Labor Parlamentaria Alejandro Foxley Rioseco

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NOTA EXPLICATIVA Esta Labor Parlamentaria ha sido construida por la Biblioteca del Congreso a partir de la información contenida en los Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado, referidas a las participaciones de los legisladores, documentos, fundamentos, debates y votaciones que determinan las decisiones legislativas en cada etapa del proceso de formación de la ley. Junto a ello se entrega acceso a su labor fiscalizadora, de representación, de diplomacia parlamentaria y atribuciones propias según corresponda. Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice desde el cual se puede acceder directamente al texto completo de la intervención. Cabe considerar que la información contenida en este dossier se encuentra en continuo poblamiento, de manera tal que día a día se va actualizando la información que lo conforma.

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ÍNDICE Labor Legislativa ................................................................................................................................................................... 3 Indicación en Sala ..................................................................................................................................................................... 3 Proyecto de Acuerdo ............................................................................................................................................................... 24 Mociones ................................................................................................................................................................................. 34 Intervención ............................................................................................................................................................................ 44 Moción Inadmisible ............................................................................................................................................................... 223 Homenajes .......................................................................................................................................................................... 224 Homenaje ............................................................................................................................................................................. 224 Comisiones y Grupos ........................................................................................................................................................ 227 Integración ............................................................................................................................................................................ 227 Permisos y otros ................................................................................................................................................................ 231 Permiso Constitucional Inasistencia ...................................................................................................................................... 231

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Labor Legislativa Indicación en Sala Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 9 Sesión: Sesión Ordinaria N° 9 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: martes 3 de julio de 2001

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN CUANTO A CONTRATACIÓN, SINDICACIÓN Y DERECHOS LABORALES El señor HOFFMANN ( Secretario ).Se han formulado numerosas indicaciones. Los Senadores señores Boeninger, Andrés Zaldívar, Foxley, Hamilton, Moreno, Sabag, Valdés, Adolfo Zaldívar, Aburto, Cordero, Vega y Zurita renovaron las indicaciones números 35, 38, 51, 244, 272, 275, 309, 346 y 372. A su vez, los Honorables señores Lagos, Matthei, Urenda, Díez, Ríos, Chadwick, Novoa, Prat, Pérez, Fernández y Bombal, renovaron las indicaciones números 9, 23, 33, 37, 40, 53, 84, 146, 167, 179, 180, 193, 199, 242, 243, 266, 270, 274, 277, 292, 312, 333, 339, 340, 345, 357, 356, 360 y 370.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 7 Sesión: Sesión Especial N° 7 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 352 Fecha: miércoles 20 de octubre de 2004

REFORMA DE CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VI A, VII, IX, X, XI, XIII Y XIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA El señor HOFFMANN ( Secretario ).Esta indicación, renovada por los Senadores señores Silva , Moreno , Boeninger , Páez , Foxley , Lavandero , Pizarro , Valdés , Zaldívar (don Adolfo) , Sabag y Ruiz-Esquide , dice: "En el artículo 102°, intercalar a continuación del Nº 35, el siguiente nuevo: "Agréganse los siguientes incisos al artículo 102: "El Consejo Regional se integrará por los Diputados y Senadores en ejercicio que hubieren sido elegidos por los distritos y circunscripciones de la respectiva región.". Y, al final, añade: "De entre ellos, el Consejo elegirá un Presidente.". Es más extensa, pero el resto fue declarado inadmisible en la Comisión.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: miércoles 4 de julio de 2001

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN CUANTO A CONTRATACIÓN, SINDICACIÓN Y DERECHOS LABORALES El señor HOFFMANN ( Secretario ).A continuación corresponde ocuparse en el número 86, que pasa a ser número 84, cuya modificación, meramente reglamentaria, consiste sólo en una adecuación. Pero respecto de él se renovaron las indicaciones Nº 345 -suscrita por los Senadores señora Matthei y señores Lagos, Urenda, Díez, Ríos, Chadwick, Novoa, Prat, Pérez, Fernández y Bombal-, y Nº 346 -suscrita por los Senadores señores Boeninger, Zaldívar (don Andrés), Foxley, Hamilton, Moreno, Sabag, Valdés, Zaldívar (don Adolfo), Aburto, Cordero, Vega y Zurita-, que proponen su eliminación.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 41 Sesión: Sesión Ordinaria N° 41 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: martes 30 de marzo de 2004

MARCO JURÍDICO PARA TRABAJOS EN RÉGIMEN DE SUBCONTRACIÓN Y EN EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORARIOS El señor HOFFMANN ( Secretario ).En seguida, cabe abocarse al artículo 152-R, que en su inciso segundo dice: "El contrato de trabajo de servicios temporarios deberá celebrarse por escrito y contendrá, a lo menos, las menciones exigidas por el artículo 10 de este Código". Y se ha pedido votación dividida respecto del texto que viene a continuación: "señalando especialmente la causal que justifica la contratación de servicios temporarios de conformidad con el artículo 152-Ñ", etcétera. Por su parte, los Senadores señores Boeninger, Cordero, Zurita, Frei, Foxley, Moreno, Zaldívar (don Adolfo), Sabag, Valdés y Aburto renovaron la indicación número 87, que propone suprimir la parte respecto de la cual se pidió votación separada. Además, los mismos señores Senadores renovaron la indicación número 88, cuyo objetivo es eliminar el inciso tercero del artículo 152-R. Y en lo que dice relación al inciso cuarto, los Senadores señores Fernández, Canessa, Arancibia, Cariola, Coloma, Chadwick, Stange, Romero, Novoa y Larraín renovaron las indicaciones números 89, 90 y 91, que proponen sustituir las palabras "las 48 horas" por "dos días". Finalmente están las indicaciones renovadas números 92, 93 y 94, de los Senadores señores Fernández , Canessa , Arancibia , Cariola , Coloma , Chadwick , Stange , Romero , Novoa y Larraín , para suprimir el inciso final del mismo artículo.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 9 Sesión: Sesión Ordinaria N° 9 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 352 Fecha: martes 2 de noviembre de 2004

REFORMA DE CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VI A, VII, IX, X,XI, XIII Y XIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Indicación renovada número 121, suscrita por los Senadores señores Silva, Moreno, Lavandero, Páez, Gazmuri, Valdés, Pizarro, Sabag, Adolfo Zaldívar, Ruiz-Esquide, Boeninger y Foxley, para introducir la siguiente enmienda en el número 11: "Reemplázase, en el inciso primero del artículo 25, la expresión "cuarenta años" por "treinta y cinco años".".

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 41 Sesión: Sesión Ordinaria N° 41 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: martes 30 de marzo de 2004

MARCO JURÍDICO PARA TRABAJOS EN RÉGIMEN DE SUBCONTRACIÓN Y EN EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORARIOS El señor HOFFMANN ( Secretario ).-En el mismo artículo, se ha renovado la indicación Nº 55, por los Senadores señores Boeninger, Zurita, Frei (don Eduardo), Foxley, Moreno, Zaldívar (don Adolfo), Sabag, Aburto, Valdés y Cordero Asimismo, los Honorables señores Fernández, Canessa, Arancibia, Cariola, Coloma, Chadwick, Stange, Romero, Novoa y Larraín

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 22 Sesión: Sesión Ordinaria N° 22 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 343 Fecha: miércoles 10 de enero de 2001

NORMAS SOBRE LÍMITE MÁXIMO DE CAPTURA POR ARMADOR Y REGISTRO ARTESANAL El señor HOFFMANN ( Secretario ).-La indicación renovada Nº 8, suscrita por los Honorables señores Foxley , Silva , Ominami , Bitar , Gazmuri , Muñoz Barra , Hamilton , Matta , Valdés y Sabag "El coeficiente de participación relativo por armador para cada una de las unidades de pesquería individualizadas en las letras a), b), c), d), e) y f) del artículo 2º de la presente ley, será el resultado de dividir las capturas de todas las naves autorizadas al armador a la fecha de publicación de la resolución a que se refiere el artículo 6º de esta Ley, del período correspondiente a 1997, 1998 y 1999, por las capturas totales del mismo período de todos los armadores que cuenten con autorización vigente a esa misma fecha.".

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 40 Sesión: Sesión Ordinaria N° 40 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 348 Fecha: martes 15 de abril de 2003

MODIFICACIÓN DE LEY DE ALCOHOLES Y DEROGACIÓN DE LIBRO SEGUNDO DE LEY Nº 17.105 El señor HOFFMANN ( Secretario ).Ha llegado a la Mesa la indicación renovada Nº 5, suscrita por los Senadores señores Núñez , Cordero , Ávila , Lavandero , Boeninger , Muñoz Barra , Ruiz , Foxley , Parra y Ruiz-Esquide, que dice lo siguiente: "Para suprimir el artículo 164 propuesto en el numeral 29) del artículo 1º.".

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 345 Fecha: miércoles 31 de octubre de 2001

MODIFICACIÓN DE ARANCEL TIPO BÁSICO CONSOLIDADO RESPECTO DE PARTIDAS VINCULADAS CON EL AZÚCAR El señor HOFFMANN ( Secretario ).Indicación suscrita por los Senadores señora Matthei y señores Bitar , Foxley , Boeninger y Martínez , para agregar el siguiente artículo 3º, nuevo: "Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1º precedente, los derechos específicos que resulten de la aplicación del artículo 12 de la ley Nº 18.525, sumados al derecho ad valorem, no podrán sobrepasar, para cada operación de importación, el 31,5 por ciento ad valorem para las posiciones arancelarias 1701.1100, 1701.1200, 1701.9100 y 1701.9900, a partir del 1º de abril de 2011.".

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: miércoles 4 de julio de 2001

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN CUANTO A CONTRATACIÓN, SINDICACIÓN Y DERECHOS LABORALES El señor HOFFMANN ( Secretario ).En lo referente al Nº 90, nuevo, se ha renovado la indicación 372, suscrita por los Senadores señores Boeninger, Zaldívar (don Andrés), Foxley, Hamilton, Moreno, Sabag, Valdés, Zaldívar (don Adolfo), Aburto, Cordero, Vega y Zurita. Su objetivo es agregar en el inciso segundo del artículo 478 del Código del Trabajo, a continuación de la coma que sigue a la palabra "patrimonio", la siguiente frase: "como asimismo crear una individualidad legal determinada que no tenga relación con su organización de medios y fines,".

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 345 Fecha: miércoles 31 de octubre de 2001

MODIFICACIÓN DE ARANCEL TIPO BÁSICO CONSOLIDADO RESPECTO DE PARTIDAS VINCULADAS CON EL AZÚCAR El señor HOFFMANN ( Secretario ).Indicación suscrita por los Senadores señores Ominami , Bitar , Foxley , Cordero y Martínez , para sustituir el actual inciso tercero del artículo 1º del proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, por el siguiente: "No podrán acceder a las cuotas de importación de azúcar libres de todo gravamen, esto es, no podrán efectuar importaciones libres de gravamen, directa o indirectamente a través de terceros, aquellas empresas que, por sí o mediante filiales, subsidiarias o acuerdos de distribución y comercialización, representen más del 60 por ciento de mercado mayorista de azúcar refinada del país, o las que realicen procesos de refinación de azúcar en el país.".

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: miércoles 4 de julio de 2001

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN CUANTO A CONTRATACIÓN, SINDICACIÓN Y DERECHOS LABORALES El señor HOFFMANN ( Secretario ).Número 71, que pasa a ser 67, con las modificaciones que se indican, y respecto del cual se han renovado las indicaciones número 272 y 274. La primera fue suscrita por los Honorables señores Boeninger , Zaldívar (don Andrés) , Foxley, Hammilton, Moreno, Sabag, Valdés, Zaldívar (don Adolfo), Aburto, Cordero, Vega y Zurita, y propone lo siguiente: "c) Suprimir el inciso décimo de la letra c) a que se refiere el numeral 71, desde la conjunción "y" que sucede a la palabra "antes" hasta la palabra "nacional".

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 40 Sesión: Sesión Ordinaria N° 40 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: miércoles 17 de marzo de 2004

MARCO JURÍDICO PARA TRABAJOS EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN Y EN EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORARIOS El señor HOFFMANN ( Secretario ).El artículo 152-N no fue objeto de modificaciones en la Comisión. Sin embargo, los Senadores señores Boeninger , Cordero , Zurita , Frei (don Eduardo) , Foxley , Moreno , Zaldívar (don Adolfo) , Sabag , Valdés y Aburto han renovado la indicación Nº 49, para sustituir, en el inciso primero, la frase "la causal justificada" por "la causal invocada".

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 40 Sesión: Sesión Ordinaria N° 40 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: miércoles 17 de marzo de 2004

MARCO JURÍDICO PARA TRABAJOS EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN Y EN EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORARIOS El señor HOFFMANN ( Secretario ).El artículo 152-H fue aprobado por unanimidad. En cuanto al artículo 152-I, que encabeza el epígrafe "De las Empresas de Servicios Temporarios", los Honorables señores Boeninger , Cordero , Zurita , Frei , Foxley , Moreno , Adolfo Zaldívar , Sabag , Valdés y Aburto renovaron la indicación Nº 33, para reemplazarlo por otro. Sin embargo, también fueron renovadas las indicaciones Nºs 31 y 32, por los Honorables señores Fernández , Canessa , Arancibia , Cariola , Coloma , Chadwick , Stange , Romero , Novoa y Larraín Además, esos mismos señores Senadores han renovado las indicaciones Nºs 27, 28 y 29, que lisa y llanamente proponen suprimir el artículo. En todo caso, cabe hacer presente que la norma, que no fue objeto de modificaciones en la Comisión, tiene rango de ley orgánica constitucional.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 31 Sesión: Sesión Ordinaria N° 31 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 349 Fecha: miércoles 3 de septiembre de 2003

REFORMA DE CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VI A, VII, IX, X, XI, XIII Y XIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA El señor HOFFMANN ( Secretario ).En seguida, el número 13 (era número 11) mantiene las modificaciones aprobadas en el primer informe. Dice lo siguiente: "13. Modifícase el artículo 25 de la siguiente manera: "a) En el inciso primero, reemplázase la frase "haber nacido en el territorio de Chile" por "tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo 10". Además, los Honorables señores Silva, Moreno, Lavandero, Páez, Gazmuri, Valdés, Pizarro, Sabag, Zaldívar (don Adolfo), RuizEsquide, Boeninger y Foxley, han renovado una indicación para reemplazar en el inciso primero del mismo artículo 25 la expresión "cuarenta años" por "treinta y cinco años".

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Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N° 10 Sesión: Sesión Extraordinaria N° 10 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: miércoles 4 de julio de 2001

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN CUANTO A CONTRATACIÓN, SINDICACIÓN Y DERECHOS LABORALES Por su parte, la indicación 244, renovada con las firmas de los Honorables señores Boeninger , Zaldívar (don Andrés) , Foxley , Hamilton , Moreno , Sabag , Valdés , Zaldívar (don Adolfo) , Aburto , Cordero , Vega y Zurita , propone sustituir el número 53 por el que sigue: "Para agregar al inciso final del artículo 261 del Código del Trabajo, a continuación del punto aparte (.), que se convierte en punto seguido (.), la siguiente frase: "Se presume que el empleador ha practicado los descuentos, por el sólo hecho de haber pagado las remuneraciones del trabajador."."

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Página 19 de 233 Indicación en Sala

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 345 Fecha: miércoles 31 de octubre de 2001

MODIFICACIÓN DE ARANCEL TIPO BÁSICO CONSOLIDADO RESPECTO DE PARTIDAS VINCULADAS CON EL AZÚCAR El señor HOFFMANN ( Secretario ).La última indicación viene suscrita por los Senadores señora Matthei y señores Bitar , Foxley , Boeninger y Martínez , para incorporar el siguiente artículo primero transitorio: "Artículo primero transitorio.Desde la publicación de la presente ley y hasta la fecha establecida en el artículo 3º de la misma, no podrán adoptarse las medidas establecidas en el artículo 9º de la ley Nº 18.525, a las importaciones de mercancías correspondientes a las posiciones arancelarias 1701.1100, 1701.1200, 1701.9100 y 1701.9900.".

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 37 Sesión: Sesión Ordinaria N° 37 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: martes 9 de marzo de 2004

MARCO JURÍDICO PARA TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN Y EN EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORARIOS Finalmente, los Honorables señores Boeninger , Zurita , Frei , Foxley , Moreno , Zaldívar (don Adolfo) , Sabag , Aburto , Valdés y Cordero renovaron la indicación número 17, que intercala, en la oración final a la que acabo de dar lectura, a continuación de la palabra "dedicarse", la expresión "también", con lo cual diría: "Sin perjuicio de lo anterior, estas empresas podrán dedicarse también a la selección", etcétera. En esta misma indicación, por último, se propone sustituir el punto final por una coma y agregar la frase "así como a otras actividades afines en el campo de los recursos humanos".

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: miércoles 4 de julio de 2001

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN CUANTO A CONTRATACIÓN, SINDICACIÓN Y DERECHOS LABORALES El señor HOFFMANN (Secretario).Señor Senador, señalé uno, porque el segundo, el 76, nuevo, no se aprobó por unanimidad, sino que se trata de un arreglo hecho por la Secretaría de la Comisión. Por eso no lo nombré. Ahora tendrían que votarse dos indicaciones renovadas al numeral 79: las números 309 y 312 letra b). La indicación Nº 309, suscrita por los Senadores señores Boeninger, Zaldívar (don Andrés), Foxley, Hamilton, Moreno, Sabag, Valdés, Zaldívar (don Adolfo), Aburto, Cordero, Vega y Zurita, propone sustituir el párrafo primero del inciso primero del artículo 314 a, a que se refiere el numeral 79 de la indicación sustitutiva, por el siguiente: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, tratándose de grupos de trabajadores que se unan para negociar, deberán observarse las siguientes normas mínimas de procedimiento:".

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 41 Sesión: Sesión Ordinaria N° 41 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: martes 30 de marzo de 2004

MARCO JURÍDICO PARA TRABAJOS EN RÉGIMEN DE SUBCONTRACIÓN Y EN EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORARIOS El señor HOFFMANN ( Secretario ).Respecto de la segunda norma propuesta en el artículo 152-O, que empieza estableciendo "En los casos señalados en las letras b), c), e), f) y g) del artículo anterior,", los Honorables señores Boeninger, Cordero, Zurita, Frei (don Eduardo), Foxley, Moreno, Zaldívar (don Adolfo), Sabag, Valdés y Aburto renovaron la indicación Nº 71 para reemplazarla por la siguiente: "En los casos señalados en las letras b), e) y h) del artículo anterior, el contrato de trabajo para prestar servicios en una misma usuaria no podrá exceder de 180 días. En el caso de las letras c) y d) dicho plazo será de 360 días, no siendo ambos casos susceptibles de renovación. Sin embargo, si al tiempo de la terminación del contrato de trabajo subsisten las circunstancias que motivaron su celebración, se podrá prorrogar el contrato hasta completar los 180 ó 360 días en su caso.". Por su parte, los Senadores señores Fernández, Canessa, Arancibia, Cariola, Coloma, Chadwick, Stange, Romero, Novoa y Larraín renovaron las indicaciones Nºs 72, 73 y 74, para intercalar en la segunda norma propuesta en el artículo 152-O, a continuación de las letras "b), c)", lo siguiente: "d)". Por último, los Honorables señores Fernández , Canessa , Arancibia , Cariola , Coloma , Chadwick , Stange , Romero , Novoa y Larraín también renovaron las indicaciones Nºs 77, 78 y 79, para suprimir en el artículo 152-O la última oración de la segunda norma propuesta, que señala: "En el caso de la letra d) del artículo anterior, el cómputo del plazo del contrato deberá ajustarse al período máximo que establece dicha norma.".

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 37 Sesión: Sesión Ordinaria N° 37 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: martes 9 de marzo de 2004

MARCO JURÍDICO PARA TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN Y EN EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORARIOS El señor HOFFMANN ( Secretario ).A continuación, respecto del artículo 152-D, los Honorables señores Boeninger , Zurita , Moreno, Frei , Foxley , Zaldívar (don Adolfo) , Sabag , Valdés , Aburto y Cordero han renovado la indicación Nº 4 que propone sustituirlo por el siguiente: "El contratista y subcontratista, deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección a los trabajadores en régimen de subcontratación en conformidad a lo establecido en el Título I del Libro II del presente Código . "Sin perjuicio de las responsabilidades de la empresa contratista el dueño de la obra, empresa o faena deberá adoptar las medidas que competen al desarrollo de su faena para garantizar igual protección, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere competerle de acuerdo al artículo 152-B.".". Además, los señores Senadores que firmaron la renovación de las indicaciones anteriormente aprobadas han reiterado las indicaciones Nºs 5, 6 y 7, que reemplazan el inciso primero del artículo 152-D por el siguiente: "El contratista y el subcontratista son responsables de tomar las medidas de seguridad para garantizar la protección de sus trabajadores, que sean inherentes a las actividades que realiza en favor de terceros. El dueño de la obra, empresa o faena, deberá por su parte tomar las medidas necesarias para la protección de dichos trabajadores que sean propias de las obras o faenas, en los mismos términos que para sus trabajadores.".

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Proyecto de Acuerdo Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 57 Sesión: Sesión Ordinaria N° 57 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: miércoles 12 de mayo de 2004

PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES CON EL QUE SOLICITAN AL SENADO PROPONER A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE LA PROMULGACIÓN DE LEYES ORIGINADAS EN UNA MOCIÓN PARLAMENTARIA SE EFECTÚE EN LA SEDE DEL CONGRESO NACIONAL (S 734-12) PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES CON EL QUE SOLICITAN AL SENADO PROPONER A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE LA PROMULGACIÓN DE LEYES ORIGINADAS EN UNA MOCIÓN PARLAMENTARIA SE EFECTÚE EN LA SEDE DEL CONGRESO NACIONAL (S 734-12) Honorable Senado: Considerando que: 1. La Constitución Política de la República de 1980 en su capítulo V, artículo 42, reconoce al Congreso Nacional, con sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado, como órgano legislador. 2. Las leyes pueden tener su origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, sea por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. 3. El artículo 62 de nuestra Carta Fundamental asigna al Presidente de la República la iniciativa exclusiva en proyectos de ley que tengan relación, entre otras materias, con la alteración de la división política y administrativa del país o con la administración financiera o presupuestaría del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos. 4. Lo anterior ha derivado -en la práctica- que diversas mociones parlamentarias para poder ser tramitadas deben contar con el patrocinio del Presidente de la República, o en los casos que existan distintas mociones sobre una misma materia estás sean unificadas en un mensaje continuando así su tramitación. 6. Corresponde también al Presidente de la República, en conformidad al artículo 69 de la Constitución Política, la promulgación como ley de los proyectos luego de su aprobación por el Congreso Nacional. 7. La situación descrita ha llevado a que la participación del Congreso Nacional y la labor de sus parlamentarios en la formación de las leyes se haya visto bastante diluida frente al otro órgano colegislador, el Presidente de la República. Por todo lo expuesto, es que los abajo firmantes venimos en proponer el siguiente Proyecto de Acuerdo “El Senado de la República acuerda proponerle a su Excelencia, el Presidente de la República, que la Promulgación de los proyectos de ley que hayan tenido su origen en una moción o hubieren refundido diversas mociones se efectúe en la sede del Congreso Nacional, de manera de resaltar adecuadamente la labor parlamentaria.” (Fdo:) Boeninger Kausel, Edgardo; Cantero Ojeda, Carlos; Flores Labra, Fernando; Foxley Rioseco, Alejandro; Gazmuri Mujica, Jaime; Larraín Fernández, Hernán; Matthei Fornet, Evelyn; Moreno Rojas, Rafael; Naranjo Ortiz, Jaime; Ominami Pascual, Carlos; Parra Muñoz, Augusto; Silva Cimma, Enrique

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 44 Sesión: Sesión Ordinaria N° 44 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 343 Fecha: miércoles 9 de mayo de 2001

PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO A ESTUDIO DE INSTITUCIONALIDAD PARA REGULACIÓN TARIFARIA DE SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA (S 555- 12) PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO A ESTUDIO DE INSTITUCIONALIDAD PARA REGULACIÓN TARIFARIA DE SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA (S 555- 12) CONSIDERANDO: l. La importancia de que la regulación de los servicios públicos, que son monopolios naturales, se realice con rigurosidad y transparencia. 2. Que los procesos tarifarios son complejos y requieren mucha información y especialización. 3. Que los esquemas institucionales deben garantizar fijaciones económicamente eficientes, equitativas y que, además consideren adecuadamente las posiciones de los diversos actores (consumidores, empresas) y el bien público. SE ACUERDA: l. Proponer al Ejecutivo el estudio de una reforma de la institucionalidad regulatoria de servicios de utilidad básica que considere los siguientes elementos: a) La constitución de un órgano colegiado superior- que ejerza la supervisión de los procesos tarifarios y, en general, establezca las normas reglamentarias a seguir en dichos procesos. b) Que dicho órgano colegiado esté constituido por profesionales de probada experiencia, formación y probidad, nombrados a proposición del Ejecutivo y sujetos a la aprobación del Senado, incluido quien lo presida. 2. Solicitar al Ejecutivo la revisión de los sistemas y procesos de fijación tarifaria con vistas a mejorar su rigurosidad y transparencia. (Fdo): Jaime Gazmuri Mujica.- Andrés Chadwick Piñera.- Sergio Díez Urzúa.- Edgardo Boeninger Kauserl.- Carlos Ominami Pascual.- Adolfo Zaldívar Larraín.- Hosaín Sabag Castillo.- Sergio Bitar Chacra.- Alejandro Foxley Rioseco.- Fernando Cordero Rusque.- Hernán Larraín Fernández.- Enrique Silva Cimma.- Franciso Prat Alemparte.- Andrés Zaldívar Larraín.- Enrique Zurita Camps

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 2 Sesión: Sesión Ordinaria N° 2 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 346 Fecha: martes 19 de marzo de 2002

PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTAN SU SOLIDARIDAD CON EL GOBIERNO Y EL PUEBLO ARGENTINOS (S 601-12) PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTAN SU SOLIDARIDAD CON EL GOBIERNO Y EL PUEBLO ARGENTINOS (S 601-12) Honorable Senado: Teniendo Presente: El desarrollo y evolución del acontecer nacional en la vecina República Argentina y el debido respeto a su soberanía e independencia. La preservación de los principios y cauces democráticos, las instituciones republicanas y el apego a la constitucionalidad que ha mantenido la nación argentina durante el período de crisis. Los estrechos, amplios y profundos lazos de amistad y cooperación política, económica, social y cultural que vincula a Chile y a la República Argentina. La creciente interacción de sus respectivas sociedades. La evidente influencia y correlación de los acontecimientos y hechos que ocurren en el hemisferio. El interés por preservar los procesos de integración regional con miras a alcanzar la necesaria concertación latinoamericana para representar adecuadamente los intereses de nuestros países en los foros internacionales. Acuerda: Manifestar su solidaridad con el Gobierno y pueblo argentino. Apoyar las oportunas expresiones y esfuerzos desplegados por nuestro Gobierno y amplios sectores de la sociedad chilena para facilitar y colaborar en la pronta recuperación económica y social de la República Argentina. Instar al Presidente de la República para continuar desplegando todos los medios a su alcance con el propósito que las diversas instancias de concertación hemisférica induzcan a la comunidad internacional, a los organismos e instituciones financieros y al Fondo Monetario Internacional en particular, a apoyar los esfuerzos de recuperación política, económica y social en que está empeñada la República Argentina, adoptando las medidas y mecanismos de cooperación más eficaces para lograr, a la mayor brevedad, la reactivación del aparato productivo de dicho país. (Fdo.): Alberto Espina Otero.— Fernando Flores Labra.— Alejandro Foxley Rioseco.— Antonio Horvath Kiss.— Rafael Moreno Rojas.— Carlos Ominami Pascual.— José Antonio Viera-Gallo Quesney.— Andrés Zaldívar Larraín.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 57 Sesión: Sesión Ordinaria N° 57 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: miércoles 12 de mayo de 2004

PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES, CON EL QUE SOLICITAN AL SENADO OFICIAR A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA QUE INSTRUYA A LA SEÑORA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES EN EL SENTIDO DE MANIFESTAR LA CONDENA DE NUESTRO PAÍS ANTE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS Y GRAN BRETAÑA POR LAS TORTURAS Y ACTOS CRUELES Y DEGRADANTES A QUE HAN SIDO SOMETIDOS LOS PRISIONEROS DE GUERRA EN IRAK (S 735-12) PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES, CON EL QUE SOLICITAN AL SENADO OFICIAR A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA QUE INSTRUYA A LA SEÑORA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES EN EL SENTIDO DE MANIFESTAR LA CONDENA DE NUESTRO PAÍS ANTE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS Y GRAN BRETAÑA POR LAS TORTURAS Y ACTOS CRUELES Y DEGRADANTES A QUE HAN SIDO SOMETIDOS LOS PRISIONEROS DE GUERRA EN IRAK (S 735-12) Honorable Senado: Considerando: 1. Que la opinión pública ha tomado conocimiento con estupor a través de diversos medios de comunicación de las torturas y tratos degradantes a que, eran sometidos en Irak numerosos detenidos y prisioneros de guerra por parte de personal militar de los Estados Unidos y Gran Bretaña. 2. Que a pesar de la condena expresada por parte de las autoridades políticas de los Estados Unidos y de Gran Bretaña a estas situaciones, las cuales han calificado de “hechos aislados”, las informaciones más recientes demuestran que estamos en presencia de actos de torturas sistemáticos y constantes. 3. Que existe el denominado Derecho Internacional Humanitario, constituido por normas de excepción que se aplican en el marco de los conflictos armados, cuyo origen lo encontramos en la primera Convención de Ginebra de 1864. 4. Que nuestro país ratificó en 1950 la Convención sobre el Tratamiento de Prisioneros de Guerra, (parte de los 4 Convenios de Ginebra de 1949); y en 1988 la convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Organización de las Naciones Unidas. 5. Qué ambos instrumentos internacionales obligan a los Estados que los han suscrito a velar por su más plena vigencia. 6. Que jamás existirá justificación alguna que, como país, nos permita aceptar que personas que se encuentren detenidas sean torturadas o sometidas a tratos crueles y degradantes. 7. Por tal motivo, los Senadores firmantes solicitamos a este Honorable Senado de la República que apruebe el siguiente Proyecto de Acuerdo: PROYECTO DE ACUERDO “Solicitar al Presidente de la República señor Ricardo Lagos Escobar, que instruya a la Ministra de Relaciones Exteriores señora Soledad Alvear para que nuestro país manifieste su más enérgica condena ante las Naciones Unidas, y los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña por las torturas y actos crueles y degradantes a que han sido sometidos numerosos detenidos y prisioneros de guerra en Irak.” (Fdo:) Cantero Ojeda, Carlos; Foxley Rioseco, Alejandro; Gazmuri Mujica, Jaime; Horvath Kiss, Antonio; Lavandero Illanes, Jorge; Moreno Rojas, Rafael; Muñoz Barra, Roberto; Naranjo Ortiz, Jaime; Núñez Muñoz, Ricardo; Ominami Pascual, Carlos; Parra Muñoz, Augusto; Valdés Subercaseaux, Gabriel; Viera-Gallo Quesney, José Antonio

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 30 Sesión: Sesión Ordinaria N° 30 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 349 Fecha: martes 2 de septiembre de 2003

PROYECTO DE ACUERDO RELACIONADO CON LOS ALTOS ÍNDICES DE DELINCUENCIA QUE SE OBSERVAN EN EL PAÍS, QUE ACRECIENTA LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD QUE VIVE LA POBLACIÓN. (S 694-12). PROYECTO DE ACUERDO RELACIONADO CON LOS ALTOS ÍNDICES DE DELINCUENCIA QUE SE OBSERVAN EN EL PAÍS, QUE ACRECIENTA LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD QUE VIVE LA POBLACIÓN. (S 694-12). “PROYECTO DE ACUERDO Teniendo presente: 1.- Los altos índices de delincuencia que se observan en el país y acrecientan la percepción de inseguridad que vive la población; 2.- La peligrosidad de la delincuencia juvenil; 3.- Que en importantes regiones del país, donde la delincuencia aparecía controlada, hoy también se observa el incremento de delitos como robos con violencia, robos con fuerza, asaltos de todo orden seguidos de lesiones y homicidios; 4.- La necesidad de evaluar en las regiones donde está vigente la reforma procesal penal en su eficacia para combatir el delito; 5.- La situación del tráfico y consumo de drogas, su gran impacto social y los resultados de la estrategia nacional para responder a este desafío, y 6.- Que esta situación ha sido conocida por los parlamentarios a través de su contacto con la sociedad civil, abogados que litigan en lo penal y los mandos de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. El Senado acuerda: Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República: 1. La elaboración de una agenda legislativa de seguridad ciudadana que contemple el compromiso de todas las instituciones y servicios del país que tengan incidencia en esta materia; 2. La creación de una instancia del más alto nivel, conformada por el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, para que elabore un informe que contenga proposiciones de reforma a fin de que la acción de la justicia y de sus órganos auxiliares sea cada vez más eficaz en la persecución y sanción de los delitos; 3. El establecimiento, en todas las regiones del país, de instancias de investigación sobre el origen, naturaleza e implicancias sociales de los delitos de mayor prevalencia que en ellas ocurran, a objeto de proponer al Ministerio Público, a los Gobiernos Regionales y a las instituciones desconcentradas y descentralizadas de la Administración del Estado, orientaciones y acciones que hagan posible la prevención de los delitos y la rehabilitación de los delincuentes, y 4. La realización de un estudio que propenda a la unificación de la institucionalidad pública vinculada a la seguridad ciudadana, con el objeto de asegurar la prevención, el control y la persecución de los delitos. Solicitar al Honorable Senado: La creación de una Comisión Especial que se aboque al estudio y análisis de estas materias e informe a la Sala en un plazo de tres meses.” (Fdo): Flores Labra, Fernando; Foxley Rioseco, Alejandro; Frei Ruiz-Tagle, Eduardo; Gazmuri Mujica, Jaime; Naranjo Ortiz, Jaime; Núñez Muñoz, Ricardo; Ominami Pascual, Carlos; Parra Muñoz, Augusto; Ruiz De Giorgio, José; Sabag Castillo, Hosaín; Viera-Gallo Quesney, José Antonio.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 6 Sesión: Sesión Ordinaria N° 6 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 346 Fecha: miércoles 3 de abril de 2002

PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE REITERAR AL EJECUTIVO LA NECESIDAD DE INICIAR UNA REFORMA A LA INSTITUCIONALIDAD REGULATORIA DE LOS SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA (S 605-12) PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE REITERAR AL EJECUTIVO LA NECESIDAD DE INICIAR UNA REFORMA A LA INSTITUCIONALIDAD REGULATORIA DE LOS SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA (S 605-12) Honorable Senado: CONSIDERANDO: El Proyecto de Acuerdo aprobado por este Senado, y lo acordado en la Sesión Especial de fecha 9 de mayo del 2001, en virtud del cual se solicitó al Ejecutivo un conjunto de medidas que apuntaban a perfeccionar la institucionalidad regulatoria del sector de servicios sanitarios del país. 2.-La grave situación producida con el alza violenta de las tarifas de agua potable que sufren cientos de miles de familias pobres y sectores medios bajos en el país, que no tiene explicación para los usuarios y que tampoco ha recibido la información suficiente por parte de las autoridades fiscalizadoras del sector. 3.-A lo anterior se suman las consecuencias que para decenas de miles ha tenido el cambio en la política de otorgamiento del subsidio al consumo de agua potable que ha incrementado adicionalmente el alza ya experimentada por las tarifas de agua potable. SE ACUERDA: l.-Reiterar al Ejecutivo la necesidad de iniciar una reforma a la institucionalidad regulatoria de los servicios de utilidad pública, en los términos señalados en el proyecto de Acuerdo de este Senado citado precedentemente. 2.-Reestudiar el proceso de focalización del subsidio de agua potable para asegurar que ninguna familia pobre que pueda ser potencialmente beneficiaria de este subsidio no acceda al beneficio. Si es necesario, solicitamos un aumento de los recursos públicos comprometidos en el otorgamiento de subsidios de agua potable. 3.-Solicitamos el envío de un Proyecto de Ley que incremente las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, asegurando su presencia efectiva en todas las regiones del país y un mecanismo de financiamiento que asegure la efectividad y cobertura de su actividad fiscalizadora. 4.-Solicitamos se instruya de manera clara a los directores que representan el interés fiscal en las empresas prestadoras de servicios sanitarios, para que orienten su conducta en la dirección de cautelar de manera precisa el interés público y la protección de los usuarios, involucrados en la prestación de este servicio básico. 5.-Solicitar el envío de un Proyecto de Ley que establezca la instalación de un Tribunal Nacional Económico, con competencia exclusiva para el tratamiento de conflictos jurídicos derivados de los procesos de regulación y tarificación de servicios de utilidad pública, con facultades extensivas a materias contenciosas de carácter administrativo y económico al incluir salas especializadas en las Cortes de Apelaciones. 6.- Solicitar a la Comisión de Economía de esta Corporación el seguimiento y la evaluación del presente Proyecto de Acuerdo para lo cual se requerirá la participación y colaboración del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. (FDO): Edgardo Boeninger Kausel.- Fernando Flores Labra.- Alejandro Foxley Rioseco.- Carmen Frei Ruiz-Tagle.- Jaime Gazmuri Mujica.- Rafael Moreno Rojas.- Roberto Muñoz Barra.- Jaime Naranjo Ortiz.- Carlos Ominami Pascual.- Jorge Pizarro Soto.Hosaín Sabag Castillo.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 30 Sesión: Sesión Ordinaria N° 30 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 348 Fecha: miércoles 5 de marzo de 2003

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE PROBLEMAS DEL MEDIO ORIENTE (S 659-12) PROYECTO DE ACUERDO SOBRE PROBLEMAS DEL MEDIO ORIENTE (S 659-12) Considerando -Que la observancia del derecho internacional y la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas son principios rectores de la política exterior de Chile. -Que la mantención de la paz y seguridad internacionales es un propósito fundacional de las Naciones Unidas, constituyendo ésta una responsabilidad colectiva de los miembros del Consejo de Seguridad de dicha Organización. -Que las resoluciones del Consejo de Seguridad son obligatorias para todos los Estados miembros de la comunidad internacional. - Que Irak ha violado sistemáticamente, por más de 12 años, las obligaciones establecidas por diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que exigen la eliminación de las armas de destrucción masiva de dicho país, para llegar a un desarme pleno y efectivo. -Que tal como lo señala la Resolución 1441 de 8 de Noviembre de 2002, aprobada unánimemente por el Consejo de Seguridad de las naciones Unidas, el incumplimiento de Irak de las resoluciones del Consejo y la proliferación de armas de destrucción masiva y misiles de largo alcance, constituyen una amenaza para la paz y seguridad internacionales. Para lograr el desarme, esa resolución estableció un sistema de inspección en Irak, que está en pleno desarrollo y al cual hay que darle el apoyo necesario para que pueda cumplir sus objetivos. Teniendo presente: -Que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el órgano encargado de la preservación de la paz y seguridad internacionales. -Que Chile es actualmente miembro de dicho órgano principal de Naciones Unidas. -Que en tal calidad ha hecho y se encuentra haciendo todos los esfuerzos para lograr una solución pacífica a la crisis de Irak. El H. Senado acuerda: 1.- Solicitar al Ejecutivo que realice, en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, todos los esfuerzos destinados a lograr una solución pacífica a la crisis de Irak, conforme a los principios del derecho internacional. 2.- Hacer un llamado al Gobierno de Irak para que de cumplimiento inmediato e incondicional a las resoluciones del Consejo de Seguridad. 3.- Rechazar cualquier acción militar que se realice al margen de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Firman los Senadores: señora Frei y señores Aburto, Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Flores, Foxley, Frei, García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Lavandero, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz De Giorgio, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva Cimma, Stange, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar, don Adolfo y Zaldívar, don Andrés.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 20 Sesión: Sesión Ordinaria N° 20 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 348 Fecha: martes 17 de diciembre de 2002

CIERRE DE PLANTA INDUSTRIAL DE CAPITALES CHILENOS EN LIMA (PERÚ). PROYECTO DE ACUERDO El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).En seguida, los Comités convinieron unánimemente votar en la sesión de hoy un segundo proyecto de acuerdo, suscrito por los Honorables señores Romero, Frei (don Eduardo), Prokurica, Coloma, Valdés, Larraín, Viera-Gallo, Novoa, Foxley, Ríos, Chadwick, Moreno, Cariola, Horvath y Martínez. El señor HOFFMANN (Secretario).El documento es del siguiente tenor: "El acuerdo de mayoría de la Municipalidad de Lima en orden a cerrar una Planta Industrial de capitales chilenos, contraviene las normas sobre protección a la inversión extranjera existente entre Chile y Perú y discrimina arbitrariamente a una empresa chilena. "Frente a esta delicada como grave situación el Senado de la República de Chile hace presente que esta situación contradice gravemente las expresiones del señor Presidente del Perú don Alejandro Toledo, cuando fuera recibido por el Congreso Pleno chileno. "El Senado reitera su adhesión a las normas del debido proceso, así como insta al cumplimiento del Acuerdo de Protección de Inversiones actualmente vigente con la República del Perú.". El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).En votación.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 6 Sesión: Sesión Ordinaria N° 6 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 351 Fecha: martes 22 de junio de 2004

PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES, MEDIANTE EL CUAL PROPONEN APOYAR EL RECLAMO DEL GOBIERNO DE GRECIA PARA RECUPERAR LOS MÁRMOLES DEL PARTENÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO BRITÁNICO DE LONDRES, GRAN BRETAÑA (S 746-12) PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES, MEDIANTE EL CUAL PROPONEN APOYAR EL RECLAMO DEL GOBIERNO DE GRECIA PARA RECUPERAR LOS MÁRMOLES DEL PARTENÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUSEO BRITÁNICO DE LONDRES, GRAN BRETAÑA (S 746-12) Honorable Senado: Este proyecto se fundamenta en las siguientes razones: 1. El Gobierno de Grecia ha pedido formalmente la participación de Chile en el Movimiento Internacional para la restitución de los Mármoles del Partenón consistente en elementos estructurales y esculturas pertenecientes a ese Templo, ubicado en el Acrópolis de Atenas. Estos mármoles son más de cien piezas consistentes en bajo—relieves, frisos, esculturas y columnas que formaban parte de la estructura del Partenón. El Partenón fue construido en el Siglo V antes de Cristo y está situado en el Acrópolis de Atenas, es el símbolo de la democracia en el mundo y representa la cultura griega en su esplendor. Es el epicentro sagrado de la democracia en Atenas, su emblema así como el de UNESCO. Además su valor estético, arqueológico e histórico es el de mayor valor en nuestra civilización. Estos Mármoles fueron retirados por el Sr. Tomas Bruce, Lord Elgin, en el año 1801 cuando era Embajador de Gran Bretaña ante el Imperio Otomano que ocupaba a Grecia. Los antecedentes demostraron que dicho Embajador envió trabajadores a Atenas para que realizaran solamente dibujos y copias de las esculturas de ese Templo para adornar su casa de campo en Escocia. Hay constancia que dicho Embajador nunca obtuvo un permiso oficial para remover alguna pieza del Partenón lo que sólo podría ser autorizado personalmente por el Sultán, en Estambul. Sin embargo, con la influencia y amistades, entre 1801 y 1804, usando fuerza y falta de respeto hacia esta sagrada obra, se rompieron esculturas, columnas y frisos, se embarcaron a Gran Bretaña, sufrieron el naufragio del barco que las transportaba, no todos fueron rescatados y llegaron a unas bodegas inadecuadas a Londres. Arruinado Lord Elgin por el costo en pagar coimas y transporte, las obras fueron adquiridas por el Gobierno Británico que en 1816 las transfirió al British Museum. Las protestas que estos hechos produjeron fueron múltiples, también en el Reino Unido especialmente vehemente de parte de Lord Byron. 2. La devolución de los Mármoles fue reclamada por Grecia desde su independencia, incluidos pedidos oficiales al Gobierno del Reino Unido los que, en 1940-1941, fueron seriamente considerados por ese Gobierno. 3. Grecia ha promovido este reclamo en muchos foros internacionales. Es así como, por abrumadora mayoría, y a pedido de la Ministro de Cultura de Grecia, Melina Mercury, la UNESCO acordó aprobar este reclamo y se aceptó que los Museos deberían devolver a sus países de origen aquellas obras de arte que pertenezcan a monumentos nacionales y que sea parte integral de esos monumentos. Esta resolución se ha repetido en UNESCO, los años 1983, 1984, 1985, 1987, 1989, 1991, 1994, 1996. En 1997 se constituyó en Estados Unidos el Comité para la Restitución de los Mármoles. En 1998 se crean los Comités con igual propósito en Australia y Canadá, países que apoyan la resolución que se adoptó en la XVIII Conferencia General de ICOM. En 1999 el Parlamento Europeo adopta un voto decisivo en el sentido de promover el pedido griego concerniente a la devolución de los Mármoles del Partenón. Se realiza en Londres una conferencia de expertos para determinar la conservación de estas obras. La estación de noticias BBC, realiza una encuesta acerca de esta devolución y un 56% de los resultados se manifiesta a favor de ella. En el año 2000, según publica la Revista Economic, la encuesta realizada en la Cámara de los Comunes se declara a

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favor de la devolución de los Mármoles del Partenón. Se realizan visitas de Comités especiales de Grecia y Londres. Una encuesta de CNN, demuestra que el 80% de los participantes estaban a favor de la devolución. En 1991 el Comité de UNESCO para este fin dispone que el Director General de UNESCO debe tomar la iniciativa para lograr ese objetivo. La BBC realiza una nueva encuesta que da mayoría a 108 partidarios de la devolución. En 2002 se organizan comités en Nueva Zelandia y España. La encuesta de la CNN demuestra que el 75% de los participantes están el favor de la devolución. Se logra apoyo de la asamblea de los directores de museos de Arte Rusos. Se realizan reuniones especiales del Parlamento Europeo. Se presentan sendas resoluciones al Senado y a la Cámara de Diputados de Estados Unidos que se someten a los respectivos comités. Resolución unánime de la Provincia de Québec. Se crea el Comité de Bélgica. La encuesta del Instituto de Investigaciones Sociales Mori, demuestra que el 56% de los participantes Británicos aprueban la devolución como préstamo a largo plazo y solicita que el Gobierno griego coloque esas piezas en un museo especial. Ese año se presentó oficialmente en la Sesión Plenaria de Naciones Unidas el reclamo por parte del Ministro de Relaciones Exteriores de Grecia, en el año de la cultura. Se inició la construcción del Museo. 4. El Comité chileno ha sido constituido en Santiago a petición del Gobierno Griego y está formado por distinguidas personalidades que han tenido vínculos especiales con Grecia, profesores especializados y personas representativas de la conservación de patrimonios. Por tanto: Teniendo presente qué numerosas piezas que formaban parte del Partenón, templo ubicado en el Acrópolis de Atenas, Grecia, fueron extraídos de ese lugar y llevados a principios del siglo XIX a Gran Bretaña, en circunstancias de que Grecia estaba ocupado por el Imperio Otomana y nadie autorizó esa extracción y exportación. Que el Partenón es el más antiguo y más perfecto monumento arquitectónico de la civilización griego latina y que es un valor superior del patrimonio universal. Finalmente, teniendo presente que este año se celebraran los Juegos Olímpicos en Atenas. Se acuerda el siguiente proyecto de acuerdo: El Senado de Chile acuerda: Apoyar el reclamo del Gobierno de Grecia para recuperar los Mármoles del Partenón que se encuentran en el Museo Británico en Londres, Gran Bretaña. Valparaíso, 22 junio 2004 (Fdo:) Canessa Robert, Julio; Cantero Ojeda, Carlos; Chadwick Piñera, Andrés; Coloma Correa, Juan Antonio; Cordero Rusque, Fernando; Espina Otero, Alberto; Fernández Fernández, Sergio; Flores Labra, Fernando; Foxley Rioseco, Alejandro; Frei RuizTagle, Eduardo; Gazmuri Mujica, Jaime; Horvath Kiss, Antonio; Martínez Busch, Jorge; Matthei Fornet, Evelyn; Muñoz Barra, Roberto; Núñez Muñoz, Ricardo; Parra Muñoz, Augusto; Prokurica Prokurica, Baldo; Ruiz-Esquide Jara, Mariano; Silva Cimma, Enrique; Stange Oelckers, Rodolfo; Valdés Subercaseaux, Gabriel; Vega Hidalgo, Ramón; Viera-Gallo Quesney, José Antonio; Zurita Camps, Enrique

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Mociones Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 26 Sesión: Sesión Ordinaria N° 26 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 353 Fecha: martes 16 de agosto de 2005

MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES FOXLEY, OMINAMI Y ROMERO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE EXCLUYE DEL RÉGIMEN DE FERIADOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY Nº 19.973 A TRABAJADORES DE SALAS DE CINE DE CENTROS COMERCIALES (3954-13) MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES FOXLEY, OMINAMI Y ROMERO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE EXCLUYE DEL RÉGIMEN DE FERIADOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY Nº 19.973 A TRABAJADORES DE SALAS DE CINE DE CENTROS COMERCIALES (3954-13) Honorable Senado: Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Foxley, Ominami y Romero, que excluye del régimen de feriados establecidos en el artículo 2° de la ley N° 19.973 a los trabajadores de salas de cine de centros comerciales. Considerando: Que la ley número 19.973 publicada el día 10 de septiembre de 2004 con el título "Amplía Feriado de Fiestas Patrias" señala en su Artículo N° 2: "Los días 18 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año, serán feriados obligatorios e irrenunciables para todos los trabajadores que laboran en centros comerciales o mall". Que después de publicarse esta norma, y mediante un dictamen que se contiene en el Oficio N° 4237/165 de 14 de septiembre de 2004, la Dirección del Trabajo procedió a interpretarla señalando que la misma se aplica a toda actividad que se desarrolle en un mall, incluso en instalaciones diferentes que adhieran a ellos. Que no era el espíritu de los legisladores incluir los centros de entretención en esta ley, como se hizo presente en la discusión en la sala de la honorable Corporación. Que se perjudica al público chileno, especialmente en estas fechas de gran demanda familiar, limitando su derecho de acceso a la cultura y al entretención, ya que no puede asistir a las salas de cine ubicadas en los malls. Que se afecta en forma poco razonable los derechos de los empleadores, ya que atendida la naturaleza de la industria de que se trata, el cierre en las fechas establecidas en la ley 19.973 significa, por lo comercialmente estratégica de las mismas, perdidas importantes para la industria de la cultura y el cine. Que en ese orden de ideas, la solución óptima y razonable para los derechos en conflicto: los de los trabajadores a descansar en dichas fechas, cuanto manifestación de su derecho a la integridad física y síquica y al derecho vida privada y familiar, y los derechos económicos del empleador, correspondería a exceptuar a dichos trabajadores de las fechas señaladas como feriado obligatorio, a cambio de compensarlos con los días de descanso que corresponda. En mérito de lo anterior, sometemos al Honorable Senado el siguiente: Proyecto de ley "Exceptúense del feriado obligatorio contemplado en el artículo 2 de la ley 19.973 a los trabajadores que laboran en salas de cine ubicadas en centros comerciales o mall. En este caso, el empleador deberá otorgar un día de descanso compensatorio a las actividades desarrolladas en los días festivos a los que se refiere el precepto citado, dentro de la semana siguiente al feriado respectivo." (Fdo.): Alejandro Foxley Rioseco, Carlos Ominami Pascual y Sergio Romero Pizarro.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 27 Sesión: Sesión Ordinaria N° 27 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 347 Fecha: martes 10 de septiembre de 2002

MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA MATTHEI Y SEÑORES BOENINGER, FOXLEY, GARCÍA Y OMINAMI, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY Nº 18.918, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL, CON EL PROPÓSITO DE DAR CARÁCTER DE PERMANENTE A LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS (3051-07) MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA MATTHEI Y SEÑORES BOENINGER, FOXLEY, GARCÍA Y OMINAMI, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY Nº 18.918, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL, CON EL PROPÓSITO DE DAR CARÁCTER DE PERMANENTE A LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS (3051-07) Honorable Senado: El Senado, en sesión de fecha 7 de agosto del año en curso, aprobó, por unanimidad, un proyecto de acuerdo, originado en la Comisión de Hacienda de esta Corporación, para proponer a la Honorable Cámara de Diputados dar el carácter de permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, modificando posteriormente, para tal objeto, la Ley N"18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y los Reglamentos de ambas Corporaciones. Dicho proyecto fue comunicado a la Honorable Cámara de Diputados, la cual lo puso a disposición de los señores Diputados. El proyecto de acuerdo aprobado por el Senado persigue permitir que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos pueda funcionar durante todo el año, de manera tal que, además de las sesiones que destine al despacho del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público del año siguiente, pueda reunirse en cuatro o más oportunidades para abocarse al seguimiento de la ejecución de la Ley de Presupuestos vigente. En efecto, el seguimiento permanente de la ejecución del gasto público más allá de la simple verificación de la regularidad presupuestaria contable, permite, indudablemente, mejorar su eficacia y fortalecer la acción del Congreso Nacional frente al Poder Ejecutivo, ejerciendo a cabalidad una función propia del Parlamento y de la más alta importancia, Por lo demás, este robustecimiento de la acción parlamentaria está acorde con la tendencia mundial de los Parlamentos que persigue optimizar el gasto público. De esta manera, sería posible programar periódicamente sesiones para conocer de la ejecución trimestral de ingresos y egresos según el artículo l' de la Ley de Presupuestos, de la ejecución semestral de ingresos y gastos a nivel de capítulos y programas; de la evaluación externa de programas, del balance de la ejecución presupuestaria y cuenta de la gestión operativo y económica del año anterior, de la observancia de las glosas de partidas presupuestarias, y, en general, del cumplimiento de todas las obligaciones del Gobierno dispuestas en la Ley de Presupuestos y de las acordadas en el Protocolo relativo a estas materias. Por las consideraciones anteriores, vengo en presentar la siguiente moción: "Artículo único.- Sustitúyese el artículo 19 de la ley N" 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, por el siguiente: "Artículo 19.- Una comisión especial mixta integrada por trece diputados e igual número de senadores, informará, en forma exclusiva, el proyecto de ley de presupuestos de la Nación y, posteriormente, se encargará de hacer un seguimiento de su ejecución. Formarán parte de ella, en todo caso, los miembros de las respectivas comisiones de hacienda de ambas Cámaras. Dicha comisión tendrá el carácter de permanente, será presidida por el senador que ella elija de entre sus miembros y le será aplicable lo dispuesto en el artículo 9". Esta comisión especial mixta fijará sus normas de procedimiento y formará de su seno las subcomisiones que necesite para el estudio de las diversas partidas del proyecto, sin sujeción en ellas a la paridad de que trata el inciso anterior.".". (Fdo.):Evelyn Matthei Fornet.- Edgardo Boenínger Kausel.Alejandro Foxley Ríoseco.- José García Rumínot.Carlos Ominami Pascual.-

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 19 Sesión: Sesión Ordinaria N° 19 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 353 Fecha: miércoles 20 de julio de 2005

MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA MATTHEI Y SEÑORES BOENINGER, FOXLEY, GARCÍA Y OMINAMI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE JUEGOS DE AZAR ILÍCITOS (3935-07) MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA MATTHEI Y SEÑORES BOENINGER, FOXLEY, GARCÍA Y OMINAMI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE JUEGOS DE AZAR ILÍCITOS (3935-07) Honorable Senado: I.- REGIMEN JURÍDICO SOBRE JUEGOS DE AZAR, LOTERÍAS, SORTEOS Y CONCURSOS. Los juegos de azar son aquellos en los cuales el resultado depende en forma principal y determinante de la suerte. Esta clase de juegos se encuentra prohibida por el ordenamiento jurídico y sólo pueden ser autorizados por una ley. Lo mismo cabe decir respecto de las apuestas sobre los resultados de un juego de azar. Así el artículo 60 N° 19 de la Constitución Política dispone: “Sólo son materias de ley”: 19° Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general” En consecuencia, los juegos de azar y las apuestas, son materias en que no existe libertad contractual, y excepcionalmente el Estado ha declarado lícita esta actividad, mediante normas jurídicas que expresamente autorizan la creación de loterías, casinos e hipódromos, e inclusive facultan al Presidente de la República para autorizar rifas y sorteos para organismos que realizan asistencia social, obras pías etc., una vez al año para cada entidad. En Chile, la legislación civil establece que existe objeto ilícito en las deudas provenientes de los juegos de azar, vale decir, las obligaciones que generan estos juegos son nulas y sin valor alguno. Al respecto, el artículo 2259 del Código Civil señala: “Sobre los juegos de azar se estará a lo dicho en el artículo 1.466”. De acuerdo al artículo 1.466 del Código Civil: “Hay asimismo, objeto ilícito en las deudas contraídas en juegos de azar, en la venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente, de láminas, pinturas y estatuas obscenas, y de impresos condenados como abusivos de la libertad de la prensa; y generalmente todo contrato prohibido por las leyes.” II.- REGIMEN JURÍDICO DE EMPRESAS DE LOTERÍAS AUTORIZADAS POR LEY PARA ADMINISTRAR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS. A) POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A. Polla Chilena de Beneficencia S.A. es una sociedad anónima del Estado, creada en virtud de la Ley 18.851 de 1989, en la cual son accionistas la Corporación de Fomento de la Producción y el Fisco de Chile con un 99% y un 1% del capital social respectivamente. En su calidad de sociedad anónima abierta creada por ley tiene personalidad jurídica, patrimonio propio, lleva contabilidad y confecciona balance anual. En virtud de su naturaleza jurídica de sociedad anónima abierta está sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, y como empresa del Estado de la Contraloría General de la República. El artículo 2° de la ley citada precedentemente establece que su objeto social es la realización y administración de los sorteos de lotería y la organización, administración, operación y control del sistema de pronósticos deportivos y apuestas relacionadas con competencias deportivas, en conformidad con las normas del decreto con fuerza de ley N° 120, de 1960, del Ministerio de Hacienda, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo del Ministerio de Hacienda N°152, de 1980. Asimismo, dispone que le corresponde a esta empresa la administración de sorteos de números, juegos de azar de resolución inmediata y combinación de ambos en la forma dispuesta en el artículo 90 de la Ley 18.768. B) LOTERÍA DE CONCEPCIÓN.

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De acuerdo con la Ley 18.568, publicada en el Diario Oficial el 30 de octubre de 1986, es la Universidad de Concepción, corporación de derecho privado, la que está autorizada para mantener, realizar y administrar un sistema de sorteos de Lotería en conformidad a las disposiciones de dicha ley. La realización y administración de este sistema de sorteos se efectúa a través de una repartición denominada Lotería de Concepción, que forma parte integrante de la Universidad de Concepción y carece de personalidad jurídica. La Lotería de Concepción es administrada por el organismo colegiado superior de la Universidad de Concepción (Directorio compuesto por 7 miembros), quien puede delegar alguna de sus facultades al Gerente General de Lotería. En materia de fiscalización, la Contraloría General de la República solamente tiene atribuciones para fiscalizar el cumplimiento del porcentaje que debe destinarse a premios y del porcentaje destinado a las instituciones beneficiarias de los sorteos. Al igual que Polla Chilena, el artículo 90 de la Ley 18.768. Faculta a esta empresa la administración de sorteos de números, juegos de azar de resolución inmediata y combinación de ambos en la forma dispuesta en dicha ley. Por consiguiente, la Lotería de Concepción aunque se le otorgue por ley la calidad de “repartición” de la Universidad, su régimen es de derecho público, en lo que respecta a la actividad de realizar y administrar un sistema de sorteos, por cuanto las funciones que establece la ley, no son posibles sin autorización legal expresa. Por tanto, la concesión legal que se ha otorgado a ambas empresas de lotería respectivamente, tiene como finalidad que los juegos de azar que la ley les ha encargado administrar, generen aportes a beneficiarios como el Fisco y a instituciones sin fines de lucro, relevantes para el bien común y la asistencia social, en la forma y porcentajes que se establecen en los respectivos cuerpos legales que las rigen. Tal es así que los juegos de azar son considerados como impuestos indirectos que contribuyen al Erario Nacional. Por último, cabe señalar que los juegos de azar que administran ambas empresas están gravados en virtud de la Ley 18.110, con un impuesto específico de exclusivo beneficio fiscal, con una tasa del 15%, que se aplica sobre el precio de venta al público, sin considerar el impuesto sobre los boletos y las apuestas. Asimismo, Polla Chilena es sujeto de impuesto de 1ª categoría como sociedad anónima en conformidad a las normas generales. III.- ANTECEDENTES DE HECHO SOBRE EL JUEGO ILEGAL QUE SE HA DESARROLLADO EN CHILE. Instalación de máquinas de autojuego o “tragamonedas” en locales comerciales y espacios públicos en diferentes comunas del país. Desde hace algunos años han empezado a internarse al país numerosas máquinas de juego del tipo “tragamonedas” de similares características a las utilizadas en los casinos de juego, consistentes en equipos electrónicos o mecánicos que funcionan con el pago de una apuesta entregando premios en dinero a cambio de dicho precio. La defensa judicial de los empresarios que las administran se ha centrado en que en ellas predominaría la destreza física o intelectual del jugador por sobre la suerte, siendo que en realidad son simplemente máquinas electrónicas o mecánicas de autojuego en que en la determinación de la circunstancia de ganar o perder predomina el azar o la suerte. Dichas máquinas tragamonedas se encuentran instaladas en los más diversos tipos de locales comerciales, ferias e incluso en la vía pública, estimándose que existen más de 10.000 máquinas a lo largo del país, concentradas en la comunas de más escasos recursos. Polla Chilena frente ante tales flagrantes delitos ha interpuesto las querellas criminales ante los tribunales competentes por infracción a los artículos 276, 277 y 292 del Código Penal, requiriendo a las Intendencias de las diversas Regiones para que en conformidad al artículo Art. 77 del DFL 22, Ley de Régimen Interior, reprima esta actividad delictual. Sobre la materia, es dable señalar que producto de este negocio que se realiza al margen de la ley, el Fisco de Chile deja de percibir considerables recursos por la acción del juego ilegal que se efectúa en este tipo de máquinas de autojuego o tragamonedas. Se calcula que la existencia de alrededor de 10.000 máquinas tragamonedas ilegales en el país, las que recaudan diariamente en promedio más de $50.000.-, esto es un total de $500.000.000. Por tanto, en un escenario absolutamente conservador, si sólo vendieran $20.000.- diarios por cada máquina se vendería un total de $6.000.- millones mensuales. Si dichas ventas correspondieran a juegos de azar autorizados como los de Polla y Lotería, en promedio el 40% de esa suma se destinaría al pago impuestos y aportes a beneficiarios, quienes recibirían $2.400.- millones mensuales. Por consiguiente, los juegos de azar que se realizan a través de máquinas tragamonedas por personas y en lugares no autorizadas por la ley representan ventas anuales por una cifra superior a $72.000.- millones, sin que el Fisco ni las instituciones de bien común perciban los aportes correspondientes. IV.- RIESGOS OBJETIVOS PARA EL SISTEMA ECONOMICO QUE GENERA EL JUEGO ILEGAL. En los delitos que se han descrito materia de este proyecto, el bien jurídico que se ha transgredido es el orden público económico y la seguridad en el mismo. Por tal debemos entender el sistema económico en su globalidad, considerando el conjunto de normas y principios que regulan la intervención de los particulares y del Estado en la economía.

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En mérito de lo expuesto, podemos concluir que se ha generado en Chile en los últimos años una actividad económica al margen de la normativa constitucional y legal vigente, de enormes repercusiones en la economía pública y una competencia desleal para las empresas de loterías que por ley han sido autorizadas para administrar juegos de azar sujetos a un estricto régimen jurídico y para los casinos dentro del ámbito territorial que la ley les permite, como también para los hipódromos que captan apuestas respecto de carreras de caballos, también en virtud de una autorización legal. La actividad de los juegos de azar ilegal afecta además: a) A los beneficiarios de las empresas de loterías que están establecidos en la ley, que perciben cuantiosos recursos y, que son instituciones de bien común y asistencia social indispensables en la vida nacional, como son Fonasa, Cruz Roja, Coanil, y Bomberos entre otros. b) Al Fisco de Chile, toda vez que los recursos que genera esta actividad ilegal va en desmedro de los aportes que le efectúan las empresas autorizadas por ley para administrar juegos de azar y apuestas, y por la no percepción de los tributos generales y específicos que gravan los juegos de azar, como el establecido en el artículo 2° de la Ley 18.110 antes referido para las ventas de Polla y Lotería. Para tal efecto, estimamos que del estudio de los antecedentes descritos se demuestra como las normas legales que se contienen en nuestro Código Penal de 1874 relativas a reprimir y sancionar el juego y la apuesta ilegal, se han visto superadas por los medios y avances tecnológicos y los resquicios que utilizan los partícipes de estas actividades ilícitas. V.- OBJETIVO DEL PROYECTO Por consiguiente, creemos que para luchar adecuada y eficazmente contra el juego ilegal se requiere: 1°) Introducir mejoras y modernizar la tipificación de los delitos asociados al juego ilegal, generando cambios sustanciales en la legislación contravencional tendiente a la prevención y represión del juego ilegal, por los medios que se cometen actualmente. 2°) Un incremento de las penas que castigue con severidad suficiente las conductas vinculadas al juego ilegal, ya que las sanciones actualmente existentes son leves e intrascendentes, lo que permiten continuar sin inconvenientes en el desarrollo de estas actividades ilícitas. 3°) Imponer sanciones a los participantes o jugadores de las loterías no autorizadas que la actual legislación penal no considera, para desincentivar a la población a participar en juegos de azar desarrollados al margen de la normativa legal vigente. En definitiva, estimamos necesario que se efectúen las modificaciones necesarias tendientes a crear una normativa moderna, ágil y con capacidad suficiente para desincentivar una actividad ilícita que se ha vuelto extremadamente lucrativa y producir un fuerte impacto en los sectores que lucran con ésta. VI.- NORMAS DEL PROYECTO El N° 1 del artículo único del proyecto sustituye el artículo 276 del Código Penal, cuyo objeto es el incremento de las penas, por cuanto se estima que la multa de 10 a 20 UTM que se contempla como única sanción no guarda relación con el bien jurídico protegido por ese delito. Como se ha expuesto precedentemente, nos encontramos frente a organizaciones que poseen recursos económicos suficientes para implementar loterías ilegales que generan cuantiosos recursos ya que no se encuentran obligados a hacer aportes al Fisco ni a beneficiarios, permitiendo incluso ofrecer a los comerciantes el pago de la defensa judicial de éstos y de las multas que le puedan ser aplicadas, como ocurren en la realidad. Por consiguiente, se propone que los autores, administradores, comisionados o agentes de loterías y cualquiera que se lucre con dicho negocio no encontrándose autorizado legalmente, sean sancionados con una pena privativa de libertad de reclusión menor en su grado mínimo. Adicionalmente, se incrementa la cuantía de las multas que debiera oscilar en relación a las utilidades millonarias que generan tales actividades. Para tal efecto se propone una multa entre 100 a 300 UTM. Asimismo, se elimina la distinción entre si los objetos puestos en lotería u ofrecidos como premios son de carácter mueble o inmueble, ya que dicho criterio para imponer las multas se basaba en la gran importancia económica que se le daba a la propiedad raíz en el siglo XIX, pero que hoy carece de sentido, dado que los premios ofrecidos son mayoritariamente en dinero. Asimismo, en su inciso segundo se propone elevar en un grado la pena en caso de reincidencia. En su N° 2 del artículo único del proyecto, se incorpora un nuevo artículo 276 bis que sanciona al que comercialice, distribuya

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e instale en cualquier lugar, ya sea en espacios públicos o privados, que no sean casinos de juego autorizados por las leyes, equipos de autojuego electrónicos o mecánicos que entreguen premios en dinero o canjeables por éste, en los cuales el jugador debe efectuar el pago de un precio o prestación avaluable en dinero, destinado a procurar ganancia por medio de la suerte o azar. Una norma en tal sentido, procura evitar la actividad ilegal que se ha generado por la instalación de más de 10.000 máquinas de autojuego o “tragamonedas”, en diferentes locales comerciales y espacios públicos, la cual es concordante con la normativa constitucional y legal que dispone que estos equipos sólo pueden ser instalados en casinos de juegos. Asimismo, atendida la magnitud que ha alcanzado esta actividad ilícita, la habitualidad y estabilidad con que se desarrolla, que hacen presumir una asociación para la comisión del delito, similar a lo que ocurre con el tipo penal del artículo 277 del Código Penal, se estima necesario sancionar a los autores, empresarios, administradores, comisionistas, agentes y todos aquellos que se lucren con dicha actividad con una pena privativa de libertad de reclusión menor en su grado medio a máximo y multas de 100 a 300 UTM. Por último, se agrega un inciso segundo que sanciona a los que jugaren en loterías no autorizadas legalmente con una pena privativa de libertad de reclusión menor en su grado mínimo y con una multa de 11 a 20 UTM. Esta sanción a los jugadores permitirá cerrar el círculo para reprimir a todos los partícipes de esta actividad delictual, y, dado que en el artículo 278 del Código Penal ya se establecen penas para los que concurrieren a jugar a las casas de juegos, es absolutamente razonable que el legislador sancione a los jugadores de estas loterías ilegales. En el N° 3 del artículo único del proyecto, se modifica el actual artículo 277 del Código Penal, proponiéndose incrementar las penas para los banqueros, dueños, administradores o agentes de casas de juegos envite o azar, desde reclusión menor en cualquiera de sus grados a “reclusión menor en su grado medio a máximo” y se aumentan las penas de multas de once a veinte UTM a una multa que abarque “de trescientas a seiscientas UTM”, teniendo en consideración que la permanencia y habitualidad que llevan implícitas las conductas antes descritas, los recursos invertidos en ello con el propósito de hacer de esto una actividad permanente, y por ende la gravedad del daño producido, justifican una penalidad mayor que la establecida en el artículo 276 del Código Penal. Por último, en el N° 4 del artículo único del proyecto se eleva la multa establecida en la falta del artículo 495 N°14 del Código Penal para el que en caminos públicos, plazas, ferias u otros sitios semejantes de reunión estableciere rifas u otros juegos de envite o azar, desde una UTM a “cincuenta a cien unidades tributarias mensuales”, atendido que la actual multa de una unidad tributaria mensual no tiene carácter disuasivo alguno para los juegos de azar desarrollados comúnmente en la vía pública, existiendo una presunción de fraude en los mismos. En mérito de lo expuesto, sometemos a la consideración del Honorable Senado el siguiente proyecto de ley: MODIFICA EL CODIGO PENAL EN MATERIA DE DELITOS DE INFRACCIONES DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS REFERENTES A LOTERÍAS, CASAS DE JUEGO Y DE PRESTAMO SOBRE PRENDAS. Artículo Único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal: 1.- Sustitúyase el artículo 276 por el siguiente: “Los autores, empresarios, administradores, comisionistas o agentes de loterías no autorizadas legalmente serán castigados con reclusión menor en su grado mínimo y multa de cien a trescientas unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, la pena se elevará en un grado. “ 2.- Agrégase el siguiente artículo 276 bis. “El que comercialice, distribuya o instale en cualquier lugar, ya sea en espacios públicos o privados que no sean casinos de juegos autorizados en conformidad a las leyes vigentes, equipos de autojuego electrónicos o mecánicos, que entreguen premios en dinero o canjeables por éste, en los cuales el jugador debe efectuar el pago de un precio o prestación avaluable en dinero, destinado a procurar ganancia por medio de la suerte o azar, serán castigados con reclusión menor en su grado medio a máximo y multas de cien a trescientas unidades tributarias mensuales. En el evento que estos equipos de autojuego electrónicos o mecánicos se instalen en casinos de juego, se les aplicará toda la normativa contenida en la ley Nº 19.995. Los que jugaren en loterías no autorizadas legalmente serán castigados con reclusión menor en su grado mínimo y con una multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.” 3.- Modifícase el actual artículo 277 del Código Penal, sustituyéndose la frase “serán castigados con reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tributaria mensuales” por “serán castigados con reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias mensuales”.

