Secretaría Ejecutiva Jurídico Administrativa 26 de octubre de 2010

Argentina (AFP): •

Riesgo de derrumbe en un juzgado por peticiones de aumentos de jubilados. Un edificio que alberga a diez juzgados del fuero previsional argentino está en riesgo de derrumbe por el peso de miles de expedientes de jubilados que reclaman un aumento de haberes, según un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El edificio, ubicado en pleno centro de la capital argentina, "está en el máximo admisible de peso", reza el informe técnico debido a los cientos de causas que jubilados presentan cada semana para conseguir un aumento de sus pensiones por vía judicial. "En los últimos días ingresaron cerca de 15.000 expedientes nuevos", dijo al diario Clarín una fuente judicial que estimó en unas 40.000 las causas que tiene a su cargo cada uno de los diez juzgados que funcionan en el lugar. Los jueces del fueron pidieron a la Cámara Federal de la Seguridad Social que "decrete en forma inmediata feriado judicial" para "evitar la previsible recarga del edificio por ingreso de causas y público" ante el temor de un colapso. "No podemos soslayar que no existe en el edificio Anexo salida de emergencia alguna ni escalera de incendio y que los estrechos pasillos se encuentran obstruidos actualmente por la gran cantidad de expedientes", dijo la fuente. Cientos de jubilados lograron en los últimos años una recomposición de sus haberes mediante la presentación de recursos de amparo en base a fallos favorables de la Corte Suprema considerados jurisprudencia para todos los jubilados. Una reciente ley aprobada por mayoría opositora que establecía aumentos en las jubilaciones, fue vetada por la presidenta Cristina Kirchner con el argumento de que su instrumentación hubiera llevado a la quiebra al Estado.

Demasiado peso en el Juzgado.

Chile (El Mercurio): •

Pleno de la Corte Suprema propone suprimir el feriado judicial. Suprimir el feriado judicial para que el funcionamiento de los tribunales sea continuado durante todo el año es otra de las decisiones que adoptó el Pleno de la Corte Suprema durante las jornadas de reflexión que se desarrollaron el fin de semana en La Serena. El llamado feriado judicial de febrero rige sólo para materias civiles, ya que lo laboral, penal y de familia funcionan ininterrumpidamente durante todo el año. En el caso de la Corte Suprema y de las cortes de Apelaciones del país, se dejan salas de verano que revisan causas más urgentes. "Es una institución un poco obsoleta, y nada justifica que algunos asuntos tengan un feriado judicial y se paralice el tribunal por un tiempo determinado. Nuestra política es que no debiera haber nunca tribunales que no funcionen durante todo el año. Por lo tanto, el feriado judicial ya no es una necesidad, y hay que eliminarlo", aseguró el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica. El titular del

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Secretaría Ejecutiva Jurídico Administrativa 26 de octubre de 2010 máximo tribunal sostendrá una reunión con el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, encuentro en el que se abordará este tema y las otras propuestas de las jornadas de reflexión, ya que para que se materialice la iniciativa es necesario un proyecto de ley. Juica aseguró, además, que con esta idea también se evita la discriminación con los funcionarios del Poder Judicial que gozan "del feriado judicial respecto a los otros que no". Por su parte, el ministro de Justicia adelantó a "El Mercurio" que respalda la iniciativa porque "hace más equitativa la distribución de cargas (...) y evita esos rezagos en materia civil, que en febrero paraliza". El presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, también se mostró partidario de la eliminación del feriado judicial, porque "está acorde a la época (...) No se puede estar un mes privado de administración de justicia". Explicó que si bien para muchos abogados es "cómodo" que estén paralizados los tribunales, porque aprovechan de tomar vacaciones, desde el punto de vista público no pueden "estar parados". La Suprema también está de acuerdo con la materialización del proyecto de ley que crea una Tercera Corte de Apelaciones para la Región Metropolitana, y de la especialización de éstas. Destacan eliminación de abogados integrantes. Una favorable acogida entre los expertos del sistema procesal penal tuvo la opinión de los ministros de la Corte Suprema, que en su jornada de reflexión realizada en La Serena se mostraron partidarios de eliminar a los abogados integrantes. El académico Cristián Riego, uno de los autores de la reforma procesal penal, cree que esto permitirá sacar de los tribunales de alzada a abogados litigantes que, ejerciendo también privadamente la profesión, conocían y tenían "acceso privilegiado a la intimidad del sistema". También desaparece una figura que no está en la Constitución, dijo. El abogado Juan Enrique Vargas, decano de la Facultad de Derecho de la UDP, señaló que la figura del abogado integrante está cuestionada desde hace mucho tiempo, por el grado de independencia de su trabajo. Lo destacó como una nueva señal de transparencia de la Corte Suprema. El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, presentará en las próximas semanas el proyecto de ley que elimina a los abogados integrantes y que fue evaluado por la Suprema en las jornadas de reflexión. "Hemos llegado a grandes consensos con respecto a la forma de eliminar a los abogados integrantes. Y en aquellas materias en las que hay disensos, que son las menos, hubo votaciones divididas". Bulnes explicó que evaluará si acoge la propuesta de que las subrogancias las hagan jueces y ministros, y no suplentes externos al Poder Judicial, como está en la iniciativa del Ejecutivo.

