MEXICO, D.F., MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2006

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DIARIO DE LOS DEBATES DE LA CAMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AÑO I

Primer Periodo Ordinario

LX Legislatura

NUM. 28

SESION PUBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2006 SUMARIO APERTURA

Pág. 5

- Lista. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

SECRETARIA DE GOBERNACION

Pág. 8

Remite: - Nombramientos de Empleados Superiores de Hacienda, con efectos a partir del 1° de diciembre de 2006. - Nombramiento del Procurador General de la República. - Treinta y tres hojas de servicios para ratificación de diversos grados militares. - Segundo Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, del 8 de diciembre de 1997, firmado en la ciudad de México, el 29 de noviembre de 2006.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Pág. 10

- Remite publicación electrónica intitulada “Memoria de la participación de México como Miembro no Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2002-2003”.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pág. 10

- Remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal correspondientes al mes de octubre de 2006; recaudación federal participable; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de octubre de 2006; e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de octubre de 2006.

COMUNICACION

Pág. 10

- De los CC. Presidente y Secretario del municipio de Tecate, B.C., por la que solicitan que éste sea considerado en una partida especial única en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2007, orientada a rescatar su situación financiera.

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LEGISLATURAS

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- La del Congreso del Estado de Guerrero por la que remite los siguientes Acuerdos: • Por el que solicita gestionar mayores recursos públicos para ese estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2007. • Por el que exhorta a diversas autoridades a suspender el incremento del precio a la gasolina premium, el diesel y la leche.

COMUNICACION

Pág. 11

- Del C. Presidente de la Cámara de Diputados por el que solicita, a partir de la queja enviada, comunicar a la Asamblea del Senado que en ningún momento recibió solicitud verbal o escrita para permitir el acceso del C. Senador Pablo Gómez Alvarez al recinto legislativo de San Lázaro. Intervienen al respecto los CC. Senadores Ricardo Monreal Avila, Alejandro Zapata Perogordo y Tomás Torres Mercado.

CAMARA DE DIPUTADOS

Pág. 13

- Remite Acuerdo por el que expresa su voluntad de avanzar en el análisis de las reformas que fortalezcan la garantía fundamental del derecho a la información.

COMUNICACIONES

Pág. 13

- Del C. Senador Heriberto Félix Guerra, del grupo parlamentario del PAN, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 5 de diciembre de 2006. - De la Comisión de Justicia, con el que remite dictamen en sentido negativo a 22 diferentes puntos de Acuerdo y solicita se descarguen de sus registros. - Del C. Senador Ricardo García Cervantes, a nombre de la Delegación Mexicana ante la V Asamblea plenaria del Foro Interparlamentario de las Américas, con la que remite su informe de actividades.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION X DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Pág. 19 (Presentada por el C. Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD) - Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

INTERVENCIONES

Pág. 25

- Para referirse a la toma de posesión del Presidente de la República el 1° de diciembre de 2006, los CC. Senadores Carlos Navarrete Ruiz, Dante Delgado Rannauro, Francisco Agundis Arias, Pedro Joaquín Coldwell, José González Morfín, Gabino Cué Monteagudo, Alfonso Sánchez Anaya, María Teresa Ortuño Gurza, Leonel Godoy Rangel, Alejandro Zapata Perogordo, Pablo Gómez Alvarez, Federico Döring Casar, Tomás Torres Mercado, Rosario Green Macías, Salomón Jara Cruz, Arturo Núñez Jiménez, Francisco Castellón Fonseca y Alejandro González Alcocer.

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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE PRECIOS COMPETITIVOS Pág. 58 (Presentada por los CC. Senadores Carlos Navarrete Ruiz, Dante Alfonso Delgado Rannauro y Alejandro González Yáñez, a nombre de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia y del Partido del Trabajo) - Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY FEDERAL DE AMNISTIA Y RECONCILIACION CON MOTIVO DEL CONFLICTO EN EL ESTADO DE OAXACA Pág. 67 (Presentada por el C. Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD) - Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Pág. 70

(Presentada por la C. Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD) - Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera.

PROPUESTAS

Pág. 75

- Del C. Senador Silvano Aureoles Conejo, a nombre propio y de la Comisión de Recursos Hidráulicos, la que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, se considere el aprobar un incremento sustancial en el presupuesto de las partidas destinadas al sector hidráulico. - Del C. Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del PRD, la que contiene punto de Acuerdo relativo a la asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para las Universidades Públicas y el financiamiento de la educación en el país. - Del C. Senador Arturo Herviz Reyez, del grupo parlamentario del PRD, la que contiene punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 se constituya el Fondo de Compensaciones del sector Agropecuario para enfrentar los daños causados por el TLCAN. - Del C. Senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del grupo parlamentario del PRD, la que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial con la finalidad de analizar el Megaproyecto Portuario Punta Colonet. - De los CC. Senadores Antonio Mejía Haro y Claudia Sofía Corichi García, del grupo parlamentario del PRD, la que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados para que de manera urgente y coordinada con la Universidad Autónoma de Zacatecas, se implementen acciones concretas y definitivas para el rescate financiero de esa institución.

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- Del C. Senador Lázaro Mazón Alonso, del grupo parlamentario del PRD, la que contiene punto de Acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un incremento al subsidio federal ordinario en el Presupuesto de 2007 para la Universidad Autónoma de Guerrero. - Del C. Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PRD, la que contiene punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que revise y regule el alza de precios en productos de consumo básico, como las medicinas. - Del C. Senador Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD, la que contiene punto de Acuerdo relativo a exhortar a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2007, se considere el aprobar una partida especial que apoye el rescate de la cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán. - Del C. Senador Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del PRD, la que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2007 se consideren y aprueben los recursos a los programas, obras y acciones del PEF 2006, que aún cumpliendo los requisitos se verán afectados total o parcialmente por el ajuste presupuestal realizado al ejercicio fiscal 2006. - Del C. Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del grupo parlamentario del PRD, la que contiene punto de Acuerdo relativo a la situación de las personas detenidas en el estado de Oaxaca y trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social número 4, ubicado en el estado de Nayarit. - De la C. Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del grupo parlamentario del PRD, la que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores se haga un reconocimiento al gobierno de Cuba, por la participación de maestros y médicos cubanos en el estado de Oaxaca que ha tenido una repercusión favorable en la población de ese estado. - De los CC. Senadores Lázaro Mazón Alonso, Alfredo Rodríguez y Pacheco y Guillermo Tamborrel Suárez, integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la que contiene punto de Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 se priorice a la población más vulnerable, especialmente las personas con discapacidad. - Del C. Senador Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario del PRD, la que contiene punto de Acuerdo sobre la investigación del patrocinio a promocionales en medios electrónicos contra legisladores de la LX Legislatura. - Del C. Senador Ricardo Torres Origel, del grupo parlamentario del PAN, la que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a considerar un incremento en el presupuesto a asignar al rubro de la infraestructura destinada a la educación, y para que en su aplicación se cumpla con la normatividad en materia de calidad de ese tipo de obras, procurándose el mantenimiento necesario para su conservación. - Del C. Senador Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del PAN, la que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo General del Instituto Federal Electoral y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a reducir las prerrogativas públicas de los partidos políticos con registro nacional. - Del C. Senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, la que contiene punto de Acuerdo para solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 se asignen recursos presupuestales suficientes, a fin de garantizar el desarrollo sustentable del estado de Oaxaca, en particular del desarrollo de la infraestructura de los sectores carretero, hidráulico y urbano.

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EXCITATIVA

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Pág. 107

- Del C. Senador Leonel Godoy Rangel, en relación con la minuta con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

CITA

Pág. 109

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR FRANCISCO ARROYO VIEYRA APERTURA - El C. Presidente Francisco Arroyo Vieyra: (12:06 horas) Se ruega a la Secretaría informe a esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores, para conocer si existe el quórum reglamentario. Aceves del Olmo Carlos, Aguilar Coronado Marco Humberto, Aguirre Rivero Angel Heladio, Agundis Arias Francisco, Alonso Díaz Caneja Angel, Andrade Quezada Humberto, Arce Islas René, Arroyo Vieyra Francisco Agustín, Aureoles Conejo Silvano, Baeza Meléndez Fernando, Bautista López Héctor Miguel, Beltrones Rivera Manlio Fabio, Berganza Escorza Francisco Xavier, Bueno Torio Juan, Calderón Centeno Sebastián, Calzada Rovirosa José Eduardo, Camarillo Ortega Rubén, Cantú Segovia Eloy, Castellón Fonseca Guadalupe Francisco Javier, Castro Trenti Fernando Jorge, Contreras Sandoval Eva, Coppola Joffroy Luis Alberto, Corichi García Claudia Sofía, Cortés Mendoza Marko Antonio, Creel Miranda Santiago, Cué Monteagudo Gabino, Delgado Rannauro Dante, Díaz Ochoa Jaime Rafael, Dorador Pérez Gavilán Rodolfo, Döring Casar Federico, Dueñas Llerenas Jesús, Elías Serrano Alfonso, Elizondo Barragán Fernando, Escobar y Vega Arturo, Félix Guerra Heriberto, Galindo Noriega Ramón, Galván Rivas Andrés, García Cervantes Ricardo Francisco, García Zalvidea José Luis Máximo, Godoy Rangel Leonel, Gómez Alvarez Pablo, Gómez Tueme Amira Griselda, González Aguilar Nelly, González Alcocer Alejandro, González González Felipe, González Morfín José, González Yáñez Alejandro, Green Macías Rosario, Guadarrama Márquez José, Hernández García Ramiro, Hernández Ramos Minerva, Herrera León Francisco, Herviz Reyez Arturo, Jara Cruz Salomón, Jiménez Macías Carlos, Joaquín Coldwell Pedro, Labastida Ochoa Francisco, Laviada Molina Hugo, Leal Angulo Augusto César, Legorreta Ordorica Jorge, Lobato Campos José Luis, López Hernández Rosalinda, López Valdez Mario, Lozano de la Torre Carlos, Madero Muñoz Gustavo Enrique, Mazón Alonso Lázaro, Mejía González Raúl José, Mejía Haro Antonio, Menchaca Castellanos Ludivina, Mendoza Garza Jorge, Monreal Avila Ricardo, Morales Flores Melquiades, Moreno Cárdenas Rafael Alejandro, Moreno Uriegas María de los Angeles, Moreno Valle Rosas Rafael, Muñoz Gutiérrez Ramón, Murillo Karam Jesús, Nava Bolaños Eduardo Tomás, Navarrete Ruiz Carlos, Núñez Jiménez Arturo, Obregón Espinoza Francisco Javier, Ocejo Moreno Jorge Andrés, Ochoa Guzmán Rafael, Ortega Bernés Fernando Eutimio, Ortuño Gurza María Teresa, Padres Elías Guillermo, Polevnsky Gurwitz Yeidckol, Ramírez Garrido Abreu Graco, Ramírez López Heladio Elías, Ramírez Núñez Ulises, Ramón Valdés Jesús María, Rivera Cisneros Leticia, Rojo e Incháustegui María, Ruiz del Rincón Gabriela, Sacramento Garza José Julián, Sánchez Anaya Alfonso Abraham, Saro Boardman Ernesto, Sosa Govea Martha Leticia, Sotelo García Carlos, Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos, Toledo Infanzón Adolfo, Torres Mercado Tomás, Torres Origel Ricardo, Trejo Reyes José Isabel, Velasco Coello Manuel, Villarreal García Luis Alberto, Walton Aburto Luis, Ybarra de la Garza Rosario, Zapata Perogordo José Alejandro, Zoreda Novelo Renán Cleominio. - La C. Secretaria Ludivina Menchaca Castellanos: Honorable Asamblea, de acuerdo al sistema electrónico de votación, informo que se encuentran presentes 118 ciudadanos Senadores. Asistencia registrada fuera del sistema electrónico: Anaya Gutiérrez Alberto, Anaya Llamas José Guillermo, Castelo Parada Javier, González Carrillo Adriana, Govea Arcos Eugenio, Montenegro Ibarra Gerardo, Rueda Sánchez Rogelio y Rivera Pérez Adrián.

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Senadores en comisión oficial: Cota Cota Josefina, Díaz Delgado Blanca Judith, Jiménez Rumbo David, Pacheco Rodríguez Ricardo Fidel, Peredo Aguilar Rosalía y Rodríguez y Pacheco Alfredo. Senadores con aviso de inasistencia: Pérez Plazola Héctor (inasistencia autorizada), Velázquez López Rubén Fernando (inasistencia autorizada). Senadores ausentes: Orantes López María Elena y Orozco Gómez Javier. En consecuencia, hay quórum, señor Presidente. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Se abre la sesión. El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. “ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL MIERCOLES VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS PRESIDE EL SENADOR FRANCISCO ARROYO VIEYRA En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas cincuenta y tres minutos del día miércoles veintinueve de noviembre de dos mil seis, encontrándose presentes ciento diecinueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución. (Acta de la sesión anterior) Se aprobó en votación económica el acta de la sesión ordinaria celebrada el martes veintiocho de noviembre de dos mil seis. (Comunicaciones) Se recibió del Poder Ejecutivo Federal, iniciativa de Decreto que expide la Ley Reglamentaria del párrafo quinto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera. (Comunicaciones) Se recibió del Poder Ejecutivo Federal, iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 3 del Decreto que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar en representación del gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Hacienda y Crédito Público. (Comunicaciones) Se recibió del Poder Ejecutivo Federal, iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el diverso que establece las características de las Monedas Conmemorativas del “500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. (Comunicaciones) Se recibió del Poder Ejecutivo Federal, iniciativa con proyecto de Decreto que establece las características de la Séptima Moneda de Plata Conmemorativa del “Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

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(Comunicaciones) Se recibió del Congreso del Estado de Guanajuato, Acuerdo por el que se adhiere al similar de las Cámaras de Diputados y de Senadores para que retorne la normalidad y la tranquilidad en el estado de Oaxaca.- Quedó de enterado. (Comunicaciones) Se recibió del Congreso del Estado de Morelos, Acuerdo por el que reprueba terminantemente el uso de la violencia como medio de expresión de las divergencias ideológicas, y exhorta a pronunciarse a favor de la paz y en contra de la violencia.- Quedó de enterado. (Comunicaciones) Se dio cuenta con comunicación de la Senadora Amira Gómez Tueme, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que presenta observaciones a la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Armas de Fuego, Explosivos y Pirotecnia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Gobernación; de Justicia; de Marina; y de Estudios Legislativos. (Comunicaciones) Se dio cuenta con comunicación de la Comisión de Puntos Constitucionales, por la que informa de la aprobación del dictamen que rechaza el punto de Acuerdo del Congreso del Estado de Aguascalientes que propone reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- La Presidencia instruyó descargar la propuesta de los registros correspondientes, darlo como asunto concluido y hacerlo del conocimiento del Congreso de Aguascalientes. (Protesta de ciudadanos Senadores) Rindió protesta de ley el Senador Hugo Antonio Laviada Molina, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, suplente de la Senadora María Beatriz Zavala Peniche. La Presidencia declaró un receso a las trece horas. (Dictámenes a discusión) Se reanudó la sesión a las veinte horas doce minutos. Se puso a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Marina, con punto de Acuerdo por el que se ratifica al ciudadano Raúl Santos Galván Villanueva, como Almirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor.- Sin discusión, se aprobó en votación económica. (Intervenciones de ciudadanos Senadores) El Senador René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se refirió a los hechos ocurridos el día 28 de noviembre en la Cámara de Diputados. Para el mismo asunto hicieron uso de la tribuna los Senadores Jesús Murillo Karam, quien presentó propuesta de Acuerdo en relación a la celebración de la sesión de Congreso General del 1 de diciembre de 2006, relativa a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; y Pedro Joaquín Coldwell, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Continuaron sobre el tema inicial los Senadores Dante Delgado, del grupo parlamentario del Partido Convergencia; Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Jorge Ocejo Moreno, María Teresa Ortuño Gurza, Rubén Camarillo Ortega, José González Morfín, Fernando Elizondo Barragán y Humberto Aguilar Coronado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Graco Ramírez Garrido Abreu, Arturo Núñez Jiménez, Ricardo Monreal Avila, Pablo Gómez Alvarez y Leonel Godoy Rangel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La propuesta de Acuerdo presentada por el Senador Jesús Murillo Karam no se aprobó. Se emitieron 41 votos en pro y 50 en contra.

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La Presidencia informó que las comisiones de cortesía para la Ceremonia del día 1° de diciembre serían comunicadas mediante oficio y dio por concluida la sesión a las veintidós horas cincuenta y ocho minutos, citando a sesión de Congreso General el próximo 1° de diciembre, y a sesión ordinaria el próximo martes cinco de diciembre a las once horas. Sen. Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente.- Sen. Claudia Sofía Corichi García, Secretaria.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria”. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día, por lo que consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse. - La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. (La Asamblea asiente) Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. (La Asamblea no asiente) Aprobada el acta, señor Presidente. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.

SECRETARIA DE GOBERNACION - La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite nueve nombramientos de Empleados Superiores de Hacienda, con efectos a partir del 1° de diciembre de 2006. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente. - El C. Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: (Desde su escaño) Señor Presidente. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Senador Gustavo Madero, ¿con qué objeto? - El C. Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: (Desde su escaño) Señor Presidente, para comentar el turno, analizando las ratificaciones similares anteriores, solamente han sido turnadas a la Comisión de Hacienda y no a la de Estudios Legislativos; a Hacienda, como se propone. Mi petición es que pueda mantenerse esa costumbre, con el objeto de darle celeridad al trámite. Es básicamente la reconsideración, señor Presidente. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Le informo, señor Senador, que el asunto fue tratado el día de hoy en reunión de Mesa Directiva. Y a esta conclusión llegamos en cuanto al turno. La facultad es exclusivamente de la Presidencia de la Cámara; el Presidente de la Cámara decidió colegiarlo con la Mesa y llegamos a esta conclusión. Sin embargo, le ofrezco tratar el asunto en la próxima reunión de Mesa Directiva, y de ser así, corregir el turno. En tanto, mantenemos éste vigente. - El C. Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

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- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar lectura a oficio de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. - La C. Secretaria Menchaca Castellanos: (Leyendo) “C. Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión Presente. Con fundamento en lo dispuesto por las fracciones VIII y XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de conformidad con lo establecido en el apartado A, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República, tuvo a bien designar al ciudadano licenciado Eduardo Medina-Mora Icaza, como Procurador General de la República. Por lo anterior, ruego a usted se sirva someter a la aprobación de este órgano legislativo, la ratificación del nombramiento del ciudadano Medina-Mora Icaza. Anexo al presente, el original del escrito mediante el cual el ciudadano Presidente de la República, comunica a esta Cámara de Senadores la citada designación, asimismo, copia de los datos curriculares del referido ciudadano. Agradezco la atención que conceda a la presente, y le reitero mi consideración respetuosa. Atentamente El Subsecretario Dionisio A. Meade y García de León”. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Honorable Asamblea, por la trascendencia del cargo que se propone ratificar y la importancia de las funciones que le corresponde realizar de inmediato, en ejercicio de las atribuciones que el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General concede a esta Presidencia, se turnó de inmediato y directamente a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera el nombramiento referido a efecto de iniciar el proceso de ratificación que dispone el Apartado “A” del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí, Senador Alejandro Zapata Perogordo? - El C. Senador Alejandro Zapata Perogordo: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo nada más quisiera preguntarle cuál es el criterio que está utilizando la Mesa Directiva para turnar todos los asuntos a la Comisión de Estudios Legislativos, Primera; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, no envía nada. Yo pensé que seguían un orden específico, pero por lo que me estoy dando cuenta no existe, entonces yo sí quisiera que nos explicara, cuando menos para tener mayores elementos, cuál es el criterio de esos turnos. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Le ofrezco comentarlo y darle una satisfacción amplia. Lo que esta Presidencia le puede comentar, señor Senador, es que hay la idea y el interés de todos de que la ratificación se produzca a la brevedad. Continúe la Secretaría. - La C. Secretaria Menchaca Castellanos: También de la Secretaría de Gobernación se recibieron oficios con los que se remiten 33 hojas de servicios para ratificación de diversos grados militares. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional para sus efectos correspondientes.

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- La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remite Segundo Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por la otra, del 8 de diciembre de 1997, firmado en la ciudad de México el 29 de noviembre de 2006. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; y de Comercio y Fomento Industrial, para su análisis y dictamen correspondiente. Continúe la Secretaría.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES - La C. Secretaria Claudia Sofía Corichi García: De la Secretaría de Relaciones Exteriores se recibió la publicación electrónica intitulada “Memoria de la Participación de México como Miembro no Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2002-2003”. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Asamblea queda debidamente enterada. Remítase copia a la Comisión de Relaciones Exteriores para su conocimiento. - El C. Senador Juan Angel Alonso Díaz Caneja: (Desde su escaño) Señor Presidente. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: ¿Sí, señor Senador Alonso Díaz Caneja? - El C. Senador Juan Angel Alonso Díaz Caneja: (Desde su escaño) Señor Presidente, debido a que incumbe a organismos internacionales, le pido que sea remitido a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Presidencia corrige el turno y obsequia la petición del Senador Díaz Caneja. - El C. Senador Juan Angel Alonso Díaz Caneja: (Desde su escaño) Muy amable. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Continué la Secretaría.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - La C. Secretaria Corichi García: De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se recibió información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal correspondientes al mes de octubre de 2006; recaudación federal participable; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de octubre de 2006; e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de octubre de 2006. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

COMUNICACION - La C. Secretaria Corichi García: Se recibió oficio suscrito por el Presidente y Secretario del Municipio de Tecate, Baja California, por el que se solicita que éste sea considerado en una partida especial única en el Presupuesto de Egresos para 2007, orientada a rescatar su situación financiera. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos correspondientes.

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LEGISLATURAS - La C. Secretaria Corichi García: Del Congreso del Estado de Guerrero se recibió Acuerdo por el que solicita gestionar mayores recursos públicos para ese estado correspondientes, al ejercicio fiscal 2007. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Túrnese a la Honorable Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. - La C. Secretaria Corichi García: También del Congreso del Estado de Guerrero se recibió Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a suspender el incremento del precio a la gasolina premium, el diesel y la leche. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Asamblea queda debidamente enterada.

COMUNICACION - La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Doy lectura a una comunicación suscrita por el Presidente de la Cámara de Diputados. “Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera Presidente de la H. Cámara de Senadores Presente. Acuso recibo de su atento oficio de fecha de 29 de noviembre de 2006, en donde comunica que el Senador Pablo Gómez Alvarez manifestó en tribuna, que esta Presidencia le negó el acceso al recinto Legislativo. Al respecto he de manifestar a usted, que en mi carácter de Presidente de la Cámara de Diputados he velado irrestrictamente por el fuero constitucional de cada legislador, en términos del propio artículo 61 constitucional. Asimismo solicito a usted, comunicar a la Asamblea que dignamente preside, que en ningún momento se recibió solicitud verbal o por escrito para permitir el acceso del Senador Pablo Gómez Alvarez al recinto legislativo y que él, con plena libertad estuvo presente en el transcurso del día de hoy en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro expresando sus opiniones en el desempeño de su cargo. Por otra parte como es de su conocimiento, la Cámara de Diputados no sesionó el día de hoy y como algunos de ustedes sabrán como ex Diputados Federales, el acceso al salón de sesiones es controlado por un sistema biométrico, permitiendo el acceso sólo a los Diputados Federales y al personal registrado por grupo parlamentario. Esta medida fue adoptada por los órganos de gobierno de esta Cámara de Diputados, publicada en la Gaceta Parlamentaria del día 12 de octubre del año en curso. Más aún, el día de ayer todos los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos acordaron, dados los lamentables hechos del día martes, no permitir el acceso al salón de sesiones a persona alguna que no fuera Diputado Federal, para evitar mayores conflictos. Esta Presidencia reitera su compromiso de actuar apegada a las atribuciones que le confieren los ordenamientos legales, velando por el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios, haciendo prevalecer el interés general por encima de los intereses particulares o de grupo. Sin otro en particular, le reitero a usted la más alta y distinguida de mis consideraciones. Atentamente Dip. Jorge Zermeño Infante Presidente”.

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- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Senador Monreal Avila, ¿con qué objeto? - El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Para referirme a este asunto. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: No está a discusión, Senador Monreal; sin embargo, lo escuchamos desde su escaño con un enorme gusto. - El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Mire, señor Presidente, aunque sea de enterado, me parece que el Presidente de la Cámara de Diputados miente y miente, porque no sólo el Senador Pablo Gómez estuvo presente ese día, varios Senadores tratamos de acceder al recinto y nos fue negado por personal de seguridad, por indicaciones del Presidente. El Presidente no le puede negar a ningún miembro del Congreso acceder al recinto legislativo. Es importante y esto lo tomaremos en cuenta para hacerle, en su momento, un extrañamiento al Presidente de la Cámara de Diputados por su torpeza, por su incapacidad y por su errática conducción. No dejó entrar a Senadores, pero sí permitió entrar a personal armado y del Estado Mayor Presidencial violando el recinto Legislativo y violando el fuero constitucional de legisladores. En su momento vamos a discutir este tema, pero quiero que quede constancia en el Diario de los Debates de la actitud torpe y mentirosa del Presidente de la Cámara de Diputados, que merece un extrañamiento de la Cámara de Senadores. El día que venga tampoco va a poder ser admitido en esta Cámara. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Asamblea queda doblemente enterada de la comunicación del Presidente de la Cámara de Diputados y de lo vertido aquí por el Senador Monreal. ¿Sí, Senador Zapata Perogordo? - El C. Senador Alejandro Zapata Perogordo: (Desde su escaño) Señor Presidente, creo que si hay alguna comunicación que hacer llegar a la Cámara de Diputados, tiene que ser de dos maneras, primero, que lo solicite cualquier legislador como en su momento lo hizo el Senador Pablo Gómez; y la segunda, yo creo que para mantener también el respeto que nos debemos, debe ser de esa manera, evitando calificativos que nos denigran, en principio, por las argumentaciones que se están dando que carecen de cualquier sustento. Se lo agradecería a través de la Presidencia. Muchas gracias. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Hay en la agenda política intervenciones de ciudadanos Senadores que en su momento abordarán el tema y la Asamblea tomará las decisiones que juzgue pertinentes. En tanto, Senador Zapata Perogordo, esta Asamblea queda triplemente enterada del oficio del Presidente de la Cámara de Diputados, de lo vertido aquí por el Senador Ricardo Monreal y de lo dicho por usted. ¿Sí, Senador Tomás Torres? - El C. Senador Tomás Torres Mercado: (Desde su escaño) Agréguele, señor Presidente, este triple enterramiento, para dejar constancia de esto. Primero, resulta un absurdo que el Presidente del Congreso General señale que hay necesidad de pedir por escrito el acceso al recinto legislativo, máxime cuando los Senadores formamos parte del Congreso General. Lo que sí se desea dejar constancia, en la situación vivida del obstáculo para que los Senadores accesáramos al recinto legislativo, es que hubo necesidad de promover una demanda de amparo.

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De lo que sí habrá constancia por escrito es que en la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y a su vez del Congreso General, no hubo quien atendiera la notificación por escrito. Y de ello hay constancia, del conocimiento del amparo, levantada por el actuario adscrito al juzgado y, por supuesto, en su oportunidad y con las consecuencias que esto conlleva, lo haremos del conocimiento no sólo del Senado, sino también de la Cámara de Diputados. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias, señor Senador. Esta Asamblea queda cuádruplemente enterada. Continúe la Secretaría.

CAMARA DE DIPUTADOS - La C. Secretaria Menchaca Castellanos: De la Cámara de Diputados se recibió Acuerdo por el que expresa su voluntad de avanzar en el análisis de las reformas que fortalezcan la garantía fundamental de derecho a la información. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Asamblea queda debidamente enterada. Remítase copia a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

COMUNICACIONES - La C. Secretaria Corichi García: Doy lectura a comunicación del Senador Heriberto Félix Guerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. “Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Presente. Con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto me permito solicitar licencia por tiempo indefinido al cargo de senador de la República, con efectos a partir del día 5 de diciembre de 2006. Lo anterior, en virtud de haber sido invitado a colaborar en el Poder Ejecutivo Federal. Por lo que una vez aprobada, en su caso, la licencia solicitada, también peticiono se llame a la Senadora suplente María Serrano Serrano. Atentamente Sen. Heriberto Félix Guerra” - El C. Presidente Arroyo Vieyra: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de ACUERDO Unico.- Se concede licencia por tiempo indefinido, a partir del 5 de diciembre de 2006, para separarse de sus funciones legislativas al Senador Heriberto Félix Guerra. No habiendo quien haga uso de la palabra, se solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

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- La C. Secretaria Corichi García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. (La Asamblea asiente) Quienes estén por al negativa, favor de manifestarlo. (La Asamblea no asiente) Aprobado, señor Presidente. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: En consecuencia, se concede licencia por tiempo indefinido, a partir del 5 de diciembre de 2006, para separarse de sus funciones legislativas al Senador Heriberto Félix Guerra. Continúe la Secretaría. - La C. Secretaria Menchaca Castellanos: De la Comisión de Justicia se recibió dictamen en sentido negativo a 22 diferentes puntos de Acuerdo y solicita se descarguen de sus registros. “COMISION DE JUSTICIA H. ASAMBLEA: A la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, se turnaron para su análisis y dictamen las propuestas y proposiciones que en seguida se detallan: 1) Propuesta con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República para que atienda las denuncias de delitos ambientales que se le han turnado, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 1 de abril de 2004, por la entonces Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Esta propuesta se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 2) Acuerdo por el que el Congreso del Estado de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo del Congreso del Estado de Colima, relativo a los actos ejecutados por elementos pertenecientes a la Policía Federal Preventiva dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, presentado el 9 de junio de 2004, por el Congreso del Estado de Quintana Roo. Este Acuerdo se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 3) Acuerdo por el que el Congreso del Estado de Baja California Sur, se adhiere al del Congreso del Estado de Colima, relativo a los actos ejecutados por elementos de la Policía Federal Preventiva, presentado el 4 de agosto de 2004, por el Congreso del Estado de Baja California Sur. Este Acuerdo se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 4) Propuesta con punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución con relación al Segundo Informe de la Fiscal Especial María López Urbina, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 28 de octubre de 2004, por la entonces Senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, a nombre de la Comisión Especial para dar Seguimiento al Avance de las Investigaciones en torno al caso de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta propuesta se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 5) Proposición que contiene punto de Acuerdo para solicitar que el Ejecutivo Federal considere la remoción del titular de la Procuraduría General de la República, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 26 de abril de 2005, por el entonces Senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Esta proposición se turnó solamente a la Comisión de Justicia;

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6) Proposición que contiene punto de Acuerdo sobre las resoluciones judiciales a favor de delincuentes y narcotraficantes que evitan ser extraditados o trasladados a cárceles de alta seguridad, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 10 de noviembre de 2005, por el entonces Senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Esta proposición se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 7) Proposición que contiene punto de Acuerdo con motivo del caso de la organización PROVIDA y la sanción impuesta a su Presidente Jorge Serrano Limón, por parte de la Secretaría de la Función Pública, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 29 de noviembre de 2005, por la entonces Senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Esta proposición se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 8) Propuesta con punto de Acuerdo en relación a los recientes actos de represión y hostigamiento en el estado de Quintana Roo, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 29 de noviembre de 2005, por el entonces Senador Elías Miguel Moreno Brizuela, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Esta proposición se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 9) Propuesta con punto de Acuerdo en relación con la seguridad pública y la violencia en el país, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 6 de diciembre de 2005, por el entonces Senador Héctor Michel Camarena, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Esta proposición se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 10) Proposición que contiene punto de Acuerdo sobre los actos de la Procuraduría General de la República, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 14 de febrero de 2006, por el entonces Senador Oscar Cantón Zetina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Esta proposición se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 11) Propuesta con punto de Acuerdo con relación al caso de Lydia Cacho, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 16 de febrero de 2006, por el entonces Senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Esta proposición se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 12) Proposición con punto de Acuerdo con relación a la legislación a favor de la infancia, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 21 de febrero de 2006, por el entonces Senador Orlando Alberto Paredes Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Esta proposición se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 13) Propuesta con punto de Acuerdo sobre las elecciones en el estado de Morelos, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 23 de febrero de 2006, por el entonces Senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Esta proposición se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 14) Proposición que contiene punto de Acuerdo por el que se llama a comparecer al Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado a efecto de que informe sobre asuntos relativos a las investigaciones bajo su cargo, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 7 de marzo de 2006, por el entonces Senador Saúl López Sollano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Esta proposición se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 15) Proposición que contiene punto de Acuerdo en relación con el costo de la delincuencia en México, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 7 de marzo de 2006, por el entonces Senador Orlando Alberto Paredes Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Esta proposición se turnó solamente a la Comisión de Justicia;

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16) Proposición que contiene punto de Acuerdo sobre la seguridad de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 14 de marzo de 2006, por el entonces Senador Orlando Alberto Paredes Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Esta proposición se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 17) Proposición que contiene punto de Acuerdo en relación con la creciente inseguridad y violencia en el país, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 22 de marzo de 2006, por el entonces Senador Héctor Michel Camarena, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Esta proposición se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 18) Proposición que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Hidalgo, la solución a la situación de los ejidatarios en Cantera de Villagrán, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 22 de marzo de 2006, por el entonces Senador Blas Rafael Palacios Cordero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Esta proposición se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 19) Proposición que contiene punto de Acuerdo por el que exhorta a informar las condiciones en las que se dieron los hechos presuntamente constitutivos del delito de espionaje en contra del frente cívico poblano por la defensa del estado de derecho, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 28 de marzo de 2006, por el entonces Senador Francisco Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Esta proposición se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 20) Proposición que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PGR a elaborar un programa para prevenir las acciones de violencia contra la sociedad y sus instituciones que pudieran desprenderse del proceso anunciado para extraditar a delincuentes vinculados con el crimen organizado, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 6 de abril de 2006, por el entonces Senador Miguel Angel Navarro Quintero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Esta proposición se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 21) Proposición que contiene punto de Acuerdo relacionado con el crecimiento del narcotráfico, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 19 de abril de 2006, por el entonces Senador Antonio Soto Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Esta proposición se turnó solamente a la Comisión de Justicia; 22) Proposición que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Puebla, a presentar y entregar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Procuraduría General de la República, las grabaciones que entregó para su análisis, así como el estudio y conclusiones a las que llegó la Compañía MATTERN’S VIDEO PRODUCTION’S, en torno al caso Lydia Cacho, presentada en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el 25 de abril de 2006, por el entonces Senador Francisco Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Esta proposición se turnó solamente a la Comisión de Justicia; Con fundamento en los artículos 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 85, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esa H. Asamblea, el proyecto de dictamen que se formula conforme a los siguientes apartados. ANTECEDENTES I. Las propuestas o proposiciones de referencia, presentadas por legisladores de los diversos grupos parlamentarios con representación en la Cámara de Senadores durante el ejercicio de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, turnadas en su momento a la Comisión de Justicia,

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como ente único en el despacho de las mismas, son asuntos que por diversas circunstancias han quedado sin materia para provocar el obsequio de las pretensiones que en ellos se comprenden o no se justifica el obsequio de las mismas por la falta de atribuciones o facultades de los órganos de autoridad a los que se dirigen. II. Tal es el caso, entre otras, de la “Proposición con punto de Acuerdo sobre las elecciones en el estado de Morelos” presentada el 23 de febrero de 2006, por el Senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en la que se trata de excitar la intervención del Senado de la República para que pida a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, una investigación de actos que lesionan y lastiman la vida política y democrática de México y de Morelos; la investigación del origen, destino y gasto de los recursos económicos erogados antes, durante y después de la jornada del 19 de febrero de 2006; hacerlo del conocimiento de las autoridades de Puebla, Estado de México y de cualquier otra entidad que haya participado directa o indirectamente en este proceso; a los Congresos locales para que revisen y verifiquen a donde van a parar los recursos de sus estados; y llegado el caso, comunicar a las autoridades electorales correspondientes la cancelación y registro de candidatos y destitución de cargos partidistas. Tema que ha quedado sin materia, precisamente, por el desarrollo del proceso electoral que se inició en aquella entidad federativa y concluyó con la confirmación de la declaración de validez de los resultados de las elecciones celebradas el 2 de julio de 2006, entre ellas, la correspondiente a gobernador, resuelta por los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 21 de septiembre de 2006, en autos del Juicio de Revisión Constitucional promovido bajo el expediente: SUP-JRC-345/2006. III. Otra es la “Propuesta con punto de Acuerdo de obvia y urgente necesidad con relación al Segundo Informe de la Fiscal Especial María López Urbina”, presentada el 28 de octubre de 2004, por la Senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, a nombre de la Comisión Especial para dar Seguimiento al Avance de las Investigaciones en torno al caso de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, en virtud de la cual se impetra la intervención del Senado de la República para que solicite al Procurador General de la República, a saber: 1) La remisión de constancias que obran en poder de la “Fiscalía Especial” y que indican la probable responsabilidad penal y/o administrativa de servidores públicos a fin de que se integren las averiguaciones previas y se ejerciten las acciones penales correspondientes; 2) El libramiento de un exhorto a las autoridades locales a fin de que se integren las averiguaciones previas con celeridad y eficacia y se apliquen los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, de tal suerte que no se consideren prescritas de oficio las acciones penales conducentes; y, 3) Que el Procurador General de la República ejerza su facultad de atracción sobre la totalidad de los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez desde 1993 a la fecha. IV. Con relación a la primera de las inquietudes con antelación citadas, la Cámara de Senadores no tiene atribuciones o facultades para solicitar la remisión de las constancias de referencia, porque ni la Ley Orgánica ni el Reglamento del Congreso de la Unión contemplan reglas expresas al respecto. Además, si dichas constancias indicaban o indican la probable responsabilidad penal de servidores públicos -como lo afirma la autora de la propuesta-, éstas debieron formar parte de una o más averiguaciones previas cuya integración se hubiere instruido después de su presentación para sustentarlas y, si esto ocurrió, conforme al segundo párrafo del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la fracción III del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no procede la solicitud de información al respecto y menos la remisión de constancias porque las averiguaciones previas de las que forman o formaron parte se encuentran consideradas como información reservada: “Artículo 14. También se considerará como información reservada...III. Las averiguaciones previas;...”. V. En efecto, ni siquiera se podría pensar en la aplicación analógica del primer párrafo del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la facultad discrecional de los presidentes de comisiones, por acuerdo de sus integrantes,

