LA REGULACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA ARGENTINA UNA PROPUESTA DE REFORMA INSTITUCIONAL Pablo T. Spiller∗ Cuaderno 3

Marzo de 1999

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Investigador Visitante, Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional, Fundación Gobierno y Sociedad. Catedrático Joe Shoong de Negocios Internacionales y Política Pública, Universidad de California, Berkeley y Principal, LECG Inc. Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son del autor y no reflejan necesariamente los de la Fundación Gobierno y Sociedad. Registro de Propiedad Intelectual en trámite.

I. Introducción La reforma de la provisión de servicios de infraestructura en Argentina ha sido de un alcance inusitado a nivel internacional. Desde 1990, los monopolios de empresas públicas en sectores de gas, electricidad, telecomunicaciones, agua, correo y en los distintos subsectores proveedores de la infraestructura de transporte (trenes, caminos, puertos y aeropuertos) fueron

reemplazados por operadores privados.

Esta transformación ha

llevado a un aumento sustancial en la calidad de los servicios públicos, como a su vez en la relación operador/cliente.1 Sin embargo, dichas transformaciones no fueron realizadas con un enfoque común, teniendo los distintos sectores amplias diferencias tanto en su organización y regulación como en su operación y en los resultados visibles por los usuarios. A su vez, las restricciones a las políticas tradicionales de gasto público procedentes de la globalización de los mercados, en general, y de las restricciones impuestas por la Coparticipación Fiscal y, en particular, por la Ley de Convertibilidad, han hecho que en los próximos años la política pública se base más en la creación de subsidios cruzados a través de la regulación que a través de programas de gasto público. Por lo tanto, muchos de los logros obtenidos durante la última década, entre los cuales cabe mencionar el aumento sistemático en la calidad del producto, el aumento en la oferta y su variedad un mejor servicio al cliente y la reducción en los precios reales,2 podrían ser revertidos si las presiones para la realización de política a través de la regulación lleva a la introducción sistemática de subsidios cruzados, con su consecuente creación de trabas a la competencia.

Por lo tanto, es importante analizar en qué medida la institucionalidad de la regulación de los servicios públicos domiciliarios en la Argentina otorga credibilidad a la regulación de los servicios públicos domiciliarios. A su vez, y como se afirmará más abajo, en el caso de que la institucionalidad no favorezca a la credibilidad, es importante proveer una serie de

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El desastroso apagón de Febrero del ´99 ha generado la impresión entre políticos y usuarios de que los servicios públicos domiciliarios están en crisis. Si bien esta impresión es razonable debido a las pecurias que el apagón le ha hecho vivir a un número sumamente elevado de ciudadanos, la realidad de los servicios domiciliarios es otra. En todos los sectores de servicios públicos domiciliarios, la calidad y cantidad del producto aumentó. No sólo se eliminaron casi por completo los problemas de racionamiento (en electricidad y en agua) y las demoras para la obtención de servicio (en teléfonos, electricidad y agua), sino que también se redujeron sustancialmente las demoras en la reparación de los servicios. 2 Si bien en varios sectores -como ser en telefonía- los precios aumentaron previo a la privatización, desde la misma, los precios promedio han bajado en términos reales. 2

recomendaciones para fortalecer la institucionalidad regulatoria, consolidando así los logros obtenidos.

II. Credibilidad e Instituciones La credibilidad y efectividad de un marco regulatorio –y, por ende, su capacidad de facilitar la inversión privada- varía según las instituciones políticas y sociales de un país. Ellas no sólo afectan la capacidad de limitar la acción administrativa, sino que también tienen un impacto independiente sobre el tipo de regulación que puede ser implementada y, por lo tanto, sobre el apropiado balance entre credibilidad y flexibilidad. En general, para que las reglas regulatorias sean relativamente eficientes, se requiere otorgar un margen de discreción importante a los reguladores. Sin embargo, a menos que las instituciones de un país permitan una adecuada delimitación entre arbitrariedad y discrecionalidad regulatoria, los sistemas que otorgan demasiada discreción administrativa pueden no generar los niveles de credibilidad necesarios para que la participación del sector privado arroje los resultados esperados tanto en términos de inversión como de bienestar. Por el contrario, algunos países pueden tener regímenes regulatorios que limitan drásticamente el alcance de la flexibilidad regulatoria. Si bien a primera vista ese tipo de regímenes regulatorios puede verse como ineficiente, en los hechos, puede que se ajuste a las características institucionales del país en cuestión, proveyendo substanciales incentivos para la inversión.

Dos tipos de instituciones otorgan credibilidad a un entorno regulatorio: instituciones macro, que yo considero como instituciones exógenas al sistema regulatorio en la problemática del diseño institucional, e instituciones micro, que las considero como endógenas.

Empezaremos por afirmar que las instituciones macro de un país son, en cierta medida, determinantes para que los inversores puedan sentir que existe un entorno en el cual su inversión –y las rentas con ella asociadas-, va a ser respetada. En ese sentido, la separación de poderes es fundamental. La experiencia muestra que los gobiernos unificados3 tienen dificultades para otorgar credibilidad ya que las reglas de juego pueden ser cambiadas 3

Como gobiernos unificados nos referimos al tipo de gobierno que surge cuando tanto el poder legislativo como el ejecutivo están en manos de un mismo partido. Ello puede darse en un sistema presidencial bipartidista, como en uno presidencial con un partido dominante. 3

en forma unilateral de manera mucho más fácil que en aquellos casos en que existe una efectiva división de poderes. La existencia de un poder judicial independiente y profesional también resulta clave para el desarrollo de credibilidad en el sistema regulatorio4.

Sin embargo, estas instituciones macro no son fácilmente reformables, por lo menos en el corto plazo. Ello implica que, a los fines de incrementar la credibilidad del sistema, la atención deba ser puesta en otras instituciones más micro, pero no por ello menos importantes. En particular, tres son las instituciones del sistema regulatorio que deben ser tenidas en cuenta:

a) la centralización de la toma de decisiones; b) el nivel de

discrecionalidad; y c) la especificidad de los procedimientos necesarios para la toma de decisiones.

