BOLIVIA: DE LA CRISIS Y LA INFLEXION A LA GESTION DEL CAMBIO

Antonio Aranibar

Noviembre de 2006

Borrador final

El análisis y las recomendaciones políticas de este documento no reflejan necesariamente las opiniones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de su Junta Ejecutiva ni de sus Estados Miembros. Se trata de un documento independiente preparado por encargo del PNUD.

1.- Introducción: Desde los conflictos sociales de abril y septiembre de 2000, Bolivia vive un momento de crisis e inflexión como un proceso irregular de cambios políticos y económicos que van prefigurando la emergencia de un nuevo ciclo histórico de larga duración. Como señalaba el informe de desarrollo humano en Bolivia 2002, la profundidad y la intensidad de la crisis hacen insostenible la idea de una continuidad sin cambio en las tendencias estructurales de la democracia y la economía de mercado cuyas bases se sentaron en los años ochenta y marcaron el rumbo del país en las dos últimas décadas. El desconcierto y la incertidumbre acompañan el derrumbe de lo viejo que no acaba de morir y la emergencia de lo nuevo que no acaba de nacer. La crisis conlleva descomposición pero también implica recomposición y cambio. Y para la Bolivia del 2000 el futuro está abierto y es objeto de construcción constante. La coyuntura está llena de oportunidades pero también de riesgos. Las salidas al proceso de inflexión pueden ser progresivas en términos de desarrollo humano si conllevan una ampliación del sistema político y la configuración de un modelo económico socialmente incluyente. Pero también pueden ser regresivas si las tendencias a la exclusión, la fragmentación y la polarización señalan el camino del conflicto y las soluciones autoritarias. Y el camino se construye en medio de ambas tensiones. Entre el cielo y el infierno el país transita por múltiples purgatorios. Lo único claro es que la democracia y el desarrollo no pueden seguir siendo excluyentes. El informe de desarrollo humano en Bolivia 2002 concluía con una interrogante que se propuso trasladar a las opciones políticas en competencia en las elecciones de Junio de 2002, y que a pesar de lo mucho que se ha avanzado desde entonces, sigue siendo pertinente hoy en día: ¿Cómo transitar en democracia y en unidad por el camino de la ampliación del sistema político y la inclusión social y económica? Los últimos cinco años han sido intensos, dramáticos, y de forma errática nos han conducido a nuevos hitos que hablan tanto procesos de ampliación de elites políticas y de esperanzas renovadas de promover un cambio institucional e impulsar un cambio social de proporciones, como de tendencias persistentes de desestructuración social, fragmentación de la acción política y polarización en la disputa rentista de los beneficios de los recursos naturales. A partir de una caracterización de la coyuntura actual en Bolivia y de la construcción de escenarios prospectivos de mediano plazo, el presente estudio de caso pretende explorar las condiciones políticas, sociales y económicas necesarias para consolidar tendencias en la inflexión que sean progresivas en términos de desarrollo humano y gobernabilidad democrática. El estudio se estructura en tres partes1. En la primera se caracterizan y analizan los principales hitos de una coyuntura larga de crisis, inflexión y cambio en el periodo comprendido entre las elecciones presidenciales “de ruptura” de Junio de 2002, las elecciones presidenciales “de cambio” de Diciembre de 2005 y los primeros pasos de la Asamblea Constituyente en el segundo semestre de 2006. A partir de análisis de la 1

La tercera parte no se encuentra desarrollada en la presente versión del documento. Las tesis centrales se incorporan en una presentación Power Point adjunta, aunque es preciso señalar que la lectura de ambos documentos es independiente.

2

prensa internacional, entrevistas en profundidad a elites políticas y económicas internas y encuestas de opinión pública, la segunda sección expone las percepciones de distintos actores internos y externos frente al nuevo gobierno de Evo Morales y a los desafíos asociados a la gestión del proceso de cambio. Por último, luego de analizar las tendencias estructurales y las orientaciones de los actores se realizan una serie de hipótesis para construir escenarios de mediano plazo y analizar las condiciones de realización de un escenario de salida progresiva en la inflexión.

2.- Una coyuntura larga de crisis, inflexión y cambio (2002-2006):

2.1.- La gestión de la crisis (2002-2003) Tras las protestas sociales de abril y septiembre de 2000 y la crisis política del primer semestre de 2001 que se saldaron con la renuncia del Presidente Banzer por enfermedad y la sucesión constitucional del vicepresidente Jorge Quiroga en Agosto de 2001, las elecciones del 30 de Junio de 2002 fueron unas elecciones de ruptura que reflejaron un notorio cansancio de la población frente a la dirigencia política tradicional y expresaron una clara demanda de cambio. El nuevo mapa político mostró el debilitamiento del sistema de partidos tradicional (cuyo caudal electoral pasó del 85% en 1997 al 51% en 2002), la emergencia de nuevas opciones políticas portadoras de discursos sociales y antisistémicos, una suerte de empate entre ambas orientaciones (casi a partes iguales las cuatro fuerzas se repartieron el 80% del electorado) y una clara fractura regional en el voto: mientras los partidos tradicionales (MNR y MIR) se asentaban en los departamentos del oriente-sur del país, los partidos antisistémicos (MAS y NFR) recogían sus votos en los departamentos del centro y el occidente. Las cicatrices de la crisis política y social previa al proceso eleccionario, la emergencia de nuevas organizaciones políticas críticas, la dispersión del voto y el virtual agotamiento del sistema de pactos dificultaron notablemente la conformación de una coalición de gobierno sustentada en una mayoría parlamentaria sólida y relativamente cohesionada como en los cuatro gobiernos precedentes. En última instancia, la inestabilidad política vivida en las dos semanas posteriores a la elección que puso en serio riesgo la estabilidad del sistema financiero y la consolidación del MAS como segunda fuerza política del país con clara vocación de oposición renovada y contestataria, fueron los catalizadores de una alianza de gobierno difícil y precaria entre el MNR y el MIR. Por entonces, la situación de crisis de la economía boliviana se caracterizaba por una marcada contracción de la demanda agregada y un crecimiento vegetativo de los sectores generadores de empleo en el sector real, una drástica reducción del crédito y un aumento de la mora bancaria en el sector financiero, un déficit fiscal creciendo a tasas poco sostenibles (del 4% al 8%) y una deuda social acumulada. Entre 1999 y 2002, el decrecimiento del PIB per cápita se situó en -1%, la pobreza de ingresos en el área urbana se incrementó del 58% al 64% y la tasa de desempleo abierta de 4,5% a 8,5%. En ese contexto, la viabilidad de la coalición de gobierno estaba estrechamente vinculada a su