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para solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relacionada con las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos que las rigen, esta consideración sería insuficiente como fundamento de validez para impetrar la intervención de la Cámara de Senadores, en la especie, debido al impedimento insuperable que a los presidentes de dichas comisiones les impone el segundo párrafo del propio artículo 97, cuando dispone, que: “No procederá la solicitud de información o documentación, cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones legales”. VI. Con relación a la solicitud para que el Procurador General de la República ejerza su facultad de atracción sobre la totalidad de los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 1993 a la fecha. Esta inquietud quedó superada con la creación de la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país, adscrita a la Oficina del Procurador General de la República, según el Acuerdo A/003/06 del Procurador General, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2006; Fiscalía que cuenta con competencia para investigar y perseguir delitos relacionados con actos de violencia contra la mujer, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y ejercer, además de otras, la facultad de atracción de los delitos del orden común en los mismos términos. VII. En el mismo contexto se concibe la “Proposición que contiene punto de Acuerdo para solicitar que el Ejecutivo Federal considere la remoción del titular de la Procuraduría General de la República”, presentada el 26 de abril de 2005, por el Senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a través de la cual se pide que el Senado de la República exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en un acto de respeto a la institucionalidad nacional, determine la remoción del C. Rafael Marcial Macedo de la Concha como Procurador General de la República y de conformidad con lo dispuesto en la fracción IX del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponga a esta Soberanía a la persona que habrá de ocupar tal puesto. Esta proposición quedó sin materia en virtud de la renuncia al cargo que presentó el Lic. Rafael Marcial Macedo de la Concha, el 27 de abril de 2005. CONSIDERACIONES I. Descritas, entre otras, las circunstancias que impiden la emisión de un dictamen que establezca el obsequio de todas y cada una de las pretensiones implícitas en las veintidós proposiciones que conjuntamente se dictaminan y cuya cita sería prolijo referir porque adolecen de las mismas o similares causas que determinaron la improcedencia de las anteriores, procede en consecuencia desecharlas en términos del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. II. Bajo las consideraciones que anteceden, al desaparecer los motivos que dieron origen al interés para obrar en la discusión y toma de decisión sobre la procedencia o improcedencia de las propuestas o proposiciones de mérito, presentadas por legisladores que concluyeron su encargo al terminar la LIX Legislatura del Congreso de la Unión y, además, al existir el acuerdo de los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores en la LX Legislatura en el sentido de desestimarlas en un dictamen conjunto -acuerdo aprobado por unanimidad el día 11 de octubre del año en curso, al celebrar su reunión de instalación-, procede la desestimación de los consabidos asuntos por haber quedado sin materia la causa que sustentó el interés de proponerlos, entre otras razones. III. Reconocemos las bondades que animaron las propuestas o proposiciones de mérito. Todas ellas con inquietudes implícitas muy respetables, encaminadas a excitar la intervención del Senado de la República para establecer si era o no atendible en su oportunidad, por parte de esta Colegisladora del Congreso de la Unión, el libramiento de un exhorto a un órgano de autoridad o de gobierno para que hiciera o dejara de hacer algo que a juicio de sus autores concernía al ejercicio de sus facultades o era importante o significativo hacerles un llamado dentro del marco del principio de división de poderes, para mantener la paz y el orden público; considerar que una

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situación determinada afectaba o podría afectar a ciertos sectores de la sociedad mexicana; o bien, solicitar la comparecencia de sus titulares para que explicaran algún hecho o hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones o solicitarles el cumplimiento de una obligación constitucional o legal que se estimare les correspondía y no estaban acatando. Así, con fundamento en las consideraciones que anteceden y los artículos 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para su Gobierno Interior, se someten a esa Honorable Asamblea los siguientes: PUNTOS RESOLUTIVOS PRIMERO.- Se declaran sin materia las veintidós propuestas turnadas a la Comisión de Justicia, como única en el turno, durante el ejercicio de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, citadas al proemio del presente dictamen. SEGUNDO.- En su oportunidad, instrúyase el descargo de los asuntos de referencia del inventario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores en la LX Legislatura del Congreso de la Unión. Sala de comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 5 de diciembre de 2006. La comisión: Sen. Alejandro González Alcocer, Presidente.- Sen. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Secretario.- Sen. Leonel Godoy Rangel, Secretario.- Sen. José Guillermo Anaya Llamas.- Sen. Fernando Castro Trenti.- Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro.- Sen. Fernando Elizondo Barragán.- Sen. Arturo Escobar y Vega.- Sen. Pedro Joaquín Coldwell.Sen. Melquiades Morales Flores.- Sen. Ricardo Monreal Avila.- Sen. Guillermo Padres Elías.Sen. Tomás Torres Mercado.- Sen. Ulises Ramírez Núñez.- Sen. José Alejandro Zapata Perogordo”. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Presidencia instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes. Continúe la Secretaría. - La C. Secretaria Menchaca Castellanos: Se recibió comunicación del Senador Ricardo García Cervantes, a nombre de la Delegación Mexicana ante la V Asamblea Plenaria del Foro Interparlamentario de Las Américas, con la que remite el informe de actividades correspondiente. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Queda de enterado. En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION X DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (Presentada por el C. Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD) - El C. Senador Tomás Torres Mercado: Señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores: He tenido conocimiento de que previo al inicio de esta sesión, parece que los coordinadores de los grupos parlamentarios pudieran estar considerando para esta sesión abordar un tema que no puede dejarse pasar como si nada hubiera ocurrido.

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Ya aquí en los documentos con los que se ha dado cuenta en el apartado de correspondencia, se recordaba las limitantes para que los legisladores cumpliéramos con nuestro deber de representación al seno del Congreso General y, sobre todo, lo ocurrido el 1° de diciembre pasado. Señor Presidente, el tema que traigo en esta iniciativa puede ser trascendente, aborda un aspecto relativo a la necesidad de que al Congreso Federal se le reconozca competencia para legislar en materia de casas de empeño, en el marco de una usurera práctica que se está dando en este momento en el país. Y como en otros temas, como el envío de remesas del extranjero a la República Mexicana, también en este tema no hay una sola regla para ponerle medida a las acciones francamente fraudulentas de quienes se dedican a esta actividad. Pero sería, seguramente, desperdicio de tiempo. Sería también desperdicio de oportunidad política para abordar otros temas. Hoy mismo se están realizando detenciones en el estado de Oaxaca y se está trasladando a los detenidos a Tamaulipas, a Puebla o a Nayarit, cuando cualquier estudiante de derecho puede dar opinión en el sentido de la ilegalidad y de la flagrante violación a la Constitución Política.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR RICARDO TORRES ORIGEL - El C. Presidente Ricardo Torres Origel: Permítame un segundo, señor Senador. ¿Para qué efectos, Senadora Leticia Sosa? - La C. Senadora Martha Leticia Sosa Govea: (Desde su escaño) Para señalar que no es el tema que nos ocupa. Queremos escuchar la propuesta de iniciativa y están con un tema diferente. Una moción de orden, por favor. - El C. Presidente Torres Origel: Haber, el Senador Tomás Torres está haciendo la exposición de motivos de la iniciativa que está presentando, está en el uso de la palabra por el tiempo que le ha concedido la Presidencia. Y esta Presidencia agradecería a las señoras y señores Senadores tengan la gentileza de conservar el orden, bajar el tono de la voz para poder escuchar al orador. Les rogaría orden en la sala, por favor. Continúe, por favor, Senador Tomás Torres. - El C. Senador Tomás Torres Mercado: Señor Presidente, los ciudadanos legisladores tenemos espacios amplios, más agradables para discutir temas que seguramente son trascendentes, pero no se vinculan con los temas de la sesión. Lo que le quiero decir es que si hubiera una moción para que yo diga lo que otra legisladora quiere que en su concepto diga: “Entonces no diría nada”. Como no está diciendo nada en este momento, en los foros más importantes no diría nada. He prorrogado la presentación de mi iniciativa por esa virtud, bien pudiera, señor Presidente, permanecer en silencio por el tiempo que me toca y que computa el reloj para ver si reflexionamos para tocar temas centrales de la política nacional. - El C. Presidente Torres Origel: Permítame un segundo, Senador Tomás Torres, si fuera tan amable, yo les agradecería a los señores Senadores que se encuentran conversando en medio del salón, fueran tan amables de ocupar sus escaños para poder escuchar al orador y si tienen algo muy importante que decirse, pasen a la parte de atrás del salón. Le agradecería al señor Senador continúe en el uso de la palabra en la exposición de motivos de su iniciativa, si fuera usted tan amable.

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- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Yo atiendo su recomendación, señor Presidente. Le voy a pedir que se reproduzca íntegramente el documento que estoy presentando y que contiene el texto de la adición a la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de este país y que se le dé el turno que corresponda, y en todo caso le voy a pedir, aún sin trastocar el Orden del Día, señor Presidente, que ojalá que la Mesa Directiva, que la Junta de Coordinación Política diera paso a temas fundamentales en el debate nacional y que, no será de mi parte una disposición generosa sino una disposición al tiempo que pueda disponer para la presentación de la iniciativa, pudiera dársele oportunidad al posicionamiento político con relación a dos temas centrales: 1.- El desarrollo de la sesión de Congreso General del 1º de diciembre, y la otra, lo que está ocurriendo en torno al conflicto de Oaxaca. Por lo demás, no tendré, incluso, empacho en retirar de esa retahíla de puntos de Acuerdo, a veces intrascendentes del Orden del Día, para ir a los temas centrales de debate. Por cierto, señor Senador, aprecio mucho el que coincida conmigo y, en todo caso, que sus referencias y sus reflexiones las venga a hacer aquí a la tribuna del Senado, muchas gracias. Iniciativa “El suscrito, Tomás Torres Mercado, Senador de la República integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS En estos últimos años, las casas de empeño se han convertido en un fuerte negocio que se centra en los grupos de la población de menores ingresos. Y es un buen negocio, porque el dinero se mueve con rapidez, el riesgo es relativamente bajo y la supervisión de la autoridad es prácticamente nula. Estas casas, que trabajan en un segmento paralelo del mercado financiero formal, tienen un crecimiento insospechado ante la falta de flexibilidad de la banca tradicional, la necesidad de opciones de financiamiento accesible y de rápida resolución en un mercado con pocas alternativas. Es así que, ante los imprevistos económicos, la gente que no tiene acceso a créditos bancarios recurre a las casas de empeño para solicitar un préstamo prendario, y en donde los usuarios crecen. Varios fenómenos sociales han contribuido a la proliferación de las casas de empeño privadas en la última década: el auge de la economía informal, la desocupación y la baja calidad de los empleos con ingresos reducidos. Debido a las condiciones del sistema financiero formal, éste es inaccesible para los estratos de la población con más bajos ingresos o para personas que necesitan liquidez inmediata para cubrir contingencias, ya que en ocasiones es difícil contar con un aval, un colateral o ingresos comprobables que garanticen un crédito de las instituciones financieras. Hay que decir que este tipo de negocios -que rayan en la usura- “prestan” entre 35 y 40% del monto de avalúo, el cual, por supuesto, practican ellos mismos. Aquí empieza el negocio. Cobran un interés de entre el 4 y 13.3% mensual, según el monto del préstamo. Esto da una media de 104% anual, nivel que multiplica por 2.6 los réditos cobrados en un banco comercial a los usuarios de tarjeta de crédito, el tipo de préstamo más caro de los que ofrece la banca. Además, los intereses

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a las casas de empeño deben ser cubiertos cada 30 días y espera máximo tres meses antes de adjudicarse el bien dejado en garantía. Una vez que el dueño de la prenda no logra sostener el paso del pago de intereses, la casa de empeño subasta el bien a un precio igual o más alto del que prestó originalmente y el negocio está en cobrar los intereses o, si se trata de alhajas y joyas, extrae el metal y las piedras. En algunas casas de empeño, en tanto, se reciben, anillos de compromiso, argollas de matrimonio, aretes, libros históricos, muebles de colección y hasta aparatos electrónicos por distintas cantidades de dinero, siempre menor a la que uno supone que podría recibir. En otras, que se pueden contactar solamente vía telefónica o en direcciones de avisos de ocasión que se publican todos los días en periódicos o revistas, se reciben bienes inmuebles, autos de lujo y vehículos de todo tipo. Sin embargo, recurrir a estas casas de empeño, según ha señalado la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sin hacer el análisis sobre de las causas de este tipo de préstamos puede ocasionar que la emergencia financiera, lejos de solucionarse, se agrave. Y es que según un estudio de la Condusef, la opción más barata es el Nacional Monte de Piedad, institución que cobra una tasa de interés anual de 48.0%. Le siguen Montepío Luz Saviñón que cobra 70.8% anual; Fundación Rafael Dondé 82.8%; Morton Hall 84%; Prenda Crédito 102%; Monte Providencia, así como Préstamos Familiares 110.4%; Prenda Oro 111.6%; Prenda Lana 120%; Prenda Más 127.2%; Prendamex 138%; Prenda Fácil 146.0%, y Mister Money 159.6% de interés anualizado. Esta situación ha distorsionado notablemente la naturaleza original de las casas de empeño de asistencia pública, dando lugar a la creación de empresas que buscan la obtención de ganancias, a través de altos intereses que cobran o por la exigencia de prendas que exceden en la mayoría de los casos el valor de la deuda y de los intereses, lo cual lleva a los deudores o pignorantes a no poder recuperar los bienes que entregaron en garantía, lo que les ocasiona un daño económico y al mismo tiempo moral. Actualmente la actividad que realizan las casas de empeño de naturaleza mercantil no se encuentra regulada. El marco jurídico se limita a regular su constitución, pero no su desempeño cotidiano y la relación que establece con el público usuario del servicio prendario. No existe la facultad de la Federación para regular esta actividad, misma que se acota al ámbito estatal la regulación de tales negocios como se ha hecho ya en Baja California y Tamaulipas. Y al no existir regulación ni supervisión, las personas físicas o morales que se dedican a esta actividad aprovechan las lagunas de ley para multiplicar sus ganancias en forma desmedida a costa de la necesidad de las personas. Los usuarios o pignorantes de estos negocios están indefensos, ya que no tienen respaldo o garantía de que pueden recuperar los bienes empeñados. Desde luego, existe una Ley Federal de Protección al Consumidor, pero es insuficiente. En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente proyecto de Decreto, para quedar como sigue: ARTICULO UNICO.- Se adiciona la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: I. a IX. ...

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X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, casas de empeño, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. XI. a XXX. … TRANSITORIO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 5 de diciembre de 2006. Atentamente (Rúbrica)”. - El C. Presidente Torres Origel: Senador Tomás Torres, esta Presidencia nuevamente comunica que hay un Orden del Día aprobado por esta Asamblea, nos encontramos en el apartado de iniciativas; sin embargo, en atención a lo que usted ha solicitado, se envía tal cual su iniciativa como ha sido presentada en la Gaceta del Senado y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente. Tendremos en su momento, como está acordado por esta Asamblea, en la agenda política la discusión de los asuntos generales que han sido registrados. Quiero comentar a usted, Senador Alejandro Zapata, que el criterio que ha tomado la Mesa Directiva y creo que esto puede responder también su inquietud presentada anteriormente, es que hemos tenido el criterio de enviar a Estudios Legislativos, Primera, y de manera alternada el turno siguiente corresponderá a Estudios Legislativos, Segunda. El documento que presentó la Presidencia hace unos momentos, fue un comunicado que presenta el Presidente de la Mesa Directiva, el Senador Manlio Fabio Beltrones, en virtud de la urgencia con la que se presentó esta documentación, espero haber satisfecho su pregunta. ¿Sí, Senador Ricardo Monreal? - El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente, estamos de acuerdo en que los turnos a las Comisiones de Estudios Legislativos sean y se den de manera equitativa, uno a uno, de acuerdo a como ingresen, me parece que eso es lo más correcto. Los coordinadores de los grupos parlamentarios, en este momento, estaban dialogando para priorizar en la agenda del día de hoy en el Senado de la República, fijar la posición de los grupos parlamentarios sobre el tema del 1º de diciembre y Oaxaca. Al parecer ya hay un acuerdo preliminar, por lo que resulta indispensable que usted nos otorgue un receso de 10 minutos para poder iniciar el debate respectivo al que están, en este momento, sometiendo a acuerdo entre los grupos parlamentarios. Es su facultad, señor Presidente, otorgar un receso de 10 minutos por este motivo, no se deje influir de las voces anónimas. - El C. Presidente Torres Origel: No, señor Senador. Esta Presidencia ha sido siempre respetuosa de los procedimientos parlamentarios y estará en disposición de otorgar lo que usted solicita en cuanto llegue la solicitud de la comunicación oficial, en virtud de lo que usted fundamenta por parte de la Junta de Coordinación Política, en cuanto llegue se procederá a lo que corresponda, entretanto, y en virtud que estamos en el espacio de iniciativas, se le concede la palabra al Senador Carlos Navarrete Ruiz, a nombre propio y de los Senadores Dante Alfonso Delgado Rannauro y Alejandro González Yáñez, para presentar iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley de Precios Competitivos. ¿Sí, Senador Carlos Navarrete?

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- El C. Senador Carlos Navarrete Ruiz: (Desde su escaño) Señor Presidente, quiero informar a usted que hace unos minutos los coordinadores parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD, hemos tenido un acuerdo político para darle turno a los diversos temas del Orden del Día de hoy. Han solicitado los coordinadores del PAN y del PRI, además, un tiempo suficiente para informarlo a las bancadas respectivas, que este acuerdo consistiría en no darle curso a las iniciativas que están presentadas, sino colocar otros temas como prioritarios y un punto de Acuerdo para agilizar la presentación de iniciativas y de puntos de Acuerdo hacia comisiones, como este acuerdo va caminando bien, yo no quisiera romper ese acuerdo de los coordinadores empezando a presentar las iniciativas, sino insisto e insistimos en un pequeño receso para que las bancadas puedan tener conocimiento de ese acuerdo y poderlo implementar. - El C. Presidente Torres Origel: ¿Sí, Senador Humberto Aguilar? - El C. Senador Humberto Aguilar Coronado: (Desde su escaño) Mire, he presentado con la bancada del PRI y por supuesto con mi bancada del PAN, no hemos sido notificados de ningún acuerdo, por lo cual yo solicitaría que se siguiera desahogando el Orden del Día y en el momento en el que sí se diera el caso que hubiera un acuerdo, pudiéramos ya, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, pensar en modificar el Orden del Día. En tanto, me parece que es ocioso un receso, cuando todavía no han sido notificadas nuestras bancadas. - El C. Presidente Torres Origel: ¿Sí, Senador Carlos Navarrete? - El C. Senador Carlos Navarrete Ruiz: (Desde su escaño) En tal sentido, dado que no hay posibilidades de decretar un receso para procesar un acuerdo, solicito a usted en su calidad de Presidente que proceda a retirar del Orden del Día todas las iniciativas, puntos de Acuerdo e intervenciones de los Senadores del Partido de la Revolución Democrática y continúe usted con el resto de los temas. Nosotros no subiremos a tratar ningún tema. - El C. Presidente Torres Origel: ¿Sí, Senador Ricardo Monreal? - El C. Senador Ricardo Monreal Avila: (Desde su escaño) Señor Presidente, es impresionante que usted no pueda conceder 10 minutos de receso, a efecto de que iniciemos ordenadamente el debate al que no le podemos rehuir, porque es un asunto trascendente para la vida del país lo que está sucediendo en Oaxaca y lo que pasó el 1° de diciembre. Y usted no nos quiere conceder 10 minutos para iniciar este debate. Me parece una cerrazón no propia de un parlamentario y de un Presidente de la Cámara. - El C. Presidente Torres Origel: Señor Senador, no hay cerrazón alguna. Simplemente lo que yo veo es que no hay consenso para el receso. Agradecería a los señores coordinadores de los grupos parlamentarios tengan la gentileza de pedirlo, pidiéndole a la Asamblea que conserve el orden. Solicitaría al Presidente de la Junta de Coordinación Política nos diga si ha lugar al receso que solicita el grupo parlamentario del PRD, no teniendo yo inconveniente en las facultades que tengo de otorgarlo. Adelante, Senador Creel, por favor. - El C. Senador Santiago Creel Miranda: (Desde su escaño) Con su venia, señor Presidente: Hace unos minutos acabamos de conversar los 3 coordinadores: el Coordinador del PRD, del PRI y su servidor, con el objeto de adelantar la agenda política y el Orden del Día de esta sesión, a fin de poder empezar con los posicionamientos que se habían programado en la agenda política.

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Lo que convenimos fue darnos unos 10 minutos para poder informarle a nuestros grupos parlamentarios, tanto al PRI como al PAN, de esta decisión que hemos adoptado. Y el grupo parlamentario del PRD se ha comprometido a retirar todos sus puntos del Orden del Día, tal y como lo están haciendo en este momento, con el objeto de poder desahogar solamente el día de hoy los posicionamientos de la agenda política, particularmente los que se refieren al 1° de diciembre. No convenimos en un receso. Lo que convenimos es dar los 10 minutos para poder ponernos de acuerdo al interior de cada grupo parlamentario; y que una vez que lo hagamos, inmediatamente dar paso al debate. - El C. Presidente Torres Origel: Senador Creel, en virtud de que el Coordinador de los Senadores del PRD, Carlos Navarrete, ha solicitado el retiro de sus puntos, tal como lo ha ratificado y buscando darle utilidad también al orden en el que habrá de desarrollarse la discusión sobre el tema que se ha puesto a consideración, con el objeto de que esta Presidencia pudiese tener el registro de las participaciones de los oradores en esta discusión y poder ordenar el debate, esta Presidencia declara un receso de 10 minutos, solamente 10 minutos. Entretanto se tenga la lista completa de los oradores que habrán de participar en la discusión. (Receso) Se reanuda la sesión. Se informa a la Honorable Asamblea que esta Presidencia ha recibido las designaciones de los Senadores que habrán de participar en un debate pactado. Tendrá el uso de la voz cada uno de los oradores hasta por 5 minutos en tres rondas de participación. Comunico a ustedes los nombres de los oradores que a través de la Secretaría General ha recibido esta Presidencia. En la primera ronda los Senadores Carlos Navarrete Ruiz, Dante Delgado Rannauro, Francisco Agundis Arias, Pedro Joaquín Coldwell y José González Morfín. Para esta primera ronda se concede el uso de la palabra al Senador Carlos Navarrete Ruiz, hasta por 10 minutos, para su posicionamiento.

INTERVENCIONES - El C. Senador Carlos Navarrete Ruiz: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores: Esta sesión del Senado de la República no es una sesión ordinaria, no es una sesión normal. No lo es, porque acabamos de vivir momentos dramáticos para el Congreso mexicano y también para el país. Se ha consumado la imposición el 1° de diciembre, ha tomado posesión del cargo un personaje que encabeza un gobierno de minoría, un gobierno de minoría en las urnas y también un gobierno de minoría en el Congreso. El país vive momentos de tensión y de confrontación como pocas veces, incluso con más gravedad que la última crisis que el país conoció en 1988. Ocurrieron cosas graves y es importante que los Senadores de la República aquí en esta Cámara, puedan evaluar a la luz de los acontecimientos realmente lo ocurrido.

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Los Senadores del Partido Acción Nacional, seguramente, creerán que las cosas están ya resueltas. Los Diputados del PAN, el mismo viernes 1° de diciembre salieron a festinar que el señor Calderón había tomado posesión del cargo de Presidente de la República. ¿Pero cómo lo hizo? ¿En qué condiciones está el país en la asunción de este personaje del 1° de diciembre en la Cámara de Diputados? Tenemos, señores Senadores, un país dividido y confrontado. Tenemos un gobierno que no es reconocido por una parte semejante de electorado a la que le está respaldando. Tenemos un Congreso fracturado, fundamentalmente, en la Cámara de Diputados, pero también dañado aquí en el Senado de la República. Y tenemos el inicio de un gobierno que pretende convencer al país de que es un gobierno de mano firme y de mano fuerte. ¿Quién ganó el 1° de diciembre? Difícilmente quien acaban de gritar, difícilmente pueden pensar que Felipe Calderón ganó. Si lo creen, grave equivocación, y les agradezco que expresen sus puntos de vista públicamente, porque esa es la principal y la primera equivocación grave que tienen. ¿Ganó el señor Calderón? ¿De verdad lo creen? Bien, pues quédense con su Presidente. Y si ustedes creen, como partido en el gobierno, que con actos de esta naturaleza y creencias de esta naturaleza van a ser capaces de conducir al país, lamento decepcionarlos compañeros Senadores del PAN. En cualquier parte del mundo un gobierno de minoría que pretende dirigir un país está obligado a reconocer, primero que nada, que no puede sólo conducir un país tan diverso y tan plural. Ninguna fuerza gobernante con el 35% de votos en las urnas puede darse el lujo de decir: “yo gané, yo me impuse, yo dirijo al país y no me importa nada de lo que pueda pasar enfrente”. Tal vez por esa creencia que tienen es que han mandado un Gabinete como el que han mandado. Un Gabinete de ley y orden, un Gabinete de mano pretendidamente fuerte que se confunde con la mano dura y autoritaria; un Gabinete que se estrena en el cargo mandando un mensaje a Oaxaca. Y lo subrayo, no porque sea un asunto de menor monto. En Oaxaca lo que se está pretendiendo es empezar a barrer la escalera de abajo hacia arriba: primero detenciones, primero la aplicación de órdenes de aprehensión, primero las cárceles llenas, y si no caben en Oaxaca caben en Puebla, caben en Nayarit o caben en Veracruz, o pueden caber en las cárceles de todas las entidades federativas, lo demás después lo arreglamos. ¿De verdad creen que ese sea el procedimiento para arreglar un conflicto social?, nosotros tenemos la impresión de que no. Un gobierno que no es sensible a lo que ocurre en un país y que en el inicio de su gobierno confunde gravemente sus funciones es un gobierno que está condenado al fracaso político. Ni siquiera tienen el talento perverso del señor Salinas de Gortari. Aquel sabía hacerlo de otra manera, se le creía lo que hacía, a ustedes no, ni les creemos que son un gobierno fuerte, ni les creemos que son un gobierno firme. Aunque lo oculten, su gobierno es un gobierno débil de origen, de formación, de conformación y de actuación, y eso no puede nadie ignorarlo. No lo niegan ni los analistas internacionales, ni lo desconocen los Jefes de Estado que estuvieron aquí el 1° de diciembre, lo sé perfectamente. Pero las cosas siguen marchando y los mensajes son equívocos. El 1° de diciembre tuvimos dos mensajes: uno con la irrupción del Estado Mayor por la puerta trasera de San Lázaro. ¡Sí! Entraron, ¡Sí! Tomaron posesión del cargo, ¡Sí! Lo hicieron acompañados del Estado Mayor, ¡Sí! En medio de un espectáculo de carácter internacional. Muy bien.

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Pero en la tarde hubo otro mensaje, la mano tendida, los acuerdos, las reformas: “Dialogaré con quien quiera y no esperaré a quienes no quieran dialogar, se dijo”. Y nosotros en la oposición de Izquierda hemos venido diciendo: Nosotros vamos a actuar en consecuencia, nosotros vamos a retomar nuestro programa en las Cámaras del Congreso. Pese a lo ocurrido el 1° de diciembre nosotros no vamos a estarnos permanentemente regodeando de una imposición ni lamentándonos de lo que ocurrió el 1° de diciembre. Vamos hacer valer nuestro programa en las Cámaras del Congreso, vamos a presentar nuestras propuestas y vamos a debatir aquí lo que haya que hacer. Y ante este planteamiento de los grupos parlamentarios del PRD, la primera respuesta es soltar a las fuerzas del Estado en Oaxaca. Lo que está ocurriendo en Oaxaca, compañeros Senadores de las fuerzas políticas aquí representadas, no es un asunto menor. El Estado mexicano no pude argumentar que combate actuaciones ilegales actuando él mismo en la ilegalidad. Detenciones sin órdenes dictadas por juez competente, sin flagrancia, allanamientos de domicilios particulares, traslado a penales fuera del estado con acusaciones del orden común, fincamiento de responsabilidades y un armado de acusaciones que nos semejan el viejo periodo diazordacista. No pudieron acusar a muchos oaxaqueños de disolución social, porque ese delito ya no está en la ley, pero todo lo demás lo han lanzado por machote y de manera generalizada. Yo les pregunto: ¿Así se tranquiliza a un país? ¿Así se mandan mensajes? ¿Así hay condiciones para que podamos reiniciar el diálogo en las Cámaras? No, no son las condiciones propicias. Pero nosotros no vamos a cejar en nuestro intento, representamos a demasiados millones de mexicanos como para abandonar el programa por el que ellos votaron. Vamos a hacerlo en su tiempo y en su forma, pero vamos también a ser enormemente críticos de las desviaciones que ya empiezan a aflorar en el inicio de este gobierno. Por eso esta sesión no es ordinaria, pues el país no está ya en la tranquilidad por más que el gobierno pretendiera que no pasa nada. Quédense con su Gabinete, quédense con sus mensajes, quédense con la mano dura y autoritaria; tarde o temprano, seguramente, se darán cuenta que la realidad del país es muy diferente a la que el pequeño círculo que está en Los Pinos, alrededor del señor Calderón, le presenta día a día. Nosotros habremos de actuar con responsabilidad y con energía, nosotros habremos de colocar las denuncias correspondientes en donde haya que colocarlas. Por lo pronto, en este Senado de la República nosotros vamos a dar nuestros puntos de vista y a defenderlos, a presentar nuestras propuestas en el momento conveniente. Pero le decimos al gobierno del señor Calderón: no se equivoque, no se empecine en ver una realidad que no existe, no crea que por tener la banda que le colocó a la carrera el Presidente del Congreso el viernes pasado, significa que representa a todo México. Esa banda que representa la unidad de los mexicanos hoy cruza el pecho de quien no representa a la totalidad de los mexicanos, sino sólo a una parte. Si no lo comprenden, pronto la realidad va a tener que mostrarles su crudeza, y con nosotros firmeza, representación de los que nos enviaron a las Cámaras, capacidad de propuesta y de reformas si quieren transitar por ellas, y resultados concretos. No aceptamos discursos huecos que se contraponen con los mensajes en los hechos; no lo aceptamos, veremos si aquí en las cámaras hay capacidad para concretar el discurso en iniciativas específicas, y seremos intransigentes en la defensa de la gente que le dio su voto a López Obrador y nos dio su voto para llegar aquí al Senado de la República. No lo olviden, compañeros Senadores, esto apenas comienza. Muchas gracias. (Aplausos)

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- El C. Presidente Torres Origel: Tiene la palabra para su posicionamiento en esta ronda, hasta por diez minutos, el Senador Dante Delgado. - El C. Senador Dante Delgado Rannauro: Señor Presidente, compañeras y compañeros Senadores: La visualización de los gobernantes puede estar obligada por la autocomplacencia o el desbordante triunfalismo y, desde luego, contar con el respaldo mediático que recrea los peores momentos del viejo régimen, hoy más presente que nunca, porque únicamente cambió de actores. Las crónicas oficiales han dado cuenta de un viernes sin incidentes y en blanco, acreditando este hecho a Felipe Calderón y a la actitud asumida en la sesión del Congreso General por el Partido Acción Nacional. El periódico El Universal nos brindó el pasado domingo 3 una reveladora entrevista del presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, que en contrario a lo manifestado en las versiones oficiales y oficialistas declaró: “fue una mala imagen la que México dio al mundo, pues una toma de protesta que tarda cinco minutos y la forma en que se desarrolló, con un Congreso tomado durante varios días, lo que pudimos presenciar no es una manifestación de civilidad, de tolerancia y de respeto a la institucionalidad del país”. Y agregó: “Mi preocupación y mi dolor es que algo que comienza así no termine bien, se puede coincidir y discrepar entre legisladores, pero el diálogo debe privar”. Lamentablemente el PAN tomó la tribuna de la Cámara de Diputados y confrontaron verbal y físicamente a sus compañeros legisladores, y más lamentable fue que la fracción del PAN en el Senado de la República no aceptara la propuesta del Senador Murillo Karam, en el sentido de que la ceremonia de protesta transitara en un clima de normalidad democrática, que preservara la imagen de nuestro país. Entrar por la puerta de atrás, salir por el mismo lugar y presumir un éxito porque pudieron manipular las imágenes de toma de protesta es ignorar que ese manipuleo únicamente se logró en las televisoras locales, porque internacionalmente se transmitieron todas las escenas, que aquí en plena época de transparencia y derecho a la información se cancelaron en abierta contradicción al discurso oficialista de apertura informativa. Autoconvencerse de que todo salió bien y de que a partir de ahora se pueden construir acuerdos a su modo porque se tiene el poder público, y no resolver de fondo los problemas de gobernabilidad del país, como el de Oaxaca, que al no atenderse de inmediato, y por el contrario seguir reprimiendo sin separar del cargo al gobernador, principal causa del conflicto, será sentar las bases para multiplicar problemas sociales en ese estado y en otras regiones del país, que resueltamente se pondrán en pie de lucha. Apostarle a desvirtuar la realidad de la confrontación en la Cámara de Diputados y continuar desacreditando al contrario mediante spots televisivos anónimos, autorizados desde el poder público, es contribuir a incrementar la crispación social y política que irremediablemente será aprovechada por quienes no creen en la vía electoral, por quienes no creen en la vida democrática para transformar al país. No se confundan, el enemigo a vencer no es Andrés Manuel López Obrador, ee el movimiento social que abandera en su lucha legítima de reivindicaciones sociales por medios pacíficos y en contra de la violencia, como se ha acreditado durante los últimos meses, y en particular el 1° de diciembre con la manifestación pacífica y sin incidente alguno. Contrario, por cierto, a la campaña mediática que lo ubica como un peligro para México, patrocinada por el Partido Acción Nacional. El verdadero enemigo es el hambre, el verdadero enemigo es la falta de oportunidades de empleo, la injusticia en la que viven millones de mexicanos que merecen un mejor futuro para ellos y sus hijos; el verdadero enemigo es la desesperanza y la

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determinación de hombres y mujeres por reivindicar sus derechos, cueste lo que cueste y a como dé lugar con el convencimiento de que no tienen nada que perder y ante una realidad que los avasalla y los excluye. Es hora de recordar las lecciones de la historia. Dentro de un mes, el próximo 6 de enero de 2007 será el Centenario de los Mártires de Río Blanco, preludio de la Revolución de 1910. Por ello debemos evitar despertar al México bronco, no podemos estar equivocados y menos confundidos. La salida a la grave crisis política del país pasa por el Congreso de la Unión y, en especial, por la construcción de acuerdos con el Frente Amplio. Convergencia respalda la iniciativa de Ley para la Reforma del Estado propuesta por el Coordinador del grupo parlamentario del PRI y Presidente del Senado, para ello es urgente se apruebe en esta Cámara y en la de Diputados durante el mes en curso, de no hacerlo así sería continuar con el absurdo y disfuncional discurso del doble lenguaje, en el que se dice o declara en un sentido y se transita en el contrario. Señoras y señores legisladores del Partido Acción Nacional, utedes, una vez más, tienen la palabra. Trabajemos todos juntos para darle una salida inteligente y visionaria a la crisis social y a la crispación política que vive el país. Se trata de encontrar soluciones inmediatas para darle una nueva institucionalidad a la República, sin vencedores ni vencidos. Muchas gracias. (Aplausos) - El C. Presidente Torres Origel: Muchas gracias, Senador Dante Delgado. Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, el Senador Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México. - El C. Senador Francisco Agundis Arias: Con la venia del señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores: Mi fracción parlamentaria representada en esta legislatura avala la concepción de que la democracia se dé en el nivel de la mesura inteligente, del valor de las propuestas políticas, del servicio a la sociedad y de la activa participación ciudadana. Esta se encuentra estancada en una etapa electoral ya agotada, al grado de mantener en el centro del debate conceptos tales como la legalidad, la legitimidad; sembrar la duda en las instituciones y en la determinación final de la representación popular expresada en las urnas. La competencia electoral no debe trasladarse a otros tiempos y espacios postelectorales que cultiven la violencia, el encono y el enfrentamiento entre las diferentes posturas políticas. Todos, compañeros, somos mexicanos. Y el gobierno que inicia debe garantizar la paz y la estabilidad de la nación mediante el bienestar social y familiar y el respeto a la ley y a las instituciones. Desterremos el radicalismo, respetemos las diferencias, pero siempre dentro del orden. A pesar de nuestras posiciones particulares, es necesario unirnos en la convicción de que la consolidación democrática, las opciones políticas y el respeto a nuestros adversarios son la base de la estabilidad política de nuestra nación. El contexto que vive el país obliga a los actores políticos a procesar los asuntos públicos a través de las instituciones, nada al margen de ellas.

