familias en cambio en un mundo en cambio

ISBN 997432418-1 familias en cambio en un mundo en cambio familias en cambio en un mundo en cambio Esta publicación se propone contribuir a un mejor...
1 downloads 0 Views 1MB Size
ISBN 997432418-1

familias en cambio en un mundo en cambio familias en cambio en un mundo en cambio

Esta publicación se propone contribuir a un mejor conocimiento de las transformaciones de las familias en Uruguay y en América Latina y destacar la necesidad de incluir en el debate público el impacto que estos cambios tienen sobre las relaciones de género y de generaciones El modelo imperante de familia –constituido por una pareja heterosexual, unida en matrimonio para toda la vida, y sus hijos– ya no es la única modalidad posible de vivir en familia. Están emergiendo una diversidad de arreglos familiares y se observan cuestionamientos a las relaciones jerárquicas entre géneros y generaciones. Estas transformaciones están articuladas con los profundos cambios que experimentan nuestras sociedades en el plano material y en la construcción de nuevas subjetividades que se inscriben en el desarrollo de la modernidad y de la modernización. Sus impactos tienen algunos aspectos positivos con relación a la libertad individual y al desarrollo de las personas. El ejercicio de los derechos individuales en el espacio público y en el ámbito privado, especialmente para las mujeres, ha cobrado progresivamente legitimidad, y permite que viejos problemas como la violencia intrafamiliar contra las mujeres, se hagan más visibles. También surgen nuevos problemas y desafíos a tener en cuenta como el déficit de cuidados a niños, enfermos y adultos mayores, y las dificultades para armonizar el mundo del trabajo con la vida familiar. Resulta paradojal, sin embargo, que transformaciones que afectan la vida cotidiana de tanta gente e inciden en la reproducción presente y futura de la población, tengan tan escasa visibilidad social y no sean contempladas en la agenda pública. La brecha entre realidad e imaginario colectivo redunda en una menor efectividad de las acciones propuestas en las políticas públicas y en un refuerzo de pautas sexistas. La Red Género y Familia pretende, a través de este libro, aportar al debate y contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que respondan a la realidad y que incluyan las perspectivas de géneros y generaciones, para promover el desarrollo de relaciones democráticas entre mujeres y hombres, jóvenes y mayores.

Clara Fassler coordinadora

Familias en cambio en un mundo en cambio

Clara Fassler coordinadora Rosario Aguirre • Irma Arriagada Karina Batthyány • Claudia Bonan Wanda Cabella • Virginia Guzmán • Inés Iens

Red Género

y

Familia

18 de Julio 1645, 7º piso 11200 Montevideo, Uruguay tel. 402 8352 [email protected] [email protected]

© 2006, Ediciones Trilce Durazno 1888, 11200 Montevideo, Uruguay tel. y fax: (5982) 412 77 22 y 412 76 62 [email protected] www.trilce.com.uy ISBN 9974-32-418-1

Contenido

Presentación . ....................................................................................................5

Apertura Intervención del Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa ........11 Intervención del Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Pablo Mandeville ...................18 Intervención del Representante Auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Juan José Calvo ................20 Intervención de la Senadora, Margarita Percovich .......................................... 22 Intervención de la Diputada, Daisy Tourné .................................................... 26 Intervención de la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Carmen Beramendi . ................................29 Intervención de la Coordinadora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguimiento, Lilián Abracinskas ............................... 36

Paneles Conferencia La participación de las mujeres en el contexto de la Modernidad, Virginia Guzmán y Claudia Bonan . ........................................................... 45 Transformaciones de las familias. Nuevos problemas sociales Transformaciones de las familias en América Latina, Irma Arriagada . ............................................................................................ 63 Los cambios recientes de la familia uruguaya: la convergencia hacia la segunda transición demográfica, Wanda Cabella ...........................................................................................80 Uso del tiempo en la vida cotidiana: trabajo doméstico y cuidados familiares, Rosario Aguirre ..........................................................................................108

Políticas públicas para la equidad entre género y generaciones Género y cuidados familiares ¿Quién se hace cargo del cuidado y la atención de los niños y de los adultos mayores?, Karina Batthyány ..................................................................................... 123 Mundo del trabajo y mundo de la familia: ¿es posible la armonía?, Inés Iens . .....................................................................................................138 Noticia de las autoras ......................................................................................... 156

Diálogo con los panelistas

Los participantes opinan y proponen Primer momento. Diálogo con los panelistas ................................................ 159 Segundo momento. Los participantes opinan y proponen ..........................172

Reflexiones finales, Virginia Guzmán .......................................................177 Listado de participantes ............................................................................181

Presentación

Las familias han venido experimentando fuertes cambios en Uruguay, la región y el mundo que se expresan, entre otras manifestaciones, en una diversificación de su composición (arreglos familiares), menor estabilidad de los vínculos de pareja, modificaciones de las relaciones de poder entre sus miembros y redefiniciones de algunas de sus funciones. Estos procesos de cambio se están desarrollando a gran velocidad e involucran, aunque diferencialmente, a amplios sectores de la población. El impacto de estas transformaciones en los individuos, las familias y la sociedad son múltiples, heterogéneos y sólo parcialmente conocidos. Se han puesto en evidencia y agudizado algunos viejos problemas y están apareciendo nuevos desafíos que es necesario encarar. Los problemas de la reproducción biológica y social propios del ámbito familiar se comienzan a visualizar desde una perspectiva de derechos. La equidad entre los géneros y entre las generaciones, la no discriminación por etnia, orientación e identidad sexual, el respeto por la diversidad de arreglos familiares se van constituyendo lentamente en aspiraciones a materializar en las familias y en la sociedad. Paradojalmente, estos cambios, que afectan la vida cotidiana de tanta gente e inciden en la reproducción presente y futura de la población, tienen escasa visibilidad social y no están contemplados en la agenda pública. Las políticas públicas, en general, están orientadas hacia los individuos y dan por supuesto que éstos viven en familias nucleares unidas en matrimonio y con un proveedor único, situación cada vez más alejada de la realidad. Esta brecha entre realidad e imaginario redunda en una menor efectividad de las acciones propuestas y en un refuerzo de pautas sexistas.



La Red Género y Familia, desde su fundación en 1994, se ha propuesto impulsar el reconocimiento de la diversidad de arreglos familiares y el desarrollo de relaciones democráticas entre mujeres y hombres y entre jóvenes y viejos para lo cual ha buscado incidir en las políticas públicas, de modo que éstas incluyan las perspectivas de géneros y generaciones. Ha realizado, tanto en Montevideo como en el interior del país, diversas acciones que permitieran avanzar en la visibilización de estos problemas, en la sensibilización y capacitación de tomadores de decisión de políticas públicas y en el fortalecimiento de la sociedad civil para incidir en ellas tales como seminarios, talleres, cursos, capacitación a mujeres políticas, asesorías a intendencias y al Poder Legislativo y tareas de difusión a través de los medios y de publicaciones. El cambio reciente de gobierno y su voluntad expresa de profundizar la democracia, disminuir las exclusiones e inequidades y avanzar explícitamente hacia la equidad de género ha colocado a las políticas públicas en el centro del debate, incrementando la necesidad de generar espacios de intercambio y propuestas. En el marco del proyecto “Transformaciones de las familias y políticas públicas”, la Red Género y Familia junto con la Unidad Multidisciplinaria y el Área de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República organizaron la conferencia “Género, Familias y Políticas Públicas. Protagonismo de la sociedad civil” y el seminario internacional “Familias en cambio en un mundo en cambio. ¿Cómo avanzar hacia políticas de equidad entre géneros y generaciones?” que se realizaron en Montevideo el 14 y 15 de noviembre de 2005. Estas actividades contaron con el apoyo de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay (UNFPA) y con los auspicios del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), de la Comisión Nacional de Seguimiento (CNS) Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía, Uruguay y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Estos eventos tuvieron diversos objetivos. En primer lugar, ampliar el conocimiento sobre las transformaciones de las familias tanto en América Latina como en Uruguay; en segundo lugar, avanzar en la identificación del trabajo no remunerado como espacio de producción y mantención de la inequidad entre géneros y generaciones destacándose como problemas y desafíos a resolver, los cuidados domésticos y las dificultades para armonizar los cambios de las familias con las transformaciones del mundo del trabajo, en tercer



lugar, discutir y estimular el papel activo de la sociedad civil en la incorporación en las políticas públicas de las perspectivas de género y familia, y en cuarto lugar, generar un debate entre diferentes actores sociales con distinta inserción social e institucional (academia, legisladores, sociedad civil, autoridades gubernamentales) a fin de complejizar el intercambio. En esta publicación se compilan, en una primera parte, las alocuciones de las diversas autoridades que participaron en la apertura de ambos eventos. En una segunda parte se recogen el artículo que sirvió de base a la conferencia y las ponencias presentadas en los dos paneles del seminario. La tercera parte incluye dos momentos de participación activa de los presentes. El primero, en relación con las interrogantes, reflexiones y opiniones que despertaron las ponencias y las intervenciones y respuestas de los ponentes y, un segundo momento, en que se sistematiza y sintetiza las discusiones y propuestas realizadas por los participantes en trabajos de grupos y en plenaria. Finalmente, hay un breve comentario-síntesis sobre la conferencia y el seminario. Esperamos que esta publicación contribuya a un mejor conocimiento de las transformaciones de las familias destacando la necesidad de incluir en el debate público las inequidades de género que estos cambios reproducen y potencian. Aspiramos a que los derechos de hombres y mujeres, de jóvenes y viejos puedan ejercerse en igualdad tanto en los ámbitos públicos como privados, en las familias como en la sociedad. Superar las diversas discriminaciones es condición ineludible en la construcción de una sociedad democrática. Confiamos en que las políticas públicas contribuyan en ese sentido. Queremos agradecer al Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa y a las legisladoras Margarita Percovich y Daisy Tourné por su presencia y compromiso con la temática debatida. Asimismo deseamos expresar nuestro agradecimiento por la presencia y el apoyo del Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Pablo Mandeville y de Juan José Calvo, Representante Auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, cuya confianza ha hecho posible la materialización de este proyecto. Deseamos saludar y agradecer la presencia de la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Carmen Beramendi, y de la Coor-



dinadora Ejecutiva de la CNS Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía, Lilián Abracinskas, destacadas militantes del movimiento feminista que nos acompañan en nuestra tarea cotidiana. Por último, quisiéramos agradecer la presencia de nuestras invitadas internacionales, Irma Arriagada y Virginia Guzmán, las que además de contribuir con sus conocimientos a estos eventos, han brindado solidariamente su experiencia para fortalecer la Red.







Clara Fassler

Coordinadora Red Género y Familia

Apertura

Contribuciones de representantes del gobierno nacional, de organismos internacionales, de parlamentarios y de organizaciones sociales

Intervención del Vicepresidente de la República

Rodolfo Nin Novoa

Podríamos definir el género como el saber sobre la diferencia sexual, un saber que es históricamente construido. Este saber postula que la femineidad y la masculinidad son categorías que responden a una construcción cultural. Si bien los estudios sobre género intentan descentrar a la mujer como objeto de estudio constatamos que, en general, el concepto de género es una referencia a la mujer. Los estudios de género vinieron a reemplazar otros estudios sobre las mujeres, que tuvieron auge en la década de los sesenta. Lo que se intentó con eso fue descentrar o reemplazar a la categoría MUJER o mujeres como objeto de investigación, porque podía entenderse que por un lado, la condición femenina era un problema, y por otro, que era factible que existiera un sujeto de conocimiento neutral, exterior al campo femenino, que obviamente sería el masculino. No podemos dejar de tener en cuenta que en tiempos relativamente breves ha habido enormes transformaciones con respecto al lugar de la mujer en el ámbito social que marcan un cambio importante en el funcionamiento de la sociedad. Como ejemplo tomemos el voto femenino que se estableció por grandes luchas en los Estados Unidos en 1920, en Francia después de la guerra, en Argentina en 1951, en Uruguay en 1932. Pensemos que no hace tantos años atrás, se inculcaba a los niños en sus libros de lectura, la imagen de la madre dedicada solamente a las tareas del hogar, y fundamentalmente a los hijos, mientras que el padre representaba el proveedor, el jefe, el pater familia que volvía a la noche del trabajo y tenían un dominio soberano sobre la mujer y los hijos.

11

Es que indudablemente, cuando nos aproximamos al tema de lo femenino y lo masculino, no podemos dejar por fuera la temática vinculada con la maternidad y la paternidad. Se ha comprobado que, varias décadas atrás, cuando la maternidad era un destino ineludible para las mujeres, la represión de la sexualidad en la mujer era muy característica. Cuando la maternidad deja de ser el destino único y empiezan a cobrar presencia mujeres que no son madres, aparece en coincidencia una mayor libertad sexual y social. Sin duda y hasta la actualidad, la maternidad es una cuestión básicamente de mujeres y la paternidad de hombres y sus roles están clásicamente asignados a cada género. El cambio fundamental que se inicia en los años sesenta, se debe al impacto que trajo consigo la píldora anticonceptiva, la cual podría ser considerada una revolución sexual de la mujer. Los embarazos –hasta ese momento muchos de ellos no deseados– y la sexualidad comienzan a andar por carriles distintos, cambiando también la idea tradicional de la actividad del hombre versus la pasividad de la mujer. El concepto de familia tan rígidamente sostenido a principios de siglo, empieza a perder su estructura clásica. La convivencia sin matrimonio, la planificación de los hijos, la equiparación de entradas económicas al hogar que a veces superan las del hombre, hacen de esta situación, un cambio importante en un tiempo cronológico muy corto. Sin embargo, tenemos que preguntarnos cuál es la contracara de esta transformación: según datos de las Naciones Unidas, de los 1300 millones de pobres en el mundo, 73% son mujeres y constituyen los dos tercios de los analfabetos del planeta. En Estados Unidos casi la mitad de las mujeres ha sido víctima de un intento de violación, 40% han sido víctimas de acoso sexual, 50% han sido golpeadas, al menos una vez, durante su vida en pareja, 28% han confesado tener relaciones violentas y los crímenes sexuales contra mujeres se han incrementado en un 160% desde 1976. En nuestro país, en el Hospital Pereira Rossell nacen entre 8000 y 9000 uruguayos al año, el ritmo del hospital pediátrico es de un parto por hora, 23% de las mujeres atendidas tiene menos de 19 años, por lo tanto son embarazos adolescentes. A su vez el número de pacientes ha aumentado en los últimos años –básicamente jóvenes– debido a tener que hacer abandono del sistema mutual. A ello se le deber sumar cerca de 600 bebés que el año pasado nacieron en lugares tales como: el domicilio, la vía pública, taxis, o alguna policlínica cercana. Nos encontramos entonces que así como las

12

mujeres de determinados estratos sociales pueden tender a retardar o planificar el nacimiento de sus hijos, la problemática de los embarazos adolescentes no deseados en mujeres de bajos recursos no deja de ser acuciante. Lejos de poder centrarnos pura y exclusivamente en el aspecto positivo que el siglo XX le ha brindado a la mujer, nos encontramos frente a realidades que debemos seguir teniendo en cuenta. La revolución de la píldora anticonceptiva no es para todas las clases sociales; la falta de información, la educación, sigue dejando a miles de mujeres en condiciones lamentables, donde el cobro de la asignación familiar es, a veces, el único sustento de una madre con numerosos hijos. Aun así, somos testigos en la actualidad de que a pesar de todos los avances, existe una imperiosa necesidad de cambio en las relaciones entre el hombre y la mujer. Sin duda estamos asistiendo a la crisis de la sociedad patriarcal. En esa sociedad el hombre marcaba los códigos morales, religiosos, jurídicos, sexuales y hasta higiénicos para cada sexo, dándoles a cada uno su lugar. Por ello la mujer debía usar el apellido de su marido, no podía disponer de sus propios bienes y carecía de derechos cívicos. Las palabras dichas por el prestigioso médico Juan de Huarte en el siglo XVI, parecían seguir muy vigentes hasta hace muy poco tiempo. Este prestigioso y polémico galeno escribía con pleno estatuto científico: “Las mujeres prolíficas son necias, las mujeres inteligentes, amén de ser un despropósito de la naturaleza, son estériles o paren hijos disminuidos pues su energía se centra en el cerebro y no en el útero, que es por lo demás donde debería haberse concentrado”. El psicoanálisis, el feminismo, dos guerras mundiales que hicieron imprescindible el uso de la mano de obra femenina, la conquista del voto por parte de la mujer, la revolución sexual de los años sesenta, la participación cada vez mayor de las mujeres en las carreras universitarias han producido un trastocamiento de los lugares del hombre y la mujer y un verdadero naufragio de las identidades rígidamente constituidas. El número creciente de divorcios y la renuencia de los jóvenes al matrimonio dan cuenta de ello. Utilizando un criterio generalizador, podría decirse que son las mujeres las que más han ganado con este cambio. Ocupan campos que antes les estaban vedados, se sienten libres de su deseo y sexualidad, etcétera. Sin embargo, las investigaciones muestran que no son muchas (basta observar en cada gobierno cuál es el

13

porcentaje de mujeres dedicadas a la política). Y, sin embargo, muchos hombres temen las consecuencias de este cambio, tal vez sintiéndolo como una derrota en su virilidad. Esto es parte de la larga historia del hombre como dominador y la mujer como sometida. No olvidemos que en la sociedad patriarcal el ejercicio del poder por parte del hombre, no tolera réplicas, siendo considerado éste un “poder natural” por el simple hecho de ser hombre. ¿Es que acaso ese poder natural, propio del género masculino ha caído ya en desuso? ¿Estamos enfrentados realmente a un cambio todavía más profundo en cuanto al lugar de la mujer? Quizá no sean ejemplos representativos de nuestra sociedad, pero sin duda lo son del punto de vista mediático y por lo tanto tienen un efecto globalizador, originándose en sociedades y culturas diferentes a la nuestra: En Japón, en 1947, se promulgó la ley de sucesión, cuya reforma es imprescindible para la supervivencia de la dinastía reinante más antigua del mundo. Hace cuatro décadas que no nace un varón en la línea descendente del emperador, por lo que gran parte de las esperanzas están puestas en la única hija mujer de 3 años, del príncipe heredero. La opción de que reine una mujer cuenta con el 80% de aceptación por parte de la población japonesa. Sería la reinstauración de la figura de la emperatriz que entre los siglos VI y XVIII vio pasar por el trono a 8 mujeres. Sin embargo, el príncipe Mikasa (primo del emperador Ahikito) expresó su rechazo diciendo que se deberían buscar otras opciones antes de permitir que reine una mujer. Por otro lado en España, el nacimiento de Leonor, primogénita de los príncipes de Asturias, reavivó la polémica acerca de la reforma constitucional por la sucesión al trono, al cual sólo acceden si son hijas únicas o si solo tienen hermanas, ya que la Constitución prioriza al hombre sobre la mujer. Sin embargo, el tema del género no finaliza exclusivamente en la problemática femenino-masculino; si bien en las últimas décadas se produjeron muchos cambios en las relaciones, privadas y públicas, entre hombres y mujeres, fue durante la Modernidad que se distinguieron los dos espacios estrictamente diferenciados: masculino y femenino. Pero, por otro lado en la era posmoderna, acompañando el cambio de siglo, aparecen una cantidad de variantes sexuales y de género, que intentan desafiar esos conceptos de la Modernidad. A pesar de no ser fenómenos nuevos, tienen una mayor aceptación social y una difusión también enorme en los medios de comuni-

14

cación. Por ejemplo, es difícil para muchos hoy en día discriminar entre las homosexualidades, el transexualismo, el travestismo, la bisexualidad ya que muchas veces aparecen todas como homologables a numerosas variantes de las prácticas sexuales que acompañan el fenómeno de la posmodernidad. Parejas homosexuales que desean casarse, que desean adoptar hijos, que buscan vientres de alquiler ¿en un intento de mantener los cánones y esquemas de la familia tradicional? Lo que sí es cierto es que las nuevas subjetividades que emergen del cruce Modernidad-Posmodernidad desafían estos parámetros. Las nuevas técnicas reproductivas, las nuevas modalidades de familias y parejas ya están cuestionando estos roles que parecían tan fijos. El poder de la figura patriarcal queda entonces cada vez más cuestionado, degradándose la figura del padre. Muchas veces se temió que la igualdad de derechos entre hombre y mujer tuviera como consecuencia la disolución de la familia; sin embargo, la realidad demuestra que cada vez sumamos más elementos que cuestionan el lugar del hombre en tanto figura paterna clásica del siglo pasado. Estos elementos no tienen que ver en un sentido estricto solamente con la emancipación de la mujer: la procreación asistida, las madres sustitutas, los vientres de alquiler, la clonación, la adopción de niños por parte de parejas homosexuales ¿permitirían aparentemente prescindir del hombre como tal, considerando solamente su material reproductivo? En ese caso podríamos preguntarnos: si la mujer controla totalmente la reproducción, ¿qué pasa con la figura del padre? Lejos de encontrar soluciones con relación a una supuesta equiparación de roles femeninos y masculinos, las situaciones se complejizan cada vez más, sin poder llegar verdaderamente a soluciones claras. No sólo hablamos hoy en día de nuevas subjetividades y nuevos modelos de familia, como lo son las parejas homosexuales que desean tener el estatus de una pareja heterosexual, sino que además seguimos con los viejos problemas acerca del lugar de la mujer en los diferentes ámbitos de la sociedad, la cultura, la política, etcétera. Por ejemplo en lo que respecta al ámbito laboral, algunas investigaciones (fundamentalmente en México) muestran que el carácter socialmente atribuido a hombres y mujeres en la división sexual del trabajo ha tendido a confinar a las mujeres a posiciones relativamente subordinadas e inferiores en la organización de la

15

producción. Esta circunstancia no ha sido superada a través de la flexibilización del trabajo, al contrario, con esta lógica se identifica la persistencia de las jerarquías sexuales en los salarios, condiciones de trabajo, capacitación y promoción profesional, a pesar de los procesos de reestructuración en las empresas. Si bien estas investigaciones no han sido hechas en nuestro país, sabemos que adolecemos de este mismo problema. Cada vez más la mujer cuenta con la oportunidad de liberarse un poco o de someterse menos a sus “deberes de inmanencia” como los llama Simone de Beauvoir, deberes que tienen que ver con la cocina, el lavado de ropa, la costura, la limpieza, el cuidado y educación de los niños, trabajo que ha sido muy poco reconocido, agradecido y menos aún retribuido. Muchos han expresado que es innecesario el reconocimiento porque ya se sabe que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. ¿Y detrás de toda gran mujer? Seguramente hay otra gran mujer… ¿quizá algún hombre? Podríamos decir que en algunos sectores de la sociedad, la lucha ya no es el enfrentamiento entre hombres y mujeres como pertenecientes a determinado género, sino por su capacidad intelectual, o por sus méritos personales, de cualquier índole. El feminismo reivindicativo para esos sectores sociales ha quedado atrás, dejando más en claro que en determinada franja, las mujeres buscan más una cooperación real entre hombre y mujer. Esto tiene que ver con el reconocimiento de la igualdad entre los seres humanos, pero manteniendo claras sus diferencias; sólo de esa forma se podrá acceder a una realidad más equilibrada y pareja. Ejemplos como Corazón Aquino (Filipinas), Violeta Barrios de Chamorro (Nicaragua), Indira Gandhi (India), Golda Meir (Israel) contrastan con el modelo de Margaret Thatcher quien se ha ganado la reputación de mujer severa y un tanto masculina, lo que ha contribuido a sentimientos de antipatía entre las propias mujeres. Aun cuando la mujer esté logrando introducirse con éxito en el mundo del trabajo, los antiguos modelos de la imagen de la figura femenina persisten en la mentalidad de manera a veces imperceptible, prevaleciendo su identificación con sus deberes de madre, esposa y servidora. La mujer oscila así entre una vida real, deseada y buscada por ella misma y los arquetipos tradicionales que aparecen disfrazados, pero en realidad siguen siendo siempre los mismos. La existencia moderna acarreó para las mujeres nuevos problemas. Tan sólo la dificultad de armonizar la vida familiar con la vida en una sociedad capitalista que ignora casi por completo las necesi-

16

dades prácticas, tales como por ejemplo, las guarderías confiables, hace aún más difícil la salida de la mujer del ámbito familiar. Sin embargo, a pesar de todo lo que se pueda decir respecto de las incompatibilidades de la vida laboral-profesional con la vida familiar, además de las quejas amargas de las mujeres por ser consideradas “madres, esposas, hermanas, hijas” de la casa, quizá no sea todo esto tan grave. La mujer ha sabido de todas formas sobresalir, superando obstáculos de todo tipo y la realidad ha demostrado que cuando en algún ámbito una mujer ha sabido destacarse, aquello que haya hecho, ha sido considerado doblemente bueno. ¿Será por la vía de la excepción? Quizá ya no… o tendríamos que darle otro estatuto a las excepciones…

17

Intervención del Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas

Pablo Mandeville

Este seminario “Familias en cambio, en un mundo en cambio” se realiza en el marco del acuerdo firmado entre el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Red Género y Familia, por el cual el UNFPA apoya un proyecto que tiene como objetivos principales: – lograr que las políticas públicas incluyan una perspectiva de Género y Familia en su formulación y en su ejecución; – contribuir al respeto y al derecho de las personas y al desarrollo de relaciones democráticas entre géneros y generaciones dentro de las familias, y – contribuir al reconocimiento y legitimidad de los diversos tipos de arreglos familiares. El Fondo de Población de las Naciones Unidas se rige en su enfoque programático, por el Programa de Acción aprobado en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, desarrollada en El Cairo en 1994. Este programa en su capítulo quinto señala: “el proceso de rápido cambio demográfico y socioeconómico que se ha producido en todo el mundo ha influido en las modalidades de la formación de las familias y en la vida familiar, provocando importantes cambios en la composición y estructura de las familias. Las ideas tradicionales de división por sexos de las funciones de los progenitores y las funciones domésticas y de participación en la fuerza de trabajo remunerada no reflejan las realidades y aspiraciones actuales, pues son cada vez más las mujeres que, en todo el mundo, ocupan empleos remunerados fuera de la casa”. Uruguay no ha sido ajeno a estos cambios; por el contrario, y como nos señalan los distinguidos académicos que participan en este seminario, el país observó en las pasadas décadas un acelerado proceso de cambio en la estructura de los arreglos familiares. Es-

18

tos cambios impactan fuertemente en la estructura social del país, generando muchas veces situaciones de vulnerabilidad frente a la pobreza, e inequidad en el acceso al ejercicio de los derechos. Ante este panorama, el UNFPA despliega en Uruguay un programa de cooperación que hace énfasis en la necesidad de diseñar, implementar y monitorear políticas públicas que consideren los procesos demográficos y poblacionales propios que el país atraviesa, con una perspectiva de género, generaciones y derechos.

19

Intervención del Representante Auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas

Juan José Calvo

Este seminario es una actividad de la Red Género y Familia que cuenta con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. La iniciativa se enmarca en un proyecto cuyos objetivos generales son lograr que las políticas públicas incluyan la perspectiva de Género y Familia en su formulación y ejecución, contribuir al respeto de los derechos de las personas y al desarrollo de relaciones democráticas entre géneros y generaciones dentro de las familias, y contribuir al reconocimiento y legitimidad de los diversos tipos de arreglos familiares. En los últimos veinte años, un período de tiempo muy corto en términos demográficos, Uruguay procesó un importante cambio de perfil poblacional. Algunas de las tendencias observadas en el pasado se han profundizado: el crecimiento demográfico es bajo (la tasa de crecimiento se situó en 4 por 1000 entre 1985 y 2005), el envejecimiento de su población se ha acentuado y estamos en la antesala del arribo de grandes contingentes de adultos mayores a la estructura poblacional. En pocos años, algunos grupos de edades, particularmente los correspondientes a niños y jóvenes, tendrán tasas de crecimiento con signo negativo y el país tendrá tasas de crecimiento de la población de adultos mayores significativamente más altas que las del resto de los tramos de edad. La emigración internacional se ha instalado estructuralmente. Esto determina fuertes cambios, no sólo en la estructura por edades de la población, sino también en la estructura social de la misma, debido a las características propias y diferentes de este fenómeno en Uruguay, distinto al observado en otros países de la región latinoamericana. No es esperable que este fenómeno se modifique sustancialmente en el futuro inmediato.

20

En las próximas décadas el país concentrará la mayor parte de su población en la franja costera, con consecuencias tanto en el plano económico como en el ambiental. Hay, además, otras dos transformaciones muy significativas. La primera refiere al peso creciente que tienen los sectores más desfavorecidos de la sociedad en la reproducción biológica de la población uruguaya, tendencia que se acentúa y se profundiza. Por último, la transformación que constituye el motivo de este seminario, refiere a los cambios en el patrón de estructuras familiares que el país está procesando rápidamente. Uruguay se caracterizó en la región latinoamericana por haber iniciado precozmente, y con muchas décadas de adelanto respecto al conjunto de países de la región, su primera transición demográfica. Uruguay avanza en la segunda transición demográfica que tiene que ver, entre otros cambios, con el cambio en las estructuras de los arreglos familiares predominantes. En los pasados veinticinco años, Uruguay asistió –como lo califica la demógrafa Wanda Cabella–, a un dramático cambio que tiene que ver con la disminución a la mitad de las uniones en situación legal, la duplicación de las uniones no legales, la duplicación de nacimientos ocurridos dentro de las mismas y la disminución a la mitad de los nacimientos que se producen dentro de las uniones legales. Todos estos cambios se dan en el marco del aumento de ciertos tipos de arreglos familiares que hacen que nuestra imagen cristalizada de familia, que responde al patrón de hogar nuclear típico con ambos cónyuges presentes, no concuerde con la realidad. Esta dificultad de percepción de los cambios de las estructuras familiares se observa también en los tomadores de decisiones políticas y en los asignadores de recursos a las políticas públicas, lo que contribuye frecuentemente a la inadecuación de estas políticas y al retardo en la implementación de programas y planes que permitan responder a los nuevos problemas que surgen con estas estructuras familiares emergentes. Este seminario, desde la perspectiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, tiene una importancia estratégica, desde el momento que puede contribuir a incidir en los cambios en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas para que se ajusten a las nuevas estructuras de arreglos familiares y compatibilicen las mismas a las expectativas que generan los nuevos roles, nuestras nuevas formas de desempeños laborales y profesionales y nuestras nuevas aspiraciones de vida.

21

Intervención de la Senadora

Margarita Percovich

En primer lugar quiero agradecerle al Presidente del Senado, Rodolfo Nin, su participación en este seminario. Muchas veces lo apuramos con alguna legislación, aun sabiendo que él tiene que cuidar los equilibrios entre los tiempos políticos del sistema y nuestras ansiedades como legisladoras. Sentimos que ese sistema político está atrasado en nuestra legislación con relación a los mismos cambios que él señalaba. También como fundadora de la Red Género y Familia, agradezco el apoyo de Pablo Mandeville y de Juan José Calvo que siempre nos dan mucho más que el apoyo financiero que Uruguay necesita para profundizar la reflexión, hacer investigaciones y movernos a lo largo y ancho del país, trabajando, formando o conformando nuevas formas de pensamiento necesarias. Las mujeres que surgimos organizándonos en la salida de la dictadura, reflexionando la situación de las mujeres en Uruguay, tratando de hacer un diagnóstico, una propuesta y una agenda que vamos corrigiendo, profundizando y tratando de cumplir en conjunto, estemos donde estemos y en el lugar que estemos ocupando, formamos la Red Género y Familia. Esta Red aportó desde el momento en que se inicia –usando las instalaciones de la Junta Departamental de Montevideo–, esa visión integral de los problemas de las familias: la mujer situada dentro de esa realidad de familias diversas en cambio, en procesos donde todos los sujetos de la familia de alguna forma están implicados, porque el proceso más grande lo ha dado la mujer y eso ha implicado a todo el resto de los miembros de la familia, por supuesto al hombre, pero también a los chiquilines, a las nuevas generaciones y a los adultos de la familia. Esa mirada integral ha sido muy importante para generar investigación y una mirada distinta que nos ayuda a establecer coordinaciones muy fructíferas con otras redes, con otras líneas

22

de investigación. Y sobre todo para pensar, desde un Estado tan fragmentado, en políticas hacia los distintos sujetos y desde los distintos Ministerios y organismos del Estado; cómo hacemos para que se organice esa coordinación y esa interrelación. Este es uno de los grandes logros del Movimiento de Mujeres Uruguayo, tratar de demostrar siempre que no podemos pensar las políticas sociales y las políticas públicas sectorializadas. Ha sido uno de los debates y discusiones que planteamos en la primera publicación de la Red Género y Familia y que se ha ido plasmando en las demandas que desde distintos lugares las mujeres hemos hecho, ya sea desde lo territorial, lo municipal, en el interior del país y a nivel nacional: la necesidad de la coordinación de las políticas públicas. Las mujeres que pertenecemos hoy al partido de gobierno lo hemos incorporado como una experiencia; lo discutimos programáticamente; lo impulsamos en la creación del Ministerio de Desarrollo Social como un ámbito de coordinación de las políticas públicas y para lograr ese gran desafío de la ruptura de las chacras para mirar la integralidad de los problemas de las familias en el territorio y en sus distintos cambios y procesos, y por supuesto, desde las distintas situaciones económico sociales y culturales que se viven, estudiando y actuando en esos cambios desde allí. En el proceso que hemos vivido en estos últimos años, al asumir una nueva administración nos propusimos que esa reflexión conjunta que hicimos durante estos años estuviera representada en las mujeres que impulsamos y que tratamos que ocuparan cargos en los diversos organismos del Estado con mirada transversal desde las distintas subjetividades y desde las varias problemáticas de los sujetos. En ese sentido hemos ido avanzando en conciencia y por el trabajo realizado desde la Intendencia Municipal de Montevideo, a través del Plan de Igualdad de Oportunidades desde hace tres años, que también se expandió hacia el interior del país; con la experiencia de la descentralización donde las mujeres pudieron participar, donde se empezó a ver a otros sujetos con los cuales tenían que entender sus vivencias, especialmente los adolescentes, los jóvenes, los niños. La experiencia es intentar desde el Ministerio de Desarrollo Social que el Instituto de las Mujeres transversalice la perspectiva de género en todas las políticas públicas y que en conjunto con el Instituto de la Juventud, con el Instituto del Niño y el Adolescente, se miren todas las necesidades en ese proceso en que no se pueden pensar las políticas públicas si no se piensa en los referentes, en esas redes de

23

solidaridad que constituyen las familias, ya sean de los sectores más vulnerables y con mayores carencias, hasta de los sectores medios que tienen otra cultura y que necesitan otras respuestas. Es también importante haber logrado que en este período se abran espacios de participación con la sociedad civil (desafío bien interesante para el Estado) y sentir que se trae la riqueza de la experiencia de la sociedad civil en las reflexiones sobre la ejecución de las políticas públicas, y por otro lado el aprendizaje de la sociedad civil desde las dificultades para romper con las lógicas de las rutinas del Estado, con el chacrismo, con la segmentación. Este es uno de los elementos interesantes que se abren como desafíos para poder ir incorporando a la reflexión. Otro gran desafío que se nos plantea desde esta mirada integral es hacer una reforma del Estado que realmente sea una reforma del Estado, que esté incluyendo estos cambios y los vaya evaluando y monitoreando con esa mirada de los distintos sujetos a los cuales tiene que atender. Que sea una reforma realmente revolucionaria, palabra que parece que tuviéramos miedo de usarla y creo que las mujeres aportamos una revolución realmente importante. Quizá por eso, los miedos de todo el sistema y del propio Estado a cambiar y por eso son importantes estos apoyos que nos están dando los organismos, especialmente las Naciones Unidas, para la formación de los actores del Estado, para mirar a los sujetos de una forma distinta desde su realidad. Ese es el desafío más grande para hacer eficaces las políticas públicas y lo venimos afirmando hace años las mujeres: no son efectivas, si no las miramos desde los sujetos y especialmente, desde estas desigualdades que el Estado tiene que nivelar con acciones positivas. Por supuesto que las legisladoras tenemos muchas urgencias de plasmar una cantidad de legislación, lo que implica también una discusión con la nueva camada de legisladores. Es como empezar de vuelta con una cantidad de reflexiones, pero eso siempre es bueno para el sistema político porque lo obliga a repensarse a sí mismo. El sistema político y el Poder Judicial son el último reducto de esa concepción tan conservadora y decimonónica de lo que son las familias, que nos cuesta muchísimo modificar y a veces aprobamos algunas leyes, como la de violencia doméstica, pero estamos en la lucha para que se pueda aplicar e interpretar correctamente por el sistema judicial. Y por último quisiera señalar que tenemos un debe con los adultos mayores dentro de la familia. Quizá son los sujetos que hemos

24

dejado más de lado y que juegan hoy, en esta sociedad uruguaya un rol fundamental. Porque cuando se decía “detrás de una gran mujer, ¿quién está?”, están las redes familiares, generalmente de mujeres, pero también de abuelas y abuelos que están sosteniendo a las nuevas generaciones que no tienen ingresos, que no tienen trabajo, que siguen teniendo hijos y que si no estuvieran las viejas generaciones que tuvieron trabajo formal, que se jubilaron, que acumularon, eso no sería posible. Esos abuelos a veces tienen su casa (y eso vemos en los asentamientos), a la que se agregan las nuevas familias en nuevas construcciones superpuestas, pero que son casi todas sostenidas por las viejas generaciones. Sabemos de los cambios en nuestro Uruguay, que hoy está mucho más latinoamericanizado en cuanto a la pobreza y tiene un porcentaje de informalidad que no tenía antes. Va a ser muy difícil que las nuevas generaciones tengan, en poco tiempo, los soportes formales que tuvieron las generaciones anteriores. Hace poco conversando con unas monjas del Cerro me decían: “A nosotras nos impacta cómo las mujeres viejas que vienen aquí, que son pobres, leen fantásticamente bien; en cambio sus hijas y sus nietas no saben leer”. Este es un tema en Uruguay que tiene que ver con los desafíos para efectivizar políticas públicas integrales, pero también con un cronograma y una perspectiva estratégica que nos haga pensar cómo recuperamos políticas públicas efectivas desde la integralidad de las nuevas familias.

25

Intervención de la Diputada

Daisy Tourné

Me gustaría profundizar en el tema de las familias y sus diversas modalidades en Uruguay. Reconocer esto no ha sido un trabajo sencillo y mucho se debe a los aportes que las ONG han hecho al tema. En la elaboración teórica avanzamos, y la academia ha analizado y nos indica hoy que casi 20% de los hogares uruguayos son hogares extendidos, en donde por otra parte se acumula la pobreza. El caso uruguayo no es como en el Primer Mundo, donde la pobreza aparece en los hogares monoparentales –que también han crecido y tenemos un 30% de jefatura de hogar femenino– sino en los extendidos. A partir de una ruptura o de la inexistencia de un vínculo de pareja, se agrega una nueva familia a un hogar ya deprimido económicamente y donde el sostén que emerge claramente es el jubilado, la pensionista. Por lo tanto, en esta emergencia hay que empezar por reconocer la existencia de diversos arreglos familiares. Es necesario abundar en el tema, por eso son buenas estas instancias, porque sinceramente siento que a veces el común de nuestra población sigue prendida a una cultura que nos indica la familia clásica como la hegemónica. Y eso ya no es así en Uruguay. Cuando empezamos a estudiar estas cosas comienza a complejizarse el análisis y, por ende, la solución. El que piense que la solución a estos problemas está en medidas sectoriales se equivoca. Porque dada la complejidad, es en ella que debemos trabajar y, por lo tanto, las políticas sociales deben ser integrales y complejas. Hay que atender todo un sector de problemáticas que estaba y está –insisto que sigue estando–, tradicionalmente depositado en el rol de las mujeres: la difícil tarea de cuidar y criar. Si bien hoy podemos discutir que no son las tareas exclusivamente femeninas, cada uno de nosotros podría dar testimonio de que esto sigue siendo así. Y a pesar de que encontramos alguna solución, las mujeres que

26

discutimos estos temas seguimos diciendo que “el pienso”, aunque no la acción, sigue recayendo como responsabilidad social asignada a las mujeres. Este es el tema de los cambios en complejidad y lo que tenemos que discutir. Porque aunque tengamos otra persona que se encargue de la tarea doméstica, generalmente otra mujer y aunque hoy está bastante avanzado el acceso a los electrodomésticos, la que sigue pensando que hay que comprar ropa, a qué hora salen los niños de la escuela, etcétera, somos las mujeres. Todavía hay mucho que avanzar, porque mi mirada es empecinadamente tenaz con la vida cotidiana de la gente. Es ahí donde se cambia primero; es ahí donde se matrizan los patrones que después pregonamos. Es ahí donde se cambia. Entonces, el salto o el desafío grande de las políticas sociales y de las legislativas, tienen que ver con meterse con esos temas de la vida cotidiana y darle estatus de responsabilidad social a lo que hasta ahora ha sido y sigue siendo responsabilidad de las mujeres. Hay que imprimir cambios, sabiendo como sabemos que la tasa de divorciabilidad aumenta, que sólo estudiada en los matrimonios formalmente o legalmente constituidos, avanza de un 17% en 1985, a casi más de un tercio en 2002, el tema del cuidado de los hijos entre un 85% y un 90% quedan en manos de las madres. La asistencia económica de los hijos y las hijas es otra de mis preocupaciones. Por suerte luego de ocho años de pertinaz lucha de las legisladoras logramos que la Comisión de Constitución y Códigos, haya aprobado y está en este momento en discusión en el Plenario, el proyecto de Deudores Alimentarios. El proyecto creo que va a ser aprobado, luego pasará al Senado para su aprobación definitiva. Es un tema complejísimo que tiene que ver con el Género, porque el hecho de que el 61% según un estudio hecho por unas investigadoras de la Universidad de la República, de los niños y las niñas no reciban la pensión nos está indicando cuál es el concepto mayoritario de responsabilidad paterna en estos temas. Entonces tiene que haber una reacción que los corrija. Si decimos, desde la teoría, que existen diversos arreglos familiares, no podemos desconocer que existe cada vez más una opción de unión libre que no tiene amparo legal alguno. No me refiero sólo a las parejas homosexuales o lésbicas, sino a las parejas heterosexuales que no optan por el camino del matrimonio legal. Siguen sin ninguna protección. Eso también es equidad, y debemos atenderlo. Es un problema enorme que el 57% de los niños que nacen en Uruguay estén por debajo de la línea de pobreza. Muchos de ellos no perciben asignación familiar y no

27

podemos dejar de pensar en la necesidad de la universalización de las asignaciones familiares, como un tema pendiente, que de alguna manera contribuya a la redistribución de las asignaciones económicas. Por último quería referirme al tema de las guarderías, lo que nos lleva al tema del cuidado como asignado socialmente a las mujeres, “invisibilizado y desvalorizado”. El tema de atención en guarderías de los hijos y las hijas es fundamental y hay que repensarlo. Estamos trabajando en la Comisión de Equidad y Género en cómo asumir una responsabilidad social, por ejemplo que los cambiadores de pañales no estén sólo en el baño de las mujeres y las guarderías no estén sólo en las empresas donde mayoritariamente trabajan mujeres. Incluir desde el sistema político estas modificaciones y darle estatus de responsabilidad social a depositaciones eternas en nosotras, las mujeres, de responsabilidades que además no son reconocidas ni visibilizadas, son parte de la responsabilidad política que debemos asumir y, en eso descuento que la contribución y el trabajo, en lo que puede ser una alianza estratégica inteligente con las mujeres de la sociedad civil organizada, es vital para que este sistema, difícil, lento para cambiar, acelere el paso.