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4.- Agrégase en el inciso final del artículo 495 del Código Penal antes del punto (.) final, precedida de una coma (,) la siguiente frase: “y la multa para la falta señalada en el número 14 será entre cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.”. (Fdo.): Evelyn Matthei.- Edgardo Boeninger Kausel.- Alejandro Foxley Rioseco.- José García Ruminot.- Carlos Ominami Pascual.-

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 6 Sesión: Sesión Ordinaria N° 6 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 351 Fecha: martes 22 de junio de 2004

MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES FLORES, ARANCIBIA, CANTERO, FOXLEY Y VIERA-GALLO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE ACUERDO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO DEL SENADO, CON EL OBJETO DE CREAR LA COMISIÓN PERMANENTE DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (S 745-09) MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES FLORES, ARANCIBIA, CANTERO, FOXLEY Y VIERA-GALLO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE ACUERDO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO DEL SENADO, CON EL OBJETO DE CREAR LA COMISIÓN PERMANENTE DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (S 745-09) Honorable Senado: La Comisión Especial para la Sociedad de la Información y el Conocimiento se ha abocado, durante el año 2003, al desarrollo de una serie de actividades vinculadas al mandato que la creó. En efecto, dicho mandato establecía, sobre la base de una propuesta hecha por el Honorable Senador señor Cantero a los Comités del Senado, que la sociedad contemporánea ha entrado de lleno en la era del conocimiento, y que el nuevo motor de la economía es la investigación y el desarrollo tecno-científico. Sin embargo, el conocimiento caduca rápidamente, lo que hace imprescindible habilitar una política que facilite la renovación constante en todo el sistema nacional; involucrando al gobierno, al parlamento, a las diversas instituciones, a las empresas y a los individuos. Agregaba que nuestro país ha tenido un vertiginoso proceso de inserción en la sociedad global y en la economía mundial, lo que exige un acelerado proceso de adaptación que mejore nuestra competitividad, con esfuerzos sistémicos e integrados para desarrollar el capital humano, el capital social y otras diversas formas de capital intangible que requieren un compromiso de los diversos sectores público y privado del país. El proceso de globalización y el desarrollo de las tecnologías de la información y el conocimiento (TICs), imponen nuevas formas de crear y transmitir el conocimiento. Señalaba que el nuevo rol del conocimiento hace que las organizaciones de todo tipo se planteen la necesidad de realizar una gestión que permita optimizar su rendimiento. Terminaba haciendo presente que, en este desafío, no basta la iniciativa del Gobierno, ya que se requiere promover y convocar para diseñar, implementar y fomentar una visión pro-activa del desarrollo nacional, tarea en la que el Honorable Senado no puede estar ausente. Durante su año de vida, la Comisión Especial para la Sociedad de la Información y el Conocimiento realizó doce sesiones durante el año 2003, con más de 40 invitados, según consta el informe que se ha entregado a la Sala de la Corporación. La Comisión acordó comenzar su trabajo con una fase de recopilación de antecedentes, análisis y determinación del marco conceptual que definiría su labor en lo sucesivo. Luego, se abocaría a generar las condiciones para una convocatoria de expertos y profesionales nacionales y extranjeros que le permita, como un órgano de difusión y de acercamiento de las tecnologías de la información (TICs) y su impacto en la sociedad futura hacia la opinión pública, constituirse en un ente que establezca las bases de las políticas públicas y privadas que deberán adoptarse para que el país pueda dar un salto cualitativo en la innovación y el acceso a la era digital, no sólo como mero reproductor de iniciativas foráneas, sino como creador de saber científico y tecnológico. Concluida esta primera etapa, los miembros de la Comisión y autores de esta moción están convencidos de que su labor debe continuar, pero más institucionalizada, con el fin de cumplir adecuadamente su objetivo en el futuro, en el sentido de tener en el Senado una visión conceptual a largo plazo, por medio de actividades que congreguen a personajes de alto nivel, como se está haciendo en Finlandia, así como la realización de iniciativas vinculadas al desarrollo de la economía nacional. Debe haber consenso acerca de la sociedad del futuro en Chile. Esta es una labor que puede realizarse, en parte, por medio de un Informe de Estado sobre la materia, y la Comisión debiera coordinar estas actividades.

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En consecuencia, OS PROPONEMOS el siguiente PROYECTO DE ACUERDO: “Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 27 del Reglamento del Senado: 1.- Sustituir la Comisión sexta, por la siguiente: “6a. De Educación y Cultura;”; 2.- Agregar, como Comisión decimoctava, nueva, la siguiente: “18a. De Ciencia, Tecnología y Sociedad del Conocimiento;”, y 3.- Las Comisiones 18a., 19a., y 20a., pasan a ser 19a., 20a., y 21a., respectivamente.”. (FDO.): FERNANDO FLORES LABRA.- JORGE ARANCIBIA REYES.-ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO.- CARLOS CANTERO OJEDA.- JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 7 Sesión: Sesión Ordinaria N° 7 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: martes 4 de noviembre de 2003

MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES FOXLEY, LARRAÍN, MARTÍNEZ, NÚÑEZ Y ROMERO, POR MEDIO DE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE ACUERDO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO DE LA CORPORACIÓN, CON EL OBJETO DE CREAR LA COMISIÓN DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (S 703-09) MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES FOXLEY, LARRAÍN, MARTÍNEZ, NÚÑEZ Y ROMERO, POR MEDIO DE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE ACUERDO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO DE LA CORPORACIÓN, CON EL OBJETO DE CREAR LA COMISIÓN DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (S 703-09) Honorable Senado: CONSIDERANDO: Que nuestro país en los últimos años ha ratificado significativos Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y México. 2. — Que ha sido opinión unánime de los Senadores la necesidad de que el país reestructure sus instituciones y adopte las políticas públicas necesarias, a fin de hacer un mejor aprovechamiento de los Convenios. 3. — Que, en consecuencia, el Senado no puede eludir su obligación de estudiar la ejecución de los Tratados comerciales que ha aprobado y la buena marcha de ellos. 4.— El acuerdo unánime de la Comisión Especial encargada de estudiar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en el sentido de ser transformada en una Comisión permanente. RESUELVEN: Crear la Comisión de Tratados de Libre Comercio, la que tendrá el carácter de permanente, y cuya finalidad será estudiar la ejecución de dichos Convenios. Motivo por el cual presentan el siguiente “PROYECTO DE ACUERDO: Incorpórase en el artículo 27 del Reglamento del Senado, a continuación del Nº “20a De Ética del Senado, que se regirá por el título XVIII”, lo siguiente: “21 a De Tratados de Libre Comercio.”.”. (Fdo.): Alejandro Foxley Rioseco. — Hernán Larraín Fernández. — Jorge Martínez Busch. — Ricardo Núñez Muñoz. — Sergio Romero Pizarro.

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Intervención Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 21 Sesión: Sesión Ordinaria N° 21 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 343 Fecha: martes 9 de enero de 2001

LÍMITE MÁXIMO DE CAPTURA PESQUERA POR ARMADOR Y REGULARIZACIÓN DE REGISTRO ARTESANAL El señor FOXLEY .Señor Presidente , luego de escuchar al señor Ministro y al señor Subsecretario de Pesca en las varias discusiones que ha habido, creo que se ha construido un buen argumento respecto de por qué resulta necesario legislar en esta materia. Por la descripción de la situación actual del sector pesquero -bastante crítica, sin duda-, se hace indispensable, efectivamente, establecer un límite máximo de captura por armador, lo cual traería, como una de sus consecuencias beneficiosas -y en esto discrepo de lo que decía recién la Senadora señora Carmen Frei -, un impacto social positivo. Ello permitiría distribuir mejor el trabajo de captura a lo largo del año y mejorar la calidad del producto que se elabora por parte de la industria pesquera. Por otro lado, también me parece necesario -estoy destacando los puntos positivos sobresalientes- regularizar la situación de la pesca artesanal, establecer el registro a que se refiere el proyecto, proteger la zona de pesca artesanal desde la Cuarta Región hacia el sur, y aumentar la participación de los pescadores artesanales en las instancias de decisión, como son los Consejos Zonales de Pesca y el Consejo Nacional de Pesca. Asimismo, estoy de acuerdo en que es imprescindible fortalecer la capacidad fiscalizadora con el objeto de que se cumplan las cuotas que se determinen como producto de los mecanismos contemplados en la iniciativa. Particular mención merecen las nuevas atribuciones que se dan a los organismos fiscalizadores para revisar bodegas y libros, poner sellos, etcétera. Dicho todo esto, que explica las razones por las cuales voy a votar a favor del proyecto, me parece importante aprender y considerar la lección de los últimos 10 años, la cual muestra, primero, la enorme dificultad que ha habido para legislar sobre la materia. La discusión de la anterior Ley de Pesca tomó un tiempo muy largo, y rápidamente se demostró que esa normativa, en algunos aspectos relevantes, o no era aplicable, o la autoridad no tenía las facultades o la voluntad de aplicarla. Por lo tanto, mirando más allá de la situación crítica del sector pesquero, resulta indispensable recoger la observación de la Honorable señora Carmen Frei en cuanto a que estamos legislando de emergencia y para dos años. Se han asignado cuotas por ese lapso a empresas establecidas en el ramo, pero hay que generar condiciones reales para avanzar de verdad hacia una legislación permanente. Hay que establecer en el Congreso criterios y acuerdos en tal sentido, y tener la voluntad necesaria para enfrentar las fuerzas que seguramente, a su término, van a pedir la prórroga de esta ley transitoria por dos años, y así sucesivamente. Debemos recoger la experiencia, que globalmente no ha sido buena, por la demora en la dictación de la primera Ley de Pesca, por las dificultades para implementarla, por la debilidad de la autoridad para llevar adelante algunas de sus disposiciones. Por lo tanto, me parece válida la prevención. Recojo lo que decía el señor Ministro al comienzo. Es fundamental, a mi juicio, que la aprobación de esta iniciativa quede sujeta al claro compromiso político del Gobierno de presentar, en el plazo de dos años, un proyecto de ley de carácter más permanente y de buscar los apoyos políticos necesarios para sacarlo adelante. ¿Cuáles son las materias que no se hallan adecuadamente planteadas en el texto que tenemos al frente y que debieran ser incorporadas en una legislación más definitiva? A mi juicio, son cuatro. En primer término, es importante que la ley en proyecto no se entienda como una consagración del statu quo en lo referente a cuotas de pesca. En este aspecto debe recogerse la idea de la licitación de cuotas gradualmente transferibles a través del tiempo, de tal manera que a futuro haya cierto libre acceso al sector y éste quede abierto a la competencia. En segundo lugar -lo dijo ya el Senador señor Ominami y fue discutido en la Comisión de Hacienda-, no veo en este proyecto

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incentivos para reducir el exceso de capacidad instalada que existe hoy en materia de buques y de extracción de especies. En realidad, los incentivos no existen, porque -como acaba de expresarlo el Honorable colega-, en el caso del jurel, la sardina y la anchoveta, las cuotas están determinadas por el esfuerzo de pesca. Es decir, por la capacidad instalada en bodegaje de los barcos hoy existentes. Y esa situación se congela -aunque los barcos no salgan a pescar-, pero cuenta para determinar la cuota de los armadores. Asimismo, no hay ningún mecanismo que incentive a quienes poseen un número excesivo de barcos para venderlos, transferirlos o destinarlos a otros objetivos. Más aún, el proyecto otorga al armador el beneficio adicional -a mi juicio, contradictorio y perverso- de no pagar patente cuando, por el hecho de no utilizarla, deja una nave varada en la playa. En mi opinión, cualquier legislación transitoria -que, por este carácter, aborda situaciones de emergencia y, por lo tanto, no incluye todos los aspectos del caso- debería, por lo menos, introducir algunos incentivos que, en el mediano y largo plazo, apunten en la dirección correcta para solucionar el problema económico y social de fondo del sector pesquero: el exceso de capacidad instalada hoy existente. Esta iniciativa debiera haber considerado algunos incentivos en este aspecto, pero no ha ocurrido así. El tercer punto es, por lo demás, bastante obvio. Evidentemente, constituye un avance elaborar un registro de los pescadores artesanales, porque de alguna manera permite poner al día una necesaria información en este sentido. Tal vez no es el propósito del proyecto, pero es indispensable ir reduciendo en el tiempo la enorme heterogeneidad de productividad, de condiciones de producción, de capitalización, etcétera, que existe hoy entre la pesca industrial y la artesanal. Asimismo, se echa de menos el atisbo de una efectiva política de fomento, de organización del sector, tendiente a su capitalización, a darle acceso a embarcaciones de mayor capacidad y a otorgarle asistencia técnica para el mercadeo de sus productos. Hay que pensar también en la posibilidad de una organización, como cooperativa u otro sistema que le permita competir en el negocio de la exportación de productos pesqueros. Se trata de un proceso necesario para que el desarrollo del sector pesquero tenga como contraparte el fomento de condiciones sociales y económicas menos diferenciadas en un rubro que es, tal vez, el más heterogéneo que hay en el país. Por último, si bien es positivo entregar atribuciones para fiscalizar mejor lo que ocurre en materia de capturas y cumplimiento estricto de las normas que la ley establece, lo cierto es que estamos aquí, como en otros sectores, en presencia de un fenómeno bastante recurrente: organismos fiscalizadores que tienen una tremenda precariedad de personal para fiscalizar, así como de recursos materiales para llevar adelante esa tarea. Me preocupa el hecho de que aquí vamos a ensayar y experimentar con un mecanismo de control del cumplimiento de las cuotas pesqueras a cargo de entidades auditoras privadas, respecto de las cuales no tenemos certeza si van a funcionar adecuadamente o no, si van a ser susceptibles de presiones económicas o de otro tipo, que pudieran distorsionar el cumplimiento de los objetivos de la ley. Por lo tanto, si estos mecanismos externos de fiscalización no dieran resultado, sería conveniente disponer de un resguardo en el sentido de contar con organismos fiscalizadores públicos que puedan cumplir esa labor y fiscalizar adecuadamente a los auditores. Se trata de un sector demasiado importante, con cuantiosos recursos económicos. Por ello, es fundamental que esta normativa legal que va a ser aprobada hoy en general en el Senado, al revés de lo que ocurrió con la Ley de Pesca anterior, sea aplicada integralmente, a fin de que las metas que aquí se proponen sean cumplidas rigurosamente. Para eso se requiere que el sector público tenga la capacidad real de constituirse en contrapeso para que la ley no quede sólo en el papel, sino que efectivamente tenga garra, fuerza y resulte un instrumento eficaz. Quiero concluir reiterando algo que considero esencial: el compromiso de la autoridad, del Ministerio respectivo, en cuanto a que la aprobación de la iniciativa constituye un primer paso, el inicio de la discusión y elaboración de un proyecto de ley más permanente, en el que todos estos problemas estén debidamente considerados. Voto favorablemente. --(Aplausos en tribunas).

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 22 Sesión: Sesión Ordinaria N° 22 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 348 Fecha: martes 7 de enero de 2003

POSTERGACIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA DE REAVALÚO DE BIENES RAÍCES AGRÍCOLAS Y FACULTAD DELEGADA EN MATERIA DE PLANTAS DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS El señor FOXLEY .Señor Presidente , deseo complementar las palabras del Presidente de la Comisión de Hacienda , reforzando algunos puntos que, en mi concepto, son un fuerte argumento para aprobar integralmente esta iniciativa en esta ocasión. En primer lugar, en cuanto al procedimiento seguido en la discusión de esta iniciativa -por lo menos, en lo que he apreciado en la Comisión de Hacienda y en las Comisiones unidas de Hacienda y Agricultura-, quiero destacar que el Gobierno ha exhibido una posición extremadamente flexible: durante mucho tiempo sostuvo un diálogo permanente con Senadores de todas las bancadas e incorporó en el proyecto que estamos analizando ahora un conjunto bastante grande de observaciones constructivas que formularon los Parlamentarios, particularmente los de las zonas agrícolas. Por lo tanto, lo primero es reconocer ese hecho. De los proyectos que me ha correspondido estudiar, éste es uno de los que ha tenido más tiempo para asumir constructivamente los aportes de los miembros de las Comisiones unidas de Hacienda y de Agricultura. En segundo término, la iniciativa en estudio hace aplicable a la legislación el sentido común. Chile ha estado creciendo a una tasa bastante significativa en los últimos 20 años. La economía ha casi triplicado su tamaño desde 1980, año en el que por última vez se efectuó un reavalúo de bienes raíces agrícolas. La economía ha crecido tal vez 2,5 veces en ese período y, al mismo tiempo, durante ese mismo lapso, como producto de la apertura hacia el exterior, se produjo una verdadera revolución tecnológica y de transformación, en especial en la agricultura chilena. Hubo un proceso de modernización que no ha sido parejo y uniforme. Nunca lo es. Pero hoy una parte muy importante de la agricultura chilena es eficiente y competitiva, y ha demostrado enorme éxito exportador y notable capacidad empresarial. Por lo tanto, cabe preguntar si, en vísperas del momento en que el país se medirá en términos de calidad de producción y de funcionamiento de sus instituciones con las de los países más desarrollados, estas instituciones se ajustarán a ciertas normas habituales en cualquier economía abierta, como la chilena. La primera norma es la no existencia de distorsiones graves entre quienes ejercen actividad productiva en un sector o en otro. Si en uno de ellos los reajustes de avalúos se han aplicado con regularidad durante 22 años y en el otro, el agrícola, no se han reajustado, entonces se registra una distorsión seria. Es verdad que la agricultura es un caso especial, pero también es cierto que para todo contribuyente rige el principio de igualdad ante la ley. La segunda norma -como mencionó anteriormente el Presidente de la Comisión de Hacienda -, es que, si bien el valor real de la tierra ha fluctuado enormemente, los avalúos no se han adecuado de manera correspondiente. Producto del cambio del valor de la tierra, durante los últimos años algunos agricultores han pagado impuestos de más, mientras que para otros la carga impositiva ha sido irrisoria, a veces absurda, considerando la envergadura de los negocios en que están involucrados sus predios agrícolas. La posición flexible del Gobierno se ha traducido en establecer topes absolutos a los montos de los reajustes, en introducir gradualidad en los plazos, en fijar la fecha de vigencia y, sobre todo -este punto se debe enfatizar-, en determinar el monto exento de las propiedades. Según el texto que se nos propone ahora, se exime de todo impuesto a los pequeños agricultores de menor productividad, pues no están en condiciones de pagar ni siquiera las contribuciones, cuyas cuotas a veces no exceden los 10 mil pesos. Por lo tanto, de acuerdo con esos antecedentes, corresponde que legislemos conforme a lo que será nuestra economía en el futuro, con un sentido de equidad y de justicia, sometiendo a todos los contribuyentes a reglas similares, ajustando sus propiedades a los valores reales y eximiendo a quienes realmente no tienen capacidad de pagar. Tales principios están muy bien reflejados en el proyecto. Por lo tanto, simplemente habría que aprobarlo tal como ha sido presentado.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 6 del Senado, Legislatura 345 Sesión: Sesión Ordinaria N° 6 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 345 Fecha: miércoles 10 de octubre de 2001

AUTORIZACIÓN A UNIVERSIDAD DE CHILE PARA CONTRATAR EMPRÉSTITOS. VETO El señor FOXLEY.Señor Presidente, el veto en cuestión recae en el proyecto tendiente a posibilitar que la Universidad de Chile se endeude por un monto máximo de 20 millones de dólares con el objeto de financiar la construcción de un Parque Científico-Tecnológico. El propósito de la observación presidencial es que el o los empréstitos contratados puedan pagarse en un plazo superior a seis años. La Cámara de Diputados rechazó el veto. Nuestra Comisión de Hacienda se reunió en la mañana de hoy y, por tres votos afirmativos y una abstención, lo aprobó. En consecuencia, sólo resta el pronunciamiento de la Sala.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 47 Sesión: Sesión Ordinaria N° 47 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: miércoles 7 de abril de 2004

MODIFICACIÓN DE INCENTIVOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO DE AISÉN, MAGALLANES Y PALENA, Y AMPLIACIÓN DE ZONA FRANCA DE EXTENSIÓN DE PUNTA ARENAS A REGIÓN DE AISÉN El señor FOXLEY .Señor Presidente , la Comisión de Hacienda se reunió hoy en la mañana para estudiar el proyecto, con urgencia calificada de "discusión inmediata", despachándolo con extraordinaria premura a las 12:30, antes de la sesión especial. De modo que el señor Secretario de la Comisión no tuvo posibilidad de preparar el informe escrito correspondiente. La Comisión de Hacienda, efectivamente, introdujo cambios menores, que se consignan en el boletín comparado, donde aparecen claramente las diferencias.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 34 Sesión: Sesión Ordinaria N° 34 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 343 Fecha: miércoles 4 de abril de 2001

NORMAS SOBRE EVASIÓN TRIBUTARIA El señor FOXLEY.Señor Presidente, las dos intervenciones anteriores han cubierto en gran medida el contenido del proyecto y ciertos puntos que deseaba tratar. Sin embargo, quiero hacer presente dos o tres cosas. En primer lugar, me parece que pocas veces ha suscitado mayor consenso previo a una elección presidencial un tema como el de la reducción de la evasión tributaria. Se ha dicho aquí que los dos candidatos presidenciales centraron las propuestas para financiar sus programas de Gobierno en la disminución sustancial de la evasión de impuestos. Por eso, resulta fundamental lo que hoy ocurra respecto de la aprobación general del proyecto. A mi juicio, la señal que se debe dar es acogerlo, ojalá con un margen relativamente amplio, sin perjuicio de que en la discusión particular se vaya al detalle -como sucede habitualmente, por lo demás- de los temas que a algunos pueden parecerles cuestionables. El punto dice relación, en cierta medida, al "fair play" observado antes con las Administraciones Aylwin y Frei Ruiz-Tagle , en el sentido de que una vez elegido un Presidente y muy al comienzo de su mandato el Congreso debe darle la oportunidad de poner en práctica las ideas que ofreció en su campaña y de llevar adelante su plan de Gobierno, para que después sea juzgado, obviamente, si algunos así lo desean, con toda la severidad del caso. Pero lo que estimaría delicado, grave, como precedente, iniciándose recién el Gobierno -y enfrentándose, además, la obligación de financiar programas de continuidad tan importantes como la reforma educacional, la reforma de la justicia, etcétera, aparte la necesidad, naturalmente, de responder a cuestiones nuevas, a dificultades sociales y de otro tipo-, es el hecho de que negarle la posibilidad señalada sería causar realmente un daño, también, al país, para decirlo con franqueza. Como ha expresado el señor Ministro , el proyecto, en 80 por ciento, ataca a la evasión, y, por lo tanto, busca establecer el principio de igualdad ante la ley. Y en lo referente a la elusión, la iniciativa se concentra en situaciones que son normales. Los contadores son hábiles para encontrar vericuetos a fin de indicar a sus empleadores cómo no pagar impuestos, pero es obligación, asimismo, de la autoridad... El señor HAMILTON .¡Y también actúan los abogados...! El señor FOXLEY .... de Hacienda, a la que le toca recaudar los tributos, intentar corregir la situación a medida que tales sistemas se van elaborando. Por lo tanto, me ha costado mucho entender en el debate previo por qué hay gente que plantea: "Ataque contra la evasión, sí, pero contra la elusión no.". Al respecto, el Senador señor Ominami dio un ejemplo: el de las importaciones de calzado, de ropa, a precios ridículos, para pagar menos impuestos y provocar una situación de competencia imposible a la industria nacional. Igualmente,... El señor PRAT .Eso es evasión, Honorable colega. El señor FOXLEY....las grandes empresas mineras traen capitales disfrazados como intereses, para pagar posteriormente un impuesto de 4 por ciento, en vez de 35 por ciento, etcétera. Se ha dicho que el texto implica un aumento de tributos. Ello no es efectivo. Lo único que hace sobre el particular es tornar permanente, con relación al impuesto de primera categoría, la supresión del crédito por contribución territorial, que no se ha aplicado por un período ya de tres años en virtud de una legislación anterior. Pero los otros elementos contemplados apuntan estrictamente a reducir la evasión y la elusión.

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Me referiré a dos puntos adicionales sobre las facultades de los servicios fiscalizadores. Pienso que en la discusión se ha logrado que lo que parecía "apretar" mucho respecto de ellas se equilibre con el compromiso del Gobierno de crear tribunales tributarios, que permitan a las personas que se sientan afectadas por los servicios aludidos recurrir en forma expedita a un sistema judicial adecuado. Y entiendo que quienes han intervenido por parte del Gobierno en el debate advierten que el apoyo que damos al proyecto es en el sentido de fiscalizar mejor, con más eficiencia, pero no de perseguir al contribuyente. En todo caso, el tema de las atribuciones se podrá discutir en detalle en la etapa legislativa siguiente. Sobre lo mismo, quisiera insistir en que la idea de proporcionar más recursos a los organismos a que hago referencia no es solamente para fiscalizar más, sino también para dar un mejor servicio. Y creo que en ello Impuestos Internos lleva la delantera respecto de los otros. La economía chilena necesita insertarse mucho mejor en las redes globales de producción y distribución. A modo de anécdota, puedo contar que tuve la mala idea de encargar vía internet un libro de texto que vale 10 mil pesos y que recibí una citación de Aduanas y de Correos para presentarme en una dirección de la avenida Príncipe de Gales sólo en horario matinal. Debo ir personalmente, con carné de identidad y rol único tributario en la mano, y por cada día que demore me cobrarán una multa de 260 pesos. El señor PRAT.¡Y eso es sin que el proyecto haya sido despachado...! El señor FOXLEY.Doy a conocer lo anterior, señor Presidente, consciente de que algunas personas, como los señores Senadores de las bancadas opositoras, pueden aprovechar ese relato para volcarse en contra de diversos aspectos de la iniciativa. Lo que deseo afirmar aquí es que resulta muy importante que en la aprobación que daremos sin ninguna vacilación al articulado en estudio se entienda asimismo un mensaje: que los recursos que se otorgarán no son solamente para fiscalizar mejor, sino también -reitero- para proporcionar un mejor servicio, para introducir las nuevas tecnologías, para lograr insertar mejor a la economía chilena en el mundo, y no aislarla. Termino diciendo lo siguiente. Los dos últimos años no han sido fáciles: se ha registrado una situación complicada en el plano económico interno, el proceso de reactivación no ha sido todo lo rápido que se deseaba, el entorno internacional se ha estado deteriorando. Y, en ese contexto, deseo hacer presente, con mucha claridad -así lo siento y así lo he visto, junto con muchos otros colegas-, que el equipo del Ministerio de Hacienda ha estado realizando un trabajo extremadamente difícil. Lo ha llevado a cabo con mucho profesionalismo. Y creo que el país debe entender que esa tarea, en las circunstancias actuales y para el futuro, requiere la aprobación del proyecto en análisis, absolutamente central dentro de lo que puede ser el manejo de las finanzas públicas en los próximos años. A mi juicio, ello se debe hacer por un sentido de responsabilidad respecto de Chile, y porque pienso, además, que lo más rentable para cualquier Oposición que aspire legítimamente a concretar la alternancia en el Poder es intentar asociarse con el éxito del país, y no en hacerse cómplice de un eventual fracaso. Repito que la iniciativa es absolutamente central para Chile, para su éxito como país en los próximos años, y espero que hoy pueda ser acogida con una votación amplia, con un respaldo en general, sin perjuicio de la discusión particular posterior. Muchas gracias.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 6 Sesión: Sesión Ordinaria N° 6 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: miércoles 22 de octubre de 2003

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA El señor FOXLEY .Señor Presidente , la Comisión de Hacienda se reunió el día de ayer con motivo del proyecto de acuerdo en examen. Deseo ser muy sintético: después de escuchar al señor Ministro de Hacienda y al señor Presidente del Banco Central , lo aprobó unánimemente, al igual que el estudio del costo financiero que significará para el Fisco en los próximos años la implementación del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Más que referirme a la discusión en ese órgano especializado, quiero dar a conocer, con su autorización, señor Presidente , mis propias observaciones respecto de lo que me parece el texto del Tratado. Creo que el equipo de Gobierno ha culminado una muy buena negociación. Y una demostración de ello es que quienes integramos la Comisión Especial y escuchamos a los distintos sectores involucrados o supuestamente afectados concluimos por lo menos, así fue en el caso del Senador que habla- que su reacción había sido, en general, notablemente positiva. Incluso, algunos de los representantes del ámbito agrícola, como los del rubro lechero, aunque pusieron una nota de cautela, al mismo tiempo indicaban, desde el punto de vista de su reacción pública al Convenio, que a partir de ahora podían pensar en un desarrollo que llevara a que en un plazo de diez años, las exportaciones de productos lácteos implicasen hasta 500 millones de dólares. Visiones similarmente optimistas encontramos, por ejemplo, en el área textil, la cual estimó que el Tratado le aportaba de inmediato un mercado adicional de 120 millones de dólares. Y representantes de las organizaciones en el plano ambiental y en el mundo sindical plantearon, en forma interesante, que tras el acuerdo será posible exigir un cumplimiento más riguroso, más a fondo, más al día, de la legislación vigente, tanto en lo ambiental como en lo laboral, porque dicho instrumento impone estándares más altos al respecto. Se opinó que en adelante, con este Tratado Internacional, nos veremos obligados a ser particularmente rigurosos en su cumplimiento. Ahora bien, quisiera ir un poco más allá e intentar responder una pregunta surgida en la discusión en instancias anteriores. En efecto, algunos Honorables colegas han sostenido: "¿Por qué tanta historia con el Tratado cuando, en realidad, no es más que un pequeño paso adicional a lo que el país ha estado haciendo en los últimos trece años y, en cierta medida, por lo tanto, refleja más de lo mismo, en cuanto a lo que hay que hacer para enfrentar la etapa que viene?". Creo que no es así. Pienso que nos hallamos, en realidad, en el "punto de llegada", por así decirlo, de una estrategia que se ha llevado a cabo durante un período de trece años, y que ella representa la apertura de una ventana discreta, distinta, hacia un nuevo desarrollo posible para la economía. Constituye una oportunidad, una nueva etapa, una ocasión de dar un salto adelante cualitativa y cuantitativamente diferente de la situación hasta ahora. ¿Por qué? Porque me parece que, cuando se firman dos acuerdos que dan acceso al mercado de Europa, uno, y al de Estados Unidos, el otro, se enfrenta un aumento de escala en lo que se puede hacer en Chile, desde el punto de vista productivo. En cierta medida, es como si a partir de ahora -tratándose de un país con dos grandes desventajas: un tamaño muy pequeño y una distancia grande hasta los centros de los mercados principales en el mundo- se nos planteara la proposición de que Chile debe considerar su desarrollo como Brasil; es decir, como si dispusiese de un mercado suficientemente amplio que le cambie su visión de cómo concebir el desenvolvimiento futuro de su economía, de sus negocios, de sus procesos de generación de empleo. No seremos más una economía con la enorme limitación de un mercado interno de 15 millones de personas. Podemos hoy pensar en proyectar inversiones y negocios a una escala de varios cientos de millones de personas. Que ello no es una ilusión lo demuestran ciertos ejemplos históricos contemporáneos concretos, recientes, en que países que comparten las condiciones estructurales de la economía chilena en cuanto a ser pequeños, con economías abiertas, relativamente periféricas respecto de los mercados principales, tuvieron que hacer el mismo giro a propósito de haber firmado acuerdos de libre comercio, similares a los que ha suscrito Chile este año. Estoy pensando en naciones como las escandinavas y, más recientemente, en Finlandia e Irlanda. Éstas, a propósito de su incorporación al libre mercado de la Unión Europea, cambiaron la mentalidad con que enfrentaban su futuro y lograron, por ejemplo, que sus empresas pensaran en términos globales; que sus Gobiernos y agencias de fomento hicieran lo mismo y, sobre todo, que su clase dirigente,

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política, empresarial, universitaria, sindical, se decidiera a sumar esfuerzos en torno de un proyecto país; a iniciar procesos de conversación que llevaran a la cooperación, a alianzas entre los sectores público y privado; que empujaran hacia asociaciones de empresas medianas y pequeñas para enfrentar el mercado global en forma conjunta, y que el país entero fuera capaz de poner antenas en el mundo para estar alerto y demostrar que estaban en las fronteras de la innovación, y aprender a hacer las cosas más rápido que los competidores, llegando a los mercados internacionales antes que los países con los cuales se va a competir. Señor Presidente , estamos en una carrera contra el tiempo, en la cual Chile tiene obligaciones como país, independientemente de las legítimas diferencias políticas existentes. Ése es otro modo de enfrentar el desafío con urgencia. Para el sector privado, tal desafío consiste en cambiar lo que fue su estrategia de internacionalización de comienzos de los años 90, y que en alguna medida hizo crisis con el episodio argentino. El sector privado pensó que la manera de romper la desventaja del pequeño mercado interno era invertir en países vecinos, básicamente para tratar de actuar en la misma forma que lo estaba haciendo en el nuestro. Para eso invirtió fuertemente en Argentina y, en menor medida, en Brasil. La crisis argentina demostró que esa estrategia tiene dos debilidades: primero, los mercados latinoamericanos siguen siendo fragmentados y, por lo tanto, con el traslado a Argentina no se enfrenta el mercado global; segundo, el sistema tenía los pies de barro en el sentido de que, al invertir allí, importábamos riesgo país mucho más amenazante hacia Chile. El riesgo país de nuestro vecino superó los 7 mil puntos; nosotros hoy día no superamos los 80 puntos. Al comprometer nuestras inversiones allende Los Andes, las empresas han tenido que hacer las pérdidas y quedar en situación de repliegue. Por lo tanto, esta oportunidad obliga al sector privado a replantearse, a programarse ahora desde Chile, proyectando inversiones en nuestro territorio en una escala que no es la del mercado chileno, sino del mundial, del mercado global, que incluye a Estados Unidos y a Europa. Hace unos días, un industrial nos contó que un representante de una firma distribuidora de artículos deportivos de Estados Unidos llegó a su empresa textil a hacerle la siguiente proposición: "Yo quiero que usted me produzca 30 mil docenas de poleras a la semana.", frente a lo cual explicó: "No estoy acostumbrado a eso. El mercado nacional es muy pequeño; tendré que pensar en otra manera de hacer las cosas: asociarme en Chile y en el exterior para enfrentar una demanda de ese tipo". Por lo tanto, el área privada debe despertar, readecuar su estrategia y plantearse en términos globales. En mi opinión, el sector público tiene el mismo desafío. Por ejemplo, el servicio exterior chileno ha de pensar que, de ahora en adelante, su tarea principal será la de facilitador de negocios, de oportunidades de inversión y de generación de empleos para nuestras empresas. Se nos ilustraba que se negoció -creo que se hizo muy bien- el acceso de Chile a los procesos de licitación en materia de compras gubernamentales en Estados Unidos y en Europa. Eso quiere decir que se van a abrir ventanas de oportunidades, donde se anuncien licitaciones no sólo por parte del Gobierno federal de Estados Unidos, sino también de los condados de cada uno de los Estados. ¿Cómo el sector privado chileno se va a poner a punto? Primero, para tener la información a tiempo; segundo, para buscar socios dentro y fuera de Chile, a fin de participar oportunamente en esas licitaciones, y tercero, para concentrar su esfuerzo en aquellas licitaciones en las cuales nuestra estructura productiva pueda llegar con mayor facilidad; por ejemplo, en muebles y artículos escolares, en equipos para la minería, etcétera, etcétera. Eso no está organizado. Es un desafío enorme para el sector público chileno, para el Servicio de Relaciones Exteriores, para la estructura de embajadas y consulados. Y, como ya lo dijo también el Senador señor Núñez , el otro desafío para el sector público es que deberemos readecuar, reestructurar y refocalizar aquellos ciento cuarenta programas de fomento dispersos, sin contactos entre sí, con una enorme cantidad de duplicaciones y que, a veces, sólo atienden a clientelas pequeñas y restringidas. Por ello tenemos que enfocar ese esfuerzo, aumentar la ambición y subir por la vía asociativa la escala con la cual se conciben desarrollos productivos en Chile, sobre todo las empresas medianas no consolidadas en rubros nuevos, para que aporten mayor valor agregado. Señor Presidente , el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no sólo nos obliga a repensar la estrategia de desarrollo y la escala con la cual nos planteamos en materia de inversiones. También nos impele a replantear la forma en que vemos, entendemos e implementamos las políticas sociales. Porque la mayoría de los países en un grado de desarrollo todavía incipiente tiende a que sus políticas sociales -de tipo asistencialista o educacionales- sean sólo instrumentos de supervivencia para las familias que viven en condiciones precarias. Y creo que en esta nueva estrategia de globalización tenemos que repensar las políticas sociales como instrumentos, a fin de habilitar la plena participación de los ciudadanos, particularmente de aquellos que nacieron en hogares más desfavorecidos desde el punto de vista sociocultural y económico, y capacitarlos para la plena participación de los ciudadanos en la sociedad del conocimiento, que es la que va a dar a esas personas la posibilidad de beneficiarse de los frutos de la globalización. La educación, por lo tanto, no puede ser sólo una estrategia de supervivencia. Tiene que constituir un instrumento para aumentar la capacidad cognitiva, particularmente de los niños provenientes de estratos socioculturales o económicos más

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desfavorecidos o marginales. Capacidad cognitiva significa aumentar el potencial de aprendizaje en el sistema educativo formal, y llegar a ser más creativos cuando se inserten en la fuerza de trabajo. También implica desarrollar la capacidad de pensar y de innovar, de fortalecer la sociabilidad, la disposición para relacionarse, para formar equipos, interactuar, todo lo cual constituye un elemento esencial de la nueva economía globalizada. Postulo que ello nos va a obligar, en una etapa siguiente, a que la reforma educacional reenfatice su foco de acción desde los primeros cinco años de vida de los niños. Eso supone que las políticas sociales desde la visión sectorial fragmentada tradicional, pasen a concentrarse en la familia. Y tenemos que pensar en que la política educacional debe dirigirse al niño antes de que se incorpore a la educación formal; orientarse a la política de salud, para hacer posible que los episodios de emergencia no sean una disrupción de las finanzas familiares, sin que causen, por lo tanto, las tensiones que impiden a ese niño desenvolverse en un entorno normal, que le permita desarrollar una capacidad cognitiva apropiada, y signifique una política hacia la familia, en términos de que se permita a la mujer trabajar en jornada parcial mientras el niño es pequeño y vulnerable, cuando necesita de la calidez del hogar, de la cercanía de la madre y del padre, para que después pueda incorporarse como un ciudadano plenamente capaz y habilitado en el mundo a través de la globalización, pero que, al mismo tiempo, sienta la seguridad básica y el equilibrio necesario, que sólo podrá adquirir en el seno de la familia. Por lo tanto, en dos palabras, creo que la proposición hacia el futuro, el desafío hacia adelante, que hoy es posible gracias a la culminación de una estrategia deliberada del país de tratar de insertarse plenamente en el mundo y de lograr la equidad social, es globalización a "full" y concentración en la familia, como los dos focos de las políticas públicas que harán posible que Chile en esta nueva etapa, no sólo se abra a la oportunidad histórica y al desafío, sino que también la aproveche íntegramente y logre un desarrollo pleno en un horizonte no lejano en la próxima década. Voto a favor.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 43 Sesión: Sesión Ordinaria N° 43 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: miércoles 31 de marzo de 2004

MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA Y DE OTRAS NORMAS RELATIVAS A EDUCACIÓN El señor FOXLEY .Señor Presidente , deseo reiterar lo dicho recién por el Ministro de Educación , pues fue el argumento de peso que fundamentó la aprobación de este artículo, por unanimidad, en la Comisión de Hacienda. Aquí se trata de hacer posible que los municipios pequeños o los distantes de zonas rurales, que no tienen capacidad técnica para llevar adelante el proyecto educacional, puedan contratar esta asesoría para que las platas que envía el Ministerio se gasten a tiempo, a fin de cumplir adecuadamente con la jornada escolar completa diurna. O sea, de no aprobarse esta norma, los perjudicados serán los estudiantes que no tendrán acceso a la educación completa. Cuando el Ministro describe lo que ocurre, está señalando, implícitamente, que la Cartera de Educación no puede ir a cada municipio a prestar la asesoría técnica que se requiere para ampliar las instalaciones de la nueva jornada escolar. Es obvio. El Ministerio no está para eso. En consecuencia, hay un vacío que se propone remediar con esta medida.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 52 Sesión: Sesión Ordinaria N° 52 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: miércoles 21 de abril de 2004

RACIONALIZACIÓN DE USO DE FRANQUICIA TRIBUTARIA PARA CAPACITACIÓN El señor FOXLEY .Señor Presidente , el proyecto ha sido debatido largamente en las Comisiones de Trabajo y de Hacienda. Como la mayoría de Sus Señorías lo sabe, introduce cambios en el uso de la franquicia tributaria de capacitación, que constituye un mecanismo de promoción bastante potente para un mejoramiento de las habilidades de la fuerza de trabajo. Se están gastando recursos públicos del orden de 25 mil millones de pesos en ese mecanismo. Y el objetivo de la iniciativa es tratar de corregir algunas distorsiones generadas por la utilización o, mejor dicho, la mala utilización del sistema por numerosas personas que, con sólo una cotización previsional anual, pueden acceder a un beneficio de 13 unidades tributarias mensuales. Como la ganancia es tan obvia, se ha organizado casi una industria, una forma ficticia de "construir" contribuyentes de primera categoría que, aprovechando la posibilidad que se les abre, cobran el subsidio. Y a menudo los cursos no se imparten o se imparten algunos que no son los comprometidos. La información proveniente del Ejecutivo es que, de 66 mil personas que cobraron el beneficio, 30 por ciento habría incurrido en fraude. Y ello ha llevado a una situación bastante incómoda, por cuanto el Servicio de Impuestos Internos debió paralizar la tramitación de muchos de los subsidios mientras no se determinara en forma exacta quiénes habían cometido el delito. La iniciativa, entonces, intenta corregir lo anterior. Y la Comisión de Hacienda, básicamente, acogió todo lo aprobado por la de Trabajo y agregó algunas mejoras, que corresponden a observaciones formuladas durante la discusión. Por ejemplo, en lo despachado por la Comisión de Trabajo se determina que el beneficio general se otorgará en el caso de las empresas con una planilla anual de remuneraciones imponibles de 45 unidades tributarias mensuales, es decir, de un millón 330 mil pesos, aproximadamente. Esto equivale a lo que sería el ingreso mínimo por el conjunto del año. El beneficio que se obtendría en esas condiciones sería de 9 unidades tributarias mensuales, o sea, unos 266 mil 400 pesos, cantidad equivalente a las cotizaciones previsionales de la planilla anual indicada, que ascenderían a alrededor de 270 mil pesos. Con ese ajuste se asegura que el beneficio no sea mayor que las imposiciones pagadas, de modo que no se produzca el trasvasije que implicaba inventar subsidios donde no los hay, simplemente para cobrar la plata. La mejora introducida al proyecto por la Comisión de Hacienda consiste en que, además del tramo de sobre 45 UTM, se incorpora otro para empresas que realicen cotizaciones previsionales por una planilla anual de entre 35 y 45 UTM, caso en el cual la franquicia baja a 7 UTM. La razón de ello es la siguiente. Hay dos grupos de trabajadores que perciben o pueden percibir ingresos inferiores al salario mínimo: los menores de 18 años y los mayores de 65. Lo que se hizo fue ajustar el beneficio a las cotizaciones previsionales correspondientes a montos de ingreso que fluctúan entre 35 y 45 UTM al año ¿estamos hablando de un millón 30 mil pesos a un millón 330 mil-, las cuales llegan, aproximadamente, a 206 mil pesos. Por lo tanto, en el primer tramo, el subsidio para las personas que perciben un salario mínimo o superior a él -45 UTM o másalcanza a 9 UTM, y en el segundo -35 a 45 UTM- baja a 7 UTM. Otra modificación se refiere a la ampliación del Fondo Nacional de Capacitación, y tiene por objeto dar cobertura en los programas, fundamentalmente, a los microempresarios y a los trabajadores por cuenta propia, quienes no calificarían para la franquicia tributaria por tener una planilla de remuneraciones inferior a 35 UTM o no cumplir con el actual requisito de ser contribuyentes de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En consecuencia, se abre para ellos esta ventanilla del Fondo Nacional de Capacitación, donde, según el texto aprobado por la Comisión de Hacienda, tendrán una mayor participación las Direcciones Regionales del SENCE y el Consejo Nacional de Capacitación. También se establecen algunos cambios en el mecanismo de adjudicación del beneficio.

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En primer lugar, se señala que quien decidirá a qué curso aplicará el beneficio será el propio adjudicado. Es decir, la persona que demande el servicio indicará el curso que desea tomar, y no al revés, como estaba ocurriendo, en que la oferta configuraba la demanda. Porque algunas empresas que dictaban determinados cursos inducían a la gente a tomarlos. Eso les permitía cobrar el subsidio. Y muchas veces distorsionaban lo que las personas en realidad necesitaban, en cuanto a una capacitación que fuera particularmente útil para el oficio que desempeñaban. En segundo término, el pago se hará en forma directa al organismo capacitador elegido por el beneficiario entre aquellos que hayan resultado favorecidos en una licitación pública. Ésta constituye otra manera de corregir los problemas señalados. Finalmente, la Comisión de Hacienda fijó un período transitorio para la puesta en marcha del nuevo sistema hasta el 31 de diciembre de 2004. Y en el mismo precepto se contemplan medidas tendientes a impedir la constitución de sujetos tributarios cuyo solo objeto sea impetrar el beneficio de la franquicia. En todo caso, durante el debate en dicho órgano técnico se formularon comentarios y críticas -que son ya relativamente sistemáticos- a los programas de capacitación. Por ejemplo, se sostuvo que los cursos no se encuentran enfocados hacia los principales déficit que tienen los trabajadores y, por consiguiente, muchas veces no cumplen con el propósito de habilitarlos para conseguir un mejor empleo. Asimismo, se señaló que no se ha podido constatar todavía, por lo menos empíricamente -sería bueno hacer un estudio al respecto-, cuál es, en definitiva, el efecto de esos cursos en la generación efectiva de nuevas ocupaciones. Señor Presidente , concedo una interrupción al Senador señor Muñoz Barra . El señor LARRAÍN ( Presidente ).Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría. El señor MUÑOZ BARRA .Señor Presidente , sólo quiero hacer una consulta al Honorable señor Foxley. Me llama la atención un párrafo del informe, donde se consigna que "el año 2004, 195.000 trabajadores perderán el derecho a capacitación y que, más aun, 2.140.619 perderán la posibilidad de acceso a ella, fundamentalmente por la enorme cantidad de trabajadores ocupados sin imposiciones, que se concentran principalmente en la microempresa.". En el debate efectuado en la Comisión, con asistencia de las autoridades pertinentes, ¿no se encontró alguna fórmula para eximir de pago a tales trabajadores ¿que, de por sí, ya se encuentran desprotegidos al no contar con imposiciones-, a fin de que ahora, más encima, no pierdan el derecho a capacitación? Porque, de acuerdo con el informe, simplemente, 2 millones 140 mil trabajadores no van a tener posibilidad de acceder a una capacitación que les permita generarse, incluso ellos mismos, una fuente de trabajo. Agradezco la interrupción. El señor LARRAÍN (Presidente).Puede continuar el Senador señor Foxley. El señor FOXLEY .Señor Presidente , ése es un tema propio de la discusión que seguirá respecto del contenido sustantivo del proyecto y que no fue abordado en la Comisión de Hacienda. Supongo que algún representante del Gobierno podrá responder la consulta de Su Señoría. Termino manifestando que, en lo relativo al financiamiento, dado que las correcciones propuestas tienden a impedir abusos, este año se generaría un ahorro de unos 235 millones de pesos. Y, por cierto, en el 2005, con este mecanismo plenamente en marcha, con la inclusión del tramo intermedio y la ampliación del Fondo de Capacitación, habrá un efecto neto de mayores gastos que irán aumentando gradualmente, hasta llegar a alrededor de 4 mil 100 millones de dólares en el año 2009. Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 49 Sesión: Sesión Ordinaria N° 49 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 352 Fecha: miércoles 4 de mayo de 2005

FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. INFORME DE COMISIÓN MIXTA El señor FOXLEY.Señor Presidente, quiero explicar por qué voy a votar a favor del informe. Creo que debemos entender el proceso de cambio que está viviendo el país. En 1990 había unos 160 mil estudiantes universitarios; hoy se acercan a los 600 mil, y muy pronto ascenderán a un millón. Como se ha aseverado, el 70 por ciento de ellos corresponde a la primera generación de su familia que accede a la educación superior. Por lo tanto -ya lo manifestó el señor Ministro de Educación -, tocamos el tema fundamental, relativo a las desigualdades existentes en el país. Estamos abriendo un camino, porque la afirmación que hay detrás del proyecto alude a que actualmente en Chile no basta terminar la educación media para tener acceso a empleos buenos y estables. El dilema esencial es el siguiente. Los estudiantes de las universidades tradicionales se han movilizado en las calles en contra de la iniciativa. Ellos, supuestamente, defienden sus derechos, uno de los cuales es la obtención de un crédito -digámoslo francamente- subsidiado, con una tasa de interés de 2 por ciento. Muy bien. Hacen uso de un sistema que funciona para ellos, pero que adolece de tres desigualdades básicas. La primera, que ya he mencionado, se refiere a las condiciones financieras. La segunda deja afuera a los estudiantes de clase media. Al respecto, puedo informar al Senado que, por ejemplo, hoy en la Universidad de Chile 9 mil estudiantes se encuentran morosos por no estar en condiciones de pagar el arancel. La mitad de ellos es de clase media. Con el ingreso familiar, cuyo monto es apenas superior a 300 mil pesos mensuales, más de 4 mil alumnos de ese plantel no pueden cubrir aranceles de 200 mil pesos al mes. Y la acumulación de la morosidad traerá como consecuencia la expulsión. La tercera injusticia es que juegan "insiders" (los que están dentro del sistema actual) y "outsiders", los que se encuentran fuera de él y que son estudiantes de universidades privadas nuevas, de centros de formación técnica y de institutos de formación profesional, muchos de los cuales obtienen poco puntaje y provienen de hogares con ingresos bajos. Con claridad, quiero decir que estoy en contra de las manifestaciones universitarias de estos días, por considerarlas completamente desenfocadas respecto de la idea de construir un país con equidad y oportunidades para todos. La inmensa mayoría de los alumnos de universidades privadas, de centros de formación técnica y de institutos profesionales carecen hoy día de acceso a crédito alguno, no tienen becas y, por lo tanto, sus oportunidades se encuentran frenadas. Entonces, el dilema es el siguiente: ¿estamos dispuestos a abrir caminos o a cerrarlos a quienes recién se hallan en condiciones de mejorar de nivel respecto de la vida que han tenido sus padres? Quiero terminar expresando que la normativa presentada por el Gobierno va a permitir aumentar en 70 mil los créditos para estudiantes universitarios, de centros de formación técnica y de institutos profesionales. Por eso, me parecería una gigantesca injusticia cerrar el camino a quienes todavía no han tenido la oportunidad de acceder a la enseñanza superior porque algunos han salido a las calles a manifestarse. Anuncio mi voto favorable.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 18 Sesión: Sesión Ordinaria N° 18 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: miércoles 10 de diciembre de 2003

LIMITACIÓN DE EXENCIONES PARA IMPORTACIÓN DE PERTRECHOS El señor FOXLEY .Señor Presidente , respecto de lo que se dijo en la intervención anterior, debe recordarse que este proyecto busca simplemente terminar con la discriminación que afecta a los proveedores nacionales de insumos para las Fuerzas Armadas, en beneficio del productor extranjero. Lo que se hace es nada más que imponer las mismas reglas en todas las compras habituales que no sean armamentos, efectuadas por las Fuerzas Armadas: uniformes, calzado, vestuario, medicinas, etcétera, y eximir del pago de impuesto a la maquinaria bélica y a los otros elementos que se describen en el proyecto. En respuesta al señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, cabe precisar que el efecto de lo anterior sobre el presupuesto de las fuerzas militares es neutro, porque hay una compensación uno a uno para sus distintas ramas en la internación de determinados bienes o servicios, por el monto exacto del gravamen. El monto implicado, por lo demás, es muy pequeño. Se trata de cuatro millones de dólares anuales que, sin duda, dentro del volumen de recursos que mueven las instituciones de la Defensa, no causarán perjuicio alguno, aunque puede haber un cierto desfase entre el momento del reintegro respecto de aquel en que se paga el tributo.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 14 Sesión: Sesión Especial N° 14 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 348 Fecha: miércoles 20 de noviembre de 2002

PRESUPUESTO DE SECTOR PÚBLICO PARA 2003 El señor FOXLEY.Señor Presidente, estoy muy de acuerdo con el señor Ministro. A decir verdad, no entiendo mucho la discusión, porque en cualquier parte del mundo el Gobierno está para gobernar y, si se trata de una democracia, está para gobernar lo más cercanamente y en la mayor sintonía posible con los ciudadanos. Y, para ello, hay medios modernos para detectar lo que piensa la gente, con el objeto de no equivocarse y de encaminar bien los asuntos del Estado en función de los intereses de la población. Eso ocurre en todas las democracias y a nadie se le anda pidiendo explicaciones porque usa tales métodos para conocer el pensamiento de la ciudadanía. En segundo lugar, noto que falta simetría cuando un argumento se utiliza para un lado y no para el otro. Por ejemplo, respecto de filtrar selectivamente información de encuestas, hay un partido de Oposición que, según entiendo, las encarga de manera permanente, sea semanal o quincenalmente, y cuando los resultados son de algún modo favorables a quien ellos llaman "líder natural", la información respectiva aparece de inmediato en forma muy destacada en la prensa, en tanto que otros datos no se dan a conocer. Se dirá al respecto que, en un caso, las platas son privadas y, en el otro, públicas. Pero, si tales encuestas se están efectuando semanalmente desde hace mucho tiempo, me gustaría saber de dónde salen los fondos. El señor FERNÁNDEZ .¡Eso es otra cosa! El señor FOXLEY .Porque, vuelvo al punto anterior: ¿quién me dice que esas platas no pueden provenir de aportes de empresas privadas, aprovechando la Ley de Donaciones, a alguna organización no gubernamental sin fines de lucro, afectándose, en consecuencia, los recursos y los intereses del Estado al efectuarse encuestas que ayudan a los objetivos políticos de determinado personero o de determinado partido? Por lo tanto, o nos vamos por la vía de la transparencia -y en ese caso me gustaría que ella se aplicara también a los recursos con los cuales se financian las encuestas-,... La señora MATTHEI.¡Eso ya está en la ley! El señor FOXLEY .... o aceptamos una práctica usual en toda democracia, donde, por definición, se da una competencia por interpretar mejor a la ciudadanía y al electorado. Y cada fuerza política de Oposición tiene derecho a encargar las encuestas que quiera. Y, desde luego, el Gobierno, que representa al conjunto del país, tiene derecho a tratar de entender lo mejor posible qué está pasando con las personas y lo que ellas piensan. Por lo tanto, me parece que la indicación está mal enfocada y no responde a las prácticas habituales en los sistemas democráticos.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 30 Sesión: Sesión Ordinaria N° 30 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 349 Fecha: martes 2 de septiembre de 2003

NEGACIÓN DE VISA DE GOBIERNO DE CUBA SENADOR JAIME NARANJO El señor FOXLEY .Señor Presidente , respaldo integralmente lo solicitado por el Senador señor Naranjo , quien tiene más que autoridad moral para hablar sobre el tema de los derechos humanos. Asimismo, debemos celebrar la coherencia entre su discurso y su conducta, especialmente cuando ha planteado con mucha fuerza el caso de Cuba. Me parece que el Senado debería emitir un pronunciamiento de respaldo a Su Señoría, y, al mismo tiempo, reclamar fuertemente el no otorgamiento de visa a un miembro de esta Corporación.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 30 Sesión: Sesión Ordinaria N° 30 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 352 Fecha: miércoles 19 de enero de 2005

BONIFICACIÓN POR EGRESO A PERSONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE El señor FOXLEY .Señor Presidente , como se informó, la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad esta normativa. La iniciativa viene a llenar, en cierta medida, un vacío que se produjo después de la dictación de la Ley del Nuevo Trato Laboral, dado que no beneficia a los funcionarios de Gendarmería de Chile, ya que contempla una bonificación por retiro que se "gatilla" al cumplir 65 años los hombres y 60 las mujeres. Es decir, se trata más bien de un incentivo al retiro. En el caso de Gendarmería, el retiro, más que por edad, es por años de servicios. Por eso, la iniciativa otorga una bonificación por egreso. Para los funcionarios que se retiren después de 30 o más años de servicios, ella será de siete meses de remuneración, calculada sobre la base de las últimas 12 rentas percibidas; para quienes lo hagan con 25 a 30 años, será de dos meses, y para los que se retiren con 20 a 25 años alcanzará a un mes. Dicha bonificación estará financiada, por un lado, con un porcentaje de la remuneración mensual imponible de los funcionarios que recibirán el beneficio, y por otro, con una cifra similar que aportará Gendarmería. Ambos aportes ingresarán al Fondo especial creado en la Ley de Nuevo Trato Laboral. Durante el estudio de la iniciativa escuchamos a representantes de los organismos gremiales del sector, quienes en general se manifestaron de acuerdo con ella. Por eso, sugerimos a la Sala aprobar el proyecto en la misma forma en que lo hizo la Comisión: por unanimidad.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 25 Sesión: Sesión Ordinaria N° 25 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 343 Fecha: martes 23 de enero de 2001

INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA DONACIONES CON FINES CULTURALES El señor FOXLEY.Señor Presidente, es importante reconocer que el proyecto mejora la ley sobre donaciones con fines culturales. En lo personal, quiero expresar un reconocimiento a la labor -bastante pionera, diría yo- que en este aspecto ha realizado el Senador señor Valdés , no sólo al dar origen al cuerpo legal mencionado, sino también al hacer posible que se dieran pasos adicionales en términos de exenciones tributarias para donaciones educacionales y, más recientemente, para donaciones en el plano del financiamiento de actividades deportivas por parte del sector privado, en la Ley del Deporte, que acaba de ser promulgada. En mi opinión, estamos frente a una concepción del desarrollo de actividades de relativa baja prioridad en los presupuestos públicos. Bajo esa concepción invitamos a los privados a participar activamente, a fin de que ayuden a impulsar esas áreas más allá de lo que permiten las restricciones presupuestarias, que están presentes hoy y que lo estarán igualmente en el futuro. Como dije, la iniciativa perfecciona la ley anterior y refuerza el pionero papel que ha desempeñado el Honorable colega en la materia. Tocante a la indicación del Ejecutivo , aprovecho que estoy en el plano de los reconocimientos para manifestar que el Ministerio de Hacienda, a través del señor Ministro del ramo, se mostró muy receptivo a la idea de facilitar los mecanismos que permitirán traer al país espectáculos relevantes que la actual normativa restringe al establecer que deben ser gratuitos, en circunstancias de que resultan extraordinariamente caros. En adelante podrán cubrir por lo menos los gastos básicos mediante el cobro de entrada. Nadie aspira, por supuesto, a que si viene la Orquesta Filarmónica de Berlín el espectáculo sea o muy caro o absolutamente gratis. En casos como éste se generará una situación intermedia que posibilitará a mucha gente acceder a tales eventos. En consecuencia, me parece que debe aprobarse la indicación.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 14 Sesión: Sesión Ordinaria N° 14 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 345 Fecha: miércoles 7 de noviembre de 2001

PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2002 El señor FOXLEY .Señor Presidente, en realidad, lamento el tono que la Senadora señora Matthei ha dado a una discusión que se produjo en la Comisión Especial Mixta y en la que su Presidente dictaminó de determinada forma, previa consulta jurídica a personas que tienen suficiente conocimiento de la materia en cuestión y que a mí me dan plena confianza. No me parece que esté dentro de las reglas del juego la interpretación dada por la señora Senadora , como si la materia de que se trata fuese una cuestión política, baja, secundaria, para esconder o estar avergonzados de algo. ¡No estamos avergonzados de nada! Los gastos reservados no los inventamos nosotros; fueron establecidos en un gobierno anterior, y se usaban en forma absolutamente indiscriminada, en volúmenes sustancialmente superiores a los actuales, y las Fuerzas Armadas los siguen utilizando. De modo que me parece ilegítimo, cuando hemos fallado esta materia después de una opinión jurídica seria, que se nos atribuyan bajas intenciones políticas para declarar inadmisible una indicación.

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Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N° 34 Sesión: Sesión Extraordinaria N° 34 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: jueves 22 de enero de 2004

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON COREA DEL SUR El señor FOXLEY.Señor Presidente, como han dicho otros señores Senadores, creo que el Acuerdo con Corea en cierta medida hace creíble una definición estratégica del país, lo cual puede tener una repercusión decisiva en el futuro. Deseo recordar, en un plano casi anecdótico, que esta misma discusión se dio en determinados países, especialmente en Australia y Nueva Zelandia, en un momento clave de su historia, cuando se preguntaron cuál debería ser su ubicación en el mundo que se desarrollaba hacia el futuro. Sus lazos tradicionales habían sido con Europa y Gran Bretaña . Sin embargo, veían que Asia era el lugar con mayor dinamismo en el desarrollo económico. Y, después de una reflexión estratégica muy importante y significativa, acordaron definirse como parte de lo que llamaron "Australasia": el Asia Austral. Fue así como desarrollaron una política de Estado, de intercambio educativo, de intercambio tecnológico, incluso una política en el ámbito de la Defensa, lo que empezó a generar vínculos reales de confianza y credibilidad recíprocas en el sentido de que los destinos de unos y otros -los del Asia del Norte y los del Asia del Sur- estaban directamente conectados. El resultado de esa definición estratégica -en la filosofía de Confucio, en que las cosas no se deciden mientras no hay ese sustrato de confianza fundamental- fue que los países de Asia apostaron a un intercambio económico, comercial y tecnológico con Australia y Nueva Zelandia, lo cual está provocando un estímulo muy importante en esas economías de Australasia. En Chile, desde hace tiempo, algunas instituciones comenzaron a hablar de este tema -hay que reconocer que la Armada fue una de las primeras- y los Gobiernos de la Concertación han realizado esfuerzos sistemáticos que se traducen, hoy día, no sólo en el hecho de que somos miembros de APEC, sino también en que este año seremos sede de la reunión de APEC. Se trata de una definición estratégica tal vez no tan tajante como la de Australia y Nueva Zelandia, pero que vincula el destino de Chile en las próximas décadas, necesariamente, con lo que ocurra en nuestra relación con Asia. Cuando Australia y Nueva Zelandia tomaron esa decisión, no les fue indiferente tener una capacidad anticipatoria del factor dominante que sería China en la economía mundial. Esto se ha comprobado, por ejemplo, en los últimos doce meses, período en que prácticamente la totalidad del aumento del precio del cobre se explica exclusivamente por el incremento de la demanda del metal rojo en el mercado chino. Es el país que este año crecerá en más de 9 por ciento y la proyección a mediano y largo plazo es que mantendrá esas tasas, además de que llegará en diez años más, en el tamaño de su economía, a superar la mitad de lo que representa actualmente la de Estados Unidos. Por lo tanto, entiendo que éste es un primer paso para implementar esa estrategia, la cual, además, tiene una gran virtud. Cuando el Tratado de Libre Comercio con Corea se firma y se presenta para su ratificación al Congreso Nacional, las calles no se llenan de gente protestando, sino que tenemos una unidad nacional fundamental en esta definición estratégica. Y ésa es una ventaja que debemos aprovechar y empujar en forma dinámica. Por eso, me atrevo a sugerir que, si somos audaces, el segundo paso natural debería ser el establecimiento de una relación amistosa y activa con China, hasta celebrar un acuerdo similar. Es verdad que se abre un margen de dudas, como muy bien lo plantearon los Honorables señores Valdés , Larraín y algunos otros, en el sentido de que si al mismo tiempo no realizamos otras cosas podemos condenarnos a suministrar a esos países sólo recursos naturales de un nivel básico. ¿Qué más debemos hacer? Primero, hay que aprender a relacionar mejor estos tratados de libre comercio con el tipo de política macroeconómica que desarrollamos. Necesitamos una macroeconomía más autosostenible, no tan vulnerable a la volatilidad de los flujos financieros mundiales y los tipos de cambio. Es allí donde todavía tenemos mucho que aprender. Segundo, no podemos confundirnos respecto del camino que debe seguir Chile a mediano y largo plazo. Es cierto que no queremos "replicar" -lo digo sin ningún afán peyorativo- la estrategia implícita de desarrollo en los países del área andina, que, por una pasividad en su definición en ese ámbito, efectivamente se están convirtiendo, como lo han sido históricamente,

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en simples suministradores de materias primas sin ningún grado de elaboración. Pero tampoco podemos pretender, en nuestra definición estratégica, que "replicaremos" la experiencia de Japón o de Corea, en cuanto al tipo de desarrollo productivo. Nuestro camino es más parecido al de Nueva Zelandia y de Australia, que surge al agregar valor, inteligencia, talento y tecnología a una amplia base de recursos naturales. Y ese viraje estratégico debemos hacerlo para que acuerdos de libre comercio como el que hoy se aprobará rindan plenamente sus frutos. Sin embargo, ante el dilema de detenerse por algunos temores aquí planteados, como nuestra excesiva especialización en recursos naturales, o entrar antes que otros a los grandes mercados -pienso, sobre todo, en China-, me parece que debemos dar el paso, con mucha asertividad y con el respaldo que hoy están entregando todos los sectores del Senado. Voto que sí.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 33 Sesión: Sesión Especial N° 33 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 349 Fecha: miércoles 10 de septiembre de 2003

INFORME DE PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL El señor FOXLEY .Señor Presidente , no puedo resistir la tentación de referirme, de alguna manera, a lo que recién he escuchado, que es un ejercicio sublime de autoflagelación. Porque resulta que en estos días he estado tratando de hacer un balance de lo que ha sido la experiencia de Chile en el campo del desarrollo durante los últimos 12 ó 13 años. Me he impuesto de toda la información disponible. He leído todos los análisis efectuados desde la Derecha, la Izquierda, el Centro y fuera del país. Y me he encontrado con un cuadro en el que hay un consenso al respecto de personas de todos los colores políticos, que reconocen un conjunto de conclusiones fundamentales, con excepción de algunos, como el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Primero, los estudios comparativos muestran que Chile ha sido uno de los tres o cuatro países que más han crecido en ese período. Segundo, he revisado recientemente un tema que mencionó de pasada el señor Presidente del Banco Central , referente a las experiencias contemporáneas para la reducción de la pobreza. Sobre el particular se han realizado dos o tres estudios, que comprenden a todos los países que en los últimos 20 ó 25 años han definido estrategias explícitas para reducir la pobreza en Asia, en América Latina y en otras regiones del mundo. Y esos análisis, que son objetivos, serios, científicos y abarcan toda la información, concluyen que Chile ha sido la nación que en el período más corto de tiempo contemporáneo la ha disminuido más rápido. Y cerca está el caso de China, citado por el señor Corbo . Nosotros hemos procedido al revés de ese país, con un sistema plenamente democrático, abierto y con respeto por todos los puntos de vista, incluida, por cierto, la opinión del Senador señor Ávila y la de quienes continuamente hacen el ejercicio de autoflagelación. Pues bien, es un propósito que hemos logrado en el lapso a que hice referencia. Y no es simplemente por alguna siniestra operación de comunicaciones a nivel internacional del Gobierno de Chile que se reconoce objetivamente en el resto del mundo que se trata de hechos duros, firmes y verdaderos. Por supuesto, comenzamos con un nivel de ingreso muy bajo. Y, a pesar del rápido ritmo de crecimiento de la economía, seguimos con una tarea absolutamente incompleta. Por ejemplo -para tocar el plano social-, hemos triplicado el gasto en educación y salud en una década, experiencia absolutamente inédita en cualquier país en desarrollo. Hemos logrado aumentar la cobertura en ambos sectores. Sin embargo, como correctamente lo ha expresado aquí el señor Presidente del Banco Central , tenemos el problema de la calidad de la educación. Quiero referirme a este último punto para llegar al fondo del tema. Uno podría decir que se observa incapacidad para enseñar mejor en las escuelas. Algo de eso hay. Es necesario renovar el cuerpo docente, evaluar a los profesores, etcétera. Pero, cuando digo que se trata de una tarea incompleta, debo aludir -de nuevo- a algunos estudios comparativos que he visto recientemente. Uno de ellos, de José Joaquín Brunner , denominado "El Capital Humano en Chile", refiriéndose a las diferencias de rendimiento escolar con otros países, hace presente que la que se registra en nuestro caso entre un estrato socioeconómico y otro se explica, en 40 por ciento, por lo que ocurre dentro de la escuela. Y, de lo que ocurre dentro de ella, dos tercios obedecen a la calidad de la enseñanza que transmite el profesor. Por lo tanto, lo relativo a la calificación, capacitación y evaluación de los docentes es central para la calidad de la educación. ¿Pero qué pasa con el 60 por ciento restante? Ese porcentaje lo compone el entorno sociocultural y la condición socioeconómica de los hogares. Y ahí sí que llegamos a un punto de encuentro con lo que planteaba recién el Honorable señor Ávila , en cuanto a que tenemos una transmisión intergeneracional, por lo menos de la pobreza dura -porque la otra ha disminuido fuertemente-, que se origina en el hecho de que el entorno sociocultural de la familia que se halla en ese sector es absolutamente adverso al aprendizaje, o bien, dicho de otra manera, a la capacidad cognitiva de los niños. Tal vez hemos equivocado un poco la puntería, porque hemos puesto todo el esfuerzo en una reforma educacional que sólo dará cuenta de 40 por ciento del problema, pero no hemos entendido que la cuestión clave y crítica para lograr una sociedad menos desigual y un país que no sólo muestre un alto crecimiento, sino que también sea más humano y vivible, radica en que debemos ocuparnos en lo que ocurre entre 0 y 5 años de edad.

