera oficiosa y no lo hizo. Ahora, resulta falso que a fin de que resulte procedente la nulidad del convenio de fecha 02 de Septiembre de 2010 un (sic) y cuando haya sido elevado a la categoría de cosa juzgada y haber sido sancionado por la autoridad respectiva a solicitud de las partes del juicio en que se celebró, no es preciso se hubiera solicitado por parte del actor primeramente la nulidad de la resolución que le dio el carácter de cosa juzgada, pues si bien es verdad que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2059 del Código Civil para el Estado, la nulidad absoluta por regla * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie la nulidad, resulta falso que en la especie aplique tal artículo, que se destruyan todos los efectos jurídicos que se hayan generado con motivo de la celebración del convenio cuya nulidad se reclama, que los efectos que haya producido sean provisionales y se destruirán con la nulidad del convenio, como lo son el auto que elevó a categoría de cosa juzgada el aludido convenio materia de nulidad y los demás autos dictados en el juicio para ejecutarlo, ya que como se dijo con antelación tales actos y resoluciones ante su firmeza y calidad de cosa juzgada, máxime que provienen de un juicio totalmente concluido, solo pueden ser destruidos a través de la acción de juicio fraudulento o un juicio de amparo. Aunado a lo anterior, el auto que le dio la categoría de cosa juzgada al convenio cuya nulidad se reclama, y demás actuaciones del expediente 1055/2010, su ejecución, no son efectos que se hubieren producido por la celebración del acto cuya nulidad se reclama para que sean provisionales, para que puedan ser destruidos retroactivamente con el pronunciamiento de la nulidad, como erróneamente lo sostiene y pretende el juez natural, toda vez que no son las consecuencias jurídicas inmediatas que producen para las partes que consisten en crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones, sino los medios a través de los cuales la autoridad judicial valida dicho contrato y lo ejecuta, hace (sic) se cumpla lo en el pactado, son resoluciones judiciales. En otras palabras los actos señalados no son los derechos, prestaciones que las partes se entregaron a virtud de la celebración del dichoso convenio, como lo son la entrega de un inmueble, la devolución del dinero entregado, la entrega del dominio del inmueble, y que deban devolverse a virtud de la declaración de nulidad, tales actos no fueron objeto de la celebración del contrato o convenio, no se entregaron entre las partes ni se tendrán que devolver, sino como ya se dijo, son actuaciones resoluciones judiciales, dictadas por una autoridad para validar el convenio y ejecutarlo, hacer que se ejecute en sus términos, son resoluciones judiciales firmes, con categoría de cosa juzgada que sólo son destruidas a través de una nulidad de juicio concluido por fraudulento. Época: Quinta Época, Registro: 339104, Instancia: Tercera Sala.- Tipo de Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Tomo CXXX, Materia (s): Civil, Tesis: Página: 542. NULIDAD DE LOS CONTRATOS, EFECTOS DE LA (LEGISLACION DEL * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

ESTADO DE VERACRUZ). El texto del artículo 2159 del Código Civil del Estado de Veracruz, no deja lugar a dudas acerca de que los efectos de la nulidad pronunciada judicialmente son retroactivos y obran extunc. Lo que quiere decir, y como a mayor abundamiento lo dispone el mismo código -artículo 2172- que la anulación del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado, y que -artículo 2174- mientras que uno de los contratantes no cumpla con la devolución de aquello que en virtud de la declaración de nulidad del contrato está obligado, no puede ser compelido el otro a que cumpla por su parte. Por donde forzosamente se llega a la conclusión de que en virtud de tales efectos, las cosas deben volver al estado que tenían al tiempo en que la obligación fue formada y como si ésta nunca hubiera existido.

Amparo directo 3900/56. Felipa Nery Palomino. 19 de noviembre de 1956. Unanimidad de cuatro votos y por mayoría de tres votos. El

Ministro Ramírez Vázquez no votó por las razones que constan en el acta del día. Ponente: Gabriel García Rojas. Nota: Esta tesis también aparece en: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, página 582. (Como tesis relacionada con la jurisprudencia 192).

2.- Sigue la resolución que se reclama

siendo ilegal, contraria a derecho y causando agravio a la esfera de derechos de mi autorizante, esta vez por señalarse en la misma por condenarse a mi autorizante al pago de la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO) (sic) por concepto de daños y perjuicios generados con motivo del despojo de que fue objeto la parte actora del inmueble que motivó el convenio cuya nulidad decreta; que dicha cantidad deriva de las once pensiones rentísticas que fueron cubiertas por el actor al haberlo tenido que rentar un inmueble en donde habitar; así como al pago de la cantidad que se siga generando como pago de las pensiones rentísticas que continúe pagando el actor hasta el día de la entrega material y jurídica del inmueble objeto del presente juicio previa regulación que se presente en ejecución de sentencia, todo ello bajo el argumento de que quedó demostrado con la actuación relativa a la diligencia que se llevó a cabo el día 11 de febrero de 2011 por el actuario judicial ordenada en los autos del expediente 1055/2010 de la cual se advierte que se procedió a la desocupación del inmueble ubicado en Calle ELIMINADO número ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, con motivo del requerimiento realizado al C. ELIMINADO así como con el contrato de arrendamiento de vivienda celebrado con fecha 12 de febrero de 2011, de una parte por el señor ELIMINADO como arrendador y de otra parte el señor

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ELIMINADO como arrendatario respecto de la vivienda sita en ELIMINADO número ELIMINADO de esta Ciudad, y once recibos de arrendamiento expedidos a favor del señor ELIMINADO en relación al inmueble arrendado correspondientes a los meses de Febrero a Diciembre del 2011 por la cantidad de $ELIMINADO. Lo anterior en primer término porque no se acredita con prueba alguna que dichos daños y perjuicios a que se condena sean consecuencia inmediata y directa de la celebración del convenio de fecha 2 de septiembre de 2010 ni de la desocupación del inmueble materia del convenio que se anula, esto es, no se acredita ni está demostrado con prueba alguna que el contrato de arrendamiento de fecha 12 de febrero del 2012 fue celebrado precisamente a consecuencia directa de la celebración del convenio de fecha 02 de septiembre de 2010 y de haberse procedido a la desocupación del inmueble ubicado en ELIMINADO número ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad. En segundo lugar el juez natural no funda ni motiva dicha determinación, esto es no señala las circunstancias motivos y razones particulares que lo llevaron a determinar que los daños y perjuicios a que condena a mi autorizante derivan precisamente como consecuencia de los actos ilícitos que se le imputan, convenio de fecha 02 de septiembre de 2010 y desocupación del bien inmueble objeto del convenio anulado, si porque el bien lo habitaba el señor ELIMINADO en la fecha en que se desocupó, si porque está demostrado que dicha persona era el único bien que tenía donde vivir y a consecuencia de la desocupación tuvo que rentar otro inmueble. En tercer lugar, resulta improcedente la condena al pago de daños y perjuicios contra mi autorizante en virtud de que él no fue quien solicito el lanzamiento del inmueble objeto del convenio cuya nulidad se reclama, sino ELIMINADO; él no tiene en posesión el predio sino esta esta (sic) última persona; él no decreto (sic) decretó el lanzamiento sino el Juez Cuarto del Ramo Civil y él no realizó ni ejecutó el lanzamiento sino el actuario judicial adscrito a dicho juzgado. La celebración del convenio de fecha 02 de septiembre de 2010 por si solo no pudo causar los daños y perjuicios a que se le condena a mi representado, no hay prueba ni evidencia que lo demuestre, por lo que se le debe absolver de dicha prestación.”.

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TERCERO.- Analizadas las constancias de autos, en relación con los motivos de inconformidad que hace valer el diverso demandado y apelante ELIMINADO, por conducto de su abogado autorizado Licenciado ELIMINADO, se arriba a la convicción de que los mismos resultan ser improcedentes. En efecto, esencialmente aduce el apelante en el primero de sus conceptos de inconformidad, que resultan ser indebidas las consideraciones establecidas en la sentencia impugnada, mediante las cuales el Juez A-quo tuvo por demostrado el segundo de los elementos constitutivos de la acción de nulidad ejercitada por la parte actora, consistente en justificar las causas de nulidad para invalidar el convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, así como las demás actuaciones y resoluciones del expediente 1051/2010, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Capital, las cuales constituyen cosa juzgada y por ello sólo pueden ser anuladas a través de las acciones, de nulidad adjetiva; nulidad de juicio concluido por fraudulento; juicio de amparo o nulidad de actuaciones en su caso; por lo que, la nulidad de dicho convenio resulta ser improcedente al existir una resolución judicial firme que la elevó a la categoría de cosa juzgada, así como las demás actuaciones y resoluciones recaídas en el juicio de referencia; por lo cual, la parte actora, previamente debió de haber solicitado la nulidad de la resolución que dio a dicho convenio la categoría de cosa juzgada, así como de las demás resoluciones y actuaciones que lo ejecutaron; por lo que, el presente asunto versa sobre una nulidad de un convenio celebrado en juicio que ya está concluido, la cual es una nulidad adjetiva en razón de que la anulación del acto pretendido por el actor, proviene de un proceso judicial que ya culminó, pues dicho convenio se elevó a la categoría de cosa juzgada y ante su incumplimiento fue ordenada su ejecución, la cual se llevó a cabo con el otorgamiento de la escritura y entrega del bien objeto del mismo, lo que implica que dicho convenio es cosa juzgada, que tiene firmeza y proviene de un proceso judicial que adquirió firmeza procesal de manera definitiva; ante lo cual, es incuestionable que para que se anule el convenio por enajenación de cosa ajena, el actor debe acreditar el hecho en que funde el acto fraudulento. Por lo que, en la especie, se debe de tomar en cuenta que la procedencia o improcedencia de la acción es una cuestión de orden público que debe ser estudiada de oficio por el juzgador aún y cuando el demandado no conteste la demanda o no oponga excepciones y defensas; motivo por el que resulta ser indebido el que se haya * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

declarado procedente la nulidad del convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, señalando el A-quo que no era preciso que se hubiera solicitado por parte del actor primeramente la nulidad de la resolución que le dio el carácter de cosa juzgada, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2059 del Código Civil para el Estado, la nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie la nulidad; siendo indebido que en la especie se aplique tal artículo, cuando que el auto que elevó a categoría de cosa juzgada el aludido convenio materia de nulidad y los demás acuerdos dictados en el juicio para ejecutarlo, son actos y resoluciones con firmeza y calidad de cosa juzgada, máxime que provienen de un juicio totalmente concluido, por lo que sólo pueden ser destruidos a través de la acción de juicio fraudulento o un juicio de amparo; aunado a que, además, el auto que le dio la categoría de cosa juzgada al convenio cuya nulidad se reclama y las demás actuaciones del expediente 1055/2010, para su ejecución, no son efectos que se hubieren producido por la celebración del acto cuya nulidad se reclama para que sean provisionales, a fin de que puedan ser destruidos retroactivamente con el pronunciamiento de la nulidad, como erróneamente lo sostiene y pretende el juez natural; toda vez que son resoluciones judiciales a través de las cuales la autoridad judicial valida dicho contrato, lo ejecuta, y hace que se cumpla lo en él pactado; por lo que, los actos señalados no son los derechos o prestaciones que las partes entregaron a virtud de la celebración de dicho convenio, como lo son la entrega de un inmueble, la devolución del dinero entregado, la entrega del dominio del inmueble, que deban devolverse a virtud de la declaración de nulidad. Dichos motivos de inconformidad devienen como improcedentes, pues al respecto es de señalar como antecedentes del caso, lo siguiente: Mediante escrito recibido en 10 diez de febrero del 2012 dos mil doce, la parte actora en el juicio ELIMINADO, compareció a demandar en la vía ordinaria civil a ELIMINADO, a ELIMINADO y al Licenciado ELIMINADO, Notario Público número ELIMINADO, con ejercicio en esta Ciudad Capital, por las prestaciones siguientes: “a).- La nulidad del convenio de fecha 2 de septiembre de 2010, mediante el cual se pactó la cesión en pago, efectuada por el C. ELIMINADO a favor del C. ELIMINADO, respecto del bien inmueble ubicado en la calle de Valle de ELIMINADO número ELIMINADO del fraccionamiento ELIMINADO de esta ciudad, cuyas características se citan * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

en el capítulo de hechos. b).- Como consecuencia de lo anterior, por nulidad y cancelación de la Escritura Pública levantada por el Notario Público número ELIMINADO con ejercicio en esta ciudad, en la cual se protocolizó la referida Cesión de Derechos derivada del convenio cuya nulidad se exige, ordenada por el Juez Cuarto del Ramo Civil de esta ciudad, según oficio número 2947/2010, de fecha 06 de diciembre de 2010. c).- Al señor ELIMINADO, por la entrega material y jurídica del inmueble ubicado en la calle de Valle de ELIMINADO número ELIMINADO del fraccionamiento ELIMINADO de esta ciudad, cuyas características se citan en el capítulo de hechos, toda vez que dicha persona tiene en posesión el citado inmueble. d).- Por el pago de la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO), por concepto de los daños y perjuicios generados al día de hoy, con motivo de la desposesión de que fui objeto del inmueble objeto del convenio cuya nulidad se demanda y ha quedado señalado en el inciso a) de esta demanda, concepto que se deriva de las once pensiones rentísticas que el suscrito he tenido que cubrir en los términos precisados en el cuerpo de esta demanda. Así como el pago de las pensiones rentísticas que el suscrito continúe pagando hasta el día de la entrega material y jurídica del inmueble objeto del presente juicio, lo cual será cuantificado en ejecución de sentencia. e).- A los señores ELIMINADO y ELIMINADO, por el pago de las costas y gastos que se origen (sic) con motivo del presente juicio.” (f. 2 y 3). Narrando el actor, esencialmente, como hechos constitutivos de sus pretensiones: Que el 1° primero de abril de 1999 mil novecientos noventa y nueve, en esta Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., celebró como arrendatario un contrato de arrendamiento con ELIMINADO, en representación del Licenciado ELIMINADO, como arrendador respecto de la casa habitación ubicada en la calle ELIMINADO número ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, el cual tiene las medidas, colindancias y datos de inscripción que al respecto señala, lo que justifica con la copia certificada del contrato de arrendamiento que acompaña a la demanda. Que posteriormente en 10 diez de junio del 2000 dos mil, celebró con el Licenciado ELIMINADO, un contrato de compraventa en forma escrita respecto del inmueble antes citado, habiéndose pactado como precio del inmueble la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO) los cuales serían pagados mediante la entrega de la cantidad de $ * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

ELIMINADO (ELIMINADO), en forma directa el 15 quince de junio del 2000 dos mil, a ELIMINADO; la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO) que sería también cubierta en forma directa a la persona moral antes mencionada, mediante cinco diversos pagos mensuales por la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO), cada uno de ellos, a partir del 15 quince de julio del 2000 dos mil; y la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO), que sería cubierta directamente a ELIMINADO, el 16 dieciséis de diciembre del 2000 dos mil, pagos y obligaciones que así fueron hechos; mencionando también, que en el respectivo instrumento se hizo constar que sobre el inmueble objeto de la compraventa pesaba un gravamen derivado del crédito obtenido con ELIMINADO el cual se encontraba vigente al momento de la celebración, existiendo el Juicio Ordinario Mercantil número 447/1999, promovido por ELIMINADO, ELIMINADO por conducto del Licenciado ELIMINADO, en contra del vendedor ELIMINADO, ante el Juzgado Séptimo del Ramo Civil de esta Ciudad, obligándose el vendedor a celebrar convenio de pago con la empresa actora, a efecto de finiquitar el crédito que pesaba sobre el bien inmueble; lo que acreditaba, con la documental original que como anexo 2 acompañó a la demanda. Que en ese orden y con motivo de los acuerdos sostenidos con el vendedor ELIMINADO, el actor acudió a las oficinas del Licenciado ELIMINADO, representante legal de la empresa acreedora, ante el cual previo acuerdo sostenido comenzó a efectuar los pagos relativos al adeudo que pesaba sobre el inmueble y cuyo cobro era ventilado en el Juicio Ordinario Mercantil señalado con antelación; lo anterior hasta efectuar el finiquito total de la cantidad que le fue requerida por el anotado profesionista; por lo que una vez que liquidó el adeudo, el Licenciado ELIMINADO, el 03 tres de diciembre del 2000 dos mil, le expidió el desistimiento relativo a las acciones legales deducidas dentro del citado Juicio Ordinario Mercantil, número 447/1999, a que se ha hecho referencia, documento que fue presentado al juzgado hasta el 15 quince de diciembre del 2009 dos mil nueve; pero que, sin embargo, no fue posible el acuerdo de la petición de desistimiento, toda vez que el expediente había sido enviado a la alzada para substanciar una apelación, por lo que se abrió el expedientillo número 187/2010, del índice del Juzgado Séptimo del Ramo Civil de esta Ciudad, acompañando al respecto a la demanda como anexo número 3, las documentales mediante las cuales justifica los hechos antes señalados.