"Es una institución un poco obsoleta. El feriado judicial no es una necesidad, y hay que eliminarlo"

Estados Unidos (New York Times/Washington Post/Huffington Post/EFE): Resumen: Linda Greenhouse analiza la gestión de John Roberts. Recuerda que en 1997, cuando Bill Clinton era Presidente, los republicanos controlaban el Senado y las postulaciones judiciales no llegaban a ningún lado. Prácticamente, 1 de cada 10 juzgados se encontraba vacante, y había 82

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Secretaría Ejecutiva Jurídico Administrativa 26 de octubre de 2010 vacantes judiciales, 26 de las cuales habían dejado de cubrirse durante más de 18 meses. El entonces Presidente de la Suprema Corte, William Rehnquist (Republicano) hizo un enérgico llamado en su informe de año nuevo para que se cubrieran las vacantes, afirmando que la actitud del Senado amenazaba al sistema judicial. Actualmente, hay 47 vacantes judiciales, y Linda Greenhouse considera que podría ser una buena oportunidad para que el Chief Justice John Roberts haga un pronunciamiento al respecto. Los primeros informes anuales de John Roberts se enfocaban en las percepciones salariales de los jueces, y tenían cierta extensión, pero el de 2009 fue tan breve que dejo perplejos a los analistas. •

Calling John Roberts. As 1997 wound down, Bill Clinton was in the White House, the Republicans controlled the Senate, and the Clinton administration’s judicial nominees were going nowhere. Nearly one in 10 federal judgeships was vacant, a total of 82 vacancies, 26 of which had gone unfilled for more than 18 months. In Democratic hands back in 1994, the Senate had confirmed 101 nominees. In 1997, under the Republicans, the number dropped to 36. On New Year’s Eve, a major public figure stepped into this gridlock. He was a wellknown Republican, and although he had set aside overt partisanship, his conservative credentials remained impeccable. He had given no one a reason to think he was favorably disposed toward the incumbent administration or its judicial nominees. Yet there he was, availing himself of a year-end platform to criticize the Senate and to warn that “vacancies cannot remain at such high levels indefinitely without eroding the quality of justice.” His name was William H. Rehnquist, chief justice of the United States, using his annual year-end report on the state of the federal judiciary to declare that with “too few judges and too much work,” the judicial system was imperiled by the Senate’s inaction. “The Senate is surely under no obligation to confirm any particular nominee,” he said, “but after the necessary time for inquiry, it should vote him up or vote him down to give the president another chance at filling the vacancy.” On a traditionally slow news day, Chief Justice Rehnquist’s critique of the Senate got Page 1 attention. More than a few Times readers drinking their latemorning coffee probably did a double take at the headline: “Senate Imperils Judicial System, Rehnquist Says.” In a modest way, it was a Nixon-in-China moment. Soon it will be time for the office of the current chief justice to start preparing the 2010 year-end report. I am eager to see whether Chief Justice John G. Roberts Jr. will take a page from his mentor and criticize his fellow Republicans — who are functionally even if not formally in charge of the United States Senate — for their role in creating the current judicial vacancy crisis. The Judicial Conference of the United States, the policy-making arm of the federal courts, which the chief justice heads, has identified 49 of the current 105 vacancies as “judicial emergencies.” This is a nonpolitical designation, based on a formula that takes into account the judicial workload on a particular court and the length of time the position has gone unfilled. The number of “emergencies” has doubled since the start of the Obama administration. Part of the responsibility for that statistic falls on the president, who has been slower with judicial nominations than either of his two predecessors — neither of whom, of course, had two Supreme Court vacancies to contend with during his first two years in office. (There were no Supreme Court vacancies during President George W. Bush’s entire first term.) The 47 nominations now pending represent fewer than half the existing vacancies. Only last month did the president make a nomination to fill one of two empty seats on the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, arguably the second most important federal court in the country. The Sept. 29 nomination of Caitlin J. Halligan, former solicitor general of New York State, came, amazingly enough, on the fifth anniversary of the vacancy that was created when the seat’s former occupant, John Roberts, received his promotion. Part of the responsibility also no doubt falls on the Senate’s Democratic leadership, which has not made judicial confirmations a top priority. But given the Republicans’ ever-present threat of filibusters and their use of mysterious “holds” on nominees, it’s hard to blame the Democrats. After all, unlike the Republicans, the Democrats have had an affirmative legislative agenda to attend to. So there’s no doubt that the Senate Republicans deserve the lion’s share of the blame for refusing to permit even uncontroversial judicial nominees to get a floor vote. The Senate ended its pre-election session last month leaving 23 nominees hanging, including 16 who had had hearings and received unanimous favorable votes in the Judiciary Committee. In other words, sheer obstructionism, rather than legitimate disputes over judicial philosophy, is the source of the problem, and here is where Chief Justice Roberts comes in — or can, if he cares to. Unlike the president’s State of the Union message, which is required by Article II, Section 3 of the Constitution, the annual report on the state of the judiciary is a modern tradition. It was begun just 40 years ago by Chief Justice Warren E. Burger and carried on with enthusiasm by Chief Justice Rehnquist, who often used it for significant pronouncements on judicial policy. Chief Justice Roberts has had a rather problematic relationship to the tradition during his five years in office. The focus of his first report, on Dec. 31, 2005, was judicial pay. Noting that federal judges’ earning power had eroded by 24 percent since 1969, he said that Congress’s failure to raise judicial salaries presented a “direct threat to judicial independence.” While in my view he was completely right on the merits of the issue, some members of

