Las concesiones forestales en Quintana Roo a fines del porfiriato

C íe s a s

Martha H. Villalobos González Sureste/El Colegio de Michoacán

El día 5 de mayo de 1901 el presidente Díaz celebraba, además del trigésimo nono aniversario de la victoria mexicana sobre las tropas francesas en Puebla, el triunfo de las fuerzas federales sobre los mayas rebeldes de Yucatán que por más de cincuenta años se habían sustraído al control del Estado mexicano. Finalmente, el gobierno pudo recuperar la porción del oriente y sur de la península, aprovechada por los indígenas como zona de refugio. Sus condiciones naturales características, en gran medida, habían sido fundamentales para el mantenimiento de la lucha de los mayas. Una selva lluviosa, tupida de cedros, caobas, ceibas y otras especies de maderas finas, extendida hasta el inmenso Petén de Guatemala, se había convertido en excelente aliado de los insurrectos, pues dificulta­ ba el acceso a aquel inmenso territorio. Así, el control de estas tierras por parte del ejército federal no sólo significó el establecimiento de la soberanía nacional, implantada por el poder de las armas, sino el acceso a una región rica en recursos naturales susceptibles de prove­ chosa explotación. El interés por invertir en aquella región, que más tarde constituiría el territorio federal de Quintana Roo, no tardó en manifestarse a través de los periódicos de la ciudad de México, que con frecuencia publica­ ban noticias sobre Yucatán para alentar las inversiones en aquellos bosques: En la actualidad, los cortes de madera ofrecen una buena perspectiva para las gentes de empresa y para los trabajadores; muchos negocios de éstos están iniciando con capitales suficientes y en buen campo de operaciones.1

Esta oportunidad ocurría en el momento en que la colocación de capitales en la explotación forestal se había incrementado significativamente en todo el ámbito nacional; sobre todo, durante la segunda mitad del siglo XIX en que aquellos productos se cotizaban entre los que adquirían una mayor demanda en los mercados extranje­ ros.2 Las maderas preciosas y el palo de tinte se destacaban, entonces, por su alto consumo en los mercados de Inglaterra y los Estados Unidos. Al comenzar la explotación de la selva de Quintana Roo, en 1890, estos productos representaban entre el 4 y el 6% de las exportaciones naciona­ les, y lograron mantener tal proporción hasta principios del siglo XX. En 1900, se enviaban al extranjero entre 50 000 y 60 000 metros cúbicos de madera y en 1911 sumaron 112 000.3 Ante este panorama, los capitales originarios de Yucatán figuraban entre los más interesados en invertirse en aquella región tan halagadoramente rica, y cuyos recursos, tal como lo afirmaban los empresarios yucatecos, sólo habían estado a disposición de los británi­ cos quienes, coludidos con los mayas, habían explotado los bosques y comercializado sus productos a través de Belice, a cambio de armas y municiones que les ayudaron a prolongar su rebelión.4 Frente al interés general de los yucatecos por explotar las selvas del oriente de la península, una vez creado el territorio de Quintana Roo en 1902, se distinguió un grupo selecto de la oligarquía, entre los que aparecían, como principales, Rafael Peón Losa y Olegario Molina. Ellos resultaron privilegiadamente beneficiados al recibir grandes concesiones de bosques, mientras que buena parte de la élite yucateca quedaba al margen de las inversiones en Quintana Roo.5 Junto con Peón y Molina, un grupo de distinguidos empresarios y políticos del centro del país se sumaron a la explotación de la selva y, asociados con aquellos capitalistas yucatecos, intentaron la construcción de varias líneas férreas en el naciente territorio. Este grupo se caracterizó por sustentar en Yucatán su poder económico y político, reflejado en el control de la comercialización del henequén a través de la International Harvester y, además, por ocupar elevados cargos políticos en el ámbito local y nacional, como sería el caso de Olegario Molina. El poder adquirido les permitió extender sus

inversiones sobre Quintana Roo, compartir los negocios con eminen­ tes empresarios y políticos del centro del país y reforzar sus relaciones con base en amplias redes de amistad y parentesco. El gobierno federal pretendió integrar económicamente la región yucateca al conjunto nacional mediante la cesión de regalías en beneficio de ese grupo. Como táctica de acción, puso a disposición del capital nacional los recursos necesarios y preparó para su explotación la infraestructura y los servicios adecuados, entre otras medidas que se juzgaron convenientes para controlar aquella zona recién recuperada. Así se manifestó en la concesión de inmensas extensiones de bosques para la explotación forestal y en los contratos para construir vías de comunicación, ferrocarril incluido. Las autoridades deposita­ ron toda su esperanza y confianza en aquellos empresarios, con tal de lograr el desarrollo económico y la colonización de Quintana Roo. A pesar del apoyo incondicional que Porfirio Díaz otorgó a este grupo de empresarios, como lo comprueban varias subvenciones y facilidades estipuladas en los contratos respectivos, diversas causas que ulteriormente señalaremos en el presente trabajo, influyeron para que las concesiones no tuviesen el éxito esperado y para que paulatina­ mente fueran pasando a manos de compañías extranjeras, suceso que se hizo más notable a fines de la primera década del presente siglo. El traspaso de esas concesiones a empresas extranjeras resultó de gran importancia, pues la explotación forestal de Quintana Roo quedó predominantemente bajo su tutela hasta el cardenismo. Las

p r im e r a s c o n c e sio n e s fo r e st a l e s

La demanda de palo de tinte en el mercado europeo constituyó el primer móvil que animó a los yucatecos y empresarios del interior del país a explotar las tierras del oriente y sur de la península, inclusive desde antes de que el gobierno mexicano tomara posesión militar del territorio. La primera compañía que se estableció fue la del Cuyo y Anexas, en 1876, se asentó sobre los terrenos nacionales del extremo noroeste de la península y se extendía desde el punto denominado el Cuyo hasta Cabo Catoche.6 Abarcaba toda la costa norte sobre la faja del río

Mapa 1 PRIMERAS CONCESIONES FORESTALES EN LA PENÍNSULA

GUATEMALA

CONCESIONES Cuyo y Anexas Faustino Martínez Manuel Sierra Méndez

Fuente:

Contratos otorgados por la Secretaría de Fomento, para la explota­ ción de maderas preciosas en Yucatán, Archivo General de la Nación, S ecretaría de H acienda y C rédito P ú b lico , (sin clasificar). Dublán y Lozano, L egislación M exicana, M éxico, Imprentó del Gobierno, 1897, tomo XVII, pp. 837-841.

