El municipio: espacio de un socialismo renovado El pasado 20 de noviembre el PSOE obtuvo su peor resultado electoral desde la restauración de la democracia. La crisis económica fue la causa más determinante de la derrota. Pero hubo también otras, entre las cuales pueden señalarse principalmente dos: el desconcierto producido por la política territorial de nuestro Gobierno y el fracaso del modelo socialdemócrata europeo de los últimos años. Por una parte, la reforma del Estatuto de Cataluña y la gestión que el Gobierno hizo de la misma, así como la cadena de reformas estatutarias que siguió a ésta, difuminó demasiado ante los ciudadanos la idea de país de los socialistas y produjo desconfianza y confusión en todas las regiones, incluida la propia Cataluña. El PSOE, como factor de cohesión nacional, quedó en entredicho. Quizá más influyente resultó, de todos modos, el fracaso de la política económica de la socialdemocracia europea, incluida la española. Muchos piensan que el modelo teorizado en la llamada Tercera Vía de Tony Blair y Gerhard Schröder consistente en que la política interviniera poco en la economía con el argumento de que, libre de ataduras, el mercado sería fuente constante tanto de riqueza y empleo como de ingresos fiscales con los que sufragar las políticas sociales- reveló su insuficiencia al llegar la crisis, cuando los ingresos fiscales se redujeron drásticamente y gobiernos como el español quedaron a merced de los mercados financieros internacionales, teniendo que aplicar las medidas exigidas por éstos, dando un giro copernicano a su programa electoral y no siendo capaces de explicárselo ni la sociedad en su conjunto ni a sus electores en particular. Asistimos, por tanto, al fin de una etapa, que en Aragón tuvo manifestaciones anteriores en la renuncia de Marcelino Iglesias en 2008 a ser candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón y en la posterior pérdida de las elecciones autonómicas y de buena parte del poder local en mayo de 2011. A pesar de todo, seguimos teniendo la responsabilidad de encabezar la oposición a los gobiernos de la derecha. Aquí, en Aragón, seguimos siendo la representación fundamental de la izquierda, ya que CHA e IU, sumadas, apenas reúnen una tercera parte de nuestro apoyo. Tenemos asimismo la obligación de constituirnos en alternativa sólida de gobierno lo antes posible. Pero, para ello, hemos de acertar en el análisis crítico de nuestra acción política anterior, paso previo a la construcción de un nuevo proyecto -modelo de partido, revitalización de valores y nuevas políticas- y, en última instancia, a la elección de una nueva dirección política. Puestos a esbozar algunas ideas sobre ese nuevo proyecto, empezaremos por decir que los mecanismos de participación y de elección del PSOE le otorgan a nuestro partido un grado de democracia interna superior al de cualquier otro partido político 1