28

Intervención de la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres

Carmen Beramendi

Quiero señalar la importancia de un debate que contribuye a algo que en la producción de políticas públicas nos parece clave. Esto es, el acercamiento entre lugares de producción del conocimiento desde el mundo académico, y lugares de producción del conocimiento desde la sociedad organizada. Producir, sistematizar, evaluar desde distintos ángulos supone un reconocimiento de saberes que requieren ser integrados. El conocimiento sistemático, la aproximación a una mirada de la realidad más rigurosa, parecen imprescindibles para la construcción de políticas. Felicito este acercamiento entonces, porque también nos vincula con uno de los ejes centrales para las políticas públicas en Uruguay, que es contribuir desde ópticas diversas a la inclusión social. En nuestros países latinoamericanos y en el nuestro en particular se están produciendo cambios realmente significativos en la composición, en la estructura y en las funciones de las familias. Y esto tiene que ver con cuestiones que son sustantivas al momento de reflexionar sobre el cometido central que tiene el Instituto Nacional de las Mujeres de contribuir desde las políticas públicas a una generación de igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Venimos de una cultura en la que el reconocimiento de la desigualdad existente entre hombres y mujeres ha sido una batalla histórica importante, promovida fundamentalmente desde el movimiento de mujeres. El hecho de que se necesita intervenir de manera diferenciada sobre los desiguales, se ha ido reconociendo en otras expresiones de políticas concretas como, por ejemplo, cuando en lo tributario decimos: “que paguen más los que tienen más y menos los que tienen menos”.

29

Al mismo tiempo, creo que vamos avanzando en el reconocimiento de que el género es una dimensión que hay que integrar al diseño y formulación de las políticas. Hace poco, en otro país latinoamericano, compartí brevemente actividades con otras mujeres de la región. Fue visto allí como auspicioso que un Presidente en su discurso inaugural integre la equidad de género como un componente importante de la construcción de las políticas. Indica una voluntad desde el punto de vista político que nosotros creemos que debemos tomar como punto de partida. Luego, todas y todos los que estamos aquí, los pocos “todos”, también, sabemos la distancia que hay entre esto que es la afirmación de una voluntad política muy importante, que se circunscribe fundamentalmente al mundo simbólico del discurso, y cómo esto se expresa y se integra en políticas concretas. Cómo esto se traduce en acciones que luego permitan decir que, efectivamente, se empieza a dar cuenta desde la política, que esta dimensión es una dimensión importante para su construcción. Esta distancia, que es grande entre una cuestión y la otra, es algo que es tremendamente desafiante para la institucionalidad de género, y debe obligarnos a avanzar en el camino hacia las propuestas que efectivamente permitan modificar esta situación. Nos parece en este sentido que el propio enunciado “Avancemos en propuestas”, nos desafía a que, desde la responsabilidad que tenemos hoy, podamos contribuir en políticas mucho más sustantivas. En nuestro país costó mucho lo de la visualización de la desigualdad. Se empieza a reconocer que existe o se la ve de manera más clara con relación a lo que tiene que ver con las políticas que procuran la inclusión desde el punto de vista social; fue un paso sustantivo identificar que el país debía enfrentar enérgicamente la exclusión como un tema de emergencia social. Allí aparecen crudamente datos, pero también caras, ojos, cuerpos, que lo transforman en intolerable, que nos rechaza desde el punto de vista emocional. Desde el punto de vista cultural, tiene el valor de avanzar en esta idea de que no podemos convivir y ser felices en un país en que hay uruguayas y uruguayos comiendo de la basura, niñas, niños y adolescentes revolviendo los contenedores y comiendo en el cordón de la vereda. Esta forma de inequidad social terrible, con los resultados de los últimos datos que analizan la composición social de la exclusión, de dónde vienen y cómo son, permitieron, yo diría que en un tiempo importante en la vida del país, transformarse en una suerte de

30

escándalo público que hizo que muchos sintamos que aquí, como Uruguay, nos jugamos una gran partida. Pero esto luego tiene mecanismos que reproducen y recrean formas de producción de la desigualdad hacia la interna de la vida de las familias, hacia la interna de las relaciones entre hombres y mujeres, pensadas en términos individuales y colectivos, que son mucho más difíciles de percibir. De la misma manera que inicialmente las trabas para el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo, fueron muy difíciles de reconocer pese al esfuerzo de investigadoras, de las mujeres del movimiento sindical y de muchas de las que estamos aquí. Es que las trabas de acceso al mundo del trabajo de hombres y mujeres muchas veces eran muy explícitas, pero otras veces eran implícitas y era necesario develarlas. Luego, cuando se reconocen las trabas para el acceso, entender también cómo la brecha salarial de género existía en un Uruguay en que el movimiento sindical hacía punta en la consigna de que “a igual función igual salario”, no fue sencillo reconocer que existían otros mecanismos para que la desigualdad se expresara también en el mundo del trabajo. Fue necesario para esto todo un recorrido desde las mujeres del propio movimiento sindical con la anterior Comisión de la Mujer, con la Comisión de Equidad y Género, contribuyendo dentro del PIT-CNT; pero también el esfuerzo de las investigaciones académicas, de las mujeres legisladoras que develaban cómo la desigualdad hacía un recorrido que a veces no era tan fácil de ver. De la misma manera que ocurrió esto, nos encontramos hoy con capítulos importantes en lo que tiene que ver con el acoso sexual en el mundo del trabajo, y como esto también se constituye no sólo en una traba para una vida más sana en el mundo laboral, sino también en un obstáculo para la permanencia en el mundo del trabajo, así como para el acceso a determinados lugares de toma de decisiones en el mismo. En un trabajo presentado en el seminario “La equidad en entornos cambiantes” que organizamos en Uruguay junto con CEPAL, de investigaciones hechas en Uruguay y en la región por la economista Alma Espino y la socióloga Mariela Quiñones, se identificaron las discriminaciones para las mujeres en el sector financiero. Por qué creo son sumamente importantes. Porque hemos sostenido siempre que la capacitación juega un papel clave en los procesos de empoderamiento de las mujeres y de igualación de oportunidades en

31

el trabajo. Y si bien esto es así, no alcanza; empezamos a ver que efectivamente, como resultado de éstas y de otras investigaciones a las que hemos accedido recientemente, aun en aquellos lugares donde los requisitos de formación eran mayores y las mujeres tenían la capacitación requerida, cuanto más se avanzaba en la pirámide salarial, la brecha salarial entre mujeres y hombres era mayor. Es que la construcción social de género en la que vivimos impacta sobre el mundo del trabajo, del conocimiento, y está fuertemente atravesada por el tema del poder y por los roles asignados a mujeres y hombres. Y es aún mucho más difícil hablar de las asimetrías, de los poderes que tienen que ver con las formas y los arreglos en los vínculos, desde los más cotidianos que establecemos las mujeres y los hombres, fundamentalmente en el entorno doméstico, en el entorno de la vida afectiva y en el entorno de la vida de las familias. Incorporar esta mirada de género ha sido mucho más difícil, y sin embargo es realmente importante desde el punto de vista de la construcción de políticas. Me parecía muy interesante la cobertura que hizo un diario de nuestro país –muy leído los domingos y muy grande– (no hago mención para que no piensen que estamos pasando ningún aviso). En esa cobertura se hacía un recorrido sobre qué pasaba con esta cuestión de los arreglos familiares en Uruguay. Es que ha sido motivo y tapa de los diarios en alguna ocasión cuando se ha transformado en escandaloso, cuando por ejemplo hemos contado con algunas cifras de la expresión más alta de este fenómeno de desigualdad en la interna de las familias, como son las expresiones de la violencia familiar, intrafamiliar, doméstica, o violencia basada en género, como denominamos a esta área en el Instituto. Pero este problema social grave en Uruguay, que habla del impacto más fuerte que puede tener este arreglo desigual entre la vida de las personas, que es un modo de expresión brutal de la discriminación, se ha visto muchas veces limitado en su abordaje por la división enorme entre el espacio público y el privado, por la creencia de que lo que ocurre dentro de las casas no puede ser objeto de intervención, por esa frontera entre ambos espacios. El espacio de lo privado, seguramente privilegiado para la circulación de la vida afectiva, para vivir las cosas más lindas de nuestra vida en intimidad, también es un espacio mal privilegiado para el abuso de poder, para violentar los derechos humanos, para cercenar la posibilidad de que, efectivamente, se pueda ejercer una ciudadanía mínima y mucho menos una ciudadanía plena, cuando

32

se viven situaciones de violencia y abuso muy presentes en la sociedad nuestra. La idea de que se están violentando los derechos humanos en las casas, permitió reconocer que efectivamente esto debe ser objeto de políticas. Contamos con una Ley que obliga a que hoy exista un Plan nacional de Lucha contra la Violencia Familiar y Doméstica, y que compromete a avanzar en una propuesta política concreta. Pero si lo miramos desde el punto de vista de qué pasa con las distintas formas de relacionarse las uruguayas y los uruguayos, de los distintos arreglos familiares, de los roles asignados culturalmente, del tiempo que dedicamos unas y otros a las tareas de cuidado, estamos frente a cuestiones que deberían considerarse también a la hora de construir políticas. Es que siguen pensándose las cosas, las políticas, los servicios, la educación, como si la estructura de la vida de las familias, siguiera siendo y sosteniéndose, sobre la base de una mujer que está todo el día en esta cuestión de la reproducción biológica y social. Pero los datos hablan de que estamos ya muy distantes de aquellas formas de arreglos familiares, que permitían sostener modos de producción, de estar en el mundo, sobre la base de esta inscripción de las mujeres en lo doméstico al estilo de nuestras abuelas y bisabuelas. Pienso en mi hija en plena etapa de desarrollo profesional y con dos hijos chicos, en otras mujeres jóvenes, en una sociedad que sigue estructurada teniendo depositado sobre las mujeres este rol permanente de sostén, generando esto nuevas tensiones y necesidad de otras reflexiones. Pero qué estamos haciendo nosotros para colocar este tema como un tema que requiere y necesita de políticas concretas. Por un lado, avanzar en Uruguay hacia un sistema de construcción de información que dé cuenta de estas cuestiones, que permita reconocer también, cuando se piensa en las políticas públicas, puntos de partida. Estamos avanzando en la construcción de un sistema nacional de indicadores de género, que integre esta perspectiva multidimensional, multidisciplinaria, interdisciplinaria de esta mirada de género con relación a la información. Si bien la inmensa mayoría de las/os niñas/os en Uruguay no viven en el modelo de familia nuclear, este modelo sigue hoy estando internalizado en los principales actores que construyen las políticas. Y reconocer los cambios es imprescindible para actuar acertadamente.

33

Hace poco, en el debate de la Cámara, cuando el Instituto propone pasar de llamarse Instituto de la Familia y la Mujer, a llamarse Instituto Nacional de las Mujeres, se produce algo así cómo ¿quién se va a ocupar de las familias? A esta forma de plantearlo, nosotras devolvemos con mucha fuerza, que en realidad no ha habido en la sociedad uruguaya y, mucho menos en quienes son responsables de la construcción de políticas desde el Estado, políticas que efectivamente apunten a resolver y a armonizar los viejos y nuevos arreglos familiares con los lugares de construcción de políticas. Han habido aportes y esfuerzos desde algunas legisladoras, desde visiones que han intentado introducir esta mirada. Pero esto, está lejos de ser una política pública sostenida y de impacto. Cuando un senador nos dijo “qué mejor lugar que colocar a la familia al lado de las mujeres”, le dijimos “el mejor lugar era al lado de las mujeres y de los hombres”; ojalá estos debates permitan pensar que efectivamente las familias son temas de hombres y de mujeres y no de mujeres solas. No construir desde lo simbólico, sacralizando esta idea de que las familias y la mujer somos una sola cosa, cuando en realidad, las múltiples formas de arreglos familiares que existen en nuestro país, dan cuenta de que efectivamente hay que cambiar la mirada, empezar a encarar también lo de la paternidad más responsable; integrar la visión, desde el género, de cómo asumir los roles a la interna de la vida cotidiana de una manera distinta entre hombres y mujeres, con formas de vincularse más democráticas. En realidad, en este debate también nos alegró sentir algunos diputados hombres cuestionando, con argumentos fuertes, lo que su colega había planteado desde este lugar, a nuestro juicio, tan regresivo. Al mismo tiempo, se trata de reconceptualizar desde la idea de derechos, avanzar en que las mujeres adquieran más poder sobre sí mismas, en esta lucha por resolver el conflicto individual, entre cada mujer y cada hombre en concreto. Y esto en los programas de empleo, en proyectos de violencia doméstica, en múltiples actividades para promover esta cuestión de que la batalla más importante, desde el punto de vista de las mujeres, en tanto seres sociales, se juega también en cómo ellas se apropian de su propio poder y su espacio en la vida de relación. Pero, al mismo tiempo, hay una batalla que es desde la política pública, en la disputa por lo simbólico, en batallas que debemos promover desde la construcción de las ideas, desde las campañas de difusión de igualdad de oportunidades y derechos, con la herramienta

34

del Plan de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, con el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Avancemos en que se visualice no sólo como una disputa individual, sino que en esto hay muchas veces fuente impresionante de malestar, de enfermedad en muchas mujeres, en esta lucha permanente con armonizar su vida privada, con su vida pública y su vida laboral. Que pase a ser un tema no sólo de las mujeres, sino de las políticas públicas en lo que tiene que ver con los tiempos, con la medición de los impactos que tiene en la vida de relación todo lo que se ha comenzado a identificar como la economía del cuidado.

35

Intervención de la Coordinadora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguimiento

Lilián Abracinskas

No habrá posibilidad de cambio profundo de la sociedad, en la medida que no cambien y se democraticen las relaciones interpersonales y las relaciones de poder al interno de los ámbitos familiares. Desde las organizaciones que impulsamos el cambio cultural y la construcción de sociedades más justas, equitativas y solidarias como vía para garantizar la mejor calidad de vida para todas las personas. Desde quienes consideramos la igualdad de oportunidades y la justicia social como condición indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Desde aquellas instituciones y personas comprometidas en la lucha por superar las discriminaciones por razones de género y alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres como desafío insoslayable en la profundización de la vida democrática. Todas ellas tenemos el desafío de desarrollar estrategias más seductoras para involucrar a más hombres en la agenda de género y en el complejo mundo de las familias. De lo contrario, así como en este seminario somos mujeres, casi exclusivamente, las que participamos, seguiremos siendo casi exclusivamente mujeres las que impulsemos los cambios en estas dimensiones de la sociedad. El problema es que para que los cambios se produzcan, se necesita de todos y todas. De acuerdo a la definición de Joan Scott, “el género (...) es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y es una forma primaria de relaciones significantes de poder”. (Scott, 1986).* Hombres y mujeres en el proceso de socialización van construyendo características, comportamientos y ocupando espacios que han sido definidos y valorizados *

36

Scott, J., El género: una categoría útil para el análisis histórico, Madrid, Ed. Alfons El Magnanum, 1986.

en tanto femeninos o masculinos. El ámbito de lo público, masculino; el de lo privado, femenino. El rol de la producción, masculino; el rol de la reproducción, femenino. Lo político centrado en lo público, masculino; lo doméstico no reconocido como político, femenino. Religión, familia, educación, ciencia y política son instituciones a través de las cuales y por las cuales se ha consolidado esta división, definiendo normas y construyendo relaciones sociales basadas en el poder y la subordinación. La categoría género es, entonces, la herramienta que permite decodificar esos significados y evidenciar las diferencias culturales que han sido construidas a partir de las diferencias biológicas. Incorporar la perspectiva de género en los análisis es lo que permite complejizar la mirada sobre las relaciones sociales, las instituciones y las formas de organización y el ejercicio del poder. Ana María Fernández,* sostiene que la dimensión política en la construcción de la subjetividad implica que “el otro desde donde se constituye el sujeto no es un otro general, sino que es un otro superior o inferior. El sentido se adquiere por diferencia, pero estamos en una cultura donde toda diferencia se jerarquiza”. Las riquezas y responsabilidades de lo doméstico, de la ética del cuidado y del mundo de lo afectivo en las relaciones interpersonales e intrafamiliares, no deben ser exclusivas de las mujeres porque no es verdad que sean inherentes a lo femenino. Así como el peso de detentar los principales cargos de poder en el ámbito de lo público y la responsabilidad de lo productivo no debe ser responsabilidad exclusiva de los hombres porque tampoco son inherentes al ser masculino. Es claro que las mujeres han roto los límites designados por la cultura y participan activamente en lo público, dispuestas a compartir el poder político. En ese proceso, es justo y necesario que los hombres puedan adueñarse y participar activamente en el mundo de los afectos, del cuidado y de lo doméstico. La división sexual del trabajo y el orden social jerárquico basado en relaciones inequitativas de poder han demostrado ser fuentes de insatisfacción para mujeres y hombres, así como causa de injusticias tanto en lo social como en lo familiar. Es necesario, entonces, que los hombres se involucren más porque es algo que los afecta y porque son actores también sustanciales en las transformaciones que deben procesarse para superar las injusticias generadas por la distribución estereotipada de roles y las *

Fernández, A.M., La mujer de la ilusión. Pactos y contratos entre hombres y mujeres, Buenos Aires, Paidós, 1992.

37

arbitrariedades asignadas a los modelos hegemónicos de ser hombre y ser mujer. Los hombres tienen también el derecho de ampliar, cambiar, elegir y trascender los roles y espacios tradicionalmente asignados para participar activamente en la construcción del nuevo contrato social en proceso. En Uruguay, dado que los hombres son quienes, hasta el momento, ocupan la mayor cantidad de cargos de poder y deciden las prioridades en materia de políticas, recursos y acciones tanto en gobiernos como en las principales instituciones que inciden en el destino del país, es indispensable lograr su compromiso con la equidad de género para la igualdad de oportunidades, como condición necesaria para procesar los cambios tanto en lo público como en lo privado. La profundización de la democracia y el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos debe abarcar todas las esferas de la sociedad y comprender a todos los integrantes de la sociedad, preocupándose particularmente por aquellas personas que han sido y son discriminadas. Debe ser un imperativo ético de la política y de los hombres que conducen los procesos políticos, el subsanar las situaciones que afectan de forma diferenciada a hombres y mujeres abarcando el mundo del, hasta ahora, “sagrado inviolable del hogar”, porque es también al interno de las familias donde se violan los derechos humanos, particularmente, de niños, niñas y mujeres. La familia como lugar privilegiado para la circulación de los afectos y la socialización de sus integrantes ha tenido en el modelo tradicional una forma de organización que ha coartado el desarrollo pleno, fundamentalmente, de las mujeres. La responsabilidad de la reproducción biológica y social depositada a través del ser madres y esposas como un destino ineludible para las mujeres, ha sido un obstáculo para el desarrollo de otros proyectos de vida y la participación plena de las mujeres en el mundo más amplio de la vida política, social y cultural. Trabajar, entonces, para mejorar las condiciones de vida dentro de las familias, debería ser un compromiso insoslayable de aquellos que buscan mejorar la calidad de las democracias, el desarrollo de las personas y de los países. Para que todos y todas puedan participar activamente en el mundo de lo público/de lo político, todos y todas deben tener en el mundo de lo privado/familiar iguales responsabilidades y derechos. La “salida” de las mujeres para compartir “el mundo de los hombres”, debe estar acompañada por “la entrada” de los hombres al mundo de lo familiar y doméstico, como un buena

38

ecuación que beneficie y enriquezca a todas las partes y permita desarrollar las potencialidades de unos y otras. Por otro lado, la crisis del modelo tradicional de familia nuclear y la generación de distintos arreglos y formas familiares requiere, antes que nada, del reconocimiento y del respeto a esa diversidad en las formas de convivencia. La manera tradicional de formar y de ser una familia ha demostrado ser un modelo no satisfactorio para la mayoría de las personas. Así lo demuestran las estadísticas registrando que los divorcios son más que los casamientos en nuestro país y que la familia tipo no es más del 30% de los hogares. Para algunos autores esta realidad es una consecuencia de la crisis de valores ocasionada, entre otras razones, por la liberación femenina y la relativización del rol esposa y madre frente a otros proyectos de vida de las mujeres. Lo concreto es que en la sociedad hombres y mujeres organizan su mundo familiar de manera diversa, resultado de distintas situaciones. Dar cuenta de las distintas formas de estructuración y de arreglos familiares, es también dar cuenta de la riqueza y la diversidad con la que los seres humanos decidimos relacionarnos en el ámbito de lo afectivo. Pateman* sostiene que el ámbito público es objeto de reflexión, teorización y legislación, mientras que la esfera doméstica (familiar y sexual) se trivializa, naturalizando las relaciones patriarcales. La “privacidad” tiene como consecuencia práctica que el ámbito doméstico y familiar se sustraiga al escrutinio público y a la protección legal. Lo que no significa que desde lo público y lo político no se haya estructurado el funcionamiento y promovido como modelo hegemónico de familia el de la familia nuclear. Modelo basado en una estructura vertical de organización y de jerarquización de los roles ubicando en el vértice de la pirámide de poder a la figura del pater familia. Por un lado entonces, el modelo único de familia fue un modelo impuesto por la sociedad patriarcal que ha demostrado no ser satisfactorio, por eso las personas transitamos por diversas formas de acuerdos familiares. Las familias hoy se caracterizan por ser diversas y esos distintos acuerdos deberían ser reconocidos y respetados por las instituciones del Estado. Por otro lado, sea cual sea el acuerdo familiar, en todos los casos el Estado debería garantizarles a todos sus integrantes y en particular a niños, niñas y mujeres, el ejercicio *

Pateman, C., “Críticas feministas a la dicotomía público-privado”, en: Perspectivas Feministas en Teoría Política, Buenos Aires, Paidós, 1996.

39

pleno de sus derechos porque la realidad muestra que al interno de los hogares es donde cotidianamente se violan derechos. No garantizar igualdad de oportunidades para el ejercicio de derechos al interno de las familias sin duda obstaculiza acceder a la igualdad de oportunidades para el ejercicio de los derechos en la esfera de lo público y la política. Trabajar para la equidad en las relaciones de género y por la igualdad de oportunidades en las esferas de lo público y de lo privado es condición sustancial para la construcción de sociedad justas, solidarias, no discriminatorias y respetuosas plenamente de los derechos humanos de todas las personas. La estructuración dicotómica de roles, la asignación de ámbitos y la división sexual del trabajo con jerarquización y valoración diferenciada y desigual ha perjudicado, particularmente, a las mujeres. La evidencia científica demuestra que las mujeres son discriminadas en lo público: menos salario por igual tarea; subrepresentación en cargos de poder, abuso y el acoso sexual en el trabajo, por citar algunos ejemplos. Así como también en lo privado al no valorizarse social ni económicamente las tareas al interno del hogar, o generarse las situaciones de violencia doméstica como las que ya es innegable que existen. Que el trabajo doméstico no se valora queda demostrado cuando es el varón el que lo asume porque es subestimado socialmente por realizar una tarea subestimante de la persona que lo desempeña. También la desvalorización económica queda manifesta cuando media una contratación para que alguien “extra familia” desempeñe esas tareas. Las trabajadoras domésticas son fundamentalmente mujeres, que perciben malos salarios, en la gran mayoría de los casos sin los beneficios de la seguridad social. Situación que afecta de manera particular a las mujeres afrodescendientes dado que 40% se desempeñan como trabajadoras domésticas, sumándoseles a la discriminación de género la étnico-racial. ¿Cuánto se ahorra la sociedad al no remunerar las tareas del hogar para garantizar el cuidado y la atención de las personas? Tareas, que de acuerdo a la investigación realizada por Rosario Aguirre y Karina Battthyány* en 90% de los casos, están depositadas en las mujeres. La no democratización de las tareas del hogar y la no responsabilización del Estado en satisfacer muchas de las necesidades en el cuidado de las personas está afectando en el Uruguay de hoy, *

40

Aguirre, R. y Batthyány, K., Uso del tiempo y trabajo no remunerado, Montevideo, Universidad de la República, UNIFEM, Doble clic-Editoras, 2005.

particularmente, a las mujeres más jóvenes y a las más pobres. Aquellas que viven en condiciones donde el modelo hegemónico de mujer-madre-esposa está más cristalizado, para quienes el desarrollo de otros proyectos de vida está muy condicionado y para las cuales las posibilidades reales de autonomía y empoderamiento están obstaculizadas. Cuando en el proceso electoral del año pasado, generamos debates desde la sociedad civil* con los candidatos presidenciables una de las preguntas a las distintas fuerzas políticas en competencia electoral, fue la de cómo iban a atender la situación de subrepresentación de mujeres en cargos elegibles fue curioso cómo el actual vicepresidente Nin Novoa, preocupado por la participación de las mujeres en la política, dijo “sí, tenemos que realmente generar en los espacios del quehacer político, formas que les permitan a las mujeres poder participar sin afectar sus vidas familiares y afectivas”. Interesante. Sólo las mujeres parecen ser las únicas que deben conciliar ambos mundos, los hombres no. Los hombres que hacen política no parecen requerir una vida privada que les permita disfrutar y participar mejor del mundo del cuidado y de los afectos. Es hora para todos y todas de que estas dimensiones sean incorporadas a la agenda de los partidos políticos, los gobiernos, los actores sociales y la ciudadanía. Es indispensable que hombres y mujeres asumamos la responsabilidad de que las situaciones de injusticia generadas por la discriminación de género, tanto en el mundo de lo privado como de lo público, deben ser abordadas con la voluntad política y jerarquizadas en el proceso de la construcción de los cambios que tanto se necesitan.

*

Debates con los Presidenciables, ciclo de diálogo organizado por CNS mujeres y la Red Temática de Género de la Universidad de la República, Paraninfo de la Universidad, 2004.

41

Paneles

Las exposiciones comenzaron con la conferencia “La participación de las mujeres en el contexto de la Modernidad”, y siguieron con los paneles “Transformaciones de las familias. Nuevos problemas sociales” y “Políticas públicas para la equidad entre géneros y generaciones”.

Conferencia

Virginia Guzmán y Claudia Bonan

La participación de las mujeres en el contexto de la Modernidad Cuando las convenciones se mantienen en pie durante un largo período de tiempo, tiende a desaparecer de la conciencia de los miembros de una sociedad su carácter de construcción social. La clasificación adquiere la categoría de representación de una especie de orden natural de la realidad. Los fenómenos sociales adquieren un carácter cosificado y puede suponerse entonces que tienen repercusiones causales y activas sobre las personas. Cuando se pierde la conciencia de que las instituciones existentes han sido creadas por la acción humana resultan inimaginables las alternativas y ni siquiera se piensa en posibilidades de cambio. (Peter Wagner, 1997: 143)

Introducción Este artículo pretende mostrar cómo los movimientos de mujeres se han constituido en una importante fuerza modernizadora en cada una de las fases históricas de la Modernidad. Ellos se han reapropiado crítica y reflexivamente de los discursos, prácticas y dinámicas institucionales de la Modernidad, agregándoles nuevos significados y generando nuevas reglas y formas de interacciones sociales. La escasa penetración de las ideas modernas en la organización de las relaciones de género animó y nutrió, desde el siglo XVIII en adelante, la demanda de las mujeres por igualdad, por acceder a los espacios públicos, a los mecanismos decisorios colectivos y a los bienes sociales, por transformar las relaciones en el mundo de lo privado y por su reconocimiento en tanto sujetos autónomos. A través de distintas formas de acción colectiva las mujeres han jugado un importante papel en la generalización de los principios de la Modernidad a nuevos grupos y espacios sociales. Asimismo, en el período actual, la acción política de las mujeres está contribuyendo

45

a impulsar el tránsito hacia una nueva fase de la Modernidad, en la que se profundizan la reflexividad social e institucional, los procesos de individuación y se erosionan algunas de las convenciones que por siglos han excluido a las mujeres de la vida pública. Quisiéramos explicitar los supuestos y concepciones que sustentan este artículo, a fin de facilitar la comunicación con el los/as lectores/as. La primera y más importante de nuestras premisas se refiere al carácter construido de la realidad social. Ésta se crea y se transforma a través de procesos de interacción social en los que se vinculan personas y se generan colectividades, que se influyen continuamente unas sobre las otras, en una circularidad dialéctica. Todos los niveles de interacción y todos los tipos de colectividades que se conforman están interrelacionados y se impactan recíprocamente desde, en un extremo, las interacciones que se dan a nivel interpersonal hasta, en el otro extremo, las interacciones que se dan en colectividades más extendidas que forman los grandes sistemas sociales, pasando por todos los tipos de colectividades intermedias. Las relaciones que las personas y colectividades establecen entre sí están reglamentadas por patrones interaccionales e institucionales, convenciones culturales y valores que se han ido creando a través del tiempo. Las normas que orientan los comportamientos forman hábitos, esto es, conocimientos prácticos que indican a los sujetos cómo hay que seguir haciendo las cosas y relacionándose con los demás. Estos comportamientos convertidos en hábitos se transmiten a través de las interacciones, básicamente en virtud de los procesos de socialización primaria y educación, pero también por medio de las restantes prácticas sociales e institucionales. Ahora bien, las instituciones son el producto de largos procesos históricos que se cristalizan en reglas, normas y convenciones culturales en los que han participado sujetos sociales, y colectividades con diferente poder, concepciones y aspiraciones. De manera que si bien las instituciones preceden a cada uno de los individuos concretos, ellas han sido creadas en virtud de acciones e interacciones humanas y sólo pueden seguir existiendo si son continuamente recreadas mediante nuevas acciones e interacciones entre personas y colectividades. Desde esta perspectiva, las relaciones que establecen hombres y mujeres en la vida cotidiana no son independientes del quehacer de las instituciones sociales. La cotidianidad de género es vivida a través de y con estas formas de conocimientos y praxis ya convertidas

46

en hábitos. Las reglas y normas que durante un largo período de la Modernidad han regulado las relaciones entre hombres y mujeres cristalizan la hegemonía de una manera de concebir lo femenino y masculino, de distribuir –de manera desigual– los recursos, las oportunidades y el poder entre hombres y mujeres, lo que afecta las motivaciones y expectativas que unas y otros tienen de sí y de sus posibilidades de incidir en los destinos sociales. La negación del derecho a voto a las mujeres, por ejemplo, las excluyó largo tiempo del espacio y poder público, del prestigio y reconocimiento social y sobre todo, contribuyó a disminuir sus motivaciones y aspiraciones de participación en la vida pública. No obstante lo señalado, postulamos que es al interior del horizonte cultural e institucional de la Modernidad donde se generan las condiciones para aumentar el caudal de conciencia social sobre las desigualdades entre hombres y mujeres y explicar las desigualdades a partir de dinámicas sociales.

La Modernidad

y la lucha por la igualdad

Con la Modernidad emerge una nueva matriz sociocultural estructurada en torno a los principios de igualdad, libertad y ciudadanía. En ella se reconoce la autonomía y capacidad (y obligación) de las personas para construir las reglas que organizan su vida personal y la convivencia social. Esta sociedad está basada en la organización racional y articulada de múltiples aspectos de la vida social y en el establecimiento de contratos sociales. La Modernidad está atravesada por diferentes tensiones entre la libertad individual y la convivencia social, la capacidad de acción humana y las limitaciones estructurales, la vida humana vinculada a un lugar concreto y la existencia de normas sociales difundidas en amplios sectores. Sin embargo, ni todos los espacios de la vida social, ni todas las relaciones sociales fueron organizadas en torno a estos principios. Los principios de la libertad y de la igualdad proclamados por el pensamiento y fuerzas sociales que impulsaran la Modernidad no fueron extendidos a todas las personas y grupos sociales. Al contrario y tal vez de modo paradojal, el modo como se interpretaron, actualizaron e impusieron estos principios implicaron el desarrollo de nuevas formas de diferenciación social profundamente marcadas por la desigualdad, la subordinación y la exclusión.

47

En los inicios de la Modernidad, los discursos de las fuerzas hegemónicas (pensadores sociales, estrategas del Estado nacional, las ciencias biomédicas, los pedagogos modernos y otros) instituyeron un imaginario marcado por la idea de una diferencia radical entre los sexos; una tajante separación de los significados de lo femenino y lo masculino, de los roles de hombres y mujeres y una nueva jerarquía de género, lo que entraba en abierta contradicción con los ideales de igualdad y de autonomía. En el imaginario constituyente de la Modernidad, el orden dicotómico de género y las dicotomías público/privado y producción/ reproducción están en relación con la constitución de dos tipos de poderes que poseen fundamentos y reglas distintas: el poder político, ejercido entre los “iguales” –que involucra participación, negociación y construcción de consenso– y el poder familiar o jerárquico, ejercido por los “iguales” sobre los “otros”, los “no iguales”, basado en el argumento de la eficiencia y del orden natural del poder de decisión. A diferencia de las otras prácticas sociales modernas basadas en la libre asociación, la consecución de intereses, la negociación política y el contrato público, las prácticas de reproducción social, especialmente significativas en la construcción moderna de las desigualdades de género (entre las que se incluye la organización de la intimidad, familia, sexualidad y crianza de hijos), permanecieron en gran medida fuera de la lógica de igualdad y libertad que ordena la Modernidad. Confinadas al mundo doméstico donde también se ubicaron las prácticas de la reproducción social, se negaba la racionalidad a las mujeres y se las sometía a la autoridad de otros en el ámbito de lo privado. Ellas eran excluidas de la participación pública, de los sistemas de representación política y de la titularidad de los derechos. Sus experiencias y problemas no eran considerados materias sobre las cuales se podían tomar decisiones colectivas. La violencia doméstica, la violación de la integridad física y sexual de las mujeres, la falta de libertad para regular la reproducción han sido parte de la experiencia compartida por las mujeres, sin ser claramente percibidas como problemas por ellas, ni mucho menos, por supuesto, incluidas en la lista de problemas públicos, hasta muy recientemente. Ahora bien, el imaginario público/privado, las jerarquías de género y el patrón dual del poder (político/jerárquico) operan tanto en la estructuración de la familia moderna y de las relaciones de intimidad como en la estructuración del mercado de trabajo, el sistema político y el Estado. Este poder jerárquico ha impregnado también otras

48

relaciones que se estructuran en espacios extra-domésticos (relaciones en el mundo del trabajo, relaciones en los servicios públicos, relación entre profesionales de salud y clientes, entre profesores y alumnos, etcétera) y, ha sido usado para negar la autonomía moral e independencia no sólo a las mujeres sino también a muchos individuos y grupos subordinados (Bonan, 2002). Desde el siglo XVIII y en las distintas fases de la Modernidad, las luchas de las mujeres por la igualdad, por la incorporación a los espacios públicos y por el reconocimiento a su condición de sujetos políticos y su autonomía fueron ofensivas modernizadoras importantes, organizadas “desde abajo”.* Ellas contribuyeron a la profundización de la matriz sociocultural moderna, sus principios y paradigma, y la extensión de los principios de igualdad y libertad a nuevos grupos sociales y ámbitos de vida como la familia. Sin embargo, este fenómeno histórico sólo ha sido reconocido en las últimas tres décadas, con la emergencia de la “segunda ola” del movimiento feminista, la renovación de los paradigmas y métodos de los estudios históricos y los estudios teóricos sobre la Modernidad, y la constitución del campo de estudios de género. Hoy día, hay un reconocimiento relativamente generalizado en el sentido común sobre el rol que han jugado las luchas feministas de los últimos años en las transformaciones que experimentan las sociedades contemporáneas. Empero, como lo han demostrado los analistas, desde el siglo XIX, luchas como aquellas de los movimientos obreros y de los movimientos por derechos civiles y políticos representaron esfuerzos por ampliar la ciudadanía y extender los principios de igualdad y libertad a nuevos grupos sociales, incluyendo a las mujeres.

* De acuerdo a Wagner (1997) el concepto de ofensiva modernizadora permite analizar la dialéctica entre las posibilidades y las limitaciones derivadas de las instituciones modernas. El concepto devela el papel de los individuos y sujetos sociales en la introducción de nuevos discursos y reglas sociales. Wagner diferencia entre ofensivas modernizadoras desde arriba y desde abajo. En el caso de las primeras, los agentes de modernización utilizan el diferencial de poder existente a su favor para crear instituciones que les abren oportunidades, de las que con el tiempo participarán otros, incluso en contra de los intereses de los primeros fundadores. Las ofensivas modernizadoras desde abajo son los movimientos de oposición que buscan defender a los grupos de los efectos de exclusión que las ofensivas modernizadoras desde arriba llevan consigo. Incluyen de ordinario formas de acción colectiva y movilizan a las personas que aspiran a ser reconocidas iguales, y sujetas a las reglas que rigen al conjunto de grupos considerados como iguales.

49

La segunda ola del movimiento feminista en

América Latina

La segunda ola del movimiento feminista emerge a mediados de los años de 1960 en los países europeos y en Estados Unidos y una década más tarde en América Latina, en contextos históricos específicos. A partir de mediados del siglo pasado, las sociedades de la región latinoamericana han pasado por profundas transformaciones que han generado condiciones para debilitar el orden de género. Entre las más importantes cabe destacar: el crecimiento del aparato del Estado con la consecuente extensión de los servicios de salud y educación, la ampliación de la infraestructura y transporte, los procesos de industrialización y urbanización, la emergencia de sectores medios, las nuevas formas de movilidad social, la transformación de los modelos de familia y los patrones de fecundidad, la difusión de los medios de comunicación de masa, nuevas formas de consumo, nuevas formas de asociatividad y participación social, el surgimiento de nuevos movimientos sociales y agendas políticas. Las transformaciones de los últimos cincuenta años han favorecido los procesos de individuación, esto es, la autonomía y capacidad de definir su vida, y de participación política y social .* El mayor acceso de las mujeres a la educación, la salud y el mercado de trabajo ha inducido el establecimiento de vínculos sociales que trascienden sus comunidades inmediatas. Desde el punto de vista de la vida de las mujeres y el orden de género, la profundización de los procesos de modernización en este período ha estado marcada por profundas ambigüedades y tensiones. Sus significados no son unívocos ni apuntan exclusivamente a una ampliación de las oportunidades y condiciones para la equidad y la emancipación de las mujeres. Si, por un lado, en el nuevo contexto histórico se generan algunas oportunidades y * En los distintos estudios realizados en el Centro de Estudio de la Mujer, las mujeres dan testimonio de distintas formas de resistir el orden patriarcal y de los intentos realizados por ampliar los principios de igualdad, libertad y solidaridad al interior de las relaciones familiares. Muchas jóvenes entrevistadas que ingresan al mercado laboral a mediados y fines de los ochenta reconocen como una de las principales motivaciones para trasladarse a la ciudad, en el rechazo a este orden patriarcal, (Guzmán, Mauro, Araújo, 1999) ya que en la ciudad podían escapar de las normas y reglas de su comunidad y familia y pueden intentar un camino más autónomo.

50

condiciones que potencializan los cambios en el orden de género, por el otro, las sociedades que emergieron en el período que ha sido llamado del “capitalismo organizado”* siguieron siendo fuertemente estructuradas en torno a la distinción y jerarquización de los roles sexuales, la unidad familiar y las clases sociales (Beck, 2001). La familia nuclear organizada en torno a la autoridad del padre, el salario familiar, la representación política como rol eminentemente masculino, el no reconocimiento y valorización de los aportes productivo y reproductivo de las mujeres como generadores de riqueza, entre otras cosas, siguió siendo avalada por el Estado y el conjunto de instituciones sociales. Este tipo de sociedad fue altamente excluyente para las mujeres. Sólo los trabajadores hombres tenían acceso al salario familiar para asegurar la sobrevivencia de la familia. El Estado, al considerar a los hombres como interlocutores privilegiados de sus políticas, estimulaba los procesos de individuación de ellos en tanto reforzaban la asociación de las mujeres con el espacio doméstico. Mientras los hombres accedían a los derechos ciudadanos principalmente como trabajadores, las mujeres lo hacían a través de sus relaciones de dependencia con los hombres en su calidad de esposas, amas de casa, hijas o madres. La segunda ola del movimiento feminista ha impugnado no sólo la exclusión de las mujeres de los espacios públicos como lo hicieran las sufragistas, sino que ha hecho visible las formas en que son construidas social y culturalmente las identidades y los roles femeninos y masculinos, los mecanismos de distribución desigual de poder entre hombres y mujeres, las lógicas culturales e institucionales que separan lo público de lo privado, la producción y la reproducción y los principios jerárquicos que organizan la vida privada. Al desafiar las dinámicas que estructuran las instituciones modernas han presionado por su transformación. El trabajo, la familia, las normativas de la sexualidad y de la reproducción, las estructuras de representación política, de los derechos económicos y de las libertades civiles son algunas de las más importantes instituciones de la vida social de nuestro tiempo que han sido blanco

* Según Wagner (1997), el capitalismo organizado fue sustentado en el consenso keynesiano de desarrollar una economía nacional apoyada en el consumo y en el crecimiento económico con pleno empleo.

51

de la crítica y de la reflexividad feministas.* Esto es, mucho más que la reivindicación de inclusión e igualdad de derechos que ha marcado los feminismos anteriores, los feminismos contemporáneos han propugnado la transformación del imaginario del poder y de las lógicas culturales, interaccionales e institucionales que han regido los modos de vida moderna en los últimos siglos como condición necesaria para alcanzar la inclusión y equidad de las mujeres y de otros grupos sociales subordinados. La desconvencionalización del imaginario dual del poder (político y jerárquico), de las definiciones de público y privado y de la lógica dicotómica de género, y sus articulaciones recíprocas, es uno de los sentidos cruciales de las luchas feministas contemporáneas en su ímpetu por apropiarse y resignificar los principios socioculturales, los modos de vida y las dinámicas institucionales modernas. Las feministas han sostenido la naturaleza política de la familia y de la intimidad –aun cuando allí se haya ejercido por siglos un poder de tipo jerárquico– y por ende, la necesidad imperativa de justicia en la vida personal. Desde esta perspectiva, han objetado la forma en que han sido interpretados los derechos a la intimidad y privacidad, reconocidos sólo a los hombres jefes de familia. Al otorgar este derecho sólo a los hombres, se les otorgaba un control sin límites sobre los otros miembros de su círculo privado, haciendo abstracción del propio derecho de los subordinados a la privacidad y la intimidad. Las desigualdades al interior de la familia no aseguran ni el derecho a la intimidad, ni la seguridad física y socioeconómica de las mujeres. Los discursos y prácticas de las feministas han presionado y presionan a favor de cambios jurídicos, culturales y simbólicos que transformen los derechos a la vida privada como derechos de los individuos y no de la familia. Intimidad en la familia (en condiciones de igualdad de derechos y poder entre sus miembros) más que intimidad de la familia (en condiciones en que el único miembro que detenta poder y derechos es el adulto varón, jefe de la familia). * El concepto de reflexividad se refiere al hecho de que en el proceso de modernización de modo creciente, los individuos, colectivos e instituciones están impelidos a reflexionar continuamente sobre sus condiciones concretas de existencia, revisar los fundamentos de sus prácticas a la luz de nuevos conocimientos y discursos producidos sobre sus propias prácticas, y de enfrentar sus consecuencias, los efectos no previstos y los riesgos que las formas modernas de vida social y de producción material y cognitiva producen, véase Giddens, 1995; Beck, 1995 y Domingues, 1999.