En primer lugar, es crítico para el funcionamiento del sistema y su credibilidad, la forma en que se toman las decisiones. En aquellos sistemas donde las decisiones se toman unilateralmente, son menos predecibles y, por lo tanto, su credibilidad es menor que en los países donde la toma de decisiones está descentralizada5. A su vez, también es fundamental el tipo de reglas regulatorias presentes en el sistema. Mientras que con la existencia de reglas que permiten una alta discrecionalidad regulatoria es de esperar que sea poca la credibilidad, lo contrario ocurre cuando las mismas son claras y específicas, como ha tendido a ser en el caso chileno. Por último, los procedimientos para la adopción de decisiones también son parte fundamental del sistema. Otra vez, es previsible que en aquellos sistemas donde los procedimientos no estan especificados, los entes regulatorios tengan una mayor arbitrariedad administrativa, y por lo tanto sus decisiones serán menos creíbles que aquellos que tienen que tomar sus decisiones a través de procedimientos transparentes y participativos.

Sin embargo, el problema de la credibilidad y su relación con las instituciones del sistema regulatorio no se agota aquí. En otros trabajos he demostrado cómo en entornos caracterizados por gobiernos divididos, la existencia de una legislación regulatoria con un 4

La Corte Suprema Argentina tiene uno de los niveles de rotatividad más altos del mundo. Eso es consistente con el hecho de que en los últimos 50 años casi todos los gobiernos, sean civiles o militares, nombraron a la mayoría de sus miembros. A su vez, la capacidad de comenzar juicio político a jueces opositores ha sido otro factor que tradicionalmente ha restringido la independencia de la Corte Argentina. 5 En algunos países, v.g., Reino Unido, es necesaria la opinión de más de una agencia de regulación para la toma de decisiones regulatorias importantes. 4

alto grado de especificidad limita la discrecionalidad del regulador, fomentando, por lo tanto, la credibilidad institucional6. Sin embargo, hay algunos problemas que comúnmente se asocian a la alta especificidad en la legislación regulatoria. El primero de ellos deviene del hecho de que toda legislación puede ser cambiada por futuras legislaturas. En este sentido, sólo en sistemas políticamente fragmentados es posible que una alta especificidad legislativa otorgue credibilidad. Por lo tanto, si bien la existencia de legislación regulatoria con un alto grado de especificidad ayuda a desarrollar credibilidad en el sistema en su conjunto, es posible que ello no ocurra en sistemas políticos donde los gobiernos tiendan a ser unificados. En estos, aún mientras la legislación sea específica, es posible que la misma sea cambiada de manera unilateral –reduciendo la credibilidad en el sistema7.

Así como la especificidad en la legislación, la especificidad en las concesiones o licencias puede ser otro instrumento que ayude a generar credibilidad. Sin embargo, aquí también es importante ser conscientes de las limitaciones con ella asociada, en especial en países como la Argentina donde se utiliza a las concesiones como contratos regulatorios. En este tipo de casos, la alta especificidad en las concesiones puede dar lugar a la individualización de la regulación y esto, a su vez, puede llevar a su politización. A su vez, la regulación individualizada aumenta la probabilidad de renegociación de la concesión. Como era previsible, este tipo de problemas son evidentes en el caso argentino.

Si bien la renegociación de concesiones es natural, ya que resulta prácticamente imposible mantener un precio fijo por períodos muy largos, la expectativa de renegociación desvirtúa las bases por las que operadores entran en el sistema. Para que la renegociación se pueda dar tiene que darse una situación en la que aparte del precio se pueda cambiar una dimensión del contrato que beneficie al concedente. El ejemplo más instructivo son requerimientos de inversión. La inclusión de requerimientos de inversión implica que el contrato no otorga suficientes incentivos de inversión al operador.8 En tales casos, siempre

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Véase Levy, B. y P. T. Spiller, Regulation, Institutions and Commitment, Cambridge University Press, 1996. 7 Es por ello que en el Reino Unido las leyes de regulación de servicios públicos no son los instrumentos que otorgan credibilidad regulatoria, sino que es en las licencias donde se detalla en forma muy específica los procedimientos por los que el operador será (o no) regulado. 8 Este es, por ejemplo, el caso de múltiples concesiones, en que la existencia de fuertes subsidios cruzados no otorgan incentivos al operador a invertir en aquellas áreas en que los precios están por debajo de los costos. Los casos extremos son los servicios de telefonía (véase, Spiller, P.T.,1998, “De la Ilusión al Realismo,” Fundación Gobierno y Sociedad, Cuadernos de Opinión, #1), y los servicios de agua potable y acantarillado 5

existirá la posibilidad de renegociación, en la cual el concedente obtiene nuevos compromisos de inversión,9 y el operador obtiene aumentos tarifarios. Si los contratos otorgasen incentivos adecuados a la inversión, y por lo tanto, no se especificasen metas mínimas de inversión o expansión, la posibilidad de renegociación no sería tan alta, pues el único punto que se discutiría sería aumentos tarifarios, los cuales para el concedente no es políticamente beneficioso.

Por lo tanto, los contratos que están mal diseñados conllevan una alta posibilidad de renegociación, no necesariamente para obtener un mejor diseño, sino para obtener un resultado que sea mutuamente beneficioso. Por lo tanto, la expectativa de renegociación implica que el operador que obtiene el derecho a operar es aquél que tiene mayor capacidad (o habilidad política) de renegociar la concesión. Por lo tanto, el operador elegido no es necesariamente el más eficiente o el que posee la mejor tecnología o capacidad de bajar costos. Ello implica que, en el mediano plazo, el consumidor estará en condiciones inferiores a las que podría estar si se hubiese transferido el control al operador más eficiente. Esta insatisfacción del usuario llevará, a su vez, a que el sector político reaccione a las ineficiencias potenciales a través de una demanda por mayor ingerencia regulatoria en la operación del sector, reduciendo así la credibilidad del sistema. Por lo tanto, el comportamiento racional de los inversores los llevará a tratar de obtener el retorno a su inversión en el corto o mediano plazo, sabiendo que en el largo plazo la regulación será mucho más intrusiva y potencialmente oportunista. Esto, a su vez, se traducirá en una demanda por precios inicialmente elevados, lo que aumentará aún más la insatisfacción del usuario así como la demanda por mayor regulación.