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Secretaría Ejecutiva Jurídico Administrativa 26 de octubre de 2010 Congress resented what they viewed as hyperbole from the new chief justice, and the public responded with a shrug. The much-deserved pay raise has yet to happen. Then last year, Chief Justice Roberts went minimalist, so much so that it left many people scratching their heads. Here was his report, in full, minus the statistical appendix: Chief Justice Warren Burger began the tradition of a yearly report on the federal judiciary in 1970, in remarks he presented to the American Bar Association. He instituted that practice to discuss the problems that federal courts face in administering justice. In the past few years, I have adhered to the tradition that Chief Justice Burger initiated and have provided my perspective on the most critical needs of the judiciary. Many of those needs remain to be addressed. This year, however, when the political branches are faced with so many difficult issues, and when so many of our fellow citizens have been touched by hardship, the public might welcome a year-end report limited to what is essential: The courts are operating soundly, and the nation’s dedicated federal judges are conscientiously discharging their duties. I am privileged and honored to be in a position to thank the judges and court staff throughout the land for their devoted service to the cause of justice. Best wishes in the New Year. Tony Mauro, a longtime observer of the court, responded on The Blog of Legal Times, “Imagine if the president, instead of giving a full State of the Union address, sent a note to Congress telling the legislative branch that life is good, all is O.K., and let’s catch up next year.” I’m willing to assume that last year’s baffling report was the result of judicial modesty rather than an idea deficit. In any event, I look forward to waking up on New Year’s Day to this headline or its reasonable equivalent: “Senate Imperils Judicial System, Roberts Says.” (By Linda Greenhouse).

Esto fue lo que John Roberts presentó en 2009

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Secretaría Ejecutiva Jurídico Administrativa 26 de octubre de 2010 Resumen: Tras 19 años, Lillian McEwen rompe su silencio y habla acerca del Justice Clarence Thomas. Durante las audiencias en el Senado en 1991 que llevaron a Thomas a su actual silla en el Pleno de la Suprema Corte, Anita Hill lo denunció por acoso sexual. Thomas lo negó con vehemencia, y sus defensores aseguraron que en esa época sostenía una relación estable con otra mujer, quien precisamente era Lillian McEwen. Actualmente tiene 65 años, ha sido profesora de derecho fiscal y administrativo, se casó dos veces y tiene una hija de 32 años, vive confortablemente en Washington. Ha terminado de escribir sus memorias, a la disposición del mejor postor editorial. Los sucesos de la semana pasada en torno a la esposa de Clarence Thomas y Anita Hill sacaron a McEwen del ostracismo y ha decidido hacer algunas acotaciones sobre el Ministro. Entre ellas, que Thomas tenía el hobbie de mirar fijamente a las mujeres que trabajaban con él, ante la eventualidad de tener otro tipo de relación. También asegura que Thomas estaba obsesionado por la pornografía, y que en el trabajo solía preguntar a las mujeres la talla de sus sostenes y el tamaño de sus pechos. •

Lillian McEwen breaks her 19-year silence about Justice Clarence Thomas. For nearly two decades, Lillian McEwen has been silent -- a part of history, yet absent from it. When Anita Hill accused Clarence Thomas of sexual harassment during his explosive 1991 Supreme Court confirmation hearing, Thomas vehemently denied the allegations and his handlers cited his steady relationship with another woman in an effort to deflect Hill's allegations. Lillian McEwen was that woman. At the time, she was on good terms with Thomas. The former assistant U.S. attorney and Senate Judiciary Committee counsel had dated him for years, even attending a March 1985 White House state dinner as his guest. She had worked on the Hill and was wary of entering the political cauldron of the hearings. She was never asked to testify, as then-Sen. Joe Biden (D-Del.), who headed the committee, limited witnesses to women who had a "professional relationship" with Thomas. Now, she says that Thomas often said inappropriate things about women he met at work -- and that she could have added her voice to the others, but didn't. Over the years, reporters and biographers approached her eager to know more about Thomas from women who knew him well. But McEwen remained mum. She said she saw "nothing good" coming out of talking to reporters about Thomas, whom she said she still occasionally met. She did not want to do anything to harm her career, she added. Plus, she realized, "I don't look good in this." Today, McEwen is 65 and retired from a successful career as a prosecutor, law professor and administrative law judge for federal agencies. She has been twice married and twice divorced, and has a 32-year-old daughter. She lives in a comfortable townhouse in Southwest Washington. And she is silent no more. She has written a memoir, which she is now shopping to publishers. News broke that the justice's wife, Virginia Thomas, left a voice mail on Hill's office phone at Brandeis University, seeking an apology -- a request that Hill declined in a statement. After that, McEwen changed her mind and decided to talk about her relationship with Thomas. "I have nothing to be afraid of," she said, adding that she hopes the attention stokes interest in her manuscript. To McEwen, Hill's allegations that Thomas had pressed her for dates and made lurid sexual references rang familiar. "He was always actively watching the women he worked with to see if they could be potential partners," McEwen said matter-of-factly. "It was a hobby of his." McEwen's connection to Thomas was strictly personal. She had even disclosed that relationship to Biden, who had been her boss years earlier. In her Senate testimony, Hill, who worked with Thomas at two federal agencies, said that Thomas would make sexual comments to her at work, including references to scenes in hard-core pornographic films. "If I used that kind of grotesque language with one person, it would seem to me that there would be traces of it throughout the employees who worked closely with me, or the other individuals who heard bits and pieces of it or various levels of it," Thomas responded to the committee. McEwen scoffs softly when asked about Thomas's indignation, which has barely cooled in the 19 years since the hearings. In his vivid 2007 memoir, the justice calls Hill a tool of liberal activists outraged because he did not fit their idea of what an African American should believe. McEwen's memoir describes her own "dysfunctional" family in the District and, ultimately, a long legal career. She charts how she developed an "inner self" to escape the chaos of her childhood. Her story also includes explicit details of her relationship with Thomas, which she said included a freewheeling sex life. Given that history, she said Hill's long-ago description of Thomas's behavior resonated with her. "He was obsessed with porn," she said of Thomas, who is now 63. "He would talk about what he had seen in magazines and films, if there was something worth noting." McEwen added that she had no problem with Thomas's interests, although she found pornography to be "boring." According to McEwen, Thomas would also tell her about women he encountered at work. He was partial to women with large breasts, she said. In an instance at work, Thomas was so impressed that he asked one woman her bra size, McEwen recalled