52

Un hito en esta lucha es la conquista de nuevos marcos jurídicos que garantizan la protección constitucional de sus derechos a los miembros individuales de la familia, los que pueden hacer valer aun cuando sus elecciones vayan en contra de las preferencias de los miembros más poderosos o de la decisión colectiva del conjunto de la familia. Las consecuencias de la repolitización de las dinámicas y relaciones que se dan en la esfera de la familia, la intimidad y la privacidad no se restringen solamente a la transformación de lo que se llama “esfera privada”. Al poner en cuestión las convenciones que han naturalizado el poder jerárquico y al señalar que el poder político puede y debe ser ejercido también en el ámbito de las relaciones familiares y de intimidad con participación de todos sus miembros, el feminismo ha avanzado nuevos marcos conceptuales y políticos para pensar el mundo público. Las feministas han argumentado contra la rigidez con que se definen e interpretan los límites que separan lo privado y público y ofrecen reinterpretaciones sobre la interrelación entre ambas esferas, aunque de ninguna manera las han fusionado. Ellas sostienen que es imposible discutir el dominio público y el dominio doméstico aisladamente sin referencia a sus estructuras y prácticas, sus postulados y expectativas, la división del trabajo y la distribución del poder. La persistencia de la dicotomía no puede ser explicada sin tomar en cuenta los elementos de la esfera no doméstica tales como la segregación y la discriminación sexual en el mundo del trabajo, la escasa presencia de mujeres en cargos políticos y la tenacidad del postulado estructural que afirma que los trabajadores de los servicios y políticos no son responsables de la educación de los niños. Los roles domésticos de las mujeres tienen que ver y se sustentan en la desigualdad que sufren en el trabajo, y los aspectos psicológicos de su subordinación se sustentan en la socialización recibida en una familia estructurada genéricamente y otras instituciones sesgadas por las concepciones de género. En el plano de los derechos, el movimiento feminista ha subrayado su naturaleza social y no únicamente individual. Junto a la defensa de derechos colectivos de las mujeres ha enarbolado el respeto a los derechos a la privacidad y a la autonomía decisoria que aseguran las condiciones constitutivas mínimas necesarias para tener una identidad propia, participar de la vida social y política, buscar la

53

autorrealización y, por ende, gozar de dignidad humana .* Para el movimiento feminista el respeto a los derechos a la privacidad y la autodeterminación es una dimensión central de cualquier proyecto de democratización que se proponga evitar la exclusión, la subordinación, la igualación y la homogeneización. Los nuevos derechos otorgados a las mujeres no tienen sentido si no se aseguran las condiciones de posibilidad a través de las cuales esos derechos puedan ponerse en práctica. Esas condiciones constituyen los derechos sociales e incluyen el bienestar social, la seguridad personal y la libertad política (Correa y Petchnesk, 1994). Por esta razón, los movimientos han buscado transferir el mayor peso de las obligaciones correlativas desde los individuos a las instancias públicas. De esta manera, las relaciones entre universalidad, particularidad y autonomía no pueden resolverse sólo en el plano de la esfera pública. La participación genuina en la ciudadanía pública y la construcción de identidades particulares dependen de salvaguardas legales y políticas que protejan la privacidad personal. Es el goce del derecho a la privacidad el que permite a las personas, en este caso a las mujeres, acceder a la personalidad jurídica plena y comenzar a demandar simultáneamente la protección y autonomía. En resumen, los movimientos feministas que surgieron en las últimas décadas se han constituido como importantes ofensivas modernizadoras desde abajo (Wagner, 1997) y han contribuido al tránsito hacia una nueva fase de la Modernidad, donde se profundizan los procesos de individuación y se erosionan las convenciones sociales, culturales e institucionales que han excluido a las mujeres de la vida pública, las han confinado al espacio familiar y les ha encargado la reproducción social en la división sexual del trabajo.

El

tránsito a una nueva fase de la

Modernidad

Distintos analistas coinciden en el cambio de época que están experimentando las sociedades contemporáneas en un contexto de grandes revoluciones tecnológicas, aceleración de los procesos de globalización y profundización de la reflexividad social e institucional * Es dentro de un discurso público generalizado donde debe determinarse en última instancia lo que debe quedar bajo la cobertura de los derechos a la privacidad como resultado del debate político, las normas, los códigos culturales y las relaciones sociales que configuran las prácticas.

54

(Giddens, 1995). Los modos de vida de las sociedades industriales han ido perdiendo bases de consenso frente a la emergencia de nuevos problemas y desafíos globales. Nuevas prácticas sociales desbordan las instituciones en todos los campos importantes de praxis, en la economía, la familia, la política, la cultura y las biografías personales, lo que autoriza a hablar de una crisis de la formación de la sociedad contemporánea (Wagner, 1997). El actual período moderno, denominado por los analistas de “Modernidad reflexiva” (Beck, 1995; Giddens, 1995) no es exclusivamente producto de transformaciones económicas, tecnológicas, de los marcos reguladores y los mecanismos centrales de decisión política, sino también, en muchos sentidos, consecuencia de las presiones introducidas por nuevas subjetividades colectivas y nuevos sujetos políticos que a partir de los años 1960 y 1970, desde la mirada de los subordinados y excluidos, han reclamado la ampliación de la ciudadanía, de la autonomía y de la participación política. Específicamente, en lo que dice relación al tema de este artículo, el actual estadio de modernización reflexiva es también efecto de las intensas presiones sobre los planes más estructurales del orden de género producidas por las acciones políticas de los movimientos feministas de la segunda ola. Este nuevo estadio se caracteriza y es configurado por el surgimiento de nuevas subjetividades colectivas, que han sido fomentadas por los discursos feministas sobre autonomía, reconocimiento, participación e igualdad de derechos. La globalización ha favorecido la incorporación de mujeres a la mano de obra en todo el mundo, en sectores como la industria electrónica, las maquilas, etcétera, estimulando los desplazamientos de las trabajadoras hacia las grandes ciudades. A estas ciudades –sitios estratégicos para los servicios, financiamiento y manejo especializados de los procesos de la economía global– llega un gran número de mujeres inmigrantes que se incorporan a distintas actividades de las economías formal e informal asociadas a estos sectores estratégicos (Sassen, 2000). La migración de mujeres está alterando los patrones y las convenciones de género al generar hogares transnacionales. El acceso a jornales y salarios (aún muy bajos), la feminización de la oferta de trabajo y las mayores oportunidades que tienen las mujeres para generar ingresos debido a la informalización de la economía, favorece, de acuerdo a Sassen, su poder de negociación dentro de las parejas en lo referido a la toma de decisiones de control del presupuesto y redistribución de algunas tareas domésticas.

55

La estructura familiar se transforma y diversifica. La familia nuclear se debilita, emergiendo nuevos tipos de familias. Crece la frecuencia de disoluciones matrimoniales, se retrasa la edad matrimonial, se elevan las tasas de convivencia y disminuye la fecundidad. Como resultado de las separaciones y de la maternidad individual, la proporción de hogares monoparentales con hijos dependientes se eleva. Con la disolución de los matrimonios y el aumento del número de convivencias, se diferencia las relaciones de familia de las relaciones de pareja. La ampliación de las prácticas sociales, económicas y políticas más allá de las fronteras nacionales durante el proceso de globalización contribuye a debilitar la centralidad de los Estados nacionales, las formas de organización y representación políticas que se habían consolidado en las fases anteriores de la Modernidad y las relaciones entre el Estado y la sociedad. La política no se reduce más a los espacios formales de representación y deliberación. Adquieren mayor importancia las iniciativas políticas y las nuevas formas de organización y participación desde la sociedad civil, los mecanismos híbridos de intermediación y deliberación política (Beck, 1995) que reúnen administradores, especialistas y sociedad civil, las experiencias de control ciudadano y otras formas de democracia deliberativa, así como también las acciones políticas organizadas en redes nacionales y transnacionales de personas y organizaciones no gubernamentales. Para mujeres de distintos países y regiones del mundo y distintas clases sociales, de diversos grupos étnicos e identitarios, la transformación de los espacios y mecanismos de participación política trae consigo nuevas oportunidades. En verdad, es principalmente en estos nuevos espacios y a través de estos mecanismos que han incrementado la participación política de las mujeres, una vez que los mecanismos de representación política tradicionales (partidos y parlamentos) en la gran mayoría de los Estados han demostrado gran resistencia a cambios más profundos y han avanzado poco en incorporar la participación femenina. Desde un punto de vista cultural se profundiza y generaliza la conciencia de vivir en un mundo global y heterogéneo (Robertson, 1992). La compresión del mundo y el incremento de la interacción de diferentes modos de vida estimulan una mayor reflexividad en los sujetos, organizaciones, movimientos e instituciones, proceso que favorece la individuación personal y la proliferación de estilos de vida, generando oportunidades para los sujetos tradicionalmente

56

subordinados y poniendo en cuestión ejes estructurados de diferenciación social como es el género. Asimismo, fomenta la producción cultural y la interacción y confrontación de proyectos alternativos de sociedad y de futuro. El hecho y la conciencia de la rápida y creciente interdependencia global aumentan las preocupaciones en torno a la trayectoria de “un mundo como un todo” y propicia la tematización de problemas comunes y su inclusión en agendas globales. El medio ambiente, los derechos humanos, la equidad de género, los problemas de gobernabilidad, son algunos de los temas de carácter global discutidos en espacios oficiales o societales. A diferencia del pasado en que las oportunidades, los peligros, las ambivalencias de las biografías podían sobrellevarse dentro de un grupo familiar, de la comunidad y del pueblo y se apoyaban en reglas, clases sociales y roles de género bien establecidos, ahora tienen que ser definidas por los propios los individuos. Podría pensarse que transformaciones tan importantes en la cotidianidad debido al debilitamiento de viejas convenciones institucionales podrían traducirse automáticamente en mayores márgenes de libertad y menores grados de sometimiento, empero si bien el contexto puede generar nuevas oportunidades para los cambios, éstos no se producen automáticamente. Los cambios dependen también y de manera importante de luchas políticas y simbólicas. Lamentablemente, la forma en que se gestionan actualmente, los procesos de globalización han acrecentado las desigualdades sociales entre individuos y sociedades. Así, si bien por un lado es posible afirmar que en esta etapa de la Modernidad los procesos de individualización han alcanzado una gran profundidad y expansión, también es menester reconocer que son muchas las personas que carecen de los recursos simbólicos y materiales para acceder y gestionar la construcción de identidades reflexivas y autónomas. Ante la exclusión de las redes globales de consumo e interacción simbólica y la incertidumbre que generan las constantes transformaciones del mundo actual, las comunidades culturales de base religiosa, nacional o territorial parecen proporcionar importantes refugios para la construcción de sentidos y vínculos de pertenencia. Actores políticos, intelectuales y sociales bregan por el establecimiento de nuevos acuerdos colectivos que reduzcan la incertidumbre que caracteriza el momento actual, limite las variaciones de los acontecimientos e impida que las diferencias de poder se traduzcan

57

en mayores desigualdades, repercutiendo directamente sobre las sociedades y personas con menos poder. De no mediar la construcción de nuevas reglas e instituciones a nivel nacional e internacionales (derechos humanos, tribunales internacionales, políticas sociales, mecanismos de participación) que regulen la distribución de recursos a nivel global, nacional y local no será posible acceder a las oportunidades abiertas, ni contrarrestar los efectos de las diferencias de poder y las desigualdades. En este escenario emergen una serie de interrogantes relativas a quiénes deben participar en la definición de nuevas convenciones, en qué contextos institucionales deben elaborarse, qué convenciones deben mantenerse o acentuarse, cuáles otras deben ser abandonadas y cuáles nuevas deben crearse. Se cuestiona asimismo si los nuevos marcos regulatorios deben ser locales, nacionales, regionales o globales. Los movimientos de mujeres están aportando significativamente a estos debates. Al respecto, quisiéramos hacer una última reflexión sobre cómo el feminismo avanza y profundiza su rol como fuerza modernizadora en el contexto de la Modernidad reflexiva. A partir de los años noventa, los movimientos feministas se han expandido aceleradamente por diversas regiones geográficas y han adoptado distintas expresiones. Sus formas de organización se han vuelto más complejas, su composición más heterogénea y el rango de sus acciones y agendas más amplio. Las organizaciones de mujeres han participado activamente en las conferencias mundiales convocadas por las Naciones Unidas en la última década. Se integraron masivamente, no solamente a la preparación de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1994), sino que, también, tuvieron una participación destacada en las conferencias sobre medio ambiente (Río, 1992), derechos humanos (Viena, 1994), población y desarrollo (El Cairo, 1994), educación de adultos (Hamburgo, 1997) y contra el racismo, la discriminación y la xenofobia (Durban, 2001). La presencia de las mujeres en los ámbitos transnacionales las ha llevado a constituirse en protagonistas visibles de las relaciones internacionales y en participantes activas, junto a otros movimientos –de derechos humanos, ambientalistas, minorías sexuales, negros, indígenas– en los procesos de formulaciones de las leyes, marcos normativos y agendas políticas internacionales (Sassen, 2000). La constitución de redes de movimientos sociales nacionales, regionales e internacionales ha interconectado a distintos grupos de mujeres a través del mundo y ha permitido la circulación de ideas,

58

recursos y formas de comportamiento solidario. La presencia de las mujeres en los espacios transnacionales ha tenido la doble virtud de visibilizar internacionalmente su protagonismo y sus propuestas y, al mismo tiempo, irradiar hacia sus sociedades el reconocimiento obtenido en estos espacios globales y de esta manera, presionar sobre los límites culturales y políticos que las sociedades nacionales imponen al desarrollo de las agendas políticas de los movimientos sociales. Los movimientos feministas latinoamericanos han sido un actor central en la generación de nuevas institucionalidades en los procesos de recuperación de la democracia y, en menor medida, en el proceso de reforma del Estado, sobre todo en los países del Cono Sur. El proceso de redemocratización ha implicado nuevas relaciones entre Estado y sociedad y ha generado las oportunidades para la creación de nuevas institucionalidades, más transparentes y sometidas al control social ciudadano. Entre las nuevas instituciones destacan los mecanismos de promoción de equidad de género en el Estado, que han sido fundamentales para transformar las políticas públicas y promover reformas constitucionales que consagren la igualdad de hombres y mujeres. Son nuevas estructuras de intermediación entre el Estado y las mujeres (mesas de trabajo, comisiones, consejos) y nuevas instancias dentro de los estados (ministerios, secretarías, comisiones interministeriales responsables por impulsar la equidad entre hombres y mujeres) que presionan a favor de la coordinación de los distintos sectores estatales en la elaboración y realización de las políticas con enfoque de género (Guzmán, 2000). En conclusión, la experiencia política de los movimientos feministas en los últimos años ha fomentado el desarrollo de un fuerte sentimiento de pertenencia a una lucha emancipatoria de carácter global. Este proceso les ha permitido acceder y contribuir a una creciente conciencia sobre la diversidad de formas de luchas, el multiculturalismo, las diferentes interpretaciones que suscitan las desigualdades, exclusiones y discriminaciones y sus formas de superación, lo que ha contribuido significativamente al reconocimiento de la diversidad en el discurso global de la Modernidad. Las agendas feministas contemporáneas no se reducen de manera estrecha y restringida a la “inclusión de las mujeres”. Son agendas múltiples y pactadas entre un gran espectro de sujetos políticos donde se articula un conjunto complejo de temáticas concernientes a la transformación global de las formas de vida en sociedad, bajo los ideales de emancipación, justicia social, libertad y no discriminación:

59

la economía, el comercio y el presupuesto público; las formas de producción y consumo; las transformaciones en el mundo del trabajo; el desarrollo científico y tecnológico; la bioética y la bioseguridad; las migraciones internacionales; la guerra y la paz; el medio ambiente y la calidad de vida; el combate a la corrupción, al crimen organizado y al terrorismo; las reformas de los sistemas multilaterales; la gobernabilidad, la redefinición del rol de los Estados nacionales y de las formas de ciudadanía en un mundo globalizado.

A

modo de conclusión

A lo largo de las distintas fases de la Modernidad los movimientos feministas y de mujeres han jugado un importante papel en la generalización de los principios de la Modernidad a los distintos ámbitos institucionales. Las distintas fases de la Modernidad han estado atravesadas por tensiones y ambigüedades, y si bien el paso de una etapa a otra, reforzaba y abría nuevas oportunidades para los cambios, éstos no han sido nunca y de ninguna manera producto automático de ningún proceso evolucionista, como si fueran una necesidad o un imperativo inscrito en la matriz sociopolítica y cultural de la Modernidad. Los cambios dependen también, y de manera importante, de luchas políticas y simbólicas y otras formas de apropiación, interpretación y usos del proyecto moderno por parte de los movimientos sociales. En las sociedades urbanas e industriales, los movimientos feministas han resistido la implementación de un tipo de ciudadanía estatizante, tutelar y homogeneizadora (Santos, 1995). Sus luchas por una mayor autonomía personal, por su reconocimiento como una colectividad política y cultural específica y por una mayor participación política y social, se han opuesto a la estandarización de los comportamientos y roles, a la rigidez de las identidades y a la colectivización de las acciones que promovían las políticas implementadas por los Estados nacionales en la segunda mitad del siglo XX, profundamente sesgadas por el diferencial de género. En la fase actual, caracterizada por la emergencia de nuevas prácticas sociales que desbordan las instituciones y exigen nuevos pactos institucionales, los movimientos feministas y de mujeres están contribuyendo a generar nuevos marcos de sentido para orientar e interpretar la convivencia humana basada en el respeto y el reconocimiento de la dignidad humana, de la capacidad moral

60

y reflexiva de las personas, al establecimiento de nuevas formas de hacer política y a la construcción de nuevas institucionalidades más transparentes, democráticas y abiertas a la participación y control ciudadano. La Modernidad reflexiva no significa aún el despunte de una nueva configuración estable del orden de género, en la cual en algún grado estarían incorporados los principios de igualdad, autonomía y derechos. Más bien, significa una profundización de la crisis de los elementos estructurales del género moderno de doble vía: por un lado, las transformaciones estructurales de la economía, la política y la cultura bajo los parámetros de la globalización neoliberal y, por otro lado, la expansión de la reflexividad de las subjetividades colectivas emancipadoras y las acciones políticas feministas. Por ello, en el momento actual el aprovechamiento de las nuevas oportunidades de libertad e igualdad para las mujeres implica la participación activa de las mujeres contra las fuerzas que resisten a los cambios necesarios para la superación de la dicotomía de lo privado y lo público, de las jerarquías de género y para la generación de nuevas relaciones entre la producción y la reproducción.

61

Bibliografía Beck, Ulrich, “A reinvenção da politica: rumo a uma teoria da modernização reflexiva”, en Ulrich Beck, Anthony Giddens y Scott Lash (org.) Modernização reflexiva: politica, tradicao es estetica na orden social moderna, São Paulo, Ed. Unesp, 1995. Beck, Ulrich, “Vivir nuestra propia vida en un mundo desbocado: individuación, globalización y política”, en Anthony Giddens y Hill Hutton (ed.), Al límite. La vida en el capitalismo mundial, Barcelona, Tusquets editores, 2001. Bonan, Claudia, “Sexualidad, reproducción y reflexividad: En búsqueda de una modernidad distinta”, en Sexualidades y sociedades contemporáneas, Santiago de Chile, Colección seminarios, Universidad de Humanismo Cristiano, 2003. ——, “Reflexividades, sexualidades e reprodução: processos políticos no Brasil e no Chile”, Tesis de doctorado, 2002. ——, “Política y conocimiento del cuerpo y la estructuración moderna del sistema de género. Encuentro temático: género y diferencia sexual”, documento presentado a la Reunión del grupo de Trabajo de Género del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2001. Correa, Sonia y Petchnesk, Rosalind, “Los derechos reproductivos y sexuales: una perspectiva feminista”, en G. Sen, A. Germain y L. Chen (ed.), Population policies reconsiderated (Health, empowerment and Right), Chapter 8, Boston, Harvard University Press, 1994. Domingues, José Mauricio, Criatividade social, subjetividade coletiva e a modernidade brasileira contemporanea, Rio de Janeiro, Editora Contra tapa, 1999. Giddens, Anthony, La constitución de la sociedad: Bases para la teoría de la estructuración, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1995. Guzmán, Virginia, Mauro, Amalia y Araújo, Kathya, Trayectorias laborales de mujeres. Diferencias generacionales en el mercado de trabajo, Santiago de Chile, Centro de Estudios de la Mujer, 1999. Guzmán, Virginia, Las relaciones de género en un mundo global. Serie Mujer y Desarrollo Nº 38, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), 2002. ——, Gobernabilidad democrática y género, una articulación posible, Serie Mujer y Desarrollo Nº 48, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), 2003. Guzmán, Virginia y Todaro, Rosalba, “Apuntes sobre género en la economía global”, en El género en la economía, Ediciones de las mujeres Nº33, Santiago de Chile, Isis Internacional, 2001. Robertson, Roland, Globalização, teoría social e cultura global, Rio de Janeiro, Editora Vozes, 1992. Santos, Bonaventura, Pela mao de Alice. O social e o politico na pós-modernidade. São Paulo, Editora Córtez, 1995. Sassen, Saskia, “Women’s burden: counter-geographies of globalization and the feminization of survival”, en Journal of International Affairs, Spring 2000, Vol. 53, Issue 2, 2000, p. 503. Wagner, Peter, Sociología de la modernidad. Libertad y disciplina, Barcelona, Editorial Herder, 1997. Zincone, Giovanna, Da suddatti a cittaddini. Le vie dello stato e le vie della società civile, Bologna, Editrice Il Mulino, 1992.

62

Transformaciones de las familias. Nuevos problemas sociales

Irma Arriagada

Transformaciones de las familias en América Latina En primer lugar quisiera agradecer la invitación de la Red de Género y Familia para asistir al seminario internacional “Familias en cambio en un mundo en cambio. ¿Cómo avanzar hacia la equidad entre género y generaciones?”. Mi presentación se realizará en torno a tres temas: en la primera parte se indicarán algunos aspectos sobre modernización, modernidad, globalización y las transformaciones del contexto de América Latina; en la segunda parte, se mostrará la diversidad de situaciones e impactos sobre las familias latinoamericanas, y en la tercera parte haré un enfoque orientado hacia la necesidad de cambio de las políticas públicas que tendrán que adaptarse a estas nuevas situaciones en la región latinoamericana. La base de la información estadística que les voy a presentar, proviene de las encuestas de hogares de los países; es un enfoque de tipo estructural que da cuenta de las grandes transformaciones y tendencias, que son relativamente comunes entre los países latinoamericanos, si bien con distintas intensidades.

El

contexto latinoamericano de modernización y modernidad

Una de las principales transformaciones del contexto latinoamericano durante los últimos quince años es la incorporación de la región a la globalización. Existe una gran diversidad de situaciones, algunos países se integran de una manera más intensa que otros, sin embargo, ninguno está ajeno a los cambios económicos globales de interrelación económica y cultural entre países. Junto con eso, y

63

simultáneamente con esos cambios, se ha producido una transformación cultural enfocada hacia la modernidad, donde las sociedades van modificando sus patrones culturales y simbólicos. Más adelante se examinan estas transformaciones. Los procesos de globalización han implicado importantes innovaciones en los papeles del Estado y también en las políticas sociales. Todos los países –en una forma o en otra– han efectuado grandes transformaciones, con historias distintas, con trayectorias institucionales diferentes; sin embargo, se observa una transición interesante en las políticas públicas. Me parece que Uruguay en este caso, enfrenta en este momento una oportunidad única de hacer esas modificaciones de gestión, administración y enfoque de las políticas públicas. Respecto de las transformaciones de la modernización se sabe que estos cambios surgen de los procesos productivos, del paso de una economía de sustitución de importaciones hacia una economía abierta, con procesos económicos de terciarización de la economía y de urbanización, de transformaciones en el comercio regional y global, como ya señalaba, de la interrelación con un mercado mundial, donde el desempeño económico de países desarrollados tiene un impacto muy intenso sobre economías como las latinoamericanas que son pequeñas y, en muchos casos, débiles. Esos procesos han ido acompañados además, por notables modificaciones en la composición demográfica. Se observa un descenso de la fecundidad y de la mortalidad, un aumento de la esperanza de vida de hombres y mujeres, que se expresan en cambios en la pirámide de edad de la población y en las estructuras familiares. Se perciben transformaciones demográficas de largo plazo, como en Uruguay y Cuba, que probablemente se encuentran frente a una segunda transición demográfica. Junto con estos grandes procesos estructurales, se desarrollan nuevas pautas de consumo y de trabajo. En relación con el trabajo, junto con la terciarización, aumenta la precarización en un modelo económico que no genera empleos de calidad. En América Latina de acuerdo a la información de CEPAL, de diez nuevos empleos, siete se generan en el sector de baja productividad. Por lo tanto, el trabajo se vuelve precario, transitorio, sin seguridad social y esas condiciones requieren transformar las políticas de seguridad social. Finalmente, entre las grandes transformaciones se advierte un acceso masivo, pero segmentado, a los bienes de servicios sociales de educación, seguridad social y salud. ¿Qué quiere decir masivo

64

y segmentado? Masivo, porque las coberturas de estos servicios tienden a ampliarse durante un gran período para toda la región latinoamericana, sin embargo, es segmentado en términos que las calidades de estos servicios y el acceso a los mismos, son diferenciales por grupos sociales; así, quienes tienen recursos acceden en muchos casos a la salud privada, a una calidad de educación mayor y a jubilaciones; quienes no tienen recursos, generalmente acceden a una educación y salud de mala calidad y no están cubiertos por la seguridad social en la vejez. Entonces, se sufre un problema que se extiende por toda la región y genera mayor heterogeneidad. Esos, muy sintéticamente son los procesos de transformación de la modernización. Distingo analíticamente los procesos de modernización de las transformaciones de la modernidad. En este último caso, se advierte una promoción de la libertad individual de las personas, un progreso orientado al desarrollo de las potencialidades individuales. Un proceso de individuación, donde se separan los intereses del individuo de los de la iglesia, la comunidad y la familia. Estos procesos se acompañan de reflexividad, donde las personas aprenden de la experiencia, reformulan sus prácticas y se orientan básicamente hacia formas más democráticas de sociabilidad y a una progresiva secularización de la acción colectiva. Hay una representación democrática de los gobiernos. En América Latina se observa desde los años ochenta procesos de redemocratización; existe además, difusión de una racionalización formal e instrumental y una generación de sociedades que son interculturales, donde hay una aceptación de la diversidad. Y eso es muy importante, en términos de los temas que tienen relación con la incorporación de derechos de las mujeres, de los niños, y de grupos tradicionalmente excluidos de los beneficios del desarrollo. Se forman nuevas visiones que tienen relación con nuevas estructuras familiares, modernos estilos de vida y la aceptación de la amplia diversidad de los modelos familiares. En relación con los grandes cambios del Estado, durante estas últimas décadas, a partir de los años ochenta y hasta el presente, han continuado las tendencias de reducción del tamaño del Estado especialmente durante los años ochenta, con importantes cambios en las funciones estatales. La reducción del Estado se produce en dos direcciones: disminución de los recursos, en términos de recursos materiales y humanos que cuenta el Estado para su accionar y de cambio de funciones. Muchas funciones del tipo productivo que ejecutaba el Estado por medio de empresas estatales, ya no se rea-

65

lizan, las empresas pasan a privatizarse, y por tanto, se reduce ese rol productivo y aumenta, en muchos casos, el papel regulador. Entre los setenta y ochenta se efectuaron importantes procesos de descentralización que, en un primer momento, se orientaron a descentralizar territorialmente ciertas funciones estatales, pero no los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Así, en la región se cuenta con una larga experiencia de avances y retrocesos en materia de descentralización primero territorial, luego funcional y finalmente presupuestaria. La experiencia acumulada apunta a desarrollar una mayor participación y control de la comunidad en la entrega y en la calidad de los servicios públicos que se reciben, surgen nuevos actores de las políticas sociales, las organizaciones no gubernamentales adquieren un papel más importante, se crean instituciones que son públicas pero no estatales. Asimismo, se advierte un cambio importante en las políticas sociales. En el Cuadro 1 se presentan dos modelos muy simplificados de los principales rasgos de las políticas sociales en las décadas de los ochenta y los noventa. Cuadro 1. Cambios en las políticas sociales



Modelo de los años ochenta

Modelo revisado años noventa

• Minimalismo en lo social • Ampliación del gasto social. • Papel central del mercado en • Rol regulador del Estado con la asignación de bienes y el objeto de dirimir asimetrías servicios. del mercado.

• Privatización de las políticas. • Nuevas políticas de carácter transversal e integral. Orienta- das hacia la pobreza. Expandir activos y capacidades. • Políticas orientadas a la • Descentralización de recursos, reducción de la extrema pobreza. coordinación y nueva gestión. Programas de emergencia. Fuente: Elaboración de la autora.

El gran cambio en el diseño y participación de las políticas sociales se produjo durante los años ochenta cuando se asistió a una transformación hacia lo que se ha denominado modelo de minimalismo en lo social: “... la política social latinoamericana ha experimentado procesos de transición, cambio y reestructuración entre el paradig-

66

ma vigente en la región durante el periodo de industrialización vía sustitución de importaciones, el minimalismo de la década de los ochenta y el paradigma que emergió al gestarse y consolidarse el modelo económico de apertura económica hacia el exterior. (González de la Rocha, 2005). De esta forma, se produce una reducción del gasto social y se establece que el mercado tendría el papel central en la asignación de bienes y servicios. Se privatizaron las políticas, en el sentido que son instituciones privadas las que proveen los servicios mediante un pago monetario. La política social se enfoca casi exclusivamente hacia la pobreza con nuevas formas de focalización, que se orientan a la población extremadamente pobre por medio de programas de asistencia social. Son característicos de esos programas los fondos de inversión social y los programas de empleos de emergencia. Hacia la década de los noventa, se advierte una revalorización del Estado. A diferencia del período anterior se estima que el Estado juega un papel importante en tres campos: en la articulación de los diversos factores y actores en el proceso económico, con el fin de asegurar la competitividad sistémica del país en una economía globalizada; como garante de la integración de la sociedad y por último, en función del nuevo protagonismo de los ciudadanos (Lechner, 1999). El modelo se revisa observándose un leve aumento del gasto social, un mejoramiento y sofisticación en los programas orientados a la extrema pobreza que contienen una oferta programática más integral y una mejora en el diseño y gestión de los programas. Desde una perspectiva institucional la mayoría de los países reforman su institucionalidad social, generando nuevas instituciones a cargo de lo social o reestructurando las existentes. El enfoque de las políticas se orienta hacia la igualdad de oportunidades y hacia el desarrollo de las capacidades de las personas. De esta forma, durante la década del noventa y en lo que va de 2000, en la mayoría de los países latinoamericanos, se han producido importantes transformaciones de las formas y tamaño del Estado, así como en el diseño de las políticas públicas, en especial, de las políticas sociales. Así, emerge una nueva visión sistémica que incorpora las necesidades y problemas de las personas y que incluye lo social, no sólo como una externalidad del crecimiento y de la acumulación económica, sino como una preocupación central. Equidad e inclusión social frente a una sociedad de riesgos, configuran las nuevas aspiraciones y objetivos para los gobiernos de la región.

67

Ahora bien, ¿qué efectos tuvieron estos procesos en el contexto latinoamericano?, ¿qué ocurrió con la pobreza?, ¿qué efectos tuvieron estos programas? Principalmente, se produce una gran paradoja que podríamos denominar “reducción de la pobreza con aumento de los pobres”. ¿Qué significa eso? Según la medición que hace la CEPAL de la pobreza por ingreso, hay una reducción leve, por lo menos, desde los años 1990 al 2003 del porcentaje de población pobre, que pasa del 48% al 43%. Sin embargo, si se analiza el número de personas con niveles de vida insuficientes, se puede observar que durante ese mismo período la cantidad de personas pobres aumentó en 25 millones. O sea, si en el año 1990 eran 200 millones, en el año 2003 son 225 millones de personas pobres. Esa es la contradicción que se relaciona con el crecimiento poblacional. En América Latina para 2005 la CEPAL proyecta alrededor de 222 millones de personas pobres y 88 millones de indigentes (40.6% y 16.8% respectivamente). Se ha mostrado que la mayor pobreza se encuentra entre mujeres que no cuentan con ingresos propios y en sectores tradicionalmente excluidos: pobres urbanos y rurales, grupos indígenas y afrodescendientes. Desde otro lado, se observa un cambio importante en la participación económica femenina y una disminución de la masculina en el período de 1990 al 2002, que se relaciona con formas virtuosas de reducir la pobreza para ciertos grupos sociales y también como una forma de ejercer el derecho al trabajo por parte de las mujeres. Se observa una leve reducción en la participación masculina, que se explica porque existe una mayor cobertura de seguridad social y un aumento en los niveles de escolaridad. Ambos procesos tienden a postergar, en el caso de los jóvenes, el ingreso al mercado laboral y, en los mayores, a sacarlos del mercado laboral cuando pueden acceder a pensiones. Por otra parte, hay un aumento importante de la participación económica femenina, que es una tendencia estructural y está desligada de los ciclos económicos, lo cual es muy interesante, porque no se produce una reducción tan fuerte de la participación femenina cuando hay una crisis, sino que las mujeres continúan entrando y permaneciendo en el mercado laboral. Y sin embargo, existe un modelo económico que genera poco empleo, por lo tanto, se produce una mayor vulnerabilidad de las mujeres frente a la pobreza. La población femenina que no cuenta con ingresos propios es notablemente mayor que la población masculina. En un mundo más individualizado, en que cada persona se hace cargo de sí misma, no acceder a ingresos propios, genera una gran vulnerabilidad para las mujeres.

68

Además, junto con esta tendencia se produce un desempleo que afecta mucho más a las mujeres y a los jóvenes. El desempleo en la población joven, especialmente femenina de 15 a 19 años casi duplica el desempleo total, y ésta es una tendencia estructural en todos los países de la región.

Transformaciones

de las familias

¿Cuál ha sido el impacto y cambio de las familias latinoamericanas, en este gran contexto de transformaciones culturales, de modernización, de modernidad y de cambio estructurales? Los efectos han sido muy variados. Por una parte, como ya señalaba, se produce una creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral y en trabajos precarios. Habitualmente, el patrón de participación femenina es dual, con una participación significativa de mujeres profesionales, pero de igual forma en sectores precarios. Esta situación se ha ido acentuando de alguna manera en ambas direcciones; se incorporan más mujeres profesionales y al mismo tiempo se incluyen mujeres de los sectores menos educados y más precarios que buscan de esa forma salir de la pobreza. En relación con las familias y, como efecto más bien demográfico, se ha producido una reducción del tamaño de las familias por la baja de la natalidad y debido a otros fenómenos sociales como el aumento de hogares con jefas mujeres y de hogares unipersonales. En la actualidad los hogares son más pequeños, hay una menor presencia de hogares con tres generaciones, esto es extendidos y de los compuestos, en síntesis, los hogares nucleares continúan siendo predominantes. Hay transformaciones de los patrones culturales respecto al ideal de la familia, a cuál debiera ser su tamaño y sus funciones. Ha habido un cambio cultural muy significativo, con una presencia y visibilidad mucho mayor de los derechos de las mujeres y de los niños. Se trata de una nueva justicia de género, de una nueva mirada desde el enfoque de derechos, en el cual las mujeres y los niños están demandando igualdad de condiciones y trato dentro de la familia y también fuera de ella. ¿Cuáles son los principales cambios sociodemográficos? Se presentan las tendencias más generales de las transformaciones del perfil demográfico para la región latinoamericana, y que son más acentuadas en Uruguay, que tiene una transición demográfica más avanzada.

69

Hay un menor número de matrimonios, las personas se casan menos y aumentan las uniones consensuales y la cohabitación. Aumenta la edad al casarse y al tener el primer hijo, proceso que se da en conjunto con un aumento de la maternidad adolescente, esto es, la tasa de natalidad en la adolescencia (14-19 años) se reduce menos que en los otros grupos de edad de las mujeres. Por tanto, muchos nacimientos se producen fuera del matrimonio, se reduce el tamaño de la familia y aumentan las familias con adultos mayores. En suma, el tamaño medio de la familia se ha reducido por la postergación en la primera unión, la declinación del número de hijos y el mayor espaciamiento entre ellos, de manera que, en la actualidad, hay menos hijos por hogar y la diferencia de edades entre ellos es mayor. En el plano familiar, el menor número de hijos significa un descenso en el trabajo reproductivo, doméstico y de socialización realizado por las mujeres, que puede expresarse en primer lugar, en un aumento de sus posibilidades de opción laboral y de autonomía. En segundo lugar, se traduce en mejor calidad de vida de los hijos, en términos de nutrición, salud y socialización, y en una menor pobreza de los hogares. En términos sociales, en una menor presión demográfica en los sistemas educativos y en el mercado de trabajo (el llamado “bono demográfico”) pero, además, en un mayor peso sobre los sistemas de pensiones, de salud y cuidado del adulto mayor. Al incrementarse la frecuencia de separaciones y divorcios, han aparecido las familias complejas como un nuevo y creciente fenómeno en la región. Estas familias resultan del divorcio, la nulidad del matrimonio, la viudez o la ruptura de la convivencia de hecho, y la constitución de nuevos vínculos. No obstante, las categorías estadísticas usadas en las encuestas de hogares no permiten medir su magnitud y se las considera como familias nucleares biparentales. Por ejemplo, Uruguay, donde la ley de divorcio se aprobó a principios de siglo (1907-1913), reporta un incremento continuo de los divorcios pero con un aumento muy pronunciado en las últimas décadas, específicamente a partir de los años ochenta (Cabella, 1998). Asimismo, se incrementa el celibato y aumentan los jóvenes que viven solos. Todas estas transformaciones, expresan entonces una diversidad de situaciones familiares, que las políticas públicas tienen que tomar en cuenta para su diseño y que tienen consecuencias económicas, sociales y legales para las personas. El Gráfico 1 muestra la evolución de los tipos de hogares y familias entre los años 1990 y 2002.

70

Gráfico 1. América Latina (16 países):* Cambios en los tipos de hogares y en las familias, zonas urbanas, 1990-2002 100%

Familias compuestas 6.6

90% 80% 70%

15.3

7.6 Familias extensas

8.4

Compuesta Extensa monoparental jefa Extensa monoparental jefe

14.0

Extensa biparental

9.8

Nuclear monoparental jefa Nuclear monoparental jefe

Porcentaje

60% 50% 40%

46.3

Familias nucleares

42.8

Nuclear biparental con hijos

7.7

Nuclear biparental sin hijos

4.8

Hogar sin núcleo conyugal

8.4

Hogar unipersonal

30% 20% 7.2 10% 0%

4.8 6.7 1990

Hogares no familiares

2002

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países. * Promedio simple.

En el lapso de doce años las familias nucleares continúan siendo predominantes, pero su porcentaje se redujo de 63.1% a 61.9% debido principalmente al aumento de los hogares no familiares y, dentro de ellos, de los hogares unipersonales, que en promedio para la región aumentaron de 6.4% a 8.4%. La mayor proporción de hogares unipersonales se encuentra en las áreas urbanas de Uruguay y del Gran Buenos Aires (véase Gráfico 1); las familias nucleares biparentales con hijos son las que más se han reducido, pero continúan siendo un 42% del total de las familias en la región. En un conjunto de países que cuentan con la información se han reducido levemente las familias extensas. El cuadro muestra bastante diversidad con hogares unipersonales, hogares sin núcleo conyugal, hogares biparentales sin hijos, con hijos, monoparentales con jefes, monoparentales con jefas, extensas biparentales, extensas monoparental, extensas monoparental con jefa mujer, y compuestas que tienen parientes y no parientes.

71

En relación con el aumento de los hogares no familiares en el período, su crecimiento se explica por el aumento de los hogares unipersonales, los que se incrementaron en casi dos puntos porcentuales (casi duplicándose en términos absolutos) que da cuenta de un nuevo fenómeno en la región, que corresponde al aumento de las personas que viven solas y que son adultos mayores o jóvenes con recursos económicos que deciden postergar sus uniones. Los hogares unipersonales involucran alrededor de 7 millones y medio de personas en las zonas urbanas de América Latina. De ellos, los jóvenes que viven solos podrían corresponder a una expresión moderna, individualista y afluente de un modo de vida propio de la modernidad tardía. Para el conjunto de las zonas urbanas de los 18 países de América Latina que cuenta con información hacia el 2002, tan sólo un 36% de las familias se ajustan al modelo tradicional jerárquico y patriarcal de familia: la familia nuclear consistente en presencia de ambos padres e hijos y donde el padre es el proveedor y la cónyuge realiza las actividades domésticas. Por ejemplo, en Uruguay sólo el 28% de las familias se ajusta a este modelo de familia nuclear. En las áreas urbanas de la región aumentan las familias biparentales con hijos donde ambos padres desarrollan actividades remuneradas (de 27% a 33%) y un 19% de las familias son tradicionales, de las cuales un 84% son de jefatura femenina y un 16% de jefatura masculina. Un 12% de familias están constituidas por parejas sin hijos, en 5% de las cuales ambos miembros de la pareja trabajan (véase Gráfico 2). Junto con la heterogeneidad dentro de las familias, el examen de la información de la última década, muestra que desde principios del noventa –con las únicas excepciones de Chile y México– ese modelo de familia tradicional ya no era el mayoritario en la región latinoamericana. Asociada a la diversidad por tipo de hogares, se advierte la variedad por etapas del ciclo de vida familiar. Se elaboró una tipología que intentó medir cuántas familias estaban en distintas etapas del ciclo de vida (Arriagada, 2001 y 2004). Básicamente coincide con lo que ya señalaba, en el sentido que van reduciéndose las parejas de jóvenes y las parejas con hijos, y aumentan las parejas mayores y las parejas sin hijos. Entonces, las familias recorren un camino junto con la transición demográfica, van cambiando sus composiciones según las etapas de ciclo de vida en las que se encuentran, lo cual tiene consecuencias prácticas para ellas y para las políticas públicas que es preciso considerar.

