desprotegidos en nombre de la ley

[No. 102 ] Del 10 al 16 De octubre De 2008

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abogaDo =ihmogc^il 1 de febrero 2008 • índigo

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Por Hugo gutiérrez

s un caso sin precedentes. Una juez de lo Familiar acudió a Alternativas Pacíficas acompañada de policías armados para sacar a la directora de esa asociación civil. Con policías ministeriales y de Seguridad Pública, forzó a la titular para que la llevara a un refugio contra víctimas de violencia intrafamiliar. Una vez ahí, obligó a la directora de la asociación, María del Mar Álvarez, a entregar a dos niños que eran atendidos por psicólogos debido al divorcio de sus padres. Una asociación civil que durante años ha trabajado con el Estado para crear los refugios fue violentada con fuerza pública. Esta organización y sus refugios son protegidos por la ley para abrigar a las mujeres y a los niños, pero fue víctima del mismo enemigo contra el que lucha: la violencia. Para Alicia Leal, fundadora de la organización y de los refugios en todo el país, fue un ataque premeditado del sistema de Estado contra una asociación civil que ha presionado para obtener más recursos que les permitan proteger a quienes han sido víctimas de violencia intrafamiliar. En respuesta, Alternativas Pacíficas presentó una denuncia por privación ilegal de la libertad contra la juez noveno de esta carta fue firmada por la juez que hizo el operativo. pero la confidencialidad del refugio ya había sido violada. al menos una docena de policías estuvo ahí. índigo • 1 de febrero 2008

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aquí está registrada la hora y la fecha del ingreso de la juez luz maría guerrero Delgado a la oficina de alternativas Pacíficas. De ahí salió con la directora de la asociación detenida hacia al refugio de víctimas de violencia intrafamiliar.

lo Familiar, Luz María Guerrero Delgado. La querella fue entregada al Consejo de la Judicatura. Y es que Guerrero Delgado ha demostrado un interés muy especial en el caso de los dos menores que sacó del refugio. UN iNterés sospechoso

El secuestro de la directora de la asociación civil. La violación del acuerdo de

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confidencialidad del refugio de mujeres y niños. La amenaza del Ministerio Público de desaparecer a los menores. Y todo esto por un caso de convivencia de padres divorciados con sus hijos. El interés de la juez Guerrero Delgado en este caso no tiene precedente. El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, estaba enterado del operativo el

mismo día que sucedió. Así lo prueba una conversación que sostuvo con la fundadora de Alternativas Pacíficas, Alicia Leal, la tarde del 30 de septiembre pasado. Y Gustavo Adolfo Guerrero no sólo es presidente del Tribunal, sino también del Consejo de la Judicatura, órgano que juzgará la privación ilegal de la libertad de la directora de la asociación.

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Foto: Armando Arrambide

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mónica alejandra manzo dice que ella y sus hijos llevan dos años sufriendo amenazas y agresiones de Javier cano sánchez.

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Pareciera que este uso de la fuerza pública contra Alternativas Pacíficas y dos niños fue debidamente planeado. No se justifica este despliegue policial y judicial en torno a un caso familiar que sólo busca resolver la convivencia de los menores con sus padres divorciados. Se trata de los hijos de Javier Cano Sánchez y Mónica Alejandra Manzo Baschwitz. Por eso es que la asociación civil y los abogados de la madre consideran que el asunto no sólo tiene un móvil legal. Cano Sánchez y Manzo Baschwitz se separaron hace dos años. Durante este tiempo, la señora y su abogado, Ricardo García Treviño, han sido víctimas de amenazas por parte de Cano Sánchez. Incluso, los ha amenazado de muerte. El abogado García Treviño afirma que el ex esposo de su cliente le ha dado los nombres de delincuentes del crimen organizado que podrían asesinarlo.

