.en profundidad

El negocio de las privatizacioes

Las privatizaciones favorecen el Estado del “mal” estar social En pleno siglo XXI continúan las privatizaciones en España. Si las primeras (entre 1984 y 1996) afectaron a empresas públicas tildadas de “estratégicas”, que hoy en día conocemos como multinacionales (Telefónica, Seat, Marsans, Endesa, Repsol, Argentaria o Ence), ahora parece que le toca el turno a los servicios relacionados directamente con el Estado de Bienestar como es la sanidad, la educación o la dependencia. Se trata de negociar con la calidad de vida de los ciudadanos. Un breve repaso de los registros de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), antiguos INI y Teneo, desde el inicio de la transición hasta 2004 muestra que se han privatizado alrededor de 140 empresas públicas, ingresando las arcas del Estado cerca de 45.000 millones de euros. Desde las ventas iniciales

(que afectaron a compañías como General Eléctrica de España, Marconi Española, Sevillana de Electricidad, Boetticher y Navarro, para pasar luego a Seat, Enasa, Trasatlantica, Marsans, Entursa, Secoinsa, Art España…) o desinversiones parciales de empresas rentables a través de OPV’s (ofertas públicas de venta), en las que el Estado se reservaba todavía el control; hasta llegar a la venta total y pérdida de control del Estado de compañías como Gas Natural, Telefónica, Aldeasa, Tabacalera, Endesa, Repsol, Argentaria, Red Eléctrica, Aceralia, Ence, Iberia, Indra, CASA y Comee –filial de Red Eléctrica-. El dinero obtenido fue destinado a pagar desde la deuda histórica del INI hasta reducir el déficit público. La crisis iniciada a finales de 2007 impidió seguir privatizando, aunque el Gobierno de José Luis Rodrí-

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.en profundidad guez Zapatero habló de privatizar Loterías del Estado o Aena, no se daban las condiciones para sacarlas al mercado. Con Mariano Rajoy se retomaron estos objetivos y una vez que el mercado lo ha permitido ya se ha vendido el 49% de Aena (por 4.000 millones de euros) y se encuentra a la espera Loterías y Apuestas del Estado, Paradores Nacionales, Renfe, Puertos del Estado y hasta Correos, en plenas movilizaciones de sus trabajadores. También se desinvirtió lo poco quedaba de Iberia, Ebro Foods o Red Eléctrica. Su objetivo es ingresar 30.000 millones de euros.

¿Qué hubiera ocurrido si no se hubieran privatizado? Aunque no se puede hablar de futuribles, conviene señalar que Telefónica, Endesa, Repsol y Gas Natural sumaron unos beneficios superiores a los 10.000 millones de euros en 2014. No se puede olvidar que en el momento de su privatización ya eran rentables. ¿Qué hubiera pasado si continuaran siendo públicas? Pues que ese dinero hubiera servido para reducir déficit público y, de paso, realizar menos recortes en servicios públicos y prestaciones sociales. Con los beneficios de estas cuatro empresas el déficit podría estar situado por debajo del 3,6% que nos exige Europa.

Las otras “empresas” públicas Junto a los últimos rescoldos privatizadores, el Gobierno de Mariano Rajoy también anunció una reforma de las Administraciones Públicas en la que se incluía la desaparición de empresas públicas de dependencia económica del Estado, Autonomías y Ayuntamientos. Hasta 2014 se habían suprimido, según ha asegurado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría 535 y el objetivo es que desaparezcan hasta 738 sociedades. Hasta 2009 –fecha de la que se disponen los últimos datos- había más de 4.000 empresas, fundaciones y consorcios dependientes de los presupuestos del Estado, autonómicos o locales. Del total de entidades públicas, 335 pertenecen a la administración central, 1.895 a las autonomías y 1.793 a los ayuntamientos. Según datos del Banco de España en 2010 la deuda de las empresas públicas superaba los 55.800 millones, un 5,2% del PIB, de los que más de 32.000 millones dependían directamente de los Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, en base al Plan de Racionalización de la Administración Pública, el Gobierno ha procedido a la extinción de 24 sociedades, entre las que se encontraba la Sociedad Pública de Alquiler, u otras como Ingeniería y Servicios Aeroespaciales (INSA) o Remolques Marítimos; desinvirtió en sociedades como Olimpia Moll, y liquidó otras como Barcelona Holding Olímpico o Izar.

