GLOBALIZACION Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

GLOBALIZACION Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES Aproximación comparativa en torno a actores, estrategias y escenarios Pablo Ortiz -T. La presente es u...
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GLOBALIZACION Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

Aproximación comparativa en torno a actores, estrategias y escenarios

Pablo Ortiz -T.

La presente es una publicación que cuenta con el auspicio de: •

Programa Bosques, Arboles y Comunidades Rurales de la Organización de las naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO-FTPP) y su componente Redes y Comunicación América Latina, con el respaldo del Sistema de Información y Comunicación en manejo participativo de Recursos naturales

SIFOCOM Ecuador Av. 12 de octubre 1430 y Wilson A.P. 17-12-833, Quito-Ecuador e-mail: [email protected] Telefax: 593-02-506267 •

Corporación para el Manejo Alternativo de Recursos, Ambiente y Conflictos

Manarac Corp. e-mail: [email protected] Telefax: 593-2-440616 Centro Cultural Abya-Yala • Av. 12 de Octubre 1430 y Wilson Telf: 506-247 / 562-633 / 506-251 Revisión de textos y edición:

Víctor López

Diseño:

Marco Campaña

Impresión:

Abya-Yala

© DDA - Pablo Ortiz-T., Globalización y Conflictos Socioambientales: aproximación comparativa en torno a actores, estrategias y escenarios, FTPP/Manarac-Abya/Yala, Quito, Octubre de 1997.

Cuando cualquier problema ambiental es examinado a fondo, en su origen, revela una verdad de la que no se puede escapar: que la raíz real se va a encontrar en cómo los hombres se interrelacionan unos con otros; que la deuda con la naturaleza...no puede ser pagada persona a persona, en botellas recicladas o en hábitos ecológicos, sino en la antigua clave de la justicia social”

(Barry Commoner)

Como un modesto tributo a la admirable lucha y sabiduría de las comunidades aglutinadas en la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) en la Amazonía del Ecuador y en el Narmada Bachao Andolán (la gente del ecosistema) en el centro oeste de la India. Mi afecto y estímulo para los ciudadanos globales del siglo XXI, en especial para Alicia Margarita, Ricardo Sebastián, Daniela Elisa y Daniel Andrés.

INDICE Introducción ……………………………………………………………

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I. Elementos conceptuales y contexto ……………………………… Los conflictos sociales

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Los conflictos socioambientales …………………………………… Globalización y dimensión actual de los conflictos socioambientales ……………………………………………………… Flexibilidad de la Economía Política y Conflictos Globales ………………………………………………………………… La llamada Interdependencia Económica Global (IEG) ………… La crisis del sistema Estado-Nación …………………………………

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Notas

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II. Los estudios de caso en una aproximación comparativa

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Caso I. Conflicto Arco vs. Quichuas de Pastaza en la Amazonía del Ecuador ………………………………………… El contexto Los antecedentes ……………………………………………………… Figura 1 ………………………………………………………………… ……………………… El escenario global y el origen del conflicto Primeras negociaciones ……………………………………………… La nueva etapa de negociaciones en el escenario global ………… Caso II. Conflicto Gobierno Hindú/Banco Mundial vs. Movimiento de Campesinos Narmada Bachao, Andolan, India ………………………………………………………… El contexto Los antecdentes ………………………………………………………… El escenario global y origen del Conflicto ………………………… Figura 2 …………………………………………………………………

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Lo dinámico del Conflicto en su fase intensa ……………………… Estrategias y escenarios presentes en los estudios de caso ………

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Notas

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III. Teorías de relaciones Internacionales, Globalización y Conflictos Socioambientales ……………………………………… Realismo y Conflictos Socioambientales …………………………… Idealismo y Conflictos Socioambientales ………………………… Teoría de régimen y Conflictos Socioambientales ………………… Teoría crítica y Conflictos Socioambientales ………………………

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Notas

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Algunas Conclusiones …………………………………………………

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Bibliografía

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GLOBALIZACION Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

INTRODUCCION

Los cambios producidos en el orden internacional en la última década, particularmente a partir del derrumbe de los “socialismos reales”, han alterado los términos en los cuales se plantea el tema de las relaciones internacionales. El fin del orden de la postguerra ha planteado la reestructuración de los supuestos y problemas fundamentales en torno a los cuales se había pensado y articulado la agenda de las relaciones Norte-Sur, así como en relación a los conflictos políticos, económicos y socioambientales. En América Latina por ejemplo, desapareció o se redujo drásticamente el papel catalizador que para los Estados Unidos y muchos otros actores regionales tenía la cuestión de la defensa hemisférica en contra de una virtual agresión soviética (directa o indirecta). En ese marco, surge la pregunta sobre cuáles son -a fines del presente siglolos conflictos que hacen posible hablar de los nuevos escenarios y actores con sus respectivos intereses y posiciones?

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Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, realizada en Estocolmo en 1972, pasando por la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en 1992, hasta la actualidad, la problemática ambiental ha ido adquiriendo una relevancia y dimensión cada vez mayor, sea por la acumulación de situaciones que amenazan a la biósfera (efecto invernadero, debilitamiento de la capa de ozono, envenenamiento del agua, aire y suelo, entre otros); sea por la mayor toma de conciencia frente a los peligros de la contaminación y destrucción de la naturaleza; o por la emergencia de lo ambiental en el ámbito político, particularmente la relevancia de conflictos socioambientales con sus respectivos escenarios, actores, intereses y estrategias (Guimaraes, 1986; Hurrell, 1992). Este hecho no podía pasar desapercibido para la disciplina de las Relaciones Internacionales, como lo demuestran los espacios cada vez más amplios que se le asignan en el debate académico a los procesos de conflictos socioambientales en el ámbito regional y global, y a su relación con las cuestiones de seguridad y política. La situación de crisis indica, en ese sentido, no solo la agudización de muchos problemas ambientales y sus conflictos derivados, sino la globalización de los mismos. (Conca, 1993; Russell, 1990). En ese contexto, de emergencia de nuevos actores y de redefinición de escenarios, los Estados han suscrito muchos convenios y acuerdos internacionales sobre medio ambiente y desarrollo o derechos humanos y poblaciones indígenas. Sin embargo, más allá del carácter formal de estos convenios, está el interés de estos Estados por hacer frente a los nuevos temas de la agenda pública de fin de siglo, estableciendo para ello un marco normativo que atenúe los conflictos, los prevenga, los desactive o simplemente los controle. Esto plantea una interrogante en torno al alcance de tales acuerdos y al impacto en la dinámica de las relaciones de poder

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establecidas en torno al manejo de los recursos naturales. Un ejemplo de aquello, es lo ocurrido con tratados como el de Cooperación Amazónica (TCA) en América del Sur, que para unos, no ha pasado de ser una declaración de buenas intenciones, sin una especificación de propósitos ni mecanismos de implementación (Samaniego, 1988), a pesar de haberse convertido, para otros, en un organismo que ha relevado a las autoridades de los países miembros, de la responsabilidad de gestionar recursos y asumir el desarrollo de la Cuenca Amazónica. (Bustamante, 1993; Landázuri, 1987). Parecería entonces que los Estados están abocados a una situación inédita: escenarios y actores emergentes que desafían su competencia y su capacidad para procesar los conflictos sociales. Actores y conflictos que dejan en evidencia una brecha y contradicción entre la retórica y la ejecución de políticas. Entre el discurso que plantea promover políticas de desarrollo sustentable de largo alcance y el interés por preservar el control sobre los recursos como fundamento de su poder y soberanía. ¿En qué momento se plantea esta tensión y crisis en la cual los conflictos socioambientales locales o sub-nacionales devienen en políticos e internacionales? Al finalizar el presente siglo, en todo el mundo regiones enteras de bosques maduros, montañas, cuencas hidrográficas, océanos y sistemas lacustres, entre otros muchos espacios naturales, ocupan lugares preferenciales en las preocupaciones de la opinión pública y de los escenarios políticos globales, a propósito de los debates sobre medio ambiente y desarrollo. Algunos Estados, partidos políticos, medios de comunicación, movimientos sociales de diverso género y corrientes académicas o artísticas, no han podido ser indiferentes a ello e incluso se ha vuelto un lugar común a fines del presente siglo, saber que vivimos en ecosistemas locales que se interrelacionan con ecosistemas mayores, más amplios, regionales, que se integran a su vez en un ecosistema planetario.

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Lo que se ha dado en llamar la “Interdependencia Ecológica Global” (Conca, etl.al, 1993), no es sino el hecho de que los daños al medio ambiente no se restringen ya al lugar donde se inician, sino que se producen efectos en cadena que, a su vez, exigen soluciones en un ámbito mayor, muchas veces mundial o global. Son situaciones como las de los bosques en toda la franja ecuatorial que atraviesa América Latina, Africa, Asia o el Pacífico Sur: regiones y sub-regiones enteras que se ven impactadas por las políticas impulsadas por los Estados; por los procesos de cooptación por parte del mercado mundial de extensos territorios, en tanto son incorporados como reservas de capital, a través de proyectos que tienen como protagonistas centrales a entidades transnacionales. Esta creciente ampliación de las fronteras del mercado, a las áreas ecológicamente más vulnerables, a los territorios periféricos donde habitan comunidades rurales, especialmente etnías dominadas, son las que han suscitado respuestas opuestas a estos procesos, posibilitado la constitución de actores y el despliegue de sus acciones en escenarios de conflictos antes reservados a los Estados. Estos fenómenos de conflictos socioambiental, en el marco de la globalización aparentemente novedosos, probablemente tornan irrelevante la persistencia de viejas estructuras de relaciones que el capitalismo fundó desde el siglo XVI, cuando expandió sus fronteras más allá de los lugares geográficos donde se engendró (Stavengahen, 1989). Estructuras que tienen que ver con lo que la teoría cepalina de los años 60 y 70 calificó para América Latina como intercambio desigual y relaciones centro-periferia, que vistos a la luz de los conflictos socio-ambientales se traducirían como la existencia de un tipo de uso y explotación de la naturaleza (a beneficio de un grupo de países con poder y capital) y la imposición (en la periferia) de sus correspondientes formas de organización económica, política y cultural.

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De alguna manera estas tesis, desarrolladas más tarde por los dependendistas, con una excesiva carga estructuralista, podían haber mostrado las dimensiones políticas de las relaciones sociales-Estado, poder y estructura de clases, relaciones de trabajo y otros problemas (Kay, 1989). Lamentablemente se trató de entender toda la realidad de estos países y sus dinámicas de conflicto, exclusivamente a partir de la comprensión de sus relaciones externas o sus factores exógenos. O dicho de otro modo, según estas tesis, el uso de los recursos naturales y las formas de organización social derivadas de ello, exclusivamente debían entenderse por el tipo de inserción -subordinada y dependendiente- al comercio monopolista. Inserción en la cual, las metrópolis o países ricos destruían o transformaban totalmente los sistemas anteriores económica y socialmente viables, para incorporar a estas sociedades al sistema capitalista mundial, dominado por estas metrópolis (Deudney, 1993; Evans, 1988; Kay, 1989). Sin desconocer el invalorable paso dado por los trabajos de F. Cardoso y E. Falleto, T. Dos Santos, M. Marini o Aníbal Quijano al desarrollo de las Ciencias Sociales, es importante enfatizar que en el marco de los actuales procesos del capitalismo y del orden mundial en su conjunto, el paradigma de la teoría de la dependencia predominante hasta hace 20 años, pocas respuestas puede ofrecer a la situaciones de conflicto que enfrenta la región. La creciente complejidad de América Latina, plantea nuevos desafíos para la comprensión de las nociones mismas de “región”, “América Latina” o “conflictos regionales” como tal. La enorme heterogeneidad de los procesos de conflicto culturales, económicos, sociales, políticos y ambientales, ya no puede ser ignorada si se pretenden aprehender los rasgos específicos de los procesos de conflicto en marcha. Ya no es posible, como se lo hizo anteriormente, tomar como “representativo” de la “muestra” únicamente las experiencias de dos o tres países del Cono Sur o México para hablar de toda la región.

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En la actualidad, difícilmente podemos entender la riqueza y complejidad de los procesos de conflicto que se suceden a partir de una generalización del “caso tipo”. El aumento de las diferencias, plantea un reto a las mismas Ciencias Sociales sobre la factibilidad de aceptar a-críticamente el mismo concepto de América Latina. Estas características desafían los análisis y observaciones para examinar qué puede y qué no puede ser entendido como América Latina. Esta heterogeneidad y complejidad de los procesos de conflicto es internamente desigual, dependiendo de qué países, subregiones o áreas específicas subnacionales se esté hablando. Y la creciente internacionalización de los procesos económicos y sociales, ha afectado la polarización y fragmentación de esas formas heterogéneas en términos de otros puntos de referencia. En ese contexto es que ahora podríamos plantear la interrogante acerca de ¿qué posibilitó que actores sociales o políticos en conflicto, originados en espacios subnacionales, hayan emergido a los llamados escenarios globales? Las respuestas que se pueden formular al respecto, deben considerar al menos tres grandes problemas claves para entender el contexto global en el que se ubican estas regiones: uno, la etapa de globalización y flexibilidad que vive la economía política capitalista; dos, la crisis ecológica global; y tres, la crisis de los Estados-Nación en el proceso de globalización. Cada uno de estos problemas los describiremos más adelante. Ese es precisamente el objetivo del presente trabajo. Abordar por un lado, el carácter de los nuevos escenarios de los conflictos socioambientales generados por la presencia del Estado (o sus agencias de desarrollo) y/o de corporaciones transnacionales en el uso y explotación de los recursos naturales, y por otro, las posiciones e intereses de los otros actores involucrados en estos conflictos, específicamente las comunidades rurales y las redes informales transnacionales del movimiento ecologista.

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Para ilustrar aquello he tomado dos casos de conflicto en torno a recursos naturales, que involucran a este tipo de actores: el primero en la provincia de Pastaza (en la Alta Amazonía del Ecuador) entre los indígenas Quichua-Canelos y el consorcio Agip Petroleum Ltd. y Arco Oriente Inc. (AOI), una subsidiaria de Arco International Oil and Gas Co. y Atlantic Richfield Company (Arco) de Estados Unidos. Y el segundo, el conflicto que involucra a los campesinos de Manibeli, como parte del movimiento campesino en el valle del Narmada en la región centro-occidental de la India, que representa una significativa proporción de aquellas poblaciones afectadas por el Proyecto de Represa Sardar Sarovar [SSP] (Ramakrishna, 1990; Kothari, 1993). ¿Por qué ambos casos? ¿Por qué es posible establecer un análisis comparado de los conflictos que han involucrado a dos pequeñas y remotas regiones rurales distantes entre sí aproximadamente 6.800 millas en línea recta, la una en América del Sur y la otra en el Sur del Asia? Una primera respuesta nos lleva a considerar que las diferentes trayectorias, tanto de la Amazonía del Pastaza en Ecuador como del Valle del Narmada en la India, en el contexto de sus respectivos Estados-Nación, son problemáticas compatibles en cuanto a los patrones de organización del espacio territorial -periféricos en ambos casos en relación a los ejes económicos, políticos y culturales de sus naciones-, de explotación de los recursos naturales y de exclusión de los grupos sociales que habitan en ellos. El problema es que ambas temáticas y casos, son comparables no por su proximidad física o geográfica sino por el tipo de procesos de conflictos que en torno al manejo o explotación de los recursos naturales se generan, a partir de una determinada inserción y relaciones en las que se ven involucrados estos espacios sub-nacionales en el contexto global del capitalismo en su etapa de acumulación flexible.

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Estos procesos constituyen así un desafío a los marcos interpretativos y paradigmas presentes en las Ciencias Políticas y particularmente las Teorías de las Relaciones Internacionales. Lo cierto es que desaparecidas la importancia del tema bipolar, cuestiones como el narcotráfico, el medio ambiente, la migración y los conflictos inter-étnicos, que antes se intentaban vincular, aunque de maneras a veces polémicas a la cuestión Este-Oeste, y a las que se buscaba dotar de sentido a través de este eje de significaciones centrales, quedan, por así decirlo, huérfanas o “flotando” y carentes de una armazón que las organice a todas. ¿Por qué razones en el caso de la cuestión ambiental, en un determinado momento rebasa el ámbito de la Biología y la Ecología, para entrar a formar parte de las preocupaciones políticas propiamente dichas? ¿Por qué igualmente los conflictos en torno a ciertos recursos naturales, tradicionalmente entendidos dentro de los escenarios locales o sub-nacionales y domésticos, se internacionalizan? ¿Hasta qué punto se tratan de simples interiorizaciones de las preocupaciones globales en el ámbito local? Son estas interrogantes las que nos llevan a plantear el problema central que orienta la discusión del presente trabajo: ¿Cómo las Teorías de las Relaciones Internacionales proveen de herramientas conceptuales para responder a la peculariedad de estos conflictos socioambientales en el contexto de la globalización?

I ELEMENTOS CONCEPTUALES Y CONTEXTO

LOS CONFLICTOS SOCIALES

A menos que los fenómenos que denota el término “conflicto” (del latín conflictus: chocar contra, lucha, colisión, turbar, combate, confrontación) sean delimitados y diferenciados, el concepto resulta demasiado amplio. En general es pertinente comenzar especificando qué no se considera conflicto. Si se revisa la bibliografía sobre el tema, se observan ciertas distinciones sobre las que evidentemente hay coincidencia. La competencia no se considera conflicto o una forma de conflicto, aunque puede ser una fuente importante de éste. La competencia involucra una disputa por bienes o recursos escasos según reglas establecidas que limitan estrictamente lo que los competidores pueden hacerse durante el curso de la disputa. El objetivo principal es el bien escaso, no herir o destruir al oponente per se. Los siguientes términos y palabras, aunque pertenecen al ámbito del concepto conflicto también se consideran diferentes: intereses antagónicos, malentendidos, agresividad, sentimientos hostiles, rupturas sociales, rivalidad, disputas, pleitos, problemas, etc. Las actitudes, comportamientos y estados de cosas denotados por estos términos pueden hallarse entre las fuentes subyacentes de conflicto, o pueden acompañar o intensificar el conflic-

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to. Pero parece haber un consenso respecto a que ninguno de esos términos es en verdad sinónimo de conflicto y que esos factores, solos o combinados, tampoco constituyen requisitos suficientes del conflicto social. El conflicto social, para que exista como tal requiere por lo menos, dos partes o dos unidades o entidades analíticamente distintas (es decir, actor, organismos, grupo o colectividad). Según Peter Wallensteen, “es una situación social en la cual un mínimo de dos partes pugnan al mismo tiempo por obtener el mismo conjunto de recursos escasos” (Wallensteen, p.56). Sin duda queda claro que el conflicto implica relaciones que involucran intentos por ganar control de recursos escasos y posiciones escasas, o para influir en el comportamiento en cierta dirección; por consiguiente, una relación de conflicto siempre involucra el intento de adquirir o ejercer poder, o la adquisición o ejercicio del poder. Y en ese sentido, los conflictos reflejan luchas por el poder (es decir, la necesidad o deseo de lograr o cambiar el control), y las acciones opuestas se dirigen al cambio o la preservación de las relaciones de poder existentes (es decir, el control sobre objetos y comportamientos). Como lo señala Boulding, “el conflicto es una forma de conducta competitiva entre personas o grupos. Ocurre cuando dos o más personas compiten sobre objetivos o recursos limitados percibidos como incompatibles o realmente incompatibles” (Boulding, p.34). Por eso se puede afirmar que desde el momento en que existe incompatibilidad de intereses o percepciones, el conflicto está en un estado embrionario, latente o potencial. O como lo afirma Fisas Armengol, “es una situación en la que un actor (una persona, una comunidad, una empresa, un estado, etc.) se encuentra en oposición consciente con otro actor (del mismo o de diferente rango), a partir del momento en que persiguen objetivos

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incompatibles (o éstos son percibidos como tales), lo que los conduce a una oposición, enfrentamiento o lucha” (Vincenc Fisas, 1987, p.16). Estas definiciones ilustran en síntesis lo siguiente: a)

El conflicto Social incluye intereses opuestos entre grupos o colectivos humanos en una situación de suma cero.

b)

Estos intereses opuestos deben ser reconocidos para que exista el conflicto.

c)

El conflicto involucra la creencia, por cada parte, de que la otra obstaculizará (o ya ha obstaculizado) sus intereses.

d)

El conflicto es un proceso, surge de relaciones existentes entre individuos o grupos y refleja sus interacciones anteriores y el contexto en que se dieron.

e)

El conflicto implica acciones de una o ambas partes, que de hecho obstaculizan los objetivos de la otra.

Todos los conflictos en ese marco son relaciones sociales, aunque no todas éstas en sí mismas sean conflictivas. En ese sentido -con conflicto o no- implican siempre alguna forma de comunicación, y sin ésta no se pueden establecer expectativas comunes o interacciones que permitan la relación, ergo, todo conflicto supone también comunicación. Esta permite la afirmación de creencias y la proyección de actitudes relacionadas con la voluntad de defender, matizar, negociar o renunciar a las creencias. En los conflictos sociales, la comunicación permite el intercambio de mensajes reivindicatorios respecto a los intereses en disputa y hacer explícitos los procedimientos que las partes determinan, bien unilateralmente cada parte o de mutuo acuerdo, para resolverlo.

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Los Conflictos Socioambientales El concepto de conflicto socioambiental alude básicamente a que ciertas prácticas de uso y explotación de los recursos de la naturaleza, al degradadar los ecosistemas, pueden conducir a movimientos, modificaciones, cambios y/o desarticulación en la estructura de las relaciones entre diversos actores al interior de las sociedades (Conca, 1993; Sachs, 1993; Pendzich, 1994). Dicho en otras palabras, el manejo abusivo o desigual de los recursos naturales ha sido una rasgo penetrante de las tendencias degenerativas de los ecosistemas y del medio ambiente en general. Dentro de ese contexto, el potencial para generar conflictos por los recursos naturales no renovables especialmente, ha sido inmenso. Thomas Homer-Dixon describe estos conflictos, agrupándolos en tres categorías centrales: Conflictos por simple escasez, que surgen del uso del agua de los ríos, lagos o vertientes, de los bosques, de los peces y tierras agrícolas productivas; Conflictos por identidad de grupo, que pueden surgir del movimiento a gran escala de poblaciones, efectos del cambio medioambiental; y, Conflictos por deprivación relatia, por los cuales, las sociedades en desarrollo producen menos riqueza, debido a los problemas medioambientales, y como resultado, aumenta el descontento en los ciudadanos por la creciente brecha entre el actual nivel del logro económico y el nivel que ellos creen que merecen (Homer-Dixon, 1991, p.213). Si se hiciera una lectura ecológica de la historia de muchas regiones o espacios sub-nacionales como las del Narmada o de la Amazonía, se encontraría que la implantación de ciertos patrones de producción desde las colonias en adelante, implicó a más de la imposición de ciertas instituciones, leyes y poderes, una alteración de los ecosistemas de dichas regiones: se introdujeron especies de árboles, frutos, pastos, aves, peces, mamíferos, etc. que vinieron a desplazar y alterar las antiguas relaciones existentes en los ecosistemas nativos (Crosby, 1986, p.67) y entre éstos y los

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pueblos aborígenes. El frágil sistema ecológico de Asia, por ejemplo, ha sido siempre la raíz del conflicto inter-comunal (crosscommunal conflict). En 1983, los Tamils de Sri Lanka se establecieron en la India, y particularmente en el Estado de Tamil Nadu. Aunque ellos en un inicio fueron políticamente bien recibidos, la población local pobre les mostró un gran resentimiento, cuando el gobierno les asignó concesiones (Stewart, 1990, p.29). En el caso amazónico, Barclay y Santos (1991) demuestran cómo los Estados en sus procesos de ocupación e incorporación de estos territorios a sus respectivos controles, alteraron bruscamente la manera de manejar, entender, conocer y representar la naturaleza por parte de las etnias asentadas en esta región. Sin duda estos hechos han sido el telón de fondo de antiguos conflictos socioambientales en ambas regiones, resueltos finalmente, a favor de quienes han controlado el poder económico y político, generalmente el propio Estado o las empresas que controlan la explotación de recursos. ¿En qué momento, estos conflictos que aparecían como meros apéndices de aquellos expresamente económicos, sociales o étnicos se tradujeran en políticos? Pocos podían pensar que en la segunda mitad de este siglo, una ciencia natural como la Ecología podría tener la capacidad de proyectarse hacia las esferas de la política. En ese sentido esta forma de saber ha recorrido un largo trecho desde los laboratorios biológicos hasta los espacios públicos y políticos (Deleage, 1993). ¿Y por qué la Ecología? Según R. Margalef (1992) “entendemos por Ecología la ciencia general de las relaciones de los organismos vivos respecto al ambiente que los rodea que, en el sentido más amplio, deben ser consideradas todas las formas de existencia” , o como la “disciplina que estudia las relaciones de intercambio y de transformación de la energía entre los seres vivientes” (p.23).