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Que tras efectuarse los pagos pactados, mediante instrumento número ELIMINADO, del Tomo ELIMINADO, de 10 diez de septiembre del 2001 dos mil uno, ante la fe del Licenciado ELIMINADO, Notario Público número ELIMINADO en ejercicio en esta Ciudad, el Licenciado ELIMINADO como vendedor y el actor como comprador, formalizaron el contrato de compraventa previamente celebrado y al cual se ha referido; por lo que firmaron la escritura pública en la cual se plasmó definitivamente la venta formal del citado inmueble; siendo de mencionar, que en su oportunidad a la formalización de dicha compraventa, se dio el primer aviso preventivo ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, el cual se encuentra debidamente anotado en la inscripción ELIMINADO, a fojas ELIMINADO, del Tomo ELIMINADO, de Escrituras Públicas, y posteriormente folio real número ELIMINADO, lo que acredita con la certificación de fecha 18 dieciocho de febrero del 2011 dos mil once, expedida por el referido fedatario y que acompaña como anexo número ELIMINADO a la demanda. Resultando, que en fecha 11 once de febrero del 2011 dos mil once, siendo aproximadamente las 14:40 horas, se presentó en su domicilio, esto es, en el inmueble antes señalado y objeto de dicha compraventa, una persona que dijo ser actuaria judicial, quien preguntó por ELIMINADO, requiriendo al actor en este asunto por la entrega inmediata del inmueble en cuestión, señalándole que llevaba una orden de lanzamiento dictada por el Juez Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, dentro del expediente número 1055/2010, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, seguido por ELIMINADO, cesionario de los derechos de una empresa denominada ELIMINADO, en contra de ELIMINADO; que ante ello, le manifestó que desconocía la existencia del citado juicio y que él era el actual propietario del inmueble mencionado, pues se lo había vendido ELIMINADO, mostrándole en ese momento el contrato de compraventa de 10 diez de junio del 2000 dos mil; indicándole el diligenciario que dicho documento no servía y que tenía que proceder a desocupar el inmueble, al instante en que empezó a dar instrucciones a los cargadores que lo acompañaban de que procedieran a sacar sus pertenencias, por lo cual en la fecha indicada, fue lanzado y desposeído del inmueble citado; viéndose obligado a trasladar sus pertenencias al inmueble que al respecto indica, el cual le fue arrendado mediante una pensión mensual de $ELIMINADO (ELIMINADO), los cuales ha estado cubriendo en forma puntual desde la fecha antes indicada, habiendo generado a la fecha de la demanda la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO), según lo acredita con * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

el original del contrato de arrendamiento antes citado y los recibos de pago de las pensiones rentísticas generadas a la fecha; erogaciones anteriores que en definitiva constituyen un detrimento a su patrimonio y que tienen su origen en la ilegal disposición del bien de su propiedad. Que una vez que fue lanzado y desposeído del mencionado inmueble, se dio a la tarea de investigar los hechos antes señalados, resultando que el juicio origen del desahucio, se trataba de un Juicio Ordinario Mercantil, que inicialmente había promovido el Licenciado ELIMINADO, en su carácter de Apoderado legal de la empresa denominada ELIMINADO, en contra de ELIMINADO, reclamándole el pago de las prestaciones derivadas del crédito hipotecario que pesaba sobre el inmueble descrito y que por cierto ya se había cubierto en los términos antes citados; que el juicio en mención, fue turnado para su conocimiento al Juez Tercero del Ramo Civil de esta Ciudad, quien por auto de 14 catorce de noviembre del 2008 dos mil ocho, lo admitió y radicó con el número de expediente 1645/2008; enterándose también, que mediante escrito de 24 veinticuatro de mayo del 2010 dos mil diez, ELIMINADO, compareció ante el juez antes citado, solicitando se le reconociera la personalidad de cesionario de los derechos deducidos por la actora, y ante ello, previo a proveer lo correspondiente, el Juez Tercero del Ramo Civil, se excusó del conocimiento del juicio; por lo que el expediente fue turnado al Juez Cuarto del Ramo Civil de esta Capital, quien por auto de 13 trece de julio del 2010 dos mil diez, se avocó a su conocimiento, radicando el expediente bajo el número 1055/2010, y le reconoció la personalidad de cesionario a ELIMINADO. Que posteriormente, en 15 quince de julio del 2010 dos mil diez, en las oficinas de la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado, ELIMINADO, se apersonó ante la actuaria judicial adscrita a dicha central, manifestando hacerse sabedor de la existencia del juicio antes indicado, como apoderado para pleitos y cobranzas de ELIMINADO, expresándole su deseo de emplazarse, con el carácter que se ostentaba y bajo su responsabilidad; que ante ello, la actuaria en cita, llevó adelante el emplazamiento ordenado y por conducto de la persona antes citada, notificó y emplazó a ELIMINADO, respecto del juicio antes indicado; siendo que ELIMINADO, exhibió la escritura pública correspondiente de fecha 02 dos de marzo del 2010 dos mil diez, otorgada ante la fe del Licenciado ELIMINADO, Notario Público adscrito a la Notaría Pública número ELIMINADO, mediante el cual, ELIMINADO, otorgó Poder General para * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, a favor de ELIMINADO, lo anterior en forma específica y concreta respecto del bien objeto de este juicio. Asimismo, ELIMINADO, en su carácter de apoderado legal de ELIMINADO, mediante escrito presentado en 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, compareció dentro del juicio antes citado a dar contestación a la demanda entablada en contra de su representado, reconociendo el adeudo de cada una de las prestaciones exigidas dentro del citado juicio, lo anterior no obstante y con pleno conocimiento del Licenciado ELIMINADO, de que previamente se había efectuado el pago del referido adeudo, según convenio sostenido con el Licenciado ELIMINADO, en los términos ya citados; exhibiendo además un convenio de esa misma fecha, suscrito por el apoderado legal de ELIMINADO, como deudor y ELIMINADO, como acreedor, en el cual se reconoció el adeudo reclamado y se dio en pago del anotado crédito el inmueble ubicado en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, el cual como ya se señaló le había sido vendido con anterioridad; pago éste que fue aceptado por el acreedor ELIMINADO, liberando al deudor de cualquier responsabilidad; convenio en el cual el deudor ELIMINADO se comprometió a entregar la posesión del inmueble objeto de pago en un término de 30 días, autorizando al Juez del conocimiento, para que en caso de incumplimiento se procediera a poner en posesión del inmueble al acreedor con la autorización de hacer uso de la fuerza pública y ruptura de cerraduras; cuando que la posesión de dicho inmueble, ya le había sido entregada a él por la persona antes citada, con motivo del contrato de compraventa señalado con antelación. Petición anterior, que fue acordada por auto de 23 veintitrés de septiembre del 2010 dos mil diez, ordenándose su ratificación, la cual tuvo lugar el 27 veintisiete del mismo mes y año; así, por auto de 01 uno de octubre de la misma anualidad, se tuvo a las partes por celebrando el anotado convenio, el cual se elevó a la categoría de cosa juzgada y se obligó a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar; no obstante lo cual, al haberse exhibido el convenio en forma incompleta, el juez de los autos, ordenó requerir a los signantes por la exhibición y ratificación del convenio en forma completa, por lo que una vez efectuada la exhibición, el 22 veintidós de noviembre del año antes citado, se llevó a cabo la ratificación del convenio completo. * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

Motivo por el cual, por auto de 30 treinta de noviembre del 2010 dos mil diez, el Juez Cuarto del Ramo Civil mandó poner a ELIMINADO, en posesión del inmueble anteriormente citado, ordenándose la desocupación, con el uso de la fuerza pública y ruptura de cerraduras; girándose también oficio al Notario Público número ELIMINADO en ejercicio en esta Ciudad, a fin de que procediera a la expedición de la escritura correspondiente en ejecución del convenio celebrado por las partes, lo que se llevó adelante según oficio entregado al propio apoderado del demandado ELIMINADO; por lo que, como ya lo había señalado, la diligencia de lanzamiento y puesta en posesión a ELIMINADO, tuvo lugar el 11 once de febrero del 2011 dos mil once, con la consecuencia también ya señalada, de que se le desposeyó del inmueble a virtud del lanzamiento ordenado. Por lo que en tal virtud, afirma el actor, son procedentes las acciones deducidas en este juicio, dado que el convenio cuya nulidad se exige, contiene la disposición indebida, en pago de un adeudo por parte de ELIMINADO, del bien inmueble ubicado en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, mismo que a la fecha de celebración del convenio, 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, ya había salido del patrimonio de la persona antes mencionada; a virtud del contrato de compraventa, que el actor en este asunto celebró el 10 diez de junio del 2000 dos mil, con el demandado ELIMINADO, formalizando la escritura pública correspondiente el 10 diez de septiembre del 2001 dos mil uno; actos jurídicos éstos, que tienen el efecto de que la disposición que hizo el ahora demandado ELIMINADO a favor de ELIMINADO, en el convenio que nos ocupa, constituye la disposición de cosa ajena, lo cual es un acto prohibido por la ley, que trae como consecuencia la nulidad del convenio en el cual se dispuso del bien en pago del crédito que le era reclamado al aquí demandado ELIMINADO, sin que el actor en este asunto como legítimo propietario del bien, expresara su consentimiento para ello; por lo que, las personas antes mencionadas, a sabiendas de lo anterior, procedieron a llevar a cabo el convenio de enajenación, transmisión y aceptación del dominio respecto del citado inmueble, cuya nulidad solicita sea decretada por el órgano jurisdiccional, a fin de que se invalide legalmente el anotado convenio y cualquier efecto que se hubiere generado, como lo es su protocolización ante el fedatario demandado y todas sus consecuencias legales derivadas de dicho acto ilegal.

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Resultando igualmente nulo el acto que nos ocupa, dado que las partes participantes, esto es, el Licenciado ELIMINADO, el Licenciado ELIMINADO y su suegro ELIMINADO, actuaron con el conocimiento pleno de los vicios que afectaban al convenio celebrado; además, de que el mandatario de ELIMINADO, ha actuado en todo momento como representante de los intereses de ambos demandados, dado que se ostentó en el juicio a que se ha hecho mención, como apoderado de ELIMINADO, pero en todo momento ha efectuado actos a favor de ELIMINADO en tal juicio, llegando al grado de recibir documentación y notificaciones que corresponden a la actora de ese juicio; como lo es, el oficio mediante el cual se escrituró el bien a favor del acreedor, así como el representarlo en el juicio de garantías promovido por el actor en este asunto, en contra de actos del Juzgado Cuarto del Ramo Civil, a virtud del anotado procedimiento; actuar éste que revela, que las partes del juicio, conocían perfectamente la existencia de los actos jurídicos antes indicados, y que no obstante ello, en su perjuicio, celebraron el convenio, que sabían perfectamente que no podían celebrar, cuestión ésta que redunda en la nulidad del convenio objeto de este juicio, justificando lo anterior con las copias certificadas del expediente número 260/2011-II, relativo al Juicio de Amparo que promovió ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado. Que en base a lo anterior y tomando en consideración que con motivo de la celebración del convenio cuya nulidad nos ocupa, se generó su desposesión del bien inmueble objeto de tal convenio, es por lo que deberá ordenarse la restitución a su favor del bien que se encuentra y detenta en ilegal posesión el demandado ELIMINADO; señalando, como antes lo indicó, que desde la fecha de su lanzamiento se ha visto obligado a arrendar otro inmueble que sirva a su familia de casa habitación, el cual ha tenido un costo al día de la demanda de $ELIMINADO (ELIMINADO), actualizándose así un daño y perjuicio patrimonial al promovente, con motivo de la desposesión de que fue objeto a virtud del convenio cuya nulidad reclama, detrimento éste que continuara hasta en tanto no le sea devuelto el inmueble, de ahí que, en su oportunidad deberá condenarse al resarcimiento del daño ocasionado y en su caso establecer las bases para la condena de aquellas que se sigan generando hasta la entrega del inmueble (f. 6 a 15). Por otra parte, consta de autos, que si bien el Juez Tercero del Ramo Civil de esta Capital, por auto de 13 trece de febrero del 2012 dos mil doce, tuvo por presentado al actor ELIMINADO, con la demanda antes señalada; * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