español, de izquierdas o de derechas. Sin embargo, es posible mejorarlo al menos en dos aspectos: en la recuperación de hábitos y culturas de etapas anteriores y en la utilización adecuada de la red. No es una cuestión de estatutos sino de talante y de concepto imprimirle mayor carácter participativo y deliberativo a los comités en todos los niveles (federal, regional y provincial), recuperando así una cultura más democrática en la toma de decisiones y en la compartimiento de las mismas por parte de las direcciones orgánicas e institucionales correspondientes. En otro orden de cosas, las redes y las bases de datos accesibles a través de la web van adquiriendo una importancia creciente en los procesos sociales y políticos, obligando al poder a rendir cuentas y movilizando cada vez más a la opinión popular. Pero los partidos políticos siguen siendo un elemento insustituible de la democracia europea, ya que proporcionan continuidad institucional frente a unas redes que son por definición transitorias. Hay mucho que ganar estableciendo sinergias entre ambos. Es vital que los ciudadanos recuperen la confianza en la política, más desacreditada que nunca precisamente cuando más la necesitamos. La recuperarán –de entrada- en la medida en que se modifiquen los estilos y los comportamientos tanto de los gobernantes –que han de asumir su dimensión ejemplarizante- como de la administración, que ha de esforzarse en ser transparente, accesible a la información, dispuesta a la rendición de cuentas y atenta a los requerimientos de los ciudadanos a los que debe servir. Pero la recuperarán –sobre todo- si la política es capaz de imponerse a los mercados a través de una nueva propuesta económica, que difícilmente puede ser asumida por otra opción que no sea la socialdemocracia. La experiencia reciente nos ha demostrado que no se pueden hacer políticas sociales progresistas sostenibles sin impulsar a la vez políticas económicas progresistas, del mismo modo que no son ya posibles políticas progresistas de ámbito nacional, pues, mientras el capital se ha hecho global, la democracia ha quedado estancada en el espacio del Estado-nación. En ese sentido, creemos recomendable atender la invitación de John Cruddas y Andrea Nahles (inglés y alemana respectivamente) para ir conformando una “red pan-europea de los socialdemócratas”, a partir de un documento redactado por ellos mismos que añade contenidos al programa elaborado por los socialistas franceses para competir en las próximas elecciones presidenciales de su país. En general, el compendio de ideas al que se apunta por parte de los socialistas europeos recupera políticas clásicas como reasumir la propiedad pública o poner bajo control público los servicios de interés general o la construcción de sistemas fiscales más progresivos, con una distribución más equitativa de los ingresos y la riqueza. Pero además, avanzan en ideas como la superación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea (1997), origen doctrinal de la sacralización del “déficit 0” o de nuestra reciente reforma constitucional. Consideran que fue un error grave la creación del euro sin una fiscalidad única para Europa y proponen que ese Pacto de Estabilidad debe ser reemplazado por un acuerdo sobre la coordinación de las políticas 2

presupuestarias de los Estados miembros, que permita un cierto control sobre el total de los impuestos y las políticas de gasto. Desde diversas voces, apuestan por un presupuesto central de la Unión Europea significativamente mayor, capaz de redistribuir más recursos que en la actualidad y -lo que a nuestro juicio es muy importante- estiman urgente el recurso al gasto público para reactivar la economía, es decir, la necesidad de estímulos fiscales coordinados a nivel europeo, única forma de abrirle paso a esta fórmula frente a la presión de la deuda. “Probada históricamente su credibilidad en materia de libertad -vienen a decir-, la socialdemocracia tendría ahora un amplio bulevar que recorrer si se convirtiera en la defensora de la seguridad de las clases populares y medias: seguridad frente a terrorismo y la delincuencia; frente al infortunio, la enfermedad y la vejez; frente a los atropellados de la banca, las empresas de servicios y la administración de justicia; frente a la amenaza nuclear y el cambio climático”. Ésa es la apuesta de nuestros correligionarios europeos, basada en la idea de que “la idea de más Estado, de un Estado menos burocrático pero más eficaz y combativo frente a los poderosos, puede ser una oferta muy atractiva en estos tiempos inciertos”. Pero, al hablar de Estado, amplían el concepto a una gobernanza global sobre la base de la Unión Europea, que, además de restaurar la primacía de la política sobre los mercados, se enfrente a los grandes problemas globales (cambio climático, agresiones al medio ambiente y biodiversidad, conflictos, proliferación de armamentos, pandemias), imponga tasas a las transacciones financieras internacionales, proscriba los paraísos fiscales, cree agencias de rating europeas o imponga cargas fiscales a las ganancias de las empresas en los países donde las obtienen. Éstas son algunas de las ideas sobre las que se está configurando una nueva formulación de la socialdemocracia, a través de un debate en el que participan los socialistas británicos, franceses y alemanes y al que hemos de incorporarnos activamente los socialistas españoles para enganchar con esa corriente en el próximo Congreso Federal e ilustrar con esas propuestas el nuevo proyecto político que surja del mismo. La Unión Europea es pues el espacio institucional y geográfico en el que se han de plasmar las principales aportaciones del socialismo del futuro. No obstante, la realización de ese nuevo socialismo, en algunas de sus dimensiones fundamentales, se habrá de localizar en otro espacio institucional. Si aspiramos a mejorar la calidad de la democracia y a abrir cauces amplios a la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas que les afectan; si pretendemos corregir los desequilibrios territoriales resultantes del desarrollo del Estado Autonómico, es en el ámbito institucional y físico del municipio donde hemos de actuar, un ámbito en el que las nuevas políticas socialistas pueden resultar más realizables, más visibles y más verificables.