3

capacidad de gestión de la crisis económica. Por lo mismo, el reto de viabilizar el contrato de venta de gas a California, adquirió un carácter central y estratégico para el gobierno, más aún en la medida en que su programa económico de corto plazo se asentaba en las perspectivas de mayores recaudaciones tributarias provenientes de las exportaciones adicionales de gas. Todo hacía presagiar una gestión de gobierno compleja e inestable. Pocos meses después, Febrero de 2003 puso sobre el tapete las tendencias más regresivas de la inflexión; i) crisis del Estado y de sus capacidades para garantizar niveles mínimos de orden, ii) postergación de decisiones críticas para desbloquear la situación económica y enfrentar la crisis, iii) crisis de legitimidad del sistema de partidos, iv) fortalecimiento de la protesta social que asume incluso formas de vandalismo, y v) comportamiento faccioso y corporativo de actores políticos y sociales. En términos analíticos esta crisis fue el resultado de una doble pinza: tanto en política como en economía no era posible seguir haciendo “más de lo mismo”, pues ello implicaba buscar la cuadratura del círculo en medio del débil apoyo y los fuertes condicionamientos de Estados Unidos, la errática y dura negociación con el FMI y un manejo patrimonial del Estado para consolidar una frágil coalición de gobierno. Por un lado, si la estabilidad política pasaba por incorporar plenamente al MAS al sistema de partidos, ¿cómo avanzar en esa dirección sin una tregua en el tema central de sus reivindicaciones y el reconocimiento explícito del MAS como la cabeza de la oposición política para negociar los temas centrales de la agenda2? Por el otro, ¿cómo reducir el déficit público a un nivel sostenible sin tensionar un ambiente social caldeado por cuatro años de demandas sociales postergadas y al mismo tiempo pretender darles alguna vía de salida preservando los niveles de inversión pública en un contexto de extrema ineficiencia, patrimonialismo y fragilidad institucional? El empantanamiento del proceso de negociación de la coca y el conflicto abierto con los sectores cocaleros supuso una pérdida de autoridad estatal y de control institucional mientras que el MAS se fortalecía y los movimientos sociales acentuaban su radicalización. Semanas después, el rechazo por buena parte de la sociedad boliviana de la nueva política impositiva propuesta por el gobierno fue el detonante de un conflicto que explicitó una sensación de “vacío político”, expresada en una pérdida de confianza en todos los actores políticos, gubernamentales y de oposición, y una pérdida de confianza en el futuro asociado con un brusco deterioro de las expectativas y una visión pesimista acerca de las opciones de salida frente a la crisis. Desde la crisis de Febrero, Bolivia entró en una fase cualitativamente más compleja de inestabilidad y riesgo para su democracia. Frente a las tendencias regresivas, se pusieron en marcha iniciativas para promover un pacto social en consonancia con una demanda ciudadana de acuerdos para superar la crisis y fortalecer la democracia3. Se trataba de 2

Por entonces, NFR había renunciado a jugar ese rol en medio de la crisis interna que desató su derrota en las elecciones de 2002. Las denuncias de fraude seguían siendo el tema central de su discurso político. 3

El 70% de la población del eje central afirma que el país necesita un “liderazgo que promueva el diálogo y la participación”, el 46% piensa que al país le iría “peor si se interrumpe el orden constitucional” y el 40% piensa que el Pacto es la “única forma de superar la crisis”. El mismo estudio muestra que para que el pacto sea legítimo este debe

4

reafirmar el respeto al orden institucional y a las reglas de juego democráticas, establecer acuerdos procedimentales para tratar la adopción de políticas de Estado en temas centrales (gas, tierra, coca y crisis económica), y dar paso a una discusión pública sobre una profunda reforma político-institucional. La cumbre social debía marcar el paso al mundo político, pero las reticencias de los principales partidos políticos llevaron al país por otro rumbo. Frente al desafío de redefinir un esquema de gobernabilidad capaz de enfrentar la crisis de las instituciones y retomar los temas críticos de la agenda económica, el gobierno optó por las herramientas conocidas: ampliar la coalición de gobierno con la entrada de NFR y consolidar el respaldo de la comunidad internacional al plan económico del gobierno sin generar nuevas orientaciones de propuestas políticas y económicas. En lo político, la polarización quedó latente: el MAS y la calle frente a la democracia pactada. Si desde el punto de vista analítico la tesis de la inflexión suponía que era imposible la continuidad sin cambio, tarde o temprano este esquema estaba destinado a colapsar. Y lo hizo tras un conflicto de tres semanas que se cobró la vida de 60 personas incluso antes de adoptar alguna decisión trascendental sobre los temas económicos críticos, el proyecto de venta de gas a California y la firma de un acuerdo de mediano plazo con el FMI. Aún si sobrevivía, el capital político del gobierno era mínimo para encarar estos temas. La represión militar y los muertos que acarrea hacen insostenible la permanencia del último gobierno de la democracia pactada.

2.2.- El periodo de transición (2003-2005): En medio del estupor y del desconcierto, pero respetando los procedimientos constitucionales, Octubre de 2003 significa la cristalización de una agenda alternativa con la impronta decisiva de la participación de los vecinos de la ciudad de El Alto reagrupados en torno a la Federación de Juntas Vecinales. Las principales preocupaciones de los directivos de la FEJUVE se definen en torno al objetivo constitutivo de la institución -mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad de El Alto- y tienden a ratificar su carácter cívico. Pero en Octubre de 2003, la protesta por las deficiencias en la provisión de servicios básicos en la ciudad, y particularmente en el acceso a agua potable que condiciona rezagos estructurales en materia de indicadores básicos de salud4, se articula a una demanda mayor con capacidad de aglutinar distintas protestas fragmentadas: la recuperación e industrialización del gas para mejorar la calidad de vida de los bolivianos, y sobretodo de los más pobres. Como muchas veces en la historia de Bolivia, el imaginario popular asocia materias primas y subdesarrollo, esta vez de la mano de políticas neoliberales acusadas de promover el saqueo de los recursos naturales por empresas transnacionales. Las protestas generalizadas en el Occidente del país terminan expresando la voz de los excluidos ante incluir como actor central a las organizaciones de la sociedad civil, producir compromisos concretos y resultados visibles. (Apoyo Opinión. Eje Central. Abril 2003). 4

En los barrios más pobres de la ciudad de El Alto, la mortalidad infantil según datos del Censo de 2001 es de 150 por mil, es decir el doble de la media nacional.