Por lo tanto, un sistema regulatorio basado en concesiones con regulación individualizada no es creíble en el largo plazo, conllevando, asimismo, a precios más elevados, menor calidad, inversiones sub-óptimas, y la consecuente re-regulación.10 Por lo tanto, no siempre un alto grado de especificidad en las concesiones lleva a que se desarrolle la credibilidad en el sistema regulatorio.

en el Gran Buenos Aires (Véase, Spiller P.T., y W. Savedoff, Spilled Water, The Political Economy of Water Supply in Latin America, InterAmerican Development Bank, 1999.). 9 Estos pueden ser mas estringentes o simplemente promesas de cumplir con lo pactado previamente. 10 En otras palabras, la regulación basada en concesiones con regulación individualizada abre las puertas al oportunismo gubernamental. Sobre las perniciosas consecuencias de éste sobre la operación de servicios públicos véase, Spiller (1999), op. cit. 6

En ese sentido, una alternativa válida en países como la Argentina –donde estos problemas aparecen con relativa frecuencia- es el uso de marcos regulatorios más genéricos, de manera tal de evitar la individualización en la regulación. En segundo lugar, las privatizaciones se tendrían que hacer como transferencia de activos, y las concesiones deberían servir como permiso de operación y no como un instrumento regulatorio en sí mismo11

III. Hacia una Propuesta de Reforma Institucional del Sistema Regulatorio en Argentina Empezaremos esta sección mostrando que varios componentes del actual diseño del sistema regulatorio argentino atentan contra su credibilidad. En este sentido, y como argumentaremos en detalle más abajo, las características más salientes del sistema regulatorio -y, al mismo tiempo, los principales obstáculos para desarrollar y consolidar una indispensable credibilidad regulatoria- son la amplia variedad en el diseño institucional y la considerable participación del sector político en la toma de decisiones regulatorias.

En los últimos años, y debido a factores tanto endógenos como exógenos, las transformaciones de la economía argentina llevaron a reducir los grados de libertad del sector político en lo que se refiere al manejo de la economía. Este proceso no se experimentó con la misma intensidad en todos los sectores. En la regulación de servicios públicos, el acotamiento de los límites de la intervención política no acompañó la operada en otros sectores -a pesar de que se produjeron avances considerables con respecto los años en que los servicios públicos eran de propiedad estatal. Actualmente, la regulación es uno de los pocos ámbitos donde la acción discrecional del sector político no sólo es tolerada, sino que es un producto del diseño institucional vigente. Por lo tanto, resulta necesario llevar adelante reformas institucionales que refuercen la credibilidad del sistema, manteniendo los logros obtenidos. Sin embargo, las reformas que han sido propuestas no son muy alentadoras. En este trabajo, nos proponemos analizarlas y, finalmente, formular un esbozo de propuesta alternativa.

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El ejemplo de Chile en torno a las compañías de agua y el de la energía eléctrica en Bogotá es de suma utilidad en este sentido. 7

A. La Regulación Argentina en la Práctica Sumariamente, son tres los aspectos comunes que caracterizan a la regulación de los servicios públicos en la Argentina. Primero, el sistema regulatorio se caracteriza por una amplia variedad institucional. Segundo, el sistema regulatorio padece de una amplia variedad de procedimientos. Por último, e íntimamente relacionado con las dos características previas, existe una notoria diversidad en cuanto a los comportamientos regulatorios. Variedad institucional En general, se suele explicar la amplia variedad institucional del sistema regulatorio argentino debido a la rapidez e inexperiencia con que se diseñó gran parte del mismo. El caso de la CNC confirmaría esta hipótesis. Más aún, los que la sostienen también ven confirmados sus argumentos cuando analizan los casos del ENARGAS y el ENRE. Se afirma que como la urgencia y la improvisación no estuvieron presentes en la misma medida que cuando se diseñó el sistema regulatorio telefónico, los resultados en el sector energético fueron substancialmente mejores. Sin embargo, existen varios contra-ejemplos que refutan este tipo de explicaciones. Probablemente, el más evidente de ellos es del ente que regula los aeropuertos. Si bien dicho ente es de reciente creación, adolece de los mismos defectos de diseño y funcionamiento que otros entes creados en un contexto considerablemente más problemático.

Por lo tanto, si bien es posible que la urgencia haya constituído una razón importante que afectó el diseño regulatorio, es importante tener presentes otros factores que lo condicionaron fuertemente. En particular, hay que tomar en consideración que la gran mayoría de los entes reguladores en Argentina fueron creados sin un ámbito centralizador que dotase de coherencia y sistematicidad a la regulación en cada sector. Por un lado, no existía dentro de la Administración una vocación de reforma institucional que cruzase sectores. Más aún, la Ley 23.696 de Reforma del Estado delegó al Ministerio y Secretaría a cargo del sector la responsabilidad de dirigir su reforma y privatización. Estas, a su vez, fueron

realizadas

con

el

Banco Mundial otorgando su supervisión. Dado que las

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operaciones del Banco Mundial también están fragmentadas, la fragmentación inicial de la Administración se tradujo en reformas ad-hoc en vez de sistemáticas12. Esto, a su vez, se vió reforzado por el hecho de que la mayoría de dichos entes fueron creados por decreto, por lo que la posible armonización que daría la labor legislativa tampoco se dio13.

Resulta interesante el hecho de que los entes creados por decreto, es decir, los entes que regulan las telecomunicaciones, los aeropuertos, el transporte y el agua, tienen una variedad institucional mucho mayor que los entes reguladores del gas y de la electricidad, que obedecen a una ley sancionada por el Congreso. Pero, probablemente, el hecho de que éstos tengan un marco regulatorio común se deba más al hecho de que éstos tienen su origen en la Secretaría de Energía. Dicha secretaría, ya desde la primera administración del Presidente Menem, tuvo una fuerte capacidad de análisis regulatorio. Por su parte, la falta de trabajo de armonización por parte del Ministerio de Economía llevó,14 a su vez, a un desmembramiento de sus responsabilidades regulatorias. Es así que, sectores como agua potable y sanemiento pasaron a la Secretaría de Medio Ambiente mientras que comunicaciones y correos a la Secretaría de Comunicaciones, aumentando aún más la variedad institucional.