Se ha privatizado el 49% de Aena, cuando empezaba a registrar beneficios, se ha liberalizado el transporte ferroviario, con lo que Renfe perderá su monopolio y están en riesgo corporaciones como Efe, RTVE, Tragsa, Red.es, Feve, Hunosa, ICO, Paradores o Loterías… todas ellas integradas en la SEPI, que también cuenta con porcentajes minoritarios en EADS, Enagás, Red Eléctrica, IAG, Iberia o Ebro Foods.

Privatizar el Estado de Bienestar En paralelo a este huracán privatizador, las miras de los políticos para seguir ordeñando al sector público han salido de las empresas para dirigirse a otros ámbitos: la sanidad y la educación, y todo lo que tenga que ver con los servicios sociales que presta el Estado, las Comunidades o los ayuntamientos. Es en estos sectores donde hay mucho dinero y donde, sobre todo, los fondos de inversión están hincando sus dientes. El Gobierno presume de ahorro, pero elude hablar del empleo perdido. Tampoco dice nada de la deuda de las empresas públicas que hemos sufragado todos los españoles, que una vez saneadas se han puesto a la venta o de aquellas que están en la más completa ruina, como las radiales en quiebra para las que se ha creado una empresa pública y para las que el Gobierno está pidiendo a las empresas del sector “socializar” las pérdidas. Pero desde la CEOE, su presidente Juan Rosell, exige un urgente rescate. Es dinero, más dinero de los contribuyentes, los mismos que ven recortados sus servicios. Tampoco parece haber recortes en las obras públicas. El Tribunal de Cuentas ha denunciado más de 70 millones de sobrecostes en obras estatales. Para eso hay dinero y no importa no cumplir el déficit. En 2012 los contratos del Estado han registrado sobrecostes injustificados en las obras del AVE del 18%. Otro año más se constatan los mismos excesos en áreas de fuerte inversión, como son las ferroviarias. La institución también recoge la negativa de algunos ministerios de aceptar rebajas del 10%, pese al ahorro que supondría, al tiempo que denuncia la falta de justificación de múltiples externalizaciones de servicios, que bien podrían hacerse con personal propio. Además critica la opacidad que preside en los excesivos contratos que se firman. Los pasos dados por el Gobierno han ido siempre en la misma dirección. Su plan ha sido simple: introducir recortes tan desmesurados que hagan inviable su funcionamiento para abrir la puerta al sector privado. Comencemos con los ejemplos más que evidentes. En el caso de las pensiones se llevan décadas dando pasos en esa dirección a través de los fondos de pensiones, administrados por entidades financieras.

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.en profundidad dad ha caído hasta los 1.907 millones. Y en datos de la OCDE, el gasto medio total por habitante ha pasado de 3.339 a 3.072 euros.

