COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

 

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  DECLARACIÓN ESCRITA 32ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas Ginebra 13 de Junio al 1 de Julio de 2016 Tema 3 de la agenda, Empresas Transnacionales y Derechos Humanos

El Impacto de las Transnacionales y Multinacionales en Colombia sobre el Medioambiente y los Derechos Humanos. De acuerdo a varias clasificaciones, Colombia se sitúa entre los tres primeros países con mayor biodiversidad dada su riqueza topográfica. Posee importantes recursos naturales en oro, níquel, plata, platino, cobre, carbón y esmeraldas, que son más fáciles de explotar dada la posición estratégica del país en el continente latinoamericano: tienen una salida al Océano Pacifico y hacia al Océano Atlántico, así como una conexión con el mar Caribe, constituyéndose en un interfaz ideal entre Suramérica y América del Norte. Con todo, esas ventajas múltiples están socavadas por su contexto interno: Colombia se caracteriza por su conflicto social y armado que ha tenido una duración de más de sesenta. Esa situación se ha vuelto más compleja sabiendo que los grupos armados juegan un papel importante en cuanto a la presencia que hacen en los territorios, situación que ha sido utilizada a su vez por las empresas transnacionales, de implantarse en zonas favorables para su negocio y desafortunadamente de hacer algunas “alianzas siniestras” con el paramilitarismo y terminar o atentar contra los miembros de los sindicatos y organizaciones sociales y sindicales (como es el caso de la multinacional Chiquita Brands o Coca-cola entre otros). También las transnacionales han sido las responsables de cometer reiteradas violaciones a los derechos humanos como es el claro ejemplo de lo que sucede actualmente con la empresa el cerrejón en la Guajira, que han realizado la explotación de carbón más grande del país y son los artífices de desviar los causes de los ríos lo que con el paso del tiempo, ha generado una grave emergencia ambiental y también una alimentaria; presentándose más de una centena de niños

   

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  fallecidos por desnutrición de la etnia Wuayu (a pesar de que esta etnia actualmente cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH). Tal aspecto subraya que el país se ha efectivamente integrado a las dinámicas internacionales de globalización económica, financiera y comercial, pero en un clima de violencia de índole tanto estatal como paraestatal. Considerando que el país nunca desarrolló una industrialización propia de alta calidad, esa presencia extranjera se ha vuelto imprescindible para asegurarle crecimiento. Esa carrera hacia los beneficios máximos responde a un modelo capitalista que se hace al detrimento del medioambiente que incluye ríos, bosques, aire, campos agrícolas, mar, así que de las poblaciones que viven en dichos territorios atractivos, amenazando altamente los derechos fundamentales. Ese vinculo entre medioambiente y derechos humanos lo plantea claramente Mary Robinson, primera mujer en ser Presidenta de Irlanda de 1990 hasta 1997. Fue asimismo Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 1997 a 2002, y actualmente es la delegada especial de Naciones Unidas para cambios climáticos. Para ella, “el cambio climático es una amenaza para los derechos humanos”, provocando daños como sequias, contaminación, destrucción de la naturaleza. Así, cuestionan el “derecho a la alimentación, al agua potable, la salud, la educación y el alojamiento”1 para cada individuo. Finalmente, la degradación ambiental resulta ser una amenaza al derecho a vivir, de ahí la necesidad fundamental de proteger a los más vulnerables, preservar la biodiversidad, concientizar a todos los individuos y actuar en contra de los que perpetran estas violaciones de derechos humanos. Situaciones que vive Colombia actualmente. Los derechos humanos designan un conjunto de derechos interdependientes, universales e inalienables, que son propios a cada ser humano. Se fundamentan principalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, así                                                                                                                 1

Charla dada en mayo 2015 en la plataforma en línea TedTalks, URL : https:// www.ted.com/talks/mary_robinson_why_climate_change_is_a_threat_to_human_rights

   