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Secretaría Ejecutiva Jurídico Administrativa 26 de octubre de 2010 him telling her. Presented with some of McEwen's assertions, Supreme Court spokeswoman Kathy Arberg said Thomas was unavailable for comment. However bizarre they may seem, McEwen's recollections resemble accounts shared by other women that swirled around the Thomas confirmation. Angela Wright, who in 1984 worked as public affairs director at the Equal Employment Opportunity Commission -- which polices sexual harassment claims -- during Thomas's long tenure as chairman, shared similar accounts with Senate investigators. Once, when walking into an EEOC seminar with Thomas, he asked her, "What size are your breasts?" according to the transcript of her Senate interview. Her story was corroborated by a former EEOC speechwriter, who told investigators that Wright had become increasingly uneasy around Thomas because of his comments about her appearance. But Wright also had problems that made committee Democrats nervous. She had been fired by Thomas, and previously by a member of Congress. She also had quit a third job in government, accusing her boss of incompetence and racism. Concerned about Wright's credibility, Biden lifted a subpoena for her to testify at the hearing. Instead, transcripts of the interviews with Wright and her corroborator were simply entered into the record, drawing only modest press attention. Another woman, Sukari Hardnett, who worked as a special assistant to Thomas in 1985 and 1986, wrote in a letter to the Judiciary Committee that "If you were young, black, female and reasonably attractive, you knew full well you were being inspected and auditioned as a female" by Thomas. For his part, a parade of women who worked with Thomas defended him before the Judiciary Committee, calling it impossible that he would engage in the type of inappropriate behavior described by his accusers. McEwen recalls writing Thomas a short note before the confirmation hearings, curious about what she should say if she were quizzed about their relationship. She said Thomas preferred that she would take "the same attitude of his first wife," who never talked publicly about their relationship. In 2007, the Howard University Law School graduate retired and grew reflective on her life. Her career had included stints as an administrative law judge for both the Social Security Administration and the Securities and Exchange Commission. She also had turns as a law professor and a private attorney -- all after her work as a federal prosecutor and Senate Judiciary Committee lawyer. She spends her days in her Southwest townhouse. She frequently meets up with friends for movies, golf and other outings. Regularly, she stops by the National Museum of the American Indian for lunch. In her short leather jacket, ankle-high boots and leather cap, she looks younger than her age. And when she talks about Thomas, her tone is devoid of rancor. She sees him mainly as someone who occupied a chapter of her life. Still, McEwen, a Democrat, acknowledges growing increasingly irritated with Thomas's conservative jurisprudence and his penchant for casting himself as a victim in the Hill controversy. Thomas himself has obliquely referred to the McEwen both in his 2007 memoir and during his confirmation hearing. In an exchange with Sen. Arlen Specter (Pa.), who was then a Republican, he said there appeared to be tension between Hill and him "as a result of the complexion of the woman I dated and the woman I chose as my chief of staff." Both are light-skinned. McEwen met Thomas in 1979, when both were among a tiny handful of young, black Capitol Hill staffers. A group of them would hold monthly meetings at neighborhood watering holes, and soon enough McEwen and Thomas had struck up a close friendship. At the time, Thomas was married to his first wife and working for then-Sen. John Danforth (R-Mo.). McEwen, meanwhile, had recently separated from her first husband. Over time, she said, Thomas would come by her place for drinks. She said the relationship grew intimate after Thomas left his wife in 1981. She said they broke off their relationship in about 1986. Through the years, McEwen said, she has remained reasonably friendly with Thomas. On two or three occasions, she said, she brought friends to his Supreme Court chambers where they sat for long conversations. But now, she says, "I know Clarence would not be happy with me." "I have no hostility toward him," McEwen said. "It is just that he has manufactured a different reality over time. That's the problem that he has."

