______________________________________________________________ AMNISTÍA INTERNACIONAL SERVICIO DE NOTICIAS 279/94 ______________________________________________________________ A: DE: FECHA:

ENCARGADOS DE PRENSA ÍNDICE AI: NWS 11/279/94/s OFICINA DE PRENSA DEL SI DISTR: SC/PO 12 DE DICIEMBRE DE 1994

ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - AFGANISTÁN (Véase apartado «comunicados de prensa internacionales». Mañana se enviará una hoja con información general adicional que acompañará a este comunicado de prensa). JAMAICA (El equipo de investigación enviará este punto a algunos medios de comunicación de Jamaica) INTERNO COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES Afganistán - 15 diciembre - VÉANSE SERVICIOS DE NOTICIAS 267/94 Y 274/94 Sudán - 25 de enero -

VÉANSE SERVICIOS DE NOTICIAS 261/94 Y 275/94

Turquía - 8 de febrero - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 261/94 Norte de Iraq - 28 de febrero - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 266/94 COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS

Servicio de Noticias 279/94 ÍNDICE AI: ASA 11/WU 07/94 NO PUBLICAR ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1994 AFGANISTÁN: AMNISTÍA INTERNACIONAL CONDENA A LA INTERNACIONAL POR IGNORAR EL CONFLICTO DE AFGANISTÁN

COMUNIDAD

Unos delegados de Amnistía Internacional han regresado recientemente de unos campos de refugiados afganos en Paquistán con sombríos informes sobre asesinatos en masa, detenciones arbitrarias y tortura --incluida la violación generalizada de mujeres y niños-- llevados a cabo por casi todos los grupos políticos armados de Afganistán. Según ha declarado Amnistía Internacional: «La catástrofe de derechos humanos de Afganistán ha alcanzado proporciones monstruosas, y aun así los gobiernos de todo el mundo siguen ignorando la tragedia». La organización de derechos humanos ha afirmado: «La mayoría de los gobiernos occidentales enviaron enormes cantidades de armas y suministros militares a Afganistán durante la Guerra Fría, y ahora guardan silencio mientras esas mismas armas se utilizan para matar a civiles desarmados». «Los Estados musulmanes --que tan escandalizados se muestran por las violaciones de derechos humanos que sufren los musulmanes en Bosnia-Herzegovina y otras regiones del mundo-- apenas han hecho nada para poner fin a los homicidios y la tortura, incluida la violación de jóvenes musulmanes de ambos sexos en Afganistán». Desde abril de 1992, al menos 15.000 personas han muerto tan sólo en Kabul, y cientos de miles han sido desplazadas --lo que significa que han tenido que superar los brutales y corruptos controles de carretera de los grupos muyahidín armados. Miles de personas han «desaparecido». Los que permanecen en la ciudad han sufrido el bloqueo casi total de alimentos impuesto en Kabul por las fuerzas del primer ministro Gulbuddin Hekmatyar hace varios meses, y que estuvo en vigor hasta principios de este mes, cuando un convoy de alimentos de las Naciones Unidas (ONU) llegó a la ciudad. Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a garantizar que no se imponen nuevos bloqueos de alimentos a los habitantes de Kabul. Según los informes, los miembros de grupos políticos armados siguen irrumpiendo en casas de civiles de Kabul y de otras zonas del país y dando muerte a los varones de la familia que oponen resistencia ante dicha irrupción. Confiscan las propiedades y someten a las mujeres y a los niños a prolongadas palizas y a violaciones. Al parecer, algunos grupos armados venden estos niños a clientes de otros países. A mediados de 1992, Nahid --una joven de 16 años-- se mató