Agrega que muchos abogados defienden los intereses de Cano Sánchez. Entre ellos están el ex procurador Rubén Zarazúa Rocha, Juan Gómez Jaime y Alfonso Martínez Jasso. García Treviño dice que las amenazas de muerte han sido proferidas en presencia de la misma juez Guerrero Delgado, pero ésta ha negado tomar nota. FUera de lo Familiar

María del Mar Álvarez estuvo en la oficina de la juez el 30 de septiembre, cuando realizó el operativo para privarla de su libertad. Antes de esa cita, la directora de Alternativas Pacíficas había tenido comunicación con la juez porque ésta había fijado el 26 de septiembre para reiniciar la convivencia de los niños con el padre. Sin embargo, la titular de la asociación presentó ese día un escrito ante el juzgado porque no había sido posible que los niños estuvieran en el lugar debido a cuestiones de seguridad.

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Esto, porque las amenazas del padre, Cano Sánchez, ponían en peligro la convivencia. Luego, el 30 de septiembre, María del Mar visitó a la juez para conversar sobre el caso. Pero Guerrero Delgado le dijo que estaba muy ocupada, así que le pospuso la cita para las 15:00 horas en las oficinas de Alternativas. Sin embargo, la juez llegó con todo un operativo. Era el argumento legal para obligar a María del Mar a que los acompañara y que sacara a los niños del refugio. Arribó con 15 policías. Ocho entraron a las oficinas y rodearon de mane-

índigo • 1 de febrero 2008

ra intimidante a la directora de la asociación. Le dijeron que tenían orden de detenerla. Un agente del Ministerio Público le advirtió que ya sabían dónde estaba el refugio. Y es que el DIF paga los servicios del recinto, así que alguien violó el acuerdo de confidencialidad y proporcionó a la juez los datos de la ubicación del lugar. La juez también le dijo que si no los acompañaba, “los niños podían perderse en el camino”. Ante estas amenazas, María del Mar accedió. Los policías le prohibie-

ron usar teléfonos celulares y la subieron a una camioneta, donde siempre estuvo flanqueada por policías ministeriales. La llevaron al refugio y ahí obligaron a las psicólogas y al personal a entregar a los niños Javier y Alejandro Cano Manzo, de 11 y 6 años, respectivamente. La juez Guerrero Delgado llevó policías ministeriales a un lugar que ha atendido a unas 60 mil madres e hijos desde hace años. Un refugio que ha brindado ayuda psicológica a esposas e hijos de policías.

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Por eso, mantener en secreto la ubicación del lugar es importante. Hay maridos que buscan el lugar para seguir agrediendo a su familia o para llevarse a los niños. Guerrero Delgado arrebató los niños a la madre sin que ésta haya perdido la patria potestad. Todo este operativo con el fin de entregar a los menores a Cano Sánchez. La madre de los niños, Manzo Baschwitz, dice que ambos menores están en el DIF Nuevo León. Cuenta que ahí, su hijo de 11 años le preguntó a una empleada del lugar por qué estaba ahí. Y ella le respondió: “porque no quieres ver a tu papá”. Como si el niño fuera el responsable de todo lo sucedido. Tal parece que en este ataque a una asociación civil y de violación a los acuerdos de confidencialidad para los refugios, el Poder Judicial y el Estado pensaron en todo. Hasta en recurrir a policías con armas largas.

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este es Javier cano sánchez. el abogado ricardo garcía dice que este hombre los amenazó de muerte.

Pero no han pensado en los niños, como lo marca el Artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño. por qUé reFUgiarlos eN UNa a.c.

