Pueblos Indígenas e industrias extractivas en América Latina. Etnodesarrollo: respuesta nativa al modelo de desarrollo extractivista, caso Colombia

Indigenous Peoples and extractive industries in Latin america and Colombia

Rosa María Duro Montealegre Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia rosa.duro uexternado.edu.co

Resumen: Los indígenas latinoamericanos presentan bajos índices de desarrollo, alta incidencia de la pobreza por la pérdida sistemática de sus territorios. El modelo de desarrollo dominante, conocido como Neo-extractivismo, explotación intensiva de recursos naturales minerales e hidrocarburos, riqueza albergada en territorios ancestrales, expone a estas comunidades a oportunidades de desarrollo, pero también a riesgos para su supervivencia cultural como naciones. En este escenario, los otrora actores subalternos, se visibilizan en el plano glocal y retan los modelos de desarrollo vigentes, como agentes de su propio desarrollo en la defensa y protección de sus derechos desde su identidad cultural y una óptica étnica (Etnodesarrollo), que originada en la cosmovisión, pone en el centro al territorio y a la re-existencia cultural. Palabras clave: pueblos Indígenas, desarrollo, cooperación, extractivismo, etnodesarrollo. Abstract: The current development model in Latin America, called “neoextractivism”, as an intensive exploitation of natural resources, minerals, gas and oil, increases the risk of loss of ancestral land and territories for native peoples and means more underdevelopment and more poverty for them. At this stage, Indigenous Peoples are now challenging this model in defense of their ancestral land, consistent with their original cosmovision. Key words: Extractivism, Development, Native Peoples, Human Rights, Corporate Social Responsability.

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1. Introducción: Neoextractivismo en América Latina Aunque el modelo de economía extractivista, entendiendo éste como la apuesta de los países latinoamericanos en la exploración, explotación y exportación de recursos naturales, minerales, gas y petróleo, ha sido tradicional en la configuración, tanto del desarrollo económico de la región, como de su inserción en la economía mundial ya desde épocas coloniales, este paradigma ha sido re-eactualizado (Acosta, 2009), desde la década de los noventa. Nuevo contexto en el que la tendencia generalizada seguida por las regiones en vías de desarrollo, como América Latina, fue la apuesta por una extracción intensiva de recursos naturales, minerales e hidrocarburos, en los que son ricos y diversos, basados en la creencia, que parte de la teoría económica de las ventajas comparativas, y es que siendo el subcontinente rico en estos recursos, su explotación asegura la vía directa al desarrollo y a la inserción proactiva de sus economías en los mercados globales, donde estos recursos gozan de una demanda en aumento y de gran reputación representada en el aumento de los precios. La actualización de este modelo desde la década de los noventa, en un orden mundial nuevo, en que la región opta por transformar su modelo de desarrollo, tras la década pérdida, adoptando esquemas de apertura económica, en los que el comercio exterior y la Inversión Extranjera Directa, IED, se convertirán en los condiciones fundamentales para el desarrollo, en coherencia además, con el discurso y práctica globalizante, que como la imposición desde afuera de programas de ajuste estructural, se generaliza en toda la región. América Latina a través del regionalismo abierto consolida sistemas de integración subregional de marcado cariz económico/comercial que se suman a estas corrientes Neoliberales del consenso de Washington y a partir de las cuales, establece acuerdos de asociación y/o de libre comercio, TLC´s (con EE.UU., Canadá y la UE) e IED, Inversión Extranjera Directa con otros actores económicos de primera línea, que ven en la región amplias posibilidades de participar de los beneficios de estas exploraciones/explotaciones, situación que dará como resultado un aumento sin precedentes de estas actividades extractivas en el concierto regional, fortaleciendo el antiguo modelo primario-exportador, de recursos no renovables y con precios al alza en los mercados internacionales. Según datos de las décadas de los ochenta y noventa, se evidenciaba un aumento del volumen de exportaciones de América Latina concentradas en productos básicos, en su mayoría no renovables de las que el 88% correspondía a minerales y petróleo (Delgado, 2009) y a combustibles fósiles. América Latina reactualiza su calidad de reserva minera del mundo aumentando su peso estratégico en la geopolítica mundial, así lo corroboran los datos sobre reservas de minerales altamente demandados por países industrializados y que se encuentran en grandes proporciones en la región, entre ellos la bauxita, se estima que el 46% de este mineral se localiza en Suramérica, o del níquel, mineral del que países como Cuba, Canadá, Colombia, Venezuela o Republica Dominicana cuentan con las mayores reservas, o el cobre, que sitúa a Chile como el país que concentra el 40% de las reservas del mismo en el mundo, por no hablar del zinc mineral en el que el continente americano acumula el 35% de las reservas mundiales (Delgado, 2009), a los que se suman el oro, platino, carbón, petróleo y gas.

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Con el inicio del S. XXI se abre un nuevo ciclo minero-energético que dará paso al conocido Neo-extractivismo en la actualidad, caracterizado por el incremento del tonelaje de minerales extraídos, primero, por el aumento de la productividad de Chile y Perú, que será seguida por la mayor explotación de petróleo y biomasa de Ecuador y también en Brasil, y finalmente, desde 2004, se evidencia una intensificación de la actividad minero-extractiva en el conjunto de la región que va en aumento hasta la actualidad. Este momento coincide con un importante aumento de los precios de los metales y de los hidrocarburos en el mercado internacional, que explica la consolidación de América Latina, como área geopolítica determinante, y por tanto, como destino prioritario de la inversión en el sector minero/energético. Se estima que para el año 2007, la región atrajo el 34% de la inversión minera a nivel mundial (CONACAMI, 2009), tendencia que se verá frenada por la crisis financiero-económica, pero que presenta síntomas de recuperación desde 2010. En este nuevo escenario aparecen o aumentan su peso económico y presión política sobre los estados y gobiernos de la región, un actor que como las empresas mineras/petroleras ejecutan los megaproyectos extractivos que operan en la región, o bien en asocio con capitales locales/regionales, o bien como empresas de carácter transnacional. En la actualidad en América Latina hay presencia de las corporaciones mineras más importantes del planeta que por orden de importancia son originarias de Australia, Canadá, EE.UU, Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Según Delgado, más de un tercio de las empresas que operan en la región lo hacen en el sector extractivo minero energético y de ellas la mitad son transmultinacionales1, datos que no incluyen a las empresas que operan en el sector agroindustrial. A pesar de las grandes diferencias ideológicas que hoy caracterizan al complejo mapa político de la región, se constata que el neo-extractivismo y la megaminería son impulsados en la actualidad, como modelo de desarrollo, sin distinción, aunque con distintas variables, desde todos los estados y gobiernos vigentes, que incentivan la extracción de recursos a través de facilitar la Inversión de capital foráneo otorgando seguridad jurídica a las inversiones de las empresas operadora, derechos de exploración, concesiones para la explotación, reducción de impuestos, flexibilidad en la regulación ambiental y laboral, etc… Para referirnos específicamente al caso colombiano señalar, que desde 2005, la minería ha experimentado el crecimiento más alto de su historia, situándose el Producto Interior Bruto, PIB minero en el 15% para el año 2010, tres veces superior al PIB general (en torno al 4,5%), sector que en la actualidad es considerado por el gobierno en funciones cómo el más dinámico de la economía nacional e impulsor de otros sectores, lo que le ha valido la calificación de “locomotora minero-energética” (Seoane, et al., 2011). Se estima que en los próximos 6 años las inversiones en el sector minero superarán los 47.000 millones de dólares. El carbón, el petróleo y el níquel representan el 47% de las exportaciones de Colombia, que según las proyecciones para 2019 se busca multiplicar por 5.