sin embargo, se excusó de seguir conociendo del negocio, ordenando la remisión del expediente al superior, a fin de que se remitiera a la Oficialía Común de Partes y se hiciera llegar al juzgado en turno que correspondiera. Motivo por el cual, el Juez Séptimo del Ramo Civil, mediante proveído de 15 quince de marzo del 2012 dos mil doce, tuvo por radicada la demanda del actor ELIMINADO, en la vía ordinaria civil, en contra de ELIMINADO y ELIMINADO, ordenando la correspondiente notificación y emplazamiento a dichos demandados en los términos de ley; no así en contra del diverso demandado, Notario Público número ELIMINADO, con ejercicio en esta Ciudad, al advertir que lo que se demandaba era la nulidad y cancelación de un instrumento notarial, en el cual consta la cesión de derechos derivada del convenio del cual se demandaba la nulidad a los enjuiciados, por lo que de resultar procedente la acción solicitada, no afectaría sus intereses jurídicos, dado que los vicios atribuidos no emanaban de su actuación. Consta también de autos, que mediante escrito recibido en 31 treinta y uno de mayo del 2012 dos mil doce, el Licenciado ELIMINADO, compareció a contestar la demanda entablada en su contra, aduciendo esencialmente, que eran improcedentes las prestaciones reclamadas por la parte actora, de conformidad a lo manifestado en contestación a los hechos de la demanda, dentro de ello, que el demandante no le había pagado a él y a la sociedad denominada ELIMINADO, la cantidad pactada en el contrato de promesa de venta de 10 diez de junio del 2000 dos mil; destacando, que el propio demandante reconoció que sobre el bien inmueble materia de juicio pesaba un gravamen derivado del crédito obtenido por el vendedor con el ELIMINADO, y que también sabía de la existencia del Juicio Ordinario Mercantil 447/1999, que la sociedad mercantil antes señalada había promovido ante el Juzgado Séptimo del Ramo Civil, con el propósito de hacer efectivo el pago de dicho crédito, todo lo cual había quedado expresamente señalado en el convenio antes mencionado; por lo que era falso, que el demandante hubiera realizado el pago total del adeudo a la sociedad mercantil en mención, de ahí que dicha sociedad, el 14 catorce de febrero del 2005 dos mil cinco, celebró contrato de cesión onerosa de derechos del cobro a favor de ELIMINADO, en el que se incluyó el crédito que el demandante nunca liquidó, habiendo celebrado también ambas sociedades, el 17 diecisiete de mayo del 2005 dos mil cinco, un convenio modificatorio al contrato de cesión onerosa de derechos de cobro antes señalado, afectando de nueva * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

cuenta el crédito que pesaba sobre el inmueble materia de este asunto; por lo cual, si bien era cierto, que había otorgado poder a favor del Licenciado ELIMINADO, a fin de que defendiera a sus intereses con motivo del litigio promovido en su contra, como consecuencia del incumplimiento de pago en que había incurrido el actor en este asunto; sin embargo, jamás tuvo intervención alguna en el Juicio Ordinario Civil número 1055/2010, del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, ya que la totalidad de actuaciones que en su nombre se llevaron a cabo, fueron realizadas por ELIMINADO; además, de que la acción de nulidad promovida por la parte actora, no era procedente en virtud de que el convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, según lo señalaba el propio actor, fue aprobado por la autoridad judicial y elevado a la categoría de cosa juzgada, mediante auto de 01 uno de octubre del 2010 dos mil diez, no pudiéndose decretar su nulidad mientras subsista la resolución que le dio la categoría de cosa juzgada; razones por las que no podrá ordenarse la restitución a la parte actora del bien que tiene en posesión ELIMINADO. Que en cuanto al fondo del asunto, no aplica lo dispuesto por los artículos 2059, 2100 y 2102 del Código Civil del Estado, ya que la nulidad del convenio motivo de juicio, no procede por ser un convenio elevado a la categoría de cosa juzgada y mientras subsista la resolución que le dio ese carácter no podrá decretarse su nulidad; oponiendo al respecto la excepción de improcedencia de la acción, así como también la improcedencia de la acción de daños y perjuicios. De igual forma, consta de autos, que mediante proveído de 15 quince de octubre del 2012 dos mil doce, al no haber contestado en tiempo y forma la demanda entablada en su contra el enjuiciado ELIMINADO, se le acusó la correspondiente rebeldía, teniéndosele por perdido el derecho que pudo haber ejercitado en tiempo; ordenándose de igual forma, abrir el juicio a prueba por el término de 10 diez días comunes y fatales para su ofrecimiento. Por lo que en tal virtud, una vez substanciado el juicio conforme a los términos de ley, se citó a las partes para dictar la correspondiente sentencia definitiva en el presente juicio, misma que fue pronunciada el 26 veintiséis de agosto del 2015 dos mil quince, declarando procedentes las pretensiones de la parte actora e improcedentes las

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excepciones opuestas por el demandado ELIMINADO; lo cual constituye la materia del recurso de apelación que aquí nos ocupa. Ahora bien, como se señaló con antelación, devienen como improcedentes los conceptos de inconformidad del apelante, mediante los que esencialmente pone de manifiesto, que resulta ser indebido que el Juez Aquo haya tenido por justificado el segundo de los elementos constitutivos de la acción ejercitada por la parte actora, consistente en las causas de nulidad para invalidar el convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, en cuanto a que en el convenio referido se contiene la disposición indebida de pago de un adeudo de su parte, del bien inmueble ubicado en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, el que a la fecha de celebración de la dación en pago ya había salido de su patrimonio; siendo que, a juicio del apelante, dicho elemento de la acción de nulidad ejercitada por la parte actora, no podía quedar demostrada porque, primeramente el actor debió de haber solicitado la nulidad de la resolución que le dio el carácter de cosa juzgada, al convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, así como de otras resoluciones que lo ejecutaron. Siendo de considerar al respecto, que adverso a lo que argumenta el apelante, no resultan ser ilegales, ni contrarias a derecho las correspondientes consideraciones mediante las cuales el Juez A-quo tuvo por justificado el segundo de los elementos constitutivos de la acción de nulidad ejercitada por la parte actora; en relación con lo cual es de precisar, que en la sentencia impugnada, el A-quo estableció, esencialmente, que la acción de nulidad del convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, ejercitada por la parte actora está prevista por los artículos 2057, 2100 y 2101 del Código Civil del Estado1, siendo los elementos constitutivos de esta acción, que el actor está obligado a probar por así establecerlo el artículo 273 de la Ley Procesal Civil del Estado, los siguientes: a) La existencia 1

“ARTÍCULO 2057. El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado.” “ARTÍCULO 2100. Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad.” “ARTÍCULO 2101. La venta de cosa ajena es nula y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe; debiendo tenerse en cuenta lo que se dispone en el título relativo al Registro Público para los adquirentes de buena fe.”

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del convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, mediante la cual se pactó la cesión en pago efectuada por ELIMINADO, a favor de ELIMINADO, cuya nulidad se pretende; y, b) Las causas de nulidad para invalidar el convenio de referencia. Precisando el A-quo, que el primer elemento de la acción en estudio, se encontraba demostrado en autos con las copias certificadas expedidas por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, dentro de los autos del expediente número 1055/2010, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por el Licenciado ELIMINADO, en su carácter de apoderado legal de la ELIMINADO, en contra de ELIMINADO; dentro de los cuales se advertía, que ELIMINADO, adquirió mediante cesión onerosa de crédito los derechos litigiosos del crédito reclamado en el juicio a que se hacía referencia, quien a su vez la cedente lo había adquirido de igual forma mediante cesión de derechos de documentos de cobro, derivados de diversos contratos de mutuo con interés y garantía hipotecaria que otorgaron ELIMINADO, ELIMINADO, como cedente y ELIMINADO, como cesionaria, según consta en el testimonio notarial de 07 siete de diciembre del 2009 dos mil nueve, bajo el instrumento número ELIMINADO, volumen ELIMINADO, del protocolo del Notario Público número ELIMINADO, con ejercicio en esta Capital, en relación al crédito que le fue otorgado a ELIMINADO, mediante el contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria por ELIMINADO ante la fe del Notario Público número ELIMINADO en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., de 22 veintidós de febrero de 1993 mil novecientos noventa y tres, y que para fines administrativos fue identificado con el número ELIMINADO, en el que para garantizar el mismo constituyó hipoteca en primer lugar y grado sobre el lote de terreno número ELIMINADO de la manzana ELIMINADO y casa sobre él construida marcada con el número ELIMINADO de la calle ELIMINADO, del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, con las medidas y colindancias que en el título con que se adquiere se especificaron y a las cuales se había hecho referencia en párrafos que anteceden, mismas que en obvio de repeticiones innecesarias se daban ahí por reproducidas como si se insertaran a la letra por economía procesal; advirtiéndose, de igual forma, que dentro del mencionado juicio compareció el demandado ELIMINADO, por conducto de su representante legal según se podía advertir a fojas 667, por medio del cual dio contestación a la demanda interpuesta por el Licenciado ELIMINADO, con el carácter antes indicado y seguido por * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

ELIMINADO, quien adquirió los derechos litigiosos, acompañando a su escrito de contestación de demanda, el convenio celebrado con fecha 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, de una parte por ELIMINADO, como acreedor, y por otra parte, ELIMINADO, representante legal de ELIMINADO, como deudor, mediante el cual el deudor reconoció la deuda y el contrato firmado el 22 veintidós de febrero de 1993 mil novecientos noventa y tres, que se reclamaba en el asunto 1055/2010 del Juzgado Cuarto del Ramo Civil; que a fin de dar cumplimiento al adeudo que mantenía con la parte acreedora, pagaba el mismo con la entrega de la propiedad ubicada en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO, del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, y que está registrada en el documento que es el contrato base de la acción, aceptando el acreedor el lote de terreno y casa en él construida como pago del crédito hipotecario; y quedando satisfecho con ello liberaba al deudor de toda responsabilidad que tuviera, ya que con el inmueble antes descrito quedaba pagada la deuda, así como los gastos jurídicos generados por la tramitación del referido asunto; lo anterior, según se podía advertir del contenido de las cláusulas primera y segunda del convenio a que se hacía referencia, el cual fue ratificado ante la Juez Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, todo lo anterior según se podía constatar de fojas 667 a 694; documental a la que se le daba valor probatorio, por así establecerlo los artículos 280 fracción II, 323 fracción II y 388 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Probanza la anterior, con la que se demostraba la existencia del primero de los elementos de la acción, respecto del convenio celebrado el 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, mediante el cual se pactó la cesión en pago efectuada por ELIMINADO, por conducto de su representante legal ELIMINADO, a favor de ELIMINADO, respecto del bien inmueble ubicado en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO, del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad. Que en lo atinente al segundo de los elementos de la acción, consistente en las causas de nulidad que aducía el promovente, que en forma concreta se referían, a que el convenio cuya nulidad se exigía contenía la disposición indebida por parte de ELIMINADO, al haber hecho el pago de un adeudo, con el bien inmueble ubicado en calle de ELIMINADO número ELIMINADO, del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, que a la fecha de su celebración el 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, ya había salido de su patrimonio, en virtud del contrato de * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

compraventa celebrado con el ahora promovente en 10 diez de junio del 2000 dos mil, formalizado posteriormente mediante escritura pública de 10 diez de septiembre del 2001 dos mil uno; acto jurídico que constituye la disposición de cosa ajena, lo cual es un acto prohibido por la ley y trae como consecuencia la nulidad del convenio en el cual se dispuso del bien, en pago del crédito que le era reclamado; puesto que la transmisión del dominio se efectuó, sin que el aquí actor como legítimo propietario del bien expresara su consentimiento para ello; así como que, los ahora demandados a sabiendas de lo anterior, procedieran a llevar a cabo el convenio de enajenación, transmisión y su aceptación del dominio, respecto del citado inmueble, acto que el actor considera ilegal y por lo tanto nulo, dado que las partes participantes actuaron con el conocimiento pleno de los vicios que afectaban el mismo, además de que, las partes de ese juicio conocían perfectamente la existencia de los actos jurídicos antes indicados y que no obstante ello, en su perjuicio, celebraron el convenio que sabían perfectamente que no lo podían llevar a cabo. Causas de nulidad, que resultaban procedentes y se encontraban demostradas, tomando en cuenta que por parte del promovente del presente juicio, obraban en autos las siguientes documentales: Contrato privado de promesa de venta, celebrado de una parte por ELIMINADO, como promitente vendedor y por otra ELIMINADO, como promitente comprador, en el cual declaró el promitente vendedor ser legítimo propietario de la finca ubicada en la calle de ELIMINADO, número ELIMINADO, del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, inmueble sobre el que pesaba un gravamen que derivaba de un crédito obtenido con ELIMINADO, crédito que aún se encontraba vigente, afecto al Juicio Ordinario Mercantil 447/99, promovido por ELIMINADO, en su carácter de titular de los derechos de acreedor correspondiente al citado crédito, ante el Juzgado Séptimo del Ramo Civil de esta Ciudad, manifestando asimismo que era su voluntad enajenar el referido inmueble; por su parte el promitente comprador, manifestó conocer y constarle lo señalado por el promitente vendedor, mismo que es su voluntad adquirir, así como el estado procesal que guarda el referido juicio. Asimismo, las partes fueron conformes en la compraventa del inmueble señalado, pactando de conformidad en que el importe de la operación definitiva de compraventa sería por la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO); estando conformes en que el pago referido sería cubierto de la siguiente manera: La cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO), sería cubierta por el promitente comprador en forma directa a ELIMINADO, el * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

15 quince de junio del 2000 dos mil; la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO) sería también cubierta en forma directa a la persona moral antes mencionada, mediante cinco diversos pagos mensuales por la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO), cada uno de ellos, pagaderos los días 15 de cada mes a partir del día 15 quince de julio del 2000 dos mil; y la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO), sería cubierta por el promitente comprador directamente al promitente vendedor, el 16 dieciséis de diciembre del 2000 dos mil; lo anterior de acuerdo al contenido de los antecedentes, así como de las cláusulas primera, segunda, tercera y cuarta del contrato a que se hace referencia en este apartado. Copias certificadas por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Séptimo del Ramo Civil de esta Ciudad, de diversas actuaciones que se encuentran en el expediente número 447/99, relativas al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por ELIMINADO, en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de ELIMINADO, en contra de ELIMINADO, en las que consta, que el referido juicio fue promovido teniendo como documento base de la acción el contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, celebrado el 22 veintidós de febrero de 1993 mil novecientos noventa y tres, ante la fe del Notario Público número ELIMINADO, con ejercicio en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., de una parte como acreedor ELIMINADO y de otra parte ELIMINADO, como deudor, y que para fines administrativos sería identificado con el número ELIMINADO, quedando como garantía de las obligaciones que se contraían por parte del acreditado a favor del acreditante, hipoteca en primer lugar sobre el inmueble de su propiedad y que fue motivo del citado financiamiento, consistente en el lote de terreno marcado con el número ELIMINADO de la manzana ELIMINADO y construcción en él edificada marcada con el número ELIMINADO de la calle de ELIMINADO, del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad; que de igual forma, se podía advertir, que en 14 catorce de diciembre del 2011 dos mil once, el Licenciado ELIMINADO, con el carácter indicado, presentó escrito por medio del cual se desistió de las acciones intentadas en dicho juicio, toda vez que le fueron cubiertas las prestaciones reclamadas, por lo que al haber sido ratificado ante la presencia judicial, por auto de la indicada fecha de 14 catorce de diciembre del 2011 dos mil once, se le tuvo por desistido de la acción intentada en ese negocio, ordenando en su oportunidad se archivara el asunto como totalmente concluido; según se podía constatar a fojas 92 y 93.