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Si uno observa la experiencia comparativa, por ejemplo, de los países escandinavos, podrá apreciar cuál ha sido la respuesta para eliminar o reducir drásticamente la desigualdad fundamental que se produce en los niños entre 0 y 5 años de edad que viven en un entorno familiar adverso, donde las tensiones que provoca la inseguridad económica son de tal envergadura que no se sienten estimulados a aprender. ¿Qué se debe hacer? Es preciso abocarse a algunas tareas que no hemos abordado. Primero, hay que permitir a las madres jefas de hogar que trabajen en jornada parcial. En los países escandinavos, eso ocurre hoy con más de 80 por ciento de las mujeres en esa condición. ¿Por qué una jornada parcial? Porque si fuera una jornada completa la madre llegaría al hogar en un estado de estrés y agotamiento que no ayudaría a mejorar el entorno familiar que favorece el aprendizaje posterior. En seguida, es necesario contar con una estructura institucional de cobertura ojalá universal que dé cuenta de la situación del niño entre 0 y 5 años de edad en el caso de familias de bajos ingresos, como guarderías infantiles, educación preescolar. Pero no guarderías infantiles en que una vecina buena persona acoge al pequeño mientras la mamá va a trabajar, sino un sistema preescolar de tal calidad en la estimulación de los niños que asegure que realmente se nivela el campo de juego en su origen. Pienso que si creyéramos que hemos ido por el buen camino, que los resultados son espectaculares en lo fundamental, seríamos necios al no entender que lo único que eso nos dice es que existe una enorme tarea incompleta, que deberemos abordar en las próximas etapas. Estoy simplemente señalando un ejemplo. Si tuviéramos tiempo, mencionaría tres o cuatro más, que harían que esa tarea incompleta empezara a adquirir el carácter de una obra posible y diese a Chile un rostro más humano. Cabe recordar la historia de un país que ha estado marcado por el sello de un complejo nacional, habiéndose sostenido que es un caso de desarrollo frustrado. Y pareciera que algunos, desde el lado de la autoflagelación, estiman que lo será para siempre. Creo que no es un acto de voluntarismo decir que Chile ha demostrado, por lo menos en los últimos doce años y tal vez un poco más, que se puede parar en sus propios pies y ofrecer una vida más vivible al conjunto de sus ciudadanos en un horizonte de tiempo razonablemente breve. Pero lo que se debe hacer no es disparar a la bandada, sino determinar con precisión las tareas que debemos realizar en común con un carácter verdaderamente nacional. Perdón, señor Presidente , pero me pareció necesario efectuar este planteamiento después de lo escuchado recién. Porque si algo necesita la gente es creer en lo que hemos estado haciendo entre todos, sentirse orgullosa de ello y muy insatisfecha de lo que falta por hacer.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 3 Sesión: Sesión Especial N° 3 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 345 Fecha: martes 2 de octubre de 2001

IMPLICANCIA MUNDIAL DE ATENTADO TERRORISTA CONTRA ESTADOS UNIDOS El señor FOXLEY .Señor Presidente , a mí por lo menos no me cabe duda de que el Gobierno de Chile reaccionó prontamente, con absoluta claridad y sin vacilaciones sobre el particular. A su vez, la señora Ministra de Relaciones Exteriores nos ha ilustrado hoy sobre los pasos de carácter legislativo que se van a seguir para llevar adelante una respuesta coherente frente a la amenaza del terrorismo. Quiero hacer algunas breves reflexiones, con la mira un poco más allá del hecho terrorista mismo, más bien sobre algunas de las consecuencias que éste podría tener más adelante para nuestra política exterior. Ante todo, es obvio que la acción terrorista ha dejado de manifiesto, más allá de lo que nos pudiéramos haber imaginado, la inmensa vulnerabilidad de la economía global. Ésta, como consecuencia de los atentados, ha sufrido un impacto que la ha estremecido hasta ahora. En efecto, hoy día la Reserva Federal de los Estados Unidos rebajó la tasa de interés a 2,5 por ciento, lo cual representa una tasa real de cero por ciento. El Comité de Mercado de la Reserva Federal señaló que "Los ataques terroristas elevaron significativamente la incertidumbre en la economía de Estados Unidos y en la economía mundial". Y el Presidente de la Reserva Federal advierte que esta tasa de interés a nivel de cero puede ser seguida de reducciones adicionales. Además, agrega que como consecuencia especialmente de este atentado, aunque es un proceso que se había iniciado anteriormente, el Producto Interno Bruto de la economía americana caerá 0,5 por ciento en el trimestre actual y tendrá una declinación adicional de 0,7 por ciento en los últimos tres meses del año en curso. De tal modo que estamos constatando que el sistema mundial es tan interdependiente que un acto terrorista en determinada ciudad de Estados Unidos repercute, por lo menos, desde el punto de vista económico, en todo el mundo. Me parece que esa situación refuerza el foco tradicional de nuestra política exterior. En tal virtud, discrepo de la aseveración hecha por la señora Ministra , en el sentido de que estábamos -según le entendí- procurando superar cierto aislacionismo chileno. La política internacional de nuestro país -desde que tengo memoria- ha reconocido el hecho de que somos una nación pequeña, de gravitación muy limitada desde el punto de vista unilateral. Por lo tanto, lo que nos corresponde y nos ha correspondido siempre es participar activamente en todas las instancias multilaterales, comenzando por Naciones Unidas y sus diferentes instituciones, procurando modestamente contribuir a la creación de un orden internacional que sea respetado por todos. Y eso, por cierto, es especialmente importante para un país pequeño. La situación producida, no obstante ser terrible, nos ofrece una oportunidad para construir un orden internacional mejor que el que hemos estado viviendo en los últimos años. Porque el atentado está obligando al país hegemónico -Estados Unidos- a moverse de una postura en la que estaba habituado a dictaminar las reglas de convivencia internacionales en muchos aspectos y a retirarse de los acuerdos que significaban un avance para alcanzar un orden basado más en la cooperación que en la hegemonía. Me refiero a las señales que ha dado, desde el Gobierno de Reagan en adelante, y recientemente en el de Bush, al manifestar que no suscribirá el Protocolo de Kioto; al pedir a Rusia que se declare no vigente el Tratado Antimisiles firmado hace mucho tiempo; al no llevar al Congreso norteamericano para su ratificación el Tratado que crea el Tribunal Penal Internacional, y, por último, al no pagar los más de mil millones de dólares que adeuda por concepto de cuotas a las Naciones Unidas. Estimo que esa realidad, de un país hegemónico que impone sus reglas al resto de la comunidad internacional, está cambiando rápidamente. Tengo en mi poder un artículo del "Washington Post", publicado hace un par de días, cuyo título señala "La política exterior norteamericana cambia repentinamente de trayectoria y de curso". ¿Qué se destaca en él? Que después del atentado, Estados Unidos se ha apresurado a pagar las cuotas que adeuda a Naciones Unidas; se halla dedicado a buscar un entendimiento con Rusia, y, desde luego, ha debido rever su actitud frente a Chechenia y los fenómenos del terrorismo de origen también musulmán producidos en la zona, dando de esa manera cierto respaldo a aquel país; se encuentra abocado a

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revisar la política de expansión de la OTAN a los países bálticos, porque ello afecta la seguridad de Rusia; está empujando a Israel a buscar un acomodo con los palestinos; ha llegado a un acuerdo con Pakistán, para lo cual le ha levantado rápidamente las sanciones y ha presionado al Fondo Monetario Internacional para que facilite la recuperación de la economía pakistaní; ha procedido a dialogar con los chinos y, por primera vez, les sugiere la necesidad de compartir información de inteligencia generada en el ámbito de influencia de China, y se halla impulsando un segundo acuerdo del Fondo Monetario Internacional con Turquía. Todo lo anterior tiene como objeto crear una coalición, una alianza internacional, que permita atacar el terrorismo en mejores condiciones, reconociendo que ante este fenómeno un país, por muy poderoso que sea, no puede derrotarlo por sí solo y debe construir cooperación. Y el principio de cooperación es fundamental en una buena convivencia internacional. Esta nueva situación nos plantea también una necesidad y un desafío, tanto en el ámbito multilateral como en el de las políticas exteriores de cada país y, sin duda, de Chile. Cuando hablamos del terrorismo, nos referimos sólo a una de las manifestaciones del lado oscuro de la globalización. Este último se caracteriza, según quienes han estudiado estos fenómenos, por la presencia creciente de ciertas redes sumergidas: el terrorismo; el lavado de dinero; el negocio de las drogas a nivel internacional; la industria de los secuestros; el tráfico ilegal de seres humanos, particularmente en los países europeos; el tráfico ilegal de mujeres mediante redes internacionales de prostitución, etcétera. En consecuencia, dicha situación nos plantea la necesidad y el desafío de construir un orden internacional apoyado, a su vez, en una política nacional. O dicho de otra manera: la inseguridad internacional que generan estas redes sumergidas del delito produce inseguridad en los Estados y a nivel nacional. Quien no tenga claro el proceso de debilitamiento que esas redes pueden provocar en los Estados, sólo debe observar lo que ocurre en Colombia, país muy amigo de Chile. Por lo tanto, la necesidad y la exigencia de nuestra política exterior sobre cómo realizar acciones multinacionales contra esas amenazas, rige también para nuestra política interna, en el sentido de adecuar las instituciones nacionales a fin de que respondan bien a tales desafíos. Ello implica la cooperación en el plano policial y judicial; la definición de los nuevos delitos que surgen por el fenómeno de la globalización; la necesidad de establecer redes de cooperación para inteligencia financiera e intercambio de información, etcétera. La señora Ministra de Relaciones Exteriores ha ilustrado parte de estos desafíos y nos ha insinuado cuáles serán algunas de las medidas que se adoptarán al respecto. Finalmente, más allá de reaccionar frente a esta red de delitos con una respuesta adecuada, me parece que nuestra política exterior, como país pequeño que siempre ha contribuido a la cooperación internacional y ha sido un actor relevante -más allá de su tamaño y de su poder- en los niveles multilaterales, debería diseñar medidas que vayan más allá de lo puramente defensivo, a fin de construir efectivamente un orden internacional, con reglas que sean respetadas, no sólo por los países pequeños, sino, sobre todo, por los hegemónicos. En ese sentido, hay una oportunidad inmediata frente a dos desafíos planteados como consecuencia de esa crisis. Uno -que ha sido reiterado después del conflicto-, es lo relativo a la tremenda vulnerabilidad financiera en el sistema económico internacional que hemos construido; y dos, la necesidad de fortalecer flujos libres de comercio como un principio de construcción de un orden internacional. El comercio compartido, ya sea mediante acuerdos de libre comercio o de acuerdos multilaterales, genera una cercanía de cooperación entre los países, que después se puede traducir y trasladar hacia otras esferas que van más allá de las del ámbito económico y comercial. Espero, como esperamos muchos chilenos, que una consecuencia no prevista del atentado terrorista sea la de que, efectivamente, Estados Unidos dé un impulso fuerte, decidido y claro -como lo ha dicho su Ministro de Comercio , el señor Zoellick, en sus discursos después del atentado- a los acuerdos bilaterales, como el previsto con Chile, y a la Ronda Multilateral de Comercio de Qatar , porque eso va asentando una manera de cooperar para construir un orden internacional ante el cual Estados Unidos, en algunos momentos, parecía estar o desinteresado o al que definitivamente daba la espalda. Por eso, considero que estos hechos han abierto una ventana de oportunidad para que la nación del norte, el poder hegemónico dominante, se abra a un diálogo real con países de mucho menor connotación, tamaño e influencia, incluso con algunos que podrían hasta ser catalogados de insignificantes en la esfera internacional. Esa apertura al diálogo posibilitaría a los servicios exteriores de países como Chile el trabajar en el desarrollo de una línea permanente destinada a construir en definitiva, más allá de la defensa frente a amenazas que no manejamos, un orden estable, permanente, basado en la cooperación y a partir del cual se pueda lograr una verdadera paz y, por qué no decir también, un mundo un poco más humano. Creo que ése debiera ser el objetivo final, de mediano o largo plazo, en que Chile debería trabajar a raíz de este conflicto.

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Muchas gracias.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 30 Sesión: Sesión Ordinaria N° 30 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 348 Fecha: miércoles 5 de marzo de 2003

SITUACIÓN INTERNACIONAL EN LO RELATIVO A PROBLEMAS DEL MEDIO ORIENTE El señor FOXLEY .Señor Presidente , coincido, en lo fundamental, con el proyecto de acuerdo, que refuerza el camino definido hace tiempo por el país -que, en general, lo ha seguido con gran coherencia- y que recuerdo que cuando recién comencé a asomarme en los asuntos públicos, a fines de los años sesenta, defendía y promovía con extraordinario brillo quien entonces era Canciller, don Gabriel Valdés . Me parece que en ese punto no hay ninguna discrepancia y que ha sido una gran línea de continuidad de la política exterior chilena. Además, parece obvio, después de escuchar lo señalado en la Sala y de conversar con cualquier vecino -al parecer, es un fenómeno mundial-, que a muy poca gente le gusta el camino trazado por el Gobierno de Estados Unidos para manejar la situación de Iraq. En consecuencia, habría que contestar la pregunta formulada por el Honorable señor Valdés . ¿Por qué no apoyamos la posición de Francia desde el comienzo? Ese país ha sido muy claro. Ha señalado que no concuerda con la posición de Estados Unidos, que no está dispuesto a apoyarla y que desea aumentar el número de inspectores, etcétera. ¿Por qué el Presidente Lagos y la Canciller señora Alvear no han manifestado hasta ahora que están de acuerdo en apoyar a Francia y, por lo tanto, eventualmente a votar contra Estados Unidos? En primer lugar, pienso que ello no se ha hecho en buena medida por una razón de prudencia, en el sentido de que todavía no es obvio cómo cautelar mejor el interés del país en la complejísima situación internacional. Y tengo la impresión de que la segunda razón por la cual no se ha hecho es porque el Gobierno y seguramente todos los que estamos en la Sala consideramos que cualquier decisión que adoptemos involucrará costos importantes. Por lo tanto, en este cuadro no es ni posible ni conveniente apresurar una definición y anticipar costos a lo mejor evitables. ¿Por qué esto es tan complejo? Porque el mundo contemporáneo lo es y porque Chile adoptó una posición que en buena medida significa un acuerdo nacional implícito, respaldado por Gobiernos de uno u otro color, sobre la base de que, como país muy pequeño, enfrenta dos severas limitaciones: su distancia geográfica de los centros de poder mundial y de los grandes mercados mundiales, y su tamaño (15 millones de habitantes). ¿Cómo evitar que se convierta en una nación insignificante? O bien, dicho de otra manera, ¿cómo lograr abrir un camino no sólo a sus 15 millones de habitantes actuales, sino también a las generaciones posteriores, que les signifique cierta garantía de mayor bienestar, dadas sus limitaciones de tamaño, de distancia, etcétera? Por una parte, se decidió practicar un juego riesgoso, en cuanto a seguir el camino emprendido con mucho éxito por otros países pequeños en condiciones estructurales similares, de atrevernos a entrar al mundo global con todo y tratar de apoyar, fortalecer y estimular instituciones que construyan un orden internacional en el desorden de la globalización. En seguida, se logró un acuerdo nacional casi milagroso en el sentido de que el destino de Chile está necesariamente vinculado, por lo menos en las próximas décadas, a tener un acceso lo más permanente, estable y seguro a los grandes mercados mundiales. Porque un país con quince millones de personas no puede, sobre la base de su mercado interno, generar bienestar y esperanza para su pueblo si no rompe esa barrera estructural. Para ello, asumimos algunas definiciones arriesgadas pero verdaderas y exitosas, como la de iniciar, durante el período del Gobierno Militar -lo digo con toda tranquilidad-, un proceso de apertura unilateral de la economía y de continuar con esa política en los Gobiernos de la Concertación, pero sobre todo la de construir alianzas y convertirnos en "socios para el desarrollo" con los más grandes y exitosos países del mundo. Ese proyecto, nacional, es uno de los más importantes de Chile en muchas décadas. Involucra la potencialidad de despertar una capacidad emprendedora en muchos chilenos que, luego de observar esos mercados, dirán: "Tengo que hacer cosas nuevas, tengo que hacerlas mejor y tengo que demostrar que me la puedo con esos gallos de allá.". Eso es lo que está en juego. Y sucede que ese mundo al cual nos hemos aventurado no está cristalizado, por dos razones: uno, porque en el orden financiero no hay reglas, o hay muy pocas, y, en segundo lugar, porque las instituciones políticas

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multilaterales que se han creado son frágiles, son instituciones con una pata coja. Y el otro gran dato con el cual, nos guste o no, tenemos que vivir es que ha emergido un poder mundial hegemónico que de alguna manera debilita, o acota, o limita el margen de acción de los organismos multilaterales. En este contexto, el asunto es cómo definir el interés nacional permanente, de largo plazo, frente a una potencia desequilibrante. ¿Por qué Tony Blair se atreve a enfrentar con fuerza la impopularidad entre los británicos? Porque cree que el interés de Inglaterra radica en una relación privilegiada con Estados Unidos, para de ese modo lograr funcionar como un eje con el resto de Europa y no quedar aislada y debilitada. ¿Por qué países como Polonia, Hungría , la República Checa, Latvia , Estonia , respecto de los cuales uno piensa de inmediato que están a punto de entrar en la Unión Europea, emiten sorpresivamente, en el comienzo del conflicto, una declaración apoyando a Estados Unidos? ¿Por qué definen su interés nacional de esa manera? Porque consideran que su seguridad como nación está más resguardada hoy día con un poder hegemónico, con Estados Unidos, antes que con Francia u otro país que ofrezca el esquema alternativo. Pero Chile no tiene esos problemas de seguridad, no tiene problemas con sus países vecinos. Lo que Chile tiene es una gran vulnerabilidad económica. Es un país que, para ser viable, requiere la inserción en el mundo, alianzas y socios. Por eso, creo que nuestra política exterior ha sido muy correcta, en el sentido de defender siempre el multilateralismo y de buscar socios para el desarrollo. La guerra no le conviene a Chile. Entonces, ¿qué podemos hacer en el estrecho margen en que podemos movernos? Creo que algo no muy distinto de lo que hemos estado haciendo. Debemos evitar tener que pagar los costos de optar. De modo que, al revés de lo que expresaba el Honorable señor Gazmuri , pienso que no debemos apresurar una decisión, sino dilatarla lo más posible para no incurrir en esos costos. Por lo tanto, en este período la diplomacia chilena tiene que trabajar para acercar posiciones, para evitar la votación o para modificar la resolución presentada por Estados Unidos. No hay que apresurarse, porque además, ¡ojo!, si asumimos ahora una posición contraria a ese país, nos arriesgamos a que en unos días más aparezca el señor Putin , o incluso el señor Chirac, con un entendimiento con Bush sobre la base de quién sabe qué clase de acuerdo de otro tipo y a que al final sus naciones terminen o sumándose o mirando para el lado, mientras Chile da su gran testimonio de país pequeño, orgulloso, que en función de sus principios enfrenta al gigante norteamericano. Creo que los testimonios son muy importantes en la vida y también para los países, pero cuidado con ellos cuando el interés nacional de largo plazo está en juego. Por lo menos, tenemos la obligación de ser racionales, y para serlo debemos medir bien los costos. Por ejemplo, nuestra embajada en Washington debería hacer una evaluación minuciosa de hasta dónde existen grados de libertad y de cuáles son los costos que para un país pequeño tiene el tomar posiciones distintas de las del Gobierno de Estados Unidos. También conviene un seguimiento detenido de lo que están pensando Rusia, China, Francia, naciones que al final podrían llegar a entenderse con esa potencia. Tenemos que actuar con los otros a través de medidas de persuasión. Pero, al final, éste es un tema tan absolutamente delicado, de tal envergadura para el país, ahora y por muchos años, que en algún momento habrá que hacer un acto de confianza en el Gobierno para que éste tome la decisión, porque el interés nacional, en este caso, requerirá una tremenda unidad nacional para que Chile pueda salir hacia adelante y no hacia atrás en este conflicto. Gracias.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 44 Sesión: Sesión Ordinaria N° 44 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 348 Fecha: miércoles 30 de abril de 2003

REFORMA DE CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VI-A, VII, IX, X, XI, XIII Y XIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA El señor FOXLEY.Señor Presidente, voy a votar en contra, por los argumentos que aquí se han dado en forma muy repetida. Sin embargo, no puedo dejar pasar lo que recién dijo el Honorable señor Espina. Concuerdo con el planteamiento de fondo de Su Señoría, en el sentido de que el Senado es un lugar de encuentro y donde, respecto de los temas fundamentales, sobre todo en materia constitucional, debemos agotar todas las posibilidades de construir acuerdos, flexibilizar posiciones y consagrar una institucionalidad que sirva en este país para los próximos 20, 30 ó 40 años. En cuanto al argumento que adujo Su Señoría, ojalá su sector lo hubiera aplicado en temas muy trascendentales, en los que, después de meses y meses de tratar de construir acuerdos, ha actuado con absoluta rigidez. Por consiguiente, yo digo: apliquemos la misma vara para definir las actitudes fundamentales frente a los cambios de la Constitución. Voto que no.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 22 Sesión: Sesión Ordinaria N° 22 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: martes 6 de enero de 2004

NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL El señor FOXLEY .Señor Presidente , me pronunciaré a favor de la indicación, porque el inciso segundo me parece redundante. En efecto, el proyecto de ley propone después la forma objetiva y explícita en que el juez debe intervenir para cumplir la misma función, cual es la instancia de la conciliación, seguida de la correspondiente a la mediación. Y, por lo tanto, no estimo necesario incluir la norma de que se trata. Voto a favor.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 60 Sesión: Sesión Ordinaria N° 60 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: miércoles 19 de mayo de 2004

CORRECCIÓN DE SITUACIÓN TRIBUTARIA EN DUODÉCIMA REGIÓN El señor FOXLEY .Señor Presidente , hoy en la mañana, la Comisión de Hacienda se abocó al estudio de la iniciativa en debate. Se trata de un proyecto muy sencillo, cuyo objetivo es regularizar el pago del impuesto al gas natural comprimido o gas licuado que se utiliza como combustible en la Duodécima Región, donde, por la complejidad del cálculo de dicho tributo, se produjo finalmente una confusión. En efecto, los contribuyentes estaban pagando un monto equivalente al 43 por ciento del impuesto. Es decir, menos de la mitad de lo prescrito en la ley, En un intento anterior por corregir ese aspecto, se estableció una fórmula de aumento gradual de la tasa de tributación, desde el 43 por ciento hasta lo que consideraba la ley. Pero ahora se ha estimado como mejor solución el mantener hasta el 31 de diciembre del año 2005 lo aplicado hasta la fecha, dándose por entendido que los contribuyentes que pagaron dicho porcentaje han cumplido con el impuesto correspondiente y que, por lo tanto, quedaría regularizado su pago erróneo. ¿Por qué hasta el año 2005? Porque el Gobierno se encuentra preparando una legislación para cambiar la fórmula de pago del impuesto al gas en el país, pero no por una especie de patente, sino en proporción al consumo, como, por lo demás, lo viene proponiendo desde hace bastantes años el Senador señor Ruiz De Giorgio . Finalmente, se ha recogido ese planteamiento ¿entiendo que el Honorable señor Fernández también lo formuló- de los Senadores de la Región. Por lo tanto, como surgirá un proyecto de ley sobre la materia, el Gobierno ha propuesto mantener hasta el 2005 la situación tributaria actual. Por último, debo señalar que la iniciativa que nos ocupa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Hacienda. Por consiguiente, proponemos a la Sala acogerla en los mismos términos.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 30 Sesión: Sesión Ordinaria N° 30 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: miércoles 12 de septiembre de 2001

CREACIÓN DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL EN DIVERSAS COMUNAS El señor FOXLEY .Señor Presidente , como ya se ha explicado el alcance del proyecto, lo único que puedo agregar es que, desde el punto de vista financiero, se establece el compromiso de que los municipios absorberán el costo tanto de la creación del cargo de juez de policía local en su planta, como el de reasignar personal interno que sirva de apoyo al trabajo que hace el juez sin necesidad de contratar nuevos funcionarios. Por estas razones, el proyecto no implica un costo adicional con relación a los ítem presupuestarios habituales, financiándose con recursos de que disponen los municipios. La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad la iniciativa.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 22 Sesión: Sesión Ordinaria N° 22 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 351 Fecha: miércoles 18 de agosto de 2004

PRÓRROGA DE VIGENCIA DE COTIZACIÓN EXTRAORDINARIA PARA SEGURO SOCIAL CONTRA RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES El señor FOXLEY .Señor Presidente , el proyecto se analizó recién a las cuatro de la tarde de hoy, en reunión conjunta de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social. La iniciativa prorroga la vigencia de la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Tal cotización extraordinaria, acordada mediante una ley del 1º de septiembre de 1998, consiste en un 0,05 por ciento de las remuneraciones imponibles, de cargo del empleador, en favor de dicho seguro. Se establece que los recursos obtenidos mediante la normativa en estudio deben destinarse a la creación y mantenimiento de un Fondo de Contingencia, cuyo objetivo es financiar mejoramientos extraordinarios de pensiones y otros beneficios pecuniarios del mismo carácter para los pensionados de las mutualidades de empleadores. Recientemente, el Congreso aprobó un mejoramiento de pensiones de viudez y de pensiones mínimas para jubilados mayores de 75 años de edad. Las mutualidades de empleadores deberán destinar en el trienio 2004 a 2006 casi el 50 por ciento de los recursos acumulados en su Fondo de Contingencia a financiar tal incremento extraordinario del monto de las pensiones. Por otra parte, de eliminarse esa cotización extraordinaria, al Instituto de Normalización Previsional, que financia los mejoramientos excepcionales de pensiones generalmente con cargo al presupuesto fiscal, le significaría dejar de percibir más de mil millones de pesos, con lo que se generaría un problema fiscal y de financiamiento producto de ese incremento en el valor de las pensiones. Lo que se propone en el proyecto es la prórroga de esa cotización extraordinaria por un período de cuatro años (hasta el 2008), de tal modo que ello permita financiar futuros mejoramientos extraordinarios de pensiones en el caso de las mutualidades de empleadores, y, por esa vía, disminuir también el déficit que se provocaría al Instituto de Normalización Previsional en caso de no aprobarse la extensión del referido plazo. Las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas, contaron con la presencia del señor Ministro del Trabajo y de la Superintendenta de Seguridad Social, señora Ximena Rincón , y, luego de analizar el proyecto, lo aprobaron por unanimidad, razón por la cual recomiendan a la Sala proceder en los mismos términos.

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Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N° 52 Sesión: Sesión Extraordinaria N° 52 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 348 Fecha: jueves 15 de mayo de 2003

NUEVO TRATO LABORAL PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO El señor FOXLEY .Señor Presidente , me corresponde informar el proyecto sobre Nuevo Trato Laboral para los Funcionarios Públicos y el Sistema de Alta Dirección Pública. La Comisión de Hacienda se reunió ayer durante todo el día y hasta tarde en la noche. El personal de Secretaría de la Comisión ha trabajado intensamente hasta la madrugada para preparar el informe. El documento está listo y espero que en unos minutos llegue a la Sala. Deseo destacar que la Comisión de Hacienda se reunió ayer no sólo para discutir y votar el proyecto, sino también para escuchar, durante la mañana, a los dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, quienes hicieron una muy completa exposición de sus puntos de vista respecto de la iniciativa, de los temas en los cuales habían podido concordar y aquellos en que no habían podido llegar a acuerdo con el Ejecutivo , en un proceso bastante prolongado de conversación y diálogo con el Gobierno. El señor Ministro de Hacienda señaló que aquél se prolongó por alrededor de un año y medio. Posteriormente, escuchamos a dicho Secretario de Estado y a los funcionarios bajo su dependencia que han estado a cargo de la iniciativa en análisis. Luego, tuvo lugar la discusión en general y en particular, y finalmente la Comisión aprobó en forma unánime el proyecto presentado por el Ejecutivo , más las indicaciones que se formularon en el curso del día de ayer. Cabe señalar que a lo largo de la jornada se hicieron varios esfuerzos por mejorar la iniciativa y conseguir un mayor nivel de acuerdo con los trabajadores del sector público. Finalmente, se pudo llegar a lo que consigna el informe, que corresponde a la propuesta original del Ejecutivo, más las modificaciones hechas en la Comisión de Hacienda en el día de ayer y que, de alguna manera, se acercan a algunos planteamientos de la ANEF. Voy a relatar lo más rápidamente posible el contenido del proyecto y después precisar algunos elementos adicionales. Como se sabe, la iniciativa en debate pretende la modernización y profesionalización de la carrera funcionaria en el sector público; establece un sistema de Alta Dirección Pública, y -es importante subrayarlo- otorga beneficios de carácter remuneratorio y otros de índole monetaria a los funcionarios de la Administración Pública, que en el año 2003 consistirían en un aumento de unos 20 mil millones de pesos por distintos conceptos, y que en régimen, a partir del 2004, representarían mejoramientos del orden de 42 mil millones de pesos anuales y permanentes. Se plantea una ampliación de la carrera funcionaria a niveles jerárquicos superiores; es decir, se extiende hasta el tercer nivel jerárquico de las instituciones públicas, con lo cual se reduce el personal de exclusiva confianza, que hasta ahora incluye las tres primeras jerarquías, y se incorpora el tercer nivel, aplicándosele los mecanismos de evaluación de desempeño para el resto de los funcionarios. Se estatuye, además, un sistema de concursos internos para las promociones en las plantas, cuyas normas tomarán en consideración factores como capacitación, evaluación de desempeño, experiencia calificada y aptitud para el cargo. Se ha discutido respecto de los porcentajes que debieran asignarse a cada uno de estos criterios; pero finalmente se llegó a una definición bastante clara en el proyecto, que queda a la consideración del Senado. Asimismo, se perfecciona el sistema de calificaciones de los funcionarios en dos aspectos y se establecen juntas calificadoras descentralizadas geográficamente y calendarios de calificación, según la estacionalidad de las funciones y la carga de trabajo de cada servicio. Además, se introduce el concepto de "empleo a prueba" como parte del proceso de selección, en que los jefes superiores podrán, en términos optativos, establecer tal modalidad. El Gobierno ha decidido aumentar la inversión en los programas de capacitación, garantizando un piso de fondos en los presupuestos anuales, con un mínimo de uno por ciento de la planilla.

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Del mismo modo, se consagra una institucionalidad que administrará la política de personal con criterios más modernos y descentralizados; y se crea la Dirección Nacional del Servicio Civil, cuya tarea será diseñar e implementar descentralizadamente las políticas de personal; la gestión de recursos humanos en los servicios y, también, el refuerzo permanente y sistemático del desarrollo profesional de los funcionarios a través de distintos mecanismos. Por otra parte, se crea el sistema de Alta Dirección Pública, que pretende establecer mecanismos transparentes, objetivos y despolitizados para el nombramiento de los funcionarios superiores de la Administración. Dicha Dirección estará compuesta por quienes desempeñen cargos de jefatura en los servicios y cuyas funciones sean predominantemente de ejecución de políticas públicas. En la Dirección del Servicio Civil se dirigirá y gestionará todo el desarrollo del sistema de dirección pública. Se van a considerar cargos de alta dirección pública los del primer y segundo nivel jerárquico del organismo respectivo. Pero quedan excluidos en esta definición los intendentes, los gobernadores, los embajadores, así como aquellos cargos que tienen como requisito el ser servidos exclusivamente por oficiales activos de las Fuerzas Armadas. Para la incorporación de los altos directivos se constituirá un Consejo de Alta Dirección Pública, cuyos miembros durarán seis años en sus funciones y se nombrarán -lo subrayo- con acuerdo del Senado. El Consejo tendrá como finalidad cautelar la transparencia y el profesionalismo de los concursos públicos que sean llamados para llenar los cargos del primer nivel jerárquico; participar en el Comité de Selección de los directivos del segundo nivel jerárquico; conocer los reclamos interpuestos por los participantes en el proceso de selección; proponer al Ministro de Hacienda los porcentajes de asignación de alta dirección pública para los jefes superiores de servicio, y, finalmente, plantear a la Dirección Nacional del Servicio Civil las medidas y normas generales que juzgue necesarias para el mejor funcionamiento del sistema. Estos directivos públicos se van a desempeñar con dedicación exclusiva y su nombramiento será por tres años, el que la autoridad competente podrá renovar en dos oportunidades. Las personas que estén designadas en esos altos cargos deberán suscribir convenios de desempeño, de tal modo que al cabo de los tres años su gestión pueda ser evaluada con objetividad, desde el punto de vista de las metas a las cuales se comprometieron al dirigir el servicio, y, si éstas se han cumplido, recibirán un estímulo de carácter monetario. Como decía anteriormente, el proyecto contempla un conjunto de beneficios remuneratorios para los funcionarios públicos. En primer lugar, se incrementa la asignación de modernización en 8 por ciento, en un período de tres años. En segundo lugar, el incentivo por desempeño individual es reemplazado por otro de desempeño colectivo, procurándose que se aplique descentralizadamente, sobre la base de los logros efectivos en gestión que hayan alcanzado los distintos equipos de trabajo al interior de los servicios públicos. Éste es un punto importante para los empleados fiscales -así lo planteó la ANEF-; fue acogido en el proyecto de ley, y procura generar una dinámica de cooperación para el cumplimiento de las metas al interior de cada servicio. Se instituye un Premio Anual por Excelencia Institucional para aquel servicio público que se destaque por su productividad y por la calidad de las prestaciones que entregue a la ciudadanía, en la medida en que pueda demostrar un cumplimiento de metas igual o superior a los objetivos institucionales que su programa de mejoramiento de gestión haya comprometido al comienzo del período respectivo. Se establece, también, un sistema de bonificación por retiro. Se trata de un beneficio especial, para incentivar de alguna manera el retiro voluntario de los funcionarios. Se señaló reiteradamente en el debate en la Comisión de Hacienda que aproximadamente 28 mil de ellos tienen cumplidos los requisitos para jubilar, pero que no han podido hacerlo porque la base de cálculo para sus pensiones es muy baja. Por lo tanto, aunque desean retirarse, se enfrentan al hecho de que la pensión no les resultará satisfactoria. Esto es especialmente efectivo para los funcionarios que cotizaron en el sistema de administradoras de fondos de pensiones. Distintos Senadores miembros de la Comisión hicieron ver que les parece muy importante la modificación del sistema. Algunos aspectos de la cuestión se recogen en este proyecto; otros, en un Protocolo que explicaremos más adelante. Ciertos temas quedan pendientes para un diálogo con la autoridad. El sistema permanente de bonificación por retiro consiste en una compensación equivalente a un mes de remuneración imponible por cada dos años de servicio, con un tope de 9 meses, para todos los funcionarios que hayan cumplido 65 años, en el caso de los hombres, o 60 años, en el de las mujeres, como lo establece la legislación para jubilar. Pero, además, se incluye un mes adicional para las funcionarias. O sea, el tope de 9 meses de sueldo vale para los hombres; para las mujeres se trataría de 10 meses de sueldo.

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En una norma transitoria se establece que para quienes se acojan voluntariamente al sistema en el primer período inmediato este beneficio sería equivalente a 11 meses de remuneraciones. ¿Cómo se administrarán los fondos para garantizar a los funcionarios que las platas van a estar permanentemente disponibles? Para aquellos que efectivamente decidan acogerse a este beneficio voluntario se constituirá un fondo de capitalización, que será administrado por instituciones especializadas, al igual que el fondo solidario del seguro de cesantía vigente. En el período de transición, que se va extender hasta el año 2004, se encontrarán garantizados estos beneficios adicionales. En seguida, se establecen mecanismos de gestión que vinculan ingresos con productividad. Las remuneraciones ligadas a desempeño van a pasar desde un promedio de 5 por ciento a 9 por ciento, de tal modo que se fortalece la idea de premiar por ese concepto. Se crea una bonificación especial para los funcionarios de las Regiones Undécima y Duodécima y las provincias de Palena e Isla de Pascua , en atención al mayor costo de vida en dichas zonas. Se establece un bono de escolaridad por cada hijo entre cuatro y cinco años de edad matriculado en la enseñanza prebásica; se crea un programa de 400 becas concursables, y se eleva el valor del viático de faena para trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, Tesorería , Impuestos Internos y Servicio Agrícola y Ganadero. De ese modo, se propone un "paquete" de ajuste a las remuneraciones y distintas asignaciones para los funcionarios públicos del orden, acumulado, de 40 mil millones de pesos, después de un gasto inicial de 20 mil millones de pesos para el año en curso. El proyecto se tramitó en la Comisión de Hacienda, donde se le efectuaron algunas enmiendas en la dirección de incorporar algunos de los elementos que nos había planteado la ANEF anteriormente, que también expuso -entiendo- al señor Ministro de Hacienda y al señor Presidente del Senado . Las enmiendas consisten en lo siguiente. Primero, se aumentan a dos los representantes del personal con derecho a voz y voto en el comité de selección para los cargos. Segundo, se rebaja la exigencia de los grados inferiores al de la vacante en los que se encuentren nombrados los funcionarios que postulen se rebaja de cuatro a tres y de cinco a cuatro, según el caso. Ello, de acuerdo con el número de cargos provistos ubicados en grados inferiores de la misma planta de la vacante: si es mayor que 20, los grados elegibles serán tres; si es menor que 20, serán cuatro. La Comisión también introdujo una enmienda relativa a los funcionarios que hayan optado por continuar desempeñándose en un cargo adscrito -situación bastante antigua en el servicio público- y que en el futuro presenten la renuncia voluntaria, en el sentido de que tendrán derecho a recibir una indemnización, equivalente a un mes del promedio mensual del total de sus remuneraciones imponibles devengadas en los doce meses anteriores, por cada dos años de servicio en la Administración del Estado. Dichos cargos se suprimirán, por el solo ministerio de la ley, a contar del 1º de julio de 2006, caso en el cual se percibirá la indemnización establecida en la ley Nº 18.834. Sin perjuicio de lo anterior, los jefes superiores de servicio que, sobre la base de la evaluación de desempeño, consideren que funcionarios en cargos adscritos realizan un aporte sustantivo al buen funcionamiento de la entidad, podrán resolver la incorporación de algunos de ellos a un cargo de planta. Como dije anteriormente, además de las materias planteadas por la ANEF se hizo presente un conjunto de otros temas. En el curso del día de ayer cotejamos con dicha organización elementos que, al incorporar esos puntos y otros, pudieran generar un acuerdo total para la presentación del proyecto. Y el señor Presidente del Senado participó hoy muy activamente en las gestiones respectivas, junto con la Comisión de Hacienda. El acuerdo definitivo no fue posible, pero ese órgano técnico acordó unánimemente plantear, en conjunto con el señor Presidente , al señor Ministro de Hacienda -al Gobierno, en definitiva- un Protocolo que acompañe hoy el despacho del proyecto en esta Corporación. Nos hubiera gustado haber llegado a acuerdo para la firma de ese documento por todas las partes involucradas, incluida la ANEF. Pero no se pudo. Entonces, lo que presentamos ahora es un Protocolo de acuerdo firmado por la Comisión de Hacienda, el Presidente del Senado y el Gobierno, a través del Ministro de Hacienda , que incorpora temas expuestos por la ANEF y que el Gobierno se compromete a tratar en las próximas semanas sobre la base de un mecanismo de diálogo bipartito, después que la ley en proyecto se apruebe. ¿Qué hace dicho protocolo? En primer lugar, ratifica un compromiso ya establecido en un acuerdo anterior de la ANEF y el Gobierno, en cuanto a estudiar mecanismos que permitan dar mayor estabilidad laboral a los funcionarios a contrata. Cabe

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consignar que, del total de funcionarios públicos, entre 40 y 45 por ciento de ellos se encuentra hoy a contrata o a honorarios. El compromiso se refiere a que el Gobierno procurará incorporar en la planta de funcionarios, mediante un estudio caso a caso en cada servicio, al personal a contrata cuando éste represente una proporción superior a 20 por ciento del total. Se debe hacer presente que la creación de cargos a contrata ha sido una respuesta inevitable, necesaria, por la rigidez de las plantas existentes. En ocasiones se precisa personal especializado para cumplir con tareas nuevas o para desarrollar labores en servicios recientemente creados, lo que no se puede materializar por la vía de la incorporación a la planta, porque ésta se encuentra cerrada. Lo que señala el documento es que el criterio vigente se flexibilizará por el Gobierno, para ir incorporando gradualmente a los trabajadores a contrata, de tal modo que el mayor número posible de ellos pueda pertenecer a la planta. Ése es el compromiso. Las conclusiones del estudio que se efectuará sobre el particular deberán presentarse al Congreso a más tardar el próximo 30 de noviembre. Y, desde luego, se dará prioridad a los funcionarios a contrata para ser incorporados en la planta de nuevos servicios públicos. Por otro lado, se considerará la ampliación de la elegibilidad para participar en los concursos de cargos de planta al personal a contrata con experiencia superior a 10 años. En el Protocolo, la Comisión de Hacienda y el Presidente del Senado también acordaron con el Gobierno que en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2004 se incluirá de manera muy activa la política de regularizar la situación de las personas que se encuentran a honorarios. Se trata de un proceso de varios años que los distintos sectores representados en el Parlamento han pedido proseguir, y se ha contraído el compromiso de acentuarlo en el cuerpo legal citado. Y se estudiará la aplicación de la asignación profesional a trabajadores que se desempeñan a jornada parcial en el sector público, de tal modo que también puedan ocupar cargos de planta o a contrata. Un punto adicional del citado documento se refiere a que las autoridades centrales se comprometen a consultar formalmente la opinión de jefes de servicio y de funcionarios involucrados para poder traspasar eventualmente personal entre distintos servicios. Con el objeto de facilitar el ascenso al cabo de los doce primeros meses de aplicación de la ley en proyecto, el retiro de personal ocurrido en ese período permitirá a la autoridad de un servicio decretar las vacancias respectivas, de tal modo de crear inmediatamente el espacio para las postulaciones que procedan, siempre y cuando las jubilaciones no sean inferiores a 70 por ciento de las remuneraciones efectivas. Por último, el Protocolo consigna el propósito del Gobierno de ratificar los compromisos establecidos con la ANEF que se refieren a promover una activa participación laboral en todas las áreas respecto de las cuales los funcionarios de la Administración Pública tengan algún criterio que deba considerarse antes de la decisión final. Existe también el compromiso de estudiar nuevas áreas, más allá de lo ya contemplado entre la ANEF y el Gobierno, en las cuales se aplique el principio de la participación activa de los organismos gremiales, tanto de la ANEF como de los de cada servicio, para determinar futuras políticas del Ministerio de Hacienda y en relación con el conjunto de la Administración Pública. El Ministerio de Hacienda se compromete también a informar a la ANEF, al menos con 15 días de anticipación, de los contenidos principales de los reglamentos que se dictarán cuando este proyecto de nuevo trato laboral se encuentre rigiendo como ley de la República. Con relación al financiamiento, ya di cuenta de los costos que la iniciativa involucra. Termino señalando que la discusión de ayer en la Comisión de Hacienda estuvo encaminada, no sólo a lograr la rápida aprobación del proyecto, sino además a enfatizar la importancia de ese último aspecto. La tradición hasta ahora -por mi experiencia de doce años- ha sido siempre la de buscar consensos, ante todo con los organismos gremiales de una u otra manera afectados con los cambios. Ese esfuerzo se realizó durante todo el día de ayer. Esperamos que en las definiciones futuras de políticas laborales para el sector público estos mecanismos de participación se hallen muy vigentes. Quiero expresar un reconocimiento a los miembros de la Comisión de Hacienda, de todos los sectores políticos, por la gran

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apertura que demostraron para considerar los temas planteados por el Gobierno, por la ANEF y por otros colegas. Se trabajó en ese órgano con alto sentido de equipo, de cuerpo. Quiero agradecer, una vez más, la colaboración del personal de la Comisión, que trabajó toda la noche para evacuar a tiempo el informe, como igualmente la de los demás funcionarios del Senado. Sólo me resta desear que la discusión de hoy en la Sala sea lo más positiva y constructiva posible, y que pasemos a la etapa siguiente, cual es resolver los problemas que quedan pendientes de acuerdo con el protocolo firmado ayer entre los miembros de la Comisión y el Ejecutivo . He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 44 Sesión: Sesión Ordinaria N° 44 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 343 Fecha: miércoles 9 de mayo de 2001

REAJUSTE DE INGRESO MÍNIMO MENSUAL El señor FOXLEY .Señor Presidente , en verdad, esta iniciativa fue aprobada casi en forma unánime (ocho votos a favor y una abstención) por las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo. Se trata -como recién lo explicó el señor Secretario del Senado - de un aumento del salario mínimo y de los ingresos mínimos vinculados a él. Sólo cabe agregar que se beneficia directamente a unos 220 mil trabajadores que perciben el salario mínimo, pero probablemente el mismo reajuste se va a aplicar a quienes gocen de una remuneración cercana al ingreso mínimo, con lo cual los beneficiados directos podrían alcanzar a 400 mil. El Gobierno explicó en las Comisiones unidas las razones que se tuvieron en vista para fijar el monto del reajuste. Señaló que para tal efecto se mantuvo el criterio adoptado en los últimos diez años -desde 1990- en las conversaciones y acuerdos sostenidos tanto con las centrales de trabajadores como -en esos años- con las confederaciones empresariales, en el sentido de que el salario mínimo se ajustaría a una pauta de reajuste, conforme a la inflación esperada en un período de doce meses futuros y a los aumentos, esperados también, de productividad media en la economía. Mediante el empleo de esos criterios, se llegó a un reajuste en esta ocasión de cinco por ciento. Finalmente, se acordó uno algo mayor, esto es, de 5,5 por ciento, con un pequeño elemento adicional de estímulo, o -podría decirse- factor de equidad. En realidad, el factor de equidad, que estuvo muy presente en los primeros años, durante los cuales se acordaron reajustes del salario mínimo bastante superiores al IPC, ahora se ha volcado particularmente en una política deliberada de empleo. No obstante que esta materia no tiene relación directa con el proyecto en debate, en la discusión que el señor Ministro de Hacienda sostuvo con Parlamentarios de distintos sectores, se puso énfasis en que el Gobierno destinaría recursos este año para aumentar incluso el esfuerzo en la creación de empleos anunciado algunas semanas atrás. En ese contexto, la iniciativa que nos ocupa contó con un apoyo muy amplio en las Comisiones unidas. Tiene un costo fiscal de prácticamente 500 millones de pesos, generado por la incidencia del monto del salario mínimo en los copagos del FONASA y en algunas asignaciones por fallecimiento de personas afiliadas al sistema antiguo de pensiones. Es cuanto puedo informar. Si le parece, señor Presidente , tal vez el proyecto podría aprobarse por unanimidad sin mayor debate.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 43 Sesión: Sesión Ordinaria N° 43 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: miércoles 31 de marzo de 2004

MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA Y DE OTRAS NORMAS RELATIVAS A EDUCACIÓN El señor FOXLEY .Señor Presidente , después del trámite de segundo informe en la Comisión especializada, la Comisión de Hacienda analizó las disposiciones de su competencia. Todo lo aprobó por unanimidad y prácticamente sin modificaciones. Introdujo un pequeño cambio a fin de autorizar a los municipios pequeños para contratar asistencia técnica, con instituciones públicas o privadas, con el objeto de elaborar proyectos que permitan invertir en las ampliaciones necesarias para la jornada escolar completa. En ese sentido -lo expresó recién el Senador señor Muñoz Barra -, efectivamente la iniciativa fue ampliamente consensuada y deberíamos despacharla con rapidez.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 28 Sesión: Sesión Ordinaria N° 28 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 348 Fecha: martes 4 de marzo de 2003

POSTERGACIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA DE REAVALÚO DE BIENES RAÍCES AGRÍCOLAS Y FACULTAD DELEGADA EN MATERIA DE PLANTAS DE SERVICIO DE IMPUESTO INTERNOS El señor FOXLEY .Señor Presidente , quienquiera que lea el artículo 1º transitorio, a lo mejor, va a preguntarse por qué se ha propuesto esta fórmula tan compleja. Debo decir -creo justo señalarlo aquí- que, después de muchos años de estar analizando proyectos de ley de carácter económico, difícilmente se puede encontrar un caso en el cual el Gobierno haya estado más dispuesto, como en éste, a flexibilizar al máximo la fórmula de aplicación de determinada norma tributaria, con el objeto precisamente de no perjudicar a aquellos que, por niveles de ingreso, por precariedad económica, por tamaño de predio, por calidad de la tierra, etcétera, no tienen capacidad real de pagar impuestos. Quienes trabajamos en la Comisión hemos sido testigos de la tremenda flexibilidad del Gobierno y de su gran buena voluntad para recoger las observaciones que formularon distintos Parlamentarios, algunos de los cuales representan a regiones agrícolas, para evitar un impacto inadecuado y negativo sobre los niveles de ingreso y de vida de determinados sectores, en especial campesinos. Debo destacar ante el Senado que incluso tuvimos la oportunidad de conocer una matriz muy detallada con la clasificación de los contribuyentes agrícolas de acuerdo con distintas variables, y tomamos especial cuidado en que nadie recibiera un impacto desmedido al pasar de un sistema de tributación a otro. Tan así es que, producto de esto, 70 mil pequeños campesinos verán bajar sus contribuciones, en lugar de que suban. Por lo tanto, son directamente beneficiados por este proyecto de ley. Otro punto que quiero resaltar -somos varios los que hemos estado abocados a esta clase de temas en los últimos doce añosdice relación con que aquí se ha convertido en una especie de ritual cansado el hecho de que todos los años, buscando argumentos del más variado tipo y pidiendo unos meses más para elaborar bien las cosas, se ha logrado durante 12 años la aprobación de leyes que discriminan contra a los sectores de la economía chilena y favorecen al sector agrícola, que es el único que no está sometido a las mismas normas tributarias, lo cual no es sano para un país. No es sano que en una economía que quiere competir internacionalmente, donde hay mucha gente que ha hecho un esfuerzo enorme por aumentar su productividad y las condiciones con que genera riqueza, simplemente se diga: "mire, este sector no se la puede". Y como nunca se la puede, nunca va a pagar impuestos, y tendrá una condición privilegiada respecto del resto, con el argumento, por cierto, de la equidad social y de impedir, a través de esta legislación, que las personas que se desenvuelven en el sector agrícola paguen tributos. Más aún -insisto-, se ha tomado el cuidado de que 70 mil personas que hoy pagan tributos, mañana no lo harán. Por lo tanto, se trata de una cuestión obvia y elemental, y no sólo de justicia en el sentido específico de los campesinos pobres, sino de justicia tributaria más general. En un país donde todos somos iguales ante la ley, todos debemos pagar impuestos. Francamente, enfrentado por duodécima o decimotercera vez a una situación como ésta, yo por lo menos no tengo cara para decir que de nuevo encontramos un argumento para que esta gente no pague impuestos. Ello no me parece razonable. Creo que la fórmula propuesta en el artículo 1º transitorio -insisto, mirado en forma positiva- garantiza que nadie deberá hacer un esfuerzo tributario adicional importante, que la aplicación del reavalúo será muy gradual. Se ha tomado en consideración el hecho de que la situación económica general es difícil y de que se trata de no perjudicar a quienes se hallen en esa condición. El texto refleja flexibilidad, espíritu de acuerdo, y me parece que lo único que corresponde, después del intenso trabajo de muchos meses, es simplemente aprobar el artículo 1º transitorio.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 21 Sesión: Sesión Ordinaria N° 21 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 348 Fecha: miércoles 18 de diciembre de 2002

BONIFICACIÓN A CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA EN REGIONES PRIMERA, UNDÉCIMA Y DUODÉCIMA Y EN PROVINCIAS DE CHILOÉ Y PALENA El señor FOXLEY .Señor Presidente , trataré de ser bastante breve para decir que apoyaremos la nueva proposición del Gobierno y que, incluso, habríamos preferido que su fórmula hubiera consistido en un período de permanencia del actual esquema de sólo dos años, para inmediatamente después introducir las alternativas que el Ejecutivo sugiere en su indicación. La razón para una etapa de transición más corta entre un sistema y otro radica en que nos encontramos en presencia de uno de los problemas que el país arrastra desde hace mucho tiempo sin lograr una solución adecuada y que, por lo tanto, posterga una y otra vez de manera indefinida. Desde 1990 en adelante, por lo menos yo recuerdo que, cada dos años, en los últimos meses aparece una presión política muy explicable, razonable, de los Parlamentarios de las Regiones involucradas para simplemente mantener el statu quo; es decir, para mantener sin modificación alguna el subsidio de mano de obra. Se ha argumentado largamente en esta sesión que éste es un subsidio mal diseñado, que no produce los efectos deseados. Comparto todas las críticas formuladas aquí al respecto. Y por eso me pareció que un período de dos años pondría un pie forzado al Ejecutivo -entre otros- para que reuniera a un grupo de gente (de Gobierno y de Oposición) a fin de que, desde el punto de vista técnico, elaborara alguna alternativa... Señor Presidente , me encantaría poder hacer esta breve intervención sin que simultáneamente mis Honorables colegas estuvieran desarrollando una conversación aparte. El señor CANTERO ( Vicepresidente ).Ruego a Sus Señorías respetar el derecho del Senador señor Foxley a hacer uso de la palabra. El señor FOXLEY .No tengo ninguna pretensión de profundidad en mis palabras, señor Presidente . Simplemente, no logro concentrarme. Por lo menos mi colega representante de la Región Metropolitana sigue con fruición cada una de mis expresiones. El señor BOMBAL .Estamos escuchando con mucho interés a Su Señoría. El señor CANTERO (Vicepresidente).Puede continuar, señor Senador. El señor FOXLEY .Señor Presidente , pienso que en el período de dos años el Ejecutivo también debería realizar la tarea que no hemos hecho, como Gobierno, en todo este tiempo. Tenemos economistas de muy buena calidad que podrían perfectamente elaborar alternativas técnicas a un esquema que, como sabemos, no funciona. En consecuencia, apoyo la idea del Ejecutivo y no la que se aprobó en las Comisiones de Hacienda y de Economía, unidas. Segundo punto. Pido oficialmente al Gobierno, en la persona del señor Ministro de Economía -aquí presente-, que oficie a Tesorería para que nos entregue una lista de las empresas que se han beneficiado con el subsidio en comento a lo largo de -digamos- los últimos diez años, porque sospechamos que él se ha convertido -como alguien señaló acá- en un pago automático a una lista de

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empresas, inscritas en una especie de registro, que reciben el cheque del Estado -y lo digo especialmente a los colegas de Oposición, a quienes no les gusta la interferencia estatal en los asuntos de las empresas privadas- y, manteniendo la misma fuerza de trabajo del año anterior, lo pasan en buena medida, directamente en el balance, a sus utilidades. Llama la atención que, por ejemplo, en un lugar como Chiloé tengamos casi 39 mil subsidios. ¿Y cuáles son las industrias y las empresas que se están beneficiando allí con ese incentivo? Me dicen las autoridades de Gobierno que la presunción es que buena parte de él va al sector salmonero. Se trata de una industria que exporta más de 2 mil millones de dólares; que es competitiva a nivel internacional; que ha desplazado a Noruega como primer productor mundial; que obtiene grandes utilidades; que reinvierte. ¿Y es ése el uso socialmente más adecuado y más rentable de aquellos recursos? Creo que no. Tercer y último punto. Estimo que la alternativa planteada por el Ejecutivo , con la transición de doce años, ofrece la ventaja de que, más allá de la retórica de que la Región Metropolitana sigue creciendo y de que las demás Regiones no pueden provocar dinamismo propio para frenar el proceso de centralización, está diciendo a éstas que podrán definir autónomamente en qué gastar 300 millones de dólares (para fomento productivo, para generar capacidad emprendedora y empresarial, para nuevas iniciativas y nuevas empresas en cada una de las Regiones) y que a todas en conjunto -por cierto con el Ministerio de Economía- les será factible determinar los mejores instrumentos y los caminos más adecuados para alcanzar un impacto verdadero -y no artificial- en la creación de empleo. Opino que el futuro de la descentralización en el país va a depender de la capacidad que tengan las Regiones para no seguir, con un criterio rutinario y burocrático, recibiendo recursos que se integran al Fondo de Desarrollo Regional y que se pelean arduamente entre los miembros del CORE. Cada miembro del CORE responde a menudo a los intereses particulares de determinado alcalde o de un grupo de concejales; se parcela el animal en pedacitos muy chicos, y no se hace ninguna diferencia significativa para lo que yo llamaría "desarrollo endógeno de las Regiones". Éste toma a los talentos regionales (a la gente más creativa de los sectores público y privado y de las universidades; a los intelectuales, y, también, a las personas de fuera del país que quieran ayudar a reinventar la Región pertinente), los junta, los hace elaborar una visión estratégica y después se plantea cuáles son los instrumentos adecuados para llevarla adelante. Mencionaba aquí un Senador que, en el caso de la Primera Región , los integrantes de la Comisión de Hacienda estuvimos de acuerdo en establecer una especie de grupo de trabajo que intentara hacer ese mismo ejercicio pensando fundamentalmente en la Zona Franca y en la posibilidad de concentrar allí el desarrollo de industrias de alta tecnología. Supongamos que el estudio respectivo fuera adecuado y estimulante. El paso siguiente sería complementarlo con recursos públicos que, concentrados en el área que hemos señalado, pudieran producir resultados en un período razonablemente breve. Ése es un esfuerzo de desarrollo creativo, empresarial, endógeno, con visión de siglo XXI, para las Regiones. Mientras ello no ocurra, estaremos destinando plata a éstas y el animal va a seguir siendo compartido en pequeños trozos por funcionarios de tono menor, por concejales de algunos municipios, sin marcar ni cambiar el tono vital del desarrollo regional. Por eso, Senador señor Muñoz Barra , estimo que los referidos 300 millones de dólares convendrían a las zonas extremas mucho más que el esquema que ahora se está proponiendo, consistente en mantener un subsidio que nada aporta en materia de empleo y de nuevas ideas para desarrollo y creación de empresas en las Regiones, y que simplemente alimenta digámoslo claramente- a una clientela de empresas que por 25 años han estado recibiendo la misma plata para mantener cierto nivel de utilidades que con seguridad les significa a ellas bastante prosperidad, pero que no cambia en modo alguno el sentido cualitativo de desarrollo endógeno regional, que es aquello a lo que debemos aspirar si realmente creemos en la descentralización, no como retórica, sino como meta extremadamente exigente y desafiante para el país a futuro. He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 8 Sesión: Sesión Especial N° 8 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: miércoles 20 de junio de 2001

BENEFICIOS PARA CHILENOS RETORNADOS DEUDORES DE BANCO DEL ESTADO El señor FOXLEY .Señor Presidente , deseaba formular un comentario al Senador señor Ominami . Y concuerdo en que debería estar presente alguien del Ministerio de Hacienda para poder contestar fehacientemente lo que se señaló. Lo único que se puede consignar aquí es que la Comisión escuchó a las asociaciones de retornados. Porque hay dos grupos de ellos. Ambos manifestaron, hacia el final de la discusión del proyecto, que los satisfacía el texto como está. Ahora bien, en cuanto a si la solución es definitiva o no, el Honorable señor Núñez ha planteado el caso bastante específico de las personas a las que se les remataron bienes, lo que no parece encontrarse suficientemente bien resuelto. Pero, por lo menos, los afectados, que se hallan organizados, han manifestado su acuerdo con la normativa.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 13 Sesión: Sesión Ordinaria N° 13 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 352 Fecha: martes 16 de noviembre de 2004

PRESUPUESTO DE SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2005 El señor FOXLEY .Señor Presidente , de manera muy breve, deseo explicar el procedimiento que seguimos en esta oportunidad en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que en algunos aspectos es distinto con relación a años anteriores. Como se recordará, producto de un acuerdo político referente a la modernización del Estado, este año se creó por primera vez una Comisión Especial Mixta de Presupuestos permanente, la cual comenzó a sesionar hace un buen número de meses. El proyecto sometido hoy a la consideración del Senado no sólo es el resultado de la discusión habida una vez que se presentó el Presupuesto, sino que también recoge un conjunto de materias que los señores Diputados y Senadores miembros de la mencionada Comisión permanente fueron haciendo como observaciones a lo largo del año en cuanto al curso de diferentes programas que el Gobierno está llevando adelante. En tal sentido, se recogieron críticas y apreciaciones para mejorar los programas. Y creo interpretar al conjunto de la Comisión cuando sostengo que ése fue un esfuerzo que valió la pena; que facilitó la discusión y aprobación del Presupuesto en la Comisión Mixta, y que, sobre todo, tuvo expresión concreta en un Protocolo de Acuerdo firmado en forma unánime por los Diputados y Senadores de todas las bancadas inmediatamente antes de que el proyecto de ley entrara ayer a la Cámara Baja. No voy a leer dicho Protocolo, pero al menos señalaré los títulos. En primer término, hay un capítulo entero sobre compromisos que el Gobierno asume en materia de transparencia en la información y de mejoras en la eficiencia de la gestión financiera del sector público. En tres o cuatro secciones del Protocolo, el Ejecutivo se compromete con relación a aspectos muy específicos para mejorar el conocimiento oportuno de la información; tener una mejor noción, sobre todo, de los programas de inversión; afrontar problemas detectados en las inversiones de arrastre de un año para otro; mejorar la gestión de activos financieros, etcétera. En seguida, distintos Parlamentarios plantearon temas de carácter regional, los que fueron recogidos positivamente por el Gobierno. Por ejemplo, mejoramiento de toda la información referente a la inversión propiamente regional, es decir, aquella que resuelven el gobierno regional y el consejo regional distinta de las decisiones sectoriales de implicancia regional. Existe una queja en el sentido de que al final no se conoce con exactitud cuánto queda de libre disposición -por decirlo de algún modo- para que los gobiernos regionales lleven adelante sus programas de desarrollo. El Ejecutivo se compromete a que un ítem del presupuesto de los Fondos de Desarrollo Regional, que es una provisión para emergencias, no se utilice para cualquier cosa discrecionalmente, sino sólo para los programas de empleo. En el caso de los sectores agropecuario y silvícola, se adoptaron varios acuerdos. Primero, solicitar al Gobierno que aplique una urgencia apropiada para acelerar la tramitación del proyecto de ley sobre bosque nativo, que lleva un buen número de años en el Congreso. Los miembros de la Comisión estiman, unánimemente, que dicha iniciativa debería despacharse por lo menos en el curso del año 2005, ojalá en el primer semestre. Asimismo, se pide una evaluación de impacto de la bonificación forestal establecida por el DFL 701; una revisión de los mecanismos concursables, etcétera; un compromiso respecto de cuáles van a ser la forma de asignación de las bonificaciones y el plazo de expiración de la normativa pertinente. También se llegó a acuerdo con el Gobierno en torno a una cuestión que han planteado de modo reiterado varios Senadores y Diputados en cuanto a los fondos de compensación prometidos al sector agrícola con motivo de la negociación del MERCOSUR. En esta oportunidad se convino que en el Presupuesto del 2005, más allá de las cifras originalmente planteadas por el Ejecutivo , se contemple un complemento de 40 millones de dólares -buena parte, este año; otra parte, el año próximo, lo cual ayudará a cumplir con el saldo de esos fondos de compensación que aún no se ha integrado. En materia educacional figuran varios puntos breves.