5

la consolidación de un patrón de inserción en la globalización marcado por la base estrecha: ciclos de crecimiento económico poco dinámicos, concentradores (sectorial, social y territorialmente) y vulnerables. En las trágicas jornadas de Octubre reemerge el imaginario de la “nacionalización” como la forma de garantizar que los beneficios de la explotación de los recursos naturales queden en manos del pueblo. Con él queda claro que no hay horizonte para el gas natural boliviano sin antes construir un eje Gas-EstadoDesarrollo. De la misma forma, la legitimidad y la iniciativa de la reforma políticoinstitucional no reside ya en los partidos políticos y el Congreso sino que pasa por un proceso constituyente en el cual los movimientos sociales y la sociedad civil tienen un rol central que jugar. La coyuntura post-Octubre confirma rápidamente que se está frente a un nuevo esquema de gobernabilidad que no termina de delinearse: el gobierno, que ha prescindido del apoyo de los partidos políticos, debe establecer una nueva articulación con factores de poder en un contexto de elevada fragmentación y conflictividad, a partir del respeto a la institucionalidad democrática y de su apoyo en la opinión pública. Tres tendencias dificultan notablemente la gobernabilidad democrática a lo largo de todo el periodo: la pacificación de la situación social exige del gobierno un estado de alerta casi permanente; la necesidad de buscar nuevas articulaciones con los distintos factores de poder exige la multiplicación de espacios de encuentro y de mensajes directos por parte del Presidente y de su gobierno, especialmente para recomponer la relación entre Ejecutivo y Legislativo; la situación de iliquidez del Estado boliviano y el elevado grado de anomia estatal imponen fuertes límites a la acción del gobierno en un contexto de elevadas expectativas y tiempos políticos cortos. A ello se suma un contexto de polarización social y política que surge a raíz del colapso del sistema de intermediación político y que empieza a gestarse el momento en que el gobierno de “transición histórica”, con amplio respaldo de la opinión pública, se propone cumplir su mandato constitucional hasta el 2007 y adopta una línea autónoma en la redefinición de la política gasífera: esta es juzgada tímida por los impulsores de la agenda de Octubre, particularmente por el MAS que demanda que al menos el 50% de la producción hidrocarburífera quede en manos del Estado boliviano, y es vista como una fuente de inestabilidad e inseguridad jurídica por las elites cívicas y empresariales cruceñas. Bajo el liderazgo del Comité Cívico de Santa Cruz estas convocan una masiva movilización en torno al lema “autonomía, trabajo y paz”, tres semanas antes del referéndum del gas. La movilización cruceña de Junio de 2004 ratifica la fuerza política de sectores tradicionales de la elite cruceña sustentados en el sector empresarial y articulados en torno al Comité Cívico de Santa Cruz, que por primera vez en democracia se encuentran excluidos del gobierno central. Al mismo tiempo se hace patente, la voluntad de definir una agenda nacional que desde Santa Cruz equilibre el “peso excesivo de la agenda de Octubre y de Occidente” en el proceso de toma de decisiones y en el juego político nacional. Esta agenda terminaría de cristalizar en Enero de 2005, en una coyuntura marcada por la iliquidez del Tesoro General de la Nación, el anuncio de liberar parcialmente el precio de los hidrocarburos para reducir el déficit público y una serie de

6

conflictos asociados a esta medida que consuman el divorcio de los cruceños con el gobierno nacional5. Al mismo tiempo, este enfrenta una serie de manifestaciones en El Alto que se explican tanto por las indefiniciones en torno a la crisis del agua como a la voluntad de la FEJUVE de El Alto de demostrar la legitimidad de las fuerzas sociales en Occidente que se erigen en garantes de la agenda de Octubre de 2003. Las voces que se expresan en enero generan nuevos imaginarios en el escenario político nacional, el de las “autonomías” y el del “empate catastrófico”. El primero expresa políticamente la realidad de un proceso de reconfiguración de hegemonías regionales que demanda una profunda reestructuración y una nueva ola de descentralización del Estado boliviano, esta vez a nivel departamental. El segundo hace referencia a la configuración de un escenario político caracterizado por una “polarización fragmentada”, producto de la emergencia de nuevos actores sociales y nuevas fuerzas contrapuestas con capacidad hegemónica parcial que impulsan agendas políticas con alta legitimidad popular pero con limitaciones para dar cuenta por sí solas de la heterogeneidad estructural de la sociedad boliviana y de la complejidad de la coyuntura histórica. Por un lado, la agenda de Octubre liderada por la FEJUVE-El Alto. Su eje discursivo gira en torno a la recuperación de los hidrocarburos, su expresión política más clara es el MAS y su capacidad de articulación incluye a una serie de movimientos sociales e indígenas particularmente en el Occidente del país. Por el otro, la agenda de Enero impulsada por el Comité Cívico de Santa Cruz bajo el eje discursivo de las autonomías y una capacidad de articulación que incluye a grupos empresariales, clases medias y movimientos cívicos, especialmente del oriente y sur del país. Su expresión política es más difusa, pero es posible encontrarla en la intersección entre los partidos tradicionales y las bancadas regionales. Estas dos agendas no reflejan necesariamente un clivaje regional o de clase (salvo en el caso del referéndum autonómico que el Occidente tiende a rechazar), pues tanto la elección de prefectos, como la nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente gozan de apoyo mayoritario en todo en la opinión pública nacional. Pero los núcleos dirigentes no tienen la misma lectura: la prioridad de cada actor refleja un sistema de intereses complejo, los mismos que procesan además intereses internacionales y visiones geopolíticas que distorsionan cualquier proceso de negociación interno. Se detecta entonces una marcada brecha entre las demandas de la opinión pública y la dinámica del sistema político de toma de decisiones, al influjo de un doble radicalismo de ciertos movimientos sociales y de las elites más conservadoras. Los primeros manejando un doble código de comportamiento político: instrumental y racional 5

Como lo confirman distintas encuestas, la posición del gobierno en Santa Cruz es delicada. Las semanas de conflicto fueron sido cruciales para agotar el capital político del Presidente (16%) y del gobierno (14%) en Santa Cruz y para debilitar notoriamente la posición del Prefecto (que aun se mantiene con el 36%). Más aún, las demandas del Comité Cívico parecen tener un sólido apoyo en la opinión pública cruceña, incluso en relación con el pedido de renuncia del Presidente (el 66% apoya esta posición en Santa Cruz). En relación a los carburantes, el 86% opina que se debe anular el incremento de precios mientras en el resto del país este porcentaje oscila entre el 50% y el 60%. Sin embargo, la aprobación y el apoyo del resto de las ciudades del eje central al Presidente (62-72%) y su gobierno (56-58%) continúan siendo muy sólidos.