72

¿Cuáles serían las consecuencias familiares del cambio laboral y social que ya señalaba? En relación con el aumento de la participación femenina, aumenta igualmente la tendencia al trabajo más precario y la carga de trabajo de las mujeres. Precisamente por este doble papel y porque las políticas públicas no se hacen cargo del trabajo de cuidado, las mujeres trabajan en el mercado y dentro de las casas. Por lo tanto, aumenta esta tensión entre trabajo remunerado y vida privada, que se expresa en el aumento de las enfermedades y el estrés de las trabajadoras. En Chile, por ejemplo, la proporción de mujeres con depresión es muy alta. Y simultáneamente, la sociedad presiona y culpa a las mujeres por los riesgos que los hijos y las hijas están expuestos en estas familias “modernas”, donde los hijos, supuestamente, no están cuidados. Pero tampoco la sociedad ni los padres, se hacen cargo de colaborar con el trabajo doméstico y el cuidado de hijos y ancianos. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta más estructural y social que se está teniendo frente a estos problemas? La respuesta ha sido reducción de la tasa de natalidad, y en muchos países se está llegando a una tasa por debajo de los niveles de reposición de la población, como es el caso de Cuba, y según los datos de Adela Pellegrino, en Uruguay la tasa ahora de reposición es de 2%, pero la tendencia es a continuar bajando en los próximos años. Entonces, es una preocupación que se debe considerar en las políticas públicas.

73

Gráfico 2. América Latina (18 países): tipos de familias nucleares y trabajo femenino en zonas urbanas, 1990 100% 8% 90% 80%

Monoparental jefa mujer trabaja

Monoparental jefa mujer trabaja

5% 2% 4%

6%

Monoparental jefa mujer no trabaja

3%

7%

5%

Monoparental jefe hombre Biparental sin hijos y cónyuge trabaja

7%

Biparental sin hijos y cónyuge no trabaja

70% 60%

10%

27%

Biparental con hijos y cónyuge trabaja 33%

50%

Biparental con hijos y cónyuge trabaja

40% 30% 20%

47%

Biparental con hijos y cónyuge no trabaja

36%

Biparental con hijos y cónyuge no trabaja

10% 0% 1990

2002

¿Cómo se distribuye la pobreza y la riqueza dentro de esta diversidad de estructuras familiares? En general, la información estadística muestra como tendencia general que las familias con hijos son más pobres que las familias sin hijos, tanto al inicio como al final del ciclo de vida familiar. Por otro lado, en lo que se refiere a tipos de familia, la incidencia en la pobreza y la indigencia por tipos de hogares y familias, muestra que la mayor pobreza se encuentra en familias extendidas, entre aquellas con jefatura femenina y entre las familias nucleares y parentales con hijos, que están sobre todo en la etapa, como veíamos antes, de expansión, con un mayor número de hijos (veánse Gráficos 3 y 4). En general, se nota un aumento de la participación de las mujeres, sin embargo, cuando las mujeres tienen hijos menores participan en menor proporción en el mercado laboral cualquiera sea su situación familiar: jefas, cónyuges, hijas. La presencia de más de un menor en el hogar limita la participación de las mujeres. El tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres es mayor. No obstante, cuando se examina la participación de las

74

Participación porcentual de los hogares y familias en quintiles de ingreso per cápita seleccionados

Gráfico 3. América Latina (18 países):* Participación de las familias según diferentes etapas del ciclo de vida familiar urbanas en quintiles seleccionados, zonas urbanas, 2002 (Porcentajes) 45

Quintil 1

40 35 30

28.6 22

20.8

20

10

28.3

25.8

25

15

Quintil 5

38.1

35.7

15.5 11.8

11.1

13.4

13

14.4

14.3

9 5.8

5 0

Hogares Subtotal Pareja joven no familiares familias sin hijos

Etapa inicial

Etapa Etapa Etapa expansión consolidación salida

Pareja mayor sin hijos

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países. * Promedio simple.

Gráfico 4. América Latina (16 países):* Incidencia de la indigencia y de la pobreza no indigente** según tipos de hogares y a familias, zonas urbanas, 2002 (Porcentajes) Total hogares y familias

13.1

Hogar unipersonal Hogar sin núcleo conyugal

21.3

7.4

9.2

21.7

6.6

11.4

35.0

18.0

13.7 18.4

27.8

16.6

25.8

14.1

43.9

25.1

12.7

37.4

22.1

8.2

34.8

24.2

11.2

5

37.3 26.9

12.3

0

39.6

22.8

17

Compuesta biparental Compuesta monoparental jefe hombre Compuesta monoparental jefe mujer

40.9

25.5

14.5

Subtotal familia compuesta

37.3

20.7

15.1

Extendida biparental Extendida monoparental jefe hombre Extendida monoparental jefe mujer

37.4

23.7

9.4

Subtotal familia extendida

Pobreza no indigente

25.7

14.7

13.3

Nuclear sin hijos Nuclear biparental con hijos Nuclear monoparental jefe hombre Nuclear monoparental jefe mujer

indigencia

16.6

11

Subtotal familias nucleares

34.4

32.4 28.7

10

15

20

25

39.9

30

35

40

45

50

Incidencia de la indigencia y de la pobreza no indigente (porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países. * Promedio simple. ** La cifra presentada fuera de la barra corresponde a la incidencia de la pobreza total, incluyendo la indigencia.

75

mujeres, la actividad de las mujeres que son cónyuges y con hijos menores es alta, incluso cuando tienen menores de 6 años. Esta situación refleja la tensión para las madres que requieren trabajar en el mercado, cuidar a los hijos y no tienen apoyos institucionales para hacerlo. En América Latina, las tasas de participación económica de las mujeres que son jefas y que tienen hijos menores de 6 años son muy altas y oscilan entre 53.8% en Perú y 73.2% en Ecuador. En Uruguay alcanza a 59.4%. Con esta información se quiere destacar la necesidad de cubrir las funciones familiares, de apoyar esas funciones, sobre todo para este grupo de mujeres jóvenes, que son jefas y que tienen hijos menores de 6 años. Hasta aquí se ha presentado información estadística que muestra los cambios ocurridos en las estructuras familiares y la incidencia de la pobreza en hogares y familias. Por lo tanto, es preciso señalar que esta información proviene de las encuestas de hogares, esto es, da cuenta de la morfología de los hogares y de las familias. Sin embargo, poco sabemos porque no tenemos la información del caso, sobre qué ocurre dentro de la familia, en varios ámbitos: en la distribución de los recursos, el reparto de las responsabilidades familiares, la asignación de derechos y sobre todo en el tema que afecta mucho a las mujeres, que es la violencia intrafamiliar. Esta “caja negra” requiere otro tipo y otra forma de recolección de la información y por lo tanto, es preciso desarrollar investigaciones en esta línea para el diseño de políticas. Es necesario recalcar que la información es clave para diseñar buenas políticas.

Necesidad

de nuevas políticas públicas

Por largo tiempo la familia nuclear con presencia de ambos padres (padre proveedor y madre dueña de casa) e hijos, fue considerada –y aún es– el paradigma de familia ideal y el modelo de familia sobre el cual se planifican las políticas públicas. Este modelo ha cambiado en pocos años y va a seguir cambiando. Junto con estas transformaciones ha aumentado la necesidad y la conciencia, de que los costos de reproducción social tienen que ser asumidos por toda la sociedad. Y en ese sentido hay algunas políticas, pero que son pocas, orientadas a normar las situaciones de cuidado, sobre todo en caso de hijos y enfermos. Por lo tanto existe un amplio campo de intervención orientado a la definición e implementación de las políticas de conciliación trabajo-familia. La articulación y la transformación

76

de los tiempos de vida profesional y vida privada denominada “reingeniería del tiempo” (Darcy de Oliveira, 2003) corresponde a formas de organización social y no a una negociación privada entre hombres y mujeres dentro de sus casas. Ahora, ¿qué factores tendríamos que considerar en este diseño de políticas publicas? Me refiero en términos bastante generales, porque cada país en la región latinoamericana tiene una tradición institucional y de las políticas públicas propia. Hay países, como Uruguay, que tuvieron una organización del bienestar social mucho más acentuada que otros países. Existen tradiciones institucionales diferentes, sin embargo, para todos los países es necesario considerar los derechos de los hijos y de las hijas a ser educados y cuidados por sus padres y que debe existir un equilibrio entre tiempo laboral y tiempo dedicado a los hijos. No obstante, se debe tener en cuenta además, el aumento de otras personas dependientes, especialmente de adultos mayores, como es el caso de Uruguay, que requieren cuidados especiales y que las nuevas estructuras familiares no están en condiciones de proporcionar. Las dificultades para compatibilizar la vida profesional con la familiar en este nuevo modelo económico globalizado, la ampliación de los años de instrucción y el retardo en el ingreso a la población activa junto con los nuevos esquemas de trabajo transitorios y con horarios extensos, han provocado el retraso en la edad de matrimonio y la disminución de la tasa de natalidad. Para las mujeres más pobres, y en especial, para las jefas de familia se produce una gran sobrecarga de trabajo, donde se concentra con mayor peso el problema de combinar ambos trabajos. ¿De qué forma se pueden enfrentar las dificultades de conciliar entonces trabajo y familia? Esto requiere esfuerzo desde la familia, desde el Estado y desde las empresas. Es preciso que un conjunto de instituciones puedan articularse, y eso es difícil porque tienen intereses opuestos. Por lo tanto, se precisa reorientar los recursos públicos en esa dirección. Al respecto, los enfoques internacionales, analizados sobre este tema, son muy distintos. Entre los enfoques europeos existen algunos que valoran más el tiempo, otros que valoran más la entrega de recursos económicos; unos que propician que las mujeres se queden en las casas, otros que favorecen la calidad del trabajo. Así existen diferencias entre lo que plantean por ejemplo Inglaterra, Alemania, que son más individualistas, en relación con las políticas de los países escandinavos que son mucho más amigables en relación

77

con las posiciones de las mujeres (women-friendly). Sin embargo, cada país debe diseñar su propio modelo, y es necesario contar con políticas de conciliación de tiempos. Es preciso promover políticas orientadas a la equidad de género y esto implica transformaciones culturales profundas. Se necesita adecuar el tiempo y los horarios de los servicios, al tiempo de las personas. Los servicios deberían orientarse a las personas y no al revés. Se sostiene que una forma de conciliar los trabajos domésticos y de mercado, es mediante el trabajo domiciliario para las mujeres, pero ¿quién regula ese trabajo precario?, ¿cómo se regula ese tiempo laboral? Los estudios sobre el trabajo a domicilio indican que las personas extienden su jornada al máximo e incorporan trabajo infantil para ganar un mínimo de recursos. Se requiere contar con horarios de trabajo más flexibles, que permitan que la gente adecue mejor su tiempo. Es preciso dotar de salas cunas y atención preescolar a los barrios. En la actualidad, la cobertura preescolar es muy reducida para toda la región, cubre principalmente a los niños de 4 a los 6 años, pero se olvida de los 0 a los 3 años que es un grupo de edad que necesita máxima atención. Los intensos cambios en las relaciones sociales, familiares y laborales requieren que los gobiernos diseñen nuevas políticas públicas que incorporen estos cambios: políticas impositivas, redistributivas, de transporte, reorientaciones del gasto público y del gasto social, así como políticas sectoriales de empleo, educativas, de salud y vivienda, entre otras. Actualmente se requiere una reflexión que permita dar respuestas y diseñar políticas públicas que favorezcan la conciliación entre trabajo y familia, entre los espacios público y privado, entre el mundo doméstico y el mundo social, que no reproduzcan la discriminación laboral, las desigualdades de género y que posibiliten la vida familiar. Esto plantea el desafío de entender la complejidad en la que se van construyendo los vínculos familiares en una sociedad diversificada y desigual, así como la necesaria integralidad e intersectorialidad de las políticas para hacerse cargo de esa complejidad. En síntesis, se precisa un cambio estructural que significa transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales profundas, sobre las cuales las instituciones tienen que debatir y negociar.

78

Bibliografía Arriagada, Irma y Aranda, Verónica (comps.), Cambio de las familias en el marco de las transformaciones globales: necesidad de políticas públicas eficaces, Santiago de Chile, CEPAL-UNFPA, Serie de Seminarios y Conferencias Nº 42, 2004. Arriagada, Irma, “Estructuras familiares, trabajo y bienestar en América Latina” en I. Arriagada y V. Aranda (comps), Cambio de las familias en el marco de las transformaciones globales: necesidad de políticas públicas eficaces, Santiago de Chile, CEPAL-UNFPA, Serie de Seminarios y Conferencias Nº 42, 2004. ——, Familias latinoamericanas. Diagnóstico y políticas públicas en los inicios del nuevo siglo, Santiago de Chile, Serie de Políticas Sociales Nº57, CEPAL, 2001. ——, “Familias latinoamericanas: convergencias y divergencias de modelos y políticas”, en Revista de la CEPAL Nº65, agosto, Santiago de Chile, 1998. Darcy de Oliveira, Rosiska, Reengenharia do tempo, Rio de Janeiro, Editora Rocco, Idéias Contemporâneas, 2003. Cabella, Wanda, “La evolución del divorcio en Uruguay (1950-1995)” en CEPALCELADE, Notas de Población Nº 67-68, Santiago de Chile, enero-diciembre, 1998. Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Panorama social de América Latina Edición 2004, LC/G.2259-P, Santiago de Chile, 2004. ——, (CEPAL), Panorama social de América Latina Edición 2005, LC/G.2288-P, Santiago de Chile, 2005. González de la Rocha, Mercedes, “México: oportunidades y capital social”, en I. Arriagada, Aprender de la experiencia. El capital social en la superación de la pobreza, Santiago de Chile, Libro de la CEPAL Nº 86, 2005. Lechner, Norbert, “El estado en el contexto de la modernidad”, en N. Lechner, René Millán y Francisco Valdés (coords.), Reforma del estado y coordinación social, México, Plaza y Valdés Editores, 1999.

79

Transformaciones de las familias. Nuevos problemas sociales

Wanda Cabella 

Los cambios recientes de la familia uruguaya: la convergencia hacia la segunda transición demográfica

Introducción Poco más de un siglo después del inicio de la primera transición demográfica, la población uruguaya está embarcada en otro gran proceso de cambio demográfico. En veinte años, todos los indicadores demográficos de la vida familiar experimentaron cambios que condujeron a una imagen muy diferente de las familias que se formaban durante los años setenta. Si las generaciones que alcanzaron su adultez en esos años fueron las protagonistas de la revolución sexual y contraceptiva, la siguiente generación protagonizó lo que Carlos Filgueira (1996) llamó “la revolución de los divorcios”. Esta revolución vino acompañada de otros grandes cambios en las formas de organizar la vida conyugal y reproductiva entre las generaciones que iniciaron su vida conyugal a fines de los años ochenta: también proliferaron las uniones libres y aumentó drásticamente la natalidad extramatrimonial. Más recientemente, el descenso de la fecundidad determinó que en 2004 la tasa global de fecundidad cayera, por primera vez en la historia demográfica uruguaya, por debajo del nivel de reemplazo. Mientras todavía es prematuro afirmar si esta última tendencia se va a mantener, agudizar o incluso revertir, la evidencia respecto al resto de los indicadores del cambio familiar sugiere que las transformaciones ocurridas en la vida conyugal están consolidadas. Ellas son el resultado acumulado de un proceso de cambio que si bien fue repentino y muy rápido, se caracterizó por su persistencia. Visto en el largo plazo, no es posible identificar otro período en la historia de la

80

familia uruguaya del siglo XX en que se registren cambios simultáneos y sostenidos como los que tuvieron lugar en el período reciente. En este sentido, la población uruguaya parece converger hacia el proceso que se ha dado en llamar segunda transición demográfica (STD). Este término fue originalmente concebido por Van de Kaa y Lesthaeghe para dar cuenta del conjunto de cambios que experimentó la familia occidental desde mediados de la década de 1960. Luego del período de recuperación de los nacimientos y matrimonios que siguió a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, caracterizado como una etapa de auge de la familia, los países europeos, seguidos por los Estados Unidos, comenzaron a mostrar significativas modificaciones en diversas variables demográficas concernientes a las relaciones familiares. El divorció aumentó, la nupcialidad comenzó a descender, las uniones consensuales y los nacimientos fuera del matrimonio legal se extendieron y se registró una nueva reducción de la fecundidad, cuyo valor tendió a situarse por debajo del nivel de reemplazo.* Asimismo, se registraron modificaciones en la edad promedio de inicio de la vida conyugal y de la reproducción, cuya tendencia fue el retraso de estas transiciones hacia edades más tardías. En términos generales, las transiciones familiares se volvieron más frecuentes, más complejas y menos previsibles (Lesthaeghe, 1995). La STD trajo aparejada una dosis mayor de flexibilidad en las relaciones conyugales, que vino a oponerse al modelo más o menos predecible que suponía la fuerte centralidad del matrimonio legal y la escasa incidencia del divorcio en las sociedades occidentales del mundo desarrollado. Los deseos de realización individual y una tendencia cada vez más acentuada a la autonomía personal, constituyen los cimientos sobre los que se construyen las relaciones familiares en el marco de la STD. Aun cuando no se dispone en Uruguay de información adecuada para acompañar la evolución de las actitudes hacia los lazos familiares, el comportamiento de los indicadores relativos a la vida conyugal sugiere que Uruguay está efectivamente procesando la STD. En el transcurso de las dos últimas décadas las características de la familia uruguaya experimentaron profundas transformaciones. Estas obedecieron por un lado a la profundización del envejecimiento demográfico, que contribuyó a aumentar la importancia de los hogares unipersonales y de las parejas solas, y por otro, a los cambios vertiginosos en la formación y disolución de las uniones. La des* Para una cronología y periodización de la STD véase Lesthaeghe, 1995.

81

cripción que se presenta aquí se concentra en las transformaciones procesadas en esta última vertiente del cambio familiar.*

Los

cambios en la formación y disolución de las uniones

La formación de las uniones El Gráfico 1 sintetiza las dos grandes tendencias que han tenido lugar en materia de formación de uniones durante los últimos años: el descenso sostenido del número de parejas que optan por el matrimonio y el aumento de la proporción de parejas en unión consensual. Si se observa el eje izquierdo, en el que se representan los valores que adopta la tasa de nupcialidad, se constata que durante el período considerado ésta experimentó una reducción drástica, en 2004 el valor de la tasa alcanza a 5.5, exactamente la mitad de su valor inicial (10.2).** Debe señalarse que ya desde la segunda mitad de los años setenta se registra una tendencia descendiente de la nupcialidad; sin embargo, el ritmo de descenso es notoriamente inferior al ocurrido desde inicios de los años noventa. Entre 1975 y 1989 la variación porcentual de este indicador alcanzó una reducción de 16.5% (de 11.9 a 10.0), mientras que entre 1989 y 2004, la tasa se reduce 47.4%. Cualquiera sea el indicador utilizado, el número absoluto de matrimonios, el indicador sintético de nupcialidad o la tasa de nupcialidad, los datos confirman la importancia del fenómeno y al patrón temporal de descenso: a partir de 1989 comienza un proceso de descenso abrupto de la tasa que sólo se estabiliza once años después, en un valor que apenas supera el 5 por mil.*** *

Para una descripción en detalle de las relaciones entre el cambio demográfico en Uruguay y las variables relativas a la vida familiar, véanse Filgueira (1996) y Paredes (2003b). ** La tasa de nupcialidad expresa el número de matrimonios contraídos anualmente sobre el total de población de 15 y más años de edad en cada año. La elaboración de las tasas ha sido realizada con base en los datos de matrimonios anuales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y las proyecciones de población realizadas por el INE. *** Entre las mujeres, el indicador sintético de nupcialidad pasa de 1.100 en 1975 a 950 en 1989 para situarse en 500 en el año. Paredes, M. 2003a. “Trayectorias reproductivas, relaciones de género y dinámicas familiares en Uruguay”, Tesis doctoral, Departamento de Geografía, Centro de Estudios Demográficos, Universidad Autónoma de Barcelona. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 1970 se registran en el país 23.668 matrimonios, en 1980 este número alcanza a 22.448, en 1990 es 20084 y en 2000 es 13.888.

82

Gráfico 1. Evolución de la tasa de nupcialidad y de las uniones consensuales (Uruguay, 1987-2004)

35

11 10

30

Tasa de nupcialidad (por mil)

8

25

7 20

6 5

15

4 10

% de uniones consensuales

3 2

5

Uniones consensuales en el total de unidos de 14 a 49 años (en %)

Tasa de nupcialidad 9

1 0

0 2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

años

Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas Vitales, Proyecciones de Población y microdatos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE)*

En términos comparativos, el valor actual de la tasa es muy similar al encontrado en países como Francia y Suecia y bastante más bajo al registrado en varios países de América Latina.** Otro aspecto que merece destaque en el comportamiento reciente de la nupcialidad, es su falta de reacción a los factores externos. Durante la mayor parte del siglo pasado, la tasa de nupcialidad presentó oscilaciones cíclicas en respuesta a las coyunturas económicas, registrando aumentos en los períodos de prosperidad y caídas en los ciclos recesivos, pero en general retornando a un valor promedio de 11 o 12 por mil (Cabella et al., 1998). Durante la crisis financiera de * La Encuesta Continua de Hogares es representativa del país urbano. ** De acuerdo a los datos de Eurostat, en 2003 la tasa bruta de nupcialidad, esto es el número de matrimonios por cada mil habitantes, alcanzaba a 4.6 en Francia y a 4.4 en Suecia. En Brasil su valor era 5.8 (IBGE, 2003) y en México 6.6 (INEGI, 2001). En Uruguay la tasa bruta de nupcialidad en 2004 era 4.0 matrimonios por cada mil habitantes. Debe tenerse en cuenta que esta tasa está aún más afectada por la estructura etaria de la población que la tasa de nupcialidad calculada con base a las personas de 15 y más años.

83

1982, por ejemplo, la nupcialidad presentó uno de los valores más bajos de la segunda mitad del siglo XX (Filgueira, 1996). Sin embargo, el período de descenso que inaugura la década de los noventa abre también una fase de insensibilidad de la nupcialidad a las condiciones económicas. Durante los últimos quince años hubo ciclos económicos favorables, particularmente en el primer quinquenio de los noventa, seguidos por una profunda crisis que alcanzó su peor momento en 2002. La falta de respuesta de la tasa de nupcialidad a la sucesión de coyunturas de este período, lleva a pensar que las decisiones matrimoniales de las parejas en la actualidad ya no están tan estrechamente vinculadas con el entorno económico como lo estuvieron en el pasado. La monotonía de la curva puede ser vista entonces como la expresión de un cambio estructural, en cuya base se encuentra la pérdida de primacía del vínculo legal como marco socialmente legítimo de inicio de la vida conyugal. El aumento de las uniones consensuales constituye la contracara del fenómeno descrito.* Su evolución atestigua que el descenso de los matrimonios no es el resultado de la falta de estímulos de las nuevas generaciones para formar uniones, sino la consolidación de la desinstitucionalización de los vínculos conyugales. El matrimonio dejó de ser claramente la forma predominante de entrada en unión. En contrapartida, las uniones libres experimentaron aumentos moderados desde la década del setenta y su ritmo de crecimiento se aceleró durante los últimos años de la década de los ochenta. Pero es en los primeros años de la década de 1990 cuando esta forma conyugal registra un crecimiento vertiginoso. La evolución de la proporción de personas en unión libre respecto al total de unidos entre 15 y 49 años (Gráfico 1, valores en eje derecho), permite constatar la notable expansión de las uniones consensuales a partir de 1992. Si se considera todo el período, en los diecisiete años que transcurren entre 1987 y 2004 la proporción de parejas que opta por la unión libre se triplicó, partiendo del 10% del total de unidos en esas edades, para situarse en 30% en el último año de la serie. Dado que la medida anterior recoge la incidencia de las uniones libres sobre el total de unidos, podría pensarse que el aumento * En este texto los términos “unión de hecho”, “unión consensual” y “unión libre” son utilizados como sinónimos. El gráfico representa el porcentaje de personas entre 15 y 49 años que está en unión libre respecto al total de personas en cualquier tipo de unión en ese mismo tramo de edad. El denominador es entonces la suma de personas casadas y en unión libre entre 15 y 49 años.

84

de estas uniones se debe simplemente al descenso de las uniones legalizadas. Sin embargo, tomando como unidad de medida a las personas, se constata que también la incidencia de la consensualidad ha seguido un patrón similar al observado cuando se considera sólo a las personas en unión. De acuerdo a los datos del censo nacional de población de 1975, la proporción de personas en unión consensual entre 15 y 49 años era 4.6 %; en el censo de 1996 esta proporción alcanza a 12%.

Un análisis del aumento de las uniones consensuales en Uruguay Si bien no se trata de un fenómeno nuevo, la extraordinaria propagación de esta modalidad conyugal en las últimas dos décadas es una de las expresiones centrales del cambio familiar uruguayo de fines del siglo XX. A diferencia de la mayoría de los países europeos, en los que la emergencia de la cohabitación es uno de los rasgos más novedosos del cambio familiar reciente (Kiernan, 2001), el concubinato, como solía ser denominado, fue un práctica conyugal frecuente entre los sectores pobres urbanos y en el medio rural uruguayo (Barrán y Nahum, 1979). Aun así, en el contexto de América Latina, Uruguay integra el grupo de países con niveles bajos de consensualidad (Rodríguez, 2004).* En la actualidad, las uniones consensuales siguen siendo más frecuentes entre los sectores más desfavorecidos: la probabilidad de estar en una unión consensual es más alta entre las personas con menos educación y entre los pobres. Es también un tipo de unión que se encuentra con mayor frecuencia entre los estratos más jóvenes de la población. Lo que resulta novedoso del auge reciente de las uniones consensuales es que también los jóvenes con mayor nivel educativo y los no pobres comenzaron a optar crecientemente por esta modalidad conyugal. Si bien la consensualidad creció en todos los sectores educativos y a todas las edades, su aumento en los años recientes tuvo dos consecuencias: en primer lugar aumentó mucho la probabilidad de estar cohabitando entre las parejas jóvenes y en segundo lugar se redujo significativamente la brecha entre los más educados y los menos educados. * De acuerdo a la clasificación de Quilodrán citada por este autor, Uruguay integra el grupo de países con baja incidencia de la unión libre, en este grupo, la proporción de mujeres entre 15 y 49 años en unión consensual no supera el 20%.

85

En pocos años, este tipo de unión pasó de ser una forma minoritaria entre los jóvenes para transformarse en el tipo de vínculo más frecuente a la hora de iniciar la vida conyugal. En 1991, de las personas que estaban en unión entre los veinte y los veinticuatro años, 22.2% se encontraba en unión consensual, en 2004 esta proporción alcanza a los dos tercios de las parejas (64.1%), y en el grupo quinquenal siguiente (25 a 29 años) la mitad de los que conformaron una unión está en unión libre. Como puede observarse en el Gráfico 2, la incidencia de la unión libre sigue el mismo patrón por edad en los dos años considerados: es más alta en las edades en que se inicia la vida conyugal y decrece a medida que avanza la edad. Sin embargo, mientras que en 1991 el descenso es gradual, en 2004 la caída es vertiginosa hasta los 30-34 años de edad. La brusca caída en las edades centrales a la formación de uniones, sugiere que una parte importante de las uniones consensuales es posteriormente legalizada.* En este sentido, su aumento parece relacionarse con una tolerancia social creciente hacia los vínculos no institucionalizados en las generaciones más jóvenes. La información utilizada, proveniente de las Encuestas Continuas de Hogares, no ofrece la información necesaria para estimar en qué medida se ha expandido la cohabitación prenupcial. Sin embargo, la Encuesta de Situaciones Familiares y Desempeños Sociales (ESF, 2001) revela que la unión consensual como preludio al matrimonio ha crecido en la sucesión de las cohortes matrimoniales y que el aumento ha sido particularmente importante en las promociones formadas a partir de la segunda mitad de la década de 1980. En Montevideo y área metropolitana, 22% de las mujeres casadas entre 1975 y 1984 pasó por una fase previa de cohabitación antes de legalizar el vínculo. Entre las cohortes matrimoniales formadas entre 1985 y 2000, esta proporción ascendía a 46% (Cabella et al., 2005).

* De acuerdo a los datos de ESF el 40% de las uniones comenzadas por la vía consensual habían sido legalizadas antes de alcanzar los cuatro años de duración.

86

Gráfico 2. Proporción de uniones libres en el total de personas unidas entre 15 y 49 años (Uruguay, 1991 y 2004) 90 80

77,9

70 60

40

31,7

30 20

2004

51,5

50 %

1991

64,1

24,2 23,0

22,2

10

15,7

12,9

12,1

0 15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

18,6 10,9 40-44

15,2 9,3 45-49

grupos de edad (años) Fuente: Elaboración propia con base en microdatos de la Encuesta Continua de Hogares.

Cabe preguntarse cuáles han sido las subpoblaciones que contribuyeron al aumento de esta modalidad conyugal y en qué medida su crecimiento refleja comportamientos diferenciales de los distintos estratos sociales. En el Gráfico 3 se presenta información sobre la incidencia de la unión libre en el total de uniones, tomando en cuenta los años estudio acumulados según la edad de las mujeres para los años 1993 y 2004.* El gráfico pone de manifiesto el gran crecimiento de la cohabitación en todos los grupos educativos entre 1991 y 2004.

*

Los varones presentan un comportamiento similar por edad, aunque con niveles levemente superiores a las mujeres.

87

Gráfico 3. Proporción de mujeres en unión libre en el total de unidas según edad y años de estudio (Uruguay, 1991 y 2004) 1991 100 80 60 40 20 0 15-19

20-24

25-29

0-8

30-34 años 9-12

35-39

40-44

45-49

13 y más

2004 100 80 60 40 20 0 15-19

20-24 0-8

25-29

30-34 años 9-12

35-39

40-44

45-49

13 y más

Fuente: Elaboración propia con base en microdatos de la Encuesta Continua de Hogares.

88

La transformación en la modalidad de inicio de la vida conyugal ha sido particularmente grande entre los sectores con mayor nivel educativo. La diferencia en la magnitud del crecimiento de las uniones consensuales entre los estratos educativos trajo como resultado el acortamiento de las distancias entre sectores, particularmente entre las generaciones más nuevas. En 1991 las uniones libres entre los estratos más educados eran estadísticamente invisibles, sólo 6.6% de las mujeres unidas entre 20 y 24 años estaba en unión libre, y 5.8% entre las de 20-29 años. Pocos años después, la probabilidad de que una mujer entre 20 y 24 años con 13 o más años de estudio esté en unión libre es 51.2% y 36.1% en el grupo siguiente. En este estrato educativo, la proporción de mujeres de 20-24 años que estaba en unión consensual era 24.2% en 1991 y alcanza a 67.7% en 2004. Por otro lado, se destaca que el descenso de la unión libre es más temprano cuanto mayor es el nivel educativo. Ello sugiere que entre los sectores más educados, la unión libre se asocia con mayor frecuencia a una fase transitoria, que entre aquellos que presentan escaso nivel educativo. En resumen, la evolución de las uniones libres sugiere que en los últimos años ha habido dos cambios importantes en su tendencia: 1) su carácter de modalidad de inicio de la vida conyugal experimentó crecimientos notables, 2) se han incorporado subpoblaciones que sólo muy marginalmente optaban por este tipo de unión. Cabe destacar que si bien su magnitud queda opacada por el comportamiento de los grupos más jóvenes, este tipo de unión ha crecido en todos los tramos etarios. El significativo aumento de las uniones consensuales pasados los 35 años, parece responder al efecto conjunto del aumento de las rupturas conyugales y a la preferencia por este tipo de unión por parte de las personas que vuelven a conformar pareja. En definitiva y sin desconocer que existen diferencias tanto en las causas como en la valoración de este tipo de unión entre sectores sociales, la evidencia sugiere que se trata en primer lugar de un cambio generacional. En este sentido, esta es una de las pocas dimensiones del cambio familiar uruguayo en la que no se registra polarización social, si se considera la educación como indicador de estratificación social. En efecto, a pesar de que la unión libre aumentó en todos los niveles educativos, la brecha entre los sectores más educados y los menos educados se ha reducido, en función del notable aumento que registraron los jóvenes con alto nivel educativo.

89

Los cambios en la edad a la primera unión La evolución de la edad a la que las personas entran en unión está también en línea con las tendencias descritas en las sociedades que están transitando la segunda transición demográfica. La edad media al matrimonio de las solteras, tomada como indicador del calendario de la primo-nupcialidad, registró un aumento de dos años entre 1990 y 2002, situándose en 27 años. Entre los varones el aumento fue similar y prácticamente alcanzó los 29 años. Cuadro 1. Indicadores de edad al matrimonio de las personas solteras según sexo (Uruguay, 1993 y 2002)

Mujeres Varones 1993 2002 1993 2002 Edad media al matrimonio 24.5 26.7 27.0 28.8 Grupos de Distribución de solteras y solteros edad según edad al momento del casamiento 34 Total

27.3 37.6 20.8 7.0 7.3 100

15.1 31.0 31.6 13.0 9.3 100

8.7 38.9 31.,4 11.3 9.7 100

3.3 31.0 34.6 17.3 13.8 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadísticas.

La amplitud de los cambios en el calendario de la nupcialidad de las nuevas generaciones se aprecia también en las diferencias en la distribución por edad de los contrayentes solteros. En el correr de la última década disminuyó sensiblemente la proporción de mujeres y varones que se casó a edades tempranas y aumentó la participación de los contrayentes en los grupos superiores de edad. Dado que el aumento de las uniones consensuales ha tenido la importancia ya reseñada en la sección anterior, cabe preguntarse en qué medida el rezago en la edad de inicio de la vida conyugal se restringe sólo a aquellos que optan por la vía legal. A efectos de dar cuenta de los cambios en el calendario de las uniones, independientemente de la naturaleza del vínculo (legal o de hecho), en el cuadro siguiente se presenta la evolución de la proporción de solteros en el grupo 25 a 29 años. La información surge de la Encuesta Continua de Hogares.

90

Cuadro 2. Porcentaje de personas solteras a los 25-29 años según años de educación (Uruguay, 1991 y 2004) Mujeres Varones Años de educación 0-8 9-12 13 y + Total

1991 21.1 28.3 44.0 29.1

2004 25.3 35.9 57.5 40.0

Diferencia 4.2 7.6 13.5 10.9

1991 35.0 41.5 55.4 42.8

2004 47.9 49.7 69.4 54.1

Diferencia 12.9 8.2 14.0 11.3

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas.

En el conjunto de la población comprendida entre los 25 y 29 años, se observa que tanto entre los varones como entre las mujeres la soltería aumentó once puntos porcentuales entre 1991 y 2004. Este indicador registra aumentos en todos los estratos educativos, pero revela diferencias significativas en función del número de años de estudio: el aumento de la proporción de solteras a esas edades ha sido muy escaso entre las que no superaron el primer ciclo de secundaria, un poco mayor en el estrato educativo siguiente y mucho más importante entre las que accedieron a la educación superior. Entre los varones, se encuentra que no existe una relación lineal en la evolución de la proporción de solteros y la educación. En particular, llama la atención el aumento registrado entre los varones del estrato inferior. Dado que el trabajo continúa siendo uno de los imperativos masculinos para formar uniones, una posible explicación podría residir en la acentuación de las dificultades de inserción en el mercado laboral de las personas con escaso capital educativo durante la década de los noventa (Amarante y Arim, 2003). Este diferencial se confirma con los datos de la Encuesta de Situaciones Familiares y Desempeños Sociales (ESF); a partir de esta información se constata que existe en las nuevas generaciones una distancia de cuatro años en la edad mediana al contraer la primera unión (legal o de hecho) entre las mujeres que alcanzaron primaria y las que realizaron estudios terciarios, siendo el valor de este indicador de 21 y 25 años respectivamente. En el cuadro siguiente se puede observar que mirado desde la perspectiva de la pobreza existen también profundas diferencias de calendario en la transición a la vida conyugal de varones y mujeres.

91

Cuadro 3. Porcentaje de personas en unión legal o consensual según sexo, edad e incidencia de la pobreza (Uruguay, 2004)* Grupo de Mujeres Varones edad No pobres Pobres No pobres Pobres 15-19 5.4 9.2 1.8 2.6 20-24 22.0 39.0 11.8 26.0 25-29 45.5 59.6 36.0 59.4 30-34 68.1 74.3 59.3 74.7 35-39 72.5 73.3 74.5 81.6 40-44 71.6 71.8 77.1 86.1 45-49 68.6 68.3 78.7 87.5 Total 50.4 53.1 46.5 52.1 Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Continua de Hogares.

A los 20-24 años la proporción de mujeres pobres que está en algún tipo de unión es prácticamente el doble de las mujeres que se encuentran por encima de la línea. Entre los varones el comportamiento es similar, aunque se observa una distancia aún mayor en la probabilidad de estar en unión a esas edades entre pobres y no pobres.

La evolución del divorcio y las separaciones conyugales El crecimiento de las separaciones conyugales y los divorcios constituye uno de los fenómenos más notables de la evolución reciente de las relaciones familiares. Hasta mediados de la década de 1980 el nivel de divorcio presentaba valores relativamente moderados, sin embargo, a instancias de su evolución reciente, Uruguay integra el conjunto de países con tasas altas de divorcio. En el gráfico siguiente se presenta el comportamiento del Indicador Coyuntural de Divorcialidad (ICD) entre 1975 y 2002.

* La estimación de pobreza utilizada ha sido elaborada por la economista Andrea Vigorito con base en los datos de la Encuesta Continua de Hogares y de acuerdo a la línea de pobreza del Instituto Nacional de Estadística de 1997.

92

Gráfico 4. Evolución del Indicador Coyuntural de Divorcialidad (Uruguay, 1975-2002) 50 ICD

45

5 per. media móvil (ICD)

40 35

ICD (en %)

30 25 20 15 10 5 0

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

años

Fuente: Elaboración propia con base en información de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadística.

En el transcurso del período considerado, el ICD se duplicó: mientras que en 1975 las condiciones del momento auguraban que poco más de 16 de cada 100 matrimonios concluirían en divorcio, en 2002 este indicador revela que si las tasas de divorcio por duración del matrimonio se mantuvieran constantes, 34 de cada cien matrimonios serán disueltos por divorcio. Es posible distinguir tres fases en la evolución del ICD: la primera de ellas se extiende hasta 1984 y se caracteriza por la relativa estabilidad del ICD, el mismo oscila en torno el valor inicial (17%). A partir de 1985 comienza la segunda fase, que inaugura un período de crecimiento vertiginoso del ICD, cuyo resultado es prácticamente la duplicación de los valores promediales de la fase anterior, los que entre 1990 y 1994 oscilan en torno a 30%.* A partir del segundo quinquenio de la década de los noventa, comienza una nueva fase de estabilidad; durante esta tercera fase, el ICD se consolida e incluso * Los valores extremadamente altos que se observan en 1991 y 1992 deben ser tomados con cautela, ya que están afectados por el gran aumento en el registro provocado por la agilización de los procesos judiciales. En ese año entra en vigencia el juicio oral, que suplanta el antiguo procedimiento escrito.

93

experimenta crecimientos moderados. En los tres últimos años de la serie, el indicador coyuntural augura que cerca de treinta y cuatro de cada cien matrimonios celebrados en esos años concluirán en divorcio. A modo de comparación, en Francia el ICD en el año 2002 era 38.3, en el Reino Unido 42.6 y en Suecia 54.9% (Sardon, 2002). Asimismo, cabe consignar que se ha registrado un fuerte aumento de las rupturas legales a duraciones cortas y muy cortas. La intensidad del divorcio en las cohortes matrimoniales permite apreciar que no sólo el divorcio se ha vuelto una práctica cada vez frecuente, sino que la duración del vínculo matrimonial tiende a ser menor cuanto más reciente es la cohorte de matrimonio. El 13% de los casados en 1995 ya había disuelto su unión antes de cumplir siete años de vida en común, en tanto que a la cohorte conformada en 1975 le llevó más del doble de tiempo (dieciséis años) acumular la misma cantidad de disoluciones. La evolución del divorcio legal ofrece una visión parcial de los niveles de ruptura que experimentó la sociedad uruguaya en los últimos años en la medida que las separaciones de uniones consensuales no son objeto de registro administrativo. En los párrafos que siguen se presenta información que da cuenta de la evolución cuantitativa de las personas que se encuentran separadas o divorciadas en 1991 y en 2004. En primer lugar se observa que la proporción de personas fuera de unión a causa de una ruptura, aumentó en el total de la población comprendida en las edades consideradas, tanto entre los varones como entre las mujeres. Sin embargo, el aumento es el resultado de la evolución ocurrida particularmente en las edades superiores a los 35 años. Mientras que en los grupos más jóvenes se observa o bien la reducción del número de personas separadas o bien aumentos exiguos, entre las personas maduras se registran aumentos considerablemente más importantes. En principio cabe suponer que en la medida que aumentó la edad a la primera unión, la reducción o la estabilidad encontrada entre los más jóvenes es consecuencia de una transición más tardía hacia el inicio de la vida conyugal entre las generaciones recientes. Por otro lado, hay que considerar que cuanto más jóvenes son los individuos más alta es la probabilidad de que vuelvan a conformar otra unión y por lo tanto es más improbable que sean capturadas en la categoría “separado o divorciado”. Considerando que hubo un aumento de las rupturas a duraciones cortas, la información de corte transversal no es la más adecuada para capturar la evolución de las rupturas conyugales entre las

94

generaciones más jóvenes. Pasados los 35 años, la probabilidad de reconstitución disminuye sensiblemente, por lo que la instantánea que se obtiene a partir de la ECH refleja con menores distorsiones el aumento en el nivel de las disoluciones conyugales. Cuadro 4. Porcentaje de personas separadas y divorciadas según sexo y edad (Uruguay, 1991-2004) Grupo de Mujeres Varones edad 1991 2004 1991 2004 20-24 1.2 0.6 2.8 2.5 25-29 2.2 2.0 5.3 6.2 30-34 4.3 4.4 7.7 9.8 35-39 3.7 6.4 9.0 12.3 40-44 5.5 8.0 12.4 15.5 45-49 5.7 9.7 11.7 16.6 50-54 5.8 9.7 11.5 18.9 Total 4.0 5.6 8.5 11.6 Fuente: Elaboración propia con base en información de la Encuesta Continua de Hogares.

Como se desprende del cuadro anterior, a partir de los 35 años la proporción de personas fuera de unión a causa de una ruptura experimenta aumentos de mayor orden, al punto que en el último grupo quinquenal se registra su virtual duplicación. En lo que atañe a las diferencias de nivel entre ambos sexos, la variación porcentual más pronunciada entre los varones a partir de los 35 años, ha dado lugar a una reducción de la brecha entre varones y mujeres en el lapso de la última década. Aun así, es significativamente mayor la representación femenina en esta categoría. A los 50-54 años, uno de cada diez varones vive fuera de una unión conyugal a consecuencia de la ruptura conyugal, en tanto un quinto de las mujeres declara estar en esta situación.