Lagartos, con una extensión de 1 800 kilómetros. Tal proyecto lo emprendió el yucateco Ramón Ancona Bolio, en sociedad con una empresa comercial alemana. Los productos que se explotaron fueron los que tenían mayor demanda comercial en aquel momento, como maderas, sal, caña de azúcar, tabaco, vainilla y hule. El palo de tinte constituyó el producto fundamental y de mayor atractivo para la empresa, al grado de que al declinar su exportación a partir de 1895, debido al desarrollo de los colorantes químicos en Alemania como sucedáneos de los tintes vegetales, la empresa se retiró y Ancona vendió, en 1897, la negocia­ ción a los señores Eusebio Escalante Bates y Raimundo Cámara.7 En esa operación se contó con el auxilio del gobernador Carlos Peón quien, además de los lazos familiares que lo unían con Escalante, le guardaba una deuda política por el apoyo determinante que le había dispensado para acceder a la gubernatura de Yucatán.8 Aparte de sus importantes relaciones políticas, don Eusebio ocupa­ ba un lugar preponderante en los negocios ligados al henequén, ya que era dueño de una de las más antiguas casas exportadoras de la fibra de mayor envergadura, y tenía múltiples intereses implicados también en su producción. La empresa del Cuyo fue una organización que diversificó las actividades de Escalante en operaciones independientes de la fibra, y que impulsaron la explotación de maderas, salinas, ganadería y agricultura.9 Otra importante concesión destinada a la extracción del palo de tinte, fue la otorgada en 1883 a la casa comercial de Felipe Ibarra Ortoll y Cía., con sede en Mérida, y que también se ocupaba en exportar henequén. Esta casa gozaba de una amplia experiencia en el comercio del palo de tinte; incluso, el origen del capital de esta empresa se fincó, en gran medida, en el comercio y explotación de la tintórea en la ciudad de Campeche. Las múltiples actividades económi­ cas ligadas a este ramo le permitieron consolidarse a mediados del siglo XIX como uno de los comercios más importantes, pues logró un fuerte control y poder económico en aquel puerto. Los serios proble­ mas políticos que envolvieron a esa casa comercial la obligaron, finalmente, a trasladarse a Mérida.10

Las tierras que le fueron cedidas por el gobierno comprendían desde Punta Flor, en la costa oriental de la península yucateca, hasta el margen del río Hondo, actual frontera de México con Belice. Poste­ riormente, la concesión fue cedida en 1892 a Manuel Sierra Méndez quien, aparte de tener nexos familiares con la familia Ibarra, había figurado como representante de aquella casa comercial llevando todos los asuntos legales en la ciudad de México.11 La concesión obtenida por Sierra Méndez vendría a jugar un papel muy importante en el control de la frontera mexicana y en la pacifica­ ción de los mayas sublevados. Su misión era la de frenar la explotación forestal que las compañías inglesas realizaban en terrenos mexicanos, como se reflejó en la facultad otorgada a Sierra para rentar las tierras de su concesión. Además, ante la falta de una garita aduanal, se le autorizó cobrar los derechos generados por la explotación y exporta­ ción del palo de tinte en los terrenos concesionados. Con la finalidad de llevar a cabo esas acciones, Sierra instaló una agencia comercial en el puerto de Belice, nombrando como su representante al inglés J.E. Plummer, quien más tarde establecería en Quintana Roo varios nego­ cios. Lo relevante de este contrato es que, con él, el Estado mexicano inició una serie de medidas para que Inglaterra reconociera defacto los límites fronterizos, aun antes de que se llevara a efecto la firma del Tratado de Límites Mariscal-Spencer, en 1893, y de que aduana alguna se estableciera en la bahía de Chetumal. La Compañía Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán fue una más de las grandes empresas establecidas. Ocupó toda la costa oriental de la península, desde Cabo Catoche hasta Tulum.12 Su dueño fue el empresario Faustino Martínez, quien inició esta empresa al obtener, en 1889, la autorización para llevar a cabo el deslinde y la coloniza­ ción de terrenos baldíos.13 En agosto de 1894 se formalizó la compañía Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán; desde entonces funcionó en sociedad con capitales ingleses. Faustino Martínez siempre estuvo al frente de la empresa hasta su extinción en 1904.14 El trabajo implicado en las actividades del deslinde quedó compensado por la titulación en favor de la compañía de una propiedad sobre 241 083 hectáreas, correspon­

dientes, según la ley, a la tercera parte de la superficie deslindada. Las actividades económicas de esta compañía eran la explotación de palo de tinte, maderas, chicle, tabaco y vainilla. En comparación con las otras empresas, ésta estableció una importante infraestructura para la explotación y extracción de aquellos productos, pues organizó varias colonias para la concentración de los trabajadores y buenos depósitos para las mercancías. Entre los conglomerados más conoci­ dos estuvieron el Meco, las Vegas y el Porvenir. Contó, además, con redes ferroviarias móviles del sistema Decauville, entre las colonias y los diferentes campamentos de explotación. También operaban tres barcos de vapor que les permitían abastecer de mercancías a las colonias de trabajadores y colocar sus productos en diferentes puertos, con miras a su posterior exportación hacia el mercado norteamericano, por el Golfo de México y el Atlántico.15 El desarrollo de esta empresa fue notable e, incluso, llamó la atención de la prensa capitalina. A principios del presente siglo una nota informativa señalaba: Es increíble que se constituyan esos babilonios a orillas de la playa, en costas aisladas, mal reputadas por su insalubridad y cerca de los indios mayas rebeldes, que machetean a los blancos y no blancos. Sin embargo, es la verdad, allí, como en colmena humana, bajan y se conservan trabajadores de lejanas comarcas, derribando la caoba, el cedro, el palo de tinte y sacando de los bosques esa riqueza, ignorada hasta hace poco, del chicle [... ] Por supuesto que todos los frutos de la tierra tropical se pueden conseguir en esos lugares, y así lo han comprendido sus explotadores, teniendo gente apta para los diversos cultivos.16

La obra que el Estado trató de impulsar con este tipo de compañías era la de forjar empresas de fuertes capitales, asentadas en grandes extensiones de tierra y donde se diversificaran las actividades econó­ micas para aprovechar todos los recursos disponibles de la región. Esta idea se mantuvo aún después de la revolución mexicana, y llegó hasta el cardenismo. No es menos importante destacar que durante la campaña militar contra los mayas, el ejército obtuvo cierto apoyo

logístico y de abastecimiento por parte de algunas de estas compañías que, de alguna manera, facilitaron la toma de Chan Santa Cruz en 1901.17 La