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Copias certificadas de diversas constancias que obran en el juicio de amparo 260/2011-II, del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, promovido por ELIMINADO, en contra de actos del Juez Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, de las que se advierte la resolución emitida en el citado juicio, en el sentido de que se sobresee al haber sido analizada la causal de improcedencia en el juicio de amparo, en relación al interés jurídico; respecto del cual el promovente interpuso recurso de revisión, al cual le correspondió el número 266/2011, y por resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, se confirmó la resolución recurrida en la que se sobresee el juicio de amparo citado en primer término. Copias certificadas por la Directora del Archivo del Poder Judicial del Estado, de diversas actuaciones que se encuentran en el expediente número 481/2001, relativas al Juicio Extraordinario Civil por Rescisión de Contrato de Compraventa, promovido por ELIMINADO en contra de ELIMINADO, tramitado ante el Juzgado Primero del Ramo Civil de esta Ciudad, en las que consta el escrito a que hace referencia la parte actora en el juicio en el que se actúa, en el sentido de que, el 11 once de septiembre del 2001 dos mil uno, el actor del juicio referido en primer término, se desistió de la acción intentada, toda vez que la parte demandada dio cumplimiento a los conceptos reclamados en el escrito inicial de demanda. Copias certificadas del primer testimonio del instrumento notarial, respecto del cual con posterioridad fue exhibido el original que contiene el contrato de compraventa celebrado el 10 diez de septiembre del 2001 dos mil uno, ante la fe del Notario Público número ELIMINADO, con ejercicio en esta Capital, de una parte como vendedor ELIMINADO, por su propio derecho y de otra parte como comprador ELIMINADO, respecto del lote de terreno número ELIMINADO, de la manzana ELIMINADO, y casa sobre él construida marcada con el número ELIMINADO, de la Calle ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, con una superficie de 90.00 metros cuadrados, con las medidas y colindancias que se asentaron en el referido instrumento, las que se daban por reproducidas como si se insertaran a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias; del cual se podía advertir de acuerdo a lo pactado en la cláusula cuarta, que el inmueble que se enajenaba pasaba a poder de la parte compradora con el gravamen que reporta el certificado correspondiente, el cual manifestó la parte compradora que conocía en sus términos y que se obligaba a * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

pagar en su oportunidad, obligándose la parte vendedora a responder del saneamiento para el caso de evicción en los términos previstos por la ley. Prueba testimonial con cargo a los testigos ELIMINADO y ELIMINADO, quienes manifestaron conocer a las partes en este juicio, saber y constarles que ELIMINADO y ELIMINADO, celebraron un contrato de compraventa respecto del inmueble a que se ha venido refiriendo en este asunto, que el precio que se pactó por las partes en el referido contrato fue de $ELIMINADO (ELIMINADO), con un anticipo de $ELIMINADO (ELIMINADO), y que luego iban a ser $ELIMINADO (ELIMINADO), y el último de $ELIMINADO (ELIMINADO) directamente a ELIMINADO, ya que el resto del dinero iba a ser pagado a la empresa de nombre ELIMINADO, que fue en la Notaría ELIMINADO de esta Ciudad, donde se plasmó definitivamente la protocolización de la escritura del referido contrato de compraventa; que saben y les consta que ELIMINADO, realizó el pago de la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO), que se había pactado inicialmente en el contrato de compraventa del 10 diez de junio del 2000 dos mil, y que el pago se lo hizo a ELIMINADO, por conducto de su apoderado ELIMINADO, que fueron $ELIMINADO (ELIMINADO) y los $ELIMINADO (ELIMINADO) restantes fueron a ELIMINADO; que saben y les consta que en 11 once de febrero del 2011 dos mil once ELIMINADO, fue despojado de su domicilio ubicado en la calle ELIMINADO número ELIMINADO Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad; que saben y les consta que actualmente tiene la posesión del inmueble referido ELIMINADO, desde el 11 once de febrero del 2011 dos mil once, por motivo de una dación en pago realizada por ELIMINADO, por conducto de su apoderado ELIMINADO, a favor de ELIMINADO, respecto del inmueble que se menciona; dando fundada razón de sus dichos los testigos en mención, según se podía constar del desahogo de la referida diligencia. Que lo anterior, se corroboraba con la prueba testimonial desahogada con cargo al Licenciado ELIMINADO, quien manifestó, conocer a ELIMINADO, a ELIMINADO y al Licenciado ELIMINADO; saber y constarle que los dos primeros que se mencionan, celebraron un contrato de compraventa respecto del inmueble ubicado en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, el 10 diez de junio del 2000 dos mil; saber y constarle que respecto del inmueble objeto de dicha compraventa pesaba una hipoteca que había adquirido * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

ELIMINADO, ELIMINADO; que el precio pactado en la referida compraventa por dicho inmueble fue la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO); declarando que le constaba que una vez realizado el pago entregó el desistimiento del juicio intentado por ELIMINADO, para que ELIMINADO hiciera la cancelación de la hipoteca si lo consideraba pertinente, que la tramitara ante el Juzgado Séptimo del Ramo Civil en que se llevaba un juicio para la recuperación del crédito, desconociendo si lo hizo o no; que a la fecha no se le ha notificado la ratificación del poder, esto a la pregunta formulada por el oferente de la prueba, si a la fecha del día de su declaración, es representante o apoderado legal de la empresa denominada ELIMINADO, ELIMINADO; dando razón fundada de su dicho; por lo que al respecto, el Juez A-quo estableció que no obstante de tratarse de la declaración de un solo testigo, en el caso hacía prueba plena de acuerdo a su prudente apreciación, con base a las pruebas que habían sido analizadas en párrafos que antecedían, en especifico a la documental pública consistente en las copias certificadas de las constancias que integraban el expediente 447/99, del índice del propio juzgado, relativas al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por el ahora declarante en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de ELIMINADO, ELIMINADO, en contra de ELIMINADO, respecto de las cuales se había hecho debidamente su análisis. Prueba confesional con cargo a ELIMINADO, así como la prueba confesional con cargo a ELIMINADO, quienes al no comparecer al desahogo de las pruebas a su cargo, fueron declarados confesos respectivamente de las posiciones que resultaron procedentes, según se podía constatar a fojas 759 vuelta, de acuerdo a los pliegos de posiciones de fojas 763 a 780, mismas que se daban por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias como si se insertaran a la letra por economía procesal. Que a las anteriores probanzas se les daba valor probatorio, por así establecerlo los artículos 280 fracciones I, II y VI, 323 fracciones I y II, 382, 388, 391, 400 y 401 de la Ley Adjetiva Civil. Que concatenadas las anteriores probanzas y de un análisis integral de las mismas, claramente se advertía, que el convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, mediante el cual se pactó la cesión en pago efectuada por ELIMINADO, por conducto de su apoderado legal a favor de ELIMINADO, respecto del bien inmueble ubicado en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, dentro del * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

Juicio 1055/2010, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, se veía afectado de nulidad absoluta, pues le sobrevenía un vicio no convalidable, como lo es, la falta de propiedad del inmueble que fue objeto de la cesión de pago por ELIMINADO en el juicio de referencia; en atención a que la nulidad absoluta se actualiza cuando la trascendencia del vicio que la provoca es de tal entidad, que se afecta el interés general, por ser contrario a una ley prohibitiva o de orden público, como lo es la prevista por los artículos 2100 y 2101 del Código Civil vigente en el Estado, al determinar que ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad, así como de que la venta de cosa ajena es nula y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe. Que lo anterior resultaba así, tomando en cuenta que de las probanzas que habían sido analizadas en párrafos que anteceden, quedaba demostrado por parte del actor del presente juicio, que el inmueble respecto del cual dispuso el demandado ELIMINADO, para darlo en dación de pago a favor del diverso demandado ELIMINADO, ya había salido de su patrimonio al haber celebrado con anterioridad con el promovente del presente juicio, primeramente el contrato privado de promesa de compraventa celebrado el 10 diez de junio del 2000 dos mil, y formalizado con posterioridad ante la fe del Notario Público número ELIMINADO con ejercicio en esta Capital, el 10 diez de septiembre del 2001 dos mil uno, respecto del terreno número ELIMINADO, de la manzana ELIMINADO, y casa sobre él construida marcada con el número ELIMINADO, de la Calle ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, con una superficie de ELIMINADO metros cuadrados y las medidas y colindancias a que se hace referencia en el mismo; que lo anterior se estimaba así, pues el contrato de compraventa nace a la vida jurídica cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y la otra se compromete a pagar un precio cierto y en dinero, momento a partir del cual existe traslación de propiedad al constar en escritura pública sancionado por Notario; aún y cuando en el referido instrumento se asentara que el inmueble que se enajenaba, pasaba a poder de la parte compradora con el gravamen que reportaba el certificado correspondiente, el cual manifestó la parte compradora que conocía en sus términos y que se obligaba a pagar en su oportunidad, lo que de igual forma quedó demostrado con el escrito y proveído de 14 catorce de diciembre del 2011 dos mil once, que obran dentro de las actuaciones que en copias certificadas acompañó la parte actora, del Juicio Ordinario Mercantil 447/99, del índice del Juzgado Séptimo del Ramo Civil de esta Ciudad, por el cual * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

se tuvo al actor del citado juicio por desistido de la acción intentada en el mismo, al haberle sido cubiertas las prestaciones reclamadas que derivaron del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, de 22 veintidós de febrero de 1993 mil novecientos noventa y tres, celebrado ante la fe del Notario Público número ELIMINADO, con ejercicio en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., de una parte como acreedor ELIMINADO, y de otra parte, ELIMINADO como la parte deudora, que resulta ser el mismo contrato en el cual se basa la acción ejercitada en el expediente 1055/2010, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, en contra de ELIMINADO, iniciada por el Licenciado ELIMINADO, en su carácter de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada ELIMINADO, en su calidad de cedente, dentro del cual se incluye el crédito otorgado a favor de ELIMINADO, celebrado el 22 veintidós de febrero de 1993 mil novecientos noventa y tres del que se viene hablando. Por lo que en efecto, al haber celebrado el convenio de dación en pago ELIMINADO, por conducto de su representante legal, a favor de ELIMINADO como parte acreedora, el 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, al haber adquirido éste último por cesión de derechos litigiosos que le otorgó la cesionaria ELIMINADO; indudablemente que el inmueble que fue dado en dación en pago en el convenio de referencia, dentro de los autos del juicio 1055/2010 del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, ya había salido del patrimonio de ELIMINADO, al haber sido objeto de la compraventa celebrada por éste con ELIMINADO que de acuerdo a lo ya asentado, el gravamen que reportaba el certificado correspondiente derivado del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria de 22 veintidós de febrero de 1993 mil novecientos noventa y tres, que fue motivo de la acción ejercitada en el Juicio número 447/99, relativa al Juicio Ordinario Mercantil del índice del propio juzgado, fue liquidado en los términos que ya habían sido precisados con antelación. Actuaciones las anteriores que de acuerdo a las probanzas que habían sido debidamente analizadas, fueron del conocimiento de ELIMINADO, por haber tenido intervención en las mismas, de lo cual nada expuso al momento en que dio contestación por conducto de su apoderado legal en el tan citado juicio 1055/2010, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad; y por el contrario, al dar contestación a la demanda presentó el convenio de pago a favor de ELIMINADO, con conocimiento de que el inmueble que fue objeto de la dación ya había salido de su * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

patrimonio, además de que con anterioridad se había ejercitado en su contra diverso juicio, con motivo del mismo documento base de la acción; todo lo anterior, como ya se había dicho, de acuerdo a las probanzas hasta ahí analizadas que fueron aportadas y desahogadas por la parte actora del presente juicio. Por tanto, se demostraba fehacientemente el ilegal actuar de los demandados, a fin de celebrar un convenio de dación en pago, del cual se demandaba su nulidad, en contravención a las disposiciones legales contenidas en los precitados artículos 2100 y 2101 del Código Civil del Estado; pues en términos del artículo 5° del ordenamiento invocado, los autos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas, serán nulos si las mismas leyes no disponen otra cosa, resultando que las disposiciones legales que se invocaban son de interés público. Por otra parte, el Juez A-quo estableció en respuesta a las excepciones y defensas opuestas por el enjuiciado aquí apelante, que el demandado ELIMINADO, al dar contestación a la demanda entablada en su contra, en relación a las prestaciones reclamadas por la parte actora, manifestó que eran improcedentes; bajo el argumento de que dicho convenio tenía la categoría de cosa juzgada; señalando a los hechos, que era cierto el punto 1 que se contestaba, excepto que mediante escrito de 11 once de septiembre del 2001 dos mil uno, que obra en los autos del expediente 481/2001, relativo al Juicio Extraordinario Civil por Rescisión de Contrato de Compraventa, promovido ante el Juzgado Primero del Ramo Civil de esta Ciudad, haya reconocido que el ahora actor había cumplido con las obligaciones contraídas derivadas del contrato de compraventa de 10 diez de junio del 2000 dos mil; que lo único que se desprende y demuestra con dicho escrito, es que él señaló que se cubrieron las prestaciones reclamadas en el juicio donde se presentó dicho escrito, más no que el actor haya cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato de 10 diez de junio del 2000 dos mil, además de que dicho contrato únicamente era de promesa de venta, en el que se pactaron los pagos que refiere el demandante; que sin embargo, no pagó a la sociedad denominada ELIMINADO, ELIMINADO, ni a él la cantidad pactada en el referido contrato de promesa de venta; destacando, además, que el propio demandante reconoce que sobre el bien inmueble ubicado en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO, pesaba un sólo gravamen derivado del crédito obtenido por el vendedor con ELIMINADO; y, asimismo, sabía de la existencia del Juicio Ordinario Mercantil número 447/1999, que la citada sociedad había promovido ante el Juzgado Séptimo de lo Civil, con el propósito * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

de hacer efectivo el pago de dicho crédito, pues tanto el crédito de referencia como el mencionado juicio mercantil, se encontraban expresamente señalados en el convenio celebrado con el demandante, el 10 diez de junio del 2000 dos mil; es decir, que la hipoteca referida tenía su origen en el contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, que con fecha 22 veintidós de febrero de 1993 mil novecientos noventa y tres, el aquí demandado celebró con la institución ELIMINADO, y que posteriormente dicha institución bancaria cedió los derechos de cobro respecto de dicho crédito a favor de la sociedad de ELIMINADO, ELIMINADO; relatando el demandado, que era falso que el demandante haya realizado el pago total de la adeudo del cual era acreedora la sociedad en cita, toda vez que de conformidad con lo pactado en el referido convenio de 10 diez de junio del 2000 dos mil, celebró un convenio de pago con la persona moral antes señalada, mismo que el hoy demandante debió liquidar precisamente porque así se obligó, pero que jamás liquidó dicho adeudo, porque incluso el 14 catorce de febrero del 2005 dos mil cinco, la citada empresa celebró contrato de cesión onerosa de derechos de cobro, por virtud del cual cedió a su vez a favor de la ELIMINADO diversos créditos, en los cuales se incluyó el crédito que el hoy demandante nunca liquidó, no obstante haberse obligado a ello, a través del convenio celebrado el 10 diez de junio del 2000 dos mil; por lo que el 1° primero de octubre del 2008 dos mil ocho, el contador de la sociedad antes señalada, expidió el estado de cuenta haciendo constar el saldo que presentaba el crédito relativo al contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, celebrado el 22 veintidós de febrero de 1993 mil novecientos noventa y tres, certificando, que dicho crédito presentaba pagos vencidos sin liquidar desde abril del 2000 dos mil; manifestando igualmente el demandado ELIMINADO, que era cierto que se había firmado la escritura de 10 diez de septiembre del 2001 dos mil uno, pero que tal como se apreciaba en la cláusula cuarta del contrato respectivo, el inmueble objeto del mismo pasó a favor de la parte compradora con el gravamen que reportaba el certificado correspondiente, lo cual reconoció dicha compradora y se obligó a pagar en su oportunidad, pero que nunca realizó dicho pago, motivo por el cual él había sido demandado ante el Juzgado Cuarto del Ramo Civil, como consta en los autos del juicio 1055/2010; siendo cierto también, que otorgó poder a favor del Licenciado ELIMINADO, a fin de que defendiera sus intereses con motivo del litigio que es consecuencia del incumplimiento de pago en que incurrió ELIMINADO fue promovido en su contra. * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