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El Gobierno se compromete a enviar al Congreso, antes de junio de 2005, el proyecto de ley sobre subvención educacional diferenciada, tema planteado por muchos Parlamentarios y que tiene como objetivo obvio cerrar la brecha de desempeño educativo entre las escuelas de las comunas más pobres y los restantes establecimientos de enseñanza. En cuanto a la educación superior, hubo una discusión bastante a fondo sobre los déficit que se plantean en el financiamiento del crédito universitario y de las becas. El Ejecutivo se comprometió a enviar en breve plazo el proyecto de ley que autoriza a la Tesorería General de la República para aplicar un mecanismo de compensación tributaria a los efectos de que se cancelen las deudas morosas por concepto del referido crédito. Se estima que ello permitirá recaudar unos 4 mil millones de pesos y que de esa manera se podrá llegar a niveles proyectados de crédito compatibles con una satisfacción mínima de los requerimientos de financiamiento a lo menos para el segmento con mayores necesidades. También se obtuvo del Gobierno un compromiso en el sentido de que el Ministerio de Hacienda incorpore en el Presupuesto del Ministerio de Educación recursos para la segunda fase del Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior. Se trata de un programa con el Banco Mundial, que se espera renovar este año. Y la contraparte presupuestaria -insisto- estaría garantizada a través del Protocolo suscrito. Por otra parte, figuran diversos puntos adicionales. Hubo una opinión prácticamente unánime en cuanto a que es necesario reenfocar los programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, porque existe demasiada dispersión, duplicación; algunos programas funcionan bien, y otros, mal. Se propuso, entonces, que busquemos en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos permanente la manera de reenfocar esos programas con miras a generar nuevos emprendimientos, innovación en lo que se produce, creación de empleos y mayor flexibilidad en las formas de acceso a los aportes de capital o de créditos estatales. Hay luego varias materias relativas al mejoramiento de las estadísticas fiscales. Finalmente, se van a evaluar la gestión financiera de las instituciones públicas y los programas públicos. En particular, se enviará un informe al Congreso, específicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en cuanto a una materia que ha recibido poca atención: la gestión de los bienes inmuebles públicos. Al respecto, hemos conversado muchas veces con representantes de la Dirección de Presupuestos. Los servicios públicos, los ministerios y las empresas públicas son dueños de numerosas propiedades, de bienes inmuebles. Algunos de esos entes tienen facilidad de gestión -ésta no es controlada- y no muestran un uso eficiente de los recursos o una preocupación por minimizar los costos. Esa situación es particularmente aguda en las empresas públicas; algunas se hallan exceptuadas de las normas generales y, por tanto, hacen lo que quieren con sus propiedades, con los bienes inmuebles. La impresión final es que en ciertos casos existe al menos una mala utilización de los recursos pertinentes. Por ejemplo, hay platas que podrían ocuparse para otros efectos, como excedentes de las empresas, y sin embargo se destinan a la construcción de edificios lujosos inapropiados o innecesarios. Esa materia fue discutida; hubo bastante acuerdo sobre ella, y el señor Ministro de Hacienda y su equipo asesor manifestaron pleno respaldo en cuanto a la necesidad de que en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se revisen las normas de excepción que permiten a las empresas estatales tener excesiva libertad en el manejo de sus bienes inmuebles, propiedades, etcétera. Y una vez que realicemos la revisión correspondiente vamos a conversar con el Ministerio de Hacienda para analizar las normas respectivas. En síntesis, señor Presidente , por su intermedio digo a la Sala que la discusión del Presupuestos habida este año fue muy positiva y se llevó a cabo en un ánimo muy constructivo. Ayudó sobremanera la existencia de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos permanente, que seguirá funcionando durante todo el próximo período. Los puntos de discrepancia son mínimos, menores. Por consiguiente, estimo que el Senado estará en condiciones de despachar relativamente rápido el proyecto de Ley de Presupuestos, que a mi juicio es bueno, se aviene con las normas del superávit estructural y, en general, da cuenta de prioridades habitualmente compartidas en lo que respecta a cómo se va a gastar la plata. He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 24 Sesión: Sesión Ordinaria N° 24 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: martes 21 de agosto de 2001

CAMBIO DE GRADUALIDAD DE ENTRADA EN VIGENCIA DE REFORMA PROCESAL PENAL El señor FOXLEY .Señor Presidente , efectivamente este proyecto se discutió hoy en la tarde en la Comisión de Hacienda, y fue aprobado por la unanimidad de sus miembros presentes. La iniciativa no irroga gasto al Fisco. Simplemente, lo que hace es redistribuir en el tiempo el esfuerzo de inversión en edificios e instalaciones para las nuevas estructuras de la reforma procesal penal (tribunales, fiscalías y defensorías); posterga su vigencia en la Región Metropolitana, del año 2002 al 2004, y la anticipa en las Regiones de Tarapacá, Aisén y Magallanes al 2002, en vez del año 2003. Con esto se busca adecuar el calendario de realización física de obras y de capacitación del personal con la implementación gradual del nuevo sistema. El proyecto también sustituye los montos mensuales de las asignaciones de defensa penal pública desde los profesionales con grado 5. Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 8 Sesión: Sesión Especial N° 8 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: miércoles 20 de junio de 2001

BENEFICIOS PARA CHILENOS RETORNADOS DEUDORES DE BANCO DEL ESTADO El señor FOXLEY .Señor Presidente , tal como se expresó en la relación, esta iniciativa de ley procura dar una solución definitiva al problema de endeudamiento que afecta a quienes obtuvieron créditos en el Banco del Estado en el marco del Programa de Establecimiento por Cuenta Propia de Chilenos Retornados. Esas personas, con mucha dificultad, después de volver al país, elaboraron proyectos que les permitieran autosustentarse. Para ello, recurrieron al financiamiento proporcionado, en una parte, por el Estado chileno, y en otra, por un programa de cooperación del Banco de Compensación Alemán. Por distintas razones, una fracción importante de los deudores no pudo mantenerse al día en los pagos. La iniciativa en debate, pues, busca regularizar su situación pendiente mediante la firma de convenios de pago en tres cuotas trimestrales y, al mismo tiempo, revisa los plazos en que ello se puede hacer, de modo de facilitar que el mayor número posible de personas o familias se acoja a la renegociación. La reprogramación que prevé el proyecto costará al Estado de Chile un total de 24 millones de dólares, que se financiarán con cargo a los recursos del Banco del Estado, institución que recibirá transferencias del Fisco, en un plazo que no exceda de seis años, incluido uno de gracia, a través de las Leyes de Presupuestos del sector público, y también, con cargo a las utilidades del mismo Banco. Después de escuchar a los sectores afectados, la Comisión aprobó la iniciativa por unanimidad. Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 22 Sesión: Sesión Ordinaria N° 22 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 352 Fecha: miércoles 15 de diciembre de 2004

PENSIÓN DE REPARACIÓN Y OTROS BENEFICIOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS El señor FOXLEY .Señor Presidente , no resumiré todo el texto, sino que, para ser muy breve, simplemente informaré que las Comisiones unidas se reunieron hoy en la tarde para estudiarlo. Al hacerlo, escucharon a los señores Ministros del Interior y de Hacienda . También recibieron a la Agrupación de Ex Presos Políticos, la cual hizo presentes sus puntos de vista, al igual que varias observaciones y críticas. Tomamos nota cuidadosa de ello. En el trámite en las Comisiones unidas se realizó una discusión en general y particular, en la cual se comentaron distintos puntos del articulado y algunos de los asistentes consideraron insatisfactorios varios aspectos. Sin embargo, como criterio unánime de los miembros de ambos órganos técnicos, prevaleció finalmente la idea de aprobar el proyecto en general y particular, con el objeto de que hoy pudiera ser votado en el Senado y evitar un tercer trámite en la Cámara de Diputados. Ése fue el acuerdo. De modo que no entraré a señalar cada una de las observaciones, sino que sólo hago constar que la iniciativa fue aprobada por unanimidad -repito- en general y particular. Las opiniones de los distintos Parlamentarios fueron consignadas, obviamente, para la historia fidedigna de la ley.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 5 Sesión: Sesión Ordinaria N° 5 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 351 Fecha: miércoles 16 de junio de 2004

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO. INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL El señor FOXLEY.Señor Presidente , deseo dar a conocer a los señores Senadores que la Comisión de Hacienda acordó hace algún tiempo realizar un trabajo sistemático de prospección sobre lo que el país está llevando adelante en materia de innovación. Hemos sesionado todos los lunes, en la tarde, invitando a la gente que pueda tomar decisiones en los distintos programas de innovación tecnológica, en las diversas instituciones públicas. También hemos tomado contacto con algunas personas que llevan a cabo estas iniciativas en el área privada. No entraré en detalles al respecto. Simplemente, destaco que vamos a elaborar un informe escrito con el análisis y las conclusiones del caso. Por otra parte, quiero invitar a los señores Senadores interesados a participar en una sesión para el próximo lunes, a las 15:30. A ella asistirán, precisamente, el señor Pablo Valenzuela y la señora Bernardita Méndez -trabajan juntos-, pioneros en el área de la biotecnología en Chile, quienes no sólo nos van a contar sus experiencias, sino que además propondrán que el Parlamento y el Ejecutivo ejecuten acciones conjuntas, a fin de dar un impulso a la biotecnología en la línea recién señalada por el Senador señor Flores.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 15 Sesión: Sesión Ordinaria N° 15 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 352 Fecha: miércoles 17 de noviembre de 2004

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO El señor FOXLEY .Señor Presidente , como se señaló, la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad este Tratado. Voy a reseñar los puntos sustantivos que contiene en materia económica y su relación con los demás acuerdos de libre comercio aprobados por el Parlamento. El instrumento suscrito con la AELC presenta algunas diferencias respecto del que firmamos con la Unión Europea. La desgravación en el sector industrial es inmediata, y la de los productos agroindustriales, bastante rápida, con algunas excepciones en la parte agrícola; se firman tratados bilaterales con cada uno de los cuatro países de esa Asociación; se elimina la posibilidad de que cualquiera de ellos o Chile aplique algún tipo de medidas antidumping, pero se nos reconoce el derecho a mantener las bandas de precios o algún mecanismo equivalente que no contravenga las normas de la OMC. Junto con el Tratado principal suscribimos un Acuerdo sobre Protección de Inversiones. De modo que en un solo cuerpo legislativo estamos poniendo al día el avance de Chile en su inserción internacional en Europa, incorporándose simultáneamente a esos cuatro países, los cuales, como expresó el Senador señor Romero , exhiben un altísimo nivel de desarrollo, con un mercado que es diez veces el chileno. Por lo tanto, vale la pena que el proyecto sea aprobado a la brevedad. He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 27 Sesión: Sesión Ordinaria N° 27 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 347 Fecha: martes 10 de septiembre de 2002

NORMAS TRIBUTARIAS PARA INVERSIONES DESDE CHILE AL EXTRANJERO POR EMPRESAS CON CAPITAL FORÁNEO El señor FOXLEY .Señor Presidente , deseo referirme a tres puntos del proyecto, el cual, a mi juicio, constituye un paso adicional dentro de un proceso coherente que ha estado llevando a cabo el Gobierno, tendiente a una profundización del mercado de capitales y a llevar adelante una agenda que permita estimular el crecimiento del país. En primer término, quiero abordar el tema de la plataforma de inversiones. Estábamos recién compartiendo ideas con el Senador señor Flores acerca de una información de Internet de hoy día proveniente de la revista "The Economist", relacionada con el dilema que enfrentan hoy día las grandes empresas españolas que en la década de los 90 invirtieron en Latinoamérica cien mil millones de dólares. Como consecuencia de la decisión estratégica de dichas empresas, ellas están generando entre 30 y 50 por ciento de sus utilidades totales a nivel mundial en América Latina. Y ha ocurrido que están sufriendo, como cualquier empresa, los resultados de la crisis financiera en nuestro continente, particularmente con sus inversiones en Argentina y Brasil. Por ejemplo, dos de los grandes bancos españoles se han visto obligados este año a hacer provisiones por más de mil millones de dólares para cubrir eventuales pérdidas en esos países. ¿Cuál es el dilema de esas empresas? El dilema es cómo diseñar su planificación estratégica no ya para el año siguiente, sino para la próxima década. ¿Es correcta o no es correcta su decisión estratégica de apostar a que el gran mercado de América Latina, con su tremenda expansión demográfica en los próximos veinte o treinta años, es una buena apuesta o una mala apuesta, considerando la inestabilidad financiera que afecta a distintos países de la región? Considero que es allí donde entra la legislación que hoy día estamos planteando. Porque la opción que esas empresas tienen es, en vez de mirar hacia América del Sur, hacerlo hacia América del Norte y tratar de ingresar a Estados Unidos, directamente o vía plataforma México . La otra posibilidad es la de aprovechar la expansión de la Unión Europea y tratar de introducirse y hacer sus inversiones en Europa del Este. Por nuestra parte, consideramos que el modesto paso que significa esta legislación implica dar una señal de que Chile puede constituirse no sólo en una plataforma, sino, en cierta medida -la expresión puede sonar un poco fuerte- en un "país-refugio", en el sentido de que si las inversiones se mantienen en América del Sur, esta plataforma que se origina y se mantiene en Chile puede garantizar mayores condiciones de estabilidad para esas empresas, mayor confiabilidad en la mantención de las reglas de funcionamiento y también -por qué no decirlo-, eventualmente, mejores servicios de apoyo. Y estoy hablando de todos los servicios de apoyo: "call center", "back office", "front office", y todas laas cosas propias de la nueva economía. Si ése es el tema, debemos reconocer que aquí hay un primer paso en el tema de la plataforma. Hay que recoger las críticas hechas en el sentido de que tal vez es poco audaz y de que a lo mejor está demasiado limitada y restringida la forma de funcionamiento. Entre las restricciones, por ejemplo, se han mencionado varias: si la empresa se instala en Chile, que sería la plataforma, ¿puede o no puede endeudarse? El proyecto establece que no puede hacerlo. Éste es un tema que -entiendo- se está conversando. Lógicamente, si una empresa se instala en el país, debe funcionar como cualquiera otra; o sea, traer capitales o endeudarse en algún porcentaje razonable. En cuanto al giro único, si la empresa se establece acá para capear los temporales de Argentina y Brasil, cabe preguntar si puede o no puede hacer inversiones en Chile. ¿Por qué no podría hacerlo? Si lo que nosotros queremos es generar más empleos en nuestro medio y tener la presencia de esas empresas con "mucha espalda", pueden realizarlo. La única condición o restricción debiera ser que la empresa -obviamente en la medida en que hace inversiones y genera utilidades en el paíspague los impuestos correspondientes a sus utilidades en el momento en que éstas vuelvan a entrar a esta especie no de zona franca, sino de plataforma que brindaría condiciones tributarias especiales. Ése es el punto. Yo tengo entendido que hay buen ánimo para que estos detalles se vayan resolviendo; pero la idea es buena.

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El segundo punto se refiere al impuesto de timbres y estampillas. Todos estamos de acuerdo en una medida que signifique aumentar la competencia en el sistema bancario y que resuelva el problema de la gente y de los pequeños empresarios que se encuentran en calidad de rehén de un solo banco, a fin de que pueden liberarse Queda pendiente lo relativo a la extensión de la posibilidad de suprimir este impuesto en la reprogramación no sólo de créditos hipotecarios, sino de otro tipo de obligaciones que las empresas pequeñas puedan haber contraído. Aquí se extiende por dos años un crédito hipotecario con fin distinto a la vivienda. En fin, peor es nada. Pero creo que a la larga -ojalá a la corta- a lo que debiéramos ir es a que este impuesto debería eliminarse cuando se trata de reprogramar un crédito, porque es clave para la pequeña empresa acceder en el sistema bancario a un financiamiento de capital con un costo más razonable. El tercer punto que quiero mencionar.se refiere al acuerdo -lo cual me parece indispensable- que se inserta en la filosofía de lo aprobado por el Congreso con motivo del proyecto sobre evasión tributaria. No es posible utilizar un mecanismo de esa especie y establecer sociedades domiciliadas en el extranjero, en circunstancias de que la operación real de ellas está constituida en el país. Sobre el particular, existe una fórmula que, según entiendo, es razonable y aceptable, y constituye una señal muy clara en orden a que ese tipo de jugarretas no podrán admitirse a futuro. En resumen, me parece que la iniciativa es muy importante, ya que va en la línea de un proceso de desarrollo tendiente a generar las condiciones necesarias de acceso al capital para hacer crecer más la economía, y, por lo tanto, merece ser aprobada en un plazo muy razonable, sin separar nada de ella y abordar las materias en su conjunto, tal como fue presentada.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 46 Sesión: Sesión Especial N° 46 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 343 Fecha: miércoles 16 de mayo de 2001

NORMAS SOBRE EVASIÓN TRIBUTARIA El señor FOXLEY .Señor Presidente, tal como manifestó recién el Senador señor Ominami , esta materia se discutió largamente. Al comienzo, el proyecto contenía una norma mucho más dura en este aspecto, pues -como consta a varios señores Senadores- planteaba la posibilidad de eliminar prácticamente el secreto bancario, no sólo para las empresas sino también para las personas. La norma propuesta se ha restringido sólo a cerrar una rendija por la cual las empresas -no las personas- pueden evitar el pago de impuestos por la vía de esconder como créditos inversiones que se realizan. En consecuencia, lo que aquí se sugiere está muy acotado: abarca sólo al conocimiento de información relativa al endeudamiento y al acceso a las tarjetas de créditos únicamente para gastos de las empresas, no de las personas. Y, en su momento, dimos el acuerdo correspondiente.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 24 Sesión: Sesión Ordinaria N° 24 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 345 Fecha: miércoles 16 de enero de 2002

MODIFICACIONES A LEY DEL DEPORTE El señor FOXLEY .Señor Presidente , este proyecto fue tratado esta mañana por la Comisión de Hacienda, que acordó dar un informe verbal a la Sala, lo que haré muy rápidamente. Se trata de asegurar una adecuada transición entre la antigua estructura de la DIGEDER y la nueva del Instituto Nacional del Deportes; de dar cuenta de situaciones que no estaban suficientemente clarificadas respecto del status de los trabajadores que, perteneciendo a esa Dirección, pudieran incorporarse o no a dicho Instituto; y, en particular, de aclarar el problema de las indemnizaciones en el sentido de si el hecho de pasar de una institución a la otra permite al trabajador respectivo mantener el derecho acumulado a ellas y cobrarlas al retirarse del Instituto Nacional del Deporte, o si alternativamente, de no ingresar la persona a esta entidad, tiene la posibilidad de cobrar el monto correspondiente al momento de ser separada de su cargo en el Consejo Provincial. El proyecto clarifica tales situaciones; establece la continuidad de la indemnización, y dispone que si el trabajador pasa de una entidad a otra podrá hacer uso de tal beneficio al momento de retirarse del Instituto Nacional del Deporte, o alternativamente, si no queda en la planta de éste o no es contratado, será sujeto de indemnización inmediatamente. Asimismo, la iniciativa prorroga hasta fines del presente año la vigencia de los Consejos Provinciales de Deportes, para permitir exactamente la adecuación de plantas y la extinción gradual de cargos del personal que no quede incorporado a la nueva institución. También hay temas menores respecto del plazo para efectuar una evaluación cuidadosa de la planta de reemplazo, cuyas funciones y lógica son nuevas. Se proponen dos años, en vez de uno, modificando la normativa vigente al respecto. Y se dispone que el director del Instituto podrá actuar como ministro de fe en la constitución de organizaciones deportivas. La Comisión de Hacienda aprobó en general el proyecto por tres votos a favor y dos abstenciones. Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 29 Sesión: Sesión Especial N° 29 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: miércoles 12 de septiembre de 2001

INFORME DE PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL El señor FOXLEY .Señor Presidente , creo que el Presidente del Banco Central ha rendido un informe extraordinariamente completo y técnicamente muy sólido respecto de la situación coyuntural de la economía y las perspectivas para el próximo año. Durante el transcurso del 2000, dicha entidad bancaria ha mostrado una capacidad de orientar el funcionamiento macroeconómico sin salirse de la meta principal en materia de inflación y capeando exitosamente las numerosas turbulencias habidas en los mercados financieros internacionales y, particularmente, en los países vecinos de América Latina. Por eso, mi intervención será muy breve y referida, básicamente, a dos puntos. El primero de ellos dice relación a algunas dudas que me asisten respecto de la proyección del crecimiento de la economía para el año 2002. En el informe que el Presidente del Banco Central nos entregó hoy aparece un cuadro en el cual se observa este año una economía impulsada fundamentalmente por la demanda externa, por un crecimiento bastante robusto de las exportaciones. Sin embargo, continuamos apreciando una gran debilidad en la demanda interna: las ventas están planas y realmente no se han podido reactivar todavía desde el punto de vista de la demanda de consumo, de inversión doméstica, en el plano interno. Ello no se ha logrado transformar en un factor reactivador de la economía. En las proyecciones que nos dio a conocer el señor Massad , se prevé un crecimiento del producto de 3,7 por ciento a 5,7 por ciento el próximo año. Si uno ve en qué se fundamentaría esa tasa de crecimiento más elevada, se aprecia que el elemento principal no estaría en el sector externo, sino en un fuerte aumento de la tasa de crecimiento de la demanda interna. De hecho, la proyección muestra que para el próximo año se esperaría un incremento de dicha demanda de 2 ó 2,1 por ciento a 6,4 por ciento. Por lo tanto, surge la siguiente pregunta: ¿qué impulsaría el crecimiento de demanda interna el próximo año a una tasa tan distinta y superior a la actual, en circunstancias de que hemos tenido un consumo por parte de las personas bastante plano, por las razones que indicó el Presidente del Banco Central ? Fundamentalmente, ha habido una tasa de desocupación muy alta, el temor a perder el empleo, algunos problemas de sobreendeudamiento de las personas, tasas de interés excesivamente elevadas del crédito de consumo, etcétera. Por consiguiente, ¿qué impulsaría ese aumento tan repentino en la demanda interna? Si la respuesta no va por el lado del consumo sino de la inversión, la pregunta se sostiene: ¿por qué habría un incremento tan fuerte de la inversión privada el próximo año, conforme a la visión del instituto emisor? A mi juicio, la base de proyección del año 2002 es relativamente débil, en el sentido de que la tasa de 5 por ciento no sólo descansa en un fuerte aumento de la demanda interna, sino que tiene una hipótesis relativamente optimista respecto de algunos de los fenómenos externos que mencionó el señor Massad . Uno de ellos es, obviamente, lo relativo a las turbulencias en los países vecinos. Tenemos la impresión de que la situación argentina está lejos de hallarse decantada. En realidad, allí hay todavía un proceso largo en el cual no debe descartarse nada, incluyendo los escenarios más pesimistas. La economía de Brasil tiene un porcentaje del producto en endeudamiento externo extraordinariamente alto -mayúsculo en relación al de Argentina- y una incidencia de esa deuda en el presupuesto público también muy fuerte. Por lo tanto, el vecindario no está en absoluto en situación de entrar en una fase de estabilidad. Y si así fuere -como dijo el Presidente del instituto emisor-, eso tendería a crear un elemento de mayor pesimismo en la proyección del año 2002. En cuanto a las consecuencias futuras de los hechos de ayer, es perfectamente posible prever algunas acciones bélicas en el Medio Oriente. No sabemos contra qué países se dirigirán, pero si se encauzan hacia alguna nación petrolera pueden generar consecuencias devastadoras en términos del precio del petróleo en los próximos meses, lo cual posiblemente impacte a Chile. Tampoco sabemos cuál será el efecto que ello tendrá en las bolsas internacionales y cuánto va a contaminar a nuestro país. Sin embargo, se debe estar muy atento, sobre todo al impacto que un posible efecto adverso significativo en la bolsa de comercio de Estados Unidos tenga sobre el elemento que hoy día mantiene el balance de si la economía mundial entra o no en recesión: la actitud del consumidor norteamericano frente al futuro. Si él, ante un cierto desplome de la bolsa de comercio en su país, advierte una pérdida de su riqueza -cabe señalar que los estadounidenses tienen actualmente fuertes inversiones en la bolsa- se detonará el único elemento que ha mantenido la economía americana fuera de la recesión, cual es que el consumo, si bien a una tasa modesta, sigue creciendo. Si comenzara a disminuir el consumo en Estados Unidos no habrá

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quien evite que su economía entre en recesión y, en un efecto contagio, acentúe lo negativo que ocurre en Japón y lo que está empezando a suceder en Alemania y otros países europeos. Por lo tanto, la existencia de una recesión mundial no constituye un escenario descartable. En mi concepto, la proyección de 5 por ciento se sostiene débilmente en un aumento del consumo interno, que no se ve muy claramente justificado, y, por otro lado, en un escenario internacional bastante turbulento. El segundo punto al cual deseo referirme se deduce del tema anterior. Si el escenario de crecimiento de 5 por ciento para el próximo año es optimista en términos de este porcentaje, ¿qué ocurrirá con el desempleo? El desempleo es y seguirá siendo el tema central de la economía chilena y del sistema político nacional en los próximos dos o tres años. La pregunta que surge, por cierto, es la siguiente: en una proyección más débil que 5 por ciento para el 2002, ¿cuál es la tasa de desempleo que prevé el Banco Central para los años 2002 y 2003? Porque para nosotros, como Poder Legislativo, el escenario político será muy distinto ante una desocupación de alrededor de 10 por ciento que frente a una de 7 u 8 por ciento; ojalá fuera de 6 ó 5 por ciento. Ante ese cuadro, pregunto: ¿qué más puede hacer el instituto emisor? Yo sé que el Banco Central estima que su único objetivo es bajar la inflación. Los bancos centrales en otros países están mandatados a vigilar, por un lado, lo relativo a la inflación, y por otro, el nivel de actividad y de empleo. Sin embargo, como el nuestro es, al fin y al cabo, parte de un Estado, no sé cómo estará analizando la situación descrita. La duda -y con esto termino- que he tenido en las últimas semanas es por qué el Banco Central se sintió en la obligación de intervenir el mercado cambiario, en circunstancias de que ante una debilidad de la demanda interna y un escenario externo inestable, las exportaciones debieran seguir siendo el motor que puede salvarnos de una baja tasa de crecimiento el próximo año y que, por lo tanto, no deberíamos preocuparnos respecto del impacto inflacionario. Hasta ahora ¿como dijo el señor Massad - si una devaluación fuertísima del orden de 30 por ciento no ha tenido impacto inflacionario, tal como se halla la demanda interna, no se ve por qué debería tenerlo a futuro. Por lo tanto, no diviso una buena justificación para seguir interviniendo el mercado cambiario. Ésas son las inquietudes que me asisten, señor Presidente. Espero que el Presidente del Banco Central pueda referirse a ellas.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 14 Sesión: Sesión Ordinaria N° 14 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 349 Fecha: miércoles 16 de julio de 2003

NOMBRAMIENTO ADELANTADO DE FISCALES REGIONALES DE REGIÓN METROPOLITANA Y DETERMINACIÓN DE TRIBUNAL COMPETENTE PARA COMUNA DE CURACAVÍ El señor FOXLEY .Señor Presidente , esta mañana la Comisión de Hacienda estudió el proyecto y aprobó por unanimidad sus aspectos financieros. El adelanto en la designación de los fiscales de la Región Metropolitana se financiará con el presupuesto de la propia Fiscalía Nacional. En la Comisión surgió una inquietud respecto de la necesidad de hacer ya una evaluación, lo más abierta posible, sobre el funcionamiento de la modalidad de juicios orales y de la reforma procesal en las Regiones donde se halla en plena operación. Algunos Parlamentarios, particularmente de las Regiones Cuarta y Novena, recogiendo lo que a su vez emana de la opinión pública zonal, señalaron que, debido a diversas dificultades en los procedimientos, en algunos casos se está generando una reacción adversa al nuevo sistema penal de administración de justicia. No es el momento de entrar en detalles. Simplemente, basta decir que en la Comisión se acordó, por unanimidad, solicitar al Presidente del Senado que convoque a una sesión especial para analizar el tema. Sería conveniente invitar al Ministro de Justicia , al Fiscal Nacional, a personeros a quienes les ha tocado implementar la reforma en Regiones, a miembros de los Colegios de Abogados, para conocer pormenorizadamente el proceso de rodaje de ella, sus puntos positivos y negativos, etcétera. Esta mañana, al menos, se hizo una especie de inventario de algunas deficiencias. Se destacó la importancia de realizar ese análisis por cuanto pronto la reforma se aplicará en zonas de mayor densidad de población, como las Regiones Quinta y Metropolitana. Si los defectos observados, por ejemplo, en la Cuarta y Novena Región, no se corrigen a tiempo, podría producirse un serio problema de aceptación, legitimación y aplicación del nuevo sistema de justicia penal. Por eso planteamos al señor Presidente la necesidad de citar a esa sesión especial en su momento.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: miércoles 12 de noviembre de 2003

MODIFICACIÓN DE D.L. Nº 3.500 EN MATERIA DE PENSIONES VÍA RENTAS VITALICIAS El señor FOXLEY .Señor Presidente , como dijo el Senador informante , el proyecto tiene una larga historia. La vez pasada aprobamos una determinada iniciativa después de un extenso debate, en el que se formuló reserva de constitucionalidad. También deseo hacer algunas consultas con el fin de asegurarnos de cautelar los bienes que se desean proteger. Como decía el señor Senador, el problema es que durante largo tiempo este sector no dio muestras de poseer una capacidad efectiva de autorregulación. Prueba de ello es el excesivo monto de las comisiones que cobraban, las que, como se ha señalado, eran superiores en algunos casos al seis por ciento del valor de la pensión. Además, el sistema se distorsionó en forma extremadamente perjudicial para su transparencia, por cuanto, escondida en esa comisión, había cierta cantidad de dinero que aparentemente se devolvía por debajo de la mesa a la persona que estaba contratando la pensión. Así ocurrió durante mucho tiempo. Desde el Congreso y otros ámbitos, diversas personas estaban preocupadas por el hecho de que quienes contrataban rentas vitalicias estaban obteniendo pensiones muy bajas comparadas con el monto acumulado y las respectivas tasas de descuento. Tal inquietud, expresada públicamente, persistió durante largo tiempo, invitando a las compañías de seguros a autorregularse. La verdad es que ello no ocurrió hasta el momento en que el Congreso comenzó a tramitar un proyecto de ley que contemplaba medidas bastante rigurosas en cuanto al control de las comisiones. El resto ya es historia conocida Pero quiero recalcar que no podemos retroceder -por lo menos yo no estaría dispuesto a hacerlo- en lo referente a dos criterios fundamentales. En primer lugar, la persona que va a contratar una renta vitalicia debe tener acceso a toda la información y a las diversas opciones que se ofrecen en el mercado, sobre una base competitiva, con el objeto de garantizar que no se está frente a una situación oligopólica o a un cartel de compañías de seguros que ofrecen un producto en determinadas condiciones y no en otras. Por lo tanto, la norma que finalmente apruebe la Comisión Mixta tendría que garantizar, como dicen los economistas, que éste sea un mercado "spot". Es decir, donde efectivamente haya una competencia real para ofrecer el mayor monto de pensión con la menor comisión posible y que la persona pueda elegir libremente. A mi juicio, la entrega de información debe ser obligatoria para que dicho mercado funcione. En segundo término, se dijo que el Superintendente de Valores y Seguros propondrá en la Comisión Mixta establecer una comisión de referencia. Pregunto al Senador informante : ¿qué quiere decir "una comisión de referencia"? Porque, según la información que nos entregó recién, las comisiones que se habían mantenido en alrededor de 2,5 por ciento durante un buen tiempo han subido a 2,68 ó 2,70, y si llegan -supongamos- a 2,90 o a 3 por ciento, ¿de qué sirve la comisión de referencia en ese punto porcentual? ¿Cuál es el efecto práctico que ésta tendría respecto de un mercado con tendencia al alza en las comisiones? ¿Qué defensa tiene al final la persona que está por jubilarse frente a un comportamiento oligopólico o de cartel por parte de las compañías de seguros? Yo desearía que en la Comisión Mixta se aprobara un proyecto que cautele esos dos elementos: competencia y transparencia, y que la comisión de referencia tenga algún sentido, al menos, en la etapa de desarrollo que hoy experimenta dicho sector. Creo que esta industria no se autorregula. Por tanto, debe existir una norma relativamente fuerte al respecto, pues se trata de un servicio que es fundamental desde el punto de vista del bienestar de la inmensa mayoría de la gente de tercera edad que se acoge a jubilación y cuyo número, debido a la estructura demográfica del país, aumentará cada vez más. Los ingresos de esas personas caen brutalmente al momento de jubilarse. Por consiguiente, el mínimo de obligación que nos cabe como legisladores es cautelar su derecho a obtener el máximo posible de los montos ahorrados, que tanto les ha costado acumular a lo largo de muchos años de trabajo.

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Pido al señor Ministro , o al señor Superintendente, que nos señale con un poco más de precisión cómo van a operar esas dos normas. En particular, no me queda claro lo relativo a la oferta por fuera. Quiero saber cómo funciona ese sistema y en qué medida impide que se lleve a cabo lo que he explicado anteriormente. He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 25 Sesión: Sesión Ordinaria N° 25 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 345 Fecha: martes 22 de enero de 2002

MODIFICACIÓN DE D.L. Nº 3.500 EN MATERIA DE INVERSIONES DE AFP El señor FOXLEY .Señor Presidente , como se ha reseñado, éste es un proyecto que en la discusión general fue aprobado por 7 votos a favor y 2 abstenciones. Las normas sometidas a discusión en el debate en particular se aprobaron también en forma amplia, con algunas reservas, según lo hizo presente hace un momento el señor Secretario . Expondré un informe -breve, espero- sobre el contenido de la iniciativa, comenzando por sus fundamentos, es decir las bases que explican y justifican la creación de un sistema consistente en cinco fondos alternativos de inversión para las AFP. Lo primero que debe constatarse es que el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones ha demostrado ser un mecanismo extremadamente potente de acumulación de recursos de ahorro. A fines del año pasado tales recursos llegaban a una cifra cercana a los 34 mil millones de dólares. La tasa de aumento de esta acumulación de ahorros es casi de 30 por ciento por año. Eso quiere decir que a fines de la próxima década -año 2020- los ahorros acumulados en el sistema privado de pensiones chileno van a ser equivalentes, en volumen, al Producto Interno Bruto que acuse nuestra economía en ese año. Todas éstas son, por cierto, cifras estimativas. Lo que he mencionado anteriormente significa que existe la necesidad de poner al día los criterios de inversión de estos fondos, con el objeto de lograr varios propósitos, todos igualmente importantes. El primero, pensando en los imponentes, es ofrecer a los cotizantes del sistema un mayor rango de alternativas de inversión de sus ahorros que el existente hasta ahora. Hace un par de años, el Congreso legisló creando el denominado Fondo 2, que consiste fundamentalmente en un fondo de pensiones de renta fija para las personas mayores, quienes en los últimos diez años de vida activa, antes de jubilar, pueden optar a invertir todos sus recursos de ahorro en instrumentos de renta fija. Por distintas razones, dicho fondo no ha sido particularmente exitoso en cuanto a la afiliación. Probablemente los cotizantes actuales no superan las 250 personas y, por lo tanto, la gran masa de ellos permanece en el fondo original. La idea de este proyecto es ofrecer alternativas de eventuales mayores retornos en la rentabilidad del ahorro, lo cual en un mercado de capitales va frecuentemente asociado a cierto mayor riesgo de la cartera. Carteras de renta variable, inversiones en acciones, ya sea en el país o en el extranjero, tienden a otorgar en el largo plazo una tasa de rentabilidad más alta que la de instrumentos alternativos, pero también implican cierto perfil de riesgo mayor. Entonces, en la iniciativa en debate se propone ampliar las posibilidades de inversión a cinco tipos de fondos, partiendo con un Fondo A, de mayor riesgo, hasta un Fondo E, que es básicamente de inversión en renta fija. El segundo objetivo del proyecto es otorgar mayor profundidad al mercado de capitales chilenos. El mercado de capitales, los sistemas de financiamiento de las empresas en el país -si se quiere- están muy centrados en el financiamiento bancario. Éste posee un sesgo por razón de la naturaleza de los recursos que capta de los depósitos, y consiste en prestar más bien a plazos relativamente breves y para inversiones bastante seguras. Con ello, de hecho se establece una dificultad casi estructural para que las empresas no consolidadas puedan optar a un acceso al capital más fluido que el existente y, sobre todo, a recursos de ahorro interno que se canalicen en inversión sin tener que recurrir en forma habitual a créditos externos, a emisión de bonos en el exterior, etcétera. Por lo tanto, al diversificar las posibilidades de inversión de las AFP, se está abriendo una ventanilla para que cierta proporción de esos recursos financie empresas sin historia, proyectos nuevos, en pocas palabras financiar inversiones. El tercer punto, relacionado con el primero que mencioné, consiste en que las AFP, frente a la verdadera marea de recursos de ahorro que le llegan año tras año -de los cuales debe disponer en forma adecuada, prudente y rentable-, necesitan de un menú de opciones de inversión más amplio. Por ejemplo, en el caso de las empresas chilenas, las AFP copan rápidamente las cuotas de inversión dentro del límite establecido en la ley y, en consecuencia, es necesario aumentar el universo de empresas elegibles, tanto interna como externamente, permitiendo una flexibilización de los límites de inversión en el extranjero, en particular en renta variable.

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Dentro de ese marco de objetivos, el proyecto tiene fines más específicos. En primer lugar, incrementar el valor esperado de las pensiones que obtendrán los afiliados, a través de aumentar las posibilidades de inversión en instrumentos de mayor riesgo. En segundo término, permitir a las personas una libre elección en cuanto a cuál de las cinco alternativas de inversión ofrecidas se ajusta mejor a su propensión al riesgo y, por lo tanto, a expectativas de inversión más altas, o de aversión al riesgo y expectativas de rentabilidad más seguras, pero probablemente menores. En tercer lugar, como lo señalé anteriormente, se fomenta el desarrollo y profundización del mercado de capitales, en cuanto a aumentar el número de alternativas que éste ofrece como instrumentos de inversión. La iniciativa propone la libre elección de los fondos de pensiones para todos los afiliados del sistema previsional, con excepción de los pensionados y de aquellos afiliados hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 50, los cuales podrán optar libremente entre los cuatro fondos de menor riesgo relativo y no los cinco que define el proyecto. Se excluye como posibilidad de inversión para las personas mayores el de más alto riesgo, esto es, el Fondo A. Si en un plazo razonable los cotizantes no seleccionan un tipo de fondo, el proyecto establece algunos criterios para asignar a los afiliados según su edad. Si los hombres o mujeres menores de 35 años no manifiestan su voluntad de adscripción a uno u otro, serán traspasados desde su situación actual equivalente al Fondo C del proyecto a uno cuyo margen de mayor riesgo relativo, que es el Fondo B. Asimismo, el proyecto indica entre las distintas alternativas los límites máximos y mínimos en que la AFP puede invertir en instrumentos de renta variable. No los describiré acá para no extender demasiado mis observaciones, pues aparecen en el informe que sus Señorías tienen a la vista, pero procuran diferenciar las carteras de inversión entre los distintos fondos para que la elección entre uno u otro tenga sentido, desde el punto de vista de los rendimientos y de la diferenciación de riesgos. Por otra parte, se obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones a crear cuatro fondos de menor riesgo relativo de los cinco posibles, que van desde el A al D. En el Fondo A -que es el de más alto riesgo-, se autoriza a la AFP para invertir hasta el 80 por ciento de la cartera en renta variable, conforme lo establece la ley. Dicho fondo se puede crear por parte de las AFP, pero su creación no es de carácter obligatorio, sino sólo voluntaria También, el proyecto establece que los afiliados podrán traspasarse libremente entre los fondos de una misma AFP, sin costo alguno para ellos si lo hacen hasta dos veces o menos en un año calendario. Si los cotizantes trasladan sus fondos en más de dos ocasiones, deberán pagar una comisión fija. Se mantiene el esquema base de mecanismo actual de medición de la rentabilidad mínima, excepto para el fondo de más riesgo, en que el criterio de fluctuación de 2 por ciento se reemplaza por uno de 4 por ciento. La iniciativa indica que las comisiones que cobren las AFP por administrar cualesquiera de estos fondos deberán ser idénticas para todos los afiliados, independientemente del tipo de fondo que las personas elijan. Por otro lado, se dictan normas tendientes a informar al afiliado respecto de las nuevas alternativas en un plazo máximo de 30 días desde la vigencia de la ley, a fin de elegir una modalidad de fondo o, en caso de no pronunciarse, ser asignado a uno. Asimismo, se consigna un período de transición de un año de flexibilidad para el cumplimiento de los límites mínimos o máximos para la estructuración del portafolio de cada uno de los fondos. También, se considera una mayor flexibilidad durante los primeros años de operación para la medición de la rentabilidad mínima de cada uno de ellos. El proyecto contiene también un capítulo que flexibiliza las normas actualmente vigentes en materia de inversión de los fondos de pensiones en el extranjero. En este momento, el límite máximo de inversión en títulos en el extranjero es de 20 por ciento del valor de los fondos de pensiones, con un sublímite máximo de 10 por ciento para los instrumentos de renta variable. Como se sabe, el límite máximo debe ser autorizado por el Banco Central, el cual lo tiene situado hoy día en 16 por ciento para los instrumentos extranjeros, con un sublímite de 10 por ciento para instrumentos de renta variable. Actualmente, las AFP están invirtiendo en el extranjero un porcentaje que bordea el 14 por ciento del valor de los fondos, esto es, unos 4 mil 600 millones de dólares; pero, dentro de dicho 14 por ciento, la inversión en instrumentos de renta variable se encuentra copada, es decir, se encuentra prácticamente en el máximo de 10 por ciento. En definitiva, lo que plantea el proyecto es ampliar el límite global para la inversión en el extranjero, de 20 a 30 por ciento del valor de todos los tipos de fondo de las AFP. En el caso de los instrumentos de renta variable, se da un salto bastante brusco, desde un límite de 10 por ciento a otro que en la práctica será también de 30 por ciento, pues el proyecto señala que el límite global de 30 por ciento incluso podrá ser copado exclusivamente por instrumentos de renta variable.

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Con el objeto de ajustar las carteras y de no producir problemas en el mercado cambiario, se establece una gradualidad para el incremento en el límite global y también para la eliminación del sublímite que se aplica a los instrumentos de renta variable, principalmente inversión en acciones. La transición se hará en la forma que especifica el proyecto. En el mismo capítulo, además del límite global, se flexibilizan los límites por emisor para posibilitar que los recursos sean invertidos en un mayor rango de empresas o instrumentos financieros disponibles en los mercados internacionales. Y, por último, se autorizaría a las AFP a invertir en nuevos instrumentos de inversión. Han sido mencionados como ejemplo los llamados "fondos índices de inversión", que reflejan en su composición exactamente la de algunos de los índices que sirven de indicadores de desempeño de los instrumentos de renta variable en las principales bolsas del mundo donde se transan acciones y, particularmente, en Nueva York. También se podrá invertir a futuro en otros instrumentos -no voy a entrar en su detalle ahora- que hoy no están autorizados. El tercer gran capítulo del proyecto corresponde a la flexibilización de los límites de inversión de las AFP en el mercado nacional. Para abreviar esta presentación, no voy a entrar en el análisis pormenorizado de algunos temas, los cuales podrán ser explicados por los ministros del área. Como decía, hay un fuerte avance en la flexibilización de los límites de inversión en el país, que incluye la modificación de una práctica llamada "activo contable depurado", vigente en la ley, que de hecho ha restringido el número de empresas chilenas elegibles de inversión. Al eliminarse el activo contable depurado, los fondos de pensiones podrían ser invertidos en unas 90 ó 100 empresas adicionales. Para finalizar -a fin de abordar sólo los puntos más sustantivos del proyecto-, quiero señalar que se flexibiliza también el límite de libre disponibilidad de las AFP para la inversión en instrumentos nacionales de renta variable. Se permite que el 3 por ciento del total de los fondos de pensiones sea invertido en acciones de sociedades que técnicamente pueden ser calificadas como sociedades que no cumplen los requisitos establecidos por la Comisión Clasificadora de Riesgo o, dicho en un lenguaje más común o corriente, se autoriza que hasta 3 por ciento de los fondos de las AFP sea invertido en instrumentos semejantes a los instrumentos de capital de riesgo, lo cual debería dar un impulso al establecimiento de una industria de capital de riesgo que ayude a fomentar la capacidad emprendedora que hoy existe a lo largo del país y a constituir empresas nuevas, sobre todo en áreas tecnológicamente avanzadas, pues en la actualidad no todos tienen acceso al capital nacional y deben salir, con gran dificultad, a buscarlo en el extranjero. El proyecto, que hasta ahora he descrito en términos sucintos, fue perfeccionado en el debate en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas, donde se incluyeron una serie de puntos técnicos que surgirán durante la discusión particular. Sólo voy a mencionar dos o tres que son complementarios al proyecto original y que en mi concepto tienen cierta relevancia. El primero se refiere a la observación de que el cambio de Fondo para un afiliado podría resultar muy brusco cuando se produzca por razón de edad. Pues bien, esta transferencia se suaviza a través de un sistema gradual conforme al que cada traspaso no podrá ser superior al 20 por ciento del portafolio correspondiente. Un segundo tema que creo útil subrayar apunta a la mayor flexibilidad de inversión que tendrán las AFP. Las Comisiones unidas consideraron indispensable que ella fuera acompañada de más transparencia e información a fin de que las personas sepan si las comisiones que les van a cobrar por el servicio de inversión son las adecuadas. Puesto de otra manera, debería darse conocimiento al público en general acerca de la rentabilidad de las administradoras en su giro propio, es decir, en el manejo de las libretas de ahorro previsional y de las inversiones respectivas. En ese sentido, se aprobó una indicación que dispone la obligación por parte de la Superintendencia del ramo de informar a la ciudadanía, dentro del estudio de costos que debe presentar periódicamente, sobre la rentabilidad de las AFP, tanto global como de operación neta de encaje y de todos los otros rubros que son complementarios pero no propios del manejo previsional. La idea es determinar la rentabilidad neta y publicarla semestralmente para conocimiento general. En definitiva, el objetivo final es establecer una estructura de comisiones más competitiva y un sistema de información al público más transparente. Deseo referirme a otros dos aspectos relevantes. Por la vía de la indicación, se han incorporado en el proyecto límites máximos a la exposición cambiaria, es decir, a la exposición en inversiones en moneda extranjera por parte de las AFP, independientemente de que tales inversiones se efectúen en el exterior o dentro del país. Por ejemplo, si una administradora invirtiera en dólares en Chile, quedaría sujeta a los límites máximos de exposición cambiaria establecidos en la iniciativa según el tipo de fondo de que se trate. El objeto de la norma es cubrir al afiliado frente al riesgo de que su AFP sobreinvierta en monedas diferentes de aquella en que se va a pagar la pensión. La pensión se paga en moneda nacional. Si la exposición por movimientos cambiarios es muy alta en moneda extrajera, la AFP podría verse en dificultades para mantener la normalidad en el flujo de pago de las pensiones. Otra indicación, aprobada también por las Comisiones y que dice relación con el mismo tema, es la relativa a la transparencia de las operaciones que las AFP deben efectuar. En este caso, al invertir los fondos de los cotizantes en el extranjero. Sobre el particular, se ha observado una falta de transparencia en esa información. El costo de las inversiones que las AFP realizan en el extranjero está siendo cargado casi en su totalidad al propio afiliado y, por lo tanto, descontado de su fondo de

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ahorro. Se ha comprobado en algunos casos que las comisiones que se están cobrando -no por las AFP, sino por el operador extranjero que efectúa la inversión-, son superiores a las que se podrían haber obtenido si se hubiera hecho un mejor análisis de las alternativas disponibles, que no se efectúa precisamente porque el valor del monto total de la comisión está siendo cargado automáticamente al afiliado y no es pagado por la AFP. Por lo tanto, tal situación a ésta le es relativamente indiferente, puesto que la totalidad del costo lo transfiere al titular de la cuenta de ahorro. Pues bien, lo que propone el proyecto aprobado por las Comisiones es que las tres Superintendencias del sector -la de AFP, la de Bancos e Instituciones Financieras y la de Valores y Seguros- establezcan anualmente, en forma fundada y procurando reflejar valores de mercado, una malla de comisiones máximas permitidas por tipo de inversión. Y si éstas han sido excedidas, se establece que las AFP pagarán con recursos propios las comisiones que sobrepasen esos límites. Las comisiones efectivamente pagadas por cada AFP y fondo de pensión, consistentes con la malla establecida por los Superintendentes, serán publicadas semestralmente por la Superintendencia de AFP. Finalmente, y con esto termino, en las disposiciones transitorias se establece un traspaso gradual de los saldos de los afiliados. Cuando un cotizante es asignado por edad a un fondo, por no haber manifestado libremente su voluntad de quedarse donde estaba o de moverse a otro, se establece un traslado gradual de los saldos de un fondo a otro, traspasándose un 50 por ciento del saldo por año al fondo que le corresponda de acuerdo con su edad. No obstante, la versión final del proyecto, con las indicaciones introducidas en las Comisiones unidas, amplía de uno a dos años el período transitorio durante el cual se otorga a los fondos de pensiones la flexibilidad necesaria para que se puedan conformar las distintas carteras tipo que la iniciativa establece. En síntesis, ése es el texto del proyecto en sus aspectos generales y particulares, con las indicaciones aprobadas por las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas, del Senado, y que ahora se somete a la consideración de la Sala.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 5 Sesión: Sesión Ordinaria N° 5 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 352 Fecha: miércoles 13 de octubre de 2004

PROTOCOLO RELATIVO A INMUNIDADES DE BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES El señor FOXLEY .Señor Presidente , el propósito de la iniciativa es incorporar al Banco Central como miembro pleno del Banco de Pagos Internacionales. Esta institución forma parte de la red de cooperación monetaria y financiera entre bancos centrales y otros organismos internacionales. Realiza investigaciones en el campo económico y financiero; actúa como contraparte en las transacciones financieras entre bancos centrales y entre éstos y las organizaciones internacionales, y, también, es un agente depositario de garantías para las operaciones financieras internacionales. El problema radica en que la incorporación del Banco Central al Banco de Pagos, que estaba acordada, requiere como condición que el Estado de Chile reconozca a esta entidad inmunidades de jurisdicción y de ejecución. El proyecto de acuerdo fue discutido largamente en la Comisión de Hacienda -entiendo que también en la de Relaciones Exteriores-; se aprobó por unanimidad, y, sin duda, constituye un avance en la plena integración de nuestro país y sus instituciones a la economía monetaria global, por lo que, a nuestro juicio, el Senado debe aprobarlo también.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 53 Sesión: Sesión Ordinaria N° 53 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: martes 4 de mayo de 2004

ENMIENDAS A LEY SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES El señor FOXLEY .Señor Presidente , lo planteado por el Senador señor Muñoz Barra , en cierta medida, fue recogido por la Comisión de Hacienda al acoger una indicación que agrega un inciso tercero al precepto que nos ocupa y que concuerda con el texto aprobado por la Comisión de Economía. Éste dice: "Los directores de las asociaciones de consumidores disueltas por sentencia judicial quedarán inhabilitados para formar parte, en calidad de tales, de otras asociaciones de consumidores, durante el período de dos años.". Lo que se quiere evitar con esta norma es precisamente la profesionalización de directores de asociaciones de consumidores que organizan a la gente para obtener ganancias personales e involucran a su agrupación en actividades impropias. Luego ésta se disuelve por dictamen judicial e inmediatamente dichas personas aparecen formando y dirigiendo otras entidades similares. Por lo tanto, la Comisión de Hacienda aprobó que esos directores queden inhabilitados como tales por dos años para formar otras asociaciones de consumidores.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 4 Sesión: Sesión Ordinaria N° 4 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 345 Fecha: miércoles 3 de octubre de 2001

PLAZOS PARA PROCEDIMIENTO Y REGULACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO El señor FOXLEY .Señor Presidente , como mencionó anteriormente el Honorable señor Sabag , aquí estamos legislando sobre una materia de gran relevancia. En el transcurso del tiempo, el país, en un segmento muy importante, que es la actividad privada, se ha ido adaptando a la forma de funcionamiento y de toma de decisiones del mundo actual, particularmente de los países más desarrollados. El cambio tecnológico, la mayor interdependencia, los procesos de modernización, han hecho que esas decisiones privadas adquieran una velocidad creciente y -yo diría- exponencial. Alguien hoy día ha definido la competencia o la competitividad internacional precisamente como la capacidad de tomar decisiones rápidas. Se dice que el rápido es el que gana al lento y no que el grande le gana al pequeño. Entonces, el problema radica en que la actividad privada nacional, por lo menos en los sectores vinculados a bienes transables internacionalmente, funciona a enorme velocidad, y en que la Administración Pública, que en razón de procedimientos inadecuados, de una cultura burocrática y de muchos otros factores, continúa funcionando con penosa lentitud y tremenda dificultad para tomar decisiones. Lo anterior se hace particularmente evidente y perjudicial en temas que inciden en la posibilidad de la economía nacional de crear fuentes de trabajo, de poner en marcha nuevas decisiones de inversión, de generar espacios para la capacidad emprendedora de los chilenos, para los nuevos emprendedores, para la gente joven con ideas nuevas, etcétera. Todo este sector, que intenta hacer cosas y que requiere de rapidez en su ejecución, se encuentra con que debe recurrir a autorizaciones a través de procedimientos -que los privados, y muchas veces la burocracia pública, no entienden-, en los cuales intervienen demasiados servicios -que elaboran informes, subinformes y comentan los emitidos por otros-, produciéndose una notable duplicación de trámites. Frecuentemente, éstos se paralizan porque se argumenta que los antecedentes presentados están incompletos o que son de mala calidad. Los servicios públicos acostumbran a consultarse entre sí y, si no hay respuesta, surgen las típicas disputas sobre esferas de influencia y de ámbito de decisión, lo que caracteriza la lucha burocrática. Todo esto desemboca en que el sistema de decisión nacional es básicamente muy dual, toda vez que una parte opera a la velocidad con que se mueve el mundo, y la otra, queda muy retrasada, lesionándose en definitiva el potencial de desarrollo de la economía y la posibilidad de generar empleos, y, sobre todo, ahoga el espíritu emprendedor y la capacidad innovadora que en el siglo XXI los países necesitan para competir internacionalmente en forma exitosa. Sin duda, el proyecto en análisis implica un avance en tal sentido, ya que sistematiza procedimientos e incorpora elementos del Derecho Administrativo muy necesarios. Sin embargo, tengo ciertas aprensiones y consultas que formular. Tal vez no entiendo bien -he leído muy rápido la iniciativa- ciertos contenidos. Particularmente, me preocupa lo relacionado con los plazos. Según estimo, el proyecto establece procedimientos y fija determinados plazos -a éstos se refería el Senador señor Viera-Gallo - en temas que hoy carecen de ellos, lo cual no significa que se modifiquen los ya existentes. Sin embargo, la cultura burocrática, que ahoga la capacidad de emprender y de desarrollar nuevas iniciativas, ha florecido con una capacidad infinita de inventar plazos, procedimientos, etapas, prerrequisitos, etcétera, constituyendo una verdadera maraña que nadie entiende. Porque esos plazos, incluso los máximos -que resultan excesivos-, son teóricos y en la práctica no se cumplen, a menudo en razón de que los antecedentes están incompletos, de que el otro servicio no contestó, etcétera. Y numerosos proyectos de inversión -algunos de gran envergadura y que habrían generado muchísimos empleos- han quedado sumergidos en el pantano burocrático por muchos meses. Aquí se habla de un plazo máximo de seis meses, pero hay proyectos que se encuentran esperando por más de un año o un año y medio. Y hemos sabido de proyectos de inversión interesantes e importantes para Chile que, por las razones señaladas, se han ido otros países.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 19 Sesión: Sesión Ordinaria N° 19 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 347 Fecha: miércoles 7 de agosto de 2002

MODIFICACIONES A LEGISLACIÓN SOBRE ZONAS FRANCAS El señor FOXLEY .Señor Presidente , reafirmo lo ya dicho, en particular por los miembros de la Comisión de Hacienda. Allí se produjo un clima de bastante unanimidad, no sólo respecto de aprobar el proyecto, sino también de considerar que él tiene evidentes limitaciones y constituye un mero paliativo para la pérdida de competitividad que ha ido sufriendo la Zona Franca en razón de la creciente apertura de la economía. Junto con reconocer eso, debo manifestar que en dicha Comisión hubo una actitud nueva. El problema se planteó no tanto desde el punto de vista de la reivindicación tradicional de las fuerzas vivas de Iquique -cómo superar las desventajas que hoy tienen-, sino que se fue más allá, situándolo en la perspectiva de una estrategia nacional de desarrollo. La pregunta ahí fue qué se puede hacer para integrar dos conceptos. Uno es que -como indicó hace algunos momentos el Senador señor Flores-, pese a que la Primera Región tiene carácter estratégico, en el sentido geopolítico y de seguridad nacional, no cuenta con fuerzas internas suficientes como para generar un crecimiento endógeno autosostenido. Y dos, el hecho de que constatamos que en la política de desarrollo nacional hay cierto vacío y existe la necesidad de encontrar un espacio, en la división internacional del trabajo, que esté más cerca de la frontera tecnológica y de las nuevas formas de producción que en la actualidad se generan en la economía globalizada. No logramos resolver bien el primer problema: cómo una región estratégica puede adquirir capacidad de desarrollo endógeno. Tampoco el segundo: de qué manera tiene que proceder Chile para insertarse más cerca de las fronteras de los nuevos modos de producción en la economía global. Finalmente, decidimos hacer un experimento. En los próximos seis meses estudiaremos si es factible integrar esos dos elementos en uno solo, es decir, formular una propuesta al país para que Iquique y la zona norte se conviertan en una plataforma de desarrollo de la industria del conocimiento de las nuevas tecnologías, y a través de esa base exportar sobre todo servicios, por lo menos a otras naciones de la región, y -por qué no decirlo- servicios con sentido de mayor ambición, en un eje, por ejemplo, con algunos centros equivalentes en Estados Unidos. Se trata de una idea muy ambiciosa, que provocó entusiasmo entre los miembros de la Comisión. Por eso apoyaremos el proyecto en debate. Es bueno que el Senado esté informado de que haremos ese esfuerzo. No sabemos si tendremos éxito o fracasaremos; pero se trata de un intento por innovar a partir de una iniciativa legal que en sí misma es bastante limitada.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 53 Sesión: Sesión Ordinaria N° 53 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: martes 4 de mayo de 2004

ENMIENDAS A LEY SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES El señor FOXLEY .Señor Presidente , según lo conversado, habría acuerdo en la fórmula indicada. Quiero añadir, a lo que decía el Senador señor Andrés Zaldívar , que la Comisión de Hacienda, en sesión de 14 de abril, resolvió por unanimidad pedir formalmente al Ministerio de Hacienda debatir el tema de las tasas diferenciadas para el interés máximo convencional, tal como se plantea en el mensaje. Y se sugiere al Gobierno constituir un grupo de trabajo para que envíe una propuesta legislativa al Congreso en el momento oportuno. Se trata de un punto en el cual tenemos un acuerdo bastante amplio, que sería complementario de lo que se apruebe hoy.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 18 Sesión: Sesión Ordinaria N° 18 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: martes 7 de agosto de 2001

MODIFICACIÓN DE LEY DE IMPUESTO A LA RENTA El señor FOXLEY .Señor Presidente , votaré en contra de la indicación. Pero antes quiero dar a conocer muy rápidamente algunos puntos que me parecen importantes de tener en consideración. Como dijo el señor Ministro de Hacienda , aquí estamos efectuando una readecuación de tasas tributarias entre personas y empresas, entre remuneración al trabajo y remuneración al capital. Sobre el particular, tenemos una distorsión bastante seria en el país. Si observamos que la tasa de impuesto a las personas es de 45 por ciento y que la tasa de impuesto a las utilidades de las empresas es de 15 por ciento, es evidente que existe una anomalía en lo que es la experiencia tributaria de prácticamente todos los países (desde luego, de los desarrollados, pero también de los de América Latina). La tendencia universal en materia tributaria es a buscar una convergencia de tasas entre el impuesto que paga el factor trabajo y el que paga el factor capital. Ésa es la inclinación en Europa. La reciente reforma tributaria llevada adelante por el Presidente Bush en Estados Unidos buscó una convergencia de tasas entre trabajo y capital al 35 por ciento. Por lo tanto, estamos corrigiendo una distorsión, una situación que es completamente distinta de la que prevalece en el resto del mundo. En segundo término, el impuesto a las empresas en Chile es de los más bajos existentes en las economías de mercado: 15 por ciento; en Latinoamérica se halla en alrededor de 30 por ciento; en Europa, entre 30 y 40 por ciento. Por consiguiente, desde ese punto de vista, también estamos corrigiendo una anomalía. En tercer lugar, el efecto de este proyecto tributario sobre los pequeños empresarios es positivo -no negativo-, por la sencilla razón de que ellos retiran usualmente del orden de 80 por ciento de las utilidades. Ese porcentaje lo descuentan del pago del impuesto a la renta de segunda categoría... El señor PRAT.El 30 por ciento se retira. El señor FOXLEY .Excúseme, Su Señoría. No le escuché bien. El señor PRAT.El retiro es de 30 por ciento, si se considera la media... El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos, pues estamos en votación. El señor FOXLEY .Los retiros en la pequeña empresa fluctúan entre 70 y 80 por ciento del total de las utilidades, porcentaje que se usa como crédito contra el pago de impuesto a la renta. Por ende, la reducción de impuesto a la renta personal favorece al pequeño empresario y, en balance, provoca un efecto positivo por ambos lados: descuenta más al subir de 15 a 17 y tiene una tasa menor. El cuarto punto atañe a la responsabilidad fiscal.

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Al respecto, el Honorable señor Vega tiene toda la razón -estoy absolutamente de acuerdo con él- al manifestar su preocupación por que el proyecto derive en un déficit que obligue a disminuir el gasto público en sectores tan sensibles como el de la educación. Y entiendo que por ese motivo Su Señoría, en su momento, apoyó y aprobó la idea de una plena compensación, en una carta que enviamos al Ministro de Hacienda , donde incluso se sugirió aumentar de 15 a 18 por ciento el impuesto a las utilidades de las empresas. Hicimos dicha proposición junto con varios Senadores institucionales. Y espero que en esta ocasión se cumpla el compromiso asumido, porque me parece muy importante el principio que estableció el Senador señor Vega : responsabilidad fiscal. Porque si se reducen determinados tributos, hay que compensar plenamente con el aumento de otros; en este caso, con el que grava las utilidades de las empresas. Por último, el proyecto en examen, al revés de lo sostenido por algunos señores Senadores en la Sala, tiene por objeto beneficiar a dos segmentos principales. Uno, el sector de profesionales, que tiene cargos de responsabilidad en los ámbitos público y privado, que maneja las empresas y requiere un estímulo para hacerlas más eficientes y competitivas. Y el otro es el sector que queda exento, conformado por personas de clase media modesta. Según este proyecto, 250 mil familias que hoy pagan impuestos quedarán exentas el próximo año. Y eso corresponde a niveles de ingreso de 430 mil pesos hacia abajo. Por eso, difícilmente se puede argumentar que la iniciativa sólo favorece al tramo superior. Por las consideraciones expuestas, creo que hay argumentos muy poderosos para votar en contra de la indicación formulada.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 47 Sesión: Sesión Ordinaria N° 47 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: miércoles 7 de abril de 2004

MODIFICACIÓN DE INCENTIVOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO DE AISÉN, MAGALLANES Y PALENA, Y AMPLIACIÓN DE ZONA FRANCA DE EXTENSIÓN DE PUNTA ARENAS A REGIÓN DE AISÉN El señor FOXLEY.Solamente quiero ahondar en el ejemplo de la planta nuclear. Hago presente que existen disposiciones legales de regulación medioambiental y, obviamente, cualquier proyecto de inversión que entre en un área como ésa debe contar con el informe de impacto en ese ámbito. Si una planta nuclear pone en riesgo, en algún grado directo o indirecto, otras actividades productivas o, simplemente, el entorno ecológico de la zona, no pasará la etapa de aprobación y no se podrá llevar adelante. Pero se trata de un criterio distinto. Coincido con lo señalado antes por el Senador señor Orpis . Se debe disponer de una norma general, aplicable a todo el mundo, a menos que una ley específica contemple una restricción por razones de ordenamiento territorial u otras.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 28 Sesión: Sesión Especial N° 28 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 351 Fecha: martes 14 de septiembre de 2004

INFORME DE PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL El señor FOXLEY .Señor Presidente , en efecto, el Presidente del Banco Central ha traído -como era de esperar- buenas noticias, en particular porque la proyección de crecimiento del país para este año tiene un rango un poco más alto, de hasta 5,5 por ciento, respecto de lo que nos informó el Ministro de Hacienda . Es también positivo que la tasa de inversión no sólo esté recuperándose, sino llegando a niveles bastante normales, y que el riesgo país sea bajo. Ésas son buenas noticias. El riesgo es que, precisamente por el contraste entre lo que ha sido un muy buen manejo de la política económica en Chile, comparado con la mayoría de los países de la región, caigamos en una especie de autocomplacencia, en el sentido de que estamos exactamente haciendo lo que hay que hacer y que no hay márgenes de acción distintos a lo planteado aquí. Y como el sentido de esta sesión es transmitir algunas de las preocupaciones e inquietudes que uno capta, sobre todo en las personas informadas, considero necesario efectuar algunas observaciones. En primer lugar, me preocupa que, en la proyección de crecimiento para el próximo año hecha por el Banco Central, se establezca como rango-meta un porcentaje que considero relativamente modesto, pues se dice que el crecimiento del próximo año debería ser de entre 4,5 y 5,5 por ciento. Incluso se plantea la posibilidad de que en el 2005 pueda llegar a ser un punto menos que el de este año. El Presidente del Banco Central señaló: "Esperamos que el próximo sea un buen año.". No sé si es tan bueno que el crecimiento sea de 4,5 ó 5,5 por ciento cuando en años anteriores, y por más de una década, la economía chilena creció a tasas de entre 7 y 8 por ciento. Por lo tanto, hay que preguntarse qué es lo que limita dicho crecimiento. No pienso agotar ahora el tema, pero sí referirme a dos puntos del informe del Banco Central, los cuales han sido analizados antes y continúan presentes. El primero dice relación a que efectivamente existe capacidad que todavía está ahí, disponible. Es decir, se trata de una capacidad ociosa que, por un lapso de prácticamente seis o siete años, nos impedirá llegar al límite, al máximo que presenta. La reflexión, entonces, es la siguiente: si pensamos que cada ocho años ocurre un "shock" externo y si vamos a demorar seis o siete años en llegar al nivel de plena utilización de dicha capacidad entonces permanentemente la economía crecerá a una tasa menor que aquella con la cual podría hacerlo; o sea, estamos subestimando lo que se puede crecer sin una inflación alta. En este momento, todavía existe más de 3 por ciento de capacidad ociosa. Por otro lado, lo anterior se comprueba, porque no existe déficit en cuenta corriente-balanza de pago. Y es así como el próximo año vamos a tener un superávit de 1,1 por ciento del PIB, lo cual quiere decir que todavía permanecerá un ahorro externo negativo, subutilizándose la capacidad de lograr recursos foráneos y con un ahorro interno no sólo abundante, sino en exceso, que permitiría financiar más inversión y aumento de la demanda interna. Ésa es una interrogante que hemos formulado muchas veces también al señor Ministro de Hacienda , cuya respuesta está pendiente, y que tiene que ver con cuánta política contracíclica hacemos y cuánta podríamos hacer. A mi juicio, en los últimos años hemos tenido un sesgo excesivo de "prudencia". He leído recientemente el informe del OECD sobre la economía chilena, el cual tiene doscientas páginas. Si uno sigue la discusión que hoy se da en Europa respecto de las políticas contracíclicas, la conclusión ¿al menos a la que yo llego- es que tal vez, a lo mejor innecesariamente, hemos sido demasiado cautelosos para instalar la idea de una gran credibilidad en la política fiscal. A modo de ejemplo, el debate que actualmente se lleva a cabo en Europa se refiere al superávit o al equilibrio estructural, materias que no deben ser vistas en sí mismas, sino vinculadas al nivel o tasa de deuda pública sobre el producto. Si una nación realiza un esfuerzo muy grande, como lo ha hecho Chile, para reducir sustancialmente la deuda pública de 50

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por ciento del PIB en 1990 a 12 por ciento hoy día, lo que constituye un esfuerzo de todo el país e implica un aumento de la credibilidad en cuanto a su conducción económica, tiene, naturalmente, un margen de confianza para llevar a cabo una política de gasto público o una política fiscal relativamente más expansiva en la parte mala del ciclo. Cuando demoramos seis o siete años en arribar a la frontera de producción, pienso que somos excesivamente cautelosos. En ese sentido, me preocupa ¿lo hemos dicho con prudencia y cuidado- que la política monetaria, que ha sido correcta, expansiva, contracíclica, en su última señal esté frenando la velocidad con que la economía va a llegar a esta frontera de producción a la cual no ha accedido en cinco o seis años. Quiero hacer breves reflexiones en torno del empleo. Entiendo que aún tengo unos minutos. El señor LARRAÍN (Presidente).Le restan sólo segundos. El señor FOXLEY .¿De cuánto dispongo, señor Presidente? El señor LARRAÍN (Presidente).Acordamos dar siete minutos por Senador inscrito, a fin de que todos alcancen a usar de la palabra. Puede continuar Su Señoría. Se le dará todo el tiempo posible. El señor MORENO .Señor Presidente , le ofrezco algunos minutos al Honorable señor Foxley. El señor FOXLEY.El Senador señor Moreno me concederá parte de lo que le corresponde. El señor MORENO .Le cedo la mitad de mi tiempo. El señor FOXLEY .Seré muy breve. El señor LARRAÍN ( Presidente ).No se puede ceder el tiempo. El señor FOXLEY .Señor Presidente , en lo que atañe al empleo, me parece necesario guardar cierta cautela en las cifras. El informe del Banco Central nos entrega una interpretación que bien podría estar sobredimensionada. ¿Qué quiero decir? Hay cosas muy raras en cuanto a las cifras de empleo. Lo primero es que las del INE y las de la Universidad de Chile siguen sin estar conciliadas. Y realmente nadie puede poner las manos al fuego y decir con cuál de las dos se queda. Es cierto que se han acercado un poco, pero la brecha entre ellas es demasiado grande. En segundo lugar, resulta extremadamente raro que el año pasado se hayan creado más de 100 mil empleos independientes y que, de un plumazo, este año dejen de existir y que toda esa gente aparezca trasladada a puestos de trabajo asalariados. Eso quiere decir que los vendedores de las ferias libres ¿fueron todos contratados formalmente por alguna empresa? Cuesta entenderlo. Yo creo que hay una explicación, probablemente estadística, en el sentido de que debemos mirar la calidad de las encuestas del INE y de la Universidad de Chile. Pero, más allá de eso, existen cosas bastante curiosas. La economía está creciendo; las perspectivas son extraordinariamente importantes; los mercados internacionales se están

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recuperando, pero algunas empresas siguen despidiendo gente. En el último tiempo, el sector industrial ha eliminado entre 20 mil y 25 mil personas en cada trimestre. Lo mismo ocurre en sectores como el comercio y el transporte. ¿Qué está pasando? ¿Todavía se hacen ajustes cuando las perspectivas generales de crecimiento son tan positivas? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece con el empleo en las pymes? Si analizamos las cifras que ellas entregan, veremos que el acceso al crédito y al capital continúa severamente limitado. Por lo tanto, cuando el desempleo se acerca al 10 por ciento, tenemos que mirar lo que pasa, no sólo en la industria en general, sino además en las pequeñas y medianas empresas. Por último -no quiero excederme demasiado en el tiempo-, observemos lo planteado en el informe. Desde luego, no corresponde al Banco Central hacer una proyección a mediano y largo plazos. Sin embargo, me preocupa un poco lo que queda implícito en este análisis, así como en el que hace a menudo el señor Ministro de Hacienda en el Senado: que la economía tendría un crecimiento potencial de entre 4 y 5 por ciento; y como la tasa de desempleo se encuentra entre 9 y 10 por ciento, cabe preguntarse cuál es el empleo potencial. Me da la impresión de que estaríamos -como quien dice- conformándonos con una tasa de desempleo más cercana al 7 u 8 por ciento que con una de alrededor de 5 ó 6 por ciento. Estimo que se trata de un problema complicado, serio, que nos obliga a pensar mucho más a fondo en cómo dar un nuevo impulso a la economía chilena y de qué manera entrar en una nueva fase, con una política más inteligente, que diversifique en mayor medida la producción, que incorpore más tecnología, que atraiga inversión extranjera en nuevos rubros más tecnológicos y, sobre todo, que sea capaz de aumentar la competitividad nacional e internacional de las pymes. En definitiva, si no nos ponemos a pensar en serio en cómo construir una economía de la innovación, vamos a llegar a un escenario con crecimiento insuficiente, con desempleo excesivamente alto y, consecuente con ello, con una distribución del ingreso que va a ir horadando las bases de legitimidad del sistema democrático.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 53 Sesión: Sesión Ordinaria N° 53 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: martes 4 de mayo de 2004

ENMIENDAS A LEY SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES El señor FOXLEY .Señor Presidente , sólo quiero decir al Senador señor Novoa que tengo muy claro lo que se está sometiendo a debate. Hice mención de dicha norma únicamente para aclarar al Honorable señor Muñoz Barra que están resguardados los intereses de los consumidores, a fin de que no sean abusados por personas que hagan una profesión del cargo de director de asociaciones de consumidores, quienes, luego de que éstas son disueltas, forman otras entidades del mismo tipo y vuelven a dirigir.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 10 Sesión: Sesión Ordinaria N° 10 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 352 Fecha: miércoles 3 de noviembre de 2004

AUTORIZACIÓN A ENAMI PARA TRANSFERENCIA A CODELCO DE FUNDICIÓN Y REFINARÍA LAS VENTANAS El señor FOXLEY .Con motivo de iniciativas estudiadas recientemente en esta Corporación, señor Presidente , se ha dado el hecho de que la discusión de artículos no aprobados por unanimidad en la Comisión se ha realizado en la Sala. La señora MATTHEI .Así es. El señor FOXLEY.Puedo dar dos o tres ejemplos al respecto. El señor LARRAÍN ( Presidente ).Me sorprende, señor Senador. Me parece que ello no es así. Insisto en que la fórmula es la que he referido. Un caso distinto se genera si se formula una indicación sobre un artículo -sea rechazada, o bien, aprobada por unanimidad-, pues se puede volver a debatir la cuestión en la Sala. Pero ése es precisamente el sentido de la discusión particular. Si no se presentan indicaciones, ello implica que, por error, por omisión, por buena voluntad, por las razones que hayan concurrido, no se reparó en la disposición respectiva. Y, por lo tanto, se entiende que se confirma la aprobación genérica otorgada inicialmente, porque nadie la objetó ni pidió modificarla. El señor FOXLEY.Señor Presidente, reitero que puedo citar un par de proyectos en que ocurrió lo que he expuesto.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 30 Sesión: Sesión Especial N° 30 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: martes 20 de enero de 2004

MODIFICACIÓN DE DECRETO LEY Nº 2763, DE 1979, SOBRE ESTABLECIMIENTO DE NUEVA CONCEPCIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA El señor FOXLEY.Señor Presidente , deseo reiterar muy brevemente algunas de las observaciones ya formuladas. Creo que, hacia adelante, no sólo en salud sino en general en las políticas sociales, uno de los desafíos principales está constituido por un acercamiento de tales políticas a los usuarios. Las razones son dos: primero, dada la limitación de recursos, que también habrá en el futuro, es muy importante afinar muy bien los hoy disponibles tanto en su dirección como en su eficacia para satisfacer las necesidades de los usuarios, las que naturalmente irán cambiando en el tiempo. Ello plantea la exigencia de mejor rendimiento, de mayor preocupación, por quienes, en distintos sectores sociales, requieren atención. Lo mismo se ha constatado en el campo de la educación, en donde el rendimiento escolar insuficiente tiene que ver, según se ha determinado, con lo que ocurre en la sala de clases, lo que depende a su vez de la evaluación de los profesores y de la participación de la comunidad educativa (padres y apoderados). Todo ello permite verificar si lo que está aconteciendo es satisfactorio desde el punto de vista de calidad de la enseñanza. Lo mismo se experimenta en materia de seguridad ciudadana. En numerosas comunas existen Consejos de Seguridad Ciudadana, que en general son bastante exitosos, porque permiten a la policía, al gobierno local y a las juntas de vecinos tomar en sus manos la detección oportuna de los problemas, las formas de corregirlos, los errores que comete la autoridad, etcétera. Por lo tanto, plantear esto mismo a nivel de salud me parece inevitable y servirá para aplicar un enfoque destinado a lograr mejor rendimiento de los recursos y, sobre todo, una atención mucho más fina de los usuarios, en cuanto a sus reclamos, al grado de oportunidad de la atención, etcétera. El programa Chile Solidario en cierta medida también corresponde a esa idea de acercarse a las personas para que, en una interrelación con el funcionario, expresen hacia dónde se deben orientar los servicios. Así es que, tanto el consejo de integración de la red que se propone, como los consejos de participación, me parecen esenciales en el nuevo enfoque de política social que debe imperar en Chile de aquí hacia el futuro. He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 9 Sesión: Sesión Ordinaria N° 9 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 349 Fecha: martes 8 de julio de 2003

