Movimiento Nacionalista Revolucionario

UN PROGRAMA PARA EL CAMBIO:

PARTICIPACION PRODUCTIVA

Michiaki Nagatani CANDIDATO A PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Guillermo Bedregal CANDIDATO A VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Bolivia octubre de 2005

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I.

BOLIVIA EN LA ENCRUCIJADA

Las tormentas político-sociales que ha soportado nuestro país recientemente, han remesado los cimientos de esta creación histórica siempre difícil, llena de vicisitudes y signada por tantas adversidades, que es Bolivia. A pesar de ello, el ser nacional está demostrando que es capaz de sobreponerse a pruebas tan duras para la unidad nacional, como las de octubre de 2003 y junio de 2005. Sin embargo, no son pocos los que se preguntan si nuestro país es viable y si la democracia, aún incompleta, como la propia nación boliviana, puede sobrevivir. Hoy nos encontramos ante un gran dilema: o avanzamos hacia una democracia más inclusiva y viable y un modelo de desarrollo que supere las limitaciones del actual o, retrocedemos hacia un populismo conservador y antidemocrático, ya superado por la historia, que no puede sino ofrecer más pobreza, desigualdad y antagonismos. La coyuntura actual es un juego abierto de oportunidades y posibilidades que podemos aprovechar para salir del pozo profundo en que hemos caído. Este debe ser un momento de inflexión para impulsar una nueva etapa de modernización económica, social y política que ponga a Bolivia en el siglo XXI. Los retos que enfrentamos son cruciales: De la fragmentación a la unidad de la Nación Boliviana Tenemos que volver a creer en Bolivia, redescubrir la nación en sus potencialidades, como el hogar común de todos, capaz de cobijarnos en una visión compartida de futuro y como expresión de las aspiraciones de cambas, collas y chapacos; cholos, indios, mestizos y blancos; empresarios, trabajadores y productores. Sabiendo que ninguna región o grupo social podrá alcanzar el progreso por sí solo, porque la geografía, la historia y la cultura nos han hecho inescindibles. Si no lo hacemos, no habrá forma de sacudirnos del pesimismo, la fatalidad o la indiferencia y, entonces, Bolivia no será viable, pero tampoco habrá futuro para nadie. Redescubrir Bolivia significa afirmar la necesidad de un Estado fuerte y virtuoso, sin el cual no es posible avanzar en el desarrollo y la democracia. Pero un Estado fuerte no puede ser ya sinónimo de centralismo ni de estatismo económico. La fortaleza estatal pasa hoy por la descentralización y la constitución de gobiernos departamentales que abran paso al protagonismo de las regiones y municipios en la construcción nacional. El Estado fuerte que necesitamos lo será por su capacidad para garantizar un gobierno de leyes, para estimular la producción nacional y el crecimiento económico, mejorar la competitividad y la inserción en los mercados, promover la solidaridad y la cohesión social, proveer servicios públicos y mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos.

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De la Participación Popular a la Participación Productiva, de las OTBs a las OPPs Es también imperativo transitar de una economía centrada en la explotación de los recursos naturales, sin mayor efecto multiplicador, hacia una economía diversificada y con capacidad de industrializar esos recursos, en manos de múltiples actores económicos que puedan articular la economía del gas, de la agroindustria y la manufactura de exportación con la Economía Popular del campo y de la ciudad a fin de generar más empleo y mejores ingresos para las mayorías, asegurando una dinámica de crecimiento sostenible y con tasas mayores al 5%, para que ello tenga un impacto positivo en la reducción de la pobreza. La nueva estrategia de desarrollo para Bolivia se llama Participación Productiva, que implica un cambio estructural en la economía porque está orientada a potenciar y modernizar a los cientos de miles de pequeños productores, comerciantes, transportistas y trabajadores por cuenta propia, organizados en cooperativas y asociaciones de producción y de servicios y trabajando en alianzas empresariales y en acuerdos productivos con los municipios y prefecturas. Apostamos a este tipo de organizaciones como la base de nuestra estrategia de Participacion Productiva, estas Organizaciones Productivas Populares, son los sujetos del cambio y los constructores de la nueva Bolivia. De la crisis al cambio del régimen político De la actual crisis del sistema político surge la posibilidad de refundar la política al servicio del bien común, con actores renovados y con propuestas de cambio, para que la política sea el medio para forjar el interés general, contener la dominación del poder económico y evitar el autoritarismo. Que lo que hay que desechar es la mala política, la que busca el poder a cualquier precio, la que corrompe y se corrompe a sí misma, para reemplazarla por la buena política, la que es capaz de producir una democracia de calidad y mejorar la vida de los bolivianos. Tenemos el desafío de consolidar un régimen político más democrático, representativo e incluyente, que supere los males del presidencialismo autocrático y acabe con los privilegios corporativos de minorías privilegiadas, para asegurar la igualdad política real y que todos los ciudadanos puedan participar en las decisiones que les incumben, dentro de la ley y el sistema institucional. Mejoraremos el sistema de gobierno y avanzaremos en la democratización del poder y la descentralización de la gestión pública. Reconstruiremos un sistema político pluralista pero superando la fragmentación que genera ingobernabilidad y que obstruye realizar un proyecto nacional de desarrollo. Del aislamiento a la integración regional y mundial Debemos relanzar el proyecto de convertir a Bolivia en el centro de integración económica y energética en Sudamérica, como la forma mejor de insertarnos

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activamente en la economía internacional y de vencer el aislamiento geográfico y económico heredado de la historia, una de las causas del atraso nacional. Bolivia tiene que posicionarse y gravitar en el Pacífico sur, debe asociarse y complementar su economía con la de sus vecinos y aprovechar las ventajas del libre comercio para ampliar mercados para la producción nacional y el desarrollo de sus reservas de gas. Mejoraremos el transporte, las comunicaciones y otros servicios que nos permitan ganar en competitividad y hacer de puente entre el Atlántico y el Pacífico en la proyección del continente hacia la región del AsiaPacífico, la más dinámica del comercio mundial. De la Revolución Nacional a la Revolución Democrática Los cambios que proponemos se entroncan en la tradición revolucionaria del MNR, el partido fundador de la democracia y de la modernidad en Bolivia. Tienen un sólido anclaje en las grandes realizaciones de la Revolución Nacional, en sus distintas etapas. Medidas como la Reforma Agraria, la Nacionalización de las minas, la diversificación económica, la marcha hacia Oriente, la Reforma Educativa, la estabilización económica, la Participación Popular y otras que cambiaron Bolivia y sentaron las bases para su integración en el mundo moderno, tienen hoy su proyección y desarrollo en la Participación Productiva que este Programa postula como el corazón de una nueva etapa de cambios económicos y democráticos en la sociedad boliviana. No se puede hablar de historia sin usar conceptos como Reforma Agraria, Participacion Popular, Reforma Educativa, Bonosol, Capitalización, Bolivia potencia gasifera o SUMI; estas palabras no existirian sin el MNR. Debemos seguir adelante, es hora de recuperar el tiempo perdido por años de crisis, inestabilidad, confrontación y malos gobiernos; de vencer el derrotismo, el temor y la fatalidad que consume las energías nacionales, para volver a un tiempo fértil de realizaciones y de progreso. Es tiempo de poner a Bolivia en Movimiento. Como partido histórico de las mayorías nacionales, el MNR está decidido a protagonizar un nuevo cambio, en la línea de un Programa que nace del mismo pueblo. Enarbolando un Proyecto Político profundamente renovado que busca constituir una mayoría ciudadana como sustento de un gobierno sólido y fuerte. Una mayoría nacional fruto de la convergencia de actores políticos, económicos, sociales, regionales e institucionales. Un proyecto político que tiene en el binomio Nagatani-Bedregal un liderazgo renovado, portador de valores y visiones modernas. Un liderazgo que es capaz de recuperar la confianza de la gente en el gobierno y en la majestad del Estado, de ejercer la autoridad con estricto apego a la ley y con la capacidad de conducir al país por un rumbo claro y definido. Un liderazgo que ha forjado su integridad moral en la ética del trabajo y que tiene la fuerza necesaria para regenerar la política y las instituciones públicas.

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Este es un llamamiento a la unidad de los trabajadores, empresarios, profesionales, intelectuales, regiones, provincias, municipios, pueblos indígenas, movimientos organizados y ciudadanos independientes, para construir juntos una gran alianza política y social que exprese la unidad más amplia del pueblo boliviano en torno a los grandes objetivos de este Programa.

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II.

PARTICIPACION PRODUCTIVA

En Bolivia conviven tres sectores económicos y productivos que conforman una pirámide económica y social que en la base está compuesta por pequeños productores urbanos y rurales, microempresarios, artesanos, cooperativistas, gremiales, comerciantes, transportistas, comunidades campesinas e indígenas y muchos otros sectores de trabajadores por cuenta propia que se ganan la vida con su esfuerzo personal y familiar. Es la base de la piramide la que en definitiva define nuestro desarrollo como pais, al ser la gran generadora de empleos. En la cima de la pirámide está un sector de grandes empresas, muchas de las cuales han incursionado con éxito en el mercado internacional y aportan la mayor parte del ingreso nacional pero generan poco empleo, y en el medio, un segmento de medianas empresas que también tienen capacidad de exportación, pero que dependen fundamentalmente del mercado nacional y su contribución es igualmente importante para el conjunto de la economía nacional. La base de esta pirámide en la que se concentra gran parte de la fuerza laboral del país es la que constituye la Economía Popular, muy diversa y heterogénea en las actividades productivas, comerciales y de servicios. La Economía Popular participa con solo el 40% del total de valor agregado bruto, mientras que el sector formal privado genera el 46% y el sector público algo más de 14%. Minetras que en valores absolutos, la población ocupada en la Economía Popular asciende a poco más de 3.8 millones de personas; si a ese total se le resta lo que corresponde al empleo del sector formal (800,000 personas), se tiene que la gran mayoría de la población se concentra en la Economía Popular, prácticamente el 80% de la ocupación laboral. En la medida en que la gran mayoría de las familias bolivianas dependen de la Economía Popular, es también allí donde se concentra la pobreza y las necesidades y, en consecuencia, la inestabilidad social que perturba la gobernabilidad. Sin embargo, y a pesar de que los niveles de productividad en la Economía Popular suelen ser generalmente bajos, no hay duda que allí existen actividades y sectores con gran fuerza productiva, experiencias pioneras de innovación y creatividad en el trabajo como la experiencia cooperativista de Michiaki Nagatani, numerosos emprendedores en múltiples rubros industriales, agropecuarios y de servicios así como otras potencialidades económicas que pueden ser aprovechadas si se generan condiciones de apoyo y fomento desde el Estado, revirtiendo el tradicional olvido y postergación de la Economía Popular. Nuestro propósito es impulsar el crecimiento económico pero generando oportunidades para beneficiar a los sectores sociales más necesitados. Se trata, por tanto, de un planteamiento económico con profundo contenido social que busca atender las demandas de equidad y de mejores condiciones de vida para 6

todos. Pero esta acción únicamente puede desarrollarse en el marco de una colaboración activa entre el Estado y la sociedad civil y sobre todo con la participación directa de los productores y trabajadores, que son los verdaderos protagonistas de la Economía y que deben ser también los principales artífices de su modernización y potenciamiento. Por eso llamamos a esta propuesta Participación Productiva, porque consiste exactamente en eso: en generar un gran proceso de movilización nacional para el desarrollo productivo, alrededor del fortalecimiento y la transformación de la Economía Popular, sostenido en la participación de los actores y agentes económicos privados y en alianza con el sector público nacional, departamental y local. El objetivo de la Participación Productiva es crear nuevas oportunidades para que los cientos de miles de pequeños productores, microempresarios, campesinos y trabajadores del campo, artesanos, comerciantes, transportistas y otros sectores, puedan modernizar sus unidades productivas y económicas para integrarse en condiciones competitivas al mercado interno y también poder participar de las cadenas de exportación a los mercados externos, a partir de un gran esfuerzo de asociatividad y desarrollo empresarial. Queremos que los pequeños productores y agentes económicos, nucleados en lo que genéricamente denominamos Organizaciones Productivas Populares (OPP), se conviertan en productores y empresarios capaces de comercializar con calidad y eficiencia, para tener una mejor retribución de su trabajo en ingresos. Que este importante segmento poblacional pueda insertarse de manera eficiente en cadenas productivas dinámicas formales que les permitan desarrollarse accediendo a mayores mercados, financiamiento, tecnología, capacitación y oportunidades comerciales en general. Para ello es necesario cambiar el papel del Estado, de manera que responda a las necesidades de la Economía Popular, impulsando y estimulando vinculaciones y tejidos comerciales asociativos entre ella y los sectores empresariales formales y con mayor capacidad económica y exportadora. Este vínculo es el que puede generar mayores mercados y condiciones para la internacionalización de la economía y en particular para los pequeños productores urbanos y rurales. A diferencia de otras propuestas electorales, no proponemos un Estado empleador como solucion al problema del empleo. Tampoco un Estado que sea “socio” ya que esto nos llevaria a craer miles de sociedades anonimas; proponemos que las OPPs esten basadas en la participacion y dirigidas a la produccion. El enfoque político y económico propuesto consiste en comenzar desde abajo con programas que apunten a fortalecer la Economía Popular. Las empresas medianas y grandes tambien tienen un papel clave que cumplir: conectarse con la Economía Popular y ser capaces de penetrar mayores mercados, articular la producción, internacionalizarse y de esa manera generar un efecto jalón para el resto de los sectores. Tanto en la producción como en el comercio, el rol de la economía formalizada es central, pues genera la demanda interna para la actividad de la Economía Popular a través de la provisión de insumos intermedios 7