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Según estas definiciones entonces, la Ecología no es una ciencia natural general igual a la Biología o la Zoología o la Botánica, sino que es fundamentalmente articuladora o implicativa, es decir que se define en el marco de los contextos que ella articula. O dicho en otras palabras, la Ecología ha llegado a constituir como su objeto de estudio no tanto los objetos implicados, sino las implicaciones entre éstos (Mires, 1990, p.22). De este modo, la Ecología pasó desde ser una subrama menor de la Biología hasta llegar a constituirse en una “Economía de la naturaleza” , “Ecología Humana” o “Ecología Política” (Deleage, 1993). ¿Pero en qué contexto esta “Economía de la naturaleza”, “Ecología Humana” o “Ecología Política”, se expande hasta llegar a la esfera propiamente de lo político?1 Esta expansión es sin dudas reciente, (Deleage, p,160 y ss; Mires, 1990, p.28) y quizás lo ha sido, porque eran otras formas de saber -como las Ciencias Naturales, la Economía y el Derecho- las predominantes, y particularmente aquellas en sus vertientes ligadas al positivismo. Es decir no pudo emerger en el contexto en el que aquellos saberes, paradigmas y discursos que se constituyeron en el soporte ideológico de la modernidad y el progreso capitalista eran hegemónicos. O para decirlo en otros términos, la Ecología se politiza solo cuando dicha concepción del mundo ha perdido su carácter hegemónico (Cox, 1992)2 Globalización y dimensión actual de los Conflictos Socioambientales Para explorar la naturaleza de los nuevos escenarios de estos conflictos en torno a los recursos naturales, es necesario aludir brevemente a tres grandes hechos, ya mencionados, que se constituyen en la base del actual orden mundial: la flexibilidad de la economía política y las relaciones globales, la crisis ecológica global y la crisis del sistema de Estados-nación en el proceso de globalización.

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Estos tres hechos devienen en sumamente relevantes para informar y desarrollar un ejercicio de lectura de lo que he denominado “los conflictos socioambientales”. En ese marco, en muchos casos, éstos pueden ser entendidos de manera separada respecto a otros conflictos superpuestos como los económicos, étnicos y políticos, los que a su vez no dependen exclusivamente del manejo de recursos naturales, sino que además requieren de un tratamiento específico. En el caso de los conflictos étnicos, por ejemplo, el punto de partida es la realidad observable de que la mayoria de los países del mundo son multiétnicos, es decir, que en el marco de las estructuras estatales existentes la población está dividida en grupos heterogéneos, caracterizados por determinados atributos étnicos. Si bien la existencia de grupos étnicos heterogéneos (también llamados pueblos o etnias) es muy anterior a la constitución de los estados contemporáneos, sólo en el marco de éstos surge la llamada cuestión étnica. Esto quiere decir que las relaciones entre las distintas etnias, así como su definición y caracterización en la época contemporánea no puede hacerse más que en referencia directa o indirecta a las estructuras estatales. Para los propósitos de este texto, distingo la cuestión étnica del concepto de etnicidad, término que recubre un género amplio de fenómenos diversos, semejante a los de “clase”, “sociedad” y otros conceptos de las ciencias sociales sobre los cuales no existe consenso.3 ¿Cómo estas cuestiones globales han producido cambios en el carácter de dichos conflictos socioambientales? La hipótesis que sustentamos es la siguiente: los múltiples problemas medioambientales que emergieron desde el movimiento popular, incluyendo los bosques y la crisis del agua, los peligros tóxicos y nucleares, y así sucesivamente, han sido marginalizados y/o cooptados por otros temas de la agenda pública,

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considerados prioritarios desde el interés y percepción de los Estados más poderosos. Así, el Fondo Medioambiental Global [Global Environmental Facility] (GEF) establecida por el Banco Mundial, señala solamente 4 problemas medio ambientales globales: 1) la reducción en las emisiones de gas, del efecto invernadero; 2) la protección de la biodiversidad; 3) una reducción en la polución de las aguas internacionales; 4) una reducción en el agotamiento de la capa de ozono. La exclusión de otros problemas de la agenda global refleja la correlación de fuerzas políticas que lo hicieron posible. Es espúrea para muchos, dado que por ejemplo, las industrias químicas y nucleares operan globalmente, y los problemas que éstas generan en cada situación local, están relacionados con sus alcances globales. Dicho en otras palabras, estos “problemas medioambientales globales” han sido construidos para encubrir el hecho de que la globalización de lo local, es la responsable de la destrucción del medio ambiente, la cual es soportada en la casi totalidad de los casos, por sectores subordinados en el escenario de las relaciones de poder global, Estados enteros y especialmente comunidades locales que viven de esos recursos y, particularmente etnias subordinadas o subyugadas al interior de los Estados-Nación. Esto demuestra que la construcción de los problemas y conflictos globales medio-ambientales se convierte en un objetivo y en un medio de la lucha política, no solamente para liberar de toda responsabilidad a los actores sociales o políticos dominantes que operan en todo el mundo, sino también para depositar la responsabilidad de toda destrucción y sobrexplotación de los recur-

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sos naturales en las comunidades locales, especialmente minorías étnicas, cuyo posición subalterna, excluída y periférica normalmente les impide trascender a nivel global. A pesar de aquello, la conjunción y características de los tres macro procesos (económico, ambiental y político), devienen en factores básicos que posibilitan la emergencia de conflictos socioambientales -originados en ámbitos locales y sub-nacionalesa la escena pública y global, y les permite formar parte actualmente de la agenda del debate político: el cambio del patrón de acumulación capitalista a nivel mundial; la crisis ecológica mundial; y la crisis del sistema de Estados-Nación fundado en el marco del desarrollo del capitalismo del siglo XIX, articulados entre sí, crean el escenario en el cual hoy nos enfrentamos con una situación impar donde los problemas regionales y nacionales cada vez más tienden a una articulación global. La búsqueda de una solución a la crisis del patrón de acumulación fordista está llevando a una reducción del bienestar en los países ricos. Pero, en función de la globalización, es justamente sobre las regiones periféricas de los países más pobres que está recayendo los costos de recuperación de los “grandes”. El concepto de “globalización”, pese a la popularidad y amplio uso del término, ofrece múltiples y variadas definiciones. Comprende, en sus elementos básicos, los procesos de creciente interacción e interdependencia -que incluyen la redefinición del espacio geográfico y de los ámbitos de acción- que se generan entre las distintas unidades constitutivas del sistema global. Adquiere dimensión multidimensional, abarcando, entre otros, las actividades y sus efectos, de países, regiones, empresas transnacionales, organismos internacionales, organizaciones públicas y privadas y grupos y movimientos sociales. El proceso de globalización obliga a modificar el paradigma de las relaciones internacionales previamente vigente: éste pasa ahora a constituir sólo una parte de un sistema mayor: el global.

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Las implicaciones metodológicas del fenómeno de la globalización en la investigación comparativa intra-regional están lejos de conocerse. Lo cierto es que estos procesos desestructuran y caotizan la vida en regiones enteras como la Amazonía, el Africa Sub-Sahariana, o las regiones subtropicales y tropicales del Sur de Asia. En el caso de esta regiones, lo que se ha visto es que las políticas de desarrollo, cuyos financiamientos muchas veces han provenido de entes financieros globales como el Banco Mundial, en lugar de producir una mejoría en el orden social, han diseminado el caos, la desorganización, la pobreza y la degradación de los ecosistemas, visibles tanto en los centenares de pueblos y centros urbanos deteriorados al extremo, como en la vida y en la producción de las zonas rurales -sea en los bosques y en las tierras donde viven estos campesinos, como en aquellas zonas donde sobreviven las minorías étnicas o las comunidades indígenas-. En este sentido se puede afirmar que la globalización constituye un fenómeno de doble vía, de ida y de vuelta en el que algunos problemas y temas locales, subnacionales o regionales son internacionalizados, y a su vez, muchos problemas transnacionales son internalizados a nivel local o sub-nacional. O en otros términos, al interior de cada Estado-nación, se puede producir un gran desface entre aquellos procesos articulados a los globales y otros que son incapaces a dicha integración, aunque estén afectados por los crecientes cambios globales y la creciente diferenciación. Por eso, las tendencias a la globalización están muy lejos de significar procesos de homogeneización. Se trata más bien de interconexiones muy desiguales o diferenciadas como lo ilustran los enlaces transnacionales informales entre comunidades rurales locales y las redes no gubernamentales transnacionales que escapan a los canales tradicionales estado-céntricos, como lo ilustran los casos que expondremos posteriormente.

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Flexibilidad de la Economía Política y Conflictos Globales En la historia del capitalismo han existido dos regímenes de acumulación: el primero ampliado o extensivo, basado en la ampliación de las unidades de producción, y al que se articuló un modo de regulación de libre competencia; y el segundo intensi vo o fordista, basado en cambios en las relaciones de trabajo e incrementos en la productividad, manteniendo la misma escala en las unidades productivas, al que le correspondió un modo de regulación monopolista. El primer modelo de acumulación fue hegemónico hasta inicios del siglo XX, basado en la expansión de los espacios productivos. El segundo desde las primeras décadas del presente siglo, hasta la década de los 70. El proceso de transición del capitalismo que actualmente se vive, se caracteriza por una transición que implicaría el aparecimiento de un nuevo tipo de régimen de acumulación, llamado postfordista o flexible, que se caracteriza por una combinación de elementos propios de los modelos de acumulación extensiva e intensiva. Esto significa el predominio de nuevas formas de división del trabajo, para las que ya no importa ubicar economías de escala, en las que mientras más masivamente se produce menores son los costos unitarios. Al modelo flexible le basta con producir en pequeña escala y de manera diversa. Esto implica una mayor heterogeneidad de los procesos de trabajo, junto con el aparecimiento de nuevas modalidades de empleo (eventuales, informales, familiares, etc.), los que obligan a los miembros de las distintas sociedades a desempeñar múltiples roles, ligados a una variedad de intereses que luego resultan en conflicto. Por otro lado, esta etapa de transición del fordismo a un modelo de acumulación flexible, ha puesto en evidencia la crisis de la noción tradicional de desarrollo propia del anterior modelo de acumulación (Schuldt, 1995; Gereffi, 1994, p.79 y ss). Hasta hoy

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dicha noción ha sido predominantemente pensado a partir de conceptos de progreso y crecimiento, restringidos al campo de las relaciones económicas, tanto en sus versiones neoliberales, keynesianas como desarrollistas. En ese marco, la noción actualmente emergente, de equilibrio entre el sistema humano -cultural- y el natural, estuvo ausente como concepto econónico y/o político del ámbito de las preocupaciones de estas corrientes desarrollistas (PNUD, 1992 y 1993). Las sociedades ahora están afectadas por el cambio y la crisis de los referentes a partir de los cuales se piensan. Estos cambian rápidamente y plantean la necesidad de re-pensar el propio conocimiento bajo otros patrones y racionalidades que den mayor cabida a la incertidumbre, a lo imprevisible, a la discontinuidad. En ese marco, hay una evidente crisis de racionalidad en las ciencias sociales que está en la base de estas rupturas epistemológicas. En la búsqueda de nuevas lecturas sobre el desarrollo en una perspectiva holística, se podría justamente mostrar que las relaciones entre el equilibrio ecológico de la tierra y las sociedades nacionales, dependen de la capacidad de gastos y manutención de fuerzas energéticas.4 La tendencia verificada ha sido la de externalizar los costos sociales para los países más pobres y que en el mercado mundial la externalización ha significado lo mismo que la globalización de los costos sociales (Martínez-Allier, 1994, p.55 y ss.). Sin duda, las transformaciones de materia y de energía en grandes cantidades han afectado más allá de los límites locales, a las regiones y a los territorios nacionales. Los costos sociales de la economía privada descritos por William Kapp (Martínez Allier y Schlüpmann, 1993, p.266 y ss.) como consecuencia de la globalización y de la jerarquización del modo capitalista de producción se transforman en los costos globales de la sociedad industrial (fordista).

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A pesar de las dificultades de esquemas más generales de explicación, urge continuar la investigación sobre las desigualdades en una óptica global. Es en esa perspectiva que es absolutamente necesario perseguir las líneas del análisis comparativo para poder comprender las peculiaridades de estos procesos, su complejidad y heterogeneidad. Frente a estas tendencias de la economía mundial, algunas cuestiones continúan intrigantes. ¿Es posible el mantenimiento y al mismo tiempo, la creación de estrategias de crecimiento en las economías de países como los nuestros, que funcionen externamente y/o complementariamente al nuevo patrón de acumulacuón flexible? A partir de fines de los 60, con el inicio de la actual crisis del capitalismo, se comenzó a esbozar las primeras experiencias que buscaban una nueva forma de organización del trabajo y de la gestión de las relaciones de mercado. En los años 80 y 90 se revela la intensificación de la competitividad, posibilitada por las nuevas tecnologías derivadas del desarrollo de la micro-electrónica, la robótica y la informática (Kennedy, 1994, p.109-158) .5 Sin embargo, este avance de la economía mundial ha sido posible en base a la sobre-explotación de recursos naturales presentes en los bosques, la biodiversidad, el subsuelo, ha promovido la búsqueda incesante de nuevas tecnologías para la apropiación de la naturaleza. Continunado un patrón de relación con la naturaleza, fundado en el modelo industrial de desarrollo, cada momento del desarrollo del capitalismo presenta el predominio de cierto patrón tecnológico que, combinado a las formas de organización del trabajo, responden por el desarrollo histórico del capitalismo. El proceso de acumulación y valorización fue continuamente alimentado por el descubrimiento de nuevos territorios incorporados como fronteras de recursos, y el modelo de acumulación flexible no es la excepción, como lo demuestran los controles por parte de algunas compañías transnacionales sobre los procesos de aprovechamiento de recursos como la biodiversidad.

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La llamada Interdependencia Ecológica Global (IEG) El fin de la Guerra Fría posibilitó así que temas como el manejo de recursos naturales y los conflictos derivados de los mismos, pasaran a un plano de mayor relevancia en el debate público y político. La proliferación de acuerdos internacionales sobre el medio ambiente entre las naciones, la importancia de los movimientos ambientalistas y la emergencia de disciplinas como la Ecología Política o la Economía Ecológica, son algunos síntomas de este proceso. Mientras por un lado, los acuerdos acuerdos internacionales buscan conseguir el compromiso de entidades oficiales estatales o para-estatales, para conservar grandes áreas de tierra para la fauna silvestre y para la conservación/preservación de ecosistemas, reduciendo la contaminación atmosférica y apoyando formas aparentemente sustentables de desarrollo, por otro lado las agencias de cooperación internacional y las redes de ambientalistas han jugado un rol central tanto en la definición de qué temas y perspectivas son las que deben considerarse a nivel global en el establecimiento de dichas políticas, como en el aumento de las capacidades financieras y físicas de algunas agencias estatales de los países pobres para proteger los recursos que tienen en sí un valor global. Este rol jugado por algunos organismos internacionales y redes de ambientalistas, además se ha dirigido en muchos casos, como en Kenia, Tanzania, Costa Rica o Brasil, a legitimar las acciones de dichos Estados -comprometidos en la conservación de recursos silvestres- independientemente de los impactos que generen y de los resultados alcanzados, especialmente por los conflictos con consecuencias negativas para muchas comunidades rurales, especialmente indígenas. Legitimación en la que además juegan un papel central los medios masivos de comunicación, quienes se han encargado de difundir ampliamente un discurso que forma parte de una ideología de manejo sano de los recursos globales, preconizada entre muchos conservacionistas occidentales.

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Todos estas redes transnacionales y organismos internacionales o no gubernamentales, desde la perspectiva de los países industrializados occidentales, han supuesto que cada Estado, incluyendo aquellos que han surgido recientemente del colonialismo como los africanos orientales u occidentales, tienen la capacidad, la legitimidad interna y la voluntad para manejar todos los recursos dentro de sus fronteras territoriales. Y que tienen la capacidad de procesar y resolver los conflictos en torno a los mismos. Estos supuestos implican que el Estado debería poder controlar el comportamiento de todos los usuarios de los recursos ubicados dentro de la jurisdicciones declaradas de la nación, cualquiera que sea el origen de esa declaración de la nación, cualquiera que sea la competencia que exista para esos recursos y cualquiera que sea la naturaleza o los orígenes de una resistencia al control de los recursos por parte del Estado. Si bien estas estrategias asumidas a nivel internacional han inspirado un compromiso formal por parte de muchos actores estatales y sus decidores, esto no ha significado más que un simple beneficio a la posición de tales actores en el marco de los conflictos en torno a los recursos naturales. Así, algunos Estados o agencias estatales y no gubernamentales, simplemente han adoptado las preocupaciones conservacionistas de los grupos internacionales del medio ambiente como un medio para conseguir apoyo para su propio manejo, control o explotación sobre los recursos naturales productivos. De hecho, algunos Estados de los países pobres han utilizado esta ideología de la conservación para legitimar su propio poder y presencia frente al conjunto de la sociedad, a menudo utilizando la violencia represiva, como ha sucedido en Brasil, Kenia o Tanzania. Lógica que no ha estado ausente de otros procesos como los sucedidos en la región amazónica del Ecuador o en las regiones del Gujarat o Narmada en la India, donde los mandatos de dichos Estados para defender los recursos amenazados y su monopolización de la violencia legítima se juntan para facilitar la construcción del aparato burocrático del Estado y su control sobre aspec-

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tos sociales de cada país. La violencia legítima para controlar los recursos naturales sin duda les ha permitido también controlar a la población, sobre todo algunos grupos étnicos subyugados, grupos regionales renuentes o grupos marginales y minoritarios quienes desafían la autoridad del Estado (Lee Peluso, 1993, p.214; Trujillo, 1993, p.135 y ss.). En ese sentido, ciertas corrientes presentes en las redes ambientalistas, tal vez sin que hayan tenido esa intención, han justificado acciones represivas, coercitivas y proteccionistas en base a criterios éticos que son difíciles de rebatir, tales como la preservación del patrimonio biológico del mundo o la seguridad común, lo cual ha agudizado y promovido muchos conflictos o ha buscado su desactivación en favor de aquellos actores -que según su perspectiva- ofrecen un manejo sustentable de los recursos naturales bajo criterios de eficiencia y técnica. Es en ese marco, que el manejo o resolución de los conflictos en torno a los recursos naturales se ha limitado en muchas corrientes dominantes en ese campo, a la búsqueda de la desactivación de los conflictos, sin cuestionar en ningún momento las condiciones impuestas por los Estados o por el mercado para el control o explotación de recursos naturales. Tampoco han considerado, en dicho contexto, las historias políticas, culturales y ecológicas de los patrones contemporáneos de utilización de los recursos ni del manejo de los territorios por parte de esas poblaciones rurales y en particular cuando éstas son minorías étnicas y/o pueblos indígenas que han vivido en esos territorios. En resumen, los que reclaman asistencia externa (incluyendo el Estado mismo), algunas agencias privadas y no gubernamentales, frecuentemente redefinen los medios por los cuales esos recursos serán conservados o cosechados así como la distribución de los beneficios que provienen de su protección. Frente a los conflictos por el uso y explotación de los recursos naturales, tales redefiniciones a menudo han pasado por alto o ignorado las

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formas locales de las poblaciones rurales en la explotación y manejo de dichos espacios de vida. Cuando existe un desface entre los mecanismos externos y locales de legitimidad dentro del área del medio ambiente, el resultado es un conflicto social y político, lo que provoca un deterioro ambiental y social, y eventualmente lleva al fracaso de los intentos de asegurar las metas de los intereses internacionales de conservación. La crisis del sistema de Estado-Nación ¿Qué significan la globalización, la transición a un modelo de acumulación flexible y la interdependencia ecológica global para el futuro del sistema de los Estado-Nación, que ha sido hasta ahora la unidad organizadora hacia la que la gente suele volverse cuando debe enfrentarse a algo nuevo? Para muchos, la idea de que los Estados-Nación se estén volviendo anacrónicos es de lo más perturbadora. Es cierto que los Estados-Nación, tal como los conocemos, son creaciones relativamente recientes. En el nuevo contexto entonces, los Estados-Nación son demasiado lentos e ineficaces para enfrentar los conflictos en torno a los recursos naturales, e implementar estrategias eficientes de negociación particularmente lo que tiene que ver con los intereses de las corporaciones transnacionales y organismos financieros internacionales. Este hecho sin duda cuestiona la propia noción y soberanía de los Estados que se ven minimizados en su rol de actores centrales como efecto de la nueva división internacional de la producción y trabajo, así como por la crisis e interdependencia ecológica. Ya la lógica del mercado global no presta atención al lugar en el que se hace un producto, aunque los planificadores de la defensa sí lo hagan. Es decir, estos cambios globales ponen en cuestión la utilidad del Estado-Nación. Al parecer, el actor autónomo clave en los conflictos políticos e internacionales durante los últimos siglos, parece estar no

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solo perdiendo control e integridad, sino relevancia como actor central frente a muchos de los conflictos que ocurren en su interior y en su entorno. La redistribución del poder hacia abajo que se produce en ese marco, trae consigo también el riesgo de la desintegración nacional, al menos en sociedades donde las rivalidades étnicas y las discusiones fronterizas alimentan las diferencias regionales. Si es que el propio Estado y/o Nación han sufrido cambios, es obvio que también las nociones de seguridad y soberanía se hayan transformado. Los nuevos enfoques y las nuevas realidades de la globalización y/o la interdependencia han demostrado que los problemas y riesgos de la seguridad están cada vez más vinculados a temas de naturaleza no castrense, como los conflictos económicos, políticos, sociales, étnicos y socioambientales.

NOTAS

1

Sobre el concepto de política, la entiendo en su connotación tradicional, y de forma aproximada, como el arte de aunar en una comunidad la multiplicidad de tendencias e intereses humanos. Según sea el punto de vista como se la conciba cabe interpretarla como lucha por el poder (mantenimiento del orden social o su transformación). Y a la Ciencia Política en general- la que estudia los fenómenos relacionados con el fundamento, organización, ejercicio, objetivos y dinámica del poder en la sociedad. Para ampliar, se puede confrontar con Vasquez, John, “The Power of Power Politics. A Critique”, Rutgers University Press, New Brunswich, New Jersey, 1983.

2

A partir de ese momento se abren grietas a través de los cuales penetran esos “saberes reprimidos”, o simplemente mantenidos al margen de los centros de poder decisional.

3

Para ampliar Cf. Donald L.Horowitz, “Ethnic Groups in Conflict”, Berkeley, University of California Press, 1985; Jerry Boucher, Dan Landis y Karnen Arnold Clark, “Ethnic conflict. International Perspectives”, Londres, Sage Publications, 1987.