Las

tendencias de la fecundidad y de la edad a la maternidad

La evolución de la fecundidad A diferencia de lo ocurrido en la mayoría de los países de América Latina, los cambios propios de la primera transición demográfica tuvieron lugar en Uruguay a fines del siglo XIX y principios del XX. La precocidad de este proceso determinó que a mediados de la década del sesenta la fecundidad y la mortalidad alcanzaran niveles

95

bajos, continuando posteriormente su proceso de descenso de forma paulatina, aunque a un ritmo muy menor al registrado durante la primera mitad del siglo (Pellegrino, 2003). Al promediar el siglo XX, la fecundidad había alcanzado el nivel de tres hijos por mujer. Entre 1975 y 1985 la tasa desciende a 2.5 y se mantiene inalterada durante la década siguiente de acuerdo a la estimación obtenida con la base poblacional del censo de 1996 (2.51 hijos por mujer). El valor de la tasa global de fecundidad (TGF) estimada por el Instituto Nacional de Estadística en 2004, año en que se realiza un recuento de población, es 2.08. Si se toma en cuenta la moderada reducción que experimentó este indicador durante la segunda mitad del siglo XX, puede sostenerse que la última década fue el escenario de una reducción significativa de la fecundidad. De hecho, en 2004 la tasa cae por debajo del nivel de reemplazo por primera vez en la historia de la fecundidad uruguaya. Dado que la TGF es un indicador coyuntural habrá que observar el comportamiento de los próximos años para determinar si se trata de una tendencia sostenida, pero, considerando que la reducción anual ha sido constante en los ocho años de la serie estudiada, es factible que la TGF se estabilice en un nivel levemente inferior al reemplazo poblacional o que continúe incluso su camino de descenso. Cuadro 5. Evolución de la tasa global de fecundidad (Uruguay, 1996-2004)

Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

TGF 2.51 2.47 2.30 2.28 2.23 2.20 2.22 2.18 2.08

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Cabe señalar que se registran profundas diferencias sociales y territoriales en el comportamiento reproductivo uruguayo. Diversos autores han interpretado la escasa reducción de la fecundidad uruguaya durante la década que transcurre entre 1985 y 1996 como el resultado de comportamientos reproductivos diferenciales de las distintas subpoblaciones (Calvo, 2002; Paredes y Varela, 2005; Pellegrino, 2003; Varela, 2004). Enfatizando distintos aspectos, estos

96

trabajos señalan que las tendencias de la fecundidad por edad, por nivel educativo, según necesidades básicas o inserción laboral de las madres, presentaron grandes diferencias dependiendo de los sectores considerados. Así, en estos trabajos se concluye que las mujeres con bajo nivel educativo, las que no trabajan y las más pobres, tienen una fecundidad más alta y más temprana que las mujeres que presentan mejores desempeños sociales.

La evolución de la natalidad extramatrimonial También el contexto conyugal de la reproducción presentó cambios de considerable magnitud en esta última década. Durante la mayor parte del siglo XX la proporción de nacimientos ocurridos fuera del matrimonio legal fluctuó entre 20% y 30% respecto al total de nacimientos anuales. Las décadas de 1950 y 1960 constituyen un período de gran estabilidad y baja frecuencia de la natalidad extramatrimonial, cuyo valor permanece casi estático en torno a 20%. Durante los años setenta alcanza promedialmente 23% de los nacimientos y aumenta a 28% en el promedio de los años ochenta. Su crecimiento, que comienza a notarse a partir del segundo quinquenio de la década de 1980, hace eclosión en la década siguiente, en la que el promedio decenal muestra que 45% de los nacimientos ocurrió al margen de matrimonio legal. En 1990 los nacimientos extramatrimoniales representaban 31.5% del total de nacidos vivos, en el año 2000 ya son el 48%. Si se recuerda el patrón temporal de aumento de las uniones consensuales, resulta evidente que el crecimiento de los nacimientos “ilegítimos” es el correlato, en la esfera de la reproducción, de los cambios producidos en el ámbito de las relaciones conyugales. Cuadro 6. Nacimientos según estado civil de la madre (Uruguay, años seleccionados) Estado civil 1993 Casadas 64.4 Solteras 17.8 Unión libre 14.7 Otro 3.1 Total en unión 79.1

Año 1999 47.0 19.4 31.2 2.5 78.1

2002 44.4 19.9 33.3 2.3 77.8

Fuente: Elaboración propia con base en microdatos de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud Pública.

97

En consecuencia, el aumento de la natalidad extramatrimonial no es el resultado de un recrudecimiento de la maternidad “soltera”. Como puede observarse en el Cuadro 6, la proporción de nacimientos de madres que están fuera de unión se mantiene estable en los tres años considerados, en cuanto se produce un fuerte descenso de la proporción de nacimientos ocurridos de madres casadas, compensado por el aumento de los nacidos de uniones de hecho. A partir de este tipo de información no es posible saber en qué medida las parejas legalizan su unión una vez ocurrido el nacimiento, pero sí parece claro que el matrimonio ya no es un requisito necesario para dar inicio a la vida reproductiva para sectores cada vez más importantes de la población.

La edad a la maternidad El aumento de la edad a la maternidad es uno de los indicadores más reveladores del cambio en las actitudes frente a la vida familiar que caracteriza a la STD, en tanto se interpreta como un reflejo de la renuencia de las nuevas generaciones a asumir tempranamente compromisos familiares que puedan interferir con su desarrollo personal. En este sentido, el retraso de la vida reproductiva ha sido visto como el aplazamiento de la etapa de inversión en el cuidado de la próxima generación. En los países desarrollados son excepcionales los casos en los que la edad promedio al primer hijo está por debajo de los 24 años y en la mayor parte de estas sociedades este indicador sobrepasa los 28 años (Van de Kaa, 2002). La información provista por las encuestas de hogares y los censos uruguayos no permite evaluar cuál ha sido la tendencia observada en Uruguay en el terreno de la transición a la maternidad. El valor de este indicador puede ser estudiado, sin embargo, a partir de fuentes alternativas, aunque no es posible evaluar su tendencia en la sucesión de generaciones. La ESF reveló por ejemplo que la edad promedio a la maternidad de las mujeres montevideanas que en 2001 tenían entre 45 y 54 años se situaba en los 25.1 años; la encuesta Género y Generaciones, realizada en 2004, mostró que en ese mismo grupo de edad, pero en este caso para el total del país la edad promedio alcanzaba los 24.5 años. El análisis de las estadísticas continuas de nacimientos permite evaluar las características de las mujeres que tuvieron su primer

98

hijo en distintos años calendario.* Debe tenerse en cuenta que esta información no da cuenta del comportamiento de la población femenina en general, sino de la edad promedio a la maternidad de aquellas mujeres que pasaron a la condición de madres en cada año seleccionado. Esto es, refleja la edad a la maternidad de las mujeres que efectivamente fueron madres en ese año, pero permanecen inobservadas aquellas mujeres que no han tenido su primer hijo en ese año, por lo cual el valor obtenido va a ser diferente al observado por las cohortes al final de la etapa reproductiva. De todos modos, si la edad a la maternidad experimenta aumentos entre las generaciones, es esperable encontrar que aumente la edad media de las mujeres que tienen su primer hijo a medida que avanza el tiempo. En el Cuadro 7 se compara la edad media de las mujeres que tuvieron su primer hijo en 1993 y en 2002. En primer lugar se observa que los cambios han sido muy escasos en el transcurso de la última década, si se considera el total de las madres en cada año. La edad media en ambos años está muy próxima a los 23 años. Se presenta además en este cuadro, la edad media de las madres según el nivel educativo que habían alcanzado al momento del parto. El tipo de información utilizada no permite extraer inferencias acerca de las diferencias de nivel observadas entre estratos en un mismo año calendario, ya que por definición aquellas que tienen su primer hijo en un año dado antes de alcanzar, por ejemplo, los veinte años, no pueden haber completado el nivel terciario. Inversamente, aquellas que al momento de tener su primer hijo habían completado la universidad, deben haber sobrepasado por lo menos los 22 o 23 años. De modo que la comparación sólo es válida si se contrasta el valor de la edad a la maternidad a igual nivel educativo en los dos años considerados. El objetivo es entonces determinar si se registran cambios en el inicio a la maternidad a igual nivel educativo y analizar si estos cambios redundan en el acortamiento o ensanchamiento de las diferencias entre sectores educativos con el paso del tiempo.

* Los microdatos de nacimientos incluyen variables que permiten determinar cuántos hijos nacidos vivos han tenido las mujeres antes del nacimiento que está siendo registrado en ese año calendario.

99

Cuadro 7. Edad media de las mujeres que tuvieron su primer hijo en 1993 y 2004 según nivel educativo alcanzado al momento del parto (Uruguay)* Nivel educativo Media obs. Muy bajo 20.8 Bajo 21.6 Medio 25.4 Alto 28.4 Total 22.9 Nivel educativo Media obs. Muy bajo 20.0 Bajo 21.7 Medio 26.6 Alto 30.1 Total 23.6

1993 Media (N)(+) 20.4 21.1 21.5 21.7 25.3 25.6 28.2 28.6 22.8 23.0 2004 Media (N)(+) 19.6 20.4 21.6 21.8 26.4 26.8 29.9 30.3 23.5 23.7

Sesgo 0.006 0.257 -0.015 0.000 0.001

Error estándar

Sesgo -0.003 0.002 -0.001 -0.001 0.001

Error estándar

0.19 0.47 0.77 0.11 0.038 0.193 0.051 0.087 0.102 0.046

Fuente: Elaboración propia con base en microdatos de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud Pública. (+) Con 95% de confianza, 1000 replicaciones de tamaño igual al n muestral, utilizando bootstraps. Muy bajo: sin instrucción o primaria incompleta; bajo: primaria completa o secundaria o UTU incompleta; medio: secundaria o UTU completa o superior incompleta; alto: universidad completa.

La comparación de medias a igual nivel educativo revela que entre las mujeres que al momento del nacimiento de su primer hijo nacido vivo no alcanzaron a completar la primaria, la edad promedio de la maternidad ha descendido aunque esta reducción no alcanza a un año. En el estrato bajo, en el que están representadas las madres primerizas que no habían culminado la secundaria, la edad media se mantuvo incambiada, en 21.6 años. Mientras tanto, entre las madres de los estratos educativos superiores se observa una tendencia al aumento en que se produce el inicio de la etapa reproductiva, que alcanza a un año entre las mujeres del nivel medio y supera un año entre aquellas que culminaron la universidad. En resumidas cuentas, el estancamiento de la edad a la maternidad durante este período puede interpretarse entonces como la “suma cero” de los comportamientos de distintos grupos sociales. En consecuencia, y quizá éste sea el resultado más destacable en lo que refiere al calendario de la reproducción, se ha producido * En 1993 se produjeron 55.953 nacimientos, la muestra corresponde a 20.635 nacimientos de madres primíparas. En 2004 el total de nacimientos alcanzó a 50.052 y 17.760 fueron nacimientos de primer orden.

100

un ensanchamiento de la brecha en la edad a la maternidad entre sectores educativos: si en 1993 la distancia entre el estrato más bajo y el superior era de 7.6 años a favor de las más educadas, en 2002 esta distancia alcanza 10.1 años. Entre las universitarias y aquellas que no completaron la secundaria se ha producido un aumento de la distancia de orden similar. En el gráfico siguiente se presenta la distribución por edad y nivel educativo de las madres en los dos años considerados. Gráfico 5. Distribución de las madres al nacimiento del primer hijo según edad y nivel educativo (1993 y 2004) Edad al primer hijo (Madres 1993) 60 50

%

40 30 20 10 0

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

grupos de edad (años)

Edad al primer hijo (Madres 2004) Hasta secundaria incompleta Secundaria completa o superior incompleta Superior completa

60 50

%

40 30 20 10 0

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

grupos de edad (años) Hasta secundaria incompleta Secundaria completa o superior incompleta Superior completa

Fuente: Elaboración propia con base en microdatos de nacimientos de Ministerio de Salud Pública.

101

La edad a la maternidad está en relación con otra serie de transiciones anteriores, como la permanencia en el sistema educativo, la entrada al mercado de trabajo y la entrada en unión. Así, el aplazamiento del inicio de la etapa reproductiva está asociado a un mayor nivel educativo de las mujeres, mayores tasas de actividad femenina y también a una mayor estabilidad de las familias (Hobcraft y Kiernan, 1999; McLanahan, 2004). La dilación en la edad a la maternidad es usualmente tomada como un indicador de bienestar femenino, en el sentido que se interpreta como la renuencia a asumir compromisos familiares en pos de la adquisición de capital educativo y de una inserción más sólida en el mercado laboral. Por otro lado, se entiende que redunda en un mayor bienestar de la situación económica de los niños, en el sentido de que los padres están en mejores condiciones para lograr el acceso a recursos económicos que les permita afrontar los costos de la crianza. El gráfico anterior revela que los estímulos para rezagar la maternidad han influido profundamente la decisión del momento en que interviene el inicio de la etapa reproductiva entre las mujeres más educadas. Entre aquellas que culminaron estudios universitarios se observa que el aplazamiento de la edad a la maternidad ha implicado un cambio en la forma de la cúspide: diez años atrás la mayoría de estas mujeres concentraban la transición a la maternidad en el grupo 25-29 años, en 2002 la proporción de madres universitarias que tiene su primer hijo entre los 30-34 años es la misma que la observada en el grupo 25-29. Un cambio similar, aunque menos pronunciado, se produce entre las que terminaron secundaria y eventualmente comenzaron estudios de nivel superior, entre estas mujeres la edad cúspide a la maternidad se desplaza desde los 2024 años hacia el grupo siguiente. A diferencia de las mujeres que lograron acumular mayor capital educativo, no se observan cambios en la edad a la maternidad entre aquellas que no terminaron la enseñanza secundaria. En resumen, si se relacionan estos resultados con los cambios en la edad al inicio de las uniones, se observa que en el total de la población, durante la última década se ha registrado una tendencia a posponer la edad de inicio de la vida conyugal. Esta tendencia no ha sido acompañada por el retraso en la edad al primer hijo si se consideran las mujeres en su conjunto, con los recaudos que exigen las limitaciones de los datos utilizados para analizar este último indicador. Sin embargo, los escasos cambios registrados en el retraso

102

a la edad de entrada en unión de las mujeres con menos educación están en línea con la ausencia del retraso a la maternidad entre las mujeres poco educadas. Si bien no resultan llamativas las grandes diferencias de calendario entre sectores sociales respecto a las transiciones conyugales y reproductivas, sí resulta preocupante que estas diferencias se hayan profundizado, dando lugar a una mayor polarización social en este terreno de la vida familiar.

¿Hay

segunda transición demográfica en

Uruguay?

El análisis de los indicadores relativos a la vida familiar no deja lugar a dudas respecto a la magnitud del cambio que ha tenido lugar en el pasado muy reciente. De la misma manera que ningún demógrafo dudaría en rotular de “transición demográfica” al pasaje de un régimen de altas tasas de natalidad y mortalidad hacia otro caracterizado por niveles bajos de natalidad y mortalidad, la dirección y la magnitud del conjunto de indicadores considerados, no dejan dudas respecto a la convergencia de Uruguay hacia la STD. De modo que si nos atenemos a una definición que contemple la STD como la expresión estilizada de la regularidad empírica del cambio familiar de fines del siglo XX, se puede afirmar que Uruguay se ha incorporado a este nuevo proceso de cambio poblacional. ¿Puede decirse que el cambio responde a transformaciones en las “orientaciones de valores” que predice la STD? Es probable que el cambio familiar esté en parte liderado por crecientes aspiraciones de autonomía individual y de igualdad de género, de la misma manera que puede decirse que en amplios sectores de la sociedad prevalecen fuertes rasgos patriarcales. Sin lugar a dudas, este proceso tiene lugar en el marco de una sociedad desigual, empobrecida y con crecientes síntomas de exclusión social. Baste considerar las distancias recién señaladas respecto al inicio de la vida reproductiva, las que dan cuenta no sólo de las diferencias en el calendario de las transiciones a la vida adulta, sino de la bifurcación de los modelos reproductivos en función de las oportunidades encontradas tanto en el sistema educativo como en el mercado laboral. En Uruguay los retornos de la educación fueron particularmente importantes en las dos últimas décadas y han jugado un rol preponderante en la agudización de las brechas de ingreso, si a ello se suma que la tasa de actividad, la precariedad en el trabajo y la informalidad presentan marcadas diferencias en función del nivel educativo (Amarante y Arim, 2003), parece obvio que las transiciones

103

que implican el abandono precoz del sistema de enseñanza, comprometen el bienestar económico de los individuos y de su progenie.* En consecuencia, si bien las últimas décadas se han caracterizado por la elevación de los años de estudio de la población y por el aumento de las tasas de participación laboral femenina, dos tendencias que seguramente favorecieron la expansión de valores igualitarios y fomentaron la autonomía individual, también es cierto que persisten fuertes diferencias sociales y que la pobreza aumentó en los últimos años (PNUD, 2005). Parece entonces innegable que el cambio familiar en Uruguay tiene lugar en un fuerte contexto de polarización social y demográfica. Sin embargo, ¿significa esto que algunos sectores permanecen inmunes al proceso de difusión de los valores asociados a la STD? En un trabajo reciente sobre la importancia de los factores ideológicos en la adopción de distintos comportamientos familiares en Uruguay (cohabitación, trayectorias conyugales complejas, división sexual del trabajo), Peri concluye que aun controlando por edad, educación y nivel de bienestar económico, se encuentran diferencias significativas en la propensión femenina a adoptar comportamientos modernos en función de sus actitudes frente a la igualdad de género, a la regulación institucional de las relaciones conyugales y a la tolerancia a la diversidad sexual. De acuerdo a estos resultados, las elecciones relativas a las formas de conyugalidad no constituyen enteramente respuestas adaptativas al entorno socioeconómico, sino que están mediadas por procesos de conciencia en todas las posiciones de la estructura social (Peri, 2003). Si bien es necesario contar con más información sobre los cambios en las actitudes y valores de la población uruguaya y sobre el significado de las transformaciones familiares en el espectro social, los indicios aportados por la investigación reciente sugieren que existe conexión entre la difusión de ideas menos convencionales y la adopción de nuevos estilos de vida familiar. Una de las ventajas de asumir que la sociedad uruguaya ha entrado en un nuevo régimen demográfico, basado en la precariedad de las relaciones conyugales, es que permitirá revisar la pertinencia de los mecanismos institucionales de protección a los diferentes miembros de las familias a la luz de la experiencia de los países que han * De acuerdo a estos autores, en 2002 la tasa de actividad de las personas que habían terminado la primaria era 45.7, frente a 84.8 de las que habían completado estudios universitarios.

104

tenido que ajustar sus marcos legales e institucionales en función de los cambios producidos en el ámbito de la familia. A modo de ejemplo, y para finalizar, baste considerar las consecuencias del aumento de las rupturas conyugales sobre el bienestar para amplias capas de la población. La evidencia es unánime respecto a que el divorcio tiene consecuencias económicas negativas para la vida de las mujeres y los niños. Para el caso de Uruguay, la vulnerabilidad económica de los niños es quizá uno de los aspectos más preocupantes en un contexto de creciente infantilización de la pobreza (PNUD, 2005). Si bien no hay medios para evaluar cuál ha sido el papel jugado por los cambios en la familia en el aumento de la pobreza infantil, es razonable pensar que la inestabilidad familiar tiende a profundizar las desventajas de los pobres. La pérdida de un aportante (total o parcial) para los hogares pobres, que son además los que concentran mayor cantidad de niños, sumada a la pérdida de economías de escala, es probablemente determinante para la supervivencia de esos hogares. De acuerdo a las cifras arrojadas por la ESF, 58% de los padres separados no realiza ningún aporte al hogar donde vive su ex cónyuge y cuanto menor es el nivel de ingresos de los padres, cuanto más precaria su inserción en el mercado de trabajo, menor es la probabilidad de que el padre cumpla con sus obligaciones financieras después de la ruptura (Bucheli y Cabella, 2005; Bucheli, 2003). Se desprende que son las mujeres en peores condiciones económicas las que se ven más perjudicadas por la pérdida de un aportante cuando ocurre la ruptura. Y aunque es improbable que la pensión que transfiera un padre con escasos recursos a un hogar que seguramente era pobre antes de la ruptura logre sacar a ese hogar de la pobreza, la evidencia muestra que si el padre contribuye económicamente, sus hijos tienen la misma probabilidad pertenecer a un hogar con bajo nivel de bienestar que los niños y adolescentes que viven en hogares biparentales. Si por el contrario, el padre se desentiende de la manutención de sus hijos cuando deja de convivir con ellos, se duplican sus chances de pertenecer a un hogar con bajo nivel de bienestar económico (Bucheli y Cabella, 2005). El nivel de incumplimiento en Uruguay no difiere del registrado hace veinte años en los países europeos y en el mundo anglosajón cuando ya era alta la frecuencia del divorcio. En éstos, una proporción de varones que variaba entre 50 y 60% desatendía el bienestar económico de sus hijos al interrumpirse su convivencia (Kunz et al., 1999; Meyer, 1996). En estos países se ha revisado la legislación y

105

la institucionalidad relativa a las pensiones alimenticias y se han puesto en andamiento una serie de programas de política pública orientados no sólo a mejorar el cumplimiento sino a evitar los riesgos de exclusión del padre cuando ocurre un divorcio. Los resultados han sido variados, pero en muchos de ellos se ha logrado reducir a la mitad el nivel de incumplimiento.

Bibliografía Amarante, Verónica y Arim, Rodrigo, “Mercado laboral en Uruguay, 1986-2002”, Informe preparado para OIT, 2003, pp. 79. Barrán, José Pedro y Nahum, Benjamín, El Uruguay del novecientos, Montevideo, Banda Oriental, 1979. Bucheli, Marisa y Cabella, Wanda, “El incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias, el bienestar de los hogares y el contexto legal vigente en Uruguay” en Asignaciones familiares, pensiones alimenticias y bienestar de la infancia en Uruguay, UNICEF, 2005. Bucheli, Marisa, “Transferencias y visitas entre padres e hijos no corresidentes Montevideo”, en Nuevas Formas de Familia. Perspectivas nacionales e internacionales, Montevideo, Udelar-UNICEF, 2003, pp. 163-182. Cabella, Wanda, Paredes, Mariana y Pellegrino, Adela, “La familia desde la perspectiva de la demografía”, en Documentos de Trabajo Nº 41, Montevideo, Unidad Multidisciplinaria-Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de la República, 1998.

106

Cabella, Wanda, Perí, Andrés y Street, María Constanza, “¿Dos orillas y una transición? La segunda transición demográfica en Buenos Aires y Montevideo en perspectiva biográfica”, en Susana Torrado (directora), Trayectorias nupciales, familias ocultas. Buenos Aires, entresiglos, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2005, pp. 207-231. Calvo, Juan José, “Las necesidades básicas insatisfechas en Montevideo”, en Documentos de Trabajo Nº 59, Montevideo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 2002, pp. 23. Filgueira, Carlos, Sobre revoluciones ocultas. La familia en el Uruguay, CEPAL, 1996. Hobcraft, John y Kiernan, Kathleen, “Childhood Poverty, Early Motherhood and Adult Social Exclusion”, en Case Paper Nº 28, Londres, London School of Economics, 1999, pp. 41. Kiernan, Kathleen, “The Rise of Cohabitation and Childbearing Outside Marriage in Western Europe”, International Journal of Law, Policy and the Family 15, 2002, pp. 1-21. Kunz, Jim, Villeneuve, Patrick y Garfinkel, Irwin, “Child Support Among Selected OECD Countries. A Comparative Analysis”, en Luxembourg Income Study, 1999. Lesthaeghe, Ronny, “The Second Demographic Transition in Western Countries. An interpretation”, en Gender and Family Change in Industrialized Countries, Karen Oppenheim Mason y An-Magritt Jensen (editores), Clarendon, 1995, pp. 17-62. McLanahan, Sara, “Diverging Destinies. How Children are Faring under the Second Demographic Transition”, Demography 41 (4), 2004. Meyer, Daniel R. y Bartfeld, Judi, “Compliance with child support orders in divorce cases”, Journal of Marriage and the Family 58, 1996, pp. 201-212. Paredes, Mariana, “Trayectorias reproductivas, relaciones de género y dinámicas familiares en Uruguay”, Departamento de Geografía, Centro de Estudios Demográficos, Universidad Autónoma de Barcelona, 2003a, pp. 364. —— “Los cambios en la familia en Uruguay: ¿Hacia una segunda transición demográfica?”, en Nuevas Formas de Familia. Perspectivas nacionales e internacionales, Udelar/UNICEF, 2003b, pp. 73-102 . Paredes, Mariana y Varela Carmen, “Aproximación socio-demográfica al comportamiento reproductivo y familiar en Uruguay”, en Documento de Trabajo Nº 67, Montevideo, Unidad Multidisciplinaria, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 2005. Pellegrino, Adela, Caracterización demográfica del Uruguay, Montevideo, UNFPAFacultad de Ciencias Sociales-Universidad de la República, 2003. Peri, Andrés, “Dimensiones ideológicas del cambio familiar”, en Nuevas Formas de Familia. Perspectivas nacionales e internacionales, Udelar/UNICEF, 2003, pp. 141-162 PNUD, Desarrollo Humano en Uruguay 2005. Hacia una estrategia de desarrollo basada en el conocimiento, 2005. Rodríguez, Jorge, “Tendencias y diferencias en los patrones de cohabitación en Chile, México y Panamá”, Papeles de Población 10 (40), 2004, pp. 97-146. Sardon, Jean-Paul, “Evolution démographique récente des pays développés”, Population 57 (1), 2002. Van de Kaa, Dirk, “The idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries”, en Sixth Welfare Policy Seminar at the National Institute of Population and Social Security, 2002, pp. 1-32. Varela, Carmen, “El reemplazo de la población en Uruguay, un fenómeno ausente en la agenda estatal”, en La fecundidad en América Latina, ¿transición o revolución?, CEPAL, 2004, pp. 399-420.

107

Transformaciones de las familias. Nuevos problemas sociales

Rosario Aguirre

Uso del tiempo en la vida cotidiana: trabajo doméstico y cuidados familiares

Aportes para pensar la reorganización del bienestar social

Introducción No es frecuente reflexionar sobre la importancia que tienen para el bienestar personal, familiar y social las actividades no mercantilizadas que se realizan por fuera de las relaciones laborales. En la atención pública y en los estudios académicos la prioridad la tiene el trabajo remunerado, el trabajo para el mercado aplicado a la producción de bienes y servicios. Por otra parte, cuando se habla del uso del tiempo por lo general se alude al llamado tiempo libre o de ocio, sin vincularlo al conjunto de las actividades que se realizan en la vida diaria. En las Ciencias Sociales, el interés por el tiempo destinado al trabajo no mercantil ha generado una corriente de investigaciones que comenzaron a desplegarse en los países desarrollados hace ya varias décadas para obtener información para la toma de decisiones políticas y la gestión de los recursos humanos.* En nuestra región es recién en la última década que se empiezan a realizar estudios esporádicos tanto en el ámbito académico como en las instituciones encargadas * En Europa se destaca el papel de EUROSTAT (Oficina Estadística de las Comunidades Europeas) que ha diseñado la Encuesta europea sobre el uso del tiempo, la constitución de la Asociación para el Estudio del Tiempo en España así como los grupos temáticos “Time use research” y “Time, society and cultures del Congreso Mundial de Sociología, Australia (2002).

108

de las estadísticas oficiales de algunos países.* Las transformaciones de los mercados laborales y de las formas de vivir en familia tienen consecuencias en la vida social y económica que han mostrado la necesidad de tener información sobre el uso del tiempo ya que las personas y los hogares deben recurrir a una combinación compleja de actividades, tanto dentro del mercado como en las familias y en las comunidades. En el sector doméstico y en general en el no mercantil, se desarrollan relaciones sociales fundamentales para la preservación de la vida y la socialización de sus miembros. Estas relaciones sociales son menos visibles y pueden ser tanto o más injustas que las que se dan en el mercado. Esta corriente de investigaciones proporcionan fuertes evidencias empíricas sobre las inequidades sociales y de género que pueden ser visibilizadas a través del uso del tiempo en la vida cotidiana. Esta presentación forma parte de los trabajos del programa de investigación del Área de Sociología de las relaciones de Género del Departamento de Sociología. En este marco se desarrollaron en los últimos años varios proyectos que se propusieron estudiar la vinculación entre vida productiva y reproductiva. En 2003 se realizó una encuesta sobre usos del tiempo en el trabajo remunerado y no remunerado en Montevideo y Área Metropolitana, en la actualidad se continúa trabajando para profundizar diferentes aspectos relacionados con esta línea de investigación. La exposición se centrará, en primer lugar, en los objetivos que tiene la medición del trabajo no remunerado. A continuación se argumenta sobre la importancia de considerar el tiempo dedicado al trabajo para, luego, presentar algunos resultados de la Encuesta realizada en Montevideo y Área Metropolitana en 2003. Por último, se plantean interrogantes y consideraciones sugeridas por los hallazgos empíricos presentados en cuanto a la necesidad de repensar las formas de provisión del bienestar y la pertinencia de nuevas políticas sociales en este campo.

* En la región, Cuba y Nicaragua han sido pioneros en el desarrollo de encuestas sobre usos del tiempo y trabajo no remunerado familiar. En México se ha desarrollado en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) una línea de investigaciones sobre el tema, siendo de destacar la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, 2003.

109

Objetivos

de la medición del trabajo no remunerado

En primer lugar, interesa rescatar la contribución de las familias a la provisión del bienestar social. La literatura convencional sobre políticas sociales considera como pilares fundamentales al Estado y al mercado. Distintas orientaciones plantean énfasis diferentes al priorizar el papel de uno o de otro, en tanto que el rol de las familias y la sociedad organizada aparece, a lo sumo, señalado de forma subsidiaria. En esta literatura las familias aparecen ajustando sus funciones según la actuación de las otras esferas. Nuestro propósito es colocar el foco explícitamente en las actividades que se cumplen en ellas (la prestación directa de todos los servicios básicos como la alimentación, el cuidado de la salud, la socialización inicial, la atención de la vivienda, etcétera). Estas actividades eventualmente pueden ser mercantilizadas total o parcialmente, o apoyadas por el Estado a través de diferentes servicios. Las distintas relaciones que se pueden establecer entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad pueden dar lugar a modelos de desarrollo social o regímenes de bienestar diferentes en cuanto a promover la equidad social y de género.* En segundo lugar, la medición del trabajo no remunerado permite visualizar la división sexual del trabajo en las familias, factor clave para entender las limitaciones que las mujeres tienen para el efectivo ejercicio de sus derechos sociales, económicos y políticos. Pensar en nuevas modalidades de articulación requiere conocer cómo es el reparto del trabajo en las familias, quién hace qué, qué tiempo le dedica, qué instituciones pueden participar en la reorganización de ese reparto. En tercer lugar, se busca jerarquizar el trabajo no remunerado y contribuir al replanteamiento de la definición de trabajo. Dos vertientes principales confluyen en esta tarea. Por un lado, el pensamiento feminista desde mediados del siglo pasado mostró la importancia del “trabajo por amor o el amor como trabajo”, según las palabras de la historiadora alemana Gisela Bock. Si bien esta vertiente siguió distintos caminos, pueden encontrarse referencias acerca de la invisibilidad de este trabajo, a partir del movimiento de las ciencias domésticas de los años veinte en Estados Unidos. Por otro, los sociólogos del trabajo, fundamentalmente ingleses y fran* Una presentación de los regímenes de bienestar y su relación con la equidad de género puede encontrarse en Aguirre (2004).

110

ceses, distinguen el empleo en tanto trabajo asalariado y el trabajo en sentido amplio. Plantean la consideración de todas las formas de trabajo, en tanto ellas proporcionan bienestar y subsistencia a los miembros de la sociedad. La expansión de los llamados trabajos atípicos o informales tuvo mucha importancia en la ampliación de la noción de trabajo. Por último, se aspira a aportar conocimientos e información para los debates sobre las nuevas políticas sociales que Uruguay se propone impulsar en los próximos años, de acuerdo al objetivo planteado de generar una sociedad más equitativa, inclusiva y plural.

La

importancia del tiempo dedicado al trabajo como expresión de un contrato implícito entre géneros

El tiempo es una de las dimensiones fundamentales de la organización de la vida de las personas, el tiempo destinado al trabajo (no remunerado y remunerado), el tiempo de ocio, el tiempo de las actividades cívicas y políticas. El uso de estos tiempos está regulado por contratos implícitos que derivan de un consenso sociocultural acerca de lo que se debe hacer por ser mujer o varón, lo cual perpetúa y consagra asimetrías en las relaciones de poder, la posesión de recursos y privilegios.* Con respecto al trabajo el antiguo contrato social atribuye a las mujeres las tareas de la casa y el cuidado de los dependientes y a los hombres la actuación en el mundo público. Se discute en qué medida los cambios producidos por la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y las transformaciones en los modos de vivir en familia han modificado esos contratos implícitos tradicionales. La medición del tiempo destinado al trabajo permite saber si ese contrato social ha sido revisado y qué diferencias existen entre los distintos niveles socioeconómicos. La persistencia de desigualdades y la atribución a las mujeres de la responsabilidad principal de la reproducción social, nos sugiere la existencia de * María Ángeles Durán (1997) ha argumentado sobre la importancia de la medición del tiempo como una de las formas del análisis de la ejecución del contrato social: “Frente al análisis estrictamente jurídico, la sociología empírica mide la extensión con que algunos derechos fundamentales (por ejemplo, la igualdad en el acceso al trabajo pagado y no pagado y la promoción en el empleo) se ponen en práctica, y entre qué grupos aparecen contradicciones fácticas insalvables. Como cualquier otro tipo de investigación sociológica, los estudios sobre uso del tiempo tienen fronteras próximas a la política, la economía y a la ética, incluso los que por expresa y estratégica voluntad de sus autores se mantienen dentro de características formales puramente descriptivas y a-valorativas”.

111

una aceleración de ritmos debido a la sobrecarga de trabajo y una contradicción entre el derecho al trabajo y el deber materno con los pequeños y el deber de solidaridad con los mayores. La estrategia de visualización utilizada en la Encuesta sobre el uso del tiempo y trabajo no remunerado en Montevideo y Área Metropolitana 2003, para dar cuenta del trabajo que realizan los integrantes de las familias ha sido la medición de la carga global de trabajo que permite estimar la cantidad total de horas destinadas al trabajo, considerando tanto el trabajo orientado al mercado como el trabajo no remunerado.* Además, se ha indagado cómo se reparte el trabajo no remunerado entre mujeres y varones en los distintos tipos de hogares, de diferentes niveles socioeconómicos y edades.

Tipos

de trabajo no remunerado

La literatura sobre el tema usualmente distingue entre trabajo productivo y trabajo reproductivo o entre trabajo extradoméstico y trabajo doméstico, más recientemente se ha preferido diferenciar entre trabajo remunerado o pago y trabajo no remunerado o no pago. La tradicional distinción realizada por el análisis feminista entre trabajo productivo y trabajo destinado a la reproducción social tiene innegables ventajas en cuanto a su claridad para poner de manifiesto las tareas que realizan las mujeres, pero plantea algunos problemas: hay trabajos reproductivos que se realizan en el ámbito mercantil de los servicios personales; por otra parte no contempla los trabajos productivos que se realizan en el ámbito doméstico y no ilumina suficientemente los trabajos masculinos de mantenimiento de la vivienda que se realizan en el ámbito del hogar. Por ello, nos inclinamos por la distinción remunerado-no remunerado, aunque reconocemos que existen trabajos no remunerados orientados al mercado: el trabajo de los “familiares no remunerados” definidos en los instrumentos estadísticos oficiales.** Respecto al trabajo no remunerado, es posible distinguir diferentes tipos: el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados familiares y el trabajo voluntario o al servicio de la comunidad. En esta presentación tomamos en consideración los dos primeros: el trabajo * Esta estrategia de visualización ha sido desarrollada en varios estudios realizados en España por María Ángeles Durán (veáse, por ejemplo, Durán 2000a y 2000b). ** En nuestro país, los trabajadores familiares no remunerados que trabajan para el mercado son de acuerdo a esta definición sólo un 1.6% de la población ocupada (datos del Instituto Nacional de Estadística para el año 2004).

112

doméstico, en el cual se incluye el trabajo realizado en los hogares para la subsistencia de sus miembros y, el trabajo de cuidados familiares de niños y mayores dependientes. Con respecto a cada una de estas modalidades el instrumental conceptual disponible y las posibilidades de medición son bastante desiguales.* 

Los

datos empíricos: los trabajos y los tiempos en los hogares montevideanos

A continuación se presentarán resultados de la encuesta realizada en Montevideo y Área Metropolitana (2003). Se trata de los primeros datos empíricos obtenidos en el país sobre el tema, los cuales son consistentes con los estudios realizados en otros países de la región y de Europa.

Desigualdades de género en el tiempo social dedicado al trabajo El Gráfico 1 muestra que las mujeres dedican 67% de su tiempo al trabajo no remunerado y el 33% al trabajo remunerado considerando el promedio para toda la población, mientras que los varones dedican 31% al trabajo no remunerado y el 68% al trabajo remunerado. Gráfico 1. Distribución del tiempo semanal de trabajo según sexo

31,5% 67,0%

Trabajo no remunerado Trabajo remunerado

68,5% 33,0% Varones

Mujeres

Fuente: Encuesta sobre usos del tiempo y trabajo no remunerado. Montevideo, 2003.

Examinando la dedicación semanal de unas y otros en toda la población montevideana vemos que, en promedio, las mujeres dedican la mitad del tiempo que los varones al trabajo remunerado y 2.5 veces más al trabajo no remunerado. En el Cuadro 1 podemos * Una presentación detallada de los diferentes tipos de trabajo no remunerado puede encontrarse en Aguirre y Batthyány (2005). En este mismo volumen Batthyány realiza una revisión teórica del trabajo de cuidados familiares.

113

observar que las mujeres destinan 16 horas semanales al trabajo remunerado y 32 horas semanales al trabajo no remunerado, en tanto los varones le dedican a la semana 28 horas al trabajo remunerado y 13 horas al no remunerado. Cuadro 1. Distribución de la carga total de trabajo (remunerado y no remunerado) en promedio de horas semanales

Hombres



Horas

Trabajo remunerado 28.4 Trabajo no remunerado 13.0 Carga total de trabajo 41.4

Mujeres

Total

%

Horas

%

Horas

M/H

68.5 31.5 100

15.6 32.0 47.6

33.0 67.0 100

21.4 23.0 44.4

0.5 2.5 -

Fuente: Encuesta sobre usos del tiempo y trabajo no remunerado. Montevideo, 2003.

El uso del tiempo dedicado al trabajo no remunerado en diferentes niveles socioeconómicos En el nivel socioeconómico bajo son las mujeres más jóvenes las que más tiempo dedican al trabajo no remunerado, lo cual se vincula al mayor número de hijos que éstas tienen. Si observamos el Gráfico 2 vemos que en el nivel alto y medio alto son las mujeres de 30 a 49 años las que más tiempo dedican al trabajo no remunerado, lo cual se relaciona con maternidades más tardías. Gráfico 2. Tiempo medio (en minutos) dedicado al trabajo no remunerado por el responsable del hogar mujer según nivel socioeconómico y grupo de edad 4500 4000 3500 3000 2500

Bajo y Medio Bajo

2000

Medio

1500

Alto y Medio Alto

1000 500 0 16 a 29 años

30 a 49 años

50 a 64 años

65 y más años

Fuente: Encuesta sobre usos del tiempo y trabajo no remunerado. Montevideo, 2003.

114

La división sexual de las actividades domésticas A través del Cuadro 2 podemos observar que la/el responsable del hogar realiza el 60% o más de las tareas (salvo reparaciones). La tarea que más tiempo insume es limpiar la casa: 14 horas semanales de las cuales la/el responsable realiza 11. Cuadro 2. Horas semanales dedicadas por la/el responsable del hogar y por otros miembros a las actividades domésticas

Responsable Otros del hogar miembros

Cocinar Limpiar la casa Lavar y planchar la ropa Confección y arreglo de ropa Realizar reparaciones en el hogar Cuidar mascotas y plantas Criar animales y cultivos uso familiar Organización y distribución de tareas TOTAL PRODUCCIÓN DE SERVICIOS Hacer compras Realizar gestiones TOTAL SERVICIOS DE APOYO TOTAL TRABAJO DOMÉSTICO

Total del % realizado hogar por RH

8.4 10.5 3.9

2.5 3.8 1.2

10.9 14.3 5.1

76.7 73.6 77.1

1.1

0.4

1.5

72.2

1.1 3.8

2.7 1.5

3.8 5.3

28.2 71.5

3.7

2.6

6.3

59.1

1.8

0.4

2.2

82.7

26.5 4.3 0.9

12.7 1.9 0.6

39.2 6.2 1.5

67.7 69.9 61.3

5.0

2.6

7.6

65.6

31.5

15.3

46.8

67.3

Fuente: Encuesta sobre usos del tiempo y trabajo no remunerado. Montevideo, 2003

La división sexual del cuidado infantil El 91% de las responsables de los niños son mujeres. El Gráfico 3 deja ver claramente que alimentación, higiene y ayuda escolar son las tareas que las responsables realizan en una proporción cercana al 70% (tareas cotidianas, rutinas, horarios, etcétera).