ADECUACIÓN DE LEGISLACIÓN NACIONAL A ACUERDOS DE ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO El señor FOXLEY .Señor Presidente , tal vez sea útil recordar cuáles son las principales materias que aborda el proyecto que despachamos hace algún tiempo en la Comisión de Hacienda. Mediante la iniciativa en estudio se trata de llevar adelante la implementación interna de los acuerdos que Chile tomó en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Marrakech. Ellos fueron aprobados en general, por unanimidad, en el Congreso Nacional hace más de cinco años. Pero Chile solicitó un plazo adicional para examinar algunos puntos, como los derechos de propiedad intelectual, los acuerdos sobre medidas en materia de inversiones y obstáculos técnicos vinculados con el comercio. El proyecto establece, en primer lugar, un mecanismo de notificación a la OMC de los reglamentos técnicos que se determinen internamente en el país para llevar adelante tales acuerdos. De lo que se trata es de evitar que, por la vía de no dar a conocer la implementación específica a nivel de reglamentos, de alguna manera se pueda alterar el espíritu o la letra de los acuerdos alcanzados en Marrakech. También se consagra un procedimiento para suspender, de oficio o a petición de parte, el despacho aduanero de mercancías cuando se infringen derechos de autor o derechos industriales. Incluso, se autoriza al tribunal competente para que en estos casos solicite al Servicio Nacional de Aduanas la suspensión del despacho de mercancías que vulneren la propiedad intelectual o esos derechos. Asimismo, se busca implementar y cumplir el Acuerdo sobre Valoración Aduanera del GATT, compromiso adquirido al suscribir el Acuerdo de Marrakech, pero que también se ha tomado dentro del contexto de otros instrumentos, como los Acuerdos de Complementación Económica con el MERCOSUR y los Tratados de Libre Comercio suscritos con México y Canadá . En el Acuerdo sobre Valoración Aduanera se establecen reglas claras para determinar el valor aduanero de los bienes importados, en que la regla básica será que el valor debe ser el precio de transacción, o sea, el realmente pagado, incorporándose además los gastos de carga, descarga, transporte, comisiones, seguros, etcétera. La verdad es que el código de valoración aduanera ya se está implementando en el país; pero en este momento se le daría aprobación legal. En el proyecto de ley también se incluyen las modificaciones al Estatuto Automotor respecto de la derogación de los sistemas de intercambio compensado que han favorecido a General Motors, en Arica, y a la fábrica de Peugeot, en Los Andes. Como se materializó un acuerdo de asociación con Europa y el arancel baja a cero, no tiene ningún sentido mantener lo anterior en la situación de Peugeot. Y en el caso de General Motors ocurrió lo mismo con la Ley Arica II. Por lo tanto, la disposición en el Estatuto es redundante. Asimismo, de alguna manera se establecen con más precisión definiciones; se fijan los derechos y las presunciones de titularidad, para facilitar la protección del derecho de autor; se determinan con exactitud tanto ese marco como las excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos de los titulares. Por otra parte, se deroga la tasa de despacho en la aduana, lo que ya se encontraba incluido en los Tratados de Libre Comercio con Canadá y México. Ella se ha aplicado sobre la base del valor de la mercadería. No es proporcional al costo de los servicios y, por lo tanto, no es compatible con los acuerdos de la OMC. Por último, se disponen sanciones para los exportadores o productores que certifiquen falsamente el origen de las mercancías que remiten al exterior. Toda la normativa expuesta pone al país al día en las obligaciones que ha suscrito con la OMC en el campo multilateral, pero también en acuerdos bilaterales, principalmente los celebrados con Canadá y México . Y suponemos que prontamente se

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agregará el firmado con Estados Unidos. El proyecto fue despachado por unanimidad en la Comisión de Hacienda. Chile se halla atrasado en tres años respecto del compromiso original, y por tal razón se recomienda una pronta aprobación del Senado a esta iniciativa. He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 43 Sesión: Sesión Especial N° 43 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 348 Fecha: miércoles 30 de abril de 2003

CREACIÓN DE NUEVA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL El señor FOXLEY .Señor Presidente , en la Comisión de Hacienda examinamos el proyecto y concluimos que no nos correspondía pronunciarnos respecto del artículo que establecía la sede, aunque sí acerca de una serie de preceptos que dicen relación a tareas propias de ese órgano técnico, entre ellas, la de si acaso la iniciativa implicaba o no un gasto adicional, para lo cual debíamos contar con un informe financiero del Ministerio de Hacienda. Dicha Secretaría de Estado envió ese documento al comienzo del proceso de estudio de la normativa, en el supuesto de que el Consejo se instalaría -según la propuesta del Gobierno- en Valparaíso. En él se consigna que el proyecto será financiado con los fondos habituales de la Ley de Presupuestos y que no implicará costos adicionales, excepto los que requiere la creación de 20 cargos directivos, que son precisamente aquellos que se cargan a la Dirección de Presupuestos. Posteriormente, por decisión de una Comisión, se cambió la sede desde una ciudad a otra. En la Comisión de Hacienda algunos Senadores argumentamos que era necesario modificar el informe financiero, porque no podíamos aprobar o rechazar una propuesta del Ejecutivo si no iba acompañada de las cifras relativas a su costo. Planteamos la idea de esperar hasta que el Ministerio de Hacienda nos hiciera llegar otro informe. Sin embargo, hubo mayoría en la Comisión, por razones puramente pragmáticas tendientes a no demorar el despacho de la iniciativa, en el sentido de pedir que aquél se hiciera llegar a la Sala del Senado y no, como establece el Reglamento, a la Comisión respectiva, que es la de Hacienda. Recién hoy, hace diez minutos, me enteré de que en ese informe se señala que los costos de una sede u otra son difíciles de determinar; que si se fijara en Chillán habría un recargo de 15 por ciento, pero que el valor de la instalación podría ser menor. O sea, el punto no se halla definido, pero está claro que un cambio de sede determinado por el Parlamento varía los costos. Por ejemplo, cuando se discutió el eventual traslado de sede del Congreso, se estimó inadmisible que fuera propuesto por el propio Poder Legislativo porque implicaba gasto. Alternativamente, en el caso en debate podría aducirse que la Comisión que aprobó el cambio de sede a Chillán podría haberse inclinado por instalarla en Punta Arenas, en Arica, en Isla de Pascua, etcétera. En cualquiera de esos casos -que seguramente habrían tenido una justificación en sí mismos, desde el punto de vista de los méritos de tales lugares para constituirse en un centro cultural del país- habría existido un costo significativamente diferente y, por tratarse de puntos extremos del país, o Isla de Pascua , bastante más alto que el que impulsó al Gobierno a declarar que el único mayor costo que representaba el proyecto era el de 20 cargos más en la planta. Pienso que desde el comienzo el Ejecutivo debería haber establecido clara y taxativamente en el informe financiero que la modificación de la sede implicaba costos adicionales y que el Congreso, sobre la base de ese informe real, tendría que aprobar o rechazar la ubicación de ella. Dicho de otra manera, no me parece aceptable que los Parlamentarios fijemos otra sede, ya sea en una región extrema o en Isla de Pascua, que signifique un costo adicional, sin el respectivo informe financiero y, por consiguiente, sin saber a cuánto ascenderá ese mayor desembolso. De lo contrario, estaríamos vulnerando las atribuciones del Presidente de la República , que tiene la iniciativa exclusiva de los proyectos que involucran gasto. Lamento la confusión que se ha generado, producto de que el Ejecutivo no determinó oportunamente los costos del cambio de sede, ya que el Parlamento carece de atribuciones para aprobar un aumento o variación de ellos si el Gobierno no los ha asumido como tales previamente a la aprobación que a nosotros nos compete. Por eso, considero que la norma, tal como está planteada, es inadmisible. Voto que no.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 24 Sesión: Sesión Ordinaria N° 24 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 343 Fecha: miércoles 17 de enero de 2001

MEJORAMIENTO ESPECIAL DE REMUNERACIONES PARA PROFESIONALES DE EDUCACIÓN El señor FOXLEY .Señor Presidente , empezaré por lo más simple; me parece conveniente hacerlo. Es muy relevante que en esta discusión del proyecto sobre aumento de remuneraciones para los profesores no se haya reproducido lo que ya parecía ser un ritual inevitable y, también, paradójico: que en el tema que los Gobiernos de la Concertación han destacado como tal vez el principal, el de primera prioridad, cada dos años se generaban entre el Colegio de Profesores y el Ejecutivo una contradicción y un conflicto tan fuertes, que la situación terminaba en paralizaciones, en huelgas y en todo tipo de señales que tendían a desmoralizar precisamente a quienes debían ser los actores principales en la reforma, es decir, los profesores. Y estimo que hay que expresar un reconocimiento -sencillo, pero reconocimiento al cabo- a la Ministra de Educación , señora Mariana Aylwin ; al Colegio de Profesores, particularmente a su Presidente , don Jorge Pavez , porque su actitud fue la que necesitaba la reforma educacional en este aspecto y en este momento. Porque, a mi juicio -y en ello concuerdo con el Senador señor Boeninger -, nos acercamos a un punto de inflexión donde, tras años de esfuerzos muy grandes para aumentar recursos y concretar las reformas básicas que había que introducir, estamos empezando a visualizar la enorme complejidad de la etapa que viene. El acuerdo es razonable en el ámbito remuneracional. Incluye, además, perfeccionamientos útiles a los efectos de las exigencias para los programas de capacitación; de subsanar el desestímulo de los profesores rurales para hacerse cargo de la dirección de las respectivas escuelas; de otorgar anticipos de subvenciones para dar un poco de tiraje a la chimenea sobre la base de la jubilación de los maestros de mucha edad. En fin, hay una serie de perfeccionamientos y mejoramientos necesarios. Sin embargo, ése no es, a mi entender, el punto principal del proyecto. Considero que éste deja plantada la semilla de lo que yo llamaría "una nueva fase en la reforma educacional": la idea de atreverse a innovar en temas mucho más de fondo, pero también más cercanos a lo que constituye el diagnóstico en que hoy día se concuerda respecto de cuáles son las cosas que han marchado bien y cuáles las que han marchado mal en la reforma. Es un tema muy de fondo el de la calidad de la enseñanza a nivel del aula: de la motivación del profesor, de sus conocimientos, de cómo se siente con la alternativa de tener un estímulo para enseñar cada vez mejor. Y cuando se plantea aquí la carrera diferenciada por mérito como una posibilidad de la asignación de excelencia pedagógica, me parece que se está poniendo esa semilla. Señor Presidente , no comparto para nada los temores que manifestó el Senador señor Prat en cuanto a que la asignación de excelencia pedagógica pueda convertirse en un elemento de rigidez adicional con relación a lo que hoy día es el Estatuto Docente; a que habría una carrera docente burocrática, pesada, con una inevitabilidad de ciertos bienios que irían produciendo aumentos automáticos de remuneraciones. Considero que el Ministerio de Educación merece un poquito más de credibilidad y confianza respecto de lo que ha estado haciendo en el último decenio. Me parece necesario reconocer que durante ya diez años esa Secretaría de Estado ha llevado adelante una reforma educacional que (me atrevería a decirlo) es la más importante que el país ha realizado en varias décadas. Por cierto, ese proceso ha tenido aciertos y errores. Creo que han sido más los aciertos. Y, sobre todo, quienes han encabezado el Ministerio de Educación se han atrevido a ensayar ideas nuevas y a llevarlas adelante. Por lo tanto, no abrigo los temores del Senador señor Prat , aunque, obviamente, esta buena semilla de la asignación de excelencia pedagógica puede fructificar o no. Y, al respecto, estimo que las probabilidades de éxito de este esquema, desarrollado plenamente como una carrera diferenciada por mérito, dependerá de manera fundamental del fortalecimiento del buen clima de cooperación que se ha producido con motivo del acuerdo logrado ahora entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores.

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Es evidente que, con los últimos resultados de pruebas, dicha Secretaría de Estado entiende que su agenda de cambio debe tener mayor amplitud y ser más innovadora. Pero creo que lo anterior también debería valer para la organización gremial de los profesores. Éstos van a tener cada vez más una situación inevitable. La suerte del maestro -no sólo de su remuneración- en cuanto agente de cambio en la sociedad y en cuanto a la valoración que ésta tiene del rol de él va a depender de la capacidad del Colegio de Profesores para entender los requerimientos de la nueva fase de la reforma educacional. Para nada pretendo decir lo que un dirigente de los profesores siente o piensa sobre estos temas. Empero, mirando desde fuera, considero indispensable que, para el éxito de la reforma, las organizaciones gremiales de los profesores pasen en forma gradual de lo puramente reivindicativo al aporte sistemático de ideas, recogidas de sus propios asociados, que sirvan como un insumo fundamental del proceso que se desenvuelve hacia delante y cuyo énfasis son la calidad, la creatividad, la innovación, lo que ocurre entre el niño y el maestro. En mi concepto, las organizaciones de los profesores, para estar vigentes, para tener respaldo, para ser valoradas socialmente, deberían evolucionar -como en otras partes del mundo- del estímulo puramente monetario a la ampliación del rango de las materias que conversan y negocian de manera habitual con el Gobierno o con el Ministerio de Educación. Sospecho que los profesores, ahora un poco mejor pagados y a futuro claramente mejor pagados, van a expresar a sus gremios una demanda por conocer, vivir, compartir experiencias educativas en otras latitudes; por sentirse partícipes del proceso de internacionalización del conocimiento; por vivir directamente los nuevos conocimientos, manifestados al interior de aulas, escuelas, liceos o colegios de países más adelantados que el nuestro en estas materias. Sospecho que a futuro los dirigentes gremiales recibirán de los asociados la demanda de que, además del reajuste bianual de remuneraciones, pongan encima de la mesa el tema de la calidad de vida del profesor, de aquel que, por lo menos en la Región Metropolitana, debe viajar en bus dos veces al día, de ida y vuelta, durante una hora, una hora y cuarto o una hora y media, y que a menudo tiene que desarrollar dos o tres trabajos al mismo tiempo. En consecuencia, algunas de las materias por negociar consistirán en el establecimiento de jornadas flexibles; en las distancias al lugar de trabajo, es decir, en la ubicación geográfica de las escuelas, colegios, liceos; en programas de viviendas que se adecuen a esas necesidades, y en la demanda por desahogar la tensión que produce el ejercicio educativo a través de una organización de la recreación y del acceso a la cultura. Creo que de esta manera el Gobierno configuraría creativamente una agenda más variada y posibilitaría que en esa negociación se plantee cómo abrir, junto con los profesores, espacios para probar nuevas respuestas que la comunidad educativa requiera. El dirigente del magisterio en el futuro debería ser mucho más un catalizador y conductor del cambio, no sólo en materia de remuneraciones, sino particularmente respecto de lo que ocurre entre educando y educador. Y así como el Gobierno se está atreviendo en este proyecto a poner la semilla de una idea innovadora, me parece que lo mismo vale para su contraparte, que son los profesores de Chile. En lo que concierne a innovaciones, muy brevemente me referiré a la Asignación de Excelencia Pedagógica. Es obvio que el Ministerio de Educación se está autoexigiendo un enorme desafío, que significará tener que escoger un camino frente a dilemas importantes relativos a cómo, por ejemplo, se hará la acreditación para que sea objetiva, al día en cuanto a los conocimientos acumulados por el profesor, a la evolución de ese conocimiento en el tiempo y a la calidad que ese profesor es capaz de mostrar; o a cómo se conciliará esa acreditación, que seguramente harán las universidades, con la evaluación de desempeño que inevitablemente tiene que hacerse a un nivel mucho más descentralizado. Vale decir, la evaluación del desempeño debe involucrar a toda la comunidad educativa, incluyendo, me atrevo a afirmar, a padres y apoderados. Por lo tanto, hay que armar un sistema que se desenvuelve en niveles muy distintos: en el centralizado (el Ministerio), en uno intermedio (respecto de la acreditación por las universidades) y en uno muy descentralizado (atinente a la evaluación del desempeño). En este sentido es muy importante la forma como se arma este mosaico para que funcione, sea operativo y fluido, a fin de que no frustre, por calificaciones erróneas, a los profesores que voluntariamente se atrevan a adscribirse a él. Pienso -como señalaba recién el Honorable señor Boeninger - que inevitablemente este sistema requerirá para su éxito un énfasis mucho más fuerte del puesto hasta ahora en la descentralización educativa. El incentivo para entrar en esta carrera por el mérito en el fondo es un estímulo para ser mejor profesor, que se valida y se motiva en la comunidad inmediata en la cual realiza su tarea. Entonces, me parece indispensable encomendar a la comunidad educativa las principales decisiones que afecten la calidad de la educación. Por último, hay un tema pendiente, pero insinuado en este proyecto: el relativo a que la carrera diferenciada por mérito tendría más probabilidades de éxito si se lograra resolver un problema pendiente hace ya años. El cuerpo docente está muy cargado de profesores de edad avanzada, los que consideran inadecuada o insuficiente la indemnización que reciben al momento de retirarse o de jubilar. Este factor introduce un sesgo rutinario y conservador a los programas educativos que este Gobierno o cualquier otro quiera desarrollar. Por consiguiente, lo que debería plantearse en una próxima iniciativa complementaria a la reforma educacional sería, de frentón, una propuesta para hacer mucho más asequible, expedito y fácil

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un mecanismo de jubilación anticipada o de jubilación a la edad que corresponde, lo cual requiere de algunos incentivos. Así el cuerpo docente estaría más en el punto de avance de su carrera o de desempeño óptimo de su carrera y no simplemente marcando el paso esperando el momento de la jubilación. En definitiva, creo que este proyecto representa un éxito para el Gobierno y para el Colegio de Profesores, y pone de relieve como decía- un elemento que ojalá pueda desarrollarse plenamente, para entrar en esta nueva fase muy desafiante y compleja de la reforma educativa, que ha sido fundamental durante los últimos diez años de los Gobiernos de la Concertación.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 18 Sesión: Sesión Ordinaria N° 18 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 352 Fecha: miércoles 1 de diciembre de 2004

ASIGNACIÓN Y NORMAS DE CARRERA FUNCIONARIA PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO El señor FOXLEY .Señor Presidente , hace un momento terminó la sesión en que las Comisiones unidas analizaron el proyecto y lo aprobaron, por unanimidad, en sus distintos aspectos. En el primero de ellos, relativo a la asignación asociada al cumplimiento de metas, se fija un tope máximo de 12 por ciento, con una provisión de fondos, el primer año, de hasta 5 por ciento, y un promedio de 9,5 por ciento en los años siguientes. La asignación por desempeño se otorgará al personal de planta y a contrata. Su determinación se hará de acuerdo con un procedimiento establecido en la ley, en el cual se contemplan asignaciones por estamentos, grupos o equipos de funcionarios, y se dispone, también, un mecanismo de participación del personal en el establecimiento de las metas que defina la Dirección. A lo anterior se deben agregar dos elementos. En efecto, asimismo existirá un sistema de concursos internos para llenar las vacantes en la planta. Y ello será complementado con una planilla suplementaria, para que las personas a contrata que ganen el concurso no pierdan, al pasar a la planta, las remuneraciones que recibían y puedan mantener ese nivel de ingreso. Por último -para continuar con la mención de los puntos principales-, el proyecto contempla un bono adicional, por una sola vez, de 90 mil pesos para los funcionarios ubicados en los grados 23 a 14, y de 70 mil pesos para quienes se encuentren en los grados 13 a 5. Ese bono especial se pagará al mes siguiente de la publicación de la ley en proyecto. La iniciativa, como se ha dado a conocer, fue aprobada por unanimidad en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas. En consecuencia, está en condiciones de ser sometida a votación en la Sala.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 4 Sesión: Sesión Ordinaria N° 4 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 345 Fecha: miércoles 3 de octubre de 2001

PLAZOS PARA PROCEDIMIENTO Y REGULACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO El señor FOXLEY .Señor Presidente , en el fondo, lo que estoy diciendo es que si bien el proyecto constituye un aporte muy positivo, si lo ponemos en el contexto del tema de la reforma y modernización del Estado, ayudaría en mayor grado si fuera más ambicioso desde el punto de vista de los plazos, en el sentido de acortarlos e introducir más automaticidad en los procedimientos. Una lectura rápida de la iniciativa me indica que para ser sujeto del silencio administrativo el interesado deberá demostrar que existe inactividad en el trámite y obtener de la autoridad una certificación de ese hecho. Asimismo, en ciertos casos la Administración tendrá facultad para ampliar los plazos establecidos para un procedimiento, y también para reducirlos a la mitad. O sea, el margen todavía es muy discrecional. Hay mucho trámite dentro del trámite. Al respecto, pregunto: ¿no se podría pensar en términos más ambiciosos, en plazos más breves y en procedimientos más automáticos? ¿Por qué digo esto? Porque la reforma del Estado es un asunto que a quienes estamos en la cosa pública nos ha preocupado desde hace muchos años. Diversos Gobiernos han hecho presente la necesidad de modernizar la Administración Pública. Normalmente ocurre que se elaboran estudios muy completos, sistemáticos, que ocupan varios volúmenes, donde se indica lo que se debe hacer. Cuando uno lee esos estudios usualmente concuerda con cuanto allí se propone, pero en definitiva constata que una vez terminados prácticamente no pasa nada y la Administración Pública sigue funcionando con la misma lógica con que ha operado siempre. Por eso, me parece que debería pensarse en dar vuelta los términos. En vez de propiciar una reforma coherente, completa, general del Estado, que implica 35 ó 45 programas distintos, ¿por qué no plantear la reforma administrativa como una acción estratégica y que al mismo tiempo constituya una señal muy poderosa a la burocracia para cambiar sus procedimientos de decisión? Yo postularía que se fijara un término muy breve. En el proyecto se contempla un plazo máximo, para cualquier trámite, incluyendo los procedimientos existentes, de seis meses. Y como entiendo que se trata de días hábiles, ya estamos hablando de ocho meses. Esto quiere decir que cuando alguien presenta una solicitud pueden pasar ocho meses antes de que se le conteste. Ésa no es la velocidad de la nueva economía, de la economía globalizada. Necesitamos algo mucho más exigente. Propongo fijar un plazo único, para cualquier trámite, no superior a 60 días y que considerando este término cada jefe de servicio plantee al Gobierno lo que necesita para adecuar sus procedimientos de decisión: programas de capacitación de personal, simplificación de gestiones internas, elementos tecnológicos que requiere para que su servicio se ponga en red y pueda actuar a través de Internet. Lo expuesto implica establecer un plazo máximo de 60 días, absolutamente automático, del que nadie se pueda exceptuar; que cada jefe de servicio presente el programa de readecuación que precisa para someterse a dicho plazo, y que si los asuntos no se resuelven en ese lapso, no sólo se aplique el silencio administrativo, sino que el jefe del servicio haga dejación de su cargo. Si no hacemos algo de esta envergadura, de esta naturaleza, nunca conseguiremos modernizar y reformar el Estado. Es necesario reemplazar una cultura histórica -que viene desde la Colonia; desde los tiempos de los españoles-, que es la cultura burocrática, por aquella que se necesita en una economía globalizada: la cultura emprendedora. Para ello es indispensable una acción estratégica drástica, a partir de la cual se readecue todo lo demás. Cualquier otro camino significa un avance gradual. Y el proyecto en debate configura un avance gradual, porque me temo que finalmente, en manos de la burocracia, de nuevo puede terminar en procedimientos muy engorrosos y en plazos bastante más largos que los que precisa Chile si quiere ser un actor significativo en la economía global. He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 1 Sesión: Sesión Ordinaria N° 1 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 346 Fecha: miércoles 13 de marzo de 2002

PUBLICIDAD DE DOCUMENTOS SOBRE FIJACIÓN DE TARIFAS DE SERVICIOS SANITARIOS, ELÉCTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES El señor FOXLEY .Señor Presidente , es cierto que de algún modo estamos adelantando el debate que habrá en las sesiones especiales pertinentes. Pero, ya que estamos en él, deseo subrayar que el proyecto en análisis apunta a un tema real. En primer lugar, estamos viviendo una experiencia nueva en el país: los servicios sociales básicos se encuentran en manos privadas y, por tanto, ha de asumirse que se trata de servicios indispensables para toda la población y que, en consecuencia, es necesario que exista cobertura plena, que se fijen tarifas que la gente pueda pagar y que las empresas suministradoras sean capaces de reinvertir para resolver el problema de la cobertura. Lo que sucede es que, efectivamente, hay falta de transparencia en la información. La gente, cuando recibe las cuentas de los diferentes servicios que utiliza, en general se desconcierta, primero, por los aumentos demasiado abruptos en las tarifas, y segundo, al comparar su situación, por ejemplo, con la de quienes viven en otras regiones. El mecanismo para la fijación de tarifas de las diversas empresas ha tenido lugar en distintos momentos en el tiempo y no siempre ha seguido los mismos criterios. Por tanto, mientras algunos comentan que la fijación de tarifas en la empresa de determinado región salió bien, otros se quejan de que en la empresa de otra región salió mal. Ahora, lo "bien" o lo "mal" depende de quien interprete el resultado: si la tarifa es muy alta, la fijación salió bien para la empresa y mal para los usuarios, y viceversa. O sea, existe desconcierto en la opinión pública y hay tarifas que se han fijado con criterios distintos en diferentes instantes en el tiempo. Y eso genera en la ciudadanía y en los medios de comunicación una impresión que me parece peligrosa: la de que existe excesiva discrecionalidad y cierta arbitrariedad en la fijación de las tarifas. En consecuencia, si no corregimos oportunamente tal situación, se forjará una mala imagen en general respecto de las empresas privadas que gestionan los servicios básicos o de primera necesidad, y además, esto se empezará a convertir -ya se insinuó durante este debate- en un argumento contra la privatización de ellas. Por eso, nuestra tarea está incompleta. Y, en tal sentido, considero positivo realizar sesiones especiales para el tratamiento del tema, así como concretar el planteamiento de la Honorable señora Matthei en orden a establecer un mecanismo en virtud del cual el Senado reciba del Ministerio de las regulaciones -entiendo que la idea del Gobierno es que tenga ese carácter el de Economía- un informe, trimestral o con otra periodicidad conocida, sobre el estado de avance en estas materias. ¿Cuáles son, a mi juicio, las dudas que deberíamos tratar de absolver en las sesiones especiales y en las instancias siguientes? La primera, el principio según el cual se fijan las tarifas. Aquí, por ejemplo, el Senador señor Moreno dijo que le parece negativo, e incluso escandaloso, que se determinen en función de la inversión o reinversión que una empresa deba realizar en cierto horizonte en el tiempo. Ése es un tema que hay que discutir. Para mí, la cuestión no estriba en si la empresa debe o no debe reinvertir. Creo que ninguno de nuestros electores estará en contra de que, si existe un problema brutal de contaminación de aguas a lo largo de todo el territorio, lo ataquemos en un horizonte de tiempo razonablemente breve, y de que, considerando las restricciones presupuestarias del Estado, si éste no puede darle solución en un plazo corto, se vaya a un esquema como el que se está ensayando en el país. Y creo que el Presidente Frei tomó la decisión correcta cuando dio ese paso. El punto no radica en si la empresa es privada o pública, sino en el principio conforme al cual se fijan las tarifas, para -como se ha manifestado aquí-, por un lado, asegurar cierto monto de inversión en el tiempo, y por el otro, permitir a los usuarios disponer de un servicio a un precio razonable. Por lo tanto, en ese esquema, debe determinarse cuánto ha de aportar la empresa para la reinversión y cuánto es necesario recargar al público. Ése es un tema.

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Definido eso, se hace relativamente más fácil identificar a los sectores que, dada la tarifa requerida para la inversión pertinente, no tienen capacidad para pagarla. Y ahí se establece el límite a partir del cual entra a regir el subsidio. Pienso, señor Presidente, que esto se ha ido construyendo sobre la marcha; que hay experiencia acumulada; que no existe ninguna certeza de que se hizo bien el ejercicio, y que, por consiguiente, es el momento de revisar el principio y los criterios. Después, me parece que también está bajo cuestión el método aritmético para la determinación de la tarifa. En varios de los sectores regulados existe un mecanismo completamente arbitrario. La empresa hace un estudio de sus costos y entrega un informe donde especifica el precio que desea. La entidad reguladora, por cierto con mucho menos personal técnico, efectúa básicamente el mismo ejercicio y entrega su estimación de cuánto debería cobrarse por el servicio. Pero aquí entra en función una teoría de los juegos. Porque, dado que la ley obliga a escoger, dentro del rango producido, un valor intermedio o un valor extremo, según el sector regulado, comienza un juego consistente en que la empresa, con sus técnicos, inventa la forma de justificar lo más amplia y -en realidad- arbitrariamente posible aumentos de costos por todos lados para llegar a la tarifa más alta. Y el Ejecutivo hace el ejercicio exactamente al revés. Al final, resultan dos propuestas del todo irreales y confundidoras. Entonces se recurre, como en el caso de las sanitarias, a un comité de tres peritos: uno designado por el Gobierno, otro por la empresa afectada y un tercero que se supone neutral. Conozco el caso de una empresa sanitaria en que la fijación de tarifas -la autoridad gubernativa correspondiente me confirmó la información- salió mal para el usuario. Me refiero a ESVAL, donde la aplicación del procedimiento derivó en un alza de tarifas desmedida. Hice las averiguaciones del caso. ¿Qué ocurrió? Que la influencia del perito designado por el Gobierno quedó neutralizada por la del que nombró la empresa, y el tercero, después de cargar sobre sus hombros la presión despiadada de los sectores interesados, no la resistió y terminó inclinándose más por la propuesta de ESVAL que por la del Gobierno. Todo esto, dentro de un margen de discrecionalidad, de cierta arbitrariedad, de dar mayor peso a un argumento que a otro, etcétera. El resultado, constatable, fue un aumento extraordinariamente alto en las cuentas de agua potable en la Quinta Región. Y si uno le plantea al Superintendente revisar esta situación, responde que ello no es posible, porque la tarifa se fijó mediante ley por un período de cinco años y que cualquier revisión haría inmanejable el sistema. El tercer punto, vinculado con lo anterior, se refiere a que no hemos resuelto suficientemente bien el tema de las influencias. Estas empresas privadas actúan, por definición, en sectores que tienden a ser monopolios naturales. En consecuencia, existe un solo proveedor, el cual, además, a menudo se halla vinculado a una trasnacional -o sea, un operador a nivel mundial- que posee músculos suficientes para persuadir de las formas más diversas al regulador y al funcionario público; y algunos dicen que en ciertos casos puede llegar a tener influencia hasta en el Congreso Nacional. Por lo tanto, como no existe seguridad en el método ni en los criterios o principios que se están utilizando, las empresas terminan trenzándose con el Gobierno y con las autoridades reguladoras en discusiones que finalmente desembocan en la judicialización del proceso de fijación de tarifas de los servicios públicos. Con demasiada frecuencias, el resultado de este supuestamente muy técnico e impecable proceso es que todo acaba en los tribunales. Y cuando esto ocurre -lo vimos ayer en la televisión-, se presenta una demanda contra el Fisco; llegan dos abogados que presentan documentos de más de cincuenta mil hojas, donde figuran elementos extremadamente técnicos, ante un juez que seguramente se encuentra con tres mil causas pendientes y no tiene idea de los problemas técnicos que suscita una fijación de tarifas, y se genera un proceso larguísimo, que puede dejar la situación en suspenso durante varios años. Yo pregunto: ¿Es eso positivo? ¿Resulta conveniente para una economía que quiere ser competitiva internacionalmente, que tiene el desafío de tomar decisiones a la velocidad con que las adoptan otros competidores en el resto del mundo? ¿Es bueno que la situación termine empantanada en un tribunal, en manos de un juez que no tiene idea del tema, sin apoyo técnico y recargado de trabajo? Ése es un aspecto, señor Presidente , que también deberíamos examinar. Y la solución consiste en tener mejores métodos, mejores criterios. Pero ella también pasa por concretar de una vez por todas se concrete la idea de los tribunales económicos, donde jueces ultraespecializados, con todo el apoyo técnico necesario y en plazos breves y definidos, fallen sobre estas materias. De lo contrario, vamos a terminar con una economía que funciona a dos velocidades. El señor ABURTO .¿Me permite una interrupción, señor Senador ? El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de ella, señor Senador.

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El señor ABURTO .El Honorable señor Foxley ha mencionado las dificultades a que pueden verse expuestos los jueces cuando deben dictar sentencia sobre asuntos técnicos complejos, como el relacionado con la enorme demanda presentada en uno de los juzgados civiles de Santiago con motivo de una indemnización que se pide por un servicio público. En realidad, los jueces no saben todas las cosas que ocurren en el mundo. No pueden conocer todas las ciencias y todas las artes. Pero la ley previene la forma de superar estas dificultades en los tribunales. Para eso están los informes técnicos, estudios y toda una amplia gama de medidas para entender el asunto de que se trata. Hay muchísimos problemas de orden económico, financiero y científico que llegan a los tribunales. Sin embargo, se resuelven a través de las diferentes instancias que consulta nuestra ley de procedimiento. Muchas gracias, señor Senador. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).Recupera la palabra el Honorable señor Foxley. El señor FOXLEY .No cabe duda de que es así como lo sostiene el Honorable señor Aburto . Pero el punto que planteo me parece válido. Yo no digo que los jueces no hagan bien su tarea. Procuran hacerla. Pero, para ello, requieren un tiempo tan largo que no es compatible con las exigencias de una economía globalizada, que tiene que competir, en donde el más rápido le gana al lento y en que los temas económicos y las disputas por precios de servicios básicos deben resolverse con celeridad. Concluyo manifestando mi acuerdo con lo que se ha expresado aquí. Es indispensable poner al día todo el tema regulatorio de las tarifas. Creo que no hemos estado a la altura de lo que se necesita. Hay que revisar los distintos aspectos que he señalado. Se debe buscar un tratamiento más simétrico entre los distintos sectores regulados, aislar la presión de los grupos de interés y contar con la supervisión de un Ministerio, pero también con la de este Cuerpo Legislativo, con el objeto de que el Ejecutivo pueda moverse, a su vez, con la velocidad que se requiere en esta materia, ya que a menudo queda empantanado entre la incertidumbre de qué hacer desde un punto de vista técnico y las presiones de los sectores interesados. Creo que la disputa CTC-ENTEL ha sido en muchos aspectos francamente un espectáculo que debería haberse evitado. La presión sobre la autoridad ha sido muy fuerte y da la impresión de que ésta no se atreve a tomar decisiones en uno u otro sentido. Respaldo plenamente la iniciativa de la Honorable señora Matthei, en cuanto a que cada tres meses el Senado, con la presencia de la respectiva autoridad máxima del Gobierno, discuta estos temas. Muchas gracias.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 29 Sesión: Sesión Ordinaria N° 29 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 343 Fecha: martes 20 de marzo de 2001

ESTABLECIMIENTO DE SEGURO DE DESEMPLEO El señor FOXLEY .Señor Presidente , votaré favorablemente, reforzando algo ya dicho: que en la versión anterior del proyecto, conocido como el PROTRAC, durante la larga discusión del mismo, se pidieron varios informes al Ministerio de Hacienda, el que, a su vez, los solicitó a los eventuales operadores del sistema: AFP, compañías de seguros, incluso el INP y otros, para hacer una buena estimación de los costos. En todos los casos, si no había un elemento de escala a favor; es decir, si no se podía operar con una gran masa de contribuyentes al sistema, los costos no compensaban el esfuerzo de ahorro que harían los trabajadores en su libreta de capitalización para el seguro de desempleo. Y después de ese largo proceso de elaboración, con datos en la mano, llegamos a la conclusión -que me pareció unánime en esa oportunidad- de que era indispensable operar con un solo operador por la vía de la licitación. Me parece lo más racional, y por eso voto a favor.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 15 Sesión: Sesión Ordinaria N° 15 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 352 Fecha: miércoles 17 de noviembre de 2004

REAJUSTE DE REMUNERACIONES A TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO El señor FOXLEY .Señor Presidente , este proyecto, que vimos hoy día en la mañana, que fue aprobado en general por 3 votos a favor y 2 abstenciones, y por una votación similar en prácticamente todos los artículos, establece los reajustes ya indicados por el señor Secretario , siendo el principal el de remuneraciones para los funcionarios públicos, de 3,5 por ciento. Agrega a dicho reajuste un bono especial de 45 mil pesos o de 25 mil pesos, según el tramo de ingreso; y fija, como ya se dijo, los aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias y el bono de escolaridad, en las cifras indicadas en el articulado. Considero del caso destacar que la iniciativa se aprobó en la Comisión de Hacienda con la votación señalada y contó con el respaldo formal de un documento firmado por un conjunto de organizaciones sindicales que participaron en la mesa de negociación, entre ellas la CUT, el Colegio de Profesores, la ANEF, la CONFUSAM, los empleados municipales, la CONFENATS, y varias otras con las cuales el Gobierno estuvo conversando, algunos de cuyos planteamientos acogió. Finalmente, todos estos dirigentes acordaron respaldarla, como lo hizo también la Comisión de Hacienda por la mayoría de sus miembros. Tal es la iniciativa que tenemos a nuestra consideración. Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 6 Sesión: Sesión Ordinaria N° 6 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: martes 19 de junio de 2001

MODERNIZACIÓN DEL MERCADO DE CAPITALES El señor FOXLEY.Señor Presidente, la iniciativa que se presenta a la Sala tiene por objeto modernizar el mercado de capitales. Si uno mira hacia atrás, probablemente encontrará dos hitos fundamentales anteriores a este proyecto. Primero, la creación hace 20 años - de las administradoras de fondos de pensiones; segundo, una reforma bastante profunda al mercado de capitales en 1993; y, por último, la iniciativa que hoy se somete a la consideración del Senado. Esta reforma y modernización del mercado de capitales tiene por objeto, en primer lugar, resolver cierto problema estructural que enfrenta la economía chilena, particularmente en una fase en la cual la economía mundial se caracteriza por una extrema volatilidad en los flujos financieros internacionales. Al respecto, se da la paradoja de que una economía que para financiar su inversión requiere naturalmente de ahorro, externo o interno, ha descansado en los últimos años fundamentalmente en el ahorro externo, y, sin embargo, dada la volatilidad de éste, la economía nacional a menudo sufre fuertes caídas en la inversión por carecer de mecanismos apropiados para canalizar el ahorro nacional, el ahorro de las personas y el de las instituciones hacia el financiamiento de la inversión. Por lo tanto, el primer objetivo del proyecto es lograr conectar mejor particularmente el ahorro institucional de las administradoras de fondos de pensiones y de las compañías de seguros -entre ellas suman 50 mil millones de dólares-; abrir la posibilidad de que una parte de esos recursos de ahorro fluya con mayor facilidad hacia inversión directa, hacia proyectos nuevos de inversión, hacia lo que se denomina "empresas sin historia", y, de esa manera, reducir la vulnerabilidad de la economía chilena a los "shocks" externos, principalmente de carácter financiero. El segundo punto genérico que la reforma en estudio busca resolver -o, por lo menos, avanzar en su resolución- se refiere al hecho de que, hasta ahora, hay un segmento de la actividad productiva en el país -como son las grandes empresas- que tiene acceso fácil al financiamiento para su inversión. En efecto, éstas pueden, sin problema alguno, recurrir al financiamiento externo, incluso vía emisión de acciones en la Bolsa de Nueva York; emitir bonos, ya sea fuera o dentro del país; y, sobre todo, disponer de un amplio acceso al crédito bancario. En cambio, las empresas medianas y pequeñas, si pretenden llevar a cabo sus ampliaciones, o si algún empresario desea iniciar actividades, deben recurrir casi exclusivamente a un banco. Y los bancos en Chile, en parte producto de la crisis de 1982, tienden a ser bastante renuentes a asumir en sus políticas de créditos los riesgos que normalmente se hallan asociados a un proyecto nuevo que carece de historia. En tal sentido, la dificultad que se presenta institucionalmente al país tiene dos dimensiones. En primer lugar, un problema de segmentación y, por lo tanto, de falta de equidad. En efecto, las empresas grandes disponen de un acceso más fácil al financiamiento; en cambio las medianas y pequeñas experimentan gran dificultad para obtenerlo. En segundo término, dado que los mecanismos existentes para la utilización de los recursos de ahorro institucional -AFP y compañías de seguros- están muy amarrados a determinados tipos de instrumentos -demasiado cargados hacia aquellos que emite el sector público o de renta fija-, el resultado final del proceso de asignación de esos recursos de ahorro tiende a favorecer, en general, proyectos o inversiones de menor riesgo, los que, por revestir tal característica, usualmente llevan asociada una menor tasa de crecimiento. Por lo tanto, de mantenerse dicha segmentación, no se estaría aprovechando plenamente el potencial de crecimiento que nuestra economía tendría si lograra conectar mejor ahorro con inversión. El tercer punto consiste en que, si bien el mercado de capitales chileno se ha profundizado muy significativamente en los últimos 15 años, aún tiene problemas serios en cuanto al grado de competencia existente en él. La semana recién pasada vimos en el Senado los problemas que se han generado por una cierta "cartelización" en la industria de las compañías de seguros vinculada a las rentas vitalicias. Algo similar empieza a ocurrir en el sistema bancario, donde prácticamente la mitad de éste se halla en manos de dos bancos o de dos compañías que controlan bancos. Asimismo, en un grado parecido se produce una concentración en el sistema de pensiones, etcétera. En este aspecto, el proyecto en análisis busca introducir mayor competencia dentro del mercado de capitales, ya sea entre AFP, bancos, compañías de seguros, fondos mutuos, y también por la vía de aumentar el número de instrumentos a los cuales puede recurrir una empresa como forma alternativa de financiar sus necesidades de capital.

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Finalmente, el proyecto de reforma del mercado de capitales ayuda a avanzar en la solución de un problema también estructural, en cuanto a cómo inducir a un mayor ahorro interno, cómo generar un incentivo, sobre todo para que las personas ahorren más y aumenten entonces la masa de recursos que estará disponible para financiar inversión. Este último aspecto se halla incluido en la iniciativa que está siendo considerada en la Cámara de Diputados. El proyecto que obra en poder de los señores Senadores se refiere más bien a temas institucionales; a normas que regulan las inversiones en fondos mutuos, compañías de seguros, administradoras de fondos de pensiones; a preceptos que permiten un funcionamiento más competitivo en el sistema bancario, ya sea entre bancos nacionales y extranjeros o entre los que operan en el sistema nacional. Asimismo, la iniciativa crea un nuevo tipo de institución denominada Administradora General de Fondos , que podrá movilizar recursos del más variado tipo, con muchos instrumentos, dando así a las empresas medianas y pequeñas acceso al financiamiento; da origen a una bolsa emergente, y genera un conjunto de instrumentos nuevos que, como señalé, ayudan a resolver el problema de necesidad de capital de las empresas medianas y pequeñas. El proyecto que nos ocupa fue discutido y aprobado en general por unanimidad en la Comisión de Hacienda, la cual propone a la Sala que adopte igual pronunciamiento favorable. He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 47 Sesión: Sesión Ordinaria N° 47 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: miércoles 7 de abril de 2004

MODIFICACIÓN DE INCENTIVOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO DE AISÉN, MAGALLANES Y PALENA, Y AMPLIACIÓN DE ZONA FRANCA DE EXTENSIÓN DE PUNTA ARENAS A REGIÓN DE AISÉN El señor FOXLEY .Señor Presidente , esta materia, efectivamente, tuvo una larga discusión en la Comisión de Hacienda. Y el punto es el siguiente: estamos hablando de los beneficios en una zona franca respecto de la tasa de tributación que afecta a las importaciones. Al efecto, la Comisión de Economía introdujo una especie de requisito previo para que el funcionario de Aduanas pudiera autorizar o no el uso de la exención tributaria en la importación, sujeto a un conjunto de disposiciones cuyo carácter no es estrictamente obligatorio por ley, como ocurre con los Planes de Ordenamiento Territorial, de Macro Zonificación y de Micro Zonificación del Borde Costero, etcétera, que son elaborados supuestamente por el gobierno regional o por otras instancias similares y no tienen carácter de ley. Por lo tanto, al funcionario de Aduanas le llegaría un informe, emitido probablemente por el Consejo Regional, en donde se comunicaría la concordancia o no con tal o cual plan -incluso, una versión mencionaba la estrategia de desarrollo-, y se le dejará con un margen de discrecionalidad muy alto o, al revés, se le pondría en la situación imposible de tener que actuar como una especie de juez para definir si procede o no la franquicia, según se ajustara o no a un determinado plan. Estos planes no tienen carácter de ley -repito- y son elaborados por un organismo regional. Por lo tanto, nos pareció más adecuado mantener el monto que se establece como tope o límite para la exención que otorga el proyecto, pero eliminar la referencia a los Planes de Ordenamiento Territorial, de Macro Zonificación y de Micro Zonificación del borde costero, etcétera, porque se introduce un marco de discrecionalidad, se presta para presiones y conflictos en el seno de los Consejos Regionales, e incluso, para una fuente de corrupción, según se dé la autorización o no de acuerdo con un determinado plan, que no tiene, como digo, un carácter jurídico obligatorio. Por esa razón, la Comisión de Hacienda prefirió suprimir ese elemento y mantener únicamente el límite de los montos de inversión.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 23 Sesión: Sesión Ordinaria N° 23 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 348 Fecha: miércoles 8 de enero de 2003

MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN Y MODIFICACIÓN DE PLANTAS DE GENDARMERÍA DE CHILE El señor FOXLEY .Señor Presidente , votaré a favor el proyecto, y en forma muy breve quiero explicar el porqué. Desde 1990 los Gobiernos de la Concertación han estado empeñados en un proceso gradual tanto de modernización del aparato del Estado -que significa en muchos casos reformular y poner al día las plantas de distintos servicios públicos- como del mejoramiento de remuneraciones de los funcionarios que las integran. El proyecto en debate da cuenta de ese mismo enfoque, pero referido a un servicio como Gendarmería, que a mi juicio debiera ocupar un lugar bastante estratégico desde el punto de vista de las prioridades futuras del país. Si uno hace una encuesta de opinión pública hoy día, encontraría que las dos principales preocupaciones de la gente común son, primero, el empleo y, segundo, la seguridad personal, familiar, del barrio donde vive. La materia relativa a seguridad, a mi juicio, va a adquirir un lugar cada vez más central, porque en los resultados observados hasta ahora hay un claro aumento de la delincuencia, de la internacionalización del delito, de la proliferación de problemas de drogas, de microtráfico en las poblaciones. Por lo tanto, la multiplicación de ilícitos que -desgraciadamente, en grado importante por su vinculación al tema de la cesantía- se difunde más rápido entre personas jóvenes y desempleadas, se demuestra a través del creciente aumento de menores de edad en la población de recintos carcelarios. Así lo entiende el Gobierno. Por eso, ha procurado atacar el problema de la seguridad desde distintos ángulos: refuerzo del presupuesto para aumentar el personal de Carabineros; al mismo tiempo, inicio de una reforma judicial en materia procesal penal a fin de acortar los plazos en la dictación de fallos relativos a delitos -las personas reclaman con justicia que sean resueltos en menor tiempo-; mejoramiento del sistema carcelario. Sobre el último punto, en los fundamentos del proyecto queda absolutamente claro que Gendarmería es un servicio, desde el punto de vista de su actividad diaria, cuyo personal desarrolla una labor no muy distinta de la que realiza alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas o Carabineros. Se trata de servidores con sobrejornadas y turnos adicionales, sin la correspondiente remuneración por horas extraordinarias, aparte el hecho de que labora bajo extrema tensión y, además, en constante riesgo incluso de la vida. En tales condiciones -que son de alto estrés-, esos funcionarios deberían tener como contrapartida facilidades para la realización de su trabajo que signifiquen jornadas más razonables, aumento de remuneraciones superior al actual, completar la carrera funcionaria. Sobre esto último, el Honorable señor Muñoz Barra mencionaba un caso que también conocí respecto de una persona adscrita al cargo de una planta en extinción y que no ha podido ascender. Por lo tanto, existe un conjunto de situaciones de carácter laboral que es necesario remediar: exceso de cargos a contrata, muy pocos en la planta, etcétera. Por eso, me parece que el proyecto apunta en la dirección correcta y representa un paso significativo. No quiero dejar de referirme al aspecto previsional y a la participación del personal de Gendarmería en la DIPRECA. En verdad, no puedo sino defender la posición del Gobierno, reflejada en la iniciativa que nos ocupa. En 1993, cuando yo era Ministro de Hacienda , impulsamos el proyecto original que permitió la incorporación del personal de Gendarmería a DIPRECA. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).Ha terminado su tiempo, señor Senador. El señor FOXLEY.-. Finalizo de inmediato, señor Presidente.

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Esa situación de alguna manera se revirtió, y hoy día es indispensable mantener lo que parece una solución adecuada, ya que tanto personal de Gendarmería como de Carabineros tiene una demanda similar por buen servicio de salud y de prestaciones previsionales. Por lo tanto, si DIPRECA enfrenta problemas de financiamiento, ello debe resolverse por la vía del Ministerio de Defensa y eventualmente del de Hacienda. El Honorable señor Cordero mencionó durante el debate diferentes alternativas de solución, y me parece que todas ellas son atendibles. Si se trata de realizar convenios con FONASA y es dificultoso concretarlos porque debe modificarse una ley, que se proponga al Congreso el respectivo proyecto. No estamos cerrados a resolver el problema de DIPRECA. Pero me parecería extraordinariamente injusto que el personal de Gendarmería -cuyas jornadas laborales son agotadoras, que se desenvuelve en situaciones de alto estrés y se encuentra propenso a lesiones en su trabajo- termine marginado de un adecuado sistema de atención de salud y previsional. El déficit en el sistema previsional y de salud de las Fuerzas Armadas se arrastra desde hace mucho tiempo. Se trata de un problema creciente, acumulado, independiente de si se atienden o no se atienden los gendarmes y que, por lo tanto, requiere una solución de fondo, que, entiendo, se está conversando con las instituciones correspondientes. Las Fuerzas Armadas no han querido incorporarse al sistema previsional de las AFP, en el que se encuentra el resto de los chilenos. En todo caso, es un tema de fondo que debe ser revisado. Pero no lo confundamos con lo que propone la iniciativa, que representa una solución adecuada para que el personal de Gendarmería acceda a DIPRECA, como lo hizo a partir de 1993. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).¿Cómo vota Su Señoría? El señor FOXLEY .A favor de la normativa.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 43 Sesión: Sesión Especial N° 43 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 343 Fecha: miércoles 9 de mayo de 2001

ALZAS EN TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIDAS ANTE SUS EFECTOS NEGATIVOS EN LA POBLACIÓN El señor FOXLEY .Señor Presidente , creo que, como lo han expresado otros señores Senadores, el tema requiere mucho mayor atención de la que ha recibido hasta ahora del Congreso, porque toca muy directamente a la opinión pública en forma casi cotidiana. Y las razones por las cuales la cuestión se ha hecho tan importante en las preocupaciones de las personas diría que son tres, básicamente. Primero, vivimos, como país, una experiencia que en su momento fue bastante inédita y que todavía, probablemente, representa una situación limítrofe, en el sentido de que Chile escogió en los años ochenta un camino con muchos riesgos por ser desconocido, como era privatizar algunos servicios básicos de los cuales depende, en medida no despreciable, el bienestar de la población. Esa vía no ha sido revertida por los Gobiernos de la Concertación. En algunos casos, y respecto de ciertos sectores, han continuado el proceso de venta de empresas, como las sanitarias, al sector privado. En consecuencia, nos hallamos en presencia de una política de Estado evaluada muy frecuentemente, como digo, por los usuarios de los servicios, ya que todos los meses reciben cuentas de luz, agua, etcétera. Por tal motivo, ése es un tema central. Reviste ese carácter, también, porque en el grado de desarrollo de Chile las preocupaciones por la calidad de vida se comienzan a hacer cada vez más gravitantes, respecto de aquellas que simplemente dicen relación a la supervivencia o los niveles de ingreso mínimos que permiten subsistir a una familia. Algunos economistas han realizado estudios comparativos de la evolución del desarrollo económico en distintos países a través del tiempo, habiéndose detectado en alrededor de los cinco mil dólares per cápita, precisamente, un umbral en el que cambia de manera sutil la atención de la opinión pública o la principal presión de la gente sobre el sistema político. En efecto, del deseo de contar con una red mínima de subsistencia en cuanto a ingresos, ya sea obtenidos con el carácter de mínimos o transferidos por el Estado, se ha pasado a otro que apunta a disponer de todos los elementos componentes, más bien, de la calidad de vida, en relación con aquella que se puede lograr en las ciudades, los temas del transporte urbano, las dificultades en seguridad ciudadana y las cuestiones del acceso pronto y oportuno a un servicio básico de buena calidad, con una cobertura razonable, respecto de agua potable, luz, alcantarillado, telefonía, etcétera. Ésa es la segunda razón. Y la tercera radica en que una vez que los servicios se privatizan tiende a ocurrir en todas las experiencias conocidas que la fijación de tarifas se convierte en un asunto clave. En general, ellos cargan tarifas significativamente más altas que las aplicadas tradicionalmente cuando se encontraban en el sector público. Y, por lo tanto, tratándose del presupuesto de una familia de clase media baja que ahora accede probablemente a un mejor servicio, con más cobertura pero más caro, de agua, luz, teléfono, educación y salud, por mencionar los ítem principales, lo que sucede es que inicialmente se sufre una tensión bastante fuerte y es preciso ir reservando un porcentaje más significativo del presupuesto familiar para cubrir lo que antes eran prestaciones básicas "garantizadas" por el Estado, como quien dice, por lo que había mayor grado de libertad para gastar la plata en otras cosas. Y lo anterior origina una tensión -de nuevo- en el usuario, respecto no sólo de la empresa, sino también del ámbito político, para que se mantenga la sensibilidad con el objeto de que en el sector ahora privatizado no se cometan abusos, se establezcan tarifas justas y, al mismo tiempo, ellas se concilien, obviamente, con mayor cobertura. La idea de tarifa justa, entonces, supone erradicar el abuso, por un lado, pero también permitir las inversiones que las empresas necesitan para ir aumentando su cobertura y mejorar la calidad del servicio. Esos tres factores determinan la relevancia de lo que nos ocupa y hacen también crítico el tema de la confianza de los usuarios en que el servicio que se presta responde al bien colectivo, y no simplemente al motivo de lucro por parte de las empresas. En la medida en que esa creencia no se halle cautelada, la legitimidad de un sistema privatizado de servicios básicos se va atenuando y se convierte, como lo mencionaré más adelante, en una presión para revisar toda la política, eventualmente. Puedo dar dos ejemplos de sectores en los cuales se debilitó la confianza de los usuarios. Y así lo reflejan las encuestas de

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opinión pública. Uno de ellos es el de las rentas vitalicias. Ayer despacharon las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas, el proyecto respectivo, que ha demorado más de cinco años en el Congreso. A través del tiempo se constató que quienes administraban el sistema cobraban, a todas luces, comisiones excesivas, una parte de las cuales correspondía a la empresa o compañía aseguradora y otra era una forma de "licuar", como se dice elegantemente, esto es, de dar liquidez, contra el monto de las pensiones, a la persona que iba a recibir la renta vitalicia. Otros lo han calificado de coima encubierta, para que se compre la renta vitalicia en una compañía y no en otra. Como resultado, el mecanismo ha sufrido un desprestigio. Las comisiones han llegado -y todavía conforme a las últimas cifras- incluso a 8 y 9 por ciento del monto de la renta vitalicia. Ése no es el tema específico de hoy, pero sí reviste carácter genérico. Asimismo, se presenta la situación de las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones. Durante años no pudimos cambiar una estructura en la que también existían comisiones "por debajo de la mesa", determinantes de que fuera extraordinariamente alto el costo de mantener para el usuario la libreta de la administradora. Y el Senador señor Ominami , en esta sesión, nos ha ilustrado con otro caso: el de las sanitarias. Entiendo que Su Señoría hizo referencia específicamente a la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso (ESVAL). Por mi parte, apoyo y suscribo lo que expresó. Se plantean dos temas con respecto a esa entidad. Uno de ellos es el de los reajustes de tarifas y el otro, como lo mencionó mi Honorable colega, el relativo al diseño inicial de sistemas para fijarlas. Y creo, como el Senador señor Ominami , que esta última no ha sido una buena experiencia y que, por lo tanto, obliga de alguna manera a revisar lo hecho originalmente. Respecto de las tarifas, es efectivo, como aseveraba recién el Honorable señor Romero , que las relativas a algunas de las sanitarias se comenzaron a reajustar a partir de 1989-90 y que inicialmente los incrementos fueron bastante sustanciales. Entre 1990 y 1995, algunas de ellas casi se duplicaron: aumentaron en 90 por ciento. También es cierto que fue necesario tomar esa medida precisamente porque en la fase inmediatamente previa se encontraban congeladas. De hecho, se había instaurado, por lo tanto, un mecanismo de subsidio vía tarifas, que es la peor forma de materializarlo, porque reviste un carácter indiscriminado y la mayor parte la reciben sectores que pueden pagar por el servicio: los grupos medios y altos, que son los que más consumen. La política de subsidiar en esa forma corresponde, en realidad, a una noción más populista, vigente en Chile y en América Latina con anterioridad. El resultado de corregir esa situación en el período 1991-95 fue que aumentó sustancialmente la inversión en el sector sanitario, desde unos 25 millones de dólares anuales, en la fase previa a 1989, hasta 130 millones de dólares anuales, en el período 1992-95. O sea, la política tuvo su sentido. Me parece que el Senador señor Ominami , en lugar de centrar la discusión acerca de si el alza de ESVAL o de EMOS era o no era justificada, señaló con claridad que el procedimiento o método utilizado no es bueno. Su Señoría lo ilustró con mucha claridad. Si la Superintendencia expresa que la tarifa correcta debe ser 10 por ciento inferior a la que prevalece y la empresa sostiene que debe ser 40 por ciento superior, hay algo que anda muy mal. Obviamente, está ocurriendo lo que manifestó Su Señoría y a lo cual me acabo de referir, esto es, que en el sistema hay un incentivo para extremar resultados. Lo mismo se ha observado en el sector eléctrico y en otras áreas. En el fondo, ello implica forzar la mano a la empresa para falsificar hacia arriba. Y como la Superintendencia sabe que se encontrará con una empresa que cuenta con una tremenda asesoría y con un gran cuerpo de ingenieros que justificarán "racionalmente" esa alta tarifa, ella va a tratar de sesgar hacia el otro lado, para que finalmente se llegue a un promedio. Sin embargo, eso no es bueno. Los malos diseños hay que corregirlos. El problema radica en que, una vez fijada la tarifa, ésta se mantiene por cinco años. Y esto significa que habrá un descontento acumulado del usuario por todo ese período, lo que, a mi juicio, es peligroso. En cuanto al rol de los peritos, tengo conocimiento de que en el caso de ESVAL -y supongo que también de EMOS- aquél no estaba en el espíritu de la ley. Ellos fueron indebidamente presionados por las empresas -digámoslo claramente-, las cuales tienen gran poderío y mucha capacidad para influir en sus decisiones y para cargar la balanza hacia un lado. Eso crea desconfianza en el sistema. Por lo tanto, suscribo lo manifestado por el Senador señor Ominami en cuanto a que es necesario corregir el mecanismo y que se debe contar a lo menos con una lista de personas intachables -no digo que las otras no lo sean-, cuya independencia esté absolutamente garantizada, o bien, que se pueda disponer de firmas asesoras que den seguridad al usuario en orden a que la fijación de tarifas no será sesgada hacia ningún lado. Me refiero no sólo a las Superintendencias representadas en esta sesión, sino también, por sobre todo, a las relacionadas con los sectores sociales; vale decir, a las Superintendencias de AFP, de ISAPRES, etcétera, respecto de las cuales existe la

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percepción -y lo voy a decir con mucha franqueza- que tienen cierta debilidad estructural frente a los sectores que regulan. Esa debilidad se produce por la tremenda asimetría existente en materia de recursos humanos. En efecto, una empresa monopólica cuenta con alrededor de cien ingenieros encargados de analizar el problema tarifario; en cambio, la Superintendencia respectiva sólo cuenta con cinco o seis. Esto, de hecho, implica que existe desigualdad en la "negociación de tarifas". Por otra parte, en algunos de los casos que he mencionado -por lo menos, está muy claro en el relativo a las rentas vitalicias-, las Superintendencias están sometidas a un "lobby". Sobre el particular, he manifestado a la Asociación de Aseguradores -y lo repito en esta Sala- que a mi juicio esa práctica resulta absolutamente excesiva y raya en lo ilegítimo. Quizás, algunos han leído las inserciones de prensa publicadas por los aseguradores en los diarios en estos días, los cuales saben que el tema está por definirse en la Comisión de Hacienda del Senado. A ellos les he dicho que ese proceder no es legítimo y que lo único que han de lograr en los legisladores, al menos, será endurecer nuestras posiciones. Si para nosotros ha sido agobiante y difícil resistir esa presión, me imagino cómo lo será para una superintendencia, que debe escuchar a estos señores todos los días en el teléfono, pidiendo entrevistas y ejerciendo presiones. Por lo tanto, a las proposiciones del Senador Ominami agregaría otra: de una vez por todas legislemos para que el "lobby", que es una actividad legítima, esté regulado con mucha claridad en la ley, y se permita a las superintendencias ejercer una independencia real respecto de influencias que finalmente resultan también nefastas para la propia empresa. Porque en la medida en que el usuario sienta que el poder de esta última es excesivo frente a esas instituciones y pierda su confianza en ellas como protectoras del bien común, se generarán condiciones para que surja una reacción contraria al sistema en su conjunto y para pedir reformas mucho más drásticas respecto de un sector privatizado. Ahora bien, el foco de la opinión pública, y también de algunos sectores políticos, empieza a cambiar insensible o gradualmente a partir de la idea de mejorar la regulación, hasta llegar al fortalecimiento de los proveedores estatales de los servicios. Esto no sólo ocurre en Chile. El Senador señor Gazmuri -si no me equivoco- expresó que una de las presiones surgidas hoy en el Estado de California y que su gobernador tuvo que aceptar, fue reestatizar algunas empresas distribuidoras de electricidad -por lo menos, transitoriamente-, porque la opinión pública no toleraba el cuadro de escasez de electricidad existente, por un lado, y las presiones para aumentar fuertemente las tarifas, por otro. Efectivamente, como lo han expresado varios señores Senadores de las bancadas de Oposición, éste es un terreno donde hay que moverse con un gran sentido de responsabilidad. Y la principal responsabilidad es hacer bien las cosas para lograr un buen diseño de estos sistemas y se pueda corregir a tiempo los que son malos. En cierta oportunidad, el Ministro de Hacienda argentino don Domingo Cavallo me señaló que la experiencia de su país era exactamente igual a la nuestra. Por lo tanto, los errores de diseño inicial cuesta mucho corregirlos, debido al "lobby" de los sectores y a los intereses creados al interior de éste. En consecuencia, a la proposición específica que nos atañe en nuestra condición de legisladores, creo que sería conveniente agregar otro elemento. Así como existe un mecanismo conforme al cual el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de alguna manera son "fiscalizados" por el Senado respecto de la implementación de una política presupuestaria y monetaria esto se hace varias veces al año-, me parece que al Parlamento le corresponde cumplir, a través de las Comisiones de Economía de la Cámara de Diputados y del Senado, un rol más allá del ejercicio de lo que estamos haciendo, con participación del Ministro de Economía y de los Superintendentes pertenecientes a dicha Cartera, incluyendo por cierto a servicios como las Superintendencias de AFP, de ISAPRES y otros. De esta manera, podremos cotejar opiniones, formular comentarios y hacer críticas en forma relativamente regular. A lo anterior debemos agregar la posibilidad de introducir correcciones en la medida en que hayan mecanismos mal diseñados y que estén produciendo resultados negativos, incluso modificando el período de cinco años, aun cuando en algunos casos las tarifas se encuentren congeladas. A mi juicio, resolver bien estos temas es clave para la confianza de los usuarios y de la gente. Con respecto al camino escogido en el sentido de que los servicios básicos estén hoy en manos del sector privado, debo señalar que soy partidario de que continúen así, como también lo he sido de que algunos que no pertenecen a él puedan eventualmente ser incorporados. Pero el peso de la prueba corresponde a los legisladores, al Estado y al Gobierno, toda vez que esa forma de gestión debe garantizar a los usuarios la aplicación de tarifas justas, de estímulos adecuados para la inversión de las empresas y una cobertura razonablemente generalizada del servicio y, sobre todo, de la calidad del mismo. Ése es el desafío. En mi opinión, el Parlamento tiene que jugar un rol en la materia, cual es estar encima del asunto, fiscalizar, dar y recoger ideas y legislar para que los mecanismos de fijación de tarifas siempre cautelen el interés de los usuarios y permitan, por cierto, que se lleven a cabo las inversiones que necesita el sector.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 2 Sesión: Sesión Ordinaria N° 2 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 346 Fecha: martes 19 de marzo de 2002

SOLIDARIDAD CON GOBIERNO Y PUEBLO ARGENTINOS. PROYECTO DE ACUERDO El señor FOXLEY.Señor Presidente, deseo explicar en forma muy breve el fundamento de esta iniciativa. En las últimas semanas, todos hemos sido testigos de la situación límite por la que atraviesa la República argentina, que ha tenido una expresión particularmente dolorosa debido a la forma como su población, la gente común, se ha visto involucrada en una crisis no sólo a nivel macroeconómico, sino que también la ha llevado a un empobrecimiento muy rápido y drástico en esto se incluyen sectores muy importantes de la clase media-, a un congelamiento de los depósitos bancarios y a una continua penuria económica. Todo ello ha significado reducciones de salarios y de pensiones. En consecuencia, Argentina se halla literalmente al borde de un desplome institucional. Pensamos que, tal vez, éste es el momento apropiado -como nos han confirmado muchas personas desde la nación trasandina- para que los chilenos expresen solidaridad con el Gobierno y el pueblo argentinos. Aquí no se trata de pronunciarse sobre por qué dicho país llegó a la situación en que se encuentra, si sus políticas económicas fueron adecuadas o no, o si la convertibilidad era la mejor forma para consolidar su sistema democrático -ése es un debate que corresponde a los argentinos y respecto del cual podremos participar en otro foro-, sino simplemente de expresar nuestra solidaridad con la nación trasandina por lo que está ocurriendo en ella. A mi juicio, la importancia del momento radica, en primer lugar, en el hecho de que los argentinos aprecian y valoran enormemente este tipo de manifestaciones, pues necesitan apoyo, y en segundo término, en que Chile -que tiene una historia de desencuentros con ese país- en los momentos claves o críticos debe hacer un esfuerzo de inversión a futuro, mostrando buena voluntad, no para respaldar necesariamente a un Gobierno, sino para demostrar solidaridad con un pueblo. Según mi opinión, el problema central que existe actualmente en la nación transandina dice relación a una crisis de confianza. Ésta obedece a una interrupción en la cadena de pagos, la cual se generó debido a que Argentina no tiene solvencia financiera internacional. Contrariamente a lo sucedido con las crisis económicas que experimentaron México en 1994, los países asiáticos en 1997, Brasil en 1998, Rusia en 1999 y, más recientemente, Turquía -naciones donde el Fondo Monetario Internacional construyó un esquema de apoyo financiero-, Argentina se ha visto enfrentada a la relativa indiferencia de aquel organismo, así como también a la del Gobierno de Estados Unidos. Mediante el proyecto de acuerdo se busca dar una expresión de apoyo por parte del Senado chileno. Y en caso de ser aprobado, esperamos que se comunique al Senado argentino y que de alguna manera signifique solicitar a nuestro Gobierno que continúe, profundice, encabece y lidere gestiones con los organismos multinacionales, particularmente con el Fondo Monetario Internacional, a fin de que éste no haga con Argentina lo que no hizo antes con ninguno de los países que estuvieron en situaciones similares. Considero que la acción del Senado chileno sería muy bienvenida al otro lado de Los Andes. Por eso me atrevo a pedir el respaldo de Sus Señorías para la aprobación de esta iniciativa.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 24 Sesión: Sesión Ordinaria N° 24 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 349 Fecha: martes 12 de agosto de 2003

ENMIENDA DE LEY SOBRE REPROGRAMACIÓN DE DEUDAS DE CRÉDITO SOLIDARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR El señor FOXLEY .Señor Presidente , voy a informar muy brevemente. Este proyecto, que se vio hace un momento en las Comisiones unidas de Hacienda y de Educación, es bastante simple. Su objeto es prorrogar la fecha de reprogramación de deudas provenientes de crédito solidario de educación superior hasta el 30 de septiembre, manteniéndose las condiciones habituales: es decir, una tasa de interés de 2 por ciento, dos años de gracia y 15 años para pagar, de acuerdo con un porcentaje del ingreso y sujeto a la contingencia de que la persona tenga empleo. La reprogramación en sí misma consiste en dar facilidades para que el pago del 5 por ciento al contado se haga en 4 cuotas durante el año 2003, y el saldo, en 10 cuotas anuales, hasta extinguir la deuda. Además, se permite publicar íntegramente la nómina de deudores morosos, modificando las normas aprobadas por el Congreso en la llamada "Ley DICOM", que consignaban limitaciones respecto de cuáles deudas podían darse a conocer y cuáles no. La iniciativa busca completar un proceso de reprogramación que ya está en marcha. Se informó a la Comisión que, del total de 125 mil morosos de crédito solidario, han reprogramado cerca de 27 mil, y, en virtud del proceso oficialmente establecido, es probable que un número adicional lo haya hecho directamente con las universidades. Lo que se persigue por la vía del incentivo (mayor plazo) y de la sanción, entre comillas (publicación de las listas de morosos), es acelerar la reprogramación hasta recuperar un monto más significativo de la deuda, que, por ser muy cuantiosa, afecta las posibilidades de acceso al crédito solidario de los estudiantes que no lo recibieron anteriormente. El proyecto se discutió en las Comisiones unidas de Hacienda y de Educación, aprobándose unánimemente en general y particular. He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 53 Sesión: Sesión Ordinaria N° 53 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: martes 4 de mayo de 2004

ENMIENDAS A LEY SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES El señor FOXLEY .Señor Presidente , estimo que el proyecto persigue dos propósitos fundamentales. El primero de ellos es dar base sólida a un acceso creciente de las personas al consumo. Y enfatizo el concepto: bases sanas y sustentables en el tiempo. Lo que quiero significar es que la idea dice relación a que los chilenos puedan comprar con acceso al crédito, pero sin entrar, al endeudarse, en una situación extremadamente difícil que finalice en un resultado catastrófico para la familia, cuando, por no pagar, se embarguen los bienes, lo que termina en un círculo vicioso del cual a veces cuesta muchos años recuperarse. Y el segundo propósito fundamental, complementario del anterior, es dar protección a enormes sectores de la población desprotegidos simplemente por carecer de información respecto de los compromisos económicos que adquieren. En particular, en el caso del consumo -lo destacaron varios señores Senadores acá-, la gente, en términos simples, no sabe cuánto paga por el producto. Únicamente le interesa el monto de la cuota, y sobre esa base hace un cálculo mental rápido y se embarca en la adquisición de bienes a crédito, cuyas cuotas posteriormente no puede servir. Lo que el SERNAC busca de alguna manera es establecer normas de transparencia. Y, en tal sentido, refuerzo lo señalado por don Alberto Undurraga hace un momento, en cuanto a que la gente sepa lo que hace al momento de endeudarse. Efectivamente, todos los meses el SERNAC publica informes sobre las tasas de interés efectivas vigentes en el comercio, desagregadas por tiendas y por productos, lo que revela que algunas multitiendas cobran un interés absolutamente excesivo en muchos artículos. Cuando una tasa es superior al 10 por ciento mensual, quiere decir que al año sería de aproximadamente 150 por ciento. ¿Alguien puede explicar que se lleve a cabo un negocio financiero de esa envergadura? O es un riesgo loco de gente que realmente no puede comprar ni pagar y que, por lo tanto, no se le debiera dar crédito, o es un manera de trasladar el sistema hacia un negocio financiero que, en el caso de algunas tiendas, se acerca a la usura del prestamista informal. Es importante destacar lo que se dijo aquí con anterioridad: las grandes tiendas no tienen dificultad para sostener una amplia política de créditos. Y, al respecto, respondo específicamente los planteamientos del Senador señor Adolfo Zaldívar : gente de modestos ingresos compra en negocios donde la tasa máxima convencional no es superada por la tasa efectiva cobrada en las multitiendas. Hay consecuencias sociales, como la de que, según se mencionó, algunas personas quedaran fuera de la posibilidad de obtener crédito. Pero, de hecho, ello no es así. El proyecto no modifica nada de las condiciones en que hoy día se presta, en términos de la tasa máxima convencional. Además, debe tomarse en cuenta que, de no inducirse al sistema comercial a atenerse a determinada tasa máxima, habría otra consecuencia social,. Porque, si no se pone límite en esto, se puede generar una cadena de insolvencia, ya que, en el fondo, la gente será sometida a un régimen de inseguridad y angustia económica. Porque todo el mundo está tentado por gastar más de lo que tiene y por comprar bienes de consumo que, tal vez, en cierto momento no puede pagar, lo que es pan para hoy y hambre para mañana. Al final, se crea una situación espantosa. A todos los Parlamentarios nos llegan historias de personas cuyos bienes han sido embargados, etcétera. Por lo tanto, ¿qué se busca? Información, y que ella se encuentre en la boleta. Lo señalado por el Senador Novoa me parece atendible en el siguiente sentido: si además de lo que aquí se menciona como importes hay algún componente esencial distinto a la tasa de interés que debiera incluirse en esta lista (donde figuran los impuestos, los gastos notariales, los gastos inherentes y los seguros), podríamos hacer la corrección y agregarlo, para que no entre en la tasa de interés. Pero, desde el punto de vista de imagen, me parecería muy grave que el Senado no estuviera en condiciones de aprobar una norma que lo único que hace es decir a la gente: "Cuando usted vaya a comprar, le vamos a garantizar que sepa qué está pagando y cuáles son los componentes de su obligación".