4

Los economistas neoclásicos, en general, se despreocuparon totalmente del marco biofísico en el que necesariamente se inscribe la economía humana. Al contrario la economía ecológica estudió (desde un enfoque reproductivo) las condiciones (sociales o de distribución de los patrimonios e ingresos, temporales, espaciales) para que la economía (que chupa recursos y excreta residuos) encaje en los ecosistemas, y (desde un enfoque asignativo) la economía ecológica estudia también la valoración de los servicios prestados por el ecosistema al subsistema económico. Cf.

Pablo Ortiz 34 .................................................................... Joan Martínez Allier y Klaus Schlüpmann, “La Ecología y la Economía”, Fondo de Cultura Económica, México, 1993; y J.Martínez-Allier, “Ecological Economics and Environmental Policies: a southern European view”, mimemo (inédito), París, Conference on Models of Sustainable Development, marzo de 1994. 5

En ese sentido, impulsadas por el carácter actual de la competencia -crecimiento intenso y globalizante que ha exigido una redefinición en las estrategias empresariales de mercado- las empresas procuran re-estructurarse buscando reducir sus costos como estrategias que objetivamente aumenten la productividad del trabajo y del capital. Se procuran así formas flexibles de producción y una orientación en dirección a la demanda futura y a las incertidumbres y riesgos del mercado (Cf. Portes, A., y Castells, M., 1989, p.75).

II LOS ESTUDIOS DE CASO EN UNA APROXIMACION COMPARATIVA

El aprehender la peculiaridad de los conflictos en torno a los recursos naturales en el marco de los procesos de transición a un modelo de acumulación flexible, de interdependencia ecológica o de crisis del sistema de Estados-nación, exige una definición metodológica. No se trata de optar por un gran número de casos de conflictos descritos empírica y cronológicamente, sino de visualizar en ellos la relación que se da entre algunos elementos propios de todo conflicto tales como: actores e intereses; actores y estrategias; y actores y escenarios. La peculiaridad de cada caso, justamente es posible determinarla en contraste al otro. No se trata de ninguna manera de plantear generalizaciones a partir de estos casos. Tampoco son casos-tipo o “muestras” de lo más representativo de los conflictos socioambientales que se suceden en sus respectivos ámbitos continentales o nacionales. Al ser casos específicos, originados en espacios sub-nacionales, justamente se trata de visualizar la enorme heterogeneidad de procesos que se suceden en las distintas regiones. Se trata más bien de establecer los enlaces que ciertos procesos de conflicto socioambiental que operan a nivel local y comunal tienen más allá del comportamiento de sus respectivos marcos nacionales. Muchas conexiones internacionales, ya no tienen al Estado-Nación como su protagonista central, sino más bien a redes interlocales que interconectadas saltan y se desvían de las fronte-

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ras estatales (Chilcote, p.44; Bustamante y Menéndez-Carrión (1990, p.23). Una de las principales características de las relaciones internacionales a fines del presente siglo justamente se da por el creciente proceso que articula a actores disímiles, no solo a través de los antiguos escenarios y canales, sino a través de nuevos escenarios, crecientes redes entre segmentos sociales y grupos de población localizados en diferentes Estados-Nación, lo cual ha originado, como lo definen Bustamante y Menéndez-Carrión (p.21) un “espacio ambiguo que ha sido clasificado por algunos como perteneciente a una nueva realidad de las relaciones inter-domésticas”. A partir de esta noción de lo inter-doméstico pues, es posible visualizar interacciones que frecuentemente estaban obstruídas por la lectura de las relaciones asimétricas tradicionales (por ejemplo, presentes de manera muy fuerte en los teóricos de la dependencia). Los dos casos de conflictos escogidos, el uno en la provincia de Pastaza, al suroriente de la Amazonía del Ecuador, en Sudamérica; y el otro en la región central del valle del Narmada, al centrooeste de la India, en el Sur de Asia, nos muestran precisamente que los conflictos socioambientales en el marco de la globalización, constituyen un complejo juego que tiene lugar sucesiva o simultáneamente en varios niveles, escenarios e involucra a una gran diversidad de actores, lugares en suma variables y situaciones de conflictos en las cuales el rasgo es una conducta indeterminada e impredescible.

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Caso 1: Conflicto Arco vs. Quichuas de Pastaza en la Amazonía del Ecuador El Contexto La Amazonía es una región compleja y heterogénea y, en consecuencia, los enfoques simplistas son muy peligrosos. Es muy difícil la delimitación de la región para fines de desarrollo y análisis, porque existen muchas amazonías. La forma más clara de delimitarla es como una Cuenca (TCA, 1994). Hay defensores a ultranza de la intangibilidad de la Amazonia que han introducido el mito del “pulmón de la Tierra” insinuando que la tala de los bosques amazónicos contribuye enormemente a mermar la capacidad de fijación de CO2 y al efecto de invernadero o calentamiento de la atmósfera.1 Los promotores de este mito han olvidado que las funciones ambientales más importantes de la región son su contribución al balance hídrico global, por generar cerca del 50% del agua que precipita sobre la misma y por la biodiversidad que contiene.2 También, en la segunda mitad del presente siglo se insinúa la idea de la internacionalización de la Amazonia, que ha suscitado acaloradas discusiones a nivel nacional e internacional. Este planteamiento, que nunca fue propuesto oficialmente, es, en parte, la consecuencia de la exageración de los servicios ambientales globales que se supone prestaría la región para toda la humanidad (producción de oxígeno, balance hídrico global, sumidero de CO2, etc.), y, en consecuencia, su protección es una responsabilidad global o de interés de toda la humanidad.3 En ese contexto general, la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) ocupa el 1.7 por ciento de la superficie total de la Cuenca. Está conformada por cinco provincias: Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Su superficie es de aproximadamente 131.000 Km2, lo que equivale al 48.5 por cien-

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to de la superficie total del Ecuador. La población de la RAE se estima en unos 380 mil habitantes, de los cuales cerca de la mitad vive en la provincia de Napo. La política del Estado ecuatoriano hacia la región ha estado enmarcada en los procesos geográficos e históricos ocurridos desde el fin del período colonial. Y en las últimas cuatro décadas se ha constituído en un foco de atención donde se han propuesto una variedad de proyectos estimulados por la combinación de desarrollo de infraestructura, extracción de recursos y programas de colonización. Es decir, se ha profundizado un irreversible proceso de expansión del territorio nacional a expensas de los territorios étnicos.4 Allí, los indígenas han dependido directamente del medio ambiente, del bosque húmedo tropical, tanto para sus actividades de subsistencia como para su producción para el mercado. Son y serán, junto con los campesinos-colonos, las poblaciones más directamente afectadas por los impactos ambientales derivados de la extracción y sobre-explotación de recursos del suelo y del bosque húmedo. A ello hay que añadir el hecho de que los medios naturales en que habitan los indígenas también están siendo afectados como consecuencia de los cambios ocurridos al interior de las propias sociedades amazónicas. Estos cambios, a su vez, están influidos y condicionados por las relaciones que estas sociedades establecen con el mercado nacional y el orden global en su conjunto. ¿Cómo han impactado los procesos globales aludidos anteriormente en la RAE? Sin lugar a dudas estos procesos, iniciados a mediados de los años 20, han convertido a la región en territorio cooptado por el mercado mundial a través del Estado nacional, controlado por grupos políticos y/o militares que han constituido la vanguardia de la modernización y el progreso de la región. La colonización de los “interiores” ha sido complementada en este caso con un “colonialismo externo”, uno de cuyos objeti-

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vos ha sido imponer la lógica de la ganancia y de la acumulación a los consumidores inmediatos de la naturaleza.

Los Antecedentes En los años 90, el Ecuador vive un nuevo momento de transición en la extracción de hidrocarburos, hacia un modelo internacionalizado y privatizado de la industria petrolera, resultado, por una parte de la adopción de las tesis neoliberales por parte del Estado y de algunos grupos de poder, y por otra, del interés de las transnacionales e inversionistas asociados a capitalistas ecuatorianos, de controlar para su beneficio la extracción y mercadeo de dichos recursos. En un momento anterior al actual, el amplio desarrollo petrolero que tuvo lugar en las décadas de los 70 y 80 en el nororiente de la Amazonia del Ecuador dio como resultado una alta conflictividad social a nivel regional, derivada de la destrucción de los ecosistemas, el desplazamiento de población indígena, el auge del tráfico de tierras y la colonización. Los pueblos indígenas y sus culturas fueron seriamente afectados por la destrucción de los ecosistemas vitales para su vida. En el nuevo contexto global en el que se inserta la actual extracción de hidrocarburos de la RAE, al existir una mayor conciencia global dentro de la comunidad mundial y un aumento de la sofisticación política dentro de las comunidades indígenas, el conflicto socioambiental ha adquirido una nueva dimensión, como sucede en los territorios Quichuas y Shiwiar de la provincia de Pastaza, y concretamente en el llamado Bloque 105, donde opera la compañía Arco Oriente Inc (AOI), subsidiaria de Atlantic Richfield Company (Arco) de Texas, Estados Unidos (ver Figura 1).

Figura 1

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Las actividades de exploración de petróleo y gas en esta región, fueron conducidas primero en 1923 por la Leonard Exploration Company. Los estudios de la Leonard se referían a la presencia de los pueblos indígenas. En 1937 la Royal Dutch Shell había recibido una concesión de 100.000 km2 que fue abandonada más tarde. Durante el período de 1945 a 1949, Royal Dutch Shell trabajó en Arajuno, Villano, Curaray y Montalvo. En 1950, esta compañía terminó el pozo Villano 1 cerca de la pista aérea y al río Villano. La presencia de estas actividades de exploración petrolera especialmente entre 1945 y 1950, generaron un proceso colonizador, cuyo eje dinamizador fue la presencia de la compañía Royal Dutch Shell, cuyas inversiones en infraestructura (tanto carreteras como aeropuertos y campamentos) posibilitaron la penetración de lo que después constituyeron los primeros asentamientos colonizadores en la zona. El aparente fracaso6 de las actividades de exploración de la Royal Dutch Shell y en general la poca intensidad de las operaciones, hizo que el proceso de colonización en dicha región no alcance dimensiones apreciables. A pesar de ello, se produjo el poblamiento de Baños-Puyo y las zonas aledañas al campamento de operaciones de la compañía en Arajuno. Fue en ese contexto que se produjeron enfrentamientos con el pueblo Huaorani, en cuyo territorio se desarrollaron las actividades de exploración petrolera (Cabodevilla, 1994, pgs.283 y ss.). Esta fue probablemente la primera ocasión en que el Estado ecuatoriano se planteó la necesidad de liquidar o desplazar a un pueblo indígena en la Amazonía. Habiéndose descartado finalmente la intervención armada del Estado, quedó planteada la posibilidad de ejercer control sobre los pueblos indígenas a través de las misiones religiosas (Trujillo, 1981; Labaca, 1988; Ortiz de V., 1991; Cabodevilla, 1995). Pocos años más tarde a fines de los 60, cuando se iniciaban las actividades de exploración y explotación de petróleo por parte de la compañía Texaco, se mostrará el impacto de las activida-

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des de estas misiones religiosas en el proceso de pacificación y relocalización de los pueblos indígenas amazónicos. Lo ocurrido en este período, constituye así la implantación de un modelo de intervención en la Amazonía ecuatoriana: la búsqueda de materias primas articula un aparataje productivo que vincula a un sector apreciable de trabajadores migrantes y de población flotante, los que desarrollan formas de ocupación de tierras de acuerdo con las disponibilidades de obras de infraestructura que posibilitan su ocupación. No será sino hasta fines de los 60, que se intensificarán las actividades de exploración petrolera, especialmente en la región Nor-Oriental. Los eventuales enfrentamientos con la población indígena se producen en la medida en que la extracción de los recursos supone el montaje de un sistema de incursiones hacia los territorios donde se encuentran los yacimientos más importantes. En cierto sentido, entonces, no existe una ocupación espacial que exija como requisito el desplazamiento físico de los pueblos allí asentados. Los cambios observables en los sistemas tradicionales de distribución poblacional son provocados por la estructuración de formas de utilización de la fuerza de trabajo indígena para las tareas exploratorias, o bien por razones de “seguridad”, que han sido aducidas por parte de las empresas petroleras, como en el caso de la defensa ante los reiterados ataques protagonizados por los guerreros Huaorani desde los 60 hasta fines de los años 80 (Labaca, 1988; Cabodevilla, 1995; Reeve, 1988, p.53 y ss.). El escenario local y el origen del conflicto En el área de concesión del Bloque 10 se encuentran ubicadas históricamente decenas de comunidades que pertenecen a dos pueblos distintos: Quichua y Huaorani. De hecho, gran parte del área comprometida para la exploración petrolera constituye la frontera establecida entre estos dos pueblos.

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En efecto, desde el año de 1969 fue delimitado el territorio del “Protectorado” Huaorani que no fue legalizado sino en el año 1983 por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, IERAC. De acuerdo a los límites del Protectorado, este se extiende hacia el sur hasta el río Manduru Yacu, que a su vez, constituye el límite de las comunidades del pueblo Quichua, ubicadas en el río Villano (Cabodevilla, 1995, p.411 y ss.) Desde otro punto de vista, es posible establecer tres áreas de asentamiento de los Quichuas, de acuerdo con los sistemas fluviales que se encuentran comprometidos por la concesión petrolera: en primer lugar, los asentamientos de las cabeceras del río Curaray y que corresponden tanto a las comunidades Huaorani como Quichua; en segundo lugar, los de las cabeceras del río Conambo que son comunidades Quichuas; y en tercer lugar, los asentamientos del pueblo Quichua del sistema del río Bobonaza y sus tributarios, Jatun Rutunu Yacu y el río Jandia Yacu (Reeve, 1988, p.11 y 12). Tanto las comunidades de los pueblos Quichua como del Huaorani presentan en los últimos años, un régimen de asentamientos locales debido, en gran parte, a la influencia de las misiones religiosas (Rival, 1992, p.61). Desde el siglo pasado, las misiones Jesuitas y Dominicanas, habían forzado la adopción del régimen por parte de asentamientos locales comunitarios en la cuenca del Bobonaza, hasta llegar, progresivamente a otras áreas. En el caso del pueblo Huaorani, esta adopción se dio por la presión de los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) (Trujillo, 1981; Robinson, 1983). La exploración sísmica en el proyecto del Bloque 10 se llevó a cabo desde el 10 de noviembre de 1988 hasta julio de 1989. Según Arco (1992), el programa de adquisición de datos sísmicos estuvo acompañado de acciones para asegurar que todos los habitantes de la localidad fueran informados sobre la naturaleza de las operaciones sísmica. Estas acciones eran básicamente asistencia-

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listas, como dotación de víveres, ropa, y construcción de aulas escolares, que involucraban a los líderes de las comunidades locales. El trabajo de dicha compañía fue suspendido en las líneas 33 y 35, así como segmentos de la 16 y 18 que atravesaban el territorio de la comunidad de Sarayacu (McCreary, Kondolf, et.al, 1992, p.15). En las tierras de esta comunidad quichua compuesta por 5 centros (650 familias en total) se produjo una primera paralización en el período comprendido del 3 al 12 de mayo de 1989 y luego una segunda en junio, concluyendo en julio de ese mismo año. De acuerdo con la información de la Arco, en la exploración sísmica se abrieron 1.207, 7 km. de trocha de 3 metros de ancho, repartidos en 36 líneas sísmicas. De éstas, 12 líneas atraviesan el bloque en sentido NE-SW, 16 perpendiculares a las anteriores en un sentido NW-SE, 6 se concentran en la zona de Villano, atravesados por una perpendicular. Finalmente, una línea ubicada en el extremo superior derecho del bloque sale de éste, en sentido E-W, desde las proximidades de la comunidad Huaorani de Quihuaro en dirección al río Curaray. Los helipuertos se ubicaron por lo general a cada kilómetro a lo largo de las líneas. Y se abrieron cerca de 1.500 helipuertos hasta inicios de 1990 (Ortiz, 1992). Las acciones de sísmica al interior del territorio Quichua, especialmente en las comunidades de la Asociación de Sarayacu, provocó la reacción de éstos. Los indígenas incluso intervinieron en abril de 1989, paralizando las actividades sísimicas que Arco realizaba en la cuenca del río Rutunu 7. Entre el 28 de abril y el 10 de mayo de 1989, en un incidente separado, el jefe de operaciones de Arco en el bloque 10, llegó en un helicóptero a la comunidad de Sarayacu con 2 millones de sucres en efectivo (U$1.000, oo) para comprar el consentimiento de la comunidad. Pero la comunidad rechaza la oferta del funcionario8.

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Según la versión oficial del gobierno, los líderes indígenas determinaron que no se les permitiría salir de Sarayacu a los representantes del gobierno y de ARCO a menos que firmaran ciertos acuerdos indicando que se suspenderían las actividades sísmicas en los territorios de las comunidades de la Asociación de Sarayacu y en la cuenca del Bobonaza hasta que las tierras reclamadas sean adjudicadas por el gobierno9. Según Andrés Malaver, dirigente de la OPIP, “las autoridades han tergiversaro totalmente los hechos. Que fueron secuestrados es una gran mentira. Si incluso esos días pasaron bailando, y conversando de los temas del documento que se firmó”. Primeras negociaciones El documento firmado y llamado “Acuerdos de Sarayacu”, de 9 páginas, contiene un total de 50 puntos divididos en 8 capítulos10. Según Leonardo Viteri, dirigente de la OPIP, “para obtener el permiso de los pobladores para las actividades de la ARCO, el IERAC adjudicó a las familias de otras comunidades (Jatun Molino y Moretecocha) 26 mil hectáreas de tierras, provocando un enfrentamiento entre ellas. A esto se añadió la labor de las misiones evangélicas en esas comunidades, que abrió el camino a la presencia de la compañía” (entrevista personal, noviembre de 1993). Uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno, numeral 7 de los indicados, señala la “indemnización por los daños ecológicos y socio-culturales causados por las actividades petroleras al interior de los territorios indígenas”. Para determinar la magnitud de los daños ambientales, se nombró una Comisión Evaluadora conformada por expertos de CEPE, la Dirección Nacional de Hidrocarburos, OPIP, la Asociación de Sarayacu y la Confeniae para que realice un análisis del impacto ambiental de las actividades de Arco y sus subcontratistas.

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Estos hechos sucedían mientras en Manaos, Brasil, se celebraba una reunión de los presidentes de los países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica, a la cual asistió el presidente Rodrigo Borja, y tuvo como objetivo básico, “fortalecer la posición conjunta de estos paises para administrar libremente los recursos y programas de conservación ambiental sin imposiciones externas” (Cordovez, 1992, p.166). Más tarde en el conflicto, la Comisión Evaluadora presentó a un borrador del informe sobre los impactos ambientales denominado “Análisis sobre el impacto de exploración sísmica en el bloque 10 ejecutado por la Cía. Arco Internacional Oil and Gas Company, con la subcontratista francesa CGG” (1989). Este estudio interdisciplinario, que fue pionero en CEPE y el país, se interrumpió con la ruptura del diálogo Conaie-Gobierno en agosto de 1990. El documento se archivó y se detuvo el proceso de evaluación ambiental. Las principales conclusiones del estudio destacaban un profundo deterioro por pérdida de vegetación, deforestación; presencia de desechos tóxicos descargados directamente sobre suelos y aguas; contaminación de aguas por manejo inadecuado de desechos en los campamentos; altos niveles de ruido causados por perforación, plantas eléctricas, explosiones, entre otros impactos ambientales. También recogía testimonios de miembros de las comunidades indígenas quichuas sobre la escasez en caza y pesca causada por la actividad exploratoria; introducción de enfermedades estomacales y de la piel; malas condiciones de trabajo para los obreros de la compañía, entre otros impactos directos. A partir del conflicto que se desató por la demanda de delimitación de los territorios quichuas de Pastaza y que involucró, en esta fase al gobierno central, a las Fuerzas Armadas, a algunos gremios empresariales y a los medios de prensa, las organizacio-

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nes indígenas al ver cerradas las posibilidades de maniobra en el escenario político nacional, comienzan a transitar y movilizarse en otro escenario, desconocido e incierto para muchos grupos nacionales, pero fundamental en la estrategia asumida frente a un actor transnacional. En California, Estados Unidos, por ejemplo, Pam Wellner, coordinador del Rainforest Action Network (RAN), de la campaña de defensa de los bosques húmedo-tropicales, encabezó una marcha de activistas ambientales en esa ciudad, en la que exigían a Lodwrick Cook, presidente del directorio de la Atlantic Richfield Company (Arco) International Oil and Gas Company (AIOGC), abstenerse de proseguir sus actividades exploratorias, iniciadas en el territorio Quichua de la Región de Pastaza en la Amazonía Ecuatoriana. Adicionalmente RAN publicó los resultados del estudio de la comisión evaluadora y las denuncias presentadas por la OPIP11. A estos hechos se sumaron las acciones que organizaciones indígenas de segundo y tercer grado desarrollaron en junio del 90, en lo que se denominó el “levantamiento indígena”, en el cual el movimiento indígena presentó un “Mandato por la Defensa de la Vida y los Derechos de las Nacionalidades Indígenas”, que consta de 16 puntos12. Antes de la ruptura del diálogo en agosto del 90, y que se inició al final de la movilización indígena en junio, el 5 de mayo, la Cancillería ecuatoriana asumió la sede de la Secretaría pro-témpore del Tratado de Cooperación Amazónica(TCA). El involucramiento del Ecuador en el TCA y, fundamentalmente en el apoyo a la Secretaría pro-témpore implicó varios aspectos, particularmente ligados a la suscripción de acuerdos y programas orientados a la zonificación ecológica y económica de la región; a la evaluación de los recursos naturales; al aprovechamiento sustentable de la biodiversidad; al manejo de los recursos hidrobiológicos y forestales; a la planificación y manejo de las áreas protegidas y uso de los suelos; al desarrollo de cultivos de las áreas protegidas

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y uso de los suelos; al fortalecimiento de las instituciones; entre otros aspectos. Pero fueron las posiciones irreconciliables del gobierno central, de las Fuerzas Armadas y de las organizaciones indígenas, las que se pusieron en evidencia en agosto de 1990, a raíz de que la OPIP presentó al Gobierno del Presidente Borja, un “Acuerdo sobre el Derecho Territorial de los Pueblos Quichua, Shiwiar y Achuar de la Provincia de Pastaza a Suscribirse con el Estado Ecuatoriano”13. Ante semejante planteamiento, el Gobierno reaccionó de manera inmediata: en 40 minutos de intervención, el presidente Borja dijo básicamente: “objeto con entera claridad y franqueza el título del documento, porque en el Estado ecuatoriano no cabe un tratado o un acuerdo entre una organización social, que forma parte del pueblo y el Estado ecuatoriano. Ustedes no son un Estado dentro de otro Estado, porque ustedes están sometidos, como todos los demás ecuatorianos, sin privilegio alguno, a las mismas leyes, a la misma Constitución y a las mismas autoridades estatales” (Ortiz, 1990). Estas posiciones gubernamentales, definitivamente llevaron a las comunidades locales, representadas a través de la OPIP a operar en un escenario global, a través de la Campaña Tunguy donde se involucraron otros actores, a través de alianzas explícitas o no, tales como las redes ambientalistas y de organismos no gubernamentales. En la sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, movimientos verdes y gobiernos de varios países con los cuales la OPIP mantenía convenios de cooperación técnica, promovieron una resolución que finalmente sería tomada el 14 de diciembre, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, donde intervino Luis Vargas, entonces presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (Confeniae), para declarar a los parlamentarios europeos,”la constante lucha que llevamos los pueblos indígenas de la Amazonía en defensa de nuestros territorios, nuestros recursos naturales y nuestra cultura, ha

