EL ENCARCELAMIENTO MASIVO Y PROLONGADO, URUGUAY

Romina Florencia Chuffardi |32.905.469| [email protected] Santiago Nardin |32.254.363| [email protected] ESTADO DE EXCEPCIÓN Y CONTROL AUTORITA...
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Romina Florencia Chuffardi |32.905.469| [email protected] Santiago Nardin |32.254.363| [email protected]

ESTADO DE EXCEPCIÓN Y CONTROL AUTORITA AUTORITARIO EL ENCARCELAMIENTO MASIVO Y PROLONGADO, URUGUAY 1968-1985 Análisis de las prácticas sociales genocidas. Cátedra Feierstein Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires

Trabajo final Fecha de Entrega: 02/12/2011

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INDICE INTRODUCCIÓN PRIMERA PARTE - Las Medidas Prontas de Seguridad: Una mirada diacrónica 1. URUGUAY HACIA LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 2. LAS MPS, UNA PRÁCTICA RECURRENTE DEL SISTEMA POLÍTICO URUGUAYO El estado de excepción a partir de 1968 3. 1968: LA APERTURA DE UN PROCESO REORGANIZADOR DE LA SOCIEDAD 4. LA INCLUSIÓN MEDIANTE LA EXCLUSIÓN. LA LÓGICA DE UN PODER NORMALIZADOR

SEGUNDA PARTE - Encarcelamiento masivo e insilio: un abordaje sincrónico 5. EL DISPOSITIVO CARCELARIO 6. LA PRISIÓN MASIVA Y PROLONGADA COMO MODALIDAD REPRESIVA HEGEMÓNICA Los Establecimientos Militares de Reclusión (EMR) 7. LA LÓGICA INTERNA DEL DISPOSITIVO CARCELARIO Torturas: las mortificaciones del yo / ¿Preso político o desaparecido temporario? / Un tipo particular de detenido: el caso de los “rehenes” / El Gueto, el Campo, la Cárcel. 8. ENCARCELAMIENTO MASIVO Y LÓGICA CONCENTRACIONARIA 9. ESTADO POLICIAL Y CONTROL AUTORITARIO SOBRE LA SOCIEDAD Militarización/Policialización y Doctrina de la Seguridad Nacional / Generalización de los dispositivos de control y vigilancia social / Vigilancia, insilio y delación

PALABRAS FINALES Violencia estatal, exclusión y clausura de relaciones sociales/ La democracia posdictatorial. Los modos de realización simbólica

BIBLIOGRAFIA

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INTRODUCCIÓN

Nuestro trabajo fue motivado inicialmente por el interés de explorar las prácticas del encarcelamiento masivo y prolongado que durante la dictadura militar uruguaya -entre 1973 y 1985-, se constituyeron como la modalidad represiva hegemónica. En las primeras lecturas realizadas nos encontramos con estudios que afirmaban la existencia de una larga tradición democrática del país -basada sobre todo en prácticas consensuadas entre partidos políticos- según los cuales, la dictadura militar no habría representado más que una excepción atribuida a la ruptura del consenso interpatidario. En el informe “Uruguay Nunca Mas” elaborado por el Servicio Paz y Justicia, se sugiere que estas “tradiciones democráticas inigualables” en comparación con el resto de los países Latinoamericanos, forjaron el mito de la “Suiza de América”. Desde esta perspectiva las causas de la dictadura militar respondieron al creciente autoritarismo por parte de algunos sectores como respuesta al accionar de grupos políticos radicalizados. No convencidos de esta explicación, nos propusimos rastrear los procesos históricos que pudieran ligar el desarrollo del Terrorismo de Estado en Uruguay, a determinadas formas de ejercicio del poder, y que dieran cuenta de las modalidades represivas hegemónicas desplegadas en el surgimiento y desarrollo de la dictadura militar. Afirmados en la concepción marinista de la democracia como “superstición”, recuperamos las ideas de Zygmunt Bauman comprendiendo que los procesos de terrorismo de Estado, no constituyen simples paréntesis en los desarrollos capitalistas modernos, sino más bien, configuran uno de sus desarrollos lógicamente posibles. En este sentido pretendimos explorar los modos tradicionales de dominación ejercidos desde el Estado uruguayo, para inscribirlos conceptualmente en una tecnología de poder específicamente moderna, que pudiera echar luz sobre los por qué de la utilización del encarcelamiento masivo y prolongado como motor de la transformación de las relaciones sociales. Finalmente decidimos apuntar a una elaboración que permitiera dar cuenta de la especificidad del dispositivo carcelario como el núcleo articulador de un conjunto de prácticas

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represivas desplegadas durante la dictadura, así como rastrear las condiciones de posibilidad para el desarrollo de estas técnicas en la propia historia del país. En la primera parte del trabajo se hace referencia al periodo 1968-1973 con el objetivo de elucidar la forma en que la recurrencia al Estado de excepción en Uruguay intervino en la conformación de la hegemonía bipartidista, y como a partir de 1972, aplicada de modo permanente, configuró un marco de represión y suspensión de derechos individuales que habilitó gradualmente un proceso reorganizador de la sociedad. En la segunda parte pretendemos realizar un análisis con un soporte empírico denso, procurando una descripción de la práctica sistemática, masiva y prolongada del encarcelamiento, así como de los mecanismos de vigilancia estatal al interior del país que llevaron al insilio. A lo largo de estos apartados se desarrolla los hechos históricos desde 1968 a 1985, aplicando las herramientas analíticas pertinentes de la periodización propuesta por Daniel Feierstein1 para el análisis de las prácticas sociales genocidas. Al mismo tiempo, se retomaron conceptos de Michel Foucault y Giorgio Agamben para comprender las modalidades represivas desplegadas por la dictadura uruguaya en términos de Estado de Excepción y Dispositivo, e inscribirlas en el marco de ciertas Tecnologías de poder específicamente modernas. Por otro lado, se recurrió a las elaboraciones teóricas de Ervin Goffman para estudiar las lógicas internas de los dispositivos carcelarios (en tanto Institución Total) como procesos de mortificación del yo.

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Daniel Feierstein, El Genocidio como práctica social. Entre el Nazismo y la experiencia Argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2008.

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PRIMERA PARTE Las M edidas Prontas de Segur idad: Una m irada diacr ónica

1. URUGUAY HACIA LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX La democracia uruguaya ha sido presentada como un caso excepcional y atípico entre los países de la región. Cuando se habla del sistema democrático uruguayo se suele hacer referencia a una democracia estable y perdurable, a la solidez de sus partidos políticos sobre la base de prácticas coparticipativas y consensualistas. Sumado a lo anterior, las pocas interrupciones del orden constitucional (dos durante todo el siglo XX), han contribuido a la forjar el mito de la “suiza de America”. Con la consolidación del Batllismo –corriente interna del Partido Colorado- en el gobierno, se habría afianzado un sistema democrático de corte liberal y socialdemócrata, acompañado de una fuerte presencia estatal en la dirección de la economía y en las políticas sociales. Al igual que otros países latinoamericanos Uruguay se consolidaba hacia 1950 como un país con una economía que giraba en torno a dos grandes ejes productivos, el sector ganaderoexportador y un sector industrial orientado a la producción para consumo interno. Hasta la década de 1960 el crecimiento estuvo acompañado de políticas estatales intervencionistas asumiendo un rol clave en las relaciones entre capital y trabajo. A nivel político-institucional, se ha sostenido que todavía hacia fines de 1950 pervive un sistema bipartidista coparticipativo, respetándose los períodos de gobierno, los derechos de asociación y expresión, y tolerante de las diferentes expresiones ideológicas. Ahora bien, estos relatos hegemónicos sobre el devenir político del Uruguay, suelen marcar un quiebre que tiene como punto de inflexión a la década del ’60. Las conceptualizaciones sobre el periodo que se inicia en estos años postulan que la democracia estable y consolidada, sostenida en el sistema de partidos políticos, ingresa en un proceso de deterioro y decadencia. Desde esta lógica, todo el período político previo -que se remonta hasta fines del siglo XIX y principios del XX-, queda asociado entonces a la figura de una “democracia excepcional” que se vio interrumpida “únicamente” en dos oportunidades por regímenes dictatoriales, a partir de los cuales se recupera nuevamente la institucionalidad.

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Chasquetti y Buquet2, como expresión de esta mirada hegemónica, reflexionan sobre la consolidación de la democracia en Uruguay y analizan su desarrollo durante el siglo XX. Según estos autores, su estabilidad se funda en el “cumplimiento” de una serie de requisitos de tipo institucionales: la provisión electiva y periódica de los cargos de gobierno, el carácter competitivo de las elecciones, y la legitimidad con que estos procedimientos contaban. Al mismo tiempo señalan que aquello que hizo posible el cumplimiento de estos requisitos, fue la construcción de criterios consensuados entre los sectores partidarios que lograron convivir en una partidocracia de consensos: “Las características del sistema político uruguayo de entonces, particularmente su persistente bipartidismo fraccionalizado, en el contexto de un peculiar balance de fuerzas, hicieron necesaria la adopción de un conjunto de instrumentos consensuados”3. Más adelante señalan que “La democracia se estableció en Uruguay por consenso y la ingeniería institucional estableció la regla del consenso como fundamento básico de la convivencia democrática”4 Desde esta perspectiva analítica, se omite toda referencia a la existencia de prácticas institucionales autoritarias intrínsecas a esta matriz política, sino que son presentadas como singularidades o casos excepcionales, externo a la propia lógica de esta “partidocracia”: “Los dos quiebres institucionales del siglo XX (1933 y 1973) muy bien pueden atribuirse a la ruptura de este consenso, así como las dos restauraciones democráticas (1942 y 1984) están fuertemente asociadas a su reconstrucción”5. En cambio, el autoritarismo como forma institucional para dar respuesta al conflicto, sí asume protagonismo para ilustrar las consecuencias de la crisis que comienza a desarrollarse a partir de 1960. Hacia fines de esta década, el agotamiento del modelo industrial -en parte debido a la reducida dimensión del mercado interno-, fue provocando un constante desequilibrio en la economía uruguaya que terminó desembocando en una crisis que estalló en 1963 y repercutió sobre el ordenamiento económico, pero también a nivel social y políticoinstitucional. Como resultado de las elecciones de 1959, tras 93 años del Partido Colorado en el poder, el ascenso del Partido Nacional significó un cambio en el modelo económico favoreciendo a los grupos capitalistas rurales, promoviendo un desarrollo de tipo “antiindustrial y antiproteccionista”. Avanzada la década del ‘60, el fortalecimiento del capital monopólico, acompañado del endeudamiento externo, consolidaron el estancamiento económico. Como consecuencia, los grupos trabajadores urbanos, los sectores industriales y agroexportadores que se vieron amenazados, reaccionaron contra estas políticas económicas que beneficiaban al capital financiero externo y la banca privada. Este clima de crisis económica e inestabilidad social provocado por las políticas del gobierno uruguayo desencadenaron un proceso movilización social: el cuestionamiento de diversos sectores se expresó en conflictos laborales, manifestaciones, protestas, paros y huelgas llevados adelante por diversos sectores de la clase trabajadora. Los partidos Colorado y Nacional intentaron superar la crisis socioeconómica y las secuelas de la agitación política promoviendo cambios institucionales. La reforma constitucional

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Daniel Chasquetti y Daniel Buquet, “La democracia en Uruguay: Una partidocracia de consenso” En Política, N° 42. Universidad de Chile, Santiago. 2004. 3 Ibíd. Pág. 226. 4 Ibíd. Pág. 229. 5 Ibíd. Pág. 229.

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aprobada en 1967 con el acuerdo de ambos partidos, tenía como finalidad apuntalar la “eficacia” y “eficiencia” del ejercicio del Poder Ejecutivo. Por esta razón consagró un modelo presidencialista de gobierno, con perfiles racionalizados y tecnificados de administración, de corte desarrollista en concordancia con los modelos institucionales autoritarios del resto de América Latina6. Durante la presidencia del “Colorado” Pacheco Areco (1966 -1971), las modificaciones al sistema político desbordaron el marco normativo constitucional, consolidando un régimen autocrático y autoritario, dependiente de los intereses económicos del núcleo bancariofinanciero. Este proceso se vio acompañado por el reemplazo de políticos tradicionales provenientes de los partidos políticos clásicos- por una nueva élite de gobierno tecnocrática asociada a sectores empresarios y grandes hacendados, que comenzaron a ocupar cargos ministeriales y administrativos. Las medidas de corte represivo en que se apoyó el gobierno de Pacheco Areco, conjuntamente con el abuso que suponía la asunción de todos los poderes de gobierno y el desconocimiento del Poder Judicial, configuraron la dinámica políticoinstitucional de los siguientes años. Las Medidas Prontas de Seguridad (en adelante MPS) implantadas el 13 de Junio de 1968 fueron el instrumento institucional utilizado por el gobierno de Pacheco Areco para imponer una política económica y reprimir los conflictos internos que ésta pudiera despertar. De acuerdo a la Constitución de 1934, las MPS se prevén para “(…) los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, dando cuenta dentro de las veinticuatro horas a la Asamblea General (…)”7. Estas medidas conformaron conjuntamente con la “Suspensión de las garantías individuales”, el marco legal para un “estado de excepción” como política de represión del conflicto. Las garantías individuales se suspenden “(…) en casos extraordinarios de conspiración o traición contra la patria; y entonces sólo para la aprehensión de los delincuentes (…)”8. En ambos casos, se trata de medidas concretas, previstas para casos “excepcionales” fuera del orden cotidiano, y no de normas de alcance general. La Suspensión de las Garantías se habían aplicado por un lapso de 60 días en Julio de 1970 motivada por el asesinato de Dan Mitrione, -un agente de la CIA especialista en torturas que asesoraba a la policía-, ajusticiado por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLNT). A partir del 14 de abril de 1972 en el marco de un “Estado de guerra interno” las MPS rigieron en forma permanente9.

2. LAS MPS, UNA PRÁCTICA RECURRENTE DEL SISTEMA POLÍTICO URUGUAYO La implementación de mecanismos como las MPS que ponen en suspenso el estado de derecho, suponen una situación excepcional e imprevista definida objetivamente como un

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Los datos que referimos en este apartados fueron extraídos de: Servicio Paz y Justicia “Uruguay Nunca Más, Informe sobre las represiones de los Derechos Humanos (1972-1985)”. En http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/indexbe3b.html?p=145 7 Constitución de la República Oriental del Uruguay. Art 168 Inc. 17. 8 Ibid. Art 31. 9 El accionar de las fuerzas represivas fue plasmado con muchísima lucidez por Costa Gavras en su film “Estado de Sitio” (1972) en la que relata el ajusticiamiento por parte del MLN-Tupamaros, de Dan Mitrione un agente de Inteligencia de EE.UU destinado al adoctrinamiento de las fuerzas represivas uruguayas en tácticas de contrainsurgencia y tortura.