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La administración saliente deja una macroeconomía estable gracias a los altos precios del petróleo y a las remesas de nuestros connacionales. Pero la evaluación integral es de incumplimiento, es de un gobierno que finalizó sin resultados, que traicionó la confianza que le depositaron la mayoría de los mexicanos, dejando división y dejando confrontación, magnificando nuestras diferencias. A Vicente Fox le recriminamos su incompetencia para dialogar y para lograr acuerdos. En cada conflicto que intervino lo agudizó en tiempo e importancia, extendiéndolo a otros sectores; colocó en una práctica cotidiana que muchos incumplieran la ley, deliberada y reiteradamente. La protesta legal que rindió el Presidente Calderón, es ante un Poder Legislativo más fortalecido, más plural, más independiente y más participativo en todos los renglones de la vida nacional; un poder de verdadero contrapeso. El Presidente Calderón deberá corregir el rumbo de la nación en que la reprobable y reprobada forma de gobierno, desde el Ejecutivo, ha situado a los mexicanos a un paso de la ingobernabilidad y de la violencia. Nunca más la confrontación política mediante la fuerza de la agresión. La popularidad no es sinónimo de gobierno eficiente. Y aunque las campañas de información de la administración foxista quieran convencer que ha crecido la economía, el empleo y el bienestar de las familias, precisamente el reconocimiento de los programas sociales es la comprobación que la economía no crece y que existe una problemática social por atender. La popularidad no es necesariamente, compañeras y compañeros, un buen gobierno. Los programas sociales, tanto federales como del Distrito Federal, fueron elementos determinantes de los resultados electorales presidenciales. Para nosotros, los integrantes del Partido Verde Ecologista de México, no existe duda de que son nuevos tiempos; de que hay hombres, mujeres y jóvenes con la firme convicción de trabajar para buscar el bienestar de esta gran nación. La sociedad ha contribuido y seguirá haciéndolo en crear una vida pública de verdades claras. Hoy esa sociedad demanda mayor respeto a la Constitución y a las instituciones, ambas dan sustento al estado de derecho y a la transparencia. Somos una vigorosa y renovada República, representativa en constante transformación. Los partidos políticos estamos obligados legalmente a participar dentro de las instituciones para incluir nuestros proyectos en beneficio de la sociedad mexicana. Ese interés nos exige dejar trabajar con respeto a quien el día 1º de diciembre asumió la enorme responsabilidad al frente de la nación, ello con respeto, apoyo y corresponsabilidad. Exigiremos resultados. Esperamos que el gobierno que inicia dé respuesta a las exigencias de los estados que integran la Federación para una mayor participación en el ingreso federal, para su autonomía y la de los municipios. Somos responsables de reconocer y engrandecer el valor del humanismo político. La alta competencia electoral nos obliga a respetar el pensamiento ciudadano, pero no podemos equivocarnos. Si fallamos nos quedará el reclamo. Enfrentamos la alta responsabilidad pública que nos corresponde ante los ojos de la nación y de la comunidad internacional. La política no es improvisación, es quehacer, es ciencia, es arte y es un proceso en constante renovación.

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Vivimos tiempos de responsabilidades, pero también de libertades; es el momento de reorientar, recobrar, arriesgar por y para la convivencia. Somos corresponsables de lo que aquí acontece, y por eso convocamos a compartir esas responsabilidades. La política no es exclusiva. El nuevo gobierno tiene que traspasar las limitaciones y buscar acuerdos para reconstruir un México unido; por más dividido que éste parezca. Hacerlo no es fácil, pero es y debe de ser. Y por ello invitamos a participar a todos los sectores públicos y privados. Nosotros los ecologistas ya estamos sumados a esta gran tarea, que es buscar la unidad nacional. La confrontación política no sólo daña a las instituciones públicas; nos daña a todas y a todos, por más ajenos que parezcamos a la política nacional. Es el momento de razonar políticamente. Este gobierno que inicia tiene el reto urgente de devolver la identidad y la unidad a los mexicanos; la confianza en las instituciones, el respeto a la ley; un empleo digno y bien remunerado; una educación integral y de calidad a nuestros niños y jóvenes; una mejor calidad de vida a la familia y a los adultos mayores; una tranquilidad que desplace a la inseguridad y a la impunidad; un desarrollo sustentable, sin dañar al medio ambiente; el respeto a la vida y a los ecosistemas; un ejercicio público en que se abata los rezagos y mezquindades; una imagen internacional de un México diferente, pero unido, cohesionado, plural en idea y ejercicio para hacer coincidente con un país mejor. El Partido Verde Ecologista de México es respetuoso de las instituciones, de la legalidad, de los resultados electorales y la libre manifestación. Continuaremos impulsando el diálogo con los partidos y los actores políticos y sociales; seguiremos sentándonos a la mesa en la búsqueda de los acuerdos como vía privilegiada para lograr los consensos urgentes que demanda el país. Convocamos a todas las fuerzas políticas a la prudencia, a la tolerancia y, sobre todo, a la sensatez. La gran ventaja de la democracia, es la de ser perfectible. Es una conquista de la conciencia y también de la inteligencia. Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos) - El C. Presidente Torres Origel: Muchas gracias, Senador Francisco Agundis. Tiene la palabra, hasta por diez minutos, el Senador Pedro Joaquín Coldwell, del grupo parlamentario del PRI. - El C. Senador Pedro Joaquín Coldwell: Con su permiso, señoras y señores Senadores: Los acontecimientos que vivimos en el recinto de la Cámara de Diputados el pasado 1° de diciembre, fueron verdaderamente lamentables. Vimos llegar a dos Presidentes, el saliente y el entrante, a la ceremonia de la transmisión del mando, por la puerta de atrás y por ahí mismo salir. El nuevo mandatario llegó y se fue, no rodeado de la dignidad republicana que corresponde a su alta investidura, sino oculto por un muro de agentes de seguridad.

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Se dio el espectáculo en momentos previos, de que legisladores enfrentados discreparan por la ocupación de segmentos de espacio en el recinto de San Lázaro. Fueron hechos de disminuido civismo entre representantes populares que debieran privilegiar el diálogo y el debate de ideas para zanjar las diferencias. Dimos ante el mundo y ante los ciudadanos de México una muestra de escasa actitud para procesar las diferencias en un entorno civilizado y de buenas maneras. El jueves 29 de noviembre, desde esta misma tribuna, los Senadores del grupo parlamentario del PRI propusimos que se escogiera un recinto alterno para la transmisión del Poder Ejecutivo, para que la ceremonia pudiera desarrollarse con todo el ceremonial, cuya ausencia hoy todos lamentamos. Aquí mismo señalamos que los hechos bochornosos que se habían producido en el salón de Plenos de la Colegisladora, podrían repetirse de manera multiplicada el día 1º. Exhortamos a todos los grupos parlamentarios a evitar que la intolerancia derrotara a la política. Hoy nos lamentamos porque no fue atendida nuestra sugerencia. Y en un acto de machismo irracional, se jugó con la posibilidad de provocar una reyerta escandalosa. El Presidente tomó posesión en el recinto del Congreso General, ciertamente, pero el costo fue muy alto y pudo haber sido impagable. Se corrió el riesgo de desatar actos de violencia mayor, con secuelas que no es imposible imaginar. Felizmente no ocurrieron. Pero el Presidente asumió el poder sustentado más en la fuerza de los cuerpos de seguridad que en la majestad de la República representada por sus legisladores. Se configuró el escenario que los priístas quisimos evitar, el de una ceremonia de toma de protesta indigna para el Presidente de México y degradante para el Congreso de la Unión. Nos llena de inquietud la cuestión: de si la vida política y las instituciones volverán a colocarse en peligro por actitudes que respondan con machismo a la intransigencia, con arrogancia a la tozudez y con soberbia a los reclamos de tono levantado. Tal vez el Presidente sienta que ganó, lo dudamos. Pero ni duda cabe que quien perdió fue el Poder Legislativo; y esto no es saludable para el país. Muchos de los críticos que hoy fustigan a los legisladores por su conducta impropia, omiten señalar que aquí en esta Cámara estuvimos muy cerca de construir un escenario distinto con una salida política inteligente, que hubiere evitado el deterioro de la convivencia entre los legisladores y entre los Poderes de la Unión. Sin embargo, parece que injerencias ajenas al Congreso trastocaron la posibilidad del acuerdo. Si hubiéramos decidido únicamente los legisladores, en ejercicio de nuestras facultades, estoy seguro que otras hubieran sido las circunstancias del 1° de diciembre. Hoy le toca al Congreso asumir el desprestigio social, porque una mayoría de legisladores permitió que la decisión obedeciera a otros propósitos. Que no nos vuelva a ocurrir. Aprendamos de esta amarga lección. No volvamos a ceder a otros las decisiones que corresponden a esta Soberanía. El grupo parlamentario del PRI reconoce el voto favorable a nuestro punto de Acuerdo de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo, de Convergencia, del Partido Verde Ecologista y de dos Senadores del PRD, Ricardo Monreal y García Zalvidea.

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Por otra parte, el grupo parlamentario del PRI quiere denunciar en esta tribuna una práctica antidemocrática que atentó contra el derecho a la información de los ciudadanos. Cuando el país seguía con interés el desarrollo de los acontecimientos por las televisoras comerciales nacionales, de repente la transmisión fue secuestrada por el organismo Cepropie dependiente de la Presidencia de la República. Una pareja de locutores cumplió el ingrato papel de manipular la información de manera primitiva, llenaron el tiempo con afirmaciones vanas y mentirosas que contradecían lo que el auditorio había estado contemplando momentos antes de su aparición. Hablaban de serenidad, hablaban de una tranquilidad inexistente y se repetían una y otra vez en sus sandeces, cuando de manera milagrosa aparecieron en tribuna los protagonistas centrales de la ceremonia, éstos permanecieron a cuadro tan sólo unos minutos y se fueron tan abruptamente como habían llegado. Retrocedimos en el reloj político del país 40 años, como si no hubiera habido en la nación un progreso en materia de libertades de expresión y derecho a la información; derechos fundamentales de los mexicanos fueron abolidos a favor del interés particular de quienes deberían haberlos tutelado y garantizado. Mal inicio de un gobierno que comienza vulnerando garantías fundamentales de los ciudadanos. Mala señal de quien para imponerse no se detiene a secuestrar la televisión y en arrebatar a los ciudadanos derechos consagrados en la Constitución. Hay que evitar que todo esto vuelva a repetirse. Compañeras y compañeros Senadores: Los acontecimientos anómalos se dan en parte porque nuestra legislación federal ha dejado de ser funcional; porque la dinámica de la realidad se impone a pasos acelerados, vulnerando la eficacia de las instituciones públicas. El deterioro de la actividad política se comprueba en el enorme descontento de la población. La gente desconfía de largos y costosos procesos electorales; de las voluminosas cantidades de dinero que se invierten en las campañas; de los rudimentarios mecanismos de rendición de cuentas de autoridades electorales obsequiosas y obedientes a instrucciones del poder. Los medios de comunicación han tenido un desarrollo tecnológico e informativo notable, capaz de mostrar abiertamente lacras en el funcionamiento de las instituciones políticas que, por otra parte, han extraviado su actitud de formular nuevas ofertas a una sociedad exigente y reclamante. Urge que los legisladores hagamos nuestra tarea, que pongamos manos a la obra y de inmediato emprendamos la magna obra de plantear, discutir y aprobar la tan postergada reforma del Estado. En esa materia el PRI ha propuesto una iniciativa de ley que, como lo mencionó el Senador Dante Delgado, propone un método de discusión que la sistematiza, fija plazos para concluir el proyecto y presentarlo al Constituyente Permanente. Es necesario recuperar la confianza y la fe de los ciudadanos en las instituciones, y particularmente en este Congreso. Que evitemos en lo sucesivo que los Presidentes tomen posesión o rindan cuentas entrando por la puerta trasera y rodeados no del respeto y la consideración popular, sino de cuerpos de seguridad. Es tiempo, compañeras y compañeros Senadores, de poner el ejemplo y de señalar ante la faz de la República que en algún sitio se mantiene la cordura, el respeto mutuo, la deliberación sensata y que nos hemos decidido a promover la actualización que en el país se requiere. Este Congreso sólo se prestigiará en la medida que legisle con profundidad y con eficacia en beneficio del país. Muchas gracias. - El C. Presidente Torres Origel: Gracias, señor Senador. Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, el Senador José González Morfín para terminar con esta primera ronda de posicionamientos en este debate pactado.

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- El C. Senador José González Morfín: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores: El viernes pasado, el Presidente de la República cumplió la obligación que le impone el artículo 87 constitucional y rindió protesta ante el Congreso General. Al hacerlo se comprometió ante los mexicanos a orientar todos los actos de su gobierno a través de la Carta Magna y de las leyes que de ella emanen. Esta y no otra es la razón de ser de la protesta constitucional del titular del Poder Ejecutivo Federal, por eso es que debe rendirla ante el Congreso de la Unión, ante quienes representamos a los ciudadanos. Las Senadoras y los Senadores de Acción Nacional reprobamos enfáticamente la violencia en cualquiera de sus formas, también condenamos energéticamente cualquier pretensión, independientemente de su origen, que implique amenazas o intentos por apartarse de la legalidad y por debilitar las instituciones. Los integrantes del grupo parlamentario del PAN estamos comprometidos con el estado de derecho y con la democracia efectiva, no creemos en más fuerza que la ley porque es expresión de la voluntad general, porque es origen y fuente de legitimidad, porque es el único camino para consolidar nuestra democracia. Hoy el tiempo comienza a poner las cosas en su lugar. México cuenta con un Presidente constitucional, cuya legitimidad proviene de las urnas y de las instituciones democráticas, y cuya legalidad es fruto de actos y procedimientos también democráticos. Hoy el tiempo también empieza a poner distancia, es momento de que cada uno de los integrantes del Senado de la República levantemos la mira y asumamos nuestra responsabilidad frente a la sociedad mexicana. Es momento de que nuestras diferencias enriquezcan el debate y se transformen en propuestas legislativas. Es momento de que nuestras actitudes reflejen la magnitud de nuestro compromiso con los ciudadanos. En Acción Nacional entendemos la complejidad del momento político por el que atraviesa el país, así lo manifestó el Presidente Felipe Calderón en su primer mensaje a la nación. Entendemos también que la división entre los mexicanos no es la ruta por la que el país debe de transitar. Y hago un paréntesis, Oaxaca. Oaxaca, lo hemos dicho, es un problema sumamente complejo que requiere de una solución integral. Nosotros hemos pedido al gobernador del estado de Oaxaca que reconsidere la posibilidad de solicitar una licencia que permitiera que otra persona pudiera conducir al estado hacia la conciliación y hacia la paz. También hemos pedido al gobierno que revise todo lo que tiene que ver con las pretensiones salariales de los maestros. Estamos convencidos de que el rezago social tan enorme que tiene el estado de Oaxaca requiere de recursos importantes para llevar a ese estado a una situación de igualdad con otros estados del país. El problema es verdaderamente integral, requiere de muchas, muchas cosas. Pero también lo hemos dicho, que es necesario que se aplique la ley a quienes la han transgredido. El Senado de la República está frente a la oportunidad inmejorable de probar, de cara a la ciudadanía, que es capaz de fijar prioridades comunes, de identificar coincidencias, de emprender un diálogo sereno y constructivo, de alcanzar acuerdos y crear buenas leyes. Los temas que habrán de abordarse y discutirse en esta Soberanía son diversos y cuantiosos. Sin duda podemos acercar nuestras posiciones en muchísimos de ellos. Hace unos días, el Partido Revolucionario Institucional presentó la iniciativa de Ley de Reforma del Estado. Estoy seguro que prácticamente ninguna Senadora o ningún Senador, de ningún grupo parlamentario, se opone a sentar las bases y el método para emprender las grandes reformas institucionales que requiere nuestra nación.

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Se trata de conjuntar esfuerzos para edificar el marco jurídico que responda a las necesidades del México de la actualidad, del México del siglo XXI, que sea factor determinante para la eficacia social de nuestra democracia. También hace unas semanas, el Partido de la Revolución Democrática presentó una iniciativa para establecer los salarios máximos de los servidores públicos, se trata de una medida necesaria para nuestro país, para liberar recursos que permitan atender los compromisos sociales del Estado mexicano y para contribuir a fortalecer nuestras finanzas públicas. Acción Nacional coincide en el planteamiento, tan es así que uno de los primeros actos de gobierno del Presidente Felipe Calderón fue precisamente un decreto de austeridad, con medidas concretas que permitirán ahorrar recursos importantes para destinarlos a programas sociales. Por otro lado, nuestra bancada presentó una iniciativa de modificaciones a la Constitución y a la Ley Orgánica del Congreso con objeto de establecer un régimen de actividades incompatibles con la función legislativa. El propósito central de nuestra propuesta es hacer de la labor de los parlamentarios una obligación de tiempo completo, poner fin a los conflictos de intereses y establecer sanciones drásticas como la pérdida de cargo de Diputado o Senador a quien se aparte de las obligaciones y principios que plantea la propia iniciativa. Con ello buscamos fortalecer al Poder Legislativo a través de la transparencia y de la rendición de cuentas. Además, hay que decirlo, prácticamente todas las fuerzas políticas hemos coincidido en la necesidad de promover una reforma electoral. Todos hemos reconocido que es urgente disminuir los costos de la democracia, disminuir también los tiempos de campaña, regular detalladamente las precampañas, homologar los calendarios electorales del país, trasparentar el ejercicio y el destino de los recursos de los partidos políticos y fortalecer las facultades de fiscalización de nuestro órgano electoral. Ahí quedan cuatro temas como ejemplo de lo que juntos podemos hacer. Todos ellos, desde nuestro punto de vista, urgentes; todos ellos legalmente muy importantes. Compañeras y compañeros Senadores: No existe pretexto, justificación o argumento que impida comenzar a trabajar de inmediato. Ninguna razón es tan poderosa que haga imposible poner de lado nuestras diferencias para concentrar nuestros esfuerzos en beneficio de México. Ningún agravio es tan profundo que constituya un obstáculo insuperable para reencontrar el camino de la política, del diálogo, de la disposición y del acuerdo. Los mexicanos no admiten más excusas y no admiten más demoras. Y tienen razón, no tienen porqué hacerlo. Estamos aquí para crear buenas leyes. Estamos aquí para representar a nuestros electores. Estamos aquí porque ellos nos confiaron mucho más que su voto. Estamos aquí porque representamos diversas opciones de pensamiento, diversas opciones políticas, no por ser enemigos que deban aniquilarse unos a otros. Estamos aquí porque en conjunto somos el fiel reflejo de México. Nuestro deber es acreditar esa confianza y mirar al México del futuro.

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Hoy, compañeras y compañeros Senadores, el reto es nuestro, el reto lo tenemos aquí. La pelota también está en nuestra cancha. Felipe Calderón es y será Presidente de todos los mexicanos, gobernará para todos. Nosotros aquí en el Senado debemos hacer exactamente lo mismo. Debemos encontrar juntos la forma de entregar los resultados que la sociedad está esperando de todas y de todos nosotros. Yo puedo decirles que por parte del grupo parlamentario del PAN, éste es nuestro compromiso. Muchas gracias. (Aplausos) - El C. Presidente Torres Origel: Gracias, Senador González Morfín. Hemos agotado la primera ronda de oradores. Esta Presidencia informa a la Asamblea que para esta segunda ronda de oradores, que será hasta de 5 minutos de participación cada uno, tiene registrados a los siguientes Senadores: Gabino Cué Monteagudo, Alfonso Sánchez Anaya y María Teresa Ortuño Gurza. En consecuencia, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el Senador Gabino Cué Monteagudo. - El C. Senador Gabino Cué Monteagudo: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores: El asunto que me trae a esta alta tribuna de la nación no sólo es uno de los mayores pendientes políticos que dejó la pasada administración federal, sino que a unos días del inicio del actual gobierno es un tema que mantiene a la gran mayoría de los oaxaqueños y a muchos mexicanos, ante la expectativa de una verdadera solución de fondo que no debiese posponerse más tiempo a riesgo de un nuevo desbordamiento social. Y subrayo esto último, porque aun cuando existen lecturas oficiales de que el conflicto, prácticamente, se ha solucionado, la verdad es que en Oaxaca vemos que la crisis política que nos tiene convulsionados desde hace más de seis meses, vive ahora una nueva etapa. Es una nueva etapa en la que desafortunadamente quienes originaron el conflicto siguen impunes. En Oaxaca muchos ciudadanos, como en México, tenemos la preocupación de que si se insiste en criminalizar los movimientos sociales tal y como ha sucedido en Oaxaca, se corre el riesgo de que una parte importante del pueblo mexicano que se sienta agraviada decida continuar su lucha por otras vías no pacíficas. En el caso de Oaxaca buscamos hoy más que nunca la reconciliación. Y aunque eso no necesariamente pasa por cerrar los ojos ante lo que ha pasado y sucede en la entidad, me parece que es urgente también adoptar una serie de medidas que eviten la violación de los derechos humanos que hoy se vive en esta entidad del sureste del país. Hoy sabemos que muchos ciudadanos oaxaqueños, varios de ellos inocentes de los cargos que se les imputan, han sido trasladados a cárceles destinadas para delincuentes de alta peligrosidad, sólo por ser simpatizantes de la APPO, de las causas que estas organizaciones han tenido como bandera, o sencillamente observadores de derechos humanos. Es decir, están recluidos sólo por exigir la renuncia de Ulises Ruiz, por estar en contra de la corrupción que han propiciado éste y el pasado gobierno estatal y por querer un verdadero cambio en Oaxaca. En otras palabras, en su gran mayoría están encarcelados por pensar diferente a quienes gobiernan en Oaxaca.

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Tal situación que por sí misma evidencia su gravedad, pero a la que ya estamos acostumbrados, quienes somos oposición política del PRI-Gobierno Estatal, se ha hecho más delicada porque ahora pareciera que es el gobierno federal quien le ha estado haciendo el trabajo sucio a Ulises Ruiz. A estas alturas, después de varias centenas de detenciones, muchas de ellas violatorias a las garantías individuales que consagra nuestra Carta Magna, aún no se saben los nombres de todos los detenidos y su verdadero paradero. En este sentido, además de que las familias de esos y otros paisanos se encuentran en permanente estado de angustia, quiero hacer del conocimiento de esta Soberanía, que somos muchos los oaxaqueños que estamos indignados por la abierta violación de los derechos humanos que se viene haciendo en contra de dichos ciudadanos. Nosotros queremos que se aplique la ley, pero no la ley del embudo, aspiramos un estado de derecho sin privilegios para nadie, mucho menos para los que en Oaxaca se creen los todo poderosos, o sea, los intocables del gobierno y sus amigos, en otras palabras, anhelamos un marco legal justo y equitativo para todos, es decir, si alguien quebrantó el marco legal debe de pagar por ello, sea quien sea, efectivamente todos por igual, pero sin caer en criminalizar este movimiento social. Por otra parte, y aunque aparentemente se han restablecido las actividades cotidianas de la entidad, nadie puede afirmar que la distensión lograda desaparece automáticamente los problemas fundamentales que Oaxaca necesita resolver, como son la falta de transparencia, democracia, justicia y respeto a los derechos humanos, no se debe de permitir que la venganza y aniquilización del adversario sea el modo como se sigue enfrentando a la oposición de todos los signos, confundiendo el regreso al orden público con una supuesta recuperación de la gobernabilidad. Compañeras y compañeros Senadores: En México como en Oaxaca hoy más que nunca se hace necesario el diálogo y la conciliación basado en un gran pacto social y de gobernabilidad que garantice que todos los actores excluidos tengan cabida en la definición de nuevos rumbos para la nación, sin hacer a un lado las justas demandas de la gran mayoría de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ - La C. Presidenta Yeidckol Polevnsky Gurwitz: Gracias, Senador Cué. Tiene la palabra el Senador Alfonso Sánchez Anaya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos. - El C. Senador Alfonso Sánchez Anaya: Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores Senadores: Los hechos que han acontecido en México, desde el pasado 2 de julio, nos exigen hacer una reflexión sobre las causas y las consecuencias de la severa crisis política que vivimos. La incertidumbre en el futuro cercano y la imagen de división son hechos que han contribuido, en alguna medida, a admitir que vivimos un escenario agudizado similar en sus formas y en el discurso al que nuestro país experimentó en la imposición presidencial de 1988. Felipe Calderón inicia su gestión urgido de legitimidad y autoridad política, el movimiento ciudadano que impugna las numerosas irregularidades del proceso electoral, aún no termina.

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La distensión nacional pasaba por un nuevo cómputo de los sufragios, sea cual fuere la consecuencia: una depuración de las irregularidades que permitiera concluir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, o bien una ratificación del sentido del PREP y el conteo distrital que diera cuenta de la victoria al candidato de Acción Nacional. Al proceso sucesorio viciado, se sumó la llamada guerra sucia en los medios de comunicación electrónicos, que de nueva cuenta apareció en los últimos días de noviembre mostrando al PRD como un partido que busca apropiarse de México. Esta guerra sucia fue instrumentada desde la Presidencia de Vicente Fox, que en ningún momento buscó construir la mínima certeza electoral. Ante este escenario, y ante una embestida que busca a toda costa la reedición del proceso electoral de 1988, es decir, del callar y obedecer los designios del Presidente de la República y de los grupos de poder fácticos, Andrés Manuel López Obrador estableció campamentos en el zócalo y a lo largo del paseo de la reforma. Esta forma de lucha expresaba el agotamiento de las instancias institucionales para poder procesar un conflicto que lleva sus primeros seis meses de duración. Esa protesta era el llamado de millones de electores a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que cumpliera con su deber de desempeñarse como un tribunal constitucional, responsable de velar por la integridad de la República y sus instituciones. Los comicios fueron revestidos de legalidad y, por esa vía, argumentaba con frivolidad el entonces Magistrado Presidente, Leonel Castillo, el “tiempo sanará”. Pero las acrobacias verbales de los Magistrados que dejaban al tribunal en medio del escándalo por los bonos que se habían otorgado para su retiro, no pudieron persuadir a un tercio del electorado de que la voluntad popular fue respetada en los comicios del 2 de julio y que sus resultados la reflejaban. Si la distancia entre el México oficial y el México real se volvió enorme en los años del foxismo, del 2 de julio al 1º de diciembre se generó un abismo entre la verdad jurídica y la verdad popular. El pasado 1º de diciembre, Felipe Calderón Hinojosa rindió protesta como Presidente. Cabe preguntarse ahora sobre qué bases podrá construir su Presidencia. Felipe Calderón enfrenta la crisis no sólo resultado del oscuro proceso electoral de este año, sino de una política económica que ahonda las desigualdades y desarticula a la sociedad. Las injusticias sociales toleradas y fomentadas por el grupo gobernante, caracterizado por la cerrazón y la ceguera política, acompañado por la voracidad empresarial que atropelló sin tapujos el orden institucional del país, lo llevaron a desvirtuar los procesos democráticos. Con este escenario, es obvio que no se podrá rebasar al PRD por la Izquierda. Diversas voces advirtieron sobre los riesgos de división nacional que conllevaba presentar al PRD como un partido que está en contra de las instituciones de la República, cuando gracias a mi partido, el PAN ha podido llegar al triunfo en procesos electorales en donde lo apoyamos para construir nuevos espacios democráticos. Advertimos, en tiempo y forma, sobre los riesgos de polarizar a la sociedad a través de la lucha política desleal, alevosa e ilegítima. Tales advertencias fueron desatendidas por quienes hoy, con dolo, nos acusan de “dividir al país”.

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México está dividido desde mucho antes. Está dividido entre los millones que subsisten con un salario mínimo, entre los agraviados por un sistema de procuración e impartición de justicia que atropella, viola los derechos humanos, fabrica culpables y, por otra parte, los delincuentes de cuello blanco. Está dividido entre las comunidades indígenas y campesinas que siguen marginadas y abandonadas y los empresarios agrícolas del estilo de Vicente Fox, que se benefician con aperturas comerciales que potencian sus exportaciones; entre las organizaciones sociales agredidas, hostilizadas y que seis años después de consumado un supuesto “cambio” democrático, son objeto de manipulación por las autoridades agrarias. Independientemente del juicio que merezca la ceremonia protagonizada por Felipe Calderón, no se justifica el uso de la fuerza pública que ingresó al recinto de San Lázaro sin autorización del Pleno, hecho que va contra los postulados del viejo panismo que en el pasado buscó la observancia de la ley. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no tuvo esa función, sino la de ser un auxiliar más de Felipe Calderón en su toma de posesión. La conducta del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados merece nuestra reprobación. Con estos saldos a la vista, se nos muestra un diagnóstico preciso y certero de la grave desunión nacional y de la circunstancia insostenible en que ha sido colocada la nación por el grupo en el poder, esa alianza político-empresarial y mediática. Señoras Senadoras, Señores Senadores: Estamos en la última llamada, en el último intento posible por mantener dentro de cauces pacíficos y legales el vasto descontento político, económico y social que recorre al país. En estas horas es necesario, sin simulaciones o máscaras, llegar a acuerdos y pactos, o seguir el camino en el que todos perdemos. El Frente Amplio Progresista en este Senado ya dio el primer paso con la iniciativa de Ley de Precios Competitivos. Es tiempo de dar atención prioritaria a la educación, crear empleos, de conseguir una redistribución más equitativa de la riqueza y reformar la manera de gobernarnos con instituciones políticas adecuadas a una concepción democrática donde imperen las propuestas y las alternativas sobre el dinero, en la que se acorten las campañas y se compita en elecciones internas por los puestos de elección popular. En suma, buscamos una modernización de México, que corrija carencias estructurales, desequilibrios territoriales y nuestro déficit en gasto social, que mejore infraestructuras, servicios y comunicaciones. Una modernización que reduzca nuestro atraso tecnológico, incremente la competitividad de nuestras empresas y la cualificación y estabilidad de los trabajadores, que apoye y garantice el libre desarrollo de los emprendedores y de las clases medias para fortalecer nuestra inserción en el mundo global del siglo XXI. Se trata de resolver los problemas reales de México. La disyuntiva que hoy plantea un amplio sector de la ciudadanía es clara: si se cancela la vía de los acuerdos, los pactos y las reformas y se opta por el inmovilismo, vamos directo al abismo. Han cambiado demasiadas cosas para que nos mostremos indiferentes a los cambios, para que pensemos que podemos seguir actuando como en el pasado, para seguir usando los mismos conceptos y utilizando las mismas formas de hacer política.

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La trascendencia y profundidad de la crisis política que hemos vivido en este 2006, es tal que exige a los partidos y dirigentes la capacidad de adelantarnos y dar respuestas en lugar de reaccionar ante hechos consumados. Es tiempo para definir proyectos y propuestas, lenguajes y formas de acción política adecuados a la nueva realidad. Estamos frente a una situación política inédita donde ya no sirven los viejos esquemas de actuación, donde tenemos la obligación de reformar las funciones de la política y del Estado, preservar la democracia y adecuarla a los nuevos tiempos, dotar de más fuerte legitimación al sistema de partidos, fomentar la participación de los ciudadanos en las organizaciones políticas, sindicales y sociales. Los problemas que hoy conocen los ciudadanos y les afectan, son distintos y requieren soluciones distintas. En una época como ésta, el mercado, por sí solo, no ofrece las respuestas que muchos ciudadanos esperan para sus incertidumbres, para sus inquietudes, para sus necesidades, para superar sus dificultades, para actuar y sobrevivir con dignidad en el mundo que les ha tocado construir. Una época en la que la defensa de la paz social, como base de las relaciones entre los mexicanos, sigue siendo un valor central. Todos ganaremos si logramos construir instituciones y leyes que integren la pluralidad y la diversidad de nuestra patria.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR RICARDO TORRES ORIGEL - El C. Presidente Ricardo Torres Origel: Muchas gracias, Senador Sánchez. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la Senadora María Teresa Ortuño Gurza. ¿Sí, Senador Carlos Navarrete? - El C. Senador Carlos Navarrete Ruiz: (Desde su escaño) Solicito formalmente que el texto íntegro del discurso del Senador Sánchez Anaya sea incorporado en el Diario de los Debates, por favor. - El C. Presidente Ricardo Torres Origel: Así será, señor Senador, con todo gusto. Continúe, señora Senadora. - La C. Senadora María Teresa Ortuño Gurza: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores: Agradezco la intención que puedan prestar a esta intervención. En primer lugar, no puedo dejar de celebrar que dentro de esta crisis que tenemos que resolver, las intervenciones que me han precedido, prácticamente todas, no recuerdo si alguna no lo hizo, utilizaron la palabra “acuerdos”. En todas se habla de la importancia de los acuerdos. Nosotros aquí, en Acción Nacional, no minimizamos el problema; tampoco lo maximizamos. No lo minimizamos, démosle su justa dimensión. Pero yo quisiera preguntar si nos hemos planteado que el debate que hoy estamos teniendo aquí, pudo haber sido un debate bien diferente.

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Si Felipe Calderón no hubiera rendido protesta el viernes pasado, posiblemente estaríamos debatiendo la crisis constitucional y se estaría dirimiendo en los medios por comentaristas por todas partes, si era o no válida la Presidencia, puesto que no cumplía o no hubiera cumplido con el artículo 87 de la Constitución. Afortunadamente, hoy estamos debatiendo lo que sí está en nuestras manos de los que estamos aquí, resolver cómo alcanzar los acuerdos, cómo resolver los diferendos. Empiezo por felicitarme y felicitar al país, porque ese es el debate del día de hoy y no el de la crisis constitucional. Así que cuando se dice aquí en la Tribuna, vamos a debatir, vamos a referir los argumentos que se han dicho y a intentar presentar contraargumentos. Cuando se dice aquí en la tribuna que “se consumó una imposición”, respeto ese punto de vista, pero por supuesto que no lo comparto. Lo que se hizo el viernes pasado, fue dar vigencia a la Constitución, no en las condiciones ideales, no las que hubiéramos querido. Pero sí se dio cabal cumplimiento a la Constitución. Se dice, por cierto, que entró por la puerta de atrás. No quisiera dejar pasar este detalle. Entró por la puerta de la Mesa Directiva, por la puerta del Presidente del Congreso, por la vía que quedaba, tan digna como cualquier otro acceso al Congreso; por esa misma vía fue que accedieron nuestros compañeros del Partido Revolucionario Institucional. Me parece que la descalificación no procede, aunque también es opinable y podemos debatirla. Se habla aquí del cumplimiento de la ley. Se habla de la ley del embudo. Qué tal si mejor platicamos de la ley, la ley sin adjetivos, la ley sin colores, la ley sin partidismos. La ley… - El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) ¿Cuál ley? - La C. Senadora María Teresa Ortuño Gurza: Pediría a los Senadores que pongan atención que luego, señor Presidente, si es tan amable de solicitar esa atención, increpan en voz alta. Pido ese respeto que otorgo. - El C. Presidente Torres Origel: Permítame, señora Senadora. Yo agradecería a todos los miembros de esta Asamblea que cualquier expresión se haga en el espacio que tendrán en su momento, la tercera ronda de oradores, por favor. Continúe, señora Senadora. - La C. Senadora María Teresa Ortuño Gurza: Muchas gracias, señor Presidente. Nunca ha habido ninguna expresión en esta tribuna, ni del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón, ni de ningún vocero de Acción Nacional, y si la hubiera por supuesto que la desconozco, la rechazo, no la avalo y no creo que exista, que diga que estamos ignorando que hay un problema. De ninguna manera hemos dicho ni inducido que están resueltos los problemas del país. No creo que un debate sea válido cuando se nos afirme que en la boca de alguno de nosotros ha tenido origen esa expresión. No hemos dicho que están resueltos los problemas, y sabemos muy bien que como Partido en el Gobierno nos corresponde un papel que tenemos que jugar y que estamos jugando de esta invitación a los acuerdos, de esta mano extendida y llana, de esta inteligencia abierta y esta disposición probada para cumplir los acuerdos a los que se pueda llegar. ¡Claro que no podemos gobernar solos! Esta es otra frase que también hemos insistido en ella y que no acepto que se nos pretenda atribuir. No, sabemos que ganamos con poco más del 35% de la votación, pero en una democracia es suficiente como la hay en otros países que no viene a cuento relatar.