3

En el caso de la provincia de Zaragoza, las elecciones municipales nos depararon un escenario aceptable. Por un lado, mediante un pacto con CHA e IU, mantenemos el gobierno de la ciudad de Zaragoza. Sin embargo, el resultado electoral fue muy preocupante, lo cual nos emplaza a una profunda renovación de las actitudes, del discurso y del proyecto socialista para la capital de Aragón y para sus habitantes; a una renovación que, tras la EXPO y la actual situación de crisis, nos obliga a abrir una nueva etapa. Por otro lado, aunque perdimos el gobierno de la Diputación Provincial, en el conjunto del territorio provincial restante superamos al PP por más de cinco puntos, con más alcaldías y más habitantes gobernados por alcaldes socialistas y con cinco comarcas presididas por compañeros nuestros. Este escenario es un punto de partida muy útil para participar en la conformación de un nuevo proyecto socialista para Aragón en el marco de una nueva socialdemocracia, una plataforma muy sólida para empezar a construir una alternativa creíble y solvente al Gobierno del PP-PAR de la mano de nuestros compañeros de las federaciones socialistas de Huesca y de Teruel. La IV Conferencia del PSOE de Zaragoza, que va a celebrarse en Épila el día 3 de diciembre de 2011, se va a dedicar precisamente a debatir sobre esta cuestión, a partir de cuatro dimensiones del gobierno local cuyo adecuado desarrollo puede contribuir al sostenimiento del nuevo proyecto político que propugnamos: el municipio como espacio de un socialismo renovado; el municipio como garantía de un desarrollo territorial equilibrado y homogéneo, el municipio como instrumento de lucha contra la crisis económica y el municipio como elemento esencial de una nueva estrategia y de un nuevo proyecto político. Este documento, aprobado inicialmente por el Comité Provincial, será aprobado definitivamente por un Congreso Provincial Extraordinario en el mes de enero, una vez sometido al correspondiente periodo de debate e información a través de la página web del partido.

Municipio, espacio de un nuevo socialismo Un nuevo socialismo ha de adquirir perfiles propios en cuestiones fundamentales como la revitalización de la democracia, el compromiso con el medio ambiente y la garantía de cohesión social. El municipio constituye el espacio político más idóneo para ello. Las tres cuestiones planteadas vienen a resumir la esencia del socialismo democrático desde sus más profundas raíces, arraigadas en los principios de solidaridad y capacidad para hacer políticas que permitan distribuir los recursos de forma más eficaz y generadora de bienestar social a los ciudadanos. Más democracia, más sostenibilidad y más igualdad social deben ser aspiraciones que rijan la tarea de los militantes del PSOE, de sus cargos públicos, de sus