En relación con lo antes señalado, manifestado por el demandado ELIMINADO en contra de las prestaciones que le fueron reclamadas por la parte actora, el Juez A-quo estableció, esencialmente, que los argumentos del demandado resultaban insuficientes para declarar la improcedencia de las prestaciones reclamadas por la parte actora, pues al hacer el análisis integral de las pruebas que habían sido ofrecidas y desahogadas por el accionante, se demostraba que el inmueble respecto del cual dispuso el demandado ELIMINADO, para darlo en dación de pago a favor del diverso demandado ELIMINADO, ya había salido de su patrimonio al haber celebrado con anterioridad con el promovente del presente juicio, primeramente el contrato privado de promesa de compraventa, el 10 diez de junio del 2000 dos mil, formalizado con posterioridad ante la fe del Notario Público número ELIMINADO, con ejercicio en esta Capital, en 10 diez de septiembre del 2001 dos mil uno, respecto del lote de terreno número ELIMINADO, de la manzana ELIMINADO, y casa sobre él construida marcada con el número ELIMINADO, de la Calle ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, con una superficie de ELIMINADO metros cuadrados y las medidas y colindancias a que se hace referencia en el mismo; que lo anterior, se estimaba así, pues el contrato de compraventa nace a la vida jurídica cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y la otra se compromete a pagar un precio cierto y en dinero, momento a partir del cual, existe traslación de propiedad al constar en escritura pública sancionada por Notario; aún y cuando, en el referido instrumento se asentara, que el inmueble que se enajenaba pasaba a poder de la parte compradora, con el gravamen que reporta el certificado correspondiente, el cual manifestó la parte compradora que conocía en sus términos y que se obligaba a pagar en su oportunidad; lo que de igual forma, había quedado demostrado con el escrito y proveído de 14 catorce de diciembre del 2011 dos mil once, que obran dentro de las actuaciones que en copia certificada acompañó la actora, del Juicio Ordinario Mercantil número 447/99, del índice del Juzgado Séptimo del Ramo Civil de esta Ciudad, por el cual se tuvo al actor del citado juicio por desistido de la acción intentada en el mismo, al haberle sido cubiertas las prestaciones reclamadas que derivaron del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, de 22 veintidós de febrero de 1993 mil novecientos noventa y tres, celebrado ante la fe del Notario Público número ELIMINADO, con ejercicio en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., de una parte como acreedor ELIMINADO, y de otra parte, ELIMINADO como la parte deudora, que * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

resulta ser el mismo contrato, en el cual se basa la acción ejercitada en el expediente 1055/2010, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, en contra de ELIMINADO, iniciada por el Licenciado ELIMINADO, en su carácter de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada ELIMINADO, quien adquirió por cesión onerosa de cobro celebrada con ELIMINADO, en su calidad de cedente, dentro de la cual se incluye el crédito otorgado a favor de ELIMINADO, celebrado el 22 veintidós de febrero de 1993 mil novecientos noventa y tres, del que se viene hablando. Que en relación a la excepción de improcedencia de la acción de nulidad, del convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, opuesta por el demandado, bajo el argumento de que dicho convenio fue sancionado y aprobado por la autoridad judicial ante la cual se presentó, elevándolo a la categoría de cosa juzgada; y, que por tanto, al haber sido sancionado por la autoridad respectiva a solicitud de las partes del juicio en que se celebró, no podía ser anulado mientras subsistiera la resolución que le confirió esa calidad; además, de que no consta en la demanda inicial del presente juicio, que la parte actora haya reclamado la nulidad de las actuaciones o autos del expediente 1055/2010, tramitado ante el Juez Cuarto del Ramo Civil, que dieron al citado convenio la calidad de cosa juzgada; y, que por consiguiente, era totalmente improcedente la acción ejercitada por el actor en este juicio, así como la acción de daños y perjuicios; toda vez, que no había incumplido para con la parte actora con obligación alguna, establecida en un contrato o acto jurídico similar y tampoco había realizado actos en contra del tenor de las leyes prohibitivas, que le hayan ocasionado daños y perjuicios. Que al respecto, cabía decir al demandado, que a fin de que resultara procedente la nulidad del convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, aún y cuando había sido elevado a la categoría de cosa juzgada al haber sido sancionado por la autoridad respectiva a solicitud de las partes del juicio en que se celebró, no era preciso que se hubiere solicitado por la parte actora primeramente la nulidad de la resolución que le dio el carácter de cosa juzgada; pues a este respecto, en términos de lo contenido en el artículo 2059 del Código Civil vigente en el Estado, la nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie la nulidad, por lo cual, aquellos efectos que se hubieren producido, serán provisionales, como en la especie acontece; pues como había quedado asentado, el convenio de referencia se veía * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

afectado de nulidad absoluta al sobrevenirle un vicio no convalidable, como lo es, la falta de propiedad del inmueble que fue objeto de la cesión de pago por ELIMINADO en el juicio en que se cita; puesto, que la nulidad absoluta se actualiza cuando la trascendencia del vicio que la provoca es de tal magnitud que se afecta el interés general, por ser contrario a una ley prohibitiva o de orden público, como lo es la prevista en los artículos 2100 y 2101 del Código Civil vigente en el Estado, al determinar que ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad; así como, que la venta de cosa ajena es nula y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe; lo que había quedado demostrado en autos, de acuerdo a las probanzas que habían sido debidamente analizadas; y, que además, fueron narradas por el demandado, al dar contestación a la demanda entablada en su contra, por haber tenido intervención en las actuaciones a que se hizo referencia, de lo cual nada expuso al momento en que dio contestación al precitado juicio 1055/2010, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Capital; y, por el contrario, presentó el convenio de pago a favor del ahora diverso demandado ELIMINADO, con conocimiento de que el inmueble que fue objeto de la dación ya había salido de su patrimonio; además, de que con anterioridad al juicio de referencia, se había ejercitado en su contra diverso juicio, con motivo del mismo documento base de la acción. Que por tanto, de acuerdo a lo expuesto en el párrafo que antecede, resultaba inaplicable el criterio contenido en la tesis aislada invocada por el demandado, bajo el rubro: “CONVENIO ELEVADO A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA. NO PUEDE SER ANULADO MIENTRAS SUBSISTA LA RESOLUCIÓN QUE LE CONFIRIÓ ESA CALIDAD, EL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)”, e improcedentes las excepciones y defensas que hizo valer de improcedencia de la acción e improcedencia de la acción de daños y perjuicios; precisando al respecto, que las documentales exhibidas por el demandado ELIMINADO, consistentes en copias certificadas por la Directora del Archivo del Poder Judicial del Estado, de la demanda y sus anexos que forman parte del expediente número 1055/2010, relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido en su contra y tramitado ante el Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, las mismas ya habían sido objeto de análisis en párrafos que anteceden, dado que se encontraban agregadas en las copias certificadas de los autos del precitado expediente, que fueron remitidas por oficio a ese Juzgado, según se podía constatar de fojas 533 a 562. * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

Una vez, que fueron relacionadas las correspondientes consideraciones mediante las cuales el Juez A-quo estableció en la sentencia impugnada, que la parte actora ELIMINADO, probó los hechos constitutivos de su acción de nulidad y que el demandado ELIMINADO, no había demostrado sus excepciones. Es oportuno destacar por esta Sala, para la debida delimitación de la materia controvertida dentro del recurso de apelación que nos ocupa; que no obstante que el apelante ELIMINADO, por conducto de su abogado autorizado, está manifestado, que por las razones que al respecto expone, es indebido el que se haya tenido por demostrado el segundo de los elementos constitutivos de la acción de nulidad ejercitada por la parte actora, consistente en las causas de nulidad del convenio de 2 dos de septiembre del 2010 dos mil diez; sin embargo, el apelante está reconociendo expresamente en su pliego de inconformidades, que en la especie, tal como lo precisó el Juez A-quo, se encuentra demostrada la causa de nulidad invocada por el accionante del juicio, ello con el cúmulo de pruebas que aportó; lo cual se advierte del párrafo de su pliego de inconformidades, que a continuación se transcribe: “Los anteriores argumentos y proceder del juez A quo son ilegales, contrarios a derecho, un desacierto jurídico y por tanto debe revocarse la sentencia que se combate, toda vez que en primer lugar, contrario a lo estimado por el juez natural, aún y cuando se haya demostrado la causa de nulidad invocada por parte del accionante del juicio, ello con el cúmulos (sic) de pruebas que aportó, lo cierto es que el segundo de los elementos de la acción, consistente en las causas de nulidad para invalidar el convenio de fecha 02 de septiembre del 2010, no puede demostrarse, no puede quedar demostrado, en virtud de que la acción de nulidad de dicho convenio resulta improcedente porque, contrario a lo estimado por la sala responsable, primeramente se debió haber solicitado por parte del actor la nulidad de la resolución que le dio el carácter de cosa juzgada, pues al haber sido dicho convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, seguirá subsistente el auto que lo elevó a categoría de cosa juzgada y demás actuaciones del expediente 1055/2010.” (lo subrayado es nuestro). Por lo que, en las relatadas condiciones, en la especie no resulta ser materia controvertida, lo establecido por el Juez A-quo en la sentencia impugnada, en el sentido de que la acción de nulidad ejercitada por la parte actora está prevista por los artículos 2057, 2100 y 2101 del Código Civil del Estado, siendo los elementos constitutivos de * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

esta acción que el actor se encontraba obligado a probar, por así establecerlo el artículo 273 del Código Procesal Civil vigente en el Estado: a).- La existencia del convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, mediante la cual se pactó la cesión en pago efectuada por ELIMINADO a favor de ELIMINADO, cuya nulidad se pretende; y, b).- Las causas de nulidad para invalidar el convenio de referencia. Así, como tampoco es materia controvertida, lo relativo a que en el caso, el primero de dichos elementos de la acción de nulidad, esto es, la existencia del contrato del convenio cuya nulidad se pretende, se tuvo por acreditado en la sentencia impugnada, con las copias certificadas por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, de los autos del expediente 1055/2010, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por el Licenciado ELIMINADO, como apoderado legal de ELIMINADO, en contra de ELIMINADO, juicio seguido posteriormente por ELIMINADO, quien adquirió los derechos litigiosos, en el que se acompañó al escrito de contestación de demanda de ese juicio, el convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, celebrado por ELIMINADO, como acreedor y por otra ELIMINADO, representante legal de ELIMINADO, como deudor, en el que a fin de dar cumplimiento al adeudo que mantenía con la parte acreedora del juicio, pagaba el mismo con la entrega de la propiedad ubicada en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO del ELIMINADO de esta Ciudad. En tanto que, por lo que corresponde al segundo de los elementos de la acción de nulidad ejercitada por la parte actora, consistente en las causas de nulidad para invalidar el convenio de referencia, la circunstancia de que se demostraron los hechos en que se basó la nulidad, tampoco es materia de impugnación; pues, como se puede ver de la transcripción que obra líneas anteriores, el demandado aquí apelante está reconociendo expresamente en su pliego de inconformidades, que la causa de nulidad invocada por el accionante del juicio, se haya demostrada con el cúmulo de pruebas que aportó. Esto es, que en la especie, no existe impugnación en cuanto a que, los elementos de la acción de nulidad ejercitada por la parte actora, que fijó en la sentencia impugnada el Juez A-quo, fueron debidamente demostrados por el accionante; por lo que, en lo atinente, la inconformidad del recurrente se sustenta, esencialmente, en que para tener por demostrado el segundo de los elementos de la acción, relativo a las causas de nulidad para invalidar el * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

convenio de referencia, el accionante primeramente debió de haber solicitado la nulidad de la resolución que sancionó y elevó a la categoría de cosa juzgada, el convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, así como de las demás actuaciones del expediente 1055/2010, tendentes a su ejecución; siendo por tanto, según el recurrente, indebido que en la sentencia impugnada se hayan declarado improcedentes las correspondientes excepciones y defensas que en ese sentido hizo valer en la contestación de la demanda entablada en su contra. Ahora bien, se reitera, que contrario a lo aducido esencialmente por el apelante, resultan ser con pleno apego a derecho las consideraciones establecidas por el Juez A-quo, mediante las cuales declaró improcedente la excepción opuesta por el demandado, basada en el argumento de que, el convenio objeto de nulidad en este asunto, de fecha 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, fue sancionado y aprobado por la autoridad judicial ante la cual se presentó, elevándolo a la categoría de cosa juzgada; por lo que, a criterio del recurrente, la parte actora primeramente, debió de haber solicitado la nulidad de la resolución que le dio a dicho convenio el carácter de cosa juzgada, así como de las demás actuaciones del expediente 1055/2010, dictadas para ejecutarlo. Argumentos del apelante que en el caso carecen de sustento legal, por los motivos siguientes: Primero es de señalar, que el Juez A-quo precisó en la sentencia impugnada, que la acción de nulidad ejercitada por la parte actora, está prevista por los artículos 2057, 2100 y 2101 del Código Civil del Estado, mismos que son del tenor literal siguiente: “ARTÍCULO 2057. El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado.” “ARTÍCULO 2100. Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad.” “ARTÍCULO 2101. La venta de cosa ajena es nula y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe; debiendo tenerse en cuenta lo que se dispone en el título relativo al Registro Público para los adquirentes de buena fe.”. Por lo que, con base en el anterior contexto legal, el Juez A-quo estableció en relación con el segundo de los elementos de la acción, consistente en la causa de nulidad aducida por el promovente; que la misma en forma concreta se refiere, a que el convenio cuya nulidad se exige, contiene la disposición indebida de pago de un * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

adeudo por parte del demandado ELIMINADO, del bien inmueble ubicado en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, que a la fecha de su celebración el 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, ya había salido de su patrimonio, en virtud del contrato de compraventa celebrado con el ahora promovente el 10 diez de junio del 2000 dos mil; y posteriormente con la formalización mediante la escritura pública de 10 diez de septiembre del 2001 dos mil uno, acto jurídico que tenía el efecto que constituye la disposición de cosa ajena, lo cual es un acto prohibido por la ley y trae como consecuencia la nulidad del convenio, en el cual se dispuso del bien en pago del crédito que le era reclamado, puesto que la transmisión del dominio se efectuó sin que el aquí actor como legítimo propietario del bien expresara su consentimiento para ello, así como que los ahora demandados a sabiendas de lo anterior, procedieron a llevar a cabo el convenio de enajenación, transmisión y su aceptación del dominio respecto del citado inmueble. Que, del análisis integral de las respectivas probanzas a que se hace mención en la sentencia impugnada ofrecidas y desahogadas por la parte actora, claramente se advertía, que el convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, mediante el cual se pactó la cesión en pago efectuada por ELIMINADO, por conducto de su Apoderado legal a favor de ELIMINADO, respecto del bien inmueble que con anterioridad ha sido señalado, se ve afectado de nulidad absoluta, pues les sobreviene un vicio no convalidable, como lo es la falta de propiedad del inmueble que fue objeto de la cesión de pago por ELIMINADO, en el juicio de referencia; en atención a que la nulidad absoluta se actualiza cuando la trascendencia del vicio que la provoca es de tal entidad que afecta el interés general, por ser contrario a una ley prohibitiva o de orden público, como lo es la prevista por los artículos 2100 y 2101 del Código Civil vigente en el Estado, al determinar que ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad, así como de que la venta de cosa ajena es nula y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe; lo cual resultaba ser así, tomando en cuenta que de las probanzas que habían sido analizadas en párrafos que antecedían, quedaba demostrado por parte del actor del presente juicio, que el inmueble respecto del cual dispuso el ahora demandado ELIMINADO, para darlo en dación de pago a favor del diverso demandado ELIMINADO, ya había salido de su patrimonio con motivo de haber celebrado con anterioridad con el promovente del presente juicio, los referidos contratos de promesa de venta, el * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