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  que sobre los Pactos sobre los Derechos Civiles y Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esos textos se basan en los principios de dignidad, de libertad y de igualdad entre los seres humanos, de modo que no haya discriminación. A pesar su dimensión fundamental, esos derechos no son vinculantes en el marco de la legislación internacional. En Colombia, la Constitución del 1991 en su titulo 2, retoma los principios básicos enunciados en las declaraciones y pactos internacionales: capítulo 1 “De los derechos fundamentales”, capitulo 2 “De los derechos sociales, económicos y culturales”, capitulo 3 “Derechos colectivos y del ambiente”. La relación entre derechos humanos y medioambiente es de cierta manera reciproca: “Todos los seres humanos dependen del medio ambiente en el que vivimos. Un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es esencial para el pleno disfrute de una amplia gama de derechos humanos, entre ellos los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento. Sin un medio ambiente saludable, no podemos hacer realidad nuestras aspiraciones, ni siquiera vivir en un nivel acorde con unas condiciones mínimas de dignidad humana. Al mismo tiempo, la protección de los derechos humanos ayuda a proteger el medio ambiente. Cuando las personas están informadas sobre las decisiones que los afectan, y tienen la posibilidad de participar en ellas, pueden ayudar a garantizar que esas decisiones respeten su necesidad de tener un medio ambiente sostenible. »2. Frente a la presencia de entes extranjeros como las transnacionales, el Estado debe asegurar protección a sus ciudadanos. Una transnacional designa una sociedad u organización que además de tener filiales en varios países, tiene también otras sedes de gestión administrativa y operaciones. Por su parte, la multinacional sólo descentraliza la producción, sin tocar a los focos de decisión. Por lo general, ambas tienen su sede en un país desarrollado y des-localizan los entes de producción en países de bajos costos para realizar máximo beneficio. Esa dinámica busca sacar provecho de los recursos humanos y naturales de los países que no tienen los medios para explotar sus propios recursos, sin mayor preocupación por las                                                                                                                 2

Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, URL : http://www.ohchr.org/SP/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx

   

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  externalidades negativas provocadas por tales actividades. Otra fuente de inquietud radica en el hecho según el cual esas transnacionales se llevan la gran mayoría de los beneficios producidos fuera del país de producción, cuestionando otra vez el interés para el país de explotación de permitir tales negocios. Además de cuestionar el desarrollo humano, cuestionan igualmente el desarrollo sostenible. Las transnacionales en Colombia existen desde antes de la intensificación de la globalización, que ocurrió en los años 1970-1980. El ingreso en esas dinámicas internacionales se hizo a través del sector minero mayormente, puesto que el país ha basado su crecimiento económico sobre ese tipo de industria, abriéndose desde los años 1980 y privatizando minas y refinerías en otros. Viendo esa proliferación de empresas extranjeras en el país explotando sus propios recursos, el Gobierno nacional intentó armonizar las distintas actividades a través, en 1974, del Código Nacional de Recursos Naturales (decreto 2811) así que de contratos de asociación para la explotación de sus bienes naturales. Las transnacionales son principalmente norteamericanas (Exxon, Chiquita Brands), españolas (Endesa y sus filiales Emgesa y Condensa, Unión Fenosa, Gas Natural), canadienses, mexicanas (Cemex), británicas (British Petroleum), brasileñas (Petrobras). Se dedican a actividades mineras, petroleras, agroindustriales, eléctricas y de transportes. “En las ultimas cuatro décadas del siglo XX, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos registraron más de 40.000 casos de crímenes de lesa humanidad: masacres, torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Defensores de derechos humanos, personas que luchan por mejorar sus condiciones de vida, sindicalistas, militantes y dirigentes de las

   