115

Gráfico 3. Proporción de las tareas de cuidado infantil que realiza la/el responsable del hogar y otros miembros en los hogares con menores de 13 años Total Reprenderlos Hacerlos dormir Bañarlos Ayudarlos con los deberes

Llevarlos a pasear Jugar en la casa Llevarlos a la escuela Darles de comer 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% responsable

otros miembros

Fuente: Encuesta sobre usos del tiempo y trabajo no remunerado. Montevideo, 2003

Observando el Cuadro 3 vemos que en los hogares con niños menores de 13 años el tiempo promedio dedicando a su cuidado es de 41 horas semanales. La responsable del hogar le dedica 61% del tiempo, esto es 27 horas y los otros miembros 13.5 horas, el 39%. Cuadro 3. Promedio de horas dedicadas por la responsable del hogar y otros miembros al cuidado de los niños en hogares con hijos menores de 13 años

Tiempo Tiempo Tiempo % de la tarea dedicado por dedicado por total del realizada por la/el RTH otros miembros hogar el responsable

Darles de comer Llevarlos al colegio/ escuela/jardín Jugar con ellos en casa Llevarlos a pasear Ayudarles con los deberes/tarea escolar Bañarlos Hacerlos dormir Reprenderlos Total

7.6

2.6

10.2

69

2.6 9.3 3.6

1.1 8.8 3.0

3.7 18.1 6.6

60 56 53

3.9 3.9 3.6 3.5 27.4

1.4 1.4 1.7 1.4 13.5

5.3 5.3 5.3 4.9 40.9

64 67 62 57 61

* En hogares donde el responsable participa de la tarea Fuente: Encuesta sobre usos del tiempo y trabajo no remunerado. Montevideo, 2003

116

La división sexual del trabajo en los hogares biparentales Podemos apreciar que la condición de vivir en pareja incide fuertemente en las exigencias familiares a cargo de las mujeres. En el Cuadro 4 observamos claramente que en los hogares biparentales las mujeres responsables del hogar asumen una porción significativa del trabajo no remunerado. El cónyuge contribuye con menos del 25% a esas tareas. Cuadro 4. Media de la proporción de los trabajos realizados en el hogar por la/el responsable del hogar y su cónyuge en hogares biparentales

Responsable

Tareas domésticas y gestiones Cuidado de niños y adultos dependientes

63.7 65.2

Cónyuge 25.3 21.9

Fuente: Encuesta sobre usos del tiempo y trabajo no remunerado. Montevideo, 2003

El doble trabajo o doble jornada A través del Gráfico 4 podemos ver que las mujeres que hacen trabajo extradoméstico en hogares biparentales dedican mucho más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, incluso en el caso de las mujeres que trabajan a tiempo completo o que están sobreocupadas. Gráfico 4. Promedio en horas semanales dedicadas por la/el responsable del hogar y su cónyuge en hogares biparentales, al trabajo no remunerado según tramo de horas de trabajo remunerado Trabajo no remunerado

80 70 60

Responsable

68 52

50

46

40

10

39

31

30 20

Cónyuge

59

18

20

Entre 10 y 29 hs.

Entre 30 y 40 hs.

11

15

0 No trabaja

Menos de 10 hs.

Más de 40 hs.

Trabajo remunerado

Fuente: Encuesta sobre usos del tiempo y trabajo no remunerado. Montevideo, 2003

117

La división sexual del trabajo en el hogar y la existencia de hijos El incremento del trabajo familiar que supone la existencia de hijos es un factor que eleva las exigencias de trabajo para las mujeres. Se puede observar que el incremento del número de hijos afecta el tiempo que las mujeres dedican a estas tareas, mientras que el tiempo dedicado por los hombres no muestra cambios. El primer hijo supone un incremento de 18 horas para las madres y de 8 horas para los padres. A partir del segundo hijo se incrementan las horas de las madres, pero la de los padres permanecen prácticamente iguales. El Cuadro 5 presenta información sobre el tiempo destinado al trabajo no remunerado en los hogares de doble proveedor (ambos trabajan en forma remunerada) y en los hogares donde sólo el hombre trabaja tomando en consideración la existencia y número de hijos. Cuadro 5. Número medio de horas semanales dedicados al trabajo no remunerado en hogares biparentales según número de hijos y trabajo remunerado de la pareja Número de hijos

Proveedor varón Doble proveedor Total Mujer Cónyuge Mujer Cónyuge Mujer Cónyuge

Sin hijos 1 hijo 2 hijos 3 hijos 4 hijos y más Total

42.8 65.5 64.2 70.7 75.8 60.3

7.3 13.9 14.2 14.2 12.6 11.9

30.3 46.7 52.4 50.9 57.7 46.9

7.1 17.7 17.8 16.7 17.0 15.6

38.5 56.9 57.1 62.2 69.7 54.2

7.3 15.7 16.4 15.3 14.1 13.6

Fuente: Encuesta sobre usos del tiempo y trabajo no remunerado. Montevideo, 2003

Puede apreciarse que tanto en los hogares de doble proveedor como en los que las mujeres se dedican a las tareas del hogar la dedicación de las mujeres siempre es mucho mayor a la de los hombres. Cuando no hay hijos en estos hogares, la dedicación de los hombres cónyuges se mantiene igual, tanto si la mujer realiza trabajo pago o se dedique al trabajo familiar. En cambio, cuando las mujeres realizan trabajo extradoméstico la dedicación de ellas a las tareas del hogar decrece en 8 horas semanales. Cuando la mujer trabaja remuneradamente, la existencia de un hijo supone un incremento de 6 horas en el trabajo no remunerado y de 23 horas si no lo hace. Para el varón, 7 horas cuando la mujer no trabaja remuneradamente y 10 horas cuando sí lo hace. El tiempo destinado a las tareas en el hogar repercute sobre las posibilidades de desempeñar trabajo remunerado. Es así que se constata que la

118

proporción de mujeres trabajadoras, o que buscan trabajo en el mercado, disminuye cuanto mayor es el número de hijos o hijas.* La menor dedicación horaria de las mujeres al trabajo en el hogar cuando trabajan en el mercado se vincula a varios factores: la reorganización de la vida doméstica, vía la reducción de exigencias en limpieza y preparación de comidas, y la posibilidad de incorporar electrodomésticos. La derivación hacia el mercado de servicios de cuidado, fundamentalmente la posibilidad de aplicar parte de sus ingresos a la contratación de trabajadoras domésticas remuneradas y servicios de cuidado. La derivación hacia el mercado puede ser complementada por servicios familiares no remunerados. Una parte de los hogares que no logran acceder a los servicios de cuidados existentes (por el costo o por la distancia del hogar) o que no desean utilizarlos (por cuestionar la calidad de las prestaciones), recurren a personas de la parentela, para el cuidado de niños y personas dependientes en el propio domicilio. Otros estudios han revelado las estrategias múltiples que desarrollan las madres trabajadoras y el importante papel que cumplen las personas que cuidan a los niños en el hogar de forma no remunerada (abuelas fundamentalmente).

¿Qué

nos sugieren estos resultados?

El trabajo no remunerado que se realiza en los hogares no es una actividad marginal, sino que representa en tiempo una porción aún más importante que el destinado al trabajo remunerado. Es necesario que la sociedad valore el trabajo no remunerado en sus distintas modalidades, como actividades humanas destinadas al bienestar personal, familiar y social. En ese sentido, su medición debería integrarse al sistema estadístico nacional, teniendo en cuenta sus especificidades y la necesidad de instrumentos adecuados para su recolección. El trabajo no remunerado está desigualmente distribuido. Es una responsabilidad básicamente femenina, aunque no exclusivamente. Se plantea una contradicción entre el derecho al trabajo, el cuidado de la salud y el deber de cuidar. Conocer el tiempo que se destina * Según datos para 2003 de la Encuesta Continua de Hogares (INE) la tasa de actividad económica de las mujeres de 20 a 44 años sin niños en el hogar es de 85%, mientras que esa tasa desciende al 72% para las mujeres de esas edades en los hogares en los que hay un niño y a un 64% en aquellos hogares con más de dos niños. La tasa de actividad económica de los hombres no varía en función del número de niños en el hogar.

119

a estas actividades es una clave importante para entender las dificultades que las mujeres tienen para participar en actividades de la esfera pública. A nivel microsocial se trata de interrogarnos acerca de cómo incentivar la participación de los varones en los trabajos no remunerados y a través de qué medidas específicas puede el Estado sensibilizar a la población para apoyar las transformaciones valóricas y de las subjetividades, que requiere el replanteo de los contratos de género y generacionales. Particular importancia tiene la reformulación del concepto de paternidad a los efectos de incluir una mayor participación, en cuanto a compartir la crianza de los hijos y el cuidado de las personas mayores. Se trata también de pensar en una revisión macrosocial del uso del tiempo –no sólo en el ámbito de la vida de pareja– para posibilitar mayor calidad de vida. Es preciso pensar en rediseñar las instituciones sociales teniendo en cuenta que, tanto mujeres como varones, trabajan remuneradamente y que la vida privada no puede seguir estructurada como cuando había una dotación importante de amas de casa a tiempo completo. La organización de la protección social y la prestación de los servicios deben reconocer la creciente heterogeneidad de los hogares y la existencia en el interior de cada familia de relaciones injustas entre sus miembros. Cuestión clave a considerar en los debates sobre la reorganización de los sistemas de seguridad social, la reforma de los sistemas de salud y el desarrollo de servicios sociales para el cuidado de las personas dependientes. Con relación a las políticas laborales que se proponen incrementar la inserción laboral femenina y enfrentar las desigualdades y discriminaciones en el mercado laboral, éstas deben reconocer la incidencia que en las mujeres trabajadoras tienen las responsabilidades familiares. Las clásicas medidas de conciliación (licencias maternales, facilidades para la lactancia, prohibición de despido por embarazo, licencias parentales, etcétera), aunque importantes, no son suficientes: refieren a una etapa acotada del curso de vida y a una porción de la fuerza de trabajo que está amparada por la seguridad social. Por ello deben pensarse en medidas que tengan en cuenta la inestabilidad de las relaciones laborales de un segmento significativo de la población. Los servicios de cuidado infantil (incluyendo a los niños de 0 a 3 años), las escuelas y liceos de tiempo completo y los servicios de atención a personas dependientes deberían tener como meta el logro de cobertura universal.

120

La provisión de cuidados a niños y personas dependientes a través de la prestación de servicios públicos y de la regulación de los servicios privados, tiene un papel central como parte del objetivo de promover la igualación de oportunidades y de resultados en el trabajo. Así como la violencia doméstica, la salud sexual y reproductiva, la discriminación salarial y la segregación ocupacional han sido instaladas en la discusión de la agenda política por las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista, también la provisión de cuidados debería pasar a integrar esa agenda porque las evidencias son claras en cuanto a que es un tema central para el logro de la equidad de género. Destinar recursos al cuidado de los dependientes sería una de las mayores contribuciones a la equidad de género porque son las mujeres las que contribuyen de forma desproporcionada al bienestar a través de todos los servicios no remunerados. Por ello, la inversión en la provisión de servicios de cuidado debería ser contemplada en la política fiscal. Es necesario debatir la necesidad de una política pública hacia los cuidados evitando la segmentación institucional y sectorial que dificultan los enfoques integrales y la coordinación. En esa política deberían contemplarse los servicios de cuidado infantil para los niños más pequeños, los destinados a los adultos mayores y la atención de los enfermos dependientes, tratando de que el sistema se base en principios solidarios y universales, de modo que no segmente ni estigmatice a la población atendida. Se tratan de resolver cuestiones complejas con relación a lo que corresponde proveer al Estado, al mercado, a las familias y a la comunidad, en cuya definición intervienen factores de diversos órdenes: económicos, sociales, políticos e ideológicos. Esta discusión debería formar parte de la definición de la agenda pública en lo social y del plan de igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y varones que se lanzará este año. La institucionalidad de género (a nivel nacional y municipal) debe tener un papel importante en cuanto a impulsar medidas y normas –de carácter integral e intersectorial– que impulsen la equidad social y de género en este campo, en la cual tienen que estar presentes distintas voces, tanto públicas como privadas, a fin de determinar los derechos y responsabilidades de las personas y de las distintas esferas institucionales.

121

Bibliografía Aguirre, Rosario y Batthyány, Karina, Trabajo no remunerado y uso del tiempo. La encuesta Montevideo y área metropolitana 2003, Montevideo, Universidad de la República, UNIFEM, 2005. Aguirre, Rosario, “Los cuidados familiares como problema público y objeto de políticas”, en Irma Arriagada (ed.), Políticas hacia las familias, protección e inclusión sociales, Santiago de Chile, CEPAL-UNFPA, Serie de Seminarios y Conferencias Nº 42, 2005. ——, “Modelos de bienestar, procesos de empobrecimiento y desigualdades de género”, ponencia presentada en el seminario organizado por FLACSO Mujeres, Economía y Pobreza en América Latina, 4 y de marzo de 2004, Quito. ——, Género, ciudadanía social y trabajo, Montevideo, Universidad de la República, Doble Clic, 2003. Arriagada, Irma (ed.), Políticas hacia las familias, protección e inclusión sociales, Santiago de Chile, CEPAL-UNFPA, Serie de Seminarios y Conferencias Nº 42, 2005. Durán María Ángeles, “Uso del tiempo y trabajo no remunerado”, Revista de Ciencias Sociales, Nº 18, Montevideo, 2000a. ——, “Los trabajadores/as no remunerados en España”, en La contribución del trabajo no remunerado a la economía española: alternativas metodológicas, Estudios 63, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, 2000b. ——, “La investigación sobre uso del tiempo en España: algunas reflexiones metodológicas”, Revista Internacional de Sociología (RIS), Tercera Época, Nº 18, Septiembre-Diciembre, 1997, pp. 163-190.



122

Políticas públicas para la equidad entre géneros y generaciones

Karina Batthyány

Género y cuidados familiares

¿Quién se hace cargo del cuidado y la atención de los niños y de los adultos mayores?

Antecedentes Este artículo es resultado de las actividades desarrolladas en el programa de investigación del Área de Sociología de las relaciones de Género del Departamento de Sociología. Concretamente, en los proyectos “Ciudadanía social de las mujeres en Uruguay” y “Usos del tiempo: desigualdades entre varones y mujeres en Uruguay”*  desarrollados por el equipo de investigación del Área de Sociología de las relaciones de Género, se abordó como una de las líneas de trabajo la articulación entre vida productiva y vida reproductiva para varones y mujeres en nuestro país. En el marco del primero de estos proyectos se realizó un diagnóstico de la cobertura de los servicios de cuidado infantil en el país y un estudio sobre maternidad y trabajo asalariado, abordando principalmente la articulación entre trabajo remunerado y no remunerado para las mujeres madres asalariadas. Posteriormente, con la encuesta sobre usos del tiempo en trabajo remunerado y no remunerado, realizada en 2003 para Montevideo y su área metropolitana, se abordó la distribución del tiempo en trabajo remunerado y no remunerado en los hogares montevideanos, observándose la preponderancia femenina en la realización de las tareas vinculadas al trabajo doméstico y al cuidado familiar. Actualmente, se encuentra en ejecución en el Departamento de Sociología el proyecto I+D “Género y cuidados familiares: ¿Quién se hace cargo * Ambos proyectos fueron dirigidos por la profesora Rosario Aguirre.

123

del cuidado de los adultos mayores en Montevideo?”,* financiado por CSIC y apoyado por UNFPA .

División

sexual de trabajo y contrato de género en Uruguay

En todas las sociedades, en todos los tiempos, los adultos se han visto en la necesidad de realizar tres actividades esenciales. En primer lugar, el trabajo productivo, de carácter social, colectivo, mediante el cual se producen los bienes que constituyen, en conjunto, la riqueza social. La forma en que este trabajo es organizado depende de las condiciones históricas de cada sociedad, lo que da lugar a los distintos modos de producción que se verificaron a lo largo de la historia (esclavitud, feudalismo, capitalismo). En segundo lugar, el trabajo doméstico, de carácter individual, mediante el que se satisfacen las necesidades cotidianas, como la alimentación, la higiene, la salud y el mantenimiento de la vivienda. En tercer lugar, la crianza de los hijos mediante la que se inculcan y transmiten los usos y costumbres propios de la comunidad, garantizando de esta manera la reproducción del imaginario cultural de la sociedad. Asimismo, el cuidado de los adultos dependientes, mayores y enfermos. El trabajo productivo es realizado dentro de un período de tiempo determinado, determinadas horas al día, determinada cantidad de años, siendo obviamente esto muy variable de acuerdo al modo de producción y organización social de cada comunidad. En contraposición al trabajo productivo, el trabajo doméstico debe llevarse a cabo todos los días a lo largo de la vida de una persona. Si hay personas que no lo realizan, sin importar los motivos (posición social, razones de edad o salud) otros lo hacen por ellos, de manera que estas personas realizan un trabajo doméstico múltiple. Lo mismo ocurre con la crianza de los hijos, supuestamente a cargo de ambos progenitores, que debe cumplirse a lo largo de años, todos los días y a toda hora. La participación femenina por excelencia ha ocurrido y ocurre tradicionalmente en el ambiente privado de la reproducción y de la vida familiar. Consecuentemente las áreas de ocupación de las mujeres se desenvuelven alrededor del hogar: educación de los hijos, temas de salud y bienestar social y la higiene. Las mujeres han sido * Proyecto aprobado en la convocatoria 2004 de proyectos I+D de la CSIC, Universidad de la República, bajo la responsabilidad de Karina Batthyány.

124

impulsadas a interesarse por temas específicos dentro de la sociedad humana relacionados con el hogar. El papel de los varones, por el contrario, comprende la vida pública, dominada por los negocios, la economía, la industria, la energía, las relaciones internacionales, la política y el gobierno. El hecho es que las actividades del ámbito público son tanto histórica como estructuralmente masculinas, a pesar de que aparentemente no tienen género. La estructura societal fomenta la participación masculina en la vida pública y desanima a las mujeres a dejar el hogar o a perseguir carreras fuera de las áreas tradicionales de empleo femenino. Estas son en definitiva las bases subjetivas de la división sexual del trabajo que se traducen en elementos objetivables en el marco de los sistemas de género. Si tomamos como referencia la noción de “contrato de género” trabajada por Pfau-Effinger (1993) para analizar los fundamentos culturales de las distintas modalidades de la actividad femenina según los países, podemos analizar la idea según la cual en cada contexto nacional existe un consenso sociocultural en cuanto a las normas de interacción entre los sexos. La naturaleza del contrato de género en cada sociedad puede identificarse, según esta autora, en base a los siguientes indicadores. Un primer indicador está constituido por los campos sociales que constituyen las esferas principales de integración social de los hombres y las mujeres. Un segundo indicador es el grado de institucionalización de la igualdad, de la desigualdad o de la complementariedad entre los sexos en la sociedad. Un tercer indicador está determinado por el campo social al cual se asigna el cuidado y la educación de los niños de manera prioritaria (esfera privada/esfera pública). Finalmente, el último indicador es la importancia relativa de la vida en pareja comparada con otros tipos de modo de vida (familias monoparentales, unipersonales, vida comunitaria, etcétera). De acuerdo a esta definición podemos plantear que en Uruguay “el consenso sociocultural en cuanto a las normas de interacción entre los sexos” se percibe de la siguiente manera. En lo que refiere al primer indicador manejado por Pfau-Effinger (constituido por los campos sociales que constituyen las esferas principales de integración social de los hombres y las mujeres), sería de tipo tradicional, ya que de acuerdo a la división sexual del trabajo predominante en Uruguay, las mujeres se ubican principalmente en las áreas tradicionalmente femeninas a nivel del mercado de trabajo y en el ámbito privado, están a cargo de la reproducción social mayoritariamente.

125

Analizando el segundo indicador, referido al grado de institucionalización de la igualdad, de la desigualdad o de la complementariedad entre los sexos en la sociedad, si bien los avances en el país en los últimos años han sido importantes y particularmente a partir de 2005, el grado de institucionalización en Uruguay es aún bajo. El tercer indicador, determinado por el campo social al cual se asigna el cuidado y la educación de los niños de manera prioritaria (esfera privada/esfera pública) es sumamente revelador para el caso uruguayo. La responsabilidad del cuidado de los niños más pequeños es, casi de manera exclusiva, responsabilidad privada, no existiendo más que una mínima y marginal oferta pública para la atención de este sector infantil. Finalmente, para el cuarto indicador planteado, se observa en Uruguay un modelo en transición donde los hogares nucleares han perdido fuerza en los últimos treinta años frente a otros modelos de convivencia y organización de la vida familiar, como ser los hogares monoparentales, los hogares unipersonales, las familias recompuestas, etcétera. En el siguiente cuadro puede observarse la composición actual de los hogares uruguayos en función de una tipología desarrollada por Aguirre y Batthyány (2005). Cuadro 1. Composición de los hogares en Uruguay. Encuesta continua de hogares. 2004 (INE) Tipo de hogar

Total país urbano %

Unipersonal no mayor de 64 años Unipersonal mayor de 64 años Pareja s/hijos ambos mayores de 64 años Pareja s/hijos sólo uno mayor de 64 años Pareja s/hijos ambos menores de 65 años Pareja c/hijos al menos uno menor de 18 años Pareja c/hijos ninguno menor 18 años Monoparental c/hijos al menos uno menor de 18 años Monoparental c/hijos ninguno menor de 18 años Filioparental Trigeneracional Pareja con “otros parientes” o “no parientes” de igual generación Otros Total Fuente: Construcción propia en base a los datos de la ECH 2004, INE.

126

8 11 6 3 8 25 9 8 7 1 9 2 3 100

Como se observa, las parejas con hijos (modelo “tipo” de hogar de acuerdo al imaginario social) son 34% y las parejas sin hijos 11%. Los hogares monoparentales representan 15% y los unipersonales 19%. Parte importante del problema de entregar bienestar y protección social de calidad a los miembros de una sociedad radica en una adecuada distribución de esas responsabilidades entre sus distintos integrantes. La solución de este problema de distribución del cuidado ha asumido distintas formas en función del momento histórico, social, cultural y económico. Si bien estos factores han determinado que en la distribución de la responsabilidad social del cuidado hayan tenido participación distintos actores sociales como el Estado, el mercado, las familias o la comunidad, parte significativa de esta carga ha recaído y recae en las familias, lo que equivale en muchos casos a decir en las mujeres de las familias. Esto tiene consecuencias de género relevantes para la condición de las mujeres en la sociedad, pues cuando las mujeres de las familias son las principales proveedoras del bienestar, éstas deben o bien excluirse del mercado laboral o bien enfrentar mayores dificultades que sus pares masculinos para conciliar trabajo productivo y reproductivo.

Cuidado

y responsabilidades familiares

Pueden encontrarse una serie de conceptualizaciones del “cuidado y las responsabilidades familiares” en la literatura más reciente sobre el tema, básicamente todas estas definiciones concuerdan en tratar a éste como uno de los temas sustantivos más directamente relacionados al real ejercicio de la ciudadanía social de las mujeres. Básicamente podemos concebir al cuidado como una actividad femenina generalmente no remunerada, sin reconocimiento ni valoración social. La profesora de la Universidad de California, Russell Hochschield define el cuidado como “el vínculo emocional, generalmente mutuo, entre el que brinda cuidados y el que los recibe; un vínculo por el cual el que brinda cuidados se siente responsable del bienestar del otro y hace un esfuerzo mental, emocional y físico para poder cumplir con esa responsabilidad. Por lo tanto cuidar a una persona es hacerse cargo de ella”. El cuidado es el resultado de muchos actos pequeños y sutiles, conscientes o inconscientes, que no se pueden considerar como completamente naturales o sin esfuerzo… Así nosotras ponemos mucho más que naturaleza en el

127

cuidado, ponemos sentimientos, acciones, conocimiento y tiempo”. (Hochschield, 1990) En esta definición se abordan uno de los prejuicios de género más importantes vinculados al tema de los cuidados, el prejuicio social de que existiría una dotación natural en las mujeres para realizar este tipo de tareas, al nivel casi de una determinación biológica. Por su parte, las investigadoras de la Universidad de Utrecht, Trudie Knijn y Monique Kremer (1996), definen el cuidado como la provisión diaria de atención social, física, psíquica y emocional a las personas. Esta provisión de cuidados puede asumir distintas características: a. puede ser provisto por trabajo remunerado o no remunerado; b. puede ser provisto sobre la base de un acuerdo o de forma voluntaria; c. puede ser provisto de forma profesional o basado en obligaciones morales. Con esta definición, las autoras ponen el foco de manera explícita en la provisión diaria de cuidados, incluyendo todas sus manifestaciones formales e informales, remuneradas y no remuneradas. La provisión diaria de cuidados es un tema que requiere abordajes empíricos en nuestros países para comprender mejor sus distintas formas de manifestación y las diferencias en el acceso y la oferta de estas distintas prestaciones. Nancy Fraser (1997) nos plantea que el carácter doméstico de los cuidados es la base para su exclusión de los derechos ciudadanos, lo que está faltando es un concepto de ciudadanía que reconozca la importancia de los cuidados y las responsabilidades domésticas para la sociedad. El limitar las responsabilidades de los cuidados casi exclusivamente a la esfera privada, convirtiéndolo en un problema privado, torna muy dificultoso el convertir este tema en un objeto de derecho real. El análisis de la literatura reciente sobre los escenarios relacionados con el cuidado y las responsabilidades domésticas, evidencia la hipótesis de que el sistema de género imperante se basa en gran parte en la flexibilidad y la capacidad de adaptación de las mujeres. En el medio familiar, las mujeres aseguran la supervivencia de la familia a pesar de los costos que eso les signifique en términos de comodidad personal, en cambio, la mayoría de los hombres no varía en lo fundamental sus pautas de comportamiento o de consumo en períodos de crisis. Paralelamente por contar con ese compromiso

128

de las mujeres con su familia, el Estado suele resolver sus problemas de presupuestos en el ámbito de las políticas sociales con una reducción de su apoyo a las unidades familiares. En los dos casos se cuenta con la capacidad de las mujeres de aprovechar lo más posible los recursos, sus energías y su tiempo para contribuir al bienestar de los demás. Si bien gran parte de las necesidades de cuidado nunca fueron satisfechas por el Estado en nuestro país, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, los cambios demográficos, la crisis económica y las transformaciones del Estado, han aumentado las necesidades de cuidado insatisfechas, produciéndose un verdadero déficit de cuidado al que, a las viejas necesidades de cuidado se suman las nuevas necesidades de cuidado. En la vida privada el déficit de cuidado es más notorio en familias donde las madres trabajadoras –casadas o solteras– no reciben ayuda suficiente de sus parejas o familiares, constituyendo una fuente de tensiones importante en las familias, especialmente para las mujeres. En el ámbito público, el déficit de cuidado se ve –entre otros indicadores– en la insuficiencia de atención que prestan las políticas sociales a la situación de las madres, de los ancianos, de los enfermos, de los impedidos.

Avances

de la investigación

Una cuantificación de las demandas de cuidado realizada anteriormente*  nos permite afirmar que Uruguay presenta una demanda de cuidado superior a la de la población disponible para satisfacer esa demanda. La demanda total de cuidados para la población uruguaya es en promedio 40% superior a la población proyectada para los años 2010 y 2020. Si analizamos las proyecciones de demanda de cuidados respecto a la población adulta, de 20 a 64 años, bajo el supuesto de que es este sector de la población quien está habitualmente a cargo de cuidar al resto de la población (niños, ancianos, *

Una cuantificación de las demandas de cuidado para la sociedad uruguaya fue realizada en el marco de proyectos de investigación precedentes, siguiendo la metodología desarrollada en España por M. A. Durán. Para un detalle completo de estos estudios véase por ejemplo: Karina Batthyány, “El trabajo de cuidado y las responsabilidades familiares en Uruguay: proyección de demandas”, en Rosario Aguirre y Karina Batthyány (comp.), Trabajo, género y ciudadanía en los países del Cono Sur , AUGM-CINTERFOR-OIT-Universidad de la República, Montevideo, julio 2001.

129

enfermos, etcétera) las demandas de cuidado son aún mayores; se ubican en el 250%, o sea que cada adulto deberá proporcionar en el futuro dos unidades y media de cuidado, o lo que es lo mismo, cuidar promedialmente a 2.5 personas. Para la demanda de cuidados en el sentido que se ha conceptualizado, pueden reconocerse cuatro fuentes principales que generan demanda de trabajo no remunerado, que dependen de los grupos de población en los que se origina la demanda: 1. la demanda creada por los niños; 2. la demanda creada por los enfermos; 3. la demanda creada por los ancianos; 4. la demanda generada por los sobre-ocupados en actividades remuneradas. Esta escala, que permite calcular las necesidades y las demandas de cuidado de los hogares y puede proyectarse a la población, permite una aproximación cuantitativa al fenómeno del déficit de cuidado en una sociedad concreta, a las necesidades insatisfechas de cuidado. Cuadro 2. La demanda de cuidados en Uruguay. Proyecciones años 2000, 2010 y 2020. Demanda según origen demográfico, distribución por edades. Grupos de edad

Ponderador de escala de cuidados

0-4 2 5-14 1.7 15-19 1.5 20-64 1.2 65-74 1.5 75-79 1.7 80 y más 1.9 Total de unidades de cuidado demandadas Total población % Unidades de cuidado demandadas respecto a población total % Unidades de cuidado demandadas respecto población 20-64

2000

2010

2020

566248 925157 382797 2189207 383804 146127 167894

556062 952286 412707 2380254 373367 169104 229062

548310 938590 419154 2593894 422313 172152 272179

4761233 3337062

5072841 3566525

5366592 3793341

143

142

141

260

255

248

Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones de población del CELADE y aplicación de la Escala.

130

El siguiente cuadro, permite observar el origen de la demanda de cuidados según edades. Puede apreciarse que, promedialmente según las proyecciones 2000, 2010, 2020, 37% de la demanda de cuidados está constituida por niños y jóvenes, los adultos constituyen 47% de la demanda (la única que puede ser considerada como autosuficiente en términos hipotéticos) y los adultos mayores constituyen 15% de la demanda. Por tanto, hay un 52% de la demanda de cuidados constituida por niños, jóvenes y adultos mayores que son los sectores de la población tradicionalmente considerados como dependientes. Los adultos mayores de edad avanzada y muy avanzada representan un 8% de la demanda de cuidados. En el otro extremo de la población, los niños pequeños (0 a 4 años) representan promedialmente el 11% de la demanda. Cuadro 3. El trabajo de cuidados en Uruguay. Proyecciones para los años 2000, 2010 y 2020. Demanda según origen demográfico. Distribución por edades. Edad Preescolar 0-4 Escolar 5-14 Joven/escolar15-19 (0-19) Subtotal 1 Adultos 20-64 (20-64) Subtotal 2 Mayores 65-74 Edad avanzada 75-79 Edad muy avanzada 80 y más (65 y más) Subtotal 3 Total

2000 (%) 12 19 8 39 46 46 8 3 4 15 100

2010 (%) 11 19 8 38 47 47 7 3 5 15 100

2020 (%) 11 17 8 36 48 48 8 3 5 16 100

Fuente: Elaboración propia.

En la situación actual en Uruguay, donde existe un déficit de cuidados importante, esta problemática no ha impactado aún con toda la fuerza que las cifras indican porque nuestro país tiene aún una generación de mujeres que amortiguan este impacto, esto es, mujeres de 55 y más años que no están incorporadas al mercado de trabajo remunerado (las amas de casa) y que de diversas formas responden a estas necesidades de cuidado insatisfechas. Pero, dada la creciente tasa de participación femenina en el mercado de trabajo, es de suponer que este efecto amortiguador desaparecerá en pocos años por lo que la problemática de la demanda de cuidados será un tema central.

131

De acuerdo con estas proyecciones, las actitudes y la gestión de la producción para el mercado tendrá que transformarse con el fin de acomodarse a la nueva demanda de trabajos de cuidados. Esta demanda no podrá satisfacerse por los propios demandantes a los precios corrientes en el mercado de trabajo, puesto que como se observó en un 52% de los casos son niños, jóvenes o adultos mayores, quienes generalmente no cuentan con los recursos económicos necesarios para acceder a esos servicios en el mercado. Los problemas sociales surgen ante la distinta capacidad de los diferentes grupos de edad para pagar por sus propias necesidades. La pregunta a realizarse es quién proveerá los servicios requeridos por las poblaciones dependientes. El tiempo es un recurso escaso, si se dedica al trabajo remunerado no puede dedicarse al trabajo no remunerado, el tiempo de ocio, el entretenimiento, la capacitación o la participación ciudadana. Al respecto es pertinente observar los resultados de la Encuesta sobre usos del tiempo*  (Aguirre y Batthyány, 2005) realizada por el Área de Sociología de las relaciones de Género, referidos al cuidado infantil y al cuidado de los adultos mayores. Los resultados muestran que en promedio los hogares de Montevideo y Área Metropolitana dedican 41 horas semanales al cuidado infantil, siendo la mujer la que realiza la mayor proporción de esta tarea (61%), dedicando 27 horas semanales frente a 13 horas dedicadas por los otros miembros del hogar. La distribución de las tareas de cuidado infantil al interior de los hogares dista bastante de ser equitativa, y recae mayoritariamente en las mujeres. En lo que refiere al tiempo dedicado al cuidado de adultos mayores, la encuesta referida indica que los hogares con adultos mayores de 65 años dedican en promedio más de 30 horas a su cuidado, nuevamente con una proporción femenina de participación en el cuidado muy alta: más del 70% de las tareas de cuidado del adulto mayor son realizadas por mujeres. El envejecimiento de las sociedades y la creciente importancia de las enfermedades crónicas e invalidantes plantean la necesidad de abordar la problemática relacionada con el cuidado y la atención de las personas dependientes. Estos cuidados se realizan en gran

* Los resultados de la encuesta referida pueden encontrarse en: “Uso del tiempo y trabajo no remunerado” Aguirre y Batthyány, UNIFEM-Universidad de la República, 2005, Montevideo.

132

medida en el seno de las familias y, en menor medida, en la red de servicios socio-sanitarios (residencias geriátricas, hospitales, centros especializados, cuidados a domicilio, etcétera). Algunas evidencias internacionales nos muestran que el predominio en el protagonismo de los cuidados a las personas mayores dependientes no se encuentra en los servicios formales de atención sino, en el llamado apoyo informal. El apoyo informal se refiere a los cuidados y atenciones que son proporcionados a quien los precisa por sus allegados, familiares, amigos, vecinos, y se caracteriza por la existencia de afectividad en la relación y no está necesariamente profesionalizado. Al respecto, un relevamiento en curso en el marco del proyecto “Género y cuidados familiares: ¿Quién se hace cargo del cuidado de los adultos mayores en Montevideo?” muestra que la oferta de servicios de cuidado en el sector privado de la economía ha crecido de manera significativa en los últimos años. El relevamiento realizado no ha sido exhaustivo aún, pero se han detectado 36 empresas de acompañantes y cuidado en Montevideo, de las cuales14% son unipersonales, 28% pequeñas empresas, 28% empresas medianas y 19% grandes empresas. Del restante 11% no se pudo recabar datos sobre su tamaño. La mayoría de los socios de estas empresas son mayores de 64 años y abonan una cuota mensual para acceder a los servicios.

Percepciones

sobre la responsabilidad social del cuidado

En la Encuesta sobre uso del tiempo se incorporó un “barómetro de responsabilidades sociales”, donde se indagó acerca de la atribución de la responsabilidad principal del cuidado de niños, enfermos, dependientes, etcétera. En lo que refiere a la atención de los niños más pequeños, el 68% de los entrevistados plantea que la responsabilidad es de las familias o principalmente de las familias con la ayuda del Estado (34% en ambos casos), no observándose diferencias significativas según sexo.

133

Cuadro 4. Atención de niños pequeños (0 a 3 años) según sexo del/la encuestado/a

Hombre

El Estado Principalmente el Estado con ayuda de las familias Por igual el Estado y las familias Principalmente las familias con ayuda del Estado Solamente las familias Agentes sociales y comunidad en conjunto con el Estado Total

Mujer

Total

3.3

2.3

2.7

8.9 20.1

6.3 18.9

7.3 19.4

30.9 32.8

35.6 34.5

33.6 33.8

4.1 100.0

2.4 100.0

3.1 100.0

Fuente: Encuesta sobre usos del tiempo y trabajo no remunerado. Montevideo, 2003.

Con respecto a los niños en edad preescolar, el 40% de los entrevistados plantean que la responsabilidad debe ser principalmente de las familias con ayuda del Estado y un 22% que la misma es sólo de las familias, no registrándose diferencias por sexo. Cuadro 5. Atención de niños en edad preescolar (4 a 5 años) según sexo del/la encuestado/a El Estado Principalmente el Estado con ayuda de las familias Por igual el Estado y las familias Principalmente las familias con ayuda del Estado Solamente las familias Agentes sociales y comunidad en conjunto con el Estado Total

Hombre

Mujer

Total

5.0

3.8

4.3

9.1 24.5

7.1 24.5

8.0 24.5

37.9 21.1

39.8 22.3

39.0 21.8

2.4 100.0

2.4 100.0

2.4 100.0

Fuente: Encuesta sobre usos del tiempo y trabajo no remunerado. Montevideo, 2003.

A partir de la edad escolar de los niños, donde la institucionalización del cuidado se hace obligatoria, las opiniones se modifican. Si bien 38% sigue opinando que la responsabilidad es principalmente de las familias con la ayuda del Estado, se observa una disminución de aquellos que opinan que es sólo de las familias y un aumento de los que opinan que debe ser compartida por igual entre el Estado y las familias.

134

Cuadro 6. Atención de niños en edad escolar (6 a 12 años) según sexo del/la encuestado/a

Hombre

El Estado Principalmente el Estado con ayuda de las familias Por igual el Estado y las familias Principalmente las familias con ayuda del Estado Solamente las familias Agentes sociales y comunidad en conjunto con el Estado Total

Mujer

Total

7.7

5.4

6.4

11.5 28.7

9.4 28.4

10.3 28.5

35.9 15.1

39.2 14.6

37.8 14.8

1.2 100.0

3.0 100.0

2.2 100.0

Fuente: Encuesta sobre usos del tiempo y trabajo no remunerado. Montevideo, 2003.

En lo que respecta al cuidado y la atención de los adultos mayores encontramos que las opiniones se concentran entorno al Estado y las familias. El 24% opina que es una responsabilidad compartida entre el Estado y las familias, el 30% que la responsabilidad principal es de la familia con la ayuda del Estado y el 28% que la misma es sólo competencia de la familia. Cuadro 7. Protección y cuidado de personas mayores según sexo del/la encuestado/a El Estado Principalmente el Estado con ayuda de las familias Por igual el Estado y las familias Principalmente las familias con ayuda del Estado Solamente las familias Agentes sociales y comunidad en conjunto con el Estado Total

Hombre

Mujer

Total

10.3

4.7

7.1

8.9 26.1

8.8 22.4

8.8 24.0

25.4 26.4

32.6 28.9

29.6 27.8

2.9 100.0

2.6 100.0

2.7 100.0

Fuente: Encuesta sobre usos del tiempo y trabajo no remunerado. Montevideo, 2003.

Se aprecia por tanto una tendencia al “familismo” –en cuanto a atribuir a la familia la responsabilidad principal del cuidado– en la población montevideana, asumiendo implícitamente que la res-

135

ponsabilidad de estos servicios descansa en manos de las mujeres. Nuevas preguntas emergen en torno a viejas cuestiones, pero en el marco de relaciones de género modificadas, en las que las mujeres han ampliado sus proyectos y opciones de vida.

Consideraciones

finales

A partir de los elementos expuestos, surgen algunas preguntas y consideraciones finales sobre las que parece oportuno generar una discusión lo más amplia posible, que involucre a los actores públicos y privados en torno a la relación entre por lo menos cuatro sectores: Estado, familias, mercado y comunidad. • ¿Quién asume los costos del cuidado de las personas dependientes? ¿Cómo deben repartirse los roles y la responsabilidad entre el Estado, la familia, el mercado y la comunidad? • ¿Quién proveerá los servicios requeridos por las poblaciones dependientes? • A nivel de las familias, ¿cómo lograr un reparto más equitativo?, ¿cómo incentivar la participación de los varones en los trabajos de cuidado? • A nivel de las políticas, las reformas del sistema de salud, de la seguridad social, la atención de los sectores de pobreza, ¿tienen en cuenta esta situación?

136

Bibliografía Aguirre, Rosario y Batthyány, Karina, Trabajo no remunerado y uso del tiempo. La encuesta Montevideo y área metropolitana 2003, Montevideo, Universidad de la República, UNIFEM, 2005. Aguirre, Rosario y Fassler, Clara, “La mujer en la familia como protagonista del bienestar social”, en Clara Fassler et al. (comp.), Género, familia y políticas sociales. Modelos para armar, Montevideo, Ediciones Trilce, 1997. Batthyány, Karina, “El trabajo de cuidado y las responsabilidades familiares en Uruguay: proyección de demandas” en Rosario Aguirre y Karina Batthyány (comp.), Trabajo, género y ciudadanía en los países del Cono Sur, Montevideo, AUGM-CINTERFOR-OIT-Universidad de la República, julio 2001. ——, Trabajo y cuidado infantil: un desafío exclusivamente femenino?. Una mirada desde el género y la ciudadanía social, Montevideo, CINTERFOR-OIT, 2004. CEPAL, “Desarrollo y equidad de género: una tarea pendiente”, Unidad Mujer y desarrollo, División de desarrollo social, Santiago de Chile, 1993 (Serie Mujer y Desarrollo, Nº 13). Damonte, Ana María, “Cómo envejecen los uruguayos”, Montevideo, CEPAL, 2001. Durán, María Ángeles, “Si Aristóteles levantara la cabeza”, Colección Feminismos, Madrid, Ed. Cátedra, Universidad de Valencia, 2000. —— (coord.), The future of work in Europe, Bruselas, Comisión europea, DGV, Unidad de Igualdad de Oportunidades, 1999. ——, Los costes invisibles de la enfermedad, Madrid, Fundación BBV, 1999. —— (coord.), De puertas adentro, Madrid, Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer, 1988. Fraser, Nancy, Justitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición de postsocialista, Colombia, Siglo del Hombre Editores, Biblioteca Universitaria, 1997. Hochschild, Arlie Russel, The second shift, Nueva York, Avon Books, 1990. Kabeer, Naila, Realidades trastocadas. Las jerarquías de género en el pensamiento del desarrollo, México, Paidós, Género y Sociedad, UNAM, 1998. Knijn, Trudie y Kremer, Monique, “Towards inclusive citizenship: gender and the caring dimension of Welfare States”, en Engendering citizenship and care. Seminar 1 of the EC Programme “Gender and Citizenship”, Holanda, 1996. Page, Mariano, Los usos del tiempo como indicadores de la discriminación entre géneros, Serie Estudios, Madrid, Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1996. Pfau-Effinger, Birgit, “Modernisation, culture and Part-Time work”, en Environment and planning, Año 26, Nº 9, 1993.