10 diez de junio del 2000 dos mil, formalizado con posterioridad ante la fe del Notario Público número ELIMINADO con ejercicio en esta Capital, el 10 diez de septiembre del 2001 dos mil uno, respecto del inmueble materia de este juicio; siendo que el contrato de compraventa nace a la vida jurídica cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y la otra se compromete a pagar un precio cierto y en dinero, momento a partir del cual existe traslación de propiedad al constar en la escritura pública sancionado por Notario; aún y cuando en el referido instrumento se asentara que el inmueble que se enajena pasa a poder de la parte compradora con el gravamen que reporta el certificado correspondiente, el cual manifiesta la parte compradora que conoce sus términos y que se obliga a pagar en su oportunidad, lo que de igual forma quedó demostrado con el escrito y proveído de 14 catorce de diciembre del 2011 dos mil once, que obran dentro de las actuaciones que en copias certificadas acompañó la parte actora del Juicio Ordinario Mercantil número 447/99, del índice del Juzgado Séptimo del Ramo Civil de esta Ciudad, por el cual se tuvo al actor del citado juicio por desistido de la acción intentada en el mismo, al haberle sido cubiertas las prestaciones reclamadas y que derivaron del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria de 22 veintidós de febrero de 1999 mil novecientos noventa y nueve. Que en relación con la excepción de improcedencia de la acción de nulidad del convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, opuesta por el demandado, bajo el argumento de que dicho convenio fue sancionado y aprobado por la autoridad judicial ante la cual se presentó, elevándolo a la categoría de cosa juzgada, y que por tanto al haber sido sancionado por la autoridad respectiva a solicitud de las partes del juicio en que se celebró, no podía ser anulado mientras subsista la resolución que le confirió esa calidad, además de que la parte actora no reclamó la nulidad de las actuaciones o autos del expediente 1055/2010, tramitado ante el Juzgado Cuarto del Ramo Civil, tendentes a la ejecución del convenio; el Juez A-quo estableció al respecto, que para que resultara procedente la nulidad del referido convenio, no era preciso que se hubiera solicitado por parte del actor primeramente la nulidad de la resolución que le dio el carácter de cosa juzgada, pues en términos de lo contenido en el artículo 2059 del Código Civil vigente en el Estado, la nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos,

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los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie la nulidad, por lo cual, aquellos efectos que se hubieren producido, serán provisionales, como en la especie acontece. Consideraciones anteriores, que deben estimarse correctas, puesto que como se advierte de lo antes establecido por el Juez A-quo en la sentencia impugnada, del análisis integral de las pruebas ofrecidas y desahogadas por la parte actora, concatenadas entre sí, mismas que fueron debidamente relacionadas con antelación en este estudio, se encuentra plenamente demostrado en este asunto, que el demandado aquí apelante en el convenio materia de nulidad de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, dispuso del inmueble ubicado en el número ELIMINADO de la calle ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, para darlo en dación de pago a favor del diverso demandado ELIMINADO cuando que, dicho inmueble ya había salido de su patrimonio, al haber celebrado con anterioridad con el promovente del presente asunto ELIMINADO, primeramente el contrato privado de promesa de compraventa, de 10 diez de junio del 2000 dos mil, formalizado posteriormente ante la fe del Notario Público número ELIMINADO en ejercicio en esta Capital, el 10 diez de septiembre del 2001 dos mil uno; lo cual como bien lo consideró el Juez de primer grado, fue del pleno conocimiento del demandado ELIMINADO, por haber tenido intervención en las actuaciones a que se hizo referencia, de las cuales nada expuso al momento en que dio contestación a la demanda entablada en su contra, dentro del juicio 1055/2010, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil; sino que por el contrario, por conducto de su apoderado ELIMINADO, presentó ante el juzgado de referencia el convenio de dación en pago de las prestaciones reclamadas, cediendo a favor del diverso demandado ELIMINADO, el inmueble que aquí es materia de litigio, con conocimiento de que dicho inmueble objeto de la dación ya había salido de su patrimonio, al haberlo vendido al promovente de este juicio; quedando además, demostrado con el escrito y proveído de 14 catorce de diciembre del 2011 dos mil once, que obran dentro de las actuaciones que en copias certificadas acompañó la parte actora del Juicio Ordinario Mercantil número 447/99, del índice del Juzgado Séptimo del Ramo Civil de esta Ciudad, por el cual se tuvo al actor del citado juicio por desistido de la acción intentada en el mismo, al haberle sido cubiertas las prestaciones reclamadas que derivaron del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria de 22 veintidós de febrero de 1993 mil novecientos noventa y tres, celebrado ante la fe del Notario Público número * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

ELIMINADO, en ejercicio en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., de una parte como acreedor ELIMINADO, y de otra parte, ELIMINADO como la parte deudora, que resulta ser el mismo contrato en el cual se basa la acción ejercitada en el expediente 1055/2010, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, en contra de ELIMINADO, iniciada por el Licenciado ELIMINADO, en su carácter de Apoderado legal de la ELIMINADO, ELIMINADO quien adquirió por cesión onerosa de cobro celebrada con ELIMINADO, en su calidad de cedente, dentro de la cual se incluye el crédito otorgado a ELIMINADO, celebrado el 22 veintidós de febrero de 1993 mil novecientos noventa y tres, del que se viene hablando, crédito que fue liquidado en los términos que ya han sido precisados con antelación. Por lo que, al haber dispuesto el demandado ahora apelante ELIMINADO, del bien inmueble materia de litis, con pleno conocimiento de que con anterioridad lo había enajenado a favor del actor en este juicio ELIMINADO; se demuestra fehacientemente el ilegal actuar del demandado ELIMINADO, al celebrar el convenio de dación en pago de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, del cual se demanda su nulidad, en contravención a las disposiciones legales contenidas en los precitados artículos 2100 y 2101 del Código Civil del Estado, pues en términos del artículo 5 del mismo ordenamiento, los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas serán nulos si las mismas leyes no disponen otra cosa, resultando que las disposiciones legales que se invocan son de interés público. Siendo por tanto también con apego a derecho, las correspondientes consideraciones establecidas por el Juez A-quo, mediante las cuales declaró improcedente la excepción opuesta por el demandado aquí apelante, bajo el argumento de que el convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, mismo que aquí es materia de nulidad, fue sancionado y aprobado por la autoridad judicial ante la cual se presentó, elevándolo a la categoría de cosa juzgada; por lo que, no podía ser anulado mientras subsista la resolución que le confirió esa calidad, así como las demás resoluciones y actuaciones realizadas para ejecutarlo; estableciendo al respecto el A-quo, esencialmente, que no era preciso que se hubiera solicitado por parte del actor, primeramente, la nulidad de la resolución que le dio el carácter de cosa juzgada, a fin de que resultara procedente la nulidad del citado convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, pues en términos de lo contenido en el artículo 2059 del Código Civil vigente en el Estado, la nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

cuando se pronuncie por el juez la nulidad; por lo cual, aquellos efectos que se hubieren producido, serán provisionales, como en la especie acontece; puesto que, como había quedado asentado, el convenio de referencia se ve afectado de nulidad absoluta pues le sobreviene un vicio no convalidable, como lo es la falta de propiedad del inmueble que fue objeto de la cesión de pago por ELIMINADO, en el Juicio 1055/2010, tramitado ante el Juez Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad; en atención a que la nulidad absoluta se actualiza cuando la trascendencia del vicio que la provoca es de tal magnitud que se afecta el interés general, por ser contrario a una ley prohibitiva o de orden público como lo es la prevista por los artículos 2100 y 2101 del Código Civil vigente en el Estado, que como antes se señaló, determina que ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad, así como de que la venta ajena es nula y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe, lo que había quedado demostrado en autos de acuerdo con las probanzas que fueron debidamente analizadas y que además fueron narradas por el demandado ELIMINADO, al dar contestación a la demanda entablada en su contra, por haber tenido intervención en las actuaciones a que se hace referencia, de lo cual nada expuso al momento en que dio contestación en el precitado juicio 1055/2010, del índice del Juzgado de referencia, y por el contrario presentó el convenio de pago a favor del diverso demandado ELIMINADO, con conocimiento de que el inmueble que fue objeto de la dación ya había salido de su patrimonio, además de que con anterioridad al juicio de referencia, se había ejercitado en su contra diverso juicio con motivo del mismo documento base de la acción; resultando por tanto inaplicable el criterio contenido invocado por el demandado bajo el rubro: “CONVENIO ELEVADO A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA. NO PUEDE SER ANULADO MIENTRAS SUBSISTA LA RESOLUCIÓN QUE LE CONFIRIÓ ESA CALIDAD, EL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)”. Virtud por la cual, de conformidad con lo anteriormente establecido por el Juez A-quo en la sentencia impugnada, devienen como improcedentes los conceptos de inconformidad del apelante, en el sentido de que la acción de nulidad del convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, materia de litis en este asunto, resulta ser improcedente, porque al haber sido elevado dicho convenio a la categoría de cosa juzgada, seguirá subsistiendo el auto que lo elevó a la categoría de cosa juzgada y las demás actuaciones para ejecutarlo del expediente 1055/2010; lo cual resulta ser inexacto, puesto que como bien lo estableció el Juez A-quo en la sentencia impugnada, el convenio de * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

referencia se ve afectado de nulidad absoluta, pues le sobreviene un vicio no convalidable, como lo es la falta de propiedad del inmueble que fue objeto de la cesión de pago por ELIMINADO, en el juicio 1055/2010, tramitado ante el Juez Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, tratándose por tanto de un acto jurídico contrario a una ley prohibitiva o de interés público, como lo es la prevista en el artículo 2100 del Código Civil vigente en el Estado, al determinar que ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad; ante lo cual, como también lo estableció el A-quo, cobra plena aplicación lo contenido en el artículo 2059 del Código Civil vigente en el Estado, del tenor literal siguiente: “ARTÍCULO 2059.- La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos; los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción.”; por lo que, al sobrevenirle al convenio materia de nulidad en este asunto un vicio no convalidable, como lo es la falta de propiedad del inmueble que fue objeto de la cesión de pago por ELIMINADO, en el citado juicio 1055/2010, vicio que no desaparece por confirmación o prescripción, entonces, los efectos que tal acto jurídico viciado haya producido, serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncia por el juez la nulidad, tal como expresamente lo dispone el numeral invocado con antelación; sin que al caso importe, que tales efectos hayan consistido en elevar el convenio viciado a la categoría de cosa juzgada y haberse pronunciado y, efectuado resoluciones judiciales para ejecutarlo; puesto que en el caso, no se trata de nulificar el juicio de referencia, quedando sin efecto todas las actuaciones realizadas mediante las cuales se haya decidido lo correspondiente a la procedencia o no, de las acciones ahí ejercitadas o de la procedencia o no, de las excepciones y defensas opuestas por la parte demandada, las cuales al no tener relación directa con el convenio de dación en pago materia de nulidad, permanecerán intocadas; por lo que, en el caso, tampoco se trata de dejar sin efecto una sentencia definitiva, que haya decidido la contienda materia del juicio, sino solamente de establecer la nulidad absoluta del acto jurídico viciado de ilicitud y sus efectos; siendo de acotar, que la nulidad absoluta tiene por objeto proteger intereses que resulten vulnerados por la celebración de un acto jurídico contrario a una ley prohibitiva o de orden público, como lo es la prevista por el artículo 2100 del Código Civil del Estado, al determinar que ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad, por lo que es obvio que en el caso, como consecuencia también de la nulidad absoluta del convenio celebrado el 02 dos de * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

septiembre del 2010 dos mil diez, en términos del artículo 2059 del ordenamiento legal en comento, deberán ser destruidos retroactivamente todos los efectos que dicho acto nulo haya producido; puesto que, de no suceder así, ningún efecto tendría que prosperara la acción de nulidad, si se dejara subsistente el convenio tildado de nulo por el hecho de que se elevó a la categoría de cosa juzgada; siendo que al respecto, es importante destacar, que la parte actora en el juicio ELIMINADO, en el escrito de demanda incisos b) y c), reclamó respectivamente como consecuencia de la nulidad del convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, la nulidad y cancelación de la escritura pública levantada por el Notario Público número ELIMINADO, con ejercicio en esta Ciudad, en la cual se protocolizó la referida cesión de derechos derivada del convenio cuya nulidad se exige, ordenada por el Juez Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, así como por la entrega material y jurídica del inmueble ubicado en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO, del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad; precisando también el actor, en el punto 8 de los hechos de la demanda: “nulidad que desde luego solicito sea decretada por este tribunal, a fin de que se decrete la invalidez legal del anotado convenio y cualquier efecto que se hubiere generado, como lo es su protocolización ante el fedatario público demandado y todas sus consecuencias legales derivadas de dicho acto ilegal.”, manifestando también, en el punto número 9 de los hechos de la demanda: “En base a lo anterior y tomando en consideración que con motivo de la celebración del convenio cuya nulidad nos ocupa, se generó la desposesión del suscrito del bien inmueble objeto de tal convenio, es que deberá ordenarse la restitución al suscrito del bien que se encuentra y detenta la ilegal posesión el demandado ELIMINADO, a virtud de la diligencia ya señalada con anterioridad.” (f. 13 y 14); prestaciones exigidas también por el demandado, que conllevan implícitamente a que queden destruidos retroactivamente todos los efectos del acto nulo aún y cuando existan actuaciones y resoluciones judiciales recaídas en el referido juicio 1055/2010, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, que lo elevaron a la categoría de cosa juzgada. En mérito a lo anterior, entratándose de que el convenio de referencia se encuentra afectado de nulidad absoluta por un vicio no convalidable, como lo es la falta de propiedad del inmueble que fue objeto de la cesión de pago por ELIMINADO, en el juicio multicitado con antelación; acto jurídico, que resulta ser contrario a una ley * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