7

en cuanto a las decisiones electorales, y expresivo y crítico en las calles como forma de satisfacer sus demandas de dignidad e inclusión. Las elites más conservadoras, a su vez, se mueven entre la cooptación política de los excluidos o la franca imposición de sus intereses. Si en el primer caso se trata probablemente de una forma realista de maximizar intereses en un sistema estructuralmente excluyente, en el segundo la pauta de acción esta dada claramente por un balance entre costos y beneficios económicos. El empate entre ambas fuerzas y visiones se torna en catastrófico toda vez que promueve un clima político muy confuso caracterizado por una profunda desconfianza entre los distintos actores sociales y los líderes políticos. En cierto modo predomina una percepción conspirativa del otro entre quienes no piensan igual. Esta dinámica se asienta en elevados niveles de desconfianza e intolerancia en la opinión pública y tiende a consolidarlos y a generar dinámicas de confrontación. Más aún, en la medida en que la vocación democrática parece estar en un segundo plano en los intereses de los sectores más duros, la profunda desconfianza, canalizada y amplificada muchas veces por los medios de comunicación, tiende a alimentar dinámicas de confrontación. Esta dialéctica compleja es la que define la dinámica del Parlamento que en todo momento es acompañada por una fuerte presión desde las calles. Las reticencias de ambas fuerzas frente al referéndum del gas de Julio de 2004 y la dificultad de convertir el resultado de la consulta en una nueva ley de hidrocarburos en el Congreso ocho meses después, terminan minando la credibilidad del Presidente y su gobierno, y exacerbando la polarización política y social. A las difíciles negociaciones congresales en torno a la ley de hidrocarburos, se suma un desafío mayor surgido de los sucesos de Enero: ¿cómo articular una nueva ruta crítica que viabilice las agendas de Octubre y Enero definiendo tiempos, procedimientos y mecanismos aceptables por todos los actores políticos y sociales? La misma opinión pública se encuentra dividida al respecto aunque la empatía con la agenda política es alta en todo el país y la demanda de un gran acuerdo que viabilice la Asamblea Constituyente genera el respaldo del conjunto de los consultados. La demanda de acuerdo en la opinión pública no encuentra un correlato en el funcionamiento del sistema político. En las semanas siguientes, los distintos actores privilegian escenarios de polarización política y las agendas tienden a trabarse y bloquearse mutuamente. Los niveles históricos de conflictividad social que se registran en la coyuntura, asociados con formas nuevas y más violentas de expresión colocan, en la opinión pública y en los actores del sistema político, la necesidad de un debate sobre la importancia del orden social y la forma de recuperar el principio de autoridad y la legalidad como sustento de la estabilidad política. En este contexto de polarización extrema, el gobierno no logra reposicionarse como articulador de una nueva agenda ampliada de transición, y entre Marzo y Junio se producen una serie de conflictos y de crisis políticas que derivan en la renuncia definitiva del Presidente Mesa. A diferencia de Octubre de 2003, la sucesión constitucional resulta bastante compleja y la asunción al poder del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, último en la línea de sucesión presidencial, si bien supone evitar enfrentamientos

8

violentos con consecuencias imprevisibles para la democracia, no permite dar cuenta, por sí sola de una serie de factores críticos que llevaron a la renuncia de un Presidente con elevados niveles de popularidad6. En términos analíticos, la crisis de Mayo/Junio de 2005 es producto de una suerte de paradoja de la ingobernabilidad que se acentúa ante el reto de concertar agendas políticas que se presentan como contrapuestas en un contexto de polarización extrema. Esta “paradoja de la ingobernabilidad” hace referencia a la brecha existente entre un Presidente con alta legitimidad y apoyo en la opinión pública pero con escasa capacidad de decisión institucional sobre la agenda política (post-Octubre) y un Congreso que maneja los principales mecanismos de decisión de la agenda política pero que cuenta con bajos niveles de legitimidad, tiene poca capacidad de representación y es tributario de un juego de intereses asociado a los equilibrios políticos pre-Octubre. Esta brecha entre las orientaciones políticas de los bolivianos y la composición del Congreso se acentúa en las elecciones municipales de Diciembre de 2004, marca un ritmo altamente conflictivo en la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos en el primer semestre de 2005 y colapsa finalmente ante el desafío de aprobar leyes que viabilicen la Asamblea Constituyente y el referéndum autonómico. Con todo, el referéndum del gas, las elecciones municipales y la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos en Mayo de 2005 reflejan tendencias progresivas en la inflexión. Los dos procesos electorales se saldan con elevados niveles de participación y con resultados contundentes que pueden ser anunciados apenas horas después por simulaciones electorales de empresas encuestadoras independientes. Por un lado, diez años después de la promulgación de la ley de participación popular, el juego político municipal se consolida, muestra vitalidad y adquiere autonomía propia en relación a los intereses en juego en el escenario político nacional. A tal punto que resulta sorprendente que en un país polarizado y en crisis, la institucionalidad democrática funcione con total y absoluta normalidad, y las elecciones municipales conlleven tan poca carga ideológica. La votación es más bien pragmática y en la mayoría de los casos premia gestiones municipales anteriores dando por lo general un mandato de estabilidad y continuidad. Más aún, el mandato claro de las urnas al menos en las principales ciudades del país muestra que no existen dilemas fuertes entre promover una mayor apertura del sistema político –rompiendo el monopolio partidario con la participación de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas- y generar mayor gobernabilidad a nivel local. Por el otro, y a pesar del debate generado en torno a las preguntas, el referéndum del gas supuso un hito en la participación ciudadana en la elaboración de políticas complejas situadas en el núcleo de la redefinición del modelo económico. Grupos focales realizados en El Alto, la ciudad de Oruro y las áreas rurales del norte de Potosí en días previos a la consulta muestran que el referéndum amplió y democratizó el debate sobre el gas. Más aún, el mandato vinculante que emergió de las urnas modificó sustancialmente las condiciones que estaban detrás de la política energética del gobierno cuando este convocó 6

Días antes de presentar su renuncia, el Presidente Mesa había bajado de 44% a 32% de aprobación. Luego de presentar su renuncia y antes de que esta fuera aceptada por el Congreso, el Presidente había recuperado el apoyo del 50% de los ciudadanos de las cuatro ciudades principales del país.