Solo hay que recordar que son las propias entidades financieras las que siempre han sembrado el miedo y alarmado a los ciudadanos sobre el agotamiento del sistema público y la necesidad de abrir planes de pensiones. Durante 2014, el sector de los fondos y las pensiones privadas alcanzó un patrimonio en España de 419.398 millones de euros, con lo que supera los niveles precrisis. En sanidad los recortes han sido tan cuantiosos que han obligado a cerrar plantas de hospitales, despedir profesionales, incrementar las listas de espera, excluir a ciudadanos de servicios y empeorar la calidad de los servicios prestados. La política del Gobierno de reducir gastos ha sido más prioritaria que las propias vidas a salvar, o si no que se lo pregunten a los enfermos de hepatitis C. España ha sido uno de los países europeos que más ha recortado su gasto en sanidad entre 2009 y 2012, según un informe conjunto elaborado por la OCDE y la Comisión Europea. Los pensionistas, con congelaciones o escasos incrementos en sus prestaciones durante estos años, han tenido que empezar a pagar por sus medicamentos, se ha introducido el copago y el denominado “medicamentazo” por el que se sacaron de un plumazo más de 400 fármacos de la financiación pública. La factura farmacéutica ha sido la más recortada, aunque también se han reducido el número de camas de hospital, hasta situar a nuestro país en uno de los ratios más bajos de la UE, al igual que en el número de enfermeras. El Ejecutivo de Mariano Rajoy también ha dado los primeros pasos para poner fin al acceso universal de la sanidad, con las consiguientes desigualdades sociales. En 2012 modificó la Ley de Sanidad para que el derecho universal haya empezado a pasar a ser un derecho de los asegurados. Desde la llegada de este Gobierno, la partida de los Presupuestos Generales destinada al Ministerio de Sanidad no ha dejado de reducirse. Si en 2010 este ministerio recibía 2.852 millones, en 2014 esta canti-

Pero la sanidad pública al ser competencia de las comunidades autónomas también ha sufrido perseverantes intentos de privatización por algunos gobiernos regionales. Uno de los más insistentes ha sido el madrileño que ha tenido durante más de dos años a los profesionales del sector en protesta permanente hasta que en enero de 2014 consiguieron detener la privatización de la sanidad. El intento fue externalizar la gestión de seis hospitales públicos –construidos con el dinero de los madrileños- y hacer desaparecer un gran número de ambulatorios. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, finalmente, dio la razón a los profesionales que denunciaron el intento de hacer negocio con la salud, apropiándose de fondos públicos, por parte de empresas privadas. También se denunciaban las desigualdades en la atención sanitaria, con recortes que obligaron a cerrar plantas y abandonar algunos centros hospitalarios públicos para obligar a derivar a los enfermos a los hospitales privados. En Madrid ganó la lucha en favor de la sanidad pública universal y de calidad, aunque en el camino se quedaron miles de empleos públicos, listas de espera tanto quirúrgicas como asistenciales, ambulatorias y hospitalarias, privatizaciones sin justificar su eficiencia como el caso de la lavandería hospitalaria, limpieza hospitalaria, recolección de sangre –que ahora la Comunidad tendrá que comprar a la Cruz Roja-, centros de salud mental, o cierres de centros para la formación de los profesionales.

Las mutuas, una privatización silenciosa UGT ha denunciado que la Ley de Mutuas del Gobierno está encubriendo una privatización del Sistema Nacional de Salud de nuestro país, sobre todo al conocer que el gigante sanitario IDC Salud, controlado por el fondo de capital riesgo CVC, está protagonizando la compra masiva de las sociedades de prevención de las mutuas. IDC ya ha comprado las clínicas Quirón, se ha hecho con las sociedades de prevención de Fraternidad, Mutua Universal y MC Mutual. Está a punto de acaparar el 30% del mercado y convertirse en el mayor holding de la sanidad privada en España. De hacerse con Fremap, Fraternidad, Muprespa y Unipresalud, controlaría la prevención de más de 6 millones de trabajadores y trabajadoras y cerca de 200.000 empresas, con una facturación que superaría los 300 millones. Una inversión en un sector, como es el de las sociedades de prevención, que ICD Salud desconoce, que