137

Políticas públicas para la equidad entre géneros y generaciones

Inés Iens

Mundo del trabajo y mundo de la familia: ¿es posible la armonía? Los mundos del trabajo y de la familia que han estado históricamente escindidos, por su propia lógica de funcionamiento, enfrentan actualmente y desde algunas décadas a esta parte, profundas transformaciones con recíprocas implicancias que nos llevan a preguntarnos sobre la posibilidad de la armonía entre ambas esferas, la pública correspondiente al trabajo y la privada en la que se inscribe la familia. Si asumimos esta pregunta como válida decimos, entonces, que la misma lleva implícita la idea contraria, esto es, la existencia de cierto tipo de conflictos entre los sujetos que actúan y transitan de uno a otro de estos mundos. Siguiendo esta hipótesis, y en el caso de las mujeres particularmente, surge de inmediato, si no la idea de conflicto, por lo menos la dificultad que actualmente encuentran en su vida cotidiana para compatibilizar y articular el tiempo que requiere el ámbito de la familia y el tiempo requerido en el ámbito del trabajo. Ha sido suficientemente tratado, y no es necesario desarrollar aquí, el hecho de que existe, como punto de partida, una desigualdad social en base a estereotipos de género, sostenida en una impronta sociocultural e histórica de división sexual del trabajo, que ordena y asigna socialmente roles diferenciados en base a la diferencia de sexo. Los roles diferenciados e incorporados en los individuos desde la edad más temprana, y luego reproducidos y asumidos en la asignación y apropiación de roles por género y generación en el ámbito de la familia, han ubicado históricamente al hombre-jefe de hogar en la esfera de lo público; esto es, en el mundo del trabajo desempeñando la función de proveedor económico. En tanto que a la mujer, dispuesta como esposa o cónyuge se la ha mantenido en

138

la esfera de lo privado-doméstico y como principal responsable de llevar adelante las actividades vinculadas a la reproducción social y cotidiana de sus miembros. De este modo, la esfera de la producción (mundo del trabajo) y de la reproducción (mundo de la familia), han permanecido independientes una de otra como resultado de la división sexual del trabajo. De ese modo transcurría por un lado el ámbito público de la producción de bienes materiales o de servicios y por el otro, con su propia dinámica, el ámbito privado de la familia. Desde la mirada del mundo del trabajo, en general se ubica a la mujer en la posición especial de encargada de la reproducción biológica, social y cultural de la fuerza de trabajo. Así se ha construido y reproducido históricamente en el imaginario social esta división sexual del trabajo, naturalizando la ubicación del hombre en el mundo público del trabajo y a la mujer en el mundo privado de la familia. Sin embargo, desde hace varias décadas, como resultado de una serie de trasformaciones, estos espacios históricamente escindidos, comienzan a relacionarse, generando a la vez mutuas contradicciones. Las transformaciones de las últimas décadas de carácter demográfico, socioeconómico y cultural (Ariza y Oliveira, 2002), repercuten e interpelan a las tradicionales formas de organización del mundo de la familia y del mundo del trabajo y los colocan ante nuevos desafíos. Es en este sentido que la generación de armonía entre ambos mundos, hasta hoy aparentemente en contradicción, es uno de los retos a plantearse. Los datos de la realidad indican que nos encontramos ante dos mundos en cambio. Por un lado, la transformación de la familia tal cual la conocimos a lo largo del siglo XX, sufre desde las últimas décadas algunas modificaciones en distintas dimensiones: la trasformación de la familia abarca como señalan Ariza y Oliveira, desde la formación y la disolución de las familias, la estructura de los hogares, la organización doméstica, hasta diversas pautas de convivencia familiar. En cuanto a las estructuras de los hogares: la composición de parentesco y la jefatura del hogar, nos encontramos ante nuevos arreglos familiares. Si bien en América Latina los hogares nucleares siguen siendo predominantes y las familias extensas y compuestas conservan un peso importante, se incrementan los hogares unipersonales así como las familias encabezadas por mujeres.

139

En el caso específico de Uruguay, de acuerdo a los datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística en el año 2004, partir de una desagregación de las parejas con hijos de una pareja anterior, que se designan como hogares reconstituidos o familias ensambladas, encontramos la siguiente estructura de hogares: Cuadro 1. Estructura de los hogares

Frecuencia Unipersonales Nuclear sin hijos Nuclear con hijos Nuclear reconstituida Monoparentales Extendidos Extendido reconstituidos Compuestos Total

3436 2970 5356 818 2020 3210 162 420 18392

Porcentaje 18.7 16.1 29.1 4.4 11.0 17.5 0.9 2.3 100.0

Fuente: Reprocesamiento del Banco de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales en base a la Encuesta Continua de Hogares 2004 del Instituto Nacional de Estadística.

Como puede observarse en el cuadro tal cual indican los datos oficiales, una diversidad de arreglos familiares comprendidos como hogares nucleares acumulan un 68%, los hogares unipersonales representan un 19% de los hogares, los hogares extendidos, tanto los propiamente dichos como los reconstituidos, en total superan el 18%, los hogares monoparentales 11.0%, y los compuestos, 2.3%. Tomando como referencia los datos del Censo de 1996 (teniendo en cuenta los importantes movimientos de población hacia el exterior que se registraron en el transcurso del período intercensal), ellos indican que los hogares unipersonales alcanzaban en aquel entonces apenas al 5% y el hogar nuclear representaba el 61% de los hogares (Filgueira, 1996). Se observa entonces, si bien la permanencia del hogar nuclear como forma predominante de estructura del hogar, el incremento de otras configuraciones de hogares, mal llamados “nucleares” en el sentido tradicional y en especial el de los hogares unipersonales. Paralelamente, las transformaciones socioeconómicas de las últimas décadas, pautadas por un modelo de desarrollo caracterizado por sucesivas crisis, ajustes económicos, terciarización de la economía y flexibilización en las pautas productivas, han repercutido

140

mediante nuevas formas de división sexual del trabajo en las relaciones entre el mundo del trabajo y el mundo de la familia. Si, como señalan Ariza y De Oliveira al modelo de sustitución de importaciones le correspondía una forma particular de división sexual del trabajo y de relación entre la esfera pública y la esfera privada, mediante el modelo de hombre proveedor familiar y con un mercado de trabajo masculinizado, el modelo neoliberal de desarrollo que lo sucedió, encuentra su correspondencia en un modelo familiar más flexible en cuanto al desempeño de los roles familiares, que es correlativo a una creciente feminización del mercado de trabajo. A partir de la década del setenta hay una incorporación masiva y sin retorno de las mujeres*  al mundo del trabajo. En las tres últimas décadas, en América Latina, la presencia de las mujeres en la fuerza de trabajo, alcanza un promedio regional del 40%. La tasa de crecimiento de la población económicamente activa femenina, duplica el crecimiento de la tasa de crecimiento de la población económicamente activa masculina, en tanto que la tasa de crecimiento global de la PEA se explica casi exclusivamente por el aumento de la participación femenina (Valenzuela, 2000). Esta feminización del mercado de trabajo, es correlativa a otras transformaciones del mundo del trabajo que responden al modelo productivo preponderante. Como ya sabemos, desde hace varias décadas, se han ido imponiendo las siguientes nociones: • Ajuste económico (en la década del setenta). • Flexibilidad en la reorganización de la producción y tercerizaciones (en la década del ochenta). • Competitividad; excelencia empresarial, globalización (en la década del noventa). Es así que emerge un incremento del paro y de formas diversas del trabajo precario, tercerizado y terciarizado, los subcontratos, el contrato a término de obra o de servicio, el trabajo temporal; los servicios vinculados a la economía informal, etcétera, como la otra cara de la lógica preponderante en las medianas y grandes empresas que dicen intentar la búsqueda de mayor productividad y competitividad; esto es de una mejor adecuación de lo productivo a las exigencias del mercado. Esta adecuación productiva se ha llevado a cabo mediante la flexibilización de la producción y de la fuerza laboral con importantes *

Debemos tener en cuenta que la categoría mujer es en sí misma heterogénea por niveles educativos, capitales culturales y enclasamientos sociales.

141

consecuencias sobre las relaciones y condiciones laborales afectando la situación de los trabajadores y las trabajadoras. En el caso particular de las mujeres, su incremento en la fuerza de trabajo, se ha correspondido con un incremento en el desempleo femenino y en su participación en el trabajo precario e inestable.

¿Qué

papel juegan las mujeres frente a esos cambios?

En la sociedad y en el mercado de trabajo, en tanto que construcción social, impera una conceptualización que somete concretamente a las mujeres en el mercado laboral, al carácter secundario de su oferta, en el entendido que para las mujeres la prioridad consiste en las funciones de reproducción biológica y de los cuidados y responsabilidades en el ámbito privado-doméstico. En base a este argumento del carácter secundario de la fuerza de trabajo femenina, se explica por ejemplo, el hecho de que las mujeres perciban menores ingresos que los hombres. Sin embargo, observando el tipo de ocupaciones que desempeñan las mujeres, lo que ocurre es que la mayoría se emplean en puestos de trabajo vinculados a los servicios de cuidados (salud), a la educación y a otras ocupaciones de servicios a la comunidad y personales por los que se perciben menores retribuciones. O sea en trabajos de menor jerarquía y peor retribuidos. Distintas investigadoras han manejado los conceptos de “segregación horizontal” y de “segregación vertical”, para dar cuenta de aquellas formas de discriminación social y específica por género existente en el mercado laboral. Con el primer concepto se han referido a la segregación ocupacional entre hombres y mujeres, que les ha permitido identificar un “conjunto de ocupaciones consideradas femeninas” o “reservadas” en el mercado laboral para ser ocupadas por mujeres. Como decíamos antes, estas ocupaciones serían básicamente las ocupaciones principalmente de servicios: atención y cuidados en salud, educación, limpieza, etcétera. Mientras con el concepto de “segregación vertical” han aludido a la ubicación de las mujeres en los escalafones más bajos de la estructura ocupacional. Al respecto, y a modo de ilustración, presentaremos en el cuadro que aparece a continuación los datos correspondientes a la posición jerárquica ocupada en la empresa según sexo para la población ocupada de Montevideo.

142

Cuadro 2. Posición jerárquica que ocupa en la empresa según sexo Directiva Técnica Intermedia Subalterna Total %

Hombres 23 15 21 41 100

Mujeres 14 15 20 50 100

Total 19 15 21 45 100

Fuente: Iens, Inés y Longhi, A., Experiencia del paro, movilidad laboral, estrategias de calificación y laborales de la población trabajadora en un contexto de crisis y mutación. El caso de Montevideo en el período 1998-2004,

Si observamos los datos por género, es interesante encontrar cómo las mujeres se ubican en la mitad de los casos y en mayor proporción que los varones, en posiciones subalternas (50% y 41% respectivamente). Por el contrario ellos, con menor representación en la posición subalterna poseen una mayor representación, cuatro puntos por encima de la media, en la posición directiva en relación con las mujeres (23% y 14% respectivamente). Esta “segregación vertical” que condiciona la inserción laboral de las mujeres, así como también su “segregación horizontal”, se ve favorecida por una combinación de estereotipos que actúan en el mercado de trabajo obstaculizando sus trayectorias laborales en función de “razones” como: la productividad, el ausentismo, su disponibilidad para la realización de cursos de formación o capacitación dentro de la empresa debido a sus responsabilidades familiares, y al hecho de que a las mujeres se les ofrezcan en comparación con los hombres peores condiciones de trabajo en lo que respecta a estabilidad y cobertura legal, calidad y jerarquía de los puestos de trabajo y también posibilidades de ascenso. Esa combinatoria de estereotipos da finalmente como resultado las siguientes situaciones: 1. Tasas de desempleo con sesgo de género. 2. Una mayor discriminación al momento en que el empleador decide quién ingresa a la empresa.

Desempleo con sesgo de género A fin de mostrar cómo el desempleo tiene un comportamiento diferencial por género, en la encuesta ya mencionada sobre la población económicamente activa (PEA) de Montevideo urbano, decidimos incluir en la investigación tres mediciones de desempleo.

143

La decisión de incorporar dos mediciones complementarias a la oficial –complementarias en el sentido de que permiten ampliar el tiempo de búsqueda de empleo más allá de la última semana tal cual la medición nacional oficial, y según la OIT–, radica en el entendido de que al ampliarse el período de búsqueda que se tiene en cuenta para considerar a una persona activa sin trabajo, se logra descubrir una oferta de trabajo ampliada, que podríamos denominar “latente” o “potencial” que estaría engrosando las filas de quienes se encuentran en situación de desempleo y ampliando las cifras de desempleo más allá de quienes buscaron trabajo la última semana. En el cuadro que presentamos a continuación se puede observar en filas, las tres mediciones en el tiempo de búsqueda: buscó la semana anterior, buscó el último mes, buscó los últimos seis meses. Cuadro 3. Tiempos de búsqueda de trabajo según sexo Tiempo de búsqueda Buscó semana anterior Buscó último mes Buscó últimos 6 meses (Total de activos)

Hombres 10.0 15.0 21.0 (777)

Mujeres

Total

12.0 17.0 27.0

11.0 16.0 24.0

(710)

(1487)

Fuente: Iens, Inés y Longhi, A., Experiencia del paro, movilidad laboral,

estrategias de calificación y laborales de la población trabajadora en un contexto de crisis y mutación. El caso de Montevideo en el período 1998-2004,

En primer lugar, se presenta la medición de las tasas de desempleo por tiempo de búsqueda que realizan las estadísticas oficiales. En esta medición, son desocupados los sujetos que careciendo de trabajo, lo han buscado activamente en la última semana y que están disponibles para trabajar. En segundo lugar, la medición de las tasas de desempleo la realizamos entre quienes no buscaron la última semana, pero sí lo hicieron en el último mes. Y en tercer lugar, la medición de las tasas de desempleo entre quienes no buscaron en el último mes, pero sí en los últimos seis meses. Con estos tipos de mediciones se define el desempleo en un sentido amplio, ya que incluye búsquedas de trabajo intermitentes, pero además nos permite acercarnos a los casos de “desempleo por desaliento”; o sea, desocupados que luego de buscar y fracasar, han dejado de hacerlo. Según se puede observar en el cuadro, al ampliar el período de búsqueda de trabajo a un mes, el desempleo asciende del 11% al

144

16%, y al ampliar el tiempo de búsqueda a los últimos seis meses, aumenta al 24%. Si analizamos los datos desde la perspectiva de género, encontramos que en el caso de las mujeres, los valores siempre se ubican por encima de la media y que la diferencia en la tasa de desempleo por sexo se profundiza en la tercera medición: en ese caso la tasa de desempleo de las mujeres se ubica tres puntos por encima de la media.

Las diferencias por género en las trayectorias laborales Entre los objetivos que nos propusimos en la investigación estaba la elaboración de una tipología de trayectorias laborales, que nos permitiera recabar las diferencias entre hombres y mujeres en un período de cinco años. Esta tipología de trayectorias laborales fue compuesta mediante las siguientes categorías: 1. trabajadores ocupados en el momento de la encuesta y que estuvieron ocupados en todo el período considerado; 2. trabajadores que en el período pasaron por el desempleo, pero al finalizar el mismo y al momento de la encuesta se encontraban ocupados; 3. trabajadores que estuvieron ocupados al iniciar el período, pero que pasaron a estar desempleados; 4. aquellos que permanecieron desocupados todo el período y continúan buscando trabajo de forma intermitente; 5. los nuevos entrantes, quienes buscan trabajo por primera vez. Cuadro 4. Trayectoria laboral en el período 1999-2004 según sexo del entrevistado Hombres Ocupados 65.5 Desocupados-ocupados 13.4 Ocupados-desocupados 14.4 Desocupados-desocupados 3.3 Busca trabajo por primera vez 3.3 Total % 100

Mujeres 59.9 13.4 15.3 7.0 4.3 100

Total 62.9 13.4 14.8 5.1 3.8 100

Fuente: Iens, Inés y Longhi, A., Experiencia del paro, movilidad laboral,

estrategias de calificación y laborales de la población trabajadora en un contexto de crisis y mutación. El caso de Montevideo en el período 1998-2004,

Como puede observarse en el cuadro, se constatan diferencias por sexo en las trayectorias laborales. Entre los trabajadores que estuvieron ocupados todo el período, encontramos que las mujeres se ubican tres puntos por debajo de la media, mientras que entre

145

quienes se encuentran desocupados y además se definieron como desempleados de todo el período, las mujeres se ubican a mayor distancia de los varones. En el caso de los nuevos entrantes también se aprecia que las mujeres, en mayor proporción que los varones buscan trabajo por primera vez. En la investigación también se indagó sobre los significados atribuidos al desempleo entre los entrevistados que se encontraban desocupados o que habían pasado por la experiencia del desempleo en el período.* Los significados atribuidos al desempleo presentan variaciones de acuerdo a la edad, la posición de parentesco en el hogar, el estado civil, así como también según el sexo del entrevistado. De inmediato se presenta un cuadro síntesis que muestra las variaciones del significado del desempleo en los sujetos según los atributos básicos antes mencionados. Cuadro 5. El significado del desempleo según atributos básicos Sexo

Problemas emocionales Problemas psicológicos Reducción poder adquisitivo Imposibilidad desarrollo personal Tiempo libre No significó nada Otros Total % Total con información

Hombres

Mujeres

Total

23.4 20.7 22.8

24.1 16.1 30.9

23.7 18.4 26.9

3.4 14.7 4.7 10.3 100.0 232

5.3 13.6 3.0 7.0 100.0 236

4.5 14.1 3.9 8.5 100.0 468

* La detección sobre el significado del desempleo a partir de las vivencias individuales, se realizó mediante el empleo de dos preguntas de respuesta libre. Ambas preguntas fueron aplicadas a todos los activos que han experimentado el desempleo y también aquellos que lo experimentan en el presente. La pregunta sobre el significado de ser un desempleado de respuesta libre implicó la realización de un cierre conceptual acerca de los problemas originados.

146

Grupos de edad

Problemas emocionales Problemas psicológicos Reducción poder adquisitivo Imposibilidad desarrollo personal Tiempo libre No significó nada Otros Total % Total con información



Total

13.7 10.9

24.4 16.4

31.5 22.2

31.8 20.3

24.4 36.6

23.3 18

29

26.3

21.3

29.2

26.8

26.9

6.2 5.3 25 14 5.5 4.3 8.8 9.3 100 100 146 119

3.7 5.6 2.8 10.2 100 108

5.1 5.1 1.7 6.8 100 58

0 7.3 0 4.9 100 41

5.2 14.2 3.9 8.5 100 469

No parientes Parentesco con Otros más servicio jefe de hogar Jefe Cónyuge Hijo/a familiares doméstico Total

Problemas emocionales Problemas psicológicos Reducción poder adquisitivo Imposibilidad desarrollo personal Tiempo libre No significó nada Otros Total % Total con información Estado civil

Problemas emocionales Problemas psicológicos Reducción poder adquisitivo Imposibilidad desarrollo personal Tiempo libre No significó nada Otros Total % Total con información

23.7 24.7

31.1 16.4

11.3 13.5

43.4 9.1

33.3 0

23.6 18.2

25.2

24.2

31.2

2.7

33.3

27.2

2.8 7.4 9.3 8.4 5.1 5.2 9.2 7.2 100 100 194 96

5.3 26 2.8 9.9 100 133

6.7 9.4 0 4.4 100 44

0 33.3 0 0 100 3

4.6 13.9 4.2 8.3 100 470

Unión Casado/a Divorciado/ libre Separado Viudo/a

Soltero

Total

29.2 18.1

31.5 21.5

25 25

37.5 18.8

13.2 14.4

23.6 18.2

25.4

22.4

26.3

31.3

32.1

27.2

2.8 5.4 7.3 8.8 5.1 3.5 12.1 6.8 100 100 82 148

2.6 13.2 5.3 2.6 100 37

6.3 6.3 0 0 100 16

5.3 21.8 3.7 9.5 100 187

4.6 13.9 3.8 8.6 100 470

Fuente: Iens, Inés y Longhi, A., Experiencia del paro, movilidad laboral, estrategias de calificación

y laborales de la población trabajadora en un contexto de crisis y mutación. El caso de Montevideo en el período 1998-2004,

147

Como puede verse en el cuadro, para un porcentaje mayoritario y muy significativo de los entrevistados el desempleo significa fundamentalmente, la aparición de problemas emocionales y psicológicos (42%). Al desagregar la información por sexo, se aprecia que este tipo de problemas afecta en mayor medida a los hombres que a las mujeres (44% y 40% respectivamente). Sin duda, el imaginario social que vincula a los hombres al trabajo remunerado, hace que la pérdida del empleo ocasione en ellos problemas de identidad al no sentirse cumpliendo con el mandato social y ello redunda en diferentes niveles de depresión. Diversos estudios indican cómo en el caso de las mujeres con identidades equivalentes, de trabajadoras y de responsables del mundo privado-doméstico, el desempleo las afecta en menor medida, pues el retorno a la domesticidad requiere en ellas una fuerte atención a las responsabilidades familiares e, incluso, de contención a sus compañeros desocupados. En segundo lugar emerge el tipo de respuesta según la cual el principal significado del desempleo se ubica en la reducción de poder adquisitivo (27%). Si distinguimos las respuestas por sexo, vemos que este significado resulta básicamente de la respuesta femenina (31%) que se ubica cuatro puntos por encima de la media. En las respuestas obtenidas según grupos de edad, se mantiene el predominio de significados vinculados a los problemas emocionales y psicológicos (41%), en segundo lugar la reducción del poder adquisitivo (27%) y en tercer lugar la mayor disponibilidad de tiempo libre (14%). Observando la distribución de las respuestas según las edades de los entrevistados, destacamos que los adultos son más vulnerables que los jóvenes, al presentar mayores porcentajes de problemas vinculados a lo psicológico-emocional. Sucede a la inversa, en cuanto a las respuestas positivas que asocian desempleo con mayor disponibilidad de tiempo libre, donde los menores de 25 años concentran un 25% de las respuestas, que es consistente con el posicionamiento en el hogar y la situación conyugal, como veremos de inmediato. Al examinar el significado del desempleo según relación de parentesco con el jefe de hogar, se reiteran los valores en el total de respuestas respecto a problemas emocionales y psicológicos (42%) y reducción del poder adquisitivo (27%). En el primer caso se destacan los guarismos registrados en jefes y cónyuges (48% ambos); en tanto que la reducción del poder adquisitivo presenta en los hijos cuatro puntos por encima de la media (31%) al no poder contar con ingresos propios provenientes del trabajo. Asimismo entre los hijos

148

se advierte una respuesta de significado francamente positivo, como lo es poder disponer de mayor tiempo libre (26%) con doce puntos por encima de la media. Destacamos el caso de las mujeres cónyuges que manifiestan cómo la pérdida del empleo obstaculiza el desarrollo personal; situación que seguramente deriva de rememorar la red de vínculos perdidos que fueron creados en los ambientes de trabajo. Finalmente, si examinamos el estado conyugal de los entrevistados que están desocupados o han pasado por esa situación, la distribución de las respuestas indica que para los solteros y para los viudos el desempleo adquiere un significado importante en términos de reducción del poder adquisitivo con 32% y 31% respectivamente. El significado que deriva en la aparición de problemas emocionales y psicológicos, concentra las respuestas entre quienes son viudos/as, casados, divorciados o separados y en tercer lugar, en aquellos que se encuentran en unión libre. En síntesis, los problemas emocionales y psicológicos son preferentemente masculinos, de edades entre 36 y 55 años, casados y con posición de jefe de hogar. La reducción del poder adquisitivo es preponderantemente femenina, de edades jóvenes, solteras y en posición de hijas. El significado positivo atribuido al desempleo, entendido como posibilidad de disponer de mayor tiempo libre, muestra un perfil masculino de edades muy jóvenes, solteros y en posición de hijos. Entre los significados atribuidos al desempleo desde el punto de vista de los sujetos, consideramos pertinente indagar sobre las repercusiones del desempleo en el ámbito familiar. De esta forma se incluyó una pregunta abierta sobre las consecuencias del desempleo en la calidad de las relaciones familiares al interior de la unidad doméstica. Este es un tópico realmente poco estudiado; existen pocos antecedentes sobre los impactos del desempleo en las relaciones que se establecen en el ámbito familiar. Es nuestra hipótesis y supuesto fundamental que un fenómeno como el desempleo, con las drásticas consecuencias que tiene en el orden económico y psicológico, deber conllevar cambios importantes en el ámbito de las familias y que esos cambios tendrían incidencia diferencial de acuerdo a los atributos básicos de los actores, hombres y mujeres. Por ello, se presentan los resultados vinculados a las potenciales repercusiones del desempleo en las relaciones cotidianas familiares.

149

Cuadro 6. Consecuencias del desempleo en las relaciones familiares según atributos básicos Sexo

Hombres Mujeres

Deterioro relaciones familiares Tener más tiempo con la familia Emigración familiar No hubo cambios Total % Total con información Grupos de edad

Deterioro relaciones familiares Tener más tiempo con la familia Emigración familiar No hubo cambios Total % Total con información

30.8

37.1

9 13.4 0.9 1.9 59.1 47.6 100 100 267 274

Total

36.1

40.2

40.6

30.9

32.7

5 14.5 0 74.4 47.2 100 100 160 144

10.7 0.8 48.4 100 122

9.5 1.4 48.6 100 74

7.2 4.8 57.1 100 42

9.6 1.3 56.5 100 542

No parientes Parentesco con Otros más servicio jefe de hogar Jefe Cónyuge Hijo/a familiares doméstico Total

Deterioro relaciones familiares Tener más tiempo con la familia Emigración familiar No hubo cambios Total % Total con información Estado civil

Deterioro relaciones familiares Tener más tiempo con la familia Emigración familiar No hubo cambios Total % Total con información

34.6

34.5

29.7

30.5

66.7

33

10 12 2.6 0.9 52.8 52.6 100 100 229 116

5.4 0 64.9 100 148

14.3 0 56.5 100 46

0 0 33.3 100 3

9.4 1.3 56.3 100 542

Unión Casado/a Divorciado/ libre Separado Viudo/a

Soltero

43

33.6

40.9

35.7

25

12 0 45 100 100

13.1 1.7 51.7 100 176

11.3 2.3 45.5 100 44

7.1 0 57.1 100 14

4.8 1.4 68.8 100 208

Total

32.6 9.4 1.3 56.6 100 542

Fuente:Iens, Inés y Longhi, A., Experiencia del paro, movilidad laboral, estrategias de calificación y laborales de la población trabajadora en un contexto de crisis y mutación. El caso de Montevideo en el período 1998-2004, Montevideo, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 2005.

150

A partir de lo señalado por los entrevistados, a propósito de los impactos del desempleo en la emergencia de diversas problemáticas individuales, nuestra hipótesis fue que esto iba a contribuir a cambios a nivel de las relaciones familiares. Por ello resultan, en principio, incongruentes las respuestas que expresan la gran mayoría de los entrevistados, de que la situación de desempleo no generó consecuencias. Más de la mitad de las repuestas se concentran en la categoría de “no hubo cambios” en las relaciones familiares. Esto puede deberse a dos factores: por un lado, que el tipo de instrumento empleado –a diferencia de una entrevista en profundidad– no posibilitó la inclusión de un gradiente de variados tópicos que permitieran detectar otros componentes latentes. En segundo lugar, consideramos que esta intrusión en el mundo de lo privado-familiar opera en los sujetos un efecto de negación, no sólo frente al entrevistador, sino además, una dificultad propia de los actores para asumir ante sí mismos las desarmonías inherentes a los problemas derivados de los significados del desempleo, anteriormente planteados. Al desagregar esa respuesta por sexo encontramos que los hombres refuerzan, con un 59%, la respuesta mayoritaria de que no hubo cambios. Por su parte, las mujeres registran valores muy inferiores a la media, señalando de esta manera no estar tan convencidas como los hombres de que el desempleo no afecta las relaciones familiares o, por lo menos, ser más abiertas en reconocer los problemas. En segundo lugar, se ubican aquellas respuestas que sí reconocen un deterioro de las relaciones familiares como consecuencia del desempleo (34%). Y en este caso, a la inversa que en la declaración anterior, las respuestas femeninas ascienden a un 37%. Esto es consistente con la observación de que las mujeres se mostrarían más abiertas que los hombres en cuanto a reconocer que el desempleo, de alguna manera, deteriora las relaciones familiares. En tercer lugar, se menciona como una consecuencia del desempleo, el hecho de “tener más tiempo con la familia” (11%), respuesta que asciende a un 13% en el caso de las mujeres, y que desciende en los hombres a un 9%. Es de destacar que las mujeres, aun cuando visualizarían más que los hombres las repercusiones del desempleo en las relaciones familiares, marcan un sentido positivo vinculado a lo cotidiano de poder tener más tiempo con la familia. Si observamos la distribución de las respuestas por grupos de edades podemos notar que la respuesta “no hubo cambios”, es una respuesta dada por la mayoría de los jóvenes (74%). El reconocer un

151

“deterioro en las relaciones familiares” se concentra en las edades adultas de 36 a 55 años. Los datos indican que las edades comprendidas entre los 25 y 35 años, afirman que el desempleo les permite tener más tiempo con la familia (con cinco puntos por encima de la media). Las respuestas que atienden a las posiciones de parentesco con el jefe del hogar, indican que las respuestas de “no hubo cambios” a nivel familiar se concentran en los hijos (65%); éstos superan nueve puntos porcentuales el total de respuestas para esta categoría. Por el contrario, la respuesta “deterioro de las relaciones familiares”, se registra entre los jefes, cónyuges y otros familiares. Con relación al estado conyugal, observamos que para los solteros la respuesta “no hubo cambios” alcanza un 69%, superando doce puntos el total de respuestas para la categoría, en tanto entre los casados las respuestas descienden al 53%. Sin embargo, en la respuesta de “deterioro de las relaciones familiares” se destacan quienes se encuentran en unión libre (43%) y los divorciados o separados (41%). En cuanto a la respuesta de “tener más tiempo con la familia” se concentra, relativamente, más entre los casados/as (con un 13% frente a un 9% de la media). En síntesis, si bien la mayoría de los entrevistados manifiesta que la situación de desempleo, no tiene grandes implicancias a nivel de las relaciones familiares, podemos señalar que quienes admiten repercusiones negativas a nivel familiar son principalmente las mujeres, los adultos casados de edades entre 36 y 55 años, jefes de hogar o cónyuges, divorciados o separados. Quienes consideran que no hubo cambios en las relaciones familiares a partir de la situación de desempleo, son preferentemente varones jóvenes, solteros y en posición de hijos en el hogar; datos consistentes respecto a lo anteriormente mencionado en cuanto al significado del desempleo como adquisición de mayor tiempo libre.

Discriminación en base al sexo en las asignaciones a los puestos de trabajo Otro de los tópicos, sobre lo que nos interesa reflexionar se vincula a la discriminación en base al sexo en las asignaciones a los puesto de trabajo. En la encuesta ya mencionada, en base a una muestra de la PEA montevideana, preguntamos a los ocupados si consideraban que el sexo determinaba la asignación al puesto de trabajo. El 76% de los entrevistados opinó que el sexo no determina la asignación al puesto de trabajo. Al observar los datos por sexo encontramos, a

152

la inversa de lo esperado, que las mujeres, reafirman la respuesta negativa a la percepción de discriminación (77%). Sin embargo, al analizar las respuestas a la pregunta sobre los factores que influyen en la discriminación a las mujeres en la empresa, que se le hizo a quienes percibían signos discriminatorios en la asignación al puesto de trabajo, encontramos lo siguiente: Cuadro 7. Factores de discriminación de la mujer en la empresa según sexo

Hombres

Categoría del puesto de trabajo Jerarquía interna de la empresa Diferencias físicas hombre y mujer La responsabilidad de la tarea Otros/determ. históricas/culturales

23 7 46 2 22

Mujeres 23 13 16 8 41

Total 23 10 33 5 30

Fuente:Iens, Inés y Longhi, A., Experiencia del paro, movilidad laboral, estrategias de calificación y laborales de la población trabajadora en un contexto de crisis y mutación. El caso de Montevideo en el período 1998-2004, Montevideo, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 2005.

Se destaca que mientras en el total de los entrevistados un 33% ve en las diferencias físicas entre hombres y mujeres el principal factor de discriminación, en el caso de los hombres esta respuesta asciende a un 46%, trece puntos por encima de la media; mientras que a la inversa, la mención a las “determinaciones históricas y culturales” que representa un 30% del total de las respuestas, en el caso de las mujeres esta respuesta asciende a un 41%. Por último, lo que caracteriza hoy por hoy la articulación del mundo del trabajo y el mundo de la familia y que plantea una problemática a quienes históricamente han sido las principales responsables de responder por las actividades de la esfera doméstica, esto es las mujeres, es encontrarse frente a la disyuntiva entre sus responsabilidades familiares y las propias del mundo laboral, o bien intentar conciliar ambas responsabilidades lo que implica para la mayoría de las mujeres la doble jornada laboral: la del trabajo no remunerado en la esfera de la familia y la del trabajo remunerado en la esfera de la producción. En otros casos, las mujeres se ven en la necesidad de optar entre un empleo y las responsabilidades del hogar. Por ello, en el cuadro que presentamos a continuación sobre las razones para dejar de trabajar, se puede observar la magnitud de la diferencia en las respuestas por sexo, en la categoría de las “responsabilidades familiares” representa

153

casi 14% del total de las respuestas entre las razones para dejar de trabajar. Sin embargo, al discriminar las respuestas por sexo, encontramos que mientras en el caso de los hombres este factor representa 4%, en el caso de las mujeres asciende casi al 24%. Cuadro 8. Razones para dejar de trabajar según sexo del entrevistado Responsabilidades familiares Despido Cierre de la empresa Baja voluntaria Excedencia forzosa Fin de contrato Mudanza. estudios. otras

Hombres 4.0 23.0 19.4 20.6 7.2 8.1 17.7

Mujeres

Total

23.8 17.3 13.9 19.6 3.4 4.9 17.1

13.7 20.2 16.7 20.2 5.4 6.6 17.4

Fuente: Fuente:Iens, Inés y Longhi, A., Experiencia del paro, movilidad laboral, estrategias de calificación y laborales de la población trabajadora en un contexto de crisis y mutación. El caso de Montevideo en el período 1998-2004, Montevideo, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 2005.

Si parte de lo expuesto en referencia al mundo del trabajo lo vinculamos a las transformaciones de los arreglos familiares, creemos que se vuelve totalmente necesario una redefinición de los roles y relaciones (entre sí y con la sociedad), de hombres y mujeres, jóvenes y “viejos” que permita avanzar hacia la equidad entre géneros y generaciones. Y fundamentalmente, que las transformaciones que hemos visto aquí, los cambios en que estamos colocados y colocadas, pasen a formar parte de la agenda pública. Finalmente, queremos expresar que un componente –sin duda necesario para lograr una armonía entre el mundo del trabajo y el mundo de la familia– es el de visualizar cómo opera la discriminación de género y revelar el tipo de relación y las representaciones sociales que hombres y mujeres, desde sus diferentes posiciones en el mundo privado de la familia, reproducen en el mercado laboral.

154

Bibliografía Ariza, Marina y De Oliveira, Orlandina, “Acerca de las familias y los hogares: estructura y dinámica”, en C. Wainerman (comp.), Familia, Trabajo y género, un mundo de nuevas relaciones, Buenos Aires, FCE, 2002. Bettio, Francesca, “Segregación y debilidad. Hipótesis alternativas en el análisis del mercado de trabajo” en La richerca delle donne, studi feministi in Italia, Turín, 1987. Castel, Robert, La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, Buenos Aires, Paidós, 1997. Carabaña, Julio, “Títulos contra el paro. ¿Protegen los estudios del desempleo?”, en F. Saez, Formación y Empleo. Economía Española, Madrid, Argentaria, 2000. Dex, Shirley, La división sexual del trabajo. Revoluciones conceptuales en las Ciencias Sociales, 1985. Filgueira, Carlos, La familia en Uruguay, CEPAL, Montevideo, 1996. Iens, Inés. “La Formación Ocupacional ante las Transformaciones del Mercado de Trabajo. El caso de Uruguay”. Proyecto de Investigación de Programa de Doctorado en Sociología y Ciencia Política, Universidad de Murcia, España, setiembre, 2002. Iens, Inés y Longhi, A., Experiencia del paro, movilidad laboral, estrategias de calificación y laborales de la población trabajadora en un contexto de crisis y mutación. El caso de Montevideo en el período 1998-2004, Montevideo, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 2005. Santos Ortega, Antonio y Poveda Rosa, María, Trabajo, empleo y cambio social, Valencia, 2001. Valenzuela, María Elena, “La situación laboral y el acceso al empleo de las mujeres del Cono Sur”, en María Elene Valenzuela y G. Reinecke, ¿Más y mejores empleos para las mujeres?, Santiago de Chile, OIT, 2000. Vilas, Carlos, “Estado y mercado en la globalización”, Revista de Sociología y Política, Brasil, 1999.

155

Noticia de las autoras Rosario Aguirre. Socióloga y profesora titular de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Ex Directora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Responsable del Área de Sociología de Género de ese Departamento. Irma Arriagada. Licenciada en Sociología de la Universidad de Concepción, Chile. Curso de Maestría en Sociología de la Universidad de Londres. Doctorante en Estudios Americanos, mención en Historia económica y social, Universidad de Santiago, Chile. Actualmente se desempeña como Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de CEPAL, Naciones Unidas. Chile. Karina Batthyány. Doctora en Sociología y magíster en Desarrollo Regional y Local. Profesora e investigadora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Investigadora integrante del Sistema Nacional de Investigación (CONICYT). Coordinadora de la Red temática de Estudios de Género, Universidad de la República. Claudia Bonan. Médica y doctora en Sociología. Docente e Investigadora del Programa de Posgrado en Salud de la Mujer del Instituto Fernández Figueira, Fiocruz, Brasil. Especialista en temas de modernidad, sexualidad, género y ciudadanía. Wanda Cabella. Demógrafa. Investigadora del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay. Virginia Guzmán. Psicóloga. Diplome d’études approfondies en Sciences Sociales (DEASS) U. Sorbonne EPRASS, EPHE. Certificado de estudios de Máster en Sociología, Universidad Católica, Perú. Doctorante en Sociología, Universidad Autónoma de Barcelona. Coordinadora del proyecto Gobernabilidad democrática y equidad de género (2004-2005) CEPAL. Inés Iens. Socióloga. Candidata a Doctora en Sociología y Políticas Sociales, Universidad de Murcia, España. Docente e investigadora adjunta del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Especialista en mercado de empleo y desigualdades sociales.

156

Diálogo con los panelistas Los participantes opinan y proponen En el seminario se desarrollaron dos instancias de intercambio y discusión. En un primer momento interactuaron el público y los panelistas. En un segundo momento se constituyeron tres grupos integrados por miembros de diversa procedencia institucional y profesional. Cada uno de ellos contó con una coordinadora de debate y secretario/a que tomó actas, a partir de las cuales se realizó una síntesis y sistematización de los aportes efectuados.

Primer momento

Diálogo con los panelistas

Transformaciones de la familia, conocimiento y políticas públicas Participantes –Los cambios en las familias han sido muy rápidos y el conocimiento existente, si bien permite describir algunas de las transformaciones más significativas, no siempre es suficiente para formular y elaborar políticas públicas. Se requieren más conocimientos que den cuenta de la enorme diversidad familiar y de los problemas específicos que manifiestan, especialmente aquellos referidos a las relaciones entre géneros y generaciones para lo cual es indispensable la investigación tanto cuantitativa como cualitativa. Sin embargo, para generar alternativas, este tipo de conocimiento es necesario, pero no es suficiente. Es preciso conocer la disposición al cambio que tiene la población y, sobre todo, la voluntad política de quienes deben tomar las decisiones en las políticas públicas. –Estamos en una época de profundos cambios. Los cambios políticos son evidentes, pero Uruguay es un país muy conservador. –Todos los problemas que se han planteado están vinculados entre sí, no se pueden solucionar por separado. Tiene que haber una concepción clara de cuáles son los objetivos de una política de género. Existen diversas posiciones respecto a qué se entiende por política de género y esta diversidad, a su vez, refiere a concepciones filosóficas distintas. Por ejemplo, cómo se concibe, desde una perspectiva de género, la maternidad, el trabajo, la salud reproductiva, etcétera. Debemos tener claro que cuando enfocamos los problemas de género estamos refiriéndonos a problemas relacionales. Las relaciones entre hombres y mujeres no cambiarán sólo por el cambio de actitud de ellas, aunque en el último tiempo han

159

surgido hombres que, cambiando ellos mismos, quieren sumarse a la lucha de nosotras, las mujeres.

Panelistas –La formulación de políticas públicas adecuadas tiene que ver con un proceso de cambio, de cambios culturales, con la aceptación de la diversidad. Hay diversidad de intereses, diversidad de situaciones, hay una diversidad cultural enorme. Sin embargo, es necesario investigar sobre esta realidad para generar nuevas políticas. La cultura latinoamericana aparece estratificada como en capas geológicas. Hay grupos sociales que están en una etapa premoderna,otros están en una etapa moderna y otros están en una etapa posmoderna. Negociar intereses tan diversos se hace cada vez más complejo. En la región, han habido cambios interesantes que vienen desde arriba, desde el Estado, a través de políticas específicas. El ejemplo más clásico es la acción estatal con relación a la violencia intrafamiliar, configurándola como delito, visión que no estaba presente hace una década o dos. Esto que es un cambio cultural enorme, se hizo en muy poco tiempo. Por otro lado, hay un desconocimiento desde las políticas del Estado de las prácticas de las personas. Hay una dificultad en las políticas y en la legislación para ver que las personas se comportan de maneras no tradicionales. Luego los cambios se producen tanto desde el Estado como desde la sociedad en procesos complejos. Por ejemplo, la migración, el tema de las familias trasnacionales que son cada vez más abundantes.

Gestión doméstica Participantes –La automatización, la tecnificación hace que los trabajos sean más leves para el ser humano. La tecnología debería aplicarse más a las tareas del hogar y ésta debería ser usada tanto por hombres como por mujeres. Uruguay debería producir los electrodomésticos que necesita para no tener que importarlos.

Panelistas –Estamos básicamente de acuerdo con el planteo de incorporar más tecnología como forma de aumentar la productividad y disminuir, por lo tanto, la sobrecarga del trabajo doméstico. Sin embargo, es

160

necesario hacer algunas precisiones, porque podemos tener múltiples aparatos y ser las mujeres las que nos hagamos cargo de ellos, con lo cual se mantiene la inequidad entre hombres y mujeres. Hay bastante resistencia de los hombres para realizar ciertas tareas aunque existan los electrodomésticos adecuados. Por ejemplo: llenar el lavavajillas o el lavarropas. Por otra parte, hay tareas domésticas que son muy difíciles de sustituir con equipamientos, nos referimos a la gestión doméstica, el “pienso”. Algunas empleadas domésticas remuneradas reivindican si el trabajo es “con pienso” o “sin pienso”. El “pienso” lleva tiempo, es una gran responsabilidad. Hay estudios en Europa que muestran que el aumento de la dotación de equipamiento doméstico aumenta el trabajo de las mujeres, porque hay que cuidar de más aparatos y algunos no son muy prácticos, por ejemplo las jugueras y las licuadoras que son difíciles de limpiar. Hay que tomar con precaución la afirmación de que la tecnología ahorra trabajo. No es lo mismo y no es automático. Por otra parte, no todos los hogares acceden a comprar electrodomésticos. Sería deseable que cada vez más hogares de todos los niveles sociales tuvieran facilidades para comprarlos. En nuestra encuesta estudiamos la cantidad de horas semanales dedicadas al trabajo doméstico usando electrodomésticos versus la existencia en el hogar de trabajadoras domésticas asalariadas. Lo que disminuye más las horas de trabajo de las mujeres de esos hogares es la existencia de trabajo doméstico asalariado. En nuestro país todavía, por la situación del mercado de trabajo, hay una relativa abundancia de trabajadoras domésticas. En muchos hogares prefieren tener trabajadoras domésticas, bien o mal pagas, que comprar electrodomésticos. Por lo tanto, frente a la propuesta de incorporar más tecnología hay que tomar en cuenta si existen elementos sustitutivos más adecuados.