y también ofertando los productos nacionales o importados que consume y con los que trabajan los empresarios y productores populares. El esquema propuesto es integral porque apoya de manera prioritaria a la Economía Popular pero también desarrolla programas puntuales y focalizados para estimular la economía formal que genera oportunidades para amplios segmentos de la población. Este es un programa que surge del pueblo mismo, porque su esencia consiste en rescatar experiencias de desarrollo productivo y empresarial que han sido capaces de realizar numerosos productores bolivianos en distintas regiones, ciudades y áreas rurales del país, para proyectarlas y transformarlas en políticas públicas de alcance general. Se trata, pues, de despegar una nueva etapa del proceso de Participación Popular que ha inducido al progreso de tantos municipios del país, transfiriendo recursos económicos y democratizando el poder político local. La Participación Productiva es una fase que desarrolla los logros de la Participación Popular, teniendo esta vez como principal destinatario a los productores urbanos y rurales, agrupados en Organizaciones Productivas Populares, es decir, cooperativas, asociaciones de productores y toda forma de emprendimiento colectivo que vaya a superar las limitaciones de las unidades económicas pequeñas y aisladas, de baja productividad y sin capacidad competitiva. Si la Participación Popular tuvo un carácter eminentemente territorial, la Participación Productiva que ahora proponemos, es un proceso que estará encaminado a dinamizar la economía local, especialmente la de los sectores de pequeña producción urbana y rural, con objeto de potenciarla e integrarla a los mercados en una dinámica de alianzas con el sector empresarial así como de acuerdos y pactos con los gobiernos municipales y departamentales y con la participación e impulso del mismo gobierno nacional. La propuesta de la Participación Productiva se concretiza en las políticas de gobierno que se esbozan a continuación y que serán desarrolladas en el Proyecto de Ley de Participación Productiva que los candidatos Michiaki Nagatani y Guillermo Bedregal, con el respaldo de la bancada del MNR, presentarán al Congreso Nacional al inicio mismo de la próxima legislatura. 1. ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS POPULARES: EJE DE LA PARTICIPACION PRODUCTIVA Bolivia se está urbanizando aceleradamente, pues de los 9.327.219 habitantes que tiene en el 2005, solamente el 35% habitan el área rural. Aún así el conglomerado rural es de 3.300.000 personas, la mayoría de las cuales desarrollan actividades de sobrevivencia o, si son jóvenes, están preparando las condiciones para migrar a las ciudades y engrosar los cinturones de pobreza de las principales capitales del país. Ello ocurre porque luego de 50 años el efecto benéfico de la Reforma Agraria se ha agotado por la sucesión hereditaria, la misma que ha llevado a la parcelación extrema de la propiedad campesina, 8

haciendo que las unidades productivas agropecuarias se hagan inviables, de baja producción y productividad. A su vez, su dispersión dificulta que sean atendidas por los servicios estatales de apoyo a la producción. Incluso gran parte de las cadenas agroexportadoras que el país está perfilando con tanta dificultad desde hace varios años tienen hoy dificultades en su competitividad, debido a que en su base productiva tienen a pequeños productores cuyos costos no puede soportar el mercado internacional. Los pequeños productores campesinos y colonizadores no solamente enfrentan aislados el mercado, sino que sus condiciones productivas se han deteriorado enormemente como resultado de la extrema parcelación de su propiedad y el deterioro de los recursos naturales. Las Asociaciones de Productores y las Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs) son formas de organización económica mediante las cuales los productores campesinos, colonizadores y en general los pequeños productores tratan de enfrentar esa debilidad individual para atender los retos del mercado moderno, tanto en la comercialización de su producción cuanto en la compra de semillas, insumos y semovientes. Las cooperativas mineras, por su parte continúan dando vida a la tradicional actividad extractiva del país, pero cada día en condiciones más precarias, sin poder aprovechar plenamente las coyunturas de precios favorables como la presente y en muchos casos ocasionando daños estructurales a los yacimientos por falta de recursos de inversión y de asistencia técnica. La situación en el ámbito urbano y en el sector de la manufactura no es diferente. Los microempresarios y artesanos de las ciudades deben asumir por sí solos la compra de insumos y sus actividades de producción y comercialización. Los gremiales luchan por ocupar precarios espacios en las calles de las ciudades, sin poder acceder a sitios comerciales con condiciones adecuadas para su trabajo y para la comodidad y seguridad de los clientes. Es evidente entonces que el asociativismo tiene que ser más profundo y debe contar con promoción específica del Estado. No basta que el productor comprometa su producción o parte de ella, cuando su parcela misma es demasiado pequeña, su producción reducida, sus costos altos y sus rendimientos bajos. En esas condiciones, la propia cooperativa o asociación perderá competitividad en el mercado y presionará por hacer bajar los precios de sus afiliados a tal punto que éstos preferirán seguir vendiendo a comerciantes y rescatadores tradicionales. En Bolivia existen interesantes experiencias de cooperativas de producción agropecuaria y agroindustrial y de asociaciones de productores, organizaciones económicas campesinas (OECA) y consorcios de microempresarios urbanos que se han desarrollado con éxito, tanto en el oriente como el occidente, mostrando un 9

camino para transformar las pequeñas unidades individuales en empresas sociales que pueden trabajar integrando la producción de bienes de consumo o de materias primas, con la comercialización de los productos e incluso la transformación industrial de los mismos. Estos ejemplos valen la pena replicar en gran escala y en diversas regiones. De este modo, la debilidad del pequeño productor para generar valor agregado o por lo menos lograr economías de escala será lograda por su integración en Organizaciones Productiva Populares de base local, apoyadas a su vez en asociaciones regionales representativas y en sólidas federaciones departamentales. La cooperativa potenciada en el marco de la Ley de Participación Productiva no será la única forma apoyada por el Estado. Nuestra propuesta considera también otras formas de asociación existentes como las OECA o simplemente Asociaciones de Productores, los consorcios microempresariales urbanos e incluso las estructuras productivas comunitarias. Lo importante en estos casos es transformar estas formas de organización de entidades sin fines de lucro a entidades capacitadas para realizar a plenitud actos comerciales, generar utilidades económicas y realizar inversiones de capital. En concreto, la Ley de Participación Productiva que proponemos, promoverá a las Organizaciones Productivas populares (OPP), tales como: a) Las cooperativas de producción y comercialización como la principal forma de asociación económica de carácter democrático y participativo de los productores y trabajadores del sector de la Economía Popular, tanto del campo como de las ciudades. Los microempresarios, artesanos y otros trabajadores de cualquier rubro, tendrán incentivos para asociarse tanto para la adquisición de maquinarias, equipos e insumos, como para la comercialización de sus productos. A nivel rural, los productores agropecuarios podrán incluso trabajar la tierra reagrupada y ampliada de los socios. Ya no serán pequeñas unidades inviables, sino extensiones viables sobre las que será posible aplicar maquinaria, contratar asistencia técnica, apalancar crédito e introducir tecnología. El resultado de este proceso será la conversión paulatina del pequeño productor aislado, tanto del que es poseedor en el campo de una pequeña superficie de tierra cada día más degradada por el sobreuso, incapacitado de comprar o siquiera alquilar maquinarias, comprar fertilizantes o introducir ganado mejorado, como de aquel otro que tiene un pequeño taller de manufactura en El Alto o en otras ciudades, que se apoya en el trabajo de los miembros de su familia o de algunos pocos operarios y que carece de

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capital para agrandar su negocio, capacitarse, adquirir maquinaria y otros insumos. Los productores urbanos y rurales podrán integrarse en vigorosas cooperativas agropecuarias e industriales, con mayor productividad e insertas competitivamente en el mercado nacional y articuladas a las cadenas exportadoras. Esta propuesta de cooperativismo se entronca, además, con las tradiciones de colaboración recíproca que tiene el campesinado boliviano, como el ayni y otras. La cooperativa es también una opción para la organización de los comerciantes gremiales que venden en los mercados y que de este modo podrían reunir capital conjunto para realizar inversiones que mejoren la infraestructura y los servicios de los centros de abasto y comercialización. Por supuesto, las cooperativas agropecuarias, mineras y de ahorro y crédito que ya existen serán incentivadas y fortalecidas al ser consideradas también como Organizaciones Productivas Populares y como tales se beneficiarán de incentivos específicos, como la eliminación de la doble tributación, la clausura definitiva de la burocrática y corrupta experiencia del INALCO y su reemplazo por una instancia de coordinación público-privada (gobierno-cooperativas) para la adopción de una normativa de promoción, pero también de fiscalización y control. b) Las asociaciones de productores, como una forma alternativa de organización económica que también permitirá a los productores superar las restricciones legales que actualmente tienen para operar con amplitud en el mercado. Pretendemos transformar a las actuales asociaciones de productores de agrupaciones civiles sin fines de lucro y por tanto inhabilitadas para realizar actividades comerciales formales, en sociedades comerciales parecidas a las cooperativas y por tanto habilitadas para terciar en el mercado con plena personería. La Ley de Participación Productiva establecerá una modalidad específica de asociación comercial que sea reconocida por el Código de Comercio, con plena personería y facultades para realizar actividades productivas, de transformación, comercio y otros servicios. El alcance de esta propuesta abarca a las asociaciones de productores agropecuarios y también a las OECA que, gracias a la nueva ley, estarán legalmente habilitadas y podrán reajustar su estructura organizativa a un modelo de gestión empresarial. c) Los consorcios empresariales, como otra forma de organización de los microempresarios manufactureros donde cada uno de ellos mantiene la propiedad de sus medios de producción, pero se agrupan para la atención de pedidos específicos y adquieren capacidad legal para suscribir contratos 11

accidentales con demandantes de medianas y grandes empresas, contratos de maquila y de entidades estatales. Estos consorcios podrán presentarse a las licitaciones públicas para proveer todo tipo de bienes y servicios. Estos consorcios serán particularmente incentivados y apoyados en El Alto, que constituye un área crítica conformada en lo fundamental por población que se ha visto obligada a migrar a las ciudades por la inviabilidad de sus unidades económicas rurales. La potencialidad manufacturera de El Alto, serla plenamente aprovechada mediante estos consorcios que se convertirán en OPPS con capacidad de proveer insumos y partes a las empresas exportadoras y atender las compras estatales y municipales. Por cierto que la conversión de las pequeñas propiedades agrarias y de los talleres artesanales y microempresarios en OPPs debe ser un acto voluntario, pero el Estado incentivará esta transformación mediante un conjunto de medidas fiscales, financieras, apertura de mercados, asistencia técnica, capacitación y otras, que serán debidamente reguladas en la Ley de Participación Productiva que proponemos; entre ellas, las siguientes: ¾ Plena facultad para realizar actos comerciales ¾ Priorización de la inversión pública departamental e inducción de la inversión municipal en apoyo de las demandas y necesidades de infraestructura de las OPPs, principalmente en riego, provisión de gas natural y construcción de centros de almacenamiento. ¾ Asesoramiento gratuito para la tramitación de constitución de OPPs agropecuarias, agroindustriales e incluso industriales, artesanales y de servicios, tanto rurales como urbanas. ¾ Saneamiento inmediato y gratuito por parte del INRA de las tierras reagrupadas en torno a cooperativas u OPP. ¾ Atención prioritaria de los servicios estatales y para-estatales de apoyo a la producción como el SIBTA, SENASAGG, PROSAT y SAT, los mismos que de esta manera podrán por fin atender al pequeño productor que antes no atendían debido a su dispersión. ¾ Transferencias directas de recursos para la contratación de servicios de apoyo a la producción, en especial para la contratación de asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología. ¾ Normativa e incentivos especiales para las OPPs que cuenten con gerencias y órganos cualificados de gestión, de modo que sus órganos de administración y vigilancia se conviertan en verdaderos instancias de gobernancia y no de interferencia.

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¾ Apoyo de FONDESIF a la cualificación y fortalecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito rurales de base local, para su incorporación a un sistema transitorio de fiscalización y supervisión y facilitar su crecimiento y capacidad de captación de recursos para financiar a las OPPs. Dotación de recursos a FONDESIF con objeto de que intermedie crédito a las cooperativas abiertas (reguladas por la SBEF) y a las instituciones de microfinanzas con líneas específicas para el financiamiento de las OPPs.