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“caso grave de conmoción interior” o debido al “ataque exterior”. A partir de 1968 los sectores gobernantes interpretaron que las circunstancias que atravesaba el país respondían a situaciones excepcionales, por lo cual se hacía necesaria la aplicación de medidas para abordarlos. Ahora bien, la aplicación de las MPS no constituyen una novedad para el Uruguay de los `60. En la bibliografía que discute con aquellos relatos hegemónicos, encontramos que la utilización de este recurso de excepción se vincula con la conformación y la consolidación del sistema político uruguayo caracterizado por la centralidad de dos partidos políticos tradicionales, -el Colorado y el Nacional-. En su tesis, Mariana Iglesias10 analiza los casos en los que el Estado uruguayo ha hecho uso de estas medidas de excepción en reiteradas veces durante todo el siglo XX. La autora cita las ocasiones en que han sido implementadas las MPS, para analizar el modo en que la recurrencia a la excepción fue administrada, tomando como universo de análisis específico, el periodo comprendido entre 1946 y 1963 por considerarlo el momento que historiográficamente ha sido caracterizado “por el auge del Estado de Bienestar, por el afianzamiento del sistema democrático y por la vigencia de prácticas de resolución consensuada de conflictos sociales”11. Ella sostiene como idea central que la recurrencia a MPS constituyó una herramienta que los partidos políticos utilizaron como parte de una estrategia de gobierno para resolver situaciones de conflicto donde se impugnaban decisiones gubernamentales por parte de colectivos sociales, con el fin de mantener el orden sociopolítico y la reproducción del sistema político uruguayo. “Las MPS se aplicaron para abordar las siguientes situaciones conflictivas: “En Julio de 1946 tras la interrupción del servicio público de prestación privada de producción y suministro de pan a la población como resultado de una huelga impulsada por los patrones de panaderías. En Marzo de 1952 a partir de una huelga en la órbita de la salud pública impulsada por funcionarios del Ministerio de Salud Pública. En Septiembre de 1952 en el marco de la paralización de servicios públicos de transporte por parte de trabajadores. En abril de 1959 en ocasión de las inundaciones que afectaron el centro y al norte del país poniendo a prueba la capacidad de asistencia pública a la población por parte del gobierno. En Agosto de 1959 luego de que los funcionares de la Administración Nacional de Usinas Eléctricas y Teléfonos del Estado (UTE) paralizaran los servicios públicos de la empresa. En Febrero de 1963 a partir de una nueva paralización de los 12 servicios públicos eléctricos, y también telefónicos, impulsada por trabajadores de UTE” .

Según sostiene Iglesias, la implementación de las MPS se volvió una práctica política recurrente del Uruguay, cumpliendo una doble función: fue a la vez constitutiva y reproductora del sistema político bipartidista. En este sentido, han servido como “medio para reponer coactivamente la centralidad de los partidos políticos tradicionales y reafirmar su superioridad, en tanto habitantes del Estado, por sobre cualquier colectivo social”13 que pretendiera representar intereses contrapuestos. El tratamiento de situaciones conflictivas de modo excepcional, permitió la “fijación y reproducción de sentidos en torno a las posiciones

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Mariana Iglesias, La excepción y la regla. Estado, partidos políticos y medidas prontas de seguridad en Uruguay 1946-1963. Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, 2010. 11 Ibíd. Pág. 8. 12 Ibíd. Pág. 8. 13 Ibíd. Pág. 12.

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que los sectores políticos gobernantes ocupaban frente a actores sociales organizados y grupos partidarios adversarios”14. A partir del relevamiento de todos los casos entre 1946 y 1963 donde se han aplicado MPS, Iglesias explica cómo los partidos políticos se han valido de este recurso, aplicándolo para tratar situaciones de conflicto específicas que fueron construidas como anormales, principalmente vinculadas a momentos en que se discutía la imagen del gobierno o se avecinaban instancias electorales que ponían en juego su continuidad en el poder15. Se plantea entonces el siguiente interrogante: ¿Cuál es el criterio a partir del cual una situación puede definirse objetivamente como “grave e imprevista”? ¿Cuál es el criterio de necesidad que define la aplicación y el alcance de estas medidas? La construcción de la necesidad de medidas excepcionales, es, en este sentido, de carácter esencialmente político, en la medida en que depende de lo que el gobernante interprete como tal. Es atributo del soberano definir una situación como “normal” o “excepcional” y justificar el tratamiento de la misma a partir de medios “normales” o “extraordinarios”, respectivamente; “(…) la necesidad, actúa aquí como justificación de una transgresión en un caso singular y específico a través de una excepción”16. El problema que se presenta respecto del Estado de Excepción es que no es ni externo ni interno al ordenamiento jurídico17 sino que define el umbral o concepto límite y constituye un vacío de derecho; “La suspensión de la norma no significa su abolición, y la zona de anomia que ella instaura no está totalmente escindida del orden jurídico”18. Para Giorgio Agamben, la creación voluntaria –en función de un criterio de necesidad subjetivo- de un Estado de emergencia permanente devino una de las prácticas esenciales del paradigma de gobierno dominante de los Estados contemporáneos. El estado de excepción que se presenta como “la forma legal de aquello que no puede tener forma legal” es constitutivo de una tecnología de poder, la biopolítica19, que se propone la gestión de la vida humana –en contraposición al poder soberano- a partir de técnicas específicas. Son técnicas que intervienen sobre los fenómenos masivos de la población, convirtiendo a la vida en un asunto de gobierno. Éstas, buscan moldear y corregir en lugar de extirpar; normalizar e incluir, en lugar de excluir: “El Estado de Excepción, en tanto crea las condiciones jurídicas para que el poder disponga de los ciudadanos en tanto vidas desnudas, es un dispositivo biopolítico de primer orden”20.

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Ibíd. Pág. 22. Al respecto, indica: “1946 fue el último año del primer gobierno conformado según los criterios de la Constitución que había puesto fin a la institucionalidad fijada por la Carta de 1934, y las MPS se dispusieron a pocos meses de realizarse las elecciones de autoridades nacionales que definirían si los sectores que apoyaron al golpe de Estado de 1933 seguirían manteniéndose al margen del gobierno, si se mantendría el ascenso del batllismo y si se consolidaría el régimen instaurado luego de 1942. 1952 fue el primer año de un gobierno organizado según los criterios fijados por la Constitución que empezaba a regir ese año, se instauraba el PE colegiado como consecuencia de una alianza entre la catorce y el herrerismo sustentada en el común rechazo al predominio del sector de la quince, con lo cual se buscaba el desprestigio del gobierno precedente a la vez que la justificación de la nueva institucionalidad. 1959 fue el primer año de gobierno del Partido Nacional en todo el Siglo XX, el que asumió con una fuerte pretensión de refundar el Uruguay. 1963 fue el final de ese primer gobierno nacionalista y el conflicto coincidió con el último acto institucional que las autoridades debían asegurar para garantizar una correcta finalización del gobierno: la transmisión del mando presidencial.” Ibíd. Pág. 117. 16 Giorgio Agamben, Estado de Excepción. Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2007. Pág. 61. 17 Ibíd. Pág. 59. 18 Ibíd. Pág. 59. 19 Michel Foucault, Seguridad, Territorio y Población. Curso en el College de France (1977-1978). Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2009. 20 Giorgio Agamben, Ob. Cit. Pág. 7. 15

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Recuperando el estudio de Mariana Iglesias, sostenemos que las MPS fueron utilizadas como parte de una estrategia de gobierno que tendió al disciplinamiento social, cuyo propósito consistió en reforzar una noción de Estado, y jerarquizar un sistema político fundado en la centralidad y autoridad de los partidos políticos gobernantes. Desde esta perspectiva, cuestionamos entonces aquellas miradas que piensan la estabilidad institucionalidad y del sistema político puramente a partir de prácticas coparticipativas y de consensos intrapartidarios –casi siempre “capaces de encauzar el conflicto”- afirmando que las modalidades autoritarias de ejercicio del poder se han configurado históricamente como un regla, antes que como una excepción.

El estado de excepción a partir de 1968 Como en otros países de la región, los años que siguieron se caracterizaron por la radicalización de los distintos actores políticos, por el significativo crecimiento y aparición en la arena pública de las organizaciones de izquierda revolucionarias. El surgimiento y accionar de grupos como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T), estuvo relacionado en parte, con los efectos sociales de la crisis económica que se desarrollaba desde los años `60 y con la fragmentación y el enfrentamiento en el plano político de los partidos tradicionales, que contribuyó a la deslegitimación de las vías institucionales clásicas. Estas organizaciones desplegaron una estrategia de intervención de tipo político-militar, realizando acciones armadas con el objetivo de producir un cambio radical en términos económicos, políticos y sociales que transformaran el país y terminaran con las estructuras existentes generadoras de la desigualdad, la dependencia y el estancamiento. Ahora bien, para el momento en que se adoptaron las MPS, los disturbios sociales habían comenzado a decrecer, las protestas estudiantiles se habían atenuado, y la Comisión Nacional del Trabajo había entablado un diálogo con sectores del gobierno. Sin embargo, en este cuadro de leve decrecimiento en la movilización social y sindical que se manifestaba en contra de las políticas liberales del gobierno, los sectores de poder consideraron a la situación como problemática y excepcional, meritoria de medidas de seguridad. Por lo tanto, se avanzó en limitar el derecho a huelga en la actividad pública y privada, a prohibir la actividad sindical y a limitar la libertad de expresión. En un principio, las MPS no se fundamentaron en el desafío que representaba enfrentar a los grupos armados o a la guerrilla urbana, sino mas bien en restringir una serie de garantías y derechos como la inviolabilidad del domicilio, el principio de habeas corpus, la garantía del proceso penal, la libertad de prensa, el respeto a las decisiones del Parlamento, la autonomía de las instituciones de enseñanza, etc. La suspensión de estos derechos y garantías y la desestimación por parte del Poder Ejecutivo de la decisión del la Asamblea General de levantar la MPS, fueron necesarias para que el gobierno permaneciera en el poder. Las MPS fueron implementadas para dar vía libre de miles de allanamientos sin orden judicial ni propósito concreto, y para la detención de personas sin imputárseles delito alguno. Se institucionalizó de esta manera, un estado de permanente emergencia que implicó la suspensión del Orden Jurídico vigente. Retomando los planteos de Iglesias, diremos que el recurso al Estado de Excepción hacia 1968, guarda similitudes con las lógicas según las cuales fueron impuestas en el periodo anterior. En este sentido, la autora destaca que 1968 era el primer año de un gobierno que debía legitimar los cambios institucionales previstos por la reforma constitucional de 1966, y 10

que estaba siendo cuestionado por organizaciones de funcionarios públicos ante los problemas presupuestarios. Siguiendo esta dinámica de aplicación recurrente de las MPS durante los últimos 50 años, las medidas excepción sirvieron en este caso, como “estrategia de fortalecimiento de la autoridad y de contención de la acción de las organizaciones sociales extra partidarias –con creciente presencia en partidos de izquierda- que pretendían legitimar su capacidad para representar intereses sociales”21. Al contrario de frenar el ánimo de movilización y agitación social las MPS reactivaron las tensiones existentes entre los sectores gremiales y sindicales con el gobierno. Del mismo modo se incrementó el accionar de las organizaciones político-militares durante los años ‘69 y ’70, modificando el foco sobre el que se centraron las MPS: de los conflictos civiles y la protesta social, estas medidas pasaron a justificar y amparar la represión contra la actividad guerrillera apoyándose en el accionar de las Fuerzas Armadas Uruguayas encargadas de tutelar el orden interno. La presencia de las FFAA en la escena política se expresó en el apoyo a las Fuerzas Policiales en el despliegue de operativos armados represivos. Hacia septiembre de 1971 el gobierno nuclea a la policía y las FF.AA bajo las “Fuerzas Conjuntas” encargadas de la “lucha antisubversiva”, facilitando así el control de la sociedad por el gobierno militar hacia 1973. Las bandas parapoliciales como los “escuadrones de la muerte” y los comandos “Cazatupamaros” hicieron su aparición realizando atentados y amenazas a familiares y abogados de los integrantes de las organizaciones político militares. El gobierno de Pacheco Areco se encargó además de militarizar a los funcionarios de la administración pública y los empleados de la banca privada, de modo que las FFAA actuaron en otros ámbitos que en los estrictamente represivos. La militarización de estos sectores implico el sometimiento de más de 30.000 funcionarios estatales al control, fueros, disciplina, castigos y penas corrientes de la jurisdicción militar. Para 1971 el sometimiento de los poderes legislativos y Judicial al Ejecutivo implicó la suspensión de derechos y garantías constitucionales. Por vía de medidas excepcionales se ejerció un control material e ideológico sobre la población; se cerraron y clausuraron órganos de prensa y agencias de noticias, limitando la libertad de expresión y restringiendo el derecho a la información. Se prohibió el uso de determinadas palabras, limitando el lenguaje habitual. Se desconocieron resoluciones judiciales de excarcelación provisional de aquellos detenidos que no eran imputados por ningún delito, y cientos de personas fueron detenidas bajo medidas de seguridad alojadas en unidades y dependencias militares convertidas en prisiones, bajo torturas psíquicas y físicas. Estas prácticas derivadas del estado de excepción convertido en un estado de excepción permanente erosionaron la legitimidad institucional y el orden jurídico del Estado de derecho. Luego de Noviembre de 1971, habiendo sido electo Bordaberry (Partido Colorado) el accionar represivo del estado se incrementa asumiendo dimensiones ampliamente superiores que en los años anteriores. La Asamblea General decreta el “Estado de Guerra Interno” aplicando desde entonces la jurisdicción militar al ámbito civil y más tarde la “Ley de Seguridad del Estado y Orden Público” habilitaron a las FFCC a diezmar a las organizaciones políticomilitares para fines de 1972, impidiendo todo intento de reorganización. En ése mismo año, las

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Franco, Mariana; Iglesias, Mariana “El estado de Excepción en Uruguay y Argentina. Reflexiones teóricas, históricas e historiográficas”. En Revista de Historia Comparada, Río de Janeiro, 2011. Pág. 102.

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FF.CC asumieron el control de toda información que se relacionara con supuestas acciones subversivas. Seguido al Estado de Guerra Interno, se aplicó la “suspensión de las garantías individuales”. En este momento comenzó el despliegue de los operativos de las FFAA en las calles, allanando los barrios, rastrillando ciudades completas y realizando arrestos masivos de personas. El andamiaje institucional construido en los años previos les dio a las FF.CC el marco de libertad suficiente para realizar todo tipo de acciones represivas, controlar y disponer de los detenidos sin rendir cuentas al Poder Judicial. Para fines de 1972 las FFAA consolidaban un procesos de politización y autonomización, criticando la gestión gubernamental responsabilizándolos por el agravamiento de la lucha armada, pero también, del deterioro de la moral pública, la inseguridad social, la penetración ideológica de la subversión, etc. En el intento de Bordaberry de desarticular los mandos militares autonomizados, nombró un ministro de defensa aliado, frente al cual el Ejército y la Fuerza Aérea se insubordinaron pidiendo su renuncia. El Pacto de Boisso Lanza firmado el 13 de febrero de 1973 acordó una serie de mecanismos por los que los militares controlarían el ámbito de la administración pública, creándose el Consejo de Seguridad Nacional22 afirmando la hegemonía de las Fuerzas Militares en el poder político y creando las condiciones para un desembarco más fuerte pocos meses más tarde.