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Algunas Empresas minero-energéticas que operan en la región: BHP Billiton, Angloamerican, Anglogold Asahnti, Cambridge Mineral Resources, Rio Tinto, Vale, Petrobras, Shell, Repsol YPF, Barrick; Occidental, BP; Endesa, Unión Fenosa, Talisman.

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2. El Dilema en la Concepción cosmovisiones enfrentadas

de

desarrollo:

visiones

y

Sobre la implementación de este modelo de desarrollo basado en el extractivismo y generalizado en la región se observan posiciones que parecieran irreconciliables, y que ponen el acento en las distintas conceptualizaciones sobre la función y los usos del territorio. Por un lado la posición de los de los estados, gobiernos y empresas mineras que caracterizamos arriba, en pro de la explotación de los recursos y del extractivismo como principal fuente de recursos financieros y motor fundamental de la inserción global de las economías nacionales, y del otro lado, la de los pueblos originarios, movimientos sociales de base étnica que tienen en el territorio la base de su cosmovisión, al que consideran la matriz de su identidad cultural y sobre el que tienen una misión ancestral de defender y conservar como hijos de la naturaleza a la que consideran como la madre, es por eso que generalmente se oponen a la explotación de estos recursos con argumentos que parten desde la cosmovisión, y de la crítica a un modelo, que basada en experiencias pasadas, no se ha traducido en mayores índices de desarrollo sobre las poblaciones y territorios afectados. El resultado: un aumento sin precedentes de lo que en la actualidad se denominan conflictos socio-ambientales o en nuestra consideración, etnoambientales. En América Latina la riqueza en biodiversidad, que hacen de la región uno de los reservorios más importantes en recursos naturales, minerales y de hidrocarburos del planeta, coincide con una importante diversidad cultural. En el subcontinente latinoamericano, y según los últimos censos realizados en 2005, se estima que existen aproximadamente 50 millones de indígenas, alrededor del 12% de la población total, distribuidos desigualmente, siendo países como Guatemala, Bolivia y Perú los que presentan mayores concentraciones de población nativa, superior al 50% del total, en comparación a Colombia, país, en que según la Organización de Indígenas de Colombia, ONIC, los indígenas colombianos están en torno al 3,3% de la población, con más de 1´392.623 millón de nativos (ONIC, 2010). La paradoja es que habitando en territorios que los nativos consideran ancestrales y que albergan una desproporcionada riqueza en recursos naturales y minerales, muchos estudios de organismos multilaterales coinciden en señalar las condiciones de pobreza extrema en que viven los pueblos originarios en la actualidad, lo que se ha dado en llamar “la maldición de la abundancia”, achacando sus causas a la pérdida sistemática de sus territorios y convirtiéndose en los colectivos sociales más vulnerables. En un Informe del Banco Mundial sobre la situación socio-económica de los nativos americanos en la actualidad, titulado “Pueblos Indígenas, Pobreza y Desarrollo Humano en América Latina” se concluye que: “Hay pocos resultados que mostrar en términos de reducción de pobreza en los pueblos Indígenas durante el desarrollo de las décadas Indígenas promovidas por Naciones Unidas (94-2004 y de 2005 a 2015) y en el cumplimiento de los ODM, Objetivos del Milenio, que en primer lugar reta a la comunidad internacional a la lucha sin cuartel contra la pobreza extrema. Que los pueblos indígenas se recuperan de forma más ralentizada de las crisis económicas y financieras cíclicas. Que la brecha de la pobreza ha aumentado entre los indios latinoamericanos desde los noventa, en lo que podríamos denominar una “segunda década pérdida” para estos

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pueblos. Que estos colectivos continúan teniendo menor cantidad de años de educación formal y problemas referentes a la calidad de la misma”. Los territorios, hoy catalogados como megadiversos coinciden geográficamente con aquellos poblados y en muchos casos reconocidos legalmente, a través de títulos sobre la propiedad colectiva tanto del territorio como de los recursos que este alberga, por los estados latinoamericanos, por poblaciones nativas o indígenas. En la actualidad los Pueblos Indígenas se encuentran en la encrucijada de la crisis del desarrollo sostenible, enfrentando retos en una relación de fuerzas que los sitúan entre la extinción y la supervivencia cultural como pueblos en un renovado orden global. El impacto de la globalización es más fuerte sobre estas poblaciones debido a los efectos múltiples que este nuevo régimen transnacional tiene sobre sus territorios y que amenazan su existencia, entre ellos y sobre todo, por el interés que suscitan los territorios indígenas en la actualidad por parte de nuevos actores protagonistas de la globalización, compañías transnacionales, y por la apuesta desde los estados y gobiernos latinoamericanos por un desarrollo basado en la economía extractiva que entienden, caracterizará su inserción en el sistema internacional globalizado, debido a la riqueza en recursos naturales como agua, biodiversidad, minerales, energías fósiles y recursos genéticos, que hoy son vistos como vitales para el desarrollo del sistema capitalista transnacionalizado. La globalización no ha hecho sino empeorar esta condición de marginalidad, que basada en acuerdos entre estados y gobiernos sin contar la participación de estos colectivos, los sitúan de nuevo en una posición subalterna. Es una constatación que los pueblos originarios de la región han desmejorado, aún más si cabe, su situación socio-económica. En este contexto es común desde la mirada indígena, percibir y entender a la globalización como un eufemismo de una segunda oleada de colonización de sus territorios. Los pueblos indígenas, han tenido que construir su identidad política al interno del estado-nación que mediaba y todavía media en su relación con el resto del mundo, desde hace dos décadas se han visto obligados a transcender esta esfera nacional y se encuentran, en la actualidad, subordinados a nuevas formas de gobernanza, ahora internacionales. Es lo que Boaventura de Sousa llama el cosmopolitismo subalterno refiriéndose a movimientos sociales de resistencia que se oponen a la globalización neoliberal en prácticas contra hegemónicas enfrentando la exclusión que genera el proceso económico transnacionalizado (De Sousa, 2009). Según un informe del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas (ONU, 2009), los pueblos originarios consideran a la industrias extractivas en la actualidad, como una de las amenazas más importantes a su supervivencia, según el informe las industrias mineras, petroleras y de gas tienen un impacto negativo sobre estos pueblos y sus territorios y son la causa fundamental de violaciones de derechos como la autodeterminación, el derecho a la tierra y los recursos naturales, la salud, la cultura, la soberanía alimentaria, el agua y otros asociados al desplazamiento forzado, las masacres y la militarización de sus territorios.

3. Derechos para el desarrollo y Desarrollo de los derechos: Desde la década de los ochenta las organizaciones indígenas pasan de tener actitudes de resistencia hacia posiciones en defensa de sus derechos, en la que se resalta el papel histórico