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"He was always actively watching the women he worked with to see if they could be potential partners…It was a hobby of his” •

Canadiense Omar Khadr se declara culpable ante tribunal en Guantánamo. El canadiense Omar Khadr, atrapado a los 15 años por Estados Unidos en Afganistán, se declaró el lunes culpable de crímenes de guerra tras un acuerdo que le evita una cadena perpetua y avala su eventual repatriación desde la base naval de Guantánamo. Omar Khadr, de 24 años, fue capturado en 2002 en Afganistán, enfrenta un tribunal militar de excepción en la base naval de la isla de Cuba, acusado de lanzar una granada que mató a un soldado estadounidense, y de haber preparado bombas artesanales con la intención de matar a militares estadounidenses. Durante una audiencia de una hora, el juez militar y coronel Patrick Parrish leyó las cinco acusaciones de las que el joven se declaró culpable: crímenes de guerra, asesinato, complot, apoyo material al terrorismo y espionaje. '¿Se declara usted culpable por propia voluntad?', preguntó Parrish. 'Sí', respondió Khadr, con barba tupida, de camisa blanca y corbata, quien se sujetaba la cabeza entre las manos. El juez militar aseguró que el acuerdo amistoso -que implica 'una sentencia reducida'- no será divulgado hasta tanto los jurados no definan una pena para el joven, y suspendió la audiencia hasta el martes tras la lectura de los cargos. Si la sentencia de los siete jurados militares, --ausentes en la audiencia del lunes--, es superior a la prevista en el acuerdo, Khadr cumplirá la menor de las dos, explicó el juez. Los años de prisión ya cumplidos no serán tenidos en cuenta. El trato incluye asimismo la garantía de que el condenado, que puede apelar, podrá solicitar tras un año cumplir el resto de la pena en Canadá, un obstáculo que bloqueó durante mucho tiempo las negociaciones entre las partes. Su abogado civil canadiense, Dennis Edney, declaró a la prensa que Ottawa había entregado 'notas diplomáticas' en ese sentido. Según The Miami Herald, que cita a un alto funcionario estadounidense, la pena negociada es de ocho años, siete de los cuales podría cumplir en Canadá. El lunes, el gobierno de Ottawa rehusó pronunciarse sobre una eventual repatriación del joven. El diario también afirma, en base a fuentes gubernamentales, que el padre de Khadr muerto en 2003 en Afganistán, era un canadiense de origen egipcio cercano a Osama Bin Laden, el líder de la red integrista autora de los atentados del 11 de setiembre de 2001 contra Washington y Nueva York, que llevaron a Estados Unidos a ocupar Afganistán tras derrocar a los talibanes en el poder en Kabul. El fiscal militar John Murphy se felicitó el lunes del curso del proceso, y calificó el acuerdo como un hito para los tribunales militares de excepción decretados por el gobierno de George W. Bush (2001-2009) para juzgar a los capturados en la 'guerra al terrorismo', lanzada en busca de Bin Laden, a quien los talibanes afganos daban refugio, según Estados Unidos. 'Omar Khadr no es una víctima (...), no es un niño soldado. Es un asesino', declaró Murphy a la prensa. Alexander Neve de Amnistía Internacional, uno de los cinco grupos de defensa de los derechos humanos presentes en el juicio en Guantánamo, deploró las sospechas de tortura que existen en el caso de Khadr. Aunque saludó el hecho de que el gobierno de Ottawa aparentemente aceptara permitir que el joven cumpla la mayor parte de la condena en su

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Secretaría Ejecutiva Jurídico Administrativa 26 de octubre de 2010 país, consideró que el gesto 'parece bien poco y demasiado tarde'. Edney volvió a denunciar 'un proceso judicial defectuoso'. 'Omar Khadr es una víctima de la política canadiense y estadounidense (...). Es inocente pero al fin de cuentas se declaró culpable', afirmó.

España (Aranzadi/El País): •

El Tribunal de Estrasburgo condena a España por falta de imparcialidad en un caso de abusos sexuales. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) ha condenado a España por violación del artículo 6 de la Convención de Derechos Humanos en el caso de J. C. S., condenado a cuatro años y seis meses de prisión por abusos sexuales continuados por la Audiencia Provincial de Valencia, al entender que su detención provisional, acordada por el mismo tribunal que le juzgó, vulneró el derecho a un juicio justo por un tribunal imparcial. En el curso de la instrucción de un proceso por abusos sexuales en 2002, el fiscal solicitó a la Audiencia la prisión incondicional de J.C.S., que se encontraba en libertad provisional por ese sumario, para asegurar su presencia en el juicio. La Audiencia de Valencia la acordó por la naturaleza del delito y la alarma social suscitada, así como para prevenir presiones sobre los testigos de cargo. El acusado recusó a dos de los tres jueces del tribunal que ordenó su detención porque iban a participar en su juicio, pero su petición no fue atendida. La audiencia le condenó por un delito continuado de abusos sexuales, con el agravante de reincidencia, a cuatro años y seis meses de prisión. El Supremo rechazó su recurso. El Tribunal Constitucional también rechazó el amparo al entender que la medida acordada no había sido excesiva. El alto tribunal tuvo en cuenta el delito de abusos sexuales examinado así como la edad y el grado de madurez intelectual de los testigos. Ahora, el Tribunal de Estrasburgo ha señalado que no encuentra ningún elemento susceptible de poner en duda la imparcialidad subjetiva de los magistrados de la audiencia de Valencia, y el hecho de que un juez haya adoptado decisiones antes del juicio, incluso la reducción a prisión del sospechoso, no pueden justificar dudas acerca de la imparcialidad. Sin embargo, y a diferencia del caso Perote contra España, la Audiencia no se limitó a ordenar la prórroga de la prisión provisional, sino que modificó por sí misma la situación del encausado, ordenando su prisión provisional. La Corte de Estrasburgo ha estimado que los términos empleados por la Audiencia de Valencia podían dar a entender al justiciable que, a la vista de los jueces, existían indicios suficientes para concluir que se había cometido el delito y que él era el responsable. Es decir, el sospechoso podía temer razonablemente que los dos jueces que decretaron su prisión podían tener la idea preconcebida sobre el asunto que iban a juzgar. En suma, el TEDH considera que el hecho de que dos de los tres jueces de la Audiencia interviniesen en la prisión del sospechoso podría hacer dudar de su imparcialidad objetiva, a diferencia de otros casos en que estaba en duda la imparcialidad de uno solo de los tres jueces. Por tanto los temores del recurrente podrían estar objetivamente justificados. El TEDH concluye que no está facultado para anular el juicio como pedía el recurrente y recuerda que es el Reino de España el que debe elegir los medios para cumplir sus obligaciones según los términos de la Convención.