2. ALIANZAS EMPRESARIALES El principio de la asociatividad y Participación Productiva que postulamos como un eje para el fortalecimiento de la Economía Popular tiene un segundo nivel de expresión y realización a través de las Alianzas Empresariales. Esta propuesta se fundamenta en los siguientes conceptos. La economía del país opera en compartimentos estancos lo que no permite un mayor dinamismo de la producción y el intercambio de bienes y servicios. Por una parte, un sector hace uso intensivo de capital, tiene acceso a tecnologías avanzadas y está integrado a los flujos del comercio mundial. Otro en cambio, hace uso intensivo del factor trabajo y tiene poco acceso a tecnologías modernas. Las actividades de ambos no llegan a complementarse y consecuentemente hay un potencial que se desperdicia y en cambio existe entre ellas un muro de desconfianza. Es preciso integrar ambas economías para se beneficien mutuamente, especialmente el sector de unidades familiares y de pequeña y mediana escala, que conforma la base de la Economía Popular, de manera de sentar las bases de una nueva economía nacional competitiva y a la vez distributiva. Con objeto de facilitar las operaciones de comercio e intercambio, el Estado incentivará las alianzas empresariales de las OPPs (cooperativas, asociaciones y consorcios) con las medianas y grandes empresas del país, en un ambiente de confianza y donde las dos partes se beneficien mutuamente. Mediante estas alianzas empresariales, los pequeños y micro productores asociados podrán convertirse en proveedores de materia prima, insumos y productos intermedios para las empresas de mayor tamaño, garantizando volúmenes, calidad y oportunidad, a cambio de un precio que reconozca esas condiciones de entrega. Esta misma política será aplicada en el sector minero. Si las cadenas industriales, agroexportadoras y mineras, que en sus procesos finales de comercialización y/o transformación cuentan ya con importantes y modernas empresas, se articulan en la base productiva con OPPs de buena productividad y oferta competitiva, entonces aumentará la capacidad exportadora

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del país, se diversificará la oferta exportable y se generarán divisas, todo lo cual es fundamental para crear empleo productivo y reducir la pobreza. Esta estrategia es una manera de renovar la alianza de clases en la modernidad, mediante la articulación de sectores económicos y sociales que luchan conjuntamente para transformar la economía y resolver los cuellos de botella que impiden el crecimiento económico y el desarrollo social de los bolivianos, base de la estabilidad política y el desarrollo democrático de la sociedad.

3. PACTOS PRODUCTIVOS PUBLICO-PRIVADOS La propuesta de Participación Productiva tiene un tercer nivel de carácter territorial que consiste en crear escenarios de concurrencia y concertación públicoprivados, indispensables para asentar en el territorio las estrategias de desarrollo productivo y potenciamiento de la Economía Popular así como para generar el entorno político, económico e institucional que se requiere para viabilizar tales estrategias. Para ello, promoveremos acuerdos productivos entre los gobiernos municipales y departamentales, por una parte, y las OPPs por otra, para priorizar la atención de las necesidades y proyectos productivos en los municipios y departamentos y adoptar medidas que favorezcan la competitividad territorial y sectorial, incluyendo la dotación de infraestructura y servicios de apoyo a la producción, velando porque los beneficios sean para todos los sectores. En los municipios y departamentos donde se den acuerdos productivos entre el sector público y los productores organizados, además de promoverse la inversión concurrente público-privada, se otorgará financiamiento para todo tipo de servicios de apoyo a la producción (asistencia técnica, capacitación, transferencia de tecnología, estudios de mercado, organización de cadenas de mercado interno, desarrollo gerencial y administrativo). Los recursos para la contratación de estos servicios a la producción serán entregados directamente a las OPPs, para que sean esas agrupaciones las que realicen directamente las contrataciones que les resultaren más convenientes, con la única condición de una rendición de cuentas a sus asociados. Se evitará de este modo la costosa y burocrática intermediación de entidades estatales. El Fondo Productivo y Social (FPS) podrá encargarse de operar estos recursos. El esquema de asociación económica y de alianzas empresariales y pactos público-privados que contiene nuestra propuesta de Ley de Participación Productiva se muestra en el siguiente gráfico:

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Ley de Participación Productiva AREA URBANA

AREA RURAL

Micro empresarios y gremiales

Campesinos y Cooperativas mineras

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS POPULARES: Cooperativas Asociaciones de productores

ALIANZAS EMPRESARIALES

Mediana y Gran empresa

ACUERDOS PRODUCTIVOS

Prefectura

Gobierno municipal

Gobierno Nacional

4. FINANCIAMIENTO PARA LA PARTICIPACION PRODUCTIVA El financiamiento es una condición fundamental para el potenciamiento de la Economía Popular y, consiguientemente, para el éxito de la Participación Productiva. Por ello, proponemos un conjunto de políticas de financiación de las actividades que la conforman, priorizando aquellas relacionadas con el impulso a la organización cooperativa y otras iniciativas asociativas en el campo de la producción, el comercio y los servicios. La propuesta que hacemos, implica una asignación que asegure que los recursos lleguen a la Economía Popular en el orden de los US$ 1.275 millones, a desembolsarse en el período 2006-2010, financiando los programas y proyectos de la Participación Productiva. Tradicionalmente la inversión pública ha estado cerca de los US$ 600 millones anuales. Queremos que 15% de ese monto se destine de manera directa a la Economía Popular haciendo un flujo anual de US$ 90 millones. En cinco años se podrán movilizar US$ 450 millones a este sector. 15

Otros recursos identificados para movilizar ese financiamiento, provienen de las siguientes fuentes: 4.1 Recursos del Gas La disputa por los recursos de gas ha llegado al punto que se tienen comprometidos casi la totalidad de los ingresos actuales y futuros. Sin embargo, cabe reflexionar que en todos los casos estos recursos se destinan a gasto público e inversiones departamentales que si bien pueden contribuir, no tienen un impacto directo e inmediato en la Economía Popular. La propuesta es que se redimensione lo anterior y se destine una parte de estos recursos a la Participación Productiva, a través de instancias de intermediación del Estado, con políticas de asignación y manejo de riesgo, más amplias que las que podrían establecer entidades que tienen la responsabilidad de precautelar los recursos de sus ahorristas. Lo anterior significa: i) que el grupo meta son las cooperativas y asociaciones de productores, las alianzas empresariales y los pactos productivos público-privados y; ii) que sin que exista espacio a un manejo irresponsable, el Estado debe asumir riesgos que el sector privado no esta en condiciones de asumir. Esta política supone el reconocimiento de organizaciones productivas diversas como sujetos de crédito y la realización de proyectos de impacto productivo que beneficien a grupos específicos de productores. El enfoque es de administración de riesgo con vocación de desarrollo, concepto que no implica regalar estos recursos, sino adecuarse a las realidades de esta economía popular. Los departamentos a través del IDH recibirán cerca de US$ 180 millones anuales. La propuesta es que parte de estos recursos se canalicen a este tipo de intermediación financiera en cada región, estimulando de esa manera la producción y la vocación regional. Asumiendo que las regiones destinen el 25% de este ingreso directamente a la Economía Popular, se tiene que en cinco años se tendrían US$ 225 millones para este propósito. 4.2 Recursos de la Condonación de la Deuda Se ha formalizado el anuncio de los países que conforman el grupo de las 7 naciones mas desarrolladas del mundo, para promover la condonación del 100% de la deuda que sostienen países como Bolivia con el Banco Mundial, la Asociación Internacional para el Desarrollo y el FMI. En el caso de Bolivia, esto podria significar una condonación de cerca de US$ 2000 millones, que podría liberar US$ 50 millones anuales, por concepto de servicio de la deuda. Al contar con un a propuesta concreta como es la Participación Productiva se podria negociar mejor esta condonación aun no concretada.

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La propuesta es que la totalidad de estos recursos se destinen a la Participación Productiva a través de los intermediarios financieros específicos para el efecto. De manera automática, como sucedió con la distribución de los recursos HIPC, estos recursos deberían fluir a estos intermediarios. Puesto que estos flujos provienen de la renta nacional y tienen bajo nivel de riesgo (garantía soberana), se podría pensar en traer al presente los flujos mediante procesos de titularización o similares, que permitan generar al menos un impacto anual de U$ 100 millones por este concepto durante los primeros cinco años de funcionamiento, haciendo un total de US$ 500 Millones en este rubro. 4.3 Recursos de la cuenta del Milenio Bolivia es un país elegible para acceder a los recursos de la cuenta del Milenio propuesta por los Estados Unidos. Una parte de estos recursos tendrán como destino la Participación Productiva. Considerando una asignación conservadora de US$ 20 millones anuales por este concepto, se podría acumular en cinco años US$ 100 millones adicionales como contribución a la Participación Productiva. 4.4 Recursos de crédito Regularmente el país recibe recursos de crédito infraestructura, salud y educación. La propuesta es inversión pública gradualmente incorpore mayores productivo y en particular proyectos enmarcados Participación Productiva.

que se canalizan hacia que la composición de la proyectos para el sector en los objetivos de la

Dichos recursos deben servir, asimismo, para incentivar programas de articulación de las Organizaciones Productivas Populares con las medianas y grandes empresas. Proyectos de este tipo son los que aseguran una parte importante de la estrategia que es la ampliación de mercado para la Economía Popular. Sin mercado, no existe la posibilidad de pensar en producción. Desde un enfoque de negocios, se debe crear las condiciones para financiar proyectos enmarcados en alianzas entre la Economía Popular y eslabones más desarrollados que generen beneficios para ambos. Los intermediarios para canalizar el crédito pueden ser diversos actores públicos y privados. No se descarta a las entidades financieras, pero sobre todo se considera a otras organizaciones de intermediación más cercanas a la Economía Popular. Entre los actores públicos están los Fondos de Desarrollo que tienen experiencia con las regiones pero que deberán desarrollar experiencia y metodología para aproximarse y servir a las organizaciones productivas populares.

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Asimismo, es necesario fortalecer a las más de 70 cooperativas de ahorro y crédito no fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos que existen en el área rural y en los centros poblados intermedios del país, con objeto de que se transformen en respaldo seguro y confiable a las operaciones financieras de las OPPs. Una acción similar se debe desarrollar con relación a los fondos financieros privados que operan con la economía popular y otras intermediarias financieras. Se debe establecer mecanismos para la sindicación de prestamos, donde el originador y administrador de la cartera es un Fondo Financiero Privado y el financiador adherido será el (los) organismos públicos que gestionas los fondos para la economía popular. Una combinación de los recursos comerciales administrados por estos operadores privados con los recursos más blandos destinados a la economía popular podría generar mejores condiciones de acceso a créditos de parte de muchos clientes que de otra manera no serían elegibles. Así, también ganan los fondos privados que podrían generar más cartera y más clientes con una mezcla de recursos más adecuada a las necesidades de los productores de la economía popular. De manera complementaria a los mecanismos de crédito, promoveremos también la creación y el fortalecimiento de instituciones de capital de riesgo que puedan aportar recursos frescos de inversión de capital en OPPs. 5. LA PROYECCION INTERNACIONAL DE LA PARTICIPACION PRODUCTIVA La pérdida de nuestro acceso soberano al mar ha sido no solamente un factor de atraso económico sino también la determinante de un sentido de aislamiento del resto del mundo. Sin variar la prioridad que tiene recuperar nuestra cualidad marítima, debemos aprovechar las potencialidades que aun nos ofrece nuestra ubicación geográfica. Bolivia, más allá de toda retórica, tiene una oportunidad real si sabe aprovechar su concurso en la interconexión de América Latina, pero, sobre todo, en la vinculación del Atlántico con la región del Asia-Pacífico, que es el espacio geográfico que moldeará el futuro de la economía mundial en los próximos 15-20 años. Bolivia debe ser un eje de gravitación para el comercio de bienes y servicios en Sudamérica. Pero además de poder aprovechar las potencialidades geográficas que nos ofrece la naturaleza, nuestro país, por tener una economía pequeña y un mercado estrecho, debe abrirse al resto del mundo para que el comercio internacional justo permita escalas de producción doméstica capaces de utilizar los avances de la tecnología y niveles adecuados de competitividad. No es posible concebir una revolución productiva sin la posibilidad de encontrar mercados para esa producción. Confinarnos a las dimensiones del mercado interno representaría condenarnos a muchos años más de pobreza. Debemos ser capaces de realizar el sueño de un país con la capacidad de generar empleo y un creciente nivel de ingresos. Para alcanzarlo, es necesario que nos demos cuenta que aislados del mundo y del comercio entre las naciones no podremos producir más de lo que 18