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jugado por el territorio desde una perspectiva cultural, que ha sido central a la hora de moldear sus demandas hacia los estados contemporáneos y hoy hacia la comunidad internacional, en su intención, no solo de ser reconocidos como naciones/pueblos diferentes sino en una demanda de autonomía, que basada en instituciones de acuerdo a leyes de origen, pretenden generar gobiernos propios (Gabriel, et al., 2005). La lucha histórica por la defensa del territorio/tierra, vincula, en el caso de los movimientos indígenas contemporáneos, la tradicional lucha de clases que los confronta con los sectores económicamente dominantes de las sociedades latinoamericanas, entiéndase terratenientes, y por otro, un conflicto étnico, en el que el territorio desde la cosmovisión ancestral, es considerado como la base de la identidad cultural y organizacional de los pueblos y es su misión defenderlo como la madre, lo que los opone al resto de la sociedad no indígena en una lucha por el reconocimiento como sujetos de derechos desde su especificidad diferencial. Las reivindicaciones territoriales se concentran en evocar la ancestralidad del territorio para el “reencuentro”, la “recuperación” o la “conservación” cultural y su pervivencia como pueblos. Estas luchas pacíficas se han traducido recientemente en avances significativos en los marcos normativos/jurídicos, que cada vez son más inclusivos y pluralistas en el reconocimiento de la existencia de estos colectivos y de los derechos diferenciados que como pueblos específicos les corresponden. Es por eso importante resaltar el papel jugado por la Comunidad Internacional, específicamente Naciones Unidas, que se ha erigido desde hace tres décadas, en pionero en este reconocimiento formal (Gómez, 2007). La creación de Convenciones como la 169, de la OIT (que introduce la obligatoriedad del consentimiento libre e informado a las comunidades cuando su territorio se fuera a ver afectado por la implementación de normas o proyectos), de la Organización Internacional del Trabajo y ratificada por Colombia, o la aprobación más reciente de la Declaración Universal de los derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en 2007, ratificada por Colombia y en proceso de ratificación, son solo dos ejemplos de cómo el escenario internacional se ha constituido como acicate para presionar moralmente a los gobiernos nacionales en la definición de unos mínimos estándares jurídicos que garanticen la protección de los derechos de estos pueblos. Hoy todas las Constituciones en América Latina, en vigor desde los años 90 y algunas de ellas en proceso de reforma o reformadas recientemente, garantizan formalmente el principio de no discriminación y los derechos humanos de estos colectivos: introduciendo el uso del término pueblos indígenas, reconociendo la composición multicultural y pluriétnica de las sociedades del continente, refiriéndose a los derechos colectivos sobre los territorios ancestrales, algunas incluyen el derecho a la educación propia de acuerdo a sus patrones culturales, las menos oficializan las lenguas indígenas como oficiales donde son predominantes (Bolivia), en general reconocen el derecho propio y el role de las autoridades tradicionales sobre las comunidades, las más inclusivas reconocen sistemas de justicia indígena y la representación en los cuerpos políticos de estos colectivos, también se muestran avances en el reconocimiento de la autonomía en la administración local y menos en la autonomía regional. En estos momentos son los nuevos constitucionalismos de Ecuador en 2008 y Bolivia y 2009, los más integrales en el reconocimiento de la autonomía y el autogobierno indígena, ya que parten de la constitución de un estado intercultural y plurinacional, e incorpora la filosofía del Buen Vivir, Sumak

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Kawsay2, un alcance impensable en gobiernos previos, que sin duda plantea nuevos desafíos por analizar como la reconfiguración en la distribución del poder y el territorio y por consiguiente las modificaciones del estado en los territorios con autonomía, como nuevas entidades jurisdiccionales que retan a la organización político-estatal. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas hace énfasis en el derecho a la libre determinación3 como un derecho humano, tema sin duda controvertido, ya que adaptada a las necesidades de los pueblos indígenas, proporciona un marco legal que posibilita las autonomías indígenas en sus territorios ancestrales, bajo sus autoridades tradicionales y de acuerdo a formas de gobierno propios, conforme a las leyes de origen y compromete a estados para garantizar tales condiciones a los pueblos indígenas. La declaración, que toca temas muy sensibles como el enfoque colectivo de los derechos indígenas, los territorios, los recursos estratégicos presentes en ellos y su manejo, la educación intercultural, los conocimientos tradicionales, etc.., y establece unos mínimos estándares para su protección ha sido muy controvertida. Si bien la Declaración supone un punto de inflexión importante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y en el posicionamiento en la agenda internacional de los temas y problemas indígenas, y es vista por numerosas organizaciones étnicas como un hito (Bastidas, 2007) en su relación histórica con el estado y la comunidad internacional, su creación como instrumento jurídico no vinculante puede relegarla a un papel secundario como una declaración ideal de intenciones, pero con escasas posibilidades de ejercicio práctico. Las diferencias entre la teoría y la práctica social de los pueblos en la América contemporánea son notables, a pesar del incremento de la influencia política de los movimientos indígenas en las dos últimas décadas, esto no se ha traducido en mayores índices de desarrollo en los campos social y económicos para estas poblaciones, que continúan sufriendo de mayores índices de pobreza, menores niveles de educación, mayor incidencia de enfermedad y discriminación en comparación a otros sectores sociales que otros sectores sociales en la región (Rey, 2007).

4. Colombia: indígenas en negro En Colombia, con un 3,3% de población indígena, aproximadamente un 1,3 millones de nativos y 102 pueblos, de ellos sólo 87 reconocidos por el estado colombiano dispersos en el territorio nacional, el escenario se complejiza, según un reciente informe de la ONIC, titulado: Palabra Dulce, Aire de la vida, forjando caminos para la pervivencia de los Pueblos Indígenas en vías de Extinción en Colombia, los pueblos indígenas del país se encuentran en una grave situación que amenaza su supervivencia, se estima que los nativos de Colombia 2

El concepto del Buen Vivir se basa en la cosmovisión indígena/ancestral que explica las relaciones humanas y las relaciones hombre naturaleza como un todo integral desde la lógica del equilibrio y la complementariedad. Este enfoque ancestral está basado en dinámicas colectivas, alternativa al pensamiento occidental que parte del individuo y de un modelo depredador con el medio ambiente. 3 “Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico y cultural”, Artículo 3, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Asamblea General de Naciones Unidas, 2007, disponible en www.un.org

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están en vías de extinción y se identifican dos causas fundamentales que explican esta situación, ambas estarían mutuamente relacionadas. Por una lado la violación de derechos fundamentales se problematiza radicalmente con la persistencia de un conflicto antiguo, en que los pueblos y territorios indígenas son los más afectados. A pesar del reconocimiento institucional y constitucional, (se considera que Colombia con la constitución del año 91 tiene uno de los marcos más integrales en la protección de esta minoría étnica), existen todavía enormes retos que enfrentar para garantizar la promoción plena de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que son vulnerados en un contexto de violencia extrema y que convierte a estas naciones en objetivos de guerra, con efectos devastadores que amenazan su supervivencia. Hasta los años ochentas los territorios indígenas estuvieron por fuera del conflicto histórico que vive el país, a partir de esta década empiezan a hacer presencia en las regiones indígenas, distintos actores armados en conflicto como la guerrilla de las FARC y los grupos paramilitares, con el fin de obtener el control territorial en estas zonas para extender los cultivos de uso ilícito, que como la coca y la marihuana se convertirán desde entonces, en el combustible que financia esta guerra. La presión del ejército colombiano sobre las fuerzas irregulares, convertirán a los territorios indígenas en campos de guerra, y a estas poblaciones, en objetivos militares en medio del fuego cruzado. Como resultado de la intensificación del conflicto, la violencia política contra los pueblos indígenas se incrementará durante los años 90, a pesar de su apuesta histórica ahora retomada, por la neutralidad y oposición a la guerra y de mantener a sus territorios como espacios de paz (Caviedes, 2007). En las últimas dos décadas, y de acuerdo a informes de organismos multilaterales, han sido reportados, al menos, tres mil casos de violaciones de derechos humanos en este conflicto contra la sociedad civil. Estos actos de violencia etnocida y genocida son atribuibles a todos los actores armados, irregulares, guerrillas paramilitares y también, en casos puntuales, al ejército y policía nacional. Según estimaciones de la Vicepresidencia de la República, la tasa de violencia en las municipalidades indígenas (Observatorio de Derechos Humanos, en internet, 2003) era 100 veces mayor que la media nacional en los inicios del S. XXI. En un relato breve y trágico de las violaciones extremas de los derechos humanos (Stavenhagen, 2004) encontramos: la amenaza a la pervivencia física de estos pueblos en una cantidad de masacres perpetradas contra ellos y que les ha valido la conceptualización de verdaderos genocidios, como por citar solo uno, el caso del pueblo Kankuamo, hoy considerado como pueblo en vías de extinción, el minado de los territorios indígenas, por su importancia geopolítica, ha sido responsable de la muerte según UNICEF de más de 200 indígenas, en Colombia se estima que aproximadamente los municipios afectados por las minas anti-personales ascienden a 422 en 30 de los 32 departamentos del país. Los asesinatos selectivos a líderes y lideresas indígenas, con el fin de amedrentar las resistencias indígenas y obligarlos a abandonar sus territorios ancestrales y decapitar a las emergentes organizaciones de base étnica. Resaltar la alta incidencia del desplazamiento forzado (Colombia es el país con mayor cantidad de desplazados internos, 4 millones de personas), sobre los nativos indígenas, se estima que el 20% de los desplazados internos son indígenas en especial mujeres y niños que generan flujos transfronterizos hacia el Ecuador, Venezuela y Panamá, muchos de ellos en condición de refugio (CODHES, en internet). El secuestro y la desaparición forzada también son crímenes de lesa humanidad que se han etnitizado. El bloqueo en el acceso de alimentación a las comunidades indígenas ha sido otra estrategia de los armados para el control territorial, que se 8