9

al referéndum tres meses antes. El imaginario de la nacionalización salió reforzado, y con él la posición de un Estado democrático que fortalece su presencia en el sector del gas. A lo largo de los meses siguientes, y en un contexto político altamente conflictivo, con todas sus luces y sombras, el referéndum del gas le permitió al sistema político ganar márgenes de maniobra en una dura negociación con las empresas petroleras para promulgar una nueva ley de hidrocarburos y con ella, incrementar notablemente los ingresos fiscales. La crisis política desatada semanas después de la promulgación de la nueva ley de hidrocarburos puso nuevamente en tensión a la democracia boliviana. Luego de la asunción del Presidente Rodríguez esta seguía latente y no podía cerrarse sin un acuerdo amplio que supusiera una renovación del sistema de representación política y la definición de una ruta crítica con tiempos y mecanismos concretos para una serie de procesos electorales que debían suponer la realización de las agendas de Octubre y Enero. La Constitución estipulaba la convocatoria a un proceso electoral para elegir Presidente y Vicepresidente hasta Agosto de 2007. Pero sin renovación total del Congreso no cabía ninguna posibilidad real de superar la paradoja de la ingobernabilidad cualquiera fuera el Presidente electo. Y sin concertación de las agendas, era impensable garantizar la estabilidad política y social a corto plazo. El acuerdo político del 9 de Julio constituyó un hito histórico que permitió encarar un periodo de transición con relativa estabilidad. A lo largo de un mes de arduas negociaciones, diversos pactos logrados entre jefes de bancadas partidarias en el Congreso se deshicieron frente a presiones cruzadas de intereses étnicos, sociales y regionales y en medio de una desconfianza generalizada. La claridad estratégica del equipo del Presidente y la opción definida en el mandato que le otorgaba la Constitución Política del Estado fueron determinantes para imponer un acuerdo, en la medida en que la mayoría de los actores salía perdiendo con su inestable materialización. El objetivo central del gobierno de transición fue dar paso a la reconstitución de un sistema de partidos legítimo con capacidad de representación de la diversidad social, regional y étnica del país a partir de la conducción de un proceso electoral que buscara la elección de Presidente y Vicepresidente, la renovación total del Congreso y la primera elección directa de Prefectos. Finalmente, para lograr una tregua social en torno a las agendas de Octubre y Enero, se promulgó una ley corta de convocatoria a la Asamblea Constituyente y al referéndum autonómico señalando como fecha de ambos procesos electorales el 2 de Julio de 2006. 2.3.- La gestión del cambio (2006): Este escenario que no pretendía buscar soluciones a los problemas de fondo sino generar condiciones mínimas de estabilidad política, supuso “patear la pelota hacia adelante” buscando la generación de nuevas legitimidades y de mandatos claros a riesgo de que la polarización se reprodujera en las urnas. Ello no ocurrió. Más al contrario, Evo Morales, el MAS y su agenda de cambio lograron la mayoría absoluta de los votos en un escenario de polarización asimétrica como germen de la emergencia de un sistema bipartidista articulado en torno a los actores sociales representativos de las agendas en disputa. La elección de prefectos fue bien recibida en todo el país y puso de manifiesto un

10

comportamiento complejo y racional del votante boliviano que diferenció nítidamente su voto y con ello estableció una cierta lógica de equilibrios políticos internos. Por ello, si el MAS quedó en posición privilegiada para organizar un nuevo ciclo democrático en el país a partir de una agenda política que logró convertirse en una agenda nacional, los Prefectos se posicionaron como los abanderados legítimos de un proceso autonómico que aún genera dudas y reticencias en el occidente del país. Desde ese momento Bolivia empezó una nueva etapa marcada por los siguientes hitos políticos que constituyen un esbozo del proceso de transformaciones en curso. En el plano económico, el primero de Mayo el gobierno del MAS emitió el Decreto de nacionalización de los Hidrocarburos consolidando una fuerte reorientación de las políticas energéticas bolivianas sobre la base de la Ley de Hidrocarburos aprobada un año antes. El decreto le asigna al Estado un papel central en esta industria, estableciendo nuevas reglas menos favorables para los inversionistas extranjeros que operan en el país y revirtiendo gran parte de los contenidos de la privatización del sector en los años 90. A finales de Octubre 2006 el gobierno logra terminar exitosamente la fase de negociación y adecuación de los contratos de operación de las diez empresas extranjeras que trabajan en Bolivia, en medio del respaldo que le da la exitosa negociación con el gobierno argentino para triplicar las ventas a ese mercado incrementando el precio de venta en un 50%. Por entonces, el gobierno termina de discutir con los movimientos sociales su nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND). Este ratifica la inflexión en materia de política económica: una mayor participación del Estado en la economía, nuevos diseños de política social focalizados en los grupos indígenas y con contenidos marcadamente multiculturales, y una ruptura conceptual significativa con las orientaciones de las múltiples estrategias de desarrollo y de reducción de pobreza promovidas por anteriores gobiernos, y que fueron apoyadas por la cooperación internacional. En el plano político, el 31 de Marzo de 2006, en un acontecimiento histórico y luego de casi dos meses de arduas negociaciones se logró unanimidad en la aprobación de la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente y el referéndum autonómico, respetando y profundizando los términos establecidos en el acuerdo del 9 de Julio de 2005. La elección de los constituyentes encargados de redactar la nueva Constitución Política del Estado (CPE) el 2 de Julio de 2006 muestran nuevamente el comportamiento complejo del electorado boliviano: si el MAS obtiene nuevamente la mayoría de la votación (51%) y de los asambleístas (53% de los curules), su fuerza propia más la de sus aliados cercanos y de las fuerzas políticas afines no logra conformar el bloque (de dos tercios de los constituyentes) necesario para aprobar la nueva CPE. El mismo día la población votó en el referéndum sobre las autonomías departamentales marcando una victoria ajustada del “No” a nivel nacional (54%) y una victoria contundente del “Sí” en los cuatro departamentos del oriente-sur del país (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija). Nuevamente el electorado envió un mensaje mixto: la orientación descentralizadora y la vocación autonomista se consolida en las regiones del oriente-sur de Bolivia como una transformación que debe necesariamente ser considerada y encarada en la Asamblea Constituyente, pero la misma debe igualmente considerar las