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Un Magistrado del Tribunal Supremo rechaza el “Derecho a la Huelga” de los jueces fundada en motivos económicos. El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) Carlos Granados ha instado al Tribunal Constitucional (TC) a pronunciarse sobre la potestad de los jueces a ejercer el derecho a la huelga y ha considerado que los magistrados sólo deben salir a la calle cuando "esté en juego" su independencia pero no por motivos económicos. En el marco del encuentro anual que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha organizado bajo el título "La Justicia, hoy", el magistrado del Alto Tribunal ha destacado que el "legislador" debe pronunciarse sobre la cobertura del derecho a la huelga para evitar una situación de "incertidumbre" y aclarar sus límites, condiciones y servicios mínimos. En relación con el derecho de huelga --un "tema conflictivo" por la "ausencia de normas"--, ha estimado que a los ciudadanos les resultaría difícil comprender que las funciones jurisdiccionales se subordinen a razones estrictamente laborales o económicas. Asimismo, Granados ha hecho referencia a la libertad de expresión de los miembros de la carrera judicial, considerando que existen "límites algo anticuados" en este ámbito aunque admitiendo que, a su juicio, son las asociaciones profesionales y el Consejo los órganos que deben hacer un pronunciamiento público. "Los jueces tienen que tener especial cuidado", ha remachado. La mesa 'La Carrera Judicial: Estatuto y Asociaciones Profesionales' ha sido moderada por la vocal del órgano de gobierno de los jueces, Inmaculada Montalbán, quien ha adelantado que el CGPJ tramita la redacción de un reglamento de carrera judicial que contempla el

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Secretaría Ejecutiva Jurídico Administrativa 26 de octubre de 2010 amparo de los jueces que creen que está siendo desvirtuada su independencia. IMAGEN DE LOS JUECES. Representantes de las principales asociaciones profesionales han intervenido en el encuentro poniendo el acento en las "bondades" del asociacionismo judicial. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), su portavoz, Antonio García, ha puesto el acento en la importancia de la imagen, un campo en el que cree que todavía queda "un gran camino por recorrer". En cuanto a la financiación, ha recordado que las asociaciones necesitan fondos para mantenerse y, para finalizar, ha defendido la importancia de estas corporaciones: "Sin las asociaciones de jueces ésto sería un grandísimo disparate". Por su parte, el miembro de Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, ha pedido que el CGPJ responda "rápidamente" a los "ataques injustificados" que, en ocasiones, reciben los jueces y que "'a priori' no están amparados en la libertad de expresión". Desde la asociación Francisco de Vitoria, ha intervenido Marcelino Sexmero, quien ha remarcado que en cuanto que la legislación no prohíbe el derecho a la huelga, este derecho está "plenamente garantizado". También se ha pronunciado sobre el acceso a la carrera judicial, aspecto en el que ha señalado que la oposición es "notablemente mejorable" aunque otros sistemas no han mostrado que garantices "los criterios de objetividad y transparencia" de igual manera. Por último, el Foro Judicial Independiente ha participado a través de Agustín Azparren, que ha criticado que el actual estado laboral y retributivo es "peor" que en épocas anteriores y ha expresado su preocupación porque muchos magistrados no consideran que el CGPJ garantice su independencia. •

El Constitucional acota las sanciones "militares" a la Guardia Civil. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha resuelto que las sanciones de carácter militar impuestas a efectivos de la Guardia Civil, como el arresto domiciliario, solo resultan acordes con la Constitución si se interpretan en el sentido de que su imposición deriva de una actuación "estrictamente" militar y así lo motive la resolución sancionadora. El alto tribunal acordó autocuestionarse la constitucionalidad del artículo 10.1 y 2 de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil ya que, dado el doble carácter, militar y civil, del instituto armado, sanciones de naturaleza específicamente militar como el arresto domiciliario podían ofrecer dudas sobre su encaje en la carta magna. La ley del Régimen Disciplinario preveía, según la infracción cometida, la posibilidad de imponer arrestos domiciliarios tanto en el desempeño de funciones policiales como en el ámbito de las misiones militares. En su sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Elisa Pérez Vera, los magistrados subrayan que la sanción de arresto domiciliario no es una simple restricción de la libertad, "sino una verdadera privación de aquélla", y que ese carácter de sanción privativa de libertad se mantiene incluso en el caso de que a esa persona se le autorice a acudir a su centro de trabajo. El fallo del Tribunal Constitucional establece que el procedimiento disciplinario aplicable a la Guardia Civil, en su consideración de fuerza de seguridad del Estado y no cuando actúa como fuerza armada, implica que "la privación de libertad ha de derivar de una sentencia judicial, debiendo ser impuesta por un tribunal competente que goce de independencia con respecto a la Administración y en un procedimiento seguido con las debidas garantías". Así, la Constitución no permite a las autoridades o mandos de la Guardia. "imponer sanciones que impliquen privación de libertad cuando se trate de actuaciones desarrolladas dentro del ámbito de las funciones policiales que la ley les encomienda". Aún así, la previsión legal cuestionada puede tener su encaje constitucional si queda acreditado que la sanción de arresto ha sido impuesta por la administración militar, "siempre y cuando la actuación objeto de sanción se haya desenvuelto estrictamente en el ejercicio de funciones materialmente calificables como militares y no en el ámbito propio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Irak (La Vanguardia): •