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desatado una campaña del gobierno del Ecuador contra las organizaciones. Se han militarizado nuestras propias tierras, nos acusan de terroristas y nos amenazan. Esas son las respuestas que el Estado ecuatoriano da a nuestras demandas. Y por eso hemos venido aquí, a la casa de Ustedes, los dueños de las compañias petroleras”. Luego de rechazar la presencia de las compañias British Gas y Arco, británica y norteamericana, respectivamente, los indígenas solicitaron a Gran Bretaña, Francia y Dinamarca paralizar la implicación de sus gobiernos en la extracción de recursos de sus territorios. La Comunidad Económica Europea debe exigir y formular, basándose en una Comisión de investigación, compuesta por líderes indígenas y científicos, exigencias ambientales precisas y severas a las compañías petroleras europeas y otras compañías explotadoras de los recursos que operan en la Amazonía. Estas exigencias ambientales podrían hacerse a los gobiernos de Ecuador y Sudamérica como condición para la remisión parcial de la deuda externa que ya ha sido discutida en todo el mundo. Las comunidades locales indígenas de la Amazonía, podríamos tener el estatuto de centros de las Naciones Unidas, con el derecho de denunciar violaciones ambientales ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU”. Estas iniciativas de la OPIP, la CONFENIAE y de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), revelan la alianza producida y la presencia destacada de otros actores como la redes de ambientalistas europeos, tales como The Danish Association for International Sustainable Development (DAISD), Friends of the Earth (FOE), Labour Movement International Forum Denmark (LMIFD), Survival International [for Tribal Peoples], así como de varias agencias de gobierno que influyeron en la decisión del Parlamento, y Cultural Survival International [for Tribal Peoples] de la Universidad de Harvard14. En esta misma dirección, y con un escenario global ya establecido, el conflicto llega a la Sede de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Nueva York, seis meses más tarde, el 17 de julio de 1991, en su 43º período de sesiones, cuando estaba reunida la Subcomisión de Prevención de Discrimina-

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ciones y Protección a las Minorías, tratando el tema 15 de su programa provisional. Ya desde 1989, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas recomendó que el Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales (CNUETN) ayudase al Grupo de Trabajo “a preparar una base de datos sobre las inversiones y operaciones transnacionales en tierras y territorios de los pueblos indígenas y, en particular, las tierras que en la actualidad son objeto de controversia”15. Y tras celebrar consultas técnicas con el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CNUETN) propuso una metodología para establecer una base de datos y para los futuros informes anuales al Grupo de Trabajo, incluído un proyecto de cuestionario, donde se destacan los conflictos presentados entre empresas transnacionales y comunidades locales de la Amazonía del Ecuador. Estos comisionados se mostraron preocupados por el hecho de que estas actividades de extracción de recursos, y específicamente la explotación petrolera lleva siempre consigo el riesgo de accidentes catastróficos. Los ha habido en el Ecuador como en Alaska que han afectado gravemente la economía de subsistencia y los ingresos de los pueblos indígenas sin que éstos hayan recibido indemnización alguna como ocurrió con las operaciones y administración de la compañía Texaco, en el nororiente amazónico ecuatorianao, donde se produjeron no menos de 30 derrames de importancia hasta alcanzar un nivel de 16.8 millones de galones de petróleo en alrededor de 20 años. La nueva etapa de negociaciones en el escenario global El debate acerca de las actividades exploratorias de ARCO Oriente, había llegado a un punto polarizado y conflictivo en los círculos petroleros y ambientalistas de Estados Unidos, al punto que ARCO pidió a Rainforest Action Network (RAN) una reunión para discutir sus acusaciones de haber destruído las tierras y bos-

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ques de los indígenas quichuas de Pastaza, y que fueron publicadas por RAN. Para esa reunión, Arco preparó una carta en base a sus propios estudios ambientales (Chamberlain, 1991), que señala en la parte pertinente: “como parte de nuestro procedimiento operativo normal hemos conducido numerosos estudios incluyendo estudios del suelo, clima, botánica, pesca, arqueología, calidad del agua y revegetación. Estos estudios, además de nuestras conversaciones con los aldeanos locales, señalan que nuestras actividades no causaron, como alegó RAN, ninguna destrucción de los sitios sagrados ni de las purinas, ni contaminación de los arroyos, etc”. Más tarde se conocería que ARCO realizó estudios únicamente sobre el área de los pozos exploratorios, pero no sobre los impactos de las trochas. En abril de 1992, Arco Oriente anuncia el descubrimiento de importantes reservas de crudo liviano en el Bloque 10. Según el informe verbal de funcionarios de Petroecuador, los descubrimientos sumarían 700 millones de barriles. Considerando que las reservas anteriormente conocidas son de 1.5 millones, el descubrimiento de Arco es de importancia. (Villamil, 1994, p.16). Teniendo presente las alianzas establecidas y su presencia en el escenario global, ese mismo mes y después de 15 años de movilización continua, la OPIP organiza una marcha con más de 2.000 indígenas a lo largo de 400 kilómetros desde la Región Amazónica hasta Quito denominada “Allpamanda, Causaimanda, Jatarishum! (Por la tierra, por la vida, levantémonos), tras la cual logró la legalización de 1’115.574 hectáreas correspondientes a gran parte de los territorios tradicionales de las comunidades indígenas de Pastaza (Veilleux, 1992, p.36). Este cambio de posición del Estado ecuatoriano posibilitó el inicio de una nueva etapa de relaciones en torno al conflicto, en tanto se atendía una demanda y satisfacía -aunque sea parcialmente- un interés central de las organizaciones indígenas. A pe-

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sar de ello, Arco parecía no modificar su posición inicial, lo cual agudizó el conflicto en el escenario local. A inicios de 1993 la compañía petrolera había retomado sus estrategias de división, utilizando todos los medios16. El 7 de septiembre de 1993, la OPIP planteó a Arco la reiniciación de los diálogos directos. Así, en noviembre, la OPIP conjuntamente con representantes de la comunidad de Santa Cecilia, de la zona de Villano, deciden convocar a las 11 Asociaciones Indígenas de Base para una concentración en la comunidad de Villano, centro principal de operaciones de Arco17. A nivel global mientras tanto, la campaña internacional implementada por las redes y grupos ambientalistas internacionales se intensificó al punto que incluyó las tomas de oficinas en varios países del mundo donde opera Arco, reportajes de prensa, cartas personales de diputados europeos a los ejecutivos de la sede en Texas, así como presiones desde el Banco Mundial y el Senado norteamericano. Todas estas acciones llevaron a la compañía Arco a reveer sus posiciones y estrategias, en tanto su imagen dentro del mercado petrolero y de los accionistas se habría puesto en riesgo. Estas serían una de las razones que llevaron a decidir a los ejecutivos de la matriz de Texas, la reapertura del diálogo directo con la OPIP, manteniendo como lugar de encuentro las oficinas centrales de la compañía en Plano, Texas. Estas sesiones de trabajo involucraron varias consultas y reuniones de las comisiones nombradas para el efecto. El gobierno del Ecuador se mantuvo al márgen de todo este proceso, hasta cuando en una reunión con la Asesora de Asuntos Ambientales del presidente Clinton, en Washington, en marzo y diciembre, culminó con el envío de una carta al presidente de Arco, demandándole atención a las propuestas indígenas. Arco exigía la presencia de delegados del gobierno del Ecuador.

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Una de las últimas reuniones en ese proceso de negociaciones, desarrollada en Plano, Texas, culminó en marzo de 1994, con la firma de un acuerdo que incluye: que la compañía se compromete a realizar una evaluación ambiental del período de exploración en el Bloque 10, independientemente de la declaratoria de comercialidad de ARCO/AGIP, así como a asegurar la participación de los indígenas en el desarrollo de un Plan de Manejo Ambiental para los territorios indígenas de Pastaza, y la creación de un Fondo de Desarrollo Social, Control Ambiental y Conservación de la bio-diversidad en los territorios indígenas de Pastaza. También se acordó la creación de una Comisión Técnica Ambiental con 3 representantes del Estado, 3 de Arco y 3 del Frente Indígena (OPIP, AIEPRA y ASODIRA), cuyo funcionamiento hasta fines de 1995 ha permitido que temas como la construcción del oleoducto, la apertura de vías, la movilización de equipos de trabajo, la realización de estudios de impacto ambiental en dichas zonas de operación y el financiamiento de los planes de desarrollo presentados por los indígenas sean discutidos con resultados variables. Caso 2: Conflicto Gobierno Hindú/Banco Mundial vs. Movimiento de Campesinos Narmada Bachao Andolan, India. El Contexto La India enfrenta hoy un desafío extraordinario. Su población sobrepasa los 882 millones de habitantes, cerca del 40 por ciento vive en la fértil planicie del Ganges. Para fin de siglo será aproximadamente de 1.000 millones de personas. En cada millón de hectáreas de tierra de la India, actualmente viven alrededor de 2.5 millones de personas, y para fin de siglo esa cifra alcanzará los 3 millones.

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Dichas tendencias operan en el marco de una gran pluralidad cultural propia del complejo mosaico de la civilización hindú. Este mosaico va desde las regiones montañosas templadas y subtempladas de los Himalayas hasta los valles tropicales del Aravalli al Occidente hasta los Ghats Orientales y Occidentales; desde los fríos desiertos de Ladakh a los sofocantes desiertos de Gujarat y Rajasthan; desde las altas áreas lluviosas del Nor-Este hasta las áreas alimentadas por los grandes ríos como el Narmada y el Ganges, los cuales han nutrido las consideradas tierras más fértiles del mundo; desde las regiones encerradas de la India central a las miles de islas del mar de Arabia y el Océano Indico18. Esta diversidad de ecosistemas ha creado un marco igualmente complejo, para el desarrollo de múltiples y variados sistemas culturales, cada cual con su respectiva manera de interactuar con la naturaleza, llegando a constituir un importante cuadro de prácticas, tradiciones y conocimientos socio-ecológicos19. Los meros hechos físicos del deterioro ambiental de la India son conocidos. Más de 100 millones de hectáreas, es decir, una tercera parte de toda el área de la India están clasificadas como zonas improductivas, desertificadas, que alguna vez fueron tierra forestal o de pastos, y el resto fue tierra agrícola estropeada por la erosión y la salinización. Estudios elaborados en los años 80 (FAO, 1993) mostraron que la mayoría de la población sobrevive de una economía de subsistencia basada en la biomasa20. Durante los próximos años la India demandará alimentos, leña, materiales de costrucción como madera y paja, materias primas industriales, y varios de estos productos crecerán a pasos agigantados. Además, la explotación descontrolada del agua subterránea para el riego ha llevado a un alarmante descenso de la capa freática, de más de cinco metros en algunos lugares, y hay también una escasez de agua de calidad adecuada para las necesidades domésticas y para beber (Banco Mundial, 1992; Kennedy, 1994, p.211 y ss.)

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El ecologista hindú Jayanta Bandyopadhyay ha señalado que el agua, más que el petróleo, será el líquido cuya disponibilidad o escasez marcará el futuro económico de este país (Ecología Política Nº8, 1994). Hasta la primera década del siglo XXI, la producción de cereales debe incrementarse de aproximadamente 170 a 240 millones de toneladas. En forma similar la producción de leche, algodón, caucho, pescado y varios otros recursos alimenticios y materias primas industriales deben crecer rápidamente. Cerca de la mitad de la producción industrial proviene de la industria basada en la biomasa, lo cual plantea serias interrogantes alrededor del potencial desequilibrio que podría producirse entre la capacidad de generación de recursos de la biomasa y el ritmo y proporción del crecimiento productivo de la economía. Las consecuencias humanas de esta situación son serias. Las formas de organización social y cultural que dependían crucialmente de los frutos de la naturaleza -como la caza, la pesca, el pastoreo o la cestería- son abandonadas, y quienes subsistían mediante estas ocupaciones se unen ahora a la marcha de los “refugiados ecológicos” hacia las ciudades en busca de empleo21. Las tradiciones ecológicas y culturales de la India fueron alteradas por regímenes de explotación de recursos tales como el Imperio Británico desde fines del siglo XVIII hasta la Independencia de 1947 . El sistema británico intensivo en extracción de recursos no solo obligaba a los granjeros hindúes a reorientar la producción hacia las prioridades del Imperio, sino que también proclamaba un sector urbanoindustrial (desde comienzos del siglo XIX en adelante) el cual aceleró las demandas de recursos agrarios y rurales . Las tierras agrícolas y las propiedades comunales fueron privadas a la fuerza en función de las necesidades del Estado o del mercado internacional, tal como lo entendía en ese entonces el Imperio Británico (Molnar, 1990, pgs.134 y ss)22.

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Estos procesos se intensificaron paradójicamente después de 1947. El Estado desarrollista hindú de la post-independencia exacerbó la presión en los sistemas naturales. Mientras que los británicos cuando dominaron la India podían al mismo tiempo colonizar otras partes del mundo, el Estado de la India actual no ha tenido otra opción que sobre-explotar internamente su propio territorio y sus recursos naturales23. No es de extrañarse en ese marco que los conflictos sociales sobre la naturaleza y los recursos naturales hayan permanecido en silencio durante las dos primeras décadas de la independencia de la India, antes de erupcionar en todo el país desde mediados de la década de los 70. Una razón del ascenso de dichos conflictos en torno a recursos naturales a la escena pública es sin duda el impacto acumulado del deterioro ambiental, pero otro factor igualmente importante es el cambio en la percepción popular del Estado en la India (Shepperd, 1986, p.23; Stewart, 1990, p.28). En los años 50 y 60, el Partido del Congreso (en el poder en la India desde 1947, excepto cinco años), era visto como el heredero auténtico de un movimiento nacional con una base social de masas, y el Estado fue visto, no ya como el instrumento del poder colonial que imponía la dominación política y extraía el excedente económico, sino como un vehículo para conseguir el desarrollo económico y social (Kothari, 1993, p.225). Pero a lo largo de los últimos años, el Estado ha perdido en este país mucha de su legitimidad, y la percepción creciente apunta a describirlo como cautivo de los intereses de los “omnívoros”: los políticos y funcionarios corruptos, industriales ricos y agricultores (Agarwal, 1993, p.244). Entre otros aspectos relevantes para entender la dinámica política hindú, no debemos olvidar que en este país tuvo lugar una división entre el poder secular y el religioso desde épocas muy tempranas (Weber, 1987). Sin embargo, las ideas no siempre

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se traducen en realidades. Los nandas y maurians que unieron la India bajo una sola cobertura imperial atacaron la pretensión de los brahmanes de hablar en representación del orden social24. En la cultura política hindú, la afinidad electiva entre el budismo y el imperio nunca se consolidó lo suficiente como para crear un sistema imperial estable. Sin embargo, ¿por qué no se logró crear en algún momento posterior un imperio universal, respaldado por el budismo? Quizás el budismo no fue adecuado al gobierno de emperadores y reyes. Se concentró más en los aspectos trascendentes y espirituales, volviendo la espalda al aspecto social, durkheimiano de la religión. En los tiempos actuales, incluso, no ha ofrecido una guía alguna para una necesidad social como la regulación del matrimonio (Parajuli, 1993, p.233). Por contraste, el mayor logro del brahmanismo y del neobrahmanismo ha residido en su capacidad para organizar las relaciones sociales. Desde las leyes del Manu se muestra cómo los brahmanes proporcionaron leyes para organizar todos los aspectos de la vida social. El orden social dominado por los brahmanes ha actuado como un imperio no en la conquista de nuevos territorios, sino fijando las normas y pautas de la acción de los actores sociales. Un orden social en el que la sociedad es entendida como una comunidad basada en la división más que en la posibilidad de una experiencia compartida, lo que ha tenido grandes efectos en la interacción social y económica25 . Es importante observar todo esto para apuntar que la organización brahmánica de la vida social hindú por medio de las castas ha creado gobiernos inestables. Cuando los Estados han cambiado de manos, de alguna manera esto también ha repercutido en la tenencia y control de tierras y recursos naturales y los derechos a arrendar los impuestos.

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Los Antecedentes Dentro de la India misma, distintas periferias se crearon para facilitar el suministro regular de recursos naturales. En las últimas 3 décadas se han buscado los recursos naturales a nombre de la “construcción de la nación”, similar a lo acontecido con los Estados de la Cuenca Amazónica. Los mayores en Jharkhand, todavía narran cómo Pandit Nehru, el ex primer ministro de la India vendría a remover los últimos rincones de Jharkhand e invocar los sentimientos de nacionalismo para sacrificar su tierra, bosques y ríos. Estas áreas fueron llamadas “retrasadas” y a la gente local se la caracterizó como “incultas” y “subutilizadas”, prestas a convertirse simplemente en “recursos humanos” (Stewart, 1990, p.30). Los subsidios estatales fueron sumunistrados para desarrollar estas áreas. Establecimientos industriales como la Tata Iron & Steel Company, o establecimientos industriales mayores como el Danodar Valley Corporation en la región Jharkhand fueron construidos bajo esa inspiración. Otras formas de organización política más democráticas, pluralistas en lo etno-ecológico y ambiental, han sido afirmados por los movimientos etno-ecológicos en la actualidad, los cuales fueron subordinados dentro de un modelo de desarrollo fundado en las nociones clásicas occidentales del progreso que fundó la modernidad europea del siglo XVIII y XIX. En ese marco, el sistema democrático actual de la India, ha excluído a las poblaciones pobres y a los “refugiados ecológicos”, dándoles apenas un pequeño espacio para la protesta social. Es decir, el “ecologismo de los pobres” ha sido interpretado como la resistencia ofrecida por la “gente de captura de recursos por los “omnívoros” (Guha, 1994, p.138). Estas resistencias se expresan a través de movimientos sociales contra las grandes represas por grupos tribales que van a ser desplazados por ellas, o en luchas campesinas contra el uso industrial de zonas de bosque o de pastoreo como sucede también en Nepal (Ramachandra, 1994; Shiva, 1990, p.158-168; Sheperd, 1986, p.25; Arnold, 1991, p.43-46)26.

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El Escenario local y Origen del Conflicto En años recientes, uno de los conflictos socioambientales locales más relevantes ha sido el que ha involucrado a muchas comunidades rurales asentadas en el velle del río Narmada, aglutinadas en el movimiento Narmada Bachao Andolan, que representa a la “gente del ecosistema” que se enfrenta a su forzado desplazamiento por la inundación de sus tierras por la gran represa del río Narmada en la India central (Omvedt, 1994, p.99 y ss). Entre las comunidades que forman parte del movimiento, se destacan las de Manibeli, una de las más activas y afectadas en este conflicto. El Narmada es uno de los ríos más grandes y sagrados de la India. No hay que olvidar que las grandes cuencas hidrográficas en este país, constituyen los centros fundamentales de la actividad económica, cultural y religiosa (Ver Figura 2). El río Narmada se origina en Amarkantak en la extensión Maikal y pasa a través de varios distritos en los 3 estados de Madhya Pradesh, Maharashtra y Gujarat. La Cuenca del río Narmada ha posibilitado de manera notable la formación de una gran diversidad ecológica y cultural en esta parte de la India. Cubre un área de aproximadamente 10 mil kilómteros cuadrados con una población total de 21.78 millones de habitantes (Amte, 1990, Paranjype, 1991). El proyecto en el valle del río Narmada se enmarca en la llamada propuesta del Proyecto “Sardar Sarovar” (PSS) como el eje del Proyecto del valle de Narmada, que consta de 30 represas grandes, 130 medianas y 3.000 pequeñas. Si alguna vez se completa, la totalidad del proyecto desalojaría a cerca de 2 millones de personas, además de amenazar los complejos procesos culturales y religiosos en el Valle del Narmada. Las comunidades de Manibeli serían una de las principales afectadas, y solo el reservorio de PSS en esa área, cubriría la estrecha franja de territorio de aproximadamente 250 kilómetros de largo y sumergirá a 254 aldeas bajo el agua. El PSS ha estado apoyado por el gobierno central y por

Figura 2

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el Banco Mundial (a través de un préstamo de 450 millones de dólares) (Molnar, 1990, p.140)27. “Sardar Sarovar” o “Narmada Sagar” son nombres que aluden al “agua abundante que da vida”. El agua es el punto nodal de toda la estrategia global que ha adopado el Estado alrededor del Proyecto del valle de Narmada, constituyéndose en un tema sensible en la agenda pública, en un país con mucha sequía, lo cual le ha granjeado el apoyo de otros sectores, particularmente inversionistas y agroindustriales (Amte, 1990, p.75). Según la lectura de los tecnócratas gubernamentales y del Banco Mundial, en dicha región existe abundante agua que es necesario aprovecharla para almacenarla y distribuirla, para lo cual es necesario darle prioridad al modelo de la gran represa, pues según esa tesis, “cualquier otra alternativa como “pequeñas represas” representa un uso irracional del recurso agua” (Amte, 1990; Molnar, 1990, p.138139)28. Tesis que contrasta con la percepción del uso y manejo del recurso presente en las comunidad rurales de la zona. “La cuestión no es solo calibrar la validez de tales argumentos sino notar además sus imágenes: abundancia de agua, desperdicio del agua, agua para acabar con el hambre. Quienes se oponen al proyecto tienen otro discurso, un discurso humanitario que difiende las vidas o los modos de vida destruídos o amenazados por ese proyecto gigantesco, pero también ellos están atrapados en las imágenes del agua” (Omvedt, 1993, p.100). Según las críticas establecidas por los líderes del Movimiento narmada y las comunidades rurales, el objetivo del proyecto gubernamental apoyado por el Banco Mundial, no es solo abastecer de agua para que la gente beba y para que los cultivos crezcan, sino proporcionar energía para un tipo de sistema de producción particular, que ya está muy asentado en muchas partes del estado de Gujarat, que tiene una demanda insaciable por aumentar los inputs de energía y que a muchos gustaría extender e implantar

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más profundamente. La energía es proporcionada en forma de electricidad principalmente para la industria, y el agua se destina a los campos de Gujarat, para promover un modelo de desarrollo agrario, similar a la de la “revolución verde” (Parajuli, 1991, p.228; Arnold, 1991, p.44). Este es el marco referencial en el que se fundamenta la definición de los intereses de los grupos de poder involucrados en el conflicto del Narmada. Las posiciones en ese sentido han sido paradójicas entre el Estado, las empresas y el Banco Mundial en el caso de los proyectos de irrigación del valle del Narmada. Por una parte, estos actores hacen hincapié en la eficiencia y en la minimización de los subsidios, a pesar de que la provisión barata de energía por represas como las de Narmada son un gran subsidio, y los fertilizantes químicos cuyo uso es imprescindible en ese sistema agrícola también están subsidiados. Los decidores de este grupo de actores hegemónicos, partidarios del mercado libre, han intentado limitar el uso de divisas, sin embargo la construcción de represas absorve divisas y además ese sistema agro-industrial es un consumidor voraz de importaciones (Amte, 1990, p.78)29. Por otra parte, a pesar de que los modelos keynesianos de participación e intervención del Estado están en crisis en el mundo entero -y también en la India-, la construcción de represas como la del valle Narmada representan una continuidad del modelo de intervención estatal en los marcos del desarrollismo industrialista. En esa línea, el método convencional de producción de energía, que se considera una norma en el proyecto del Narmada, es que la energía almacenada en las represas de agua como energía potencial se usará como hidroelectricidad (cuando el proyecto burocrático se enfrenta con propuestas para reducir la altura de las represas del Narmada, el principal temor parece ser el perder la producción de energía eléctrica). Así, de los 9 millones de acres-pie adjudicados al estado de Gujarat, dos se almacenarán

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en represas, dos irán a los campos durante el monzón, y las cinco restantes serán almacenado en el embalse de Sardar Sarovar para ser fuente de energía. Es la cantidad que sería afectada si la altura de la represa fuera inferior (Amte, 1990; Paranjype, 1991). En todo esto se produce un desfase entre la producción de hidroelectricidad y el uso del agua para el regadío. El proyecto así está concebido para satisfacer intereses de algunos grupos de poder que buscan fomentar una “revolución verde” en la agricultura y el uso despilfarrador del agua unido a altos niveles de fertilizantes químicos y pesticidas para conseguir aumentos en la producción. Esto excluye por completo las demandas e intereses de las comunidades locales, como sucede con la situación de aquellas ubicadas en Manibeli, cuyos reclamos, hasta la presente, no han sido escuchados30. El resultado de dicha posición del Estado y del Banco Mundial, implica inundar tierras y bosques, y expulsar tribus y otros campesinos del valle del Narmada (Omvedt, 1993)31. La Dinámica del Conflicto en su fase intensa En muchos aspectos, el movimiento del valle del Narmada, que representa una significativa proporción de aquellas comunidades afectadas por el Proyecto “Sardar Sarovar” (PSS), ha surgido como una de las luchas populares más inusuales en el período de la post-independencia de la India. Es un ejemplo ilustrativo de la constitución de un actor afectado por la imposición de un tipo de racionalidad en la explotación y uso de los recursos naturales. Mientras hasta 1976 se habían presentado protestas esporádicas y focalizadas a nivel local solamente, a partir de 1986 surge una gran movilización popular opuesta al PSS así como a otras represas del río. La emergencia del movimiento les posibilitó trascender a otros escenarios nacionales y globales, como por ejemplo en Europa, a través del estable-

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cimiento de una campaña de apoyo a las comunidades del valle del Narmada impulsada por más de 2,000 organizaciones no gubernamentales de 44 países32. Un análisis de costo-beneficio del PSS revela claramente quien se beneficiará de las aguas del río Narmada. Los campesinos sin tierra, marginales, las tribus y los jornaleros están siendo desplazados. El discurso del Estado, basado en muchas de las premisas y conclusiones del Banco Mundial, no ha cesado de insistir en que “alguien tendrá que soportar el costo del desarrollo”. Parafraseando a Nehru se dice que “las represas después de todo son los templos de la India moderna”. Son vistos como monumentos del progreso, como elementos esenciales que el desarrollismo definió para alcanzar la tan soñada “autonomía” y garantizar la denominada “seguridad nacional”. El conjunto de actores opuestos a los proyectos del valle Narmada, con sus percepciones diferentes, han sido así calificados por los actores hegemónicos, como enemigos del desarrollo y del progreso y también como enemigos de la “nación”. Tesis de la cual la prensa fuerte de la India se ha encargado de fijarla en la opinión pública nacional. Las preguntas de estos actores subalternos, aglutinados en el movimiento Narmada, han girado en torno a la defensa de las formas tradicionales de vida y la identidad cultural. Varios líderes del movimiento como B.D. Sharma han planteado interrogantes tales como: “¿acaso la identidad cultural de estos pueblos es negociable en este conflicto? ¿Acaso pueden las comunidades tribales ser forzadas a basarse en otros principios y pautas de organización sabiendo que la organización de sus comunidades, la destitución de sus miembros y la pérdida de sus tierras es el destino? ¿Puede haber un trueque entre las necesidades de sobrevivencia de una mayoría pobre y más facilidades, control y beneficios solo para algunos?”(Kothari, 1993, p.231 y ss.)