Es importante señalar además que la creación de entes regulatorios por decreto les resta independencia a los mismos frente al poder ejecutivo, ya que de la misma manera que fueron creados por decreto, sus atribuciones pueden ser cambiadas por otro decreto. Por lo tanto, mismo si formalmente los entes son independientes, de facto no lo son, y sus decisiones terminan estando supeditadas a la voluntad política más que al análisis técnico/económico de la problemática regulatoria.

Ahora bien, los entes reguladores no sólo difieren en cuanto a su constitución. También lo hacen en cuanto a su ubicación en la administración. En ese sentido, mientras la CNC depende directamente de la Secretaría de Comunicaciones, y el ETOSS de la Secretaría de 12

Resulta interesante comparar esta variedad institucional con la homogeneidad del sistema de regulación de Chile o del Reino Unido, donde todos los sectores de servicios públicos domiciliarios son regulados en base a una metodología y procedimientos relativamente similares. Véase Levy, B. y P.T. Spiller (1996), op. cit. 13 En principio, la creación de la Jefatura de Gabinete podría haber ayudado a esta armonización. Sin embargo, dado que la Jefatura de Gabinete tampoco tuvo capacidad de análisis regulatorio, no cumplió con dicha labor de armonización.

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Medio Ambiente, el ENARGAS, el ENRE y otros dependen del Ministerio de Economía. Esto limita la previsibilidad del sistema regulatorio en su conjunto, ya que da lugar a serias divergencias regulatorias entre distintos sectores e industrias.

A su vez, el nombramiento de los directores de los diferentes entes tampoco obedece a criterios uniformes. Sólo en el caso de los entes reguladores de Electricidad y Gas los miembros del directorio son nombrados desde el poder ejecutivo, basándose en un concurso de méritos, y con acuerdo (opinión) posterior del Congreso (Comisión Bicameral). En los restantes casos, los nombramientos obedecen exclusivamente a decisiones del poder ejecutivo15. Si bien el mecanismo de basar los nombramientos en concursos de méritos con participación del Poder Legislativo no garantiza que en los mismos no primen criterios políticos,16 – no caben dudas de que dicho mecanismo es potencialmente superior al puramente discrecional por parte del ejecutivo. Este último mecanismo, en general, ha llevado a lesionar la indispensable independencia de las agencias en cuestión.

Por último, y en referencia a los problemas que devienen de la amplia variedad institucional del sistema regulatorio argentino, es necesario destacar que las agencias de regulación también difieren en cuanto a su composición. El más llamativo de los casos es el del ETOSS, donde el equilibrio de poderes se plantea, más que entre el ejecutivo y el Congreso -como en el caso del ENRE y el ENARGAS-, entre las jurisdicciones intervinientes/delegantes (Nación, Provincia de Buenos Aires y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). En este sentido, la composición de su Directorio, al representar intereses de tres niveles diferentes de gobierno –que a su vez pueden estar controlados por diferentes partidos políticos- puede, si la estabilidad en los cargos estuviese relativamente garantizada, otorgar una mayor estabilidad institucional al mismo tiempo que una mayor independencia del poder ejecutivo. Sin embargo, ello no ocurre. La presidencia rota cada año entre cada miembro del Directorio, y es justamente esa excesiva rotatividad la que, 14

La cual parcialmente puede deberse a la falta de interés personal en la temática regulatoria de los varios Ministros de Economía de la Administración del Presidente Menem. 15 En el caso del ETOSS, el nombramiento es realizado por los poderes ejecutivos de las jurisdicciones involucradas (Nación, Prov. De Buenos Aires y GCBA). En el caso de la CNT, en cambio, si bien uno de los cinco directores es propuesto por un consejo federal formado por gobernadores, el resto es nombrado desde el ejecutivo nacional. 16 Prueba de ello son los problemas relacionados con el nombramiento del Presidente del ENARGAS durante la segunda administración del Presidente Menem. 10

probablemente, le haya dificultado al Ente desarrollar prácticas regulatorias más estandarizadas. Variedad de Procedimientos Otro aspecto fundamental para asegurar la credibilidad de sistemas regulatorios son los procedimientos para la toma de decisiones regulatorias. En Argentina, en general, los entes reguladores no disponen de procedimientos muy específicos y generalizados para tal fin. En ese sentido, la realización de audiencias públicas en algunos entes (ENRE, ENARGAS, CNC) es uno de los pocos procedimientos formalmente establecidos. Sin embargo, su forma de uso es muy variada, así como también lo son los objetivos que se persiguen a través de la realización de las mismas. La diversidad en su uso y objetivos queda claramente diferenciada si contraponemos la experiencia de las audiencias públicas organizadas por la CNT, por un lado, y el ENRE, por el otro.17

Por lo tanto, al no existir mecanismos formalizados que prevean el “acceso” de las partes afectadas e interesadas a la toma de decisiones de las distintas agencias regulatorias, aumentan considerablemente las probabilidades de captura tanto por parte del poder político como de los operadores. Asimismo, y también debido a la ausencia de procedimientos formales, surgen otros tres problemas centrales siempre presentes, en mayor o menor medida, alrededor de las agencias de regulación. Nos referimos a los problemas asociados con la responsabilización (“accountability”), transparencia y legitimidad del proceso regulatorio.