prohibitiva o de orden público, como lo es la prevista en el artículo 2100 del Código Civil vigente en el Estado, al determinar que ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad; entonces, resulta indiscutible que para que prospere la acción de nulidad ejercitada por la parte actora de la ilícita dación de pago efectuada por el demandado ELIMINADO, del bien inmueble que era propiedad del accionante, basta que el actor acredite el elemento objetivo consistente en la ilicitud de tal acto para que prospere dicha acción, declarando la nulidad absoluta del acto ilícito y sus efectos, en virtud de que aquella constituye un vicio no subsanable; criterio que encuentra sustento legal, por analogía y en lo conducente, en el contenido de la Jurisprudencia por contradicción de tesis, visible en la página 120, Tomo XXIV, Noviembre del 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto literal siguiente: “COMPRAVENTA. PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN DE NULIDAD, EN RAZÓN DEL ORIGEN ILÍCITO DE LA COSA OBJETO DEL CONTRATO, BASTA QUE EL ACTOR ACREDITE EL ELEMENTO OBJETIVO CONSISTENTE EN TAL ILICITUD. Cuando el comprador intenta la acción de nulidad de un contrato de compraventa, en razón del origen ilícito del objeto, basta que acredite el elemento objetivo consistente en tal ilicitud para que proceda dicha acción, en virtud de que aquélla constituye un vicio no subsanable, lo cual afecta al contrato de nulidad absoluta. Por ello, es innecesario acreditar el aspecto subjetivo merced al cual se demuestre que el vendedor tenía o no conocimiento de esa circunstancia, ya que no puede llegarse al extremo de suponer que dicha ignorancia convalide el origen ilícito del bien objeto de la transacción, además de que el mencionado elemento subjetivo sólo adquiere trascendencia para determinar si el vendedor, por haber actuado con dolo o mala fe, debe responder por los daños o perjuicios causados al comprador.”; en la inteligencia de que en dicha ejecutoria, fue materia de análisis la Legislación Adjetiva Civil del Estado, en lo relativo a la acción de nulidad absoluta. Siendo de invocar también en apoyo de las consideraciones establecidas con antelación, la Tesis visible en la página 250, Tomo XI, Marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que reza: “COSA JUZGADA. EXCEPCION INOPERANTE CUANDO CARECE DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA. Para que exista cosa juzgada se requiere que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y a la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate e identidad de la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer, lo que no ocurre cuando, como en el caso, se ejercitó una acción diferente de lo demandado en el juicio de donde emana la sentencia reclamada, toda vez que la excepción de cosa juzgada opuesta se fundó en un juicio donde se demandó el cumplimiento de un contrato de compra venta de inmueble, mientras que en la especie se dedujo la acción de nulidad respecto de ese mismo contrato.”. Criterio del cual deriva que la excepción de cosa juzgada, deviene como inoperante cuando se carece de sus elementos constitutivos, esto es, que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, sobre la misma cosa y a la misma causa de pedir; siendo que, en la especie, el actor en este asunto no fue parte en el juicio 1055/2010, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, además de que en ese juicio, se demandó el vencimiento anticipado de un contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria (f. 430); en tanto que, en este asunto se está demandando solamente la nulidad del convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, mediante el cual ELIMINADO, dio en pago de las prestaciones que ahí le fueron reclamadas, el bien inmueble que con anterioridad había vendido a la parte actora del presente juicio, ELIMINADO; no actualizándose por tanto la existencia plena de la cosa juzgada, al no existir anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir. Ante lo cual devienen también como improcedentes los argumentos del apelante, de que la nulidad del convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, resulta improcedente al existir una resolución firme que lo elevó a la categoría de cosa juzgada y otras resoluciones que lo ejecutaron, por lo que dicho convenio sólo puede ser anulado a través de la acción de nulidad adjetiva, nulidad de juicio concluido por fraudulento, en un juicio de amparo o por nulidad de actuaciones; por lo que, en la especie, no resulta ser aplicable lo dispuesto por el artículo 2059 del Código Civil vigente en el Estado; conceptos de inconformidad que carecen de sustento legal, puesto que, por una parte, la acción de nulidad ejercitada por la parte actora en este asunto de venta de cosa ajena, encuentra sustento legal en el * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

contenido del numeral 2100 del ordenamiento legal en cita, en cuanto dispone, que ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad, por lo que en la especie, se trata de una acción de carácter sustantivo, para la cual rige lo dispuesto en los artículos 2057 y 2059 del mismo ordenamiento, invocados por el Juez A-quo, del tenor literal siguiente: “ARTÍCULO 2057.- El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado.” “ARTÍCULO 2059.- La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos; los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción.”; dispositivo este último del cual deriva que como consecuencia de la nulidad absoluta del acto jurídico, los efectos que haya producido serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad, dentro de ello, cualquier efecto que dicho acto viciado de nulidad absoluta haya producido, sin importar su naturaleza, dado que la ilicitud del acto jurídico materia de análisis, no es convalidable al haberse realizado en contravención de una norma de interés público, y por tanto resultaría contradictorio establecer la nulidad absoluta de ese acto, dejando subsistentes efectos restitutorios que constituyen la consecuencia fundamental por la cual el actor en este asunto está ejercitando dicha acción de nulidad, como lo es la nulidad también de la escritura pública a favor del demandado ELIMINADO, ordenada por el Juez Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, así como la entrega del inmueble objeto de tal convenio, cuya posesión al demandado ELIMINADO, fue ordenada por la misma autoridad en mención; por lo anterior, carece de razón el apelante en cuanto aduce que la resolución firme que elevó a la categoría de cosa juzgada el convenio tildado de nulo, y las demás resoluciones que lo ejecutaron, sólo pueden ser anuladas a través de la acción de nulidad adjetiva, de nulidad de juicio concluido por fraudulento, de juicio de amparo o nulidad de actuaciones en su caso; lo cual no es así, al encontrarse prevista la acción de nulidad por venta de cosa ajena, ejercitada por la parte actora en el artículo 2100 del Código Civil del Estado, sin que se trate de nulidad de juicio concluido por fraudulento, dado que, en la especie, solamente se pretende la nulidad del convenio que se ha venido mencionando y sus efectos, no así el procedimiento contenido en el juicio 1055/2010, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, por lo que no se trata de * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

que se pretenda anular dicho juicio por enajenación de cosa ajena, como lo refiere el apelante, ni tampoco que dicha anulación constituya una violación a la garantía de debido proceso legal, dado que en este asunto tienen el carácter de demandados, tanto el acreedor en el juicio antes citado ELIMINADO, como el demandado en ese procedimiento ELIMINADO personas que fueron quienes celebraron el convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, tildado de nulo, por lo que, en la especie, los antes mencionados, estuvieron en plena aptitud de defender en este procedimiento sus correspondientes intereses legales; en tanto que, el actor de este juicio, tal como quedó establecido con antelación justificó debidamente el hecho o causa de nulidad que invocó para invalidar el convenio de referencia, por lo que en ese sentido, es también improcedente el argumento del recurrente, de que el actor debió acreditar el hecho que funda el acto fraudulento objeto del juicio; sin que tampoco se trate de una nulidad adjetiva como lo señala el recurrente, dado que en este asunto no se está cuestionando que en el juicio de referencia se hayan violentado las formalidades esenciales del procedimiento, para que tenga lugar la existencia de una acción de nulidad adjetiva; tampoco importa al caso, el argumento de que la nulidad de la resolución que elevó a la categoría de cosa juzgada el acto afectado de nulidad absoluta y las resoluciones que lo ejecutaron, sólo pueden ser anuladas en un juicio de amparo, puesto que, se reitera, la acción ejercitada aquí por la parte actora, se encuentra prevista en el artículo 2100 del Código Civil del Estado, rigiendo para ello, lo que al respecto dispone el numeral 2059 del mismo ordenamiento, que establece, que los efectos que produzca el acto nulo, serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad absoluta. Por otra parte, tampoco es cierto el argumento del apelante, de que los actos antes señalados sólo pueden quedar sin efecto por medio de la nulidad de actuaciones; siendo que, en términos de lo previsto por el artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales que prescribe dicho código; en tanto que, el numeral 73 del mismo ordenamiento prevé, que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título II, serán nulas; sin que en la especie, la nulidad de que aquí se trata tenga relación con lo anterior, dado que no se invocó como motivo de la nulidad por la parte actora, el que se hayan realizado actuaciones a las que les falte alguna de las formalidades esenciales del procedimiento o notificaciones hechas en forma distinta a lo previsto por el invocado cuerpo de leyes. * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

Por otra parte, resultan igualmente improcedentes los conceptos de inconformidad que hace valer el apelante en el apartado dos de su pliego respectivo, en lo relativo a que resulta ser indebido que en la sentencia impugnada se le haya condenado al pago de la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO) (sic), por concepto de daños y perjuicios generados con motivo del despojo de que fue objeto la parte actora del inmueble, motivo del convenio cuya nulidad se decretó; a lo cual argumenta el recurrente, que en primer término no se acreditó con prueba alguna que dichos daños y perjuicios a que fue condenado, sean consecuencia inmediata y directa de la celebración del convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, ni de la desocupación del inmueble materia del convenio anulado; esto es, que no se acredita ni está demostrado con prueba alguna que el contrato de arrendamiento de 12 doce de febrero del 2012 dos mil doce, fue celebrado por el actor precisamente a consecuencia directa de la celebración del convenio antes citado y de haberse procedido a la desocupación del inmueble ubicado en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad; siendo, en segundo lugar, que el juez natural no fundó ni motivó dicha determinación, esto es, que no señaló las circunstancias, motivos y razones particulares que lo llevaron a determinar que los daños y perjuicios a que condenó al demandado aquí apelante, derivan precisamente como una consecuencia de los actos ilícitos que se le imputan; así como también, resulta improcedente la condena al pago de daños y perjuicios en su contra, en virtud de que él no fue quien solicitó el lanzamiento del inmueble objeto del convenio cuya nulidad se reclama, sino ELIMINADO; siendo que él no tenía en posesión el predio sino esta última persona, ni él decretó el lanzamiento, sino el Juez Cuarto del Ramo Civil, ni tampoco él realizó ni ejecutó el lanzamiento, sino el actuario judicial adscrito a dicho juzgado; por lo que la celebración del convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, por sí sólo no pudo causar los daños y perjuicios a que se le condenó, no habiendo prueba ni evidencia que lo demuestre, por lo que se le debe de absolver de dicha prestación. Conceptos de inconformidad que devienen como improcedentes, pues al respecto es de precisar, lo siguiente: En relación a la prestación accesoria de pago de daños y perjuicios reclamados por el actor, el Juez A-quo estableció en el considerando cuarto de la sentencia impugnada, como hechos narrados por el promovente, que el * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

11 once de febrero del 2011 dos mil once, aproximadamente a las 14:40 horas, se presentó a su domicilio en el inmueble antes señalado y objeto de dicha compraventa, una persona que dijo ser actuario judicial, quien preguntó por el señor ELIMINADO, y lo requirió por la entrega inmediata del inmueble en cuestión, señalándole que llevaba una orden de lanzamiento dictada por el Juez Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, dentro del expediente número 1055/2010, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, seguido por el señor ELIMINADO, cesionario de los derechos de una empresa denominada ELIMINADO, en contra de ELIMINADO, manifestándole que desconocía la existencia del citado juicio y que él era el actual propietario del inmueble, pues le había sido vendido por ELIMINADO, mostrándole en ese momento el contrato de compraventa de 10 diez de junio del 2000 dos mil; indicándole, que dicho documento no servía y que tenía que proceder a desocupar el inmueble, dando instrucciones a los cargadores que lo acompañaban para sacar sus pertenencias, por lo cual en la fecha indicada fue lanzado de dicho inmueble y por ende desposeído, razón por la que se vio obligado a trasladar a su familia y pertenencias a un inmueble ubicado en la calle ELIMINADO número ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, que le fue arrendado por el señor ELIMINADO, con una pensión rentística mensual de $ELIMINADO (ELIMINADO) los que ha estado cubriendo en forma puntual, habiendo generado al día de la demanda la cantidad que asciende a $ELIMINADO (ELIMINADO); erogaciones que en definitiva constituyen un detrimento a su patrimonio y que tienen su origen en la ilegal disposición del bien que es de su propiedad. Asimismo, el Juez A-quo estableció en la sentencia impugnada, en relación con el pago de daños y perjuicios a cargo del demandado aquí apelante, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2100 del Código Civil vigente en el Estado, se condenaba al demandado ELIMINADO, al pago de la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO), por concepto de los daños y perjuicios generados, con motivo del despojo de que fue objeto la parte actora del inmueble que motivó el convenio cuya nulidad se decretó; cantidad que se deriva de las 11 once pensiones rentísticas que fueron cubiertas por el actor al haber tenido que rentar un inmueble en donde habitar, así como el pago de la cantidad que se siga generando como pago de las pensiones rentísticas que continúe pagando el actor hasta el día de la entrega material y jurídica del inmueble objeto del presente juicio, previa regulación que se presente en ejecución de sentencia conforme a derecho y en base a la exhibición de los recibos correspondientes. Que lo anterior, quedó plenamente demostrado con la * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

actuación que obra a fojas 699 relativa a la diligencia que se llevó a cabo el 11 once de febrero del 2011 dos mil once, por el actuario judicial, ordenada en los autos del expediente 1055 /2010, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, de la cual se advierte que se procedió a la desocupación del inmueble ubicado en la calle ELIMINADO número ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, con motivo del requerimiento realizado a ELIMINADO; así como con el contrato de arrendamiento de vivienda celebrado con fecha 12 doce de febrero del 2011 dos mil once, de una parte por ELIMINADO, como arrendador y, de otra parte, ELIMINADO, como arrendatario, respecto de la vivienda sita en ELIMINADO número ELIMINADO, ELIMINADO de esta Ciudad, en el que se pactó una renta por la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO) mensuales, y 11 once recibos de arrendamiento expedidos a favor de ELIMINADO, en relación al inmueble arrendado, correspondientes a los meses de febrero a diciembre del 2011 dos mil once, por la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO) cada uno; documentales, que al no haber sido objetadas se les concedía valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 392 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Consideraciones anteriores que deben estimarse con pleno apego a derecho, dado que el Juez A-quo a efecto de establecer la correspondiente condena al pago de daños y perjuicios a cargo del demandado ELIMINADO, invocó lo dispuesto por el artículo 2101 del Código Civil vigente en el Estado, el cual dispone esencialmente, que la venta de cosa ajena es nula, y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe, debiendo tenerse en cuenta lo que se dispone en el título relativo al Registro Público para los adquirentes de buena fe. Por otra parte, es de señalar, que en términos de lo previsto por el artículo 1941 del Código Civil vigente en el Estado, se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación; en tanto que, conforme a lo dispuesto, por el numeral 1942 del mismo ordenamiento, se reputa como perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación; de igual manera, el artículo 1943 del mismo ordenamiento, señala, que los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