3. 1968: LA APERTURA DE UN PROCESO REORGANIZADOR DE LA SOCIEDAD La dictadura de 1973 -y el proceso previo que remonta a 1968- inaugura un conjunto de prácticas articuladas y orientadas a la reorganización de la sociedad. Esta modalidad reorganizadora23 no se produce un Uruguay a partir del aniquilamiento material y simbólico de una fracción relevante de la población que encarna cierto tipo de relaciones sociales, sino a partir del encarcelamiento masivo y la tortura, y de la generalización del dispositivo carcelario sobre el conjunto de la sociedad bajo la forma de prácticas de control y vigilancia que requerían para su expansión de la práctica de la delación. Según el análisis realizado por Daniel Feierstein, determinadas modalidades específicamente modernas de reformulación de relaciones sociales, implican, en primer lugar – en términos analíticos- la “construcción negativizante de la identidad del sujeto social delineado como ‘otro’ ”24, de aquel que encarna ciertos tipos de relación social que se pretenden clausurar. Tal como lo expone Feierstein, este proceso supone el establecimiento de una frontera, una diferencia cualitativa entre “los iguales, los sujetos cotidianos, mayoritarios” y “aquellos que no quieren ser como todos”25. Sostenemos que la implantación sistemática de medidas excepcionales de seguridad involucra siempre un proceso de construcción de una otredad que representa algún nivel de peligrosidad sobre el grupo social entero. Como expone Iglesias, la pertinencia de la utilización de medidas excepcionales que pongan en suspenso el orden jurídico debe argumentarse

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Este Consejo estaba integrado por el Presidente de la República, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro del Interior, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y los respectivos Comandantes en Jefe de la Fuerza Aérea, Armada y Ejército. 23 Feierstein, Daniel. Ob. Cit. 24 Ibíd. Pág. 218. 25 Ibíd. Pág. 218.

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públicamente en función de su justificación. La constante referencia a un estado de conmoción generado por el clima de movilización social y más adelante por el accionar de las organizaciones armadas guerrilleras, permitieron al Poder Ejecutivo justificar la adopción de medidas de seguridad, haciendo hincapié en la presencia de un enemigo que representaba una peligrosidad social. A partir de la catalogación de una situación como potencialmente peligrosa, resulta necesario identificar las razones de la peligrosidad, personificar esas causas y esas razones. Las prácticas de construcción negativizantes no comienzan a partir de 1968; ya existían desde mucho antes, medidas concretas para el tratamiento de este sujeto portador de peligrosidad. Sin embargo a partir de ése año, se configuran algunos rasgos particulares para la definición de ése “otro” que será objeto de la represión posterior. En este sentido, podemos hablar de Hostigamiento, en la medida en que la implementación de muchas de las medidas entre 1968 y 1973 citadas en el apartado anterior, suponen la “(…) implementación progresiva de acciones de tipo esporádico contra el sujeto social construido como “otro””26 y “(…) la sanción de diversos cuerpos jurídicos legitimadores de las prácticas discriminatorias”27. Se trata de un doble hostigamiento que busca excluir al diferente. De esta forma, -como describe Feierstein para el caso argentino-, la actuación de las bandas parapoliciales en el Uruguay, juntamente con el despliegue del accionar de las FF.CC. en el marco del estado de excepción, van generando la “necesidad de orden” que sirven para justificar una posterior política represiva llevada adelante por las FF.AA y la policía contando con el aval o la omisión de la normativa institucional.

4. LA INCLUSIÓN MEDIANTE LA EXCLUSIÓN. LA LÓGICA DE UN PODER NORMALIZADOR Como dijimos anteriormente, las MPS desde 1946 en adelante, y otras medidas excepcionales, han sido una herramienta para la construcción de la noción y sentido de autoridad de los partidos políticos, al mismo tiempo que un medio de disciplinamiento de la sociedad. En este aspecto operan como un poder de normalización28: definen las situaciones anormales que requieren medidas excepcionales, identificando un tipo de sujeto patológico, que debe ser normalizado a partir de técnicas específicas. Todos los gobiernos entre los años 1952 y 196729 dispusieron de medidas de excepción fundando su necesidad en la presencia de “enemigos” herreristas, batllistas, fascistas, simpatizantes peronistas, totalitarios, comunistas y subversivos30. La construcción de ése Otro, en cada caso, respondía a lo que los sectores políticos en el poder reconocían como diferente, opuesto y, en consecuencia, peligroso. La dinámica de la construcción negativizante opera a partir de un complejo proceso que involucra al Estado y las fracciones hegemónicas, pero también al conjunto de la sociedad: “El poder retoma símbolos y características existentes en

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Ibíd. Pág. 221. Ibíd. Pág. 223. 28 Foucault, Michel. Los anormales. Curso en el College de France 1974-1975, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007. 29 Menos los encabezados por el dirigente del Partido Colorado Luis Batlle Berres entre el 2 de Agosto de 1947 y 1 de Marzo de 1951. 30 Franco, Mariana; Iglesias, Mariana Ob. Cit. Pág. 100. 27

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el imaginario colectivo, construye nuevos símbolos y mitos, refuerza los prejuicios latentes a fin de construir un sujeto social como negativamente diferente”31. Desde 1968 el crecimiento y radicalización de los grupos de izquierda y la emergencia de las organizaciones político-militares plantearon un fuerte desafío al bipartidismo tradicional. Al igual que en períodos anteriores, ésta situación llevó a los grupos gobernantes a desplegar acciones para lograr la identificación de estos sectores contestatarios como sujetos amenazantes, peligrosos, anormales. Operando desde la lógica del marcaje, “construyendo y reconstruyendo esas formas diferentes32, se perfiló a estos sujetos como la “subversión apátrida” definida como el principal enemigo del orden político, social y moral, del sentir cristiano y nacional33. Construida esta frontera, se crea un punto de partida para el desarrollo de nuevas prácticas que, en su expresión límite, pueden llevar al aniquilamiento masivo. Para el análisis del caso uruguayo debemos tener en cuenta una consideración más general: que la construcción de una otredad negativizada y el hostigamiento, se inscriben en tecnologías de poder propias de la modernidad, capaces de destruir y reconstruir relaciones sociales.34 Siguiendo a Feierstein, sostenemos que estas prácticas, articuladas con otras Aislamiento, Debilitamiento sistemático, Aniquilamiento material, Realización simbólicatambién específicamente modernas, configuran una práctica social genocida que puede desplegarse en el marco de las “sociedades de Normalización”. Así entendidas, las acciones que configuran un genocidio reorganizador se instalan “en la modernidad como un procedimiento funcional a esta nueva tecnología de poder y, al decir de Zygmunt Bauman, si bien no inevitables, al menos lógicamente posibles”35. Ahora bien, estas acciones pueden pensarse como parte de un diagrama de poder complejo; la exclusión y hostigamiento pueden habilitar la reformulación de la sociedad a través del aniquilamiento. Pero éstas también pueden, sin asumir una modalidad aniquilatoria, articularse con otras para clausurar determinadas relaciones sociales y constituir otras nuevas, a partir de la normalización de aquello identificado como patológico. En Uruguay, como hemos descrito, a lo largo de la última mitad del siglo XX se ha recurrido al estado de excepción para reabsorber y neutralizar las situaciones que se conflictivas o amenazantes a un determinado estado de situación. En la medida en que estas situaciones de conflicto son definidas como meritorias de la excepcionalidad, precisan de la construcción simbólica y material de un enemigo, frente al cual desplegar estrategias represivas y hostigadoras. Consideramos, que estos dos momentos articulados con otros –que, en tanto posibilidad, pueden configurar una práctica social genocida- constituyeron para el caso de Uruguay, una estrategia de normalización por medio de un dispositivo carcelario que proyectó una lógica de control y vigilancia generalizada sobre la población.

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Feierstein, Daniel. Ob. Cit. Pág. 218. Ibíd. Pág. 220. 33 Al respecto, señala Carl Schmitt: "Enemigo" es sólo un conjunto de personas que, por lo menos de un modo eventual -esto es: de acuerdo con las posibilidades reales- puede combatir a un conjunto idéntico que se le opone. Enemigo es solamente el enemigo público, porque lo que se relaciona con un conjunto semejante de personas -y en especial con todo un pueblo- se vuelve público por la misma relación.” En El concepto de lo político, Alianza Editorial, Madrid, 1999. 34 Feierstein, Daniel. Ob. Cit. Pág. 111. 35 Ibíd. Pág. 112. 32

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Retomando los aportes de Foucault sobre el poder de normalización, sus técnicas y dispositivos, sugeriremos que para el caso analizado se desplegaron un conjunto de prácticas con el objetivo de reorganizar las relaciones sociales, para fundar otras nuevas bajo una hegemonía neoliberal. En palabras de Foucault: “Comprender estos diagramas de poder como un conjunto se vincula entonces a su capacidad de construcción de hegemonía, aquella con la que estos cuentan, asentados en una lógica común, no sólo para el control de poblaciones sino para la propia construcción 36 identitaria de las poblaciones bajo su control” .

Este tipo de poder normalizador no se apoya en una lógica expulsiva y meramente represiva, sino más bien, responde a una dinámica inclusiva que opera a partir de “(…) establecer, fijar, dar su lugar, asignar sitios, definir presencias en una cuadrícula”37. Este “modelo inclusivo de control” que Foucault desarrolla para comprender el tratamiento de los apestados, -en reemplazo del modelo de exclusión del leproso a comienzos del Siglo XVIII-, suponía la clasificación de la población para su posterior ordenamiento, y un ininterrumpido control en función de evitar el contagio. El control establecido sobre las poblaciones, alcanza el nivel de la individualidad a partir de la división y subdivisión del poder que observa cercana y meticulosamente a cada uno. Este modelo de inclusión y control político exhaustivo y clasificatorio tiene como objetivo definir en qué medida cada individuo se acerca o aleja de la norma. La figura del apestado para el Uruguay de 1970 le corresponde al delincuente subversivo; él y todo el entramado de relaciones a su alrededor a través de las cuales se difunde, contagia y desencadena la peste, deben ser vigilados y registrados: “(…) es el momento en que se cancela cualquier regularidad de la ciudad. La peste atraviesa la Ley, como lo hace con los cuerpos. (…) La peste es el momento en que el relevamiento de una población se lleva a su punto extremo, en que ya no puede haber nada de las comunicaciones peligrosas, las comunidades confusas, los contactos prohibidos. (…) es el del relevamiento exhaustivo de una población por un poder político, cuyas ramificaciones capilares llegan sin parar hasta el grano de los individuos mismos, su tiempo, su vivienda, su localización, su cuerpo.”38

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Ibíd. Pág. 111 y 112. Foucault, Michel. Los anormales... Ob. Cit. Pág. 53. 38 Ibíd. Pág. 54. 37

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SEGUNDA PARTE Encarcelam iento masivo e insilio: un abordaje sincr ónico

5. EL DISPOSITIVO CARCELARIO Siguiendo a Foucault39, sostenemos que las prácticas de punición se inscriben en tecnologías de poder más amplias y que por lo tanto, las modalidades de castigo se vinculan con determinadas características que asume cierto tipo de ejercicio del poder. Como sostiene Pilar Calveiro: “(…) Los mecanismos y las tecnologías de la represión revelan la índole misma del poder, la forma en que éste se concibe a sí mismo, la manera en que incorpora, en que refuncionaliza y donde pretende colocar aquello que se le escapa, que no considera constitutivo. La represión, el castigo, se inscriben dentro de los procedimientos del poder y reproducen sus técnicas, sus mecanismos. Es por ello que las formas de la represión se modifican de acuerdo con la índole del poder.”40

Desde esta perspectiva pretendemos realizar una descripción densa del encarcelamiento masivo y prolongado, sus características, los modos particulares de control y represión, las formas de ultraje físico y psíquico sobre los detenidos, y la relación adentro/afuera de la cárcel. Intentaremos ver cómo estas modalidades represivas se vinculan con determinadas tecnologías de gobierno desplegadas en el Uruguay. Sostenemos también, que el encarcelamiento masivo y prolongado configura un dispositivo de acuerdo al sentido dado por Giorgio Agamben: “llamaré literalmente dispositivo cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes.” 41

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Michel Foucault, Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2002. Pilar Calveiro, Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, Buenos Aires, Colihue, 2008, Pág. 25 41 Giorgio Agamben, ¿Qué es un dispositivo?, Conferencia dictada en la Universidad Nacional de La Plata, 12 de octubre de 2005, Pág. 5 40

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Según el autor, un dispositivo interviene en los procesos constituyentes de subjetividad y de formación de las reglas que configuran las relaciones de poder. La definición que brinda Foucault se construye a partir de tres elementos que podríamos sintetizar de la siguiente manera: un dispositivo es una red que se establece entre un conjunto de prácticas discursivas y extra discursivas heterogéneas; el dispositivo indica una articulación posible entre estos elementos diferentes, así como los juegos, los cambios de posición y las modificaciones; un dispositivo es una especie de formación que tuvo como fin responder a una urgencia y por lo tanto tiene una función estratégica dominante. La cárcel en tanto dispositivo de poder, se constituye como un espacio que interpela al conjunto social, reconfigurando la subjetividad social existente y estableciendo nuevas relaciones de poder tanto dentro como fuera de sus muros. Pensamos que la prisión como dispositivo se prolonga más allá de su espacio físico, a partir de la generalización de una serie de prácticas “carcelarias” de control y vigilancia que se proyectan sobre el conjunto de la sociedad. Es por eso que la cárcel opera en un sentido doble: hacia los propios detenidos, y hacia todo el cuerpo social.

6. LA PRISIÓN MASIVA Y PROLONGADA COMO MODALIDAD REPRESIVA HEGEMÓNICA La prisión masiva y prolongada constituyó el principal mecanismo represivo de la dictadura oriental. Para el año 1972, previo al golpe pero en vigencia del “Estado de Guerra Interno” ya habían sido apresadas 2064 personas42. El mecanismo de la desaparición forzada de personas por su parte, fue una práctica sistemática del Estado Terrorista uruguayo: 172 ciudadanos fueron detenidos y desaparecidos dentro del país -alrededor de 32-, en Argentina –aproximadamente 129- y otros en Bolivia, Chile y Colombia. El carácter fuertemente regional que caracteriza al fenómeno desaparecedor en este caso, lo liga con la articulación represiva desarrollada entre los países del Cono Sur –la llamada Operación Cóndor- desplegada en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Uruguay participó activamente de ella, y los principales responsables militares de la represión comandaron las acciones de desaparición tanto dentro como fuera del país. En Argentina se montaron Centros Clandestinos de Detención -como “Automoteros Orletti”- que fueron “codirigidos” por fuerzas orientales y argentinas, que tuvieron como objetivo principal a militantes uruguayos exiliados en el país. Este fenómeno de extrema relevancia tanto material como simbólica -por los efectos que produce- sin embargo a nuestro entender, no configura la modalidad represiva hegemónica para el caso uruguayo.43

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Álvaro Rico (Coord.), Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado (1973-1985), Ediciones Cruz del Sur, Montevideo, 2009. En http://www.universidadur.edu.uy/bibliotecas/publicaciones_2009.htm#dictadura (consultado el 3/11/11) 43 El estudio de la desaparición forzada en Uruguay exceden ampliamente los objetivos descriptivos y exploratorios de este trabajo. Se puede encontrar abundante información en el Tomo I de la publicación de la Universidad de la República “Investigación Histórica sobre la Dictadura y el terrorismo de estado en Uruguay (1973-1985)” y los 5 tomos del informe de la Presidencia, denominado “Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos.”