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  organizaciones sociales, maestras, campesinos, estudiantes… todos han sido consideraos peligrosos para el poder.”3. Minería La minería es el sector que más causa daños al medioambiente colombiano: “la inversión extranjera directa (tiene) un impacto ambiental más grave en los países en los que se concentra en la minería y la industria pesada, aunque el efecto concreto de cada inversión depende de la normativa gubernamental (y de cómo se hace cumplir), así́ como de las acciones seguidas por cada empresa.”4. La Guajira padece de esos efectos de manera sumamente intensa. En efecto, ocurrió y sigue ocurriendo una crisis ambiental y humanitaria, cuyo mayor protagonista es la empresa extractora de carbón El Cerrejón. A fin de realizar sus actividades de extractivismo, desvío el Rio Rachería, lo que en una región desértica, en la que el agua ya es una escasez, acarreó resultados alarmantes: la muerte de niños hambrientos, por lo menos 25 entre el 1ero de enero y el 31 de marzo 20165. Además, desalojó a personas, desplazándolas a fin de realizar sus actividades y por que éstas tuvieron que volver a encontrar fuente de agua. Encima de eso, el polvillo subsecuente a la extracción minera provocó afectaciones pulmonares y ardores en la vista que han sido denunciadas por las comunidades indígenas y afrocolombianas. Las distintas acciones de resistencia y los pedidos de tutela no fueron exitosos, por la connivencia entre la supuesta multinacional y las autoridades locales. El Tribunal Popular contra las Transnacionales publicó comunicados para denunciar estos hechos. Espera, con el apoyo internacional, someter a juicio a los responsables de crímenes en contra del pueblo Guajiro, que ha visto sus exigencias de justicia y reparación constantemente ignoradas. Por consiguiente, los pasados 3 y 4 de octubre, frente a la emergencia humanitaria, tuvo lugar un taller                                                                                                                 3

Pedro Ramiro, Erika González y Alejandro Pulido, Las multinacionales españoles en Colombia, 2007, URL: http://www.rebelion.org/docs/62852.pdf   4 Alicia Bárcena, Antonio Prado, Mario Cimoli, Ricardo Pérez, La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, CEPAL, 2015 5 Claudia Morales, “EN tres meses, 25 niños muertos en la Guajira”, El Espectador, 31 de marzo 2016

   

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  “contra la mortalidad infantil, La Guajira resiste”, para tanto llamar la atención como encontrar soluciones en cuanto a la situación dramática. Participaron personas destacadas en los ámbitos político, académico y organizaciones de DDHH nacionales e internacionales: la ex senadora Gloria Inés Ramírez; el miembro de Marcha Patriótica David Flores; el abogado argentino José Shulmann y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos entre otros. En este acto se dio un saludo por parte de la delegación de paz de las FARC EP6. La gravedad de lo que ocurre en esta zona no necesita más prueba. Pero la minería no solo afecta a regiones desérticas, sino también a lugares de vegetación densa. De acuerdo a otro articulo publicado en febrero 2016 en El País, “la minería ha ya desforestado 700 hectáreas de bosque nativo” a orillas del rio Cali. Asimismo, el presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Acodal, afirma que se necesita “más gestión de las autoridades ambientales en la cuenca para controlar los efectos de la deforestación y la minería.”7. La minería representa entonces una actividad destructora del medioambiente y mortíferas para el ser humano. Un estudio de la Universidad del Externado establece un vinculo entre el hecho según el cual el 80% de la minería es ilegal en Colombia y 80% de los ríos están contaminados8. Por un lado, es innegable que el rio del Cauca padece gravemente de la sequia provocada por el fenómeno del Niño, pero éste no es la única causa. En efecto, un articulo del país, publicado en febrero 2016, revela que en “dos metros cúbicos”, se encuentra “nitrito, fosforo y metales que resultan de actividades agrícolas, de porcicultura, de transformación de plástico y reciclaje”9. El propósito no radica en acusar enteramente a las transnacionales, sino de insistir en el hecho que sus actividades químicas no ayudan a la preservación del medioambiente colombiano. En consecuencia, la pesca se ha vuelta fuente de enfermedades, o ha disminuido mucho, creando                                                                                                                 6

http://www.contagioradio.com/se-realizara-tribunal-popular-contra-las-transnacionales-en-la-guajiraarticulo-13376/ 7 Hugo Salazar, in « Aguas negras y mineria, los males que tienen « agonizando a los rios Cali y Aguacatal », El Pais, febrero 2016 8 http://www.rcnradio.com/audios/60-la-mineria-colombia-ilegal-80-rios-estan-contaminados-mercurio-uexternado/ 9 http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/rio-cauca-tambien-esta-secando-contaminacion

   