Si los sistemas de toma de decisiones no son transparentes, no sólo pierden legitimidad sino que también limitan la credibilidad y autoridad de los reguladores. Un ejemplo interesante en este sentido es la decisión de la Secretaría de Comunicaciones de abrir el sistema de telecomunicaciones a la competencia a través de un procedimiento sumamente dirigido en el cual el decreto mismo determina quienes son los operadores que potencialmente pueden entrar. Dicho decreto pone en evidencia las consecuencias de la inexistencia de requerimientos de transparencia en la toma de decisiones regulatorias y, a

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La realización de audiencias públicas por parte de la CNT en relación al rebalanceo del año 1994 fueron altamente politizadas. Mas aún, un juez puso una medida de no innovar en base a la falta de transparencia del proceso. Véase Abdala, Manuel, “Instituciones, contratos y regulación de infraestructura en Argentina,” CEDI, 1999. 11

su vez, cómo la falta de transparencia repercute en limitar la credibilidad de la agencia reguladora así como la previsibilidad y estabilidad de las políticas por ella adoptadas -en este caso la de apertura. En particular, a pesar de las declaraciones de interés de la Secretaría de Comunicaciones, nada impide que un futuro Secretario tome una posición distinta, particularmente, si como analizo en un trabajo reciente,18 el proceso de apertura probablemente culmine en una quiebra generalizada de los compromisos de inversión tanto por parte de los nuevos entrantes como de las telefónicas en operación. Variedad en comportamiento Así como los procedimientos para la toma de decisiones son fundamentales para desarrollar credibilidad en el sistema regulatorio, también lo es el comportamiento y estilo de las agencias implicadas en dicho sistema.

En el caso argentino, otra vez, la diversidad es la norma. Ello se debe a que existe una marcada heterogeneidad en la calidad del diseño. En ese sentido, la sofisticación de los entes reguladores del sector energético se puede contrastar claramente con las de sus pares en otros sectores. Con respecto a estos últimos, existe un generalizado consenso en que es mucho lo que resta por hacer y mejorar. A modo de ejemplo, bastaría con mencionar que mientras en la Secretaría de Energía se otorgaron originalmente 15 días para la realización de consultas (relativamente formalizadas) con aquellos involucrados en una determinada decisión regulatoria reciente,19 en el resto de las agencias reguladoras las consultas y los comentarios sólo se dan a nivel informal.

Por otro lado, es importante señalar que no existe política alguna sobre la publicidad de las decisiones regulatorias –y, más aún, en lo que se refiere a la calidad, cantidad y accesibilidad de la información disponible, ya sea en referencia al sistema regulatorio en general como al funcionamiento de las agencias en particular. B. Propuestas de Reforma: El Super-Ente y una Propuesta Alternativa Hasta aquí se han discutido las razones por las cuales el actual sistema regulatorio en

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Véase, Spiller, PT, 1998, “De la Ilusión al Realismo: Hacia Una Política de Competencia en Telecomunicacinoes en la Argentina,” CEDI, Cuaderno de Discusión #1, Buenos Aires. 19 Decisión que por un lado propuso cambiar la regulación del transporte de electricidad y del acceso al mercado mayorista por parte de pequeños usuarios. Cambios ambos con gran trascendencia para el sector. 12

Argentina no favorece la credibilidad regulatoria. También se argumentó que son varios los componentes institucionales que atentan contra dicha credibilidad: la amplia variedad en el diseño institucional; la variedad y divergencia en los procedimientos para la toma de decisiones; la falta de uniformidad en el comportamiento regulatorio; y la considerable participación del sector político en la toma de decisiones regulatorias.

Frente a este panorama, resulta necesario llevar adelante reformas que refuercen la credibilidad del sistema, manteniendo los logros obtenidos. Sin embargo, las propuestas introducidas recientemente en el Congreso no favorecen la credibilidad. En adelante, se analiza la más representativa de ellas –que propone la creación de un Super Ente- y, finalmente, se formula un esbozo de propuesta alternativa. i. El Super Ente Una de las propuestas de reforma al actual sistema regulatorio surgió recientemente del Parlamento. En la misma, se propone la creación de una Comisión compuesta por legisladores, representantes del Poder Ejecutivo Nacional y representantes de usuarios de servicios públicos. Asimismo, dicha Comisión sería la encargada de nombrar y remover a los directores de los entes reguladores, de establecer las políticas de cada sector, de revisar las decisiones regulatorias adoptadas desde los entes (incluidas las tarifarias), de supervisar el comportamiento de los mismos y de aprobar sus presupuestos, entre otras funciones.

Si bien los fundamentos en que se basa esta propuesta pueden ser legítimos, es importante señalar que ella adolece de varios y serios problemas. Entre ellos, el más objetable es el otorgar capacidad ejecutiva al poder legislativo. Dejando de lado la posibilidad de que esto sea inconstitucional, ello implicaría un cambio fundamental en la naturaleza de la regulación.

En primer lugar, el otorgar capacidad ejecutiva al poder legislativo llevaría a que se politicen aún mas las decisiones regulatorias, ya que la influencia de los legisladores en el proceso regulatorio sería prácticamente absoluto. A ello habría que sumarle el problema de que como el horizonte electoral de los legisladores en Argentina es relativamente corto, éste se vería reflejado en las decisiones regulatorias que ellos adopten. Por lo tanto, es de esperar que en las mismas se privilegie la obtención de beneficios políticos de corto plazo,

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pudiendo ello afectar la eficiencia económica del sector regulado, perjudicando por lo tanto a aquellos que con esta propuesta se buscaba beneficiar. A su vez, esta propuesta facilita la influencia de aquellos grupos con acceso político –aumentando substancialmente las actividades de lobbying. Esto perjudicaría notablemente los intereses de los grupos con menores recursos materiales y organizacionales: los usuarios y consumidores. En definitiva, de materializarse, esta propuesta llevaría no sólo a una reducción de la credibilidad del sistema regulatorio, sino que también aumentaría las probabilidades de oportunismo gubernamental –haciendo más altos los costos regulatorios y, por lo tanto, reduciendo los incentivos para invertir. La Experiencia Internacional Si analizamos esta propuesta de reforma en términos de la experiencia internacional, podemos observar varios elementos que refuerzan nuestro escepticismo con respecto a los resultados de su aplicación. Tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos y en Chile, se puede observar que las agencias de regulación son independientes o dependen del Poder Ejecutivo, pero nunca se permite una participación directa de los Parlamentos en su funcionamiento.