Divorcio, transferencias y participación en el cuidado de los hijos Participantes –Las políticas de combate a la pobreza incluyen en algunos países, especialmente, en aquellos como Estados Unidos que hacen pocos desembolsos estatales hacia los niños, la recuperación de pensiones alimentarias como forma de transferencia monetaria de los padres a los niños y madres.

161

En estos países hace más o menos veinte años que se están evaluando estas políticas y se observa que estas transferencias no logran sacar a esos hogares de la pobreza. Sin embargo, como es obvio, sí contribuye sustancialmente a mejorar sus condiciones de vida. Esto es un tema de política pública bastante complejo e interesante de estudiar. En el caso de Uruguay, en una investigación realizada sobre una encuesta que se hizo en Montevideo y área metropolitana en 2001, encontramos que, efectivamente, aquellos menores de 21 que –en su mayoría, (casi el 90%) conviven con su madre– luego de la ruptura recibían transferencia o pensión alimentaria, tenían la misma probabilidad de estar en un estrato adecuado de activos del hogar (confort del hogar), que aquellos que vivían en hogares biparentales. Mientras que en los que no recibían transferencia se duplicaba la probabilidad de estar en el estrato más bajo de los activos. Por lo tanto, las pensiones alimentarias aunque no saquen a la gente de la pobreza contribuyen a mejorar sus condiciones de vida. –“Nuestros niños, nietos, sobrinos pasan la infancia y la adolescencia sin los padres. Esto es grave para cualquier sociedad.” –Las mujeres han extendido su etapa de cuidadoras más allá de la maternidad. Es así como tías y abuelas deben cumplir con estas tareas compensando la ausencia de los progenitores. –En caso de divorcio hay un desequilibrio evidente entre los aportes del hombre, cuando los hay, y los de la mujer. La ley estipula que el hombre debe pensión alimentaria a sus hijos menores de 18 años, extensible a los 21 si estos estudian, por un máximo del 50% de sus ingresos, independiente del número de hijos habidos en esa unión. Las mujeres, en caso de divorcio, generalmente, quedan a cargo de los hijos lo que les implica continuar aportando lo mismo que aportaban antes del divorcio y más aún para poder paliar el déficit de ingresos. Las mujeres aportan dinero propio, si lo tienen, gastan mucho tiempo en tareas domésticas y de cuidados y continúan trabajando hasta que los hijos puedan trabajar o recibirse, momento que excede, en muchas ocasiones, el plazo legal de cese de la pensión alimentaria. La desigualdad de aportes entre hombres y mujeres conduce, en no pocos casos, al empobrecimiento de las mujeres y de los hijos. La calidad de la educación de los hijos de padres divorciados no es la

162

que debería ser según lo que estipula la ley, disminuyendo la calidad de vida y las perspectivas de futuro de los menores. La mirada de la ley está puesta más que nada en el hombre y no en las obligaciones que contrae con conciencia y voluntad. Desde lo jurídico hay una ceguera de género muy importante en visualizar todo este sistema de desigualdad en los aportes tanto durante el casamiento como en ocasión de su disolución.

Reproducción de valores machistas en la sociedad Participantes –Uruguay es un país sumamente conservador. Quienes hacemos y promovemos estas formas de ser conservadoras, somos las mujeres. Tendríamos que comenzar a preguntarnos por qué no le brindamos a los hombres esa participación. Muchas veces las mujeres solemos quejarnos de lo que nosotras mismas promovemos. Cuando hoy se hablaba de que en el trabajo familiar o en el trabajo doméstico de la casa, las tareas las hacía generalmente la mujer, muchas veces suele pasar que cuando los compañeros intentan ayudar a sus mujeres, éstas les dicen: “déjalo ahí que yo lo hago más rápido”. Así evitamos la participación del otro género.

Panelistas –Con respecto al género masculino, no podemos hablar del género femenino sin plantearlo respecto del masculino, y no podemos plantear ninguno de los temas si no es justamente en la relación por presencia o por ausencia. Decir que las mujeres hacen “el 70% de...” es referirse al 30% que hacen los varones. Las mujeres no somos las mayores ni únicas responsables de la reproducción de los valores machistas de la sociedad. Somos lo que somos porque estamos socializadas en este sistema hegemónico patriarcal. En todo caso, es una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres. Aceptar que somos las únicas responsables en la educación de nuestros hijos es un estigma con el que cargamos demasiado tiempo y esto debe cambiar. Todos los estudios muestran la desproporción de dedicación entre hombres y mujeres a las tareas de cuidado y al trabajo doméstico. Sin embargo, es esperanzador observar que en algunos sectores de las nuevas generaciones se están produciendo incipientes cambios de comportamiento que apuntan a una mayor equidad.

163

Empleo y equidad en el trabajo Participantes –Para lograr la equidad entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo no basta con políticas laborales o de educación para el trabajo. Se necesitan políticas integrales que incluyan conjuntamente los aspectos económicos y las reformas en el sistema de salud y de educación, seguridad social, etcétera. Con relación a lo económico, debería tener especial importancia la incorporación de la economía informal y el aporte femenino en ella a las políticas públicas. Como sindicalistas hemos visto la incorporación de las mujeres al mercado laboral y pensamos que no hay posibilidades de retroceso. Sin embargo, comprobamos que estamos en los trabajos más flexibilizados, sin ningún tipo de protección social fruto de las políticas neoliberales de las últimas décadas. En este momento de cambio político esta situación tiene que cambiar y debemos exigir a los poderes públicos empleo digno, empleo decente, pero empleo decente con perspectiva de género. Esta carencia de perspectiva de género se observa no sólo en Uruguay sino también en el Mercosur y en toda la región. Las mujeres ocupamos los lugares más desprotegidos, más sumergidos, con más brecha salarial. En estos lugares la sindicalización es muy difícil y riesgosa pues se pone en juego el puesto de trabajo. Por eso una ley de fueros sindicales es fundamental. Pensamos que la negociación colectiva es un instrumento muy importante para lograr la equidad de género. Deberíamos exigir una negociación colectiva con perspectiva de género. Actualmente nos estamos capacitando para la negociación colectiva, sin embargo debemos capacitarnos para ser nosotras las negociadoras. Las políticas públicas son fundamentales como elemento de protección. Es por ello que exigimos que se legisle sobre el trabajo de las empleadas domésticas. Si bien la negociación colectiva sirve, esto es muy difícil. Otros temas que como trabajadoras nos preocupan son las mujeres migrantes y el tráfico de mujeres. –Con respecto al mundo del trabajo y al mundo de la familia me interesa mucho acentuar qué es la discriminación de género. Existen muchos trabajos en los que se prefiere la presencia de hombre porque “no menstrúan y no se embarazan” sobre todo en grandes empresas, sociedades anónimas y multinacionales. Cuando se contratan muje-

164

res, se les pide firmar una renuncia que se activa automáticamente en el momento de comprobarse un embarazo. A esta discriminación de género no escapan las propias mujeres con responsabilidades y poder. Usan los mismos argumentos que los hombres para no contratar personal femenino.

Panelistas –Existe discriminación de género en las empresas y esto se manifiesta en todos los sectores. La discriminación de género es una de las dimensiones importantes de la desigualdad social a tomar en cuenta en el estudio del mercado laboral. Algo se ha hecho con respecto al tema del desempleo. No alcanza con políticas pasivas de formación o de reconversión laboral a las desempleadas y los desempleados (concurren a la capacitación muchas más mujeres que hombres desempleados) sino que tenemos que propender, y justamente en esta situación de “nuevo país”, a políticas activas como las que existen en el Primer Mundo, por ejemplo, las políticas de formación dentro de la empresa. En este caso, además, es de gran importancia definir los criterios de selección de los candidatos para ver si existe un sesgo de género.

Trabajo remunerado y no remunerado Participantes –¿Cuáles son las teorías de economía feministas que asignan valor, incluso valor monetario al trabajo doméstico? ¿Cómo se puede establecer equivalencias monetarias entre trabajo remunerado y no remunerado?

Panelistas –Efectivamente, sobre estos problemas existen distintos enfoques. Lo que nosotras queremos, y lo que nos proponemos a través de la Red, es crear un ámbito para discutir esos enfoques distintos. Creemos que no tenemos recetas y las propuestas las tenemos que construir entre todas y todos. Cuantas más voces haya para debatir, mejor. Debemos discutir distintas perspectivas aunque inicialmente no se logren consensos. La meta es trabajar para tener propuestas lo más compartidas posibles. El enfoque económico que busca hacer equivalencias entre trabajo remunerado y no remunerado no es el elegido por nosotras. Trabajamos con relación al trabajo no remunerado, y a la reconcep-

165

tualización de la noción de trabajo desde una perspectiva sociológica, tratando de mostrar la importancia que tiene para el bienestar de la sociedad y poniendo en evidencia la valoración social más que la económica. Hay quienes trabajan en la valoración económica, pero hay grandes discusiones en torno a ello. No hay una sola manera de darle valor de mercado al trabajo no remunerado. Podría citar tres o cuatro enfoques distintos para abordar el tema. Todavía ningún país ha optado por un enfoque excluyendo a los demás. En España se han hecho avances experimentales. Por ejemplo, en varias comunidades autónomas de España y en el país Vasco, el Instituto Vasco de la Mujer ha hecho una cuenta satélite del sector doméstico. Se han realizado algunos cálculos en Italia y también en Alemania. Sin embargo, desde mi perspectiva, son intentos, ensayos, algo que está todavía a nivel experimental. Si bien puede ser un indicador decir qué porcentaje del producto bruto interno (PBI) representa el trabajo no remunerado, dándole un determinado valor, valor de mercado, de sustitución, hay que trabajar más acerca de la calidad de los datos que se recogen, que es lo que tratamos de hacer a través de las encuestas del uso del tiempo. Para darle valor económico, Naciones Unidas por ejemplo tiene una clasificación de actividades no remuneradas que se llama IATUR, que trabaja a cuatro dígitos, y que supone unas macroencuestas del uso del tiempo, enormes, costosas y que no todos los países están en condiciones de hacer. Para darle valor al trabajo no remunerado, efectivamente, hay que desagregar mucho las actividades para encontrar el equivalente monetario.

Vida política y vida familiar Participantes –Las mujeres tienen participación en las bases de los partidos pero pocas llegan a ser candidatas y a ocupar posiciones públicamente destacadas. ¿Cómo ven los varones la participación política de las mujeres? ¿Existen políticas públicas que faciliten la compatibilidad entre trabajo doméstico y desempeño político?

Panelistas –Se han destacado las dificultades que tienen las mujeres para compatibilizar los horarios en que se desarrolla la actividad política, (que son horarios para los hombres), con los requerimientos de la vida familiar. Esta situación conspira contra la posibilidad de

166

que las mujeres accedan a cargos de responsabilidad y marca una discriminación genérica. Superar las incompatibilidades entre el mundo familiar y el mundo público ha hecho que en algunos lugares se piense en una política de los tiempos. ¿Cómo coordinar los tiempos de la vida?, o sea los tiempos del trabajo, los horarios de los comercios, de los servicios educativos, etcétera. Sin ir más lejos, en Uruguay existe una falta de coordinación entre los horarios escolares y de guardería con las exigencias horarias de un empleo que afecta a las mujeres trabajadoras. Como dicen las italianas que han trabajado en esto, hay que pensar en una política de los tiempos, sincrónica (en este momento y en esta sociedad), pero también ver los tiempos a través del curso de vida de la gente. No es lo mismo el tiempo de quienes tienen niños pequeños, que los tiempos de las personas mayores.

Fecundidad masculina Participantes –Siempre se mide el número de hijos de las mujeres. Los hombres tienen sucesivas parejas, ¿qué pasa con la tasa de hijos que ellos tienen?

Panelistas –En los países de América Latina existe un rezago de las investigaciones sobre fecundidad masculina. En Europa la investigación está más avanzada, pero aún se conoce poco sobre el tema. En el caso de Uruguay, la encuesta de género y generaciones incluyó las mismas preguntas a hombres y a mujeres, de modo que cuando se terminen de procesar los datos éstos van a arrojar bastante luz sobre el tema. Lo que se ve es que empieza a aumentar la fecundidad masculina. En el contexto de rupturas de parejas, la recomposición familiar es mayor entre los hombres, quienes se casan con mujeres más jóvenes y tienen nuevos hijos. En el caso de Uruguay no tenemos datos ni tampoco hay estudios de América Latina. A lo mejor en México cuenten con mayor información. A partir de 2006 se va incluir en la Encuesta de Hogares como preguntas fijas, aquellas relativas a la fecundidad de hombres y mujeres que no estaban incluidas anteriormente. Se efectuó una prueba piloto en la que se incluyeron preguntas sobre edad de la paternidad, pero hubo que sacarlas porque los entrevistados no se

167

acordaban. Las mujeres, cuando tenían que responder por sus parejas mostraban dificultades e incluso se negaban a responder: “no, porque tiene hijos por acá, por allá, esto yo no sé”. Esta información hubiera sido muy interesante de recoger, pero los varones frecuentemente no recuerdan las fechas en que nacieron sus hijos.

Educación Participantes –Me parece que sería muy importante que desde la Red se pudiera reclamar políticas educativas que cuestionen el modelo con el que estamos educando en las escuelas, en los liceos, a nuestros niños. Me parece que desde allí podríamos estar produciendo transformaciones que seguramente tendrían mayor alcance. También se sugiere enviar al sistema educativo la información y las propuestas de este seminario. -La mujer tiene un rol muy activo y muy importante en la educación de sus hijos y la mujer de clase media, con una ideología “clase media”, podría ser la promotora real de un cambio.

Panelistas –Coincidimos en la importancia adjudicada a la educación en la difusión de valores no sexistas. También nos parece central que al sector educativo se le haga llegar el resultado de las investigaciones, que se pudiera apropiar de su contenido y difundirlos. El problema no está en que lleguen, sino que los incorporen y este proceso es muy lento y desparejo. A título de ejemplo, si bien es cierto que el sector educativo ha modificado en algo su modelo de enseñanza, aún está estudiando la incorporación de la educación sexual lo cual hace sospechar que se incluyan, a la brevedad, contenidos de equidad de género. En la modificación de la educación juega un papel muy importante la formación de los docentes y la de sus formadores. Constituye un problema de abordaje complejo y de resolución prolongada en el tiempo. La clase media puede ser la promotora de los cambios, especialmente aquellos hombres y mujeres que tienen mejores niveles educativos y más oportunidades para desarrollar sus potencialidades. La mujer de clase media educada puede cumplir un papel significativo en la transformación de los valores machistas de la

168

sociedad. Sin embargo, volver a adjudicarle a ella en exclusividad este papel, va en contra de las propuestas de equidad de género.

Adultos mayores. Cuidados y cuidadores/as Participantes –En Montevideo el 14% de la población son adultos mayores. En general son cuidados por mujeres que no tienen trabajo remunerado ni ingresos. En las estadísticas, ¿el cuidado de adultos mayores se considera como trabajo no remunerado? –Uruguay tiene actualmente una población envejecida que continuará creciendo en los próximos años y teniendo en cuenta el aumento de la expectativa de vida que cada vez es mayor –y sobre todo es mayor para las mujeres– la situación de los adultos mayores se torna preocupante. Esta prolongación de la vida no se acompaña necesariamente de una buena calidad de ella y para las mujeres ancianas esta situación es aún más desmedrada. Es por eso que la atención al adulto mayor es cada vez más relevante. Los cuidados deberían ser universales, la cobertura tendría que ser igual para todos y deberían respetar la dignidad de la persona, brindarse con humanidad y tener en cuenta el costo. Es necesario contemplar en el desarrollo de los servicios el estilo de vida, porque en realidad es una preocupación el hecho de que los adultos mayores están siendo bastante discriminados y dejados de lado por distintas razones. Para que estos propósitos puedan cumplirse se están desarrollando, a nivel de las políticas gubernamentales, redes socio-sanitarias. Ante la necesidad de cuidados, las empresas privadas han respondido ofertando en el mercado servicios de este tipo. Los cuidadores son mujeres en su mayoría, de más de 50 años, que han sido expulsadas del mercado de trabajo y que no tienen otras alternativas laborales, situación que da pie a bajos salarios. Este sistema de cuidados está dirigido a personas que pueden solventar sus costos y que tienen que adaptarse a la oferta de servicios que estas empresas proporcionan. Por ejemplo, 30 horas de cuidados semanales. Sería deseable que la cobertura de servicios no estuviera regulada por el mercado, fuera equitativa, amplia y estuviera más de acuerdo con las necesidades de los adultos mayores, cuyos niveles de dependencia física y mental son diversos e importantes.

169

La contracara de los adultos mayores adultos mayores que pueden pagar, son los que están en situación de calle. Otros, viven en refugios donde solamente les permiten entrar a las 8 de la noche y vuelven a salir a las 8 de la mañana, lo que constituye una semi situación de calle. Otros están en Casas de Salud, algunas de ellas muy buenas, pero en otras se viven situaciones muy complicadas por el hacinamiento y por los sueldos muy magros que recibe el personal. Por último están los hogares de ancianos, aquellos que no están inscriptos, en los cuales se juntan unas cuantas personas y pagan por el cuidado. Sin embargo, lo más grave a la hora de diseñar políticas es que el adulto mayor no quiere salir de su casa, lo que implica muchas pérdidas y desarraigo. Esto es algo que tenemos que pensar entre todos y replantearnos alternativas. Se han esgrimido algunas posibles soluciones como son los centros diurnos. Así como existen guarderías para niños y bebés que haya guarderías para ancianos que permiten que la familia trabaje. Estos centros diurnos estarían recibiendo a los adultos mayores desde la mañana hasta la tarde; y en ellos realizarían actividades que son muy necesarias para el adulto mayor para evitar el síndrome de la inmovilidad, compartirían intereses, y eventualmente podrían producir. El 60% de los adultos mayores están en condiciones de producir y aportar a la sociedad. Por otra parte, estas actividades contribuirían a modificar la imagen que los niños y jóvenes tienen del adulto mayor y a mejorar las relaciones intergeneracionales.

Panelistas –Respondiendo a las dudas, afirmamos que el trabajo no remunerado efectivamente incluye el cuidado de adultos mayores. En la investigación sobre trabajo no remunerado intentamos profundizar el análisis de estos cuidados. Sin embargo, no ha sido una tarea fácil. La clasificación de Naciones Unidas tiene grandes dificultades para desagregar actividades de cuidado de los adultos mayores. Es una de las lagunas que tiene esa clasificación internacional. Hemos seguido una clasificación que se ha hecho en encuestas españolas, separando los cuidados más vinculados a la enfermería –tales como los cuidados físicos de dar los remedios, acompañar al adulto mayor al médico, etcétera– de los cuidados que tienen que ver más con la contención y con aspectos más subjetivos. La dificultad que encontramos fue el escaso reconocimiento que las propias personas mayores tenían de los cuidados. Por ejem-

170

plo, encontramos hogares con personas mayores de 80 años que declaraban que no eran cuidados. Hay problemas para recoger la información. Se requiere de otros abordajes metodológicos. –Compartimos la preocupación porque la atención del adulto mayor sea universal y mejore sus niveles de calidad. También compartimos como tema central de preocupación la desprivatización de esta problemática. Nos referimos no a sacarlo del sector de la empresa privada, sino a sacarlo del ámbito familiar donde cada uno resuelve este problema en función de los recursos que tiene y transformarlo en un problema social y colectivo que tiene que tener respuestas a ese nivel. Por ejemplo, a nivel de la reconversión laboral existen distintas respuestas que es necesario evaluar. Sin embargo, a nivel general existen políticas muy puntuales y marginales sólo para determinados sectores. Las ofertas a nivel de lo público, de lo colectivo, de lo social, son prácticamente inexistentes, especialmente las acciones orientadas al cuidado del adulto mayor. Nosotras estamos realizando una investigación que está en sus primeras etapas tratando de profundizar este tema de los cuidados del adulto mayor. Es una investigación cualitativa con la que queremos identificar cuáles son las estrategias que están desarrollando estos hogares para cubrir los cuidados de esta población. Ya que coincidimos en las “preocupaciones”, ojalá en el futuro podamos complementar datos, enfoques e investigaciones, entre la Escuela de Enfermería y los trabajos que estamos haciendo en la Facultad de Ciencias Sociales.

171

Segundo momento

Los participantes opinan y proponen

Problemas

y posibles soluciones

Necesidad de conocer la realidad Todos los grupos señalaron como problema la insuficiencia de conocimiento y difusión de los temas que se discutieron en el seminario. Esta situación de desconocimiento se observa en la población en general y alcanza, también, a profesionales y técnicos que trabajan con personas y a quienes toman decisiones políticas. Se discutió la importancia de contar con investigaciones que permitan hacer visibles los problemas y que sirvan de base para la formulación de políticas. Se destacó el valor de la investigación como instrumento de peso para dar solidez argumentativa a los debates y en la tarea de cabildeo. Se propuso incentivar el desarrollo de estas investigaciones y procurar su mayor difusión.

Trabajo remunerado/trabajo no remunerado Los tres grupos constatan la mayor dedicación de las mujeres a los trabajos no remunerados y la poca dedicación de los hombres al trabajo doméstico y a las tareas de cuidado. La mayor dedicación de las mujeres al trabajo no remunerado contribuye de múltiples maneras a la inequidad entre los géneros. Entre otros problemas, dificulta las posibilidades que las mujeres tienen de insertarse en el mundo del trabajo (especialmente en trabajos de responsabilidad y bien remunerados), hace más compleja la búsqueda de mecanismos que permitan compatibilizar la vida familiar con el trabajo y coloca a las mujeres en situación de desventaja para competir en el mundo laboral.

172

Se deja constancia, además, de las dificultades que tienen las mujeres para cursar estudios terciarios porque coincide, en muchos casos, con la etapa de formación de la familia y la procreación constituyendo un enorme desafío reingresar a la formación después que los hijos han crecido. Se requiere hacer una redistribución más equitativa del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres e incentivar la participación de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidados.

Cuidados y cuidados del cuidador/a Una faceta del trabajo no remunerado se refiere al trabajo de cuidado. Por la importancia que alcanzó la discusión del tema en los grupos lo trataremos por separado. Si bien los cuidados refieren a personas de diferentes condiciones y edades, los participantes privilegiaron aquellas tareas de cuidado que se efectúan a los menores de cuatro años, adultos mayores y madres adolescentes. Se señala con énfasis la insuficiencia de servicios que la sociedad dispone para el cuidado de las personas. Con relación al cuidado de los niños se plantea la necesidad de contar con un número suficiente de guarderías “para que las madres que salen a trabajar no estén preocupadas o con la cabeza puesta en qué está haciendo su hijo, con quién está, si está bien o mal”. Con respecto a los ancianos manifestaron su preocupación por la falta de servicios destinados no sólo a la asistencia sino a mejorar su calidad de vida tales como espacios de recreación o alguna forma de inserción laboral comunitaria que permitiera aportar sus capacidades a la sociedad. La discusión sobre la situación del cuidador –habitualmente cuidadora– motivó ricos aportes, especialmente en uno de los grupos. Es muy interesante señalar que en la discusión no apareció una separación clara entre cuidadoras en el hogar, como parte de los roles familiares, y las cuidadoras remuneradas. Más bien la actividad de cuidar se concibe como un continuo: “Partimos de la premisa que lo que queremos cuidar es la familia... a lo cual se dedican los cuidadores. Uno cuida dentro de la familia a sus hijos, cuida al enfermo que tiene o sale a trabajar como cuidador de otros, cuando salís a suplir un rol”, opina un miembro de un grupo. Con relación a la persona de la cuidador/a, los participantes mostraron preocupación por la sobrecarga física y emocional a que

173

están expuestas y, por lo tanto, su mayor vulnerabilidad frente a las enfermedades, especialmente, a las alteraciones de la salud mental. “Hablamos de alguien que llega a su casa cansada, agotada, que termina descuidando a su propia gente para cuidar de otro (...)”. Se analizó una experiencia de apoyo psicológico que un grupo de psiquiatras efectuó a un equipo de salud que trabajaba con niños en situación de riesgo considerándose muy positiva este tipo de intervención. Se propone multiplicar estas experiencias y que se implementen apoyos psicológicos institucionales para quienes deben cuidar de otros.

Transformaciones de las familias Los participantes plantearon la necesidad de reconocer las transformaciones que viene experimentando la familia tradicional y la emergencia de diversos tipos de arreglos familiares. La diversidad de arreglos familiares y sus distintas modalidades de funcionamiento son aspectos de la realidad que están frecuentemente invisibilizados. Según una participante: “Parece que todo el mundo asume que hay una sola familia y hay jóvenes que se asombran de cómo son el resto de las familias o la familia común”. La invisibilización de las transformaciones de las familias se observa tanto en la vida cotidiana como a nivel de las políticas públicas. Estas deben tener en cuenta las particularidades de estas nuevas configuraciones, detectar los problemas específicos que tienen y proponer medidas apropiadas para estas nuevas realidades.

Obstáculos para el desarrollo de la vida familiar Se señalaron algunas dificultades para que la vida familiar pueda desarrollarse adecuadamente. Se le otorgó mucha importancia a la falta de tiempo para dedicarse a la crianza (mucho cansancio, mucho trabajo, horarios extensos) y a la transformación de los valores que no reconocen como valiosa a la reproducción ni a las tareas de cuidado lo que desanima a muchas mujeres a procrear También se señalaron como obstáculos para el desarrollo de la vida familiar la falta de viviendas adecuadas al número y edad de las personas que las habitan. Según un participante, en el caso de las cooperativas de vivienda no hay espacio para atender un enfermo o un anciano.

174

Para abordar estos problemas no basta con modificaciones a nivel individual. Aunque éstas son necesarias, no alcanzan. Se debe pensar en transformaciones colectivas.

Modificación de las identidades masculinas y femeninas y sus relaciones recíprocas Estamos frente a un proceso de transformación aún incipiente de la identidades masculinas. No hay mucha reflexión sobre estos procesos ni sobre sus posibles resultados por lo que sería oportuno estimular la discusión sobre las nuevas masculinidades. Hay mayor reflexión sobre las identidades femeninas. Se destaca el tema de las diferencias de poder entre hombres y mujeres, el papel que juega el dinero y el acceso a puestos de dirección en el mantenimiento y reproducción de estas inequidades. Se propone modificar esta distribución inequitativa de poder a través de medidas tales como conseguir que más mujeres ocupen lugares de dirección, hacer visible la discriminación hacia las mujeres en los medios de comunicación (canciones, publicidad, impresos, etcétera).

Reformulación del papel de la educación Participantes de los tres grupos señalaron la importancia del sector educativo como elemento de transmisión y formación de la población en los temas de género, sexualidad y familia. Destacaron la necesidad de que los Centros de Formación Docente incluyan estos temas en su currícula para que, posteriormente, se difundan a través de todo el sistema educativo. También se hizo mucho énfasis en que estos temas tienen que incorporarse a lo largo de todo el proceso educativo desde la educación inicial hasta la formación terciaria de manera que se logre, no sólo una mayor información, sino modificaciones en las conductas y en las mentalidades.

Falta o insuficiente conocimiento sobre las instituciones Muchas veces se desconocen y/o se desaprovechan espacios ya existentes en la sociedad y en el Estado. Es necesario detectar y aprovechar las brechas para implementar las diversas acciones que se proponen.

175

Se planteó que en este gobierno hay mujeres feministas y del movimiento de mujeres desempeñando cargos de responsabilidad lo que facilitaría el acceso y aumentaría la sensibilización de las instancias de decisión. En el mismo sentido propusieron un mayor acercamiento a los legisladores, especialmente, en el interior del país donde existe una mayor cercanía entre la población y los representantes.

Centralismo montevideano Las personas y organizaciones del interior del país tienen mayor dificultad de acceso a la información, a participar en debates y en espacios en que se elaboran propuestas. Se propone modificar esta situación a través del uso de la tecnología que permite la difusión de la información evitando el traslado de personas. A título de ejemplo, se plantea organizar videoconferencias en el interior para aumentar la participación.

Necesidad de sensibilizar a la población Apareció reiteradamente en el debate grupal la necesidad de sensibilizar a la población sobre los problemas que se trataron en el seminario. Se proponen campañas que coloquen estos temas en la opinión pública y contribuyan a cambiar las mentalidades.

176

Virginia Guzmán

Reflexiones finales

No pretendo hacer una relatoría de cada una de las ponencias y debates de este seminario, sino ofrecer una suerte de síntesis donde desarrollo las ideas ejes y las interrogantes que, de acuerdo a mi interpretación, han marcado el intercambio de este encuentro. Antes que nada quisiera expresar que este seminario constituyó un espacio de interlocución entre mujeres con diferentes experiencias: asistieron autoridades políticas, miembros de la Cooperación Internacional, representantes de la Comisión Nacional de Seguimiento, profesionales y funcionarios del Estado y personas que vienen de la academia. Esta heterogeneidad, unida en torno al interés por el tema, dio riqueza al seminario al develar cómo en un mismo campo de interés existen prioridades y miradas diversas. En primer lugar quiero referirme al panel de apertura, en el que participaron la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Estado) y la Coordinadora Ejecutiva de la CNS, Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía (Sociedad civil), donde las intervenciones delinearon el horizonte común que comparten y algunas propuestas específicas de cada participante. Lo más sorprendente en este panel, como a lo largo de todo el seminario, fue la conciencia compartida de vivir un período marcado por transformaciones, donde resulta urgente ser capaz de detectar qué es lo nuevo, de identificar las prácticas emergentes. Junto a esto y dentro de este período, las distintas participaciones coincidieron en la coyuntura política privilegiada que vive Uruguay. No sólo enfrentan un mundo cambiante, sino que viven una coyuntura única, donde existe una mayor voluntad política para orientar los cambios en curso. El acuerdo alcanzado no sólo se refirió a la importancia de detectar los cambios, producir nuevas informaciones y conocimientos sino también a la necesidad de establecer nuevos pactos sociales, que se denominaron según las participantes, como pactos, nuevas

177

reglas, nuevas instituciones. Me gustaría enfatizar una idea: las transformaciones no se producen por generación espontánea, son producto de procesos sociales donde participan actores con distinto poder, que interactúan para definir nuevos problemas, para establecer reglas que regulen los conflictos. La mujeres se constituyeron en un nuevo actor político y subjetividad colectiva que identificó demandas, desarrolló nuevas concepciones e influyó en el comportamiento de otros actores y de las instituciones. En este sentido, las formas de interpretar las transformaciones actuales afectan el curso futuro de ellas. Al hablar de las políticas públicas se hizo un análisis muy fino de ellas donde habitualmente no se consideran varias dimensiones. Coincidieron en el papel de las representaciones en la elaboración de políticas, mostrando cómo las políticas de género se asientan en una concepción sobre el género, más o menos explícita o más o menos implícita. Coincidieron también en la necesidad de producir conocimiento para definir los problemas y esclarecer los mecanismos discriminatorios invisibles que están reproduciendo la desigualdad. Al hablar de mecanismos de discriminación entraron al campo de las instituciones y de su papel en la reproducción de la desigualdad. Finalmente, todas plantearon el tema de la participación en la elaboración de políticas y en los distintos modos de generar fuerza y voluntad política. En el fondo hicieron evidente que las políticas públicas son un punto de llegada de muchos procesos que cursan simultáneamente. En el análisis del trabajo la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres señaló las distintas dimensiones que configuran las trayectorias familiares y laborales, así como la necesidad de una simultaneidad de acciones en distintos campos para favorecer el acceso al mercado y las trayectorias laborales de las mujeres. Asimismo, y de manera coincidente con el resto de las participaciones del seminario, las panelistas analizaron las experiencias de vida de las personas, de las familias y del trabajo teniendo en cuenta la división sexual del trabajo y la necesidad de articulación de los espacios privados y públicos. Carmen Beramendi junto con señalar la importancia de los espacios privados y las familias en el desarrollo de la intimidad afirmó que el tipo de relaciones establecidas en este espacio influyen en la titularidad de los derechos de las mujeres, en el ejercicio de la ciudadanía, en la representatividad política de los sujetos, y en la participación pública. La posición de las mujeres en la esfera

178

privada afecta la posición de las mujeres en la esfera pública donde se reproduce su confinamiento a distintos espacios. En segundo lugar, en los paneles donde se presentaron los resultados de las investigaciones sobre el tema, las investigadoras miraron el problema desde distintas perspectivas. Ellas también constataron la magnitud de las transformaciones en curso: transformaciones demográficas, económicas, hacia el interior de las familias, de subjetividades, etcétera. Es dentro de este contexto transformacional donde adquiere mayor sentido los estudios sobre familia; estudios que deben articularse y tener en cuenta las transformaciones señaladas. Igualmente las investigadoras coincidieron en la necesidad de develar la diversidad de experiencias y prácticas sociales y la pluralidad de opiniones. Sus observaciones pueden ser leídas desde otra perspectiva: cómo conciliar en el contexto actual la autonomía y libertad con la justicia y equidad social. La mayor diversidad y la variedad pueden ser tanto expresión de una mayor libertad, menos coacción, mayor capacidad de elegir estilos de vida, pero también de la implementación de nuevos mecanismos de exclusión. En este sentido, la mayor libertad debe asociarse a una mejor distribución de recursos, lo que supone nuevos arreglos institucionales; en caso contrario, puede acarrear una mayor vulnerabilidad a la explotación, sobre todo cuando las antiguas reglas institucionales ya no funcionan. La exposición de Wanda Cabella es ilustrativa de cómo un mismo resultado puede tener distintas connotaciones. Expuso datos que mostraban un aumento de solteras de 25 a 29 años, lo que puede ser expresión de una mayor autonomía o expresión de los embarazos adolescentes que restringen las oportunidades de las jóvenes, obligadas a cuidar a sus hijos. Después, escuchando a Rosario Aguirre y Karina Batthyány, y ojeando su libro, era muy sugerente el grado de conciencia que tenían los hombres que se responsabilizaban de tareas domésticas de la simultaneidad de actividades que caracteriza el trabajo reproductivo. Surge la pregunta, de cómo resuelven los hombres el trabajo reproductivo al estar separados, divorciados, solos. ¿Cómo caracterizan el trabajo reproductivo, qué niveles de exigencia se imponen? Otro tema de gran importancia fue la relación planteada entre conocimiento y transformaciones en curso. Una primera e interesante pregunta es si contamos con los conceptos apropiados para analizar las realidades emergentes. Wanda Cabella y Karina Batthyány exponen muy bien la necesidad de construir herramientas conceptuales

179

para captar las transformaciones. Wanda, por ejemplo, para definir el paso a una segunda etapa de transición demográfica no se refiere sólo al número de niños por familia, sino el conjunto de prácticas de fecundidad, de matrimonios, de conyugabilidad. Asociado al tema de conocimiento y transformación surge el tema de nuestra capacidad de anticipación, de proyección al futuro. ¿Cómo podemos anticipar lo que va a pasar? ¿Cómo podemos proyectar a futuro? Y acá quiero compartir con ustedes el concepto de subjetividad colectiva desarrollado por José Mauricio Domínguez. Él analiza cómo las colectividades influyen unas sobre otras, o sea, ninguna colectividad se encierra en un espacio sin estar influida por otras y a la vez influir sobre ellas. Las distintas subjetividades colectivas van construyendo interpretaciones sobre la realidad, implementando nuevas prácticas sociales, abriendo espacios a las transformaciones sociales, tanto en forma voluntaria como involuntaria. La preocupación expresada en los grupos de trabajo acerca de cómo convencer a los otros, de cómo afectar el funcionamiento microsocial, tiene relación justamente con la emergencia de estas nuevas subjetividades colectivas que irrumpen en lo público e influyen en otras colectividades. En síntesis: el seminario hizo más claro que la familia está en un momento de grandes transformaciones, de profundización de los procesos de individuación, donde el curso de vida de los miembros de la familia no coincide necesariamente con el curso de vida de la familia. Una mujer y un hombre pueden hacer familia, salir de la familia, formar otras, de tal manera que la organización de su vida no depende sólo de la trayectoria familiar. ¿Son adecuados los conceptos de familia y trayectoria familiar para entender esta realidad? Un tema muy interesante es preguntarse por el significado de los procesos de individuación en los cursos de vida individual y familiar. Se tocaron temas específicos muy interesantes, la educación, el adulto mayor, el tema de los cuidadores de personas mayores o enfermas, temas como la migración y la explotación sexual, etcétera. Quisiera terminar refiriéndome a la Red y a la intervención de una participante donde llama a generar un espacio de diálogo, de interlocución, aspiración que también sustentaba la convocatoria del seminario, que funcione como bisagra entre demandas sociales, conocimiento e incidencia en las políticas públicas.

180

Listado de participantes

Abracinskas, Lilián Acosta, Patricia Acuña, Érica Aguilar, Alba Aguilar, Ramón Aguirre, Rosario Almada, Marisabel Almenares, Rosa Alonzo, Luis Alvarez, Brenda Alves, Inés Alvez, Cristina Amorena, Serrana Angielczyk, Claudia Angueira, Alba Araújo, Silvia Arnaud, Marie Noel Arriagada, Irma Artuzamunoa, Stella Ascué, Mirta Assandri, María de los Ángeles Avas, María Noel Baldizán, Martha Barbato, Celia Barreda, Eloísa Basco, Dolores Batista, Rosanna Batthyány, Karina Bausero, Inés Bega, Victoria Benítez, Sara Beramendi, Carmen Berro, Blanca Bidegain, Nicole Briano, Emma Britos, Alicia Bugallo, Victoria

Cabella, Wanda Cáceres, Alicia Caiafa, Andrea Calvar, Margarita Calvo, Juan José Calzavara, María Victoria Castro, Elena Castro, Liliana Cecilio, Martha Chavarini, Marcela Ciceri, Victoria Cocco, Alba Conde, Analaura Cóppola, Andrea Corallo, Silvana Correa Rocha, Mariela Correa, Ana Couriel, Jack Cristar, Cecilia Crocco, Silvia De León, Beatriz Delfino, Mirtha Díaz, Ameluisa Dopico, Daniela Durán, Natalia Ertag, Fanny Faraone, Alicia Faraone, Irene Fassler, Clara Fernández, Alicia Fernández, Alma Fernández, Irene Fernández, Silvana Ferré, Fernando Ferreira Taboada, Silvia Ferreira, Mireya Ferreira, Silvia Beatriz Fiamene, Ariadna

Figueroa, Doris Fiori, Silvia Flores, María del Luján Fosman, Ivonne Gainza, Elina García, María García, Rosario Gil, Alejandro Giménez, Sandra Giuzo, Graciela Godinho, Didice Gómez, Elsa Gómez, Patricia González, Félix Graña, Serrana Gronros, Nelba Guarino, Margarita Guillén, Susana Gutiérrez, Celina Guzmán, Virginia Hauser, Patricia Hoppe, Alicia Iens, Inés Langone, Adriana Lapchik, Perla Larrosa, Dolores Laurnaga, María Elena Levratto, Bettina Lindner, Marisa Loinkolosi, Sara López, María del Carmen Lovesio, Beatriz Lozano, Virginia Machado, Selva Magadan, Clarisa Maiorana, Adriana Mansilla, Jaqueline Marquez, Paola

181

Martínez, Hulda Masjuan, Nuria Michelena, Alejandra Millán, Richard Morán, Susana Moreira, Lía Muñoz, María Muñoz, Oscar Mutarelli, Carmen Negrone, Mariela Nicoletti, Carla Nilson, Martha Olivera, Beatriz Osorio, Virginia Pascale, María Pellegrino, Adela Percovich, Margarita Pereira, Claudia Pisciottano, Rosina Pissano, Silvana Ponte, Elena Puyesky, Fany Quesada, Solana Ramírez, Ana María Ríos, Beatriz Rivas, Zully

182

Robledo, Marta Rodriguez, Anabel Rodríguez, Elisa Rodríguez, Leonor Rodríguez, Robert Rojo, Virginia Roldós, Ana María Romanutti, Gabriela Rondán, Mónica Rosas, Alicia Rosas, Graciela Samuniski, Fanny Sánchez, Ana María Sánchez, María Elisa Sanguinetti, Beatriz Sanjurjo, Carolina Sapiro, Perla Schiaffino, Analía Schiavo, Alicia Schimmerling, Isabel Schirmer, Nury Scotto, Rosana Sena, Emilia Serrentino, Silvia Sierra, Nora Silva Xamo, María

Elena Silva, Elena Silva, Gabriela Silveira, Claudia Silveira, Tereza Sisurqui, Ángela Sorribas, Milka Sosa, Fernanda Supervielle, Teresa Szlecki, Alicia Tejera, Andrea Tisnés, Rodrigo Torres, Elisa Torres, María Julia Tourné, Daisy Varela, Carmen Vázquez, Susana Vega, Adriana Venturini, Ana María Villagra, Claudia Villar, Isabel Vitale, Angélica Winkowski, Sara Xavier, Mónica

Se terminó de imprimir en el mes de agosto de 2006, en Gráfica Don Bosco, Agraciada 3086, Montevideo, Uruguay. Depósito Legal Nº 339 261. Comisión del Papel. Edición amparada al Decreto 218/96

ISBN 997432418-1

familias en cambio en un mundo en cambio familias en cambio en un mundo en cambio

Esta publicación se propone contribuir a un mejor conocimiento de las transformaciones de las familias en Uruguay y en América Latina y destacar la necesidad de incluir en el debate público el impacto que estos cambios tienen sobre las relaciones de género y de generaciones El modelo imperante de familia –constituido por una pareja heterosexual, unida en matrimonio para toda la vida, y sus hijos– ya no es la única modalidad posible de vivir en familia. Están emergiendo una diversidad de arreglos familiares y se observan cuestionamientos a las relaciones jerárquicas entre géneros y generaciones. Estas transformaciones están articuladas con los profundos cambios que experimentan nuestras sociedades en el plano material y en la construcción de nuevas subjetividades que se inscriben en el desarrollo de la modernidad y de la modernización. Sus impactos tienen algunos aspectos positivos con relación a la libertad individual y al desarrollo de las personas. El ejercicio de los derechos individuales en el espacio público y en el ámbito privado, especialmente para las mujeres, ha cobrado progresivamente legitimidad, y permite que viejos problemas como la violencia intrafamiliar contra las mujeres, se hagan más visibles. También surgen nuevos problemas y desafíos a tener en cuenta como el déficit de cuidados a niños, enfermos y adultos mayores, y las dificultades para armonizar el mundo del trabajo con la vida familiar. Resulta paradojal, sin embargo, que transformaciones que afectan la vida cotidiana de tanta gente e inciden en la reproducción presente y futura de la población, tengan tan escasa visibilidad social y no sean contempladas en la agenda pública. La brecha entre realidad e imaginario colectivo redunda en una menor efectividad de las acciones propuestas en las políticas públicas y en un refuerzo de pautas sexistas. La Red Género y Familia pretende, a través de este libro, aportar al debate y contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que respondan a la realidad y que incluyan las perspectivas de géneros y generaciones, para promover el desarrollo de relaciones democráticas entre mujeres y hombres, jóvenes y mayores.

Clara Fassler coordinadora