11

preocupaciones, y el reclamo de unidad nacional y de solidaridad entre regiones que fue la base de su rechazo en el occidente y en el centro del país. El 6 de Agosto se instaló la Asamblea Constituyente en Sucre. Las dificultades en la aprobación del reglamento de debates ha retrasado el inicio del trabajo en comisiones y de las deliberaciones de los constituyentes hasta el 2007. Las reticencias mayores se encuentran en la fórmula de votación para aprobar en grande y en detalle el nuevo texto constitucional. Mientras el MAS apuesta a la mayoría absoluta como mecanismo para garantizar la reforma constitucional a partir de sus propuestas centrales, el resto de la oposición busca consolidar la fórmula de los dos tercios. El trasfondo de la discusión se encuentra en el principal tema de divergencia: las características específicas del régimen autonómico que definirá la Asamblea Constituyente, particularmente el modelo de gestión de los recursos naturales renovables y no renovables, y su articulación las demandas de un Estado plurinacional con autonomías indígenas emergente de las organizaciones campesinas e indígenas.

3.- Las expectativas y orientaciones asociadas al proceso de cambio

3.1.- La prensa internacional y la coyuntura boliviana Para realizar una primera caracterización de los actores externos con incidencia en el proceso político y económico interno se analiza la cobertura de prensa de la coyuntura boliviana en los principales diarios de Argentina (La Nación y Página 12), Brasil (La Folha de Sao Paolo y O Estadao), Chile (La Tercera y El Mercurio), España (El País y El Mundo) y Estados Unidos (The Washington Post y The New York Times) entre Diciembre de 2005 y Marzo de 20067. Antes de las elecciones presidenciales, la prensa internacional refleja una serie de preocupaciones sobre la evolución posible del proceso político boliviano en base a proyecciones y tendencias que pronostican que ningún escenario post-electoral tiene posibilidades reales de desbloquear la situación crítica en la cual se encuentra el país. La expresión más clara al respecto la coloca un editorial del diario brasileño O Estadao el mismo día de las elecciones bolivianas: “Gane quien gane hoy, el problema de ingobernabilidad deber persistir”. Una vez conocido el resultado electoral, todos los periódicos sin importar su origen o tendencia ideológica, concuerdan en decir que la elección de Evo Morales representa un hito en la historia de Bolivia: por ser el primer presidente indígena y por ser el primer presidente en ganar las elecciones con mayoría absoluta desde el retorno de la democracia en 1982. Si algunos diarios expresan temores sobre el futuro mientras otros se muestran expectantes ante la magnitud y las perspectivas del cambio, todos perciben una apertura.

7

Trabajo realizado para el Equipo de Desarrollo Humano Aplicado por Marcela Revollo y Jennie De Grave. “Informe Final: La imagen internacional de Bolivia como efecto de la elección del Presidente Evo Morales”, Octubre de 2006.

12

Y todos, en mayor o menor grado, le otorgan un grado de cobertura inusitado al proceso electoral y a la coyuntura política boliviana: sólo en el periodo de análisis se publicaron un total de 1262 notas de prensa expresamente relacionadas con Bolivia, esto es un promedio de una noticia diaria durante cuatro meses en cada uno de los diez periódicos revisados. Más aún, casi la mitad de las notas publicadas tiene una extensión mayor a las 500 palabras y, si la mitad de las notas forman parte de la sección internacional de los periódicos, una tercera parte del material periodístico fue insertado como noticia nacional e incluso como editorial del periódico. De forma clara, la intensidad, la extensión y la ubicación de las notas de prensa muestran que el seguimiento de la situación boliviana está, al menos en alguna medida, relacionada con intereses propios de las opiniones públicas nacionales. Por supuesto, existen diferencias importantes según el país y el subperiodo de estudio. Sin duda, el interés mayor de la prensa internacional se centró en la cobertura de las elecciones presidenciales del 18 de Diciembre y la transmisión del mando presidencial el 22 de Enero. En esos dos meses se publicaron el 70% de las noticias relacionadas con Bolivia, por lo que el promedio de cobertura pasó de 1.5 notas por periódico por día en Diciembre/Enero a 0.6 notas en Febrero/Marzo, un promedio de cobertura que sigue siendo importante. Además, dados los temas analizados por la prensa internacional durante el periodo, es muy posible que el anuncio del decreto de nacionalización de los hidrocarburos en Mayo, las elecciones de constituyentes en Julio y la posterior instalación de la Asamblea Constituyente en Agosto hayan concitado un nivel de cobertura igualmente importante en la prensa internacional. La desagregación de la información según periódicos muestra que la mayor cantidad de notas se publicaron en los diarios chilenos La Tercera (17%) y El Mercurio (15,6 %), seguidos de los diarios argentinos La Nación (15,5%) y Página 12 (12,4%). En total, seis de cada diez notas se originaron en Chile y Argentina. En el caso argentino además, la extensión promedio de las notas es apenas inferior a las 700 palabras, denotando no sólo una intensidad importante en la cobertura periodística de la situación boliviana sino una mayor profundidad en el tratamiento de la misma. Resulta sorprendente que la cobertura de la prensa española supere tanto en frecuencia (20% vs. 15%) como en profundidad (575 palabras vs. 460 palabras) a la cobertura realizada por los diarios brasileños. La prensa norteamericana analizada representa apenas el 4% del total de notas periodísticas del periodo, pero en todos los casos se trata de noticias extensas con un promedio de 650 palabras por nota, la segunda mayor detrás de los diarios argentinos. En términos promedio, es posible señalar que mientras un chileno y un argentino recibieron más de 1.5 noticias al día por periódico sobre Bolivia en los últimos cuatro meses, un español y un brasileño pudieron encontraron en sus periódicos una noticia diaria y un norteamericano, una noticia cada cinco días en los dos diarios principales del país. En España, como en todos los países cubiertos por el análisis, las elecciones presidenciales y la victoria de Evo Morales concentran la proporción más importante de noticias sobre Bolivia durante el periodo estudiado. Durante el periodo pre-electoral, El País estima que “las profundas fracturas sociales y regionales del país andino hacen temer que el ganador de las elecciones presidenciales de mañana sólo pueda formar un gobierno