En el caso de los Estados Unidos, las agencias regulatorias son multipersonales y, en general, independientes del poder político –ya sea del poder ejecutivo y en mayor medida del legislativo. La participación del poder legislativo en el sistema se da en varios momentos: primero, el Senado aprueba el nombramiento de los miembros de las comisiones reguladoras Federales, ya que éstos son propuestos por el ejecutivo pero necesitan de la venia del Senado para ser designados. Segundo, las comisiones permanentes encargadas de la supervisión realizan llamados a comisión, como así participan activamente en la preparación de los presupuestos de las agencias. Sin embargo, ni el Poder Legislativo, ni el Ejecutivo pueden unilateralmente revisar las decisiones adoptadas por las agencias de regulación. Para ello se necesita una Ley la cual debe estar firmada por el Presidente.20 Sin embargo, es importante destacar que el papel de las cortes en el sistema regulatorio de aquel país resulta de fundamental importancia. Adicionalmente, si bien el método regulatorio se caracteriza por estar basado en

20

El Parlamento introdujo el Veto Legislativo para ciertas decisiones administrativas, pero fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte. 14

sistemas de regulación tradicionales (tasa de retorno), sus procedimientos son sumamente estandarizados y detallados. En ese sentido, la Ley de Procedimientos Administrativos y otras leyes específicas son un componente clave en la credibilidad del sistema regulatorio.

La experiencia del Reino Unido en la regulación de servicios públicos también merece ser tenida en cuenta. A diferencia del modelo norteamericano, en el Reino Unido las oficinas regulatorias son unipersonales, a excepción de la Monopolies and Mergers Commission (MMC) –la agencia que se encarga de promover y defender la existencia de la competencia. La designación de los reguladores es facultad del Secretario de Industria y Comercio y el Parlamento no tiene mayor ingerencia en ese respecto. Su única intervención en lo que se refiere a los problemas regulatorios es a través de las comisiones permanentes que se encargan de monitorear el funcionamiento y desempeño de las agencias especializadas. Teniendo en cuenta la volatibilidad legislativa propia de los sistemas parlamentarios, el instrumento regulatorio por excelencia en este país es el uso de licencias. Con relación a los procedimientos para la toma de decisiones regulatorias, a diferencia del caso norteamericano, son pocos los formalmente preestablecidos, aunque cabe señalar que los existentes son muy específicos. En general, la autonomía de las agencias es importante. De todas maneras, su discrecionalidad no es absoluta. Por un lado, las decisiones más importantes –como el otorgamiento de licencias- son adoptadas desde la Secretaría de Industria y Comercio. Por otro lado, las decisiones de los reguladores pueden ser sometidas a revisión de la MMC tanto por los operadores como por el Secretario de Industria y Comercio, delimitando por lo tanto la discrecionalidad regulatoria.

La tercera experiencia en regulación de servicios públicos que es valiosa considerar aquí es la chilena. En primer lugar, hay que destacar que aquí también los nombramientos son realizados desde el Poder Ejecutivo, excepto en el caso de la Comisión de Antitrust. A su vez, las agencias sectoriales de regulación dependen de distintos ministerios y, dentro de ellos, de distintas Secretarías. Por lo tanto, también varían en su composición. Como en los otros dos casos, el Congreso sólo supervisa el funcionamiento regulatorio a través de comisiones parlamentarias. En lo que respecta a los procedimientos, se hace un uso extensivo de los mismos que, a su vez, se caracterizan por su grado de especificidad. Ello, sumado a que los cambios importantes en

materia

regulatoria

requieren

cambios

legislativos, resulta en que las agencias de regulación gozan de una mínima

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discrecionalidad regulatoria. Por último, resulta importante mencionar que en los últimos años en Chile se ha estandarizado substancialmente el método regulatorio, especialmente en lo que se refiere a los procesos de toma de decisiones y a la resolución de conflictos entre los actores intervinientes en el proceso. Esto ha resultado en considerables incrementos en la previsibilidad del sistema y, por lo tanto, en su credibilidad.

En resumen, del análisis de los casos norteamericano, británico y chileno se desprende que el papel de la independencia de las agencias de regulación resulta clave si el ámbito de acción de las mismas no está claramente delimitado. En ese sentido, el ejemplo chileno evidencia que si la discrecionalidad regulatoria es muy limitada, poco afecta al buen funcionamiento del sistema el grado de independencia de las agencias en cuestión. Asimismo, otra conclusión que se puede deducir del análisis de los casos nacionales comúnmente señalados como “exitosos”, es que el rol de los Parlamentos –y por lo tanto la influencia de intereses electorales- en materia de regulación tiene que tender a limitarse más bien a tareas de supervisión y legislación. En este sentido, y no sólo en virtud de la necesaria separación de poderes, la experiencia aquí analizada confirma que es preferible que el Parlamento funcione como “alarma de incendios” –llamando la atención sobre problemas existentes- en lugar de “policía de tránsito” –llevando a cabo el micro-manejo del aparato regulatorio. ii. Algunos Elementos para una Propuesta Alternativa Como se mencionó en la introducción, a partir de la privatización de los servicios públicos se han producido logros considerables en la provisión de servicios públicos. Son muchas las razones que explican estas mejoras. Entre ellas, se destaca el cambio en la propiedad de dichos servicios, la existencia de competencia –actual o potencial- en muchos de ellos y las innovaciones regulatorias en algunos sectores.

En ese sentido, cualquier reforma del sistema regulatorio debe tener como objetivo mejorar los marcos regulatorios existentes manteniendo los logros obtenidos. Por lo tanto, es importante tener en mente algunos puntos relacionados con esta última cuestión. En primer lugar, las reformas institucionales que se encaren deberían ajustarse a la realidad institucional argentina. En segundo lugar, tendrían que ser diseñadas de manera tal que se limite al máximo la ingerencia política en la toma de decisiones regulatorias,

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disminuyendo el riesgo de oportunismo gubernamental. Tercero, con ellas se debería aumentar, y no disminuir, la sustentabilidad del marco regulatorio. Por último, los costos de introducir tales reformas no deberían ser mayores que los beneficios. Esto último resulta particularmente relevante, ya que es importante señalar que las reformas institucionales generalmente no son neutras –ellas pueden implicar importantes expropiaciones administrativas.