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De acuerdo a los datos relevados en la “Investigación Histórica sobre la Dictadura y el terrorismo de estado en Uruguay (1973-1985)”44 desarrollado por la Universidad de la República, el número -parcial y provisorio-, fue de 5925 presos45 (entre 1973 y 1984). Según los cálculos elaborados por el SERPAJ, si se toma en cuenta el censo de 1975 que estimó la población uruguaya en 2.788.429, entonces por cada 10.000 habitantes hubo 31 presos políticos, la cifra relativa más elevada en la región. Se trató de una experiencia histórica inédita y novedosa respecto de las modalidades de encarcelamiento “tradicional” de delincuentes “no políticos”; considerando los efectos que produjo sobre la totalidad de la población uruguaya, -tanto por su extensión temporal como por la cantidad de personas a las que directa o indirectamente afectó- podría decirse que el encarcelamiento involucró al conjunto de la sociedad uruguaya. Las cárceles fueron lugares de aislamiento y hostigamiento, de aplicación sistemática de la tortura física y psicológica. El país registró –según el informe de UDELAR- 116 muertes “por responsabilidad del estado” entre 1973 y 1985, de los cuales 68 se vinculan a situaciones carcelarias: torturas, falta de asistencia médica, enfermedades contraídas por las pésimas situaciones de reclusión y por la autoeliminación. Además de la cantidad de encarcelados, la permanencia en prisión fue el otro dato relevante: la mayor parte de los presos, estuvieron entre tres y ocho años con una media de 6,6 años para los hombres y 5,7 para las mujeres. El mayor tiempo de encierro se verificó entre los que fueron apresados antes de 1972 y los dos años siguientes. Los operativos de detención tuvieron mayor despliegue entre los años 1975 y 1980. Hasta el ‘77 las detenciones se concentraron sobre todo en la capital del país. Desde el año ‘72 hasta el ‘77, los procedimientos fueron llevados a cabo por el ejército; entre el ’78 y ‘79 estuvieron a cargo de la Marina, y después del ‘80 de la policía y el ejército. Las detenciones que se realizaban en las calles eran “cacerías violentas” muchas veces realizadas por personal de civil sin identificación, en vehículos oficiales o particulares. Cuando se realizaban en domicilios particulares las fuerzas represivas montaban “ratoneras” permaneciendo ocultas en la casa esperando la llegada de más personas para lograr más detenciones. Los lugares eran arrasados y se apropiaban de los bienes de los detenidos. Cuando no había familiares presentes al momento de la detención, éstos se anoticiaban por vecinos, amigos, incluso por la prensa y la primera visita al detenido podía demorar hasta 7 meses. Los detenidos eran llevados primero a un interrogatorio y sometidos a torturas físicas; si eran procesados les instruía un sumario judicial y eran llevados a unidades militares o policiales. Aquellos detenidos que eran liberados permanecían sin embargo bajo una libertad acotada, con fuertes restricciones y controles, obligados a presentarse asiduamente a una dependencia oficial determinada, y en cualquier momento podían volver a ser detenidos46. Los

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Tomaremos los datos consignados en esta investigación como los más fiables considerando la rigurosidad con la que fue desarrollada así como la extensión de las fuentes consultadas. Hemos relevado además otras publicaciones que dan cuenta de una divergencia en los datos aunque no los modifican cualitativamente. 45 En el informe elaborado por el SERPAJ Uruguay, que toma datos brindados por un fiscal militar para el año 1984 se afirma que la Justicia militar había procesado a 4933 personas. En Servicio Paz y Justicia. Ob. Cit. 46 El informe de la Universidad de La República (UDELAR) refiere un procedimiento denominado “manyamiento” que consistía en convocar a policías de distintas seccionales y reparticiones para realizar una revisión ocular de los presos que iban a ser liberados sin que éstos lo supieran. Por su parte, el SERPAJ afirma que “todo aquel que hubiera sido preso político, en la medida que se hallaba sometido a libertad vigilada estaba emplazado por la

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detenidos podían, además, quedar “en depósito”: luego de haber sido interrogados estaban a la espera de la condena dispuesta por la Justicia Militar o el traslado a la unidad penal correspondiente. El OCOA –Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas- fue el organismo supremo encargado de todas las operaciones de inteligencia y el que disponía el interrogatorio de detenidos en diversas prisiones militares o policiales, así como el re-encarcelamiento de quienes habían sido liberados. Además, se realizaban “intercambios” de presos entre unidades carcelarias para realizar interrogatorios con torturas o “careos” con otros detenidos. Estos traslados se realizaban sin comunicación previa al detenido (ni a los familiares o abogados), ni tampoco se le informaba el tiempo en que sería “devuelto”.

Los Establecimientos Militares de Reclusión (EMR)47 La gran mayoría de los 5.925 detenidos, entre los que hubo 739 mujeres48 fueron alojados en los Establecimientos Militares de Reclusión (EMR) Nº 1 y 2. Hubo un EMR Nº 3 “Paso de Los Toros” (localizado en Tacuarembó para los detenidos en el norte del país), y existieron más de 45 sitios de detención oficiales (entre dependencias militares y otros lugares)49. El mismo informe señala además la existencia de 9 “Centros de Detención y Desaparición”, en su mayoría unidades militares, o predios bajo jurisdicción militar. El EMR 1 conocido como el “Penal de Libertad”, fue un centro de reclusión masculino ubicado en el departamento de San José (a 50 km de Montevideo) en el que fueron alojados casi 3000 presos, inaugurado para tal fin en octubre de 1972 (permaneciendo hasta el 9 de marzo de 1985). Estaba ubicado en un predio de 9 hectáreas de forma ovalada, rodeado de alambrados, con torres de seguridad provistas de armamento y reflectores. El edificio central constaba de 5 pisos de 220 metros de largo, por 20 de ancho. En la planta baja había una sala de guardia y una cocina; los pisos superiores tenían 100 celdas cada uno, repartidas en dos sectores (A y B) y éstos a su vez en dos alas (izquierda y derecha). En cada piso había garitas con guardias armados. Había un sector con canchas para deportes y más lejos, 6 galpones que tuvieron diversos destinos durante su funcionamiento. “La Isla” era la denominación que tenía la sala de castigo; una edificación de 20 mts2 con 15 celdas de paredes ciegas, donde la única luz que entraba era a través de unos ladrillos de vidrio ubicados en el techo. Allí fueron alojados los presos sancionados por “faltas graves” durante períodos que se medían en quincenas, y sometidos a situaciones de fuerte aislamiento y maltrato por parte de los guardias. El ingreso al penal se realizaba por un camino de 2 Km hasta un puesto de guardia, luego se avanzaba hasta una construcción que oficiaba de locutorio: un salón largo con mesas y

Justicia Militar (…) sabía que era un preso virtual, que en cualquier momento su condición de detenido podía volver a actualizarse.” En Servicio Paz y Justicia, Ob. Cit. Pág. 67. 47 En este apartado sobre los EMR los datos fueron extraídos de Servicio Paz y Justicia, Ob. Cit. Y Alberto Silva y Mariana Albistur, Apuntes de Contexto. Material escrito que acompaña al CD “Uruguay: Dictadura y Represión”. Ministerio de Educación y Cultura y Radiodifusión Nacional. 48 Álvaro Rico, “Prácticas estatales criminales en dictadura y relaciones sociales degradadas en democracia”, en Daniel Feierstein y Guillermo Levy (comps.), Hasta que la muerte nos separe. Poder y prácticas sociales genocidas en América Latina, Buenos Aires, Ediciones al Margen, 2004. 49 Álvaro Rico (Coord.), Investigación histórica… Pág. 46.

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bancos con una mampara de vidrio que separaba a los presos de sus visitas. Encima del locutorio había una sala donde se escuchaban y grababan las conversaciones que mantenían. El EMR 2 –Penal de Punta Rieles- fue un establecimiento de alta seguridad para presas políticas a 14 Km. del centro de Montevideo, que funcionó como tal entre 1973 hasta 1985 manteniendo en cautiverio a unas 700 mujeres, casi duplicando su capacidad. Desden la implantación de las MPS y hasta 1973 había funcionado como lugar de encierro para presos políticos que ya habían cumplido su condena judicial pero seguían a disposición del poder ejecutivo. El ingreso a la cárcel se realizaba por un camino de 1,5 Km. flanqueado por 6 torres de vigilancia. El edificio principal tenía 3 pisos: en la planta baja había oficinas y habitaciones de las fuerzas de seguridad, en el primero una sala que oficiaba de enfermería, el lugar de visitas (el locutorio) y un sector de celdas. En el segundo piso había más celdas, la biblioteca y un comedor para los guardacárceles. La sala de castigos –conocida como “la casita”- constaba de 9 celdas y barracas para 180 detenidas. En otro sector se revisaba a los familiares y controlaba la correspondencia que recibían las detenidas. En otro sector del mismo predio, había edificaciones destinadas a los militares: piletas, canchas para hacer deportes, una granja, una panadería y otros ámbitos de esparcimiento.

7. LA LÓGICA INTERNA DEL DISPOSITIVO CARCELARIO Los detenidos se encontraban aislados e incomunicados, sometidos sistemáticamente a sanciones, privaciones, amedrentamientos y torturas. Por un lado, estrictos reglamentos pautaban absolutamente todas las conductas y los modos con que debía proceder el detenido; por el otro, las acciones de los carceleros hacían de las arbitrariedades, la norma. Estas prácticas configuraron una estrategia destinada a la despersonalización de los detenidos; como señala el informe de UDELAR, en la cárcel “(…) el detenido tiene que ver limitadas todas las expresiones que subrayen su individualidad, y todas las expresiones que mitiguen la dureza de la reclusión.”50 El mismo informe documentó la existencia de un “Manual de disciplina para reclusos”51. En él se afirmaba: “No hay sustituto para la moral y la disciplina de un Instituto. La disciplina no es un sistema de castigo sino de adiestramiento, guía y conducta ordenada. Si no existe disciplina es difícil mantener ordenado un instituto, establecer normas de sanidad, de 52 orden y limpieza” .

Como señala Goffman53, los procesos de “mortificación del yo” son fundamentados desde las propias “Instituciones Totales” a partir de una supuesta necesidad de administración

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Ibíd. Tomo II, Pág. 50. Los cambios que el reglamento fue sufriendo a lo largo del período dictatorial es indicativo de cómo el ““mundo exterior” invadía el universo de la cárcel y presionaba a la modificación de los reglamentos.”. Ibíd. Tomo II, Pág 50. 52 Citado en Álvaro Rico, Prácticas estatales criminales... Pág. 152 53 Ervin Goffman, Internados, Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, Buenos Aires, Editorial Amorrortu, 2001. 51

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eficiente, y para garantizar una “economía del control” permitiendo ordenar grupos de personas con el menor gasto de recursos posible. Toda la vida del detenido se encontraba reglada: desde el horario para levantarse, las tareas de aseo personal, los movimientos dentro del penal, los recreos, la vestimenta, la tenencia de determinados objetos, así como la comunicación con los familiares. En ambos penales estaba estipulado el horario de apagado de luces (alrededor de las 21:00 hs.) y a las 6 de la mañana sonaba una sirena para que se levantaran, formaran y pasaran lista. Las prohibiciones tenían como objetivo no sólo obligarlos a desarrollar rutinas específicas y facilitar su control a partir de la regimentación de sus acciones, sino que además, procuraban limitar la “tenencia de objetos que simbólicamente podrían insinuar algún mensaje de libertad y esperanza.”54 Cuando el detenido ingresaba a la cárcel se veía sometido a una ceremonia iniciática: "Un director del EMR 1 dijo: 'Queremos que al ingresar al Penal, el preso sienta el terror de lo que le puede pasar, cosa que se achique y se someta de entrada. En efecto, cuando en setiembre-octubre de 1972, llegamos un grupo de compañeros, éramos treinta hacinados en una 'heladera' (camión militar hermético), nos bajan corriendo con los bultos. Una fila de milicos nos espera a cada lado. Un milico que nos golpea en los talones - cada uno tiene el suyo-, nos hace correr, subir los cinco pisos en un santiamén. '¡Vamos! ¡Apuren!' Llegamos a la revisación, sólo quedo en ropa interior, no tengo nada más. Lleno de apuro la ficha. '¡Largo, largo!' Me rapan el pelo, de apuro a la ducha con agua hirviendo, apenas me mojo, un mameluco demasiado chico, un par de zapatillas y otra vez corriendo con el palo entre los talones o en el culo, en otros casos. Finalmente llego al segundo piso, me trancan en una celda solo... Otras veces como 'bienvenida, tiraban a los compañeros que llegaban esposados y encapuchados desde los camiones para el suelo y una vez incluso desde un helicóptero parado."55

Este procedimiento de ingreso, no era el acto aislado de un grupo particularmente salvaje de carceleros, sino que se trataba de una práctica estipulada por el Reglamento de disciplina. Además cada vez que ingresaba un nuevo preso, todos los encarcelados debían encerrarse en sus celdas y al reciente ingresado lo obligaban a correr con el brazo doblado en la espalda sostenido por un soldado que se lo torcía con un garrote mientras otros soldados lo empujaban, insultaban y golpeaban. Luego, -en el caso del EMR 1- los presos pasaban los primeros días recluidos en “la isla”. Los calabozos tenían un tamaño aproximado de 6 mts2, las puertas eran de hierro con una pequeña ventana enrejada en la parte superior. En ninguno de los EMR había ventilación ni calefacción. Particularmente en el Penal de Libertad el agua era escasa lo que afectaba seriamente la higiene y las condiciones generales del establecimiento. Las requisas tenían una periodicidad variable, de dos veces al mes o casi diariamente; podían durar unos pocos minutos o largas horas, siempre se destruían las posesiones de los reclusos, eran golpeados y humillados. Respecto de las actividades que se podían realizar, en algunos casos estaba permitida la realización de manualidades con materiales que enviaban los familiares. Existían bibliotecas con literatura anterior a la Revolución Francesa; los libros de filosofía, psicología, psicoanálisis, economía, etc. estaban prohibidos. En el caso de “Punta de Rieles” la dirección del penal

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Ibíd. Pág. 152. Testimonio de Juan Pablo Mirza, en Servicio Paz y Justicia, Ob. Cit.