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El señor LARRAÍN ( Presidente ).Ha terminado su tiempo, señor Senador. El señor FOXLEY .Señor Presidente , por último, me parece atendible la idea -conversada con el señor Ministro de Economía y, también, con representantes de la Cámara de Comercio y de otros sectores- de que el Gobierno constituya un grupo de trabajo para discutir una materia distinta a la de ahora, que es la relativa a la tasa máxima convencional para bancos y tiendas comerciales, a fin de que haya cierta simetría en la supervisión de los dos sectores, que también sea capaz de diferenciar los elementos específicos que lleven a que una tasa de interés máxima para un sector pudiera ser distinta de la del otro. El señor Ministro de Economía tiene una actitud positiva hacia la idea de crear tal grupo de trabajo. Si entre los distintos sectores del Congreso estamos de acuerdo en promover ese grupo de trabajo, no cabe duda de que el Gobierno no se va a negar. Podremos hacerlo dentro de los 12 meses consignados en la indicación respectiva aprobada por la Comisión de Hacienda.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 4 Sesión: Sesión Ordinaria N° 4 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: martes 12 de junio de 2001

MODIFICACIÓN DE DL Nº 3.500 EN CUANTO A PENSIONES A TRAVÉS DE RENTAS VITALICIAS El señor FOXLEY .Señor Presidente , a propósito de esta indicación, me parece que las últimas intervenciones, aunque plantean un tema de constitucionalidad, nos obligan a entrar al fondo del asunto que se está discutiendo y que es, en definitiva, el que explica y justifica el proyecto de ley que enfrenta el Senado. El punto fundamental a que se ha hecho referencia es que la iniciativa, de alguna manera, limitaría a las personas en su elección de renta vitalicia. Lo que no se pregunta es qué ha ocurrido, en la práctica, con un sistema en el cual no se restringe ni a las personas ni a las compañías que operan en el sector. El supuesto esencial era que las compañías de seguros operarían en un mercado altamente competitivo y, por lo tanto, ofrecerían a las personas interesadas en pensionarse un producto cuyo costo sería el mínimo necesario para proveer ese servicio. En la filosofía de la privatización de sectores básicos, como el de la seguridad social, en el fondo se hace confianza en que el sistema funcionará sobre la base de una efectiva competencia y que, por consiguiente, el precio en que se ofrezca el servicio será, repito, el mínimo desde el punto de vista de los beneficios que obtendrá el futuro pensionado. Sin embargo, en el ámbito de las rentas vitalicias la industria de las compañías de seguros ha operado en forma extremadamente insatisfactoria para los requirentes. Durante ya muchos años el sistema ha funcionado a través del cobro a los futuros pensionados de comisiones que han ido creciendo sistemáticamente desde un valor original de entre 2 y 3 por ciento del monto ahorrado por ellos, hasta llegar, el año 2000, a un promedio de 6 por ciento del mismo. Eso quiere decir que las compañías de seguros han montado un mecanismo por el cual el solicitante les paga el equivalente a cuatro años de cotizaciones como trabajador por concepto de simple comisión. Y parte de ésta se licua y se devuelve por debajo de la mesa al futuro pensionado. Por esa vía ha disminuido el monto de las pensiones de las personas que operan con la modalidad de rentas vitalicias. El año pasado se licuaron de esta manera 45 mil millones de pesos. ¡Cuarenta y cinco mil millones de pesos! Ello significa que las compañías, que se organizaron para montar ese esquema, les bajaron sustancialmente el valor a las pensiones de las personas que aceptaron firmar esa clase de contrato. Lo anterior indica que se encontrará en posición muy débil quien intente defender el sistema vigente aduciendo que en él efectivamente impera la competencia y una libertad de elección real a costo mínimo por parte del solicitante de pensión. La verdad es que existe una suerte de cartel oligopólico en el cual se cobran comisiones anormalmente altas. La mejor demostración de lo que estoy diciendo es que en momentos en que se discutía este proyecto en la Comisión de Hacienda, aparte del "lobby" realmente exagerado que hicieron las compañías de seguros, publicaron inserciones en todos los medios de comunicación (páginas enteras en los diarios) para presionar a los miembros de ese órgano técnico a fin de evitar que el texto se votara en la Sala. Como ese "lobby" falló, pues la iniciativa siguió su tramitación, y las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, la acogieron, al igual que las indicaciones formuladas por el Ejecutivo , con anterioridad al debate en particular de hoy aquí, las compañías de seguros -que, como dije, operaron como un conglomerado, como un oligopolio para tratar de convencer a los Senadores de que no se votara el articulado- se pusieron de acuerdo para bajar las comisiones. Es así como en el período de un mes, o menos, las comisiones (que no habían disminuido en más de 10 años y tampoco se había podido implementar el sistema de multas), ante el inminente despacho de la ley, bajaron de 6 por ciento a una cifra de entre 3 y 4 por ciento. Por lo tanto, el sistema se hallaba viciado, funcionaba pésimo. Y quienes pagaban el costo de ese mecanismo que operaba mal eran los futuros pensionados. El deber de un cuerpo legislativo no es defender a las compañías de seguros, sino el interés general. Y, en lo que dice relación a un sector de servicios básicos privatizados como el que nos ocupa, debemos preocuparnos de que la regulación funcione como corresponde. En el presente caso, ella consiste en asegurar que exista competencia donde antes no la había. En la normativa se plantea una modalidad de rentas vitalicias de libre elección para el interesado en pensionarse, quien

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tendrá múltiples alternativas. En primer lugar, si entre las modalidades de retiro programado y renta vitalicia escoge esta última, tendrá derecho a transparencia plena de la información. Mediante el uso de las nuevas tecnologías tendrá sobre la mesa las propuestas de todas las compañías del mercado, las que le dirán: "Para cautelar su interés le señalaremos las mejores ofertas de montos de pensión". Y le indicarán las tres que contemplen mejores condiciones. Además, se establece un nivel de riesgo inferior a aquél para permitir la participación de compañías de rango de calidad aceptable (categoría AA) y que, sin haber ofrecido los mejores montos, presenten ofertas razonablemente buenas. En resumen, el requirente podrá elegir entre 6 ó 7 opciones distintas. Finalmente, tendrá la posibilidad de pedir la realización de un remate entre las ofertas efectuadas por al menos tres empresas, o, si lo desea, solicitar que se le haga una oferta, al margen del sistema, por alguna compañía diferente de las que originalmente participaron en esta modalidad. Plantear que el proyecto impide la libertad de elección es entender muy sesgadamente lo que debe ser la legislación respecto de un servicio de seguridad social. El articulado da al imponente la seguridad, en primer término, de que tendrá la mejor pensión al más bajo costo posible, que es lo único que en definitiva importa, y, en segundo lugar, de que las compañías que le ofrezcan este servicio no se pondrán de acuerdo para extraer mañosamente, de ese futuro pensionado, platas que corresponden a este último. Si creemos en los mercados competitivos, apliquemos las reglas de la competencia como deben funcionar. Lo que aquí se está haciendo es enmarcar esas reglas para que funcionen, al revés de lo que ha ocurrido en los últimos diez años, en que no lo han hecho para nada. Por eso creo, señor Presidente , que la filosofía y el enfoque del proyecto son absolutamente adecuados, como, asimismo, la indicación del Ejecutivo en este punto, en cuanto a imponer el requisito de que las tres primeras compañías, las que obtienen los primeros lugares por ofrecer buenos precios, también deben mostrar un grado mínimo de calidad en lo relativo a riesgo. A eso se debe que la indicación proponga como condición que las compañías de seguros sean instituciones que cuenten con una clasificación de riesgo A. Me parece que esto nada tiene que ver con aspectos de constitucionalidad; sí con el bien común, con la exigencia de buen servicio a la gente, y con impedir que el mercado se "oligopolice" para extraer plata de las personas -lo que no corresponde-, como rentas más allá de las ganancias normales en un negocio como éste.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 29 Sesión: Sesión Ordinaria N° 29 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 347 Fecha: miércoles 11 de septiembre de 2002

PLAZOS PARA PROCEDIMIENTO Y REGULACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO El señor FOXLEY .Señor Presidente, ante todo, quiero dejar constancia de que, desde el punto de vista del objetivo que perseguía en principio el proyecto, éste es un precepto absolutamente medular. La iniciativa se entendió originalmente como un instrumento tendiente a conseguir lo que en la jerga usada en el Ministerio de Economía se denomina "eliminar los lomos de toro". Es decir, provocar un shock en la burocracia pública, de modo tal que los servicios estatales se vieran en la obligación de reacondicionar sus procedimientos internos para acortar trámites; someterse al pie forzado de modernizar los procesos de decisión, y ajustar la velocidad de ésta a los requerimientos de la economía en el siglo XXI. Valoro el enorme esfuerzo plasmado en la normativa para realizar un ordenamiento de los procedimientos administrativos. Sin embargo, estimo que con este artículo 27 no se avanza nada. Debo manifestar que, en su momento, con el ex Senador señor Sergio Bitar nos contactamos con el Gobierno para llegar a un consenso respecto de los plazos máximos. En nuestra opinión, ellos en ningún caso debían ser superiores a 90 días. Yo, al menos, primitivamente había planteado que fueran de 60 días. Fuimos a conversar con el entonces Ministro Secretario General de la Presidencia señor Álvaro García ; después, con el Ministro de Economía , señor Jorge Rodríguez . Nos tramitaron mucho; dimos vueltas y vueltas. Finalmente superamos el lomo de toro de los gabinetes de los Secretarios de Estado y logramos un acuerdo con ellos. Y ese acuerdo con el Ejecutivo se tradujo en una indicación para establecer en el artículo 27 un plazo máximo de 90 días. La indicación referida pereció en el camino; ignoro dónde, pero no llegó al texto final. Me parece que con la fijación de seis meses como plazo máximo no se cumple ninguno de los propósitos fundamentales del proyecto: eliminar lomos de toro y dar una señal de presión a la burocracia para que se simplifiquen los procedimientos, no se tramite a la gente y se echen a andar con mayor premura los mecanismos de autorización de inversiones, que la economía requiere hoy y mañana. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con el artículo 27. No sé si es factible modificarlo o si hay ambiente para ello, pero el plazo de seis meses es absurdamente largo.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 9 Sesión: Sesión Ordinaria N° 9 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: martes 3 de julio de 2001

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN CUANTO A CONTRATACIÓN, SINDICACIÓN Y DERECHOS LABORALES El señor FOXLEY .Señor Presidente , las indicaciones que hemos respaldado y que explicó el Senador señor Boeninger apuntan hacia una forma de organización del mercado del trabajo, que dice bastante relación a los requerimientos de una economía nacional que se desarrolla en forma muy abierta, en la que se compite con otros países en función de lograr determinados niveles de eficiencia, productividad y competitividad. Por otro lado, responden a la necesidad expresada por las personas que trabajan en empresas y que crecientemente están -como lo indicó el señor Ministro - buscando ajustar las jornadas de trabajo a sus preferencias en materia de formas de vida, como pueden ser el ocio, la recreación, la necesidad de desarrollar actividades más creativas que la principal; o por quienes, teniendo un trabajo, desean disponer de tiempo para estudiar, completar una carrera o algún nivel de educación, o ir capacitándose permanentemente así como transcurre su vida laboral. Por lo tanto, las indicaciones que se están proponiendo buscan la flexibilización real, efectiva, de la jornada, acomodando los distintos tipos de horarios de trabajo existentes hoy; pero admitiendo la posibilidad de que éstos sean más flexibles que los que en el presente existen en cuanto al número de días trabajados, días de descanso y horas diarias de trabajo. Seguidamente, para que esto funcione, no puede ocurrir que la flexibilización de jornada implique un costo superior para la empresa que acepta establecerla, porque en ese caso la nueva modalidad se derrotaría a sí misma desde el comienzo. Los establecimientos empleadores no van a aceptar la flexibilización de horarios. En tercer lugar, las indicaciones están señalando que será necesario, en el nuevo tipo de economía más flexible, aceptar que en algunos casos un grupo de individuos, hombres o mujeres de una empresa (que no necesariamente corresponden uno a uno con el sindicato), pueda negociar determinado tipo de jornada. Por ejemplo, mujeres que tienen niños en edad escolar, o personas que desempeñan labores de secretaría, etcétera, podrían querer negociar una flexibilización horaria que a lo mejor a los dirigentes sindicales no les interesa, prefiriendo en cambio mantener la rigidez de jornada porque eso les permite ejercer mayor control de sus afiliados. Puede ocurrir que un grupo de personas no esté por la rigidez y quiera una jornada especial para ellos. ¿Por qué impedirles que negocien tal flexibilización? La única seguridad que tenemos desde el punto de vista del desenlace final de la creación de la institucionalidad de jornada de trabajo flexible, es que los países que la han adoptado registran una tasa de desempleo sustancialmente inferior a la de los demás. Y si tomamos el caso más reciente y conocido de las dos economías más exitosas en el sistema de horario flexible, Holanda e Irlanda, veremos tasas de desempleo inferiores a 4 por ciento, normalmente de alrededor de 3 por ciento; mientras países vecinos como Francia e incluso Alemania, que han mantenido la rigidez de las jornadas de trabajo, siguen batallando contra tasas de desempleo de entre 9 y 10 por ciento. En consecuencia, el moverse en esta dirección es tomar un camino seguro. Y no tenemos que ser tan tímidos, tan pacatos en dar el paso, porque al final la retribución va a estar en que la gente alcanzará mayores oportunidades de empleo, más alternativas de ocupación que las que existen hoy día.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 54 Sesión: Sesión Especial N° 54 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 353 Fecha: martes 3 de enero de 2006

EFECTOS DEL DÓLAR EN SECTOR PRODUCTOR Y EXPORTADOR CHILENO El señor FOXLEY .Señor Presidente , hemos pedido esta sesión especial del Senado para discutir un tema que nos parece central en las próximas etapas de desarrollo del país. En la prensa del día de ayer se publicó una información sobre el ingreso por habitante de los chilenos. Se indicaba que éste se duplicó en los últimos años; se triplicó en comparación con el de 1990, y se cuadruplicó respecto de 1987. Partí señalando lo anterior porque me parece que la materia que debatiremos hoy día es esencial para un proyecto que Chile, hace algún tiempo, definió como "proyecto de desarrollo". Se trata de un proyecto de país que opta por abrir la economía, por competir en el mundo, de igual a igual, con naciones de mayor grado de desarrollo, y por apostar a nuestra capacidad de generar una economía más vibrante, que aprovecha mejor los talentos de su gente, capaz de impulsar su potencialidad emprendedora, y, por lo tanto, que se para en sus propios pies en virtud de un enorme esfuerzo exportador. Hablo de "esfuerzo exportador", porque el tamaño del mercado interno es muy pequeño, de manera que, estructuralmente, debemos volcarnos hacia el exterior. Hemos trabajado 15 años para abrir mercados internacionales, a través de los TLC. Las oportunidades están allí. Las cuotas de importación, incluso de productos que antes se hallaban completamente excluidos -como carnes y productos lácteos-, se encuentran abiertas, y ahora hace falta que el país se ponga a tono, a punto, y movilice toda su capacidad emprendedora para enfrentar este desafío. El problema que nos afecta en este momento es coyuntural. Hemos tenido una volatilidad en una señal clave en la economía, que es el tipo de cambio. Esta volatilidad ha sido muy fuerte -a mi juicio, excesiva-, y nos plantea un dilema fundamental: si creemos o no en la idea del ajuste automático, en la idea que el mercado va a determinar día a día cuál ha de ser el valor del tipo de cambio, y el resto de las decisiones económicas deben ordenarse en torno de esa señal. Pero el problema de esto radica en que se trata de un camino ya conocido. Un tipo de cambio altamente volátil permite la sobrevivencia de los sectores de actividad, productores de recursos naturales, sobre todo los no renovables, los cuales, por generar renta, pueden absorber esa volatilidad sin comprometer los programas de inversión o las cifras de empleo. El punto es que debemos pensar que la única forma como esta economía pequeña, abierta, vulnerable puede pasar a su nueva fase de crecimiento es diversificando su canasta exportadora, agregando valor a las exportaciones y buscando sistemáticamente ocupar los nichos más sofisticados de exportación en los mercados de los países desarrollados. Por lo tanto, si uno sigue el argumento de cualquier economista, en el sentido de que la política cambiaria debe apuntar hacia un tipo de cambio real de mediano plazo, que permita un equilibrio o un leve déficit en la balanza de pagos, tiene que plantearse en ese momento cuál es el perfil exportador al que esa economía apunta, de modo de lograr el paso a una fase nueva de desarrollo, con exportaciones más diversificadas, con menos vulnerabilidad y sin entrar en estas "montañas rusas" en que nuestra economía como otras de América Latina han estado históricamente involucradas, por la excesiva concentración de recursos naturales. La afirmación que quiero hacer -de carácter técnico- es que el tipo de cambio real de equilibrio de mediano plazo para una economía con exportaciones diversificadas y con mayor valor agregado, es más alto que el que se puede sostener cuando se concentra en la exportación de cobre y, además, en un par de productos naturales. Lo que se arriesga, si uno no trata de orientar el mercado cambiario hacia ese tipo de cambio real de mediano plazo un poco más alto, es, primero, comprometer la situación de los nuevos exportadores emergentes que, después de ver las oportunidades de estos nuevos mercados, están recién aprendiendo a hacer el negocio exportador; es decir, invertir más en tecnología, mejorar la calidad de los productos, construir redes de distribución, conocer mejor los mercados internacionales. A esa gente le estamos diciendo: "Señores, parece que ustedes se equivocaron, porque resulta que no les podemos garantizar ninguna señal medianamente estable para su negocio, y ya hay varios sectores en los cuales está comprometida la rentabilidad de sus negocios".

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Pero más relevante que eso es que en la perspectiva de mediano plazo hay gente que creyó que estos mercados se hallaban abiertos; que íbamos a ser capaces de dar una señal de estabilidad relativa en los elementos básicos -incluyendo el tipo de cambio-, y que estaba planeándose realizar inversiones importantes. Tengo aquí algunas cifras. En el sector carnes, inversiones en porcinos y aves por más de mil quinientos millones de dólares en los próximos años; y otras en carnes rojas. Lo que pasa es que esas inversiones están pensadas para un tipo de cambio real de mediano plazo que no es precisamente el que indica el mercado hoy día. Ha habido una apreciación del tipo de cambio -sacando lo relativo a las fluctuaciones de monedas-, poniéndolo con una canasta de monedas, según el período de comparación, en febrero del 2003, de 22 por ciento; respecto de los últimos nueve meses, de 15 por ciento en términos reales, y de 13 por ciento en el período 88 a 97. Por lo tanto, el deterioro real, la amenaza al esfuerzo exportador es innegable. Y lo que queremos evitar es que por una pasividad de la autoridad -sea el Banco Central u otra- simplemente condenemos a quienes han creído en este esquema de desarrollo exportador a sufrir un retroceso fundamental en sus planes de inversión y a pérdidas importantes en sus negocios. Este elemento -quiero insistir- es indispensable que se corrija. No estamos diciendo que tenemos que ir a un tipo de cambio fijo. Y lo digo, porque algunas autoridades monetarias han señalado que estamos promoviendo eso. En los años 79 a 82 fuimos de los más duros críticos de la política de tipo de cambio fijo que produjo un colapso financiero en 1982. Después, con colegas del Ministerio de Hacienda en México y en Argentina advertimos muchas veces que ésa era una política equivocada. Estamos muy lejos de querer volver a eso. Lo que estamos diciendo es que una política cambiaria razonable, compatible con la estrategia de desarrollo del país, tiene que ser una en que la autoridad, el Banco Central, intervenga activamente en el mercado cuando deba hacerlo, no para fijar determinado tipo de cambio, sino para llevar el de corto plazo en una dirección coherente con el tipo de cambio de mediano plazo que, a su vez, debe ser coherente con una estrategia exportadora de mayor valor agregado y mayor diversificación. Si no es así, lo que va a pasar será muy simple: tendremos una apreciación creciente del tipo de cambio; importaciones baratas que van a amenazar al sector manufacturero (ya está sucediendo en el sector textil, en el cuero, en el calzado y en varios otros rubros); vamos a desustituir importaciones en insumos básicos y, sobre todo, induciremos expansiones del consumo, además de los créditos para éste, con el consiguiente sobreendeudamiento de los consumidores. Y esa burbuja de la plata dulce ya la conocemos; ha ocurrido en el pasado con efectos bastante negativos. Tenemos que evitar la "montaña rusa"; debemos usar todos los instrumentos. Si la orientación es moverse hacia un tipo de cambio real de mediano plazo, ¿qué instrumentos necesitamos? El primero es la información sobre dónde va a ir el Banco Central; qué señales dará si las distorsiones actuales se agravan. ¿Qué tipo de intervención? He estado leyendo un par de artículos de unos muy reputados economistas japoneses. No voy a proponer el modelo japonés para Chile, pero quiero decir que en esa nación, que tuvo una recesión económica de 10 años y un problema de apreciación del tipo de cambio muy grave, su Banco Central decidió intervenir masivamente y gastó "muchos recursos" en eso, y dio vuelta la tendencia del tipo de cambio. Hoy día la economía de Japón se encuentra en expansión; está reduciendo desempleo y, finalmente, se halla en un proceso de crecimiento después de 10 años de no tenerlo. No estoy señalando que debemos hacer las maxi intervenciones de Japón, sino recalcar que la compra de divisas por parte del Banco Central cuando el mercado se encuentra orientado en la decisión equivocada es un instrumento obvio, evidente, pues dicho organismo está para eso. Sus autoridades, a mi juicio, entre sus responsabilidades, tienen la de utilizar ese mecanismo. Me parece que hay muchas otras cosas que pueden realizarse. Hay pagarés y bonos en dólares emitidos por el Banco Central que debiera retirar; existe una política de disminución de reservas que tendría que revisarse, porque en este momento no coincide con las necesidades de la economía; debe haber una mejor coordinación entre el sector público y el Banco Central para ver el impacto neto sobre el mercado de divisas y lo

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que ocurre con el Fondo de Estabilización del Cobre, con lo que realizan empresas como ENAP y CODELCO, o con lo que hace Tesorería. Deberíamos tener un comité coordinador, que se reuniera una vez a la semana, o cada quince días, para ver qué están haciendo unos y otros, y cuál es el efecto neto sobre el dólar. Lo que pasa con la moneda norteamericana y las divisas es un dato fundamental en esta economía. Se nos dice, a veces, que lo que debe hacerse es que los privados contraten seguros de cambio. Algunos lo hacen. No más de un tercio de las empresas los toman. Los seguros cambiarios son de corto plazo, a 360 días, y extremadamente caros. Por lo tanto, una empresa pequeña o mediana que en serio quiere meterse en la inversión para exportar, no lo puede hacer. Ahora, a fin de año, cuando se venzan los últimos seguros de cambio contratados, ¿saben Sus Señorías a qué precio futuro de la divisa se están ofreciendo? A 515 pesos. ¿Qué resuelve eso? En todo caso, si uno quiere irse por el camino de los seguros de cambios, lo que corresponde es una política pública en que sea por parte del Ministerio de Hacienda o del Banco Central, o de ambos- se desarrollen instrumentos para fomentar ese mercado. Y eso puede significar la necesidad de subsidios para el productor emergente o para el pequeño, que hoy día no puede pagar ese tipo de seguro. Sólo señalo simplemente algunas de las ideas que están presentes. Pero quiero subrayar lo relativo a la información. Nosotros queremos saber, por ejemplo, si se ha estado prepagando deuda y cuál ha sido su impacto sobre el mercado de divisas; si se ha pagado en pesos. Hay un problema de información respecto del cual, a mi juicio, sería muy importante que las autoridades nos lo aclararan. Pienso que el foco de la política económica, y sobre todo la cambiaria, debe ser en función de los que producen e invierten para estos mercados externos de gran escala. Ése es un objetivo del país. Es indispensable, porque lo que necesitamos es una macroeconomía para la producción y el empleo y no para seguir modas. Los economistas en los años 80 tenían por moda el tipo de cambio fijo; hoy día, la de libre flotación. Por eso, la autoridad debe intervenir cuando las cosas no funcionan de acuerdo con los intereses vinculados al desarrollo del país. Señor Presidente , terminaré mi intervención con tres argumentos brevísimos sobre hechos que confunden y que dan cuenta del problema. Primero, se ha dicho en medio de este debate -el cual ya lleva algún tiempo- que lo que sube baja y que, por tanto, no debe existir preocupación: el cobre subió; algún día bajará. Claro, en el futuro disminuirá su precio. El problema es, si ello acontece en tres años más, ¿cómo hará el pequeño o el mediano empresario para aumentar su productividad, a fin de compensar el impacto distorsionador que hoy en día genera el precio del metal rojo, que está por sobre los dos dólares? Al parecer, los tiempos no coinciden. El desarrollo de nuevos mercados tarda mucho tiempo -nos llevó más de veinte años en abrirlos- y en sólo meses se cierran. Segundo, se ha dicho que el tipo de cambio real deteriorado es un espejismo. Pero, cómo va a serlo si tengo aquí las cifras correspondientes a varios sectores: el frutícola, el vitivinícola, etcétera, las cuales demuestran que en el alimentario -donde Chile debiera ser una potencia en el próximo decenio y quedar dentro de los diez primeros lugares del mundo- estamos marcándonos un autogol. El otro día un productor lácteo me decía -tal vez, en una forma un poco dramática, pero muy viva para ilustrar lo que está pasando- que tenían un contenedor de productos lácteos para enviarlo en enero a la costa de Estados Unidos. Sin embargo, aquél quedó vacío, porque con el tipo de cambio, en la actualidad ya no es rentable el negocio y, además, como los costos en pesos han seguido subiendo, no resulta provechoso exportar. Se ha dicho -éste es el último punto- que no nos debemos preocupar, porque hay otros países que están peor. Pero miremos a Australia, a Nueva Zelandia. La apreciación de sus monedas ha sido más fuerte que la nuestra. Y, seguramente, existe un cuadro comparativo que lo indique. No obstante, quiero decir una sola cosa: Australia y Nueva Zelandia son economías maduras, con ingresos del orden de los 30 mil dólares per cápita. Su proceso de transformación productiva hacia los mercados mundiales ocurrió hace rato, con

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industrias de alta productividad, de elevada eficiencia. Por lo tanto, los ajustes de esos países en el tipo de cambio generan un efecto marginal sobre la estructura productiva y el empleo. En Chile tenemos un largo camino por recorrer. Estamos en 7 mil dólares per cápita y debemos llegar a los 25 mil ó 30 mil para contar con empleos de buena calidad. Además, el proceso requiere un acompañamiento y éste menos volatilidad, incertezas y vulnerabilidades que las que provoca una política pasiva frente al tipo de cambio.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 15 Sesión: Sesión Ordinaria N° 15 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 345 Fecha: martes 13 de noviembre de 2001

REAJUSTE PARA SECTOR PÚBLICO El señor FOXLEY .Señor Presidente , la Comisión de Hacienda aprobó unánimemente la propuesta de reajuste para los empleados públicos, que consiste en un reajuste de 4,5 por ciento, beneficiando a 550 mil trabajadores del sector público, centralizado y descentralizado. El mismo porcentaje de reajuste se aplica a los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, diferenciando entre trabajadores con remuneraciones iguales o menores a 270 mil pesos y los que superen esta cantidad y no excedan de 1 millón 50 mil pesos. Los montos fluctúan, en el caso del aguinaldo de Navidad, entre 25 mil 200 pesos para el primer tramo, y 13 mil 374 en el segundo. En el aguinaldo de Fiestas Patrias se discrimina similarmente con 33 mil pesos para los primeros, y 23 mil pesos para los segundos. Se reajustan también en 4,5 por ciento el bono de escolaridad, los aportes a servicios de bienestar, las asignaciones familiares, el subsidio único familiar y el bono de invierno. A todo esto se agrega un bono por cierre de conflicto, cuyo monto es de 30 mil pesos para los trabajadores que perciban una remuneración igual o menor a 270 mil pesos, y de 16 mil pesos para los que superen esa cantidad y no excedan de 1 millón 50 mil pesos. El proyecto fue discutido en la Comisión de Hacienda y se aprobó por unanimidad. Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 32 Sesión: Sesión Ordinaria N° 32 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 340 Fecha: martes 14 de septiembre de 1999

NORMAS SOBRE DEPORTE El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).Tiene la palabra el Senador señor Foxley , Presidente de la Comisión de Hacienda. El señor FOXLEY.Señor Presidente, el proyecto fue aprobado por nuestra Comisión en forma unánime, con algunos cambios menores. Me referiré a los puntos centrales que preocuparon a la Comisión de Hacienda. Una de las razones por las cuales esta iniciativa tuvo una tramitación bastante lenta radica en que su misma presentación generó una expectativa, justificada y legítima, en el sentido de poder realizar a través de ella un aporte sustancial, significativo, mayor al histórico, en materia de recursos para fomentar y desarrollar la actividad deportiva y recreativa en el país. En sus primeras versiones, lo relativo a los recursos de que se podía disponer no parecía adecuado a las expectativas que el proyecto mismo generaba. En el texto final, aprobado en forma unánime tanto en la Comisión de Defensa como en la de Hacienda, se introducen avances que consideramos bastante significativos en términos de expandir la frontera de recursos potencialmente disponibles para la actividad deportiva y recreativa en Chile. Desde luego, en las discusiones con el Ejecutivo, y particularmente con el Director de DIGEDER, quedó claro que el Gobierno estableció un principio que no se encontraba asegurado anteriormente, en cuanto a garantizar un piso presupuestario para las actividades de fomento y desarrollo del deporte y la recreación, el que se independiza del rendimiento de los juegos de azar y que constituye un monto aproximado de 17 mil 500 millones de pesos en aporte fiscal y de 25 mil millones de pesos de presupuesto total para estas actividades deportivas a partir de DIGEDER, y el día de mañana, de CHILEDEPORTES. El segundo aspecto que deseo destacar es que, después de numerosos aportes de muchos señores Senadores, finalmente se consideraron varios incentivos para la participación del sector privado en términos de adicionar recursos a los que el Estado pueda aportar para el fomento y desarrollo de esta actividad. Como señaló recién el Senador señor Fernández , tal vez uno de los avances más importantes en esta discusión particular ha sido que el Gobierno aceptó el criterio de aplicar un nuevo sistema de franquicias tributarias -diría- bastante significativo a quienes realicen donaciones para fomentar el deporte, sean personas naturales o jurídicas, empresas o individuos. La franquicia, equivalente a la existente en la Ley de Fomento de la Cultura, significa que quienes efectúen donaciones con fines deportivos podrán deducir del impuesto de primera categoría, si se trata de una empresa, o del impuesto global complementario, si es una persona, hasta el 50 por ciento de aquéllas. Y respecto del resto de la donación, podrá íntegramente deducirse de la base imponible como un gasto necesario para producir la renta, sea de la renta imponible de primera categoría o del impuesto global complementario, con un tope de 2 por ciento de renta imponible o de 14 mil unidades tributarias mensuales. Éste es un punto de avance respecto de la propuesta original del Gobierno, y fue producto de las muy detalladas discusiones que los señores Senadores llevaron a cabo en las Comisiones de Hacienda y de Defensa. Los otros elementos a través de los cuales se busca atraer recursos del sector privado y también de los individuos consisten en ampliar el esquema de concesiones para una participación del sector privado en la administración, gestión y manejo de recintos deportivos, y para el establecimiento de un subsidio equivalente al de la vivienda, a fin de que los clubes y organizaciones deportivas puedan comprar terrenos o sedes a través de un mecanismo de ahorro previo, que será complementado por un subsidio fiscal. El tercer punto se refiere a que el proyecto también se perfecciona en el trámite en particular, en el sentido de recoger la aspiración de una mayor descentralización en asignar y utilizar los recursos y algunos mecanismos de participación, con la idea de desestatizar un poco el sistema y hacer intervenir más activamente a los consejos locales de deportes, los municipios, las universidades y las regiones a través de sus respectivos gobiernos.

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Se establece un sistema de cuotas regionales. El Fondo Nacional para el Fomento del Deporte se divide en fondos a nivel regional. Y en los presupuestos de cada año se consignarán anualmente cuotas regionales, las cuales serán asignadas por CHILEDEPORTES Regional. También habrá un consejo consultivo donde participen organizaciones deportivas, consejos locales de deportes, etcétera. Por lo tanto, se avanza significativamente en la descentralización de los recursos para el fomento deportivo, con mecanismos de participación de la gente que está activamente interesada en esta actividad. Por último, se toman algunas providencias en el sentido de resolver un problema que se hace cada vez más crítico, particularmente por el rápido proceso de urbanización. En la ley en proyecto se establece que los planos reguladores de las comunas a lo largo del país tendrán que reservar espacios para recintos deportivos en cada comuna, previniendo la situación que, por no hacer estas reservas a tiempo, el alto valor de los terrenos urbanos -que sube fuertemente- impida adquirir los necesarios para habilitar canchas u otro tipo de recintos apropiados para el deporte, o se llegue muy tarde para comprar predios donde establecer canchas u otros recintos apropiados para la práctica del deporte. La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad esta iniciativa que, a nuestro juicio, constituye un avance muy significativo, incluso respecto del proyecto original del Gobierno. Por eso recomendamos, al igual que la Comisión de Defensa, que la Sala haga otro tanto. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).El Honorable señor Novoa le había solicitado una interrupción, señor Senador. El señor FOXLEY.Se la concedo con todo gusto. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).Puede hacer uso de ella, Su Señoría. El señor NOVOA.Sólo para complementar en un aspecto el informe del señor Presidente de la Comisión de Hacienda: el beneficio tributario que se concede es realmente significativo y estimulará las donaciones a los clubes deportivos. Desgraciadamente, la reglamentación contenida en la ley es muy engorrosa. Sólo se justifica en los casos de donaciones de alto monto, pero obviamente hará absolutamente imposible las de pequeña cuantía. Por ejemplo, si se quiere donar la suma de 100 mil pesos mensuales para gastos operacionales de un club, de acuerdo con la normativa en estudio, habría que suscribir un contrato con el departamento de comisiones de confianza de un banco para administrar tal donación. Obviamente, no habrá nadie interesado en hacerlas y ningún banco estará dispuesto a recibir el encargo de administrar 100 mil pesos mensuales. Analizado el tema en la Comisión, se pidió al Ejecutivo proponer en el próximo trámite constitucional un sistema más simplificado para las donaciones de montos menores, y consignar una norma para las destinadas a financiar gastos operacionales por 150 unidades de fomento al año (unos 2 millones 200 mil pesos anuales), o para inversiones del orden de 500 UF por año, de modo tal que con un trámite mucho más simplificado se pueda hacer efectivo el aporte, fundamentalmente a los clubes más pequeños. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).De acuerdo con lo convenido, el señor Secretario dará a conocer los artículos que requieren quórum especial de aprobación. El resto de los preceptos quedarían aprobados. El señor LAGOS (Secretario).-

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Como se señaló en la relación del proyecto, los artículos que requieren quórum de ley orgánica para aprobarse -es decir, la conformidad de los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio (25 votos afirmativos)- son los siguientes: 5º, 10, 16, 17, 21, 26, 31, 47, 71, 72, 73, 78 y 4º transitorio. El artículo 6º transitorio requiere para su aprobación de quórum calificado, esto es, 23 votos favorables. El señor BITAR.¿Me permite, señor Presidente? Antes de darlos por aprobados, deseo hacer una referencia al artículo 10, que necesita quórum de ley orgánica constitucional para aprobarse. Si bien concurriré con mi voto favorable, entiendo que lo relativo a que el Instituto Nacional de Deportes del Presidente dependa directamente del Presidente de la República podrá ser revisado en la Cámara de Diputados y, eventualmente, en la Comisión Mixta. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).Estamos de acuerdo y seguramente así lo hará la Cámara Baja. --Se aprueba en particular el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que concurren con su voto favorable 27 señores Senadores, y queda despachado en este trámite. El señor BOMBAL.¿Me permite, señor Presidente?

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 48 Sesión: Sesión Ordinaria N° 48 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: martes 13 de abril de 2004

CREACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL "CHILE SOLIDARIO" El señor FOXLEY.Señor Presidente, ante todo, quiero poner en contexto lo que estamos discutiendo y, en cierta medida, rectificar lo dicho con anterioridad por un señor Senador. La materia en debate es una nueva fase de la estrategia sostenida durante casi 14 años en la lucha frontal contra la pobreza en Chile. En primer lugar, no es efectivo que esa lucha no haya dado resultados. Ha sido notablemente exitosa, al punto de que no sólo ha reducido la pobreza a la mitad, sino que, además, ha demostrado que, incluso en circunstancias de un ciclo hacia la baja en la economía, producto de la crisis externa, fue posible sostenerla y, adicionalmente, seguir disminuyendo la pobreza en momentos en los cuales la economía no crecía. Por lo tanto, corresponde pasar a una nueva fase, consistente en atacar la que se ha dado en llamar "pobreza dura" o "extrema pobreza". El problema radica en que no existe ninguna receta que uno pueda transferir automáticamente desde otros países. La pobreza dura, como es bien sabido, tiene que ver no sólo con las condiciones económicas inmediatas de la familia, sino también con los entornos socioeconómico y, sobre todo, cultural. Hay una cultura de la pobreza; una suma de factores que actúan como freno para que la persona que encabeza un hogar pobre tenga oportunidad de acceder al trabajo, de educar a los hijos, etcétera. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que el país ha realizado una experiencia válida, pero ha sido necesario avanzar etapa por etapa. En cuanto a la pobreza dura, yo diría que al comienzo se hizo un enfoque experimental que estuvo centrado en el FOSIS, institución que ofreció a las personas y a las familias la posibilidad de que superaran gradualmente su condición de extrema pobreza desarrollando proyectos a nivel de la comunidad que les permitieran, por ejemplo, capacitar a las mujeres y contar con un mejor acceso a determinados servicios sociales, etcétera. Eso se hizo sólo a nivel experimental. En una segunda etapa, se intentó abordar este problema a través del denominado "Plan Nacional contra la Pobreza", donde se seleccionó a ochenta comunas para realizar en ellas el esfuerzo de erradicación. ¿Qué ocurrió? Lo que hoy día se trata de responder con el programa "Chile Solidario". En nuestro país, hay una lógica burocrática en la Administración del Estado, incluyendo a los municipios, que no permite alcanzar el objetivo que se desea. Por ejemplo, cuando se quiere atacar la extrema pobreza, los instrumentos se hallan muy dispersos entre distintas agencias públicas; la ejecución está fragmentada; la eficacia con que se implementan las políticas para esas familias es muy difusa, no sólo entre los distintos sectores, Ministerios y municipios, sino también entre regiones y localidades. Entonces, al final, el resultado que se obtiene es muy desigual. Por eso, el Banco Mundial, que estudió comparativamente este fenómeno y los intentos de cuarenta o cincuenta países que han emprendido una lucha contra la pobreza, ha llegado a la conclusión de que se necesita un enfoque holístico, cuyo fin es concentrar y focalizar los recursos. Hace un tiempo se decía: "El sistema no funciona porque los fondos no se focalizaron suficientemente en las familias más pobres; hay filtraciones". Lo que se plantea a través de "Chile Solidario" es que no basta con focalizar en los grupos más pobres, hay; hay que hacerlo también en quien coordina, en quien acompaña a la familia, en quien suma los recursos y en quien organiza los esfuerzos de las distintas agencias sectoriales, locales o regionales para romper la lógica burocrática que impide que el ataque contra la pobreza extrema sea acumulativo, efectivo para levantar simultáneamente, en los distintos aspectos que involucra tal condición, a las familias que se hallan en esta trampa, de la cual no pueden salir. Digo esto porque conozco algunas experiencias; he trabajado con representantes del Banco Mundial en estas materias. Y creo que el "Chile Solidario" es un programa de frontera que está tratando de dar una nueva respuesta, donde se concentra el esfuerzo coordinado de una instancia, en este caso el MIDEPLAN, para captar el accionar de un conjunto de instituciones públicas o privadas.

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Por lo tanto -y con esto termino- los artículos 11, 12, 13 y 14 representan el centro de la filosofía de "Chile Solidario". Y me parece absurdo que, por una cuestión jurídica en mi opinión artificial y "tirada de las mechas", se sostenga que estas normas no corresponden a la esencia del programa. A mi juicio, sí revisten ese carácter. Por ello, debemos aprobar dichos artículos tal como están planteados por la Comisión.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 8 Sesión: Sesión Ordinaria N° 8 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: miércoles 5 de noviembre de 2003

PRÓRROGA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE REFORMA PROCESAL PENAL EN REGIÓN METROPOLITANA El señor FOXLEY .Señor Presidente , seré muy breve. La Comisión de Hacienda aprobó en forma unánime el aplazamiento propuesto. Se advirtió que habría una reasignación de recursos, originalmente consultados en el plan de implementación inmediata, que permitirán hacer inversiones en infraestructura, en capacitación de personal, etcétera, para llegar en mejores condiciones al momento de entrada en vigencia de la reforma en la Región Metropolitana. Asimismo, se señaló la conveniencia de que el Presidente del Senado cite a una sesión especial con el objeto de evaluar, con el señor Ministro de Justicia y las autoridades respectivas, los avances de la reforma. Los señores Senadores por las Regiones donde se está aplicando tienen observaciones significativas que al Ejecutivo convendría conocer. Todavía no se ha podido determinar la fecha de esa sesión.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 5 Sesión: Sesión Ordinaria N° 5 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 351 Fecha: miércoles 16 de junio de 2004

OTORGAMIENTO DE BONO Y BENEFICIOS PREVISIONALES, Y ENMIENDA DE NORMAS SOBRE PENSIONES El señor FOXLEY.Señor Presidente , esta iniciativa fue aprobada por la Comisión que presido, con una votación unánime de sus miembros en cada uno de sus aspectos. Seré muy sintético, porque el señor Secretario del Senado ya se refirió a algunos componentes del proyecto. El primer elemento es un mecanismo de compensación por las alzas del precio de los combustibles, y por la forma como este incremento ha afectado a los sectores de ingresos más bajos. Se establece, por lo tanto, un bono extraordinario, por una sola vez, de 10 mil pesos para las personas que reciben pensiones asistenciales o mínimas, y además, para los beneficiarios del programa Chile Solidario. Los favorecidos alcanzan a poco más de un millón de chilenos. En seguida, el proyecto contiene una propuesta para aumentar gradualmente la pensión mínima de los mayores de 75 años, desde su monto actual de 82 mil pesos, hasta un valor final de 90 mil pesos, en septiembre de 2005. Su materialización se hará en dos cuotas y el mejoramiento es de 9.3 por ciento. Para los efectos de la pensión asistencial -como decía el señor Secretario - se han considerado dos tramos. En el primero, que va desde los 70 hasta los 74 años de edad, aumenta de 39 mil pesos a 41 mil pesos; en el segundo, desde los 75 años en adelante, sube de 37 mil 800 a alrededor de 45 mil pesos. A este beneficio se acogerán cerca de 416 mil personas. Actualmente, las pensiones de viudez tienen un tratamiento asimétrico entre el antiguo régimen previsional y el nuevo sistema impulsado por las AFP. En este último, su monto alcanza a 60 por ciento de la pensión del causante, mientras que en el antiguo es de 50 por ciento. Esa diferencia se corrige gradualmente en dos tandas, aumentando primero de 50 a 55 por ciento, y luego, de 55 a 60 por ciento. Eso es lo fundamental. Existe una pequeña variación en el caso de que la viuda tenga o no hijos receptores de pensión de sobrevivencia. El punto central persigue homologar ambos sistemas, llegando a 60 por ciento de la pensión del causante. El incremento beneficiará a poco más de 100 mil personas. Asimismo, cabe destacar una pequeña corrección -mencionada por el señor Secretario del Senado - en lo relativo a la pensión de sobrevivencia. Por ejemplo, cuando el fallecimiento ocurría a comienzos de mes, la familia debía devolver el resto del monto de los días ya pagados. En lo futuro, en cambio, se mantendrá en forma íntegra el último pago, independientemente del día en el que se produjere la muerte del pensionado. Asimismo, se ha tomado en cuenta una observación de algunos Parlamentarios de Regiones -particularmente del Senador señor García , miembro de la Comisión de Hacienda-, en el sentido de que se produce una distorsión en la asignación de los cupos en las pensiones asistenciales, debido a que se determinaban marcos presupuestarios para cada Región, pretendiendo beneficiar a las personas de menores recursos en su conjunto. Pero esta modalidad llevaba a que el punto de corte -en términos de puntos de la ficha CAS- fuera más bajo en las Regiones más pobres que en otras, como la Metropolitana. En otras palabras, en las primeras el número de beneficiarios de pensiones asistenciales era proporcionalmente menor y mucha gente quedaba en lista de espera. Esa situación se va a corregir con la aplicación de un nuevo procedimiento, que establece que en el mes de diciembre de cada año, a través de un decreto del Ministerio del Trabajo, se definirá el número de pensiones mensuales que se pueden otorgar a nivel nacional. Y la distribución entre las Regiones se efectuará mensualmente, tomando en consideración los postulantes de más bajos recursos que se encuentren en las listas de espera respectivas. Es decir, se impone un criterio más homogéneo en ese sentido. Tales son los principales alcances del proyecto, el cual tiene urgencia de "discusión inmediata" y contó con la aprobación unánime de la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, estimo que no debería existir mayor discusión en la Sala del Senado.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 18 Sesión: Sesión Ordinaria N° 18 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: miércoles 10 de diciembre de 2003

CREACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL "CHILE SOLIDARIO" El señor FOXLEY .Señor Presidente , quiero poner una nota -si me excusa el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- un poquito menos escéptica sobre el problema. A lo mejor, estamos hablando lo mismo que hace 40 años, pero no nos encontramos necesariamente en el mismo punto. Por ejemplo, si uno observa la trayectoria de las estrategias de lucha contra la pobreza de los últimos 12 años, tiene que reconocer que se han ido produciendo etapas de maduración en la forma en que se entiende el problema y cómo se trata de resolver. En la primera etapa, la respuesta desde el punto de vista de las políticas públicas fue la más simple de todas: buscar recursos y concentrarlos en un aumento de la cobertura, primero en el plano de asegurar un nivel mínimo de ingreso para quienes estaban en peores condiciones; y segundo, incrementarla en los servicios sociales básicos esenciales, como educación, salud, programas de vivienda, etcétera. A mi juicio, esa etapa se cumplió en forma bastante exitosa. La demostración se halla en que la tasa de pobreza y el porcentaje de familias bajo la línea de pobreza se redujeron significativamente. Sin embargo, a medio camino, durante el Gobierno del Presidente Frei, se reconoció que en la cobertura había dos problemas. Uno, que no bastaba -como está demostrado ahora con mucha más fuerza- poner más recursos si no se mejoraba la gestión de los programas ni el rendimiento de los mismos. En el caso de la Salud, es bastante claro que eso no ocurrió con la intensidad que se esperaba. Lo mismo sucedió en la enseñanza, pues los rendimientos en el sistema educacional no han subido en proporción al aumento de los recursos entregados. El otro problema fue que el aumento de cobertura iba dejando de lado la situación de las familias que están entrampadas como quien dice- en la pobreza y en un giro adicional en la transmisión intergeneracional de esa pobreza. Es decir, las familias han caído, en algún momento de su historia, en una trampa de la cual no pueden salir. El Presidente Frei trató de definir un plan de lucha contra la pobreza, escogiendo 80 comunas donde había más pobreza, y concentrando en ellas el esfuerzo. Fue una buena idea, pero hubo dificultades. Una, que por no definirse el programa, al implementarlo no se aumentaron de manera significativa los recursos para los municipios respectivos, a fin de que el plan pudiera llevarse adelante en forma relativamente importante. En segundo lugar, se produjo un problema obvio. Los pobres no estaban concentrados en esas 80 comunas. Por ejemplo, en una comuna había pobres y gente extremadamente pobre en la comuna de al lado, que no estaba contemplada en el plan, y se produjo una resistencia política hacia éste por considerárselo en cierta medida segregador de comunas que, teniendo pobreza, no quedaban dentro del mismo. Por lo tanto, el programa no ayudó a resolver el problema de mayor concentración de recursos o de su priorización en las familias entrampadas en una pobreza crónica. Es a la luz de esa experiencia que adquieren importancia programas como Chile Barrio o Chile Solidario. Porque, obviamente, lo que éste último busca es, primero, mantener la focalización de planes de ayuda; segundo, agregar un enfoque integral por familia, es decir, centrado en la situación de la familia extremadamente pobre, y tercero, introducir la idea, francamente novedosa, de un acompañamiento, lo cual implica reconocer que una familia de las características mencionadas tiene problemas de desinformación, de desmotivación, de soledad, de sensación de futilidad en lo que hace en su jornada cotidiana, en la medida en que está inevitablemente condenada a seguir en la misma situación. Entonces, el propósito de este programa es informar a la familia de sus eventuales derechos y beneficios; efectuar un acompañamiento para que efectivamente pueda tener acceso a esos planes e invitarla a persistir en un esfuerzo sistematizado y detallado por salir de su situación de pobreza, en un horizonte de dos años. Creo que es un buen enfoque. Sin embargo, quiero compartir algunas de las inquietudes expresadas por la Senadora informante y otras personas. De hecho, existe ya -al menos yo la he visto- una evaluación preliminar del programa Chile Solidario que señala como puntos fuertes los que he indicado anteriormente, pero que muestra también algunas debilidades evidentes que todavía estamos a tiempo de corregir.

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La primera pregunta que surge es obvia: ¿Qué ocurre al cabo de los dos años? Nos hallamos en presencia de familias que han permanecido mucho tiempo, probablemente a lo largo de varias generaciones, en situación de precariedad. Repentinamente llega una persona que les brinda toda su atención. Se establecen lazos afectivos muy estrechos. Como señala esta evaluación, surgen relaciones de dependencia respecto de ese monitor o monitora también muy fuertes. Una familia que se encontraba muy abandonada siente una sensación de afectividad, de ser considerada por primera vez, de tener un espacio en que se la escucha. Pero queda pendiente la gran pregunta de fondo: si acaso con ese enfoque, en ese período de tiempo y con los instrumentos que se están poniendo hoy a disposición de esa familia se avanza o no se avanza sustantivamente hacia una autosustentación posterior de las personas que pueda generar un ingreso relativamente estable y permanente y, como consecuencia de eso, empezar a resolver los temas de fondo de nutrición, educación, supervivencia, etcétera. En mi opinión, el programa Chile Solidario tendría que vincularse mucho más estrechamente con una estrategia más de fondo que permita actuar de mejor manera en la estructura económica general del país, de modo de facilitar la autosustentación de estas familias. Aquí hay algunos puntos concretos que conviene tomar en consideración. En primer lugar, es necesario conectar este tema con el macroeconómico. Me gustaría ver una discusión, por ejemplo, entre el señor Ministro de Planificación y Cooperación, aquí presente, y el Presidente del Banco Central . Porque, en verdad, si uno quiere entender por qué esta pobreza se reproduce en el tiempo con tanta sistematicidad, debe mirar la estructura de empleo, o tal vez la de desempleo. De ese modo, va a descubrir que el país experimenta, cada siete u ocho años, una crisis económica, macroeconómica, recesiva, y que lo que ocurre en esos ciclos es absolutamente predecible: se produce una estampida del desempleo y éste se concentra muy fuertemente en el quintil inferior. En los últimos episodios, el desempleo en el quintil inferior ha sido diez veces más alto que el del quintil superior. Por lo tanto, una estrategia exitosa para sacar a la gente de la extrema pobreza supone atacar el problema macroeconómico y evitar que la consecuencia del ciclo recesivo impacte tan fuertemente en el empleo, a fin de que el efecto desempleo no se concentre tanto en un quintil. En seguida, existe una alta concentración del desempleo en los jóvenes, y la verdad es que no hemos desarrollado ninguna política de carácter más general para acortar el período de inserción -si es que ocurre alguna vez- del joven que viene de sectores de ingresos bajos en la fuerza de trabajo a través de empleos relativamente permanentes. De ahí la importancia de facilitar el trabajo en jornada parcial -o, incluso por horas- de los jóvenes, pues naturalmente sus familias desean que lleguen a los niveles, por lo menos, de la educación técnico profesional y, ojalá, de la universidad. Asimismo, resulta fundamental -lo veíamos hoy en la mañana en la Comisión de Hacienda del Senado- reenfocar todos los programas de capacitación laboral, que están extraordinariamente dispersos. Éstos son subsidios a la demanda, en que se enseñan oficios que muchas veces no tienen nada que ver con las necesidades de una economía globalizada, con revolución tecnológica, etcétera. Por consiguiente, creo que el Ministro de Planificación y Cooperación debiera preocuparse, en conjunto con nosotros, de un reenfoque de todos los programas de capacitación, para desarrollar competencias generales apropiadas a una economía abierta, en la cual puedan participar, principalmente, los jóvenes. Más allá de lo anterior, es claro, también, que existe una alta correlación entre extrema pobreza y hogares monoparentales, pues muchos de ellos están encabezados por una mujer que carece de acceso al trabajo. La última encuesta CASEN muestra que en el quintil inferior sólo una de cada cinco mujeres tiene ocupación, mientras en el quintil superior la relación se estrecha a una de cada dos. El problema es, de nuevo, la calificación, y, por otro lado, el cuidado de los niños. En consecuencia, para que el plan Chile Solidario sea exitoso en el mediano plazo, estos temas no se pueden ignorar: acceso a trabajo de jornada parcial para las mujeres y una inversión muy fuerte, de cobertura universal -por lo menos en los dos últimos quintiles-, en infraestructura de guarderías infantiles, de educación preescolar de mucha calidad, con monitores que tengan un fuerte entrenamiento, para despertar la potencialidad cognitiva de los niños y desarrollar su capacidad de socialización, de relación con la comunidad, de cooperación e integración a su entorno. Hay gente a la que no le gusta esta idea y que dice que esto debilita la protección laboral, pero está demostrado, por lo menos en la experiencia europea, que los países que más han avanzado hacia la flexibilidad en el mercado laboral han tenido como resultado un aumento global del empleo, una reducción del desempleo crónico -vean los señores Senadores la experiencia de España en los últimos años-, una mayor igualdad de género entre hombres y mujeres, una mejor transición de los jóvenes desde empleos transitorios a empleos permanentes, y una disminución de la inseguridad económica de las familias. Ello, porque la flexibilidad hace posible que dos personas en el hogar ganen algún salario --el hombre y la mujer-, de manera que, ante eventos adversos como una recesión, la familia se encuentra endógenamente más protegida. Por lo tanto, quiero decir que el programa Chile Solidario, que constituye un paso adelante significativo, pero que tiene el riesgo de haber generado inmensas expectativas en cuanto a la solución de fondo del problema, debe ser pensado en estrecha conexión con una estrategia de desarrollo, con un conjunto de políticas públicas tendientes a resolver de raíz lo relativo a la generación de empleos permanentes de buena calidad para las familias de menores ingresos, para las mujeres, para los jóvenes, que son los sectores más vulnerables. Pero ello requiere ir acompañado de un reenfoque de la política

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educacional hacia la enseñanza y el cuidado infantil preescolar, con el objeto de atacar a fondo la desigualdad en su origen, que está radicada en los niños de cero a cinco años. Francamente, echo de menos esos elementos en el programa Chile Solidario. La evaluación que he podido observar hasta ahora prende una luz amarilla, proclive a roja, en ese sentido. Creo que más allá de aprobar el proyecto, que sin duda lo haremos, al Gobierno le cabe una enorme tarea en cuanto a formular de manera coherente este complemento, que tal vez debiera ser el núcleo de la estrategia.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 8 Sesión: Sesión Ordinaria N° 8 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 349 Fecha: miércoles 2 de julio de 2003

ENMIENDA A LEGISLACIÓN TRIBUTARIA PARA FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO El señor FOXLEY .Señor Presidente , como acaba de informar el señor Secretario de la Corporación , nos encontramos frente a un proyecto de aumento de recaudación tributaria, como consecuencia de tres factores que han estado presentes en la economía chilena y respecto de los cuales ha sido necesario reaccionar, buscando ingresos tributarios que van más allá de los que estaban planificados en el Presupuesto para este año. Los tres factores son: 1) Un continuo deterioro del escenario económico internacional, con una situación recesiva en la mayor parte de Europa y Japón , una economía norteamericana que no se recupera, una sensación generalizada de inseguridad e incertidumbre en los mercados financieros por los problemas en el Medio Oriente, por el terrorismo, etcétera. Todo ello ha perjudicado el ambiente externo en el que debe desenvolverse la economía chilena, lo cual ha afectado su tasa de crecimiento y, de alguna manera, disminuido el potencial recaudador del Servicio de Impuestos Internos que había servido para planificar la estructura del gasto público. 2) El hecho de que, desde hace varios meses, se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados una propuesta de financiamiento para dos programas sociales emblemáticos: la reforma de la salud, y el programa "Chile Solidario", cuyo objetivo es atacar frontalmente el problema de la extrema pobreza en Chile. Dado que ese proyecto no había tenido un curso normal de aprobación, el Gobierno tomó la decisión de incorporar, en el paquete de medidas que se somete a nuestra consideración, el financiamiento para "Chile Solidario" y el AUGE. 3) Como es bien sabido, el Gobierno ha implementado la política de celebrar acuerdos de libre comercio con distintos países. Se acaba de firmar exitosamente uno con Estados Unidos. Se encuentra en plena vigencia el suscrito con la Unión Europea, y hace muy pocos días se suma a ellos otro con Corea. Esos tres factores planteaban al Gobierno la siguiente disyuntiva: o buscar financiamiento compensatorio, manteniendo el compromiso de superávit estructural en el Presupuesto o, arriesgando un déficit fiscal sustancialmente más alto que el existente en la actualidad -con las repercusiones negativas que ello pudiera tener en la capacidad y el costo de endeudamiento externo de Chile, en su riesgo-país-, lesionar el capital de confianza y credibilidad que hemos acumulado después de muchos años, gracias a una política fiscal basada en finanzas públicas ordenadas y, desde un punto de vista más permanente, en asegurar el compromiso de sostener, en las cuentas fiscales, un superávit equivalente al uno por ciento del producto interno bruto. Tales aspectos explican la propuesta que está frente a Sus Señorías, la cual, como dijo el señor Secretario , incluye un alza transitoria del IVA de 18 a 19 por ciento, hasta el 2007; cierto aumento del impuesto al tabaco, para emparejarlo a 61 por ciento; algunas medidas de carácter administrativo orientadas a impedir el contrabando -fenómeno que ha venido aumentando, particularmente en el comercio de tabacos-, y por último, el impuesto al diésel sube de 1,5 UTM a 1,7 UTM por metro cúbico, con el fin de alcanzar el objetivo declarado por el Gobierno de reducir, aunque muy levemente, la diferencia que hoy día existe entre la tributación a las gasolinas y ese otro combustible. A lo anterior se agrega la proposición del Ejecutivo en orden a aprobar una norma que haría posible enajenar, hasta un 35 por ciento, si así se estimara conveniente, el porcentaje minoritario que el Estado posee en algunas empresas sanitarias, lo cual contribuiría también a cerrar la brecha de financiamiento que se plantea como motivación de este proyecto tributario. El aumento del IVA entraría en vigencia el 1º de octubre de este año y, a contar del mes siguiente al de la fecha de publicación de la ley, los impuestos específicos y las medidas destinadas a combatir el contrabando. El rendimiento esperado para los próximos cuatro ejercicios, entre el 2003 y el 2006 -no voy a cansar a Sus Señorías con las cifras año por año y tributo por tributo- asciende a 1 mil 200 millones de dólares, con lo cual el déficit fiscal en cada uno de esos años se reduce en forma considerable, aunque no desaparece.

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En la Comisión de Hacienda el proyecto fue aprobado en general por 3 votos a favor y 2 en contra, y en la discusión particular, lo referente a la enajenación de las acciones minoritarias que el Estado posee en empresas sanitarias fue aprobado por unanimidad (5 por 0), y por tres votos contra 2 el aumento del IVA y los dos impuestos específicos. Éste es el contenido de la iniciativa que se somete a la consideración del Senado, y espero que hoy podamos dar al respecto una señal positiva, dado que el problema del déficit fiscal es bastante serio.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 345 Fecha: miércoles 31 de octubre de 2001

MODIFICACIÓN DE ARANCEL TIPO BÁSICO CONSOLIDADO RESPECTO DE PARTIDAS VINCULADAS CON EL AZÚCAR El señor FOXLEY.Señor Presidente, este proyecto fue analizado en forma conjunta por las Comisiones de Hacienda y de Agricultura del Senado. A la primera sesión, que se celebró la semana pasada y que fue dedicada enteramente a escuchar a los distintos sectores que deseaban manifestar su opinión sobre la materia, concurrieron los representantes de la Asociación Nacional de Importadores, de ASEXMA, de la Asociación de Bebidas Refrescantes, de la Corporación Nacional de Exportadores, de la Sociedad Nacional de Agricultura, de la Confederación de Dueños de Camiones, de IANSA, y de FENARE (productores de remolacha). Las Comisiones unidas sesionaron hoy en la mañana para votar el proyecto en general y particular. El artículo 1º del proyecto tiene por objeto modificar el arancel tipo básico consolidado por Chile ante la Organización Mundial de Comercio, que es de 31,5 por ciento. En el caso del azúcar, fue renegociado para elevarlo a 98 por ciento. Simultáneamente con esto, sobre la base de consultas bilaterales formuladas a los principales países proveedores de azúcar (Argentina, Guatemala y Brasil), se negociaron cuotas de importación libres de arancel aduanero por 60 mil toneladas anuales. En el inciso segundo del referido artículo se establece que la distribución de cuotas de importación libres de derechos de aduana será la siguiente: Argentina, 21 mil toneladas; Guatemala, 16 mil 700 toneladas, y Brasil, 9 mil 700 toneladas. El resto (12 mil 600 toneladas) quedará libre para otro tipo de exportadores. Además, se dispone que ningún importador que haga uso de esa cuota podrá sobrepasar el 20 por ciento del total asignado. Por su parte, el artículo 2º contempla un principio a través del cual se garantiza que no se excederá el arancel máximo de 98 por ciento por la vía de aumentos en los derechos específicos. Éstos, sumados al derecho "ad valorem", deberían sostenerse y acotarse por debajo de ese límite. Según la discusión habida en las Comisiones de Hacienda y de Agricultura, unidas, el proyecto de ley en análisis se justifica fundamentalmente por la anómala situación que existe en el mercado internacional del azúcar, el cual fue descrito como altamente distorsionado y volátil. La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería (DIRECON) aportó antecedentes que demuestran que en las décadas de los 60 y 70 la volatilidad observada en los mercados mundiales con relación a los precios del azúcar -vale decir, su fluctuación frecuente- fue cuatro veces mayor que la volatilidad promedio de las materias primas, y que en la década de los 80 ella aumentó de cuatro a siete veces. Es decir, la volatilidad para el azúcar alcanzó a 72 por ciento, mientras que para el resto de las materias primas fue de 11 por ciento. Además, según datos proporcionados a las Comisiones unidas, se constató que los países desarrollados establecen, especialmente para el azúcar, como también para otros productos agrícolas, sobretasas de aranceles no consolidados en la OMC, que en el caso de la Unión Europea alcanzan a 380 por ciento, y en el de Estados Unidos, a 300 por ciento. Asimismo, en el debate se hizo presente que el mercado mundial del azúcar se caracteriza porque en general es subsidiado, con alta volatilidad, en el cual hay una serie de acuerdos entre países, o entre productores y consumidores, que establecen precios distintos de los existentes en el comercio mundial. Por lo tanto, sólo el 5 por ciento es un mercado libre de cuotas, excedentario, y a través del cual finalmente se determina el precio del producto. Ésos son los fundamentos que, a mi juicio, justifican el proyecto presentado por el Ejecutivo. Ahora bien, los argumentos tendientes a establecer una reserva sobre el texto propuesto se tradujeron en un conjunto de indicaciones que, de por sí, ilustran la naturaleza de las dudas planteadas por algunos señores Senadores con respecto a esta materia. En efecto, se presentaron dos indicaciones que sostenían que, al contemplarse un beneficio como el contenido en el proyecto, era conveniente acotar el plazo en la ley y fijar uno máximo cuya vigencia pudiera ser renovada posteriormente.