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.en profundidad afecta a la seguridad y salud de los trabajadores y que debería estar intervenida por la Seguridad Social, por la Auditoría General del Estado y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El sindicato considera imprescindible apostar por un servicio de calidad con el fin de que la prevención no sufra una nueva merma, para lo cual la mejor opción pasa por la gestión con los trabajadores y trabajadoras del sector, que son quienes realmente conocen la realidad y las necesidad de las empresas en esta materia. En definitiva, la apresurada privatización de las Sociedades de Prevención, propiciada por la Ley de Mutuas del Gobierno, es un ejemplo de cómo se están estableciendo las bases para conseguir, por la puerta de atrás y sin hacer ruido, lo que habían paralizado las mareas blancas, que el Sistema Público de Salud pase a manos privadas. El Gobierno ha procedido a desmantelar la Ley de Dependencia y el modelo de servicios sociales a través de recortes permanentes. Las reformas introducidas no han girado en torno a las personas y la mejora de los servicios sino a reducir recursos. UGT siempre ha entendido esta forma de hacer política como una “deshumanización” de las políticas que golpea a los más débiles y vulnerables (menores, personas mayores, personas dependientes, parados o sin recursos), empeorando aún más su situación y llevándoles al empobrecimiento y la exclusión.

Los servicios sociales, otra punta de lanza La razón principal es la privatización. Nada menos que un 76,6% de la actividad de los servicios sociales de proximidad han sido privatizados. Las reformas y los recortes presupuestarios del Gobierno han dejado en el esqueleto la prestación social a miles de situaciones de necesidad y vulnerabilidad.

Pero esta mala situación aún puede empeorar más si sale delante de reforma de la administración local anunciada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ya que con ella se pretenden reducir las competencias locales y recortar al máximo la financiación de los servicios sociales municipales. Casualmente los más próximos a las situaciones de dependencia. Esta reforma persigue reducir los servicios sociales en base a criterios de rentabilidad, dejando de lado la eficiencia y calidad. Otra muestra de que el que decide sobre los servicios sociales es el Ministerio de Hacienda, olvidando a las personas, que tendrán menos servicios, más caros y de peor calidad.

La externalización, otra forma de privatizar Los gestores públicos no sólo han optado por la privatización sino por externalizar servicios públicos. Éste sería el caso del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial). Esta externalización ha sido denunciada por los sindicatos y cuestionada por el propio Tribunal de Cuentas, al poner en duda su legalidad. Así, ya en 2013 emitió un informe en el que calificaba la externalización de “antieconómica” para los fondos públicos. Las críticas también se centraban en la falta de personal, la razón principal del pago de “prestaciones fraudulentas”, según el Tribunal de Cuentas, y una “escasa recuperación de deuda”. A ello se suma el retraso en el pago de prestaciones, que ha crecido un 295%, mientras la plantilla se ha incrementado un 0,07%. El coste de este externalización (a Tragsatec) ha sido de 3,5 millones de euros mientras el Ministerio de Empleo no descarta una privatización parcial del Fondo. El Tribunal de Cuentas además suma a sus críticas el descontrol sobre los fondos públicos o la falta de letrados que garanticen las prestaciones. Pero no queda ahí la cosa. El Tribunal habla de la “nueva gestión pública” puesta en marcha por el Gobierno. En su fiscalización del sector público local de 2011 estudió la prestación de servicios de ayuntamientos españoles de menos de 20.000 habitantes (el 95% del total), llegando a la conclusión de que sale “más caro” un servicio público cuando lo ofrece una empresa privada que cuando lo ofrece el ayuntamiento. El coste medio por habitante en la prestación de servicios públicos (los relativos a seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente, agua, los cementerios, los residuos o el alumbrado) es de 413,75 euros por habitante al año, frente a los 315 euros que cuesta si la prestación la realiza el ayuntamiento. Por ejemplo, el servicio de recogida de basura vale 42,55 euros por habitante si se encarga el ayuntamiento y de 53,90 euros si lo realiza la empresa privada, sin que esta variación suponga un mejor

