Estructuras organizativas del desarrollo local en Canarias

9 Estructuras organizativas del desarrollo local en Canarias Magaly Rodríguez Martín Teo Morales González Introducción A primera vista, el título de ...
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9 Estructuras organizativas del desarrollo local en Canarias Magaly Rodríguez Martín Teo Morales González

Introducción A primera vista, el título de este capítulo parece no dejar lugar a dudas acerca de su contenido. Sin embargo, a la hora de abordar el tema, las primeras preguntas surgieron justamente a partir de una segunda lectura del mismo: ¿A qué desarrollo local nos referimos? ¿Podemos delimitar el desarrollo local? ¿Está organizado o estructurado el desarrollo local? ¿Quiénes están trabajando en desarrollo local en Canarias? Y entonces nos dimos cuenta de que la respuesta a las anteriores cuestiones no era tan evidente como parecía en un principio. Así que tras estas primeras preguntas, iniciamos el recorrido buceando en el pasado para averiguar acerca de los cambios en el contexto en el que nos movemos y, por tanto, en las políticas que nos afectan, encontrando algunas claves para comprender mejor el funcionamiento de las estructuras actuales. Luego, repasando algunas ideas acerca del desarrollo local, hemos llegado hasta algún sitio desde el cual asomarnos para ver más allá de nuestras narices. Nos hemos dado cuenta de la diversidad y complejidad del panorama y se nos ha ocurrido un juego. Finalmente, hemos subido un poco más, no muy lejos del lugar desde el que partimos, para apuntar algunas reflexiones finales.

Las políticas de desarrollo local En España, como en el resto de países de la órbita europea, tal y como señalan Gomá y Subirats (1998), el diseño de las políticas ha sufrido transformaciones que 235

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han tenido que ver con el proceso de europeización y el proceso de territorialización, o lo que es lo mismo, los desplazamientos de los procesos de gobierno tanto hacia la Unión Europea como hacia las comunidades autónomas y los gobiernos locales. Ya en la década de los setenta, en el contexto internacional, las elevadas tasas de desempleo a las que se enfrentaba la mayor parte de los países de Europa, unidas a las demandas de cambio e innovación en las diferentes áreas de la empresa, evidenciaron la necesidad de comenzar un proceso de descentralización que dio un mayor protagonismo a las administraciones regionales y locales en la elaboración y ejecución de las políticas dirigidas a atenuar tales problemas; y a las entidades municipales (ayuntamientos y mancomunidades), en el fomento y promoción de la economía local con la finalidad de conseguir la mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos. No obstante, fueron muchos y diversos los cambios que contribuyeron a conformar lo que conocemos como enfoque de desarrollo local y que, grosso modo, se pueden resumir en tres procesos importantes, a saber: a. El proceso de reestructuración productiva que están sufriendo las economías occidentales durante las tres últimas décadas, que ha tenido una clara incidencia no sólo en sus grandes macromagnitudes económicas, tales como el crecimiento, la inflación, el desempleo, etc.; sino también, en una marcada tendencia hacia la terciarización de sus economías, lo que redunda en procesos de desagrariazación y desindustrialización. b. La clara tendencia hacia la integración europea; la incorporación gradual a la economía de mercado de los países de la Europa Central y del Este; el progresivo desplazamiento del centro económico mundial desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico; y el estrechamiento de las relaciones políticas y económicas entre países y agrupaciones económicas. c. El proceso de ajuste que han sufrido las instituciones, en especial las Administraciones Públicas, con el objeto de poder adaptarse a las nuevas exigencias que comportan los cambios en las sociedades occidentales durante los cinco últimos lustros y que están relacionados principalmente con la necesidad de dar respuesta a los graves problemas en el mercado de trabajo y con las necesidades de adaptación de sus sistemas productivos, situación ésta última que no sólo afecta a la concepción del modelo de desarrollo que se venía utilizando, el cual se fundamentaba en la concentración-difusión de actividades económicas en el binomio urbano-industrial; sino que llega a transformar la misma estructura organizativa del Estado. 236

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En su conjunto, estos cambios han obligado a las administraciones públicas a responder con medidas más cercanas a la población, trayendo consigo una nueva concepción de la política de desarrollo regional que incorpora de manera activa a las administraciones locales, tanto en el diseño como en la ejecución de las políticas. En el ámbito de la Unión Europea, el programa LEADER y la Estrategia Europea de Empleo constituyen, en nuestra opinión, dos instrumentos claves a la hora de comprender cómo ha influido el desarrollo de las políticas europeas en el enfoque de desarrollo local. En aras de conseguir una mayor cohesión económica y social entre los diversos países y regiones, la aprobación del Acta Única Europea, en 1986, permitió la reforma y el apoyo financiero a los denominados Fondos Estructurales (FEDER, FEOGA Y FSE). Este mismo año, España firma el Tratado de Adhesión, lo que le permite el acceso a infinidad de recursos financieros dirigidos a los países recién incorporados. En el marco de actuación de dichos fondos se desarrollan las estrategias de lucha a favor del empleo, estrategias que se ven reforzadas por la aparición de los Fondos de Cohesión, que establece el Tratado de Maastricht de 1993, los cuales permiten dotar a los países miembros de herramientas de gestión y de generación de riqueza, siendo especiales protagonistas las administraciones y los agentes sociales de las regiones del territorio europeo, lo que refuerza aún más el proceso de descentralización al que antes nos referíamos. En la primera mitad de la década de los noventa, la puesta en marcha de iniciativas como ADAPT y, en mayor medida, la Iniciativa Comunitaria de Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos, articulada en torno los programas NOW, HORIZON Y YOUTHSTART, supuso un elemento innovador fundamental en cuanto permitió a las administraciones públicas, sobretodo a las de ámbito regional y local, jugar un papel esencial en el proceso de dinamización, siendo además requisito indispensable para la ejecución de estos programas la configuración de asociaciones de desarrollo o grupos de acción local, constituidos por los diferentes agentes implicados en el desarrollo de un municipio, comarca o región, los cuales pasaron a desempeñar un papel muy destacado en el entramado del desarrollo de sus territorios. Tanto la redefinición de sus objetivos como la mayor concreción de la población objetivo, enmarcadas en las posteriores iniciativas INTEGRA y EQUAL, no sólo han supuesto un reforzamiento del papel de las entidades locales en estos proyectos, sino que, además, ha propiciado la aparición de otras entidades privadas como las fundaciones o asociaciones que paulatinamente han ido adquiriendo un mayor protagonismo. 237