De lo contenido en los preceptos legales invocados con antelación, quedan definidos los conceptos de daño, perjuicio y los elementos para demostrar la procedencia de estas prestaciones; siendo de precisar, en relación con lo establecido por el artículo 1943 del Código Civil del Estado, que los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse; por lo que, la doctrina jurídica ha considerado al respecto, que los daños y perjuicios deben ser consecuencia directa e inmediata del acto que los genere, esto es, que la pérdida sufrida y la ganancia frustrada, deben tener como causa directa el hecho causante del daño; lo cual sólo significa que el legislador quiso excluir del resarcimiento, todos aquellos daños y perjuicios que no se derivaron directa e inmediatamente del evento dañoso. Siendo de precisar, que en la especie, la parte actora puso de manifiesto en su escrito inicial de demanda, que el hecho objetivo de donde nace la responsabilidad del pago de daños y perjuicios a cargo del demandado ELIMINADO, lo es la indebida dación en pago efectuada por esta persona a favor de ELIMINADO, respecto del bien inmueble ubicado en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO, del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, mediante el convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, celebrado dentro del juicio 1055/2010, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad; cuando que, dicho bien ya había salido del patrimonio de ELIMINADO, al haber celebrado esta persona anteriormente con el promovente del presente juicio, primeramente, un contrato privado de promesa de compraventa, el 10 diez de junio del 2000 dos mil, y formalizado con posterioridad ante la fe del Notario Público número ELIMINADO, con ejercicio en esta Capital, el 10 diez de septiembre del 2001 dos mil uno; no obstante lo cual, a virtud de la celebración del aludido convenio, por auto de 30 treinta de noviembre del 2010 dos mil diez, el Juez Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, dictó proveído en el cual se ordenó poner a ELIMINADO, en posesión del inmueble al respecto señalado, ordenándose la desocupación, uso de fuerza pública y ruptura de cerraduras; diligencia judicial que se llevó a cabo el 11 once de febrero del 2011 dos mil once, por el actuario judicial de dicho juzgado, por lo cual en la fecha indicada fue lanzado y desposeído del inmueble antes señalado, razón por la que se vio obligado a trasladar a su familia y pertenencias al inmueble ubicado en la calle de ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, lugar que le fue arrendado por ELIMINADO, el 12 doce de febrero del 2011 dos mil once, con una pensión * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

rentística mensual de $ELIMINADO (ELIMINADO), los que ha estado cumpliendo en forma puntual, habiendo generado al día de la demanda la cantidad que asciende a $ELIMINADO (ELIMINADO); erogaciones que en definitiva constituyen un detrimento a su patrimonio y que tienen su origen en la ilegal disposición del bien que es de su propiedad. Por lo que, de conformidad con lo antes señalado, es de considerar, que en el caso, se actualizan las exigencias legales previstas en el artículo 1943 del Código Civil vigente en el Estado, en lo relativo a que los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa del hecho origen de la responsabilidad, en virtud de que existe un nexo lógico de causa a efecto entre el hecho delatado de que el demandado ELIMINADO, mediante el convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, dispuso indebidamente del inmueble ubicado en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO, del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, el cual ya había salido de su patrimonio, en virtud de haberlo enajenado con antelación al actor en este juicio; y, la desposesión de ese inmueble de que fue objeto el promovente de este juicio, originándole el verse obligado a trasladar a su familia y pertenencias al inmueble ubicado en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad; esto es, que la causa actuante por la cual el actor en este juicio se vio obligado a pagar rentas del inmueble antes señalado, se debió a que fue desposeído del inmueble que le había vendido el demandado ELIMINADO, al haber dispuesto esta persona indebidamente de dicho inmueble, dándolo en pago de prestaciones reclamadas a ELIMINADO; siendo que al respecto, tal como ha quedado establecido con antelación en este estudio y como también lo consideró el Juez A-quo, con la actuación que obra a fojas 699 relativa a la diligencia que se llevó a cabo el 11 once de febrero del 2011 dos mil once, por el actuario judicial, ordenada en los autos del expediente 1055/2010, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, se advierte que se procedió a la desocupación del inmueble ubicado en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO, del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, con motivo del requerimiento realizado a ELIMINADO; así como el contrato de arrendamiento de vivienda celebrado el 12 doce de febrero del 2011 dos mil once, de una parte por ELIMINADO como arrendador y de otra parte, ELIMINADO, como arrendatario, respecto de la vivienda sita en ELIMINADO número ELIMINADO del ELIMINADO de esta Ciudad en el que se pactó una renta por la cantidad de $ ELIMINADO (ELIMINADO) mensuales; resultando una consecuencia lógica y evidente, que si el actor en este asunto fue * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

desposeído del inmueble que le había enajenado ELIMINADO, necesariamente tenía que buscar el medio que le permitiera contar con un alojamiento donde vivir, de ahí que en el caso se justifica que la celebración del contrato de arrendamiento a que antes se ha hecho mención y, el pago de rentas que ha venido efectuando el promovente de este juicio, resulta ser una consecuencia inmediata y directa de la indebida disposición que hizo ELIMINADO, en el convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, del bien inmueble que con anterioridad había enajenado a favor del actor; resultando, por ende, improcedentes los conceptos de inconformidad del apelante, en el sentido de que, no se acreditó con prueba alguna que los daños y perjuicios a que se le condenó en la sentencia impugnada sean consecuencia inmediata y directa de la celebración del convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, ni de la desocupación del inmueble materia del convenio que se anuló, siendo que contrario a ello, en la especie, resulta incuestionable deducir como una consecuencia lógica, que el contrato de arrendamiento celebrado por el actor el 12 doce de febrero del 2011 dos mil once, fue precisamente a consecuencia directa del convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, y de haberse procedido a la desocupación del inmueble que había sido enajenado con anterioridad al actor en el juicio. En mérito a lo anterior, devienen también como improcedentes los conceptos de inconformidad del apelante, en el sentido de que, el Juez natural no fundó ni motivó la determinación mediante la cual lo condenó al pago de daños y perjuicios, esto es, que no señaló las circunstancias, motivos y razones particulares que lo llevaron a determinar que los daños y perjuicios a que lo condenó, derivaban precisamente como consecuencia de los actos ilícitos que se le imputaban, esto es, por el convenio de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez y la desocupación del inmueble objeto de dicho convenio anulado, o si porque el bien lo habitaba el actor en la fecha en que se desocupó, o porque está demostrado que dicha persona era el único bien que tenía donde vivir, y a consecuencia de la desocupación tuvo que rentar otro inmueble; argumentos que carecen de sustento legal, puesto que en la especie, el Juez A-quo, en relación con el pago de daños y perjuicios estableció en la sentencia impugnada, esencialmente, que el pago de los daños y perjuicios, se generaban con motivo del despojo de que fue objeto la parte actora del inmueble con motivo del convenio cuya nulidad se decretaba; que la cantidad reclamada, derivaba de las 11 once pensiones rentísticas que fueron cubiertas por el actor al haber tenido que rentar un inmueble en donde habitar; que con la actuación que obra a fojas 699, * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

había quedado demostrado que el 11 once de febrero del 2011 dos mil once, el actuario del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta Ciudad, procedió a la desocupación del inmueble ubicado en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO, del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad; que también se encontraba demostrado el contrato de arrendamiento de vivienda celebrada el 12 doce de febrero del 2011 dos mil once, entre ELIMINADO como arrendador y ELIMINADO como arrendatario, respecto de la vivienda sita en ELIMINADO número ELIMINADO del ELIMINADO de esta Ciudad, en la que se pactó una renta por la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO) mensuales; que también se habían exhibido 11 once recibos de arrendamiento expedidos a favor de ELIMINADO, en relación al inmueble arrendado, correspondiente a los meses de febrero a diciembre del 2011 dos mil once, por la cantidad de $ELIMINADO (ELIMINADO) cada uno; habiendo reproducido el A-quo también, previamente, los hechos relatados en la demanda por el actor, mediante los cuales sustentó su reclamación de pago de daños y perjuicios; invocando de igual manera, el Juez de primer grado, lo dispuesto en el artículo 2101 del Código Civil vigente en el Estado, para fundamentar la condena al pago de daños y perjuicios a cargo del demandado aquí apelante ELIMINADO, siendo que dicho dispositivo legal, expresamente dispone, que la venta de cosa ajena es nula y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe; respecto de lo cual, previamente había establecido, que lo anterior se encontraba demostrado en autos de acuerdo a las probanzas que habían sido debidamente analizadas y que además fueron narradas por el demandado al dar contestación a la demanda entablada en su contra, por haber tenido intervención en las actuaciones a que se hacía referencia, de lo cual nada expuso al momento en que dio contestación al precitado juicio 1055/2010, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil, y que por el contrario presentó el convenio de pago a favor del ahora diverso demandado ELIMINADO, con conocimiento de que el inmueble que fue objeto de la dación ya había salido de su patrimonio, además de que con anterioridad al juicio de referencia, se había ejercitado en su contra diverso juicio con motivo del mismo documento base de la acción (f. 936 vta.y 937). Por lo que, de conformidad a lo antes señalado, es de considerar que el Juez A-quo fundó y motivó debidamente su resolución, mediante la cual condenó al pago de daños y perjuicios al demandado aquí apelante ELIMINADO, citando el precepto legal aplicable al caso, así como las razones, motivos o circunstancias especiales que lo * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

llevaron a concluir que el caso particular encuadraba en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento; tal como al efecto lo exige la Jurisprudencia visible en la página 769, Tomo III, Marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto literal siguiente: “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.”; además, debe de tenerse en cuenta, que si bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 Constitucional, toda resolución debe respetar el principio de debida fundamentación y motivación; en materia civil, si los razonamientos hechos en la parte considerativa son jurídicos y resuelven con acierto la controversia, aunque la autoridad emita citar expresamente los preceptos de la ley en que apoya su decisión, si del estudio que se haga se advierte que es jurídicamente correcta, porque sus razonamientos son legales y conducentes para la resolución del caso, como así sucede en este asunto, debe considerarse debidamente fundada, aunque sea en forma implícita; como al respecto, lo dispone la Jurisprudencia visible en la página 134, Tomo III, Enero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto reza: “FUNDAMENTACION. GARANTIA DE. SE CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN SU DECISION. Si bien el artículo 16 de la Constitución General de la República consagra las garantías de fundamentación y motivación y, por ende, toda resolución debe respetarlas; en materia civil, si los razonamientos hechos en la parte considerativa son jurídicos y resuelven con acierto la controversia, aunque la autoridad omita citar expresamente los preceptos de la ley en que apoya su decisión, si del estudio que se haga se advierte que es jurídicamente correcta, porque sus razonamientos son legales y conducentes para la resolución del caso, debe considerarse debidamente fundada, aunque sea en forma implícita, pues se resuelve conforme a la petición en los agravios, por lo que no puede existir duda respecto de los preceptos supuestamente transgredidos, cuando es el propio promovente quien plantea los supuestos a resolver, por lo que aun cuando no hayan sido explícitamente citados, debe estimarse que sí fueron cabalmente respetados y, en consecuencia, la resolución intrínsecamente fundada.”. * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

Finalmente, atendiendo a lo considerado líneas anteriores en este estudio, deviene también como improcedente el concepto de inconformidad del apelante, en el sentido de que, resulta improcedente la condena al pago de daños y perjuicios en su contra, en virtud de que él no fue quien solicitó el lanzamiento del inmueble objeto del convenio cuya nulidad se reclama, sino ELIMINADO; que él no tiene en posesión el predio, sino esta última persona; que él no decretó el lanzamiento, sino el Juez Cuarto del Ramo Civil; y que él no realizó ni ejecutó el lanzamiento, sino el actuario judicial adscrito a dicho juzgado; argumentos todos éstos que carecen de sustento legal, puesto que, como de manera reiterada se estableció con antelación en este estudio, el pago de los daños y perjuicios a que resultó condenado el demandado aquí apelante, resultan ser una consecuencia directa e inmediata del convenio declarado nulo en este asunto, de 02 dos de septiembre del 2010 dos mil diez, en el cual la persona antes indicada dio en pago a favor de ELIMINADO, el inmueble ubicado en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO, del Fraccionamiento ELIMINADO de esta Ciudad, el cual con anterioridad había enajenado a favor del actor en este juicio ELIMINADO; ante lo cual, deviene como improcedente la pretensión del apelante, en el sentido de que se le debe de absolver del pago de daños y perjuicios. Así pues, al resultar de lo anterior, la improcedencia de los conceptos de agravio hechos valer por el diverso demandado y apelante ELIMINADO, por conducto de su abogado autorizado Licenciado ELIMINADO, procede CONFIRMAR la sentencia definitiva de 26 veintiséis de agosto del 2015 dos mil quince, pronunciada por el Juez Séptimo del Ramo Civil de esta Capital, en el expediente número 396/2012. CUARTO.- Tomando en consideración que la resolución de primera instancia no fue favorable a los intereses del demandado ELIMINADO, la cual aquí es confirmada por este Tribunal de Alzada, se condena al demandado y diverso apelante, a pagar a su contraria parte las costas generadas por la tramitación de ambas instancias, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 135 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, en cuanto dispone que siempre se hará condenación en costas, pídanlo o no las partes, en contra del que no obtuviere sentencia favorable en segunda instancia, caso en el que la condena comprenderá las costas de ambas instancias.

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QUINTO.- En virtud de que ninguna de las partes litigantes manifestó su inconformidad respecto a que sus datos personales señalados en el artículo 3°, fracción XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se incluyan en la publicación que se haga del presente fallo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3°, 18, 23 fracción III, 44 y relativos de la Ley en cita, así como 13 fracción XIII, 14, 15 fracción I, 21 y 22 del Reglamento del Poder Judicial para la aplicación de la mencionada Ley, hágase del conocimiento de las mismas que la sentencia pronunciada en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, incluidos los mencionados datos, sin perjuicio de la protección que por mandato constitucional deba hacerse de oficio en relación a los mismos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO.- Esta Sala resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO.- Los conceptos de inconformidad hechos valer por el diverso demandado y apelante ELIMINADO, por conducto de su abogado autorizado Licenciado ELIMINADO, resultaron improcedentes. TERCERO.- En consecuencia, SE CONFIRMA la sentencia definitiva de 26 veintiséis de agosto del 2015 dos mil quince, pronunciada por el Juez Séptimo del Ramo Civil de esta Capital, en el expediente número 396/2012, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL POR NULIDAD, promovido por ELIMINADO, en contra de ELIMINADO y ELIMINADO. CUARTO.- Se condena al diverso demandado y apelante ELIMINADO, a pagar a su contraria parte las costas generadas por la tramitación de ambas instancias. QUINTO.- Con copia certificada de la presente resolución, vuelva el expediente al Juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido. SEXTO.- Al no existir inconformidad de las partes litigantes, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, incluidos los datos personales de las mismas, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin perjuicio de la protección que por mandato constitucional deba hacerse de oficio en relación a los mismos. * Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente a las partes, comuníquese y cúmplase. A S Í, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman las Señoras Magistradas que integran la Tercera Sala del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, LICENCIADAS ELIMINADO, ELIMINADO y ELIMINADO, quienes actúan con Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe LICENCIADO ELIMINADO, siendo Ponente la ELIMINADO de las nombradas y Secretario de Estudio y Cuenta LICENCIADO ELIMINADO.- Doy Fe.-

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