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Los demócratas, los demócratas lo aceptan. Esta es la verdad, no sólo la verdad de lo que ocurrió, sino que además es la verdad legal. Y si no tomamos la ley como referencia única para poder transitar hacia los acuerdos, no vamos a poder llegar a ello. El país está optimista, está en paz. Felipe Calderón no está urgido de legitimidad, está urgido de acuerdos y a nosotros nos corresponde alcanzarlos. Muchísimas gracias. - El C. Presidente Torres Origel: Muchas gracias, Senadora María Teresa Ortuño. Hemos agotado la segunda ronda de oradores. Esta Presidencia informa a la Asamblea que se tienen registrados, por conducto de la Secretaría General y obra en poder de esta Presidencia, los nombres de los Senadores registrados para esta tercera ronda: Al Senador Leonel Godoy Rangel, al Senador Alejandro Zapata Perogordo, Senador Pablo Gómez Alvarez, Senador Tomás Torres Mercado, la Senadora Rosario Green Macías, el Senador Salomón Jara Cruz, Senador Arturo Núñez Jiménez y Senador Francisco Castellón Fonseca. Muchas gracias. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el Senador Leonel Godoy Rangel. - El C. Senador Leonel Godoy Rangel: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores: El 1° de diciembre, sin duda, nos dio varias lecciones que hoy deberíamos de aprender. La primera es que, indudablemente, la política fue derrotada por la fuerza. Se violentaron garantías individuales de mexicanos de libre tránsito, de derecho a la información. Se violó la soberanía del Congreso con la presencia de un cuerpo extraño del Poder Ejecutivo o de varios cuerpos extraños del Poder Ejecutivo, como el Estado Mayor Presidencial, la Policía Federal Preventiva y la Secretaría de Marina. Y ahora estamos viendo en estos días actos de fuerza, porque pareciera ser la lectura del grupo gobernante que los actos de fuerza son los que legitiman. La segunda lección que a juicio nuestro quedó clara, fue el agotamiento del actual sistema político. Este presidencialismo a ultranza que desde hoy legisladores de Acción Nacional, les preguntamos si en estas condiciones el próximo año va a ir Felipe Calderón a rendir su informe de gobierno. Si es así, las consecuencias serán otra vez a costa de la política en nuestro país. Hay que avanzar, sin duda, en la revisión del actual sistema político mexicano, porque éste ya está agotado. También para nosotros está surgiendo un nuevo estilo de gobernar, que se demostró en los meses posteriores al 2 de julio. Este nuevo estilo de gobernar es golpear y llamar al acuerdo, golpear y llamar a la unidad, golpear y llamar a la rendición. No podemos así avanzar. Hay una visión del grupo gobernante que para nosotros resulta intolerable, insostenible, acorralar a la Izquierda para que caiga en la provocación y reprimirla. ¿Qué es lo que buscan? Convencernos de que la vía electoral no es la manera en que la Izquierda puede llegar al poder. Hay una campaña feroz, mediática para presentarnos como una Izquierda violenta, hay un interés de demostrar que nosotros no podemos ganar elecciones, y eso tiene un alto costo político. Por eso nuestra respuesta hoy es, como en el ’68, como en el ’88, hoy en el 2006 volvemos a decir vehementemente que queremos llegar al poder por la vía pacífica, por la vía electoral. Queremos decirles claramente que no somos una Izquierda primitiva, que somos una Izquierda democrática, moderna, plural, y que de esta manera cumplimos con lo que establece nuestra Constitución.

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Deseamos que tengamos un sistema donde el voto libre de los mexicanos decida las elecciones y no los poderes fácticos y el dinero. Defendemos las conquistas del pueblo de México, la educación pública, el ejido, la comunidad indígena, la seguridad social, Petróleos Mexicanos, la soberanía nacional, y queremos un sistema de elecciones libre para nuestro país. Esta es nuestra posición, señores legisladores de la Derecha. Esta es nuestra posición, y queremos reivindicarla hoy aquí en el Senado de la República, y para eso estamos listos para llegar a los acuerdos que sean necesarios. Hoy nosotros decimos que vamos por la aprobación de la Ley de la Reforma del Estado; hoy nosotros decimos que vamos por la Ley de Precios Competitivos para nuestro país; hoy nosotros decimos que vamos por una Ley de Salarios para los Servidores Públicos de este país; hoy decimos que queremos una reforma del Estado. Eso es lo que queremos establecer el día de hoy ante ustedes, ante este Honorable Senado de la República. Muchas gracias, compañeras y compañeros. - El C. Presidente Torres Origel: Gracias, Senador. Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Zapata Perogordo, hasta por cinco minutos. - El C. Senador Alejandro Zapata Perogordo: Honorable Asamblea; con su venia, señor Presidente: En la victoria humildad, en la derrota dignidad, pero en lo esencial unidad. Me da gusto que estemos llevando un debate de altura, con calidad, que nos podamos decir las cosas como las sentimos. En el fondo todos nos sentimos avergonzados y lamentamos los acontecimientos del pasado 1° de diciembre en la Cámara de Diputados. Eso no ayuda, eso lo único que llega a hacer es que ahonda heridas que debíamos estar curando. Pero, bueno, finalmente no nos sorprende que en México, como en muchos otros países, en un sistema democrático, tengamos gobiernos divididos, y que tenemos que estar también conscientes de que debe transitarse en busca de una consolidación democrática. Yo sostengo una tesis, y no coincido con lo que dijo aquí mi compañero Leonel Godoy que me antecedió en el uso de la palabra. El sistema presidencialista ya estaba desterrado y entramos a un proceso de transición, y el proceso de transición se agotó. Tenemos que darle viabilidad al país buscando una consolidación democrática, y en nada ayuda la estigmatización. Los de la Derecha a ultranza radicales violentos, y, por otro lado, la Izquierda que llega con la bandera social diciendo que va a salvar a México; y en medio, pues, dicen nuestros compañeros del PRI, como tienen diferencias tan hondas y tan profundas, nosotros somos los que realmente vamos a sacar los verdaderos acuerdos, porque podemos sacarlos con el PAN y con el PRI. La realidad es que la responsabilidad es de todos, nos tenemos que poner de acuerdo todos, nadie somos mayoría, y requerimos que haya consensos. Y obviamente en ese sentido sí tenemos que ir verificando, ir viendo, primero, que no estemos tratando de insultarnos y hablarnos con respeto, que nadie sea vocero de otro partido político que no sea el suyo, porque regularmente vienen a la tribuna y dicen lo que creen que el PAN piensa. No, si nosotros también tenemos la posibilidad, y pediría respeto, tanto como lo estoy dando, en tanto que nosotros queremos discutir las ideas y confrontarlas, y en base a eso, en aquellas partes donde haya diferencia, pues, buscaremos la manera entonces de buscar la razón.

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Como también sostengo que el pasado día 1° de diciembre fue la razón la que finalmente imperó en posiciones muy difíciles y muy complejas. Pero que en aquellos puntos donde coincidamos ya no estemos regateando, vamos avanzando. Yo creo que ya desde hace tiempo que debía haberse continuado el proceso reformista para irle dando un cauce de largo plazo a México en un sistema de carácter democrático. Y la democracia no solamente son procesos electorales, pero sí sabemos que ahí inician; y que después de lo que pasó el 2 de julio me queda claro que tenemos que entrarle a profundas reformas electorales, de tal manera que nos permitan tener contiendas con equidad. Y bienvenida la Izquierda, como ustedes se autocalifican, en procesos democráticos de modernidad y que puedan ir impulsando situaciones que en buena medida aportan al proceso de consolidación democrática de México; pero también pedimos no descalifiquen nuestras ideas, no descalifiquen, en ese sentido, nuestra forma de pensar. En tanto que hay muchas coincidencias, y en tanto que hemos sumado esfuerzos en otras épocas, y en tanto que eso ha permitido que México vaya saliendo adelante de manera pacífica y armónica. Y entonces sí, yo habré de decir que hemos sido luchadores sociales dentro de la democracia y dentro de las instituciones; pero que esa situación también queremos seguirla haciendo, queremos seguir siendo luchadores sociales para que México salga adelante. Por eso levantamos la mano y dijimos: queremos entrarle a la política, pero a la política de calidad, a la política como ciencia y búsqueda del bien común; a la política como respeto a las libertades, y a las libertades esenciales, a la política como única forma de la dignificación de los países, de los políticos y de los seres humanos. Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos) - El C. Presidente Torres Origel: Muchas gracias, Senador. Senador Pablo Gómez, tiene usted el uso de la tribuna hasta por cinco minutos. - El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas y ciudadanos legisladores, escucho de parte del preopinante una frase triunfalista, “la razón imperó”, será que mis ojos, como decía Bernal Díaz del Castillo, no pueden ver divinidades porque yo vi que quien imperó fue la guardia presidencial, no la razón. El Estado Mayor Presidencial, la Armada de México y la Federal Preventiva, a fin de cuentas ellos imperaron. No, no puede ser la ley el marco, Senadora Ortuño, sin colores, porque la ley tiene color, la ley, las leyes las hacen los legisladores que representan ideas e intereses, y que esas ideas y esos intereses son plasmados en la ley; la ley no son las Tablas de Moisés, tampoco las escribe el Espíritu Santo, son los legisladores de conformidad con los intereses que representan. Las leyes se cambian cuando son intereses distintos los que predominan, ideas distintas las que dominan, las leyes son la expresión de ideas dominantes; y ésas corresponden a los dominadores. Son cosas muy sencillas que cualquiera puede entender, y aquí venimos a luchar, al menos nosotros, por cambiar las leyes y ponerlas acordes con los intereses que nosotros representamos, con las ideas que nosotros representamos. Y dice Perogordo que debemos compartir ideas, pero no responde a ninguna. Hemos presentado aquí algunas iniciativas, plebiscito revocatorio, reforma electoral en la Constitución, tope de sueldo a los servidores públicos, ¿cuántas nos han respondido? Ninguna, no han dicho nada, siguen en silencio. ¿Qué dice Calderón? ¿Nos responde, acaso? Dice: “Bajemos el financiamiento a los partidos”, estamos de acuerdo, lo hemos planteado hace mucho tiempo, desde que se puso el actual sistema de financiamiento, pero no menciona el acceso de los partidos a los medios. Ni media palabra de los tiempos gratuitos en radio y televisión.

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Nos quieren bajar el financiamiento público para que las empresas televisoras se encarguen de subir las tarifas y sólo los que tengan financiamiento privado podrán tener acceso a la publicidad. ¿De qué están hablando? Eso no tiene viabilidad, eso no va a ser aprobado por el Congreso, eso es absurdo. Que Calderón esté planteando algo absurdo es sencillamente para que no haya reforma, y la propuesta que hemos hecho aquí ha tenido una respuesta, el silencio; y vamos a seguir teniendo el silencio como respuesta de una bancada de la Derecha, que no tiene un programa para este país, ni siquiera que refleje los intereses históricos de la Derecha mexicana, sino la mediocridad programática. No hay un solo planteamiento en el discurso de Calderón en el Auditorio que refleje la posesión de un programa de transformaciones. Las que ha hecho no tienen viabilidad, y en esas circunstancias el diálogo está perdido; porque el diálogo en la lucha política es eso, es el diálogo entre diferentes, con ideas e intereses diferentes para llegar a unos determinados acuerdos, lo que implica que respondan a las propuestas del otro. Yo le digo, Perogordo, nosotros aceptamos la ley de incompatibilidades de los servidores públicos, estamos dispuestos a votarla; vamos viendo sus textos concretos, y ustedes aceptan la publicidad gratuita de los partidos en medios de comunicación, reduciendo el financiamiento privado, vamos firmándolo y vamos votándolo, pero hasta hoy lo que nos han dado es silencio, y llevamos tres meses en este Senado, y de los sueldos, silencio, y del revocatorio, silencio. ¿Están dispuestos a aceptar el derecho del pueblo mexicano a revocar el mandato de los gobernantes? - El C. Senador Ricardo Francisco García Cervantes: (Desde su escaño) ¡No! - El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Vamos discutiéndolo, vamos debatiéndolo, pero hasta hoy, tú eres el primer panista que ha dicho no en nombre de tus compañeros. Tenemos dos meses de haber presentado la iniciativa, si este será el instrumento del Estado para buscar soluciones de la crisis política, van a tener que cambiar y van a tener que ser tan francos y directos como no lo han sido hasta ahora. No les digo a ustedes tienen la palabra, nosotros la tenemos y la seguiremos teniendo por nuestra parte, la de ustedes la queremos oír. Por último, señor Presidente, quiero decir, hay un punto en el que podríamos arrancar a una nueva situación. Desparecer, declarar la desaparición de los poderes en Oaxaca y poner en libertad a todos los presos políticos. Exijo al gobierno de Calderón libertad a los presos políticos, a los de Oaxaca, a los de Atenco, a los luchadores sociales que han dado su esfuerzo, su sacrificio por elevar las condiciones de vida y la dignidad de sus pueblos. Libertad a los presos políticos demandamos hoy, como lo hicimos en el año ’68, y siempre lo hemos hecho durante todas estas décadas. Libertad a los presos políticos, le exijo a la Derecha gobernante de este país. (Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR FRANCISCO ARROYO VIEYRA - El C. Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor Senador Federico Döring Casar. - El C. Senador Federico Döring Casar: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores: Quisiera empezar por reconocer la actitud de las Senadoras y Senadores del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Revolucionario Institucional y de aquellos partidos que el viernes pasado supieron comportarse a la altura de un día importante para la República.

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No queremos dejar pasar la oportunidad de reconocerles, que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de los agravios que tenemos, porque ninguna fuerza política tiene el monopolio de los agravios, todos llegamos con heridas del proceso electoral; hay quienes han sabido ser oposición, y hay quienes tenemos que reconocer en ellos la madurez. Y quiero retomar parte de lo que dijo el Senador Coldwell en su discurso: “Recogemos el espíritu y la responsabilidad de la propuesta de la sede alterna”. Pero también ya lo dijeron aquí: “La solución somos todos”. Y ese acuerdo no encontró respaldo en otras bancadas, sólo fue una buena intención. Pero debemos de respetar el buen ánimo y la responsabilidad de los legisladores del PRI, del Partido Verde Ecologista y de Convergencia también, que a pesar de las diferencias, junto con el PANAL y Alternativa, no entraron a un bochornoso día del Congreso, y que también nosotros reconocemos. Sobre eso he de decir que no estamos orgullosos de lo que pasó, pero tampoco nos arrepentimos. Y si tuviéramos que volver a transitar por ese paso amargo, lo volveríamos a hacer igual, porque lo que estaba en juego era que rindiera protesta quien legítimamente había ganado, con el voto mayoritario de los mexicanos, el derecho a gobernar este país. Y estaba en juego mucho más que una sola rabieta legislativa. Aquí se ha dicho, y creo que en eso podemos también coincidir, que son legítimos los movimientos sociales. Pero que quede claro, nadie está en la cárcel por pensar distinto”. Flavio Sosa está en la cárcel por haber cometido delitos, varios. Y lo que tenemos que aprender e hilvanar con el debate anterior es la legitimidad de los movimientos sociales y cómo estos deben ser encausados en el marco de la ley, porque una injusticia no repara otra injusticia. Y lo que también hay que dejar claro, es que un agravio electoral… - El C. Senador Salomón Jara Cruz: (Desde su escaño) ¿Me permite la palabra, señor Presidente? - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor Senador Döring. ¿Con qué objeto, Senador Jara? - El C. Senador Salomón Jara Cruz: (Desde su escaño) Si le pidiera al orador permitirme hacerle una pregunta, señor Presidente. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: ¿Le puede hacer una pregunta el señor Senador Salomón Jara? - El C. Senador Federico Döring Casar: Claro que sí, señor Presidente. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Adelante, Senador Jara. - El C. Senador Salomón Jara Cruz: (Desde su escaño) Señor Senador, usted sabe que hace unos días liberaron al que fue autor de la muerte del periodista norteamericano que fue asesinado hace aproximadamente un mes en la ciudad de Oaxaca. Quiero preguntarle: ¿Si usted sabe que esta persona, estas personas que mataron al periodista, están libres? ¿Y si usted, de esa manera, explica que los delincuentes hoy están en la cárcel, y en el caso de los que asesinan, están en las calles? - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Por favor, señor Senador.

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- El C. Senador Federico Döring Casar: Lo que yo sé, Senador, es que en este país los que violan la ley tienen que sufrir las consecuencias de hacerlo. Y lo que yo sé, es que en este país nos habíamos tardado en ejecutar una orden de aprehensión en contra de quienes están avasallando el estado de derecho y sembrando el caos en el estado de Oaxaca, porque el movimiento es legítimo, pero lo que usted y Flavio Sosa deben de saber, es que una causa, por legítima que sea, no es una justificación de impunidad para ir delinquiendo por doquier. Lo que yo sé, y usted debe de saber, es que el mayor compromiso de un mexicano que es buen ciudadano, es con el estado de derecho y con la ley, aunque a algunos no les guste el término. Lo que yo sé, y usted debe de saber, es que el que nada debe, nada teme. Si el señor Sosa es inocente, seguramente podrá probarlo en un Juzgado de Distrito y volver a gozar de su libertad. Y lo que yo sé, y usted sabe, es que si es culpable, mucho tiene de qué preocuparse y de reflexionar sobre cómo ha estado ejerciendo sus últimos días en este país. He dado respuesta, señor Presidente. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: El señor Senador Dante Delgado Rannauro, antes que usted Senador Leonel Godoy. - El C. Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) Nada más le hago una pregunta al señor Döring. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: ¿La acepta usted, señor Senador Döring? - El C. Senador Federico Döring Casar: Desde luego, señor Presidente. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Adelante, señor Senador. - El C. Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) La pregunta va orientada al hecho de que si él recuerda que hace unos días don Carlos Abascal le decía: “don Flavio”, y que en unos días ya dejó de ser “don Flavio” para ser Flavio Sosa. Antes, “don Flavio” era el interlocutor válido para la Secretaría de Gobernación, y que estaba acostumbrado a tratar -como él lo acaba de decir aquí- con delincuentes. Y hoy, unos días después, ya es Flavio Sosa “El delincuente”. ¿En qué ejercicio de acción política se encuentra? ¿En el ejercicio de cuestionar lo que hizo el propio gobierno panista antes o en el ejercicio de lo que está haciendo un gobierno panista ahora? Para que nos pueda precisar, ¿cuál es la conceptualización política del PAN? - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Senador Döring. - El C. Senador Federico Döring Casar: Doy respuesta, señor Presidente. En el ejercicio de la aplicación de la ley, que es la misma hoy, y es la misma antes del 1º de diciembre. Nosotros siempre dijimos que se tenía que aplicar el estado de derecho, y ya lo dijeron aquí en tribuna y lo reiteramos. Yo celebro y respaldo, junto con el grupo parlamentario del PAN, completamente la decisión que se ha tomado el día de ayer de ejercer acción penal en contra de Flavio Sosa.

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Pero también decimos aquí y volvemos a reiterar, que sería sano que Ulises Ruiz dejara el Gobierno de Oaxaca. Porque lo que no es válido, es que se perciba esto como un triunfo del gobernador Ulises Ruiz y una derrota de la APPO. La auténtica solución del problema es que los que han delinquido en la APPO pisen la cárcel, y que quien no ha sabido construir una solución al conflicto se retire del gobierno del estado. Más claro ni el agua, Senador Dante. - El C. Senador Leonel Godoy Rangel: (Desde su escaño) ¿Me permite la palabra, señor Presidente? - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Senador Leonel Godoy, ¿con qué objeto? - El C. Senador Leonel Godoy Rangel: (Desde su escaño) Consultar al orador si me acepta una pregunta. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: ¿La acepta, señor Senador? - El C. Senador Federico Döring Casar: Sí, sí la acepto. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Adelante, señor Senador. - El C. Senador Leonel Godoy Rangel: (Desde su escaño) Primero una aclaración, Senador Döring. Ayer no se ejercitó la acción penal, esa se ejercitó con anticipación, se cumplimentó una orden de aprehensión. El asunto es, que es una orden de aprehensión de delitos del orden común. Y conforme a la Constitución y las garantías procesales que tiene Flavio Sosa y los demás detenidos, ellos deben de ser sujetos a proceso en su lugar de origen ante los jueces de la causa. Sin embargo, es público que fueron remitidos a cárceles federales en distintas partes del país; en el caso de Flavio Sosa, a Almoloya. Esta es una violación flagrante de la ley, ya que usted y el PAN, que no se quieren autonombrar “La Derecha”, les decimos que si son tan respetuosos de la ley, van a ser capaces de esta violación flagrante de la ley, incluso de la Ley Suprema que son las garantías individuales de quitarlos de sus lugares donde deben de llevar sus procesos debidos, y hayan sido enviados a otros estados donde no pueden estar a la vista de sus jueces que los deben de juzgar. ¿Si ustedes estarían de acuerdo, en este supuesto respeto a la ley, que los autores de esta violación a la ley sean castigados penalmente? Esa sería la pregunta, Senador Federico Döring. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Adelante, Senador Döring. - El C. Senador Federico Döring Casar: Senador, yo no soy Juez de Distrito, no me toca a mí determinar eso. Lo que sí le digo, es que no tiene nada de que preocuparse. Si lo que usted dijo es cierto, suponiendo sin conceder que lo sea, el abogado de cualquiera de los detenidos lo va a poder alegar y esgrimir jurídicamente, y le tendrían que proteger con la justicia y el amparo del Poder Judicial de la Unión.

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Entonces, si lo que usted dice es cierto, no se preocupe, se podrá dirimir en una instancia jurisdiccional, y no hay nada de qué preocuparse. He dado respuesta, señor Presidente. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Continúe, señor Senador. - El C. Senador Federico Döring Casar: Termino la intervención con el tema que nos debe de ocupar. Y por eso inicié con un reconocimiento a otros grupos parlamentarios distintos al mío. Aquí se nos ha venido a decir que el PAN está obligado a escuchar a otras fuerzas políticas y que el PAN tiene que incorporar las legítimas propuestas de otras fuerzas políticas. Por supuesto que sí. Y también se nos ha dicho que somos un gobierno en minoría y que tenemos que estar receptivos y sensibles a la realidad del país. También lo estamos. Y lo que quiero dejar muy claro es que vamos a saber ser gobierno; y vamos a ser un gobierno que escuche y un grupo parlamentario que escuche, que acuerde, que dialogue y que construya en beneficio del país; mejor calidad de vida para todos los mexicanos. Pero también hay que decirlo con todas sus letras. Que no es con la majadería, ni con el insulto, ni con la soberbia como se viene a esta tribuna a convocar a la inteligencia y al acuerdo de los legisladores del PAN. Así no se hace política, cuando menos no con los legisladores del PAN; puede que así hagan política otras personas y en otros ámbitos; pero no es la forma de hacer política en el Congreso; y no es la forma de interrelacionarse con los legisladores del PAN. En la medida en la que haya un diálogo franco, honesto y respetuoso, habrá concreción de acuerdos. Y también hay que decirlo muy claro, si Felipe Calderón y el PAN tenemos la obligación de cumplirle a México y de saber ser gobierno, y de saber ser partido en el gobierno; también hay un mandato ciudadano, porque aquí todos tenemos derechos y obligaciones, no somos los únicos con obligaciones, los legisladores del PAN. Los que no son legisladores del PAN, tienen la obligación de aprender a ser oposición. Una oposición crítica, una oposición que sea un contrapeso; pero una oposición respetuosa y una oposición que sepa construir y no sólo destruir. Porque la soberbia no construye y no lleva a nada. Estas posturas dogmáticas de que yo exijo, y yo impongo mi verdad, sin ser capaz de escuchar las demás, son las que nos tienen varados y ojalá podamos dar la vuelta a la página. De nuestra parte, los agravios que hubo en la campaña sí están superados. Y la voluntad y el compromiso de servirle a México con todas las fuerzas políticas con respeto. No los convocamos ni con insultos, ni con amenaza, ni con chantaje; los convocamos a trabajar con respeto. Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos) - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias, señor Senador. Tiene el uso de la palabra el señor Senador Tomás Torres Mercado.

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- El C. Senador Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente. ¡El que nada deba que empiece a temer! Decenas de detenidos, recluidos en cárceles, en centros penitenciarios federales, sin la posibilidad de la defensa. Al mismo tiempo, 17 son los muertos en el movimiento social de Oaxaca, y no hay un solo, un solo detenido, ni tampoco una sola indagatoria en curso que se dirija contra los verdaderos responsables. Vengo a esta tribuna escéptico de lo que escucho, porque al tiempo que se cobijan con la legalidad, no se ve muestra alguna de esa voluntad que mencionan. Y me preocupa, porque parece que la línea dura, la línea autoritaria de Acción Nacional se impone, por sobre aquella de los que pudieran dialogar, de los que pudieran propiciar condiciones para ir a un entendimiento. Yo lo he dicho, podemos ir al entendimiento, sí. Pero por eso ahora no increparía. Invitaría, Senador Döring, Senador González Morfín. No invitemos a que abandone Ulises Ruiz la gubernatura del estado. Está radicada la segunda solicitud de declaratoria para la desaparición de los poderes de aquella entidad. Si es como lo han dicho, que por ahí se puede resolver, compañeros Senadores, le entramos. A menos que haya oculto algún pacto de impunidad. Y así podremos ver otros temas. Seguramente presentado el paquete económico en la Cámara de Diputados, vislumbraremos si esta herramienta de la política, que dicen, con sentido social, está implícita. Y podremos tocar otros asuntos. ¿Cuáles? La irrisoria medida del 10% de la disminución de las percepciones de quienes laboran en el Poder Ejecutivo o vamos al fondo. Hay una iniciativa formulada por el Partido de la Revolución Democrática, por la voz del Senador Pablo Gómez. Vayamos a un auténtico pacto de austeridad, y no a la nota coyuntural para decir que se está iniciando bien. Quedan emplazados con relación a ese tema. Por lo demás, compañeros, un ex Presidente entró por la puerta grande, salió por la puerta de servicio. Y fue de la mano también por el que inicia una gestión, con cuadros reducidos, con tomas disminuidas, para que allá afuera la gente diga que fue en absoluta normalidad. Parece que eso es lo que quieren, la normalidad; pero no el toque de fondo de las instituciones que soportan este país. Iremos al entendimiento nacional, pero no con propuestas que no resuelven nada. Con puntos específicos, pero que pongan, primero, su voluntad de a de veras de poder avanzar. Muchas gracias. (Aplausos) - El C. Presidente Torres Origel: Gracias, señor Senador. Tiene la palabra la Senadora Rosario Green Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, por favor Senadora.

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- La C. Senadora Rosario Green Macías: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores: El Presidente Calderón ha señalado que no ignora la complejidad del momento político que se vive. Ello implica, más que otra cosa, la obligación de mantener disposición al diálogo, a la negociación y a los acuerdos. ¿Por qué entonces el desbordamiento del 1° de diciembre? ¿Por qué si el Presidente está consciente de la forma como llega a esa alta investidura, que es la Presidencia de la República y que lo hace por decisión de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, se empeña en una actitud arrogante? Acá se ha hablado de humildad, pero yo no la veo. Lo que predominó ese 1° de diciembre y lo que corremos el riesgo que siga predominando es el espectáculo lamentable del encono. ¿Por qué el PAN no aceptó lo que el PRI le propuso hace casi un mes?, reformar el formato de la ceremonia del 1° de diciembre a favor de una rendición de protesta republicana en la que participaran quienes tenían que participar: el Presidente electo y nosotros los legisladores. ¿Por qué no sucedió así; por qué verdaderamente exhibirnos ante dignatarios y medios extranjeros; qué se probó; cuál fue el resultado; qué se logró? Yo quiero dejar aquí establecido con firmeza que los legisladores del PRI fuimos a San Lázaro por México y por nadie más. Me parece claro que en estos momentos políticos que vive el país y que, insisto, el propio Calderón ha calificado y reconocido como de gran complejidad, el papel del Legislativo es más claro que nunca, debemos nosotros lograr los acuerdos que permitan la gobernabilidad, porque por lo pronto se ve difícil, se ve difícil que las políticas públicas del Ejecutivo sean capaces de garantizar la estabilidad que necesitamos. ¿Por qué entonces vulnerar las posibilidades de una era de corresponsabilidad entre el Congreso y el Ejecutivo Federal; por qué iniciar un sexenio ignorando el papel fundamental que desempeñan en toda democracia el diálogo, el entendimiento, la negociación y la construcción de acuerdos; por qué no buscar la forma de trabajar juntos? Justamente al logro de esa indispensable corresponsabilidad se dirige la propuesta de la bancada del PRI de una Ley de Reforma del Estado, de una ley que haga obligatorio y no solamente volitivo el fundamental eje de toda democracia que es consensuar, que es llegar a acuerdos, que es dialogar y negociar para construir el país que ya nos urge, porque los retos que enfrentamos son de una magnitud enorme y el tiempo empieza a correr y se agota antes de lo que queremos. ¿Por qué no entonces poner fin a la polarización política y evitar los riesgos de una confrontación irreductible? El Presidente Calderón ya habló y habló mucho, le toca ahora pasar de las palabras a los actos, le toca ahora propiciar el diálogo, la negociación y los acuerdos, y un marco propicio para ello es, sin duda, la Ley para la Reforma del Estado que ha propuesto mi bancada. Creo, compañeros legisladores, que ya llegó el momento en que nosotros empecemos a legislar y a crear las condiciones para ese México en el que creemos y que es posible. Muchas gracias. - El C. Presidente Torres Origel: Muchas gracias Senadora. Se concede el uso de la palabra al Senador Salomón Jara Cruz, hasta por 5 minutos, por favor Senador.

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- El C. Senador Salomón Jara Cruz: Con su permiso, señor Presidente; Senadoras y Senadores: Hace ya varios meses que nuestro país está inmerso en una profunda crisis política, multifactorial, destaca la ausencia de conducción política; y la impunidad y corrupción que emana de las instituciones del poder que el crimen organizado ha ido adquiriendo ante la falta de una política de Estado para combatirla, tanto en el terreno de la prevención como el de la persecución a los grandes violadores de la legalidad: narcotraficantes, políticos, traficantes de influencias, delincuentes de cuello blanco, funcionarios de primer nivel, empresarios y clérigos pederastas, por mencionar algunos que todavía están libres, Senador Döring. Esta crisis que ya venía en curso se ahondó a partir del desaseado proceso electoral que antes, durante y después del 2 de julio vivimos los mexicanos. Intervención directa de los poderes formales y fácticos de los grandes empresarios, la jerarquía eclesiástica y el Ejecutivo Federal para orquestar la defraudación a la voluntad popular. Signos ominosos recorren nuestro país. En los últimos meses hemos visto reaparecer, como práctica de quienes detentan el monopolio del uso de la fuerza pública, la comisión de delitos que la comunidad internacional y nuestra legislación conoce como de lesa humanidad por la grave violación a garantías individuales y a la dignidad de las personas que los acompañan. A escasas 48 horas de que el señor Calderón entrara por la puerta de atrás en el Congreso de la Unión, inició una agresiva acción contra la dirigencia de la APPO, se estrena deteniendo a Flavio Sosa, a su hermano Horacio y a dos personas que no tenían órdenes de aprehensión. ¿Qué actitud ejemplar a la sociedad de un señor que quiere gobernar este país?, seguramente quiere imitar a un personaje perverso que por desgracia gobernó a nuestro país hace 18 años con un Quinazo, ahora lo hace con un Flaviazo. ¿Qué lectura nos quiere dar a la sociedad? Detener a luchadores sociales presentándolos como delincuentes, entre ellos 525 detenidos, 60 sin presentar y 17 asesinatos. Culpar al PRD de que son los responsables de dividir a México, a través de los spots de televisión patrocinados por quienes lo apoyaron en su campaña como el Consejo Empresarial, y que nada dice el PAN sobre esto. Y, además, cínicamente culpar al PRD de la toma de la Cámara de Diputados cuando todo mundo sabe que Acción Nacional cumplía una estrategia que le habían encomendado de arriba. Por cierto quiero comentar que el Presidente de la Mesa Directiva el día de ayer, en una entrevista por la radio, decía que lo que no sabía el pueblo de México es que los perredistas habían quitado del tablero electrónico el cable que tenía y que le habían quitado también el cable del micrófono, el señor no sabe que el micrófono es inalámbrico. Hacer creer a la sociedad mexicana su gran aportación de que recuperar en su totalidad el águila mocha es una gran aportación a la democracia diciendo: ‘Ahora ya complementamos el águila, lo que Fox había dejado medio gobernar’. Un decreto del 10% en austeridad a las dietas del Ejecutivo, un mísero diezmo para engañar mediáticamente al pueblo de México, un discurso arrogante y prepotente: “Ya vieron que sí se pudo. Dialogaré con quien quiera dialogar”. Así quiere gobernar en este país quien dice que puede llevar los destinos de nuestra patria durante estos seis años. Señores Senadores, así no se gobierna. Hay impunidad en este país y la decisión calderonista de pasar de una intervención preventiva en Oaxaca a la conversión de las policías federales en fuerza de ocupación se ha venido manifestando con toda claridad.

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Para terminar, quiero decir que no podemos darle vida artificial con las fuerzas federales a un gobierno estatal ineficaz, ineficiente, incapaz. Reitero, en estos últimos días que quedan para legislar, reitero que esta Soberanía debe desaparecer los poderes, ya planteado con anterioridad ante este Pleno. Oaxaca está literalmente en un estado de sitio y hoy requiere urgentemente que solucionemos de fondo el asunto. Hoy les tomo la palabra a los Senadores del PAN que han planteado que en Oaxaca el señor Ulises Ruiz debe irse. Señores, enhorabuena, si así lo plantean, pedimos a ustedes y los emplazamos para que desaparezcamos poderes en Oaxaca. Muchas gracias, señor Presidente. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Muchas gracias Senador. Tiene la palabra el Senador Arturo Núñez Jiménez, hasta por cinco minutos. - El C. Senador Arturo Núñez Jiménez: Señoras y señores Senadores: El 1° de diciembre da motivo a una reflexión sobre las relaciones del Ejecutivo y el Legislativo, y también sobre el desempeño de los legisladores. El espíritu del artículo 61 de la Constitución, que confiere al Presidente de cada Cámara el ver por la inviolabilidad de los respectivos recintos y por el respeto del fuero de los legisladores, no es el espíritu con el que el actual Presidente de la Cámara de Diputados invocó el uso de las fuerzas policiacas en los días previos y en el propio 1° de diciembre. Ha habido una posición de que esa facultad que se le confiere constitucionalmente para velar a favor de los legisladores, cuando se trata de la presencia del Ejecutivo, se utilice en contra de los legisladores, no se invoca a la fuerza policiaca el respeto del recinto y del fuero para proteger a los legisladores, sino supuestamente para disciplinarnos. Esto nos habla claramente de un Presidente de la Cámara más empeñado en subordinarse al Ejecutivo que en responder por la dignidad del recinto y de los legisladores. Es necesario modificar esto. Si bien el desempeño de los legisladores puede en ocasiones requerir aplicación de medidas de derecho parlamentario disciplinador, establezcámoslas en nuestra propia normatividad interna, en los reglamentos de las Cámaras que no se han modificado a pesar de que cambiaron en cantidad, en sujetos de individuos a grupos parlamentarios y en correlación de fuerzas de una fuerza hegemónica a una pluralidad competida, es indispensable darnos la normatividad adecuada para enfrentar internamente estos problemas. Pero también revisemos dentro del marco de la reforma del Estado, de lo que tanto se habla y en particular referencia al fortalecimiento del Legislativo, que ya no más las presencias del Ejecutivo se conviertan, sea para el informe, sea para la toma de posesión, en causa para que se secuestre por las fuerzas policiacas a la orden del Ejecutivo, a los recintos parlamentarios o bien al entorno urbano donde están las sedes parlamentarias o incluso, como lo decía Pedro Joaquín Coldwell, que se secuestre el control del Canal del Congreso. Es indispensable que en la reforma del Estado replanteemos esto. Que las Cámaras del Congreso tengan su propia seguridad como la tienen todos los parlamentos del mundo para garantizar la seguridad de sus propios miembros y del Ejecutivo para que nunca más se secuestre el recinto, se secuestre la sede, se secuestre el entorno urbano, se secuestre el Canal del Congreso. Esto es parte de lo que tenemos que enfocar. Y por lo pronto, si bien nosotros no elegimos a Jorge Zermeño, porque eso le corresponde a la Cámara de Diputados y en tanto Presidente de dicha Cámara preside el Congreso, sí podemos reclamarle su desempeño como Presidente del Congreso.

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Y tuvo omisiones graves, violó el Reglamento al permitir en el recinto la presencia de personas ajenas sin haber solicitado jamás la autorización de la propia Cámara. Por lo menos expresémosle un extrañamiento a Jorge Zermeño y aprestémonos en la reforma del Estado a que nunca más se secuestre el Congreso para servir al Ejecutivo. (Aplausos) - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Gracias, Senador Arturo Núñez. Tiene la palabra el Senador Francisco Castellón, - El C. Senador Francisco Javier Castellón Fonseca: Con su permiso, señor Presidente: Desafortunadamente lo que estamos viendo en la situación política nacional, son las amenazas cumplidas de mano dura, no podemos ignorarlo, son amenazas cumplidas. Y el nuevo gobierno ha decidido esa ruta, reprimir violentamente los movimientos populares y en este caso el movimiento de la APPO en Oaxaca. Después de detenciones masivas y selectivas propias de una dictadura, enviaron 141 presos al Penal Federal de Nayarit, y se los digo con razón y con causa, provocando con ello el traslado de la tensión social que vive Oaxaca a otras regiones del país. Los presos que llegaron a Nayarit, estimadas Senadoras y Senadores, llegaron sin un proceso judicial; o en algunos casos, construidos apresuradamente; llegaron golpeados, sometidos a torturas, enfermos y en algunos casos, en muchos casos, sorprendidos de haber sido detenidos. En Nayarit, en el Penal del Rincón, se les tomó la declaración involucrando a jueces y abogados nayaritas mediante un exhorto de la justicia oaxaqueña, lo hicieron apresuradamente y también en algo inusitado, inmediatamente enviaron los expedientes a los tribunales de Oaxaca, haciendo y poniéndole a los abogados y a los familiares obstáculos no solamente para iniciar la defensa, sino también para poder ver a los detenidos. Ahora los expedientes están en Oaxaca, los detenidos en Nayarit, y las autoridades policiacas han impuesto medidas absurdas para que abogados y familiares no pudieran entrar en contacto con los detenidos y no se dieran cuenta de su situación física, que en muchos de los casos era lamentable. El caso de una mujer indígena nos ilustra todo, el de Aurelia Santiago Reyes, de 51 años, trabajadora doméstica, que fue aprehendida el sábado 25 de noviembre cuando salía de su trabajo. La detuvieron, la golpearon, la llevaron a Nayarit y cuando su hermano pudo verla, cuatro días después, porque la señora no hablaba español, no pudo estar más de un minuto con ella y fue despedido de la prisión. La mayoría de los presos en Nayarit están en esa condición, golpeados, con incertidumbre acerca de su situación jurídica y aislados en una prisión federal; y lo máximo de lo absurdo, se dictó auto de formal prisión por machote, por formato, y en los muy pocos casos en que se concedió libertad bajo caución, las fianzas fijadas para indígenas, para gente pobre de Oaxaca fue de 4 millones de pesos a cada uno. Ustedes saben que hay menores de edad entre los detenidos, ese es el respeto a la ley, que se les dictó auto de formal prisión, violando toda la legalidad que dicen defender; deberían mandarlos a un Consejo Tutelar, suponiendo que hubieran cometido algún delito. En Nayarit creció la tensión social y el gobierno y el Congreso Estatal exigieron al gobierno federal el traslado de los presos detenidos a Oaxaca, conste, el gobierno, es un gobierno priísta y han sido ignorados totalmente, la soberbia nos alcanza a todos y más cuando es la soberbia policiaca militar.