4

alcaldes y concejales y de sus diputados, del conjunto de su organización e incluso de sus simpatizantes. Son muchas las iniciativas recomendables de cara a revitalizar la democracia desde el municipio. La ejemplaridad exigible a los cargos públicos debe materializarse en manuales de buenas prácticas o en códigos éticos aprobados por los plenos, en los que, por ejemplo, en municipios demás de 10.000 habitantes sea obligatorio para todos los concejales la publicación de su renta y de su patrimonio, así como el compromiso a no percibir retribuciones por cualquier concepto de más de institución en el caso en que se pertenezca a más de una. La celebración de debates anuales sobre el estado del municipio puede ser también una buena manera de revitalizar la democracia local. También hemos de impulsar la aprobación de cartas de derechos y deberes de los ciudadanos en las que se objetiven los compromisos en ese sentido y se establezcan mecanismos para verificar su cumplimiento. La utilización de la red para favorecer la participación nos permitirá, por lo demás, superar ampliamente el paradigma de participación ciudadana de los primeros años de la democacia municipal, basado en el trabajo de los consejos sectoriales. El compromiso municipal con el medioambiente puede realizarse -entre otras actuaciones- a través de la Agenda 21 (un buen foro además de intercambio de opiniones entre el Ayuntamiento y los vecinos), la utilización y la difusión del uso de energías renovables, la aprobación de ordenanzas que primen o penalicen las actividades económicas en función a su impacto ambiental y la colaboración activa con el mundo educativo para implantar estos valores desde la primera infancia. Finalmente, la garantía de cohesión social ha de inspirar una práctica transversal a todas las áreas municipales: modelo de ciudad, vivienda, educación (escuelas infantiles, educación de adultos), acceso a la cultura o en deportes, la formación para el empleo, el Servicio Social de Base, las residencias de mayores o las asociaciones de personas discapacitadas. En ese sentido, la comunidad política local está obligada a denunciar la deficiente financiación de los ayuntamientos para la prestación de estos servicios, sobre todo por parte de una Comunidad Autónoma titular de muchos de ellos e intolerablemente inhibida a la hora de aportar los recursos necesarios. En todo caso, teniendo en cuenta que la crisis económica está obligando a los ayuntamientos a esfuerzos añadidos en este terreno, es preciso insistir ante el Gobierno de Aragón para que incremente el Fondo de Cooperación Municipal y al Gobierno de España para que alargue los plazos de devolución de los anticipos del Fondo de Participación de Tributos del Estado, pues, en caso contrario, muchos servicios de esta naturaleza será imposible prestarlos a corto plazo.

5

Municipio como garantía de desarrollo territorial equilibrado y homogéneo La reivindicación del municipio como tercer pilar del Estado tiene como correlato la conveniencia de que un nuevo proyecto socialista para Aragón se desarrolle sobre dos soportes institucionales: la comunidad autónoma y la comunidad política local (municipio, comarcas y diputación). La cooperación entre ambos en pie de igualdad será la única garantía real de que el desarrollo del territorio se produzca realmente en términos de equilibrio y homogeneidad. Ello exige mecanismos de colaboración y coordinación entre la Comunidad Autónoma y la comunidad política local que el Estatuto de Autonomía no prevé adecuadamente, lo cual plantea la necesidad de que esa deficiencia se subsane mediante el desarrollo del mismo a través de las leyes correspondientes. El Consejo Local de Aragón es lógicamente el organismo que debería cumplir esa función. Un requisito imprescindible para que la comunidad política local ejerza su misión de manera eficaz es tener bien definido su elenco competencial y su sistema de financiación, no solo mediante la revisión de la ley estatal sino también sobre la participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma, único mecanismo posible para compensar el ejercicio de las competencias impropias. Pero, para que los municipios pequeños tengan garantizada su autonomía y su suficiencia, es necesaria un sistema intermunicipal (diputaciones y comarcas) al servicio de ese principio, con objeto de que no haya emigración competencial hacia la Comunidad Autónoma y no quede así debilitado el gobierno local. El debate sobre la intermunicipalidad viene planteándose últimamente en relación con la crisis y la consiguiente necesidad de suprimir partidas de gasto público. Se habla de evitar solapamientos entre las competencias de las diferentes administraciones y se propone una reordenación competencial que tenga como fin último el ahorro. Nosotros compartimos este planteamiento pero hacemos a continuación dos consideraciones. En primer lugar, apostamos decididamente por la austeridad y el ahorro a base de modificar muchos de los hábitos adquiridos en los últimos años, evitando gastos redundantes y decidiendo la eliminación temporal o definitiva de otros, así como la racionalización en general. Pero no admitimos la austeridad como un fin en sí misma, como cohartada de recortes en las partidas destinadas a la protección de las capas más desfavorecidas o como excusa para suprimir instituciones como las diputaciones que resultan incómodas para los partidarios de una administración local subalterna de las comunidades autónomas. En segundo lugar, pensamos que –por el contrario- la reordenación de competencias ha de acometerse a partir de un modelo previo de país, sobre un modelo concreto de arquitectura institucional, lo cual puede conducirnos a plantear 6