c a st a d iv in a

,

un

g r u p o p r iv il e g ia d o

Al iniciarse el siglo XX, Yucatán experimentaba un drástico cambio cuando, apenas cincuenta años atrás, se le había considerado como uno de los estados más pobres y miserables del país; en cambio, en los finales del porfíriato, pasaba por el más rico y próspero de México como incansablemente lo repetían los políticos.18 La causa de esta tranformación lo constituía el henequén; su consumo en grandes cantidades se hizo indispensable entre los agricultores norteamerica­ nos por el auge de su industria agrícola. De esta manera, como base de la economía regional, paulatinamente Yucatán transformó la mayor parte de sus campos agrícolas con el monocultivo del agave.19 La inmenza riqueza generada por la bonanza henequenera fue concentrándose lentamente en una élite de trescientas a cuatrocientas familias, supeditadas a un grupo mucho más pequeño y más cohesionado de aproximadamente unos veinte o treinta núcleos familiares que constituían la camarilla hegemónica, oligárquica o “casta divina”.20 Los intereses en torno al henequén provocaron que dentro de la “casta divina” se perfilaran dos bloques en lucha por llegar a consoli­ dar el poder político, económico y el control sobre el grupo de los henequeneros. En ambos grupos se concentraban las actividades económicas de mayor importancia, además de contar con un fuerte apoyo dentro de los medios gubernamentales. Eusebio Escalante Bates encabezaba uno de éstos; él representaba a una de las familias que iniciaron el negocio del henequén, “de origen comercial, tradicional, con gran fuerza en el sur y el oeste del estado, constituido fundamen­ talmente con base a relaciones familiares” .21 El segundo, bajo la dirección de Olegario Molina, se había integrado entre los años setenta y ochenta del siglo XIX y estaba formado por quienes se habían beneficiado por las concesiones y los contratos para construir el ferrocarril, viendo en ese medio de transporte un buen recurso para ampliar su influencia económica y financiera.22

La consolidación del grupo de Olegario Molina se logró a lo largo de la última década del siglo XIX, coronando su poder durante los primeros años del siglo XX, al asumir él mismo la gubernatura de Yucatán en 1902 y al ser nombrado en 1906 secretario de Fomento en el gabinete de Porfirio Díaz. Su relación con el supremo mandatario se dio a través de amistades que se encontraban cerca del presidente, especialmente mediante Justo Sierra Méndez, pues su hermano Ma­ nuel Sierra Méndez se hallaba vinculado a Molina por relaciones de amistad y de negocios comunes en el ramo de los ferrocarriles y las concesiones de tierras. Molina también mantenía estrechas relaciones con personas ligadas al poder y al mundo de los negocios en el más alto nivel nacional, como fueron Joaquín Casasús y Rosendo Pineda, pues con ellos había tratado de emprender la construcción de varias líneas de ferrocarriles en Quintana Roo. Lo que reforzó el poder económico de Molina en Yucatán, fue la sociedad entablada con la empresa norteamericana International Harvester, en 1902. La nueva alianza le permitió monopolizar el mercado del henequén en todo el estado, y, de paso, acabar con su acérrimo enemigo Eusebio Escalante, a quien orilló a la ruina econó­ mica en 1907.23 Una vez que Escalante quedó fuera, Olegario Molina consolidó su poder económico y político en Yucatán y fue cultivando las influencias que después utilizaría para ampliar sus inversiones hacia Quintana Roo, en beneficio de sí mismo y de otros miembros de la “casta divina”. La

o l ig a r q u ía y u c a t e c a y l a s in v e r s io n e s e n

Q

u in t a n a

Roo

Durante los primeros meses de 1901, las noticias sobre la campaña militar contra los mayas anunciaban ya el debilitamiento de los indígenas y señalaban que “nada han podido lograr [los mayas] de sus intentos [de lucha] y pierden terreno cada día. Hace un año que han abandonado las siembras y sus elementos de alimentación son escasos, están pasando ya de la miseria al hambre” .24

El triunfo militar sobre los sublevados era casi un hecho; se les había debilitado y dispersado por toda la selva y aunque se mostraban “rehacios a la pacificación”, todo era “cuestión de días” para acabar­ los. Así sucedió, finalmente, el 5 de mayo de 1901. Una vez acantonadas las tropas federales en la antigua ciudad maya Chan Santa Cruz, se comenzaron a desarrollar una serie de proyectos referentes al aprovechamiento de las tierras recién tomadas y, al mismo tiempo, corrían las noticias provenientes de Yucatán que anunciaban los planes de “crear compañías por acciones para hacerse de tierras, entre Bacalar y Santa Cruz, a fin de establecer cortes de madera, de [extracciones de] chicle, explotaciones de caña, con ingenios montados competentemente”.25 Incluso, no se escatimaban señalamientos sobre el pretencioso monto del capital por invertir que, según se decía, alcanzaría los dos millones de pesos, ya que indudable­ mente se trataba de una “negociación en gran escala”.26 Por cierto, ese término sería, de ahí en adelante, el más utilizado para referirse al tipo de compañías impulsadas en aquellas comarcas. Las excursiones sobre el terreno recién conquistado no se hicieron esperar. A mediados de junio de 1901, el gobernador de Yucatán, Francisco Cantón, visitó Chan Santa Cruz junto con un grupo de gente adinerada, entre quienes reinaba el espíritu de empresa, y se ostentaba el objetivo de estudiar “sobre el terreno mismo las explotaciones que pueden emprenderse, [y] sumarán los capitales necesarios y los brazos indispensables para resolver lo que convenga hacer” .27 Las riquezas de las nuevas tierras llamaban la atención de los inversionistas. Por su parte, el gobierno las hacía pasar como elemento indispensable para iniciar la explotación del territorio a cargo de manos mexicanas, y brindaba como apoyo garantizar la implantación de la paz con todos los recursos del poder federal. La creación del Territorio Federal de Quintana Roo y las inversiones en los ferrocarriles Para lograr lo anterior, Díaz envió una iniciativa al Congreso de la Unión encaminada a la creación del territorio federal de Quintana Roo. La sola propuesta levantó un fuerte descontento entre la mayoría de los yucatecos.

Mapa 2 CONCESIONES FORESTALES EN QUINTANA ROO EN 1912

Concesión de Rómulo Fernández, traspasada a The Mexican Explo­ taron Co. 5 Concesión de AlbertoTerrazas, tras­ pasada a The Mexican Chicle Mahogany. L Concesión de Faustino Martínez, traspasada a la Cía. Colonizadora de la Costa Oriental. 2 Concesión de Jacinto Marín Carillo, traspasada a Angel Rivero. 3 Concesión de Benjamín Barrios, traspasada a The Quintana Roo Development Co.

6 Concesión de Olegario Molina, tras­ pasada a J.Ed. Plummer. 7 Concesión de Rafael Peón, traspa­ sada a J. Ed. Plummer. 8 Concesión de Rodolfo Reyes. 9 Concesión de J. Ed. Plummer. 10 ConcesióndeTheStanfort Manufac­ turing Co.

Fuente: M em oria d e la S ecretaría de Fomento, 1911-1912. México, Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fomento, 1913.