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entregó libros de propaganda militar y anticomunistas. Los ejercicios físicos estaban prohibidos así como estar acostado fuera del horario establecido de descanso, a su vez, los recreos eran muy reducidos y frecuentemente interrumpidos por sanciones. En relación al trabajo, en el Penal de Libertad los detenidos hicieron trabajos de cocina, carpintería, otros oficios y labores de oficina. El SERPAJ estimó que alrededor de un 30% del total de los presos trabajaron, sin remuneración y bajo un ritmo militar. En el caso del Penal de Punta Rieles, las mujeres fueron sometidas a trabajo forzado que se prolongó hasta 1981 e incluía labores en la cocina, pintura y limpieza; se las obligaba a hacerlo en forma sorpresiva y compulsivamente, en tareas que no tenían ningún objetivo concreto, desprovistas de cualquier carácter productivo. Las comunicaciones con los familiares estaban fuertemente restringidas y sometidas a estrictos controles. Las cartas tenían una extensión muy pequeña, sólo se podían tocar temas familiares y eran sometidas a una revisión de los militares; a veces llegaban con demoras, con fragmentos censurados o directamente se perdían. Las visitas, con un duración de entre 30 y 60 minutos, tenían una frecuencia quincenal y sólo podían acceder familiares directos, quienes debían hacerse presentes con una hora de anticipación para someterse a un severo control y el contacto físico con el detenido era apenas admitido. Los niños tenían una hora semanal de visita en el Penal de Libertad y 45 minutos en Punta Rieles. Las familias que visitaban a los detenidos eran a menudo objeto de un fuerte hostigamiento, teniendo que soportar allanamientos en sus hogares.

Torturas: las mortificaciones del yo La tortura en Uruguay era una práctica habitual de la policía para los presos comunes desde mucho antes de la dictadura. Sin embargo a partir de 1972 adquirió nuevas dimensiones, ya que se configuró como una práctica generalizada y sistemática aplicada sobre todos los presos. Las vejaciones tenían como finalidad principal obtener información sobre filiación política del detenido, para que entregara información sobre acciones realizadas o sobre otras personas. Esta práctica vinculada intrínsecamente al acto del “interrogatorio” suponía necesariamente quebrar la voluntad de resistencia del detenido, arrasarlo en su subjetividad y modelar nuevas pautas de comportamiento. La cárcel como dispositivo que también se dirigía al conjunto social -por medio del “cuerpo supliciado”- procuró “hacer hablar a algunos” para “acallar a todos”56; la onda expansiva de la tortura se volvió el modo de instrumentalizar el miedo como forma de paralizar todo acto de disidencia en el conjunto de la sociedad y quebrar la solidaridad entre pares. El SERPAJ relevó a partir de una encuesta realizada a 100 ex detenidos la aplicación de 26 tipos de torturas físicas y psicológicas de las cuales las más usadas fueron la capucha, el plantón57, la desnudez forzada, los golpes, la picana eléctrica, el submarino, los simulacros de fusilamiento, el colgamiento, la obligación a presenciar torturas a compañeros o familiares y también violaciones. Permanecían además, en situaciones infrahumanas de detención,

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Servicio Paz y Justicia, Ob. Cit. Consistía en obligar al preso a permanecer parado en una posición fija durante largos períodos de tiempo, a veces días.

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privados de alimentación, agua o de la posibilidad de ir al baño por largos períodos de tiempo. La alteración del sueño era otra de las prácticas habituales como forma de vejación aplicada a los detenidos. En relación a la asistencia médica fue probado (el informe elaborado por el SERPAJ de Uruguay así lo confirma) que numerosos médicos participaron de los abusos físicos y psíquicos, dosificando la tortura para prolongar los vejámenes. Los tratamientos médicos fueron casi inexistentes. En casos graves eran derivados al Hospital Militar donde había una sala especialmente destinada para la internación de presos políticos torturados, donde se reproducían las condiciones de hacinamiento, falta de higiene, maltratos y torturas. Los detenidos fueron sometidos a varios tipos de torturas diferentes aplicadas metódicamente siguiendo específicos patrones según la gravedad y el dolor. Las prácticas vejatorias aplicadas por el poder militar dentro de las cárceles producjeron efectos sobre las subjetividades que podríamos intentar analizar a partir del estudio de Ervin Goffman58 sobre las “Instituciones Totales”. Desde el momento en que el preso ingresaba al lugar de reclusión comenzaban los tratos deshumanizantes: le era suprimido su nombre y reemplazado por un número, su voz era silenciado, su cabeza rapada, le era quitada su vestimenta y se le limitaba al máximo -o directamente prohibía- la posesión de objetos personales. El Informe del SERPAJ cita un testimonio representativo de este primer momento de amedrentamiento: "Me puse el saco tratando de mostrarme tranquilo, mientras alguien me colgaba algo del cuello diciendo: Bueno, desde ahora te llamás 4027; por un tiempo ya no tendrás otro nombre."59

Este conjunto de prácticas apuntaron a destruir aquellas formas de autopercepción subjetiva a partir de procesos de “mortificación del yo” sobre la base de una desfiguración personal” consistente en “degradaciones, humillaciones y profanaciones”60. La prohibición de portar determinados objetos personales significaba el “retiro del equipo de identificación”: “Un conjunto de pertenencias de un individuo tiene especial relación con su yo. El individuo espera generalmente controlar de algún modo el aspecto que presenta ante los demás. (…) En síntesis, el individuo necesitará un “equipo de identificación” para el manejo de su apariencia personal”61. Agrega el sociólogo que “En las instituciones totales se violan estos límites personales: se traspasa el linde que el individuo ha trazado entre su ser y el medio ambiente, y se profanan las encarnaciones del yo.”62 Según el SERPAJ esta amplia variedad de prácticas vejatorias fueron agrupadas -de acuerdo a las expresiones de los ex detenidos- según los efectos que produjeron sobre ellos. El primer agrupamiento –que reunía amenazas, agresiones, requisas, trabajo inútil, alteración del sueño- tuvo como núcleo significativo el “acoso ininterrumpido con la supresión de la calma e invasión del espacio individual”. Este conjunto de prácticas pueden vincularse con una

58

Ibíd. Testimonio de Juan Ángel Toledo, En Servicio Paz y Justicia, Ob. Cit. Pág. 90 60 Ervin Goffman, Ob. Cit. Pág. 127 61 Ibíd. Pág. 32 62 Ibíd. Pág. 32 59

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“exhibición contaminadora”63 -requisas, desnudez forzada, obligación de presenciar torturas sobre otros detenidos- que ponían al preso en una situación que no podía controlar y que contradecía su “concepción del yo”. Otra serie de prácticas tortuosas constituyeron un “aislamiento de la realidad” tanto material –por el confinamiento físico y su separación con el resto de la sociedad-, como social –debido a la imposibilidad de acceder a información del “afuera” de la cárcel-. Esto produjo un efecto de “impedimento de vida útil” en tanto se estaba alejado del “aquí y ahora de la sociedad”64. Un tercer efecto que produjeron los ultrajes fue la “inseguridad y arbitrariedad de las sanciones”: el cambio constante del tratamiento que recibieron los detenidos, así como de las decisiones que tomaban los carceleros, y el estado de desconocimiento de su situación y de sus afectos, fueron un modo de conducir a los detenidos a la incertidumbre constante. Retomando las categorías de Goffman, estas acciones condujeron a un efecto de looping: la conducta reactiva del detenido –que fuera del espacio carcelario le habría permitido responder a una agresión de manera efectiva- era utilizada por el represor como justificación del siguiente amedrentamiento. Complementario a esta situación, aparecía en cuarto lugar, la “negación de la más mínima posibilidad de libre albedrío”. Según los testimonios, los ex detenidos se encontraban impedidos de decidir sobre una situación por más irrelevante que fuera, llevando la dependencia con el guardián al extremo. Como indica Goffman: “(…) En una institución total (…) el personal puede someter a reglamentos y a juicios, segmentos minúsculos de la línea de acción de una persona; la permanente interacción de sanciones emanadas de la superioridad invade la vida del interno. (…) Cada especificación priva al individuo de una oportunidad de equilibrar sus necesidades y sus objetivos en una forma personalmente eficiente, y expone su línea de acción a las sanciones. Se viola la 65 autonomía misma del acto” .

Se trata, según Feierstein, de procedimientos de infantilización y animalización que destruyeron los principios básicos de toda autodeterminación. Estas modalidades de anulación de la autonomía, se constituyen como lógicas propias de la dinámica de toda Institución Total: “(…) uno de los medios más efectivos de desbaratar la economía de acción de una persona es obligarla a pedir permiso o elementos para las actividades menores que cualquiera puede cumplir por su cuenta en el mundo exterior (…) Esta obligación no sólo impone al individuo un rol de sometimiento e invalidez antinatural en un adulto, sino que, por 66 añadidura, deja su línea de acción expuesta a las intromisiones del personal.”

Finalmente, “la falta de comunicación con la familia” no solo se limitaba a impedir el vínculo con sus familiares, sino que además procuraba disfuncionalizar las relaciones familiares, generar conflictos y así aumentar aún más el aislamiento del apresado.

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Ibíd. Servicio Paz y Justicia Uruguay, Ob. Cit. Pág. 151 65 Ervin Goffman, Ob. Cit. Pág. 48-49 66 Ibíd. Pág. 51 64

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Las secuelas físicas consistieron en diarreas, hipertensión arterial, sufrimientos óseos sobre todo en la columna, y trastornos neurológicos. Además, las secuelas psíquicas acarrearon severas patologías psiquiatritas como trastornos neuróticos y psicóticos. La tortura o la amenaza de su aplicación, así como al aislamiento apuntó al arrasamiento de la identidad del detenido; el acoso y la constante hostilidad buscaron deshumanizar al preso desarticulando toda capacidad de acción autónoma instalando la “arbitrariedad como norma”. La desorganización psíquica operó a partir de tres elementos: lo inesperado, lo arbitrario y lo inacabable. “La prisión prolongada llevó a la autorrepresión, el stress, la depresión, los intentos y en algunos casos, la concreción de la autoeliminación.”67 El momento de la liberación, constituía, a nuestro entender el último eslabón de esta serie de tormentos que sufrían los detenidos. En ése momento el detenido debía firmar una declaración en la que dejaban constancia del “buen trato” recibido, de la calidad de la alimentación y de la asistencia médica. Como esta declaración se realizaba bajo amenazas, el detenido nuevamente se veía forzado a negar la propia situación ultrajante que había atravesado, configurando otro modo adicional de mortificación del yo68.

¿Preso político o desaparecido temporario? Desde la aplicación de las MPS, y durante todo el régimen militar, los detenidos nunca recibieron el status de “presos políticos” y siempre fueron tratados como “delincuentes comunes”69. Esta inscripción en el campo de lo delincuencial fue parte de un procedimiento que procuró negar la identidad política de las víctimas de la prisión masiva y prolongada. Muchos de los que habían sido detenidos bajo las MPS, después de haber finalizado su condena permanecieron encarcelados a razón de la “peligrosidad social” que representaban. La información brindada sobre la situación de los detenidos siempre resultó acotada, y recién en los últimos años de la dictadura, hacia el año 1983 aproximadamente, se comenzó a dar información sobre las circunstancias de la detención, el estado de los detenidos y los lugares de la reclusión. Lo que caracterizó la operatoria en relación a la información que se disponía sobre los presos, fue la virtual imposibilidad conocer las razones, así como las circunstancias de su detención. La información sobre el lugar de reclusión (a veces ni se informaba), de su estado, y las comunicaciones respecto de su liberación resultaban contradictorias. En uno de sus trabajos, Álvaro Rico70 define como “desaparecidos temporarios” aquellas “personas o grupos de personas detenidas formalmente pero luego incomunicadas por varios meses y trasladadas a lugares desconocidos con el objetivo de prolongar así el tiempo de los interrogatorios y torturas, sin remisión a la justicia, y/o de personas secuestradas para ocultar el acto de la detención, la fecha y la 71 identidad de las fuerzas captoras.”

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Alberto Silva y Mariana Albistur, Ob. Cit. Pág. 14 Esta no es la interpretación del SERPAJ para quien los militares mantuvieron “un escrupuloso culto de las formas” y debido a las “arraigadas tradiciones cívicas nacionales (…) implantaron un cuidadoso respeto de las normas de derecho y de las formas que las consagran.”. Servicio Paz y Justicia, Ob. Cit., Pág. 90 69 Álvaro Rico (Coord.), Investigación histórica… 70 Álvaro Rico, Prácticas estatales criminales… Ob. Cit. 71 Ibíd. Pág. 144 68

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De esta manera, las figuras de detención legal y de desaparición forzada remiten más que a dos modalidades contrapuestas de represión, a un continuum de prácticas que se van articulando de modos diferenciales. Las detenciones por personal no identificado, los traslados a sitios desconocidos, las torturas, el desconocimiento de la situación del detenido, conforman un grupo de acciones comunes a ambas figuras, y que en cada caso se anudan con otras prácticas, dotando de especificidad a cada una de estas modalidades.

Un tipo particular de detenido: el caso de los “rehenes” Hubo también una situación especial en la que fueron mantenidos un grupo de 17 personas72 –todos dirigentes tupamaros-, sometidos a un tratamiento especialmente inhumano y degradante tanto por las condiciones en que se desarrolló la prolongada reclusión como por los constantes traslados. Según consigna el informe de UDELAR, en septiembre de 1973 fueron retirados del penal de Libertad para iniciar una larga serie de traslados que se prolongaron por diez años, hasta el 16 de abril de 1984 en que fueron devueltos al Penal. En el caso de las 8 mujeres73 -también integrantes del MLN-T, la “gira” por diversos centros de reclusión comenzó en junio del `73 hasta el 1976 cuando retornaron a Punta Rieles donde cumplieron extensas condenas. Durante todo éste trajinar, los “rehenes” sufrieron amenazas de que, en el caso de que las organizaciones político-militares realizaran acciones públicas, serían asesinados. Así lo relata, Mauricio Rosencof, dirigente del MLN que estuvo detenido en calidad de “rehén”. "Entonces se produce un acontecimiento que a mí me dala sensación de que dejo de ser un preso para convertirme en un rehén. Una noche me sacan, esposado, y me llevan a una habitación donde presiento que hay gente. Sentí una voz conocida que me saludó:'¿Cómo te va, Leonel?'. Le contesto: 'Qué hacés, gordo'. Era el entonces Mayor Nino Gavazzo. Me dice: 'Traigo una resolución del Comando General del Ejército: estás condenado a muerte. Cualquier atentado que se produzca afuera vamos a limpiarte. Y vos sabés que eso es muy fácil porque se simula una fuga y ya está. Esto no puede salir de vos, no puede enterarse 74 tu familia, porque vos a tu familia la querés mucho, ¿no?'."

Descartando aquellas hipótesis “civilizatorias” que aducen como razones del no aniquilamiento físico, una pretendida “idisioncracia nacional respetuosa de las normas” –que ya hemos cuestionado previamente- se presenta como un interrogante para nosotros indagar por qué los máximos dirigentes de la principal organización político-militar del Uruguay no fueron asesinados -o secuestrados, torturados y desaparecidos como sucedió efectivamente en el caso argentino con la mayoría de los dirigentes de las organizaciones armadas-. Para el caso uruguayo, fueron deliberadamente mantenidos con vida, aunque siempre sometidos a constantes vejaciones y tratos inhumanos, muchas veces en el límite con la muerte. Incluso,

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Ellos fueron: Eleuterio Fernández Huidobro, Jorge Manera Lluberas, Julio Marenales, Mauricio Rosencof, José Mujica, Henry Engler, Raúl Sendic, Adolfo Wasen y Jorge Zabalza. 73 Elba Antúnez, Estela Sanchez, Cristina Cabrera, Flavia Schilling, Graciela Dry, Jessie Macchi, Raquel Cabrera, María Elena Curbelo y Elisa Michelini. El grupo, según otra investigación, este grupo sería de 11 mujeres sumando a Raquel DuPont, Lía Maciel y Miriam Montero. 74 Testimonio de Mauricio Rosencof, en Uruguay Nunca Más, Ob. Cit. Pág. 153-154.