reordenaciones competenciales pero justamente al revés, es decir, mediante transferencias desde el ámbito autonómico hacia el local, por subsidiariedad, por eficacia e incluso por economía, a partir de la constatación de que es más eficiente y más barata la gestión local de las inversiones y de los servicios. En el caso aragonés, es preciso además establecer un sistema de complementariedad entre diputaciones y comarcas que justifique socialmente la existencia de ambas. Las comarcas, cuya masa crítica es generalmente insuficiente para ser eficaz en la prestación de muchos servicios, han de desarrollar a fondo del espíritu de las antiguas mancomunidades, gestionando competencias municipales voluntariamente delegadas y competencias autonómicas si su tamaño presupuestario y demográfico se lo permite. En cuanto a las diputaciones, las entendemos como una entidad local que tiene como misión esencial contribuir a garantizar la autonomía municipal. Por su tamaño, aportan economías de escala para desarrollar eficazmente los servicios que tiene encomendados y se constituyen en instancia capaz de garantizar al ciudadano el derecho constitucional a no ser discriminado a causa de su lugar de nacimiento, desde su condición de organización intermunicipal asentada en todo el territorio nacional. En la reordenación anunciada, habría que estudiar la posibilidad de situar en el ámbito provincial las diferentes competencias del Estado o de las comunidades autónomas referidas a los entes locales, o a los servicios o competencias que les están encomendados y que actualmente se realizan a través de la administración periférica estatal y la autonómica. Las diputaciones lo harían mejor y con menores costes. Finalmente, en el caso de Zaragoza, hay que buscar una solución para la cuestión de la Mancomunidad Central. Es un problema larvado al que no se ha dado solución, que resulta por otra parte cada vez más urgente. La adscripción de los municipios por ejes a sus comarcas limítrofes (Ribera Alta, Ribera Baja y Cariñena), así como la generación de una “comarca 33” en la margen izquierda del Ebro, podrían ser ideas valorables. Por otro lado ya hemos anunciado que la prestación de servicios en el ámbito metropolitano debe resolverse mediante el establecimiento de consorcios con la capital que afronten los problemas del transporte, del ciclo integral del agua, o de la recogida de residuos urbanos, entre otros. También tenemos que abordar la Ley de Capitalidad, como instrumento regulador de las relaciones entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Zaragoza, como mecanismo definidor de los limites del ejercicio competencial en el territorio de la capital por una y otra administración (en materia social, urbanística, fiscal, etc.) y como marco legal que establezca el mecanismo de financiación y de compromiso del Gobierno de Aragón con la mitad de la población del territorio que gobierna (prestación de servicios, suministros e infraestructuras).

7

Municipio como elemento esencial de una nueva estrategia y de un nuevo proyecto socialista para Aragón Como consecuencia de todo lo anterior, es necesario establecer una coordinación adecuada entre los municipios y el Grupo Socialista de las Cortes de Aragón, principal instrumento de oposición al Gobierno de Rudi y ámbito de configuración y escenificación de la alternativa al mismo. Para ello, es preciso crear mecanismos estables que articulen esa coordinación. Asimismo, en los próximos procesos congresuales, el mundo local ha de organizarse para que su visión de España y de Aragón se incorpore en pie de igualdad con la de los representantes autonómicos a la hora de conformar el discurso, la estrategia y las prioridades de la política nacional del PSOE. No hacerlo significaría desperdiciar un caudal de energía cívica y política del que nuestro partido no puede seguir prescindiendo, un ingrediente tan cohesionante social y territorialmente que un Estado no puede permitirse el lujo de seguir maltratándolo a todos los efectos, máxime en un momento histórico de tanto agobio y tanta incertidumbre como el que estamos viviendo. En ese sentido, el actual Consejo Territorial previsto en el artículo 47 de los Estatutos Federales -reservado a representantes autonómicos- debe incluir a partir del próximo Congreso a representantes de municipios y provincias de diferentes tamaños. De igual modo, el que prevén los Estatutos Regionales en su artículo 75 de configurarse con ese mismo criterio, extendiendo en este caso la representación a las comarcas. Finalmente, sería recomendable que los responsables de política municipales y de ciudades de las comisiones ejecutivas federal y regional tuvieran, por trayectoria política y por vocación, una acreditada relación con el mundo local.