ha saldado con la muerte de niños y ancianos, sobre todo de la Sierra Nevada de Santa Marta, amenazando su seguridad y soberanía alimentaria. Otra expresión de la guerra sobre estos pueblos es la gran incidencia del reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos armados. Esta situación de emergencia humanitaria ha generado, lo que los psicólogos denominan, un trauma social con respuestas por parte de algunos pueblos de suicidios colectivos, la incidencia de estos eventos es superior sobre las poblaciones indígenas. Finalmente la guerra contra las drogas y contra el terrorismo, centrales en la inserción de Colombia en el sistema internacional contemporáneo, no han hecho sino aumentar la vulnerabilidad de estas poblaciones a las violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto. Por otro lado otra de las causas que el informe mencionado identifica como fuente de violación a los derechos humanos y de autodeterminación sobre los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, es la cada vez mayor presión sobre unos territorios que suscitan un interés al alza por los recursos estratégicos que se encuentran allí ubicados, se establece que el 80% de las áreas de interés en minería e hidrocarburos coinciden con territorios indígenas y afrodescendientes. Los megaproyectos minero-energéticos, la agroindustria y la construcción de represas hidroeléctricas han sido identificadas como una amenaza fundamental a la supervivencia de estos pueblos por los impactos socio-culturales: (militarización de los territorios, desplazamientos forzados, empleos de baja calidad, monetarización y cambio en patrones de consumo, prostitución, alcoholismo, enfermedades por contaminación, vulnerabilidad de la seguridad y soberanía alimentaria, ) y ambientales (contaminación de fuentes de agua y territorio, consumo de agua por la industria extractiva, desaparición de fauna y flora nativa, la degradación de los bosques ocasionan la erosión del suelo, la pérdida de diversidad biológica, la degradación de las cuencas, conllevando al empeoramiento de la calidad de la vida y la destrucción de culturas y pueblos indígenas y campesinos, deforestación, cambio climático) que generan y que han sido ampliamente analizados de acuerdo a experiencias pasadas. Según CECOIN, Centro de Cooperación al Indígena, y según datos de 2008, el 65% de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno estaban situadas en territorios indígenas o afrodescendientes4, “530 mil hectáreas contratadas con particulares en territorios indígenas 4

“A la multinacional Kedahda S.A. le han asignado la mayor parte de los contratos y licencias mineras de todo el país, que cubren 435 mil hectáreas de los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar, Quindío y Tolima, para explotación de oro, plata, molibdeno, cobre, zinc y otros concesibles preciosos. Esta sola empresa, , concentra el 15% de los títulos mineros. Le siguen en extensión de áreas asignadas, Acerías Paz de Río, Cerromatoso S.A., Carbones del Cerrejón, James Valdiri Reyes (representante de Fox Sport en Colombia y apoderado de la Muriel Mining Corporation), Mineros S.A. (antes Mineros de Antioquia S.A., que desarrolla la mayoría de sus actividades en el bajo Cauca), Germán Rubio Maldonado representante de Sociedad Coal Corp. Colombia), Drummond Ltda., Cementos del Caribe, Minerandes, Greystar Resources Ltd. y la Muriel Mining Corporation. Estas once empresas y contratistas, junto con la Kedahda, concentran el 50% de la extensión total de los contratos de concesión. Excluyendo la industria del carbón y los materiales de construcción, la participación de la Kedahda en el total del territorio colombiano entregado a las mineras representa más del 33%. Sólo en los departamentos del Chocó y Antioquia es concesionaria de 236 mil hectáreas en producción aurífera y de otros metales preciosos. El 63% de las extensiones concedidas para metales preciosos han sido entregadas a solo seis empresas (Kedahda, Cerromatoso, Mineros S.A., Germán Rubio, Mónica Uribe Pérez y la Greystar Resources Ltd.), mientras 242 concesionarios menores solo tienen el 20% (tabla 3). Las concesiones de carbón se concentran en un 42% en las primeras seis empresas (Carbones del Cerrejón, James Valdiri Reyes,

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son zonas de exploración y explotación de oro, plata, platino, molibdeno, cobalto, asociados con cobre y cinc. Las concesiones auríferas que afectan a los pueblos indígenas se concentran especialmente en Antioquia, Córdoba, Chocó, Caldas, Risaralda, Huila, Tolima y Cauca, aunque en Nariño y Valle también se han asignado porciones significativas. Y al igual que el conjunto del país, la Kedahda, Mineros S.A., Cerromatoso, la Muriel Mining Corporation, Bateca Seca S.A., Mónica Uribe, Minerales del Darién y James Valdiri, son los principales empresas concesionarias” (Tobón, en internet). Según un documento de la organización colombiana CENSAT AguaViva en asocio con Friend of the Earth en la actualidad, 17 millones de hectáreas hacen parte de los campos petroleros antiguos y recientes adjudicados a las empresas petroleras, gran parte de ellas ubicadas en grandes extensiones de bosques y territorios indígenas. El desarrollo de la industria petrolera en el país ha significado la destrucción de sus bosques y la destrucción cultural y física de algunos pueblos indígenas. Gran parte del territorio colombiano ha sido intervenido por la actividad petrolera perdiendo sus reservas forestales entre ellas en amenaza: las selvas del Magdalena Medio, del Catatumbo y del Putumayo (Amazonía). Pueblos indígenas como los Yariguies fueron exterminados y algunos diezmados como los Motilones, Cofanes y Guahibos. Hoy los pueblos U´wa, Siona, Sikuani, Saliba entre otros se encuentra amenazados por un desarrollo petrolero en su territorio ancestral que podría destruir sus bosques, su vida y su cultura. Los prospectos petroleros están por intervenir las áreas selváticas más conservadas del país: el Chocó biogeográfico, la Amazonía y la Orinoquía. El informe concluye diciendo: “En Colombia muchos de los conflictos sociales están relacionados con el pasado, el presente y el futuro de nuestros bosques. Los bosques albergan gran parte de nuestra biodiversidad y en ellos habitan la mayor parte de los 87 pueblos indígenas colombianos” (Roa, en internet). Según los voceros de las organizaciones indígenas estas concesiones desconocen el derecho ancestral de las poblaciones al territorio y generan conflictos entre los pobladores locales y las empresas interesadas en la explotación. En el contexto actual existe un conflicto de intereses que se traduce también en una contradicción en el entramado legal que por un lado protege a los derechos de los pueblos indígenas al territorio como: la constitución del 91, la consulta previa, Convención 169 OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas a las que se suman la reciente Ley de víctimas y Ley de tierras, que reconocen el carácter colectivo de la propiedad de los territorios, y que por otro, otras normativas también vigentes como el Código de Minas, Ley 685 y los recientes acuerdos de libre comercio que fomentan la inversión extranjera en estas actividades minero-energéticas, abren el territorio indígena a la explotación de estos recursos.