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De nuevo el doble discurso, hoy se habla del cumplimiento estricto de la ley y se muestran obsequiosos ante los abusos que evidentemente cometió Ulises Ruiz en Oaxaca, lo invitan a retirarse con todas las flores del mundo y extremadamente represivos ante los líderes de la APPO. Ese seguramente será el nuevo rostro, ¿ese es el rostro del gobierno nuevo que vamos a ver? Ante ese rostro no nos va a quedar otra cosa que gritar la primera exigencia que va a ser la exigencia de siempre, ¡libertad a los presos políticos!, ¡libertad a los presos políticos de Oaxaca! Gracias, señor Presidente. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el Senador González Alcocer. - El C. Senador Alejandro González Alcocer: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores Senadores: Me ha llamado particularmente la atención en este debate que siempre se pretende colgarle San Benitos al PAN. Aquí se ha señalado, y no es la primera vez, que nosotros tuvimos algo de culpa en el ’68 o en 1988 y nos lo retacan varias veces, no solamente una, y la verdad es que, al contrario, nosotros fuimos los que defendimos de una manera consciente e institucional esos movimientos para empezar por respetarlos, lo que no hizo ciertamente la Izquierda en el país, porque el movimiento era un movimiento estudiantil y luego se apropiaron de él los de la Izquierda, los comunistas en aquel tiempo. En este sentido, nosotros sí, aunque se queje, Senador Pablo Gómez, ya son dos ocasiones que usted pide mucho respeto y no respeta a los demás, aquí gritó hace rato que el PAN no piensa, y tan piensa que aquí venimos a decirle la verdad; porque yo sé y conozco su trayectoria, por eso lo respetamos, pero usted no respeta a los contrarios, ese es el problema del diálogo que ustedes piden, sólo tienen una visión, la visión de Izquierda a su antojo y a su modo; ahora aquí se viene a juzgar a los panistas, y aquí han dicho varios que nosotros tuvimos la culpa del 1º de diciembre y se deja de ver lo que hizo, la amenaza que cumplió, esa sí es amenaza cumplida, el PRD en el Congreso. No se vale, señores Senadores, venir con una sola visión de las cosas, en el ’88 y en el ’68 y en todos los actos ilegítimos ha estado presente el PAN, luchando siempre por las libertades, por la democracia en el país. ¿A quiénes se les aplicó el delito de disolución social? A los panistas, en los mítines nos perseguían con gases lacrimógenos y chorros de agua para disolver nuestras reuniones. Estos, los panistas de antaño, son los que abolieron, sirvieron para derogar el delito del que usted habló aquí en la tribuna. Por eso creo que no es válido pedir diálogo para después pegarnos con cosas que ni siquiera debemos ni tememos. Aquí lo importante y lo que debemos de remarcar es que en el Congreso se cumplieron las amenazas que ustedes hicieron, no nosotros, que nosotros no atacamos hasta que no fuimos atacados; que en ningún momento, y que me digan uno que fue reprimido por el Estado Mayor Presidencial; en todos los actos de los Presidentes de la República en los informes y en las tomas de protesta ha estado presente el Estado Mayor Presidencial porque es su obligación, y el Presidente del Congreso, Jorge Zermeño, sólo cumplió con la legalidad y con mantener el orden con una guardia que tiene la Cámara y que siempre la ha tenido y que nosotros ayudamos. Eso es lo que pasó adentro. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Un segundo, permítame un segundo, señor Senador. - El C. Senador Alejandro González Alcocer: No acepto interpelaciones, señor Presidente. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Continúe, se prohíben los diálogos.

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- El C. Senador Alejandro González Alcocer: En ese sentido, por eso es lo que estamos diciendo nosotros, no sólo vean desde un lado y parcialmente las cosas, tenemos que, si queremos verdaderamente dialogar, tenemos que oír al contrario y admitir también sus argumentos, sus posiciones, que además han sido históricas, y nada más para recordarles una: la defensa a la Universidad del Movimiento del ’68, ese es el ejemplo que el PAN como institución deja al país y que ha tenido en el país, los panistas aquí estamos presentes y siempre hemos pugnado por la democracia y por el diálogo. Muchas gracias. - El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Señor Presidente, pido el uso de la palabra para responder a alusiones demasiado personales. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Tiene usted el uso de la palabra para responder a alusiones demasiado personales. - El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanos legisladores: Trae a cuenta el preopinante un asunto histórico, cuando empezó el ’68, el movimiento, ya estábamos ahí mucho tiempo antes, no acabábamos de llegar, la Izquierda no se apoderó de un movimiento, lo organizó, lo hizo, lo llevó a cabo, lo dirigió, muchos de la Izquierda dieron su vida y otros nuestra libertad durante años de prisión. Pero no recuerdo que el PAN nos haya defendido nunca y recuerdos de aquel tiempo los tengo muy frescos en la memoria, los que son momentos inolvidables. No recuerdo tampoco, Senador, a ningún miembro del PAN procesado por disolución social, ninguno, algunos fueron a la cárcel más recientemente, fueron, creo que fueron algunos que quemaron el Palacio Municipal de Culiacán, y los pacifistas del PAN han quemado palacios municipales y después nos han pedido nuestro apoyo, en algunos casos se los hemos dado; pero no son ellos los representantes de la Ley, los de la Derecha, como Döring que viene a decir que Flavio Sosa ha violado la Ley una y otra y otra y otra, es el agente del ministerio público senatorial que viene a presentar cargos, pero no presenta pruebas. Flavio Sosa está en Almoloya de Juárez, prisión que se hizo para la gente de la delincuencia organizada y es un luchador político y social, si ustedes van a seguir por ese camino, no van a durar, ya no estamos en la época del ’68, no van a durar. Ya tienen 500 presos políticos de Oaxaca, eso es lo que llevan. Señor Senador, usted dice que nosotros no los escuchamos. Sí, tan los escuchamos que estoy respondiéndole, pero hay una diferencia. Nosotros los escuchamos a ustedes para contestarles, para hacerles una contrapropuesta o para decir nuestros argumentos en contra de lo que dicen, no los ignoramos. Hemos hecho aquí propuestas y ustedes han dado la callada por respuesta. La primera respuesta fue la que dio Cervantes, que dijo: ¡No! Después tendremos que hacer un debate, quizá en la televisión, en el Canal del Congreso, ahora que tiene un elevado rating, para que diga porqué no quiere el revocatorio. No quiere reconocer el derecho del pueblo a revocar el mandato de sus gobernantes. También va a tener que decir porqué, porqué no, ya dijo que no. Lo cual ya es un avance, porque no habían dicho nada, se habían quedado callados. ¿Se van a seguir quedando callados? Es que a mí que me acusan de responderles feo, más feo les he de responder si ustedes no contestan las propuestas que hacemos, porque el político que calla, defrauda la voluntad de los electores que lo han traído aquí. No los han mandado los electores del PAN para que callen. No han propuesto nada. Tienen tres meses esperando que Calderón diga: ¡Protesto! Tienen tres meses.

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Este Senado es expresión clarísima de la profunda crisis del Congreso mexicano. Y van a decir, ¿ustedes forman parte de esa crisis? Sí formamos parte de esa crisis, pero hay una diferencia: Hacemos una gran cantidad de propuestas y escuchamos de parte de ustedes una gran cantidad de silencios, los Senadores silenciosos. ¿A eso han venido al Congreso? Respondan nuestras propuestas. Digan: ¡No! Y tómense después la molestia, eso ya sería adicional, no se los exijo, de decir porqué no o porqué sí, señor Senador. - El C. Senador Alejandro González Alcocer: (Desde su escaño) Para alusiones. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Senador González Alcocer, ¿con qué objeto? - El C. Senador Alejandro González Alcocer: (Desde su escaño) Para alusiones. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Esta Presidencia le concede el uso de la palabra, en la inteligencia de que si luego hay otras solicitudes preguntaremos a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido. - El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) No lo aludí. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Yo entiendo que sí lo aludió. ¿Lo aludió, señor Senador Pablo Gómez? - El C. Senador Pablo Gómez Alvarez: (Desde su escaño) Señor Presidente, no lo aludí, pero estoy enteramente de acuerdo que responda. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Si no lo había aludido, ya lo aludió. Tiene usted el uso de la palabra, Senador González Alcocer. - El C. Senador Alejandro González Alcocer: Gracias, señor Presidente. Si no es aludirme decirme señor Senador y señalarme, bueno, entonces ya no sé qué es alusión, porque nada más yo hablé antes que él. Que no lo defendimos en el ’68, ahí está el Diario de los Debates en la Cámara de Diputados, en esa sesión en donde hasta goyas se oyeron, en donde se defendió a la Universidad, al auténtico movimiento, no a ustedes en lo personal. Aquí pregúntele si no a su compañero, antes Diputado, El Pino, conocido como El Pino, que él fue un líder en el movimiento. Pero muchos de nosotros participamos en el movimiento de carácter personal, estuvimos allí cuando éramos estudiantes y no nos venga a contar que todos lo hicieron ustedes, señor Senador. El hecho es que los presos de que ustedes hablan, y que simplemente es para aclarar esto. Nosotros no estamos protegiendo a nadie. Si alguna autoridad violó legislación o actuó incorrectamente que también se le sancione. Pero precisamente por lo que usted dijo, nosotros no somos ministerio público para saber las cosas al detalle, como ustedes están tratando de afirmar aquí, como si supieran todo el proceso que se ha seguido. Simplemente, por supuesto, no somos ministerio público ni policía para investigar qué se tiene y qué no se tiene en contra de ellos. Igual que están actuando contra los miembros de la APPO, también pedimos que contra los esbirros de Ulises Ruiz se actúe, porque allí hay evidencias y hay fotografías en donde hay gente delinquiendo.

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En este sentido, por eso estamos siempre defendiendo y lo vamos a hacer en cualquier lugar en la legalidad de todos, no nada más de uno. Lo hicimos, lo hacemos ahora y lo hicimos antes. Lo hicimos antes cuando protegieron al Comandante Germán, también lo hicimos. Y también pedimos que si hubiera sanción para las policías que actuaron, lo hicieran. No estamos soslayando nada. Y jamás hemos permanecido callados con las cosas que valen la pena. Lo único que pedimos es que cuando hay una propuesta, se pase a Comisión y se permita trabajar a las Comisiones. No es con protagonismos, ni es estorbando la labor de las Comisiones a través de puntos de acuerdo y solicitudes en la tribuna, donde no nos dejen el espacio para poder trabajar. Nuestro compromiso es con el trabajo y creo que lo hemos demostrado en comisiones. Muchas gracias. (Aplausos) - El C. Presidente Arroyo Vieyra: ¿Sí, Senador Carlos Navarrete? - El C. Senador Carlos Navarrete Ruiz: (Desde su escaño) Señor Presidente, solicito a usted que a las iniciativas y los puntos de Acuerdo suscritos por los Senadores del Partido de la Revolución Democrática, se les dé el turno a las Comisiones respectivas, puesto que en este momento los Senadores del PRD nos retiramos una vez habiendo dado este debate. Le agradezco mucho. - El C. Presidente Arroyo Vieyra: No sólo las iniciativas, también, conforme lo expresado por usted, los asuntos en agenda política se insertarán en el Diario de los Debates y se tendrán por desahogados. Y las proposiciones con punto de Acuerdo también se dan por turnadas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE PRECIOS COMPETITIVOS (Presentada por los CC. Senadores Carlos Navarrete Ruiz, Dante Alfonso Delgado Rannauro y Alejandro González Yáñez, a nombre de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia y del Partido del Trabajo) “Quienes suscriben, Senadores Carlos Navarrete Ruiz, Dante Alfonso Delgado Rannauro y Alejandro González Yáñez, a nombre de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido Convergencia y Partido del Trabajo, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la iniciativa de Ley de Precios Competitivos, presentada por Andrés Manuel López Obrador al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Sabido es que el monopolio ha existido en casi todos los periodos de la civilización y desde hace más de cuatro siglos es combatido por las leyes de muchos países. Las leyes y prohibiciones a dicha figura o a las prácticas monopólicas han surgido como respuesta en cada país a los abusos y a la complacencia del poder público frente al enriquecimiento de unos cuantos que reciben privilegios generalmente del Estado para realizar ventas o actividades que están restringidas a otros. Esto ha derivado en precios altos y en daños incalculables a la economía de los consumidores. En los anales históricos de la protección de los diversos países a las prácticas de esta naturaleza se ha distinguido a aquel que surge de negociaciones privadas y no solamente al generado por la

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autoridad soberana. Así, se crearon prohibiciones a ciertas prácticas y negocios en circunstancias que dieran lugar a la presunción de que esos negocios no eran el ejercicio honesto de un derecho para realizar contratos para el beneficio del emprendedor sin implicar motivo de dañar a otros, sino que eran la consecuencia de un contrato o negociaciones de tal carácter que dieran lugar a la presunción de un intento de daño a otros a través, por ejemplo, del incremento monopolista de precios. Es sabido pues, que entre los efectos de las prácticas monopólicas está el del aumento injustificado de precios, el acaparamiento de los mercados o la insana participación de unos cuantos en los mercados nacionales. En nuestro país los abusos de precios son flagrantes. La mayoría de las grandes empresas (mexicanas o con participación de capitales extranjeros) han originado su riqueza con base en productos o servicios que venden en México a precios altos, en comparación con los precios internacionales de los mismos productos o servicios, sin hacer hincapié en las funestas consecuencias sociales que ocasionan. Aunado a lo anterior, dichas empresas acumulan poder de mercado a través de su potencial económico y obtienen influencia suficiente en las políticas públicas de México, propiciando actos de corrupción con la finalidad de obtener derechos exclusivos o derechos que cualquier otro competidor no puede obtener para realizar ciertas actividades y vender productos o servicios, impidiendo así la entrada de nuevos oferentes, los cuales serían sus potenciales competidores. En una clara contradicción con la complacencia gubernamental para tolerar precios altos en sectores privilegiados, la política pública ha sido, desde mediados de los 80’s, forzar a la industria mexicana a ofrecer precios similares a los de los competidores internacionales. Esta política se ha materializado con la eliminación de los aranceles a la importación de casi todos los bienes de la Tarifa del Impuesto General de Importación, o bien, en su reducción significativa. La misma política se ha apoyado con la firma de Tratados de Libre Comercio firmados por México con 43 países. No obstante, la economía nacional ha estado impedida de crecer a tasas conmensurables con su potencial desde principios de los 80’s, coincidiendo con el periodo en el cual se llevó a cabo la liberalización de casi todas las importaciones (en ese periodo, entre 1983 y 2006, la economía tan sólo creció en 2.5% cada año, lo que hizo que el ingreso por habitante no aumentara más que medio punto porcentual por año), debido, entre otras razones, a privilegios fiscales y a condiciones no competitivas del mercado. La estrategia gubernamental de una rápida apertura a las importaciones en general, pero al mismo tiempo, de otorgar privilegios a otros agentes económicos de grandes capacidades, protegiéndolos contra toda competencia, fue una causa fundamental de dicho estancamiento. Dicha política comercial ha privilegiado a grupos económicos poderosos, mismos que al buscar mantener y luego extender sus privilegios lograron imponer estructuras de precios altos en sectores de la economía que son claves para el desarrollo. Impidieron así que la mayoría de empresas que ya eran amenazadas por la competencia extranjera dispusieran de bienes y servicios a precios competitivos. Con el paso del tiempo, esos grupos poderosos influyeron en las decisiones del Estado mexicano y en el diseño de las políticas públicas, haciendo cada vez más difícil la remoción de barreras a la libre competencia y, por lo tanto, cancelando oportunidades para nuevas empresas y empresarios. A la larga, impidieron a la economía crecer y generar empleo. De esta forma, la economía tiene hoy a una mayoría de industrias forzadas a competir con proveedores extranjeros, y por otra parte una minoría de grandes empresas en industrias y servicios que cargan precios altos y que no son forzadas a competir con el extranjero. Las diferencias entre ambos hacen de nuestro sistema económico, un sistema disfuncional e ineficiente en la medida que no puede proteger a la población menos privilegiada económicamente y soslaya sus condiciones de progreso.

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Menester es mencionar que otro grave perjuicio de la situación antes apuntada, yace en la muy escasa capacidad económica de las familias mexicanas (tanto de las clases populares como de la clase media emergente), la cual se ve menoscabada permanentemente por la disminución del poder adquisitivo que generan dichas empresas, a través del establecimiento unilateral de precios exagerados en la venta de bienes y servicios y que a menudo, recaen en aquellos de primera necesidad. El salario, per se castigado por décadas de políticas macroeconómicas de ajuste, ha sufrido hasta hoy una pérdida real que resulta innecesaria, toda vez que obedece a condiciones de carestía que son fácilmente corregibles, siempre que las autoridades competentes así lo decidan y el marco jurídico se ajuste a dicha protección. En la medida en que cualquier industria, servicio o simple consumidor mexicano es un cliente cautivo de esas grandes empresas, debe pagar precios más altos que los que pagaría en otros países. Incurre así en mayores costos y, en consecuencia, no puede competir y no puede desarrollarse y crear empleo y tecnología, como lo hacen muchas otras empresas en el mundo, con la evidente crisis de empleo que vive nuestro país. El sesgo de desigualdad entre sectores económicos y privilegios ha causado graves daños a la economía en su conjunto y de manera tangible a empresas y consumidores. Al hacer a un gran número de empresas incapaces de competir con los proveedores extranjeros y al inhibir a individuos a desarrollar todo su potencial, los ha condenado al ocio y a la subocupación. Aun cuando muchas empresas y servicios hayan sobrevivido en estas condiciones y logren competir en algunos segmentos del mercado con proveedores extranjeros, la realidad es que los precios más altos que pagan por insumos o servicios reduce su tasa de rendimiento y así les resta capacidad para financiar nuevas inversiones. A los consumidores que pagan igualmente precios altos, les reduce su capacidad de adquirir otros bienes o de ahorrar. En otras palabras, una parte de las utilidades que legítimamente podrían obtener las empresas de menor tamaño, o del ahorro que sería posible para los consumidores, son transferidas en forma de precios altos a las grandes empresas. Eso obliga a las pequeñas industrias a operar muy por debajo de su potencial y a los consumidores los obliga a reducir su consumo en un esfuerzo por hacer que su dinero alcance; mientras tanto, las grandes empresas privilegiadas, en cambio, florecen en la prosperidad. Otro fenómeno que se ha observado como consecuencia de lo anterior, es el de la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. En muchas ocasiones, las empresas desfavorecidas, para poder mantenerse en operación, deben reducir los salarios que pagan a sus empleados, lo que, al multiplicarse en toda la economía, reduce el salario promedio de todos los trabajadores, el consumo promedio de las familias, y el ahorro. El artículo 28, primero y segundo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe en forma expresa los monopolios y las prácticas de empresas tendientes a establecer “precios exagerados”, en los términos siguientes: En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí, y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Por su parte, la Ley Federal de Competencia limita las posibilidades de las empresas para realizar acciones monopólicas. La Comisión Federal de Competencia ha combatido estas prácticas, en algunos casos con éxito. Sin embargo, en casos muy importantes ha fracasado, al enfrentarse al

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enramado burocrático o jurisdiccional, sobre el carácter de las empresas o de sus acciones, sin siquiera aproximarse al asunto mismo de los precios exagerados o del daño material a los consumidores. Aun cuando es muy probable que la comisión haya logrado frenar prácticas que en muchos casos habrían resultado en precios exagerados, es evidente también que después de trece años de haberse creado esta comisión, no se ha logrado un equilibrio de mercado en cuanto a los precios, que es lo verdaderamente importante para la eficiencia de la economía y el bienestar de usuarios y consumidores. Es sabido que el abuso de los mecanismos de defensa de las grandes empresas, aunado a las deficiencias del marco jurídico, han logrado dilatar cualquier acción correctiva o consecuencia lógica de las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia, sin siquiera haber llegado a cuestionar los precios exagerados o las terribles consecuencias a la ciudadanía. Por lo antes expuesto, una Ley de Precios Competitivos que enfrente precios exagerados en el mercado es deseable y necesaria. Por ello, se plantea un mecanismo complementario al marco jurídico de regulación de la competencia, a través de la ley que aquí se propone a esta H. Cámara de Senadores, que oriente de manera eficaz una política pública en contra de los precios exagerados a partir del fundamento constitucional del artículo 28. Es necesario y deseable, para dar máxima eficacia e independencia a la labor de observación objetiva de los precios en el mercado y a la labor de juzgar y decidir sobre las medidas correctivas o las sanciones a que haya lugar, que esta labor y esas medidas y sanciones operen en un ámbito distinto e independiente del ámbito de la Ley Federal de Competencia y de la Comisión Federal de Competencia. Como lo indica la experiencia de otros países que exitosamente han combatido los abusos de precios, distintas leyes y distintas comisiones son posibles y necesarias a fin de asegurar la independencia de criterios de reguladores que observan situaciones distintas, no siendo técnicamente óptimo ni deseable que un solo organismo analice y califique simultáneamente las situaciones de prácticas y conductas de las empresas con la situación objetiva de los precios competitivos, entre otras razones, para evitar cualquier posible conflicto de interés del regulador al considerar ambas situaciones. Como se podrá observar, los efectos económicos de esta ley sobre los precios del mercado son viables, deseables y consistentes con las reglas de una economía de mercado eficiente y con una visión de protección social que garantice el sano desarrollo de la economía nacional. Iniciativa de LEY DE PRECIOS COMPETITIVOS Artículo 1°. La presente ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de regulación de mercados para evitar la exageración de precios, es de observancia general en toda la República y aplicable a todas las áreas de la actividad económica. Será aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 2°. La presente ley tiene por objeto: I. Establecer mecanismos que logren mantener un sano equilibrio en la determinación de precios en los mercados relevantes de bienes y servicios, con la finalidad de contribuir a las condiciones competitivas del mercado nacional. II. Impedir la exageración en los precios por parte de las personas físicas o morales señaladas en el artículo 4° de esta ley, que puedan constituirse o constituyan un poder sustancial en el mercado relevante que corresponda. Artículo 3°. Para efectos de esta ley, se entenderá por: a) Comisión.- Comisión Federal de Precios Competitivos. b) Precio.- Valor pecuniario en que se estima un bien o servicio.

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c) Precio con orientación competitiva.- Valor pecuniario con rangos mínimos y/o máximos establecidos por la Comisión. d) Precio del mercado.- Valor pecuniario establecido por las variantes de la oferta y la demanda de los mercados relevantes a nivel nacional. e) Exageración en los precios.- Diferencial en exceso de los precios de venta del mercado relevante nacional, en comparación con los precios más competitivos en los mercados de los Estados Unidos de América, Canadá y los países Centroamericanos. f) Concentración.- Porcentaje determinado por la Comisión de las ventas domésticas de algún bien o servicio realizado por una empresa o productor y sus empresas filiales o subsidiarias, de un determinado producto o servicio considerando sus distintas variedades de presentación. g) Empresas filiales o subsidiarias.- Todas aquellas otras empresas o entidades en las cuales una persona moral o sus accionistas principales poseen más del 5% del capital. Artículo 4°. Están sujetas a lo dispuesto por esta ley todas las personas físicas o morales, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otro que por su actividad produzca o contribuya a la producción de bienes o servicios en la actividad económica del país, y que constituyan directa o indirectamente un poder sustancial en el mercado relevante que corresponda. Los productores del Estado señalados en el artículo 28 constitucional no estarán sujetos a las disposiciones de esta ley, ni a las medidas y sanciones establecidas en la misma, excepto por lo señalado en el artículo 12 de esta ley. Artículo 5º. Para la determinación del mercado relevante, la Comisión deberá considerar los siguientes criterios: I. Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución; II. Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus complementos y de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones; III. Los costos y las posibilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados, y IV. Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes alternativos. Artículo 6º. Para determinar si una persona tiene poder sustancial en el mercado relevante, la Comisión deberá considerar: I. Su participación en dicho mercado y si puede fijar precios unilateralmente o restringir el abasto en el mercado relevante sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder; II. La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores;

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III. La existencia y poder de sus competidores; IV. Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a fuentes de insumos; V. Su comportamiento reciente, y VI. Los demás criterios que se establezcan en el Reglamento de esta ley. Artículo 7°. Serán bienes o servicios sujetos a precios con orientación competitiva: a) Los concesionados por el Estado; b) Aquellos en manos de particulares que requieran para operar cualquier tipo de autorización o licencia del Estado; c) Los artículos de consumo necesario e insumos para la producción cuando se originen en mercados en los que el 50% o más de la producción esté concentrada en cuatro o menos oferentes, y d) Aquellos que aún sin estar concesionados, licenciados o autorizados por el Estado, se requieran para la producción, elaboración o comercialización de los bienes o servicios contemplados en los incisos a), b) y c) de este artículo. Para la determinación de los bienes o servicios a que alude el presente artículo se tomará en cuenta el propósito principal de éstos, aunque en un determinado mercado puedan ofrecerse muchas de sus modalidades, con variaciones de color, dimensión, forma, modelo, características técnicas o cualquier otra distinción. Artículo 8°. La Comisión establecerá de forma anual o cuando lo estime necesario, los precios con orientación competitiva tomando en cuenta cualquiera de los siguientes factores: a) Los precios al consumidor; b) Los costos normales de producción entendidos éstos como la suma de costos de materias primas utilizadas en el producto, costos de mano de obra directa, la depreciación de activos a la tasa anual conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados en México, sin que se reconozca la depreciación acelerada de activos, así como cualquier otro cargo fijo o variable inherente al proceso de producción física del bien o servicio c) La situación de la oferta y la demanda del mercado nacional, y de los mercados de los Estados Unidos de América, Canadá y los países centroamericanos; d) Las políticas competitivas pertinentes; e) Los precios de productos o servicios afines cuando haya lugar; f) La importancia en el mercado relevante y el poder sustancial que en el mismo ejerzan quienes estén sujetos al establecimiento de precios con orientación competitiva; g) El grado de concentración de las ventas en el mercado relevante de que se trate; h) El Indice Nacional de Precios al Consumidor del periodo que resulte aplicable; i) El porcentaje de la tarifa promedio ponderada a la importación de bienes prevaleciente en el momento, así como el porcentaje de la tarifa aplicable a los productos o insumos necesarios para la producción en México de los bienes o servicios de que se trate;

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j) El tipo de cambio del peso mexicano contra el dólar de los EUA para los periodos que resulten relevantes; k) Los riesgos que corre la economía de que se establezcan poderes sustanciales en el mercado y precios exagerados, y l) Las circunstancias objetivas nacionales e internacionales que a juicio de la comisión merezcan ser atendidas para estos efectos, incluyendo la existencia de prácticas comerciales desleales en el exterior. Los parámetros serán tomados por la comisión de las listas que emita el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Instituciones de Servicio Financiero, los Estados Financieros de las empresas involucradas, la Secretaría de Economía o de cualquier otra fuente que les refleje. La Comisión deberá tomar en cuenta los precios netos, es decir, libres de todo impuesto de ventas, impuestos especiales, aranceles o tasas. Artículo 9°. Se considera que existe exageración de precios cuando cualquiera de las personas contempladas en el artículo 4º de esta ley, ofrezca bienes o servicios a un precio que sea superior en 10% o más al precio competitivo, según el artículo 3º, párrafo e), arriba citado o bien a los precios con orientación competitiva que fije la Comisión de acuerdo con el artículo anterior. Artículo 10°. La Comisión revisará anualmente o en cualquier momento, que los precios de mercado y los precios con orientación competitiva se ajusten a las disposiciones de la presente ley. Esta revisión se hará de oficio o a petición de cualquiera agrupación de productores o consumidores ya constituida o que se constituya legalmente con el propósito de hacer cumplir esta ley, o bien, a petición de cualquier entidad de la Administración Pública Federal, estatal o municipal. La Comisión analizará oportunamente aquellos casos en los que el porcentaje de la tarifa a la importación de algún conjunto de bienes o insumos necesarios para la producción, sea estadísticamente superior en grado significativo al porcentaje promedio ponderado de la tarifa de importación, de tal manera que impida al productor nacional ofrecer precios competitivos, para ajustar su criterio en lo que corresponde a ese bien. Igualmente, la Comisión analizará si la producción del bien o servicio afectado por exageración de precios proviene de un mercado en el cual hay una concentración de las ventas o de la oferta del 50% o más en los principales cuatro oferentes. Artículo 11. Cuando exista exageración de precios, la Comisión determinará la aplicación de una o más de las siguientes medidas: 1. Emitir la resolución por la cual se determina la exageración de precios la cual será notificada a los sujetos que incurran en esta práctica. 2. Ordenar a la Secretaría de la Función Pública que proceda en términos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a efecto de que todas las dependencias y entidades del gobierno federal, tanto centralizado como paraestatal, queden impedidas para contratar con las personas que incurran en exageración de precios. Esta limitación será aplicable al Poder Legislativo y al Poder Judicial. 3. Ordenar a las autoridades competentes que se permita la importación de productos alternativos, siempre que cumpla con el pago de las contribuciones que correspondan.

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4. En los casos de servicios, con la finalidad de mantener o promover la competitividad y el empleo nacionales, ordenará a las autoridades competentes el otorgamiento de autorizaciones, licencias o concesiones a nuevos prestadores de servicios, sean nacionales o extranjeros, así como su inmediato acceso a los mercados como oferentes. 5. Ordenar la publicación en los tres diarios impresos de mayor circulación en el país, en los dos medios electrónicos más importantes y en las cinco estaciones de radio de mayor audiencia, al menos dos veces por mes, el diferencial de precios que haya determinado, con el fin de dar a conocer al consumidor la exageración de precios. 6. En los casos en que el bien o servicio se anuncie en televisión, sea abierta o restringida, ordenará tanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como a la Secretaría de Gobernación que se implementen la medidas necesarias a efecto de que, inmediatamente después del anuncio del bien o del servicio de que se trate, se haga la mención expresa sobre la exageración de precios, con la finalidad de que el consumidor conozca tal circunstancia de forma inmediata. 7. Recomendar a las entidades federativas y a los municipios del país, la revocación, cancelación o suspensión de las concesiones, licencias o autorizaciones que hubiese otorgado a los sujetos acusados de haber incurrido en exageración de precios. 8. Recomendar a las entidades federativas y a los municipios del país, se abstengan de contratar con las personas a quienes se haya determinado dicha exageración. Artículo 12. Tratándose de productos del sector energético como petróleo, electricidad, gas natural y cualesquiera otros en que los costos de producción nacional sean significativamente inferiores a los precios internacionales competitivos, los productores mexicanos deberán fijar el precio para la venta en el territorio nacional tomando en consideración el costo de producción, más un margen de beneficio razonable, sin consideración de los precios que de dichos bienes prevalezcan en el mercado internacional. Cuando los bienes o servicios respecto de los cuales se determine exageración de precios sean ofrecidos en el extranjero, la Comisión podrá recomendar al Ejecutivo Federal la imposición de aranceles a la exportación, con el fin de eliminar desequilibrios en los mercados internacionales. Esta disposición será aplicable a los productos señalados en el párrafo anterior. Artículo 13. La Comisión hará llegar su opinión a todas las entidades regulatorias que intervienen en las autorizaciones a oferentes de bienes o prestadores de servicios, y procederá a formular los proyectos de enmienda a las leyes y los reglamentos con ellos relacionados. Cualquier autoridad o entidad regulatoria que retrase la consideración y el eventual otorgamiento de nuevas concesiones, permisos, licencias a prestadores de servicios en los casos de exageración en los precios, será considerada como infractora de esta ley y coadyuvante en la exageración de precios, pudiéndosele sancionar en los términos de las leyes aplicables. En el caso de violaciones por servidores públicos, la Comisión deberá enviar oficio debidamente fundado y motivado a la autoridad competente para que, de ser procedente, se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa a que hubiere lugar. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otra índole que pudiere existir. Artículo 14. En los casos de reincidencia o contumacia, la Comisión podrá ordenar a las autoridades competentes que se proceda en contra de las personas que incurran en exageración de precios, a efecto de que, se puedan aplicar alguna o algunas de las siguientes medidas: 1. Se resuelva la revocación, cancelación o suspensión, de las concesiones, licencias o autorizaciones otorgadas en su favor.

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2. Se les aplique el artículo 50, fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 3. Se solicite, por la vía judicial, la disolución de la persona moral de que se trate. Se considera que existe contumacia cuando dentro del plazo de 15 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación de las resoluciones respectivas, los sujetos infractores se nieguen o abstengan de acatar las resoluciones de la Comisión emitidas en términos del artículo 11, fracción I de esta ley. Existe reincidencia cuando los sujetos infractores, dentro de los 10 años siguientes a la notificación de las resoluciones que determinen que ellos incurrieron en exageración de precios, sean de nuevo acusados con base en esta ley, con independencia de que se trate de otro mercado relevante y con un distinto poder sustancial. Artículo 15. Para efectos de lo previsto en los artículos 11 y 14, la Comisión deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, el poder sustancial del infractor en los mercados relevantes, el tamaño y la importancia de estos mercados, la duración de la exageración de precios, la reincidencia o antecedentes del infractor, así como su capacidad económica. Artículo 16. Con independencia de lo establecido en los artículos 11 y 14, la Comisión demandará por la vía judicial el resarcimiento de daños o perjuicios que directa o indirectamente hayan sido ocasionados a la economía nacional, a aquellos a las personas que mediante resolución firme y definitiva hayan sido acusadas de haber incurrido en exageración de precios, a partir de la entrada en vigor de esta ley. Artículo 17. Los sujetos que mediante resolución firme y definitiva hayan sido acusados de haber incurrido en exageración de precios, a partir de la entrada en vigor de esta ley serán responsables del pago de daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a terceros por ese motivo. Estas acciones se deducirán ante los tribunales de la Federación que correspondan. Artículo 18. Para la determinación de los precios con orientación competitiva y los demás artículos de esta ley, se crea la Comisión Federal de Precios Competitivos, la cual estará dirigida por un Presidente, mismo que será designado por tres cuartas partes de la Cámara de Senadores o en su caso de la Comisión Permanente. Además, la Comisión estará integrada por tres vocales que gozarán de irrefutable probidad y conocimientos técnicos en la materia. Además, cada uno de los vocales deberá tener una destacada participación en los siguientes sectores y dichos sectores deberán estar en todo momento representados en la Comisión: a) En el ámbito académico; o b) Como empresario en el sector de la pequeña o mediana industria o en la prestación de servicios; o c) Como funcionario en algún organismo del Estado directamente relacionado con la regulación de la industria o con el comercio internacional. La Comisión contará además con un Secretario. Las decisiones de la Comisión se tomarán por mayoría simple de votos de Presidente y Vocales y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

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Las atribuciones de la Comisión, de su Presidente, Secretario y Vocales estarán determinadas en el Reglamento de esta ley. TRANSITORIOS PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- El Presidente de la República estará obligado a expedir y publicar el Reglamento de esta ley, precisamente en la fecha en que la misma entre en vigor. TERCERO.- La Comisión Federal de Precios Competitivos deberá estar constituida a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de esta ley. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración del Honorable Senado de la República, la iniciativa de Ley de Precios Competitivos antes detallada. Salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de noviembre de 2006. Atentamente (Rúbricas)”. Se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY FEDERAL DE AMNISTIA Y RECONCILIACION CON MOTIVO DEL CONFLICTO EN EL ESTADO DE OAXACA (Presentada por el C. Senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD) “El suscrito, Tomás Torres Mercado, Senador integrante de la LX Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, la presente INICIATIVA DE LEY FEDERAL DE AMNISTIA Y RECONCILIACION CON MOTIVO DEL CONFLICTO EN EL ESTADO DE OAXACA, al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Oaxaca vive uno de los peores momentos de su historia. Y es que, si hoy volvemos la vista persistentemente hacia Oaxaca, es precisamente porque nos hemos olvidado de esa entidad. La realidad es que nadie puede negar que, el conflicto lejos de solucionarse, se recrudece con el tiempo. La cuestión no es menor, porque en un clima generalizado de polarización y de desconfianza es primordial generar condiciones que permitan lograr consensos y acuerdos. Por ello, es importante que el Poder Legislativo Federal abone en la búsqueda de una solución pronta y negociada al conflicto que lleva ya casi doscientos días. Es tiempo, de construir puentes entre las partes y empeñarnos en lograr la reconciliación.