El gobernador Cantón se sumó a la ola de inconformidades y trató de persuadir al presidente para que modificara su propuesta. Mediante un escrito enviado a Díaz, reconocía la impotencia de Yucatán para hacer frente a los indígenas sublevados, pues en medio siglo no había podido “recuperar, pacificar y conservar, ni menos colonizar y fomen­ tar la comarca Sudoriental”, segregada de la “acción política y administrativa y del movimiento progresista y civilizador de la Repú­ blica” y que en ese momento sólo “la nación está[ba] en condiciones de obtenerlo”.28 Así mismo, Cantón asentaba que esta acción consti­ tuía el único medio posible por el cual se lograría no sólo la paz, sino además la protección de aquella zona ante las posibles ambiciones de Inglaterra por expandirse en la península a través de Belice. Por otro lado, Cantón lamentaba que con la creación del territorio quintanarroense, Yucatán perdería la región sobre la cual ya se había comenzado a ejercer un control, como eran los casos de El Cuyo y Anexas de la Compañía Agrícola, las de la Colonizadora en la Costa Oriental, y las islas Mujeres, Cozumel y Holbox, que estaban pobla­ das. Además, con la desmembración de Yucatán, el estado quedaría reducido a “su porción más árida y pedregosa, que sólo debe su vida al inusitado precio del henequén que nace y se desarrolla entre sus peñas y que constituye al presente, el único factor de su riqueza pública y de su movimiento mercantil” .29 La preocupación del gobernador residía en lo vulnerable de la economía yucateca, que dependía solamente del henequén. Temía que [...] cuando baje ese precio [de la fibra] a su tipo normal, lo que frecuentemente ha sucedido, no poseyendo otras industrias Yucatán, le sería indispensable buscar la existencia en otros productos agrícolas y en la industria pecuaria, para los que no es propicia la pedregosa y árida zona, ahora floreciente, merced no más del henequén.30

Con el objeto de prevenir y atenuar los graves problemas económi­ cos que se suscitarían en caso de una crisis que, ciertamente, ya se había hecho sentir en el estado,31 Cantón solicitaba a Díaz que rectificara parcialmente los límites del nuevo territorio federal. Suge­ ría que la línea divisoria partiera de Tulum hacia el suroeste, hasta el

punto fronterizo entre Yucatán y Campeche (el punto Put), y de ahí hasta la frontera con Guatemala. De esta manera, el nuevo territorio abarcaría las tierras “más ricas y exuberantes de la península”, y Yucatán conservaría una porción en el noreste, considerada como “indispensable para subsistir, el día en que el henequén, su único elemento actual de riqueza pública, perdiese la importancia inusitada que al presente tiene”.32 La respuesta de Díaz a la solicitud del gobernador no fue muy alentadora, pues aunque prometió tomar en cuenta aquellas observa­ ciones, replicó que con el objeto de dar seguridad a la integridad del territorio nacional y de civilizar a los mayas, se había tomado la decisión de crear el territorio de Quintana Roo y, por lo tanto, pedía a Cantón que más bien ayudara a calmar “el ánimo de los patriotas yucatecos” .33 Era claro: Díaz no iba a modificar su iniciativa, y así fue. El 24 de noviembre de 1902 quedó constituido el territorio de Quintana Roo, siendo ya gobernador Olegario Molina. Desde que Molina asumió el poder en Yucatán, en febrero de 1902, apoyó incondicionalmente a Díaz en su idea de crear el territorio de Quintana Roo. La obsecuencia a la iniciativa del presidente no era gratuita. En 1897 los señores Joaquín Casasús y Rosendo Pineda recibieron la concesión para construir y explotar los ferrocarriles Sudorientales de Yucatán, con el objetivo de conectar el norte de la península con la frontera con Belice. La línea partiría desde Peto hasta la bahía del Espíritu Santo, con un ramal a la bahía de la Ascensión y otro a Valladolid, que acabaría conectándose con la anterior. Una tercera vía iniciaría en bahía de la Ascensión para terminar en las márgenes del río Hondo. Esta concesión después fue traspasada, en 1899, a una nueva compañía en la que Olegario Molina figuraba entre los principales accionistas, junto con otros importantes henequeneros y personajes de la política, como Alonso de Regil, Rodulfo G. Cantón, Justo Sierra Méndez, Manuel Sierra Méndez, Miguel Medina Ayora, Pedro M. de Regil y Peón, Avelino Montes, Rafael Peón, Eloy Haro, al igual que Casasús y Pineda.34 La concesión para la construcción del ferrocarril incluía, además, el deslinde de terrenos baldíos y la enajenación y gravamen o venta de

éstos. Lo anterior hizo más atractivo el negocio, ya que la empresa ofrecía a sus accionistas los derechos de 150 000 metros cuadrados por cada acción adquirida. Así mismo, a todo lo largo de las estaciones ferroviarias más importantes, se concedía la facultad para construir y mejorar los puertos, muelles, almacenes y otras construcciones en la costa de la península y la frontera con Belice. Todo obedecía a la finalidad de “habilitar el comercio exterior y de cabotaje” y asegurar el “tráfico de la vía”.35 También se otorgaba la exención de impuestos por diez años, la libre importación de efectos y víveres para la empresa, y un préstamo de dos millones de pesos pagaderos al momento en que la compañía hubiese invertido no menos de 750 000 pesos en la construcción de la vía troncal. La concesión de la explotación de la líneas férreas se aseguraba por 99 años.36 Tomando en cuenta la importancia que tenía para la pacificación de los mayas el tramo que conectaba con la bahía de la Ascención, la Secretaría de Hacienda otorgaría a la empresa una prima de 800 000 pesos, cantidad condicionada a que en el término de dos años debía haberse terminado la vía hasta dicho punto. Por tanto, el levantamiento de la vía debería partir de aquella costa. Con la entrada del ejército en el oriente de la península, se estimó que iniciarían las labores del ferrocarril. Díaz puso a disposición de la empresa varios destacamentos militares para proteger los trabajos en los lugares que se considerase pertinente. Aunque la medida ayudaba a dar inicio a los planes, la inseguridad en la que se encontraba la región recién recuperada influyó para que la obra partiera del poblado de Peto, situado entre la frontera de la región insurrecta y Yucatán, alejada de cualquier peligro.37 A pesar de que la situación con los mayas no era del todo alentadora en aquel momento, también existía el interés para que el ferrocarril llegase hasta la frontera con Belice, y así ayudar a fomentar el comercio con el exterior. Para ello la compañía nombró al señor J. E. Plummer como representante de la empresa en la colonia inglesa. El se encargaría de suscribir acciones y administrar todos los asuntos relacionados con la línea.38 Tal parecía que la obra aseguraba prometedores frutos y auguraba