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De otro lado, la iniciativa LEADER da un espaldarazo importante a esta forma de intervención. Desde su aparición en 1991, ha sido un elemento esencial en la nueva conceptualización para el análisis del desarrollo rural y local. Surgida en el marco de la Iniciativa Comunitaria de Desarrollo Rural, dentro de la Política Agrícola Común (PAC), en todas sus convocatorias esta iniciativa ha dirigido sus objetivos al fomento de actividades innovadoras, demostrativas y transferibles que ilustran las nuevas vías que puede tomar el desarrollo rural. Sus beneficiarios han sido los grupos de acción local, entendidos éstos como un conjunto de interlocutores públicos y privados que definen en común una estrategia y un conjunto de medidas innovadoras para el desarrollo de un territorio rural con una dimensión local; y otros agentes colectivos o públicos (colectivos locales, entidades agrarias, asociaciones sectoriales, corporaciones, etc.), que se corresponderían, en principio, con los interlocutores válidos para una estrategia adecuada de desarrollo local. A partir de la experiencia adquirida tras los años de funcionamiento y analizados los principales elementos que caracterizan esta iniciativa, tanto en lo que se refiere a los beneficiarios como a las acciones, podemos señalar que la misma ha supuesto un importante impulso a la política de desarrollo local, definida ésta como un proceso de crecimiento a partir del papel protagonista de los agentes locales (poderes públicos, promotores individuales, empresas solidarias, capitalistas y organizaciones gremiales), que aportan respuestas nuevas a los problemas específicos del territorio. Dentro del marco financiero de 2007-2013, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) seguirá considerando lo local como eje central de los procesos de desarrollo, teniendo como objetivo principal la promoción de un desarrollo rural sostenible en todo el territorio comunitario, complementando las políticas de apoyo (tanto al mercado como a los ingresos) aplicadas en el marco de la Política Agrícola Común, la Política de Cohesión y la Política Pesquera Común. Este objetivo prevé su cumplimiento a través del desarrollo de múltiples acciones enmarcadas en cuatro ejes: el aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal, la mejora del medio ambiente y del entorno rural, la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural y, por último, la continuidad del programa LEADER. Todas las acciones previstas en el marco del programa FEADER se realizarán a través de distintos conciertos entre la Comisión, el Estado miembro y las autoridades y los organismos designados por éste en virtud de las normas y prácticas nacionales, con inclusión de las autoridades regionales y locales competentes y demás autoridades públicas; los agentes económicos y sociales; así como de cualquier otro organismo apropiado que represente a la sociedad civil. 238

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Será a partir de la firma del Tratado de Ámsterdam, en 1997, cuando los diferentes Estados miembros asuman un mayor protagonismo en el diseño y desarrollo de las políticas a favor del empleo en el marco local. Con la inclusión del Título VIII sobre el empleo en este Tratado, los jefes de Estado y de Gobierno reconocen el empleo como un asunto de interés común, por lo que acuerdan, de una parte, reforzar la coordinación de las políticas nacionales de empleo y, de otra, establecer directrices comunes que dieran lugar a recomendaciones para la elaboración de dichas políticas. El desarrollo del nuevo Título como marco general se ha ido plasmando en las posteriores cumbres (Luxemburgo, Cardiff, Colonia y Lisboa), dando lugar a los denominados «procesos» que culminarían en la estrategia europea a favor de la creación de empleo. A raíz de las conclusiones de la cumbre de Ámsterdam, en 1998, en los distintos planes de acción nacionales para el empleo, los Estados miembros incorporan cuatro grandes pilares de actuación que desde entonces se han venido manteniendo y que se han convertido en los ejes fundamentales de cualquier programa de promoción y desarrollo local: la mejora de la capacidad de inserción profesional, el desarrollo del espíritu de empresa, el fomento de la capacidad de adaptación de los trabajadores y las empresas y, el reforzamiento de las políticas de igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo. Asimismo se tuvieron en cuenta las directrices de empleo para el año 1999, por las que el Consejo Europeo pretendía que se intensificara la acción en determinados ámbitos: la mejora de las medidas activas, el aprendizaje permanente, el aprovechamiento de la capacidad generadora de empleo del sector servicios, la compaginación de la vida profesional y familiar y el favorecimiento de un mercado laboral abierto a todos. La toma en consideración de estos aspectos consolidó finalmente la Estrategia Europea por el Empleo y sentó las bases de la actual política comunitaria, considerando todos los factores económicos que inciden en el mercado laboral. Se aprobó así el llamado Pacto Europeo para el Empleo, con el objetivo de fomentar la coordinación de las políticas económicas y de empleo entre todas las regiones de la Unión. Tras la cumbre de Colonia, la reunión del Consejo Europeo de Helsinki, en diciembre de 1999, reafirmó su apoyo a la Estrategia y adoptó las directrices para las políticas de empleo en el año 2000 y sucesivos, enmarcadas en los cuatro pilares establecidos en Luxemburgo, sin incorporar nuevas directrices, sino simplemente modificaciones y aclaraciones en relación con las directrices de 1999, con nuevas prioridades destinadas a fomentar la acción local por el empleo, la función de los servicios públicos de empleo y el acceso a la sociedad de la información. 239

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Por su parte, en el Estado español, las directrices europeas para el empleo se incorporan, en primer término, en el Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de España y, consiguientemente, en los respectivos planes de empleo elaborados e implementados por las distintas comunidades autónomas, que se concretan en las siguientes medidas para cada uno de los ejes de actuación mencionados: a. Formación e inserción laboral: programas de formación destinados a la mejora del nivel de ocupabilidad de los desempleados (formación ocupacional) o de los trabajadores (formación continua) y programas de orientación e inserción laboral (OPEA) b. Políticas de creación y/o fomento del empleo: contratos destinados a incentivar la contratación de desempleados o la continuidad de los trabajadores ocupados temporales. c. Creación directa del empleo en el sector público: programas para la contratación directa de desempleados en organismos públicos en convenio con el INEM o los servicios públicos de empleo autonómicos. d. Medidas a favor de las iniciativas empresariales y la creación de empleo: programas de fomento del autoempleo, tales como los programas de fomento de la economía social, las iniciativas locales de empleo, fomento del trabajo por cuenta propia, etc.