5. Los Pueblos Indígenas en la Cooperación al desarrollo: de la Subalteridad al proactivismo Debido a sus condiciones de vulnerabilidad ampliamente reportadas arriba y a sus Drummond LLC y Drummond Ltda., Acerías Paz del Río y Minerandes), mientras el 41% de las concesiones de materiales”. Información extractada de: Tobón, P, 2009 “Colombia: Minería y pueblos Indígenas” en Enlace Indígena, disponible en http://movimientos.org

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condiciones históricas de marginalidad política en los escenarios intra-estatales de América Latina, los pueblos indígenas fueron identificados desde los años 70 como colectivos vulnerables por el sistema internacional de Cooperación al Desarrollo, y por tanto, como beneficiarios de ayuda neta con el objeto de auxiliarlos en la superación de las condiciones materiales de pobreza. Dentro del sistema de cooperación internacional, el esquema vigente y hegemónico, para la época, el Norte/Sur, estaba y está basado en la constatación de los desequilibrios entre países desarrollados/subdesarrollados y direcciona recursos múltiples, en cuanto su origen y composición, y multinivel, en cuanto a los actores que involucra, desde los estados más ricos, donantes, hacia las regiones más pobres del planeta con el fin de incorporarlos a la corriente del desarrollo. Para el caso de la UE, reconocida, como el donante más importante de cooperación y responsable del 57% de la ayuda oficial al desarrollo y de la ayuda humanitaria mundiales (UE, en internet) la política de cooperación pronto se instrumentalizó como eje en su proyección internacional, en particular en el acercamiento con América Latina, en momentos en que las relaciones estaban reducidas a temas como la paz, los derechos humanos, la democratización, quedando de alguna manera marginado el tema comercial, por el escaso nivel de desarrollo de estas economías. En este periodo prima una visión unilateral de las relaciones en las que la CEE (Duro, 2003) se compromete como donante de ayuda para la superación de situaciones de emergencia, como desastres naturales y apoyo a sectores marginales de las sociedades latinoamericanas, es aquí, donde aparecen los pueblos indígenas en el rádar de la Comisión, desde la clásica ayuda al desarrollo pero “sin reconocer la importancia como interlocutor político de los países latinoamericanos” (Palmer, 2002) y mucho menos, de los pueblos, como sujetos de derechos políticos. En 1976 la CEE adopta el primer programa de cooperación al desarrollo con los “Países No Asociados”, de los que hacen parte tanto países asiáticos como latinoamericanos, basado en la tradicional Ayuda al desarrollo a través de la Ayuda Financiera y Técnica. “La cooperación al desarrollo se convertirá en los años setenta en uno de los instrumentos privilegiados de la incipiente acción exterior de la comunidad” (Sanahuja, 2002). Durante la década de los ochenta y con las transformaciones sufridas por América Latina, como resultado de distintos procesos generales en la región, entre los que se señalan la ola democratizadora y la emergencia de un nuevo modelo económico aperturista, los nuevos desafíos para el subcontinente, que marcarán también sus relaciones con la Europa en construcción, fueron los problemas de desarrollo generados por el aumento de las desigualdades y la injusticia social, que tuvieron como consecuencia un crecimiento sin par de la pobreza. En este contexto las relaciones con Europa se verán contaminadas por estas circunstancias y serán aprovechadas por la CEE para hacer presencia, gestionando como donante programas sociales, y cuya puesta en marcha “supondrá el aumento de la presencia en la subregión de numerosas ONG’s gracias al aumento de los recursos destinados a este rubro” (Freres, 2001). Desde la década de los noventa y con la firma de los acuerdos de tercera generación, nuevo marco en el que se basarán las relaciones de cooperación de la UE con América Latina, el esquema de la ayuda se moderniza y aumenta la canalización de recursos hacia los colectivos más vulnerables de los estados latinoamericanos, se estima que Europa es responsable del 62% de la ayuda total recibida por la región a través de programas como ALA en esta época. 11

Así mismo la clásica asistencia Financiera y Técnica incursiona en esferas novedosas de la cooperación, entre ellas se señalan: “planes para promover los derechos y libertades fundamentales de la mujer y su completa integración en el proceso de desarrollo, y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y el respeto a su identidad cultural, junto con los proyectos y programas para proteger el medio ambiente (gestión de la selva tropical, contaminación urbana, etc.). La asistencia financiera y técnica se financia mediante la línea presupuestaria B7-310, para el año 2000 tiene asignado 197 millones de euros” (Diputación de la Coruña, en internet). Es en este contexto los Pueblos Indígenas de la región fueron objetivados como receptores de ayuda al desarrollo. Sin entrar en profundidad a evaluar los pros y los contras que estas intervenciones han tenido en las últimas décadas en la situación de desarrollo de estos colectivos y entendiendo que el desarrollo no es un concepto unívoco ni estático, muchas preguntas giraron en torno a estas intervenciones: ¿De qué forma las agencias multilaterales han intervenido en el proceso de autodeterminación de Pueblos y Comunidades?, ¿Cómo las organización indígenas han moldeado su discurso y acción para adecuarse a la las políticas de financiación y acceder a recursos?, ¿la cooperación económica ha contribuido realmente al fortalecimiento de la autodeterminación del movimiento indígena?, las respuestas en general han sido muy críticas y las más comunes que se evidenciaron fueron: el enfoque unidireccional en las políticas de cooperación al desarrollo, que fueron diseñadas por los donantes, a menudo desconociendo el contexto territorial y cultural de los pueblos donde se implementan los proyectos, y peor sin consultar previamente sobre la pertinencia de la ejecución de los mismos. La filosofía paternalista que caracterizó el espíritu de la cooperación al desarrollo, debido a la falta de confianza en estas comunidades como gestores de su propio destino, el asistencialismo, que generó grandes dependencias de la ayuda exterior, entre otros, por no incentivar y fortalecer el desarrollo de capacidades propias que promovieran la sostenibilidad económica y la continuidad en el tiempo de los programas, la reincidencia en el patrón asimilacionista que continuaba entendiendo el desarrollo desde un enfoque hegemónico y que desconocía las bases culturales identitarias de las comunidades y la aculturación como consecuencia de la imposición reiterada de modelos de desarrollo foráneos y descontextualizados, entre otras y que finalmente dejaba sin resolver las cuestiones que se proponía solucionar, y reincidía en la consideración de los pueblos indígenas como objetos y actores subalternos en la definición de su propio desarrollo. En los albores del siglo XXI se empieza a evidenciar la necesidad de cambios en los esquemas de cooperación que modifiquen el papel y la posición de los pueblos indígenas en relación con los donantes. Estas transformaciones se configuran en un nuevo escenario en el que por un lado, los pueblos indígenas, tras largos siglos de luchas pacíficas, empiezan a visibilizarse como actores sociales y políticos de primera línea en las región, que con la consolidación de organizaciones propias, verán reflejadas sus demandas, al menos en términos legales, en los marcos constitucionales y en toda una jurisprudencia internacional (ONU, 2007), que obliga a los estados, gobiernos y a la Comunidad Internacional a su reconocimiento como agentes de desarrollo y a la protección de sus derechos desde su identidad cultural. Por otro lado es necesario reconocer en este contexto el ejercicio de autoevaluación, que desde los agentes protagónicos de la cooperación al desarrollo, 12