con optimismo una nueva y floreciente época a través del movimiento comercial y agrícola que se generaría, no sólo para la región conquis­ tada sino para la península en general.39 Sin embargo, el entusiasmo se desvaneció al poco tiempo. El 25 de enero de 1903, en Mérida, la compañía convocó a sus socios para comunicarles la disolución y liquidación de la empresa, debido a que todos los “trabajos fueron suspendidos por falta absoluta de fondos”.40 En cuanto a las razones por las cuales fracasó dicho proyecto, puede considerarse la crisis económica en la cual se vió sumergido Yucatán como consecuencia de las bajas en el precio del henequén.41 Como la mayoría de los socios eran empresarios o comerciantes henequeneros, la crisis limitó en gran medida el financiamiento de la obra ferrocarrilera. Posteriormente, Rosendo Pineda y Joaquín Casasús, con el apoyo de Olegario Molina, intentaron de nuevo poner en práctica la construc­ ción del ferrocarril. Con este propósito, en agosto de 1903 solicitaron al secretario de Comunicaciones la prórroga de un año con el fin de vencer todas las dificultades que se habían presentado anteriormente y dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el contrato pues, además, el ferrocarril era necesario para impulsar los intereses econó­ micos creados en el territorio de Quintana Roo. La construcción de la vía férrea era muy digna de tomarse en consideración, si es que se trataba de invertir en el renglón forestal, pues las condiciones naturales de la región, asentadas sobre un terreno completamente plano y carente de ríos, hacía difícil el arrastre de las maderas. Así lo justificaban: Como la explotación de todas las tierras del Territorio, así como su progreso en el futuro dependen de la construcción del Ferrocarril, la empresa está dispuesta a procurar hacer todos los esfuerzos necesarios para llevar a cabo una obra de tanta importancia para el porvenir de Yucatán y del Territorio de Quintana R oo.42

En noviembre de 1904 Casasús y Pineda volvieron a dirigirse al secretario de Comunicaciones solicitando un nuevo plazo para llevar a cabo la construcción de la vía. Aunque la dificultad económica seguía

siendo la principal causa de la paralización de la obra, en ese momento el problema que enfrentaba la empresa era de índole jurídico, pues el traspaso de la concesión aún no se había formalizado. Esto limitaba a los empresarios en la búsqueda de financiamiento, pues al no estar legalizada la concesión, no podían ofrecer garantías a quienes se interesaran en aportar capitales. De esta manera, la solución de la escasez de dinero, mediante arreglos o contratos con otras empresas, sufrió verdaderos atrasos que a la larga perjudicaron a la compañía. Ante esta situación, el secretario de Comunicaciones amplió el plazo a un año para que se llevara a la práctica el contrato.43 Pese a esta nueva prórroga, la falta de capital impidió que se llevase a cabo actividad alguna y, así, en diciembre de 1905, Porfirio Díaz declaró definitivamente caduca la concesión de los Ferrocarriles SudOrientales de Yucatán.44 Las compañías deslindadoras y de colonización El acceso a las tierras del territorio de Quintana Roo se inició mediante el otorgamiento de concesiones. A través de contratos el gobierno concedía una porción de terreno para la explotación de los productos forestales, principalmente maderas y resinas. Se otorgaba el uso, más no la propiedad de la tierra. El derecho a este beneficio tenía una duración limitada que, en el caso de Quintana Roo, durante la primera década del siglo XX, se extendía a un plazo de diez años, con posibilidades de renovarse una vez vencido el contrato. Otra de las formas para tener acceso a la tierra, fue por medio de las compañías deslindadoras de terrenos baldíos. Con base en la ley de 1883 sobre colonización y deslinde de terrenos, en octubre de 1889, se otorgó un contrato a la compañía del señor Faustino Martínez. El objetivo del gobierno era que mediante esta empresa se lograse la colonización de la zona fronteriza con los mayas sublevados, confi­ riéndole para ello facilidades y compensaciones a la compañía. De esta manera y en contravención con el artículo 21° de la ley de 1883,45 a la compañía se le otorgaron títulos de propiedad sobre 241 080 hectáreas, correspondientes a la tercera parte de las tierras deslindadas, aunque en ese momento no se había concluido con los trabajos de

deslinde.46 Además, el gobierno se comprometió a venderle a la empresa una parte de la tierra que por ley le correspondían al Estado, y que debería de ser destinada para la colonización. El precio pactado era de 75 centavos por hectárea, y los pagos se realizarían en tres abonos. En compensación por los gastos que la compañía tendría que efectuar, y considerando que la colonización se realizaría con base en la propiedad privada, se le concedió a la negociación una subvención de 50 pesos por cada colono mayor de doce años que se estableciera. A cambio, la empresa se comprometía a otorgar a cada poblador la propiedad de dos o tres hectáreas de sus terrenos. Con el fin de impulsar el desarrollo de la compañía, se le exentó de toda clase de contribuciones por el término de 15 años; también se le concedió la libre importación de'mercancías destinadas a la coloniza­ ción.47 Aunque el interés del gobierno fue el de estimular el establecimien­ to de una población permanente, el proyecto no logró consolidarse. Con el establecimiento de la compañía Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán se inició la fundación de colonias que generalmen­ te estaban ocupadas por trabajadores temporales. Los repartos de tierras, como se había estipulado en el contrato, no se realizaron debido a que la necesidad de mano de obra que se empleaba en la explotación forestal se resolvió trasladando obreros del interior del país y de la vecina colonia de Belice. Al respecto, un periódico de 1900 decía: Hay por allí colonias que se levantan como la de Puerto Morelos, con millares de trabajadores, superando en número los nacionales, espe­ cialmente de Veracruz, pero sin que falten americanos, ingleses y de otros países [...]. Se puede calcular que pasan de 3000 hombres y unas 500 mujeres, los que en esas regiones de Yucatán habitan, bajo jacales de palmas, casas de zinc y teja, pero con altos jóm ales, víveres abundantes y superiores a los de jornaleros de otras comarcas [...]. Cerca de veinte lugares poblados de más o menos significación se encuentran ya, [...]. Es de notarse que los veracruzanos son los más que por allá van, no faltando gente de Hidalgo, Aguascalientes, de Sonora y aun de Baja California.48

Aunque se hablaba de inmigraciones en estas regiones, lo cierto es que no constituían asentamientos permanentes, y esto se debió en parte al carácter de las mismas labores forestales que solamente requerían de la fuerza de trabajo mientras duraba la temporada del corte de maderas. Por ese motivo en realidad a las empresas nunca les interesó arraigar a la gente. Otro factor que influyó en este fenómeno, fue la ley del 25 de mayo de 1894 que trataba sobre la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y, según la cual, cesaba la obligación de las compañías por procurar la colonización de sus terrenos. Otra de las compañías que obtuvo un contrato para el deslinde de tierras baldías, el 19 de marzo de 1898, fue la de los Ferrocarriles SudOrientales de Yucatán. Entre sus beneficios se autorizaba a la empresa deslindar las tierras por las cuales se instalaría la línea férrea. El proyecto, de alguna manera, hizo renacer la esperanza de lograr la colonización de la región. Al respecto, el diario El Mundo decía en 1901: Con el avance de las fuerzas y los deslindes de terreno practicados [... ] se dará un gran impulso moral en esa obra gigantesca y necesarísima para que la pacificación sea un hecho positivo y venga la colonización a transformar estas comarcas desiertas, en poblados de gente trabaja­ dora y útil, sustituyendo el fragor de la fusilería por el ruido y movimiento de las maquinarias del trabajo.49