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.en profundidad servicio. El Tribunal hasta ha llegado a contabilizar las papeleras: si las gestiona directamente la limpieza del ayuntamiento hay 36 y cuando lo hace la concesionaria, seis. Y en el caso de las grandes ciudades, también se constata la menor eficiencia de las empresas concesionarias, cuyo servicio es un 71% más caro que el municipal. La media de gasto es de 16,23 euros por habitante si el servicio es público y de 27,83 euros si es privado. Aunque en el 80% de todos los municipios españoles el servicio de limpieza es municipal, es en las grandes ciudades donde se está extendiendo que el servicio de limpieza lo presten empresas privadas. La conclusión del informe es que cuanto más grande es la población menos costosa supone la recogida de basuras gestionada directamente por el ayuntamiento, con un gasto medio por habitante de 37,54 euros frente a los 52,33 del servicio privatizado. Como rectificar es de sabios, algunos ayuntamientos han empezado a dar la vuelta a la tortilla. Este es el caso del de León, que ha recuperado la titularidad municipal de los servicios de limpieza viaria y de recogida de basuras con un ahorro próximo a los ocho millones de euros.

Privatizada la colocación de los parados El colmo de las externalizaciones ha sido el servicio de colocación de los desempleados en favor de las agencias privadas. El Gobierno en lugar de reformar los servicios públicos de empleo para hacerlos más eficaces en la tarea de la colocación de parados, optó por su afán privatizador y cedió el testigo a las empresas privadas. La primera en ser autorizada fue la multinacional estadounidense Manpower, a la que se le permitía gestionar también contratos indefinidos en toda España, en colaboración con los servicios públicos de empleo autonómicos.

Éste fue uno de los puntos de la más que rechazada reforma laboral de Mariano Rajoy en 2010, con la que entre otras muchas cosas se rompía la barrera del mercado de trabajo que tanto había costado levantar a los sindicatos. De momento, las empresas de colocación no podrán cobrar al desempleado por ayudarle a buscar trabajo, orientarle y darle formación profesional. Por tanto, los ingresos de estas empresas procederán de los convenios que suscriban con los servicios públicos de empleo autonómicos. Es decir, se pagará con dinero público y se realizarán contratos públicos con estas empresas. El negocio privado está servido porque a Manpower le siguieron otras 204 agencias de colocación dispuestas a colaborar con los servicios públicos. Los sindicatos denunciaron ya en abril la nueva Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, aprobada por el Gobierno sin la participación de los agentes sociales, entre otras cosas, porque no se aclara el papel que pueden tener las nuevas agencias de colocación privadas en la prestación de estos servicios.

Educación, el otro gran negocio El Ministerio de Educación ha reducido el presupuesto un 19% desde 2011 (un 70% en las universidades), catalogando al alumnado por el talento, separándolos por género, eliminando la asignatura de Educación para la Ciudadanía e imponiendo otras como la de religión. En esa misma dirección se estableció el currículo básico de la ESO y el Bachillerato, que UGT ya ha denunciado por su incidencia negativa en la educación integral del alumnado e ir en contra de las propias recomendaciones de la OCDE, además de mermar las funciones de los consejos escolares en los que participan las familias. Todos los cambios introducidos, y han sido muchos, en todas las áreas educativas han sido llevados a cabo sin la más mínima negociación con todos los agentes implicados, incluidos los sindicatos.