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El eje del conflicto, al estar ligado a percepciones diametralmente opuestas, entonces no encuentra una salida sino de suma cero, es decir lo que el Estado, los inversionistas privados, los agroindustriales y el Banco Mundial logran es a costa de la pérdida de las tierras y de los recursos hídricos de muchas comunidades rurales asentadas en esa región. Políticamente el movimiento del Narmada comparte, en parte, las percepciones, estrategias y discurso de las primeras rebeliones contra los británicos, particularmente a nivel de las comunidades de base (en las áreas tribales), ligadas a las protestas contra el control centralizado del Estado tanto sobre las economías locales como los procesos administrativos y políticos. En ese sentido, este movimiento articula más aguda y caústicamente, el pensamiento crítico de Mahatma Gandhi33, del movimiento Chipko y Appiko, (Shiva, 1991, p.158 y ss), es decir de aquellos que desafían tanto la creciente centralización y autoritarismo del Estado y el carácter dominantemente extractivo del proceso económico -un proceso que no solo erosiona y destruye las economías de subsistencia de estas áreas, sino y sobre todo, desarticula y debilita a los actores sociales y comunales con sus organizaciones con los respectivos impactos en su identidad cultural y étnica. El movimiento Narmada pues desde 1989, ha actuado simultáneamente en diferentes escenarios: a nivel local, las protestas y reacciones frente a las actividades de construcción de las represas, sea contra las empresas encargadas de la ejecución, como contra las agencias estatales vinculadas al PSS; a otro nivel, más nacional y global, cuando se establecen alianzas con grupos y redes amplias de ambientalistas, quienes impulsan fuertes campañas como las emprendidas por el frente de 44 países que exigieron al Banco Mundial la suspensión de préstamos al gobierno de la India.

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Si las represas de Narmada Sagar y Sardar Sarovar son finalizadas las tierras de cultivo y las selvas comunitarias de casi 500 aldeas -más de 130.000 ha. de tierra- serán sumergidas de manera semejante a lo ocurrido con las tierras de los campesinos de Manibeli. Ante las protestas que incluyeron marchas y huelgas de hambre en la capital Nueva Delhi, así como cartas de organismos internacionales y líderes de más de 40 países contra el gobierno hindú, éste en 1994 exigió la cancelación de los 170 millones de dólares restantes del préstamo de 450 millones del Banco Mundial para el proyecto Narmada. A pesar de estas presiones sin embargo, las autoridades decidieron completar la construcción de los proyectos por sí solas, generando lo ya mencionado en Manibeli. Frente a ello, en sucesivas ocasiones los integrantes del Movimiento Narmada han demandado ante los tribunales de justicia indemnizaciones por las decisiones del gobierno. Medha Patkar, la líder del Narmada Bachao Andolan, dijo en diciembre de 1994, “nunca debemos permitir que el Banco Mundial olvide sus responsabilidades por los desastres ambientales y sociales que ha ayudado a crear en el valle del Narmada. ¿Qué puede indemnizar los golpes, la violación, arresto de los dirigentes y todo el sufrimiento que la gente del valle ha sufrido desde que el Banco Mundial comenzó a apoyar estos proyectos? Una forma de compensar sería admitir sus responsabilidades, y aceptar la demanda planteada por más de 2.000 ONGs que nos han apoyado” (Comunicación, E-Mail, enero 21 de 1995). El conflicto en esta región de la India, muestra a un movimiento que expresa de manera bastante representativa las crecientes afirmaciones de las poblaciones marginales -económica, cultura y políticamente- que abogan por un mayor control y espacio económico y participación en la toma de decisiones políticas

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sobre el uso de los recursos de los cuales dependen, en el nuevo orden global.

Estrategias y escenarios presentes en los estudios de caso Las características de ambos casos, que originándose en un escenario local escalan a niveles globales, reflejan un cambio fundamental en la naturaleza de los conflictos en torno a los recursos naturales, y un giro paradigmático en las relaciones internacionales. Crecientemente, se observa en ambos casos, que una parte importante de la comunidad internacional es arrastrada a involucrarse en conflictos que -en otro contexto- más bien tenían un alcance doméstico, regional o local. Conceptos como “prevención de conflictos”, “resolución de conflictos” y “construcción de la paz” se han convertido en términos comunes en los círculos diplomáticos profesionales, y todavía quedan interrogantes en torno a si la comunidad internacional, y específicamente los organismos llamados a mediar en los conflictos internacionales, realmente entienden las implicaciones de las clases o tipos de conflictos que han emergido en estos tiempos. Los principios que los informan, sus metodologías de acción, sin duda responden a un esquema en el que los Estados-Nación son los actores centrales -y hasta cierto punto únicos- del escenario internacional. Sin embargo, en el momento en que emergen comunidades locales, aliadas a extensas redes informales de ambientalistas que los apoyan, ¿qué capacidad y propuestas efectivas pueden plantear estos organismos? Creemos que ninguno y que el sistema centrado en el Estado, ha fracasado en la búsqueda de políticas apropiadas de resolución o manejo de conflictos, compatibles con las necesidades del actual escenario globalizado. En este sentido, si se observan las estrategias de acción presentes en ambos casos de conflicto, vemos que ninguno de los dos Estados tiene la capacidad -por sí mismos- de manejar y/o fijar un orden

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único de relaciones en torno al manejo de los recursos naturales. En ambos casos, se trata de una limitación que debe enfrentar intereses locales transnacionalizados e intereses transnacionalizados interiorizados a nivel local. Y actores que se ubican en segmentos que trascienden el escenario nacional. En caso del conflicto Arco-OPIP muestra la apertura de varios frentes de acción en las distintas etapas del conflicto, tanto a nivel local, regional, nacional y global, según las necesidades que la coyuntura le plantea dentro de la correlación de fuerzas con su contraparte. A nivel local, por ejemplo, cuenta con la necesidad de fortalecer la cohesión interna en las comunidades impactadas por las actividades de Arco, y fijar una agenda que permita aglutinar a otros grupos que se encuentran propensos a la cooptación por parte de la compañía. La realización de un sinnúmero de Asambleas, reuniones y movilizaciones locales hará posible conseguir esos objetivos. La ampliación de las organizaciones de carácter étnico y el surgimiento de unidades federativas a nivel regional y nacional les ha posibilitado reclamar el derecho de ejercicio de su cultura (Trujillo, 1992, p.82). El discurso de la OPIP dirigido a las bases es un llamado permanente a encontrar en el pasado la memoria capaz de permitir el afianzamiento de la identidad étnica; y al mismo tiempo, una convocatoria a un accionar presente para romper la dependencia civilizada, respecto del Estado, las misiones religiosas y la sociedad civilizada (Trujillo, op.cit., p.83). Solo ese primer paso, le permitirá construir una demanda coherente y viable, que le posibilita establecer un cuadro complejo de alianzas directas o indirectas con agencias no gubernamentales y gubernamentales, especialmente europeas. A nivel del escenario nacional, se busca una estrategia combinada de acciones que tiendan a romper la posición de las Fuerzas Armadas y de buena parte de la prensa, en torno al tema de la delimitación territorial, y la posición del propio gobierno en torno a las activi-

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dades exploratorias en el Bloque 10. El contacto con ONGs nacionales y otros grupos indígenas y de derechos humanos les permitió aglutinar un respaldo, que a su vez se tradujo en una toma de posición frente a demandas que constituían el eje de la incompatibilidad con el gobierno del Ecuador: el principio del ordenamiento territorial y del monopolio en las decisiones en torno a la explotación de recursos naturales en la región Amazónica. La realización de tomas de pozos, como el de Villano, dentro del Bloque 10, hasta la marcha de 400 Km. desde Pastaza hasta Quito, constituyeron parte de la campaña de solidaridad Tunguy, que a nivel global posibilitó el involucramiento de otros actores, gubernamentales y no gubernamentales, importantes en el contexto del mercado mundial del cual dependen las exportaciones ecuatorianas. Tunguy activó alianzas y apoyos sin los cuales, las decisiones de Arco jamás se habrían producido, en torno al establecimiento de un diálogo en Texas. Y por último, la preparación de la agenda para las negociaciones con Arco en Plano, Texas, posibilitó que los dirigentes quichuas fortalecieran sus posiciones frente a los negociadores de la compañía. “Si ellos tienen sus expertos, nosotros también tenemos investigadores y técnicos con mucha experiencia que nos ayudan, bajo nuestras condiciones. Pero más importante que cualquier apoyo académico, está ante todo nuestro conocimiento milenario y nuestra propia vida en la selva. Eso es lo que nos asiste y respalda para saber exactamente lo que conviene a los pueblos indígenas al momento de negociar con compañías como Arco” (L.Viteri, entrevista, diciembre de 1994). En el caso del conflicto en India, en el movimiento Narmada Bachao Andolan se pueden distinguir en cambio cuatro formas que asumen las estrategias de acción: Primera, la demostración colectiva de poder, evidenciada en las manifestaciones (pradarshan en idioma hindi) organizadas

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en las ciudades. La protesta moviliza una gran cantidad de individuos que gritan slogans, cantando, serpenteando en procesión hasta el lugar del mitín público final. El objetivo es la aserción de una presencia en la ciudad, que son los lugares del poder local, provincial o nacional. Los manifestantes llevan un mensaje que a la vez amenaza e implora, diciendo “no nos olviden, a nosotros los desposeídos del campo. Podemos causar conflictos, pero no lo haremos si nos hacen justicia”. Segunda, el entorpecimiento de la vida económica a través de actos de protesta más militantes. Así, la táctica del hartal o bandh consiste en obligar a las tiendas y talleres a cerrar sus postigos, o sacar los autobuses a las calles y carreteras, parando la vida normal. Una variante consiste en el bloqueo de carreteras, rasta roko, mediante una gran sentada, a veces durante varios días. Esas técnicas han sido muy coactivas y persuasivas, haciendo cargar con los costos económicos al Estado o a otras secciones de la población. Tercera, una forma de protesta que tiene un objetivo individual: la dharna o sentada puede usarse para impedir el trabajo en una represa o en una mina en particular; otras veces, el objetivo es una autoridad personal y no un lugar de producción, y los campesinos que protestan rodean (gherao) a un alto funcioanrio, y sólo permiten que recobre su libertad de movimientos después que haya oído sus reinvindicaciones y que prometa alguna actuación al respecto. Cuarta, la que tiene por objetivo el poner presión moral sobre el Estado en su conjunto, y no meramente sobre los funcionarios. La más preminente es el bhook hartal, la huelga de hambre indefinida de un líder carismático de un movimiento popular. Esa táctica fue usada con éxito por Sunderlal Bahuguna del movimiento Chipko; y en los años 90 fue usada en varias ocasiones por Medha Patkar, la líder del Narmada Bachao Andolan.

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En el bhook hartal, el coraje y el sacrificio individual se contrapone directamente a la demanda de legitimidad del Estado. El ayuno usualmente se lleva a cabo en un espacio público, y los medios de comunicación le dan atención. A medida que pasan los días y que la salud de la (o del) huelguista empeora peligrosamente, el Estado se ve forzado a un gesto de sumisión, aunque sea solo la formación de una nueva comisión para revisar el caso en conflicto. El bhook hartal normalmente es llevado a cabo por una persona. Otra técnica parecida, cuyo objetivo también es “avergonzar al Estado”, se llama jail bharo andolan (movimiento para llenar las cárceles), y es de naturaleza colectiva. Quienes protestan, violan la ley pacífica y deliberadamente, esperando ser arrestados y que el Estado quede avergonzado al encarcelar a masas enteras de sus propios ciudadanos34. Y lo más dramático, el Narmada Bachao Andolan, ha amenazado en varias ocasiones con un jan samadhi (un entierro en el agua), afirmando que sus activistas no se moverían de sus pueblos y aldeas destinados a ser inundados al cerrar las compuertas de la represa y subir el agua hasta ellos. Estas técnicas de acción directa tienen algunos antecedentes. Fueron fraguadas por primera vez en la larga lucha de la India para independizarse del gobierno británico por Mohandas Karmachand “Mahatma” Gandhi. Al desarrollar y refinar su vocabulario de protesta, Gandhi usó las teorías occidentales de desobediencia civil y las tradiciones de resistencia de los campesinos de la India35. Desde el movimiento Chipko hasta el Narmada Bachao Andolan, los activistas han usado las técnicas gandhianas de acción directa y han recurrido frecuentemente a la polémica de Gandhi contra la industrialización pesada. Frecuentemente Medha Patkar y Baba Amte del movimiento Narmada Bachao, han subrayado su propia deuda intelectual y política con la figura de Gandhi (Comunicación E-mail, 1994).

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Los ambientalistas hindúes de hoy insisten en que, desde 1947 se ha intentado hacer de la India una nueva Inglaterra o Norteamérica. Pero sin el acceso a los recursos y mercados de los que disfrutaban esos países cuando iniciaron sus procesos de industrialización. En contraste la India ha tenido que apoyarse en la explotación de su propios habitantes y recursos. Los recursos naturales del campo se han canalizado cada vez más para cubrir las demandas de las ciudades y las fábricas. Este usufructo y extracción de recursos ha acelerado los procesos de degradación ambiental y ha deteriorado o desposeído a las comunidades rurales de sus derechos tradicionales de acceso y uso de la tierra y sus recursos. Una proclama que se hizo famosa en el movimiento Narmada Bachao era la calificación del modelo de desarrollo impuesto como “destructivo”. La respuesta de los intelectuales y de las élites de la India ha estado marcada por otras expectativas e intereses. La razón básica podría ser porque el Movimiento del Narmada plantea un desafío al modelo de desarrollo económico y social que todavía continúa informando y formando a dichas élites y grupos de poder. Estos sectores parecen estar atemorizados del hecho de que en su misma esencia, el movimiento del Narmada ha entrado a disputar la incorporación de los excluídos, de su cultura, de sus sistemas de conocimiento y prácticas como alternativas a las ideas hegemónicas de modernización y progreso. ¿Cuáles son las características de estas estrategias asumidas por comunidades locales frente a los conflictos? Las estrategias nos muestran, en ambos casos, la importancia de las acciones, por parte de los actores subalternos, en los espacios formalmente establecidos dentro de los propios Estados, pues, más allá de sus resultados, que son muy pobres, evidencian sus límites, lo cual subraya la importancia de las alianzas y de las

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acciones en otros escenarios, que precisamente ponen en evidencia la crisis del sistema de Estados-Nación en su conjunto para procesar conflictos o satisfacer determinado tipo de demandas. Esto significa que en buena medida, el Estado está abocado a una redefinición total de sus relaciones con la sociedad civil, y con el entorno en el cual se halla inserto. Tanto en el movimiento del Narmada como en el movimiento indígena Quichua-Amazónico es posible encontrar una redefinición no solo de los escenarios, sino de las percepciones y posiciones de las contrapartes. Iniciativas que explícitas o no, demandasn la construcción o ampliación de los espacios públicos estatales o no-, la constitución de ciudadanos y una mayor participación en la toma de decisiones en torno al uso, control y manejo de los recursos naturales. Todo esto significa un cambio en relación a los conflictos socioambientales, desde el superar aquel criterio que señala a la pobreza como el más grande contaminante, hasta el logro de la justicia social como el pre-requisito para el sostenimiento ecológico. Aparte de esto, la principal área focal de la praxis política y de tratamiento de conflictos, ha cambiado en estos casos desde el Estado hacia las comunidades locales, sean campesinas o indígenas, lo cual lleva a pensar que el concepto o noción de democracia tiene que ser radicalmente de y re-construido para adaptarlo a las necesidades e intereses de las comunidades más pobres por sobrevivir, mantener su identidad y conservar el espacio ecológico del que dependen sus vidas. Es decir, a través de otras nociones como justicia ecológica o desarrollo humano integral, es posible re-definir la política económica convencional en términos ecológicos y ecología en términos económico-políticos. Y estos elementos serían centrales en el diseño de propuestas de manejo alternativo de conflictos socioambientales acordes a los nuevos contextos globales.

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Queda claro que los intereses y demandas de estos actores que ubicándose en espacios periféricos de sus respectivos Estados-Nación, se tornan visibles y relevantes, al momento en que ascienden a un escenario público global que interpela los límites del escenario local y nacional. Estos hechos sin duda, revelan la complejidad y coexistencia contradictoria de niveles múltiples que vuelven al sistema actual de Estados-Nación, inherentemente inestable en tanto que se encuentra atrapado en la tensión entre dos principios contradictorios de orden: interdependencia y territorialidad. La interdependencia tiende a fortalecer los vínculos políticos-militares de los Estados, y a externalizar los procesos de toma de decisión en esas áreas, minando la soberanía territorial de los Estados (Cox, 1992; 1994, p.213 y ss.). Lo territorial, por su parte sigue constituyendo la base de conflictos de poder y dominación. Esa dinámica contradictoria se puede seguir en los múltiples conflictos interétnicos al interior de ciertos Estados-nación y en los conflictos socioambientales, que involucran a muchas comunidades rurales. Esas tensiones e inestabilidad pueden llevarnos a pensar que el Nuevo Orden Mundial de reestructuración global es débil en su cúspide y que los años venideros probablemente harán de esta debilidad algo más claro y manifiesto.

NOTAS

1

Además de desconocer la inmensa superficie e importancia de los mares en la fijación de CO2 y en la generación de O2, y se desconoce la realidad que un bosque maduro mantiene un equilibrio casi total entre el CO2 fijado y el O2 producido. Para fijar CO2 excedente en la atmósfera es más interesante reforestar las zonas deforestadas, porque un bosque en crecimiento es “un sumidero de CO2”. Es, por otra parte, cierta la preocupación por la tala y quema de los bosques amazónicos, ya que estos mantienen cautivo un promedio de 160 TM de CO2 por hectárea, que es liberado a la atmósfera al quemar la biomasa.

2

La Amazonia tiene un importante rol en el balance hídrico mundial al contener entre el 15% y 20% del agua dulce líquida del planeta. En efecto, devuelve a los mares más de 6 billones de m3 de agua dulce cada año. Además, la evaporación de su gran masa forestal tropical integra a la atmósfera ingentes cantidades de agua, que circulan por el planeta y precipitan en otras regiones.

3

Como reacción a esto, los países amazónicos, especialmente Brasil, tomaron una serie de medidas, que se tradujeron en la ocupación acelerada del espacio amazónico, y, en parte, llevó a la firma del Tratado de Cooperación Amazónica, en 1978, entre los ocho países de la región (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela).

4

La tendencia siempre ha sido, aunque cada vez menos, la de considerar estos territorios étnicos como una anomalía o un rezago producto del subdesarrollo que debe ser solucionado. Esto se hace más conflictivo cuando la geografía del capital necesita de los territorios étnicos para su expansión; en esas circunstancias, las contradicciones y conflictos se tornan muy claros y el Estado nación las resuelve casi siempre a favor del capital, puesto que la ley, escrita o no, ha sido hecha por y para la “cultura nacional”.

5

El llamado Bloque 10, comprende una extensión de 200.000 hectáreas y está localizado en la parte central de la provincia de Pastaza, entre el río Curaray al Norte y el río Bobonaza al Sur.

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En abril de 1948, luego de no encontrar evidencias de la existencia de reservas hidrocarburíferas durante 11 años, la Royal Dutch Shell extrañamente solicita al gobierno ecuatoriano una prórroga para sus actividades, pese a que la concesión había caducado desde 1945, conforme la Shell no había iniciado la exploración, conforme lo exigía el contrato al cabo de los 8 años de exploraciones que inicialmente se le concediera. En agosto de 1948, la Shell revierte formalmente las áreas de concesión al Estado ecuatoriano (4 millones 197 mil hectáreas), sin embargo de lo cual continuó operando hasta 1950.

7

Las cuadrillas de trabajadores de sísmica habían violado áreas consideradas sagradas por el pueblo Quichua, y al decir de los indígenas, causaron impactos ambientales en las Purinas (asentamientos dispersos tradicionales), las chacras (lotes agrícolas de policultivos), el purun (bosque secundario manejado), y en las áreas de caza y pesca. Las comunidades de Sarayacu no habían sido consultadas sobre la actividad sísmica que Arco llevaría a cabo en su territorio.

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Unos días más tarde, un grupo de funcionarios de alto nivel de la Presidencia, encabezados por Alfonso Calderón, asesor en Asuntos Indígenas, Manuel Navarro, del Dpto.de Medio Ambiente de CEPE (hoy Petroecuador), y otros de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, el IERAC y representantes de ARCO. Allí se instala una Asamblea en la cual también participan dirigentes de la Comunidad Alama Sarayacu (CAS), de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), Confeniae (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) y de la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), y otras de la región como la FCUNAE y FOIN (ambas de la provincia de Napo).