Sin embargo, tras el fracaso definitivo de la construcción del ferrocarril en 1905, los trabajos de deslinde y los proyectos de abrir nuevos puertos, así como la repoblación de pueblos abandonados y la creación de nuevas poblaciones, culminó, finalmente, en frustración. La repercusión de estos acontecimientos se reflejarían por mucho tiempo en Quintana Roo en la escasez crónica de brazos y en el entorpecimiento del avance de algunos proyectos económicos regiona­ les. Los posteriores intentos por establecer el ferrocarril así lo conside­ raban, al señalar que dicha inversión sólo sería rentable si se tenían asentamientos humanos estables que hicieran uso de ese servicio. En

1913 el comerciante yucateco Rómulo Fernández, al solicitar una concesión para la construcción de una línea en Quintana Roo, plantea­ ba que [...] ese ferrocarril atravesará una región desierta en que la empresa necesita desarrollar la actividad y el trabajo para sostener su tráfico; y es indispensable la adquisición de tierras para colonizar, que sean explotables por sus riquezas naturales y sus condiciones agrícolas, es uno de los mejores medios que pueden emplearse para ese objeto.50

Finalmente, dicha obra no se llevó a cabo por la falta de colonos registrada como consecuencia de los problemas políticos derivados del golpe de estado huertista. Las concesiones forestales A partir de 1902 algunos personajes que tenían nexos familiares o de amistad con prominentes políticos e industriales del interior del país, lograron obtener contratos para explotar los bosques de Quintana Roo. Uno de ellos era Rodolfo Reyes, hijo del secretario de Guerra y Marina, el general Bernardo Reyes, quien en ese momento dirigía desde México la campaña militar en contra de los mayas. No es de dudarse que con la influencia de su padre, Rodolfo Reyes obtuvo el 17 de octubre de 1902 una concesión sobre de 172 224 hectáreas, destinadas al corte de maderas de construcción, caoba, cedro y palo de tinte y a la extracción de resinas. La superficie otorgada formaba parte de las tierras que antes habían sido otorgadas a Manuel Sierra Méndez, ahora socio y representante legal del nuevo concesionario. También entre los favorecidos estuvo el norteño Alberto Terrazas, hijo de Luis Terrazas, tiempo atrás gobernador de Chihuahua y considerado como uno de los hacendados más importantes y ricos del país. En julio de 1903 la Secretaría de Fomento le otorgó una superficie de 144 000 hectáreas para explotación forestal. El mismo gobernador de Yucatán, Olegario Molina, el 3 de mayo de 1903 obtuvo una importante extensión en una amplia superficie de 328 000 hectáreas. Paralelamente, otros empresarios yucatecos reci­

bieron considerables cantidades de bosques y, no por casualidad, la mayoría mantenía estrechas relaciones económicas y políticas con Molina; Rafael Peón, quien en 1904 obtuvo 279 680 hectáreas; Rómulo Fernández, que consiguió 314 448 hectáreas, y Ángel Rivas, concesionario de 44 000 hectáreas. Un inversionista proveniente del centro del país, el ya mencionado y concesionario, Faustino Martínez, adquirió en mayo de 1903 una nueva concesión sobre 700 000 hectáreas. El licenciado Jacinto Marín Carrillo obtuvo un permiso para explotar 440 227 hectáreas. Marín era amigo de Manuel Sierra Mén­ dez y Joaquín D. Casasús, y ellos administraron legalmente dicha concesión. Asimismo, las compañías extranjeras y empresarios de fuera apro­ vecharon la oportunidad de explotar las riquezas forestales de Quintana Roo. En octubre de 1902, el inglés J.E. Plummer adquirió un contrato por 216 936 hectáreas, localizadas en las márgenes mexicanas del río Hondo, frente a la colonia de Honduras Británica. Desde antes, Plummer ya había establecido nexos económicos con Olegario Molina, Manuel Sierra Méndez, su representante legal en la ciudad de México, Rodolfo Reyes y Joaquín Casasús. El contrato le permitió mantener un importante enlace entre esos hombres de negocios y las casas comer­ ciales de Belice, con relación a la exportación de las maderas que aquellos empresarios extraían de sus respectivas áreas concesionadas. Otras compañías entranjeras también obtuvieron ricas concesiones; así, en 1903, la Quintana Roo Development Company recibió 631 300 hectáreas. La Stanford Manufacturing Company acaparó, en 1904, una superficie de 192 000 hectáreas. El

t r a sp a so d e l a s c o n c e sio n e s a c o m p a ñ ía s e x t r a n je r a s

Al parecer la política de Díaz en la distribución de las tierras fue la de apoyar preferentemente a los capitales nacionales. Sin embargo, durante la primera década del siglo XX, varias empresas norteamerica­ nas e inglesas lograron acaparar una buena parte del bosque quintanarroense. La forma en que estas compañías accedieron a los

terrenos fue mediante el traspaso o la renta de las concesiones originales. En un informe de 1911 se mencionaba que el contrato para la explotación de maderas, gomas y resinas, otorgado a Benjamín Ba­ rrios había sido traspasado a la Quintana Roo Development Co. La concesión de Faustino Martínez fue cedida al Banco de Londres. Rafael Peón traspasó su concesión a J.E. Plummer. A este mismo extranjero, Olegario Molina cedió su permiso para explotar los bos­ ques. The Mexican Explotation Co. recibió por parte de Rómulo Fernández el traspaso de 192 000 hectáreas. Alberto Terrazas transfi­ rió a The Mexican Chicle Mahogany Co. la cantidad de 140 000 hectáreas.51 Estas operaciones, más los arrendamientos, resultaron ser un magnífico negocio de excelentes ganancias para los beneficiarios de los contratos, sin que ellos arriesgasen sus capitales. En el caso de los traspasos, se cedían los derechos de las concesiones a cambio de una cierta cantidad de dinero; en otras ocasiones los derechos cedidos podían volver a manos de los primeros titulares, como lo pactó Rómulo Fernández. En los arrendamientos, el titular, obviamente, no renunciaba a sus derechos, sino que sólo cedía una porción de sus terrenos por un determinado tiempo y para la explotación de cierto producto específico, ya sea madera o chicle. En los casos de los señores Reyes y Plummer, se afirmaba que obtenían por arrendamientos para la explotación de maderas y, sin tomar en cuenta la extracción del chicle, la cantidad de 60 000 pesos anuales. Al respecto, las autoridades de la Secretaría de Fomento llamaban la atención por las pérdidas constantes que estas prácticas ocasionaban al erario público, pues los arredamientos se estaban generalizando. Las ganancias que obtenían los titulares superaban con mucho las rentas que el gobierno obtenía por otorgar dichas concesio­ nes. Mientras los arrendadores, globalmente, obtenían unos 600 000 pesos anuales por concepto de renta, el gobierno captaba tan sólo unos 25 000 pesos. Sin embargo, aquella situación no era del todo ajena a la política forestal del gobierno. El decreto del 18 de agosto de 1909 desanimó la inversión directa en los terrenos concesionados, al disponer que los