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alguno de ellos como Raúl Sendic morirá unos pocos años después debido a las secuelas del encarcelamiento. Como hemos señalado al comienzo de este apartado, los modos de castigar se inscriben en determinadas tecnologías de poder. Esta práctica punitiva aplicada por las fuerzas represivas uruguayas supone una relación social entre el encarcelado -y particularmente el rehén- con el resto de la sociedad; ése sujeto sometido, ése cuerpo apresado que era portador de determinados atributos y personificación de ciertas relaciones sociales, proyectaba al conjunto de la sociedad un cierto tipo de poder autoritario distinto del proceso genocida argentino. En este caso, el campo de concentración constituyó el dispositivo fundamental de las prácticas genocidas en el que la figura del detenido-desaparecido se configuró como el objeto de poder de una tecnología de gobierno sobre el conjunto social, procurando “alterar, a través de la muerte y el horror, los modos hegemónicos de relaciones sociales.”75.

El Gueto, el Campo, la Cárcel. El dispositivo carcelario configuró una frontera que separó aquellas fracciones sociales marcadas por los discursos y las prácticas gubernamentales de negativización -que fueron sedimentando por largos años- y luego hostigadas por una violencia para-estatal, pero sobre todo, por la aplicación de leyes y normas jurídicas que criminalizaron y consagraron como tal a ese “otro negativizado”. El aislamiento físico que generó la cárcel profundizó aún más las fracturas sociales producidas por los mecanismos de estigmatización separando y encerrando aquellos sujetos que personificaban las prácticas que debían ser clausuradas por la dictadura; la prisión se configuró como un territorio específico habilitando nuevas prácticas tendientes a la anulación de aquellas subjetividades negativizadas a partir de acciones de resquebrajamiento físico, y psíquico. Los EMR fueron los ámbitos de encierro que con mayor constancia y sistematicidad asumieron estas funciones de aislar y debilitar a los detenidos por medio de la tortura -y de las condiciones de reclusión en general- tanto física como psicológicamente. El objetivo de este momento de “debilitamiento sistemático” es la “selección”; algunos serán asesinados, otros morirán por las atroces “condiciones de existencia objetivas”, otros se adaptarán asumiendo los valores de los represores “al no soportar el deterioro de sus condiciones de existencia subjetivas como seres autónomos”76. Como hemos señalado, de las 116 muertes “por responsabilidad del Estado” 68 de ellas se produjeron dentro de cárceles debido a “torturas, falta de asistencia médica, enfermedades contraídas por las pésimas situaciones de reclusión y por la autoeliminación”. Consideramos que estas muertes deben ser inscriptas en este mecanismo de “selección” propio del “debilitamiento sistemático” y no como parte de un momento posterior –que realiza materialmente la práctica genocidadefinido como el “aniquilamiento material”. De acuerdo al planteo de Feierstein, “La etapa del aniquilamiento es el punto de llegada de la construcción montada previamente: la desaparición material de los cuerpos que encarnan determinadas relaciones sociales. Su realización definitiva implicaría la extinción física, psíquica e

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Ibíd. Pág. 358 Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social… Ob. Cit. Pág. 230.

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histórica de aquella fracción social que tiene la capacidad de pensarse como tal, de asumir 77 su condición de para sí, el control de su propio cuerpo, su autodeterminación.”

Las características que asumió el dispositivo carcelario en Uruguay tal cual las hemos analizado, nos sugieren una mayor proximidad a los guetos de la Alemania nazi que a los Centros Clandestinos de Detención y Tortura de la experiencia concentracionaria argentina. Los EMR se nos presentan como espacios que, -como ocurrió con la vida dentro de los guetos-, más que avanzar en la realización del exterminio físico, articularon y reprodujeron a su interior, los momentos de construcción de otredad, hostigamiento y aislamiento. No es nuestra intención comparar la cárcel uruguaya con el gueto nazi; sí nos parece que la prisión puede ser entendida como un ámbito que recreó de un modo particular y distinto estas tres prácticas. El grupo de detenidos en calidad de “rehenes” podrían ser inscriptos en esta dinámica de reproducción cíclica de prácticas de negación –en tanto máximos dirigentes tupamaros personificaban paradigmáticamente ése Otro negado; de hostigamiento –considerando las especialmente graves condiciones de reclusión y tortura que debieron sufrir -; y también de aislamiento –debido a la constante rotación de lugares de reclusión que sufrieron durante años, se hallaban aislados incluso dentro de las prisiones mismas-. Están documentadas en el informe del SERPAJ diversas formas de “selección” de “esos otros” dentro de los “otros”, y la destrucción psíquica a partir de la delación y la colaboración con los carceleros como constituyente de una “degradación moral”. Estas prácticas de adaptación agravaron el aislamiento profundizando los quiebres entre los encarcelados. En el Penal de Libertad (EMR 1) aproximadamente desde 1972 se implementó una estrategia de debilitamiento psíquica conducida por un psicólogo –Dolcey Brito- destinada a generar mayores rupturas y aislamiento entre los encarcelados: “Brito tiene entrevistas frecuentes con los compañeros que estaban en mal estado mental, intenta por ese medio obtener informaciones sobre la vida de los otros presos; propone acuerdos a los compañeros de modo que ellos pasen a colaborar con las autoridades. Entre los muchos casos, hay uno bien conocido por todos los presos, es el de (se omite el nombre) un preso que no pudo resistir más el aislamiento y el terror de la tortura y colabora con las autoridades, confesando después toda la historia a sus compañeros: Brito era una de las personas encargadas del contacto con él para recibir las informaciones y mantenerlo en el estado de terror.”78

Estas acciones de resquebrajamiento completamente perversas procuraban además de lograr la colaboración, romper las relaciones de solidaridad. Frente a estas situaciones de arrasamiento y debilitamiento sistemático, los encarcelados no fueron pasivos y resistieron intentando suturar esos quiebres psicológicos y morales que en el caso del EMR 1 eran realizados por el psicólogo Britto desde la “oficina de Recreación”: (….)"Un día permitió hacer un campeonato de fútbol, pero condicionado a que los reclusos del segundo piso -donde yo me encontraba también- fueran incomunicados; a raíz de ello, estuvimos incomunicados, aislados, durante treinta días, sin recreos ni visitas, jugándose un campeonato de fútbol en el penal. Los otros detenidos mostraron enseguida su solidaridad, negándose a jugar al fútbol, pero los compañeros del 2º contestamos que si

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Ibíd. Pág. 235 Testimonio de Charles Serralta, En Servicio Paz y Justicia, Ob. Cit. Pág. 223

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ellos podían disfrutar de ese “afloje” que lo hicieran, y si nosotros teníamos que sufrir el 79 castigo, bien, era lo determinado por los Comandos..."

Estas estrategias de ruptura se complementaban con prácticas basadas en otorgarles a quienes colaboraban, pequeños “premios” que en las condiciones objetivas de privación absoluta podían significar una mejora sustancial, aunque trajera como consecuencia un mayor aislamiento: “Sé también que Britto ha tenido largas y prolongadas entrevistas con prisioneros que, no pudiendo soportarla tortura física y las posteriores condiciones del presidio, terminaron `colaborando' con los militares en la cárcel. El “premio” en los casos que conocí, son pequeños privilegios, como darse una ducha de agua caliente en horas en que no se permite el baño al resto de los presos; o tener acceso a un régimen mejor de comida que el resto; o el derecho de acostarse durante el día, cosa prohibida para los prisioneros; escribir una carta más larga que las dos hojas que fija el reglamento, con margen de tres centímetros y un número limitado de líneas por página.”80

Sin embargo, estos “premios” generaban en quienes colaboraban una idea más ficticia que real de que su suerte sería efectivamente distinta que la del resto de los encarcelados: “Quiero decir con esto, que los premios no se traducen en reducciones de la pena, como un colaborador que conocí, esperaba. Por el contrario, una vez agotada sus capacidad de colaboración, y siendo para todos evidente el compromiso que ese preso tenía con los 81 carceleros, el Tribunal Militarle agregó un año más de pena.”

8. ENCARCELAMIENTO MASIVO Y LÓGICA CONCENTRACIONARIA Cerraremos esta exploración acerca de la prisión masiva y prolongada con algunas palabras a modo de conclusión parcial y la apertura de nuevos interrogantes. Hemos relevado algunas de las características asumidas por el dispositivo carcelario en relación a una serie de dimensiones: una primera aproximación cuantitativa al fenómeno global y como principal modalidad represiva aplicada por la dictadura; las características de los establecimientos carcelarios; la lógica interna de la cárcel como dispositivo, los modos de tortura, y la relación con el “afuera”. Durante este desarrollo se analizó las modalidades asumidas por el encarcemlamiento masivo y prolongado en relación a algunas de las características del dispositivo concentracionario en Argentina como estrategia para reflexionar acerca de las especificidades o no del proceso uruguayo. Sostenemos que el encarcelamiento masivo y la desaparición forzada -por medio de los Centros Clandestinos de Detención y Tortura- constituyen dos tecnologías de poder diferenciales. Ahora bien, estas modalidades diferentes no implican dos conjuntos de prácticas completamente ajenas unas de otras, no son formas polares y externas entre sí. La lectura que

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Testimonio de Luis Estradet. En Servicio Paz y Justicia, Ob. Cit. Pág. 224 Testimonio de Miguel Ángel Estrella En Servicio de Paz y Justicia, Ob. Cit. Pág. 224 81 Ibíd. Pág. 225 80

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hemos hecho del encarcelado como una figura que comparte algunos atributos con el detenido-desaparecido temporario intenta aportar argumentos en este sentido. El análisis del dispositivo carcelario nos revela una serie de acciones de deshumanización y procesos de mortificación que se encuentra emparentadas con las dinámicas internas del campo de concentración, así como la función que, tanto la cárcel como el Centro Clandestino, ocuparon en tanto instrumentalizadores del miedo para generar parálisis y clausurar relaciones de solidaridad y reciprocidad. Algunos testimonios de la experiencia carcelaria uruguaya indican que, para evitar la familiaridad con los presos, el personal militar era constantemente reemplazado y trasladado a otras dependencias. Estas prácticas definen una modalidad de fragmentación de la maquinaria represiva para la dilución de responsabilidades en los perpetradores. En el caso argentino, la fragmentación, y la burocratización actuaron como mecanismos que permitieron “suspender” las culpas. El fraccionamiento de la operatoria aniquiladora, supuso la formación de diferentes grupos con funciones y atribuciones específicas (las patotas, los grupos de inteligencia, los guardias, los desaparecedores de cadáveres)82. Si bien no podemos ser concluyentes al respecto, sí observamos que en el caso uruguayo se constituyó un dispositivo de fragmentación del proceso global de represión como mecanismo desresponsabilizador. Hemos señalado la situación de los dirigentes tupamaros tenidos en calidad de rehenes, concluyendo en que se trató de una práctica que comunicó una relación de poder al conjunto de la sociedad, cualitativamente diferente de aquella acción de aniquilamiento de quienes personificaron un modo más acabado y completo de relaciones sociales que la dictadura argentina se propuso clausurar. Sin ser determinantes sobre esta cuestión, sugeriremos que las prácticas desplegadas por la dictadura uruguaya a través del dispositivo carcelario configuraron una tecnología de gobierno sobre la población específica y diferente de la que prevaleció en la Argentina de la última dictadura. Se trató de una tecnología que clausuró, redefinió y reorganizó los vínculos sociales, articulando un conjunto de prácticas de control que tuvieron como forma paradigmática a la cárcel, trascendiéndola y proyectándola sobre el conjunto social.

9. ESTADO POLICIAL Y CONTROL AUTORITARIO SOBRE LA SOCIEDAD El período que se inició en junio de 1973 con el golpe de estado abrió paso a la profundización de prácticas estatales preexistentes e inauguró otras nuevas a partir de la asunción de las FFAA al poder de gobierno: militarización del aparato estatal, represión y persecución a los partidos políticos y sindicatos, y la generalización de los dispositivos de vigilancia social. El parlamento fue disuelto el 27 de junio de 1973 mediante un decreto firmado por quien había sido electo presidente en 1971 por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry. Así las FFAA aumentaron aún más su influencia sobre los poderes estatales fundando su legitimidad sobre los poderes concedidos para la “lucha antisubversiva” en el marco de los gobiernos anteriores.

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Pilar Calveiro, Ob. Cit.

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La creciente centralidad de las FFAA con el ascenso de Bordaberry se justificó a partir de la “Doctrina de la Seguridad Nacional” según la cual, las fuerzas militares debían intervenir en los distintos ámbitos de la actividad del país para garantizar su desarrollo y promover la defensa del “enemigo interno”. A partir de junio de 1976, tras la renuncia forzada de Bordaberry, las FFAA profundizaron los cambios institucionales justificándose en la “la especial situación que vive el país como por el clima político internacional, perturbados por la obra sistemática y desembozada de una permanente agresión marxista"83, asumiendo ellos la tarea de “tomar las medidas necesarias para afrontar todas las contingencias (...) para restaurar el orden social e institucional en su plenitud, cuando el mundo, y el país en él, lleguen a la ansiada estabilidad que nos espera en el próximo ciclo histórico."84 En noviembre de 1973 fueron disueltos los partidos políticos y las organizaciones de izquierda declaradas como “asociaciones ilícitas de ideología marxista internacional” (incluyendo a la mayoría de los sectores políticos del Frente Amplio) sus dirigentes arrestados y procesados por la Justicia Militar. Los partidos políticos tradiciones -el Colorado y el Blancohasta 1976 no sufrieron del hostigamiento militar directo y se sometieron a la autocensura. Sin embargo, llegando al final del mandato de acuerdo a lo estipulado por la Constitución, Bordaberry responsabilizó a los partidos políticos por la situación de crisis proponiendo su supresión y su reemplazo por “corrientes de opinión autorizadas”: "el Poder está radicado hoy en las Fuerzas Armadas y no en los Partidos Políticos (…) (éstos) no constituyen defensa suficiente contra ese peligro (el marxismo) por cuanto rápidamente sustituyen el objetivo nacional por el partidario y para mantener y defender su situación de poder caen en debilidades que deterioran moral y materialmente al país”85

Las FFAA se opusieron a la propuesta de disolución de los partidos tradicionales86, y removieron a Bordaberry nombrando en su reemplazo a Alberto Demicheli (del Partido Colorado) bajo el que se instituyeron los denominados “Actos Institucionales” que suspendieron las elecciones previstas por la Constitución y otorgaron mayores poderes al Ejecutivo. En septiembre de 1976, el “Acto Institucional Nº 4” -ahora bajo la presidencia de facto Aparicio Méndez-, profundizó la persecución y exclusión de los políticos de los partidos tradicionales, aunque no los suprimió: “(…) Prohíbase, por el término de quince años, el ejercicio de todas las actividades de carácter político que autoriza la Constitución de la República, con exclusión de voto a: a) La totalidad de candidatos a la Presidencia y Vice Presidencia de la República que integraron las listas para las elecciones de 1966 y 1971. b) Titulares y suplentes que hubieren ocupado efectivamente el cargo, en las Cámaras electas en 1966 y 1971, salvo los que están ocupando cargos políticos a la promulgación de la presente disposición. c) 87 Miembros de los actuales Directorios de los Partidos Políticos (…)” .