Las estructuras organizativas en Canarias Existe una estrecha relación entre los procesos que a lo largo del tiempo van configurando las estructuras políticas, sociales, económicas, culturales, etc. de una zona determinada (región, comarca o municipio) y los intereses, la forma y el contenido de las relaciones que se van estableciendo entre los distintos actores, entendiendo como tales: a. Las instituciones públicas que definen, planifican y gestionan las políticas con los recursos públicos disponibles. En el ámbito público local, los ayuntamientos y cabildos son los actores institucionales con mayor capacidad de decisión. b. Los agentes sociales que constituyen el tejido social formal y actúan como interlocutores con la Administración local, siendo imprescindible la presencia de algunos en determinadas mesas de negociación y foros de debate o representación. Además tienen capacidad canalizadora y movilizadora, no sólo de demandas sino también de recursos hacia el resto de los ciudadanos. Se incluyen en este grupo las organizaciones empresariales, sindicatos, partidos políticos, asociaciones, fundaciones, etc. 240

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c. Las empresas, los empresarios individuales y los ciudadanos en general, que no forman parte de ninguna organización o red formal, pero que, agrupados o no, igualmente actúan de acuerdo a unos intereses, objetivos y estrategias particulares. En general, y a falta de una definición que convenza a todos, en lo que sí podemos estar de acuerdo es en que el desarrollo local no es algo perfectamente delimitado, ni mucho menos una misión reservada a unos cuantos. De modo que en un territorio concreto puede ocurrir que además de las instituciones locales, los procesos generados hayan dependido en gran medida de la visión de las personas más implicadas en un momento determinado con la búsqueda de nuevas oportunidades y la mejora de la calidad de vida de su municipio o isla. A la hora de dibujar un mapa de actores que describa más o menos el escenario actual en Canarias, centraremos nuestra atención en cada una de las entidades que, desde lo público o lo privado, trabajan en el ámbito del desarrollo local, para luego ir describiendo las distintas formas o recursos creadas por dichas entidades para desarrollar sus objetivos y acciones. Sin embargo, aunque sea un aspecto que supera la pretensión de este capítulo, consideramos que esta descripción debería ir acompañada del análisis de lo que Vázquez Barquero (1987), denomina el orgware del desarrollo local, es decir, «la capacidad que tienen dichas organizaciones para relacionarse unas con otras y afrontar de manera conjunta los problemas que tiene planteados un territorio». En este sentido, nuestra propuesta consiste en un juego, en el que pondremos sólo algunas fichas sobre la mesa y las relacionaremos, directa o indirectamente, con entidades o áreas de trabajo concretas; hasta ahí llegará nuestra ayuda. Le corresponderá al lector poner el resto de las fichas que faltan e identificar las relaciones o conjuntos que se establecen entre las mismas. Podemos identificar distintas formas organizativas, en función de quién ejerza el control sobre las mismas, que van desde aquéllas en las que es una administración pública la que ejerce todo el control hasta llegar a las entidades de carácter privado.

Gestión desde la Administración local La Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) establece tres tipos de entidades locales territoriales: el municipio, la provincia y 241

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la isla. Asimismo considera que tienen la condición de entes locales las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios. En relación con los servicios públicos locales, se definen como aquéllos que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias y según el artículo 85 de dicha Ley, éstos podrán gestionarse mediante alguna de las siguientes formas: a. Gestión directa: 1. Gestión por la propia entidad local. 2. Organismo autónomo local. 3. Entidad pública empresarial local. 4. Sociedad mercantil local, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local o a un ente público de la misma. b. Gestión indirecta Si bien en este capítulo atenderemos sólo a las formas de gestión directa, cabe al menos mencionar aquellas formas de gestión indirecta de los servicios (concesión, gestión interesada, concierto, arrendamiento y sociedad mixta), que son utilizadas cada vez más por las corporaciones locales como instrumentos de ejecución de actividades concretas, por ejemplo, para la explotación de un albergue rural, un parque etnográfico o para el desarrollo de un programa educativo y que, en más de una ocasión, han servido a su vez para apoyar a organizaciones e iniciativas locales.

La gestión por la propia entidad local, sin órgano especial En este caso, el ente local no crea ninguna nueva estructura organizativa independiente, sino que crea un departamento dentro de la propia organización municipal, destinando parte de sus recursos económicos y humanos al desarrollo de sus objetivos. Con relación al desarrollo local, las agencias de empleo y desarrollo local parecen ser las responsables de llevar a cabo las funciones propias de ésta área en los ayuntamientos y cabildos. Sin embargo, la naturaleza del trabajo realizado desde otras oficinas nos lleva a proponer una relación más amplia que incluye, en el caso de los ayuntamientos, entre otros, el trabajo de asesoramiento e intervención social llevado a cabo desde las unidades de trabajo social (UTS) o desde las oficinas de atención especializada a determinados colectivos como mujer, jóvenes, infancia, etc. En el caso de los cabildos insulares y, en particular, en el ámbito rural cabe 242

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mencionar la experiencia de las oficinas técnicas de los parques rurales que en los últimos años han desarrollado interesantes iniciativas de trabajo con la población local, así como la antigua red de gabinetes de desarrollo rural en Tenerife (integrados en la actualidad en las agencias de extensión agraria y desarrollo rural) y las agencias de extensión agraria de los respectivos cabildos insulares. En el caso del Gobierno regional, podemos mencionar los servicios relacionados con el empleo que ofrece el Servicio Canario de Empleo (SCE) y su red de oficinas.