bosques de Quintana Roo eran declarados reservas forestales no enajenables. La incertidumbre en la posesión del terreno, aunada a lo elevado de las inversiones agrícolas, influyó para que los concesiona­ rios optaran mejor por la renta de sus terrenos y, así, asegurar una discreta ganancia. Para los arrendatarios esta medida resultó prove­ chosa, pues seguían teniendo acceso a la riqueza forestal, sin tener que pasar por los trámites para obtener una concesión, ni tampoco sembrar sus inversiones en un terreno que, definitivamente, no iban a poseer. Lo que más atraía a los arrendatarios era, simplemente, obtener los productos forestales. Otra de las causas de los traspasos fueron las crisis económicas que sufrieron algunas de las compañías. En el caso de la empresa Coloni­ zadora de la Costa Oriental de Yucatán, con el fin de impulsar sus actividades, obtuvo un crédito de bastante consideración del Banco de Londres y México. Mas no pudo cumplir sus compromisos, de modo que en 1904 la concesión pasó a manos del banco bajo la denominación de Compañía Colonizadora y Explotadora de la Costa Oriental de Yucatán.52 La Compañía Agrícola de El Cuyo y Anexas fue disuelta tras la quiebra económica sufrida a causa de la crisis que afectó a Yucatán en 1906 y 1907. La empresa fue rematada y, finalmente, quedó en poder del Banco Nacional de México.53 Así mismo, la serie de obstáculos a los que se enfrentaban los titulares de las concesiones, limitaron la explotación de los bosques. Los principales problemas consistían en “la escasez de población, la falta casi completa de organización económica, de agricultura, de industria, de comercio, la exigüidad de los recursos locales, la carencia casi total de vías de comunicación, [...] y la insalubridad del clima” .54 Algunos de los extranjeros podían solventar varios de estos obstá­ culos, como la falta de mano de obra, uno de los principales proble­ mas. El señor Plummer desde 1902 había ayudado al ejército para enganchar trabajadores negros y emplearlos en diversas obras de apoyo a la campaña militar. Inclusive, los empresarios mexicanos habían considerado desde que comenzaron a explotar el bosque, que aquel recurso sólo se obtendría atrayendo inmigración de Belice y

Jamaica, gente diestra y con experiencia en estas labores.55 La ventaja que tenía Plummer y las demás empresas extranjeras, era que también contaban con posibilidades de suministrar la alimentación de los peones y el abastecimiento de las herramientas. Tales facilidades les permitieron no sólo arrendar terrenos de los concesionarios, sino que, además, lograron controlar el mercado de víveres dentro de sus campamentos, monopolio que les redituaba valiosas ganancias. Uno de los factores que favorecía a las explotaciones situadas en el centro y sur del territorio de Quintana Roo, radicaba en su cercanía con Belice. Con esa colonia inglesa se mantenía una mayor comunica­ ción, además de que disponía del puerto por el cual salían las maderas y el chicle y entraban las mercancías que, posteriormente, se distri­ buían en la frontera mexicana. El flujo comercial que se originó en esta región también fue aprovechado por el resto de los arrendatarios y concesionarios. Tal situación se vió favorecida, en 1901, cuando se decretó la creación de una franquicia libre que permaneció vigente hasta 1912. Ante aquel estado de cosas, el gobierno maderista se dio cuenta de que con el arrendamiento de las concesiones, los únicos beneficiados eran los titulares de los contratos y los arrendatarios, mientras que el erario no obtenía casi ningún provecho. Al mismo tiempo, en 1912, el gobierno central reconoció que sólo a través de aquellas compañías extranjeras, poseedoras de grandes capitales, se podía efectuar el aprovechamiento de los bosques. Entonces se determinó que era necesario derogar los contratos de quienes no explotaban directamente sus concesiones; a partir de entonces, el gobierno sería la instancia arrendadora de los terrenos y el beneficiario, el tesoro nacional. Se pretendía despejar a los intermediarios que no explotaban sus terrenos, pero que sí obtenían jugosas ganancias mediante la renta de los bosques. Al igual y de nueva cuenta, se volvió a confiar en que aquellas empresas serían el vehículo de la prosperidad de Quintana Roo. Pese a estas intenciones, el golpe de estado que Victoriano Huerta asestó al gobierno de Madero, interrumpió aquel proyecto y el arrendamiento continuó efectuándose hasta que Lázaro Cárdenas dero­ gó las concesiones y repartió ejidos forestales.

NOTAS: 1. 2.

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5. 6. 7. 8. 9. 10.