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Para el entonces presidente Rodrigo Borja, “esos acuerdos fueron firmados mientras los representantes estuvieron secuestrados, así que fueron firmados por la fuerza, y carecen de un vicio de consentimiento. Pero lo importante más allá de ese aspecto formal, es lo de fondo: y es que mi gobierno ha trabajado a favor de los campeinos, en beneficio de las comunidades”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Globalización . . . . . . . . . . . . .y.conflictos . . . . . . . . socioambientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 .. 10

En síntesis éstos se reducen a los siguientes: 1) Legalización de Territorios de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía y Costa Ecuatoriana; 2) Aplicación de una real Reforma Agraria en la Sierra, para la solución de los problemas de tierras del pueblo Quichua; 3) la paralización de los programas de colonización en la Región Amazónica y la Costa ecuatoriana, dentro de territorios indígenas; 4) reformas a la Constitución política del Estado ecuatoriano; 5) Discusión y aprobación de la ley de Nacionalidades indígenas del Ecuador; 6) Paralización de las actividades petroleras dentro de los territorios indígenas hasta la legalización de las mismas; 7) Indemnización por los daños ecológicos y socio-culturales causados por las actividades petroleras al interior de los Territorios indígenas de la Amazonía Ecuatoriana; 8) Suspensión de nuevas concesiones petroleras dentro de los Territorios Indígenas; 9) Suspensión de actividades turísticas dentro de los territorios y comunidades indígenas; 10) Presupuesto económico para el fortalecimiento del Programa de Educación Inter-cultural bilingüe de las nacionalidades indígenas del país; 11) Participación de las rentas petroleras para el desarrollo de las nacionalidades indígenas del Ecuador; 12) Atención con infraestructura social a los Pueblos Indígenas.

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Un número de “World Rainforest Report (RAN), en un artículo titulado “Blood for Oil: A Global War”, presenta una descripción cruda de los impactos ambientales de las exploraciones petroleras en el Bloque 10, lo cual desató una polémica con la compañía petrolera, que a su vez replicó publicando los resultados de una auditoría ambiental.

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Entre los principales se encuentran: la entrega, solución y legalización en forma gratuita de la tierra y los territorios para las nacionalidades indígenas; el no pago del predio rústico; cumplimiento de los acuerdos de Sarayacu; condonación de las deudas por parte del IERAC, FODERUMA, IERAC, FEPP, Banco de Fomento y otros; expulsión del Instituto Lingüístico de Verano; legalización y apoyo del Estado a la práctica de la medicina indígena; creación de partidas presupuestarias para las direcciones provinciales y nacionales y entrega de recursos económicos permanentes del convenio Ministerio de Educación-Conaie.

Pablo Ortiz 78 .................................................................... 13

El documento de 16 páginas, dos anexos de 15 págincas y 5 mapas, firmado por 26 dirigentes indígenas de Pastaza (11 quichuas, 5 shiwiar, 2 achuar y 8 de la OPIP, se divide en 4 secciones: 1) revisa algunos antecedentes históricos; 2) conceptualiza el territorio desde la perspectiva de las organizaciones indígenas: plantea al Estado un Acuerdo de Territorialidad y describe los límites que tendrían los llamados territorios indígenas; 3) Solicita que se dicten leyes y demás normas legales para que se cumplan en el Ecuador varios de los acuerdos internacionales. Pide la derogatoria de la Ley de Colonización, la suspensión de la explotación de recursos y la acción de los militares en territorios indígenas, la autodeterminación, autonomía y autogobierno de los pueblos indios en sus territorios; y 4) un exordio de respeto al Estado nacional si se suscribe el acuerdo.

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Presididos por Yves Galland, el Parlamento Europeo, como consecuencia de un debate celebrado con arreglo al procedimiento de urgencia previsto en el artículo 64 de su Reglamento, aprobó un documento denominado “Resolución sobre el desastre humano y ecológico en la región de Pastaza, en la Amazonía del Ecuador”, Estrasburgo, diciembre 14 de 1990.

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(E/CN.4/Sub 2/1989/36, anexo I)/ La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías hizo suya esta recomendación en su resolución 1989/35, del 1º de septiembre de 1989.

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Un grupo de familias son sobornadas por la compañía, para que tomen el control de 7 comunidades: Centro Elena, Santa Cecilia, Chuyayacu, Villano, Pandanuque, Pitacocha, Nuevo Kurintza. Bajo el asesoramiento de Chris Houlder, jefe de campamento de Arco en Villano, formaron la Directiva Intercomunitaria Independiente (DICIP), como desmembración de la OPIP.

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A inicios de Octubre, Arco reinicia la perforación del último pozo, llamado “Villano 3”, que se prevé culminar en enero de 1994, para inmediatamente empezar la construcción de la carretera y el oleoducto.

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Del 15 al 18 de diciembre se reunen en una nueva Asamblea extraordinaria los representantes de 133 comunidades y ratifican la “Declaración de

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Globalización . . . . . . . . . . . . .y.conflictos . . . . . . . . socioambientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 .. Villano” en la que reiteran sus demandas al Estado y a la compañía Arco, a quien le dieron 24 horas para que se retire de Villano y amenazaron con la toma del pozo de Villano, que fue custodiado por más de 100 militares. En dicha Asamblea se propuso 4 puntos: 1) establecer mecanismos de coordinación a fin de que garanticen el proceso de diálogo para prevenir conflictos sociales en el Bloque 10; 2) realizar una auditoría ambiental; 3) elaboración conjunta entre Arco, el Estado y la OPIP, de un Plan de Manejo Ambiental; y 4) la asignación por parte de Arco, de un fondo permanente de desarrollo de los pueblos indígenas. Arco respondió que solo podría dar el 40 por ciento y el Estado el 60 por ciento. 19

Siete de cada diez hindúes viven en aldeas; la agricultura mantiene casi a dos tercios de los trabajadores. La tierra es fértil, aunque distribuída desigualmente. Muchos solo poseen unas pocas hectáreas y miles, absolutamente nada. Aparte de ello, muy pocos pueden costear fertilizantes, buena semilla o maquinaria y confían en las lluvias monzónicas anuales para regar sus cosechas.

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Pastores arios del Asia Central llegaron alrededor del año 1.500 a.C. Su religión se mezcló con las prácticas locales para formar el hinduismo, seguido actualmente por más del 80 por ciento de los hindúes. El hinduismo legitima la organización de la sociedad en castas, como un sistema de nula movilidad, a pesar de que jurídicamente está prohibida la discriminación.

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Esto es en productos obtenidos de las plantas y animales.

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Hay que recordar que la mitad de la población en la India es muy pobre. En las ciudades sobrepobladas, miserables chozas surgen para albergar a los migrantes del campo. Más de 12 millones de habitantes atestan Bombay, la ciudad más grande. Calcuta le sigue de cerca. La industria es importante en las ciudades. Los textiles de algodón son su principal rubro de exportación, especialmente en Bombay. Las fábricas de hierro y acero de Jamshedpur están entre las mayores de Asia.

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Karl Marx comentaba que tanto el sistema zemindari como el ryotwari significaron revoluciones agrarias, llevadas a cabo mediante ucases in-

Pablo Ortiz 80 .................................................................... gleses y opuestas la una a la otra. Sin embargo, ambas resultaron perniciosas, pues combinaron el carácter más contradictorio: no fueron hechas para el pueblo, que cultivaba la tierra, ni para el propietario que las poseía, sino para el gobierno que decidía los impuestos. Cf. Marx, “El Capital” Volumen III (1981). 24

En su artículo “Los resultados a futuro del régimen inglés en la India”, Marx observa que Inglaterra tuvo un doble papel en la India: uno destructivo y otro regenerador; el primero, aniquilar la vieja sociedad asiática; el segundo, asentar las bases materiales para crear en Asia una sociedad occidental. La primera condición de esta regeneración fue la unidad política de la India, más consolidada y extendida de lo que jamás sucediera bajo los Grandes Mongoles. Esa unidad, impuesta por la espada inglesa, se verá fortalecida y perpetuada por el uso del telégrafo, la libertad de imprenta, la navegación a vapor y el tendido de la línea férrea. El tendido de estas vías férreas serviría fácilmente a los intereses de la agricultura, pues se formaron reservas de tierra para los terraplenes y se llevó agua a lo largo de las distintas líneas. De esta manera la irrigación, sine qua non del cultivo de la tierra en el Este, se amplió, mitigando en parte las hambrunas periódicas que ocurren por falta de agua.

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Marx comprendió perfectamente los motivos que tenía la burguesía inglesa para difundir el ferrocarril y los sistemas de irrigación por toda la India. Al ampliar la irrigación buscaban no solo disminuir las hambrunas, sino procurarse materias primas para las fábricas de Inglaterra. El ferrocarrill también significó la asimilación de nuevas técnicas industriales para la población, la disolución parcial de la división hereditaria del trabajo y las separaciones de casta.

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Max Weber menciona las características que distinguen al capitalismo occidental del hindú: racionalización de la fuerza de trabajo, eliminación de las barreras entre economía externa e interna, así como la naturaleza del Estado. Entre los factores que obstaculizaron en la India el desarrollo de un capitalismo moderno, Weber mencionó muchos, varios de los cuales son muy importantes. Entre ellos incluyó la falta de una ley racional; la ausencia de ciudades y de ciudadanía de un tipo específico; lo cerrado

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Globalización . . . . . . . . . . . . .y.conflictos . . . . . . . . socioambientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 .. del sistema de castas y la ausencia de comunas; la falta de fuerza militar y política en la burguesía y la falta de un espíritu racional. Para ampliar Cf. Weber (1987). 27

Según Weber, las castas estaban divididas en cinco grupos principales, ordenados jerárquicamente: los brahmanes, luego las castas nacidas dos veces, los kshatriyas y los vaishas. En el tercer grupo los shudras, quienes a su vez estaban divididos en dos grupos: los satshudras y lo shudras ordinarios. En el rango inferior las “castas impuras” para las que estaban cerrados todos los templos y a las que ningún brahmán o barbero podía servir. La modernidad occidental que introdujo Inglaterra, si bien sacudió las raíces del sistema de castas, no logró desarticularlas.

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Se hicieron esfuerzos interesantes para producir una ética adecuada al imperio como un todo. El emperador Asoka introdujo y generalizó las ideas del dharma, que acentuaban, como el confucionismo, la responsabilidad social y el servicio al Estado. El imperio trató de fomentar la lealtad al emperador más que al orden social. Era necesario reconciliar el poder y la jerarquía, y el emperador como fuente de la ley, tenía que convertirse en líder de la comunidad. Se estableció una afinidad electiva entre esta amenaza política y la amenaza religiosa al control brahmánico, representada por el budismo. Asoka se hizo budista. Parece probable que confiara en que el universalismo de una ética soterológica se combinaría con el orden político universal del imperio (Weber, 1987).

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Max Weber resumió con mucha erudición las características del sistema social hindú. En el pasado los hindúes cultivaron la ciencia racional y crearon numerosas escuelas filosóficas y sectas religiosas de casi todos los tipos sociológicos posibles. Por siglos el desarrollo urbano de la India fue paralelo al de Occidente en muchos aspectos. La justicia india creó formas numerosas que pudieron haber servido a los intereses del capitalismo. Se desarrollaron en grado sumo las especializaciones en las artesanías y en los oficios. A pesar de todos esos logros, dice Weber, en la India el capitalismo fracasó debido a la peculiar religión allí surgida, en forma de un sistema de castas, como grupos cerrados, de acuerdo a posiciones jerárquicas. Cf. Weber, Max, “Economía y Sociedad”, FCE, México, 1992, pgs.344, 375-376 y ss.

Pablo Ortiz 82 .................................................................... 30

El movimiento ecologista de la India es en realidad un término que abarca una multitud de conflictos e iniciativas locales. Sus orígenes pueden fijarse en el Chipko Andolan (movimiento de abrazar los árboles) que empezó en el Garhwal Himlaya en abril de 1973. Entre 1973 y 1980 hubo más de una docena de casos en los que, mediante nuevas estrategias de protesta, grupos de campesinos iletrados -hombres, mujeres y niños- amenazaron con abrazarse a los árboles antes de permitir que fueran cortados para exportarlos fuera de sus territorios. Hay que anotar que esos campesinos no estaban interesados en salvar los árboles por sí mismas, sino en usar sus productos para las necesidades de la agricultura y de sus hogares.

31

El conflicto de la Cuenca Narmada, junto con otros como el de la represa de Chandil, el proyecto minero de Piparwar, forma parte de los impactos que han generado las acciones del Estado hindú con el apoyo de capital transnacional.

32

Durante los 50 años de historia del Banco Mundial, este organismo ha invertido cerca de 54 billones de dólares para 527 proyectos hidroeléctricos en todo el mundo. Más de 1 tercio de las mayores represas construidas en el mundo son financiadas por el Banco Mundial, y en más de 100 casos, los préstamos del Banco han sido (en el tiempo de aprobación) generosos para cualquier propósito de los gobiernos de países como la India. El apoyo al proyecto Narmada es un ejemplo del fracaso de dicha política del Banco, al no estar apoyadas sus gestiones de préstamo, de adecuados balances y estudios de los impactos ambientales y sociales que sus proyectos generan. Cf.World Bank, “Small Farmers in South Asia: Their Characteristics, Productivity and Efficiency”, Inderjit Singh, Working Papers Nº31, 1989, Washington; o Yoon-Je Cho, “Lessons of Financial Liberalization in Asia: A Comparative Study”, Working Paper Nº50, 1990; Piddington, Kenneth, “The Role of the World Bank”, en Hurrell, et.al.,1992, pp.212 y ss.

33

A pesar de que en términos financieros nunca hubo un adecuado balance de lo realizado en Narmada. Solo el 70 por ciento de lo financiado por el Banco para proyectos de irrigación es revisado por el Departamento de Evaluación de Operaciones, según un informe publicado en 1989.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Globalización . . . . . . . . . . . . .y.conflictos . . . . . . . . socioambientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 .. 34

Hay que señalar en el caso del Banco Mundial la brecha entre su discurso y sus políticas: mientras el mandato del organismo enfatiza que uno de sus objetivos es ayudar a aliviar la pobreza, los proyectos de grandes represas han obligado en diversas partes del mundo, al desplazamiento forzado de un estimado de 10 millones de personas.

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El resultado en dicha región ha sido la pérdida de miles de kilómetros cuadrados de áreas de cultivo, de bosques, hábitat y estuarios, todo lo cual formaba parte del espacio vital de los campesinos de Manibeli. A pesar del nuevo mandato del Banco Mundial de 1991, que obliga a realizar rigurosos estudios de impacto ambiental y planes de manejo, lo sucedido en Narmada demuestra que las medidas de mitigación giraron alrededor de la viabilidad técnica y económica del proyecto hidroeléctrico antes que en sus impactos irreversibles a nivel ambiental y social.

36

Según Medha Patkar, líder del Movimiento Narmada Bachao, “esta vía de desarrollo significa que la economía será cada vez más dependiente de las importaciones de petróleo. Puede llevar a crisis internas, al estar la sociedad cada vez más dividida por conflictos sociales, y al destruirse cada vez más la tierra y otros recursos sociales por los estragos del desarrollo basado en la extracción de energía. En una situación en la que la izquierda se ha desacreditado por su fracaso al ser incapaz de elaborar una alternativa al capitalismo de Estado, los únicos beneficiarios serán la derecha fundamentalista hindú, semifascista”. Cf.Omvedt, 1993.

37

En octubre 3 de 1994, este grupo de ambientalistas, firmaron la llamada “Declaración de Manibeli” que exigía una moratoria a los fondos del Banco Mundial destinados a la construcción de grandes represas. Lo hicieron en un momento en que el proyecto Narmada impactaba de tal forma sobre estas comunidades hindúes, que desaparecieron inundadas por más de 30 metros del agua represada en el proyecto.

38

“Estaría dispuesto a fomentar el uso de las máquinas más perfeccionadas si, de esa forma, se pudiera acabar con el pauperismo de la India y con el desempleo que de allí resulta. Sugiero que se recurra a la rueca porque veo en ella el único medio de conjurar la penuria, asegurando un mínimo de trabajo y de recursos. (...) A mi juicio, si mueren las aldeas, morirá al

Pablo Ortiz 84 .................................................................... mismo tiempo la India. La India dejará de ser India. Habrá acabado su misión en el mundo. La renovación de las aldeas será posible el día en que no se explote a sus habitantes”, Cf. Gandhi (1984). 39

La ley más frecuentemente violada es la sección 144 del Código de Procedimiento Penal, que prohibe reuniones de más de 5 personas en momentos de tensión social.

40

En la India actual estas formas de acción social “gandhianas” no son empleadas exclusivamente por los “ecologistas”. Están presentes en múltiples actores sociales, desde los agricultores, los trabajadores y las etnias.

III

Teorías de Relaciones Internacionales, Globalización y Conflictos Socioambientales

Los analistas de las Relaciones Internacionales han comenzado a enfrentar los temas de la nueva agenda de manera parcial. Pocos han asignado más espacio a la problemática ambiental y a su relación con las cuestiones de seguridad, así como a los conflictos interétnicos y socioambientales. Estos últimos, en 1990 llegaban a 111 enfrentamientos en todo el mundo, de los cuales 63 eran internos a los países y en 36 casos se trataba de “guerras para la formación de estados”, es decir, conflictos que implicaban a un gobierno o un grupo de oposición que exigía autonomía o secesión para una etnia o una región en particular (Wallensteen, 1990). En el mismo sentido, ya en 1989, Foreign Policy (Nº74) señalaba que el enfoque convencional en materia de seguridad internacional refleja una percepción estrecha, tanto de los problemas como de las respuestas disponibles, para preguntarse seguidamente si “no estará llegando el tiempo en que una seguridad duradera podrá ser adquirida tanto mediante árboles como tanques”.

Pablo Ortiz 86 ....................................................................

Los conflictos socioambientales y su resolución han constituido uno de los primeros aspectos donde es posible experimentar en forma novedosa el reemplazo de los paradigmas e hipótesis presentes en las teorías dominantes de las relaciones internacionales. De hecho, en años recientes, el número de guerras clásicas entre Estados ha decrecido y el de conflictos internos, especialmente en los países llamados subdesarrollados, se ha incrementado. Otro estudio (Harff y Gurr, 1992, pps.113 y ss.) informa que “las masacres auspiciadas por el Estado de miembros de grupos étnicos o políticos son responsables de más pérdidas de vidas que todas las otras formas de conflictos mortales combinados (...) En promedio, entre 1.6 y 3.9 millones de civiles desarmados han muerto a manos del Estado, por década, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial”. A pesar de esas evidencias, a lo largo de los años, los especialistas en relaciones internacionales han prestado poca atención a las luchas étnicas y a los conflictos socio-ambientales, y el vacío bibliográfico sobre hechos como los expuestos en la Amazonía o la India, es notable. Se han prestado más atención a las confrontaciones tradicionales entre Estados. En ese marco, la dinámica de los nuevos conflictos, así como la emergencia de nuevos actores y escenarios, constituyen uno de los desafíos centrales en las Ciencias Sociales, de cara al nuevo siglo. Sin embargo, a pesar de este escaso desarrollo investigativo académico, la preocupación ha ido cambiando, especialmente en los ámbitos de los procesos de tomas de decisión y constitución de las agendas públicas. El ex subsecretario general de Naciones Unidas, Brian Urquhart, destacaba en un artículo de International Affairs (1989) que “el mismo concepto de seguridad debe ser ahora extendido para incluir la seguridad ambiental del planeta” (p.52). En términos semejantes, The Economist (julio 15, 1989), luego de calificar en su

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Globalización . . . . . . . . . . . . .y.conflictos . . . . . . . . socioambientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 ..

nota de tapa a la reunión del Grupo de los 7 de París de “Primera Cumbre Verde”, afirma que “lo que la defensa ha sido para los líderes del mundo en los últimos cuarenta años, el medio ambiente lo será en los próximos cuarenta: un ejercicio intratable, donde las ganacias dependen menos de lo que los países individualmente hagan, que de si muchos países confian entre sí y trabajan juntos” (p.38). Según se aprecia, los riesgos emergentes del deterioro ambiental tienden a desplazar de su lugar de privilegio a la amenaza nuclear, dado que, “asumiendo que el peor de los escenarios, el holocausto nuclear, no se realice nunca, ninguna de las cuestiones de la agenda diplomática hasta ahora ha amenazado, como los problemas del medio ambiente, la supervivencia planetaria”(Birme, 1993, p.78). Ahora bien, y al igual que en otras cuestiones centrales de la agenda global, como los conflictos socioambientales, el logro de acuerdos multilaterales en estos temas resulta un objetivo a un tiempo complejo y difícil, debido a una conjunción de elementos tales como: a)

las distintas percepciones de estos problemas, los diversos intereses en juego y en consecuencia, las diferentes líneas de acción promovidas;

b)

la multiplicidad de actores y factores en disputa;

c)

la existencia de nuevos escenarios como aquellos definidos por las “relaciones inter-domésticas”;

d)

las acentuadas asimetrías en las cargas de las culpas y las desconfianzas existentes sobre la equidad en la distribución de los costos y beneficios;

e)

las incertidumbres científicas y el predominio de prejuicios y mitos que rodean a muchas cuestiones ambientales y étnicas; y,

Pablo Ortiz 88 ....................................................................

f)

la contraposición de racionalidades y de tiempos entre la economía y la política por un lado y los enfoques ecológicos y culturales de las comunidades rurales locales, por el otro.