seamos capaces de consumir, lo que nos llevaría a perpetuar una economía de subsistencia, que es la negación del bienestar que nos debemos a nosotros mismos y a las generaciones futuras. Desde la incorporación de Bolivia al MERCOSUR como miembro asociado, nuestro país no ha tenido otra iniciativa importante en materia de comercio internacional. Nuestra participación en calidad de observadores en la conformación de un acuerdo de libre comercio andino-norteamericano y la ambigüedad con la que venimos encarando la conformación de una zona americana de libre comercio no hacen otra cosa que aumentar nuestro aislamiento. Nuestras relaciones económicas bilaterales son cuando menos tensas y de escaso beneficio para nuestro desarrollo. Consecuentemente, debemos terminar un período de poca claridad en nuestras relaciones económicas internacionales para integrar el país al resto del mundo y de ésa manera beneficiarnos no solamente del comercio y nuevos mercados, sino también de la incorporación de nuevas tecnologías a nuestra producción. Sabemos que existen corrientes de opinión interesadas en mostrar riesgos y desventajas en nuestra incorporación plena a los flujos de comercio mundial. Es más, venimos importando posturas ideológicas que ven en el comercio internacional una conspiración de las potencias mundiales para someter a las naciones más débiles; y se ha hecho del aislamiento de Bolivia una cuestión de soberanía. El precio de seguir estas consignas es un mayor desempleo y menor bienestar para todos los bolivianos. Unas culturas fuertes y milenarias como las nuestras no pueden sentirse amenazadas por corrientes que pueden amoldarse a nuestras necesidades, en el marco de una política que sea definida con claridad en función del interés nacional y no en función de la satisfacción de grupos de presión. Adicionalmente, Bolivia necesita del ahorro externo para poder financiar niveles de inversión indispensables para crecer más aceleradamente. La inversión promedio en el país ha sido del 15% del PIB, entre 1980 y 2002. Se sabe que países que han sido exitosos en su desarrollo han invertido cifras superiores al 30% del PIB por muchos años. Pero, para invertir, es necesario ahorrar. El ahorro interno entre 1980 y 2002 ha sido, en promedio, el 10% del PIB. En otras palabras, para alcanzar los niveles de inversión necesarios para el crecimiento o triplicamos los niveles de ahorro interno o atraemos inversión extranjera masivamente. Está claro que es esta última opción la que está más al alcance del país. No podemos desconocer la importancia que tiene la cooperación internacional en nuestras relaciones con el resto del mundo. Somos una nación en parte dependiente de la caridad internacional en un grado insostenible e inaceptable. Hemos desarrollado toda una cultura alrededor de esta dependencia y se han creado círculos de corrupción e ineficiencia alrededor de ella. Paradójicamente, esta dependencia, que efectivamente mella nuestra dignidad y limita nuestra soberanía, no es objeto de ninguna expresión de rebeldía de quienes, en cambio, nutriéndose de ella, combaten las escasas iniciativas que efectivamente pueden ayudarnos a superar nuestra vulnerabilidad externa. Proponemos, en consecuencia, una nueva forma de relacionamiento con la cooperación 19

internacional que posibilite completar la realización de los programas en curso con mayor transparencia y eficiencia, orientando los nuevos programas hacia la consolidación de nuestra propuesta de revolución productiva que finalmente nos libere de la subordinación a las donaciones. 6. EDUCACION PARA LA PARTICIPACION PRODUCTIVA La producción de bienes y servicios está determinada por las capacidades de la población. Para desarrollar las capacidades de producción que posee la población, equivale a mejorar los niveles de educación y formación de la población. Si bien los niveles de cobertura se han incrementado significativamente es necesario profundizar la Reforma Educativa, mediante la mejora de la calidad y la pertinencia de la educación. Es pues necesario complementar la Reforma Educativa, promoviendo una educación destinada a apoyar a la población en la mejora de sus niveles de competitividad, su capacidad de generar negocios, y de encontrar mercados y socios. Para ello es necesario dotar a la población de los instrumentos que les permitan aprovechar las oportunidades que puede brindarles el mundo exterior. Hoy la extensión del Internet y del comercio electrónico abre las puertas para que los pequeños y medianos productores puedan acceder a los mercados internacionales, pudiendo encontrar la demanda a sus productos y mercados donde desarrollar nuevos productos. La educación debe entonces proporcionar las herramientas para crear negocios. Se debe generalizar el uso del comercio electrónico, incluida la habilidad de comunicarse en otros idiomas con potenciales compradores o socios. Es necesario también introducir en la educación los conocimientos necesarios para desarrollar proyectos, evaluarlos y comprender el funcionamiento de los mercados internacionales. 6.1 Fondo de Inserción Laboral Para quienes no han logrado insertarse en el mercado de trabajo adecuadamente, proponemos un programa de inserción laboral, de manera que puedan adquirir habilidades que les permitan participar en el mercado laboral para aumentar su capacidad de generar ingresos. Debemos desarrollar las capacidades de la gran cantidad de personas que hoy se encuentran subempleadas. No se trata de crear empleos transitorios, u otro sistema asistencial, por el contrario, se trata de generar habilidades en este grupo de personas para que estas puedan contribuir a la producción de manera eficiente. Para esto se plantea la creación de un Fondo de Inserción Laboral, cuyo financiamiento deberá provenir de los recursos provenientes del gas. El financiamiento que brinde este Fondo deberá estar determinado por la demanda. Cualquier boliviano mayor de 18 años y menor de 40 años, que desee mejorar sus habilidades podrá inscribirse en cualquier institución de instrucción 20

técnica superior, y el Fondo cubrirá los gastos de estos estudiantes incluyendo el pago de la matrícula y los materiales que deba utilizar en el transcurso de su aprendizaje. El único compromiso que adquiere quien desea participar de este programa será el de cursar y aprobar el programa de estudios que ha elegido. Posteriormente, el Fondo promoverá asociaciones de productores, en base a los titulados cuyos estudios ha financiando. Asimismo, brindará asesoramiento a OPPs creadas o por crearse, en la búsqueda de mercados y financiamiento a estas asociaciones, de manera que las mismas puedan constituir un negocio. El Fondo está para prestar asistencia técnica para que sean los mismos titulados quienes generen su emprendimiento. El acceso a la asistencia técnica estará abierto a cualquier persona que tenga capital y desee llevar adelante un emprendimiento, siempre y cuando se comprometa a emplear a los titulados que hubiesen participado del programa. De manera general el Fondo priorizará la atención a las mujeres estudiantes, trabajadoras y productoras. El Fondo podrá también actuar como una bolsa de trabajo, para lo cual se vinculará con las cooperativas y asociaciones de productores, de quienes obtendrá sus demandas de trabajo, que difundirá entre los egresados que ha logrado formar. El mantenimiento de una red entre sus egresados ayudará a mantener contacto con éstos, de manera de poder brindarles información sobre el mercado de trabajo y conocer de las actividades del egresado para difundir su potencialidad entre los posibles demandantes de sus servicios. Se buscará la coordinación de este Fondo con la cooperación internacional que dispone de recursos de asistencia técnica que en muchos casos se emplean de manera dispersa. El Fondo puede ayudar a que los esfuerzos de los países amigos puedan concentrarse en esta tarea. 7. UNA NUEVA POLITICA DE HIDROCARBUROS Los hidrocarburos son los principales energéticos para el consumo mundial. Petróleo 40% y gas 20%. Las tendencias crecientes de utilización muestran claramente que para mediados de este siglo, se invertirá la proporción, 40% gas y 20% petróleo. Esa tendencia está siendo acelerada por los consumos nuevos y de gran magnitud de China y la India. Adicionalmente, a las ventajas del gas, de ser el combustible fósil menos contaminante, se añade que es la mejor fuente para la generación de hidrógeno que se perfila claramente como el energético del futuro a largo plazo, sustitutivo del petróleo. Soportando esas tendencias, los descubrimientos de reservas de gas cada año son superiores a los de petróleo, que no cubren lo consumido el año anterior. En otras palabras, el mundo consume cada vez más petróleo de un stock que disminuye, con gas se consume más, pero el stock continúa en ascenso.

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De todo el gas utilizado en el mundo, menos del 2% es industrializado en otros productos. El gas es fundamentalmente un energético. Regionalmente el gas boliviano es muy importante, estamos rodeados de países que necesitan gas y Bolivia es su mejor opción para abastecerse. La industria petrolera es la más globalizada del planeta. Lo que sucede en los grandes centros de producción y consumo (Medio Oriente, Europa, Asia y EE.UU.) afecta al mismo reducido número de empresas. Siendo así, en todas partes se mantiene una relación de mutua confianza entre ellas y los gobiernos, o empresa estatal del gobierno anfitrión. 7.1 Una ley para avanzar, no para retroceder En agosto de1993, el gobierno del MNR decidió concretar la exportación de gas al Brasil acordada en febrero del mismo año. Se renegoció el contrato de venta al Brasil, logrando aumentar el volumen de exportación de 16 a 30 millones de metros cúbicos por día, para lo cual se aumentó el diámetro del ducto de 28 a 32 pulgadas. El contrato fue ratificado en agosto de 1996. Sin embargo, los datos oficiales evidenciaban que en 1994 las reservas probadas y probables de gas natural alcanzaban solamente a 6.3 TCF (trillones de pies cúbicos americanos), cifra que no hubiera permitido cumplir con el compromiso de exportación al Brasil por 20 años y que demandaba la cantidad de 7.7 TCF. Si no crecían las reservas la única posibilidad de cumplir con el acuerdo con el Brasil, era transportar el gas peruano desde Camisea, en el Perú, hasta San Pablo. Se desarrolló entonces la estrategia conocida como “El Triángulo Energético”, para aumentar las reservas de gas, que se fundamentaba en: una nueva Ley de Hidrocarburos, la Capitalización social de YPFB y la construcción acelerada del gasoducto al Brasil. Estas medidas impulsaron la realización de fuertes inversiones en el sector petrolero, que de 1997 a 2004 alcanzó a 3,166 millones de dólares, inversión que logró aumentar las reservas de gas natural y de petróleo. Las reservas probadas y probables de gas natural subieron de 5.7 TCF en 1997 a 54.9 TCF en 2003 -sin embargo, la caída de la inversión desde 2003 ha determinado que las reservas disminuyan a 48.7 TCF en 2005. El efecto de aquella estrategia vital para Bolivia fue el cumplimiento del convenio de exportación al Brasil, el reinicio de las exportaciones de gas natural a la Argentina y las posibilidades de que Bolivia incursione en nuevos proyectos de exportación hacia los países vecinos. Actualmente, gracias a las medidas tomadas en la gestión de gobierno de 1993-1997, la exportación de hidrocarburos de 127 millones de dólares en 1996 subió en 2004 a 839 millones de dólares, representando el 39 por ciento de las exportaciones totales. Una mezcla de incomprensión de lo que fue la política de hidrocarburos y de sectarismo y mezquindad partidista ha llevado a que en el curso de este año se precipite el cambio de la Ley Nº 1689 de 1996, para reemplazarla con una ley improvisada, conceptual y técnicamente defectuosa, fruto de un referéndum tramposo y de las presiones de grupos radicalizados. La ley Nº 3058 de mayo de 22

2005 está marcada por una visión ideologizada y su contenido es regresivo y hostil a la inversión privada de la que no puede prescindir Bolivia para desarrollar su industria hidrocarburífera. Esta ley pone en riesgo al sector y puede inviabilizar las posibilidades de aprovechar racionalmente las reservas actuales para desarrollar, a partir del gas, la transformación de la economía boliviana y que sus beneficios puedan llegar efectivamente a la mayoría de los ciudadanos. La Ley 1689 de 1996, junto a las otras medidas citadas, cumplió con su objetivo de atraer inversiones e incrementar las reservas de gas natural y de petróleo. Ahora, conseguido ese propósito, necesitamos un nuevo marco legal para una renovada política de hidrocarburos que apunte sobre todo a convertir a Bolivia en potencia energética en la región, con capacidad tanto para cubrir la demanda nacional como la de nuestros vecinos y otros países de ultramar; para generar oportunidades de industrialización y otros proyectos de valor agregado; para aumentar los ingresos del Estado y de las regiones, garantizando la estabilidad fiscal con mayores impuestos a las petroleras, así como para generar recursos que contribuyan a modernizar y potenciar la Economía Popular y, sobre todo, a financiar el desarrollo de nuestros recursos humanos que es la inversión más estratégica que podemos hacer. Nuestra propuesta es elaborar una nueva Ley que corrija los defectos de la actual ley, proyectando una política nacional hidrocarburífera a la luz de las condiciones y desafíos actuales y sacando provecho de todas las enseñanzas aprendidas en estos años. Las bases de nuestra propuesta son las siguientes: Rol del Estado: Al Estado le corresponde formular las políticas y normas y regular las actividades del sector mediante la Superintendencia de Hidrocarburos. A través de YPFB debe participar como operador en igualdad de condiciones con el sector privado y mediante de arreglos modernos de asociación estratégica. Socialización del gas: Estado debe priorizar la construcción de redes de gas domiciliario, en todas las ciudades del país, incluyendo las intermedias, así como en las áreas más pobladas del altiplano, valles y llanos. Impulsaremos este proceso iniciado en 2003, que no ha marchado como se planificó, debido no solamente a la escasez de recursos, sino también al manejo político que se ha hecho de esta aspiración del pueblo. Es preciso subsidiar la construcción del gas domiciliario para movilizar los recursos provenientes de la cooperación internacional con la misma finalidad. Asimismo, fomentar el consumo de gas natural en las grandes, medianas y pequeñas industrias, así como en las cooperativas de producción. Apoyar la reconversión del parque vehicular del empleo de gasolina a gas natural comprimido, a partir de incentivos fiscales a los propietarios en acuerdo con los municipios. Incentivar la transformación del gas en energía termoeléctrica para consumo doméstico, industrial y agropecuario.