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A todo ello, debemos sumar las circunstancias en que se ejerce la procuración de justicia en contra de los manifestantes. Recordemos que hasta finales del mes de octubre el Ministerio Público Federal había iniciado 56 averiguaciones previas, de las cuales 29 de ellas ya han sido declaradas con un no ejercicio de la acción penal; otras 21 estaban en proceso de integración, y 6 más ya han sido consignadas ante jueces federales con sede en Oaxaca. Sin embargo, los días 24 y 25 de noviembre se detuvieron a 141 personas, las cuales fueron trasladadas a un penal federal de San José del Rincón, en Nayarit. Hay que señalar que la Secretaría de Seguridad Pública Federal informó que el traslado de penales de Miahuatlán y Tlacolula al penal federal se realizó a solicitud de la Secretaría de Protección Ciudadana de Oaxaca debido al perfil de alta peligrosidad de los detenidos. Hoy Oaxaca nos demanda hacer lo posible por recuperar la confianza. Por ello, es innegable que para impulsar y alcanzar una salida pronta y pacífica, resulta conveniente conceder la gracia de amnistía amplia, absoluta e incondicional, a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en hechos delictivos con motivo del conflicto en Oaxaca. Y si bien, esta Cámara renunció a ejercer su potestad para declarar la desaparición de los poderes en Oaxaca, esta iniciativa de ley puede otorgarle al Senado una nueva oportunidad para reivindicarse como una institución eminentemente republicana y demócrata. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y conscientes de la situación que priva en Oaxaca, los legisladores federales nos sentimos obligados a contribuir, en todo lo posible, a la construcción de una paz duradera en la entidad. Es así, que para distender el conflicto y lograr la reconciliación de los oaxaqueños, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA DE LEY FEDERAL DE AMNISTIA Y RECONCILIACION CON MOTIVO DEL CONFLICTO EN EL ESTADO DE OAXACA ARTICULO UNICO. Se expide la iniciativa de Ley Federal de Amnistía y Conciliación con motivo del conflicto en el estado de Oaxaca, para quedar como sigue: INICIATIVA DE LEY FEDERAL DE AMNISTIA Y RECONCILIACION CON MOTIVO DEL CONFLICTO EN OAXACA Artículo 1. Se decreta amnistía a favor de toda persona contra quien se haya ejercitado o pudiera ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden federal por haber sido acusada por delitos relacionados con el propósito de alterar o modificar la estructura política del Estado mexicano o el orden social establecido motivado por el conflicto en el estado de Oaxaca. No gozarán de la gracia de amnistía, los que individual o colectivamente se encuentren procesados o sentenciados por homicidio. Artículo 2. La amnistía extingue la acción penal o las sanciones impuestas por los delitos que comprenda la legislación federal, sin menoscabo de hacer exigible la responsabilidad civil y los derechos que el Estado o los particulares tengan derecho. Artículo 4. La extinción de la acción penal y de las sanciones impuestas implica que el estado no podrá causar ningún tipo de molestia a quienes beneficia esta ley, por los ilícitos señalados en el artículo 1º y 2º, dejando sin efecto todo acto de procuración o administración de justicia. En caso de que se hubiere interpuesto demanda de amparo por las personas a quienes beneficia esta ley, la autoridad que conozca del respectivo juicio, dictará auto de sobreseimiento.

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Artículo 5. Las personas que se encuentren procesadas o compurgando una pena deberán ser puestas de inmediato en libertad, dictándose auto de sobreseimiento de los procesos y anulando los efectos de las actuaciones efectuadas en perjuicio de los indiciados. Artículo 6. Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos de la acción de la justicia, dentro o fuera del país a consecuencia de haber sido acusados por la comisión de uno o varios delitos que comprenda la presente ley, podrán beneficiarse de la amnistía. Artículo 7. Se crea una Comisión de Vigilancia encargada de velar por el exacto cumplimiento de esta ley. La Comisión de Vigilancia se integrará por: a) El Procurador General de la República; b) El Secretario de Seguridad Pública Federal; c) Un Senador de la República; d) Un Diputado Federal: e) Dos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y f) El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Artículo 8. La comisión estará facultada para: a) Determinar el periodo de la amnistía; b) Solicitar la aplicación del presente ordenamiento en los casos que sean procedentes; c) Supervisar con las autoridades encargadas de la procuración de justicia y de seguridad pública, la integridad física de la persona, familia y patrimonio de los amnistiados, y d) Las demás que sean necesarias para cumplir con las tres fracciones anteriores. TRANSITORIOS Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo Segundo.- La presente ley, así como el periodo de amnistía que determine la Comisión de Vigilancia, serán difundidos a través de los medios de comunicación que el Ejecutivo Federal estime adecuados. Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 5 de diciembre de 2006. Atentamente (Rúbrica)”. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD) “La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora por el estado de Tlaxcala, a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la iniciativa con proyecto de ley por el que se reforman y adicionan los artículos 78, fracción V, 89, fracciones II y IX, 93 y 102-A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que respecta a la designación y remoción de los Secretarios de Despacho, titulares de Entidades Paraestatales y otros funcionarios de la Administración Pública Federal bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Aunque explícitamente no se determine de esta manera en la Constitución Federal, en diversos artículos constitucionales se establecen las bases estructurales de un régimen presidencial, siendo éste uno de los elementos propios de la forma de gobierno de nuestra República. Es innegable que como una alternativa ante esta definición estructural existe la posibilidad de modificar este aspecto de nuestro régimen político, substituyendo el presidencialismo por un régimen parlamentario. No obstante, considerando que la propuesta de un cambio radical en esta materia todavía no prevalece claramente en nuestro país, es necesario promover por lo menos diversas modificaciones constitucionales cuyo propósito genérico consiste en limitar normativamente el poder que detenta el Presidente de la República y fortalecer estructuralmente al Congreso de la Unión en cuanto a su relación con el gobierno federal, aún cuando se mantenga la forma de gobierno presidencial. El Presidente de la República ejerce sus atribuciones mediante un amplio aparato administrativo encabezado entre otros funcionarios públicos, por los Secretarios de Despacho, por los titulares de las Entidades Paraestatales, por el Procurador General de la República y por los jefes de los Departamentos Administrativos, dependencias todavía previstas en la Constitución Federal. La mayoría de estos funcionarios son nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República, en el caso de las dependencias del sector centralizado y prácticamente, de la misma manera, tratándose de los titulares de las entidades paraestatales, si bien en cuanto a éstas, se cumplen las formalidades previstas en las leyes para su designación o remoción. Sólo por excepción, desde hace poco más de diez años, servidores públicos de alto nivel como el Procurador General requieren la ratificación de la Cámara de Senadores para ocupar el cargo respectivo. Estos altos funcionarios públicos no responden políticamente por sus determinaciones ante el Congreso Federal, precisamente por tratarse de un régimen presidencial tradicional y sólo pueden ser removidos de sus cargos por los representantes populares mediante un juicio de responsabilidad oficial, o como consecuencia de un procedimiento de declaración de procedencia, constituyendo estas situaciones, sendas formas de responsabilidad jurídica, pero no política. Se trata de los colaboradores más cercanos del Presidente de la República, los cuales gozan de su confianza para ejecutar directamente las acciones correspondientes a las políticas públicas del gobierno federal, de lo cual responden políticamente sólo ante él. Consecuentemente, se considera necesaria una amplia modificación constitucional en la materia, cuyo propósito esencial consiste en limitar la atribución literalmente discrecional del Presidente de la República para designar a los altos servidores públicos de la administración federal, lográndose con esto tanto un conveniente control político del Congreso de la Unión sobre

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el Presidente, como un desempeño más eficiente y eficaz de los altos funcionarios públicos del gobierno, desde el momento en que éstos deberán responder por sus decisiones ante los legisladores federales. Estos propósitos directamente relacionados entre sí, pueden alcanzarse mediante la asignación de dos nuevas atribuciones al Congreso Federal, las cuales consistirán en la aprobación por mayoría absoluta de votos del total de sus miembros de las propuestas que haga el Presidente de la República para ocupar estos cargos y en la facultad de remoción de estos servidores públicos por los legisladores federales, mediante la misma votación, conforme al mecanismo de responsabilidad política denominado voto de censura. En estas condiciones, los altos funcionarios públicos de la administración federal serían propuestos al Congreso Federal por el Presidente de la República, debiendo contar con la confianza de ambas Cámaras para ocupar el cargo respectivo. La remoción de estos funcionarios por la pérdida de la confianza política que les fue conferida, independiente de la responsabilidad jurídica en la que puedan incurrir, correspondería tanto al Congreso Federal, como al Presidente de la República, el cual en todo caso, tendría que contar con la aprobación del Congreso Federal para designar a un nuevo funcionario. De esta manera, desde el momento mismo de la propuesta del Presidente de la República para el nombramiento de sus colaboradores de primer nivel y a lo largo del desempeño de sus responsabilidades, el gobierno federal sería controlado por el Congreso de la Unión, aunque fuera indirectamente, porque es obvio que al Presidente no le convendría que las propuestas de los miembros de su gabinete fueran rechazadas por los legisladores federales desde un principio, ni que éstos fueran constantemente censurados y removidos por los Diputados federales y por los Senadores. La responsabilidad política de los servidores públicos ante el Congreso Federal no modifica en esencia la forma de gobierno presidencial, ni crea un régimen político “semiparlamentario” o “semipresidencial”, conceptos teóricos bastante imprecisos y discutibles. Esta propuesta constituye una variante del presidencialismo como las que existen en Uruguay y Argentina, países en los que el gobierno sigue atribuyéndose constitucionalmente al Presidente de la República, o en Francia, nación en la que el gobierno está integrado por un presidente que lo encabeza, por el primer ministro y por los ministros, todos los cuales, con excepción del primero, responden políticamente ante el parlamento. En todo caso, está claro que de estos funcionarios públicos, quien está a cargo del gobierno o quien preside el órgano de gobierno es el único que no requiere la confianza parlamentaria para desempeñar su responsabilidad, ni responde políticamente ante el congreso o parlamento por sus determinaciones, mientras que los demás sí necesitan el voto de confianza de los representantes populares y consecuentemente, también pueden ser removidos de su cargo mediante un voto de censura pronunciado por la mayoría de éstos. De esto se colige que la propuesta que presento a esta H. Cámara de Senadores no se limita a plantear la conveniencia de que además del Procurador General de la República, varios servidores públicos de alto nivel simplemente deban ser ratificados por este órgano representativo o por ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Lo que planteo tiene una trascendencia constitucional y política mayor, toda vez que establece una relación directa entre la aprobación para ejercer un cargo público y la evaluación del desempeño de las funciones que le son propias, aspectos que se convierten en sendas atribuciones de los legisladores federales representadas por las estructuras denominadas “voto de confianza” y “voto de censura”, respectivamente. Mediante la primera, las Cámaras del Congreso de la Unión, actuando de manera conjunta como Congreso General, otorgan su confianza a los funcionarios que les propone el Presidente de la República para ocupar determinados cargos, los cuales se señalan en la Constitución Federal. Los legisladores aceptan cada uno de los nombramientos de manera particular por mayoría absoluta

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de votos, votación que se requiere para una segunda propuesta para cada caso en el que la primera fuera rechazada. Si nuevamente no se lograra la aprobación del funcionario público, se harán otras hasta que por mayoría simple de votos el Congreso General acepte alguna. En cuanto el funcionario público empiece a desempeñar el cargo, en cualquiera de las Cámaras federales podrá iniciarse un procedimiento de responsabilidad política en su contra, el cual no dependerá necesariamente de una infracción del orden jurídico que le sea imputable, ni tendrá que substanciarse con esta base, sino exclusivamente se originará en la posibilidad de que el Congreso General haya perdido la confianza que depositó en él al asumir el cargo, cualquiera que sea la causa que lo motive a retirársela. Para este efecto, por lo menos un 20% de los integrantes de cualquiera de las dos Cámaras deberá plantear ante el Pleno de la misma una “moción de censura”, mediante la cual se iniciará el procedimiento respectivo, el cual se desahogará en un máximo de cinco días hábiles, pudiendo concluir con la ratificación de la confianza política a favor del funcionario público, o con la emisión de un “voto de censura” en su contra, el cual determinará su inmediata dimisión. En todo caso, la decisión del Congreso General se tomará por mayoría absoluta de votos y no podrá ser vetada por el Presidente, ni impugnada con base en una controversia constitucional, ni en algún otro recurso jurídico. La facultad de remoción del funcionario público se mantiene también a favor del Presidente de la República, el cual al hacer un nuevo nombramiento deberá someterlo a la aprobación del Congreso de la Unión, actuando como Congreso General. En cambio, la atribución de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se deroga, en congruencia con las reformas y adiciones a la Constitución Federal que propongo. Conforme a lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a la consideración del H. Congreso de la Unión y en su momento, de los H. Congresos de las entidades federativas, por conducto de esta Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa de: DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTICULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones II y IX del artículo 89 y se reforma el párrafo primero del artículo 102-A, en los siguientes términos: Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: I. ... II. Nombrar y remover a los Secretarios del Despacho, a los jefes de Departamento Administrativo, al Consejero Jurídico del Gobierno y a los demás funcionarios y servidores públicos del sector centralizado de la Administración Pública Federal, en los términos de esta Constitución y de las leyes. Remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes; III. a VIII. IX. Designar al Procurador General de la República de conformidad con lo que señalen esta Constitución y las leyes; X. a XX. Artículo 102-A.- La ley organizará el Ministerio Público de la Federación cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, cuyo

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nombramiento será propuesto al Congreso de la Unión por el Presidente de la República, en los términos de esta Constitución y de las leyes. Para ser Procurador se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; poseer grado académico de maestría o doctorado con el que se acredite una especialización en cualquiera de las áreas propias del derecho penal con una antigüedad de por lo menos tres años, la cual también podrá comprobarse con obras escritas en la materia en los últimos cinco años y con actividades docentes en universidades nacionales, a lo largo de por lo menos diez años; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El Procurador General de la República podrá ser removido libremente por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y separado de su cargo mediante un voto de censura por el Congreso de la Unión de conformidad con lo establecido en esta Constitución. ... ... ... ... B.- ... ... ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga la fracción V del artículo 78 y se adicionan cuatro párrafos al artículo 93, pasando los tres vigentes a ser el quinto, el sexto y el séptimo, respectivamente, en el orden el que se encuentran, en los siguientes términos: Artículo 78.- ... ... I. a IV. V.- Derogada VI. a IX. Artículo 93.- El Presidente turnará al Congreso de la Unión los nombramientos de todos los Secretarios de Despacho y jefes de los Departamentos Administrativos, del Consejero Jurídico del Gobierno y del Procurador General de la República, así como de los titulares de las Entidades Paraestatales que determinen las leyes para que ambas Cámaras en sesión conjunta de Congreso General, les otorguen de manera individualizada un voto de confianza para el ejercicio del cargo correspondiente, por la mayoría absoluta de votos del total de sus integrantes. Si un funcionario público propuesto por el Presidente no alcanzara esa votación, se hará una segunda propuesta, la cual en caso de no ser aceptada por la misma mayoría dará lugar a otras tantas como sean necesarias hasta que una de ellas sea aprobada por la mayoría simple de los miembros presentes en la sesión de Congreso General. Estos servidores públicos podrán ser removidos libremente por el Presidente. Todos los servidores públicos que hayan obtenido la confianza política del Congreso General para desempeñar el cargo correspondiente serán políticamente responsables ante él de sus actos u omisiones. Esta responsabilidad les será exigida mediante un voto de censura emitido por la mayoría absoluta del total de los integrantes de cada Cámara en sesión conjunta. El procedimiento de responsabilidad política podrá iniciarse en cualquiera de las Cámaras mediante una moción de censura planteada por un mínimo de legisladores equivalente al 20% de sus miembros, la cual no requerirá la aceptación del Pleno, ni de ninguna otra instancia

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de la Cámara respectiva. En un plazo máximo de cinco días hábiles el Congreso General sesionará para resolver sobre la permanencia del funcionario público del que se trate o sobre su destitución, decisión que deberá tomarse por la mayoría absoluta del total de los integrantes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión. No podrá exigirse responsabilidad política a los titulares de un mismo cargo más de dos veces durante el mismo periodo legislativo, ni emitirse voto de censura alguno en estado de guerra, de invasión del territorio nacional, de suspensión de garantías individuales, ni de ejercicio de facultades extraordinarias del Presidente. El efecto de un voto de censura será la separación inmediata del servidor público del cargo respectivo y su substitución por la persona que determinen la Constitución o las leyes, hasta que el Presidente proponga al Congreso de la Unión el nuevo nombramiento, el cual deberá hacerse en un plazo máximo de veinte días naturales, o bien, el primer día del siguiente periodo de sesiones ordinarias. En contra de las resoluciones del Congreso de la Unión previstas en este artículo y en cada una de las etapas de tramitación del procedimiento de responsabilidad política es improcedente el veto del Presidente, el recurso de controversia constitucional previsto en el artículo 105 de esta Constitución y cualquier otra vía de impugnación jurídica. En la ley se reglamentará este procedimiento, el cual es independiente de las diversas formas de responsabilidad jurídica previstas en esta Constitución y en las leyes, no siendo indispensable la infracción de preceptos jurídicos para su procedencia. Los Secretarios... ... ... ARTICULOS TRANSITORIOS Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir las normas generales necesarias para la aplicación de los preceptos constitucionales modificados en un plazo no mayor a treinta días a partir de la vigencia de este Decreto, salvo que se encuentre en un periodo de receso, en cuyo caso, este plazo empezará a correr desde el primer día del siguiente periodo ordinario de sesiones. Tercero.- Los Secretarios de Despacho, titulares de Entidades Paraestatales y demás servidores públicos que actualmente estén desempeñando un cargo, para cuya designación se requiera el voto de confianza del Congreso General, por única ocasión podrán seguir ejerciéndolo sin necesidad de que éste se les otorgue, hasta que sean substituidos o por cualquier otra causa dejen de desempeñar su actual responsabilidad pública. Cuarto.- En cuanto este Decreto entre en vigor y sea expedida la legislación secundaria correspondiente, a todos los servidores señalados en el artículo transitorio anterior les serán aplicables las disposiciones jurídicas relativas a la moción de censura y al voto de censura para efectos de su remoción, sin que pueda interponerse recurso jurídico alguno en contra de las resoluciones del Congreso General en esta materia. Salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de diciembre de 2006. Atentamente (Rúbrica)”. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

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PROPUESTAS “PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE, EN EL MARCO DE LA DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, SE CONSIDERE EL APROBAR UN INCREMENTO SUSTANCIAL EN EL PRESUPUESTO DE LAS PARTIDAS DESTINADAS AL SECTOR HIDRAULICO Los que suscriben integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO UNICO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, se considere el aprobar un incremento sustancial en el presupuesto de las partidas destinadas al sector hidráulico, para todas aquellas dependencias y entidades del gobierno federal, estatal y municipal, que se encuentren vinculadas al manejo del recurso hídrico en cualesquiera de sus procesos y programas, así como también para la inversión en infraestructura, tecnología e investigación. Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 5 de diciembre de 2006. Atentamente Sen. Silvano Aureoles Conejo”. “PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA ASIGNACION EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, PARA LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS Y EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION EN EL PAIS El que suscribe, Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo relativo a la asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para las Universidades Públicas, y el financiamiento de la educación en el país al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES La educación es la vía por excelencia para mejorar los niveles de vida de la población y es una de las principales formas para reducir la pobreza, cuestión que adquiere una particular importancia en un país como el nuestro en que la mitad de la población vive en condiciones de extrema pobreza. Una de las responsabilidades fundamentales del Estado es la generación de las condiciones propicias para el adecuado desenvolvimiento de la educación pública. Los argumentos que sustentan esta afirmación son diversos. En los últimos 50 años, el desarrollo educativo se ha centrado principalmente en el acceso a la educación primaria, y más recientemente, a la educación secundaria, descuidando la educación media superior y superior, pero incluso en esos dos primeros niveles que forman parte de la educación básica, los índices de cobertura si bien han crecido, aún tienen retos importantes en cobertura y calidad que se deben enfrentar. La distribución de los recursos por niveles educativos ha respondido más a las prioridades del gobierno federal, que a una verdadera política financiera de planeación y coordinación del sistema educativo mexicano.

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La educación superior proporciona a los mexicanos los elementos para su desarrollo integral, forma científicos, humanistas y profesionales que enriquecen la cultura con sus aportaciones y transforman su entorno. En México han sido constantes los discursos y reconocimientos sobre la importancia de la educación superior, más no las estrategias sostenidas y coherentes en la materia, ni apoyos sostenidos a la investigación científica y al desarrollo tecnológico por parte de los gobiernos que han tenido en sus manos el destino del país durante las últimas décadas, permitiendo con ello el ensanchamiento continuo de la brecha que nos separa de las naciones avanzadas en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico, con el impacto social y económico consiguiente. La educación superior no ha sido una de las prioridades del gobierno federal. El presupuesto público orientado a este nivel educativo no ha respondido a las expectativas generadas en relación con los fenómenos demográficos y sociales que se presentan actualmente. Los últimos gobiernos han optado por restringir y acotar los presupuestos destinados a las instituciones de educación superior, limitando con ello su capacidad de atención y sus posibilidades de crecimiento en la oferta de programas de alta calidad y de vigencia científica, tecnológica y humanística. El financiamiento de la educación superior en México se ha convertido en un problema crónico permanente, debido no sólo a la insuficiencia de recursos, sino también a la tendencia gubernamental de reducir el monto de la inversión hacia el sector educativo y a la adopción de criterios economicistas para su asignación. Es indudable que un gran número de instituciones públicas de educación superior han respondido a la política de atender la creciente demanda de la juventud mexicana de acceder a este servicio. Sin embargo, la ausencia de una política de presupuesto que atienda esa problemática, ha provocado que existan marcadas asimetrías presupuestales entre las universidades. Las universidades públicas han hecho un esfuerzo de mejoramiento continuo de la calidad, de superación de rezagos estructurales y de transparencia en el uso de recursos. La situación actual de las finanzas de las universidades públicas es una situación de mucha preocupación, ya que la incertidumbre de los montos que para su modernización y superación de problemas académicos y financieros que les serán asignados en el presupuesto varía anualmente, lo que da lugar a una imposibilidad de planeación a mediano y largo plazo, la cual es fundamental para el desarrollo cualitativo de las instituciones. La falta de una política estable en la asignación de presupuestos ocasiona que año con año las instituciones realicen un gran cabildeo con el fin de allegarse mejores presupuestos, esta práctica se ha intensificado desde el año 2000. Es común ver a rectores y directores de las universidades y de centros de investigación y desarrollo dentro de las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto de la H. Cámara de Diputados, con el objetivo de lograr la autorización de mayores recursos. Debe terminarse con ese mercadeo, la educación de nuestros jóvenes no es una situación de regateo, sino de dirigir los recursos necesarios que el sistema educativo merece. Es fundamental que se respete como mínimo en el nuevo presupuesto los recursos corrientes asignados en el año anterior, ya que ésto aunque pareciera lógico y elemental no lo es, porque este año, recursos autorizados para varias universidades del país fueron reducidos de su presupuesto que se supone irreductible. Así mismo es importante que la asignación presupuestal a las universidades sea justa y equitativa, de acuerdo con su matrícula, plantilla, desempeño institucional y calidad de los servicios educativos que se ofrecen, y el nivel de impacto que tienen en su entorno inmediato.

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El llamado urgente que se está haciendo para el rescate de los problemas financieros de diferentes universidades públicas no debe ser desatendido dado que en estos momentos varias universidades atraviesan por una difícil situación de solvencia económica, derivada de “ajustes” a sus presupuestos autorizados para este año, tal es el caso de las universidades públicas de Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Jalisco y Guerrero, solo por mencionar algunas. La situación actual se agrava particularmente este año, pues la Secretaría de Educación Pública no ha canalizado los recursos extraordinarios que se aprobaron en la Cámara de Diputados en 2005 para los planteles con dificultades por pago de jubilación, reconocimiento de plantilla o gasto promedio bajo por estudiante. Preocupa que la mayor parte de las ampliaciones y apoyos adicionales presupuestales están en riesgo, puesto que si los fondos correspondientes no se liberan en estos días, se perderán definitivamente, y se enfrentarán severos conflictos al final del año. Las instituciones no han recibido en su totalidad el apoyo convenido en el Presupuesto de Egresos 2006 debido a que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidieron incorporar los recursos de apoyo extraordinario del Presupuesto del año 2006 al gasto corriente de las universidades, y de esta manera, cancelar cualquier posibilidad de apoyo adicional este año. La educación superior no es un lujo, la formación de profesionales es una necesidad apremiante para enfrentar los problemas nacionales. El Estado, por tanto, tiene la obligación de destinar recursos crecientes a ese nivel educativo so pena de que el país continúe enfrentando graves rezagos sociales y productivos. Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente: PUNTO DE ACUERDO PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Secretaría de Educación Pública, a realizar de manera urgente y coordinada la liberación del total de recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, a favor de las Instituciones de Educación Superior. Asimismo se les solicita un informe detallado de la distribución presupuestal final de este año para la educación en todos los niveles y modalidades. SEGUNDO.- Se exhorta a la Colegisladora, para que en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007 se asignen recursos suficientes y necesarios a las Instituciones de Educación Superior del país, incrementándose lo asignado a partir del Presupuesto de Egresos del año 2006. TERCERO.- Se exhorta a los gobiernos estatales y municipales, así como a la iniciativa privada, a coadyuvar con la Federación en el financiamiento de la educación en México. CUARTO.- Se convoca a todos los sectores involucrados a participar en la construcción de nuevos mecanismos, más justos y equitativos, de financiamiento a la educación. Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 5 de diciembre de 2006. Atentamente (Rúbrica)”.

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“PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2007 SE CONSTITUYA EL FONDO DE COMPENSACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO PARA ENFRENTAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TLCAN El suscrito, Arturo Herviz Reyez, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, se constituya el Fondo de Compensaciones del Sector Agropecuario para enfrentar los daños causados por el TLCAN, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES La Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea, tuvo como objetivo desde sus inicios en 1958 con el Tratado de Roma, lograr la unificación de los mercados, precios de garantías comunes, una solidaridad financiera entre los Estados, y la preferencia comunitaria en la producción de alimentos. En los años 60’s los precios de los productos agrícolas en cada uno de los países de la Comunidad Europea eran muy diferentes, por las distintas modalidades en los esquemas de producción y de rendimientos, provocando en lo general que los precios de diversos productos agrícolas fueran más altos en Alemania e Italia que en Francia. Los Países Miembros de la Comunidad Europea, durante los años 60’s discutieron diversas propuestas de precios comunes de los productos agrícolas que integraban el mercado común y en 1964 se concretó la homologación de los precios para el ciclo productivo 1967-1968. Se acordó que países como Alemania, Italia y Luxemburgo, debería de reducir sus precios de productos agrícolas y que recibirían de la Comunidad Europea compensaciones financieras para indemnizar a sus productores. Las políticas de compensaciones financieras, precios de garantías comunes y unificación de mercados de productos agrícolas, llevaron a la Comunidad Europea en los inicios de los años 70’s, ha convertirse en autosuficientes en productos como: trigo, leche, huevos, azúcar, mantequilla, carne, etc. Cabe aclarar que en las dos últimas décadas habían sido deficitarios en alimentos. Para la década de los 80’s la Comunidad Europea exportaba 19 millones de toneladas de trigo al mundo y para el año 1992 27 millones de toneladas, lo que la convierten en la segunda potencia mundial agrícola y que sólo es superada por los Estados Unidos de Norteamérica. El éxito de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea, no se retomó en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y nuestros socios comerciales impusieron sus intereses en el Capítulo VII del Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. El TLCAN no tiene la intención de conformar un bloque económico de los productos agrícolas y desde un principio se vislumbró claramente que para Estados Unidos representaba la apertura y el aseguramiento del mercado mexicano para sus productos agrícolas, lo que lleva a México a tener un lugar subordinado en el sector agrícola en el convenio trilateral.

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Estados Unidos de Norteamérica, una vez que entró en vigor el TLCAN, expidieron en el 2002 y con vigencia al 2007, la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural, el objetivo es proteger al sector agrícola de los Estados Unidos de Norteamérica en el TLCAN. La Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural beneficia al sector agropecuario transnacional de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de administrar el proceso productivo y la comercialización de los productos por medio de subsidios y protección que se brinda a los productores o granjeros norteamericanos. El gobierno mexicano con las políticas de liberación económica eliminó créditos, precios de garantía y asistencia técnica al sector agropecuario, y la inversión del sector público destinada en promedio a cada productor agrícola, representa aproximadamente el 3% de lo que destina el gobierno norteamericano a sus productores agrícolas. Estados Unidos con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural, incrementó los subsidios a su agricultura lo que ha provocado la caída de los precios internacionales, y con estas medidas puso en desventaja a los campesinos mexicanos frente al mercado internacional. Mientras los gobiernos de la tecnocracia neoliberal eliminan en México los subsidios como medida para no distorsionar el mercado común y se definen aproximadamente 13 mil millones de dólares para todo el sector agropecuario mexicano, los Estados Unidos en base a la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural, otorgó para los próximos 10 años un subsidio a ocho cultivos básicos como: maíz, trigo, algodón, soya, arroz, cebada, avena y sorgo, por la cantidad de 248 mil 600 millones de dólares. El TLCAN acentuó la crisis en el sector agropecuario, hoy encontramos que en la población rural en México el 70% vive en la pobreza y el 30% en la pobreza extrema, datos estadísticos de la Secretaría de Desarrollo Social señalan que la pérdida de empleos agrícolas se calcula en 600 empleos diarios. Están por cumplirse cinco años de que entró en vigor la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) y el sector agropecuario no ha tendido los fondos de compensación suficiente para contrarrestar los efectos negativos del TLCAN, y los productos más afectados son: maíz, caña de azúcar, fríjol, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne de bovino, porcino y pescado, precisamente son estas mercancías a las que el artículo 179 de la LDRS considera productos básicos y estratégicos. El argumento para que se constituya el Fondo de Compensaciones del Sector Agropecuario para enfrentar los daños causados por el TLCAN, se fundamenta en el artículo 110 de la LDRS que a la letra señala: El Ejecutivo Federal aplicará las medidas que los Comités Sistema Producto Específicos, le propongan a través de la Comisión Intersecretarial, previa evaluación por parte de ésta, para la protección de la producción nacional por presupuesto anual, para equilibrar las políticas agropecuarias y comerciales del país, con las de los países con los que se tienen tratados comerciales, tales como el establecimiento de pagos compensatorios, gravámenes, aranceles cupos y salvaguardas entre otros. En el contexto de la economía globalizada, el futuro inmediato del campo mexicano está entre dicho y sólo sobrevivirán los pocos productores, cultivos y regiones que demostraron capacidad de reestructurase productiva y comercialmente para competir en los mercados locales e internacionales. Compañeros Senadores es el momento de que apliquemos las normas que expide el Congreso de la Unión, y protejamos de una vez por todas, al sector primario del país y se constituya el Fondo

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de Compensaciones del Sector Agropecuario con la cantidad de 45 mil millones de pesos y que se incrementen estos recursos en un 20% en cada ejercicio fiscal. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO UNICO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, se constituya el Fondo de Compensaciones del Sector Agropecuario para enfrentar los daños causados por el TLCAN. Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de diciembre de 2006. Atentamente (Rúbrica)”. “PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA CREACION DE UNA COMISION ESPECIAL CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR EL MEGAPROYECTO PORTUARIO PUNTA COLONET El que suscribe, Graco Ramírez Garrido Abreu, Senador por el estado de Morelos e integrante del grupo parlamentario del PRD a la LX Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso b) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO Primero.- Se solicita la creación de la Comisión Especial Proyecto Punta Colonet, con la finalidad de analizar el objetivo del megaproyecto portuario en Punta Colonet, Baja California, para informarse con las autoridades de los tres niveles de gobierno, ejidatarios y pobladores de las localidades, acerca de la viabilidad y transparencia de la obra, así como de la posible afectación y/o los probables beneficios que dicho proyecto va a acarrear en la entidad y a la nación. Segundo.- Llevar un seguimiento puntual del desarrollo del proyecto, mediante el acopio de documentos, para analizar cómo se llevará a cabo la solicitud de permisos y las bases de licitación para la infraestructura que se planea realizar, así como de las necesidades de las poblaciones que se verán afectadas en caso de llevarse a cabo el megaproyecto portuario Punta Colonet, Baja California. Tercero.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, en el marco de sus atribuciones y a la brevedad posible, que designe a los integrantes de la Comisión Especial de Punta Colonet y lo someta para su aprobación a este Pleno. Salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de diciembre de 2006. Atentamente (Rúbrica)”.

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“PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE DE MANERA URGENTE Y COORDINADA CON LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS, SE IMPLEMENTEN ACCIONES CONCRETAS Y DEFINITIVAS PARA EL RESCATE FINANCIERO DE ESA INSTITUCION Los suscritos, Senadores Antonio Mejía Haro y Claudia Sofía Corichi García, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Senado de la República, y conforme en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal y a la H. Cámara de Diputados para que de manera urgente y coordinada con la Universidad Autónoma de Zacatecas se implementen acciones concretas y definitivas para el rescate financiero de esta institución, al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS Al seno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se debaten temas cruciales, en torno a la educación superior como: ampliar la cobertura con equidad, mayor pertinencia y responsabilidad social, mejorar la calidad educativa, innovar y transformar los modelos de enseñanza-aprendizaje, fortalecer las capacidades académicas y de organización, potenciar la generación y aplicación de conocimientos, formar recursos humanos de alto nivel, renovar la vinculación, la extensión y la difusión de la cultura, ampliar el financiamiento y mejorar su distribución. El financiamiento, es indispensable para lograr los objetivos anteriores, ya que actualmente no existe una política de Estado que garantice a las universidades públicas, fuentes permanentes y estables de financiamiento, ni existen criterios claros y equitativos para el otorgamiento de los recursos. En el discurso oficial, a la educación superior, a la ciencia y tecnología se les considera como palanca para impulsar el desarrollo social, el crecimiento económico, la competitividad y para la generación de empleos; sin embargo, el discurso, queda en eso, en discurso, ya que la realidad nos dice que no hay una política de Estado en apoyo a la educación superior, pues a partir del 2001 los presupuestos para la educación superior han disminuido en términos reales, en el 2005 se destinaron a la educación superior un poco más de 50 mil millones de pesos, que representó el 0.64% del PIB, muy por abajo del 1.5% del PIB contemplado por la ANUIES a alcanzar en el corto plazo. Igual sucede con la inversión en ciencia y tecnología que apenas representa el 0.38% del PIB, cuando la meta es de al menos un 1%. La situación anterior explica la escasa cobertura de apenas el 20.4% de los jóvenes en edad escolar que acceden a la educación superior, o la caída vertiginosa de la matrícula en el posgrado, que en el 2001 era del 8% y en el 2004 bajó al 3%, lo que se traduce en la generación de 1,000 doctores al año, en contraste con países como Brasil y España que producen 6,000 doctores en el mismo periodo. La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) es un claro ejemplo de los problemas que generan las restricciones económicas impuestas por el gobierno federal a las universidades públicas. En los últimos dos sexenios, la Universidad Autónoma de Zacatecas ha sido llevada al borde de una crisis financiera. Como en otras entidades, la UAZ ha recibido transferencias del gobierno federal en el marco de los convenios de apoyo financiero a la educación superior; sin embargo, estos apoyos han disminuido año con año sin que medie explicación alguna.