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  situaciones de hambruna. El problema mayor es que por una parte, provocan estos daños sin mucha preocupación, por otra, no buscan soluciones ni alternativas a sus técnicas de extracción o producción. Petróleo En Arauca oficia la empresa española de petróleo Repsol. Tiene 7 campos petroleros10, gestionados por entes colombianos, haciendo que no se advierte ninguna publicidad ni logotipo en los forrajes y pozos españoles. Tal técnica sugiere que se extrae el petróleo de manera ilegal, para que la imagen de Repsol no esté directamente asociada a las consecuencias negativas observadas. En esta región, trabaja además con la empresa estatal Ecopetrol asi que la estadounidense Oxy, lo que demuestra el dominio extranjero en el sector. Cabe notar que el inicio de las obras coincide con la intensificación de la presencia paramilitar en la región, responsable de asesinatos de población civil y de desplazamientos forzados de las comunidades indígenas U’was y Guahibos de las zonas de resguardo. A pesar de esas acusaciones, abogadas por Amnesty International entre otros, la compañía siempre negó los hechos11. La respuesta del Estado frente a esta situación fue conciliadora: disminuyó los obstáculos legislativos para permitir que empezaran los trabajos. En definitiva, esas comunidades nunca pudieron volver a su territorio. En este caso, la ausencia de apoyos publico, académico, institucional hizo que los derechos humanos fueron sido violados con el silencio cómplice de la multinacional. Agroindustria La connivencia entre paramilitares y transnacionales aparece en otros sectores que en el del petróleo. En efecto, análisis sobre las compañías agroindustriales revelaron que beneficiaban del asentamiento paramilitar a fin de desarrollar sus actividades. Por                                                                                                                 10

Informes anuales de Repsol YPF (de los años 2000 a 2006) y Agencia Nacional de Hidrocarburos (2006). 11 Business and Human Rights Resource Center, abril 2004, URL: http://businesshumanrights.org/es/repsol-ypf-responde-a-amnist%C3%ADa-que-no-tiene-actividades-directas-en-eloleoducto-de-arauca-colombia

   

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  ejemplo, Multifruits, filial de Delmonte, se habría asociado con los paramilitares a fin de desplazar a 2.500 afrocolombianos en la región del Choco, permitiéndoles a esos grupos saquear casas asi que usarlas como centro de operaciones12. Esa vinculación entre transnacionales y paramilitares se ha confirmado cuando Chiquita Brands, multinacional bananera antiguamente conocida como la United Fruits Company, admitió en marzo 2007 haber pedido a Las Autodefensas Unidas de Colombia proteger sus actividades13. De igual manera, las empresas palmicultoras desarrollan sus actividades en un clima de alta tensión con la población local. La transnacional italo-española Poligrow está acusada de haber desplazado a gente, devastado tierras asi que amenazado a oponentes gracias a la intekgiencia paramilitar. La Comision Intereclesial de Justicia y Paz denunció esas acciones sin poder llevar a juicio el caso14. En Colombia, las zonas con mayor tasas de desplazamientos corresponden a las con mayor riquezas naturales: el Choco y su selva; el Putumayo y Arauca por sus reservas de petróleo; Bolivar y su oro; La Guajira por sus minas de carbón; o Antioquia por su contexto favorable a la generación de energía eléctrica15. Las ultimas cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR – afirman que después de Siria, Colombia es el país con el mayor numero de desplazados internos por conflicto en el mundo16. Encima de esas consecuencias dañinas, las transnacionales actúan según un modelo que agota a las reservas naturales, llevándolas a tierras ajenas, impidiendo al pueblo colombiano disfrutar de las riquezas de su propio país.

                                                                                                                12

Pedro Ramiro y Aloia Alvarez Feáns, Recursos naturales, multinacionesle y conflicto en Colombia http://www.rebelion.org/docs/62852.pdf 13 « Bananera Chiquita Brands buscó aval de Departamento de Justicia de EE UU para pagar a ‘paras’», El Tiempo, 16 de marzo de 2007   14 Business and Human Rights Resource Center, septiembre 2015, URL: http://businesshumanrights.org/en/colombia-ngos-allege-palm-company-poligrow-has-contributed-to-forceddisplacement-land-grabbing-opponents-have-received-death-threats 15 Pedro Ramiro y Aloia Alvarez Feáns, Recursos naturales, multinacionesle y conflicto en Colombia http://www.rebelion.org/docs/62852.pdf 16 http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/desplazados-internos/