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Estabilidad jurídica: Los contratos existentes deben ser renegociados por acuerdo de partes, preservando la confianza de los inversionistas en el país. Régimen tributario: Con la subida de los precios internacionales del petróleo y el gas, el incremento en la tributación es irrenunciable. En todo el mundo se reconoce la facultad soberana de modificar los impuestos. Lo fundamental es preservar la industria y su competitividad. Políticas de precios: Se debe seguir las tendencias mundiales de los precios. Una fracción de IDH debe ser destinada a un fondo de estabilización para proteger la economía nacional. Ser el principal exportador del área nos permite una política firme pero prudente para mantener los precios con el Brasil, como indicador para otras exportaciones. Exportación y geopolítica: La necesidad de nuestros vecinos por el gas está envuelta en un juego geopolítico. Debemos lograr una relación madura, de mutuo beneficio y de largo aliento. La exportación debe ser acordada por acuerdos bilaterales con clara conciencia de sus connotaciones geopolíticas, en especial con Chile. Es también necesario desarrollar proyectos de exportación de energía termoeléctrica a los países vecinos, tomando en cuenta el déficit energético que existe. Al Estado le toca abrir los mercados y establecer los acuerdos pertinentes con los gobiernos de los países que demanden energía eléctrica. Institucionalidad: Los hidrocarburos son fundamentalmente un energético nacional y de exportación. El petróleo es casi sinónimo de gasolina, diesel, jet fuel, etc. En el caso del gas, su destino mayoritario es la termoelectricidad. Por tanto, debe haber una estrecha coordinación entre electricidad, termoeléctrica e hidroeléctrica y la explotación, transporte y comercialización del gas, para lo cual es necesario reponer en la estructura del Poder Ejecutivo un Ministerio de Energía. Como la política energética debe tener una visión global de corto, mediano y largo plazo, se debe instituir un Consejo Nacional de la Energía, que toma en cuenta no solo hidrocarburos, electricidad, sino también las otras energías no convencionales como la solar, eólica, etc. Industrialización: La industrialización del gas atañe fundamentalmente al uso de los licuables en el gas (etano y propano), que son la materia prima para la petroquímica y ésta requiere de grandes volúmenes de estos licuables para ser competitiva. Los volúmenes del consumo interno no son suficientes para la obtención de la cantidad de licuables necesarios para instalar plantas petroquímicas. Por tanto, una mayor exportacion del gas es necesaria para aumentar los licuables y asi se llegue a los volúmenes suficientes para su industrialización.

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La conversión de gas a líquidos no es todavía una realidad comercial en el mercado mundial. Por tanto, es conveniente dar las medidas generales de promoción y ayuda estatal para impulsar el desarrollo de esta actividad. La producción de fertilizantes debe ser fuertemente apoyada por el Estado para conseguir mercados externos, dado que la factibilidad económica financiera de una planta de fertilizantes requiere de economías de escala y producciones que están muy por encima de los consumos nacionales. Inversión Privada: La industria petrolera es altamente intensiva en inversiones que no están al alcance del ahorro interno por lo que la inversión directa privada es indispensable. Para ello lo fundamental es crear un ambiente de confianza entre Estado, sociedad civil e inversionistas privados.

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III.

RECONSTRUIR Y FORTALECER EL ESTADO

El proceso de Participación Productiva que propugnamos como eje de una nueva política económica y base para transformar el sistema económico en Bolivia, requiere de un papel renovado y fortalecido del Estado. Reconstruir el Estado no significa volver al estatismo asfixiante, ineficiente y de corrupción del pasado. Hoy más que nunca necesitamos un concepto moderno de Estado, fortalecido en sus capacidades institucionales para promover la transformación y la competitividad de la economía boliviana, garantizar la equidad social y la unidad de los bolivianos y completar las tareas de la construcción nacional y el desarrollo democrático. El Estado que propugnamos, significa: a) Un Estado unitario con departamentos y municipios autónomos. Como se hizo en 1825, hoy queremos refundar la República desde los departamentos que conforman la Nación boliviana, para que las regiones y municipios sean los protagonistas de la construcción nacional y el proceso de desarrollo. Apostamos por la implantación de un régimen de autonomías departamentales, asumiendo el desafío de convertir la reivindicación autonomista en un verdadero proyecto nacional, tanto en sus contenidos como en su planteamiento político, única forma asegurar su viabilidad y éxito, preservado en todo momento la unidad nacional. Asumimos la necesidad de encauzar un proceso avanzado de descentralización política y administrativa dentro de una estrategia flexible, gradual y ordenada, en estricta correspondencia con las posibilidades financieras y fiscales del país, que ahora son muy restrictivas. Una estrategia que además permita resolver las limitaciones institucionales y los problemas políticos y de gobernabilidad, ahora más exacerbados que nunca. Lo fundamental es que sea un cambio bien pensado, técnicamente factible y con una adecuada ingeniería política, administrativa y financiera, evitando un salto al vacío. Para asumir estos desafíos son necesarias ciertas condiciones políticas esenciales como: i) el liderazgo de un gobierno capaz de orientar y monitorear el proceso como una tarea primordial del próximo período gubernamental; ii) la autoridad de un Parlamento respetado; iii) partidos nacionales capaces de articular los intereses regionales, locales y sectoriales. Nuestra propuesta y compromiso es contribuir a crear estas condiciones, para asegurar un proceso autonómico exitoso que permita a Bolivia dar un salto en su desarrollo. b) Un Estado de derecho que asegure el gobierno de las leyes para restablecer un orden democrático con ciudadanía política para todos los bolivianos. El Estado de derecho implica recuperar la autoridad del Estado que se ha perdido y también reconstruir y fortalecer su institucionalidad en el marco de la democracia representativa, restableciendo los mecanismos institucionales de decisiones y 26

procesamiento de conflictos sociales. Todo lo cual supone que el Estado recobra legitimidad, capacidad y eficacia como eje del poder político para la toma de decisiones y el funcionamiento del régimen constitucional. c) Un Estado Nacional que es capaz nuevamente de dar a los bolivianos un proyecto de país y de futuro compartido en el que se concilian las diferencias y se antepone el interés nacional por sobre los intereses regionales, sectoriales o corporativos. Un Estado que construye y promueve la identidad de la Nación Mestiza que esencialmente es Bolivia y que debemos rescatar como el mejor patrimonio étnico, cultural e histórico que tenemos los bolivianos, fruto de siglos de convivencia, integración y sincretismo permanente, para afianzar la unidad de la sociedad boliviana, combatiendo aquellas tendencias disgregadoras que, enarbolando falazmente la primacía de las diversidades culturales y territoriales, siembran enconos y rivalidades que sólo pueden conducir a la confrontación fratricida y la destrucción de la República. d) Un Estado promotor de desarrollo económico, cuya principal preocupación es generar las condiciones necesarias para que las actividades productivas y de servicios puedan desenvolverse con seguridad jurídica y en un clima propicio para los negocios, las inversiones y el despliegue de las iniciativas privadas; un Estado que fomenta prioritamente la atención de las necesidades de la Economía Popular, que alienta y participa en alianzas público-privadas y en inversiones concurrentes, que regula eficazmente los servicios públicos y que interviene en proyectos económicos estratégicos para el país, como en el sector hidrocarburífero, cumplia un papel clave para impulsar las exportaciones de gas y desarrollar proyectos de industrialización de este recurso. e) Un Estado garante de equidad social, que cumpla activa y eficazmente el papel de integrador social para la cohesión de la sociedad y el mantenimiento de los necesarios equilibrios internos, base de la estabilidad política y el desarrollo democrático. Un Estado que defiende los derechos económicos y sociales de las mayorías nacionales y que asume el desafío de universalizar los servicios sociales, avanzando lo más rápidamente posible a través de la defensa del Bonosol, de un SUMI mejorado, una reforma educativa de mayor alcance, un sistema de pensiones eficiente, agua y alcantarillado para los centros poblados y otros servicios esenciales articulados a una red de protección social para los sectores más necesitados y vulnerables.

INTEGRACION SOCIAL Detrás de la dualidad económica que existe en Bolivia existe una brecha de desigualdad, discriminación e injusticia que impide la construcción de una democracia con equidad y justicia social que es la base para mantener a la sociedad sólidamente cohesionada. Sin embargo, la integración social en Bolivia sigue siendo una tarea pendiente que hace que los lazos entre las distintas clases

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y capas sociales, regiones, culturas y generaciones sean también frágiles y vulnerables. A pesar de los esfuerzos realizados para acompañar las reformas económicas con innovadoras y profundas reformas políticas y sociales como la Participación Popular, la Reforma Educativa, una nueva política de salud expresada en el SUMI, la capitalización social que ha producido el Bonosol y otras medidas más, los resultados alcanzados en la lucha por abatir las desigualdades sociales son claramente insuficientes. La recesión económica de los últimos años y su corolario en la inestabilidad política del país, han deteriorado los mecanismos cooperativos de la estructura social y es cada vez mayor la distancia entre las demandas y la capacidad de satisfacerlas. El panorama actual no puede ser más crítico. Por ello, un desafío fundamental de este momento es dar un renovado impulso al combate contra la exclusión y por la integración social de los bolivianos. Este cometido justifica y hace imperativo reconstruir y fortalecer el Estado para que pueda precisamente asumir eficazmente el reto de la integración social, en un momento de honda desagregación de la sociedad boliviana. La función de garante de equidad social que hemos descrito antes como uno de los roles característicos del Estado Nacional apunta a recrear una capacidad estatal para impulsar una nueva etapa de reformas sociales en Bolivia, adecuada a las necesidades y posibilidades actuales. Como ya se dijo, la base económica para sustentar esta nueva etapa de reformas sociales es el proceso de Participación Productiva que propone este programa como el corazón de una transformación estructural que pretende construir una nueva economía con capacidad competitiva y a la vez distributiva. Es decir una economía capaz de generar excedentes y de crear empleo, que son las únicas bases posibles para derrotar la pobreza. Pero esta nueva estrategia de desarrollo económico y social tiene que ser complementada con políticas sociales que contribuyan sobre todo a desarrollar el capital humano del país pero también a fortalecer los procesos de ciudadanía e integración. Afortunadamente para ello no partimos de cero. El MNR, como ningún otro partido en la historia boliviana, ha realizado los cambios sociales fundamentales de la Nación boliviana. En su patrimonio político están medidas sociales tan importantes como la Reforma Agraria, la Reforma Educativa y la Participación Popular. Es de allí de donde arranca su experiencia, su calificación y credibilidad para encarar los nuevos de la integración social, en interacción con los cambios en la economía y en la política. Es bajo estos fundamentos que esbozamos a continuación nuestra propuesta de Integración Social que comprende un conjunto de políticas públicas prioritarias con efectos en la economía y en la calidad de vida.

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1. COMPLETAR EL CICLO DE LA REFORMA AGRARIA: DEL REPARTO A LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA DEL AGRO La Reforma Agraria en Bolivia ha transitado por varios momentos. Una etapa inicial cargada de contenidos y símbolos revolucionarios que acabó con las estructuras semifeudales en el campo y repartió masivamente la tierra, dio lugar a una estructura de tenencia completamente diferente así como a la formación de nuevos actores económicos, sociales y políticos, que hoy son protagonistas de la Bolivia democrática. A esa etapa le siguió un largo período donde el proceso de distribución y adjudicación se precipitó en el desorden jurídico, la corrupción institucional, la discrecionalidad política y el acaparamiento de tierras, hasta casi agotar sus posibilidades. Con la Ley INRA se ha abierto un nuevo capítulo para relanzar el proceso agrario con un nuevo sistema de administración de tierras y buscando resolver problemas esenciales como la seguridad jurídica, un nuevo régimen de distribución de tierras rurales, el deterioro de los recursos naturales renovables y el reconocimiento de los derechos indígenas. Esta fase, con sus éxitos y fracasos, nos transporta ahora hacia nuevos desafíos. El reto principal es consolidar y completar la obra resultante del reparto de tierras, enfrentando los problemas pendientes y otros que han surgido en el curso del proceso. 1.1 Derechos agrarios seguros La inseguridad jurídica que persiste en la tenencia de la tierra sigue siendo un gran problema agrario y un poderoso obstáculo para el desarrollo agropecuario y rural. La mayor parte de los productores del campo siguen siendo simples poseedores y carecen de títulos de propiedad. Sin derechos propietarios perfectos, debidamente reconocidos por la ley, no cuentan con la herramienta básica para crear capital. La Ley INRA es el intento más serio que se ha hecho para poner orden en el caos en que derivó el reparto de tierras y para dar seguridad jurídica. Lamentablemente, el saneamiento de la propiedad agraria ha derivado en un proceso engorroso, lento, prolongado y caro para el Estado. -

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Proponemos simplificar los procedimientos técnicos y jurídicos del saneamiento para acelerar este proceso, en los primeros seis meses de gobierno, a fin de optimizar los resultados y poder concluir con la regularización del derecho propietario en todas las tierras agrarias antes de la finalización del próximo período constitucional. Revisaremos los procedimientos de verificación de la Función Económica Social para asegurar el empleo sostenible de la tierra y evitar que éste siga siendo un cuello de botella en el saneamiento. Aplicaremos la titulación sin más trámite que prevé la ley, para el saneamiento expedito y ágil de las pequeñas propiedades y comunidades campesinas. Agilizaremos la ejecución del saneamiento, fortaleciendo las oficinas departamentales del INRA para desconcentrar en ellas todas las etapas del 29

proceso e involucrar más decididamente la participación de los municipios y gobiernos departamentales, vinculando los proyectos de saneamiento a los planes municipales y regionales de desarrollo productivo. 1.2 Acceso equitativo a la tierra y los recursos naturales Es necesario generar nuevas y mayores oportunidades de acceso a la tierra y al aprovechamiento de los recursos naturales, principalmente forestales, para beneficiar a campesinos y trabajadores del campo, y corregir a la vez distorsiones en la estructura de la propiedad agraria, como la concentración improductiva y la especulación en el mercado, tendiendo a lograr un uso más eficiente y equitativo de la tierra y sus recursos, que garantice la paz y estabilidad social en el campo, indispensable para el progreso económico. Las acciones que desarrollaremos como soporte y complemento a las políticas de fomento a la Participación Productiva son: -

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Generar una oferta de tierras que permita el acceso ordenado y pacífico a la tierra, mediante: i) la dinamización del mercado de tierras; ii) la recuperación de más tierras fiscales en el saneamiento agrario; iii) la compra de tierras productivas para cooperativas y otras asociaciones de producción con financiamiento del Estado; vi) la creación de un banco de tierras. Estos dos últimos programas serán financiados con recursos de cooperación internacional. Impulsar el reagrupamiento de parcelas y pequeñas propiedades a través de la formación de cooperativas agropecuarias que permitan constituir unidades agrarias viables para la actividad productiva. Descentralizar a los departamentos los programas de distribución de tierras, para lograr resultados más eficientes y favorecer la concertación con los actores productivos, los municipios y los campesinos e indígenas demandantes de tierras. Promover la titulación de mujeres propietarias de tierras y la aplicación de normas que procuren la equidad de género en la política agraria. Incrementar sustancialmente las concesiones forestales con preferencia a los usuarios tradicionales, comunidades campesinas, recolectores y agrupaciones sociales del lugar, involucrando en esta política a los municipios y departamentos. Vincular los proyectos de distribución de tierras y las concesiones forestales con otros proyectos y programas de apoyo y desarrollo productivo que buscan mejorar el acceso a los mercados de la economía campesina, para generar efectos simultáneos de acceso a la tierra, seguridad agraria y transformación productiva.