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El M undo, M éxico, 20 de diciembre de 1899. Las exportaciones crecieron a “una tasa del 7.2% , de 1877-78 a 1910-11, en comparación con el 5.3 de los metales preciosos, obedeció particularmente a las materias primas, en el que figuraban en forma prominente el henequén y otras fibras duras, los minerales industriales, pieles sin curtir, las maderas y el caucho, productos con firme demanda internacional, y para los cuales disponía México de recursos idóneos, incluso especializa­ d o s.” Cosío Villegas, Daniel, H istoria M oderna de México. El Porfiriato. La vida económ ica, Tomo VIII, 3a. ed., M éxico, Hermes, 1985, p. 660. Ibidem ., p. 680. Con respecto a la influencia de Inglaterra en la prolongación de la guerra de castas, véase Grant D. Jones, “La estructura política de los mayas de Chan Santa Cruz: el papel del respaldo inglés” en Am érica Indígena, M éxico, in i , 2 o . trimestre, XXXI, 2 , 1971; y Marie Lapointe, Los mayas rebeldes de Yucatán, M éxico, El Colegio de Michoacán, 1983. Joseph, Gilbert M ., Revolución desde afuera, Yucatán, M éxico y los Estados Unidos, 18801924, M éxico, f c e , 1992, pp. 93. Suárez Molina, Victor M ., La evolución económica de Yucatán, Tomo I, M éxico, Ediciones de la Universidad de Yucatán, 1977, pp. 212-213. Ibidem ., p. 215. Betancourt Pérez, Antonio y José Luis Sierra Villarreal, Yucatán, una historia com partida, M éxico, sEP/Instituto Mora/Gobierno del Estado de Yucatán, 1989, pp. 202-203. Ibidem . Se ha señalado que una de las causas del movimiento separatista de Campeche fue el control que ejercía esa casa en la vida económica del puerto. Millet Cámara, Luis, “Yucatán, su entrada al mercado mundial de materias primas” , en Baños Ramírez, Othón (ed.), Sociedad, estructura agraria y Estado en Yucatán, Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 1990, pp. 41-42. Contrato celebrado con el C. general Carlos Pacheco, secretario de Fomento, en represen­ tación del Ejecutivo Federal, y el C. Felipe Ibarra Ortoll, p a ra la explotación de m aderas preciosas en el estado de Yucatán. Archivo General de la Nación, (en adelante a g n ), Secretaría de Hacienda y Crédito Público, s/c. César Dachary, Alfredo, Estudios socioeconóm icos prelim inares de Quintana Roo: secto r agropecuario y forestal, (1902-1980), Puerto Morelos, c i q r o , 1983, pp. 52-53. Dublán, Manuel y José María Lozano, Legislación mexicana, Tomo 17, M éxico, Imprenta del Gobierno, 1897, pp. 837-841. Ibid., tomo 24, pp. 151-152. Suárez Molina, op. cit., p. 217. El M undo, M éxico, 23 de noviembre de 1900. Al respecto consultar el artículo de Macías Zapata, Gabriel Aarón, “Soldados, indios y libre comercio en Quintana Roo, 1893-1903”, en Relaciones. Estudios de historia y so cied a d , Zamora, El Colegio de Michoacán, núm. 49, invierno de 1992, pp. 129-152. Reed, Nelson, La guerra de castas de Yucatán, 5a. edición, M éxico, Era, 1982, p. 227. Con relación al tema existe un importante cúmulo de obras escritas, consideramos como la mejor lograda la de Gilbert M. Joseph, op. cit. Joseph, Gilbert M. y Alien Wells, “Verano de descontento: Rivalidad económica entre las facciones de las élites durante los últimos años del porfiriato en Yucatán”, en Región y S ociedad, Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 2a. época, núm. 41, septiembre-

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diciembre 1986, p. 46. Otro trabajo referente a la oligarquía yucateca es, de los mismos autores, “Verano de descontento, estaciones de sublevación: hacia un análisis de la política de las élites y la rebelión rural en Yucatán, 1890-1915” , en Baños Ramírez, Othón, (ed.), op. cit., pp. 233-256. Betancourt Pérez, op. cií., p. 201. Ibidem. Un análisis detallado referente a la consolidación del poder de Olegario Molina se encuentra en Joseph, G ilbertM ., op. cit., pp. 63-65. El M undo, M éxico, 28 de febrero de 1901. I b i d e m 11 de junio de 1901. Ibidem. Ibidem. Copia de la correspondencia efectuada entre el gobernador de Yucatán Francisco Cantón y el general Porfirio Díaz, referente a la erección del territorio de Quintana Roo, 14 de noviembre de 1901. Publicada en Ménendez, Gabriel A ., Album monográfico de Quintana Roo, M éxico, s./e ., 1936, p. 9. Ibidem. Ibidem. Una de las peores crisis fue la de 1875 y 1876, cuando los precios del henequén bajaron hasta en un 50% y un 70% respectivamente. Roazen-Parrillo, Diane, “Las élites de México durante el siglo XIX en una economía regional: el ascenso de la familia Olegario Molina Solís de Yucatán hasta 1902”, en Baños Ramírez, op. cit., p. 272. Ménendez, op. cit., p. 9. Ibidem ., p. 11. Traspaso de la concesión de los señores Joaquín Casasús y Rosendo Pineda a la Compañía de los Ferrocarriles Sud-Orientales de Yucatán, a g n , Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, exp. 186/3. Ibidem. Modificaciones al contrato ajustado entre la Secretaría de Hacieda y Crédito Público y la Compañía de los Ferrocarriles Sud-Orientales de Yucatán. M éxico, junio 24 de 1901. a g n , Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, exp. 186/5. El M undo, M éxico, 27 de septiembre de 1900. Lapointe, op. cit., pp. 211-214. El M undo, M éxico, 6 de marzo de 1901. La Patria. D iario de M éxico, M éxico, 22 de marzo de 1901. Certificado de liquidación de la Compañía de los Ferrocarriles Sud-Orientales de Yucatán. M éxico, 26 de enero de 1903. a g n , Secretaría de Comunicaciones y O bras Públicas, exp. 186/7. Se ha señalado que la causa de la crisis fue a consecuencia de las especulaciones llevadas a cabo por el monopolio de la Harvester y su socio Olegario Molina, en Joseph, op. c it., 1992. p. 85. a g n , Secretaría de Comunicaciones y O bras Públicas, exp. 186/8. Solicitud de reformas al contrato de los Ferrocarriles Sud-Orientales. M éxico, 29 de noviembre de 1904. a g n , Secretaría de Comunicaciones y O bras Públicas, exp. 186/9. Decreto de caducidad de la concesión otorgada a la empresa Ferrocarriles Sud-Orientales de Yucatán. M éxico, 21 de diciembre de 1905. a g n , Secretaría de Comunicaciones y Obras P úblicas, exp. 186/10. D e acuerdo al artículo 21 de la ley sobre colonización y deslinde de terrenos baldíos: “En

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compesación de los gastos que hagan las compañías, en la habilitación de terrenos baldíos, el ejecutivo podrá concederles hasta la tercera parte de los terrenos que habiliten, [...] pero con las condiciones precisas de que no Han de enajenar [...] extensiones mayores de dos mil quinientas hectáreas; bajo la pena de perder las fracciones que hubieran enajenado” , Dublán y Lozano, op. cit., tomo 16, p. 64. Los títulos de propiedad sobre estas tierras fueron expedidos el 6 de diciembre de 1889. Dublán y Lozano, op . cit., tomo 24, pp. 151-152. Contrato para deslindar y colonizar terrenos baldíos en Yucatán, otorgado al señor Faustino Martínez, 28 de octubre de 1889, en Dublán y Lozano, op. cit., tomo 17, pp. 837-841. El M undo, M éxico, 23 de noviembre de 1900. Ibidem ., 13 de febrero de 1901. Archivo de Tierras Nacionales, Secretaría de la Reforma Agraria, (en adelante a t n ), D iversos, 1.29 (31), exp. 22. Informe rendido por la expresada sección (Primera de Bosques), relativo a los trabajos llevados a cabo por la misma y encomendados a su despacho durante el año fiscal de 1911 a 1912. M éxico, 11 de mayo de 1912. a t n , D iversos, s/c. Suárez Molina, op. cit., tomo 1, p. 216. Ibidem ., p. 215. Memoria de la Secretaría de Gobernación, 1904-1906, M éxico, Imprenta del Gobierno Federal, 1909, p. LXXXI. El M undo, M éxico, 11 de junio de 1901.