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.en profundidad En dichos currículos se priman los valores academicistas respecto del éxito o fracaso escolar, mientras se incorpora la especialización de los centros de enseñanza y se limita su autonomía. También se va a segregar al alumnado, estableciendo itinerarios excluyentes que seleccionan y clasifican a los alumnos antes de acabar la enseñanza obligatoria. Desde UGT se ha calificado este paso como una “aberración”, ya que la segregación temprana eleva el fracaso escolar y genera desigualdades. Éstas son algunas de las razones principales por las que el 9 de mayo de 2013 se realizó una huelga general en defensa de la enseñanza pública y en contra de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE). Hace dos años ya se denunciaba la pérdida de 6.000 millones de euros en la enseñanza pública por los recortes introducidos y se anunciaba la lucha sin cuartel contra esa “ley segregadora y elitista”. Al igual que en sanidad, continuaron las movilizaciones en educación, como las protestas de finales de marzo de 2014, en contra de la LOMCE y los recortes de la educación. En dichas movilizaciones participó la Unión General de Trabajadores junto al resto de las organizaciones, incluida la Plataforma de la Escuela Pública. También se denunció el “golpe” del Ministerio de Educación a las becas Erasmus, con el que miles de estudiantes españoles que ya habían comenzado el curso en una Universidad europea, y que contaban con la ayuda complementaria de una beca Erasmus vieron reducida drásticamente la ayuda con la que contaban cuando hicieron las maletas. UGT denunció esta medida contraria a la igualdad de oportunidades, así como el endurecimiento de los criterios para acceder a la beca. El Ministerio de Educación ha vuelto a dar una vuelta de tuerca con su reforma del sistema universitario por el que las universidades pueden optar por la fórmula de tres años de grado y dos de máster en lugar de cuatro años de grado y uno de máster. Las movilizaciones estaban servidas. Desde los Rectores hasta los sindicatos y estudiantes han mostrado su total rechazo. De esta forma, la huelga general en la universidad convocada el 24 de marzo de 2015 paralizó la actividad de los campus públicos con un seguimiento del 85%. Todas las organizaciones convocantes –UGT, CCOO y CSI-F y las organizaciones estudiantiles Sindicato de Estudiantes (SE), Estudiantes en Movimiento (EeM) y Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAEST)—coinciden en denunciar el Real Decreto del 3+2, que convertirá los grados en generalistas y obligará al alumnado a cursar másteres, mucho más caros. Esto, unido a la reducción de las becas y el endurecimiento de las condiciones para acceder a éstas, provocará la expulsión masiva de los alumnos con menos recursos económicos.

Adicionalmente, el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas recortarán 1.000 millones de euros de financiación a las universidades públicas, que se sumarán a los 1.500 millones que han hurtado a los presupuestos de los campus en los últimos cuatro años. La reconversión que se encuentra detrás de estas medidas se reforzará con los dos decretos pendientes de aprobación que facilitarán la creación de centros privados y dificultarán el acceso a la profesión docente y la carrera profesional en las universidades públicas. Educación, además, ha recortado las ayudas a la escolarización, el material escolar, los gastos de desplazamiento o de movilidad o las ayudas al estudio para familias con rentas bajas. Desde UGT se ha denunciado esta situación en su informe “Becas y Ayudas al Estudio. Fin de la equidad”. En esencia, se ha denunciado la política injusta, discriminatoria y desigual, que impide a muchos estudiantes continuar con su educación por no poder costearla, rompiendo así el objetivo de conformar un sistema donde la educación, como derecho, se rija por los principios de equidad e igualdad de oportunidades. 400.000 empleos públicos menos El informe de la Federación de Servicios Públicos de UGT “Menos servicios públicos, menos derechos y menos empleo” (y en el que se recoge la evolución del empleo, los presupuestos, la inversión en el sector y la percepción de los ciudadanos sobre la calidad de los servicios públicos durante los últimos cuatro años) revela que en esta legislatura se han adoptado medidas, sin contar con nadie y vía decretazo, que han perjudicado a un gran número de trabajadores y ciudadanos. Así, se destruyen 400.000 empleos públicos: 27.848 en Sanidad (de 505.185 en 2012 a 477.337 en 2014); 1.791 en Justicia (de 64.040 a 52.249); 2.249 en la Administración de la Seguridad Social (de 30.217 1 27.968); 6.184 en Educación (de 154.881 a 148.697); 40.952 en la Administración Local (de 597.212 a 556.260); 41.399 en la Administración General del Estado (de 581.861 a 540.462); 74.617 en las Administración Autonómicas (de 597.212 a 148.697) y 3.315 en Correos (de 49.103 a 45.788). Y todo por la particularmente grave política privatizadora del Ejecutivo, que ha gastado 24.000 millones de euros en la externalización de los servicios públicos. El Gobierno reparte el dinero de todos según su criterio, sentando las bases de un nuevo sistema y sin contar con la colaboración de nadie.

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Un reportaje de Teresa Velasco