Condenan a morir en la horca a Tariq Aziz, la imagen exterior del régimen de Sadam Husein. El Alto Tribunal Iraquí ha condenado hoy a muerte a Tarek Aziz, de 74 años, ex ministro de Exteriores por un delito de persecución de partidos islámicos. El hambre de justicia y de condenar a todo el equipo militar que apoyó el régimen dictatorial de Sadam Husein en Irak acabará con la vida de Tariq Aziz, el rostro internacional del régimen de Sadam. La justicia iraquí le ha condenado a pena de muerte en Irak por su relación con la depuración de los partidos islámicos chiíes, según la televisión iraquí Al Iraqiyal. Aziz ha sido condenado a morir en la horca por el Tribunal Penal Supremo junto al antiguo ministro de Interior Saadun Shaker y el secretario personal del ex dictador Husein. El antigo hombre

9 Red Jurídica Nacional: http://sij02/magistratura/

Secretaría Ejecutiva Jurídico Administrativa 26 de octubre de 2010 fuerte de la política exterior de Husein, que formó parte del Comité de Dirección de la Revolución en 1990, y actuó de nexo de unión entre Sadam Husein y la comunidad internacional antes de la segunda invasión estadounidense de Iraq, no ha recibido la noticia de la sentencia que le condena a muerte en persona porque cumple en la cárcel una pena anterior. "Acto de venganza de la Justicia", según su hijo Ziad Aziz, hijo del ex dirigente iraquí, ha reaccionado ante la sentencia recriminando al tribunal su decisión tildándola de "acto de venganza". Tarek Aziz nació en 1936, en una aldea próxima a Mosul. Era hijo de una familia humilde y cristiana que se alió con el nacionalismo de Sadam para acariciar el poder en un país de mayoría musulmana. Sobre el viceprimer ministro iraquí pesaban dos condenas de cárcel por su vinculación con ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento forzado de kurdos. Aziz, de 74 años, se entregó al ejército de Estados Unidos por voluntad propia a finales del mes de abril de 2003. Cinco años más tarde, en 2009, fue condenado por un tribunal iraquí a cumplir una pena de 15 años de prisión por un delito de "crímenes contra la humanidad" por haber ordenado la ejecución de 42 comerciantes en 1992. Otros siete ex altos cargos de Sadam Husein, entre los que se encuentra el ex ministro de Defensa, Alí Hasan al Mayid, más conocido como Alí el Químico, estaban también acusados del mismo delito. Los comerciantes, que vendían bienes de primera necesidad, fueron juzgados en un proceso sumario por un tribunal de seguridad nacional que les negó el derecho de apelar. Durante el juicio, que aprobó la ejecución de las 42 personas, Aziz era ministro de Exteriores y artífice de la política exterior del régimen de Sadam Husein, derrocado por EE UU en 2003 y ejecutado en diciembre de 2006 después de haber sido declarado culpable de crímenes contra la humanidad. Brillante oratoria y negociador internacional Tarek Aziz era la cara más amable del régimen de Sadam Husein y, con su brillante oratoria y capacidad negociadora, llegó a gozar de una cierta popularidad en la escena internacional. El 11 de marzo del año pasado el Alto Tribunal Iraquí --constituido tras la invasión de EEUU para juzgar alas figuras del régimen-- ya le condenó a 15 años de cárcel por la ejecución, en 1992, de 42 comerciantes acusados de haber concertado ilegalmente una subida de precios tras la crisis desatada por guerra del Golfo en 1991. Era la primera vez que Aziz, el único cristiano integrante del círculo más próximo a Sadam, era condenado por un delito desde que se entregó voluntariamente a las tropas de EEUU en abril del 2003, dos semanas después de la caída del régimen del dictador. Antes, el mismo tribunal iraquí le absolvió de haber tenido ningún papel en el asesinato y el desplazamiento masivo de chiís en 1999, informa Reuters. Cristiano al servicio de Sadam, Tarik Aziz era el cristiano al servicio del régimen de Sadam Husein. Viceprimer ministro y miembro del Consejo del Mando de la Revolución iraquí, nació en Mosul, al norte de Bagdad, en 1936. Procedente de una familia humilde de cristianos caldeos, su nombre original era Mijaíl Johanna, y era el único miembro de esa confesión en el Gobierno iraquí. Diplomado en Literatura Inglesa por la Universidad de Bagdad, se afilió siendo joven al partido Baaz, donde a finales de los años cincuenta conoció a Sadam Husein. Por entonces trabajaba como periodista en los órganos oficiales del partido, hasta que en 1958 se convirtió en el editor de su principal órgano de prensa, Al-Thawra. En 1974 fue nombrado ministro de Información iraquí, y entre 1979 y 1983 desempeñó el cargo de viceprimer ministro. A continuación y hasta 1991 ejerció como ministro de Asuntos Exteriores, y como tal fue el encargado de negociar el alto el fuego en la guerra contra Irán. Con motivo de la invasión iraquí de Kuwait, el 2 de agosto de 1990, condujo las fracasadas negociaciones para evitar el conflicto bélico. Después retomó su cargo como viceprimer ministro hasta el colapso del régimen tras la entrada de los soldados estadounidenses en Bagdad. Aziz había dicho que nunca se exiliaría y que "preferiría morir antes que ir a Guantánamo" como prisionero de guerra de Estados Unidos. Era probablemente uno de los rostros más conocidos del régimen de Sadam Husein, después del propio ex dictador, ya que fue su consejero durante más de 20 años, a pesar de que en los últimos tiempos no tenía mucho poder el régimen depuesto.