Los agentes de empleo y desarrollo local La orden de 15 de julio de 1999, que regula lo referente a la contratación de los agentes de empleo y desarrollo local (AEDL), define a éstos como trabajadores de las corporaciones locales y de las entidades dependientes o vinculadas a una Administración local que tienen como misión principal colaborar en la promoción e implantación de las políticas activas de empleo relacionadas con la creación de actividad empresarial, desarrollándose dicha colaboración en el marco de actuación conjunta y acordada de la entidad contratante y el Instituto Nacional de Empleo. En cuanto a sus funciones, se especifican las siguientes: a. La prospección de recursos ociosos o infrautilizados, de proyectos empresariales de promoción económica local e iniciativas innovadoras para la generación de empleo en el ámbito local. b. La difusión y estímulo de potenciales oportunidades de creación de actividad entre los desempleados, promotores y emprendedores, así como instituciones colaboradoras. c. El acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales d. El apoyo a promotores de las empresas, una vez constituidas éstas, acompañando técnicamente a los mismos durante las primeras etapas de funcionamiento, mediante la aplicación de técnicas de consultoría en gestión empresarial y asistencia en los procesos formativos adecuados para coadyuvar a la buena marcha de las empresas creadas. e. Cualesquiera otras que ayude al cumplimiento de su misión principal. En relación al funcionamiento de las agencias, a simple vista, parece que dos clasificaciones resultan evidentes: a. Según la entidad a la que pertenezcan, las agencias funcionan dentro de entidades públicas de distinto ámbito y competencias como son los ayun243

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tamientos, las mancomunidades y los cabildos, a las que habría que añadir las fundaciones, los consorcios y otras entidades vinculadas o dependientes de los mismos. b. Desde el punto de vista territorial, podemos diferenciar las agencias implantadas en regiones que gozan de un fuerte componente metropolitano y que, por tanto, cuentan con recursos propios peculiares y aquéllas que se inscriben en áreas predominantemente rurales. En el caso de Canarias, se pueden observar muchas diferencias entre las agencias que funcionan en municipios de las islas capitalinas como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria o Telde, con poblaciones superiores a los 100.000 habitantes y una realidad local muy diferente a la de otros municipios del sur o del norte, de las medianías o de la costa, en estas mismas islas o de otros como San Sebastián de La Gomera, Arrecife, Santa Cruz de La Palma, Puerto del Rosario o Valverde y, más diferente resulta todavía si nos vamos a lugares como Garafía, Antigua o Tinajo, en las islas menores. Al margen de otras cuestiones, más relacionadas con las directrices y la realidad de gobierno de cada corporación, la entidad de la que dependen y su localización generan importantes diferencias entre las agencias, por ejemplo, en cuanto a la disponibilidad de recursos técnicos, materiales o financieros, el acceso a la información y a algunos servicios o la capacidad de actuación en determinados temas. A partir de la entrada en vigor, en 2003, de la Ley General Subvenciones, la contratación de los AEDL se hace mediante convocatoria pública, lo que supone un avance en la gestión del programa por parte del SCE que tiene que ver, entre otros, con un mayor empeño en la observación de los principios de transparencia, de objetividad, de eficacia en el cumplimiento de los objetivos y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. En la última convocatoria1 la valoración de las solicitudes y de los proyectos se hizo atendiendo a los siguientes criterios: a. El grado de incidencia que en la creación de puestos de trabajo van a tener las actividades a desarrollar por los agentes de empleo y desarrollo local. b. El establecimiento de objetivos operativos relacionados con la creación de empresas y el fomento de la cultura empresarial. c. Proyectos que agrupen a más de un municipio o que se dirijan a importantes núcleos poblacionales. 1 BOC

número 192 de 29 de septiembre de 2005.

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d. Que en su realización posibiliten la integración laboral de los colectivos más desfavorecidos en el mercado laboral. e. Equilibrio entre la labor a desarrollar por los agentes de empleo, y el nivel de desempleo en su ámbito territorial de actuación. En Canarias, entre 2005 y 2006, más de sesenta entidades han sido beneficiarias del programa de fomento del desarrollo local que gestiona el SCE, a través del cual se han contratado aproximadamente doscientos treinta AEDL. Los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria son los que acaparan el mayor número de contrataciones, con más de treinta técnicos cada uno. Les siguen el Ayuntamiento de Telde, la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, las Mancomunidades del Centro-Norte y Centro Sur de Fuerteventura y las Mancomunidades de Medianías y del Noroeste de Gran Canaria. No obstante, la mayoría de las entidades (más del 70 por ciento) tienen entre uno y dos técnicos contratados. Este amplio número de contrataciones y entidades indica una aplicación generalizada del programa, de modo que si en los primeros años las partidas presupuestarias asignadas al mismo no se agotaban por falta de solicitudes, actualmente la realidad es muy diferente, la mayoría de los ayuntamientos tienen su agencia de desarrollo local y en los últimos años otras entidades diferentes a los cabildos y los ayuntamientos también se han beneficiado del programa, como es el caso de algunas mancomunidades en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, el Consorcio para la Reserva de la Biosfera en La Palma, la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE) en Tenerife o el Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEF) en Gran Canaria. La evolución de las contrataciones no ha sido la misma a lo largo del tiempo y en esto han influido, entre otros, algunos factores como los cambios en la normativa que regula la contratación de los agentes, las variaciones en las cuantías de la financiación concedida por el SCE, la finalización del período máximo de contratación unida a la imposibilidad de la prórroga del contrato de los agentes o la asunción de los técnicos por parte de algunas corporaciones locales. La totalidad de las agencias aparecen integradas en la estructura organizacional de la entidad. Situación diferente es la de la mayoría de los técnicos, cuyos costes laborales derivados de su contratación están subvencionados, en la mayoría de los casos, en más de un cincuenta por ciento. A menudo se habla de la paulatina institucionalización de las agencias, pero ésta no se ha traducido en una mejor definición de las funciones del agente de empleo y desarrollo local, ni tampoco en 245