Alicia Leal explica que los ministerios

públicos y muchos jueces civiles familiares no están capacitados para atender a víctimas de violencia intrafamiliar. Cuando sucede una agresión en el hogar, comúnmente los afectados son la madre y los hijos. Salen de la casa en busca de ayuda y se topan con agentes del Ministerio Público que los tratan como si fueran parte acusada. Con el maltrato psicológico de la agresión, necesitan una terapia psicológica. Pero son recibidos por gente educada para investigar, no para ayudar. Leal cuenta que llegan con el trauma de haber sido agredidos en su propio hogar y permanecen ahí sentados o parados durante horas, sin tener asesoría legal ni atención psicológica. Entonces, en lugar de sentir apoyo, las víctimas perciben que el propio sistema de justicia las rechaza. Muchas veces ocurre lo mismo en los juzgados civiles de lo Familiar,

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donde madre e hijos no conocen el lenguaje jurídico, y los defensores de oficio tampoco están preparados para lidiar con víctimas de violencia intrafamiliar. Es por eso que el sistema de refugios lo primero que hace es dar terapia a madres e hijos. Además, la ubicación de estos albergues es secreta para que el agresor no pueda encontrar a sus familiares, ya que puede lastimarlos, si no físicamente, al menos psicológicamente. Y los golpes pueden sanar más rápido que el daño psicológico. Perjuicio mental que puede afectar a un niño a tal grado, que vea la violencia doméstica como una conducta aceptada. Y que la admire como el camino más rápido para conseguir lo que quiere. En pocas palabras, si ese niño y esa madre no son tratados con terapia, al

menos el pequeño puede llegar a convertirse en un delincuente. Es por eso que Leal defiende el sistema con el que trabajan en Monterrey y en los otros 54 refugios del país. Sin embargo, el gobierno ha reducido sus aportaciones. Abogadas y psicólogas que trabajan en los albergues han desertado porque no ven una mejoría salarial. Y es que el personal tampoco puede recibir prestaciones porque el gobierno prohíbe a las asociaciones civiles otorgar ese tipo de beneficios. En un Monterrey cada vez más violento, que vive la peor oleada delincuencial de su historia, esta área de atención parece haber sido relegada a un segundo plano. Como una instancia que no tiene nada que ver con la seguridad. Mientras, el gobernador sigue promocionando su imagen a través de spots televisivos.

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índigo • 1 de febrero 2008

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reDucen PresuPuestos

alternativas Pacíficas ha encontrado en nuevo León a niños que planean asesinar a su padre porque vieron y sufrieron la violencia intrafamiliar. ellos pueden convertirse en delincuentes si no reciben ayuda. pero el estado recorta cada vez más los recursos para que sean atendidos en refugios. Haz click en las fotos Para ver

abogaDa índigo • 1 de febrero 2008

Psicóloga

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Foto: Armando Arrambide

n la batalla contra la delincuencia, el gobierno ha desatendido la violencia intrafamiliar, un problema de salud pública que genera delincuen-

índigo • 1 de febrero 2008

tes. En su presupuesto para 2008, tanto el gobierno federal como el de Nuevo León asignaron más recursos para la seguridad, pero disminuyeron las partidas para las víctimas de violencia intrafamiliar. Pareciera que no han tomado en cuenta que asesinos, asaltantes y hasta secuestradores tuvieron una niñez en común. Una educación familiar en la que la intimidación y el terror a los golpes en casa les crearon patrones de vida marcados por la violencia, que es aceptada como una conducta aceptable. Y si esos comportamientos familiares persisten en la sociedad, lo más seguro es que las actuales generaciones de niños que conviven con la violencia en su

hogar sean el origen de los criminales del mañana. Steve D. Levitt y Stephen Dubner, autores de “Freakonomics”, tienen la teoría de que el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y su estrategia de “cero tolerancia”, no fueron los únicos factores que ayudaron a reducir la violencia y la delincuencia en las calles de la gran manzana. Ambos consideran que la legalización del aborto en esa ciudad en los 80 provocó que miles de niños no nacieran. Y al no venir al mundo, al no llegar a ser hijos de parejas que no los deseaban, se evitó que crecieran en medio de la violencia intrafamiliar. Es probable que también se haya evitado que esos niños fueran lanzados a las calles para crecer inmersos en vicios y conflictos. Por eso, cuando llegó Giuliani a mediados de los 90 y estuvo al frente de la alcaldía neoyorquina hasta 2001, tuvo un factor a su favor. 1 de febrero 2008 • índigo