entiéndase los donantes, ha servido, al menos en términos discursivos, para reorientar el cómo se realizan este tipo de intervenciones con y en los pueblos originarios. En un Informe de la de la Comisión Europea sobre el “Progreso del trabajo con los Pueblos Indígenas” y que data de 2002 se constata el debate interno desde los donantes en esta línea, que con el fin de mejorar la eficacia de la ayuda, entendiendo esta como la “mejora en la capacidad de impacto de los siempre limitados recursos destinados a la ayuda al desarrollo” (Alonso, 2010) y en consonancia con los ODM, Objetivos del Milenio, en los que se definen la erradicación de la pobreza extrema y la igualdad de género como prioridades de la Agenda del Milenio, realiza un diagnóstico integral de lo que ha sido la cooperación desde la UE con estos colectivos y permite, desde la autocrítica, reorientar estrategias de desarrollo en estas comunidades. El informe comienza reconociendo que “La participación activa de los pueblos indígenas desempeña un importante papel en el proceso de desarrollo, pues permite que dichos pueblos, a menudo vulnerables y desfavorecidos, modelen su propio desarrollo”5 y parte de la necesidad del requerimiento al procedimiento de consulta previa 6 cuando se vayan a ejecutar proyectos en territorios y comunidades nativas, asimismo y teniendo en cuenta las partidas presupuestales que para el periodo de 1998-2000 ascendieron a 21,9 millones de euros, se constata la prioridad desde la UE en continuar financiando proyectos enfocados al mejoramientos de la calidad de vida de estas poblaciones. En relación a lo anterior también es importante resaltar los esfuerzos entre los donantes en la inclusión del enfoque de coherencia de políticas, con el fin de evitar la colisión entre políticas públicas internacionales, que puedan o estén amenazando los objetivos de desarrollo. La coherencia de políticas públicas, línea teórica reciente que analiza la coordinación entre distintas Políticas Públicas y su complementariedad, hace referencia al interactuar de distintas políticas para el logro de objetivos compartidos, se refiere específicamente a la congruencia entre objetivos políticos y los instrumentos aplicados (Olivié, et al., 2006), en este caso en el ámbito externo o supraestatal, que hace referencia a las posibles contradicciones en la implementación de diferentes políticas comunitarias en el mundo en desarrollo. Siguiendo esta línea teórica, es necesario analizar en profundidad la relación, a menudo compleja y de difícil equilibrio, entre, por un lado los crecientes intereses y objetivos de la política comercial y de inversión de la UE y de las empresas multinacionales de este continente, en regiones de creciente importancia geopolítica, y por otro, la ayuda al desarrollo destinada a poblaciones vulnerables en los mismos territorios estratégicos, situación que da cuenta de las incoherencias que se plantean en la consecución de objetivos comunes en lo que a política de desarrollo se refiere. El aumento de la IED en sectores extractivos (minero-energéticos), hoy considerados estratégicos y en los que la región es rica y abierta a su explotación, puede interferir con los procesos de etno-desarrollo apoyados por la cooperación europea en territorios indígenas donde operan multinacionales de la UE en la explotación de estos recursos, proyectos extractivos que las comunidades nativas han señalado como amenaza para su supervivencia, resaltar avances de la UE en la incorporación de mecanismos internacionales de protección a 5

Al respecto consultar Cooperación con los pueblos Indígenas, Informe de la Comisión al Consejo, de 11 de junio de 2002, sobre el progreso del trabajo con los pueblos indígenas [COM (2002) 291 final - no publicado en el Diario Oficial] disponible en http://europa.eu. 6 Convenio 169 “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes”, OIT, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra 1989. Disponible en www.ilo.org.

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las comunidades como la consulta previa, que actualmente el BEI y el BERD, establece como prerrequisito obligatorio antes de intervenir en proyectos de inversión cuando se vean afectados territorios y comunidades nativas (Duro, 2012, en prensa). El esquema hegemónico de la Cooperación al desarrollo desde el enfoque norte- sur y debido a las incoherencias que plantea en la resolución de los problemas de desarrollo, para los pueblos indígenas, está siendo retado por un esquema, que si bien no es nuevo, algunos autores hablan de su surgimiento en la década de los cincuenta en la etapa del desarrollismo, está adquiriendo cada vez más protagonismo en las regiones en vías de desarrollo, nos referimos a la llamada Cooperación Sur-Sur, marco en el que en la actualidad se vigorizan las relaciones internacionales de América Latina, estrechado lazos entre los países del sur del continente americano y entre ellos y otras regiones del mundo en desarrollo. La Cooperación Sur-Sur opera desde los sistemas de integración económica y política, sistemas en transición en América Latina, entre los que conviven antiguos como la CAN, Comunidad Andina o el MERCOSUR, con los novedosos UNASUR o ALBA, esfuerzos de regionalización que tienen como fin esencial aumentar el perfil de América Latina en las relaciones internacionales contemporáneas y su inserción proactiva en el nuevo orden mundial y a través de bloques, creados para hacer más efectiva la negociación en foros internacionales en cuanto a posicionamiento comunes sobre los temas de la agenda internacional, un ejemplo reciente son los BRIC´s, del que hace parte Brasil como potencia regional. En todos ellos la Cooperación Sur-Sur aparece como un pilar estructurador que moldea las políticas exteriores, tanto de los estados miembros, como de las políticas exteriores comunes. Se estima que en la actualidad dentro la Cooperación Sur-Sur se movilizan recursos en ascenso, que desde los llamados donantes emergentes, ascendían ya para el 2006 a casi el 10% del total de la asistencia al desarrollo (Civil Society Voices for Better Aid, en internet). La cooperación Sur-Sur es un escenario que si bien no es excluyente, rediseña de acuerdo a lógicas, tiempos, necesidades y objetivos propios las líneas rectoras del tradicional enfoque norte-sur en términos de cooperación. Los mecanismos de la cooperación entre los países de la cooperación sur-sur, parten de una situación similar de los actores en términos de desarrollo, de la identificación de problemas compartidos que los aquejan, entre ellos la gran incidencia de la pobreza y la desigualdad en América Latina y de contar entre sus poblaciones con importantes contingentes de población nativa. Se entiende por Cooperación Sur-Sur “como aquella cooperación que otorgan unos países medianamente desarrollados a otros de similar o menor desarrollo e áreas o sectores en las que han logrado éxitos o han adquirido una experiencia propia, y se pueden entender mediante diferentes mecanismos de intercambio (técnicos, económicos, científicos, etc.) para contribuir al desarrollo de capacidades en otros países, generando redes de cooperación, no solo en el ámbito institucional sino en el social” (Ojeda, 2010). La Cooperación sur-sur se define tanto desde la posición y el papel que ocupan los actores, entre los cuales la relación, de acuerdo al grado similar de desarrollo es más simétrica, y por la multiplicidad de agentes involucrados que adquieren igual importancia en su diseño y ejecución, además por la diversidad de recursos que moviliza, que van más allá de los meramente financieros. El beneficio mutuo, de acuerdo a la identidad entre donantes/receptores y la solidaridad son principios que moldean este esquema, en el que los 14