   

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  Energía hidroeléctrica Endesa es la empresa española más importante en el sector de energías hidroeléctricas en Colombia. Trabaja a través de tres filiales: Emgesa, Central Hidroelectrica de Betania y Condensa. Además de haber descartado a los trabajadores de los procesos de decisión y de haber despedido a 2000 empleados, rompiendo el convenio colectivo, Emgesa, dedicada a la generación de energía, provoca externalidades sumamente negativas en los ríos17. En Cundinamarca, el embalse de Muña arrastra agua de los ríos aledaños a Bogota, produciendo energía en base de afluentes contaminados. La solución que encontraron fue usar una cuenca de agua aparte, que finalmente atrajo a un sinnúmero de mosquitos. Esa situación generó enfermedades para los habitantes viviendo cerca de esas plantas. Es asi que en marzo de 2012, la Comision Intereclesial de Justicia y Paz titula uno de su articulo “Crisis humanitaria causada por las transnacionales Endesa, Emgesa y Emerald Energy” en el Quimbo18: Emgesa, filial de Endesa, destruyó el Puente del Paso del Colegio en el Quimbo; Emerald Energy se vio otorgar licencias que permiten seguir con extracciones nefastas para los suelos. Las asociaciones en esa lucha abogan para la realización de una Audiencia Publica Ambiental, que todavía no ha tenido mucho eco. Los embalses de la Unión Fenosa en el Suroccidente de Colombia representan otro caso emblemático. En el año 2001, las filiales obrando en esta zona vertieron cantidades gigantescas de lodo al rio sin preocuparse por las consecuencias, e inundaron territorios de indígenas y afrocolombianos. Las poblaciones vieron la destrucción de su medioambiente y sus económicas afectadas; por lo tanto, tuvieron que desplazarse. En la medida en que ni se condenó ni se prohibió ese tipo de actividades, la misma empresa ya prevé el desvió del rio Ovejas. Infraestructura                                                                                                                 17

Pedro Ramiro y Aloia Alvarez Feáns, Recursos naturales, multinacionesle y conflicto en Colombia http://www.rebelion.org/docs/62852.pdf 18 Comision Intereclesial Justicia y Paz, marzo 2012, http://justiciaypazcolombia.com/Crisis-Humanitariacausada-por-las

   

 

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  En términos de infraestructura, el mega-proyecto IIRSA, Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur, pretende crear grandes canales multimodales

para

facilitar

las

conexiones

relativos

al

transporte,

las

telecomunicaciones, la energía. La concepción de este proyecto se hizo en los años 2000, sin consultar previamente a las comunidades cuyo cotidiano está en peligro por tal proyecto. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la iniciativa amenaza a las comunidades Achagua de Colombia. En Putumayo también se hicieron marchas a fin de denunciar la desforestación y destrucción de la biodiversidad, la destrucción de los cultivos con el uso de productos químicos, y los desplazamientos forzados19. Este proyecto amenaza directamente el derecho a vivir “en un medio de calidad que le permita llevar una vida digna y de gozar de bienestar”, de acuerdo al Principio 4 de la Declaración de Estocolmo, la primera en definir los hitos vinculando los derechos humanos y medioambiente. A nivel internacional, existen aproximadamente 70 tratados y una veintena de protocolos que abogan para el respeto del medioambiente. Proponen como recomendaciones que no son vinculantes para ninguna persona ni moral ni física. La Cumbre de la Tierra Estocolmo (1972), el Protocolo de Kyoto sobre las emisiones de CO2 (1997), La Cumbre de la Tierra de Rio (1992), La Cumbre de la Tierra de Johannesburg (2002) o últimamente la Conferencia Paris COP21 sobre el cambio climático buscan soluciones nacionales para un problema global, y responsabilizan siempre a los Estados por contribuir a perjudicar al medioambiente. Así, la Declaración de Rio estipula en su Principio 2: « los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al                                                                                                                 19

Sandra Quintela, « IIRSA, Nuevas rutas del saqueo », América Latina en movimiento, julio 2003, UTL : http://www.alainet.org/es/active/5422