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la progresiva incorporación de los técnicos a las plantillas de las entidades que dé lugar a una mayor continuidad de los proyectos. Dentro de cada corporación local, las agencias están integradas dentro de una u otra área, departamento o concejalía, según la decisión de cada grupo de gobierno. En general, la mayor parte de las agencias suelen depender de áreas como servicios sociales, mujer, juventud, desarrollo económico, medio ambiente, etc. En algunos casos, el reparto partidista de las distintas áreas institucionales ha generado dinámicas de competencia entre los técnicos que, en principio, compartían los mismos objetivos, ámbito de actuación e incluso el mismo espacio físico. A diferencia de lo que ocurría con las primeras agencias, hoy en día la mayoría cuenta con recursos materiales y técnicos para desarrollar su trabajo y tanto el personal de la corporación como la mayor parte de los ciudadanos los identifica y conocen mejor sus funciones. Sin embargo, algunas veces hemos insinuado que «todas las agencias hacen lo mismo», aludiendo por un lado, a las acciones más visibles que la mayoría lleva a cabo y que están relacionadas con la promoción de las políticas activas de empleo, es decir, la puesta en marcha de escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo, la gestión de cursos ocupacionales, la tramitación de convenios, subvenciones, etc.; y por otro lado, al conjunto de tareas principalmente de carácter administrativo propias de la entidad de la que dependen. A esta enumeración de acciones quizás habría que añadir aquéllas que se derivan de las que para algunos técnicos y políticos son consideradas simplemente como «modas», probablemente refiriéndose a la forma cómo surgen y luego desaparecen de la agenda política, y que durante algunos años son comunes a la mayor parte de las agencias, como por ejemplo, el fomento de las entidades cooperativas, la formación ocupacional, la participación ciudadana o el medio ambiente. En distintos foros se ha señalado una pérdida de creatividad e iniciativa a la hora de diseñar y poner en marcha los proyectos en las agencias actuales respecto de aquéllas que funcionaban a finales de los años ochenta y primera mitad de los noventa. Evidentemente, existen similitudes en el trabajo de las agencias, pero la falta de voluntad o capacidad de algunos técnicos y/o políticos para desarrollar proyectos propios o el desconocimiento de los ciudadanos acerca de todo lo que engloba el trabajo en desarrollo local, entre otros, son argumentos que refuerzan esa imagen pseudo-homogénea de las agencias. Pero lo cierto es que ninguna agencia es igual a otra. Su organización y las actividades que realiza dependen, en cualquier caso, de las características de la zona en la que trabaja la agencia, en distinta 246

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medida, de otros factores que tienen que ver más con el funcionamiento de la entidad local: las prioridades del equipo de gobierno, la gestión del responsable político, el perfil de los técnicos contratados, etc. De manera que si atendemos al volumen y tipo de actividad que realizan, el abanico de agencias va desde las que se limitan, en mayor o menor número, a gestionar proyectos en el marco de los programas del SCE (convenios, escuelas taller, talleres de empleo, calificaciones I+E…), hasta las que reflejan una mayor diversificación de proyectos, cierta planificación y más trabajo de campo vinculado con el tejido socioeconómico (proyectos formativos, elaboración de diagnósticos, gestión de proyectos europeos, trabajo en red con otras entidades, etc.). Sin embargo, a pesar del tiempo que llevan funcionando las agencias, en general, no hay una conciencia clara respecto al papel de éstas como dinamizadoras de recursos en el territorio; ni por parte de los políticos responsables de las corporaciones locales o del Servicio Canario de Empleo, ni por parte de la población y, no en pocos casos, ni siquiera por parte de los propios técnicos.

Entidades creadas por la Administración local Se trata de entidades que, a diferencia de las anteriores, se configuran de manera que su funcionamiento sea más independiente de la Administración a la que pertenecen con el objeto de conseguir una mayor operatividad en la gestión, aunque siguen formando parte del entramado institucional.

Los organismos autónomos Estas entidades son organismos de naturaleza pública y con personalidad jurídica propia, a través de los cuales se posibilita la participación en los órganos de gestión y de gobierno de diversos agentes sociales (personas ajenas a las entidades), sin que el organismo pierda su carácter dependiente del ente local. En los cabildos insulares y en el Gobierno regional podemos encontrar varios ejemplos de entidades de este tipo: a. Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEF). Órgano administrativo autónomo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, creado para la gestión de cuantas competencias tenga o adquiera la corporación municipal en materia de empleo, formación y acción contra la exclusión 247

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social a fin de contribuir a la mejora de la ocupación entre la población de la ciudad y a la inserción social de las personas en exclusión. Asimismo incluye entre sus funciones: la promoción de proyectos empresariales, el fomento de las pymes, la economía social y la promoción económica (interior y exterior) de la ciudad. b. Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS). Organismo autónomo creado por el Cabildo de Tenerife para coordinar la gestión de la actividad dirigida a los colectivos que requieren protección y, en general, para afrontar las demandas que se presentan en la isla en el ámbito de los servicios sociales y sociosanitarios. Se estructura en cinco unidades: la de infancia, familia y mujer, discapacitados, intervención social, sociosanitaria y violencia de género c. Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) - Departamento de Emprendedores. Es una iniciativa promovida por el Gobierno de Canarias con el objetivo de favorecer y apoyar las nuevas iniciativas empresariales. El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), con la colaboración de otras entidades, ofrece a los emprendedores módulos, despachos y talleres dotados del equipamiento e instalaciones suficientes, así como servicios de apoyo básicos y opcionales para facilitar el inicio y posterior desarrollo de su actividad empresarial. El Departamento de Emprendedores, perteneciente a la División de Gestión de la Innovación Empresarial, cuenta con Unidades de Promoción de Empresas (UPE) en diferentes islas.

Las sociedades mercantiles Este tipo de entidad tiene capital social que pertenece íntegramente a la entidad local. Es una figura bastante utilizada y al igual que el organismo autónomo cuenta con las ventajas relacionadas con una gestión más independiente del ente local, pero teniendo en cuenta que siempre están obligadas a respetar los principios de actuación de cualquier Administración Pública. Sin embargo, tanto si se trata de una sociedad anónima como de una sociedad de responsabilidad limitada, se pueden permitir eludir las rigideces que impone el Derecho Público para regirse por el Derecho Privado. Además de los ejemplos de estructuras de este tipo que podemos encontrar, dependientes en su mayoría de los cabildos insulares, cabe destacar el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que hasta ahora sigue siendo el primero y el único en Canarias que ha constituido una sociedad de estas características para acciones relacionadas con el desarrollo local. 248

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a. Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, SAU. Es una entidad municipal de servicios perteneciente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Fue creada a principios de 2000 con el objetivo fundamental de dinamizar social y económicamente el municipio. Durante los últimos años se ha convertido en referente importante en el ámbito local para el desarrollo de sectores económicos vitales como el comercio, el turismo, el empleo, la formación, el desarrollo local sostenible o la empresa. Además, la Sociedad asume la gestión de la política de captación y aprovechamiento de recursos externos para los principales proyectos municipales a través del Área de Financiación Europea. b. Sociedad Insular para la Promoción del Minusválido, S.L. (SIMPROMI). Es una entidad perteneciente al Cabildo Insular de Tenerife que se constituye en 1993 y tiene por objeto la integración social y laboral, así como la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Las fundaciones2 Las fundaciones son organizaciones constituidas sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio, por voluntad de sus creadores, está afectado de un modo duradero a la realización de fines de interés general. Podrán ser constituidas por personas físicas o jurídicas, sean éstas públicas o privadas. Las entidades públicas locales podrán constituirlas con otras entidades de su misma naturaleza y en colaboración con sujetos privados, en cuyo caso los sujetos fundadores se repartirían la dotación y financiación sucesiva de la organización. Sus fines pueden ser los de asistencia social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente o de fomento de la economía o de la investigación, de promoción del voluntariado y cualesquiera otros de naturaleza análoga. En el ámbito canario, éstos son algunos ejemplos: a. Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE), constituida por el Cabildo Insular de Tenerife, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, y los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. Sus servicios están relacionados con la formación y el empleo, el asesoramiento empresarial, la realización de estudios, planes de viabilidad así como el diseño, ejecución y evaluación de proyectos europeos, entre otros.