componentes socio-culturales y políticos son protagónicos, ampliando la lógica economicista de los marcos tradicionales. La cooperación sur -sur propende por unas relaciones en pie de igualdad y de cooperación mutua y en la que si bien, la composición de sus actores no está todavía claramente definida en el proceso de transición que viven las relaciones internacionales, ya que los estados y gobiernos siguen siendo los promotores a través de acciones desde el poder público, encontramos, sin embargo, la superación del enfoque estatocéntrico con el reconocimiento de actores no estatales que participan en los procesos de desarrollo, entre los que cada vez adquieren más protagonismo las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, altamente etnitizados en la región, y en los que el liderazgo de las mujeres son también sus señas de identidad. Este escenario alterno abre un mayor abanico de posibilidades para la participación activa de los pueblos indígenas como agentes de su propio desarrollo, ya que este enfoque parte del reconocimiento de los mismos como actores naturales de la cooperación, en correlación con la extensa jurisprudencia internacional, entre ellas la contemporánea Declaración Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que le otorga a estas naciones formalmente la subjetividad política y permite el diálogo entre distintas visiones sobre el qué y el cómo del desarrollo, haciendo operativos enfoques, hasta ahora considerados subalternos y por tanto marginados, como es la percepción desde la cosmovisión indígena, sobre cual es la significación del desarrollo y qué papel deben jugar estos colectivos en el mismo. Al respecto resaltar la incorporación de la antigua filosofía andina, Sumak Kawsay, hoy rebautizada como el “Vivir Bien” o el “Buen Vivir” (Arkonada, en internet), que rescata y actualiza los principios que deben regir las relaciones entre los distintos pueblos en un sistema armónico de cooperación, en el que valores como el, comunitarismo democrático, el equilibrio (con el entorno, en las relaciones de género y en las relaciones intracomunitarias e interétnicas), y la reciprocidad entre “el dar y el recibir”7 son componentes fundamentales. En este esquema se potencializa la participación activa desde una perspectiva equitativa de los agentes indígenas en el diseño y la ejecución de sus proyectos de desarrollo propio, el llamado desarrollo con identidad, que basado en los conocidos Planes de Vida, pretende superar las relaciones de dependencia y de asimetría en los que estos colectivos eran meros sujetos pasivos, en este sentido y en coherencia con la Agenda de acción de Accra que se adopta en 2008 y afirma “la Cooperación Sur-Sur debe observar el principio de no intervención en los asuntos internos y el respeto a la igualdad entre los actores de la cooperación, así como su independencia, su soberanía nacional, su diversidad cultural e identitaria y sus particularidades locales”8. En torno a la Cooperación Sur-Sur ha girado una imagen idealista, que desde una perspectiva ética, la contrapone a los tradicionales paradigmas que inciden en modelos de desarrollo injustos, sin embargo es bueno introducir una mirada crítica para evitar caer en la repetición de errores anteriores, es por eso que entre las OSC, Organizaciones de la Sociedad Civil, si bien este paradigma ha sido acogido con benevolencia, también se está atento a las desviaciones que el modelo en la práctica genera y que podría amenazar los pilares que lo soportan y que son sus señas de identidad, entre ellos la equidad, que se 7

En este apartado fueron acogidas las tesis de Carlos Vladimir Schmidt Colque en una Conferencia Magistral que dictó en la Universidad Externado en julio de 2011 y que tuvo por título “El Buen Vivir y la Integración en América Latina. 8 Para más información consultar “Paris Declaration and Accra agenda for action”, disponible en www.oecd.org

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obstaculiza por la posición jerarquizada de los actores en los que los llamados “donantes emergentes”, países de ingresos medios, aparecen en una posición de fuerza, la inquietud por la susceptibilidad en su instrumentalización por parte de las potencias regionales, para fines estratégicos e intereses geopolíticos, la condicionalidad, que aparece de nuevo, en la defensa de intereses específicos de los donantes, y también una gran preocupación por la escasez de recursos que podrían de nuevo amenazar la continuidad y sostenibilidad de los programas (The Reality of Aid, 2009). A pesar de estas consideraciones, las organizaciones indígenas perciben a la cooperación SurSur, al menos e teoría, como un escenario positivo en el que a partir de la equidad, la autoconfianza y la participación colectiva, adquieren un rol determinante, en el que la condicionalidad de la ayuda se prioriza de acuerdo a las necesidades e intereses de las comunidades y respetando, con los procedimientos de consulta, las visiones propias para lo que denominan el autodesarrollo, entendiendo este como el compromiso colectivo de la comunidad y “como la capacidad que tiene cada pueblo indígena para decidir y controlar su propio destino de una manera autónoma y en consonancia con sus especificidades históricas y culturales” (Gamboa, en internet), el autodesarrollo es en la actualidad visto como una posibilidad de supervivencia de estas comunidades desde la re-existencia cultural que exige como opción el control sobre sus territorios. La cooperación Sur-sur es entendida desde las nacionalidades indígenas como un marco complementario en el que se desenvuelven sus relaciones con otras comunidades, con el estado, con la comunidad internacional y con las organizaciones de la sociedad civil transnacionalizada y en el que se consolidan como actores transglobalizados a partir de procesos de fortalecimiento institucional, ya que en su seno se estrechan los lazos con diferentes actores, lo que permite en la actualidad articular redes intermésticas de organizaciones de base étnica en las que las mujeres son protagonistas, alianzas que están incidiendo de manera incipiente en la agenda internacional del desarrollo poniendo sobre la mesa la necesidad de actualizar y reorientar el debate sobre la pobreza, la desigualdad, la equidad de género, las relaciones interétnicas, la integralidad en el respeto a los derechos humanos desde el relativismo cultural, el respeto al medio ambiente y un largo etcétera. En definitiva es un nuevo paradigma en el que los indígenas estiman que se promueve la autonomía, la autosuficiencia y la autodeterminación9, demandas antiguas de estos colectivos, que en un ejercicio de coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción, continúan retando a un sistema internacional, todavía marcado por unas relaciones profundamente asimétricas en las que las injusticias sociales son desafortunadamente la norma, situación que obliga a reevaluar, repensar las relaciones humanas, políticas, y sobre todo con el entorno, en un abierto cuestionamiento a los modelos de desarrollo vigentes que atentan contra la supervivencia de los pueblos y del planeta

6. Desarrollo desde la mirada ancestral

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Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía son pilares que estructuran el pensamiento y el proceder indígena colectivo, al respecto consultar Organización Indígena de Colombia, www.onic.org.co.

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En este oscuro escenario de injusticias actualizadas y globalizadas que viven los pueblos indígenas de la región, y después de siglos de resistencia al dominio territorial y la aculturación, hay espacios y lugares para la esperanza. La discriminación y violencia por motivos étnicos de género e intereses geoestratégicos, sufridos por estos colectivos indígenas, los ha llevado, en un intento por superar sus estatus de subalteridad, a tener un role protagónico en la familia, la comunidad y la sociedad y el planeta, a pesar de las profundas formas de exclusión que deben afrontar en su condición de indígenas, y de pobres, y a liderar procesos desde lo local, nacional, regional y global en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales, en los que la defensa del territorio y la autonomía, la recuperación de la memoria indígena, la reafirmación de la identidad, la reconstitución de sus autoridades y reafirmación de la autoestima y la reconstitución como pueblos de son la guía, con una mirada en la que las variables étnica y también de género se entrecruzan. El empoderamiento de las mujeres nativas en el continente, parte, no tanto de incorporarse e incidir en los fenómenos sociales y culturales dentro y fuera de sus comunidades, desde una posición en contra o superior a lo masculino, sino más bien y en coherencia con la cosmovisión indígena, a tratar de recuperar el equilibrio de doble vía, en las relaciones de género y en las relaciones interétnicas. Los principios de reciprocidad y complementariedad, tanto entre el género masculino y femenino (Calfio, et al., 2005), como el equilibrio con la naturaleza, son principios rectores del funcionamiento de las sociedades indígenas en la búsqueda de relaciones armónicas integrales. Para las cosmovisiones indígenas, cuya característica más prominente es la integralidad del cosmo-ser, es necesario entender a la perspectiva de género desde una mirada nativa en las que el respeto a la multiculturalidad e interculturalidad son inherentes. Así mismo reconocer que las demandas de las mujeres hacia fuera, son también las demandas de sus pueblos, la lucha por la autodeterminación, sigue siendo fundamental en el moldeamiento de sus requerimientos ante instancias nacionales y supranacionales. La identidad de género ha aliado a muchas mujeres al interno de sus comunidades a trabajar colectivamente por la defensa de sus derechos como pueblos y como féminas, paralelamente, la identidad étnica ha operado en el plano nacional, continental e internacional generando redes que desterritorializan a este visibilizado actor, ahora de dimensiones glo-cales. Desde la realización en los noventa del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, se han realizado sucesivos encuentros, que se constituyen en espacios alternativos de debate y reflexión con el fin de incidir en las agendas públicas sobre el posicionamiento político de las mujeres desde la defensa de la cultura propia. Como decíamos arriba, las indígenas se han focalizado en presionar desde estos espacios alternos desde la llamada paradiplomacia, o mejor “diplomacia Indígena” en los reconocimientos integrales de su pueblo y de su etnia. Sin embargo hay demandas feminizadas y específicas del género, que pasan, en el plano económico por denunciar y reclamar igualdad de oportunidades de acuerdo a su amplia participación y responsabilidad en las economías locales. En ámbitos tan específicos como el de la salud, también se atraviesa en la configuración de las demandas la perspectiva étnica y de género, sobre todo en una petición 17