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Una de ellas sugería que éste fuera de tres años, y la otra de diez. Esta última indicación la presentó el Ejecutivo , que además complementaba la proposición de determinar un plazo máximo de diez años, con el compromiso de no utilizar el mecanismo de salvaguardia para superar el 98 por ciento del arancel consolidado reconocido. De otro lado, se formularon también observaciones acerca de la necesidad o no de incorporar las cuotas en la ley en proyecto; pero hubo señores Senadores que se manifestaron en contra de esa idea. Además, el Honorable señor Urenda presentó una indicación para limitar la distribución de las cuotas, con el objeto de evitar que algún importador pudiera disponer de más de un 15 por ciento de ellas. Al mismo tiempo, se formuló otra en el sentido de que toda empresa que produzca más de 60 por ciento del azúcar en el país no podrá acceder a cuota alguna de importación. Todas esas indicaciones fueron votadas y rechazadas en las Comisiones unidas. Por último, cabe señalar que el proyecto fue aprobado en general por nueve votos a favor y una abstención, y que no implica costo financiero alguno para el Estado. Por lo tanto, está en condiciones de ser votado en la Sala del Senado. Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 5 Sesión: Sesión Especial N° 5 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 346 Fecha: miércoles 3 de abril de 2002

ANÁLISIS SOBRE FIJACIÓN DE TARIFAS SANITARIAS El señor FOXLEY .Señor Presidente , ante todo, deseo defender la legitimidad de la discusión que ahora llevamos a cabo. En los últimos días hemos leído en la prensa que algunos voceros del sector sanitario, incluso de empresas extranjeras, han intentado inhibir su realización diciendo que aquí se está politizando un debate, que se están exponiendo asuntos que no corresponde plantear, e incluso se ha insinuado que en las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Chile surgiría esta materia, porque no sería posible revisar las decisiones adoptadas previamente por el Estado chileno al respecto. Eso me parece absurdo, inaceptable. Considero esencial mantener la posibilidad de discutir estos temas, porque a fin de cuentas los Parlamentarios representamos a la gente, a los consumidores. Deseo también afirmar -por lo menos, es mi posición personal- que la política fundamental que se ha definido en materia de obras sanitarias, que describió recién el Senador señor Frei , es un buen instrumento, que en lo esencial está produciendo los resultados que se esperaban en cuanto a inversión, tratamiento de aguas, etcétera. Y me parece que no corresponde revisar la definición fundamental de políticas, sino más bien llevar a cabo el proceso de aprendizaje de un sistema nuevo, que Chile no conoce y respecto del cual pocos países tienen experiencia, en cuanto a cómo fijar tarifas e impedir que ocurran algunos de los hechos acaecidos recientemente. Paso a revisarlos. Creo que lo que sucedió, las quejas de las personas, los reclamos, las protestas, no son porque los Parlamentarios anden agitando estos temas, sino porque desafortunadamente coincidieron cuatro factores que explican las razones por las cuales la gente está insatisfecha con esta situación. En primer lugar, los decretos tarifarios. Las propias autoridades regulatorias dicen que algunos decretos salieron bien, y otros mal; que en unos el proceso se hizo adecuadamente, y en otros muy sesgadamente a favor de la empresa, como en el caso de ESVAL. En segundo término, obviamente está lo relativo a las inversiones. Lo que se está haciendo es cargar el costo de la inversión básicamente al usuario vía tarifas. Y eso refuerza el incremento adicional en el decreto tarifario, dado el procedimiento que se halla determinado por ley. En tercer lugar, existe la estacionalidad. No voy a entrar en el detalle de cada uno de estos factores, pero algunos tenemos la impresión de que la estacionalidad implica un sobreprecio excesivo en las tarifas, lo cual, de alguna manera, habría que revisar para ver si es lo adecuado o no. Por último -como bien decía el Senador señor Frei en su momento-, la refocalización de los subsidios a que hizo referencia el señor Ministro , al final, no ha producido buenos resultados. En efecto, hay 150 mil personas que han salido perjudicadas, pues pagan una mayor cuenta de agua al disminuírseles el subsidio. Nadie tenía información sobre el particular. Esa gente simplemente recibió la boleta de consumo y obviamente recurrió a algunos de nosotros para prevenirnos acerca de lo que está pasando. Por lo tanto, el Gobierno debió haber advertido que aquí había cuatro factores que se reforzaban en un momento, originando un problema serio de desconfianza en el sistema por parte de los usuarios. Nadie previó esa situación cuya consecuencia los Parlamentarios estamos constatando hoy día en distintos sectores o regiones. En seguida, me referiré a los decretos tarifarios. Hace un momento afirmé que en algunos casos han salido bien y en otros mal. ¿Cuáles son algunos de los defectos que presenta el sistema de fijación de tales decretos? Se dijo que no se iban a promediar los estudios de las empresas, pero los efectuados por la Superintendencia de hecho se están promediando, porque se desagregan los parámetros. Las empresas cuestionan los parámetros que pone el Estado, porque generalmente se traducen en costos más bajos, y debido a ello salen resultados sesgados en esa dirección. No hay simetría. Las empresas pueden discrepar del estudio del Gobierno, pero a éste no le es posible hacerlo respecto del que efectúan aquéllas. Por lo tanto, las empresas objetan los costos bajos y el Gobierno no puede hacer lo mismo con los costos altos. La Comisión de Peritos es un mecanismo válido, pero yo creo que a estas alturas resulta un poco discutible. Se trata de un organismo conformado por tres personas, de las cuales dos son nombradas por cada una de las partes y la tercera es independiente. Estamos hablando de monopolios naturales, de un sector donde hay empresas muy grandes, poderosas, con mucho respaldo, a menudo transnacionales, con abundantes recursos, que tratan de influir en el perito independiente para

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obtener un resultado favorable. En algunos casos los peritos resisten, pero en otros no, y los resultados salen sesgados. Por lo tanto, éste es un asunto que se puede mejorar. En cuanto a las modificaciones -seré muy breve-, me atrevo a plantear algunas sugerencias. En primer lugar, es obvio que existe un problema de información. Al respecto, se señala que por ley toda la información es pública, que todo el mundo puede conocer los estudios, objeciones y discrepancias. En la práctica, no es así. El único antecedente de que se dispone es que la persona recibió en su casa una cuenta de agua que, en el caso de San Fernando, fue 45 por ciento superior a la anterior; en Rancagua, 33 por ciento; en Talca, 20 por ciento; en Concepción, 19 por ciento; en Puerto Montt, 28 por ciento. Por lo tanto, se requiere más información. En segundo término, me parece que no es buena idea tener dos estudios, porque ocurre que el efectuado por la empresa exagera grandemente los costos y consigue expertos que se los inflen al extremo. Por su parte, el Gobierno trata de plantear valores muy bajos y se termina promediando, lo cual no deja contento a nadie. Yo soy partidario de hacer un solo estudio y que éste se licite a nivel mundial, para que lo realice una consultora internacional, absolutamente independiente y de alta calificación. Y después, en lugar del sistema de peritos, me parece que se debe avanzar en la idea de un tribunal económico de la regulación, que sea similar, por ejemplo, al Consejo del Banco Central. Es decir, un grupo de personas remuneradas, que trabajen a tiempo completo, que sean altamente independientes y calificadas, que reciban los reclamos, las discrepancias y, en un plazo breve, puedan emitir un fallo oportuno. Porque aquí, es cierto, está de por medio la necesidad de tomar decisiones respecto de inversiones que el país necesita, y estos procesos, a menudo, se están "judicializando"; es decir, se convierten en trámites que pueden demorar 5, 6, 7 u 8 años. Me parece que debemos hacer algo, pues hay problemas en las empresas sanitarias, en el sector de la energía y en el de las telecomunicaciones. Sin embargo, en los tres casos se aplican tratamientos muy distintos. Necesitamos ir hacia la uniformidad de los mismos y crear un tribunal económico de la regulación que tenga competencia para tratar las dificultades de los tres sectores que he mencionado. Por último, dos temas adicionales. Uno, permitir la participación de los usuarios. Estimo indispensable que dicho tribunal sea una instancia en que la gente tenga la oportunidad de plantear sus inquietudes en forma racional y lógica. En cuanto al otro aspecto, recojo una observación que hizo la Honorable señora Matthei en la sesión en que anteriormente discutimos esta materia. Considero que el Senado debe tener un rol de supervisión en estas materias. Para ello, Su Señoría propone -lo cual apoyo- que así como el Presidente del Banco Central cada tres meses concurre a la Comisión de Hacienda a informar sobre el avance de la situación financiera del país, que el señor Ministro de Economía haga otro tanto en la de Economía para mantenernos al tanto de la implementación de todas las ideas que aquí ha entregado, más otras que resulten del debate. A menudo, aquí se hacen sugerencias, el Gobierno simplemente toma nota, pero después no hace nada. Eso es cuanto quería plantear, señor Presidente.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 54 Sesión: Sesión Ordinaria N° 54 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 352 Fecha: miércoles 18 de mayo de 2005

ESTABLECIMIENTO DE IMPUESTO ESPECÍFICO A ACTIVIDAD MINERA El señor ROMERO (Presidente).Tiene la palabra el Honorable señor Foxley, último orador inscrito. Después se procederá a votar. El señor FOXLEY.Señor Presidente, simplemente deseo sintetizar los temas que se están discutiendo. Primero, hay dos materias: una que tiene que ver con este proyecto y otra sin relación directa con él. La primera alude a una larga discusión acerca de cuál debe ser la contribución del sector minero al desarrollo del país. Esta mañana escuchamos al Presidente del Banco Central , señor Vittorio Corbo . Entre los antecedentes contenidos en el Informe de Política Monetaria, se destaca que el sector minero está obteniendo una rentabilidad de 40 por ciento. Naturalmente, ese porcentaje no será para siempre, pero se trata de un sector que genera un margen muy importante de utilidades sobre la base de explotar y extraer renta de un recurso no renovable. Ése es el tema de fondo. Tema distinto es si estamos haciendo todo lo que corresponde en políticas de fomento para segmentos de la minería no metálica con dificultades para aumentar sus escalas de producción, mejorar su productividad y eficiencia y, por lo tanto, generar mayores ingresos para quienes trabajan en ese ámbito. Son, entonces, dos temas distintos. El que acabo de mencionar se refiere a la contribución que puede hacer la minería al desarrollo del país. La propuesta del Gobierno es bastante simple: establece una tasa de impuesto a las utilidades como la que se aplica a cualquier empresa, pero que en este caso tiene una connotación especial para la minería metálica y la no metálica. El esfuerzo, por tanto, es proporcional a las ganancias que obtiene el empresario que está en el sector. El proyecto propone además, como punto fundamental, eximir del pago de ese impuesto a todos los productores de una escala mediana para abajo, lo cual asegura que no se cargará al pequeño productor con una tasa que no va a poder pagar. Cuarto punto. Si se trata de pedir al sector minero una contribución mayor al desarrollo del país, dada su alta rentabilidad, debemos tener cuidado en este Senado -después de una larguísima discusión; después de que este tema está legitimado frente a la opinión pública; después de que sabemos (y lo están diciendo todos los candidatos a la Presidencia de la República en este momento) que el país tiene que hacer un mayor esfuerzo- de no horadar la base tributaria de este proyecto para permitir que empresas que no sólo pueden pagar sino que tienen una muy alta utilidad en este negocio queden fuera por tal o cual indicación legislativa. Eso no tiene que ver con apuntar con el dedo a nadie, ni con identificar personas o empresas. Simplemente, el argumento central es: el sector minero metálico y no metálico puede hacer una contribución mayor, y debemos dejar fuera a los que producen menos de cierto volumen, porque ellos más bien necesitan una política de fomento. Pero todo el resto debe pagar un impuesto proporcional a sus ganancias. El proyecto es muy simple. Y creo que el Senado quedaría mal parado frente al país si apareciéramos nosotros mismos horadando algo que la opinión pública en su conjunto ha aceptado y respecto de lo cual, inevitablemente, algún mal pensado va a hacer una segunda lectura de lo que hagamos aquí y a decir que se están dejando fuera empresas que tienen altas utilidades, que pueden pagar y que, por una indicación de la Cámara Alta, no lo van a hacer.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 28 Sesión: Sesión Ordinaria N° 28 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: miércoles 14 de enero de 2004

CREACIÓN DE COMISIÓN DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO El señor FOXLEY .Señor Presidente , respaldo lo planteado por el Senador señor Valdés . Recuerdo que el funcionamiento tradicional de la Comisión de Relaciones Exteriores respecto de la tramitación de tratados de libre comercio ha consistido en analizar y aprobar los textos enviados por el Gobierno. Y punto. En mi opinión, la idea de crear una Comisión especial descansa en la necesidad de hacer seguimientos en cuanto a la implementación de esos instrumentos internacionales, porque pueden presentarse conflictos y todo tipo de problemas. También es posible que no se haya negociado bien determinados asuntos y se quiera plantear una renegociación. En consecuencia, la intención es procurar un seguimiento más permanente. Si la Comisión de Relaciones Exteriores, ampliada, está dispuesta a hacer ese tipo de esfuerzo, creo que la idea del Honorable señor Valdés merece ser apoyada en forma entusiasta.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 8 Sesión: Sesión Especial N° 8 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: miércoles 20 de junio de 2001

BENEFICIOS PARA CHILENOS RETORNADOS DEUDORES DE BANCO DEL ESTADO El señor FOXLEY .Señor Presidente , en el artículo 4º se establece que "Los deudores que aportaron garantías propias o de terceros y que no fueron financiadas con recursos a que se refiere el artículo 1º de la presente ley, que fueron enajenadas en subasta judicial, les serán compensadas con un pago por una suma equivalente al valor de tasación comercial del bien respectivo". La señora MATTHEI .Así es. El señor FOXLEY .Me parece que ello contesta lo expuesto por el Honorable señor Núñez.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 27 Sesión: Sesión Ordinaria N° 27 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 345 Fecha: miércoles 23 de enero de 2002

NUEVO SISTEMA PARA CALIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA El señor FOXLEY .Señor Presidente , votaré a favor del proyecto, no obstante tener algunas dudas. Me da la impresión de que la iniciativa está un poco desfasada o se quedó un poco atrás considerando el desarrollo tecnológico en el campo de la producción cinematográfica y en el de otras expresiones similares, en el sentido de que la exhibición de películas en salas de cine es sólo una de las formas en las cuales esta expresión creativa se manifiesta. Desde luego está la televisión y, además, hay muy distintas maneras de hacer cine y de difundir la producción cinematográfica: videos, DVD, Internet. De tal modo que uno puede ver películas mediante el computador en su casa, con un grupo de amigos, o en una reunión social, en una sede vecinal o en una sala cinematográfica. Y lo que el proyecto en estudio propone es establecer una diferenciación o un tratamiento distinto para una misma película, según se exhiba en una sala de cine o, si uno la tiene en un DVD, para verla mediante el computador o la televisión en una sede vecinal, en la casa, etcétera. La iniciativa señala que las películas producidas especialmente para la televisión -que son las mayoritarias- estarán regidas por la ley Nº 18.838. Desconozco los detalles de esta normativa. Sin embargo, me parece que hubiera sido mucho mejor un tratamiento más moderno sobre esta materia. Es decir, abordar la censura en lo referente a las expresiones audiovisuales que pueden ser cine o video- y analizar las distintas alternativas a través de las cuales se puedan exhibir, dándoles un tratamiento, tal vez no común, a lo mejor diferenciado, pero en un solo cuerpo legal. Me preocupa que ello no sea así. El señor CHADWICK.Es posible hacerlo en la discusión en particular. El señor FOXLEY .Bueno, ése es mi parecer. Pienso que deberíamos analizarlo desde esa perspectiva. Por otra parte, hay algunos elementos muy poco prácticos. Uno de ellos es el sistema de calificación por edades de las producciones cinematográficas, que traslada la responsabilidad a las distribuidoras de videos. Por ejemplo, si una de éstas entrega una película apta para mayores de 18 años a un muchacho de 17, será sancionada con una multa en unidades de fomento. No estoy necesariamente en contra de ello, sino que lo encuentro muy poco práctico. No sé cómo operará; quizás van a poner policías en cada "Blockbuster" del país, o se destinará un inspector especial. Cómo se logrará que tal medida no quede en letra muerta. El señor VIERA-GALLO .Señor Presidente , ¿me permite responderle al Senador señor Foxley? El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).No tengo inconveniente en que Su Señoría conteste la consulta formulada. Sin embargo, está inscrito el Senador señor Bitar , quien, tal vez, puede concederle una interrupción. El señor SABAG .¿Se puede votar? El señor GAZMURI .¿Por qué no somete a votación el proyecto, señor Presidente? El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

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Estamos en condiciones de empezar la votación. Tiene la palabra el Honorable señor Bitar. El señor BITAR.Concedo una interrupción al Senador señor Viera-Gallo, con la venia de la Mesa. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo . El señor VIERA-GALLO .Es bastante simple. Tiene razón el Senador señor Foxley en cuanto a que la tecnología ha superado por mucho ese tipo de legislación. Sin embargo, el mandato constitucional es claro en el sentido de que tiene que haber una ley de calificación cinematográfica. No hay país alguno que no disponga de una normativa similar. Ahora, eso se mantendrá mientras no quede superado por la tecnología cuando se masifique tal distinción, que hoy aún existe. A la gente no le da lo mismo que su hijo vaya a ver una película inconveniente -entre comillas- a un cine, a que la vea en la televisión. Obviamente, es un problema cultural. Pero es así.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 12 Sesión: Sesión Ordinaria N° 12 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: martes 10 de julio de 2001

ADECUACIONES TRIBUTARIAS A MERCADO DE CAPITALES Y FLEXIBILIZACIÓN DE MECANISMO DE AHORRO VOLUNTARIO El señor FOXLEY.Señor Presidente, la iniciativa es el segundo conjunto de modificaciones propuestas por el Gobierno para modernizar el mercado de capitales en Chile. Como recién se señaló, los objetivos del proyecto son de distinto tipo, pero todos confluyen en la idea de incentivar el ahorro en Chile, particularmente el de las familias; canalizar mejor el ahorro interno hacia los proyectos de inversión; permitir a las empresas medianas y pequeñas un acceso al mercado de capitales, no sólo a instituciones bancarias, sino también a fondos de inversión y a bolsas, sobre todo a la emergente que se crea mediante el proyecto. Al mismo tiempo, aumentar la competencia en el mercado bajando los requisitos de capital, por ejemplo, para constituir bancos y, por último, revisando la estructura de impuestos que afecta las transacciones financieras y que en algunos casos, además, introduce un sesgo contra las posibilidades de financiamiento de las PYME. El proyecto que nos ocupa hoy podríamos llamarlo "Mercado de Capitales II", porque la iniciativa con el primer paquete de modificaciones ya fue aprobada unánimemente por el Senado en general e inició su discusión en particular en la Comisión de Hacienda. Este segundo proyecto incluye una serie de temas. Simplemente ilustraré los contenidos principales. En primer lugar, se deroga el impuesto a la ganancia de capital para las transacciones que se efectúen en la bolsa emergente que se crea. La finalidad primordial de esta medida es permitir a compañías no consolidadas, sin historia, expandirse colocando acciones en la bolsa para desarrollar nuevos proyectos. Las transacciones resultantes de esa colocación quedarían exentas del impuesto mencionado en un plazo máximo de enajenación de tres años desde que la empresa se lista en la bolsa. Hasta ahora, las compañías pequeñas sólo pueden recurrir al sistema bancario para acceder al financiamiento, y bien conocemos las dificultades que ello les implica, más aún, a un costo razonable. Recientemente examinamos con el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras los requisitos actuales para otorgar créditos a la pequeña empresa, y constatamos que las tasas de interés vigentes llegan a 32 por ciento, en circunstancias de que la tasa de referencia del Banco Central es de 3,5 más la inflación; o sea, 7 a 7,5 por ciento. En consecuencia, este sector tiene un problema de acceso al financiamiento distinto del crédito y particularmente al capital. Mientras no resolvamos esa dificultad, tendremos una brecha constante de productividad entre la empresa grande, bien consolidada, orientada al exterior, y la pequeña que se debate en una mera estrategia de subsistencia. Por consiguiente, la derogación del impuesto a la ganancia de capital constituye un planteamiento importante. Esto se complementará con una línea de subsidios de la CORFO que permita a estas compañías, que van a colocar acciones por primera vez en la bolsa, diseñar un buen proyecto de crecimiento, atractivo para los inversionistas, al mismo tiempo que una publicidad adecuada con el objeto de que esa colocación tenga éxito en el público que invierte sus ahorros en las transacciones de bolsa. El segundo gran tema del proyecto son los incentivos para aumentar el ahorro, en particular el de las personas y de las familias. Para este efecto se crea un mecanismo en Chile que ya existe en otros países: diferir el pago de impuestos a quien ahorre en determinado tipo de instrumento hasta el momento en que retire los fondos que ha depositado en dicha cuenta. Si el retiro se produce después de la jubilación (65 años), la persona pagará, como tasa de tributación, la que corresponde a los ingresos que percibe al estar pensionada, los cuales seguramente serán más bajos que los de un individuo en su vida activa. Así, el hecho de diferir este pago significa intertemporalmente bajar la tasa de impuestos para quienes decidan utilizar sus ahorros al momento de la jubilación. Si se retiran anticipadamente, la iniciativa establece una penalidad --por así decirlo-- consistente en una sobretasa de 10 puntos. El otro aspecto importante del proyecto se refiere a la eliminación del impuesto a la ganancia de capital para acciones de alta

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presencia bursátil; es decir, aquéllas de compañías cuyo precio es suficientemente transparente y que habitualmente se transan en la bolsa de comercio nacional. Esta medida completa otra aprobada anteriormente en el Congreso, que eliminó el impuesto a la ganancia de capital para los extranjeros. Ahora se extiende a los nacionales que transan acciones con alta presencia bursátil. El proyecto, además, termina con cierta discriminación tributaria con el propósito de facilitar que se desarrollen instrumentos de financiamiento en pesos (bonos u otros) emitidos en Chile, pero que se puedan transan en el exterior o que puedan ser adquiridos por empresas extranjeras en nuestro país. Cuando esto ocurre en la actualidad, se debe pagar una tasa de impuesto de 34 por ciento. La iniciativa propone rebajarla a 4 por ciento, de modo de provocar un interés más activo en extranjeros para invertir en papeles de deuda chilenos en pesos. Uno de los otros dos temas principales del proyecto se refiere a facilitar también la emisión de bonos de corto plazo, forma alternativa de financiamiento -de nuevo- de especial relevancia para la empresa no consolidada, esto es, la mediana y la pequeña que buscan ya sea aumentar su capital o su productividad. Existiría un programa de emisión de esos instrumentos en el tiempo -también se llaman "efectos de comercio"-, y el punto principal es que el Impuesto de Timbres y Estampillas, que hoy afecta a cada una de las transacciones, se aplicaría, dentro de dicho programa, en una sola ocasión, con lo cual se pueden fomentar las operaciones respectivas. Y, después, se apunta a facilitar a los bancos nacionales que operan en el exterior el que, al obtener recursos afuera, puedan prestarlos sin que los fondos entren al país, para lo cual se elimina un impuesto vigente de 4 por ciento, quedando en cero. El proyecto de ley, aprobado en general por la unanimidad de la Comisión, importa un cierto costo para el Fisco. El informe financiero de Hacienda establece que él asciende a algo más de 32 millones de dólares, lo que se explica por las facilidades de carácter tributario para los instrumentos de ahorro voluntario, ante la postergación del pago de impuestos respectivo; la exención del impuesto a las ganancias de capital y la exención del impuesto a intereses en operaciones transfronterizas. La cifra total, en moneda nacional, supera los 19 mil 500 millones de pesos. En definitiva, se recomienda a la Sala acoger el texto en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados. Eso es todo.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 27 Sesión: Sesión Ordinaria N° 27 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 348 Fecha: miércoles 22 de enero de 2003

SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN DE ALUMNOS Y NORMAS SOBRE REMUNERACIONES DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN El señor FOXLEY.Señor Presidente, deseo reforzar algunas de las ideas que se han planteado anteriormente. En primer término, con la tramitación del proyecto estamos en presencia de lo que llamaría "confluencia de esfuerzos". Porque en el país ha estado en marcha -como todo el mundo lo sabe- durante muchos años un importante proceso de reforma educacional que intenta mejorar las condiciones del proceso educativo, igualar oportunidades, mejorar la calidad de la educación. Y, en en segundo lugar, hace ya más de 10 años comenzaron también a estudiarse iniciativas para reducir muy frontalmente la pobreza en el país. En los planes destinados a elevar los estándares de educación en Chile ha habido también un esfuerzo que empezó el año 90, acentuado por la reforma educacional iniciada durante el mandato del Presidente Frei , que, en la práctica, ha significado un aumento significativo de las subvenciones al sector. En un sistema mixto, integrado por la educación municipalizada y la particular subvencionada, las subvenciones han aumentado enormemente. El presupuesto de Educación prácticamente se ha triplicado en estos años. Pero al no ir este esfuerzo educativo acompañado simultáneamente de un avance a nivel de las familias para motivar a los niños no sólo a iniciar un proceso educativo sino a mantenerse en él, a pesar de las enormes dificultades socioeconómicas en los hogares más pobres, se ha detectado en ellos, según lo expresaba con mucha claridad la señora Ministra , una propensión a abandonar el sistema. Y anualmente unos 70 mil estudiantes -provenientes de la educación media principalmenteabandonan las aulas. Por lo tanto, cobra especial relevancia su retención en el sistema educacional. Tal problema no aqueja de manera exclusiva a Chile, sino a numerosos países y, de no resolverse oportunamente, producirá dificultades tanto en el avance de la reforma educacional como en el de la lucha contra la pobreza. Ahora, ¿qué solución darle? En este proyecto se escoge un camino. No es el único. Hay países como México y Brasil que han optado por otorgar un incentivo a la familia. Por ejemplo, habitualmente se le dice lo siguiente a la madre de un estudiante que se encuentre en tal situación: "Si usted logra que su hijo se mantenga permanentemente en el sistema educacional, le otorgaremos un incentivo mensual, un subsidio monetario que usted podrá cobrar mientras el niño permanezca en el proceso educativo". En el caso de Brasil, se recurre a una especie de tarjeta de crédito que la madre del estudiante usa para identificarse y cobrar mensualmente ese subsidio. En México se practica un sistema similar. El proyecto que nos presenta hoy el Gobierno resuelve el problema de manera un poco distinta. En vez de un subsidio a la demanda propone un subsidio a la oferta, el que se entregaría a los sostenedores de los colegios en la medida en que ellos puedan demostrar que han logrado incorporar en forma permanente a los estudiantes con alta propensión a abandonar el sistema. Como se dijo anteriormente, llevamos a cabo una discusión respecto de la modalidad específica que deberá adoptarse, y que esperamos afinar en conversaciones con el Ministerio en las próximas semanas. En todo caso, quiero destacar el hecho de que el Ministerio de Educación nos esté proponiendo un proyecto que guarda coherencia con el conjunto de la reforma, que es una consecuencia lógica de lo ya logrado y que pretende remediar aquello que no se ha podido resolver hasta ahora, como lo es la deserción escolar. Asimismo, contempla un mecanismo innovador para hacerlo -un subsidio a la oferta-, el que tal vez debe ser perfeccionado en términos de asegurarnos que los recursos destinados al subsidio a la oferta no se traduzcan simplemente en mayor utilidad o rentabilidad para quienes ejercen esta actividad con carácter empresarial, sino que una parte significativa contribuya efectivamente a elevar el nivel de la educación para ese niño que vive en un hogar pobre y que tiene, por lo tanto, mayor dificultad para aprender.

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Por último, como nos expresaba la señora Ministra en el debate que tuvimos esta mañana en las Comisiones unidas, el Ministerio estima que éste es un primer paso hacia el establecimiento de un sistema de subvención educacional diferenciada. Y quiero decir que el ánimo de todos nosotros fue, desde luego, apoyar este proyecto en general y contribuir al perfeccionamiento de la modalidad de subvención en las próximas semanas. Debo manifestar, al mismo tiempo, nuestro acuerdo con la necesidad de diferenciar más claramente el sistema de subvenciones educacionales, de modo de nivelar el campo de juego en el sentido de lograr una concentración mayor de esfuerzos materiales, financieros y de apoyo al proceso educativo en los sectores socioeconómicos más bajos, que coinciden a menudo con establecimientos educacionales en los cuales no existen los medios para levantar la calidad de la educación e igualar las oportunidades de acceder a una educación de mayor calidad, independiente del nivel de ingreso de la familia de la cual provienen los niños. A nuestro juicio, el proyecto es extraordinariamente positivo, muy coherente con los esfuerzos anteriores, y abre una nueva etapa en cuanto a construir un sistema de subvención educacional más diferenciado a futuro, el cual se necesita para lograr una más pareja calidad de la educación en todo el sistema y no sólo en el estrato de la educación particular pagada, como a menudo lo muestran los resultados de pruebas de evaluación como el SIMCE, y otras. Eso es todo, señor Presidente.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 22 Sesión: Sesión Especial N° 22 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 349 Fecha: miércoles 6 de agosto de 2003

MODIFICACIONES A LEY SOBRE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS Y AL ARANCEL ADUANERO El señor FOXLEY .Señor Presidente , me corresponde informar acerca de la discusión del proyecto y el acuerdo que el organismo técnico que presido adoptó a su respecto. En primer lugar, debo señalar que, por cuatro votos contra uno, rechazó en todos sus aspectos las propuestas que hizo la Comisión de Agricultura, por considerar que determinaban un precio de sustentación indefinido y permanente para el productor de azúcar en Chile. Como se sabe, el debate de este tema ha sido muy complicado, porque todos quienes hemos estado preocupados de él procuramos generar condiciones de estabilidad, de trabajo, tanto entre los agricultores que en la rotación de cultivos siembran remolacha, como para las personas que laboran en la industria de alimentos en el país. Uno, normalmente, debería preguntarse: ¿Por qué el Congreso está preocupado de esto cuando tenemos una de las economías de mercado más abiertas del mundo y el próximo año el arancel externo para el conjunto de los sectores productivos en Chile no superará el 2 por ciento? ¿Por qué debemos involucrarnos en los problemas de IANSA con la industria alimentaria? ¿Por qué somos "tironeados" por estos sectores en los pasillos del Congreso, en circunstancias de que hace más de veinte años decidimos por el camino de abrir la economía, pararnos en nuestros propios pies y demostrar que podemos hacer bien y mejor las cosas, pues contamos con trabajadores buenos y bien calificados, buenos empresarios y buenas reglas del juego? ¿Por qué debemos estar preocupados de este problema? Porque hay una industria, la del azúcar, que tiene una protección de la que carecen otros sectores. Y ello significa que cada vez que un consumidor chileno compra ese producto en un supermercado debe pagar de su bolsillo un impuesto del orden de 50 por ciento, mientras que en todos los demás se beneficia por los tratados de libre comercio y por la disminución unilateral de aranceles, con precios muy similares, si no idénticos, a los internacionales. ¿Por qué deben pagar esto los consumidores? Ésa es la preocupación principal -diría yo- de la Comisión de Hacienda. Entonces, constatamos que, por un lado, debemos conciliar una transición para que las personas que trabajan en el sector de la remolacha y en la industria de alimentos no vean amenazados sus empleos. Pero también tenemos que abrir un camino, porque no es lógico que, cuando durante más de veinte años el país ha ido en una dirección, exista una industria, con una condición monopólica o monopsónica en el mercado, empujándolo en la dirección contraria. Eso no cuadra. La caja no cuadra. La cuadratura del círculo no funciona. ¿Por qué? En primer término, porque los perjudicados son los consumidores, y en segundo lugar, porque coloca al país en un lío mayor desde el punto de vista internacional. Todos los sectores políticos en Chile han apoyado consistentemente el hecho de que el único destino de un país pequeño y tan distante como el nuestro es su plena integración al mundo y a los mercados internacionales. Y hemos demostrado a quienes sostienen un poco quejumbrosamente que no poseemos la capacidad para hacerlo que somos competitivos en una inmensa cantidad de productos, entre ellos algunos agrícolas muy fundamentales. El mismo discurso que hoy día se hace respecto del azúcar y de la incapacidad de competir a menos que los consumidores chilenos paguen un impuesto de 50 por ciento algunos lo hicieron en su momento respecto de la agricultura en la zona central, aduciendo que los agricultores no podrían sobrevivir. Y hoy tenemos el orgullo de ser uno de los principales exportadores mundiales de frutas de gran calidad; de vino; de hortalizas; de productos forestales; de pesca, y de leche, recientemente. Y con el tratado de libre comercio con Estados Unidos vamos a exportar carne de la agricultura tradicional del sur. En consecuencia, no veo por qué tenemos que mantener este beneficio para unos pocos, porque no vamos a abandonar a los remolacheros, sino que a refocalizar -ésa es la tarea- todas las políticas de fomento agrícola. Tenemos diez años para que

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ellos puedan realizar lo mismo que los fruteros: pasearse orgullosos por los mercados de Europa y decir: ¡Aquí están nuestros productos! ¡Son buenos productos y a buen costo! ¡Somos chilenos y lo hacemos bien! Creo que debemos ser consecuentes con lo realizado por el país en los últimos veinte años. Por lo tanto, tenemos que hacer una transición. Y por eso el Gobierno ha presentado el proyecto. Tengo muchos problemas con la iniciativa. Pienso que concede demasiado en varios aspectos. Pero la Comisión de Hacienda consideró que, a pesar de todo, permite una transición. Sin embargo, como Comisión de Hacienda no estamos dispuestos -y así se votó- a que este beneficio, concedido solamente a un sector y a una industria, sea para siempre. El proyecto original del Gobierno suponía un precio de sustentación generoso -porque está por encima del precio de la banda- por cuatro años, no en forma indefinida, y después, una desgravación gradual sumamente modesta, que en la última versión alcanza sólo a 2 por ciento anual. Si una industria no es capaz de transformarse en diez años a la velocidad en que el mundo lo está haciendo, ¿de qué estamos hablando? ¡Hasta cuándo seguiremos pidiendo un desarrollo con muletas! El país no está dispuesto. La gente, tampoco, porque ha realizado muchos sacrificios en esta transición hacia una economía abierta y una democracia que funciona en el mundo, y que está orgullosa porque se ha duplicado el tamaño de la economía. Los consumidores no se hallan dispuestos a que las muletas de unos las paguen otros. Por eso, señor Presidente , la Comisión de Hacienda se pronunció a favor de mantener el proyecto original, por cuatro votos a favor y uno en contra. Ello, porque creemos en el país, en las oportunidades que se nos presentan con lo realizado en materia de apertura hacia el exterior, y porque no daremos la espalda a nadie. Nos pondremos muy exigentes para que las políticas de fomento en el sector agrícola eleven el nivel de vida de los remolacheros y les den una alternativa digna y razonable de trabajo en el futuro. He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 5 Sesión: Sesión Ordinaria N° 5 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 348 Fecha: martes 15 de octubre de 2002

POSTERGACIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA DE REAVALÚO DE BIENES RAÍCES AGRÍCOLAS Y FACULTAD DELEGADA EN MATERIA DE PLANTAS DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS El señor FOXLEY .Señor Presidente , éste es un proyecto que ha sido largamente postergado; en realidad, desde 1982. O sea, lleva veinte años. En la Comisión de Hacienda fue discutido "ad nauseam; es decir, con una prolijidad y detalle que no he visto en otra iniciativa. En efecto, solicitamos información extremadamente desagregada y detallada. Todos los Senadores que participamos en la Comisión de Hacienda, y también en las Comisiones unidas, reconocemos que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo, no sólo en proveer toda la información, sino además en ser extremadamente flexible. En pocos proyectos el Ejecutivo ha estado tan dispuesto a buscar una fórmula que no genere daño a ningún pequeño propietario agrícola ni agricultor, especialmente a gente modesta. Por lo tanto, quisiera dar mi opinión sobre el particular: me parece que el proyecto está más que maduro para ser votado; es sumamente razonable y equilibrado; y, aparte establecer límites muy claros en cuanto al incremento de avalúos, aumenta también el número de propiedades exentas. Por lo tanto, no veo razón para postergar una vez más su aprobación.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 22 Sesión: Sesión Ordinaria N° 22 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 351 Fecha: miércoles 18 de agosto de 2004

NORMAS SOBRE FOMENTO AUDIOVISUAL El señor FOXLEY .Señor Presidente , la Comisión de Hacienda introdujo algunos cambios a esta normativa. Y, al igual que en la de Educación, le prestamos un fuerte respaldo, de modo que resultó aprobada prácticamente por unanimidad. Las enmiendas más relevantes son las siguientes. Primero, se incorporó en el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual un representante del Consejo Nacional de Televisión y otro de la agrupación de canales de televisión más representativa. Después de ser bastante discutida, la Comisión aprobó esta enmienda en votación dividida. Segundo, se mantuvo la atribución del ya referido Consejo del Arte de asignar directamente los recursos para financiar algunas actividades y proyectos sin necesidad de llamar a concurso, hasta por un máximo de 20 por ciento del Fondo de Fomento Audiovisual. Tercero, hubo acuerdo para que en la distribución de los recursos del mencionado Fondo se considere debidamente a las Regiones. Cuarto, se acogió la idea de garantizar un piso presupuestario en la constitución de los recursos que financien el Fondo. Además, cuando producciones audiovisuales exitosas comercialmente -por ejemplo, algunas películas- generen ingresos netos, se reembolsará al Fondo hasta el 50 por ciento de la ayuda, con el objeto de crear un sistema que permita compartir solidariamente los recursos y, al mismo tiempo, aumentar la disponibilidad del Fondo. Como señalé, salvo la enmienda sobre la composición del Consejo, las demás se aprobaron por unanimidad.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 5 Sesión: Sesión Ordinaria N° 5 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 352 Fecha: miércoles 13 de octubre de 2004

MEJORAMIENTO DE REPARACIÓN SOCIAL A FAMILIAS DE VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS El señor FOXLEY .Señor Presidente , la idea de la propuesta es dejar relativamente asegurado, garantizado, que los beneficios de salud contemplados en el proyecto incluyen, no sólo una adecuada atención médica física y mental a los afectados o a sus familiares, sino también una atención gratuita general dentro de los planes del Sistema Nacional de Servicios de Salud . En la Comisión de Hacienda se planteó la duda de si habría recursos adicionales para hacer posible esa cobertura, en forma adecuada y eficiente, a lo largo de todo el país. Como ella no se contempló en el proyecto original, se acordó agregar, en el inciso primero de este precepto, la palabra "especiales". Se trata, en cierta medida, de una indicación al Ejecutivo para que suplemente los fondos necesarios, a fin de que el PRAIS cuente con un financiamiento adicional al ordinario.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 16 Sesión: Sesión Ordinaria N° 16 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 347 Fecha: martes 30 de julio de 2002

CREACIÓN DE NUEVA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL El señor FOXLEY.Señor Presidente, me alegro de las intervenciones que hemos escuchado esta tarde. Al seguir lo que se estaba debatiendo públicamente sobre este proyecto en días pasados, tenía la preocupación de que nos quedáramos en una discusión centrada en los organigramas y en las dependencias burocráticas, en cuanto a cómo se organiza tal o cual consejo y quién forma o no forma parte de él; si va a ser manejado a control remoto por el Estado o si va a reflejar una verdadera autonomía y diversidad, etcétera. En todo caso, va a haber tiempo para ese debate. Pero no me parece que sea ése el centro de lo que se quiere señalar cuando se presenta la iniciativa sobre la institucionalidad cultural al Congreso. Creo entender que cuando el Presidente Frei envió una iniciativa de esta naturaleza -que hoy se traduce en el proyecto en análisis- lo que queríamos destacar era que, probablemente, por primera vez en los más altos niveles del Estado y del Parlamento, se deseaba dar a la institucionalidad cultural una envergadura, jerarquía y prioridad similares a las de otras tareas que han parecido centrar las energías del país en las últimas dos décadas. Chile, como la mayoría de las naciones del mundo, en los últimos veinte años, se ha sumido e involucrado en el deseo de aprender a sobrevivir en el mundo de la globalización. Nuestro país, antes que otros, realizó una apertura fundamental de su economía. A partir de ello, se desencadenó un proceso de transformaciones económicas muy importante, y de atrás provino un ímpetu de creatividad empresarial bastante significativo. Como resultado de esto, Chile logró duplicar el tamaño de su economía y generó un proceso de cambio en el modo de vida y en la forma de relacionarse con la gente, en el sentido de lo que somos y de la percepción que tenemos del futuro. Pero si algo cabe decir respecto al sello que ha marcado este proceso en el país -como ha ocurrido en la mayor parte de las naciones del mundo-, es que ese proceso conllevó una centralidad de la economía y cierta marginalidad de la cultura. Sin embargo, hoy día, después de ese proceso de cambios vertiginosos, cuando el país se siente confuso e inseguro respecto de su identidad, de la dirección hacia donde se encamina, y -como dijo el Senador señor Valdés - de su sentido como nación, pienso que es un momento especialmente proclive para la expresividad, para que la gente vuelque sus sentimientos y para que lo haga, ojalá, en forma creativa. El Honorable señor Valdés señaló que existe hambre de cultura. Me parece que lo que hay es hambre de mirarse frente a un espejo y tratar de entender lo que somos. Por eso, hoy, 20 años después de un proceso en el cual ha habido esa centralidad de la economía, es el momento para reequilibrar las cosas y dar un impulso a la creación cultural, estimulando la creatividad del país en un sentido más amplio que la creatividad empresarial. Quienes escriben acerca de nuestro país han sostenido que somos herederos de una cultura gris y burocrática, que nos sentimos más cómodos con los funcionarios que con los innovadores o los creadores. Me parece que los autores del proyecto en análisis pretenden que éste sea, al menos como punto inicial, el detonador de chispas de innovación y de creatividad que nos permitan, de alguna manera, reequilibrar las cosas. Pero hay otra dimensión en esta materia. No cabe duda de que Chile está volcado hacia el mundo. Hace menos de un mes firmamos un acuerdo de plena integración comercial con los países que forman parte de la Unión Europea. En los meses venideros, no más allá de comienzos del próximo año, veremos alcanzado con éxito un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Por lo tanto, estamos de lleno en un mundo globalizado. Nos hallamos en un camino donde no es posible dar pie atrás. Pero si algo debemos aprender de quienes han tenido éxito en ese mundo global, es que se llega a él aportando lo propio, lo que

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sabemos hacer mejor. Ello nos obliga a descubrir nuestras especificidades y a proponernos, por consiguiente, pasar de la creación cultural a lo que yo llamaría la cultura de la creatividad en toda su diversidad de géneros y expresiones, en todo su pluralismo, en su sentido innovador y atrevido, para inventar -usando una expresión del Honorable señor Flores- mundos nuevos. Si Chile va a caminar por esta senda no transitada anteriormente, que consiste en proyectar a un pueblo al que hoy le cuesta reconocerse a sí mismo, debemos buscar primero la manera de mostrar el país en el exterior. Y, en ese sentido, tenemos que aprender de las experiencias de naciones como Canadá, Brasil, México , e incluso Argentina -que necesitaban expresar identidades que al comienzo eran confusas-, para luego proyectar la creación cultural de Chile hacia el extranjero hasta crear -perdón por el sesgo economicista- una verdadera industria de la producción cultural destinada al resto del mundo, o por lo menos a América Latina. Por otro lado, también debemos preocuparnos de lo que señala el informe del PNUD, a que se hizo referencia anteriormente. En él se dice: "para la inmensa mayoría de los chilenos el consumo cultural se limita al consumo televisivo como fuente única o privilegiada de acceso a la información y a la entretención.". Por lo tanto, el segundo problema por resolver, y tal vez el nexo que falta en el proyecto, consiste en conectar la producción cultural con una difusión más masiva en el medio televisivo. Sin embargo -para redondear-, más allá de los organigramas que podrían concentrar nuestra atención y nuestras discrepancias al discutir la iniciativa, debemos preocuparnos de los temas sustantivos. Y el más importante es cómo inducir a través de la cultura actitudes más creativas e innovadoras en los chilenos y cómo generar espacios de excelencia para nuestro país en el mundo global. Se trata de crear una estructura que haga posible lo anterior. Y, como bien se indicó hace un momento, corresponderá al Congreso, y al Senado en particular, destinar los recursos suficientes, a través de las leyes de Presupuestos, para que ello sea factible y no se frustre la tremenda expectativa generada por el proyecto. Me parece que nuestra Corporación otorgará un amplísimo respaldo a la idea de la institucionalidad cultural, y sólo cabe esperar que esto desencadene un dinamismo de la envergadura y jerarquía que requiere una materia respecto de la cual como dijo el Honorable señor Viera-Gallo - todos estamos en cierta medida en deuda.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 28 Sesión: Sesión Especial N° 28 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 347 Fecha: miércoles 11 de septiembre de 2002

INFORME DE PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL El señor FOXLEY .Señor Presidente , concuerdo bastante con lo planteado recién por el Senador señor Ominami . Quiero, sí, enfatizar algunos puntos y tratar de no repetir varios de los que ya se mencionaron. Lo primero que deseo señalar, obviamente, es que estamos frente a un informe muy sólido, muy profesional. Creo que, una vez más, se demuestra que una de las fortalezas institucionales de nuestro país es tener un Banco Central con un excelente Consejo de administración que mantiene muy intacta su independencia y que, al mismo tiempo, tiene un manejo muy sólido desde el punto de vista profesional económico. Esto se ha evidenciado en la crisis internacional, que ha sido de enorme envergadura. En efecto -como ya dijo el Senador que me precedió-, el país ha podido capear bien el temporal, e incluso ha aumentado su diferencia en la apreciación que el resto del mundo hace de este manejo a través de un riesgo-país muy bajo. También me sumo a la evaluación positiva en cuanto a las perspectivas que se abren hacia delante, sobre todo por la buena inserción internacional de Chile, los acuerdos con la Unión Europea. Ayer tuvimos una sesión donde junto con la Cancillería estuvimos evaluando esta materia. Por lo menos yo, mientras más desmenuzo lo logrado, considero que ha sido muy bueno el Acuerdo. Pienso que en mayo o junio próximos debiéramos tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Ésas son todas cosas positivas. Ahora, para ir a la médula del asunto, creo que todos hemos estado en cierta medida atravesados por una duda, por un dilema fundamental. Y es el siguiente. En realidad, los datos de corto plazo, que hoy día se confirman en el informe en cuanto a nivel de actividad y, particularmente, de demanda interna, siguen siendo extraordinariamente preocupantes. Es verdad -como se dijo anteriormente- que tenemos un buen manejo de las políticas cambiaria y monetaria, una muy buena combinación de tipo de cambio alto y tasa de interés baja. También es cierto que el Banco Central puede, sin duda, exhibir un muy buen resultado en materia de inflación. El problema es -como se aprecia en el informe- que el consumo privado se está desacelerando, que el ingreso disponible privado está creciendo casi cero por ciento (menos de uno por ciento), que el gasto interno ha aumentado, menos de 0,4 por ciento, donde la proyección para el año equivale a un estancamiento. Las estimaciones del Banco Central -sesgo que comparto- respecto de lo que va a pasar internacionalmente, que nos llevan a pensar más bien en un bajo nivel de crecimiento, afirmarían, a mi juicio, que éste no será superior a dos por ciento en el año en curso ni excederá de tres por ciento en el próximo. Ahora, eso se suma a una tendencia en las estimaciones de crecimiento potencial de la economía, que partieron en 6,5 por ciento al comienzo del 2000 y que se han ido revisando a la baja. La última apreciación del grupo de expertos que reunió el Ministro de Hacienda lleva ese crecimiento potencial de 6,5 a 4 por ciento. Y dada la proyección que observamos acá de tasas más bien cercanas a 3 por ciento, permitiría tal vez augurar que la tendencia del crecimiento potencial va a seguir hacia abajo. Y ése es un tema fundamental al cual creo que debemos referirnos en la discusión futura. Un segundo punto que me preocupa y respecto del que me interesa también conocer la opinión del Consejo del Banco Central y de su Presidente es el siguiente. En el informe se señala que, a pesar de que se ha capeado bien el temporal, hay ciertas rigideces en algunos mercados -se menciona el laboral y el de crédito- que habrían hecho más difícil la absorción de los shocks externos. Supongo que con ello se está diciendo que, por rigideces en esos mercados, hemos debido pagar una desaceleración mayor de la economía de la que habría sido necesaria. En cuanto al mercado de crédito, imagino que el Banco Central se refiere al lento traspaso de la rebaja de tasas,

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particularmente a las pequeñas empresas. Me impresionó mucho el gráfico mostrado aquí, en el cual se señala que para éstas o para préstamos de menor tamaño el acceso al crédito no ha aumentado en absoluto, sino más bien ha disminuido. En lo atinente al mercado laboral, pienso que el Instituto Emisor tiene algunas ideas acerca de en qué consiste esa rigidez y de cómo se podría flexibilizar lo que hoy día es muy rígido. También desde el punto de vista de la demanda interna es interesante ver la desagregación que hace el Banco Central. Porque esa demanda interna, relativamente estancada, tiene un componente, que es la inversión pública, que ha sido extraordinariamente dinámico (esta última ha crecido en 20 por ciento). Y cualquiera puede pensar, dada la situación fiscal, que ese limón se ha estrujado hasta el límite. En cuanto al empleo, ya se hizo referencia a la debilidad de la situación. Ha disminuido en el comercio, en los servicios financieros, en la industria, y sólo ha subido en la construcción. Hay desaliento en la fuerza de trabajo, la tasa de participación está bajando al igual que el índice de vacantes; o sea, la perspectiva no es muy buena en este ámbito. Y desde el punto de vista de la inversión, la tasa ha disminuido de 27 a 22 por ciento. Preguntas: ¿Cómo reactivar? ¿Cómo crecer más? Creo que el dilema fundamental es cómo reactivar. Hemos sido persuadidos -yo lo he sido- de que el instrumento fiscal se halla en el límite. Sin embargo, la economía, obviamente, tiene holguras. Y éstas se observan principalmente porque el déficit de cuenta corriente de balanza de pago es prácticamente cero, está proyectado a un nivel bajísimo, 0,5 por ciento, y para el próximo año, 0,3 por ciento del producto. Estados Unidos tiene un déficit de cuenta corriente de 5 por ciento del producto. O sea, hay un margen en balanza de pago, en inflación, en varios aspectos en esta economía; hay recursos ociosos desde el punto de vista físico y de mano de obra. El instrumento fiscal pareciera estar agotado. Entonces, la pregunta es hasta dónde el instrumento monetario puede seguir utilizándose para poner en marcha toda la capacidad ociosa de que dispone la economía. Ahora, entiendo que lo que está pesando en la mente de la autoridad económica y también en la nuestra es que la incertidumbre externa nos obliga a un sesgo conservador. Y tiendo a tener simpatía con eso. Pero queda pendiente. ¿Estamos con un instrumento fiscal y un instrumento monetario agotados? Ésa es la duda. Como me queda muy poco tiempo, me voy a referir al segundo punto: enlace de la política de corto plazo con la de mediano plazo. Y esto se sitúa en el tema del crecimiento potencial. La pregunta al Banco Central es qué medidas se podrían tomar para levantar el techo de nube, aumentar el crecimiento potencial de la economía, que, teniendo un efecto económico importante en el mediano plazo, permita gatillar expectativas más positivas que desencadenen procesos de inversión más dinámicos en el corto plazo. Me interesaría escuchar opiniones acerca de cómo aumentar la productividad, la calidad de la educación, la capacitación y los niveles de inversión. ¿Qué sugiere el Banco Central respecto de estos temas? La gran duda de todo el mundo es la siguiente: ¿qué más se puede hacer, dado este contexto y entendiendo que las posibilidades de accionar en el corto plazo por el lado fiscal están bastante agotadas? Sería interesante oír al Presidente del Instituto Emisor a este respecto.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 4 Sesión: Sesión Ordinaria N° 4 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 345 Fecha: miércoles 3 de octubre de 2001

PLAZOS PARA PROCEDIMIENTO Y REGULACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO El señor FOXLEY.Agradezco a los señores Senadores su aclaración. Por eso, considero que este proyecto de ley constituye un avance respecto a lo ya existente. No cabe duda de ello. Sin embargo, deseo enfatizar que, según la experiencia escuchada -no vivida porque no soy empresario-, en el actual marco jurídico a menudo se fijan plazos para la elaboración de informes, por ejemplo en la CONAMA, el COREMA, el órgano que realiza estudios de impacto vial, etcétera. En algunos casos deben emitirlos alrededor de 32 servicios. Cada uno de ellos cuenta con un plazo y pueden argumentar que la otra repartición no entregó a tiempo los antecedentes. En numerosas oportunidades pequeños empresarios, industriales, etcétera, de la Región Metropolitana me han contado la pesadilla de conseguir la aprobación de determinados procedimientos. Por ejemplo, desde 1994 muchos industriales de la Región Metropolitana han estado solicitando autorización para realizar inversiones, pero desde esa fecha no han obtenido respuesta porque había un procedimiento administrativo que lo impedía. Como digo, cada servicio público cuenta con plazos; puede darles comienzo y también congelarlos si no tiene a la vista todos los antecedentes que estima necesarios para adoptar la decisión. A menudo para ello se argumenta que los antecedentes son insuficientes o de mala calidad. En reiteradas ocasiones he presenciado cómo a la persona que inicia la tramitación de una solicitud se le devuelve toda la documentación y se le dice: "No sirve lo que usted me envió. Hágalo todo de nuevo". Por lo tanto, lo que debe hacerse es luchar contra la cultura burocrática, que es un modo de decidir, de vivir, de convivir, de tomar decisiones en la Administración Pública.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 20 Sesión: Sesión Ordinaria N° 20 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 352 Fecha: martes 14 de diciembre de 2004

ESTABLECIMENTO Y SANCIÓN DE FIGURA DEL ACOSO SEXUAL El señor FOXLEY .Señor Presidente , obviamente, estoy muy de acuerdo en legislar sobre esta materia, aunque algunas aprensiones surgidas en el debate son válidas. En primer lugar, lo recién destacado por el Senador señor Ávila , en cuanto a que en este tipo de situaciones se mezclan datos objetivos y subjetivos, lo que hace difícil acreditar la denuncia o acusación. Pero eso no debiera ser motivo para no legislar o para no asumir una posición clara. Ello, por lo ya señalado: porque se vincula con un aspecto muy esencial de la dignidad de las personas. Y, en este punto, me refiero a la inquietud planteada por el Honorable señor Bombal . ¿Es la Inspección del Trabajo el organismo más adecuado, eficaz, pertinente y con capacidad real para discernir, en un nivel mínimo, si las acusaciones de acoso sexual son válidas? ¿O, al revés, éstas constituyen simplemente vendettas ante situaciones laborales mal resueltas al interior de una empresa? Hasta ahora hay una pregunta, no una respuesta plenamente satisfactoria. Porque si ésta fuera "La Dirección del Trabajo no es la entidad adecuada", entonces correspondería resolver a los tribunales, lo que implica, a la larga, demoras propias de mecanismos ineficaces. Y la eficacia debe traducirse tanto en la protección casi instantánea de quien acusa como en una rápida resolución. En cierta medida, yo asimilaría esta situación a las denuncias por violencia intrafamiliar. ¿Qué establece la legislación comparada? Tiendo a pensar que el organismo que reciba la denuncia debería tener algún grado de calificación profesional para definir y discernir las distintas situaciones, que conllevan fuertes cargas de subjetividad por parte del denunciante o acusador. En concreto, vuelvo a consultar: ¿qué establece la legislación comparada? O, dicho de otra manera, ¿a qué mecanismos han recurrido los países que ya han legislado sobre la materia para resolver estas denuncias?, ¿cuáles han sido los resultados? En mi opinión, la Inspección del Trabajo no es la instancia apropiada para definir este tipo de situaciones.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 33 Sesión: Sesión Especial N° 33 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 349 Fecha: miércoles 10 de septiembre de 2003

INFORME DE PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL El señor FOXLEY .Señor Presidente , probablemente hay consenso entre los Senadores presentes en la Sala en que hemos sido testigos de una intervención extraordinariamente completa del Presidente del Banco Central , con una gran cantidad de antecedentes que tendremos tiempo de analizar más en detalle en los próximos días. No obstante, muy brevemente quiero hacer algunos comentarios -comentarios-preguntas, en realidad- sobre algunos de los temas planteados hoy. De lo escuchado se desprende que la economía chilena se halla en un momento en el que básicamente estamos a la expectativa de la intensidad de la recuperación que podría producirse en otras partes del mundo. Sin duda alguna, el tema planteado por don Vittorio Corbo acerca de la preocupación por lo que ocurre con el crecimiento en Europa es muy importante para nosotros, pues recién hemos firmado un acuerdo de libre comercio con esa región. Sin embargo, por lo menos desde mi punto de vista, uno de los márgenes mayores de incertidumbre -tal vez, el elemento que en mayor medida la genera- para que se dé el escenario relativamente optimista que el Presidente del Banco Central nos describió en cuanto a la recuperación del próximo año dice relación, paradójicamente, a la política económica del Gobierno de Estados Unidos. Pienso que si algún Ministro de Hacienda , en los países de nuestra región, pasara de un año con un superávit fiscal de más de uno por ciento del PIB -casi 2 por ciento- a otro con un déficit fiscal de entre 4,5 y 5 por ciento del PIB -con proyección a subir a 6 por ciento y probablemente a más-, duraría poco en el cargo. Con esto, no estoy vaticinando la suerte del señor Snow en la Administración Bush, sino que me refiero a que es una preocupación para nosotros que ese Gobierno esté siguiendo una política económica en la que de manera simultánea disminuye fortísimamente la tasa de tributación -se han llevado a cabo tres bajas sucesivas de impuestos- y aumenta el gasto público en forma impresionante. Sobre esto último, anteayer el Presidente Bush solicitó elevar el gasto público en 87 mil millones de dólares, cantidad que constituye más que la producción entera de Chile en un año. Y, a juicio de los expertos militares, ello sería sólo el comienzo de una sucesión de peticiones en el mismo sentido para enfrentar el problema de Iraq, cada vez peor, y las inseguridades que provoca la situación en Corea, los programas nucleares de Irán y la definición del mundo como un gran escenario en el cual hay que combatir el terrorismo dondequiera que surja. Cada uno de estos asuntos requiere un aumento significativo del gasto militar de Estados Unidos. En consecuencia, deseo conocer algún tipo de apreciación por parte del Banco Central respecto de cómo este manejo de la política fiscal en ese país puede efectivamente modificar nuestro escenario, relativamente modesto. Después de todo, estamos hablando de un crecimiento de apenas entre 3 y 3, 5 por ciento el presente año y entre 4 y 4,5 por ciento el próximo, que puede ser peor si este manejo fiscal sigue adelante. Algo similar se puede señalar respecto del déficit en cuenta corriente de Estados Unidos, aunque es cierto que existen mecanismos más automáticos de corrección. Pero si tuviéramos un déficit en cuenta corriente cercano a 6 por ciento del PIB estaríamos muy preocupados. Nos pueden contestar que Estados Unidos es Estados Unidos, que se trata de la principal potencia económica del mundo y que, por tanto, es ilimitada su capacidad de endeudamiento externo y de financiamiento vía endeudamiento de su balanza de pagos. No estoy seguro de si los mercados financieros internacionales harán indefinidamente ese tipo de juicios. En definitiva, me gustaría que las autoridades del Instituto Emisor elaboraran un poco más sobre el tema, porque, de acuerdo a la lógica de la presentación que hemos escuchado, nos encontramos en un escenario de incertidumbre y riesgos variables. La señalada es la principal fuente de incertidumbre y, a mi juicio, no queda claro que el riesgo de esa dirección económica vaya a disminuir en el país del Norte. El segundo punto se refiere a una situación, un tanto sorpresiva, en torno a la desaceleración de tendencia, con resultados bastante modestos, durante el segundo trimestre del año. No me quedó claro, de las palabras del señor Presidente del Banco

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Central , cuáles fueron los detonantes de dicha desaceleración. ¿Acaso ella se fundamentó en una caída de confianza del consumidor o se debió a situaciones externas del vecindario, en países como Brasil y Argentina? Es decir, me quedan dudas respecto de cuál es el diagnóstico sobre el segundo trimestre del año. Ese punto es importante. Porque uno siempre puede hacer proyecciones que van hacia arriba, aunque sea lentamente. ¿Pero qué pasaría si lo que nos ocurre es lo mismo que ha estado sucediendo en la economía de Estados Unidos, donde los indicadores se dirigen hacia arriba, después hacia abajo y se entra en una oscilación en torno de una tasa de crecimiento bastante baja? O sea, se presenta un escenario alternativo en el cual se empieza a "rebotar" en el crecimiento, cercano a 3 por ciento, con una gran volatilidad de expectativas en los consumidores. Hemos visto que la confianza de éstos también sube y baja durante estos meses y no se estabiliza. Lo mismo ocurre con el consumo y la inversión. Si así fuera, estaríamos hablando del escenario de una tasa de crecimiento, para éste y el próximo año, más cercana a 3 por ciento que a 4 por ciento o superior. El tercer elemento dice relación a una duda que algunos Senadores hemos mantenido en términos relativamente sistemáticos. Constantemente hemos respaldado la política económica del Gobierno, particularmente la política fiscal. Lo hemos hecho porque creemos que el país debe tener una política económica ordenada y, sobre todo, debe respaldar a quien toma decisiones en escenarios altamente inciertos y de mucho riesgo. Sin embargo, estudiando las cifras que hemos visto hoy, sigue vigente una interrogante que me parece honesto plantear. Hemos logrado un tremendo éxito en términos de la forma como nos evalúan los mercados financieros internacionales. ¡Qué duda cabe! Exhibir un riesgo país de 100 o 102 puntos es impresionante. El único que se nos acerca es México, con 250 a 280 puntos. Brasil, la semana pasada, celebraba su índice de cerca de 700 puntos. Es decir, para Chile esto es un tremendo éxito. Y seguimos recibiendo aplausos de los evaluadores de riesgo en Wall Street. Por otro lado, somos un país en desarrollo, una economía emergente. Y los países como el nuestro históricamente han contado con un flujo de financiamiento externo que les ayuda a reforzar sus procesos de ahorro interno, lo cual les permite sostener una tasa de inversión alta. Nosotros, en cambio -como dijo el señor Presidente del Banco Central -, financiamos prácticamente el ciento por ciento de nuestra inversión con ahorro interno. Estamos usando en un grado ínfimo nuestra capacidad de levantar recursos en el exterior. La demostración de eso es que el déficit en cuenta corriente de balanza de pagos de este año va a ser apenas de 0,5 por ciento del PIB. No sé cuántos países en desarrollo tendrán un cuadro de ese tipo. Y la proyección para el próximo año es que la cifra sólo aumentará muy marginalmente y se mantendrá por debajo de uno por ciento. Al mismo tiempo, contamos con una política fiscal extraordinariamente sólida. Nos mantenemos con un superávit fiscal de uno por ciento del PIB. En pocas palabras: tenemos una política fiscal y una política de endeudamiento externo muy conservadoras. La contracara viene en el informe del Banco Central que nos acaban de presentar -y es algo que me preocupa-: se estima el crecimiento potencial de la economía de nuevo a la baja. Se dice ahora que estará entre 3,5 y 4 por ciento. O sea, con un techo de 4. Me cuesta compatibilizar la metodología a través de la cual se establece ese crecimiento potencial con, por ejemplo, la tasa de inversión que señala el propio informe del Banco Central. Ésta es de 23 por ciento sobre el PIB, en ningún caso una tasa baja. No es que aquí haya caído la inversión al suelo. El país está invirtiendo una considerable cantidad de recursos. Y me cuesta entender que eso sea compatible con un máximo crecimiento potencial de la economía bajando y acercándose a 3,5 por ciento. Sigo sin comprender cómo puede ser que en el breve lapso de cuatro o cinco años el crecimiento potencial de la economía se haya reducido de tasas entre 6 y 7 por ciento a una cercana -se nos dice- a 3,5 por ciento. No entiendo los fundamentos económicos de ello. En efecto, si bien es cierto que en estos cuatro años el crecimiento ha sido más bajo, no lo es menos que las tasas de inversión no se han desplomado. Muy por el contrario, se han mantenido a un nivel relativamente razonable, en particular si uno las compara con lo que ocurre en países de desarrollo equivalente. Quisiera referirme a un par de puntos adicionales. El primero se refiere a la volatilidad en el comportamiento del consumidor, uno de los elementos que han provocado fragilidad en el proceso de recuperación de la economía. Pareciera que las expectativas de los consumidores se vieron muy fuertemente afectadas en un sentido negativo por el shock de los años 1998, 1999, y que no se han recuperado todavía. Para decirlo en pocas palabras: la gente todavía no tiene confianza en que la economía irá en alza y en que, por lo tanto, no constituye un riesgo inaceptablemente alto el normalizar la conducta en cuanto al consumo, sobre todo de bienes durables. A mi juicio, aquí seguimos teniendo un problema: el proceso de estabilización de las expectativas de consumo se ve afectado por un "ruido" excesivo en algunos frentes. Por ejemplo, estamos presenciando cambios prácticamente semanales, muy fuertes y muy incomprensibles, en el precio de los combustibles. El último censo muestra que alrededor de 70 por ciento de las personas son dueñas de algún vehículo. Por lo tanto, cuando todos los días lunes el precio de la gasolina sube o baja en una cantidad bastante significativa se introduce un "ruido" innecesario en el sistema. ¿Por qué no se ha usado un instrumento

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que tiene ya más de diez años, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, para beneficiar al usuario final e impedir la inestabilidad en el precio de un insumo básico? En seguida, se presenta el tema de las tasas de interés, en el que nos hemos ocupado en el último tiempo. Recién se publicó el nuevo estudio de las tasas de interés en el sector del comercio. Según las estadísticas publicadas por la Asociación de Bancos, hay en Chile 18 millones de tarjetas de crédito, de las cuales algo más de 15 millones son emitidas por tiendas comerciales, multitiendas. Y 11 millones corresponden a lo que hoy día técnicamente se denomina "tarjeta de crédito abierta", es decir, emitida por las multitiendas pero que puede ser usada, en virtud de un convenio, en un conjunto de establecimientos comerciales, farmacias, etcétera, y que opera igual que una tarjeta bancaria. El último informe del Servicio Nacional del Consumidor mostró que ocho de cada diez establecimientos comerciales grandes están cobrando tasas de interés real superiores a 60 por ciento anual y que en algunos casos éstas se elevan por sobre el ciento por ciento en términos reales, en circunstancias de que la tasa del Banco Central, tal como señaló el señor Corbo , es de 2,75 por ciento. ¿Qué se contesta cuando uno pregunta respecto de esta diferencia entre 2,75 por ciento y ciento por ciento? Se dice: "Bueno, para que esto sea un buen negocio tiene que haber un buen "spread", y el "spread" es muy alto porque estos son clientes muy riesgosos". No obstante, analicemos por qué son clientes tan riesgosos. Si alguien compra un televisor a crédito y termina pagando dos o tres aparatos en lugar de uno, el valor de las cuotas es tan grande que esa persona, si es de ingresos relativamente modestos -como suele ser el caso-, se convierte automáticamente en un cliente riesgoso. Porque, al cabo de tres, cuatro, cinco meses, ve que no puede pagar las cuotas; se atrasa; se trasforma en un mal cliente; el establecimiento comercial lo saca de su lista, lo pone en DICOM. Y es así como se dice: "Mire, cómo voy a prestar más barato a esta gente que es tan riesgosa; ¡si no paga!". Entonces, tenemos un mercado que no está operando, que no es competitivo, y donde yo creo que hay una obligación de la autoridad monetaria, de la Superintendencia de Bancos y del SERNAC en el sentido de asegurar condiciones de competencia. Por eso, quiero preguntar al señor Presidente del Banco Central qué piensa hacer el Consejo sobre esta situación, porque, en mi opinión, ella tiene implicancias macroeconómicas, en reactivación de consumo; tiene implicancias en seguridad de la cadena de pagos, y tiene, también, implicancias en equidad, porque se está abusando del hecho de que esta gente no tiene acceso al crédito bancario. El economista Cristián Larraín mostraba el otro día que en créditos de consumo las utilidades de los bancos están entre 30 y 40 por ciento. Pareciera, también -lo han dicho analistas que no son precisamente de la Concertación-, que el mercado bancario todavía no opera con condiciones suficientes de competencia como para que ocurra la transmisión de la rebaja de tasas. En fin, quedo hasta aquí, señor Presidente, porque me he excedido algo en el tiempo.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 27 Sesión: Sesión Ordinaria N° 27 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 352 Fecha: miércoles 12 de enero de 2005

MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES El señor FOXLEY .Señor Presidente , la iniciativa en estudio, después de pasar por la Comisión de Relaciones Exteriores, fue a la de Hacienda, que lo aprobó integralmente en general y en particular, incluida una indicación del Ejecutivo consistente en reponer el artículo segundo transitorio, mediante el cual se permite al Presidente de la República , a través de una facultad delegada como dijo recién el señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores-, dictar normas sobre encasillamiento en determinados servicios y direcciones de la Cancillería. Pero tal vez el punto central, aquel en que -al menos en la Comisión de Hacienda- hubo una opinión más clara y fuerte, es el vinculado con la creación de determinado número de cargos de profesionales y la readecuación de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON). Es efectivo lo que acaba de manifestar el Senador señor Romero en cuanto a que el Gobierno dio un paso importante -yo lo considero muy positivo- al, finalmente, buscar una metodología para definir lo que aquí se denomina "reforma de fondo del servicio exterior chileno" y llevar a cabo ésta -algo sin precedentes- en conjunto con las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados. Se trata de un buen paso, y de ahí debe partir el aggiornamiento de un servicio exterior que tiene que enfrentar la situación de un país completamente globalizado. La razón por la cual la Comisión de Hacienda decidió insistir muy fuertemente en reponer la facultad del Presidente de la República es la de que en el entretanto -justamente es el argumento del Senador señor Romero puesto al revés- hay ciertas cuestiones que tienen enorme urgencia. La otra tarea va a tomar tiempo; es en extremo compleja; enfrentará intereses distintos. En fin, se trata de una cuestión muy de fondo, con un calendario de por sí, probablemente, bastante prolongado. En lo principal, tocante a las negociaciones económicas internacionales, observamos la existencia de una estructura que viene de hace veinte a treinta años, cuando lo que debía hacer nuestro país era, básicamente, mantenerse como un socio de ALADI en discusiones comerciales menores. Posteriormente entramos en las negociaciones del MERCOSUR, que fueron más complejas. Luego empezamos con la política de los acuerdos bilaterales de tipo comercial con numerosas naciones: primero, en América del Sur; después, en otras partes del mundo. Nos vimos enfrentados, entonces, a negociaciones simultáneas con la Unión Europea y Estados Unidos, y llegamos más allá del límite de las capacidades técnica y profesional, e incluso, de la energía y creatividad de los negociadores de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Se trata de un personal altamente calificado, que ha tenido un brillante desempeño, pero que ¡ya no da más!, atendida la multiplicación de las áreas de negociación que debe atender simultáneamente. Después de firmar acuerdos de aquella índole hay que entrar en la siguiente etapa: la de la implementación. Se requiere capacidad para contestar en forma oportuna ante los conflictos comerciales que plantea el socio. Por ejemplo, con Estados Unidos ya están planteados potencialmente varios; lo mismo va a ocurrir con Europa y, sin duda, en los pasos siguientes que se den. Sin embargo, lo más importante ahora es que este año viene la etapa de mayor dificultad: el inicio de negociaciones con países de gran complejidad, envergadura y dinamismo, que desconocemos en lo fundamental: China e India. Eso está anunciado, y hay que enfrentarlo de manera simultánea con todas las demás tareas que describí con anterioridad. Paralelamente, hay una iniciativa para integrar el acuerdo del MERCOSUR con el acuerdo de los países del sector andino; Chile, en algún grado, se halla participando por lo menos como observador. Se están iniciando conversaciones más profundas con Perú y Ecuador . Sabemos que debemos mejorar las relaciones en América del Sur y que los pactos de libre comercio pueden ser un buen instrumento para ello.