2 Ley

50/2002 de Fundaciones. Artículos 1º y 2º.

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b. Fundación Canaria del Trabajo (FUNCATRA), entidad constituida por la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales y empresariales, tiene a su cargo la gestión de los Gabinetes de Orientación e Inserción Profesional (GOIP), la formación continua y el Observatorio Canario de Empleo (OBECAN) c. Fundación Canaria de Juventud Ideo. Es una entidad sin ánimo de lucro creada por la Dirección General de Juventud de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias y cuyo objetivo principal es el fomento y la promoción de acciones y programas destinados a la población juvenil.

Las fórmulas específicas de coordinación y colaboración Cada vez son más frecuentes las uniones o asociaciones de varios entes locales para gestionar un asunto de interés común. Por su parte, la Ley Básica de Régimen Local 7/1985 ordena que la Administración Local y las demás Administraciones Públicas ajusten sus relaciones recíprocas «a los deberes de información mutua, colaboración y coordinación». Con estos objetivos, las corporaciones locales utilizan determinadas formulas jurídicas o estructuras, siendo las más habituales las que describimos a continuación: a. Los convenios de colaboración, establecidos entre distintas administraciones públicas y en los que se debe hacer constar, entre otros, los órganos que lo celebran, la capacidad jurídica con la que actúa cada parte, la competencia que ejerce cada Administración, su financiación, las actuaciones que se acuerden desarrollar para su cumplimiento, la necesidad o no de establecer una organización para su gestión, el plazo de vigencia, la causa de extinción y la forma de terminar las actuaciones en caso de extinción. En Canarias, el Servicio Canario de Empleo destaca sin duda como una de las entidades que mayor cantidad de recursos moviliza a través de los convenios de colaboración que mantiene con todas las corporaciones locales y el resto de sus entidades colaboradoras, para la ejecución de acciones como la contratación de los agentes de empleo y desarrollo local y de otros trabajadores para la realización de obras y servicios de interés general, la puesta en marcha de centros especiales de empleo o de los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo. Asimismo, podemos incluir en este apartado los convenios, gracias a los cuales se ha puesto en marcha el ambicioso Plan de Orientación y Formación para el Empleo, el Autoempleo, 250

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la Emprendeduría y la Adaptación y Recualificación de los trabajadores en Canarias (Prometeo). b. Los consorcios, con personalidad jurídica de naturaleza pública y, por tanto, sometida al Derecho Administrativo. Pueden formar parte de estas entidades todo tipo de socios, públicos y privados sin ánimo de lucro; en el caso de estos últimos bastará con que renuncien a obtener lucro de las actividades generadas en el consorcio. Podemos citar como ejemplos de esta figura el Consorcio para el Desarrollo de la Comarca Daute-Isla Baja (Tenerife), el Consorcio Insular de La Reserva de la Biosfera (La Palma) o el Consorcio de la Zona Especial Canaria. c. Las mancomunidades de municipios son asociaciones para la prestación de servicios de competencia municipal, siendo un instrumento útil para resolver las dificultades relacionadas con la falta de capacidad de gestión de los pequeños municipios. El ámbito de actuación se amplia de lo municipal a lo comarcal lo que permite a los ayuntamientos, por ejemplo, acceder a subvenciones y ayudas que no sería posible de manera individual. Gran Canaria y Fuerteventura son las islas donde se han constituido un mayor número de estas entidades. En el ámbito del desarrollo local sirven de ejemplo las actuaciones llevadas a cabo por distintas mancomunidades de municipios como la Mancomunidad de Municipios de las Medianías, la de los Ayuntamientos del Norte, la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste y la del Suroeste, en Gran Canaria; la Mancomunidad de Municipios del Centro Sur y la del Centro Norte, en Fuerteventura; y la Mancomunidad de Municipios del Norte y la de San Juan de La Rambla-La Guancha, en Tenerife.

Entidades mixtas entre sectores públicos y privados Bajo este epígrafe agrupamos aquellas entidades, con o sin personalidad jurídica, integradas por personas físicas y/o jurídicas, del sector público y privado, en las cuales la dirección y gestión no recae necesariamente en las instituciones públicas, como en las anteriores, sino que generalmente éstas participan como un miembro más junto al resto de agentes sociales y personas físicas que conforman dichas entidades. Ejemplos de este tipo de entidades son los grupos de acción local (GAL), conocidos principalmente por ser los responsables de la gestión de la iniciativa comunitaria LEADER. La formación de agrupaciones de desarrollo o asociaciones entre distintas instituciones públicas y agentes sociales son figuras cada vez más comunes, debido 251

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a que su existencia es uno de los requisitos exigidos en las bases de la mayoría de las convocatorias europeas, siendo los cabildos y los ayuntamientos de las áreas metropolitanas, así como las mancomunidades de municipios los principales beneficiarios de las mismas. En Canarias, a raíz de la puesta en marcha de distintos proyectos relacionados con las iniciativas EQUAL e INTERREG, se han ido creando varias de estas entidades en las que se suelen agrupar distintos ayuntamientos, cabildos, instituciones del Gobierno regional, sindicatos, organizaciones empresariales, entre otros. En cada proyecto existe un jefe de fila que a su vez dinamiza la agrupación, tal es el caso del Cabildo de Tenerife en el caso del EQUAL [email protected], del Cabildo de Fuerteventura en el EQUAL GAMBUESA, del Instituto Canario de la Mujer en el EQUAL ARIADNA, de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Tenerife ASAGA en el proyecto INTERREG III B Germobanco Agrícola de la Macaronesia, del Cabildo de La Palma en el proyecto INTERREG III B TOURMAC II, del Instituto Tecnológico de Canarias en el proyecto INTERREG III B SOHO SOLO y así podríamos seguir citando ejemplos de los diferentes proyectos europeos que se han llevado cabo en los últimos años.