Teniendo en cuenta estas precauciones, las reformas institucionales deberían procurar, en cada sector, a) Delimitar de manera clara y precisa cuáles serían las áreas sujetas a regulación. b) Institucionalizar y estandarizar procedimientos para toma de decisiones regulatorias. c) Promover la regulación descentralizada y la “autoregulación”, y por último d) Promover la competencia donde sea posible

Delimitar las áreas sujetas a regulación Uno de los problemas fundamentales en la práctica regulatoria argentina es que los entes reguladores (incluyendo sus respectivas Secretarías) tienen ámbitos regulatorios vagos, los cuales extienden la capacidad regulatoria a todas las áreas relevantes del sector. Es así que en agua no sólo se regula los precios y la calidad, sino que también el tipo de inversión y su cronograma. En telecomunicaciones, se regula desde la interconexión hasta los precios finales, como así también los requerimientos de inversión. En electricidad, además de precios, se regulan las reglas de juego. Como se discute en otro trabajo21, cuanto mayor el ámbito regulatorio, menor la credibilidad de todo el sistema. En otras palabras, cuanto mayor es el ámbito regulatorio, también serán mayores las dimensiones del proceso regulatorio susceptibles de ser manipuladas con el fin de obtener rentas políticas. En este sentido, si lo único que se fijase fuesen los precios intermedios -en el caso de electricidad el precio de acceso a las redes-, no sería mucho el margen de acción discrecional del regulador y por lo tanto tampoco sería elevado el riesgo de oportunismo gubernamental. Si, en cambio, el regulador fija los precios finales, los precios intermedios, exige inversiones, pone precios debajo del costo en algunos casos y en otros más altos, etc., entonces se eleva considerablemente la capacidad de manipular de manera oportunista el proceso regulatorio.

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Véase, Spiller (1999), op cit. 17

Por otro lado, cuanto mayor es el ámbito regulatorio, mayor la probabilidad de error regulatorio. Los modelos de texto presumen que el regulador no sólo es benevolente –en el sentido que su objetivo es maximizar el bienestar general- sino que también es omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Pero en la realidad, el regulador está expuesto a tremendas fallas de información. Tampoco es benevolente, ya que está sujeto tanto a presiones políticas como a presiones de los operadores. Por lo tanto, no maximiza lo que los economistas llaman el bienestar social. Más bien, lo que el regulador va a maximizar es un cierto beneficio político, el cual depende naturalmente de su forma de nombramiento y potencial de renovación. Por lo tanto, es fundamental delimitar el ámbito de regulación a aquellos segmentos del sector donde la competencia, actual o potencial, no es factible, y donde la acción burocrática, con sus falencias, es mejor que el mercado, incluyendo sus propias deficiencias. Institucionalizar y estandarizar procedimientos para toma de decisiones regulatorias Dada la amplia variedad institucional y la falta de legitimidad con ella asociada, es importante estandarizar procedimientos para la toma de decisiones regulatorias. En ese sentido, es importante capturar las innovaciones logradas por algunos entes. La utilización de audiencias públicas por el ENRE es particularmente interesante, tanto desde el punto vista de su publicidad como de su organización.

Por otro lado, la publicación de

información y el otorgamiento de plazos perentorios para la introducción de evidencia por partes interesadas en procedimientos regulatorios aumentará la trasparencia y, por lo tanto, la legitimidad del sistema.

A su vez, es necesario estandarizar la publicidad de la

información por parte de los entes reguladores, tanto de sus decisiones, como de los procedimientos regulatorios. Promover la regulación descentralizada y la “autoregulación” En referencia a la primera, es evidente que ella surge como una necesidad en la medida en que, en Argentina, el poder judicial –que es el encargado de controlar, ante un eventual conflicto, las decisiones de los entes reguladores- no es lo suficientemente profesional ni trabaja con los plazos requeridos para una satisfactoria regulación de los servicios

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públicos22. La descentralización regulatoria compensaría este problema ya que –como lo demuestra la experiencia británica con la Monopolies and Mergers Commission (MMC)ella implicaría la necesidad de la opinión de otra agencia reguladora a la hora de tomar decisiones importantes o conflictivas23. En el caso argentino, la descentralización regulatoria podría ser introducida a través de la transformación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en un ente testigo, que participe en decisiones regulatorias importantes y siempre protegiendo los intereses de largo plazo, es decir promoviendo la competencia.

En este sentido, la CDC debería ser consultada en toda decisión que

implicase un cambio en el marco regulatorio. El papel de la CDC sería opinar si dicho cambio favorece a la “competencia”, es decir, si es beneficioso para el bienestar general en el largo plazo. A su vez, la CDC participaría de la misma manera en la renegociación de contratos de concesión. De esta manera se introduciría en el aparato regulatorio una entidad cuya finalidad no esta asociada con el sector y que tiene una perspectiva de largo plazo. Para que esta descentralización sea exitosa, la CDC debe volverse independiente del poder ejecutivo de manera tal que sus decisiones no sean, como lo son actualmente, influenciadas por el quehacer político.

Con respecto a la autorregulación, ella no sólo es deseable, sino que –como lo demuestra el caso neocelandés para la fijación de estándares eléctricos- también es perfectamente posible. Dado que los mercados son muy buenos para desarrollar estándares, éstos no tienen por qué ser desarrollados por las agencias de regulación. Las partes pueden acordar estándares entre ellas, o, cuando haya un problema de coordinación, a través de la autorregulación. Obviamente, la auto-regulación tiene que estar sujeta a que no sea una forma de cartelizar la industria, es decir a la defensa de la competencia. Un ejemplo típico que sirve para mostrar sus potencialidades y virtudes es el plan de numeración en telefonía. No existe lógica alguna por la cual la agencia reguladora tiene que ser la que determina el plan de numeración ya que este puede ser hecho por una empresa privada a través de un grupo independiente de la industria.

