Los constructores y responsables decarreteras responderán por los siniestros

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¡IMPORTANTE!: El fin de la era del "yo no he sido" Escrito por juanrivas Viernes, 13 de Febrero de 2009 10:25 -

NOTICIA COMPLETA

Los constructores y responsables decarreteras responderán por los siniestros Los fiscales de seguridad vial han puesto sobre la mesa una ambiciosa reclamación que podría tener el visto bueno de su jefe, Cándido Conde-Pumpido, en cuestión de semanas. La filosofía de la propuesta es comenzar a pedir responsabilidades penales a funcionarios y personas de otros colectivos cuando su acción o la falta de ésta genere graves riesgos para la seguridad de los conductores (una curva mal trazada, obras mal señalizadas, firme en mal estado, peatones imprudentes, mala gestión de una concesionaria). Bartolomé Vargas, que es el jefe de todos los fiscales en esta materia, explica que la propuesta complementa todo el trabajo que se venía realizando, pero que hasta ahora sólo iba en una dirección: los automovilistas.

Vargas también subraya que la Fiscalía será muy selectiva: "No se trata de castigar penalmente a todo el mundo, porque primero está la vía administrativa". El espectro de actuación podrá abarcar a funcionarios de las distintas Administraciones (algo sin precedentes en España), peatones, titulares de las vías, contratistas de obras o responsables de empresas concesionarias. Es un toque de atención: la seguridad vial es tarea de todos. Las penas van de los seis meses a los dos años de prisión o multa más trabajos en beneficio de la comunidad.

- ¿Un concejal barriendo la calle? La iniciativa de los fiscales se enmarca en el artículo 385 del Código Penal, cuya redacción deja margen para actuar penalmente contra cualquier persona que origine "un grave riesgo para la circulación". Y esto, explica Vargas, hace que la Fiscalía

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tenga intención de dar instrucciones a los distintos cuerpos de policía para que redacten atestados en los casos más graves. Se abre así un abanico muy amplio de posibles responsables en caso de mal estado de las calles y carreteras. Vargas asegura que en el 99,9% de los casos estas negligencias quedarán en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración, como hasta ahora. "El Derecho Penal requiere culpabilidad, requiere que el funcionario tenga obligaciones y que las incumpla, que conozca la situación de riesgo, que no le ponga remedio y que genere un grave riesgo para la circulación. Y no hace falta que alguien se mate para que la Fiscalía pueda actuar", señala.

Con este planteamiento, uno se puede imaginar, por ejemplo, el siguiente escenario: se demuestra que un concejal es el responsable de una carretera en muy mal estado que pone en grave riesgo la seguridad de los conductores, se demuestra que era consciente de esta situación y que no ha hecho nada para solucionarlo; podría ser condenado a penas de cárcel de hasta dos años o a una multa y varias jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad (limpiar calles, acondicionar jardines, ayudar a víctimas de tráfico...).

La Fiscalía de Seguridad Vial asegura que también se perseguirá penalmente a los responsables de puntos negros sin señalizar. "Pero sólo en casos especialmente graves". También se podrá actuar en vía penal contra las personas que arrojen objetos desde un vehículo, coloquen objetos "imprevisibles" en la vía, derramen sustancias deslizantes o aquellos que deterioren la señalización.

- La ambulancia que no llega a tiempo. La petición de penas por omisión de socorro será otro caballo de batalla de la Fiscalía. Este delito ya está tipificado en el Código Penal, pero ahora los fiscales pretenden potenciarlo. Y eso afecta, por supuesto, a las personas que provoquen un accidente y se den a la fuga, pero también a otros conductores o peatones que pasen por el lugar de un accidente y no asistan a las víctimas. Aunque la parte más novedosa es la que se refiere a los servicios de asistencia y de socorro. "Vamos a dar instrucciones precisas a los agentes para que sepan cuándo incoar un atestado. En este sentido, hay un escaso número de sentencias. Vamos a establecer unos criterios para que ellos sepan, por ejemplo, si deben denunciar cuando una ambulancia o los bomberos tardan media hora en llegar o si lo hacen cuando haya pasado una hora desde el aviso", explica Vargas. "Esto es fundamental porque todo el mundo sabe que los primeros minutos son vitales, ¡la gente se juega la vida o el sufrir graves lesiones!". La omisión de socorro puede llegar a castigarse con cuatro años de prisión.