Los grupos de acción local Son entidades con personalidad jurídica propia, pues poseen autonomía de gestión sobre los fondos públicos de que disponen y adoptan las fórmulas de organización interna que estiman más convenientes. Para llevar a cabo su gestión y dirección cuentan con dos órganos claramente diferenciados. El primero está integrado habitualmente por un equipo técnico y sus funciones consisten en la correcta aplicación de los fondos públicos asignados al GAL, así como generar iniciativas de desarrollo en su territorio, promover el desarrollo de su comarca, asesorar a emprendedores en la iniciación de proyectos empresariales, informar sobre la viabilidad técnica, económica y financiera de nuevas empresas, etc. El segundo tiene como misión fundamental adoptar decisiones que tienen que ver con las iniciativas financiadas por los programas de desarrollo, así como establecer las normas y mecanismos propios de su funcionamiento. En Canarias, funcionan siete grupos que se han organizado como asociaciones sin ánimo de lucro y que a nivel regional se encuentran agrupados dentro de la Federación Canaria de Desarrollo Rural; éstos son: 1. Asociación para el Desarrollo Rural de la isla de La Palma, ADER-LA PALMA. 2. Asociación Insular de Desarrollo Rural de La Gomera, AIDER-LA GOMERA. 252

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3. Asociación Insular para el Desarrollo Rural de la Isla del Hierro, ASHERO. 4. Asociación Insular de Desarrollo Rural en Gran Canaria, AIDER-GRAN CANARIA. 5. Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de Fuerteventura, ADER-FUERTEVENTURA. 6. Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de Lanzarote, ADERLAN. 7. Federación de Asociaciones de Desarrollo Rural de Tenerife, FEDERTE.

Otras entidades vinculadas Recogemos en este epígrafe aquellas entidades que por su naturaleza no han sido incluidas en los apartados anteriores, tales como: a. Entidades públicas creadas o promovidas desde organismos e instituciones dependientes de la Administración General del Estado, como es el caso de la Fundación Empresa Universidad de La Laguna y de la Fundación Universitaria de Las Palmas, creadas con el objetivo de fomentar el acercamiento y la cooperación entre la Universidad y su entorno socioeconómico. b. Corporaciones de derecho público, como las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación que actúan como órganos consultivos de la Administración y prestan, entre otros, servicios de apoyo a la creación de empresas, formación, bolsa de trabajo, orientación laboral, etc.

Entidades promovidas por los agentes sociales Incluimos en este apartado ejemplos de asociaciones, redes y otros colectivos así como de entidades de economía social, sindicatos, asociaciones de empresarios y otras entidades no lucrativas.

A. Asociaciones, redes y otros colectivos a. ACAFAM, Asociación Pro-Casas de Familia de Santa Cruz de Tenerife. Organización no gubernamental declarada de utilidad pública que tiene como objetivo principal la lucha contra la exclusión social, principalmente entre jóvenes, menores y otros colectivos en exclusión, llevando a cabo acciones orientadas a la prevención, formación e inserción laboral. b. Asociación para el Fomento de la Igualdad y Derechos Sociales (AFIDS). Asociación no lucrativa dedicada fundamentalmente a la prestación de servicios para el empleo, aunque también realizan programas de 253

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finalidad social con una filosofía de carácter social de apoyo a los más desfavorecidos. c. Asociación para el Fomento de la Formación, Empleo, Información y Desarrollo del Norte (AFEDES). Es una asociación sin ánimo de lucro, que surge de un grupo de profesionales preocupados en paliar las dificultades de búsqueda de empleo que tienen diferentes colectivos del Norte de Tenerife. Su fin principal es el de prestar un servicio integral y de calidad para estos colectivos, para los que realizan los siguientes servicios: formación, asesoramiento a empresarios y emprendedores, información sobre búsqueda de empleo, etc. d. Asociación de empresas de economía social de Canarias (ASESCAN). Asociación de empresas y entidades cuyo principal objetivo es el fomento y la defensa de la economía social. Agrupa a sociedades cooperativas, sociedades laborales, mutuas y mutualidades de previsión social, además de asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro con especial vinculación al desarrollo local, rural, cooperativo, etc. e. Red Canaria de Promoción e Inserción Sociolaboral ANAGOS. Aglutina un conjunto de entidades que apuestan por la economía alternativa y solidaria, las empresas de inserción sociolaboral, el medio ambiente y todo aquello que suponga la mejora de la calidad de vida de los colectivos más desfavorecidos del llamado Estado del Bienestar.

B. Entidades de economía social a. Fundación Canaria para la Formación Integral y la Integración Sociolaboral ATARETACO. Entidad sin ánimo de lucro dedicada a la formación e inserción sociolaboral de personas que se encuentran en situación de exclusión o en riesgo de padecerla. Ha puesto en marcha numerosas iniciativas formativas y de inserción basadas preferentemente en la recuperación y el reciclaje de residuos. b. Fundación Canaria para la Formación Integral y Promoción Sociolaboral y Cooperación para el Desarrollo ISONORTE. Entidad sin ánimo de lucro, con sede en La Palma, que surge por la preocupación de ofrecer a la población oportunidades que sean alternativas y novedosas que giren entorno al respeto del medio ambiente y aprovechamiento de los recursos, persiguiendo la mejora en los aspectos personales, formativos, laborales y sociales de las personas. c. Fundación Canaria para el Sordo FUNCASOR. Entidad privada de interés público y sin ánimo de lucro, de carácter asistencial, cultural y de servicios 254

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que trabaja por la integración sociolaboral de personas con discapacidad. Su fin principal es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas sordas y de sus familias en el ámbito de la comunidad canaria. d. Fundación ADSIS, organización que promueve proyectos de acción social y desarrollo entre colectivos que se encuentran en situación de exclusión social y marginación. e. Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera ( FOREM), Fundación Canaria para el Desarrollo Social (FUNDESCAN) y la Fundación Canarias Atlántico de Estudios Laborales (FUNCAEL). Entidades sin ánimo de lucro dependientes de las organizaciones sindicales, cuya finalidad es la mejora de los niveles de formación y capacitación profesional de las personas ocupadas y desempleadas. f. Fundosa Social Consulting FSC-ONCE. Empresa creada por la fundación ONCE que se ocupa del desarrollo de los recursos humanos, con una oferta de servicios especializados en las áreas de formación y empleo para discapacitados.