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Acto Institucional Nº 2, citado en Servicio Paz y Justicia, Ob. Cit. Ibíd. 85 Ibíd. Pág. 45 86 “En el comunicado público librado por las FFAA, éstas declararon “no querer compartir el compromiso, la responsabilidad histórica de suprimir los Partidos Políticos Tradicionales” En Gerardo Caetano y José Rilla, Breve historia de la dictadura (1973-1985), Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1987, Pág. 38 87 IELSUR, Breves consideraciones acerca de las leyes antiterroristas o de excepción dictadas por el Uruguay en el período 1960-2006 Disponible en http://ejp.icj.org/IMG/SubmissionIELSUR.pdf 84

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Estas proscripciones comenzaron a ser levantadas, caso por caso, a partir de 1982 para permitir las elecciones internas de los partidos tradicionales realizados en el mes de noviembre que, sin embargo, se llevaron a cabo con muchos dirigentes políticos proscriptos. Asimismo, las elecciones nacionales, de noviembre de 1984 que permitieron el retomo al sistema democrático, tuvieron lugar con la proscripción de los dos principales líderes del Partido Nacional y del Frente Amplio, y de todos los dirigentes del Partido Comunista. Por su parte, los sindicatos a partir de 1974 sufrieron el progresivo desmantelamiento de acuerdo a sus orientaciones políticas y el sector que representaban, mientras que los principales dirigentes fueron procesados bajo la figura de “asistencia a la subversión”. La capacidad de acción demostrada por la Convención Nacional del Trabajo apenas realizado el golpe llevó a la dictadura militar a regimentar a las asociaciones, limitando su organización interna y su capacidad de acción subordinándolos al Poder Ejecutivo, vía el Ministerio de Trabajo. Los intentos de crear una Central sindical “apolítica” y supeditada al Estado como “árbitro” entre los trabajadores y el estado, sin embargo, no dio resultados. En este momento se consolidó una dinámica de progresiva inserción de personal militar en áreas civiles ante la afirmación de una supuesta “conspiración apátrida” que había penetrado no sólo en las instituciones de gobierno, sino también en los sindicatos, la enseñanza y la administración pública88. En otro documento de 1978, las FFAAUU señalan: "Crisis económica, social, política, Ideológica y moral; detenimiento de la producción, suba constante de precios, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, envilecimiento de la moneda, debilitamiento de la capacidad de pagos, endeudamiento externo, desocupación, saturación desbordante de la administración pública (..), auge de la criminalidad y la violencia, agitación gremial y estudiantil (..), huelgas, interrupciones y paralizaciones constantes de trabajo (..), negociados, contrabando y toda una variada gama de otros delitos socioeconómicos y corrupción. Todo había sido orquestado por la poderosísima infiltración marxista comunista, que aparece dominando y dirigiendo ese caos."89

Militarización/Policialización y Doctrina de la Seguridad Nacional El ascenso dictatorial en Uruguay fue definido por Álvaro Rico como un “proceso de autotransformación del Estado de derecho en Estado policial.”90 Esta conceptualización ubica en el propio Estado de Derecho y sus contradictorias lógicas “internas” las razones de la ruptura institucional del ´73. De hecho todo el recorrido hacia el gobierno de facto transcurrió bajo un gobierno elegido democráticamente, en el marco del cual se configuró un complejo juego con las normas jurídicas que no fueron eliminadas, sino que la represión se montó sobre ellas bajo la fórmula de una “interpretación generosa y aplicación rigurosa”91. Esta progresiva coincidencia de la “lógica política” con la “lógica militar” le otorgó una cada vez mayor injerencia a las FFAA para la intervención en los asuntos internos.

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De acuerdo al Uruguay Nunca Más, las FFAAUU no contaban con la experiencia de gestión, ni con la capacitación técnica que sí tenían los militares de Argentina y Brasil para asumir el control sobre el aparato burocráticoadministrativo que pretendían, debiendo recurrir a la colaboración de personal civil. 89 Servicio Paz y Justicia, Ob. Cit. Pág. 43 90 Álvaro Rico, Cómo nos domina la clase gobernante. Orden político y obediencia social en la democracia posdictadura 1985-2005. Montevideo, Ediciones Trilce, 2005. Pág. 48 91 Ibíd.

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La mutación del Estado de Derecho en Estado Policial significó la restitución de éste término del sentido que tenía en el siglo XVII en el que “policía” refería entonces a un aparato de poder dirigido a garantizar el orden interior, designando un conjunto amplio de acciones de administración pública y gobierno sobre el conjunto de la sociedad. Durante el tránsito al siglo XX lo “policial” asume un contenido más limitado a la estricta función de mantener el orden público por medio de un instituto especializado para tal fin: la policía. Estas transformaciones, según Rico, dotan a la noción de “policía” de una “doble legitimidad estatal”: en tanto sinónimo de “organización interior del estado” –como “orden político” que “asegura la unidad de la nación”- y como una serie de ámbitos e instituciones definidos para “garantizar la seguridad de ése ordenamiento estatal dentro del territorio nacional.” El proceso que se abrió en 1968 resignificó aquel sentido fundante de lo policial: “la conservación del ordenamiento general será identificada totalmente con las funciones policiales específicas de asegurar el orden estatal.”92. Sintéticamente, Rico identifica seis transformaciones de la racionalidad estatal entre 1968 y 1973, aunque aquí nos detendremos en una en particular93: “La Policialización de las Fuerzas Armadas y la militarización de la Policía en la misión de defender la soberanía interna (la “unidad de la nación”) contra enemigos “internos” (la subversión) caracterizada como “delincuentes comunes” que corroen por dentro la nacionalidad (la “orientalidad”)”94

Sugeriremos que esta lógica interna y contradictoria que configuró el particular camino uruguayo hacia la dictadura -ampliando los poderes policiales de las FFAA en detrimento del Estado de Derecho-, entroncó con los preceptos de la Doctrina de la Seguridad Nacional que estableció fronteras ideológicas –y no territoriales- para la definición de un “enemigo interno” que incluyó no sólo a las expresiones revolucionarios, sino a cualquier movimiento que se propusiera un cambio igualitario de la sociedad. De esta manera, las FFAA adoptaron el concepto de “guerra sucia” o “guerra contrainsurgente” para un conflicto que los forzaba a asumir el control del gobierno y constituirse como auténticos ejércitos de ocupación en sus propios ámbitos nacionales, institucionalizando el terror como mecanismo de represión interna95.

Generalización de los dispositivos de control y vigilancia social

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Ibíd. Pág. 50 Las otras cinco transformaciones que refiere Rico y que hemos comentado en distintos apartados son: 1. La función policial del estado se impone sobre su faz legal y garantista; 2. Se impone una dinámica estatal de criminalización y victimización sobre la sociedad; 3.La codigopenalización de la Constitución y el establecimiento permanente de las MPS así como la subordinación de amplios sectores de la justicia civil bajo la órbita de la justicia militar. 4. La “política representativa” se prolonga en un continuum con la guerra interna bajo la lógica del amigoenemigo. 5. La construcción estatal de una lógica de la sospecha, la vigilancia y la delación que redefine las pautas cotidianas de sociabilidad entre los uruguayos. Ibíd. 94 Ibíd. Pág. 52 95 Daniel Feierstein, “Guerra, genocidio, violencia política y sistema concentracionario en América Latina” en Daniel Feierstein y Guillermo Levy (comps.), Hasta que la muerte nos separe. Poder y prácticas sociales genocidas en América Latina, Buenos Aires, Ediciones al Margen, 2004. 93

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Durante la dictadura uruguaya se implementaron un conjunto de dispositivos para la “vigilancia social” que configuraron una “sociedad controlada”96 que llevó al aislamiento y la autocensura-el insilio-. Desde la década del `30, en el marco de la “Guerra Fría” los servicios de inteligencia ya desarrollaban tareas de infiltración y recopilación de información sobre organizaciones, intelectuales y movimientos, pero a fines de 1960 estás prácticas asumieron un carácter novedoso por su expansión cuantitativa y cualitativa. Especialmente entre los años 1975 y 1979 el sistema de vigilancia y control sobre la sociedad y las personas por parte del estado fue general, profesional y sistemático desplegándose sobre todos los aspectos de la realidad y afectando al conjunto de la población uruguaya, lo que permite identificar este período de cuatro años como el momento de consolidación de la tendencia totalitaria de la dictadura. Los medios de comunicación, -las publicaciones, las radios, la televisión- fueron censurados recibiendo sanciones, suspensiones y clausuras. Todas las actividades artísticas y culturales recibían un detallado seguimiento y correspondía a una “Comisión de Censura” determinar si se podía o no realizar dicha actividad. Por su parte, un conjunto de escritores y músicos estaban “prohibidos” por ser considerados “subversivos” de modo que no se permitía su difusión. En relación a la educación, se implementaron estrictas supervisiones y controles por parte del gobierno militar que incluyeron licenciamientos masivos. Todos los niveles –primario, secundario, universitario y técnico- como los públicos y los privados quedaron bajo la órbita militar. La enseñanza privada a partir de 1975 empezó a ser regimentada con una serie de medidas que reglamentaron el estatuto de profesores y las materias que se debían dictar. La UDELAR –Universidad de La República, única institución estatal en el país-, gozaba de plena autonomía desde 1958; dentro de ella se habían desarrollado fuertes procesos de politización de la juventud, y se había convertido en un importante ámbito de denuncia de las políticas económicas impulsadas por los gobiernos desde la década del `60, así como las violaciones a los derechos humanos y el progresivo autoritarismo del sistema político. En septiembre de 1973, luego de que en las elecciones de autoridades de la universidad opositores a la dictadura triunfasen por abrumadora mayoría, una bomba explota en una de las facultades, lo que motiva su intervención. El Rector, los decanos y cientos de estudiantes fueron detenidos y procesados por la Justicia Militar. Tras la visita de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a Uruguay en 1981 se realizó el siguiente informe en relación a la enseñanza: “Centenares de educadores así como las autoridades de enseñanza fueron despedidos, encarcelados u obligados a emigrar y fueron reemplazados por personas de confianza del gobierno. Los programas de estudio fueron modificados y las ciencias sociales y políticas en particular carecen hoy de contenido. Comenzando desde el nivel primario, se enseña en las clases temas sobre moral y democracia basados en el nuevo modelo político, social e institucional que los militares buscan establecer, conformando así una nueva sociedad no pluralista."97

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Álvaro Rico (Coord.) Investigación Histórica…, Tomo II, Pág. 431 Servicio Paz y Justicia, Pág. 45

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Como hemos señalado, durante el primer gobierno dictatorial con Bordaberry al frente, las FFAA pasaron a controlar y gestionar los ámbitos más importantes del sector público, los ministerios98 y los cargos políticos. De acuerdo a lo reseñado en el Informe del SERPAJ en ése momento el estado uruguayo empleaba más de 200.000 personas (el 25% de la PEA) sobre una población de 2.700.000 habitantes. Según el “Acto Institucional Nº7” todos los empleados públicos quedaban “a disponibilidad” del personal militar a cargo para avanzar sobre una significativa reducción del personal; de esta manera el gobierno podía despedir a cualquier empleado estatal si éste no podía incorporarse en otra dependencia pública y las nuevas designaciones eran de carácter provisional por el lapso de un año, luego del cual podía no renovarse sin justificación. El control militar de la administración pública suscitó una serie de conflictos debido a la ruptura de las jerarquías administrativas previas, y en casi todas las dependencias públicas coexistieron dos autoridades militares diferentes: una se encargaba de las funciones estrictamente administrativas y otras, del control político de los funcionarios y de la “depuración ideológica”. Todos los trabajadores de la administración estatal (incluida la enseñanza) debían obtener un “certificado de fe democrática” que acreditaba su adhesión a los promovidos por la dictadura militar y que era expedido por la policía. Así, todos los uruguayos fueron clasificados en categorías A, B o C de acuerdo a sus antecedentes policiales y militares y de ello dependía su ingreso o permanencia en un cargo público y también privado según fueran empresas de relevancia: “Se daba así una especie de muerte laboral y hasta civil a las miles de personas que en el pasado -sin importar límites de tiempo-, hubieran tenido algún "antecedente" (letra "B” o "C".)99 Esta “muerte laboral” y en el extremo la “muerte civil” configuró uno de los mecanismos más generalizados de control social desplegados por la dictadura. Fue además una de las razones –junto con las formas “directas” de persecución política- del exilio al que se vieron obligados cientos de miles de uruguayos. En una sociedad que se había caracterizado por un escaso desarrollo de los valores castrenses la “dominación militar penetró en el ámbito de la vida privada, de lo cotidiano de las interacciones sociales o familiares, pretendiendo atomizar el tejido de las relaciones sociales en su conjunto”100. A partir de la renuncia de Bordaberry en 1976 y tras el breve interregno de Demicheli, el nuevo dictador designado por las FFAA el “Blanco” Aparicio Méndez se profundizó la “militarización del Estado” que los propios militares intentaron definir como “institucionalización del proceso revolucionario” según el cual se fundaba una nueva institucionalidad que se instalaría en etapas sucesivas. Estas medidas fueron implementándose 98

Si bien, formalmente la titularidad de los Ministerios –salvo Defensa e Interior- quedaron en manos de Civiles, en los hechos su conducción estaba a cargo de personal militar que estaban designados en cargos secundarios. Ibíd. 99 Ibíd. Pág. 45 100 “A vía de ejemplo, quien solicitaba su pasaporte o su renovación, se veía sometido a una prolongada espera puramente arbitraria, a concurrir reiteradas veces por la negativa oficial a entregarle la documentación, o simplemente no se la entregaban. Cualquier acto eleccionario en la vida privada, como el de una asociación profesional, un club deportivo o la mera designación de una comisión administradora de un edificio comunitario (de propiedad horizontal), debía ser precedido de ciertas formalidades impuestas por la vía de los hechos, que consistían en enviar la lista con los nombres de los candidatos o personas designadas a la Jefatura de Policía, para que allí se aprobase, pasando por la depuración ideológica y política, y ser finalmente aprobada o rechazada.” Ibíd. Pág. 44

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mientras aumentaban las presiones internacionales sobre Uruguay para que modificara su situación política. Los militares tenían previsto plebiscitar una nueva Constitución en 1980, realizar elecciones con candidato único al año siguiente y para 1986 realizar nuevas elecciones con dos candidatos y la exclusión de los considerados marxistas. En este sentido, y retomando lo dicho en la primera parte de este trabajo, sostenemos que las practicas de control y vigilancia a las que se sometió a la sociedad uruguaya, deben ser inscriptas en una lógica de poder normalizador, que opera a partir de la inclusión, la clasificación y la fijación de los sujetos de manera continua e ininterrumpida. Junto con el encarcelamiento masivo configuran, un dispositivo de control social que respondía a una tecnología de gobierno que se configuró como tal mucho antes de la dictadura. Las modalidades autoritarias, no fueron el resultado de la decadencia del sistema democrático uruguayo, sino que constituyeron una estrategia de gobierno que tendió al disciplinamiento social y al reconocimiento de la figura del Estado por encima de cualquier colectivo social que pretendiera representar intereses contrapuestos.