13

precario”. Luego, la victoria del nuevo Presidente de la República es interpretada como resultado de la necesidad y de la demanda de cambio de parte de la población, y como el anuncio del fin de 500 años de sometimiento, un cambio profundo que podría ser llevado a cabo, entre otros, a través de la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Según El País, dar mayor poder a los indígenas y nacionalizar los recursos naturales serán los dos primeros pasos para refundar Bolivia. La adhesión de Morales a la lucha antiimperialista y anti-neoliberal, al lado de Hugo Chávez y Fidel Castro y en consonancia con un giro a la izquierda en la región es la característica más resaltada del presidente tanto por El País como por El Mundo (46%), bastante por encima de otro tipo de caracterizaciones que privilegian su origen “sindicalista”, “cocalero”, “campesino”, “humilde”, o el hito que constituye “para Bolivia y todo el continente” el hecho de que Morales sea el “primer presidente indígena” (32%). Su manera de vestir y su falta de respeto al protocolo en su visita a España desataron una ola de comentarios, críticas y justificaciones en el periódico El Mundo. Otra anécdota publicada fue la falsa llamada telefónica al flamante presidente boliviano de parte de un imitador de su colega español, Rodríguez Zapatero. Pero más allá de las anécdotas, los periódicos españoles se muestran preocupados por las consecuencias que tendrá la asunción al mando de Evo Morales sobre los intereses de la empresa petrolera Repsol en Bolivia. De hecho, ocho de cada diez noticias publicadas en los diarios españoles en los cuatro meses analizados se centran exclusivamente en informar sobre los posibles giros en la política energética boliviana y su impacto en los intereses españoles: “Las acciones de la petrolera, que ha invertido más de 800 millones en el país andino, cayeron un 2.3% en medio de rumores de expropiación”, “El mercado interpretó que el relevo presidencial no despeja el horizonte para las petroleras”, “la temida palabra expropiación”, son algunas expresiones del periódico El Mundo que reflejan la preocupación de la prensa española. Ésta publica casi diariamente noticias sobre el tema. El País transmite el mismo tipo de mensajes, caracterizando, por ejemplo, al entonces ministro de hidrocarburos Andrés Soliz Rada como “el enemigo de las petroleras”. En mucha menor medida, la prensa española se interesa igualmente en las relaciones de Bolivia con los países vecinos y sobretodo con Estados Unidos (21%), con la mira puesta en la recomposición del mapa político latinoamericano. Al respecto, el diario El Mundo destaca varias declaraciones “beligerantes” del Presidente Morales en contra del gobierno norteamericano y las “fluidas” relaciones con los gobiernos de Cuba y Venezuela. La mirada de la prensa española al proceso de cambio boliviano apenas se detiene en la agenda bilateral de cooperación al desarrollo y obvia por completo la temática migratoria. En los Estados Unidos, la prensa resalta el apoyo mayoritario de la población boliviana a Evo Morales en unas elecciones marcadas por una alta tasa de participación electoral y “tendencias radicales” incluso entre los candidatos del centro-derecha. La elección de Morales resulta de la necesidad de cambio en el país ante el fracaso y la falta de legitimidad de las clases políticas tradicionales. Este mandato “poderoso” le da “una oportunidad sin precedentes para transformar al empobrecido país andino”. Queda por ver, según el Washington Post, “si el candidato socialista utilizará este mandato para poner en práctica sus promesas de cambio económico y político radical […] o si puede demostrar suficiente pragmatismo para tranquilizar a los gobiernos extranjeros y a los

14

inversionistas”. La victoria de Morales preocupa a la prensa norteamericana: El “defensor de la coca” ganó “con una fuerza inesperada”, señala el Washington Post; “el candidato Morales prometió ser la pesadilla de Washington” recuerda el New York Times a tiempo de afirmar que Morales estuvo ligado al tráfico de drogas y que en la campaña presidencial llamó “terrorista” al Presidente Bush. Su asociación con Hugo Chávez y Fidel Castro es el primer tipo de información que aparece en las noticias publicadas sobre el nuevo presidente boliviano (54%) muy por encima de caracterizaciones que resaltan su origen campesino e indígena (27%). “Activista callejero”, “populista” y “defensor de la coca” son otros calificativos cargados de valoración negativa que resaltan con cierta frecuencia cuando se trata de abordar su hoja de vida (16%): “Morales […] ha crecido políticamente defendiendo los derechos de los cocaleros para la legalización y criticando la intervención de los Estados Unidos” señala el Washington Post que opina que “si la democracia sigue, el señor Morales probablemente no seguirá”. La prensa norteamericana mira el proceso boliviano con preocupación dadas las posturas anti-imperialistas y anti-neoliberales del nuevo gobierno, y sus afinidades con los presidentes Chávez y Castro, alineados con “el eje del mal” (21%). Incluso una serie de notas hace referencia a las relaciones de Bolivia, como parte de este nuevo eje político latinoamericano, con China (5%). Y al centro de las preocupaciones de la prensa norteamericana, el tema de la coca (18%): “En Bolivia, una pregunta de 100 millones de dólares” titula el Washington Post en relación al futuro del programa de desarrollo alternativo vinculado con la erradicación voluntaria de cocales en la región del Chapare. Ambos diarios resaltan el nombramiento de un “cocalero al frente de la política antidrogas” y se preocupan por las afirmaciones del gobierno boliviano de buscar la legalización del cultivo de la coca: “el potencial de producción de cocaína en el Chapare es enorme, y ello preocupa a los Estados Unidos” señala el New York Times. De igual forma, genera preocupación la nacionalización de los hidrocarburos (18%) que, según el Washington Post, “tendría un efecto negativo sobre las inversiones extranjeras y podría llevar a conflictos serios con las compañías europeas y brasileñas”. Alarmista, el periódico recuerda que “la gestión estatal de los hidrocarburos […] ya hizo la fama de Bolivia por tener una inflación con cinco números y miseria económica”. Estas políticas, antagónicas con los intereses estadounidenses, no auguran relaciones bilaterales muy fluidas, y ese es el principal eje de las notas de prensa publicadas (28%): Evo Morales afirmó que “no aceptaría una relación de sumisión con Washington”. Las perspectivas inciertas sobre el proceso de erradicación de la coca, “materia prima de la cocaína”, la seguridad jurídica a las inversiones externas y las posiciones “izquierdistas”, “populistas” y “anti-Washington” del Presidente Morales se espera condicionen negativamente la evolución de las relaciones bilaterales. En Argentina, un tercio de las notas de prensa destinadas a cubrir el proceso electoral presentan la victoria de Evo Morales como una oportunidad histórica para el cambio esperado y demandado por la población boliviana, especialmente por los sectores indígenas sometidos durante 500 años. Según Página 12, “La Bolivia profunda se ha expresado. Un torrente de votantes rurales […] virtualmente ha puesto el viejo país cabeza abajo”. El mismo periódico explica que esta victoria se inserta en un proceso regional de cambio, como expresión del “agotamiento de los sistemas de representación