C. Entidades cooperativas Principalmente son aquellas que, además de trabajar por los intereses de sus socios y usuarios, también se han implicado junto a otros agentes en distintos proyectos como promotores del desarrollo del territorio donde ejercen su actividad. Cabe destacar, en este sentido, la labor de algunas cooperativas del sector agrario.

D. Sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), Intersindical Canaria y Unión Sindical Obrera (USO).

E. Asociaciones de empresarios Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE), Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (CECAPYME), las asociaciones de mujeres empresarias y profesionales, etc.

F. Otras asociaciones empresariales sectoriales y no lucrativas: a. En turismo rural: la Asociación Isla Bonita (La Palma), la Asociación Empresarial de Turismo Rural Meridiano Cero (El Hierro) y los Centros de Iniciativas 255

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Turísticas, son algunos ejemplos de asociaciones de empresas y particulares de este sector, algunas de las cuales están integradas en la Asociación Canaria de Turismo Rural (ACANTUR). b. En el sector agrario: Asociación de Agricultores ASAGA, Asociación de Ganaderos de Tenerife AGATE, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ASAJA, Coordinadora de Agricultores y Ganaderos COAG, etc. c. Otros sectores: ASHOTEL, FEDECO, FEMETE, etc. d. Caritas, Cruz Roja o la Obra Social de las Cajas de Ahorros

Conclusiones Después del breve recorrido que hemos hecho se evidencia la existencia de un número enorme de entidades trabajando para el desarrollo local, a través de cuyas relaciones se han ido articulando distintos escenarios para la organización y gestión de los recursos disponibles. Podemos hablar de alianzas o acuerdos de cooperación, formales e informales, puntuales o más o menos estables, aunque no parece que sean suficientes para consolidar redes sustentables de las que surjan proyectos con continuidad, a las que hace referencia Rodríguez-Villasante (2000) cuando habla de los conjuntos de acción. Quizás nos sirva como ejemplo el conjunto que forman las entidades locales públicas y privadas cuya actividad, relacionada con el empleo y la promoción económica, en mayor o menor medida gira en torno a la órbita del Servicio Canario de Empleo y que, sin embargo, no han conseguido articular una red estable que sirva para compartir las distintas experiencias, establecer estrategias comunes, generar nuevos proyectos, etc. De ahí nuestra insistencia en que no podemos limitarnos a saber cuántas entidades y de qué tipo están funcionando en el ámbito que estamos estudiando; debemos analizar, además, el entramado de relaciones que forman los distintos actores. Siguiendo las pautas analíticas apuntadas por Gomá y Subirats (1998), algunas de las preguntas a las que debería responder dicho análisis serían, por ejemplo, ¿cuál es la estructura básica de la red?, referida al tipo y número de actores, el grado de permeabilidad, la estabilidad o fluidez en el tiempo; ¿cuál es el tipo de relación entre los actores?, aludiendo al predominio de elementos antagónicos, de conflicto y contradicción o más bien de elementos de cohesión, comunidad y consenso o ¿cuál es el tipo de planteamiento que prevalece ante los problemas?, es decir, si elaboran respuestas reactivas o respuestas anticipativas. No ha sido objeto de este documento profundizar en qué medida unas entidades u otras contribuyen al desarrollo local y mucho menos valorar la eficacia, eficiencia o repercusión global de las acciones que desarrollan. En cualquier caso, 256

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consideramos que tanto en las entidades públicas como en las privadas, sigue predominando una cultura burocrática, gestionista y también poco democrática y participativa. Coincidimos con lo apuntado por distintos autores acerca de la insostenibilidad de la forma de gobierno tradicional basada en un modelo jerárquico en el diseño y gestión de las políticas públicas, proponiendo en su lugar el desarrollo de actuaciones más estratégicas por parte de las instituciones responsables del gobierno local, una mayor cooperación público-privada, así como de la creación de espacios de convergencia entre las instituciones y los ciudadanos.

Referencias Bibliográficas BLANCO, I., GOMÁ, R. (2002). Gobiernos locales y políticas públicas. Ariel, Barcelona. CÁCERES, A. (2000). «El Entorno Económico del Desarrollo Local», en Desarrollo local: manual de uso. Editorial ESIC, Madrid. CÁCERES, A. (2000). «La Gestión de las Estructuras del Desarrollo Local», en Desarrollo local: manual de uso. Editorial ESIC, Madrid. GARCÍA RODRÍGUEZ, J.L (ed.) (2003). Desarrollo Rural en territorios insulares. Especial referencia a las Islas Canarias. Cabildo Insular de La Palma y Universidad de Oviedo. GOMÁ R Y SUBIRATS, J (coord.) (1998). Políticas Públicas en España: contenidos, redes de actores y niveles de gobierno. Ariel, Barcelona. GONZÁLEZ, J. (1998). «Estrategias locales de desarrollo», en Nueva función económica del espacio rural y desarrollo local. Federación Española de Municipios y Provincias, Tenerife. LINDE PANIAGUA, E. (coord.) (2005). Políticas de la Unión Europea. Editorial Colex, Madrid. LORENZO, R. (coord.) (2003). Tejido asociativo español y tercer sector. Edición Centro de Estudios. Ramón Areces, S.A. y Fundación Luis Vives, Madrid. RODRÍGUEZ-VILLASANTE, T. (2000). «Síntomas/paradigmas y estilos éticos/creativos», en La Investigación Social Participativa. Construyendo ciudadanía. El Viejo Topo, Madrid. SOSA, F. (1999). La gestión de los servicios públicos locales. Civitas Ediciones, Madrid. SOSA, F. (2001). Manual de derecho local. Editorial Aranzadi, Navarra. VÁZQUEZ BARQUERO, A. (1987). Desarrollo local: una estrategia de creación de empleo. Editorial Pirámide, Madrid. Agradecimientos a Gregorio Hernández, Isabel Medina, Juan Jesús Sosa, Fernando Martín, Margot González, Octavio Robayna, José Armengol, Leandro Siverio, Eugenia Hernández, Mª Carmen Armada, Tomás Álvarez, Javier Suárez y Estela González. 257