1.3 Convertir la tierra en capital Existe la imperiosa necesidad de eliminar los obstáculos legales que impiden a los campesinos e indígenas poder ejercitar sus derechos plenamente sobre la tierra.

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Debemos superar una situación de injusticia por la cual existen propietarios de primera –los empresarios y medianos agropecuarios- que pueden acceder fácilmente al crédito con la garantía de sus propiedades que no tienen restricción legal para ser transferidas o hipotecadas; y propietarios de segunda –los campesinos y comunidades agrarias- cuyas tierras no pueden ser libremente vendidas o usadas como garantía hipotecaria. Para corregir este anacronismo que frena el desarrollo de la economía campesina, proponemos: -

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Llevar el tema de la inembargabilidad y las restricciones legales sobre la propiedad campesina a la discusión de la Asamblea Constituyente, para introducir los cambios que son necesarios en la CPE. En lo inmediato, aprobar una Decreto Supremo que facilite a los campesinos agrarios acceder al crédito con garantía de sus predios para financiar sus actividades productivas dentro de los programas de Participación Productiva que proponemos. La formación de cooperativas agropecuarias es otro de los mecanismos que permitirá superar los impedimentos al ejercicio pleno del derecho de propiedad.

1.4 Política Nacional de Tierras Cuestiones como la superposición o conflictos de derechos agrarios y forestales, el tratamiento legal al derecho de propiedad en tierras de protección y de producción forestal permanente, la verificación de la función económico-social en predios con actividad forestal, la afectación de las áreas de concesión en la dotación de tierras a las TCOs y comunidades campesinas, la inmovilización de demandas de adjudicación de tierras en áreas sujetas a trámite de reconocimiento de TCOs, la situación de los usuarios tradicionales del bosque, etc., están desnudando problemas legales, inconsistencias en las decisiones gubernamentales, del INRA y de la superintendencia y otros problemas de gestión institucional hacen vulnerables los derechos agrarios y forestales. El Estado debe recuperar la capacidad de formular una política nacional de tierras que conjugue los objetivos de la política agraria de acceso y consolidación del derecho propietario sobre la tierra con los objetivos de la política forestal, desde una perspectiva sistémica en el manejo de los recursos naturales renovables. En ese sentido, y considerando el objetivo de avanzar hacia un régimen de autonomías departamentales, proponemos: -

Transferir al ámbito departamental la competencia relativa a la definición de normas y políticas de ordenamiento territorial en cada uno de los departamentos del país, para la aprobación de planes de uso del suelo y de ocupación del territorio, de manera que sea en el marco de estos planes departamentales –y con el dictamen técnico de la Superintendencia Agraria como órgano regulador del uso y gestión del recurso tierra- que la administración departamental decida y resuelva cuestiones tales como: la

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clasificación de tierras; la conversión de tierras boscosas aptas para diversos usos; la afectación de tierras de inmovilización y de rehabilitación. Transferir al ámbito departamental la determinación y aprobación del destino que se debe dar a las tierras fiscales, conforme a su capacidad de uso mayor, sea para su distribución, preferentemente mediante adjudicación, o bien para concesiones forestales, y necesariamente en el marco de los planes departamentales de uso del suelo y de ocupación del territorio; además de los procesos de concertación social que deben darse en el territorio. Un requisito para alcanzar los objetivos anteriores es que mejore substancialmente la calidad de los procesos de formulación y aprobación de planes de uso del suelo y de los otros instrumentos técnico-administrativos de ordenamiento territorial, tanto en los departamentos como en los municipios, así como la capacidad de los órganos gubernamentales para exigir el cumplimiento de sus normas. Crear, ampliar y fortalecer los mecanismos institucionales en cada departamento y sus municipios, encargados de diseñar y ejecutar políticas, planes y programas en materia agraria y forestal así como otras instancias de deliberación, concertación y control social en el campo de la gestión de tierras. Institucionalizar el INRA y adecuar sus funciones a un modelo de descentralizado de gestión, reorientando sus competencias y atribuciones a la ejecución de las políticas y programas de saneamiento y distribución de tierras, los cuales deben ser definidos con un mayor grado de incidencia de los organismos y actores departamentales y municipales, pero siempre contando con el dictamen técnico del INRA. Reforzar la capacidad política y técnica del Ministerio de Desarrollo Sostenible para formular políticas y normas generales en materia agraria y forestal que enmarquen adecuadamente el rol fortalecido de los departamentos, así como para supervisar la legalidad y calidad de las decisiones de las instancias departamentales en este campo, velando permanentemente porque en ellas se contemplen objetivos de integración social, regional y cultural; y también para estimular el logro de metas nacionales participando en el financiamiento de programas agrarios y forestales prioritarios y creando otros incentivos que orienten e impulsen la acción de los departamentos.

1.5 Protección al derecho forestal No es posible impulsar el desarrollo del sector forestal si no se resuelve la inseguridad jurídica que afecta a este sector, protegiendo debidamente las concesiones forestales. Debemos fortalecer el ejercicio del derecho forestal para que sea reconocido como un derecho de valor jurídico equivalente al derecho agrario o minero, aunque diferente a éstos por su distinta índole y ámbito de acción, dotado de la garantía y la protección suficiente del Estado. Esta cuestión puede ser superada en el marco de la propia Ley INRA que prevé la figura de “terceros” en el proceso de saneamiento. Aplicando esta disposición, proponemos dictar una norma reglamentaria para el reconocimiento formal de los concesionarios forestales como “terceros”, dentro del 32

proceso de saneamiento, tal cual se lo hace con otros propietarios o poseedores con trámite agrario. Todo ello, sin perjuicio de la aplicación del derecho agrario preferente sobre las concesiones, contratos o autorizaciones de aprovechamiento forestal, señalado por la Ley INRA, en casos de superposición o conflictos de derechos.

2. POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL 2.1 Educación Continuar apoyando el desarrollo del capital humano, mediante la consolidación de las mejoras en la extensión y cobertura en la educación, además de trabajar en programas de tecnología de información y comunicación, y como explicamos en otra parte del programa, darle a la reforma educativa énfasis en la educación para la producción. Con ese propósito se plantea: • • • • •

Universalización de la educación primaria Apoyar, mediante programas especiales, el acceso a la educación secundaria para todos los niño@s que completen la educación primaria Diseñar y aplicar programas de educación técnica En asociación con los municipios proporcionar desayuno escolar para todos los niño@s Financiar con los impuestos sobre el gas natural, 10 computadoras conectadas a Internet en cada una de las escuelas del país

a) La clave de la reforma: educadores de calidad La reforma requiere no solo cambiar el plan de estudios, sino sobre todo generar una masa crítica de educadores que pueda diseminar este cambio en el futuro. Por ello el énfasis deberá estar en la formación de los educadores. Debemos ser capaces de atraer a los mejores estudiantes a la profesión de maestros. Parte de los recursos del gas se deben utilizar para mejorar los niveles de educación. Cualquier esfuerzo serio en esta materia no puede limitarse a mejorar la remuneración de los maestros. Debemos formar una generación de profesores bien calificados, que puedan elevar significativamente los niveles educativos de la población. b) Formación ciudadana Pondremos en primer lugar la defensa de los derechos sociales de los grupos más vulnerables, como las personas de la tercera edad, los niños y las mujeres y los campesinos, mediante una adecuada promoción de los derechos y diseñando y aplicando programas especiales para cada grupo social.

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Diseñaremos un plan de construcción ciudadana dentro de la reforma educativa, que incluya a los niño@s y a los jóvenes que cursan el ciclo secundario. El eje inicial de este programa deberá ser el conocimiento de los derechos y obligaciones que los ciudadanos tenemos en Bolivia. 2.2 Salud a) SUMI mejorado y eficiente La creación del Seguro Universal de Maternidad y Niñez (SUMI) en el ultimo gobierno de Sanchez de Lozada, ha sido un gigantesco paso para reducir la mortalidad infantil y materna en Bolivia y para iniciar la reforma de los servicios públicos de salud. El reto ahora es asegurar su funcionamiento eficiente así como su sostenibilidad financiera, para que los servicios que presta sean los adecuados y lleguen a todos las personas que necesitan de ellos, especialmente en el campo. b) La gestión de los programas de salud Nos proponemos ordenar el sistema de seguro social con el propósito de alcanzar mayores economías de escala y fortaleza administrativa. Se creará una Superintendencia de Salud, con jurisdicción sobre autoridades, funcionarios, trabajadores y usuarios públicos, privados y de la seguridad social. Dentro de sus funciones estará el normar la apertura y funcionamiento de los centros de atención de salud, certificar el personal profesional y acreditar a los diferentes servicios de salud. También se ocupará de la resolución de los reclamos por mala calidad en la atención, de la alteración de tarifas y de otros problemas que requieran arbitraje. En suma, actuará como una defensoría del pueblo en materia de salud. La base institucional y financiera de esta entidad es el actual INASES. d) Política de nutrición La desnutrición es una de las principales causas de las elevadas tasas de mortalidad infantil y de mortalidad de la niñez. El 30% de la población padece de desnutrición crónica y de retardo en el crecimiento; si a esto le añadimos las pérdidas de productividad por deficiencia de yodo y las agudas deficiencias de hierro, el cuadro nutricional es dramático. Aumentaremos la tasa de lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, eliminaremos la mitad de los casos de desnutrición crónica y de anemia ferropénica y erradicaremos las deficiencias de yodo y vitamina A, mediante un programa de nutrición de alcance nacional en el que participarán el gobierno y los municipios.

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e) Política nacional del medicamento Se regulará el mercado de medicamentos, privilegiando el acceso de la población de menores recursos a un paquete científico y racionalmente apropiado de medicamentos esenciales. Se estimulará a la industria nacional para que lo produzca. 2.3 BONOSOL Indudablemente el otorgamiento del Bonosol a la población mayor de 65 años, como parte de la política de protección a este grupo vulnerable, gracias a las utilidades generadas por la capitalización, ha significado un apoyo importante e irrenunciable al grupo de la tercera edad. El gobierno del MNR garantizará la continuidad en el pago de este beneficio, mediante la modificación de la última Ley de Hidrocarburos de mayo de 2005, para que las acciones de los bolivianos en las empresas capitalizadas Chaco, Andina y Transredes, sean respetadas y prosigan generando utilidades al Fondo de Capitalización Colectiva para el pago del Bonosol. 2.4 Vivienda El acelerado proceso de urbanización del país ha determinado que el 65% de la población del país viva en las ciudades. Lamentablemente, los centros urbanos no tienen los recursos necesarios para satisfacer las demandas de servicios públicos básicos de la población recientemente asentada. Por una parte, la población rural recientemente asentada en las ciudades no dispone de las viviendas adecuadas donde vivan dignadamente; por otra, existe una alta demanda de viviendas que no puede satisfacerse debido a los costos de terrenos y de construcción que no permiten que la población de bajos recursos acceda a una vivienda. En ese sentido, proponemos: • •

• •

Reponer los programas de reordenamiento territorial en las ciudades que permita disponer de los servicios públicos básicos Implementación de un agresivo programa de saneamiento básico en las ciudades grandes, medianas y pequeñas, con la finalidad de aumentar la cobertura urbana por lo menos en 90% en el agua potable y el 65% en alcantarillado. En el área rural también se impulsará la cobertura de agua potable y de alcantarillado Construcción y refacción de 100,000 viviendas que costarán aproximadamente 500 millones de dólares, financiadas con una participación estatal en un 20%, y otorgamiento de créditos en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV) y el otorgamiento de una garantía estatal, mediante el FONDESIF, para acceder a préstamos del sistema financiero no bancario