Vigilancia, Insilio y delación Los mecanismos de vigilancia social tuvieron un alcance generalizado y capilar sobre amplios aspectos de la vida cotidiana, cuyo objetivo fue controlar todas las actividades que “nucleaban a grupos de personas.”101 Estas prácticas estatales fueron construyendo el insilio: una clausura de los espacios públicos restringiendo todo tipo de reunión, acto o festival para los cuales se requería una autorización previa y a los que asistían equipos de inteligencia que realizaban tareas de control y supervisión de dicha actividad. El nivel de control y supervisión sólo adquiere la dimensión justa recurriendo a casos que ejemplifiquen el carácter que éste asumió extendiéndose a un conjunto de ámbitos sociales que muy difícilmente pudieran haberse vinculado -incluso indirectamente- con acciones de disidencia política frente al régimen de facto. Así, el informe de UDELAR releva datos sobre inspecciones realizadas durante asambleas de la “Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol”, la “Sociedad Unión de Vendedores de Carne”, el “Club Armenio” y otras instituciones sociales de características similares. En cada una de las inspecciones realizadas, las autoridades confeccionaban extensos informes donde daban cuenta de todo lo sucedido, prestando especial atención a cualquier manifestación de disidencia. Ahora bien, esta modalidad de control y vigilancia social se configuró a partir de un dispositivo que no fue puramente estatal, sino que tuvo como condición de posibilidad para su desarrollo la instalación de determinadas conductas sociales sostenidas por los mismos ciudadanos. Como señalan Carla y Fabiana Larrobla, “El uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado no puede comprenderse sin cierto cuota de consentimiento por parte de la sociedad civil.”102¿Cómo fue posible que ciudadanos uruguayos asumieran la tarea de sospecha y delación de sus pares?

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Álvaro Rico (Coord.) Investigación Histórica… Pág. 432 Carla Larrobla y Fabiana Larrobla, La sociedad vigilada. Prácticas y miedos de una sociedad en dictadura. Ponencia presentada en las Segundas Jornadas de Historia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo, 2008. Disponible en http://riehr.com.ar/archivos/Investigacion/Ponencia_Carla_y_Fabiana_Larrobla.pdf Pág. 1. 102

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Unas de las consecuencias más importantes de la operatoria represiva fue el intento significativamente exitoso de clausurar formas de solidaridad a partir de la generalización del miedo y el “encierro de las familias y personas sobre sí.” Pero además, otra dimensión relevante del comportamiento social como consecuencia de las acciones terroristas impuestas desde el estado fue la imposición de prácticas de delación. Es significativo destacar que la cuestión de la “colaboración” de la población con la dictadura a partir de la delación, excedió la pura adhesión al gobierno militar. Debe analizarse como uno de los efectos sociales producidos por la generalización de la lógica del miedo103 que determinó prácticas sociales e individuales caracterizadas por la parálisis y el disciplinamiento de las conductas. Se trató entonces de un “consentimiento” que sólo se puede explicar como uno de los efectos disciplinantes de la instrumentalización del terror. La práctica de la delación –sostiene Feierstein- se funda sobre una ambigüedad: “La ambigüedad está en que nunca se termina de definir, aunque quede quizá suficientemente claro para cada sujeto, dónde está el límite de la persecución a las prácticas; es decir, dónde comienza una práctica que puede ser motivo de persecución. (…) una de las formas de luchar contra su estigma comienza a ser que cada sujeta sea quien señale esa práctica en otro.”104

Para el caso uruguayo, el mecanismo de la delación operó a partir de denuncias por carta o llamados telefónicos anónimos que activaban complejos dispositivos de control y vigilancia sobre las personas que habían sido denunciadas y que podían terminar con el allanamiento a su casa, la detención y el interrogatorio de él o de sus familiares. El informe de UDELAR documenta la recepción de una carta anónima en la Jefatura policial de Montevideo: “(…) Señores, de mi consideración: Acusando las reiteradas solicitudes de colaborar con las FF.AA y por creer un deber insoslayable de todo patriota, hacerlo, los pongo en conocimiento de lo siguiente: MF, sobrina del actual procesado AF, domiciliada en (…) estudiante de la Facultad de Medicina, se dedica a distribuir panfletos y volantearlos a su vez. La sorprendí pegando en la cisterna de un baño, un comunicado tupamaro, con su respectiva estrella al pie. No la conozco personalmente, pero por su juventud y por su reciente ingreso a esta facultad, les reitero que es mi deber, no solo ayudar a desbaratar esta plaga, sino también sacar a esta señorita del mal camino. Firma: Una estudiante patriota”105.

La delación como práctica social se volvió un poder constituyente de nuevas relaciones que quebraron las identidades subjetivas y anularon aquellos vínculos basados en la solidaridad de pares, en tanto la asunción de la condición de delator suponía el reconocimiento del “otro” como un potencial delator. “La reciprocidad queda de este modo totalmente quebrada. El par pasa a ser el enemigo y el poder institucional el aliado. El mecanismo de la delación logra esta inversión en las

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Ver Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social… Ob. Cit., Álvaro Rico (Coord.) Investigación Histórica…y Carla Larrobla y Fabiana Larrobla, Ob. Cit. 104 Ibíd. Pág. 130 105 Alvaro Rico (Coord.) Investigación histórica… Pág. 555.

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relaciones sociales a través de la naturalización del poder y la cosificación del par como 106 enemigo (…)”

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Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social… Ob. Cit. Pág. 133

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PALABRAS FINALES

Violencia estatal, exclusión y clausura de relaciones sociales. En este trabajo nos propusimos explorar las características de la represión en Uruguay durante la última dictadura militar, a partir de lo que constituyó su principal modalidad: el encarcelamiento masivo y prolongado. Nos interesaba abordarlo en tanto dispositivo que clausuró un conjunto de relaciones sociales contestatarias; de redefinición y reorganización de los lazos sociales, a partir de la articulación de prácticas de control que tuvieron como forma paradigmática la cárcel, pero que la trascendieron, proyectándola sobre el conjunto social. La policialización del Estado y la generalización de las formas de vigilancia social, sostenidas por la práctica de la delación-, deben ser inscriptas en un continuo de prácticas de de control que, articulándose con el encarcelamiento masivo, configuraron una modalidad particular de ejercicio del poder punitivo. Como hemos señalado, las formas de castigar se inscriben dentro de los procedimientos de poder y las tecnologías de gobierno de las que son parte. En Uruguay se configuró un diagrama de poder normalizador que operó a partir del marcaje, la inclusión y la fijación en un meticuloso ejercicio continuo e ininterrumpido del control autoritario y capilar. Su despliegue no expresó la decadencia del sistema políticoinstitucional uruguayo, ni un desvío en el ejercicio de una tradición democrática bien aceitada, y mucho menos, al abandono de prácticas gubernamentales basadas en el consenso y la negociación como forma de resolución de conflictos. El recurso de la violencia y las prácticas de coerción estatales fueron aplicados por los partidos políticos tradicionales de modo sistemático en el Uruguay durante la segunda mitad del siglo XX como forma de mantener un ordenamiento social y político en beneficio de sus intereses. Las medidas prontas de seguridad constituyeron una de las herramientas principales en el ejercicio de este poder fundado en la consideración de determinadas “situaciones conflictivas” como excepcionales y por lo tanto excluidas de la norma general, pero a la vez incluidas en el ordenamiento jurídico bajo la forma de la suspensión de la norma. La definición de una situación como “excepcional” requiere de la construcción material y simbólica de un 39

“sujeto de agresión”, de un otro negativizado identificado con una amenaza y una peligrosidad. Esta práctica fue constitutiva de la dinámica político institucional de Uruguay y a partir de la década del ´60 fue asumiendo otras modalidades articulándose con nuevas acciones de represión estatal dirigidas a redefinir las formas de relación social, clausurando aquellas prácticas contestatarias. Así, sugerimos en este trabajo una articulación de dos modalidades de control que remiten a diferentes temporalidades, y que entroncan de una forma específica. El recurso de las MPS se inscribe en formas de ejercicio del control social que remiten históricamente al proceso mismo de constitución de la democracia uruguaya; el encarcelamiento masivo y prolongado como un dispositivo de poder dirigido al control de la vida social, que se monta sobre esta lógica preexistente fundada en la excepción como regla. Entendemos que en Uruguay se desplegó una tecnología de gobierno destinada a la reformulación de relaciones sociales, con características específicas y diferentes de la que prevaleció en la Argentina de la última dictadura militar. En este último caso, la modalidad reorganizadora operó por medio del aniquilamiento material y simbólico de una fracción relevante de la población en tanto personificación de cierto tipo de relaciones sociales constituyendo una práctica social genocida. En el caso uruguayo, a partir de la generalización del dispositivo carcelario por medio de prácticas de control capilar y vigilancia social, -que requirieron para su expansión de la práctica de la delación-, incluyendo acciones estatales de negativización, hostigamiento, aislamiento y debilitamiento sistemático, constituyendo una lógica reorganizadora de lo social cualitativamente distinta de aquella producida a partir del aniquilamiento de una fracción social como la práctica que realiza materialmente un genocidio.

La democracia posdictatorial. Los modos de realización simbólica El periodo que se inaugura a partir de Mayo de 1980 con el plebiscito de reforma constitucional que fue rechazado por el 58% votos, puso en evidencia la ilegitimidad de la dictadura militar. A partir de entonces, es que las Fuerzas Armadas encaran un proceso que supone la recomposición de la legitimidad de los partidos políticos tradicionales, entendiéndolos como capaces de garantizar el orden reconfigurado, a partir de las lógicas reorganizadoras que se desplegaron durante los años previos. La tarea que los partidos políticos debían encarar en tanto garantes del orden hegemónico, fue sellada en el pacto del Club Naval del que participaron los militares, el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica. Dicha “salida pactada” les permitió a las FFAA uruguayas mantener su autonomía y una serie de prerrogativas, al tiempo que fueron reconocidos tácitamente como actores políticos con capacidad de intervención de aquí en adelante. Es entonces que se inicia una nueva etapa de relaciones entre las FFAA y los partidos políticos que, si bien durante la dictadura habían sido limitados y restringidos, no habían sido completamente eliminados. Las MPS habían operado sistemáticamente como un mecanismo de reposición de la autoridad de los partidos tradicionales cuando éstos se habían visto amenazados, peligrando 40

su continuidad en el poder o desafiados por agrupamientos sociales que pretendieran representar intereses colectivos. La dictadura militar de 1973, dado el carácter asumido por las fuerzas contestatarias –sindicatos, movimientos sociales y organizaciones político-militaresimplica una forma renovada de producción y reproducción de la hegemonía tradicional de los grupos dominantes. Aquella estrategia que había contribuido a forjar el sistema político uruguayo por medio de los recursos de excepción pierde efectividad una vez producidos los efectos reorganizadores del terrorismo de Estado. El fin de la aplicación de las MPS y el lugar de los partidos políticos clásicos establece las características político-institucionales del período posdictatorial, y también es expresivo de la profundidad de las transformaciones producidas sobre el conjunto social. Las elecciones de noviembre de 1984 se realizaron con la proscripción de los líderes del Partido Nacional y del Frente Amplio, y con la proscripción del Partido Comunista. En ellas, triunfó el líder del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. Progresivamente el Frente Amplio irá rompiendo la hegemonía electoral bipartidista hasta triunfar en las elecciones presidenciales de 2005 en un proceso contradictorio dadas las propias limitaciones de este partido de centroizquierda como de las limitaciones de la democracia Uruguaya como consecuencia de una herencia dictatorial aceptada con amplia generosidad. En términos generales, diremos que las instituciones democráticas asumieron modalidades de relacionamiento social entre estado-ciudadano y entre ciudadanos mismos que son tributarias de las transformaciones producidas por la dictadura. Como sostiene Àlvaro Rico107, la democracia posdictatorial “reinstala” de un modo “degradado” y “diseminado” prácticas autoritarias que le precedieron: la violación de los derechos humanos toma la forma de una “impunidad institucional”108; los efectos del terrorismo y la tortura sistemática se expresan en la cotidianeidad de la violencia y la desvalorización de la vida; la “guerra interna” se prolonga simbólicamente en un discurso que criminaliza la sociedad y pone el centro en la cuestión de la “seguridad ciudadana”; la figura del “otro” que instala la dictadura personificada en el “delincuente subversivo” hoy toma la forma del “delincuente común” justificando la necesidad de un “estado policial”; las nuevas dimensiones de la pobreza y la marginación son sedimentación de la segmentación y segregación espacial del cuerpo social, resultado de la escisión entre estado y sociedad desde la dictadura. Una última dimensión relevante de la forma de la democracia posdictatorial refiere al uso político que el Estado ha hecho de la historia reciente. El relato sobre el golpe de estado y la dictadura ha “(…) operado como un mecanismo de aseguramiento del orden político institucional en el Uruguay posdictadura” trabajando sobre “(…) sus representaciones y símbolos para transformarlos en argumentos de autoridad política y disciplinamiento de la

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Álvaro Rico, Prácticas estatales…Ob. Cit. Este es el caso de la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Tal como sostiene Pamela Morales, “La violación de los derechos humanos en el régimen autoritario (1968-1973) y dictatorial, (1973-1985), persiste en democracia como fenómeno de la impunidad institucional” En Daniel Feierstein y Guillermo Levy (comps.), Hasta que la muerte nos separe. Poder y prácticas sociales genocidas en América Latina, Buenos Aires, Ediciones al Margen, 2004.Pág. 164

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sociedad”109 Este procedimiento puede ser comprendido como una práctica de realización simbólica en la medida en que realizan “(…) en el ámbito simbólico e ideológico, en los modos de representar y narrar dicha experiencia traumática.” 110 De esta manera desde el estado se pretende clausurar y construir nuevos modos de relación social a partir de una reinterpretación del pasado en clave conservadora: “Asimismo, la conversión de la dictadura en un signo de lo real-acontecido invierte la secuencia del proceso de transición. Así, el proceso histórico real que fue de la dictadura a la democracia, es sustituido por una secuencia imaginaria que puede ir de la democracia a la dictadura. Ello reinstala en el imaginario de los uruguayos la posibilidad de un golpe de Estado “segundo” (como símbolo, farsa o acumulación), si se repiten determinadas prácticas sesentistas que desembocaron en el golpe de estado “primero” (como realidad y 111 tragedia).”

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Ibíd. Pág. 159. Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social… Ob. Cit. Pág. 237 111 Álvaro Rico, Cómo nos dominan… Ob. Cit. Pág. 120. 110

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