En cuanto a las diferencias de percepciones, intereses y líneas de acción promovidas, hay que recordar los desacuerdos presentes entre los presidentes del Grupo de los 7 (G7), en la reunión de Houston en 1990, donde las cuestiones ambientales fueron calificadas por los propios participantes como una de las más conflictivas de la agenda. En los países pobres, en cambio, ha persistido el temor, ya presente en los años 60, de que se les imponga un “orden ecológico” contrario, o que no responda, a sus intereses. Por ejemplo, “atando” préstamos, estableciendo jurisdicciones internacionales en la materia, intercambiando algunas “zanahorias” por “desechos” o desviando la temática del subdesarrollo de sus problemas centrales (Susskind y Ozana, 1993, pp.145 y ss). En ambos niveles, la relación del medio ambiente con la cuestión étnica y cultural, ha sido virtualmente ignorada, a pesar de que las comunidades rurales y particularmente indígenas han sufrido cuantiosos daños causados por proyectos de desarrollo económico (extracción de recursos naturales, construcción de presas hidroelécticas y otros programas de desarrollo regional). Y es que estas regiones aisladas y marginadas con frecuencia ocupadas por las comunidades rurales, constituyen las últimas grandes reservas de recursos naturales aún inexplotadas, particularmente bosques. Los planificadores estatales, las empresas transnacionales y las agencias internacionales de desarrollo han llevado a cabo todos ellos, estrategias para incorporar estas áreas a la economía nacional e internacional. En este proceso, las comunidades rurales locales han sido excluidas de las tomas de decisión sea para la planificación o la ejecución de proyectos. Esta exclusión ha sido una fuente constante en la generación, desarrollo y/o intensificación de los distintos conflictos. Cuando estas poblaciones excluídas, logran aglutinarse, definir de-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Globalización . . . . . . . . . . . . .y.conflictos . . . . . . . . socioambientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 ..

mandas, adoptar posiciones y diseñar estrategias, sin duda se han creado las condiciones propicias para la detonación de conflictos, que según sean las relaciones de fuerza establecidas, pueden escalar a distintos escenarios e incorporar a múltiples actores. Un ejemplo de aquello son los procesos competitivos entre múltiples actores que presionan sobre los recursos del bosque, del subsuelo y del agua. Generalmente las grandes represas de usos múltiples, o los complejos petroleos o agroindustriales en los bosques húmedo tropicales, que enorgullecen tanto a los Estados en los países subdesarrollados, no están diseñadas para beneficiar a la población local. Son modelos de enclave, extractivos que a lo mucho benefician a grupos reducidos de las élites locales de las regiones donde se implementan estos proyectos. Frente a los actores subordinados, especialmente comunidades rurales (de campesinos, colonos o indígenas), se pretende que éstas deban ser relocalizadas o al menos cooptadas para permitir el progreso, tal como éste es entendido desde la perspectiva estatal y del mercado. Todos estos elementos evidencian las consecuencias y limitaciones del grado de preocupación de un orden internacional dominado y constituído por los Estados-Nación como actores centrales (Vásquez, 1983, p.65). A los obstáculos interpuestos por las diferencias de percepciones, intereses y estrategias, se suma un aspecto clave relativo a la naturaleza misma de los conflictos socioambientales: la diversidad y multiplicidad de los actores, motivaciones y escenarios que intervienen e influyen en ellos. En algunos casos, temas de la agenda medioambiental global, como por ejemplo, la eliminación de los clorofluorocarburos (CFC), se ha logrado alcanzar importantes acuerdos, entre los decidores estatales y empresariales, dado que este factor de contaminación es producido por un número relativamente pequeño de

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empresas en todo el mundo y tiene, por otra parte, un número limitado de usuarios. Así, la naturaleza de esta cuestión específica facilitó la convergencia entre los gobiernos y las empresas. Además, las ganancias en cooperar eran mucho más grandes que las de no hacerlo. A diferencia de este tema de los CFC, por el contrario, el problema del calentamiento de la tierra, para dar un ejemplo contundente, hace casi imposible esa convergencia, en razón de que los productores y usuarios de elementos contaminantes, tal como sucede con los combustibles fósiles, a través de las grandes quemas en la Amazonía brasileña, se cuentan por millones en todo el mundo (List et.al, 1992, p.189). Tanto el conflicto en torno a las cargas de responsabilidades como el de la distribución de los costos, están atravesados por las diferencias de percepciones de horizonte temporal y de racionalidades entre los actores centrales de la economía convencional, sustentada en la lógica del mercado y del corto plazo, y los actores centrales inscritos en la economía ecológica, que enfatizan la necesidad de asegurar la sustentabilidad de largo plazo del desarrollo (List et.al, 1992; Achterhuis, 1993; Martínez-Allier, 1994, p.225 y ss). Además el problema no solo se limita a la eventual adopción de criterios ambientales en el sistema productivo de cada país (la internalización de externalidades en la gestión ambiental). También operan en contra de la reconversión productiva los temores de que algunos actores estatales o empresariales actuén como free riders frente a la puesta en marcha de medidas que afectarán, seguramente, la competitividad de quienes asuman los costos del cambio. En consecuencia, así como nadie se desarma a menos que también lo hagan sus enemigos o adversarios, ningún gobierno o empresa parece estar dispuesto a ajustar su producción económica a los requerimientos de un manejo coherente con las necesidades de los sectores sociales más pobres y de los

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ecosistemas, a menos que se aseguren que los sacrificios y beneficios serán relativamente parejos (List et.al., 1992; Lipschutz y Conca, 1993, p.34). Como se mencionó anteriormente, para el sistema internacional ha sido más difícil adoptar resoluciones y políticas firmes en relación a los conflictos socio-ambientales, interétnicos y etno-ecológicos que en su gran mayoría se dan en sistemas jerarquizados o estratificados de relaciones en los que no solo intervienen diferentes actores clasificados en una escala de poder, prestigio y riqueza, generalmente colocados en una posición de superioridad/inferioridad en relación con los demás. Es frecuente en estos sistemas jerarquizados o estratificados que un grupo sea idéntico a una clase social o tienda a trsladarse con alguna en el caso de las etnias. Consideremos, por ejemplo, los “trabajadores huéspedes”, étnicamente diferentes de los países subdesarrollados (africanos o latinoamericanos) en Europa o en Estados Unidos; los indígenas en Latinoamérica, los negros en Sudáfrica, etc. No obstante, en esos casos, la estratificación étnica es también un fenómeno que se sostiene a sí mismo, independientemente de la afiliación de clase de los miembros de un grupo étnico. En sistemas estratificados, los conflictos sociales y políticos pueden manifestarse como conflictos étnicos, y generalmente involucran el poder del Estado, lo cual a su vez amenaza al modelo institucional en el que se basa este poder. De la misma forma el control, uso y manejo de los recursos naturales se superpone a esas dinámicas. Por eso en el diseño de propuestas de negociación, no solo deben centrarse en el tema de las motivaciones de los actores sino también estos otros frentes, que muchas veces están asociados a las percepciones o a la constitución misma de los actores y la fijación de sus estrategias. ¿Hasta qué punto los paradigmas de las Teorías de las Relaciones Internacionales han dado cuenta de estos procesos?

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A continuación esbozaremos una síntesis de la lectura que las principales corrientes teóricas de esta disciplina, ofrecen en en relación a los conflictos socioambientales. Realismo y Conflictos Socioambientales Un primer acercamiento al problema del medio ambiente y los conflictos socioambientales en la argumentación contemporánea -de la fuente hobbesiana-, busca despojar de los elementos puramente valorativos y/o morales a las decisiones y a las normas jurídicas, y se fundamenta en varios supuestos alternativos. La política, al igual que la sociedad y sus conflictos inherentes, es gobernada por leyes objetivas. Hay una distinción entre las opiniones y los razonamientos fundamentados en hechos. Si bien hay una tensión entre la significación moral y la ejecución de un acto político, no hay valores morales universales que informen por igual la conducta de los Estados, ni hay tampoco un Estado particular que los represente. El interés del actor estatal se define, entonces, como poder y se construye en un código de valores, percepciones y creencias dominantes. Simplemente en discurso legitimador. Las relaciones de poder y los conflictos en ese sentido, abarcarían prácticamente todo el universo de las interacciones entre los hombres e implicarían el control de las acciones de unos hombres o actores por otros (Morgenthau). Así las relaciones conflictivas que se establecen entre los Estados que pugnan por el control de los recursos naturales y las comunidades rurales y/o etnias subordinadas políticamente. El realismo considerado como un paradigma se fundamenta en tres premisas: a) Los Estados-Nación o sus decisores políticos son los actores más importantes en el sistema internacional; b) hay una clara distinción entre política doméstica y política exterior; c) las relaciones internacionales se definen en la lucha por la paz y por la guerra (Vásquez, 1983, p.35).

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Si se lo considera como el conjunto de supuestos de un programa de investigación científica como lo plantea Lakatos (1975) es Estado-céntrico; los Estados son racionales y unitarios; los Estados tienen como objetivo la búsqueda del poder (Keohane, 1989, p.75). El ambiente internacional así entendido imagina una situación anárquica, similar a la visión de ‘Estado de naturaleza’ presente en Hobbes (1985), donde problemas como el medio ambiente están subordinados y articulados únicamente a la capacidad de uso y control de los recursos naturales y territorios como elementos de los cuales depende la seguridad del Estado (Vasquez, 1983, p.56). En este tipo de razonamiento entonces, los Estados-nación se ven reducidos a sus propias capacidades, a la “auto-ayuda” o auto-suficiencia para conseguir sus fines, y el primero de ellos es la auto-preservación. Y como se observa en los casos de la Amazonía del Ecuador y del Narmada en la India, el control de los territorios y los recursos de esas regiones, por parte de los Estados centrales, está enmarcado en ese hecho. En tal virtud, los Estados no son iguales entre sí, y puesto que son los usos del poder los que determinan la normatividad, de ello se desprende que la paz dependerá de la estabilidad que se logre a partir de la producción de hegemonías (Tucker, 1977, p.43). La funcionalidad del Estado es la de proveer seguridad a sus ciudadanos para el realismo (Mann, 1984;p.23), pero esa seguridad implica, como en la versión original del contrato hobbesiano, no solo la cesión de varias dimensiones de la libertad individual, sino también la admisión por parte de la colectividad de las imágenes que legitiman o construyen el consenso sobre el que se erigen las reglas estatales, la normatividad pública, los sistemas jerarquizados o estratificados (Waltz, 1988, p.65).

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Una de las razones de estas divisiones yace en el modelo casi universal del Estado-Nación, inspirado en el nacionalismo europeo de los siglos XVIII y XIX, y que ha servido de paradigma para la construcción de estados en todo el mundo, especialmente como un legado del sistema colonial. En los estudios de caso que hemos tomado para ilustrar la problemática en torno a la globalización y los conflictos socioambientales, se evidencia el predominio de los llamados “intereses estratégicos”, es decir, que son los Estados (ecuatoriano e hindú) los que deben controlar y regular el uso y la explotación de los recursos naturales en dichas regiones, así como el manejo del espacio en función de la soberanía territorial y las prioridades geo-políticas y económicas. En ese sentido, los conflictos socioambientales están concebidos en relación con las contradicciones que suponen, no solamente los conflictos inter-estatales, sino los nuevos actores e intereses, presentes en los procesos de globalización. Así lo muestran los conflictos relacionados a las actividades ligadas a la inversión nacional y transnacional hechas en regiones sensibles ecológica o culturalmente. Las dinámicas internas de cada uno de estos países no alteran las condiciones en las que existen esos conflictos, pues algunos grupos sociales subordinadoss a pesar de presentar demandas en torno al control de recursos naturales, territorios y tener poder de convocatoria en las propias sociedades nacionales y cuestionar la presencia estatal nacional, no llegan a desligitimar ese orden establecido. Idealismo y Conflictos Socioambientales Los realistas señalaron que el desarrollo de estrategias utópicas para acabar con la guerra no podía tener esperanzas de logro, por cuanto ignoraban las leyes básicas de la naturaleza del

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comportamiento humano. La crítica realista implicaba que, para eliminar la guerra primero es necesario descubrir las leyes que gobiernan el comportamiento humano, y los idealistas no se daban cuenta de que esas leyes existían, o bien tenían conceptos equivocados sobre las mismas (Forde, 1993, p.16). Análogamente se podría aplicar esta diferenciación frente al problema de la destrucción de los recursos naturales y los conflictos derivados de ese hecho. Es decir, los realistas intentaron mover el campo de estudio desde el análisis puramente normativo, hasta otro más empírico. Lo lograron desplazando al idealismo y suministrando un paradigma que especificaba de manera clara una imagen de la política internacional y un conjunto de tópicos de investigación que, si se encaraban de forma adecuada, podrían llegar a delinear las leyes de comportamiento internacional. La lista más completa de esas leyes apareció en la ‘teoría’ de Morgenthau sobre políticas de poder (Vasquez, 1983, p.35; Forde, 1993, p.18). La revuelta conductista desafió no la imagen del mundo que los realistas habían dado, sino la concepción realista de lo que constituye la teoría científica adecuada, y de los procedimientos utilizados para ‘verificar’ esa teoría. Ellos afirmaron que las explicaciones deberían hacerse en forma tal que fueran falsificables y además comprobables, y que las pruebas deberían ser reunidas sistemáticamente para poder hacer las comprobaciones. Tal vez, tratándose de estas contradicciones, el problema radica en el hecho de que se ha considerado a los Estados como actores exclusivos de política internacional. Las redes establecidas entre grupos ambientalistas, las guerrillas, los movimientos de resistencia de los pobladores amazónicos de Pastaza o del valle del Narmada, empresas transnacionales como Arco y multinacionales, los fondos financieros internacionales como los del Banco Mundial, las redes electrónicas de comunicación, etc. plantean la existencia de otro conjunto de actores no estatales, que existen en tanto definen intereses, estrategias y operan en sus respectivos escenarios.

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A ello se suman los fenómenos ya mencionados de la globalización de la economía, la crisis de los Estados-nación, y la interdependencia de los ecosistemas a nivel planetario que cuestionan al menos dos conceptos tradicionales: la realización autárquica de los Estados ya no es posible en el presente o en el futuro. Las perspectivas de un futuro “qué hace”, el cómo, el dónde, y el para quién, son algunas preguntas claves (Pearce, 1990, p.87). En las discusiones internacionales sobre el futuro del uso, manejo y explotación de los recursos naturales, se ha llegado en los últimos años cada vez más a un consenso acerca de que el acelerado proceso de destrucción de los ecosistemas, representa un desafío global que sobrepasa las fronteras nacionales y la capacidad de los Estados-nación para resolverlos (Hurrell, 1992, p.26; Lipschutz et.al, 1993, p.76; Deudney, 1993, p.86). Allí radica el punto en común de algunos conflictos socioambientales presentes en principio en escenarios locales o subnacionales como los de Pastaza o Narmada. Mientras tanto, en la medida en que los actores estatales, y particularmente los decidores de sus políticas inician debates acerca de las modalidades concretas de su protección, sus líneas de argumentación tienden a ser determinadas, vía regla, por la condición socio-económica específica de cada uno (List, 1992; Deudney, 1993, p.85). Cabe recordar aquí la paradoja: es en los escenarios de los países industrializados, como los compartimentos mejor equipados de la nave, donde muchos actores -estatales o no- han construído un discurso ecologista, a partir de los efectos destructivos de la cultura del desperdicio y del consumo, generada por el modelo de desarrollo económico. Estos nuevos actores, particularmente los movimientos sociales ambientalistas encontrarían inicialmente, en las clases medias mejor abastecidas, su base de sustentación, chocando con los sindicatos y los partidos de origen obrero en lo que hace referencia a la cuestión de los costos socia-

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les que una reestructuración del orden ambiental de las sociedades altamente industrializadas implica para los sectores sociales menos favorecidos (Sachs, 1993, p.29). En ese marco, han sido los impactos de problemas ambientales sobre la economía y los conflictos internacionales, tales como la lluvia ácida, la destrucción extensiva de los bosques, el deterioro de la capa de ozono, el cambio climático, la contaminación de los mares y lagos, el mal manejo de la energía nuclear y la explotación de recursos naturales (minerales y de biodiversidad) en territorios de comunidades rurales subordinadas entre otros, los que han situado a la preservación ambiental en las primeras líneas de la agenda política de algunos actores como Estados, Organismos Internacionales y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), medios de comunicación. Ello incluso ha repercutido en la opinión pública, alterando los marcos de referencia para estructuras la agenda, diseñar estrategias de acción y promover negociaciones. La brecha entre los discursos económicos -centrados en conceptos de rentabilidad de capital, crecimiento, tasas de inversión, pleno empleo- y los discursos ambientalistas y holísticos, evidencia la crisis y los límites del orden industrial fordista y postfordista, y las incertidumbres del actual modelo de acumulación flexible. Crisis que sin duda se constituye en el telón de fondo del gran escenario de los conflictos socioambientales locales a nivel global (Young, 1990, p.186). De estos conflictos locales que se globalizan y de estas preocupaciones globales que se focalizan en espacios periféricos de los Estados-nación.

Teoría de Régimen y Conflictos Socioambientales El impacto de conflictos socioambientales como los existentes en Asia, Africa o América Latina, sobre las relaciones internacionales ha sido profundo y problemático. La razón básica ha radicado en la dicotomía existente entre la telaraña de la interde-

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pendencia ecológica, por un lado y la fragmentación del sistema político internacional, por otro (Hurrell, 1992, p.31). Es decir, hay que manejar un ecosistema único, complejo y altamente integrado, dentro de las limitaciones de un sistema político conformado por más de 170 Estados que exigen, cada uno, una autoridad soberana dentro de su territorio. Además, es un sistema político que históricamente ha estado predispuesto a los conflictos violentos y en el cual la cooperación y los acuerdos ha sido difícil de lograr. Aunque los conflictos socioambientales le han otorgado un gran valor a la cooperación internacional, está lejos de ser claro el hecho de que los Estados individualmente puedan lograr su manejo (Haas, 1990, p.57; Brown, 1990, p.91). Quienes adoptan una visión realista para explicar las relaciones internacionales insisten en que nada esencial ha cambiado en el mundo como para pensar en alternativas realmente significativos frente a estos conflictos: sean cuales fueren los cambios registrados en su capacidad de gobernar, los Estados siguen siendo importantes, (y los poderosos aún más), así como también siguen constatando que la sociedad internacional es todavia esencialmente anárquica, es decir, los Estados se hallan motivados por lo que creen son sus intereses y el comportamiento y los resultados vienen determinados por la distribución del poder entre los Estados (Waltz, 1988, p.163). Y en ese marco, las agendas de negociación estarán estructuradas dentro de un estrecho límites de percepciones e intereses frente a los conflictos en torno a los recursos naturales. Igualmente, los trabajos desde las teorías de los regímenes internacionales editada por Stephen Krasner (1983) y Robert Keohane (1984), a pesar de haber incorporado elementos de la teoría de juegos, siguen reproduciendo los fundamentos de la teoría realista, lo que en otros términos significa, insistir en el argumen-

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to de los Estados como actores centrales, ante la ausencia de un gobierno central, de intereses armónicos o de valores comunes, sin poder con el Leviatán de Hobbes, la mano invisible de Adam Smith o la conciencia colectiva de Emile Durkheim. Así, entran en una competencia difusa, que la teoría de los regimenes trata de resolver.1 Sin embargo, no llega muy lejos en este propósito, pues, el “institucionalismo neoliberal” (1989), al cual se asocia Keohane, incorpora las hipótesis y los problemas del realismo. ¿De qué manera la Teoría de Régimen incorpora estos rasgos del realismo? Básicamente hay que tomar en consideración cuatro elementos explicativos: 1)Insiste excesivamente en la nación-Estado como actor primordial de la politica mundial; 2) Se centran básicamente en la interacción de los actores más poderosos, como los Estados Unidos y los regímenes internacionales que ayudó a establecer; 3) Utilizan una metodología racionalista que les da una orientación muy conservadora; 4) Parten de la hipótesis de que la fuerza y la coerción es la “razón última” de las relaciones entre los Estados, y por lo tanto deja a los regímenes suspendidos entre la política de poder de los Estados. El caso de las relaciones entre el Estado hindú, el Banco Mundial y las comunidades rurales en el conflicto del valle del Narmada confirmarían este argumento. El hecho de basarse en la teoría de la estabilidad hegemónica para explicar la creación de los regímenes reduce enormemente la utilidad de los análisis. En este perspectiva, los regímenes más que transformar la política mundial, son transformados por ésta (Ruggie, 1986, p.14). Ni siquiera sus partidarios impugnan el argumento de que el institucionalismo neoliberal se basa en muchos de los principios del realismo (Grieco, 1993, p.23). De hecho, muchos de los llamados teóricos del régimen y Keohane en particular, optan expresamente por emplear hipótesis realistas para hacer más convincentes sus argumentos.

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Se esfuerzan por demostrar que, incluso cuando aplican los primeros principios del realismo, pueden de todas maneras demostrar que los Estados erigirían y apoyarían racionalmente regímenes internacionales, con lo cual esperan socavar los argumentos del realismo acerca de la falta de pertinencia de los regímenes en la realidad. El caso del orden ambiental internacional es un claro ejemplo al respecto. Priman los intereses “soberanos” de los Estados por encima de aquellos que encarnan comunidades locales devenidas en actores. La retórica estatal sobre medio ambiente y “desarrollo sustentable”, es una muestra clara de aquellos límites. Resulta, en ese sentido, muy irónico que, al tratar de demostrar a los realistas la utilidad de los regímenes, hayan hecho sutilmente que los no realistas crean menos en éstos. Quizás los problemas se originan en el concepto mismo de régimen, definido por Keohane.2 Susan Strange, una de las más notables críticas de esta teoría, sostiene que el concepto de Keohane tiene una orientación excesivamente valorativa y aduce que “la utilización de la palabra régimen no solo distorsiona la realidad al dar a entender un grado excesivo de previsibilidad y orden en el sistema [internacional] que existe, sino que también resulta demasiado valorativo en el sentido de que da por supuesto que lo que cada uno quiere son más y mejores regímenes y que el objetivo colectivo debe ser un mayor orden y una interdependencia dirigida” (Strange, 1982, p.345).3 Otro problema, según Strange, consiste en que parte importante de esta teoría se dedica a investigar los vínculos entre los regímenes y la hegemonía de las grandes potencias, lo que sin duda es interesante pero no significa una innovación respecto de los trabajos relativos a la sociologia de las normas y las instituciones. Y esto se presenta de manera muy clara al momento de analizar conflictos socioambientales que operan en escenarios globales.

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Quizás la teoría de los regímenes, habría hecho una mayor aportación al estudio de las relaciones internacionales, si hubiera profundizado en el análisis politológico de la realidad institucional que contribuyen a actualizar (Ashley, 1986, p.44 y ss). En este sentido, debían haber culminado en la renovación del estudio de los mecanismos político-administrativos e intergubernamentales necesarios para la cooperación internacional, tanto para el impulso de políticas ambientales como para manejar o resolver conflictos como los socioambientales (Grieco, 1993, p.37). Es decir, se trata de una visión incompleta o simplificada como para comprender y manejar los conflictos socio-ambientales, fundada en una concepción tecnocrática de las relaciones políticas y sociales, que culmina en explicaciones abstractas de la racionalidad subyacente de la cooperación entre los Estados. Abstracciones que suelen tomarse de la teoría de los juegos. Y de hecho se apoyan en dos conceptos, importados de la economía del costo-transacción: el fracaso del mercado político y los costos de transacción.4 Al conceptualizar así el problema, la teoría del régimen, retoma la tercera imagen del realismo: el sistema internacional es anárquico y carece de las instituciones necesarias para producir compromisos vinculares. Según lo plantea Andrew Hurrell (1992), “existen muchos problemas de acción colectiva en los que los Estados claramente tendrían mucho que ganar de la cooperación pero no están en capacidad o tienen motivos para no hacerlo ¿Por qué? Básicamente, debido a la debilidad o ausencia de instituciones capaces de estabilizar las expectativas, prevenir deserciones y la libre actuación e impulsar y canalizar presiones internas hacia la cooperación internacional” (p.46). Sin embargo, al “abrir” la exploración de diferentes estructuras de incentivación, la teoría del régimen se aparta de esta

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orientación del realismo. En pocas palabras, el fracaso del mercado político se refiere al fracaso en conseguir o suscitar acuerdos basados en beneficios mutuos por causa de deficiencias políticas [y concretamente institucionales] (Keohane, 1984, p.63). Si los actores involucrados en conflictos pudieran llevar a cabo las transacciones sin costos (o si los costos de organizar operaciones cooperativas fueran bajos), sus problemas podrían resolverse con negociaciones bilaterales privadas (Keohane, 1989, p.98). La capacidad de manejar estos conflictos socioambientales y otros estrechamente ligados de un modo más eficaz dentro de las instituciones (especialmente las multilaterales) hace pensar que las estrategias de manejo institucional de los conflictos reducen los costos y los riesgos. “Aunque la cooperación internacional es necesaria tanto para manejar problemas ambientales a nivel mundial como para ayudar a manejar en forma eficaz muchos conflictos socioambientales internos, los Estados nacionales individuales no participarán en dichos esfuerzos cooperativos, a menos que exista alguna garantía de que no estarán afectados sus intereses ni en desventaja política o competitiva” (Hurrell, 1992, p.38 y 39). 5 Por otra parte, las presiones competitivas tanto del sistema politico internacional como de la economía mundial refuerzan la preocupación de los Estados por las pérdidas y ganancias relativas al momento de enfrentar los conflictos. Algunos Estados, como se ilustran en los casos ecuatoriano e hindú, cuidan sus posiciones e intereses en estos conflictos, pues no están dispuestos a arriesgar su propia legitimidad en las relaciones políticas internas, donde muchos grupos de presión son fundamentales en la toma de posición y decisión estatal. Los Estados, representados por los gobiernos, en este sentido, no están interesados únicamente en la maximización de su bienestar absoluto, sino también en su propia posición relativa

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dentro de los sistemas económicos y politicos internacionales. Ello evidencia que en el nuevo contexto internacional estén atentos al tratamiento de cierto tipo de conflictos. La utilidad que observan es entonces, en ese sentido, interdependiente. Son actores “posicionales” más que “atomísticos”, y es poco probable que acepten esquemas para el manejo de conflictos socio-ambientales que puedan tener serias implicaciones en la posición competitiva de sus economías, que puedan socavar sus posiciones de poder a largo plazo o que incrementen su vulnerabilidad externa (List, 1992, p.89). Y un claro ejemplo de ello constituyen las posiciones de los Estados, tanto en la Cuenca Amazónica como en el valle del Narmada, al momento de decidir la explotación de hidrocarburos, madera o la construcción de represas con impactos ambientales severos en áreas sensibles tanto ecológica como socialmente. Es decir, es posible que con las organizaciones multilaterales se obtengan economías políticas de escala, lo cual determina la naturaleza de los nuevos escenarios. Este argumento daría prioridad a la creación de instituciones multilaterales en lugar de bilaterales o regionales. Con respecto a los conflictos socioambientales entonces, la Teoría del Régimen le ha dado menor importancia a la cuestión del poder y recalca demasiado los aspectos cooperativos de las organizaciones internacionales, pues incluso en las organizaciones voluntarias el poder está constantemente en juego. Ignorar el poder, como lo hace esta teoría, es deformar la política del comportamiento organizacional, pasar por alto el planteamiento de “vencedores y vencidos” en favor de una visión idílica de la cooperación en beneficio de todos y de la propuesta del consenso como un fin en si mismo en la resolución de conflictos. Recuérdese que la teoría del régimen tiene dos nociones básicas respecto al poder: la primera la presenta como un medio habilitador, cooperativo y de comunicación, mientras que la segunda ofrece una imagen conflictiva y antagonística.