- Ojo con tunear el coche. El comiso (retirada definitiva) es una figura que ya contempla el Código Penal, pero que apenas se ha utilizado en delitos de seguridad vial. La Fiscalía quiere que se aplique en supuestos más graves de conducción temeraria y en casos de

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multirreincidentes, que se quedarían sin coche. También hay planes de introducir el comiso parcial para evitar que el infractor siga usando el vehículo durante un tiempo determinado. Esta última medida requerirá "seguramente" de una reforma penal. Para quitarle el coche a un condenado, según acordaron a finales de enero los fiscales, se tendrán en cuenta varios factores. Aconsejan que se lleve a cabo en caso de que el coche esté modificado ilegalmente ("tuneados de forma irregular"), cuando tenga instalado algún detector o inhibidor de radar, o cuando se haya manipulado la matrícula. Y se desaconsejará si el vehículo es ecológico o el condenado está desempleado.

Ante el alarmante número de personas que han ingresado en prisión desde la reforma penal en materia de seguridad vial (459 en 2008), la Fiscalía también se plantea que los condenados por delitos de tráfico eviten la cárcel si entregan el vehículo. El importe de la venta del mismo iría a las asociaciones de víctimas.

- Autoescuela o cárcel. Para darle un uso práctico a las condenas, la Fiscalía también propone que aquellos que han sido condenados por conducir sin haber obtenido el carné puedan evitar la cárcel sacándose el permiso.

Las penas Los fiscales proponen que se aplique de manera más generalizada el artículo 385 del Código Penal, que dice: "Será castigado con prisión de seis meses a dos años o a las de multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días , el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de estas formas:

1.- Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando o sustrayendo la señalización o por otro medio.

2.- No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo".

Silencio y escepticismo en los despachos EL PAÍS ha pedido opinión a varias Administraciones sobre la iniciativa de los fiscales de seguridad vial por ampliar la responsabilidad penal por los siniestros a constructores de carreteras o responsables políticos y técnicos. La Dirección General de Tráfico (DGT), el

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Ministerio de Fomento, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y varias Administraciones locales y autonómicas no hicieron comentario alguno sobre la propuesta

Los pocos que han contestado, han intentado vender sus logros.La Consejería de Infraestructuras de la Generalitat valenciana no quiso entrar en el fondo de la cuestión, ya que estima que este asunto le compete a los poderes judicial y legislativo. Pero su portavoz quiso dejar constancia de que desde hace años funciona en la consejería un departamento de seguridad vial que revisa todos los proyectos que son responsabilidad de la comunidad autónoma, informa Cristina Vázquez.

La portavoz del Ayuntamiento de Sevilla, Maribel Montaño, saludó la iniciativa del Ministerio Público porque, en su opinión, las Administraciones que "no cumplan correctamente" su labor de señalización o mantenimiento de su red viaria "tienen una clara responsabilidad pública", informa Santiago Fuertes. Con todo, sostuvo que esta responsabilidad no puede ser asumida únicamente por la Administración, sino también por peatones y conductores.

"Necesitamos la concienciación ciudadana al más alto nivel para implicar a todos en cuidar sus vías de comunicación y atender las señalizaciones para disminuir los accidentes", señaló Montaño. Bien distinto es el análisis de las asociaciones de conductores. El Real Automóvil Club de España (RACE) considera positiva una parte, pero rechaza lo referido a retirarle el vehículo (definitiva o temporalmente) al infractor. "Lo consideramos de poca utilidad y eficacia por la sencilla razón de que no garantiza la no repetición de la conducta del conductor, porque nadie puede asegurar que no repita la conducta con otro vehículo; además, se estaría actuando sobre un bien privado y esto tiene muchas dificultades para llevarse a la práctica", explica Tomás Santa Cecilia, responsable de seguridad vial de esa asociación.

En el resto de la propuesta, especialmente en lo referido a pedir responsabilidades a todos los actores implicados en la seguridad vial, asegura: "Estamos de acuerdo porque abre un nuevo camino en la prevención de accidentes y reconoce que la seguridad vial es responsabilidad de todos". Santa Cecilia destaca, por ejemplo, que según un estudio del RACE, España está a la cola de la UE en señalización de obras.

La asociación de conductores está en sintonía con el Ministerio Fiscal en la necesidad de establecer auditorías de seguridad vial en carreteras y calles. También pide la equiparación de España con otros Estados, como Alemania, donde se establece por ley que los servicios sanitarios deben acudir al lugar de un accidente en unos 30 minutos.

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