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2.5 Turismo Tomando en cuenta que el turismo constituye una actividad con fuerte efecto multiplicador sobre el resto de la economía, debido a que genera empleo e ingresos directos e indirectos, y que no existió hasta el momento una política seria de apoyo al sector, es necesario impulsar el desarrollo de esta actividad, mediante: • • •

El desarrollo una infraestructura turística básica en las regiones con mayor potencial, incorporado a las comunidades locales en el diseño y ejecución de los proyectos El diseño y la implementación de un plan nacional para el aprovechamiento sostenible de los recursos turísticos La promocionar en el exterior por parte del Estado, de los centros turísticos y de las actividades turísticas importantes que tienen el país

2.6 Género Comprendiendo que en Bolivia la mujer históricamente sufre de discriminación, abuso y exclusión económica, social y cultural, el gobierno del MNR de 1993 a 1997, desplegó una serie de políticas para iniciar un proceso de reversión de esta situación. Se creó la Subsecretaría de Asuntos de Género, se diseño e implementó la Ley de Participación Popular y la Ley de Reforma Educativa. La Subsecretaría de Asuntos de Género tenía por finalidad diseñar y aplicar políticas de apoyo a la mujer, la Ley de Participación Popular estableció como uno de sus fundamentos la igualdad de oportunidades y la Ley de Reforma Educativa adoptó la equidad como uno de sus principios. Asimismo, promulgó la Ley contra la Violencia en la Familia; en otras palabras, se inició claramente un proceso de empoderamiento para las mujeres. Lamentablemente, los gobiernos posteriores no dieron continuidad a estas políticas e hicieron una gestión demagógica en los entes creados para ejecutar las políticas de género. En consecuencia, para retomar las políticas anteriormente citadas, planteamos: • • •

Crear el Ministerio de la Mujer, para diseñar y aplicar las políticas a favor de la mujer Entrega gratuita de las cedulas de identidad a todas mujeres que carezcan de este documento Creación de una red nacional de casas de refugio y de apoyo en servicios legales. Las casas de refugio, a cargo de organizaciones no gubernamentales y religiosas, tienen la finalidad de brindar abrigo temporal a las víctimas de agresión, y el apoyo en servicios legales tendría como finalidad proporcionar apoyo legal, médico y psicológico a las mujeres

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IV.

REFORMA POLITICA PARA EL BUEN GOBIERNO

1. LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Las propuestas de reforma política que a continuacion se adelantan, serán la base del proyecto de Nueva Constitución Política del Estado que el MNR propondrá a la Nación con motivo de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Para reconstruir y fortalecer el Estado necesitamos recomponer y renovar el sistema político. La oportunidad para ello es el actual proceso eleccionario. Esto requiere de un nuevo proyecto político que llene el vacío de conducción en el Estado y la sociedad y enrumbe la democracia hacia una era de estabilidad y prosperidad económica y social, con visión nacional y capacidad para lograr la convergencia de intereses entre el Estado y la sociedad civil, entre el sector público y el sector privado, entre la Nación y sus regiones. La propuesta que hace el MNR al pueblo boliviano busca llenar ese vacío. Dada la crisis estructural del Estado y del régimen político es necesario un cambio de fondo en el sistema de gobierno y el funcionamiento de las instituciones de la democracia representativa. El camino que proponemos es transitar del régimen presidencial hacia el régimen parlamentario, para establecer una nueva forma de gobierno de la República que supere los males de la concentración excesiva de poder que supone el presidencialismo y su consecuencia inevitable que es la supeditación política del Parlamento al Poder Ejecutivo, tanto como el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial, con su secuela de falta de fiscalización y de contrapeso a la autoridad gubernamental. No hay duda que el presidencialismo ha debilitado el sistema de partidos y es uno de los obstáculos para la institucionalización y el funcionamiento democrático de los partidos. El presidencialismo exacerba los peores vicios de la política boliviana como el patrimonialismo, el prebendalismo y el clientelismo, que desnaturalizan la democracia y desprestigian la práctica política. Pensamos que el régimen parlamentario puede contribuir en gran medida a superar esos problemas y también a mejorar las condiciones de gestión e inestabilidad politica de un gobierno, para que los resultados sean mejores y los beneficios mayores para el pueblo boliviano. Sin embargo, somos conscientes de que la implantación de este nuevo sistema de gobierno requiere de un gran consenso en la sociedad boliviana. Sin este requisito sería imposible avanzar hacia ese cambio. Por ello, y de cara a la Asamblea Constituyente, ponemos este tema sobre el tapete y sugerimos a todos los otros candidatos y partidos políticos abrir el debate en procura de lograr un gran entendimiento político entre las principales fuerzas nacionales. En caso de que este consenso nacional no sea posible de alcanzar, pensamos que una reforma del sistema político es de todos modos ineludible e 37

indispensable. Esta reforma política, no menos profunda, debe perseguir dos objetivos esenciales: i) restablecer la gobernabilidad democrática; ii) institucionalizar un renovado sistema político, verazmente pluralista y representativo que revierta la actual fragmentación política y sus efectos de inestabilidad y vacío de poder. Los ejes de nuestro planteamiento de reforma política son los siguientes: a) Incorporar el sistema de doble vuelta en las urnas para la elección directa del Presidente y Vicepresidente de la República. Esta reforma es necesaria para reforzar la legitimidad del mandato presidencial y propiciar la formación de un gobierno de mayoría con plena capacidad de gobernar. b) Al mismo tiempo, crear la figura de un Primer Ministro, como jefe de gabinete encargado de coordinar las labores ministeriales y de llevar la relación con el Parlamento. El Primer Ministro será designado por el Presidente de la República con el voto de confianza de la mayoría absoluta del Congreso Nacional y tendrá responsabilidad política ante éste. De este modo se pretende mejorar la gestión administrativa del Estado, la coordinación y el equilibrio de poderes. c) Elegir diputados plurinominales en circunscripción nacional, manteniendo la elección de diputados uninominales en circunscripciones locales. Los diputados plurinominales serán elegidos en lista completa y por el sistema de representación proporcional. Para la elección de los diputados uninominales se requerirá mayoría absoluta de votos; cuando no se obtenga esta mayoría se procederá a una segunda vuelta, simultáneamente a la segunda vuelta presidencial. Así pues, la composición parlamentaria revistirá una triple representación: la representación nacional en los diputados plurinominales; la representación local-provincial en los diputados uninominales y la representación departamental en los senadores. d) Dentro del régimen departamental autónomo a ser incorporado en la CPE, constituir gobiernos departamentales con un Gobernador como autoridad ejecutiva y una Asamblea Departamental como órgano legislativo, compuesta por representantes departamentales plurinominales y representantes uninominales en circunscripciones locales. El Gobernador será elegido por mayoría absoluta de votos. Cuando eso no ocurra se procederá a una segunda vuelta, lo mismo que para los representantes uninominales. La segunda vuelta será también aplicada en la elección de los gobiernos municipales, estableciéndose simetría en la forma de elección de los tres niveles de gobierno. e) Constituir un sistema de partidos en tres niveles: i) el nivel nacional con la participación de partidos nacionales que para su registro en la CNE deberá 38

acreditar el respaldo del 2% del padrón electoral nacional y con la obligación a presentar candidatos a presidente y vicepresidente, senadores y diputados y la opción de postular candidatos en elecciones departamentales y municipales; ii) el nivel intermedio con partidos departamentales que para su registro en la CND deberá acreditar el respaldo del 2% del padrón electoral departamental. Estos partidos, además de competir por los cargos del gobierno departamental, podrán postular candidatos al gobierno municipal; iii) el nivel municipal con partidos locales que para su reconocimiento legal deberán acreditar las firmas del 2% del padrón electoral municipal. Con esta reforma se crearán tres espacios diferenciados de competencia política, correspondientes a los tres niveles de gobierno, propiciándose la participación de partidos con características también diferenciadas para responder a las exigencias distintas de la democracia y el poder político territorial. 2. COMBATIR LA CORRUPCIÓN La hipercorrupción que se ha dado en los últimos años en Bolivia plantea una cuestión de extrema gravedad y, por lo mismo, de urgente e insoslayable tratamiento. En ello está en juego el futuro del país y de la democracia. Sabemos que la corrupción es un fenómeno complejo, con raíces estructurales, y que está presente en muy diversas esferas de la sociedad nacional. Es como un monstruo de tres cabezas, que nos amenaza e intimida. Enfrentar al monstruo es una labor difícil y titánica, pero no imposible si hay voluntad política de hacerlo. Nuestra decisión es concentrar las energías en la lucha contra las expresiones más peligrosas de la corrupción; aquellas que producen los efectos más perniciosos en el sistema democrático y en la sociedad. Son las tres cabezas del monstruo: la corrupción política, la corrupción policial y la corrupción judicial. 2.1 Transparencia e integridad en la gestión pública La corrupción del poder político encuentra su caldo de cultivo en los abusos y en el manejo discrecional del poder, la falta de controles efectivos, la ausencia o debilitamiento de la ética pública y, sobre todo, la impunidad. Con demasiada frecuencia los privilegios y prerrogativas del poder han servido para proteger y encubrir a personas comprometidas en actos de corrupción. Son excepcionales los casos de parlamentarios que han perdido su fuero para ser sometidos a la justicia. Los corruptos siempre tienen la habilidad y el poder necesario para eludir la ley, y hasta para torcer la justicia a su favor, quedando sus delitos sin castigo. La corrupción se manifiesta también en el tráfico de influencias, la distribución de prebendas y el usufructo del patrimonio y los dineros públicos para el enriquecimiento personal o de grupo. La falta de transparencia y de participación

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ciudadana en el control de los actos de gobierno contribuye, sin duda, a crear un ambiente favorable a la corrupción. La solución a la corrupción en el sistema político pasa por poner un freno definitivo a la impunidad. Esta es la primera prioridad y la condición necesaria para generar un proceso de inmunización social y estatal frente a la corrupción sistémica. Nuestro plan apunta, asimismo, a cerrar las oportunidades de corrupción que se dan en el sector público por la fragilidad de sus instituciones, por la ausencia de reglas claras, por la mala fiscalización, por la inexistencia de control social, por la falta de información sobre los actos de gobierno, por el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, por los procedimientos engorrosos y burocráticos que se prestan a la coima y la chicana, por la ausencia de recursos humanos apropiados, por las interferencias políticas desmedidas y, en fin, por la grave falta de transparencia que caracteriza al sector público y a las relaciones entre éste y los agentes privados. Para resolver estos y otros problemas, es preciso modernizar nuestras instituciones, cambiar el estilo de gestión pública y avanzar hacia una nueva manera de ejercer el poder político y de administrar los asuntos públicos, con transparencia, utilizando tecnología de punta en la información y las comunicaciones y obteniendo resultados claros que justifiquen y hagan legítimas las decisiones políticas. Las acciones que nos proponemos llevar a cabo son: • Aprobar una ley que defina una política para el uso mas transparente de gastos reservados, fijando un límite máximo menor para los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados a este fin. Asimismo, reforzar la fiscalización de su uso, para garantizar que éste sea legítimo. • Transparentar los procesos de contratación de bienes y servicios del sector público, estableciendo la publicidad de todos los actos (convocatoria, proceso y adjudicación) a través de Internet. Aplicar sanciones enérgicas a las empresas que cometan actos de corrupción en contratos con el Estado, incluyendo la prohibición de participar en nuevas licitaciones. Crear una base de datos pública y en línea de los proveedores, productos y servicios, que registre precios, condiciones, experiencias pasadas y sanciones a empresas. • Tipificar penalmente prácticas de corrupción como el enriquecimiento ilícito; crear un procedimiento para investigar las fortunas de origen dudoso y el uso indebido de información clasificada. • Perfeccionar el régimen de incompatibilidades entre la función pública y la actividad privada, y regular los traspasos de funcionarios del sector público al sector privado, a fin de prevenir los conflictos de interés. • Concretar la profesionalización de la función pública, implantando la carrera administrativa que prescribe el Estatuto del Funcionario Público en los tres niveles de la administración pública (nacional, departamental y municipal), sobre la base del mérito y el desempeño funcionario. Garantizar que las contrataciones de personal de las entidades estatales se den por convocatoria pública creíble y sean accesibles por Internet. 40