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¡Y tenemos un cuerpo profesional que esencialmente es el mismo de hace 30 años, con muy pequeñas modificaciones! Por tanto, es urgente -así lo estima la Comisión de Hacienda- aumentar el número de personas que trabajan en el referido organismo, sin perjuicio de que en una reformulación posterior del servicio exterior chileno se pueda volver a tocar el punto. Podemos garantizar, sí, que no nos vamos a quedar de más con las veintitantas personas que se puedan contratar. Sin duda, nos quedaremos cortos. Si comparamos los recursos humanos puestos por Estados Unidos o la Unión Europea con los que tuvo Chile durante la negociación de los tratados pertinentes, veremos que la desproporción era gigantesca. Simplemente, no teníamos preparado suficiente personal calificado. Creo que es urgente, necesario, imprescindible tomar una decisión ahora, sin perjuicio de que la estructura más de fondo se concrete después, en consenso con las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados, y, por cierto, con la posterior aprobación de las respectivas Salas. Por lo expuesto, la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto en general y en particular, sobre todo la indicación que repone la norma en virtud de la cual se faculta al Presidente de la República para reencasillar y aumentar, en forma bastante modesta y limitada, el número de personas que trabajan en las negociaciones comerciales internacionales del país. He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 5 Sesión: Sesión Ordinaria N° 5 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: miércoles 13 de junio de 2001

FACILIDADES PARA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS FAMILIARES El señor FOXLEY .Señor Presidente , quiero apoyar lo que acaba de manifestar el Senador señor Núñez . Estimo que, aun cuando ésta es una excelente iniciativa que contribuirá a disminuir el problema del desempleo en forma muy efectiva, de alguna manera, sin embargo, está imponiendo un exceso de restricciones. Y creo que con dos de ellas, como han dicho varios señores Senadores: las que atañen al capital y a las normas ambientales y sanitarias normales, estamos marcándonos un autogol, porque vamos a terminar implementando una iniciativa que será frenada a nivel burocrático, como ocurre con muchas de las destinadas a los pequeños empresarios. Por lo tanto, pienso que es mejor darse un tiempo y elaborar normas más flexibles que, a posteriori, cuando haya transgresiones, impongan las sanciones del caso, evitando tener que pasar por el trámite de CONAMA, COREMA , o lo que sea. Eso es todo.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 20 Sesión: Sesión Ordinaria N° 20 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 343 Fecha: miércoles 3 de enero de 2001

CONVENIO MARCO CON COMUNIDAD EUROPEA SOBRE AYUDAS FINANCIERA Y TÉCNICA Y COOPERACIÓN ECONÓMICA El señor FOXLEY .Señor Presidente , aquí se ha hecho un conjunto de afirmaciones, algunas bastante generales, respecto de ciertos proyectos que se habrían desarrollado en el pasado entre la Unión Europea y el Gobierno de Chile, que me parecen muy difíciles de contestar por alguna persona en la Sala. Pienso que en esta materia corresponde lo que sugirió el Honorable señor Valdés en su intervención: que de haber algún elemento de irregularidad en cualquiera de los proyectos o programas antes mencionados, resulta pertinente que las instancias regulares lo investiguen, como lo está haciendo la Contraloría; y si existen problemas de fiscalización que corresponden a la Cámara de Diputados, debería radicarse en ella la discusión pertinente. En lo que respecta al nuevo convenio marco con la Unión Europea, la interrogante que cabe formularse es cómo se inserta dentro del proceso en que se ha encontrado Chile de proyectarse internacionalmente y, en el plano económico, de buscar una penetración lo más profunda posible en los mercados, particularmente de los países desarrollados. Si uno se preguntara cuál es nuestro interés nacional permanente y cuál será el eje fundamental que permitirá entrar en una etapa ya más claramente cercana al pleno desarrollo, diría que ese eje lo constituirá el poder lograr un muy buen entendimiento político y comercial con los países desarrollados, con los cuales el nuestro mantiene excelentes relaciones. Ciertas cifras, en lo referente a la cooperación entre Chile y la Unión Europea, de alguna manera señalan con bastante claridad el camino por seguir en el futuro. Las de los últimos diez años, según entiendo, son del orden de 120 millones de dólares. Y lo que se halla en este momento en carpeta o proyectado importa una cantidad significativamente menor, de unos 20 millones de la misma moneda. Me parece que se trata de una consecuencia, fundamentalmente, del éxito económico de Chile en la década recién pasada, del hecho de que hoy no presenta una gran precariedad en ese ámbito: se encuentra consolidado en el avance de su economía, exhibe una democracia sólida y, por lo tanto, viene una etapa de madurez en la cual su relación con los países desarrollados irá cambiando desde los ejes de la cooperación a los de una vinculación mucho más igualitaria, incluso en el plano económico, de una competencia leal a través del libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. En consecuencia, si ése es el objetivo nacional de largo plazo, lo que procede en la discusión de hoy, más bien, es consultar a la señora Ministra de Relaciones Exteriores por algunas precisiones respecto de cómo se irá implementando la estrategia pertinente. Y, desde el punto de vista de lo que corresponde al Senado, me parece que, si el interés nacional es llegar lo antes posible a esa etapa de madurez en las relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos, es necesario despejar, por un lado, los obstáculos existentes para que ello ocurra, y, por el otro, desplegar una especial preocupación, diría, para que las iniciativas que se vayan planteando como etapas intermedias obtengan una aprobación rápida, fluida, que muestre que Chile es capaz de dar señales de eficacia en construir tal vinculación. Por ese último motivo, estimo indispensable que el Convenio, cuya discusión se ha encontrado postergada por algún tiempo, sea aprobado hoy, y ojalá que en forma muy amplia, si no unánime. Pero, respecto del tema más de fondo, quiero hacer algunas preguntas a la señora Ministra en cuanto a asuntos que van más allá de la puesta en marcha del instrumento en la etapa actual. En los fundamentos del proyecto se expresa que la cooperación podría alcanzar una nueva dimensión cuando se logre el grado de país asociado a la Unión Europea. ¿Cuál es la connotación exacta del concepto de país asociado, que no es miembro de ese conglomerado de naciones; qué significa ello, en términos políticos, y cuándo se visualiza, en el proceso de negociaciones, que puede tener lugar la aceptación a Chile en ese carácter? La segunda consulta dice relación a si tal calidad también engloba la negociación de libre comercio o cada una de esas cuestiones puede ser independiente, paralela. Y, si una antecede a la otra, ¿cuál es el calendario al que deben ceñirse? ¿O acaso deben ocurrir simultáneamente? En otras palabras, se trata de saber si el ser asociado a la Unión Europea conlleva o no un acuerdo de libre comercio o más bien son dos carriles paralelos. La tercera interrogante se refiere a algo expuesto por la señora Ministra en su presentación, en el sentido de que en la nueva etapa de la cooperación sería posible, de ser un país asociado, recurrir a fondos de la propia Unión Europea. Resultaría

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interesante conocer a qué tipo de programas se alude y qué perspectivas ofrece la condición que nos ocupa. Y, en seguida, cuando se mencionan iniciativas de cooperación bilateral o triangular que se podrían desarrollar en el futuro, igualmente es importante saber qué se tiene en mente al respecto. Creo que ésos, señor Presidente, son los verdaderos aspectos que debieran informar el debate, más que otros que no corresponde necesariamente confundir con lo que constituye la propuesta legislativa sometida al Senado. Muchas gracias.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 7 Sesión: Sesión Ordinaria N° 7 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 351 Fecha: miércoles 23 de junio de 2004

CREACIÓN DE COMUNA DE ALTO BIOBÍO EN OCTAVA REGIÓN. INFORME DE COMISIÓN MIXTA El señor FOXLEY .Señor Presidente , sólo quiero consignar que, por acuerdo de la Sala, el texto, después de una votación bastante clara en la Comisión Mixta, pasó a la Comisión de Hacienda, donde se discutió y unánimemente se acogió la creación de la comuna de Alto Biobío, tal como lo plantea el proyecto. Así que hay una opinión bastante abrumadora por la aprobación, y a lo mejor se podría resolver inmediatamente en el mismo sentido.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 13 Sesión: Sesión Ordinaria N° 13 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 352 Fecha: martes 16 de noviembre de 2004

PRESUPUESTO DE SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2005 El señor FOXLEY .Señor Presidente , sólo deseo manifestar que en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se presentó una indicación con una redacción muy parecida a la que se discute, y yo, como Presidente del citado órgano técnico, la declaré inadmisible por las mismas razones que acaba de formular el Honorable señor Silva . Por lo tanto, no entiendo por qué la estamos discutiendo de nuevo.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 14 Sesión: Sesión Ordinaria N° 14 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 345 Fecha: miércoles 7 de noviembre de 2001

PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2002 El señor FOXLEY .Señor Presidente , no comparto la visión bastante pesimista manifestada esta tarde por la Honorable señora Matthei . Por lo tanto, no pienso que estamos frente a un cuadro fiscal que será crónicamente deficitario hasta el 2005. Si algo hemos argumentado respecto del producto potencial de esta economía -incluso con el señor Ministro de Hacienda - es que no me parece que exista algún factor estructural de fondo que impida a la economía volver a crecer a la tasa histórica de 7 por ciento de la última década. Desde el punto de vista del impacto de los factores externos, se ha demostrado recientemente que Chile es un país que está siendo diferenciado respecto de otros que han sufrido con mucha fuerza el contagio de la crisis externa, como ocurre con algún país vecino. Por consiguiente, lo que ha sucedido hasta ahora es que hemos tenido un problema, primero, de demanda interna y, segundo, de cierta incertidumbre por algunas de las reformas que el Gobierno ha llevado adelante en este período. Como esas reformas (laboral, tributaria, etcétera) ya se han completado, la dificultad que tenemos hoy es fundamentalmente la de una demanda interna que no crece. Deseo reforzar lo que manifestó el señor Ministro de Hacienda , puesto que -al revés de lo que la Oposición, los círculos de Derecha y muchos analistas económicos han estado públicamente diciendo-, en mi opinión, las cifras indican que no hay un problema inflacionario en la economía chilena, que la inflación subyacente está a niveles muy bajos, que la cifra de inflación del último mes es prácticamente cero, que probablemente la del próximo mes también va a ser cero y que es muy posible que terminemos este año con una tasa de inflación inferior al 3,5 por ciento, lo cual es algo bastante llamativo, dado el tremendo desajuste que existe en la economía internacional. Por otro lado, nuestro país tiene una balanza de pagos muy sólida y, a mi juicio, mantiene las cuentas fiscales ordenadas. Las naciones que actualmente están en situación equivalente, como, por ejemplo, Estados Unidos y Singapur, sin vacilación alguna han tomado ya una decisión que apunta a una política fiscal notablemente expansiva. En el caso de Estados Unidos, 24 horas después de los acontecimientos del 11 de septiembre, el Presidente Bush señaló que, a pesar de ser un conservador, solicitaría un paquete de estímulo fiscal equivalente a 2 por ciento del Producto Interno Bruto de esa nación, lo que representa una cifra impresionante. En cuanto a Singapur, cuya economía es una de las más liberales y ortodoxas del mundo, se ha acordado recientemente un paquete de estímulo fiscal de 7 por ciento del PIB. ¿Por qué pueden hacer esto dichos países? Porque tienen la inflación controlada, la balanza de pagos relativamente equilibrada y las cuentas fiscales ordenadas. En lo que respecta a Chile, esas tres variables también están exactamente alineadas. Por lo tanto, nuestro problema no es la inflación, sino el desempleo, pues éste frena la demanda. Porque cuando se traspasa cierto umbral de desempleo, se produce un efecto contagio en la mente de las personas: la gente se atemoriza de perder el empleo y, por consiguiente, reprime su gasto. Como deja de gastar, el comercio no vende, las empresas no reciben órdenes de producción y, por lo tanto, postergan sus proyectos de inversión. Ése es el problema fundamental de la economía chilena. El proyecto de Ley de Presupuestos presentado por el Gobierno apunta bien en ese sentido, porque pone énfasis en la generación de empleos, básicamente por dos caminos: primero, por un aumento de casi 11 por ciento anual en la inversión pública, en circunstancias de que el gasto global crece al 4,9 por ciento; y segundo, mediante la reserva de recursos de alguna consideración para generar directamente, a partir del gasto público, un mínimo de 150 mil empleos. Sobre este particular, me habría gustado que hoy el señor Ministro hubiera señalado lo que le solicitamos numerosos Parlamentarios -especialmente, los de esta bancada- en el sentido de que esos programas generaran 200 mil empleos. Estimamos posible llegar a esa meta en virtud de las cifras contenidas en el Presupuesto. Deseo poner énfasis en este punto y decir que si la razón por la que nuestra economía no llega a su producto potencial es, en primer lugar, el desempleo; y si la balanza de pagos, las cuentas fiscales y la inflación están en línea, la pregunta que deberíamos hacernos, si no estuviéramos tan sumergidos en el peso de una ortodoxia que no nos deja movernos, es si acaso

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tendríamos que haber aumentado en el Presupuesto el gasto público un poco más allá de lo que lo hemos hecho. El riesgo país se ha mantenido absolutamente firme, en el nivel más bajo, lejos, de América Latina. El señor Ministro de Hacienda fue a Nueva York y en 48 horas consiguió un crédito, a una tasa de interés razonable, cuyo monto cubre la mitad del desfinanciamiento de la balanza de pagos. ¡En 48 horas! Nadie puede decir que Chile está sometido a un riesgo por proceder en igual forma que Estados Unidos, Singapur, Japón y -como seguramente lo hará- Europa: disponer un estímulo fiscal en el más viejo y tradicional estilo keynesiano. En el momento en que el desempleo comience a bajar en Chile, los consumidores van a normalizar sus gastos, el comercio va a normalizar sus ventas y las empresas van a normalizar su producción y activar sus proyectos de inversión. Por lo tanto, creo que el análisis que escuchamos anteriormente está bastante equivocado y tiene una connotación pesimista que, al menos en mi bancada, no compartimos en absoluto.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 31 Sesión: Sesión Ordinaria N° 31 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: martes 20 de enero de 2004

REINTEGRO PARCIAL DE PEAJES PAGADOS EN VÍAS CONCESIONADAS POR VEHÍCULOS PESADOS El señor FOXLEY .Señor Presidente, la Comisión de Hacienda recién analizó en particular el proyecto y aprobó por unanimidad la idea de prorrogar la devolución de 20 por ciento del valor de los peajes hasta el 2006. En cambio, hubo votación dividida respecto a la propuesta del Ejecutivo , que finalmente se aprobó, que crea un registro de los vehículos que van a beneficiarse con este sistema. En él se consignan una serie de requisitos para evitar la evasión tributaria por esta vía o una sobreestimación de la devolución a los transportistas. Esta disposición se aprobó por tres votos contra dos, con lo cual el proyecto fue aprobado por la Comisión de Hacienda y pasó ahora a la Sala.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 22 Sesión: Sesión Ordinaria N° 22 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 345 Fecha: miércoles 9 de enero de 2002

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE FIRMA ELECTRÓNICA Y DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN El señor FOXLEY .Señor Presidente , sólo deseo informar que la Comisión de Hacienda se reunió esta mañana para analizar el aspecto financiero -por lo demás, muy menor- del proyecto. Se trataba de autorizar la asignación de algo más de 12 millones de pesos, en los años 2002 y 2003, en el presupuesto de la Subsecretaría de Economía, que será la entidad acreditadora para los prestadores del servicio de certificación de firma electrónica. El punto se discutió en dicho órgano técnico y se aprobó por unanimidad.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 47 Sesión: Sesión Ordinaria N° 47 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 353 Fecha: miércoles 9 de noviembre de 2005

INCREMENTO DE REMUNERACIONES PARA PERSONAL MILITAR EN OPERACIONES DE PAZ EN EL EXTERIOR El señor FOXLEY.Señor Presidente, no conozco los fundamentos del proyecto, excepto los que el Senador señor Fernández acaba de explicar. Yo tengo algunas dudas respecto de lo que se propone, porque me parece que una de las acciones significativas e importantes que Chile puede realizar en el ámbito internacional, pensando que estamos jugados en escenarios de paz, consiste en que las Fuerzas Armadas presten un servicio que ayude a la construcción o a la mantención de esos ambientes de paz y al país a desempeñar un rol dentro del multilateralismo que se da en el plano de las Naciones Unidas. No me parece mal el que la participación en estas misiones de paz signifique una distinción para quienes lo hacen y, al mismo tiempo, un incentivo especial. De esa manera se va marcando el hecho de que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas tienen una tarea que debiera enorgullecerlas y que coincide exactamente con lo que debe ser el quehacer de Chile en un mundo globalizado, donde un país pequeño puede hacer la diferencia en escenarios muy críticos. Por lo tanto, mi primera inclinación es mantener los incentivos existentes y no disminuirlos.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 6 Sesión: Sesión Ordinaria N° 6 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 347 Fecha: miércoles 12 de junio de 2002

OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A PERSONAL DE SALUD PRIMARIA El señor FOXLEY.Señor Presidente, junto con anunciar mi voto favorable al proyecto, deseo destacar dos elementos que me parecen importantes. En primer lugar, la iniciativa que nos ocupa representa un primer avance hacia una reforma de la salud, donde están ya en germen algunos elementos que considero relevante que prevalezcan después en el concepto del proyecto de mejora de gestión de la salud pública. El primero de ellos dice relación a una mayor descentralización del sistema. Aquí hay un procedimiento de fijación de metas regionalizadas, de evaluación del cumplimiento de las metas igualmente regionalizadas, y no sólo regionalizadas, sino con participación de las partes (es decir, de la autoridad sanitaria, de la institución de salud que implementa las metas y, también, de los trabajadores). Aparte el anterior, hay otro elemento que a mi juicio será válido para la reforma de la gestión general del sistema público de salud: incentivos según desempeño. Ése es otro indicio de que ésta es una buena iniciativa. Desde otro ángulo, de alguna manera el proyecto representa un reconocimiento al significativo esfuerzo realizado por parte de todas las personas que laboran en la salud primaria (trabajadores, médicos, etcétera), que en el plazo de dos años en que se ha estado implementando el programa de mejoramiento de la atención en el nivel primario ha mostrado resultados muy positivos. Considero necesario decirlo, porque todos criticamos al sistema y hemos planteado la necesidad de mejorar la eficiencia, el rendimiento y la disminución de los costos del sector público de salud. Tengo en mis manos algunos resultados de la aplicación de este programa, que muestra, por ejemplo, 44 por ciento de incremento en las consultas médicas de morbilidad; 35 por ciento en las rondas médicas en salud rural; 90 por ciento en las atenciones odontológicas; el establecimiento de un sistema de extensión horaria en virtud del cual los consultorios han alargado la atención hasta las ocho de la noche, en algunos casos incluyendo el sábado, con horas escalonadas en el día para los médicos. Es decir, ha habido un esfuerzo de toda la gente que trabaja en el sector, lo cual se expresa en resultados -es importante señalarlo-, que son apreciados como positivos por las personas que se atienden en él. Un informe del Ministerio del ramo muestra que el 64 por ciento de las personas declara sentir que la atención entregada en el consultorio en los últimos meses ha mejorado en general. A mi juicio, esto resulta muy trascendente, por cuanto el esfuerzo no sólo presenta resultados cuantitativos, sino cualitativos en la apreciación que las personas sienten respecto de él. Naturalmente -como señalé-, éste es un primer paso, porque hay muchos otros temas pendientes de resolución en el sistema de atención primaria y, sobre todo, en su vinculación de éste con la cadena siguiente: los centros de referencia de salud y los hospitales. Si se va a trabajar en los consultorios -como alguna vez lo planteó el Ministro de Salud , don Osvaldo Artaza , respecto del plan AUGE- los siete días de la semana y las 24 horas del día, es obvio que existe necesidad de personal calificado, sobre todo de médicos en las especialidades que hoy no tienen, y que deberían contar con mayor capacidad resolutiva en atención primaria para descargar la cadena a continuación. También resultan evidentes los positivos cambios que se han llevado a cabo en el nivel primario. Ojalá ese efecto se contagie al resto de la cadena y que este mismo tipo de motivación, de flexibilización, de mayor autonomía y esfuerzo llegue a los hospitales. Si así fuera, creo que el proyecto en sí mismo estaría muy justificado como un primer paso hacia el tipo de reforma de salud que todos esperamos implementar en adelante y que signifique -como señalé- un aumento muy importante en el número de prestaciones, en la calidad de las mismas y, sobre todo, en su oportunidad. En consecuencia, voto a favor.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 10 Sesión: Sesión Ordinaria N° 10 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 348 Fecha: miércoles 6 de noviembre de 2002

NUEVAS NORMAS PARA REPROGRAMACIÓN DE DEUDAS POR CRÉDITO SOLIDARIO EN EDUCACIÓN SUPERIOR El señor FOXLEY .Señor Presidente , creo que la norma está bien pensada. Incluso, por las mismas razones que adujo el Honorable señor García , se queda corta. Porque aquí estamos perdiendo de vista que el Estado se halla involucrado en un mecanismo de financiamiento carente de los incentivos adecuados por parte de quienes reciben los recursos para posibilitar su recuperación y su preservación con miras a hacer crecer el sistema en el tiempo. Cabe recordar que hay 500 mil millones de pesos de deuda acumulada y que cada año se recupera menos de lo que se coloca en el sistema. Las universidades que desean cobrar lo hacen, y las que no tienen interés en ello, simplemente se abstienen. ¿Por qué? Porque saben que al final, frente a la protesta, al no pago, etcétera, el Estado deberá poner los recursos. En consecuencia, el sistema está funcionando mal desde el punto de vista de la rentabilidad social de platas que pertenecen a todos los chilenos y que han de usarse con eficiencia para que efectivamente lleguen a los estudiantes más pobres. Por lo tanto, profesionalizar el mecanismo de cobro cumple la función social de aumentar la recuperación. Con el proyecto se estima una recuperación de 10 mil millones de pesos, cifra equivalente a la que destinan las universidades para suplir el déficit. En cualquier sistema muy descentralizado, la cobranza debe ser un servicio especializado, profesional, que obviamente tiene un costo. Pero, en este caso, la contrapartida será una mayor recuperación de los créditos y, por lo tanto, la posibilidad de extender el sistema a un número más elevado de beneficiarios.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 28 Sesión: Sesión Ordinaria N° 28 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: martes 11 de septiembre de 2001

MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DEL TRABAJO EN CUANTO A CONTRATACIÓN, SINDICACIÓN Y DERECHOS LABORALES El señor FOXLEY .Señor Presidente , la Comisión de Hacienda se reunió hoy en la mañana, en forma extraordinaria, para despachar un aspecto del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo relativo a facultar al Presidente de la República para que, mediante decreto con fuerza de ley, pueda crear 300 nuevos cargos en la planta de fiscalizadores de la Dirección del Trabajo. La propuesta señala que, de aprobarse esta disposición, el Presidente de la República fijará un cronograma para ir creando gradualmente tales cargos, en un plazo no superior al 31 de diciembre del año 2004. El debate en la Comisión de Hacienda concluyó en que la indicación no irrogará gastos durante el año en curso y que, para los años siguientes, se considerarán en la discusión anual de la Ley de Presupuestos. La Comisión escuchó al señor Ministro del Trabajo y, por unanimidad, acogió la norma propuesta. Es cuanto puedo informar.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 7 Sesión: Sesión Ordinaria N° 7 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: martes 4 de noviembre de 2003

BASES GENERALES PARA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACION DE CASINOS El señor FOXLEY .Señor Presidente , voy a explicar por qué votaré en contra de la idea de legislar en esta iniciativa. La Senadora señora Frei señaló como uno de los objetivos del proyecto original el deseo de Parlamentarios de tener casinos en sus Regiones. Me pregunto si ésa sería la mejor de las motivaciones para legislar en una materia tan seria como ésta. Entre los fundamentos, aparte del interés de contar con tales establecimientos a lo largo del territorio, se mencionan dos motivaciones: fomentar el turismo y aumentar la recaudación fiscal. Respecto de lo primero -fomentar el turismo-, creo que el mensaje no es muy feliz: se cita como ejemplo de lo bueno que se lograría con la aprobación de esta iniciativa lo ocurrido en la ciudad norteamericana de Las Vegas, donde luego de una baja a 5 por ciento de la tasa de crecimiento del flujo de turistas, ésta experimentó bruscamente un alza -¡fíjense Sus Señorías!- a 15 por ciento el año en que se inauguraron dos megacasinos. Pareciera que la imagen que se intenta entregar al Congreso respecto de lo que se plantea crear en las distintas Regiones fuera lo acontecido en dicha ciudad estadounidense. En mi opinión, eso es facilitarse demasiado las cosas. Para fomentar el turismo no hay atajos; no hay maneras de allanarse el camino, y tal vez deberíamos aprender de los países que han tomado en serio esa tarea, entre ellos España . El desarrollo del turismo -hoy una industria competitiva y globalizada- supone, en primer lugar, preocuparse en serio de elevar los estándares de calidad de los hoteles y de los servicios que se proveen. En Chile, tal vez con excepción de Santiago, no contamos con una infraestructura de hoteles ni de servicios competitiva internacionalmente. Promover el turismo en serio supone preocuparse de la seguridad en las ciudades. Porque a ningún turista le interesa llegar a un sitio donde se asalta día por medio. Promover el turismo supone preocuparse del aspecto exterior de los pueblos. Quienquiera que vaya a una localidad -entre comillas- turística, por ejemplo, de Europa, sabe que la población entera se moviliza para pintar las fachadas; para que no haya basura en el suelo; para que el lugar sea verdaderamente atractivo y ofrezca buena calidad de vida. Fomentar el turismo de verdad supone ofrecer algo propio, específico, en términos del entorno natural o de actividades -no precisamente juegos de azar- deportivas o culturales. Promover el turismo en serio supone un esfuerzo integrado de desarrollo de lugares a través de esfuerzos comunes del gobierno local y la industria turística. Promover el turismo supone, por último, una inserción de sus operadores en redes internacionales, con el propósito de captar el aumento explosivo de la demanda actual en esta área. Nosotros, a raíz de los acuerdos de libre comercio suscritos, nos encontramos en muy buenas condiciones para ofrecer algo en esta materia, en la medida en que acometamos el trabajo en serio, sin atajos, sin facilismos. No vislumbro por qué los ciudadanos norteamericanos, que disponen de grandes casinos en la ciudad de Las Vegas, habrían de venir a jugar a las provincias chilenas. Queremos que la gente venga a disfrutar de nuestras bellezas naturales y sea bien atendida en buenos hoteles y ciudades bonitas. Eso es lo que corresponde hacer. En cuanto a la segunda razón que se da para fundamentar el proyecto -recaudar recursos fiscales-, debo manifestar que tampoco hay atajos. Si a mí me dicen: "Como usted necesita más recursos para las 21 comunas de la Región Metropolitana sur, le ofrezco cinco casinos". ¡Por supuesto, la tentación está ahí! Respondo: "Ya, pero no quiero cinco, sino siete, porque allí hay siete comunas pobres". ¿Ése es el camino lógico, racional, sano, equilibrado, para resolver la falta de recursos en Chile? Si queremos satisfacer las innumerables necesidades existentes tanto a nivel municipal como regional, enfrentemos el

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problema con seriedad. Esto significa discutir las alternativas de verdad y no las de juguete, como lo es la creación de casinos. La primera alternativa podría ser subir los impuestos. Nuestra carga tributaria no es alta: alcanza a la mitad de la de países como España. Se podría plantear una recaudación a través de impuestos generales; o bien, autorizar a los municipios de escasos recursos para recaudar tributos locales o aumentar algunas contribuciones. La segunda alternativa sería cobrar más por algunos servicios. La tercera es resolver en su raíz el crónico déficit municipal. Los orígenes de éste se hallan, por ejemplo, en la falta de incentivos para la jubilación de los profesores. En efecto, como las pensiones son muy malas, ellos no se retiran, lo cual produce un recargo en la planta fija a un costo alto que la municipalidad no puede solventar y que le genera un déficit crónico. Entonces, ¿por qué no resolvemos eso? ¿Por qué no incentivamos la jubilación de los profesores? ¿Por qué no flexibilizamos las plantas en los municipios de manera que puedan adecuarlas a su capacidad financiera? Por último, hay otra alternativa que se ha discutido en estos días, con motivo de la Ley de Presupuestos: si existen necesidades sociales no satisfechas, muy importantes, en muchas comunas pobres del país, ¿por qué no nos planteamos en serio la reasignación del gasto público desde programas ineficientes, inadecuados, donde se usan mal los recursos o se abusa de ellos, a otros con alto impacto social, focalizados justamente en los sectores y comunas más pobres? Quiero agregar lo siguiente. El desarrollo de un país nunca tiene atajos. Los atajos son engañosos y desvían de la tarea principal. No hay desarrollo sin un esfuerzo sostenido en una dirección durante varias décadas. Ese esfuerzo sostenido, en países como Chile, supone estimular el ahorro voluntario de las personas. Cuando se toma la decisión, como hemos hecho nosotros por el momento, de no aumentar la carga tributaria, como en algunos países europeos, y, consecuentemente, se privatiza una serie de servicios básicos para la población -en educación, salud, agua potable, etcétera-, lo que ocurre es que las familias se ven en la necesidad de solventar con sus propios recursos el pago de dichos servicios, los cuales ahora tienden a ser más caros. Pensemos, por ejemplo, en los planes de las ISAPRES; pensemos en lo que está ocurriendo con las matrículas universitarias, etcétera. ¿Qué sucede entonces? Que la gente comienza a vivir en una situación de manejo de su presupuesto familiar extremadamente compleja, ya que servicios que habitualmente los daba el Estado, o a bajo costo o gratuitamente, hoy día los tiene que pagar con su propio esfuerzo. Y si a esa familia no se la induce a ordenar sus platas; no se le crea una cultura de cuidar sus recursos, de ahorrar para cuando los hijos lleguen a la educación superior o para cuando los padres sean mayores y deban enfrentar un plan de ISAPRE que ha subido en 20 ó 30 por ciento, si ella no ahorra, ¿qué es lo que va a pasar? Que tendremos familias inseguras; y en la esquina va a existir un casino. Entonces, cuando determinada persona tenga una deuda, o vea que sus problemas se van acumulando o que le van a quitar el plan de la ISAPRE o que no puede pagar la matrícula universitaria de su hijo, ¿qué va a hacer? Una tarde, en medio de su angustia, dirá: "Me la juego en el casino; si me va bien, pago mis cuentas; si me va mal, ahí veremos qué se hace". Por lo tanto, creo que estamos entregando una solución falsa, con instrumentos equivocados, distorsionadores, a dos problemas reales del país: uno, cómo desarrollar una industria en la cual tenemos ventajas competitivas evidentes, como es el turismo; y dos, cómo aumentar la recaudación fiscal o el ahorro de las personas. Mi proposición, señor Presidente , es mantener los casinos que hay tal como están y buscar otras alternativas de recursos para los municipios o Regiones. Pero tales alternativas deben ser en serio, no de juguete y no tan distorsionadoras de la cultura de disciplina que requiere un país para desarrollarse como la propuesta en el presente proyecto de ley.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 45 Sesión: Sesión Ordinaria N° 45 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 343 Fecha: martes 15 de mayo de 2001

NORMAS SOBRE EVASIÓN TRIBUTARIA El señor FOXLEY .Señor Presidente , este elemento es uno de los más fundamentales del proyecto contra la evasión tributaria. Particularmente, si si se desea cumplir con el objetivo original planteado por el Ejecutivo de recaudar suficientes recursos para financiar sus compromisos programáticos en un nivel mínimo, hay que considerar que este solo rubro contribuye en aproximadamente la décima parte del total de los ingresos esperados. Desde ese punto de vista, me parece esencial mantenerlo. El argumento conceptual se ha expresado con suficiente claridad por el señor Ministro de Hacienda . La situación es diferente según se trata de personas o de empresas. La de estas últimas se corrigió -es verdad que transitoriamente- hace unos tres años al eliminar el crédito, y lo que se hace hoy es dar carácter permanente a esa norma. Pero, insisto, es básico que esta parte de la iniciativa se apruebe tal como originalmente fue presentada por el Ejecutivo .

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 21 Sesión: Sesión Ordinaria N° 21 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 349 Fecha: miércoles 6 de agosto de 2003

NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL El señor FOXLEY .Señor Presidente , lo que hemos estado discutiendo en estos días yo lo llamaría "una puesta al día de la Ley de Matrimonio Civil". Las razones por las cuales el Gobierno y el Congreso han estimado necesario actualizar esta legislación son dos: la primera, es la existencia de una institución de hecho, como es el caso de las nulidades matrimoniales, que se han convertido en un mecanismo bastante hipócrita y mentiroso para llevar a la práctica una especie de divorcio expreso. Basta un plazo no superior a los 3 ó 4 meses, tener dinero suficiente para pagar un buen abogado, mentir con los testigos respecto de la dirección de las personas que se van a casar, y el divorcio está realizado. El segundo motivo por el cual consideramos necesario poner al día la Ley de Matrimonio Civil es que los legisladores tenemos la obligación de reconocer las situaciones de vida no deseadas ni deseables. No quiero repetir lo que muchos señores Senadores han planteado anteriormente, pero las cifras hablan por sí solas: medio millón de personas separadas de hecho; 50 por ciento de los hijos nacidos fuera del matrimonio y, detrás de esto, un daño psicológico humano masivo; situaciones de conflictos no resueltos de personas que estuvieron casadas, y un clima en el hogar absolutamente destructivo para los niños. Si hemos sido elegidos por la gente común y corriente para que la representemos en esta Sala, me parece que nuestra primera obligación y responsabilidad es dictar leyes que acojan -como se dice ahora- los problemas reales de la gente. ¿Y qué problema más real, duro, difícil y destructivo potencialmente que una ruptura matrimonial no deseada? No quiero seguir un día más prestándome al subterfugio de obligar a la gente a mentir sistemáticamente para solucionar un problema que la legislación no resuelve. Tampoco deseo continuar amparando la inseguridad jurídica patrimonial, la desprotección social de todas las personas que han sufrido una ruptura irreparable en su matrimonio. Además, tenemos la obligación fundamental, como lo han dicho muchos Honorables colegas, de minimizar los costos para los hijos de esa familia, los cuales, sin haberlo buscado ni querido, se han visto envueltos en un ambiente hogareño en el cual ya no es posible su desarrollo normal. Por lo tanto, si estamos poniendo al día la Ley de Matrimonio Civil, lo hacemos, en primer lugar, para dar una salida a una ruptura matrimonial irreparable. Dicho de otra manera, estamos afirmando que desde hace décadas la legislación sobre matrimonio civil ha sido sobrepasada por la realidad. Y tenemos que pensar en legislar, al menos, en cuanto a dar una compensación económica al cónyuge más débil, como lo dispone el proyecto; establecer una protección clara de los hijos, especialmente respecto de las obligaciones pecuniarias para con ellos, y normas que regulen las relaciones entre las personas que han sufrido o que van a sufrir esta ruptura. Quiero enfatizar que estamos hablando de la Ley de Matrimonio Civil, que es una ley civil del Estado y, como tal, no es reemplazable por otros mecanismos, por estar codificada de determinada manera. Se trata de una ceremonia ante el oficial del Registro Civil , de la verificación del cumplimiento de los requisitos legales ante la presencia de testigos y de que los cónyuges aceptan explícitamente los derechos y deberes de acuerdo con la ley y expresan su consentimiento. Por lo tanto, los cónyuges se regirán conforme a la Ley de Matrimonio Civil. Eso es lo que estamos tratando de mejorar mediante el proyecto en análisis. Por consiguiente, el artículo 21 de la iniciativa en debate es una norma esencial. También me parece posible, tal como lo propone la iniciativa, que la ceremonia regida por la Ley de Matrimonio Civil se realice después del matrimonio religioso. No me opongo a ello. Pero deseo recalcar que nuestro propósito es mejorar un cuerpo legal que se aplicará a todos los chilenos, independiente de si profesan o no un credo religioso. Se ha señalado por algunos la conveniencia de poder optar para el caso en que el contrato civil sea indisoluble o, como algunos dicen, "divorciable". Yo quiero reafirmar lo manifestado por algunos señores Senadores: ése es un falso dilema; ésa es una disyuntiva injusta; ésa es una presión ilegítima sobre cualquier persona joven que quiere casarse y que, desde luego, desde el momento en que

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expresa la voluntad de hacerlo, desea que su matrimonio dure toda la vida. No es posible, por lo tanto, siquiera plantearle el dilema de decirle a su futuro cónyuge: "Yo me caso contigo, pero por algún tiempo, y después veremos cómo van las cosas.". Respecto de las causales, estoy fundamentalmente de acuerdo con lo que establece el proyecto. Es obvio que la de mutuo consentimiento es un punto de partida indispensable. Me parece también adecuado que se pueda solicitar el divorcio por voluntad de una de las partes. Ello lo vemos corroborado todos los días a través de cartas y correos electrónicos que recibimos de gente que nos describe su caso. Y podría mostrarles una que me llegó hace poco, de una persona de más de sesenta años de edad que no ha podido regularizar su situación porque no tiene el consentimiento de su cónyuge,, de la cual se separó joven, quien vive con otra persona desde hace décadas; y le ha sido imposible legalizar la nueva unión, con lo cual los hijos carecen de toda protección. Además, el divorcio por voluntad de una de las partes es necesario por otra razón: porque no me gusta poner en el primer lugar lo que aquí se llama "el divorcio por culpa", que es la tercera causal, la más dañina de todas, dado que obliga a ir a un tribunal a ventilar temas de la intimidad de la pareja. Cuando el problema es agudo, resulta muy probable que los hijos no sólo se enteren de las cosas más íntimas de la pareja y sus conflictos, sino que escuchen hechos exagerados, falsos, distorsionados, que les pueden causar un daño definitivo respecto de la imagen que van a tener de sus padres. Ante esa disyuntiva, prefiero que transcurra un tiempo determinado, y que, si la otra persona no consiente, exista la alternativa de un divorcio por voluntad de una de las partes. Estamos ante un tema muy de fondo, que define tan esencialmente cómo uno entiende su labor de legislador, que no nos cabe sino ser muy francos en la expresión del propio pensamiento. En ese sentido, deseo agregar el siguiente punto: si hoy tenemos un divorcio fraudulento, que se obtiene en un plazo de dos, tres, cuatro o seis meses, pagando un buen abogado, ¿para qué alargar innecesariamente las situaciones irreparables? Tal vez deberíamos estar dispuestos a revisar los plazos contemplados en la iniciativa, porque, al menos a mí, me parecen excesivos. Termino con una pequeña reflexión. La obligación de un legislador es no negar la existencia de los problemas, sino contribuir a darles una mejor solución. La obligación de un legislador es ayudar a definir normas de protección para las personas más vulnerables, cosa que se cumple en el proyecto en debate. Como legisladores, no tenemos derecho a condenar a ningún ser humano a situaciones de vida potencialmente destructivas. Yo, por lo menos, siento que nuestra tarea debe ser la de contribuir a humanizar las relaciones entre las personas; colaborar a reconstituir familias cuando la relación de pareja está definitivamente destruida, dar una nueva oportunidad y permitir a los hijos salir de situaciones psicológicas extremadamente negativas para su futuro desarrollo. Como filosofía fundamental, confío en los seres humanos. Por lo tanto, mi actitud en esta materia es acompañar a las personas que sufren por una ruptura matrimonial irreversible, no condenándolas, sino, por el contrario, abriendo un camino para que tengan una existencia lo más humanamente posible con sus hijos y -por qué no- con otra persona con la cual puedan encontrarse en la vida. Por eso, votaré a favor de la idea de legislar. Y espero contribuir a mejorar algunos de los aspectos que aquí he señalado. He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 47 Sesión: Sesión Ordinaria N° 47 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 350 Fecha: miércoles 7 de abril de 2004

MODIFICACIÓN DE INCENTIVOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO DE AISÉN, MAGALLANES Y PALENA, Y AMPLIACIÓN DE ZONA FRANCA DE EXTENSIÓN DE PUNTA ARENAS A REGIÓN DE AISÉN El señor FOXLEY .Señor Presidente , el argumento planteado por el Senador señor Fernández es bastante razonable, pues, como señaló, se trata de un asunto discutido por largo tiempo. Lo que ha faltado es una proposición concreta del Ministerio de Hacienda para reemplazar la base de cálculo del impuesto, a fin de pasarlo efectivamente al consumo y que no sea una especie de sobrecarga a la patente. Mientras tanto, ya que esa propuesta aún no se materializa, se introduce este artículo para facilitar la adecuación de quienes deben pagar el tributo, en una trayectoria muy gradual hasta el año 2010, pues va aumentando hasta llegar a la meta inicial de este cobro. En consecuencia, si se rechazara el artículo 4º, los taxistas quedarían en una situación mucho peor, porque tendrían que cancelar instantáneamente la tasa que determina la ley, o sea, la máxima. Por ello, nos pronunciamos a favor de esta norma de gradualidad tal como está señalada, reconociendo que el punto que plantea el Honorable señor Fernández es válido, aunque no solucionable en este momento.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 12 Sesión: Sesión Ordinaria N° 12 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 353 Fecha: miércoles 6 de julio de 2005

FACULTADES FINANCIERAS PARA UNIVERSIDADES ESTATALES El señor FOXLEY .Señor Presidente , simplemente deseo manifestar mi discrepancia con la intervención del Senador señor Silva , con mucho respeto por supuesto. Tenemos gran admiración por lo que representa y ha representado Su Señoría, particularmente como Contralor General de la República; pero pienso que haremos un muy flaco favor a las universidades estatales si congelamos estructuras sobresupervisadas, sobrerreguladas y que, por lo tanto, las obligan a moverse con extrema rigidez en un mundo que hoy premia exactamente lo contrario: la capacidad de adaptación, la flexibilidad de organización, la capacidad de movilidad para armar alianzas, redes, contactos. O sea, hoy necesitamos estructuras livianas y adaptativas, no rígidas, pesadas y congeladas en un esquema organizacional y administrativo de varias décadas atrás. Cabe hacer notar que cuando uno mantiene esas formas rígidas y un tanto anacrónicas estimula dentro de ellas la existencia de feudos. Es decir, como nadie puede tocar a nadie ni modificar lo existente, se consolidan grupos de poder internos en facultades, escuelas o centros, que al final impiden a los directivos de una universidad moverla en la dirección que corresponde. Por último, si el objetivo de un plantel de enseñanza superior estatal es estar en la frontera de la excelencia del conocimiento, se le hace un flaco favor cuando las no estatales -no sometido a esas normas- pueden moverse en el mundo contemporáneo, global, con las características y atributos que él -muy competitivo- requiere y exige. Por lo tanto, si uno extrapola esos dos modelos, me atrevo a predecir que en el mediano y largo plazo los mejores talentos se van a ir a las universidades con capacidades de adaptabilidad, flexibilidad, de antenas abiertas y de adaptación de sus estructuras administrativas casi minuto a minuto, para responder a la necesidad de una sociedad del conocimiento. En consecuencia, me parece que la norma propuesta es bastante tímida y, por lo que he hablado con rectores y personas que dirigen universidades estatales, ellos se sienten con una camisa de fuerza, tratando de alcanzar objetivos académicos que, muy a menudo, debido a las rigideces del control a priori o antes de que se tomen las decisiones, hacen extraordinariamente difícil cumplirlos. Por eso apoyo esta norma, aunque la encuentro bastante tímida, repito.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 30 Sesión: Sesión Especial N° 30 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 353 Fecha: miércoles 31 de agosto de 2005

INFORME DE PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL El señor FOXLEY .Señor Presidente , considero que se trata de un muy buen Informe. Yo me referiré sólo a un punto, mirando un poco hacia adelante, en términos de cómo mejorar más aún la calidad del manejo macroeconómico. Y creo que existe un margen que permite hacerlo. Quiero también expresar un reconocimiento al Banco Central, a su Presidente , al Consejo, porque han recogido un aspecto que hemos planteado anteriormente, en lo relativo a un estudio de los procesos de ajuste y las recesiones en Chile, comparados con otros países, y particularmente con Estados asiáticos como Corea, Indonesia , etcétera. El Informe incluye un capítulo especial al respecto y llega, básicamente, a tres conclusiones que me permitiré citar en forma muy rápida, para después exponer lo que estimo son algunas de las tareas pendientes. En primer lugar, el texto expresa que la duración del ciclo completo de ajuste en Chile, de seis años, a partir de 1999, "es similar a la duración de las recesiones en Latinoamérica durante la crisis de la deuda 1981-82 y a la de Indonesia 1997" -país que también tuvo una crisis financiera muy grande-, pero superior al promedio mundial, que fue de 4,6 años. En segundo término, comparando con Corea, el Banco Central concluye que, aunque dicha nación "sufrió una recesión mucho más aguda, que incluyó una crisis financiera, se recuperó más rápido que Chile 1999.". Y la tercera conclusión -estoy señalando algunas, para el análisis que haré después- dice que "la normalización del desempleo después de 1999 en Chile ha sido particularmente lenta, en comparación con las otras experiencias.". Mi comentario no es para criticar el manejo macroeconómico de ese período, sino para pedir al Instituto Emisor que en algún momento nos presente un conjunto de propuestas conducentes a mejorar el desempeño en términos de ajuste macroeconómico (eso quiere decir políticas monetaria, fiscal, cambiara, etcétera). ¿Por qué? Porque uno puede aventurar, dado lo ocurrido en las economías internacional y chilena en los últimos 40 años, que alrededor del 2008 tendremos un nuevo shock externo. Y eso significa -mirando desde el lado positivo- que disponemos de un plazo de gracia de dos o tres años para, cuando llegue ese shock, contar con un conjunto de instrumentos que nos permita mejorar el desempeño en materia de ajuste, por lo menos respecto de las tres conclusiones señaladas por el Banco Central cuando compara con los ajustes de otros países. O sea, cómo acortar el período en el cual la economía recupera el PIB potencial. El Instituto Emisor expresa, además de lo que ya mencioné, que en el caso de Chile la caída del PIB fue más suave que en otras experiencias, pero la recuperación, más lenta. Corea demoró dos años; nosotros, seis. Entonces, está muy bien que la recuperación sea más suave. Pero cómo podemos hacerla un poco más rápida. Es importante plantear esa pregunta, pensando en lo que ocurrirá a futuro. El Banco Central indica en su análisis que en parte la explicación está en que hubo cierta recaída en el crecimiento de países socios comerciales de Chile cuando recién estábamos haciendo el ajuste. La pregunta que cabe ahí es por qué esa recaída no afectó a otras naciones, las cuales capearon mejor la situación. Allí uno debe analizar si hicimos todo lo que se podía hacer en materia de política contracíclica fiscal y monetaria. Yo sigo con la impresión de que teníamos margen para mayor política contracíclica. Y la evidencia que refuerza tal hipótesis es que la cuenta corriente de balanza de pagos durante todo este período ha estado extraordinariamente sólida, con déficit muy chico, o con equilibrio, o con superávit, como el que tuvimos el año pasado y como el actual. Con una política fiscal más parecida a la de Corea, mucho más contracíclica que la de Chile pero que le permitió acortar el período de ajuste a dos años, en vez de seis, habríamos tenido un déficit de cuenta corriente un poco mayor, perfectamente manejable -porque nuestros parámetros son de extrema seguridad en materia de equilibrio de balanza de pagos-, y quizá habríamos podido reducir el período de ajuste de seis años, tal vez no a los dos de esa nación asiática, pero sí a tres.

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Sería una estupenda noticia para quienes estén mirando hacia el 2008, el 2009 o el 2010 que tuviéramos mejores instrumentos y los usáramos con mayor intensidad a fin de llegar a la situación descrita. El Banco Central -para ser justos- plantea (o por lo menos lo insinúa) algunos elementos que no tenemos encima de la mesa y que ayudarían a que el ajuste fuera más rápido. Señala que Corea devaluó más que nosotros; o sea, que nuestra política de devaluación en 1998 y 1999 habría sido demasiado cuidadosa o insuficiente. No recuerdo exactamente si entonces teníamos o no un tipo de cambio libre o si estábamos con banda. Pero, en todo caso, se trata de algo en que es válida una interrogante. Ahora, sospecho que el Instituto Emisor nos va a decir que se debe tener cuidado con devaluaciones o con revaluaciones excesivas; que las devaluaciones excesivas, en el caso de las empresas endeudadas en dólares, pueden contagiar y generar cierta crisis financiera, y que hay que desarrollar para las empresas el mercado de endeudamiento en pesos y no tanto en dólares. Muy bien. La pregunta, entonces, sería qué vamos a hacer en los próximos dos años para que el mercado de financiamiento en pesos y no en dólares ocurra, sea relativamente masivo e incluya, además de las grandes empresas, a las medianas y ojalá a alguna de las pequeñas. Ése es un tema. El Banco Central plantea también la no flexibilidad de los salarios en el período de ajuste anterior. La verdad es que los salarios siguieron creciendo, en términos nominales y reales. Según el Instituto Emisor, eso explicaría el aumento del desempleo y la persistencia de éste. Pregunta: cómo crear condiciones para mayor flexibilidad de salarios que sean aceptables para los principales actores involucrados en el proceso político acá, en el Congreso, y además para los trabajadores. O, puesto de otra manera, cómo uno puede acompañar la aceptación por esos trabajadores de mayor flexibilidad laboral con medidas o instituciones adicionales de protección social que impidan que aquel cuyo salario va a caer quede completamente desprotegido en cuanto al acceso a la salud y a la mantención de continuidad en la educación de sus hijos y en las cotizaciones previsionales. Lo que quiero manifestar es que tendríamos que proponernos como meta señalar que nuestra macroeconomía está muy bien, pero sin ser autocomplacientes en eso. Nuestra macroeconomía puede ser mejor. Pero, además, debe ser mejor si queremos mayor solidez, legitimidad, credibilidad en las instituciones políticas, en la democracia, en la capacidad del sistema vigente en Chile, para no tener que decir una vez más a la gente, cuando le caiga el ladrillo en la cabeza el 2008, que de nuevo habrá de esperar seis años para la normalización, para que lleguemos al PIB potencial y para que recién ahí empecemos a visualizar una tasa de desempleo relativamente normal. Debemos pensar en los más altos estándares en esta materia, porque se halla asociada a las expectativas de más elevados estándares en la calidad de la democracia, de las instituciones, de la convivencia y del contrato social que hoy tenemos implícito en Chile. Sé que se me puede contestar que ésa no es tarea del Banco Central. Pero alguien debe hacerla. Tal vez se podría crear un grupo de trabajo del Instituto Emisor con los mejores economistas del Ministerio de Hacienda y del sector privado, y con algunos personeros del sector político. Se trata de una tarea de la más altísima urgencia. Y se la quiero plantear modestamente ahora al Banco Central -junto con felicitarlo por la excelente labor hecha, que está demostrada en el Informe- como un desafío que considero inevitable e indispensable abordar en lo inmediato. He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 33 Sesión: Sesión Ordinaria N° 33 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 352 Fecha: martes 8 de marzo de 2005

FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR El señor FOXLEY .Señor Presidente , a lo mejor voy a retrotraer un poco la discusión, porque entiendo que el Gobierno ha enfocado esta materia hacia un tema más de fondo. A mi juicio, en el sistema educacional universitario estamos enfrentando una falla de mercado. Primero, existe una gran ambigüedad. En efecto, hay un conjunto de instituciones sin fines de lucro que en realidad sí los persiguen y que, por ende, busca maximizar sus ganancias. Para lograr esto último, en un mercado completamente libre, las universidades tratan de aumentar el número de egresados y de reducir al mínimo los costos de las carreras. Es decir, se convierten en lo que podría denominarse una "fábrica de profesionales". Entonces, se genera una deformación en cuanto a la oferta, en la medida en que los establecimientos de enseñanza superior van produciendo, como fábricas de embutidos, periodistas, abogados, visitadoras sociales, psicólogos, en cantidades muy abundantes. La gente que ingresa a esas carreras lo hace con una enorme expectativa. Y ocurre que nadie advierte que el mercado educacional no es el mercado de los kiwis. Hubo un momento en Chile en que entre los agricultores se corrió la voz de que convenía introducir este nuevo cultivo, porque se ganaba mucha plata. Todos plantaron kiwis simultáneamente; hubo sobreoferta; el precio se vino al suelo, quebraron los productores y tuvieron que sacar las matas y botarlas a la basura. Sin embargo, hay una pequeña diferencia entre una planta de kiwi que se desecha y un egresado universitario, sobre todo en el contexto actual, en que el 75 por ciento tiene acceso a la educación superior por primera vez. Esta persona, al cabo de un plazo relativamente breve, busca trabajo, pero se encuentra con que hay sobreoferta en su carrera. Por lo tanto, primero le ofrecen un sueldo notoriamente inferior al que correspondería, y segundo, termina en la cesantía. Detrás de eso hay una familia que ha hecho un esfuerzo de ahorro, que ha pagado muy caro para que en esta "fábrica" le produzcan un profesional que pueda ganarse la vida con dignidad. Y resulta que termina cesante, o percibiendo una porquería de plata, o -como nos ha tocado ver a menudo a todos los Parlamentarios- vendiendo mercaderías en una feria libre. ¿Cuál es el rol del Estado en esta materia? Cuando hay fallas de mercado, aquél no sólo tiene el derecho, sino la obligación, a través de algunas señales, de corregirlas. En mi opinión, por lo menos, es necesario mejorar el mercado y evitar estos ciclos fatales. Porque, en verdad, si uno deja a las fuerzas del mercado educacional operar espontáneamente, llegará un momento en que habrá tal sobreoferta de periodistas ¿todos estarán cesantes; los sicólogos y los abogados, también- que el mercado se va a autocorregir y no postularán más estudiantes a Periodismo. Pero entremedio existirán dos o tres generaciones a las cuales habremos frustrado, degradado y hecho perder dignidad. Esa gente se va a sentir estafada y defraudada. Por lo tanto, si me dicen que ése es el desenlace de un mercado educativo, yo digo que no es satisfactorio. Y si me preguntan si corresponde o no al Estado ejercer un rol en esta materia, en el sentido de que dé señales, sobre todo cuando otorga esos recursos, para orientar a ese mercado e impedir esos ciclos que destruyen el futuro de las personas, yo respondo que sí tiene que hacerlo.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 26 Sesión: Sesión Ordinaria N° 26 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 349 Fecha: miércoles 13 de agosto de 2003

NUEVOS MÉTODOS PARA EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MERCADO INTERNO Y MANEJO DE RIESGO FINANCIERO EN SECTOR PÚBLICO El señor FOXLEY .Señor Presidente , este proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Hacienda con algunas observaciones importantes respecto de lo que se espera que ocurra en la discusión en particular. De modo que haré una relación sucinta de su contenido, y después plantearé las dudas suscitadas durante su discusión. Lo primero que hace la iniciativa es flexibilizar las normas sobre emisiones de deuda pública, permitiendo que ellas se realicen en forma "inmaterial", como se la denomina; es decir, por medios electrónicos. De modo que, de aprobarse, se terminará con el manejo, verificación y control de los títulos físicos emitidos, minimizándose los riesgos de manipulación, como ocurrió recientemente con los papeles de CORFO, manejados arbitrariamente por operadores financieros, en complicidad con un funcionario de dicho organismo. Además, se incorpora la idea de entregar información de todas las transacciones que se realicen en forma inmaterial, sin necesidad de los títulos físicos. Los datos sobre las transacciones se ponen en línea y, por lo tanto, estarán al alcance de los actores involucrados o del público en general. El segundo punto -el más controvertido en el proyecto- se refiere a la autorización para que el Fisco gestione los riesgos financieros de sus ingresos o gastos mediante la contratación de instrumentos de cobertura de riesgos financieros. Me referiré a ello más adelante. Un tercer aspecto dice relación a la subcontratación de las carteras de propiedad de instituciones públicas, para que sean manejadas por entidades especializadas del sector privado. De nuevo, esto es, en cierta medida, una respuesta a los problemas ocurridos con los papeles en la crisis CORFO-Inverlink, y al muy inadecuado manejo de la mesa de dinero por parte de la institución fiscal. Por último, el proyecto -en una materia que no tiene mucho que ver con el tema principal- permite a la Universidad de Chile disponer de mayor plazo para contratar empréstitos, con el objeto de financiar la construcción de un parque científicotecnológico. Como señalé denantes, me referiré a las dudas que surgieron respecto de la autorización para que el Fisco pueda gestionar los riesgos financieros mediante la contratación de instrumentos de cobertura, entre los cuales figuran los contratos a plazo, a futuro, permutas financieras, contratos de canje (o "swaps"), y opciones. La duda que se planteó -yo diría unánimemente- en la Comisión se refiere a si acaso es conveniente autorizar a las instituciones públicas en general -como se pedía inicialmente, o como está en el proyecto- para hacer estas operaciones llamadas "de derivados", u operaciones de futuro, en circunstancias de que aquéllas no han demostrado hasta ahora capacidad técnica, ni de gestión, ni de control adecuadas para realizar operaciones habituales y normales, como puede ser el manejo de una mesa de dinero. Asimismo, se tuvieron presentes en el debate de la Comisión situaciones como las que se produjeron en una empresa pública como CODELCO cuando uno de sus funcionarios decidió operar en derivados, provocando un daño tremendo no sólo a dicha empresa, sino también al Estado. La opinión unánime de los miembros de la Comisión, y ante el compromiso que tomó el Ejecutivo por medio del Ministro de Hacienda , fue que, si se autorizaba la posibilidad de operar con derivados y futuros, ella fuese muy restringida en el tiempo y en el monto. Lo primero, en el sentido de hacer un programa no mayor a un año, a fin de evaluar a los seis y a los doce meses, y ver cómo funciona, comprobando la pericia y la idoneidad técnica de las autoridades financieras respectivas en estas operaciones, que envuelven en sí un riesgo en la capacidad para hacerlas eficientes con un adecuado control. En cuanto a lo segundo, se trata de poner una limitación en cuanto al monto de las operaciones que se realizarán en el período de un año, sugiriéndose la cifra de 2 mil millones de dólares como máximo. En todo caso, ésta es una materia que analizaremos durante la discusión particular. Tales fueron los condicionamientos que puso la Comisión para aprobar la iniciativa, los mismos cuyo cumplimiento se exigirá

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para la aprobación en particular. Un tercer aspecto se refiere a que en la Comisión de Hacienda se estimó que no hay confianza en la capacidad de las instituciones públicas en general para actuar adecuadamente frente a este tipo de operaciones. Si ellas se efectúan mal, el primer riesgo es de las personas que pagan sus impuestos. Porque, como ocurrió en el caso CORFO-Inverlink, en la medida en que desaparecen 100 millones de dólares por una mala operación o por falta de control, esas platas son de todos los chilenos, y hay que recuperarlas por la vía de reducir gastos en otro lado o de aumentar tributos. Y no estamos dispuestos, como Senadores, a avalar situaciones que involucren ese grado de riesgo con los recursos de todos. Por lo tanto, el condicionamiento consistió en no otorgar esta autorización a instituciones distintas del Ministerio de Hacienda, y que el agente que realice estas operaciones de futuro, con derivados o con cobertura de riesgos, sea el Secretario de Estado correspondiente. Si se trata de un servicio distinto de aquella Cartera, deberá hacerlo en conjunto con el Ministro respectivo, pero siempre que la responsabilidad final en este tipo de operaciones recaiga en el titular de Hacienda. Estimamos que él encabeza un equipo técnico capaz de realizarlas adecuadamente. Es uno de los temas que estamos conversando, el cual debiera plasmarse en una indicación que el Ejecutivo presentará oportunamente, y respecto de la que nos pronunciaremos en su momento. Hechas estas salvedades, la opinión de la Comisión de Hacienda fue aprobar la idea de legislar.

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Moción Inadmisible Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 17 Sesión: Sesión Ordinaria N° 17 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 348 Fecha: miércoles 4 de diciembre de 2002

CUENTA Declaración de inadmisibilidad Moción de los Honorables señores Frei, Foxley, Lavandero, Moreno y Zaldívar (don Adolfo), con la que inician un proyecto de ley que crea el Consejo de Probidad y Auditoría Interna de Gobierno. --Se declara inadmisible por referirse a materias propias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , conforme lo establece el inciso tercero y el Nº 2º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental.

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Homenajes Homenaje Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 47 Sesión: Sesión Ordinaria N° 47 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 348 Fecha: miércoles 7 de mayo de 2003

HOMENAJE A PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO CON MOTIVO DE SU 75° ANIVERSARIO El señor FOXLEY .Señor Presidente , en esta ocasión hemos querido rendir un homenaje a la Universidad Católica de Valparaíso, primero, en reconocimiento al hecho de que esa casa de estudios superiores está celebrando su aniversario número 75, y en segundo lugar, porque, en virtud de una decisión muy reciente del Vaticano, ha sido distinguida con el título de Universidad Pontificia. Se convierte así en la segunda de las universidades católicas chilenas que reciben esta distinción. Como ex alumno de la Universidad Católica de Valparaíso -condición que comparto en esta Sala con los Honorables señores Jaime Naranjo y Carlos Cantero ; y me entero ahora de que también con el Senador señor Jorge Martínez -, siento especial orgullo por el hecho de que esta Institución, donde iniciamos nuestros estudios superiores, esté celebrando sus 75 años de vida y, al mismo tiempo, porque su justo prestigio se vea ratificado por la decisión del Papa Juan Pablo II , que corrobora el cumplimiento exitoso de su tarea y su misión como universidad de iglesia. Para comprender la relevancia de la distinción conferida por la Santa Sede, basta con señalar que en el mundo existen del orden de 900 universidades católicas, de las cuales únicamente 18 -entre ellas, sólo dos chilenas: la Católica de Valparaíso y la Católica de Santiago- revisten la calidad de pontificia. El origen de la Universidad Católica de Valparaíso representa una suerte de excepción o caso especial entre las demás instituciones de educación superior del país, pues surgió a partir de la generosidad de una familia, la familia Brown , que creó una fundación -la Fundación Isabel Caces de Brown-, con cuyo aporte se construyó la Casa Central -ubicada a pocos pasos del Congreso Nacional- y se puso en marcha su actividad docente. Su acta de fundación data del 6 de agosto de 1924. La Universidad comenzó con una matrícula de sólo 250 alumnos y únicamente dos facultades: la de Industrias y Ciencias Aplicadas y la de Comercio y Ciencias Económicas. Después se fueron agregando las Facultades de Ciencias Aplicadas y Matemáticas; la de Arquitectura y Urbanismo; la de Ciencias Jurídicas y Sociales, y la de Filosofía y Educación. En 1951 empezó a ser administrada por la Compañía de Jesús, que la condujo hasta 1963, año en que el plantel volvió al Obispado. Aunque breve dentro de su historia, este período de 12 años de presencia jesuita sería clave en la proyección de la Universidad en el ámbito nacional, caracterizado por la expansión de sus actividades y por la apertura de numerosas nuevas escuelas y departamentos. Incluso, entre 1951 y 1961 abrió una sede en Antofagasta, que más tarde se convertiría en la Universidad Católica del Norte. Ya en ese entonces tenía alrededor del 10 por ciento del total de matrículas universitarias en el país. Al volver a la administración del Obispado, asume el primer rector laico, período en el cual se adecua su misión universitaria a los lineamientos del Concilio Vaticano II. Y en 1968, igual que otros establecimientos superiores, inicia un vigoroso proceso de reforma y modernización. La Universidad Católica de Valparaíso cuenta hoy con 9 facultades, 54 carreras, 6 programas doctorales, un número significativo de programas de magíster, alrededor de 17 diplomados, 13 mil alumnos y unos 40 mil profesionales salidos de sus aulas. Además de su labor docente y de investigación, la Universidad Católica de Valparaíso siempre se ha caracterizado por un importante esfuerzo en las áreas artística y cultural. Mantiene tres medios de comunicación: UCV Televisión, UCV Cable y Radio UCV . Organiza temporadas de conciertos, ciclos de cine, exposiciones, muestras de vídeos, talleres y cursos de teatro, y publica las Ediciones Universitarias de Valparaíso.

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Un dato que ratifica el cumplimiento de su vocación solidaria y social es que este año el 70 por ciento de los nuevos alumnos proviene de establecimientos educacionales municipales o particulares subvencionados. La mitad de los estudiantes recibe ayuda parcial o completa para cubrir los aranceles de matrícula, lo que representa alrededor del 6 por ciento de los ingresos propios de la Institución. Antes de terminar, deseo hacer la siguiente reflexión. Creo que esta doble celebración obliga a la Universidad Católica de Valparaíso a proyectarse hacia el futuro. Los cambios del país en los últimos 15 años han sido los más profundos y los de mayor alcance en la historia contemporánea de Chile. En este período, nuestra patria tomó la decisión de resolver de raíz sus problemas de convivencia; reconstruyó instituciones democráticas sólidas; más que duplicó el tamaño de su economía; redujo drásticamente la pobreza, y definió su destino, como país pequeño, en función de su plena integración al mundo. La apertura de Chile al mundo está revolucionando los modos de vida de los chilenos. Se han ensanchado los horizontes para las generaciones jóvenes, pero también se ha generado una percepción agudizada de incertidumbre e inseguridad. La verdad es que de aquí para adelante vamos a transitar por caminos no recorridos. Se nos plantea inevitablemente, entonces, la necesidad de entender los cambios que ocurren todos los días, de hacerlos inteligibles a los ciudadanos y, sobre todo, de reinventar el futuro. Cada vez será más claro que no podremos conformarnos sólo con hacer más de lo mismo. Para ninguna institución será más exigente este desafío que para nuestras universidades. Hoy en día, las universidades chilenas crecen, diría yo, en forma atolondrada en cuanto a matrículas. No necesariamente lo hacen en su tarea más esencial y propia, que es recrear el pensamiento, las ideas-fuerza y las nuevas respuestas que requerimos para tener éxito en esta plena inserción al mundo global. Un reciente informe del Banco Mundial, al mismo tiempo que destaca los impresionantes logros de Chile en relación con otros países, señala sin embargo que mostramos un agudo déficit en nuestra capacidad de innovación. No sabemos nutrir adecuadamente las nuevas ideas o los impulsos emprendedores en el plano de la producción o de la cultura. No hemos dado espacio a la creatividad que podría surgir de la creciente diversidad sociocultural, de valores y de formas de vida que hay en nuestra sociedad y que se ve tan claramente reflejada en el último censo nacional. En otras palabras, todavía tenemos pendiente la tarea de encontrar nuestro lugar en el mundo, y de descubrir aquellos campos del quehacer humano en los cuales podemos lograr de verdad un nivel de excelencia. Ése debería ser nuestro principal desafío. Para una universidad regional con irradiación nacional, como es la Universidad Católica de Valparaíso, la responsabilidad es doble. Porque quienes han estudiado a las sociedades contemporáneas más innovadoras afirman que la innovación ocurre en un entorno geográfico específico y de carácter local. Y también sostienen que la innovación y la creatividad son la resultante de una estrecha interacción entre individuos creativos, centros de investigación, universidades, empresas y gobiernos regionales o locales, los que descubren, a través de un proceso de aproximaciones sucesivas, qué es lo que pueden hacer mejor en su región o en su comunidad local. Valparaíso es una ciudad que busca, a ratos angustiosamente, su lugar en el mundo. Si me lo permiten, haré una breve reflexión personal. La familia de mi padre llegó a Valparaíso en 1860. Varias generaciones vivieron en el cerro Alegre. Desde niño escuché en mi casa quejas por el centralismo que condenaba a Valparaíso a una lenta pero inexorable decadencia. Ello ha marcado, con el transcurso de los años, el carácter de los porteños, cargándolos de cierto pesimismo. Sin embargo, se trata de una ciudad y de una región con todos los atributos para ser un polo de desarrollo y constituir una riquísima fuente de ideas innovadoras para sí misma y también para el resto del país. Esa tarea está incompleta. Recién se dan los primeros pasos para avanzar en ella. Los agentes convocantes para ese esfuerzo, los catalizadores del proceso, tienen que ser las universidades. Éstas deben salir de cierto ensimismamiento que las afecta y construir activamente redes de cooperación, de estudios conjuntos, de nuevas iniciativas, junto con las otras universidades regionales y también con los intelectuales, con las empresas y con los organismos públicos de la zona. La Universidad Católica de Valparaíso está altamente calificada para ser un actor esencial en dicho proceso. Tiene historia, tiene prestigio, tiene excelencia. Promueve valores que inducen a la cooperación y al espíritu solidario. Puede, por tanto, formar comunidad. Es una institución que debe pensar en sí misma y reinventar su futuro. ¿En qué los porteños van a ser excelentes en los próximos 75 años? ¿Cuál va a ser su sello propio, su contribución al país? ¿Cómo van a desarrollar sus nichos de competitividad frente al resto del mundo?

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Tal vez el 75º aniversario sea un momento apropiado para proyectar esa ambición hacia el futuro. Porque sabemos de su tradición, de la calidad de su cuerpo docente y de su capacidad de soñar una ciudad y una región, nos atrevemos -además de felicitarla por esta efeméride- a plantear a la Universidad Católica de Valparaíso ese ambicioso y muy exigente desafío. He dicho.

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Comisiones y Grupos Integración Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 29 Sesión: Sesión Ordinaria N° 29 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 353 Fecha: martes 30 de agosto de 2005

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS El señor HOFFMANN ( Secretario ).El señor Presidente somete a la Sala la representación del Senado en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la cual se integrarían los Honorables señores Arancibia , Boeninger , Coloma , Foxley , García , Horvath , Muñoz Barra , Naranjo , Ominami , Orpis , Páez , Sabag y Vega . Ello es susceptible de cambios, obviamente, de acuerdo con el Reglamento. El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).Si no hay objeciones, se aprobará. --Se aprueba.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 30 Sesión: Sesión Ordinaria N° 30 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 349 Fecha: martes 2 de septiembre de 2003

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).En conformidad a lo resuelto por los Comités, pido el acuerdo de la Sala para nombrar a los representantes del Senado ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Los actuales miembros son los Honorables señores Boeninger , Foxley , García , Horvath , Matthei , Muñoz Barra , Novoa , Naranjo , Ominami , Orpis , Páez , Sabag y Vega . Los Comités tienen plazo hasta el próximo martes, a las 12, para efectuar cambios. Si no realizan ninguno, daremos por oficializada esta misma nómina, la cual será remitida por la Secretaría a la Cámara de Diputados.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 22 Sesión: Sesión Ordinaria N° 22 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 347 Fecha: martes 20 de agosto de 2002

SENADORES INTEGRANTES DE COMISIÓN PARA ESTUDIO DE ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON UNIÓN EUROPEA SENADORES INTEGRANTES DE COMISIÓN PARA ESTUDIO DE ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON UNIÓN EUROPEA El señor HOFFMANN ( Secretario ).La Comisión que ha de estudiar el Acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea estará formada por los Senadores señores Valdés (Presidente), Foxley, Moreno, Novoa, Larraín, Coloma, Romero, Horvath, Núñez, Gazmuri, Flores, Martínez y Silva. El señor MORENO.Pido la palabra. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).La tiene, Su Señoría. El señor MORENO .Señor Presidente , respecto de la nómina que acaba de leer el señor Secretario , debo manifestar que el Comité Demócrata Cristiano ha designado como miembros alternos de la referida Comisión a los Honorables señores Pizarro, Lavandero y Boeninger, y eventualmente a algún otro señor Senador o señora Senadora que desee integrarla. Solicito que quede constancia de ello en la Versión Taquigráfica. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).Así se hará, Su Señoría. En todo caso, de acuerdo con el Reglamento, cualquiera de los miembros de una Comisión puede ser reemplazado por quien indique el respectivo Comité. No hay problema.

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Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N° 22 Sesión: Sesión Extraordinaria N° 22 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 344 Fecha: martes 14 de agosto de 2001

COMPATIBILIZACIÓN DE ACTIVIDAD DOCENTE Y PROFESIONAL DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS El señor HOFFMANN ( Secretario ).Cabe hacer presente que se han designado los miembros de la Comisión Especial mixta de Presupuestos en representación del Senado. Ellos son los Honorables señora Matthei y señores Foxley, Lavandero, Páez, Sabag, Cantero, Urenda, Díez, Prat, Cordero, Ominami, Boeninger y Bitar.

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Permiso Constitucional Inasistencia

Permisos y otros Permiso Constitucional Inasistencia Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 16 Sesión: Sesión Ordinaria N° 16 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 351 Fecha: martes 3 de agosto de 2004

ESTABLECIMIENTO DE REGALÍA MINERA AD VALÓREM Y CREACIÓN DE FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD. TRÁMITE A COMISIÓN Permisos constitucionales Los Senadores señores Ominami y Foxley, de conformidad con lo prescrito en los artículos 57 de la Carta Fundamental y 7º del Reglamento del Senado, solicitan autorización para ausentarse del país a contar del 1 de agosto, el primero, y del 3 de agosto, el segundo.

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Permiso Constitucional Inasistencia

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 45 Sesión: Sesión Ordinaria N° 45 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 352 Fecha: martes 19 de abril de 2005

MODIFICACIÓN DE LEY SOBRE MONUMENTOS NACIONALES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA El señor HOFFMANN (Secretario).-En este momento han llegado a la Mesa las siguientes solicitudes:Del Senador señor Foxley-Se accede.

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Permiso Constitucional Inasistencia

Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N° 24 Sesión: Sesión Extraordinaria N° 24 Legislatura: Legislatura Extraordinaria número 348 Fecha: martes 14 de enero de 2003

ASOCIACIÓN ENTRE CHILE Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS El señor CANTERO (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN ( Secretario ).Acaba de llegar a la Mesa una nota del Senador señor Foxley, mediante la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Carta Fundamental y 7º del Reglamento, solicita autorización para ausentarse del país a contar de ayer. --Se accede a lo solicitado.

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