Foto: Armando Arrambide

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Sí, aquellos niños que no nacieron disminuyeron también el número de adolescentes y adultos jóvenes con patrones de conducta violenta. Gente que hubiera nacido y crecido en familias donde las agresiones fueran comúnmente aceptadas. Por eso en Monterrey, al igual que en todo el país, es necesario que el gobierno ataque la delincuencia organizada, pero también que atienda la violencia intrafamiliar, este generador de posibles delincuentes. Desgraciadamente, el gobierno de Nuevo León y el federal han recortado en los últimos dos años los presupuestos asignados a los refugios de víctimas de violencia intrafamiliar. cada vez meNos diNero

En los últimos dos años, los gobiernos estatal y federal han bajado hasta en 30 por ciento las partidas presupuestales que destinan a los refugios de madres e hijos que sufren agresiones en el hogar. Esto sucede justo cuando está aumentando la cantidad de personas que requieren atención contra la violencia intrafamiliar. También en un momento en que a nivel índigo • 1 de febrero 2008

federal, la Secretaría de Salud ha hecho “perdedizos” 140 millones de pesos que habían sido asignados a los albergues por la Comisión de Equidad y Género del Congreso de la Unión. Para la escritora y periodista Lydia Cacho, existe toda una estrategia del gobierno para reducir paulatinamente los recursos económicos a las organizaciones

civiles. Explica que esto no sólo afecta a los refugios para víctimas de violencia intrafamiliar, sino también a otras asociaciones civiles. Alicia Leal, fundadora de la Red de Refugios para Víctimas de Violencia Intrafamiliar, afirma que falta mucho apoyo de parte del gobierno. 1 de febrero 2008 • índigo

Foto: Armando Arrambide

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Esto a pesar de que el sistema adoptado por los 56 albergues del país es el más eficiente. Además de estar probado en Francia y Estados Unidos, ha funcionado en Monterrey y en las demás sedes. La también fundadora de Alternativas Pacíficas cuenta que la organización de los refugios funciona gracias a la participación de las agrupaciones civiles y el gobierno. La cooperación entre ambos entes, el público y el privado, es fundamental para que los refugios puedan realizar una tarea que va más allá de partidos políticos y de índigo • 1 de febrero 2008

la burocracia. De hecho, quienes operan el sistema son las organizaciones civiles. Pero esto no quiere decir que el gobierno se desentienda de la obligación de atender la problemática de la violencia intrafamiliar. Porque es un asunto público. Porque las madres y los hijos que son golpeados son un problema de salud pública. Y además, los niños que crezcan en medio de la violencia pueden ser los adolescentes infractores o los delincuentes adultos del futuro.

Entonces, también es un problema de seguridad pública. Dada la crisis de inseguridad que padecen Monterrey y el país, la seguridad debe ser atendida desde todos los frentes. Pero la reducción presupuestal a los refugios va acompañada de la indiferencia de los dos niveles de gobierno. Tal parece que consideran entes incómodos a las organizaciones civiles que operan los albergues. Además de que les han recortado los recursos económicos, tampoco atienden sus requerimientos. 1 de febrero 2008 • índigo

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¿Quién juzgará

a Madero? Por Ángel PlasCenCia

La Comisión de Justicia responsabiliza a la Procuraduría. La ley establece ambas instancias, pero señala claramente que el congreso debe retirar el fuero a un funcionario para que éste pueda ser citado a declarar ante el Ministerio Público.