• Desburocratizar y simplificar los trámites administrativos, procurando reducir al máximo las oportunidades e incentivos a la corrupción. Eliminar todo cobro innecesario e injustificado por trámites administrativos y judiciales. • Implantar un sistema de información pública en línea de todos los actos y decisiones de los órganos políticos y administrativos del Estado, estableciendo la obligatoriedad de presentar informes periódicos de ejecución presupuestaria por institución, de hacer conocer los resultados de gestión, de organizar audiencias públicas para responder consultas, de establecer procedimientos de peticiones y reclamaciones, de permitir un acceso regulado a la documentación que obra en poder del Estado. Para ello se aprobará la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Procedimientos Administrativos. • Implementar un sistema de “gobierno electrónico” con información y servicios en línea, para facilitar el acceso a través de Internet a la información de las actividades oficiales (compras y contrataciones del Estado, finanzas públicas, servicios públicos, ejecución de proyectos), reduciendo el contacto directo entre funcionarios y usuarios y, consiguientemente, las oportunidades de corrupción. El sistema también debe estar compuesto por portales anti-corrupción. • Fortalecer la función rectora de la Contraloría General de la República sobre los sistemas de administración y control gubernamentales. La Contraloría debe promover el establecimiento y efectivo funcionamiento de los sistemas de formulación de políticas públicas, gestión, regulación, información y control, e impulsar que los funcionarios cumplan su deber de responder pública y oportunamente por los resultados de su labor. • Formación de Comités de Ética en todas las entidades públicas, los cuales deben aplicar normas o códigos de probidad para sus miembros. • Creación de ventanillas de atención al ciudadano en todo el sector público, para brindar información, recibir quejas y denuncias, orientar a los usuarios y funcionarios acerca de los procedimientos y las prohibiciones administrativas. 2.2 Reforma de la Policía y Seguridad Ciudadana La Policía Nacional no ha superado la crisis institucional y moral que le afecta. Los problemas de corrupción que tan a menudo se presentan en la institución policial han generado un estado de descomposición que pone en riesgo su integridad y que causa efectos nocivos sobre la gobernabilidad, la seguridad y el estado de derecho. Debilitada la policía, el Estado pierde su capacidad para garantizar el orden público y la seguridad de las personas. Por otra parte, el alarmante incremento del crímen y la violencia contrasta dramáticamente con la inoperancia policial, dado que la institución está desprovista de la preparación técnica, la motivación y los medios adecuados para realizar su tarea. Una muestra de la limitación policial para controlar el delito es la proliferación de servicios privados de seguridad, la mayoría de ellos improvisados y sin control ni regulación alguna. Poner freno a la descomposición policial y evitar el descalabro institucional de la fuerza pública es hoy una de las tareas más importantes del Estado boliviano. El 41

MNR tiene un compromiso histórico con la Policía Nacional: juntos combatieron en las jornadas heroicas de 1952, y se unieron para construir el Estado Nacional. Justamente por eso es que ahora el MNR siente que es su obligación y responsabilidad patriótica ejecutar un proceso de cambio institucional y de renovación moral en la institución verde olivo. Buscamos la reorganización de la policía sobre nuevas bases, bajo un enfoque moderno de la seguridad pública y de la protección ciudadana, con el sincero propósito de recuperar a la Policía para el país y para sus miembros, de capacitarla y potenciarla a fin de que pueda cumplir mejor sus tareas constitucionales, de dotarle de los instrumentos y medios técnicos necesarios. Lo haremos, además, creando las condiciones para que sean los propios policías los que se alisten en la lucha contra la corrupción que mancha a su institución. Nuestras acciones serán las siguientes: • Restablecer la plena institucionalidad de la Policía Nacional, eliminando la intromisión político-partidista y prohibiendo toda actividad política interna. Despolitizar la designación de los mandos policiales y el sistema de ascensos, implantando la carrera policial basada únicamente en el mérito profesional y la calificación de servicios. • Modernizar la Policía Nacional mediante un proceso de reestructuración institucional, el cual estará orientado hacia la profesionalización y la especialización en los campos de la seguridad pública, la investigación de los crímenes y delitos, la lucha anti-drogas, la seguridad del Estado, el control aduanero, el tránsito vehicular y la seguridad en las carreteras. • Rediseñar la carrera policial y organizarla por servicios especializados, de manera que los oficiales y miembros de la institución desarrollen su actividad profesional en alguno de tales servicios, adquiriendo la estabilidad laboral y el conocimiento especializado necesarios. • Reformar la Academia Nacional de Policías, para adecuar el sistema de formación y capacitación policial a los requerimientos de una profesión crecientemente especializada, y para garantizar la preparación de recursos humanos calificados y respetuosos de los derechos humanos. • Ejecutar una política que reordene administrativamente, controle y haga transparentes las recaudaciones de fondos propios y los gastos de la Policía. Se busca que haya más policías con mayor capacidad operativa en las calles, y menos burocracia en las oficinas. • Reorganizar la policía judicial, función que debe ser realizada por personal técnico especializado y respetuoso de los derechos humanos. Poner en funcionamiento el Instituto de Investigaciones Forenses, dependiente del Ministerio Público, como órgano encargado de los estudios científico-técnicos requeridos para la investigación de delitos, tal como establece el Código de Procedimiento Penal. • Promover una política de derechos humanos en la Policía Nacional. Para ello, se impulsará la designación de un defensor del pueblo adjunto para asuntos 42

policiales, que vele por el respeto de los derechos de los ciudadanos y de los propios policías, y por la eliminación de los abusos y las extorsiones. • Profesionalizar e institucionalizar los servicios de inteligencia policial y de seguridad del Estado, para la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupcion, el terrorismo y otras amenazas graves contra la sociedad boliviana. • Mejorar el régimen salarial y de seguridad social de los policías. Lograr que el Estado otorgue becas de estudio a los hijos de los policías de baja graduación. Centralizar las distintas entidades sociales de la Policía Nacional para no duplicar costos administrativos y garantizar al servicio pasivo una remuneración justa. 2.3 Justicia confiable y eficiente En los últimos años, Bolivia ha sostenido con gran esfuerzo una reforma para cambiar la administración de justicia. Los resultados son empero insuficiente y en muchos sentidos desalentadores. Aunque se han producido ciertos cambios institucionales, el funcionamiento de la justicia no ha cambiado y continúa arrastrando una serie de vicios y graves deficiencias. Persiste la noción generalizada de que la justicia es prisionera del poder político y de los poderosos, de que los jueces prevaricadores y los abogados corruptos son impunes y de que los fiscales designados por padrinos políticos son absolutamente incompetentes. Un sistema de justicia tan permeable como el que tenemos ofrece todas las posibilidades para que las debilidades se transformen en incentivos a la corrupción. Y la corrupción judicial tiene consecuencias graves no sólo para la propia administración de justicia, sino para el crecimiento económico. Un país con un Poder Judicial venal e ineficiente no puede garantizar la seguridad jurídica o económica. La pérdida de confianza y credibilidad en la administración de justicia es un impedimento para la vigencia del Estado de derecho. La vulneración de los principios de legalidad (sujeción a la ley), igualdad ante la ley entre gobernados y gobernantes, independencia de los órganos del Poder Público, debilita las estructuras del sistema democrático. No es posible combatir la corrupción en el gobierno o en las actividades privadas relacionadas con el sector público, si no se elimina la corrupción de la administración de justicia. Por más voluntad que exista en los niveles políticos, ésta será insuficiente y probablemente inútil, si acaso no se mejora el funcionamiento de los órganos judiciales que tienen la función de hacer cumplir la ley y de poner a los corruptos en la cárcel. Partiendo de esta premisa, asumimos que la lucha contra la corrupción en los estrados judiciales es también una oportunidad para dar un nuevo y decisivo impulso a la reforma del sistema judicial boliviano y, consiguientemente, para mejorar los servicios judiciales en el país. Para ello, tomaremos las siguientes acciones:

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Asegurar la plena independencia del Poder Judicial, eliminando toda forma de intromisión política en la administración de justicia y en la designación de autoridades judiciales. Recomposición del Consejo de la Judicatura, a fin de garantizar su total idoneidad y eficiencia como órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial. Restitución de su facultad de suspender a las autoridades judiciales en casos de faltas disciplinarias. Esta acción, de carácter urgente e indispensable, permitirá la pronta implantación de la carrera judicial y la aplicación del régimen disciplinario sobre vocales, jueces, personal de apoyo y funcionarios administrativos. Profesionalización del Ministerio Público Crear la Procuraduría General de la República, órgano independiente exclusivamente dedicado a la defensa de los intereses del Estado. Proponer e impulsar la aprobación de una ley especial contra la “chicana”, con el objetivo de lograr una pronta, ágil y eficaz administración de justicia, con menos costos para los litigantes y menos retardación. Esta ley debe asegurar la continuidad de los procesos hasta que lleguen al fin al que estaban destinados, permitiendo al juzgador fallar sobre el fondo de la causa aunque existan inconsistencias procedimentales, sin afectar sin embargo el orden público ni el derecho de defensa de las personas. Crear un Observatorio Judicial, el cual se encargará de: i) evaluar y auditar la calidad de la administración de justicia, en especial la celeridad y el contenido de los fallos judiciales; ii) crear el Registro Nacional de Sentencias y Resoluciones Judiciales, medio de control y análisis de la aplicación de normas jurídicas en los fallos judiciales; iii) recoger quejas y denuncias de los usuarios y operadores de justicia, y levantar y procesar información sobre la calidad del servicio de justicia; iv) comunicar al Consejo de la Judicatura de las irregularidades que hubiere detectado, a fin de que este organismo adopte las medidas disciplinarias y correctivas del caso. Toda la información pública de este Observatorio será colocada en Internet.

3. POLITICA INTERNACIONAL "Defender y promover los intereses de Bolivia" es el principio fundamental para ordenar la política boliviana, participando activamente dentro del sistema de relaciones internacionales y encarando los complejos desafíos de nuestro relacionamiento internacional en el mundo globalizado e interdependiente que vivimos. Los lineamientos generales de política exterior que proponemos son: a) Política con países vecinos: Bolivia llevará una política activa de relacionamiento con los países vecinos, (Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Chile), como mercados naturales y

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preferenciales de aprovisionamiento y consumo, así como un lugar de trabajo permanente y temporal de miles de compatriotas bolivianos. b) Acción multilateral: Los países pequeños como Bolivia tienen poca gravitación en las decisiones internacionales, por lo tanto, su participación deberá estar orientada hacia la búsqueda de acciones conjuntas a través de la conformación de bloques de naciones en desarrollo, que ante los resultados de un proceso de globalización mal encaminado, apoye iniciativas para sentar las bases de una necesaria revisión de sus objetivos, alcances y mecanismos operativos. c) Participación en los procesos de integración: Como país algo marginal en el concierto de naciones de menor desarrollo económico relativo, según la jerga técnica de las Naciones Unidas y de menor importancia en las decisiones regionales, el papel de la diplomacia económica boliviana deberá sustentarse en la necesidad de participar activamente en los procesos de integración. Si tomamos en cuenta que la diplomacia se sustenta en la negociación, no podemos desconocer que un país pequeño, con población concentrada de un eje troncal y zonas deshabitadas casi impenetrables, producto interno bruto e ingreso per-capita de los más bajos de América Latina y lo que es peor, vulnerable por su falta de comunicaciones, cuando se trata de temas económicos, la bilateralidad lo convierte en vulnerable, razón por la cual es importante que en temas de significación, como el del enclaustramiento marítimo, los proyectos de infraestructura interoceánica, electrificación, acuerdos comerciales de alcance regional, la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, sean materia de una hábil y cuidadosa negociación colectiva dentro de los procesos de integración con los que Bolivia se halla comprometida. d) Mayor relacionamiento con Unión Europea, Japón y China: Tomando en cuenta que Estados Unidos, en su condición de primera potencia y su incuestionable gravitación en América Latina, por la importancia de su mercado, su significativa presencia y participación en los organismos multilaterales de acción política y financiamiento, se halla en una inmejorable situación de imponer condiciones y restringir los temas de la agenda bilateral a problemas de su exclusivo interés, es prioritario el desarrollo de una política nacional compatible con una política regional, conducente a neutralizar los efectos de una hegemonía verdaderamente nociva, cada vez más absorbente, a través de un mayor relacionamiento con países de la Unión Europea, Japón y la China. e) Corredores interoceánicos: Bolivia es un territorio puente, que por su posición geográfica puede contribuir a intensificar el intercambio entre los países del Atlántico y el Pacifico. Sin embargo, 45

al no disponer de vías adecuadas de transporte, deberá priorizarse el desarrollo de una política sobre todo regional, más que nacional, sustentada en la necesidad de que se ejecuten a corto plazo, los proyectos de Corredores Interoceánicos de Integración, complementarios de la carretera de Integración Nacional "Víctor Paz Estenssoro". Si se tiene en cuenta que la construcción de corredores y su mantenimiento representan inversiones significativas que no podrán ser financiadas con los limitados recursos del Estado boliviano, a menos que se continúe recurriendo al uso tradicional de recursos externos a través del endeudamiento, será necesario ensamblar y compatibilizar una política de cooperación bilateral principalmente con Brasil y Argentina, con una política de integración física regional. Bolivia puede servir de puente de relacionamiento entre los países sudamericanos del Atlántico y los países del Asia, lo que justifica que las negociaciones no desestimen la posibilidad de un financiamiento adicional de Corea, Japón, y la República Popular China. f) Multilateralizar el problema marítimo: Como resultado de este nuevo enfoque regional, la mediterraneidad boliviana tiene que dejar de ser materia de relacionamiento bilateral exclusivo entre Bolivia y Chile, para alcanzar una verdadera connotación regional, sino hemisférica. Esta será la única vía para poder precautelar los intereses de todos los países miembros, en condiciones de equidad, y así contrarrestar los efectos nocivos y desequilibrantes de las asimetrías que nos afectan, las mismas que de no ser oportunamente encaradas, inevitablemente han de alterar el cumplimiento de los objetivos de la integración. Las posibles alternativas planteadas, para poner fin al enclaustramiento marítimo de Bolivia, constituyen iniciativas que deben conducir a una pronta negociación, en el marco de la integración ya que de no ser así, ninguno de los esquemas planteados para una definición hasta el 2007, alcanzará sus objetivos si se continúa arrastrando problemas pendientes que ponen en peligro la estabilidad y el futuro del desarrollo sudamericano.

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