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Mientras que para 1995, en la aplicación del convenio entre la Federación y el estado de Zacatecas, el incremento de la transferencia de la Federación a la UAZ ascendió a casi un 23% respecto de 1994, para los ejercicios posteriores fue decreciendo de manera evidente hasta llegar a 2006 a un 4.3% de incremento respecto al año anterior. Esto hace que actualmente, el subsidio ordinario sólo cubra el 70% de las obligaciones contractuales, reconocidas por las instancias laborales. Desde hace 12 años no se reconoce una sola plaza de trabajadores administrativos, ni de funcionarios, y en diez años sólo se han reconocido 123 plazas de profesores de tiempo completo por la vía del Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep), ninguna de medio tiempo y de hora clase. Es tanta la indolencia del Ejecutivo Federal, que la SEP no ha reconocido la recuperación de las plazas del personal académico y administrativo que ha fallecido. Para dar cobertura a las necesidades educativas durante esos años, la planta docente tuvo un crecimiento de un 21%; similar crecimiento se dio con el personal administrativo, mientras que la plantilla de funcionarios decreció en un 7%. La situación anterior, hace imposible el pago de salarios y prestaciones al personal académico y administrativo; de igual manera limita significativamente el mejoramiento de las funciones sustantivas de la UAZ. En contraste, y a pesar de las limitaciones financieras, en este mismo periodo se ha duplicado la población estudiantil, la oferta educativa pasó de 55 a 85 programas académicos de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Se ha incrementado el número de profesores con postgrado, con perfil Promep y en el Sistema Nacional de Investigadores. La acreditación de programas académicos de calidad pasó de 8 a 19. Además la Universidad Autónoma de Zacatecas se ha descentralizado, ampliando sus tareas aparte de la capital del estado a 10 municipios de la entidad. En síntesis, la UAZ ha hecho más con menos, ha aumentado la cobertura, la oferta educativa y la calidad de la educación con menos recursos en términos reales. Además la Federación tiene varios adeudos con la Universidad, no se han entregado el 50% de los recursos del Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep, 2005), desde el 2004 no se han recibido recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), el Fondo de Jubilaciones y Pensiones se ha retraído progresivamente y el recurso del mismo en el 2006 no ha llegado, los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) han ido a la baja, no obstante que actualmente se construye la nueva ciudad universitaria Siglo XXI, no se han entregado en su totalidad los recursos extraordinarios que aprobó la Cámara de Diputados a las universidades públicas para el 2006, entre otros adeudos. Todo lo anterior ha hecho que progresivamente la UAZ entre en una crisis financiera que pone en riesgo la viabilidad de nuestra máxima casa de estudios en la entidad. En estos momentos, y de acuerdo a la información proporcionada por las autoridades universitarias, la cantidad faltante para cumplir el mínimo de obligaciones al cierre del año, como es el pago de salarios, aguinaldos, primas de antigüedad y programa de estímulos académicos será del orden de los 115 millones de pesos. Ante la indeferencia e insensibilidad del gobierno federal, que ha hecho caso omiso a las diferentes gestiones de las autoridades universitarias para rescatar financieramente a la UAZ, el martes pasado se llevó a cabo una gran marcha de la comunidad universitaria en la capital del estado, en defensa de la educación pública, el aumento del subsidio a las universidades públicas y el rescate financiero de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Primero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través de los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública a realizar de manera urgente la liberación total de los recursos adeudados a la Universidad Autónoma de Zacatecas e

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implementar en coordinación con esta institución de educación acciones concretas y definitivas para su rescate financiero, lo cual garantice el cumplimiento de sus funciones sustantivas. Segundo.- El Senado de la República exhorta a la H. Cámara de Diputados, para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2007, se asigne una partida especial para el rescate financiero de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de otras universidades públicas del país. Dado en la Cámara de Senadores, a 5 de diciembre de 2006. Atentamente (Rúbricas)”. “PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION UN INCREMENTO AL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO EN EL PRESUPUESTO DE 2007 PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO Quien suscribe, Senador Lázaro Mazón Alonso, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: PUNTO DE ACUERDO PRIMERO.- El Senado de la República solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se considere, en el proceso de discusión y aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2007, un incremento en el subsidio federal ordinario correspondiente al gasto de la Universidad Autónoma de Guerrero por 1,230.4 millones de pesos, para efecto de cubrir con suficiencia los gastos que genera su operación regular. SEGUNDO.- Así mismo, se solicita a la Colegisladora se otorgue a esa casa de estudios un apoyo extraordinario único por 920.0 millones de pesos, a efecto de cubrir un pasivo laboral y de seguridad social acumulado a la fecha por las excesivas restricciones presupuestales a que se le ha sometido. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a 5 de diciembre de 2006 Suscribe (Rúbrica)”. “PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE REVISE Y REGULE EL ALZA DE PRECIOS EN PRODUCTOS DE CONSUMO BASICO, COMO LAS MEDICINAS En los últimos días hemos visto el incremento de las presiones inflacionarias, por el aumento en el precio de la leche Liconsa, la gasolina Premium y el diesel. El incremento de estos insumos han desencadenado un aumento en los precios de los productos de consumo básico, como la tortilla y las medicinas, por lo que se está generando una espiral inflacionaria. La Secretaría de Hacienda autorizó abruptamente el incremento del precio de la gasolina Premium y el diesel de bajo azufre, en 4 y 3% respectivamente, con el argumento de que se necesitan plantas de refinación especial para la gasolina ecológica y contrarrestar los costos que se han generado por las importaciones de los combustibles y las distorsiones generadas por las variaciones en el precio del petróleo.

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Lamentablemente, el incremento de la inflación afecta el poder adquisitivo de la mayor parte de las familias mexicanas, pero de manera especial a las más vulnerables. Conservar la salud se ha vuelto casi imposible, debido a la mala alimentación, la pérdida de calidad en el aire y el agua que respiramos, la reducción de los hábitos higiénicos mínimos y el difícil acceso a los servicios médicos, que cuando se tienen, los precios elevados de las medicinas, impiden su accesibilidad a la mayoría de las personas. El hecho de que nuestra salud, incluso nuestra vida, pueda depender de la administración de uno o varios medicamentos, ha generado que estos artículos se hayan convertido en artículos de primera necesidad; es decir, bienes básicos para cualquier sociedad, aunado a que somos un país cuya transición poblacional tiende al envejecimiento de la población, lo que de suyo implica el aumento en la demanda y consumo de medicamentos. Los medicamentos juegan un significativo papel social, debido a su estrecha relación con el derecho fundamental a la salud y la vida. Por ello se les considera bienes esenciales, que deben ser accesibles a todas las personas. Su adquisición en la actualidad equivale a bienes suntuarios o de lujo, por el gasto considerable y su impacto catastrófico en el ingreso de la mayoría de la población. La política de medicamentos en nuestro país es a todas luces excluyente. Dado que limita el acceso de estos bienes sólo a aquellos consumidores que cumplen las condiciones impuestas por su monopolizado mercado, elemento reprobable si consideramos que la utilidad mercantil y el derecho a la propiedad industrial no deben superponerse o rebasar a los derechos fundamentales, como es el caso de la protección de la salud. Lo paradójico es que la salud y los medios para conservarla o recuperarla están consagrados como garantía constitucional en nuestra Carta Magna, en su artículo 4º. En el artículo 28 constitucional, párrafo tercero, preceptúa lo siguiente: “las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses”. Desafortunadamente, no existe legislación que regule la fijación de precios ni la intermediación innecesaria en el caso de las medicinas. Por si fuera poco, la Norma Oficial Mexicana-036-SSA11986, que regulaba este aspecto, fue derogada en 1994. El mercado de distribución de los fármacos en México está secuestrado por el oligopolio conformado por casa Saba y las empresas distribuidoras de medicamentos Nacional de Medicinas (Nadro). Al haber logrado el control de la comercialización de fármacos en todo el territorio nacional a favor de sus intereses mercantiles y sin importarles menoscabar las necesidades de los consumidores, estos tienen que asumir el costo final del producto, cuyo recargo supera 40% del precio. Según la Subsecretaría de Competitividad Industrial y Comercial de la Secretaría de Economía existe una total liberación de precios en materia de medicamentos, y éstos los tasan de acuerdo con la oferta y demanda de cada uno de los laboratorios.

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Esto nos confirma que en México no existe una política para fijar los precios de los medicamentos. La decisión sobre lo que deben pagar los pacientes es una prerrogativa de las empresas farmacéuticas que, con base en las tarifas vigentes en el país de origen de los productos y en otras naciones, determinan el monto a cobrar en México como “precio máximo al público”, el cual se actualiza constantemente. La cotización puede llegar a ser de varios miles de pesos, sobre todo si se trata de un producto innovador para atender enfermedades crónicas y supuestamente con amplias ventajas terapéuticas respecto de sus competidores. De este modo, los pacientes son los más perjudicados. La falta de mecanismos oficiales para controlar o por lo menos regular el mercado farmacéutico ocasiona que los precios de las medicinas se incrementen constantemente. De manera que estamos frente a un problema social de vastas proporciones, no podemos permitir que en nuestro país mucha gente sufra o muera por falta de acceso a medicamentos necesarios existentes. El acceso a los medicamentos es un derecho fundamental del hombre. El gobierno tiene la facultad y el deber -y el desafío- de adoptar las medidas necesarias para asegurar su pleno ejercicio por parte de toda población. Así lo recomiendan la OMS y los demás organismos internacionales competentes. También lo ordenan la constitución y las leyes de México. Según un documento suscrito por varias OGNS de prestigio internacional, “diversos estudios han mostrado de manera inequívoca que la competencia de los genéricos es la vía más efectiva para asegurar la reducción de los precios de los medicamentos y mejorar el acceso”. De todos los instrumentos ensayados tanto por los países desarrollados para bajar el gasto en salud, como por los países en desarrollo para mejorar el acceso a los medicamentos, el que ha demostrado mayor eficacia es sin duda el estímulo de la oferta de genéricos. Si el objetivo a alcanzar es la accesibilidad, lo que habrá que hacer es garantizar la oferta de medicamentos más adecuada. La sola ley de ganancia no puede ser norma de lo que es esencial en la lucha contra la enfermedad y la pobreza. Es necesario promover legislaciones nacionales y acuerdos internacionales para contrarrestar el monopolio de pocas empresas farmacéuticas, alargar la lista de los medicamentos genéricos que satisfacen a la mayoría de la población y abatir así los precios, en especial para los países en vía de desarrollo. En otras palabras, el propósito es impedir que las transnacionales nos impongan, a través de barreras para los genéricos, una protección a ultranza de la propiedad intelectual de medicamentos más allá de los dictados por la OMC, cuyo resultado será neutralizar la competencia y subir precios para incrementar su participación en el negocio de la salud, sin importar el daño que ello cause a la salud pública. Por lo expuesto anteriormente, someto al Pleno los siguientes: PUNTOS DE ACUERDO 1. Exhortar al Ejecutivo Federal para que en uso de sus facultades revise y regule el alza de precios en productos de consumo básico como son las medicinas. 2. Legislar en materia de control de precios de los medicamentos, para impedir las prácticas monopólicas tal y como ha sido los últimos años en la industria farmacéutica. Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 5 de diciembre de 2006. Atentamente Sen. Ricardo Monreal Avila”.

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“PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A EXHORTAR A LA CAMARA DE DIPUTADOS Y A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA PARA QUE, EN EL MARCO DE LA DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2007, SE CONSIDERE EL APROBAR UNA PARTIDA ESPECIAL QUE APOYE EL RESCATE DE LA CUENCA DEL LAGO DE PATZCUARO, MICHOACAN El suscrito, Senador Silvano Aureoles Conejo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS Datos generales de la cuenca Se ubica en el estado de Michoacán, se trata de una cuenca cerrada con una superficie aproximada de 1,000 km2, se desarrolla desde los 2,035 metros sobre el nivel del mar (“msnm”) hasta los 3,300 msnm, con una elevación promedio de 2,369 msnm. Cuenta con un lago interior de 126.4 km2 equivalente al 12.64% de la superficie total de la cuenca, el cual tiene una profundidad promedio de 4.9 m y almacena 619.4 Mm3. La población circundante, es de aproximadamente 120,000 habitantes, y se encuentran los municipios de Coeneo, Huiramba, Lagunillas, Nahuatzen, Tingambato, Erongarícuaro, Pátzcuaro, Quiroga y Tzintzuntzan, siendo estos últimos cuatro municipios los que circundan el Lago de Pátzcuaro. Su economía depende fundamentalmente del turismo, la explotación forestal, la pesca y las artesanías, y recientemente de las remesas que le llegan de sus migrantes que trabajan en los Estados Unidos. Por su particular belleza y sus antecedentes históricos, los cuales se remontan a épocas prehispánicas, es considerada como una de las regiones más emblemáticas de México. Indicadores del deterioro ambiental En los últimos cincuenta años la cuenca, por efecto de la sobreexplotación de sus recursos naturales y la contaminación, ha sufrido un grave deterioro ambiental. Los siguientes datos permiten tener idea de esta problemática: Deforestación.- Debido a la tala clandestina, el uso de leña como combustible, la incidencia de plagas forestales, los incendios forestales y a la explotación ilegal; se han perdido más de 10,000 has de bosque y el 50% restante presenta afectación forestal. Cambio de uso y manejo inadecuado del suelo.- Se ha incrementado significativamente la explotación agrícola y ganadera. Tanto las prácticas agrícolas como las ganaderas son extensivas e inadecuadas, se usan técnicas no conservacionistas y de bajo rendimiento. Se practica la agricultura de temporal y el riego por gravedad, ambos de baja rentabilidad. Erosión.- El 85% de los suelos de la cuenca se encuentran afectados por los intensos procesos de erosión lo que produce una significativa acumulación de azolves en el lago. Reducción de la superficie y profundidad del lago.- En los últimos 50 años se ha detectado una disminución de 40 km2 de la superficie lagunar y de 2.6 m de profundidad (uno de los mayores descensos históricamente registrados). Falta de infraestructura de saneamiento.- Debido a que la cobertura de alcantarillado es parcial, al uso de fosas sépticas y letrinas que impactan a los acuíferos, así como al fecalismo al aire libre, que en época de lluvias producen escurrimientos con alto contenido de materia orgánica, se produce una importante contaminación difusa y un preocupante estado de insalubridad en la parte baja de la cuenca.

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Contaminación de suelo y agua.- Debido a que el 33% de la basura no se colecta, a que el 70% de las aguas residuales de las zonas urbanas y rurales no se tratan (120 mil habitantes en la cuenca) y a las descargas de drenes agrícolas (400 a 800 l/s del dren Zurumútaro, DR 091 Pátzcuaro); el lago y algunos manantiales, al igual que grandes superficies de suelo, presentan altos niveles de contaminación. Carga orgánica en el lago.- Las descargas de aguas residuales sin tratar provenientes de 15 sitios, incluyendo Pátzcuaro y Quiroga (aprox. 200 l/s en el año 2000), y la contaminación difusa en toda la ribera del lago, aportan una gran cantidad de contaminación por carga orgánica y nutrientes al lago (mayor deterioro en la porción sur). Carga interna.- La constante y cada vez mayor acumulación de sedimentos contaminados en el fondo del lago supera significativamente su capacidad de restauración natural. Amenazas a la vida silvestre.- Se encuentra en riesgo de extinción cuatro especies acuáticas y treinta y dos vegetales terrestres, entre ellas el pez blanco, que es una especie emblemática de la región. Deterioro de la calidad del agua del lago de Pátzcuaro.- Derivado de la contaminación, el agua presenta alta turbidez, ensalitramiento, altas concentraciones de nutrientes en zonas puntuales y abatimiento del nivel de oxígeno disuelto en algunas zonas específicas. Caída de la producción pesquera.- Por efecto de la utilización de artes de pesca inadecuadas, la introducción de especies exóticas (trucha, carpa, mojarra, etc.), la sobreexplotación pesquera (pescado blanco) y las alteraciones del hábitat (turbidez, salinidad, lirio, etc.), en los últimos 13 años la producción pesquera se redujo a la sexta parte. Baja cultura ambiental.- La falta de una visión compartida respecto a los problemas de la cuenca, la poca continuidad de los programas y compromisos, la existencia de una red social de participación y comunicación fragmentadas entre las comunidades, y la carencia de un acuerdo institucional, son factores que no permiten adoptar un plan de largo plazo que incluya metas y recursos humanos, financieros y materiales compartidos. Falta de fuentes de trabajo alternativas.- Existen condiciones de pobreza extrema en el 60% de la población rural de la cuenca. La falta de empleos hace que parte de esta población se dedique a la explotación de los recursos naturales. Baja conciencia.- Por lo general la población no está bien informada sobre la problemática ambiental y en consecuencia no es conciente del deterioro y de la sobreexplotación que sufre la cuenca. La concentración de población y sus prácticas de consumo alteran el equilibrio ecológico. Actualmente se cuenta con infraestructura para tratamiento de aguas residuales, con capacidad instalada de 147 litros por segundo, que por supuesto no es suficiente para tratar el 100% de las aguas residuales que se vierten al lago. Bajo este marco de referencia, resulta claro que la cuenca se encuentra en una situación ambientalmente crítica, la cual debe de ser atendida de inmediato. Pátzcuaro y Quiroga son las principales fuentes de descargas domésticas. Se estima que diariamente se descargan al lago un volumen de 28 mil 429 metros cúbicos de aguas negras. La cuenca enfrenta un grave proceso de deterioro que amenaza la calidad de vida de la población y la integridad de los recursos naturales: Agua, bosque, suelo y vida silvestre. Es necesario reforzar las actividades de restauración, rescate y conservación de la cuenca, que han venido desarrollando diversos organismos públicos y privados.

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Es menester que el programa de recuperación sea permanente. Que los organismos responsables, tanto los no gubernamentales, como las entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, cuenten con los recursos necesarios para impulsar la generación de cultura y conciencia ambientales entre la población, para la construcción de infraestructura, para el saneamiento de las aguas residuales, para la preservación de especies nativas, para el tratamiento de residuos sólidos, para la conservación y reforestación del bosque, para el uso y la explotación racional de los recursos, así como para la promoción de la participación social. A fin de revertir la contaminación por aguas residuales vertidas al lago, la Comisión Nacional del Agua, conjuntamente con el gobierno del estado de Michoacán y los cuatro municipios con mayor influencia en la cuenca (Erongarícuaro, Pátzcuaro, Quiroga y Tzintzuntzán) han establecido mecanismos de participación. Dichos mecanismos de colaboración están sustentados precisamente en los decretos que establecen condonación de créditos fiscales generados por los adeudos en el pago de derechos por el uso y aprovechamiento o explotación de aguas nacionales y condonación de contribuciones y accesorios en materia de derechos por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales. En la adhesión a dichos decretos, el organismo operador o prestador de servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, manifiesta por escrito un programa de acciones, para el tratamiento de aguas residuales, tratamiento y disposición de lodos, con el propósito de asegurar que los contaminantes de las descargas se encuentren dentro de los límites máximos permisibles establecidos por la Ley Federal de Derechos y la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 (NOM-001-ECOL-1996); y se establece los plazos en los cuales los prestadores de servicios de agua potable y alcantarillado, deben cumplir con el saneamiento de la totalidad de las aguas vertidas. Los decretos antes mencionados son una estrategia para que los municipios y organismos operadores o prestadores de servicio estén en posibilidad de construir infraestructura necesaria para cumplir con la normatividad oficial en materia de descargas de aguas residuales, con el objetivo que conlleve entre otros a: Promover la inversión en acciones de saneamiento por parte de los prestadores de servicios. Disminuir la contaminación de cuerpos de agua para coadyuvar a restablecer el equilibrio ecológico y su entorno. En apego a dichos decretos los municipios de Pátzcuaro, Quiroga y Tzintzuntzán, se han adherido a los mismos y presentaron por consiguiente los programas y acciones de saneamiento. No obstante el esfuerzo que se está realizando, se considera insuficiente para revertir el deterioro de la cuenca, ya que los mecanismos a que se hace mención no abarca todas las localidades de la cuenca. Sólo aplica en diez localidades que cuentan con una población mayor de 2,501 habitantes, el resto de las localidades, 80% aproximadamente, no están obligados. Por lo que se considera necesario el valioso apoyo de esta Honorable LX Legislatura a fin de que se autoricen recursos adicionales para coadyuvar con el gobierno del estado y los municipios a sanear las aguas residuales de localidades con población menor a 2,501 habitantes, mediante tecnologías alternativas de saneamiento, para cumplir con la Norma NOM-001-SEMARNAT-1996. En tal sentido, el estado de Michoacán, los municipios de la cuenca, las dependencias federales involucradas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, han elaborado un diagnóstico general en materia de saneamiento, en el cual se establecen los requerimientos de recursos económicos, además de un programa calendarizado para la aplicación de los mismos, en el que también se establecen las principales acciones a realizar en los próximos años.

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Para alcanzar las metas propuestas se requieren mayores apoyos presupuestales. En este sentido la posible inclusión de una partida especial dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), bajo la premisa y reconocimiento de que se trata de un caso urgente y de interés nacional, podría ser el detonador y garante de la recuperación ambiental de esta importante cuenca. Que en mérito de lo expuesto, el que suscribe SILVANO AUREOLES CONEJO Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO UNICO.- Se exhorta a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la misma para que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, se considere el aprobar una partida especial que apoye al rescate de la cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán. Dado en México D.F., a 5 de diciembre de 2006. Atentamente (Rúbrica)”. “PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DEL EJERCICIO FISCAL 2007 SE CONSIDEREN Y APRUEBEN LOS RECURSOS A LOS PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES DEL PEF 2006, QUE AUN CUMPLIENDO LOS REQUISITOS SE VERAN AFECTADOS TOTAL O PARCIALMENTE POR EL AJUSTE PRESUPUESTAL REALIZADO AL EJERCICIO FISCAL 2006 El suscrito, Senador Antonio Mejía Haro, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Senado de la República y conforme en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal y a la H. Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2007 se consideren y aprueben los recursos a los programas, obras y acciones del PEF 2006, que aún cumpliendo los requisitos se verán afectados total o parcialmente por el ajuste presupuestal realizado al ejercicio fiscal 2006, al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS El gasto público social es el instrumento fundamental para apoyar a sectores que se encuentran desprotegidos frente a los embates del mercado; al mismo tiempo, permite canalizar bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas de la población. La función social del Estado, se expresa en la participación que tiene para redistribuir los recursos hacia actividades que alienten y fomenten el desarrollo social y productivo en todos los ámbitos de la sociedad. Por ello no deja de ser preocupante que el Ejecutivo Federal, a través del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haya recortado de manera unilateral, inconstitucional e injustificada, recursos aprobados por el Pleno de la Cámara Diputados a partidas y programas específicos del PEF 2006 en diferentes sectores que afectan a programas sociales y de obra pública. Los recortes anunciados a las dependencias en millones de pesos son del orden de 2,451 para

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Agricultura, 2,082 para Comunicaciones y Transportes, 5,621 para Educación, 1,243 a Salud, 1,436 a la Semarnat, 855 a Economía, 4,922 al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), -aunque ya se anunció que el recorte solo será por la mitad-, entre otros, hasta sumar un ajuste presupuestal de 27, 282 millones de pesos. El argumento del Ejecutivo Federal para realizar el ajuste presupuestal fue de que la H. Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, un monto de 26,572 millones de pesos para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adicionales al total de recursos aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para ese mismo ejercicio fiscal, generándose un descuadre entre ambos documentos oficiales. Sin embargo, habrá que decir que el recorte unilateral de la SHyCP es injustificado, ya que los ingresos por una recaudación tributaria no petrolera rebasan en 120 mil millones de pesos a los estimados en la Ley de Ingresos, de igual manera los ingresos por petróleo son muy superiores a los considerados en la misma ley; el techo de endeudamiento neto aprobado para el ejercicio fiscal 2006 no se ha ejercido; el subejercicio del gobierno federal al periodo enero-septiembre de 2006 era de 28 mil millones de pesos. Si a lo anterior le agregamos que al tercer trimestre de este año, según el Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, se registra un superávit fiscal por 139 mil 167 millones de pesos. Todo ello, pudo y puede evitar los recortes a los sectores y a las entidades federativas que tantos problemas están causando en los tres órdenes de gobierno. Este ajuste presupuestal afecta a diversos programas del campo, a la construcción de infraestructura carretera, hidráulica, educativa, hospitalaria, cultura, turismo, entre otros. De igual manera afecta al desarrollo social y a la operación de sectores como los de salud y educación. Estos recortes presupuestales no abonan a la credibilidad de los gobiernos, dañan tanto al Ejecutivo Federal como al Legislativo, afectan el quehacer de los tres niveles de gobierno, pero sobre todo, afectan a los beneficiarios de los programas y a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo explicar a los beneficiarios que ya no se pavimentará su carretera, o que no se construirá su hospital, su escuela, su presa, su planta de tratamiento de aguas residuales?, si ya algunas obras se habían hecho del conocimiento de los beneficiarios a través de distintos canales, como su publicación en el Diario Oficial de la Federación, o la notificación por sus representantes populares, y/o por los ejecutivos estatales y alcaldes municipales; si ya incluso los beneficiarios y los gobiernos locales invirtieron en estudios y proyectos ejecutivos, si ya cumplieron con la normatividad y toda la tramitología, ahora cómo decirles que siempre no. Cómo decirles a los productores de maíz, frijol, agave, leche o carne, que siempre no recibirán el apoyo gubernamental para su agroindustria, porque hubo errores en el presupuesto. En los próximos días se presentará el Paquete Económico y se iniciará la discusión en materia presupuestal. Para resarcir en parte los problemas antes referidos, es importante que desde el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2007 que presente el Ejecutivo Federal a la H. Cámara de Diputados se consideren los programas y las obras que fueron afectadas total o parcialmente con el recorte y adecuarlos a los nuevos requerimientos. De no ser así, la H. Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, deberá procurar incluir y aprobar los recursos suficientes para aquellos programas, obras y acciones, que cumpliendo con los requisitos no se podrán llevar a cabo total o parcialmente por el ajuste presupuestal al ejercicio fiscal 2006. Asimismo, en lo sucesivo como legisladores debemos cuidar que el Ejecutivo no incurra irresponsablemente en los históricos subejercicios, ni en aplicaciones de reservas precautorias, que luego se traducen en recortes reales. Estos recortes injustificados no se deben permitir ya que obstaculizan el ejercicio presupuestal autorizado por la Cámara de Diputados, afectando programas prioritarios que están en marcha.

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Todo ajuste de recursos conlleva siempre parálisis administrativa en la prestación de servicios y dificulta la construcción de obras públicas. Los recortes no encuentran su justificación, sobre todo si el gobierno federal ha incurrido en subejercicios. Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 que presente a la H. Cámara de Diputados se considere con los recursos aprobados en el PEF 2006 a los programas, obras y acciones, que aún cumpliendo con los requisitos se verán afectados total o parcialmente por el ajuste presupuestal realizado al ejercicio fiscal 2006. SEGUNDO.- Se exhorta a la H. Cámara de Diputados para que en el PEF 2007 considere y apruebe los recursos a los programas, obras y acciones del PEF 2006, que aun cumpliendo con los requisitos se verán afectados total o parcialmente por el ajuste presupuestal realizado al ejercicio fiscal 2006. Dado en el salón de sesiones de la Cámara Senadores, a 5 de diciembre de 2006. Atentamente (Rúbrica)”. “PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SITUACION DE LAS PERSONAS DETENIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA Y TRASLADADAS AL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL NUMERO 4, UBICADO EN EL ESTADO DE NAYARIT El que suscribe, Francisco Javier Castellón Fonseca, Senador por el estado de Nayarit e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con: PUNTO DE ACUERDO PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Nayarit, para que a la brevedad inicien una investigación formal de la presunta violación de los derechos humanos, constitucionales y garantías individuales de las personas detenidas en el estado de Oaxaca y trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 ubicado en el estado de Nayarit, e informen a esta Soberanía sobre el resultado de la misma. SEGUNDO.- Se exhorta al Secretario de Seguridad Pública Federal para que informe a esta Soberanía sobre los motivos y condiciones en que se realizó el traslado de las personas detenidas en el estado de Oaxaca al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 ubicado en Nayarit, así como el estado actual en que se encuentran las personas referidas. Salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de diciembre de 2006. Atentamente (Rúbrica)”.

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“PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SE HAGA UN RECONOCIMIENTO AL GOBIERNO DE CUBA, POR LA PARTICIPACION DE MAESTROS Y MEDICOS CUBANOS EN EL ESTADO DE OAXACA QUE HA TENIDO UNA REPERCUSION FAVORABLE EN LA POBLACION DE ESE ESTADO La suscrita, Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con: PUNTO DE ACUERDO PRIMERO.- El Senado de la República reconoce el valor de la participación de maestros y médicos cubanos en varios estados de la República, principalmente en el estado de Oaxaca, uno de los que se encuentran en mayor grado de atraso en materia de salud, educación, alimentación y vivienda. SEGUNDO.- Las y los Senadores de la República, conscientes de la necesidad de avanzar en materia de justicia social, consideramos que fortalecer el derecho a la salud y a la educación es altamente satisfactorio. TERCERO.- Este recinto, hace un exhorto a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se haga un reconocimiento al gobierno de la República de Cuba por la participación de maestros y médicos cubanos en el estado de Oaxaca de Juárez que ha tenido una repercusión altamente favorable en la población de ese estado. Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 5 de diciembre de 2006. Suscribe (Rúbrica)”. “PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2007 SE PRIORICE A LA POBLACION MAS VULNERABLE, ESPECIALMENTE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Lázaro Mazón Alonso, Alfredo Rodríguez Pacheco y Guillermo Tamborrel Suárez, Senadores de la República, integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan proposición con punto de Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, se priorice a la población más vulnerable, especialmente las personas con discapacidad, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES El presupuesto federal y particularmente el Presupuesto de Egresos, tiene una relación directa con el bienestar social y el desempeño económico. Por ejemplo, corrige vacíos que las fuerzas del mercado no pueden cubrir, incentiva la generación de empleos y establece subsidios para la población que no puede acceder a los bienes y servicios necesarios para cubrir sus necesidades. Los denominados grupos vulnerables -dentro los cuales se ha considerado tradicionalmente a las personas con discapacidad, las niñas y niños y a las personas adultas mayores, y en ciertas circunstancias también son vulnerables las mujeres, los indígenas y los migrantes-, se encuentran al margen de la sociedad y de la dinámica nacional, con una legislación aún insuficiente para el establecimiento de la igualdad de derechos y de oportunidades, y con disposiciones tendientes a favorecerles, que no han sido cumplidas cabalmente.

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Desde la perspectiva económica y de política social, son muchos los argumentos para exigir que desde los presupuestos se trabaje a favor de la igualdad y la equidad y para apoyar de forma especial a las personas que se encuentran en mayor desventaja, como es el caso de los grupos vulnerables. A través del Presupuesto de Egresos se pueden corregir las desigualdades educativas y de salud, entre muchas otras. En materia educativa, por ejemplo, el objetivo redistributivo más importante del gasto social, especialmente en el caso educativo, no reside en su impacto en el gasto corriente de los hogares, sino en la inversión en capital humano que representa. Eventualmente, su impacto redistributivo está en la mayor movilidad social, la distribución más equitativa del ingreso y una menor incidencia de pobreza que esta inversión puede generar, antes de transferencias.1 Al tener problemáticas y necesidades particulares, es indispensable emprender acciones diferenciadas y destinar presupuestos específicos para contrarrestar la problemática que enfrentan estos importantes sectores de la población. Sin negar los importantes logros que en el país se han experimentado en relación a la condición social, jurídica, económica y política de los comúnmente llamados grupos vulnerables, persiste la marginación y exclusión en diversos ámbitos sociales. En el caso de las personas con discapacidad, tienen importantes limitaciones para comunicarse y obtener información. El día 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El tema de este año es la “accesibilidad electrónica”. El acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones ofrece oportunidades a todas las personas pero quizás más que a nadie a las personas con discapacidad. En la medida en que el desarrollo de internet y de estas tecnologías tiene más plenamente en cuenta sus necesidades, ya no hay razón para que las barreras en forma de prejuicios, infraestructuras y formatos inaccesibles impidan su participación. Para arribar a una mejor situación se hace necesario incrementar los programas de formación e información; fomentar el acceso a las oportunidades de inversión; incentivar su participación en todas las esferas de la vida, y otorgar prioridad a los proyectos gestionados por los propios destinatarios. Actualmente, el Congreso de la Unión, y particularmente la Cámara de Diputados, ejerce con plenitud su facultad exclusiva, de “Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior”, tal como lo dicta la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Uno de los aspectos novedosos de los últimos Presupuestos de Egresos enviados por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados es que se comienza a estimar la cantidad de los recursos federales que se asignan para la atención de estos grupos de población que por sus características, requieren de acciones específicas y diferenciadas. Estas estimaciones han sido de particular interés para los legisladores, ya que actualmente el Congreso Federal cuenta con comisiones ordinarias de Grupos Vulnerables, Asuntos Indígenas y Equidad y Género, cuya preocupación recurrente ha sido la de conocer las políticas federales y la cantidad de recursos, con la finalidad de incidir en el aumento de estos últimos. 1 Scott Andretta, John, “Calidad de Gobierno: Gasto Público y Desarrollo Humano”, Programa de Presupuesto y Gasto Público, CIDE, 2001.

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Pese a lo significativo que pudieran resultar estos esfuerzos, pareciera ser que los mismos no están sustentados en un análisis minucioso de las implicaciones que esto conlleva, tanto en lo relacionado con el equilibrio presupuestal, como en la eficiencia en la asignación de los recursos. En general, subyace la idea de que lo realmente importante es el aumento de los recursos y no la calidad del gasto público, en otras palabras, que el incrementalismo presupuestal determina la efectividad de las acciones y de las políticas gubernamentales. Dada la competencia en la asignación de recursos entre las distintas actividades, se hace indispensable una asignación sensible y eficiente, procurando que el gasto social se destine a aquellas actividades que potencien y reactiven nuestra economía, pero sobretodo, debemos hacer que los fondos públicos tengan como prioridad la protección de los grupos sociales que por diversas circunstancias, se encuentran en las peores condiciones de marginación, indefensión y vulnerabilidad. Conocer con precisión las acciones y los recursos para estos grupos es indispensable para incidir en su problemática, por lo que se hace necesario insistir para que se presente información objetiva y desagregada. Debemos generar la información sobre los recursos y las acciones que se instrumentan, ser más sensibles y conscientes, emprender acciones específicas, permanentes, pero también enfocadas a resultados y con presupuestos sostenibles. Con base en lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables presentamos para la consideración de este Honorable Pleno el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, se establezcan apartados específicos en los que se desglosen los recursos destinados a grupos especiales de población como son las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, niñez y jóvenes, mujeres e indígenas. Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007 se tomen en cuenta los criterios de legalidad, eficiencia y eficacia con la finalidad de que se puedan asignar y ejercer los recursos de la mejor manera. Asimismo se solicita que en caso de existir reasignaciones y ampliaciones, éstas se destinen a las funciones sustantivas no a las adjetivas, se evite la duplicidad de funciones, se fomente la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y se distribuyan prioritariamente en el gasto social, especialmente para las personas más desprotegidas y vulnerables. Tercero.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en su dictamen con proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, se asignen recursos suficientes para los programas que inciden directamente en las personas con discapacidad, particularmente en las acciones destinadas al acceso a las tecnologías de la información. Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 5 de diciembre de 2006. Atentamente (Rúbricas)”.

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“PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA INVESTIGACION DEL PATROCINIO A PROMOCIONALES EN MEDIOS ELECTRONICOS CONTRA LEGISLADORES DE LA LX LEGISLATURA Quiero llamar la atención de ustedes sobre un hecho que se presentó durante los días miércoles 29, jueves 30 de noviembre y parte del viernes 1º de diciembre de este año. Es decir, la semana pasada, en el contexto de los hechos que se suscitaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del H. Congreso de la Unión. Durante los días indicados se transmitió un promocional de 20 segundos, en radio y televisión nacionales, imputando a los legisladores del PRD la toma de la tribuna del Palacio Legislativo. Es un promocional muy parecido, por su diseño, producción y contenido, a aquellos que se transmitieron durante las últimas semanas de la pasada campaña electoral federal, atacando arteramente al candidato presidencial de la Coalición Por el Bien de Todos, y que fueron considerados ilegales por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el dictamen de la elección presidencial. El promocional al que nos referimos está firmado por la agrupación denominada “Consejo Mexicano de la Juventud, A.C.”, que es la misma que patrocinó -junto con otras asociaciones-, ataques contra las autoridades legalmente constituidas del Distrito Federal, en el periodo postelectoral. De acuerdo a su página de internet, la sede de esta agrupación se encuentra en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y la preside un joven de 24 años de nombre Ricardo Almaguer, contador público de oficio. Sin embargo, carecen de una sede física y de teléfonos oficiales, donde puedan despachar los asuntos propios de su función y recibir notificaciones, tal como lo exige la ley de asociaciones civiles. El pasado fin de semana, diversos medios de comunicación trataron de ubicar a sus dirigentes, reportando que los teléfonos oficiales no existían o no pertenecían a tal agrupación. Sólo uno o dos medios lograron ubicar al joven Almaguer y pudieron entrevistarlo. Aceptó la autoría de los promocionales y argumentó que lo hacía en ejercicio de la libertad de expresión. Señaló que no tenían oficinas fijas, porque -cito textualmente-, “para servir a México no se necesita de una oficina ni de teléfonos fijos”. Y en relación al origen de los recursos económicos para sufragar esas costosas campañas, argumentó que “son donativos de empresarios privados, que nos han pedido no revelar sus nombres”. Estos donativos son cuantiosos, a juzgar por las campañas en medios electrónicos y escritos que han patrocinado a lo largo de este año. Por ejemplo, la campaña considerada ilegal por el Tribunal Electoral, donde participó el Consejo Coordinador Empresarial y otras agrupaciones civiles durante el proceso electoral, tuvo un costo estimado de 136 millones de pesos. Después vendría una campaña paralela de otra agrupación civil denominada Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh), con el lema “ármate de valor y vota”, donde se asocia al entonces candidato López Obrador con el presidente venezolano Hugo Chávez. Esta campaña, igualmente ilegal, tuvo un costo estimado de 37 millones de pesos, a tarifas comerciales. En agosto pasado, en el contexto de la calificación de la elección presidencial, habría otra campaña mediática para justificar el conteo electoral del IFE, descalificar la demanda de “voto por voto, casilla por casilla” y presionar a las autoridades del D.F., para reprimir los campamentos de Paseo de la Reforma. Esta campaña estuvo suscrita por Alianza Sindical Mexicana, Liderazgo Emprendedor, Compromiso Joven y el mismo Consejo Mexicano de la Juventud. Tuvo un costo estimado de 29 millones de pesos, a tarifas comerciales.