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Quién tiene la responsabilidad de juzgar a Adalberto Madero? Según el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Fernando Kuri, debe ser el poder judicial. Según la Constitución Política del Estado de Nuevo León el Congreso debe desaforarlo para que el servidor público pueda enfrentar la investigación ministerial como cualquier ciudadano. El Artículo 109 de la constitución del estado establece este recurso como una “acción popular”. Índigo MTY presentó en su Edición 99, cómo Adalberto Madero violó la ley al extender una serie de concesiones de puentes peatonales del municipio a la empresa Publitop, S.A. de C.V., saltándose al Cabildo. A pesar de que Red Cívica ya presentó las pruebas al Congreso para iniciar el proceso de desafuero, éstas ni siquiera han sido analizadas por el pleno de la Comisión de Justicia. Todo se entregó por escrito al legislativo. Los elementos son contundentes y están fundamentados, cómo se indica que deben presentarse en el Artículo 109 de la Carta Magna. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que la resolución se pase a pleno y sea votada? Según Fernando Kuri, que la Procuraduría

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General de Justicia determine si se incurrió en un ilícito o no. En el Artículo 112 se establece que el sujeto implicado -en este caso el alcalde de Monterrey- “quedará a disposición de las autoridades competentes (la Procuraduría de Justicia) para que actúen con arreglo a la ley”, pero esto sólo sucederá si “el Congreso declara que ha lugar a proceder”. Lo anterior significa que si el Congreso no emite una resolución, no se puede actuar penalmente en contra de Adalberto Madero. 1 de febrero 2008 • índigo

sociedad

Pero miembros de la Comisión de Justicia como Fernando Kuri y José Manuel Guajardo no están de acuerdo con esa interpretación de la ley. Para ellos es necesario que antes se determinen responsabilidades en la Procuraduría para luego solicitar una orden de aprehensión ante un juez. Pero en ese supuesto, si un fiscal llama a declarar a Madero, éste podría ignorarlo categóricamente porque mientras tenga fuero no está obligado a rendir su declaración ministerial. El vicepresidente de la comisión, el priista Félix Coronado, al igual que el vocal panista José Manuel Guajardo, dicen en entrevista a Índigo MTY que no ha habido todavía reuniones oficiales entre los miembros para tratar el caso.

La lupa de red Cívica en el Congreso El 8 de octubre, integrantes de la asociación civil Red Cívica se presentaron en las oficinas del PAN en el edificio del Congreso local para hablar con los miembros

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de la Comisión de Justicia y preguntarles sobre el seguimiento al caso Madero desde que entregaron las pruebas. Salvador Benítez, abogado y vocero de Red Cívica, dijo que la organización espera que antes de que finalice el año se resuelva el caso. Explicó que confía en que no se vuelva un tema partidista. La tardanza sólo podría dar lugar a sospechas. Los cargos ya están en la mesa y si no se actúa a la brevedad, El PAN y su mayoría en el Congreso podría negociar y limitar la justicia contra Madero a una sanción partidista. En los últimos días se tomó la resolución de desintegrar la comisión dentro del PAN local y turnarla directamente al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. El legislativo tendrá que juzgar y de ahí turnar su resolución al poder judicial. En manos de los diputados quedará que el órgano que representa los intereses ciudadanos, no sea visto como juez y parte en un caso donde podrían pesar más los intereses partidistas.

1 de febrero 2008 • índigo

sociedad

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La ciudadanía de Nuevo León ya expresó su inconformidad en Facebook. La red social se ha convertido en el “frente de guerra” de los grupos que acusan al alcalde regio de corrupto y exigen su desafuero. Índigo te presenta algunos de ellos.

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1 de febrero 2008 • índigo

Lugares CLásiCos

se acerca la edición 87 del Clásico regiomontano. en La Cabaña te presentamos cinco lugares del estadio Tecnológico que, por una u otra causa, son históricos en el duelo entre Tigres y rayados.

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Lo peor que hacen los malos, es obligarnos a dudar de los buenos”. Jacinto benavente 1866-1954 Dramaturgo español

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