   

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  medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los limites de la jurisdicción nacional. »20. Ningún texto alude a las transnacionales que no dependen de ningún Estado pero se vuelven dueñas de tierras para la explotación de recursos a través de convenio. Las Naciones Unidas publicaron unos “Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos” 2012 para regular las actividades sin aludir a los impactos sobre el medioambiente que provocan las transnacionales. La ausencia de respaldo internacional, con carácter obligatorio, debilita los movimientos que intentan proteger a los sectores vulnerables. En cuanto a Colombia, la legislación se inscribe en la continuidad de la normativa internacional; el articulo 84 del decreto n°2811 de 1974 afirma que: “La adjudicación de un baldío no comprende la propiedad de aguas, cauces ni, la de los bienes (…), que pertenecen al dominio público.”. El Estado colombiano es entonces el único en poder arbitrar los conflictos para mitigar cuando no impedir que las transnacionales permanezcan en la impunidad. La complejidad del fenómeno radica en el desfase entre los actores que pone en juego. Por un lado, los lideres populares, muy a menudo campesinos, indígenas, afrocolombianos, cuyos recursos económicos y sociales impiden desarrollar procesos. Por otro, entidades enormes potentes a niveles económicos y por ende político – de ahí el lobbying, enraizadas en países tan lejanos que no existe preocupación ética, mientras cumplen con objetivos de rentabilidad. De ahí nuevamente la necesidad de una intervención estatal imparcial que se posicione como ente regulador sobre su territorio. Ya se advirtió intervención estatal orientada. La Ley 99 de 1993 estipula que previamente a cualquier instalación industrial, una licencia se debe obtener; pero se puede amoldar esta Ley a fin de responder a intereses económicos, que satisfacen al ámbito púbico como privado. A modo de ejemplo, el Ministerio de Ambiente, Vivienda                                                                                                                 20

   

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm  

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  y Desarrollo Territorial (MAVDT) afirmó que el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo no requería diagnostico antes de su implementación, mientras que la Procuraduría General de la Nación había circulado un documento en contra de la otorgación de licencia ambiental en el Quimbo. La Defensoría del Pueblo realizó el diagnostico y logró la suspensión de esa licencia ambiental por motivo de desplazar a las comunidades sin informarlas ni acompañarlas en el proceso 21 . En este caso, se trata entonces de prevaricato. Resulta innegable la permisividad y del Estado, que va en contra del capitulo 4 “De la protección y aplicación de los derechos” del titulo 2 de la Constitución de 1991. A pesar de lo expuesto, iniciativas nacen paulatinamente para solucionar los problemas identificados. El pasado jueves 19 de mayo, se firmó en Sincelejo el “Pacto del Agua”, a raíz del Primer Consejo de Seguridad Hídrica organizados por autoridades publicas locales22. Busca solucionar la problemática del agua en la región, que afecta todos los sectores: salud, agricultura, economía, vivienda. Entre las ideas, surgió la de realizar desvíos de ríos para abastecer al rio Magdalena, a fin de re-dinamizar la agroindustria. Para hacer perene ese proyecto, esas acciones no pueden implementarse bajo las mismas modalidades que las demás agroindustrias o empresas extractoras, sino que deben ocurrir en una índole de desarrollo sostenible, que respete al medioambiente y sus comunidades. En el contexto actual de negociaciones para la paz, el riesgo de que la apertura de Colombia sirva principalmente para el incremento del proceso de extranjerización de las tierras es una realidad. En este orden de ideas, el Principio 4 de la Declaración de Rio ya indicaba que « A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada ». Por consiguiente, si muchos abogarán para la vía del crecimiento continuo a través de la industria y la energía para Colombia, se debe                                                                                                                 21

para más detalles, ver URL : http://justiciaypazcolombia.com/ Laura Toscano, “Gobernadores apuestan al rio para afrontar crisis de agua”, El Heraldo, jueves 19 de mayo   22

   

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  imperativamente articularse con principios rectores de justicia social y justicia ambiental, como lo buscaban las recientes inicitaivas, a fin de lograr un desarrollo sostenible que no aparte a nadie.