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En esta ocasión, para imputar al PRD una toma de tribuna que, a todos nos consta, inició otro partido, le tocó dar la cara al mencionado Consejo Mexicano de la Juventud. Conforme a la pauta de transmisión utilizada en esta ocasión, la mencionada agrupación erogó no menos de 5 millones de pesos en menos de 72 horas, en gastos de producción y transmisión de pautas en radio y televisión. Además, cuentan con muy buenos contactos en los medios de comunicación, porque, de un día para otro, les abren espacios y tiempos que normalmente se contratan con semanas de anticipación. ¿De qué estamos hablando compañeros legisladores? De una danza de 207 millones de pesos para atacar candidatos, autoridades legalmente constituidas, legisladores de varios partidos y a un partido político con registro oficial, mediante prácticas mediáticas calificadas ya de ilegales por la propia autoridad electoral, a grado tal que pusieron en grave riesgo, junto con la injerencia del ex Presidente Vicente Fox, el curso de la pasada elección presidencial. Con base en lo anterior, propongo a la consideración de ustedes el siguiente punto de Acuerdo: PRIMERO.- Integrar una Comisión Especial del Senado para investigar el origen, funcionamiento y financiamiento de las siguientes agrupaciones civiles: Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano; Alianza Sindical Mexicana; Liderazgo Emprendedor; Consejo Mexicano de la Juventud; Compromiso Joven; más aquellas que considere pertinente esta Asamblea. Es importante saber quiénes son, dónde están, quién les paga, pero sobre todo, quiénes están detrás de estas agrupaciones “pantalla”, que manejan millones de pesos pero no tienen oficinas ni teléfonos oficiales. Derivada de esta investigación, se sugiere acompañar el resultado de la misma de una sugerencia de reformas legales para normar la actuación electoral de estas agrupaciones civiles. SEGUNDO.- Solicitar a la PGR una investigación judicial sobre los presuntos delitos federales de difamación, violación a Ley Federal de Radio y Televisión, así como los relativos a lavado dinero y defraudación fiscal en que pudieran estar incurriendo estas agrupaciones. TERCERO.- Solicitar a los medios electrónicos de comunicación que en lo sucesivo transmitan este tipo de promocionales, hacer efectivo el derecho de réplica, con igual pauta y tiempo, a favor de las asociaciones, partidos y personas que resulten agraviadas por la difusión de tales contenidos. Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 5 de diciembre de 2006. Suscribe Sen. Ricardo Monreal Avila”. “PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A CONSIDERAR UN INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO A ASIGNAR AL RUBRO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA EDUCACION, Y PARA QUE EN SU APLICACION SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CALIDAD DE ESE TIPO DE OBRAS, PROCURANDOSE EL MANTENIMIENTO NECESARIO PARA SU CONSERVACION Quien suscribe, Senador Ricardo Torres Origel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presento a esta H. Asamblea una proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a considerar un incremento en el presupuesto a asignar al rubro de la infraestructura destinada a la educación, y para que en su aplicación se cumpla con la normatividad en materia de calidad de ese tipo de obras, procurándose el mantenimiento necesario para su conservación, conforme a las siguientes: CONSIDERACIONES La educación en México como sabemos tiene amplias necesidades. Parte de esas necesidades son en ocasiones invisibles para la población en general que enfoca su mirada a los requerimientos en libros de texto, a los útiles escolares o a los salarios de los maestros, por señalar algunos.

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A diferencia de eso, poca atención ha merecido la construcción o rehabilitación de las instalaciones destinadas a la educación, llámese aulas, edificios, patios, auditorios, bibliotecas u oficinas administrativas. Existen grupos de alumnos sin escuelas, escuelas sin baños, y aulas que no cumplen con los requerimientos mínimos de seguridad de acuerdo a Protección Civil, por el hecho de no haber atendido los estándares adecuados según las normas técnicas de construcción o por el propio deterioro. Desafortunadamente, es una realidad el que los recursos con que se cuenta para atender esa problemática son escasos al no tomarse en cuenta como prioritarios. Adicionalmente, en los casos en donde sí se construyen escuelas con calidad, el mantenimiento que se realiza en ellas es prácticamente nulo, donde las mejores expectativas para la comunidad educativa serán que las instalaciones se encuentren limpias, en ocasiones con el apoyo del alumnado o de sus familiares. Definitivamente, una escuela de calidad es una escuela de verdad. Debemos procurar que las instancias de gobierno dentro de sus ámbitos de competencia trabajen para la realización de este objetivo, por ser un asunto que más que de ornato, se encuentra directamente relacionado con el aprovechamiento escolar del educando. Para arribar al mismo se requiere de la dotación de mayores recursos para la infraestructura destinada a los servicios educativos en general, y que su aplicación sea racional y tome en cuenta de manera imperiosa las normas técnicas que aseguran la calidad de una obra, además de procurarle el mantenimiento necesario para que más generaciones de alumnos disfruten de esas instalaciones y equipo. En esa labor, será determinante la acción conjunta de la Federación, los estados, municipios y el Distrito Federal donde la unión de esos esfuerzos podrá marcar la diferencia en el desarrollo de las capacidades intelectuales de grupos escolares que actualmente no cuentan con un ambiente propicio para el aprendizaje de cualquier tipo o grado, ya sean escuelas rurales, elementales, técnicas, superiores o profesionales, cuyo progreso tanta falta hace a México. Convencidos de que la educación es el futuro de nuestro país, y por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO UNICO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, dentro del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, sea considerada la aprobación de un incremento en las partidas destinadas a la infraestructura destinada a los servicios educativos; asimismo, a las entidades federativas y municipios para que en su ejercicio presten especial importancia al cumplimiento de las normas técnicas para asegurar la calidad de las obras, así como a proporcionar el mantenimiento necesario para su conservación y sostenimiento. Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de diciembre de 2006. Atentamente (Rúbrica)”.

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“PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN TERMINOS DEL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 49 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, REDUZCA LAS PRERROGATIVAS PUBLICAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS CON REGISTRO NACIONAL Federico Döring Casar, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara el siguiente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Uno de los principales temas en la agenda legislativa de las distintas fuerzas políticas en el H. Congreso de la Unión, es lo referente a la reforma electoral y la disminución de los recursos públicos destinados a los partidos políticos y campañas electorales, motivo por el cual se puede avanzar en este tema sin ser necesaria una modificación a la ley sustantiva en la materia y simplificar todo el procedimiento de iniciativa de ley, de aquí la importancia de dar un paso importante, dando celeridad a los temas que requiere el país para su mejor desarrollo. Este objetivo se puede alcanzar de acuerdo al costo mínimo de campaña el cual no ha sido modificado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral desde la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en 1996 y el último procedimiento donde se calculó dicho costo para Diputados, Senadores y Presidente de la República en el año de 1997, por el citado Consejo. De ahí se desprende que cualquier modificación al costo mínimo de campaña es de gran trascendencia e importancia para el financiamiento ordinario de los partidos políticos, toda vez que este es el primer paso para la construcción de toda la estructura financiera de estos. Sin embargo este costo, no sólo es un ingrediente determinante sobre el cual se calcula el monto de financiamiento público de los partidos políticos nacionales; si no también es el único factor sobre el cual la autoridad electoral puede actuar, modificándolo, para modular la estructura financiera que otorga a los partidos, ya que está facultada por la ley para actualizar dicho monto. Pero la importancia de este factor es todavía mayor por sus implicaciones y derivaciones. La lógica de la construcción del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales hace que el costo mínimo de campaña se convierta en un elemento que determina, de un modo directo o indirecto, a otros componentes esenciales para la estructura financiera del sistema de partidos en México, a saber: El costo mínimo de campaña es un factor decisivo para: • Establecer el monto del financiamiento para actividades ordinarias. • Establecer el cálculo de los topes de gastos de campaña. • Definir el monto mínimo que los partidos políticos deben destinar anualmente para el desarrollo de sus fundaciones o institutos de investigación. • Definir el monto de financiamiento público a otorgar a cada partido político que hubiese obtenido su registro con fecha posterior a la última elección. • Establecer los topes de financiamiento privado, tanto en lo que se refiere a financiamiento de simpatizantes, como el de las aportaciones realizadas por las personas físicas o morales. • Establecer los topes al financiamiento por rendimientos de aportaciones que reciban los partidos políticos.

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• Definir los topes al gasto del Instituto Federal Electoral en las adquisiciones de promocionales en radio y televisión durante las campañas electorales. • Establecer el fondo para el financiamiento de las agrupaciones políticas nacionales. En consecuencia, las consideraciones en torno al costo mínimo de campaña deben necesariamente tomar en cuenta el impacto en el conjunto de los componentes financieros que marca la ley. Es por tanto, un factor que va más allá de dotar de recursos a un candidato para una campaña, puesto que afecta de una manera más profunda la vida electoral y financiera del país, en tanto define toda la estructura financiera de todos los partidos políticos y agrupaciones políticas. Para reforzar los argumentos anteriormente vertidos se cita la parte relativa del artículo 49 numeral 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con lo cual se demuestra que la estructura financiera de los partidos políticos se puede modificar sin alterar la actual legislación y, a la letra dice: “Artículo 49 7. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes: a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: I. El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente, con base en los estudios que le presente el Consejero Presidente, los costos mínimos de una campaña para Diputado, de una para Senador y para la de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tomando como base los costos aprobados para el año inmediato anterior, actualizándolos mediante la aplicación del índice al que se refiere la fracción VI de este inciso, así como los demás factores que el propio Consejo determine. El Consejo General podrá, una vez concluido el proceso electoral ordinario, revisar los elementos o factores conforme a los cuales se hubiesen fijado los costos mínimos de campaña”; II. ... Por ello la importancia en el costo mínimo de campaña, ya que este repercute en toda la estructura financiera de la vida electoral y económica del país, y más aún la importancia y responsabilidad que tiene actualmente el Consejo General del IFE, para estudiar, analizar y determinar el costo mínimo de campaña, que la misma ley le faculta de manera explicita al Consejo y en virtud de que ha concluido el proceso electoral ordinario, nos encontramos en el tiempo para determinar dicho costo. De esta manera el grupo parlamentario de Acción Nacional, propone de manera urgente el estudio y análisis del costo mínimo de campaña a la baja con el cual se disminuya la estructura financiera de la vida electoral del país, toda vez que se ha demostrado que el incremento de financiamiento a los partidos políticos no se ha visto reflejado en un mejor desempeño en los cargos de elección popular sino en un incremento considerable de burocracia partidista que no soporta más el pueblo de México. Con esto Acción Nacional que es el partido que más recursos públicos recibe por ser la primera fuerza electoral del país, propone que se reduzca el costo mínimo de campaña, asumiendo las consecuencias económicas que esto implica, pero con la calidad moral de poder destinar ese recorte presupuestal en áreas de la población mexicana donde más recursos hace falta, para un mejor combate a la pobreza y su desarrollo sustentable. Es importante mencionar que la disminución en el financiamiento público de los partidos políticos, es un tema recurrente en las agendas políticas de las diferentes fuerzas partidistas.

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Prueba de ello es el contenido en la plataforma electoral del PRD para el proceso electoral pasado, en la cual se incluye en el apartado referente a la Reforma Electoral, la disminución del monto total de las prerrogativas que reciben los partidos políticos. En el mismo sentido en el documento “Temas Legislativos para la Agenda Nacional” presentado recientemente por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Felipe Calderón Hinojosa, se incluye la preocupación por el exceso del financiamiento público que reciben los partidos, pronunciándose a favor de la disminución de los mismos. Del mismo modo en el texto del documento “Por la Justicia y la Democracia”, presentado por el Frente Amplio Progresista, se incluye la propuesta de reducir el financiamiento que asigna el IFE a los partidos políticos. A mayor abundamiento, tal y como ha quedado señalado y a pesar de que el IFE contó con argumentos políticos suficientes y el reclamo ciudadano de ajustar a la baja los recursos económicos que año con año son entregados a los partidos políticos con registro nacional, encontramos que en su propuesta para el próximo ejercicio presupuestal de 2007, dicho órgano autónomo continua en la idea de entregar cada vez mayores recursos económicos y no ha sido capaz de buscar una salida que, en el derecho positivo, le permita disminuir de manera significativa las enormes prerrogativas entregadas a los partidos. Por ello sin dejar pasar más tiempo exhortamos al IFE para que a la brevedad posible, revise los elementos o factores conforme a los cuales se fijaron los costos mínimos de campaña y así se reduzcan de una vez por todas y sin necesidad de esperar la conclusión de la tan mencionada “Reforma Electoral”, las prerrogativas que en financiamiento público reciben los partidos políticos con registro nacional. Y una vez concluida la labor descrita en el párrafo precedente, envíe directamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Colegisladora, la nueva base de cálculo que reduzca el monto de financiamiento a los partidos y con ello el presupuesto destinado al Instituto Federal Electoral. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución: PRIMERO.- Toda vez que el proceso electoral ordinario ha concluido, esta Soberanía exhorta al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que en términos del numeral 7 del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, revise a la baja, los elementos o factores conforme a los cuales se fijaron los costos mínimos de campaña, a efecto de reducir la base de cálculo y con ello disminuir de manera significativa las prerrogativas que en financiamiento público reciben los partidos políticos con registro nacional. SEGUNDO.- Se exhorta al Instituto Federal Electoral, remita dicha revisión y nueva base de cálculo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se ajuste el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007. TERCERO.- Independientemente de lo anterior, se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a efecto de que consideren los argumentos vertidos en el presente punto de Acuerdo al momento de ajustar el presupuesto que será asignado a los partidos políticos con registro nacional a través del Instituto Federal Electoral en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007. Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 5 de diciembre de 2006. Atentamente (Rúbrica)”.

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“PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2007 SE ASIGNEN RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES A FIN DE GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA, EN PARTICULAR DEL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SECTORES CARRETERO, HIDRAULICO Y URBANO El suscrito, Gabino Cué Monteagudo Senador del grupo parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con punto de Acuerdo para solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 se asignen recursos presupuestales suficientes a fin de garantizar el desarrollo sustentable del estado de Oaxaca, en particular del desarrollo de la infraestructura de los sectores carretero, hidráulico y urbano, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES De acuerdo a la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por la ONU en 1983, desarrollo sustentable se define como el “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. El desarrollo sustentable implica un proceso integral basado en el crecimiento económico estrechamente vinculado con las esferas políticas, sociales, ambientales y de infraestructura; exige a los distintos actores de la sociedad compromisos y responsabilidades en la consecución de un renovado marco institucional capaz de aprovechar las oportunidades para avanzar simultáneamente en estos cuatro ámbitos, sin que el avance de uno signifique ir en detrimento de otro. De esa manera se constituye un “círculo virtuoso del desarrollo sustentable”. Lograrlo no es tarea fácil, sobre todo en regiones donde la superación de la pobreza y la satisfacción de las necesidades básicas son la principal prioridad. El desarrollo sustentable requiere de la administración eficiente de los recursos naturales, humanos, sociales, económicos y tecnológicos disponibles, a fin de alcanzar una mejor calidad de vida para la población. Los gobiernos, por su parte, deben ejercer un adecuado manejo y aplicación de los recursos públicos para mejorar la gestión de las demandas poblacionales. Por ello, en un esquema de sustentabilidad lo que cuenta no es el crecimiento macroeconómico o de la producción, sino la calidad de los servicios que se prestan. Sólo alcanzando esa máxima se puede presumir de desarrollo humano, en donde la sociedad amplía las opciones de las personas y mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través del incremento de los bienes y servicios que cubran sus necesidades básicas y complementarias, y que al mismo tiempo se respeten los derechos humanos. De acuerdo al programa de la UNESCO, “Educando para un futuro sustentable” una sociedad sustentable será aquélla en la cual se valore la justicia social y la paz; se protejan y utilicen racionalmente los recursos naturales; se procure el desarrollo adecuado y la satisfacción de las necesidades básicas para todos, y en donde la toma de decisiones se realice a través de medios justos y democráticos. La historia de nuestro país está plagada de luchas populares por conseguir esas metas. Como es de todos conocido, el pueblo de Oaxaca se encuentra hoy inmerso en una situación de conflicto político y social cuya solución, lamentablemente, se vislumbra lejana. La intolerancia y cerrazón por parte de las autoridades estatales y una parte importante de los grupos en conflicto han provocado el enfrentamiento y encono social, debilitando con ello la posibilidad del diálogo y el consenso que conduzca al desenlace del conflicto y el restablecimiento de la normalidad en el estado.

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La problemática oaxaqueña no debe ser vista como ajena y distante. Más aún, como sociedad tenemos el compromiso y la responsabilidad de buscar los caminos que conduzcan a una solución integral. Por ello, lo que hoy requiere el estado de manera urgente es contar con políticas públicas que le aseguren un desarrollo sustentable. Debemos identificar las oportunidades y opciones que estén a nuestro alcance para poder contribuir en su desarrollo, pero con sustentabilidad, instrumentado apoyos reales que permitan derivar significativamente los obstáculos que evitan que el estado oaxaqueño alcance dicho progreso. Una de las estrategias para enfrentar estos cambios corresponde a la adecuada y suficiente asignación, distribución, planificación y programación de recursos públicos que den respuesta cabal a los grandes problemas que azotan históricamente al estado, y con ello abatir el rezago social y de infraestructura que mantiene en aislamiento a las comunidades rurales e indígenas. Sin embargo, es imperante que dichos recursos estén debidamente aplicados y sobre todo fiscalizados, ya que a pesar de que en los últimos gobiernos los recursos presupuestales asignados a Oaxaca han ido en ascenso, paradójicamente, sectores clave para el desarrollo, como son la infraestructura carretera, la hidráulica y urbana no han registrado avances significativos, provocando con ello el deterioro del bienestar colectivo y la mengua en la calidad de vida de los oaxaqueños, reforzando con ello binomio tradicional de retraso social y marginación. Por lo tanto, la prioridad de las autoridades gubernamentales debe ser el potencializar el desarrollo y crecimiento económico, social, y de infraestructura en cada uno de los municipios y comunidades que integran la entidad, poniendo especial énfasis en los sectores carretero, hidráulico y urbano, que son rubros considerados como puntales y estratégicos en el desarrollo y crecimiento regional y, en consecuencia, del estatal y nacional. A continuación ofrecemos un breve diagnóstico de las condiciones que guardan estos rubros considerados como estratégicos para el desarrollo sustentable en el estado de Oaxaca. Carreteras y Caminos El desarrollo integral de cualquier comunidad o centro poblacional requiere de una efectiva red de comunicaciones. Las carreteras y los caminos rurales, significan no sólo un rápido desplazamiento de mercancías, bienes y servicios, que generan condiciones básicas para el desarrollo económico, sino también, el mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo cultural al provocar la real inserción al ámbito regional, hecho que permite el acceso a los servicios necesarios e indispensables que requiere la población, tales como educación, salud, cultura, ciencia, deporte, recreación, entre otros. La extensión carretera nacional es de aproximadamente 406,429 Km. distribuidos en 113,590 pavimentados, 148,636 Km. revestidos y 164,203 Km. de caminos de terracerías. Oaxaca cuenta con una infraestructura carretera de tan sólo 20,193 kilómetros que representan el 5% de la red nacional, lo cual resulta insuficiente si se considera que ocupa el quinto lugar en extensión territorial a nivel nacional. A nivel nacional, su red pavimentada representa tan solo el 4.2%; la red revestida significa el 8.7% y la red de terracerías constituye solamente el 1.5% registrando únicamente la existencia de 2,435.9 Km. La extensión territorial del estado es de 95,364 km2, conformados por el 16% plano, 35% lomerío fuerte y 49% montañoso lo que se traduce en que la red carretera y de caminos es insuficiente, dejando en consecuencia incomunicados a más de 30 mil localidades, sumiéndolas en el más inhumano de los retrasos y condenándolas al olvido.

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La red troncal tiene 3,156.1 kilómetros, integrada por vías de comunicación que conectan a las ciudades más importantes con los estados vecinos y con el resto del país. Lo que no ocurre con la red alimentadora que cuenta con una extensión de 1,654.5 kilómetros, permitiendo raquíticamente la comunicación intrarregional. Ambas presentan un estado físico de 50% regular, 26% malas condiciones y el 24% en pésimas condiciones. El foco rojo está en los caminos rurales, cuya función principal es la movilización social, y sólo cuentan con una longitud de 15,382.4 kilómetros, de los cuales el 30% se encuentra en condiciones regulares, 35% malas y de la parte restante ni siquiera se cuenta con registros efectivos de las condiciones en que se encuentra. Es evidente entonces que las condiciones que presenta la red carretera en Oaxaca van de regular a pésima. Aunado a ello, disponen de un deplorable diseño y planeación; sus escasos puentes son angostos e inoperantes debido a que su trazo fue basado en las brechas construidas con anterioridad. Esta situación se agrava en la red de caminos rurales, que en época de lluvias se vuelven intransitables, lo que amerita una atención prioritaria y la inyección de mayores recursos para cumplir con este propósito, si se pretende una real integración del territorio oaxaqueño. Obras de importancia regional como la pavimentación de la vía Díaz Ordaz-Villa Alta, la supercarretera Oaxaca-Istmo, el tramo por terminar La Ventosa-Arriaga y así como la modernización de Salina Cruz-Huatulco y La Ventosa-Acayucan, representan una gran fortaleza para impulsar el desarrollo de actividades productivas del sector agropecuario, turístico e industrial. Cabe resaltar que las dos primeras están en proceso de construcción. Uno de los factores que repercuten en el desarrollo del sector carretero es la limitación de recursos presupuestales tanto federales como estatales y la falta de planeación y liberación extemporánea de los recursos económicos. Al año se requieren alrededor de 1,500 millones de pesos para atender la demanda existente y sólo se autoriza en promedio 500 millones de pesos anuales generando un déficit de mil millones de pesos; por lo que el rezago en esta materia es cada vez mayor. Por tanto, es imperante que los recursos federales asignados para fortalecer y eficientar la red carretera y de caminos de la entidad se concentren en modernizar y rescatar las carreteras estatales, haciendo especial énfasis en la construcción, mantenimiento, ampliación, conservación y/o reconstrucción de la red de carreteras troncales, caminos rurales, alimentadoras, y brechas que comunican a las regiones y localidades del estado. Algunos proyectos carreteros que requieren especial atención y asignación presupuestal son los siguientes: Ubicación El Sacrificio, Municipio de Loma Bonita, Tuxtepec. Cerro Mirador, Valle Nacional, Tuxtepec. San Jerónimo Tariche, Ocotlán. Reforma de Pineda, Juchitán. José de las Flores, Jamiltepec Huajuapan de León San Juan Diquiyú, Tezoatlán, Huajuapan.

Tramo Carretero Reparación de carreteras principales. Ampliación 8 km. de la carretera que va de Rancho Grande a Cerro Mirador. Reparación de caminos y brechas principales. Construcción del Puente en el Río Astuta Paso Trapiche Construcción de carretera pavimentada de Jamiltepec a San José de las Flores. Construcción y mantenimiento de carreteras y caminos. Pavimentación del tramo carretero TezoatlánSan Marín Itunyoso Tlaxiaco.

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San José Tenango, Teot.

San Ildefonso Ozolotepec, San Mateo, Río Hondo, Miahuatlán. Patio del Agua, Tamazulápam del Espíritu Santo, Mixe. Monte Aguila, Mazatlán, Mixe. Nuevo Centro de Población Benito Juárez, San Pedro Tutupec, Juquila. Santa María Yolotepec, Juquila. San Pedro Pochutla.

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Construcción de 4 Km. de camino carretero de la comunidad de Agua de la Rosa (Huautla) a Plan de Laguna (Tenango) que beneficiará a comunidades como Rancho Quiroga, Plan de Guadalupe, Agua de Aceite. Apertura del camino pozo de Aguila-Agua Golondrina-Sitio Iglesia. Continuación tramo carretero Teocuatlán-Cerro Central. Apertura de caminos que comuniquen a las siguientes Agencias municipales: San Martín Caballero y Altamira, Agua Colorada, Agua Ciénega, Santa Catarina, Cerro Otate, Agua Platanillo. Pavimentación del tramo carretero ZapotitlánSan Mateo Río Hondo- San Ildefonso Ozolotepec-San José Cieneguilla. Ampliación, revestimiento y alcantarillado de 19 km. que comprende la brecha que comunica a la Cabecera Municipal de Tamazulápam y a la localidad de Patio del Agua. Construcción de puente vehicular en la comunidad. Revestimiento de 3 km. del tramo de camino rural San José del Progreso-Nuevo Centro de Población Benito Juárez. Ampliación de carretera principal. Reparación y mantenimiento del camino Loma Cruz a Santa María Huatulco.

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Las precipitaciones en el país descargan en promedio 1,513 hectómetros cúbicos, de los cuales sólo 5.2% de lo precipitado escurre por los arroyos y ríos, arrojando la disponibilidad natural media de 475 km3 de agua en todo el país. Oaxaca representa 4.8% del territorio nacional, con una densidad demográfica de 95 mil 364 habitantes, cuenta con 37 regiones hidrológicas del total del país; sus escurrimientos alimentan a 8 regiones hidrológicas y 40 cuencas, las cuales drenan hacia las dos vertientes principales del país, la del Golfo de México y la del Océano Pacífico. Destacan por su importancia las Cuencas de la Costa Chica-Río Verde, Tehuantepec, Papaloapan, que en conjunto representan 70% del territorio estatal. El estado de Oaxaca tiene precipitaciones promedio que van de 3 mil 300 mm., en la región de los Chimalapas, a precipitaciones bajas de 504 mm., en la región de la Mixteca. La precipitación media anual en el estado es de 1,070 mm., con escurrimientos promedio anuales de 63 mil 719 mm3 de agua y el volumen utilizado es tan sólo de 2.83%, que representa 1,800 mm3, del cual el 58.7% es extraído para consumo de la población. De porcentaje tan solo se utiliza 18% para uso agrícola y 2% para consumo industrial. Si la disponibilidad del agua en el Sur Sureste de México es 6 veces mayor respecto al resto del país, las coberturas de agua potable deberían ser por lo tanto, arriba del promedio nacional que es de 89.4%, pero la realidad es otra, Oaxaca está por debajo con una cobertura de 72.7%, Guerrero cuenta con el 70.3% y Chiapas con 77.5%.

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Si analizamos los estados del norte, Baja California cuenta con una cobertura de 96.5%, Nuevo León y Zacatecas cuentan con 92.2% y 97.2%, respectivamente, por encima de la media nacional, a pesar de tener menor disponibilidad de agua. Nuevamente, las regiones con menor cobertura de agua potable son las que se encuentran alejadas geográficamente y, por ende cuentan con deficientes redes de caminos y brechas que les comuniquen y permitan acceder a los servicios públicos, entre las que se encuentran la Costa y la Sierra Sur de Oaxaca. Según el censo del INEGI 2000 la región que cuenta con mejor cobertura es el Istmo, 11.4 puntos por debajo de la cobertura nacional. Una gran preocupación en el tema de agua potable es el pésimo y deficiente servicio que se ofrece a la ciudadanía. Además, de que la infraestructura hidráulica en conjunto presenta grandes carencias, problema que se agudiza en los municipios y comunidades indígenas cuya cobertura es baja y además no califican como prioritarias para la inversión en infraestructura. Los problemas de calidad y seguridad en el suministro de agua afectan en especial a los pobres. En las localidades marginadas el común denominador es el racionamiento y los altos costos por acceder al vital líquido. Según el Plan Integral de Saneamiento de la ciudad de Oaxaca, realizado en 2002, se estima que la tarifa real que se paga por el suministro de agua en las zonas más marginadas oscila entre 35 y 50 pesos por m3, ya que se abastecen con pipas, llegando el costo hasta los $10.00 por tambo de 200 litros. Este costo es similar al resto de las ciudades medias del estado, lo que provoca que gran parte de los ingresos familiares se asignen a la obtención de servicios básicos como agua y energía eléctrica. Los obstáculos para acceder al agua potable, especialmente en los hogares de las zonas rurales, son que la fuente está muy alejada de la vivienda y en ocasiones con caminos de acceso muy accidentados. Lo anterior implica que el tiempo que se le asigna al acarreo de agua, generalmente realizado por mujeres y niños, sea elevado, repercutiendo en un costo social e impactando negativamente la salud física y mental. La dispersión de las localidades ha complicado la asignación de servicios básicos. El censo del INEGI en el año 2000 registró 10 mil 511 localidades en los 570 municipios, de los cuales 52.5% tenía menos de 2 mil 500 habitantes. Esta dispersión en el estado hace que la inversión en infraestructura se complique, ya que gran parte de las localidades rurales no cuentan con caminos que faciliten el transporte de materiales de construcción. La planeación de los proyectos y la asignación de recursos se tendrán que concentrar hacia las regiones que tienen una menor cobertura de agua potable y que centralicen la mayor población rural, específicamente sobre los municipios de mayor marginación en el estado. Por el lado, el desalojo de aguas negras, la falta de cobertura de servicio de alcantarillado, así como las descargas de aguas negras en ríos y arroyos provocan contaminación en mantos freáticos, lo que repercutirá en la siguiente generación, pues se tendrá que pagar más por potabilizar el agua. En los últimos años, los programas de agua han disminuido en forma drástica, agravando la problemática hidráulica en el estado. Dentro de los apoyos que la Comisión Nacional del Agua otorga a proyectos en zonas rurales, una de las reglas que se complica es que en una localidad no se puede volver a invertir en ampliaciones de cobertura hasta después de 10 años, lo que limita la asignación de los recursos y el crecimiento de los sistemas rurales. Cabe señalar que las reglas de operación que aplican en las zonas rurales del norte del país son las mismas para los estados del sur, lo cual es una limitante en la medida que las condiciones de marginación están más asentadas en las poblaciones del sur y específicamente en el estado de Oaxaca, donde se encuentra 46% de los 50 municipios con mayor marginación.

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El crecimiento de la población, inmigración interna, incremento de la población flotante y el turismo nacional e internacional, ocasionan que el recurso llegue a ser insuficiente. Las líneas primarias de la ciudad fueron diseñadas hace 30 años y han llegado a su capacidad máxima, volviéndose obsoletas para abastecer a más población. Las soluciones presupuestales deben entonces concentrarse en las siguientes ramas: mejoramiento de la red hidráulica y de saneamiento en las principales ciudades, las medias como Juchitán, Salina Cruz, Tehuantepec, Tuxtepec, Puerto Escondido y Pinotepa Nacional; pero en especial de las localidades rurales, que son más de 11 mil en el estado, y que tienen problemas muy diferentes a los de las ciudades, pero no por ellos menos importantes. Desarrollo Urbano en el estado de Oaxaca. Oaxaca es uno de los estados del país con mayor índice de marginación, gran dispersión de localidades, alta densidad poblacional (37 hab. por km2), y elevadas tasas de expulsión de mano de obra. Realidad que se ve severamente agravada por las deficientes redes camineras y de infraestructura hidráulica. De ahí que el desarrollo urbano en el estado no ha sido asunto prioritario. De tal caso que los centros urbanos más importantes como Oaxaca de Juárez, Huajuapan de León, Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Tuxtepec, Pinotepa Nacional y Tehuantepec, presentan grandes deficiencias y atrasos; y ni hablar de los municipios pequeños y las localidades alejadas ya que su urbanización se antoja prácticamente imposible. Las carencias y mala aplicación de los planes de desarrollo urbano y de vivienda, que solo generan 3,500 viviendas, en las cuatro principales ciudades del estado han visto crecer paralelamente 8,000 asentamientos irregulares anuales en zonas no aptas para la vivienda. Por lo que la problemática a resolver debe estar enfocada a solucionar la aglomeración urbana, ya que además origina deterioro ambiental, depredación de los recursos naturales, contaminación de aire, agua y suelo por el vertimiento de desechos sólidos, y por la falta de medidas preventivas de salud pública. El confinamiento de la basura, las centrales para el abasto, las terminales para el transporte de pasajeros y las vialidades que descongestionen el Centro Histórico de la capital o los cascos urbanos de las principales ciudades son temas prioritarios pendientes de abordar por los gobiernos estatal y municipales. Se estima que en el ámbito estatal se requiere la construcción, ampliación y rehabilitación de más de 250 mil viviendas para abatir el rezago habitacional. Esta situación conlleva a la necesidad de adquirir reserva territorial para cubrir el déficit. Una exigencia creciente es la petición de apoyos para el mejoramiento de la vivienda en las zonas populares, rurales e indígenas, que están en condiciones paupérrimas. Se calcula que más de 289 mil viviendas son de piso de tierra, lo que incide desfavorablemente en la salud de la familia pero en especial en la de los niños. De acuerdo con el último censo de población y vivienda, 52.1% de éstas están construidas con paredes de materiales sólidos, 38.1% son de techo de lámina de asbesto, metálica o material precario y solamente el 31.2% disponen de losa de concreto. Estas características constituyen elementos que reflejan el bajo nivel de desarrollo, ya que en el ámbito nacional estos indicadores muestran una mejoría permanente. Solamente el 65.5% de las viviendas populares, rurales e indígenas cuentan con el servicio de agua entubada, y menos de la mitad dispone del servicio de drenaje, lo que coloca al estado en penúltimo y último lugar en el país respectivamente.

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Respecto a las localidades urbanas, solamente 113 cuentan con un sistema de drenaje y únicamente 76 comunidades rurales disponen de un sistema formal de alcantarillado. En cuanto al servicio de energía eléctrica y telefónico se observa un rezago considerable en comparación con la media nacional, ya que sólo el 87.3% y el 12.1% de las viviendas disponen de servicios de electricidad y de telefonía respectivamente. El estado de Oaxaca cuenta con 12 planes de desarrollo urbano de diversas jerarquías con vigencia jurídica, los cuales se elaboraron en la década de los 90’s, por lo que la mayoría de ellos requiere su urgente actualización. En el año 2004, dentro del programa Hábitat y con mezcla de recursos al 50% entre el gobierno del estado y la Secretaría de Desarrollo Social, se elaboraron 6 planes de desarrollo urbano destinados a 6 municipios conurbados a la capital del estado, cuya vigencia jurídica se encuentra en proceso de ejecución. De ahí que se requiere la asignación de recursos suficientes para elaborar el resto de los planes municipales. Este es sólo una pequeña parte de la cruda realidad que vive Oaxaca, y que lo mantiene sumido en el atraso y la marginación. Es el momento de poner nuestro granito de arena y, contribuir decididamente en el desarrollo sustentable del pueblo oaxaqueño, de nuestros hermanos. El desarrollo y crecimiento de un estado no puede estar sujeto a los caprichos de un personaje o a los intereses de los partidos políticos, es cuestión de justicia y equidad social. Por lo tanto, pongo a la consideración de la H. Cámara de Diputados para que en el contexto de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 se considere la asignación de recursos suficientes a las partidas de los Ramos 9 Comunicaciones y Transporte, 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales y 20 Desarrollo Social, con el fin de que se dispongan de los recursos necesarios para mejorar la infraestructura carretera, hidráulica y urbano del estado, provocando con ello, la generación de las condiciones necesarias que permitan el desarrollo sustentable del estado de Oaxaca. En mérito de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente: PUNTO DE ACUERDO UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que considere en la discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, la asignación de recursos presupuestarios suficientes a fin de garantizar el desarrollo sustentable del estado de Oaxaca y, en particular del desarrollo de la infraestructura de los sectores carretero, hidráulico y urbano de la entidad. Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 5 de diciembre de 2006. Atentamente (Rúbrica)”.

EXCITATIVA “El que suscribe, Leonel Godoy Rangel, Senador de la República de la LX legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, inciso c), y 67, inciso g) de la Ley Orgánica de este Congreso, así como el artículo 21 fracción XVI y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita excite formalmente a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios

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Legislativos, Primera, a que presenten el dictamen relativo a la minuta con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. CONSIDERACIONES El programa Bracero se inició en la década de los 40’s y estuvo en vigor de 1942 a 1964. Durante este periodo se inscribieron aproximadamente 4 millones de mexicanos, para lo que se negoció una fuente de empleo. Paralelamente al inicio del programa, una agencia en Estados Unidos de América se encargó de retener 10% del salario de los trabajadores para formar el Fondo de Ahorro Campesino. Posteriormente, esos ahorros fueron transferidos al Banco de Crédito Agrícola de México, que se transformó en Banrural y hoy es Financiera Rural. Esos recursos ahorrados nunca les fueron devueltos a los trabajadores migrantes ya que ninguna instancia gubernamental asumió la obligación de restituírselos. Después de varias protestas por parte de diversas organizaciones de ex braceros, y de iniciativas de legisladores de la LIX Legislatura se aprobó el 28 de abril de 2005, la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. El Fideicomiso sería el mecanismo institucional para que la Secretaría de Gobernación integrara un padrón de ex trabajadores migratorios; la inclusión en este listado quedó sujeta a la exhibición de pruebas documentales que acreditaran efectivamente que las personas interesadas laboraron en Estados Unidos de América durante los años que comprenden de 1942 a 1964 en el marco del convenio migratorio, o bien, que eran familiares con legítimo derecho a recibir los recursos. Sin embargo, la integración del padrón fue motivo de posicionamientos encontrados y disparidad de criterios, inconformidad de muchos ex trabajadores migratorios y de sus organizaciones porque quedaron fuera del listado de beneficiarios. A esto se sumó la desorganización en las mesas receptoras de documentación instaladas en las delegaciones estatales de la Secretaría de Gobernación y la falta de precisión respecto a cuáles eran los documentos idóneos para acreditar el derecho a ser inscritos en el padrón. El resultado fue que aproximadamente 60% de los ex trabajadores migratorios con legítimo derecho a recuperar parte de sus ahorros quedaron excluidos. Ante tales resultados y debido a la dimensión que estaba adquiriendo el problema de los ex braceros, el 4 de abril de 2006, se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de reforma al artículo 6º de la ley señalada; y el 25 de abril del mismo año fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Esta fue recibida por la Cámara de Senadores el 27 de abril de 2006 y fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera. Al día de hoy, miles de ex braceros siguen esperando la aprobación de las modificaciones a la ley para acreditarse y poder acceder a los beneficios de la ley. Sr. Presidente, por todo lo anteriormente expuesto, le solicitamos de la manera más atenta dé trámite a la siguiente: EXCITATIVA UNICO.- Excite a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, a que presenten ante este Pleno el dictamen correspondiente a la minuta con

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proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Salón se sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de diciembre de 2006. Atentamente (Rúbrica)”. Dé cuenta la Secretaría del Orden del Día de la siguiente sesión. - La C. Secretaria Ludivina Menchaca Castellanos: Doy lectura al Orden del Día de la siguiente sesión. (Leyó)

CITA - El C. Presidente Arroyo Vieyra: Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 7 de diciembre a las 11:00 horas. (Se levantó la sesión a las 15:35 horas) Directorio DIARIO DE LOS DEBATES de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos Director: Lic. Arturo Domínguez Sarmiento Plaza Sebastián Lerdo de Tejada Teléfonos: 51-30-22-28 51-30-22-18 Internet: http://www.senado.gob.mx Correo electrónico: [email protected]