Kenya/Sudán (El Mercurio): •

Corte Penal Internacional insta a Kenia a detener a presidente sudanés. Omar Al Bashir está acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Por eso, la Corte Penal Internacional (CPI) instó este martes a Kenia a arrestar al presidente sudanés, en la visita que el mandatario planea hacer a ese país el próximo sábado. En un comunicado difundido desde su sede en La Haya (Holanda), se explica que la Cámara Primera de la Corte "solicita a la República de Kenia que le informe, no más tarde del 29 de octubre, sobre cualquier posible problema que pueda impedir el arresto y la entrega" del mandatario sudanés. La CPI instó a Kenia a que, de acuerdo con sus obligaciones como Estado parte

10 Red Jurídica Nacional: http://sij02/magistratura/

Secretaría Ejecutiva Jurídico Administrativa 26 de octubre de 2010 del Estatuto de Roma (por el que se rige esa Corte de la ONU), "tome las medidas necesarias para asegurar que el presidente de Sudán sea arrestado". Se espera que Al Bashir viaje a Kenia para participar en un encuentro intergubernamental sobre el desarrollo. El pasado 27 de agosto, la CPI emitió dos decisiones en las que informó al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Asamblea de las Partes del Estatuto de Roma sobre sendos viajes que Al Bashir realizó a Kenia (en agosto) y a la República de Chad (en julio), para que esos organismos "tomaran las medidas que consideren apropiadas". La CPI emitió una orden de arresto contra el presidente sudanés el pasado 4 de marzo del 2009, al considerar que la Fiscalía de esa Corte había presentado suficientes pruebas para acusar a Al Bashir de cinco cargos de crímenes de lesa humanidad y dos de crímenes de guerra en la región sudanesa de Darfur, a los que se le sumaron en julio del 2010 otros tres cargos por genocidio. El conflicto de Darfur se inició en el 2003 entre los Janjaweed (un grupo de milicianos de tribus arabizadas) y los africanos negros autóctonos de la región y ha derivado en la limpieza étnica de miles de personas y el desplazamiento forzoso de varios millones. Según la ONU, esta guerra civil ha causado ya la muerte de 300.000 personas y el desplazamiento de más de 2,7 millones. Al Bashir, que ocupa el poder en Sudán tras un golpe militar que encabezó el 30 junio del 1989, es el primer presidente en ejercicio sobre el que la CPI emite una orden de arresto.

B y C, hoy

1810: •

Estados Unidos anexa a West Florida.

De nuestros archivos: 7 de octubre de 2008 Reino Unido (El Mundo) •

Un chef es enjuiciado por asesinar y freír un muslo de su amante en aceite de oliva. Un chef británico ha comparecido ante un tribunal de la ciudad inglesa de Leeds acusado de asesinar a su amante homosexual, trocear uno de sus muslos, sazonarlo y freírlo en aceite de oliva. Ese acto de canibalismo fue protagonizado por Anthony Morley, de 36 años, un ex Mr. Gay del Reino Unido, según informa hoy el diario 'The Times'. Cuando la policía acudió el pasado abril al domicilio de Morley, encontró en el dormitorio el cadáver desnudo y ensangrentado de Damian Oldfield, de 33. Pero faltaba parte del cuerpo y en la cocina se encontraron trozos de carne humana que evidentemente pertenecían a la víctima, alguno de ellos mordido ya por el supuesto homicida. La víctima, que se ganaba la vida vendiendo espacio publicitario en una revista 'gay', era homosexual y hacía tiempo que conocía a Morley. Según la acusación, ambos hombres se encontraron en un bar del centro de la ciudad, donde

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Secretaría Ejecutiva Jurídico Administrativa 26 de octubre de 2010 bebieron abundantemente, tras lo cual se dirigieron a casa del chef. A la mañana siguiente, Morley, vestido con bata y con la cara y las manos ensangrentadas, se presentó en una tienda próxima a su domicilio y pidió al dependiente que llamase a la policía porque había matado a alguien que había intentado violarle. El defensor de Morley no negó que su cliente hubiese dado muerte a Oldfield e incluso que hubiese cocinado partes del cadáver, pero dijo que el jurado debía tener en cuenta la posible provocación de que había sido objeto aquél y su estado mental.

El jurado debe tener en cuenta la posible provocación de que había sido objeto aquél y su estado mental.

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