saltando desde la ventana del quinto piso de la casa de su familia, pues prefería eso a ser violada por los muyahidín armados que habían ido a buscarla. En marzo de este año, una joven de 15 años fue violada repetidas veces en su casa de Chel Sotoon, un barrio de Kabul, cuando unos guardias armados entraron en la casa y mataron a su padre por permitirle ir a la escuela. Miles de mujeres, muchachas y niños musulmanes han sufrido brutales torturas y violaciones en todo Afganistán desde abril de 1992, cuando los grupos muyahidín se hicieron con el poder en Kabul. Según los informes, continúan las palizas generalizadas a civiles desarmados sospechosos de pertenecer a grupos étnicos rivales. Al parecer, todos los grupos armados cuentan con centros de detención privados en los que someten a los presos a reclusiones prolongadas y torturas. Algunos ex detenidos han declarado que los golpeaban con culatas de rifles, los ataban a cadáveres durante varios días y los obligaban a comer algo que, según les decían, era carne humana. En Afganistán no hay ninguna estructura política civil, por lo que los grupos armados pueden actuar con total impunidad. El sistema judicial es prácticamente inexistente en la mayoría del país, y los dirigentes de los grupos armados sentencian a los presos a ser ejecutados por lapidación o a ser flagelados sin que medie ninguna salvaguardia jurídica. En algunas áreas, los informes indican que los tribunales islámicos dispensan una justicia totalmente sumaria, en la que se imponen penas de flagelación pública o ejecución. Hay personas que son encarceladas ilegítimamente en centros de detención por sus opiniones políticas, su religión o su origen étnico. Los más afortunados han conseguido cruzar a Paquistán, sobornando a soldados paquistaníes para que les permitan atravesar la frontera, oficialmente cerrada, y han terminado en campamentos de refugiados que no cuentan con las instalaciones necesarias. Ni siquiera allí están a salvo: los afganos con formación profesional o académica han denunciado continuas amenazas de muerte por parte de grupos armados afganos. Amnistía Internacional insta al secretario general y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a garantizar que se ponen aplican las recomendaciones prácticas hechas por los órganos internacionales de derechos humanos. En especial, debe prestarse atención urgente a las recomendaciones del Relator Especial de la ONU sobre Afganistán de que se le permita el acceso a las prisiones y de que se invite al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión para que lleve a cabo una investigación sobre el homicidio, cometido este mismo año, del periodista Mir Wais Jalil. La organización de derechos humanos pide además a los Estados miembros de la Unión Europea y de la Organización de la Conferencia Islámica que condenen las violaciones de derechos humanos en Afganistán y que tomen medidas para poner fin a esta catástrofe de derechos humanos.

Servicio de Noticias 279/94 ÍNDICE AI: AMR 38/WU 01/94 12 DE DICIEMBRE DE 1994 UNA DECISIÓN DEL COMITÉ JURÍDICO DEL CONSEJO DE LA REINA AUMENTA LAS POSIBILIDADES DE QUE SE LLEVEN A CABO EJECUCIONES EN JAMAICA Amnistía Internacional lamenta la decisión tomada hoy por el Comité Jurídico del Consejo de la Reina (JCPC) de desestimar la apelación de Albert Huntley contra el proceso de reclasificación de su sentencia de muerte por asesinato, el cual, según alegó, había violado sus derechos constitucionales. Esta reclasificación, estipulada en la Enmienda de 1992 a la Ley de Delitos contra las Personas, se ha aplicado retroactivamente a quienes ya estaban condenados a muerte. Este proceso reclasifica sus delitos para considerarlos punibles o no punibles con la pena capital. Amnistía Internacional ha declarado: «Nos preocupa, en primer lugar, el hecho de que muchos de estos presos fueron declarados culpables basándose en pruebas muy débiles, y también el que la reclasificación obligatoria en virtud de la nueva ley no ha hecho nada para hacer frente a estas preocupaciones». A los presos se les concedió el derecho a apelar ante una junta de tres jueces, pero la organización de derechos humanos no está convencida de que esta haya sido una salvaguardia adecuada. Aunque a casi el 40 por ciento de los aproximadamente 270 presos condenados a muerte les conmutaron la sentencia por penas de prisión, los casos de la mayoría fueron reclasificados como asesinato punible con la pena capital. Huntley, declarado culpable de asesinato y condenado a muerte en 1983, presentó ante el JCPC una apelación contra la decisión tomada por el Tribunal de Apelación de Jamaica en noviembre de 1993, en la que desestimaba su denuncia de que la revisión de su caso había violado su derecho a ser protegido en virtud de la ley y su derecho a ser juzgado con las debidas garantías. Este hombre alegó que, durante los procedimientos iniciales de revisión para clasificación, llevados a cabo por un solo juez, no había tenido oportunidad de declarar y tampoco había contado con asistencia letrada de su elección. El JCPC desestimó la apelación de Huntley por considerar que «la rapidez que es de desear en el proceso pesa más que las ventajas, si es que las hay, de que dispondría el acusado si se encontrara en situación de contar con representación tanto durante la primera fase como durante la segunda». Amnistía Internacional ha declarado: «A pesar de haberse desestimado esta apelación, que se aplica también a otros presos de Jamaica, el gobierno debe permitir a los presos la posibilidad de utilizar todas las vías de apelación de que dispongan».

En Jamaica no se han llevado a cabo ejecuciones desde febrero de 1988, y actualmente hay algo más de 150 presos en espera de ser ejecutados. Sin embargo, la sentencia de muchos de estos presos debería ser conmutada en virtud de la decisión tomada por el JCPC en noviembre de 1993 sobre otro caso de Jamaica --Pratt y Morgan--, según la cual la ejecución más de cinco años después de ser condenado constituiría una «pena o trato inhumano o degradante». El no aplicar esta decisión va en contra de las claras directrices fijadas por el decreto del JCPC. Amnistía Internacional insta al gobierno a que ponga en práctica la decisión del caso Pratt y Morgan y conmute las sentencias de los presos que llevan condenados a muerte más de cinco años.