al respeto por la salud reproductiva plena de acuerdo a su cosmovisión y asistida a través de prácticas tradicionales. En cuanto a la educación se reivindica el acceso a una educación de calidad en igualdad de oportunidades, pero desde una perspectiva intercultural, la etnoeducación es hoy una demanda reiterada por todas las organizaciones indígenas para mantener y reproducir su existencia cultural. En lo político, se resalta el reconocimiento de la mujer como líder y su participación real en esta esfera en los ámbitos locales e internacionales, se apela a los mecanismos de cupo diferencial para garantizar esta representación a pesar de las limitaciones que este enfoque de discriminación positiva presenta. Finamente mencionar el tema medioambiental, ya que el apego de estos pueblos a la tierra, que los define como pueblos originarios, ha caracterizado tradicionalmente a los indígenas como cuidadores del territorio ancestral. En la actualidad en un contexto de una crisis ambiental sin precedentes, se rescata el papel jugado históricamente por estos pueblos como defensores de la Tierra y como aliados de gran valor para su rescate en la actualidad (Ulloa, 2004). En sus planes de vida en defensa de la autodeterminación, el territorio juega un papel central, es por eso que en escenarios de defensa de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales la voz indígena está presente y es escuchada. Además y en coherencia con la cosmovisión, la tierra representa lo femenino, es madre, es cuidadora, es reproductora, en las demandas de las mujeres indígenas frente al territorio, está por tanto implícito respeto al medio ambiente y biodiversidad (Escobar, et al., 2005). Aspectos específicos de orden material como el acceso a la tenencia de la tierra, la defensa de los derechos de propiedad intelectual y el conocimiento de las plantas y semillas tradicionales, hacen parte de los procesos productivos desarrollados por las mujeres indígenas. Las luchas de las mujeres indígenas tienen con objetivo contribuir al reconocimiento y visibilidad de su participación en la construcción de naciones pluriétnicas y multiculturales con su aporte a la conservación de la identidad étnica y cultural y como principal preservadora y transmisora de la herencia cultural. Narrar historias de vida de mujeres que luchan por mantener su cultura en un mundo que ha ocultado sus conocimientos, y en un país como Colombia, en el que la denuncia y defensa pacífica de los derechos fundamentales las convierte en criminales, es de justicia. Mujeres que como Deborah Barros Fince, del Pueblo Wayúu, en el departamento caribeño de La Guajira al norte de Colombia, mujer, joven, líder, indígena, presidenta de la organización social de base étnica, Wayúumunsurat, defiende los derechos humanos del pueblo Wayúu trabajando en condiciones de amenaza por el retorno de la Comunidad a su territorio ancestral, desplazada tras la masacre de Bahía Portete en una zona estratégica para la explotación de carbón, en el Cerrejón. Como Rosa Elena Jacanamijoy, Ingana del departamento amazónico del Putumayo, líder de la Comunidad Inga desplazada a Bogotá, pedagoga y lingüista, trabaja desde un escenario urbano en procesos de etnoeducación y medicina tradicional, para recuperar y mantener, entre los nativos de la ciudad, la cultura propia. Como Miryam Peryra, del Pueblo Muisca ubicado en Cota, Cundinamarca, líder comunitaria, trabaja en los procesos de recuperación de la memoria histórica del pueblo muisca (recuperación de semillas, 18

gastronomía, lengua, cultura y tradiciones), en un escenario en que la especulación urbanística pone en riesgo el reconocimiento del resguardo y el reconocimiento legal de su existencia real como pueblo. Como Daris Cristancho, miembro del Pueblo U´wa, del departamento de Arauca en la frontera entre Venezuela y Colombia, ha liderado campañas en defensa del territorio y la cultura U´was amenazados por megaproyectos de explotación petrolera en el territorio ancestral. Como ellas muchas mujeres indígenas de Colombia, que de ser víctimas resistentes del conflicto armado, pasan a liderar procesos autónomos tomando a la Re-existencia Cultural como arma de lucha pacífica y se erigen en guías de sus pueblos para la consecución de la autodeterminación y de verdadera independencia, teniendo como centro la defensa del territorio ancestral, por que defender el territorio es defender la cultura, la sobrevivencia como pueblos y la vida. Desde la cosmovisión indígena el territorio es definido como el lugar donde se tejen los sueños y la cultura. Mujeres que tejen pensamiento, vida, paz y futuro y que se convierten en protagonistas y agentes mediadores entre civilizaciones en las relaciones glocales contemporáneas, desde la perspectiva del encuentro intercultural, desde el enfoque del diálogo de saberes. Me gustaría terminar con una expresión de Leonor Zalabata, líder Arhuaca, que preguntada por su pensamiento frente al futuro de los pueblos originarios respondió: “somos y seguiremos siendo”.

Conclusiones En este escenario contextualizado en el sistema capitalista internacional y la ubicación de recursos estratégicos en el mapa geopolítico internacional que pone en el punto de mira a los territorios suramericanos/Colombianos ricos en biodiversidad y poblados en su mayoría por nativos en un contexto de crisis ambiental, es preciso analizar el role y status de los diferentes actores que como los estados y gobiernos protagonizan este extractivismo de nuevo cuño, así mismo el papel de los conglomerados empresariales minero-energéticos (que vinculan capital local y en muchos casos transnacional, las corporaciones financieras multilaterales, que a menudo co-financian estos proyectos de desarrollo, los nuevos marcos jurídicos estatales como los códigos mineros y los tratados internacionales recientes que regulan estas renovadas relaciones de comercio e inversión en la región. Los pueblos indígenas en su configuración como verdaderos actores sociales y políticos con una voz ahora también transnacionalizada. Es en este punto donde nos encontramos en la encrucijada el debate sobre esta cuestión, con toda la amplitud de aspectos que vincula, se perfila como un asunto de trascendencia que se mantendrá en la agenda latinoamericana, nos lleva a reflexionar sobre los impactos ambientales y sociales, y nos obligan a preguntarnos y resignificar: ¿Que es el desarrollo? ¿Desde que óptica y cosmovisión? ¿Para quien? establecer si ¿Es posible un diálogo fructífero y mutuo en el diseño de modelos de desarrollo incluyentes? ¿Es posible conciliar los intereses de las empresas con los pobladores locales?, ¿Es posible hablar de una minería sustentable?, ¿Que papel juegan los pactos globales y la responsabilidad social corporativa como reducción del daño?, ¿Cómo promover los derechos humanos integrales: ambientales, culturales en el marco de este modelos de desarrollo?, ¿Cómo armonizar las 19

políticas de desarrollo del país con los derechos colectivos de los pueblos indígenas?, ¿Es necesario un diálogo de saberes que incorpore la perspectiva intercultural en el modo de desarrollo? ¿Hay alternativas socio-económicas y ecológicamente armónicas que permitan cuestionar la relación actual hombre-naturaleza en el contexto de la crisis ambiental? ¿Deberíamos hablar de seguridad ecológica, que incluya la satisfacción de necesidades básicas y el respeto a la biodiversidad y diversidad cultural?...Etc….

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