8

Municipio como instrumento de lucha contra la crisis económica Esta reinvindicación del espacio municipal ante una nueva etapa exige a las administraciones locales ocupar un lugar importante en la primera línea de combate contra la crisis y contra su consecuencia más lacerante: el desempleo. A pesar de carecer prácticamente de competencias y de recursos para ello, la proximidad a los ciudadanos se convierte una vez más en una responsabilidad añadida y, al mismo tiempo, en una ventaja. Además, parece conveniente que las políticas activas de empleo en sentido amplio se adecúen a las características y a las necesidades de cada parte del territorio, lo cual sería modulable a través de la cooperación entre el Gobierno de Aragón y la comunidad política local en su conjunto. El INAEM podría desempeñar una función importante en este aspecto, dinamizando comarcalmente las ofertas. A estas alturas, casi nadie duda de que, sin inversión pública como elemento reactivador de la economía, será prácticamente imposible superar la crisis y empezar a crear empleo. Los ayuntamientos han demostrado ser instrumentos muy adecuados para esta finalidad (Plan E), lo cual los legitima para repetir experiencias similares. En cuanto al mantenimiento de su propia capacidad inversora, es imprescindible que, en sus respectivos presupuestos, el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial incrementen las ayudas a los ayuntamientos para esa finalidad. Por otra parte, los programas de desarrollo rural resultan ahora mismo más necesarios que nunca. En todo caso, hay que insistir en que, en futuras ediciones del Leader +, los ayuntamientos deberían apoyar fundamentalmente ayudas a iniciativas privadas, dejando en segundo lugar los equipamientos municipales. Asimismo, es necesario seguir insistiendo al Gobierno de Aragón para que desbloquee definitivamente los programas comarcales financiados a través de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Por lo demás, a través de la página web del partido en la que se colgará este documento, se pueden aportar otras inicitivas o proyectos llevados a cabo por nuestros ayuntamientos, para intercambiar informaciones y experiencias. A modo de ejemplo, planteamos algunas de ellas: -Plan Local de Autónomos (microcréditos y otros) aprobado y ejecutado por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Borja.

-Plan de Formación para el Empleo aprobado y ejecutado por la Comarca de

-Bolsa de empleo digitalizada con servicio de preselección de candidatos a petición del empledor, impulsada por el Ayuntamiento de Pedrola junto con diversas iniciativas muy interesantes de activación del consumo interno de acuerdo con el comercio local. 9

-Aprobación de ordenanzas municipales de ayudas para la creación de empleo, combinando bonificaciones de impuestos con la gestión conjunta de ayudas a la inversión y a la contratación, coordinando las que establece en Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza con las que puedan disponer los propios ayuntamientos. Nada será igual después de esta crisis global que tan duramente está afectando a nuestro país. La propia arquitectura institucional podría experimentar cambios importantes, que, en nuestra opinión, deberían tener como resultado final una Unión Europea y un gobierno local convertidos en referencias institucionales básicas de la nueva política. Pero ese escenario institucional solo tendrá sentido si contribuye a que el mundo posterior se asemeje más que éste al paradigma socialdemócrata, es decir, un mundo donde los ciudadanos sean libres, se sientan seguros y disfruten cada vez de más igualdad de oportunidades.

Zaragoza, 3 de diciembre de 2011.

10