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Aún cuando se descentralice la regulación, es fundamental la necesidad de contar con un poder judicial profesional e independiente ya que el rol de las cortes seguiría siendo muy importante. De ellas dependería evitar que se haga una interpretación distorsionada del mandato regulatorio legislativo, así como evitar cambios unilaterales en los términos de las concesiones. 23 El rol de la Comisión Federal de la Competencia en México también ilustra las ventajas de descentralizar las decisiones regulatorias. 19

Otro ejemplo de auto-regulación que amerita ser tenido en cuenta es el de la fijación de calidad en la transmisión de electricidad en Nueva Zelanda. Si miramos cómo se fija la calidad de la transmisión en Argentina, vemos que fundamentalmente se lo hace a través de las multas que la empresa transmisora debe pagar por fallas. Sin embargo, es importante destacar que dichas multas están fijadas en el reglamento de forma arbitraria y sin relación a las necesidades del mercado. Es decir, es probable que el mercado hoy demande un nivel de calidad mayor que el que los trasmisores deseen otorgar dado el nivel de las multas.

En Nueva Zelanda, en donde no existen agencias reguladoras de servicios públicos y los operadores de servicios públicos sólo están sujetos a lo que prevé la ley de defensa de la competencia, la industria de electricidad llegó a su auto-regulación para determinar la calidad sin ingerencia gubernamental24. Promoción de la Competencia Actualmente, y en casi todos los sectores de los servicios públicos, el concepto de monopolio natural es cada vez más obsoleto como fundamentación para justificar la existencia de regulación. El problema asociado a la duplicidad de inversiones ya no refleja, necesariamente, fallas de mercado. Más bien, lo que evidenciaría son fallas regulatorias25, por lo cual su existencia debería indicar al ente regulador la necesidad de ajustar su política regulatoria. Asimismo, y como la libre entrada de operadores es factible en casi todos los segmentos de los servicios públicos, la existencia de monopolios sólo se justificaría si lo que se pretende es mantener la existencia de subsidios cruzados.

Sin embargo, para desarrollar la competencia es necesario que el marco regulatorio esté balanceado, de manera tal que las empresas existentes puedan mantener su competitividad frente a la amenaza de los nuevos entrantes. Para ello, es fundamental que las mismas tengan libertad para fijar los precios. Asimismo, se hace imperioso permitir un rebalanceo de los mismos, permitiendo que los precios se ajusten a los costos, y terminando con la perniciosa estructura de subsidios cruzados.

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Para una discusión de este tema, véase Spiller (1999) op cit. Duplicación de inversiones pude darse tanto porque sean económica y socialmente redituables, como porque reflejan decisiones regulatorias equivocadas que aumentan el costo de la interconexión y promueven por lo tanto la duplicación de redes. 25

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Es importante destacar que, el desarrollo de la competencia tambien requiere cambiar la estructura de incentivos a la inversión. En particular, se deben eliminar los requerimientos de inversión, siendo estos substituídos por una estructura de precios que favorezca la inversión. A su vez, la competencia requiere de un campo de juego nivelado, por lo que es indispensable eliminar el tratamiento discriminatorio hacia empresas existentes. Aplicación a Telecomunicaciones Si tomamos como ejemplo el sector de las telecomunicaciones en Argentina, la reforma que aquí sugerimos debería seguir, a grandes rasgos, los siguientes lineamientos. Primero, y siempre que sea posible, habría que promover la libre entrada de operadores en todos aquellos sectores del mercado potencialmente competitivos. Esto no sólo permitiría simplificar las áreas sujetas a regulación, sino que las reduciría. De esta manera, la regulación debería tender a fomentar acuerdos de interconexión, establecer los mecanismos para la adjudicación del espectro y resolver los eventuales conflictos por utilización del espectro o por acuerdos de interconexión. También debería encargarse de los aspectos relacionados con la provisión de servicio universal, siendo recomendable para tal fin, y con el objetivo de facilitar la transición a un sistema más competitivo, la creación de un “fondo de servicio universal”.

Es importante destacar que, en este nuevo contexto, no habría necesidad de regular precios finales, estándares tecnológicos, ni la utilización del espectro. Más aún, para estas dos últimas actividades sería factible, y deseable, estimular tanto la auto-regulación como la descentralización de funciones regulatorias. Sin embargo, para hacer viable una reforma como la que aquí se sugiere, se requeriría expandir el rol de la Comisión de Defensa de la Competencia. Entre otras cosas, ella debería supervisar que la auto-regulación no lleve a que se establezcan límites para la entrada de nuevos operadores. Además, debería pasar a ocupar un lugar clave entre sus objetivos el procurar que las decisiones regulatorias no lesionen el interés público. En este sentido, resulta sumamente provechosa la experiencia de la MMC británica, así como la de sus pares en Nueva Zelanda y Chile.

Por último, y a fin de incrementar la credibilidad institucional del sistema regulatorio, sería conveniente transformar a la CNC en una agencia independiente. Para ello, se hace imperioso reformar los mecanismos actualmente previstos para la elección de sus

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miembros. Además, habría que avanzar en la delimitación de su papel, así como el del gobierno, en términos de facultades, objetivos y funciones de cada uno.

IV. Conclusiones Los logros obtenidos en esta última década en materia regulatoria han sido sustanciales. Las presiones a las que el sistema regulatorio va a estar sujeto en los próximos años requieren que, para mantener dichos logros, los cambios institucionales aumenten la credibilidad del sistema. Para ello, resulta clave promover la transparencia regulatoria restringiendo su discrecionalidad- y fomentar la competencia. La discrecionalidad regulatoria se limita a través de una especificación y limitación del ámbito regulatorio, así como a través de claros y simples procedimientos regulatorios. Además, a través del fomento de la descentralización regulatoria y de la autoregulación cuando sea ésta posible. Finalmente, la promoción de la competencia actual o potencial -manteniendo intactos los compromisos originales- es un factor determinante en la reducción de la discrecionalidad y del consecuente aumento en la credibilidad del sector. Es importante señalar, sin embargo, que la competencia no puede ser introducida sin a su vez crear un entorno nivelado en el que los diversos operadores puedan competir en igualdad de condiciones.

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