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Con respecto a la primera se habla de “poder para” (es decir para la realización colectiva), y en la segunda se habla de “poder sobre”. La teoría del poder cooperativo tiene relación con lo que plantea Hannah Arendt (1993), y en términos económicos guarda relación con la teoría del fracaso del mercado, los bienes públicos y la acción colectiva. Krasner (1983, p.197) reconoció esta forma de poder al servicio del ‘bien común’. El manejo global de los conflictos socioambientales, por ejemplo, demanda la cooperación y coordinación de políticas sin precedentes. Las formas de cooperación que surgieron históricamente entre los Estados estaban relacionadas, en gran medida, con la elaboración de reglas mínimas de coexistencia, creadas alrededor del reconocimiento mutuo de la soberanía y consecuentemente con la norma de la no intervención. El segundo concepto de poder es más clásicamente político. El “poder sobre” implica la coerción, las sanciones y la existencia de vencedores y vencidos. Krasner, si bien se referió al “poder al servicio de intereses particulares (1983, p.98-200), no hizo de ese tema un elemento central de su trabajo. Los dos elementos del “poder para” y el “poder sobre” pueden considerarse cualitativamente distintos sin ninguna conexión entre ellos. Krasner contribuye a tender el puente teórico entre esos dos conceptos. El mundo del economista, el de las ganancias absolutas, y el mundo del realista, el de las ganancias relativas se convierten en dos momentos de un proceso más amplio. En ese sentido, la administración ambiental colectiva y el manejo de los conflictos socioambientales a escala global, plantea un desafío severo, y por lo tanto políticamente sensible, porque implica -en el marco de esta corriente- la creación de reglas e instituciones que incorporen nociones de responsabilidades y deberes compartidos, los cuales chocan fuertemente con las estructuras y las organizaciones internas y los intereses de los Estados y de otros actores hegemónicos. Estas, además, confieren derechos

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y deberes a individuos y otros actores dentro de los Estados y buscan introducir alguna noción de bien común para el planeta en su totalidad. Así, la creación de instituciones para obtener ganancias colectivas coinciden con los esfuerzos por mejorar su propia situación a expensas de otros. La cooperación y el conflicto se expresan dentro de un mismo marco. En ese sentido, la interdependencia ecológica global crea nuevos elementos de inestabilidad debido a la incrementada susceptibilidad de las políticas internas a los choques externos. Conduce a nuevas fuentes de conflicto porque los costos y beneficios del manejo de la interdependencia tienen que distribuirse entre los Estados y abre paso a nuevas fuentes de poder y de ventaja porque expone a los Estados a la vulnerabilidad externa, la cual es poca veces simétrica, e introduce nuevos puntos de contacto entre las políticas internacionales e internas. Es ese contexto del proceso el que posibilita también la emergencia de conflictos que espacialmente están focalizados a nivel local, pero que políticamente corresponden a escenarios globales. En síntesis, se trata de una teoría donde los Estados son actores independientes que tratan de maximizar su utilidad en el medio anárquico de la política internacional y, en esta perspectiva, las instituciones son los instrumentos que utilizan los gobiernos para facilitar su interacción, obtener mayor información y minimizar el costo y la incertidumbre politicos en sus intercambios y conflictos internos. Esta perspectiva es predominantemente conservadora porque sienta la hipótesis de que lo real es racional y que todo arreglo y negociación de conflictos, por precario que sea, puede ser definido como un régimen, esto es, como un conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos de adopción de decisiones (Ashley, 1986, p.93; Strange, 1982, p.35). Así, las relaciones entre los países hegemónicos se convierten en un ‘regimen de seguridad’. Como al final no estalló una guerra en el centro, las crisis fueron superadas y la carrera de ar-

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mamentos ha cobrado formas reconocibles, resulta fácil ver a posteriori en este fenómeno la expresión de un régimen. El argumento es poco refutable porque toda forma de relaciones internacionales que manifiesten un embrión de competencia refleja la existencia de actores con un mínimo de racionalidad común y que, por lo tanto, comparten principios y prácticas institucionales comunes. Y si por ventura se transforman la naturaleza y la forma de las relaciones, siempre se puede definir la ruptura de este equilibrio como un cambio de régimen.6 En esa línea, un tema central de los discursos convencionales, en especial desde la perspectiva neorrealista es aquel referido al “diálogo” y al “consenso” como eje central de las configuraciones de poder y del tratamiento de conflictos a nivel internacional. Este pretendido diálogo se define, como lo ha señalado Jorge Nef (1993), dentro de una concepción interdependentista, como un proceso negociador, caracterizado por compatibilidad, consenso y “mutualidad” de intereses alrededor del manejo de recursos naturales. En otras palabras, la idea de diálogo apunta teleológicamente a la creación y consolidación de regímenes de interdependencia ecológica compleja, en los cuales las élites del poder se integrarían y transnacionalizarían alrededor del manejo y administración de los recursos naturales.

Teoría Crítica y Conflictos Socioambientales Algunas importantes contribuciones neomarxistas de principios de los años 80, tras señalar la finalización del orden hegemónico de posguerra, destacaron la internacionalización del Estado, de los mercados y de la producción como los rasgos sobre-

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salientes del orden en formación (Rupert, 1993, p.29). Desde esta perspectiva, cualquier especulación en torno de posibles futuros debería concentrarse en los nuevos actores sociales generados por los cambios en los procesos de producción y en los heterogéneos escenarios e intereses en juego en relación a los conflictos socioambientales. Una de las mayores novedades actuales radica en la crisis ambiental, que cuantitativa y cualitativamente nunca antes había involucrado a toda la humanidad. La dimensión del conflicto y del problema que lo suscita es de tal naturaleza, que lo que se halla en peligro es el sistema en su conjunto y no solo las diversas partes. En los países pobres, los principales problemas se ubican alrededor de la destrucción de los ríos, mares, bosques tropicales, atmósfera (a los cuales están ligados los problemas de la capa de ozono, el efecto invernadero y el problema del calentamiento global). “Por supuesto, todo este daño medioambiental producido en los países en vías de desarrollo se vio precedido durante mucho tiempo por medidas igualmente insensatas por parte de los países desarrollados” (Kennedy, 1993, p.241 y ss.). En ese marco, cabe preguntarse si ¿acaso “lo Global” de hoy en día no refleja para muchos una versión moderna del alcance universal que adquirieron desde el siglo XVI los puñados de aventureros mercantiles europeos que invadieron y saquearon grandes áreas territoriales del mundo como la India o la Amazonía? ¿Acaso durante muchas décadas de colonialismo, dondequiera que esa hegemonía global fue amenazada por las resistencias, el lenguaje de la oposición no fue cooptado, redefinido y usado para legitimar el control futuro? ¿Acaso los órdenes post-coloniales y de las post-guerras, aparte de dar origen a los Estados independientes no significaron el aparecimiento de órdenes establecidos y dominados por instituciones globales controladas por los países más poderosos? ¿Caben solamente entes heterogéneos, fraccionados y atomizados como los únicos relevantes en los actuales procesos?

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Las respuestas a estas interrogantes, desde las Teorías Críticas de las Relaciones Internacionales (postmodernistas, postpositivistas, postestructuralistas y postmarxistas) proponen por un lado, “deconstruir” las categorías epistemológicas tradicionales a fin de replantear el papel de la razón y la historia en el análisis de los acontecimientos internacionales, adoptando una perspectiva que procure reconocer que lo cambiante, lo marginal y lo emergente es parte integral de la realidad bajo estudio y expandir la agenda que guía el análisis de la misma (George y Campbell, 1990, p.112). Y por otro, al examinar el sistema internacional en el cual las naciones de América Latina, Africa o Asia se insertan, indicar que este es complejo y heterogéneo y no interdependiente, como lo han señalado los neorrealistas. Ha sido y es, según estos enfoques, primordialmente caracterizado por una extrema asimetría y dependencia. El “Norte” no es aquí solo un conglomerado algo abstracto y multipolar de naciones industriales y de otros poderosos actores transnacionales regidos por una lógica económica de acumulación ampliada o flexible, sino también la presencia concreta de una potencia: los Estados Unidos (Smith, et.al, 1994, p.42). Para Robert Cox (1989), las relaciones internacionales constituyen un área de estudio vinculada con las interrelaciones entre Estados en una época en la que los Estados, y mucho más comúnmente las naciones-Estados, son los principales agregados del poder político. Esto se relaciona con los resultados de la guerra y la paz y tiene, obviamente importancia práctica.7 Hay que tomar en cuenta que una antigua convención intelectual que contribuyó a la definición de las relaciones internacionales, es la distinción entre Estado y sociedad civil.8 En ese sentido Cox critica el que la teoría tradicional de las relaciones internacionales (realismo y neorealismo) haya mantenido esa distinción de las dos esferas, con la política exterior como pura expresión de los intereses del Estado (Cox, 1986, p.27).

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Afirma que hoy, Estado y sociedad civil se compenetran de tal modo que los conceptos se han convertido casi en puramente analíticos (en referencia a la dificultad de definir aspectos de una realidad compleja) y son solamente muy vagos e imprecisos para indicar las distintas esferas de actividad social o política. Añade en esa línea que hubo pocos intentos, dentro de los fundamentos de la teoría de las relaciones internacionales, de considerar al complejo Estado/sociedad como la entidad básica de las relaciones internacionales. Como consecuencia, la perspectiva de que exista una pluralidad de formas de Estado, que expresan diferentes configuraciones de los complejos Estado/sociedad, aún permanece muy inexplorada, al menos en conexión con el estudio de las relaciones internacionales (Cox, 1989, p.48). En ese marco, pudo haberse esperado que el renovado interés marxista en el Estado contribuyera a superar esa brecha ampliando y diversificando la noción de Estado, y en particular, amplificando sus dimensiones sociales.9 Estas observaciones constituyen una advertencia sobre el intento de diseñar un método para comprender las relaciones globales de poder: hay que observar el problema del orden mundial en su globalidad, pero evitando reducirlo a un sistema mundial. Orden en las tesis de Cox (1989, p.169), es utilizado en el sentido en que las cosas habitualmente suceden (no la ausencia o turbulencia). Desorden es incluido en el concepto de orden. En ese sentido, un sistema interestatal es una forma histórica del orden mundial. El término es utilizado en plural cuando se quiere indicar que los rasgos particulares de las relaciones de poder que han sido establecidas en el tiempo pueden ser contrastadas en términos de sus principales características como órdenes mundiales diferentes.

NOTAS

1

A pesar de aquello, dentro de las teorías de las Relaciones Internacionales, los planteamientos de la Teoría de Régimen, hechos por Robert Keohane, (1984, 1989) están claramente centrados en el Estado, en el propio interés y en el individualismo metodológico. Trata de explicar los resultados, incluidos los institucionales como productos de cálculos basados en el propio interés, así, el manejo de los recursos naturales y el control/integración o eliminación de grupos opuestos a dicho modelo de progreso o desarrollo. Es decir, pretende sentar una base para las instituciones internacionales, sobre la base de los Estados-nación como actores centrales.

2

El concepto de régimen internacional es complejo porque está definido sobre la base de cuatro componentes separados: principios, instituciones, normas y/o reglas y procedimientos de adopción de decisiones. Habida cuenta de que las instituciones, las reglas, las normas y los principios están tan estrechamente relacionadas entre sí, la evaluación de si un cambio en las normas constituye un cambio de régimen o simplemente un cambio dentro del régimen contiene necesariamente elementos de arbitrariedad (1984, p.59)

3

Habida cuenta de que el concepto de régimen es impreciso, los autores que lo emplean tratan de demostrar que su ámbito de estudio concreto se ajusta a la definición habitual del concepto para limitarse luego a describir sus características esenciales (Ashley, 1986). Estas últimas son por lo general bien conocidas y el concepto de régimen no sirve para aclararlas más.

4

Por fracaso del mercado político entienden la situación en que los actores comparten intereses, pero no pueden actuar conjuntamente para defenderlos. Esta imposibilidad no se debe a escasez de recursos o de tec-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Globalización . . . . . . . . . . . . .y.conflictos . . . . . . . . socioambientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 ... nología. En estas situaciones, que la teoría de los juegos describe más detalladamente, el fracaso de los intentos de cooperar con fines comunes, puede reflejar deficiencias institucionales del sistema internacional, más que confrontación de los propósitos de los actores. Los costos de transacción en cambio, son todos los costos relacionados con el intercambio (económico y político). Entre ellos figuran los costos de información, la negociación, la vigilancia y el cumplimiento de los acuerdos. Incluso en sus propios términos, la economía neoclásica considera sólo la mitad del problema al centrarse únicamente en los costos de producción. 5

Este problema de falta de confianza se acentúa aún más por las presiones sobre los Estados para que le den prioridad a sus intereses inmediatos a corto plazo y a las pérdidas y ganancias relativas, por el gran número de conflictos históricos profundamente arraigados entre los Estados y por la heterogeneidad cultural, política y económica del sistema internacional.

6

En realidad, estos conceptos abstractos reflejan una vez más la tendencia de las Ciencias Políticas, especialmente en ciertas corrientes de EE.UU. a tomar fenómenos aislados como objetos sui géneris y a evitar la reflexión sobre las estructuras que determinan su aparición y modificación. Es sintomático en este sentido constatar que las reflexiones sobre las causas de los regímenes se hayan limitado al análisis de las hipótesis formuladas por algunos autores respecto de la hegemonía estadounidense.

7

Esta práctica, sin embargo, según Cox , ha generado confusión sobre la naturaleza de los actores que intervienen. Que son diferentes clases de Estados y entidades no estatales, con sus respectiva gama de intereses (tanto la baja como la alta política) y diversidad de metas buscadas. Todo lo cual ha producido una enorme complejidad en los modos de interacción y en las instituciones en las cuales la acción tiene lugar (Cox, 1989, 1987, p.65 y ss.).

8

Según Cox, esta distinción tuvo sentido práctico en los siglos XVIII y comienzos del XIX, cuando correspondía a dos esferas más o menos distin-

Pablo Ortiz 112 .................................................................... guibles de la actividad o práctica humana: por un lado, una sociedad emergente de individuos, basada en relaciones contractuales y de mercado, que reemplazaba a una sociedad basada en el Estado; y por otro lado, un Estado con funciones limitadas a mantener la paz interna, la defensa externa y las condiciones requeridas por los mercados.

9

Algunos de los productos más notables de esa renovación, sin embargo, o bien tuvieron un carácter totalmente abstracto, definiendo al Estado como una ‘región’ de un modo capitalista de producción, singularmente concebido por Althusser (1981) o Poulantzas (1980), o bien cambiaron la atención del Estado y el conflicto de clase hacia una crisis motivacional y la ideología como lo ha sostenido Jürgen Habermas (Cox, 1989; George et.al., 1990).

ALGUNAS CONCLUSIONES

1)

Las características de los conflictos socioambientales actuales reflejan un giro paradigmático en las relaciones internacionales. Es evidente que hasta la presente fecha, el sistema centrado en el Estado ha fracasado en la búsqueda de políticas apropiadas para el tratamiento o manejo de conflictos, compatibles con las necesidades de la actual arena de conflictos.

2)

Dentro de un conflicto socioambiental con implicaciones globales, cuando la hegemonía incompleta del Estado obstaculiza su control/dominio sobre otros actores en su jurisdicción (como sucede en el caso ecuatoriano con la Amazonía, el Estado puede implementar estrategias en base a argumentos tanto económicos como de conservación, que le permitan ejercer una exclusión coercitiva de otros actores que están compitiendo por el control de recursos naturales claves.

3)

Tanto la coerción y el control sobre los recursos naturales no buscan sino aumentar los poderes del Estado para afianzar su control social; a su vez, esos permiten que el Estado extraiga más ingresos de las zonas de conservación o de extracción. Y si se realizan esfuerzos de desarrollo (sustentable o sostenible, como prefiera llamárselo frecuentemente se lo hace como una simple manera de apaciguar a los usuarios de los recursos que compiten con el Estado (en ese sentido los Estados hindú y ecuatoriano bajo similares racionalidades políticas.

4)

Si esos esfuerzos fracasan en su intento de establecer el control estatal y asegurar la conservación, es inminente el

Pablo Ortiz 114 ....................................................................

conflicto, frente al cual el bloque o frente de actores hegemónicos consideran a las estrategias coercitivas como una oportunidad final para desactivar conflictos, con el justificativo de preservar el medio ambiente y negociar en torno al cambio de posiciones, más no a la cesión de intereses. 5)

Cuando el resultado de un manejo estatal coercitivo del conflicto en torno a los recursos naturales coincide con las metas de grupos externos de conservación, esas facciones del Estado que producen los resultados pueden aprovechar o fortalecer el apoyo financiero e ideológico de éste último. En ese sentido entonces, la agenda de conservación, que es generalmente vista como en favor del interés común de la comunidad global entera, se utiliza como una justificación para una intervención externa en el conflicto, en lo que anteriormente solo era asunto exclusivo de los Estados.

6)

El enfrentamiento que se produce con los movimientos subalternos (la alianza entre actores o redes transnacionalizadas de acción y actores comunitarios u organizaciones locales>, se da en múltiples escenarios de manera simultánea o sucesiva, según el caso. El rol que cumplen otros actores como los medios de comunicación, tribunales de justicia internacionales y organismos como la Unión Europea o las Naciones Unidas, son claves al momento de incidir en la toma de decisión por parte de los principales actores involucrados.

7)

El efecto simbólico-político de muchas demandas de las comunidades locales en torno al manejo de los recursos naturales, es importante al momento de consolidar alianzas y promover adhesiones de otros actores. Esto adquiere relevancia en contextos de ampliación de las fronteras del mercado que generan una mayor presión sobre los recursos naturales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Globalización . . . . . . . . . . . . .y.conflictos . . . . . . . . socioambientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 ...

8)

Desde una perspectiva de los actores estatales, se considera en este tipo de conflictos, que tanto los actores locales, los grupos ecologistas y sobre todo las redes informales transnacionales de apoyo a las comunidades rurales, son intrusos y competidores ilegítimos dentro del conflicto, por decidir el manejo de los recursos naturales de ciertas regiones.

9)

Generalmente, existen dos patrones mediante los cuales los actores no locales (sean estatales o no intentan estructurar y definir los controles sobre los recursos naturales locales. El primero involucra la reorganización del statu quo local: eliminar las élites establecidas y reemplazarlas con élites con un enfoque ambiental “correcto” o élites que sean fáciles de manejar políticamente, que sean grupos externos o internos compitiendo entre ellos. En esta línea está definida básicamente la estrategia del manejo de conflictos frente a los proyectos que apoya el Banco Mundial. La segunda estrategia, que es más común, busca fortalecer a las élites existentes, y eso puede implicar la cooptación de líderes locales y nacionales, a cambio -por las vías clienterales- de la lealtad de las comunidades locales hacia el Estado (o dicho en otros términos la generación y expansión de percepciones ambivalentes necesarias para legitimar dicha estrategia).

10)

Ambas estrategias implican en el manejo o tratamiento de conflictos cambios sociales, tan extensivos en el proceso de imponer un nuevo orden de cosas, que requieren alianzas directas o indirectas con las fuerzas militares para supervisar las negociaciones y el cumplimiento de los acuerdos.

11)

De estos conflictos, normalmente cuando se han logrado preservar intereses y satisfacer parcialmente demandas, el Estado sale fortalecido, junto con la imagen de los actores

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más fuertes, que logran legitimar sus posiciones. El Estado -y eventualmente algunos organismos privados- logran acumular herramientas de poder, como bienes, información e influencia, aunque sea a veces sin saberlo. Las comunidades logran establecer un punto de referencia -y de medida- de su propio desarrollo organizativo, aunque haya perdido la batalla por defender sus intereses. 12)

En los dos casos descritos de Pastaza en la Amazonía y del valle del Narmada, la intervención o el apoyo internacional, sin embargo, no han garantizado el logro de las metas ambientales o la legitimidad de los Estados. El pretender reemplazar o fortalecer a los actores hegemónicos para controlar los recursos ha alentado más bien la resistencia local y ha fomentado una rebeldía contra el Estado y contra los controles internacionales sobre estos recursos.

13)

El interés del Estado en los valores económicos del recurso agua o petróleo, ha influenciado para que los grupos de conservación utilicen razones económicas para justificar sus estrategias de protección y preservación, tal como lo hace el Banco Mundial en ambos casos.

14)

Independientemente de que el conflicto socioambiental se haya generado por producción intensiva, por propósitos de preservación o por estrategias de valoración para territorios con recursos, todas éstas frecuentemente implican el retiro de las comunidades locales, que ya tienen una tradición de uso local de los recursos y que podrían desempeñar papeles importantes, aunque sea sin el debido reconocimiento, en la creación de hábitats y ecológicamente sostenibles y económicamente eficientes.

15)

Estos conflictos permiten además pensar en los límites que presentan los nuevos escenarios de la llamada “globalización” y de los “problemas ambientales globales”, cuando involucran a comunidades abismalmente menos fuer-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Globalización . . . . . . . . . . . . .y.conflictos . . . . . . . . socioambientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 ...

tes frente a las empresas transnacionales u organismos financieros globales. 16)

Aunque los convenios y la cooperación internacional son necesarios como marcos de referencia para manejar los recursos naturales y sus conflictos, a nivel mundial como para proveer de herramientas metodológicas o analíticas que posibilitan una aprehensión de los intereses de las comunidades rurales pobres. Los Estados nacionales individuales no participan en dichas iniciativas de negociación ni en ningún otro esfuerzo cooperativo, a menos que exista alguna garantía de que otros Estados harán lo mismo o que tengan la seguridad de que no estarán en desventaja política o competitiva. Y si hay Estados cuyos intereses prioritarios dependen del control y explotación de ciertos recursos naturales, difícilmente podrán asumir una posición favorable a atender las demandas e intereses de las comunidades locales como ilustran los casos de Pastaza y Narmada.

17)

Es evidente así que los Estados, representados por los gobiernos, no están interesados únicamente en la maximización de su bienestar absoluto, sino también en su propia posición relativa dentro de los sistemas económicos y políticos internacionales. Su utilidad es entonces, en este sentido, interdependiente. Son actores “posicionales” más que “atomísticos” y es poco probable que acepten esquemas para el manejo ambiental que puedan tener serias implicaciones en la posición competitiva de sus economías, que puedan socavar sus posiciones de poder a largo plazo o que incrementen su vulnerabilidad a la presión externa.

18)

En ese sentido, si bien no se trata de reducir la cuestión a tesis maximalistas de manejo de conflictos, es evidente que cualquier propuesta que apunte a darle legitimidad y eficiencia en el largo plazo, necesariamente deberá apun-

Pablo Ortiz 118 ....................................................................

tar no solo a superar las incompatibilidad sino a remover las causas y satisfacer intereses, particularmente de aquellos que tienen una posición de desventaja y vulnerabilidad por el deterioro o privación de los recursos: las poblaciones y comunidades pobres.

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