15

política tras el ciclo neoliberal y […] del intento de superarlos en forma democrática”. Los resultados electorales bolivianos tienen repercusiones más allá de las fronteras: “Con Evo Morales, la inmensa mayoría aborigen y andina asume la gestión de un país hasta ahora comandado por una minoría de criollos, mestizos y hombres ligados a la cultura occidental. Desde parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y hasta la punta argentina, el pueblo andino seguía olvidado del mundo y recluido en el bastión de su cultura ancestral” (La Nación). Se insiste en el compromiso del nuevo Presidente con los indígenas, las instituciones y el pueblo, simbolizado por las tres ceremonias que celebraron la investidura del primer presidente indígena, campesino y humilde. Tanto en la Nación como en Página 12, la faceta de primer presidente indígena, sindicalista, cocalero y campesino es lo que más llama la atención (52%): “Evo Morales será el primer presidente indígena en el país que tiene más población indígena de la región, la que ha sido discriminada y empobrecida”, escribe Página 12. Se resalta también, aunque en menor medida, la adhesión de Evo Morales al bloque antiimperialista latinoamericano (33%), así como la humildad y sencillez con la cual ha vivido su vida hasta el momento (6%). Varias entrevistas exclusivas y la retranscripción integral del discurso de Evo Morales en el acto celebrado en Tiwanaku y en el Congreso reflejan el gran interés y la cercanía del periódico con el nuevo presidente. Al contrario, La Nación predice que una “gestión racional” por el nuevo presidente de la República boliviana sería sorprendente. Y al respecto, Página 12 expresa dudas coincidentes sobre la composición técnica del nuevo gobierno: “no contará con los cuadros suficientemente capaces para llevar a cabo las difíciles y delicadas tareas de la administración pública”. Las expectativas que genera el proceso político boliviano como escenario de un cambio profundo en la prensa argentina (35%), están mediadas igualmente por la importancia de la comunidad boliviana residente en Argentina. Incluso, Página 12 retrata el perfil del hermano del Presidente Morales residente en Buenos Aires. Otro interés mayor de la prensa argentina, cubierto y analizado desde perspectivas antagónicas en La Nación y Página 12, está relacionado con las perspectivas de aumento del precio del gas natural y el giro nacionalista en la política energética boliviana (40%). Titulando “Gas más caro, el primer efecto económico para la Argentina”, la Nación matiza la advertencia afirmando que “por ahora, no incidiría mucho en los precios internos porque es poco lo que se importa”. Frente a la caída de las acciones de Repsol, Página 12 tiende a aprobar la política del gobierno de Evo Morales, reproduciendo las palabras del ministro de hidrocarburos boliviano, que “respondió que ‘no es la nueva norma hidrocarburífera la que propició la baja de las acciones de Repsol, sino la respuesta de sus propios socios, quienes, anoticiados de la inscripción de reservas que no le pertenecían, decidieron poner a buen recaudo su dinero”. Las repercusiones de la política del nuevo gobierno boliviano sobre sus relaciones internacionales, en particular con los Estados Unidos y los cambios previsibles en la política de lucha contra el narcotráfico, representan otro tema de interés en la prensa argentina (25%). En Chile, La Tercera y El Mercurio son los periódicos más consistentes y constantes en su cobertura informativa: la preocupación por la estabilidad política boliviana genera extensas notas de prensa desde mucho antes de las elecciones de Diciembre. Luego de las

16

elecciones, la cobertura de la prensa chilena combina una de cal con otra de arena. Según El Mercurio, “la elección de Evo Morales fue histórica por dos razones: el primer mandatario de origen indígena en Bolivia y la primera vez desde 1982 que un candidato obtiene tan alta votación. Su legitimidad es muy grande, así como las expectativas del pueblo”; Y continúa el diario al día siguiente, “Existe consenso de que es la última carta de Bolivia para no caer en el abismo”. Para La Tercera, “la arrolladora victoria de Evo Morales en las elecciones presidenciales […] otorga al ex líder sindical de los productores de coca más influencia para imponer su agenda”. Y sigue advirtiendo que “es probable que esa agenda genere conflictos con los gobiernos de otros países y con los inversionistas extranjeros”, especialmente con Estados Unidos. Analizando los factores que llevaron a esta victoria histórica los diarios chilenos resaltan: la política antidroga de Estados Unidos, la muerte del sistema político tradicional y la frustración de los bolivianos frente a una corrupción institucionalizada. Como en Argentina, las características de indígena, sindicalista, cocalero, campesino y humilde del nuevo presidente boliviano son las que más llaman la atención de la prensa chilena (49%). La historia de su vida hace que Evo Morales “se [haya] convertido en la figura emblemática de los grupos campesinos e indígenas de Bolivia”, señala La Tercera. Su inscripción en el eje de izquierda anti-imperialista y anti-neoliberal es resaltado pero en mucha menor medida (15%). El Mercurio lo califica de populista, utilizando “la retórica […] que le ha enseñado Chávez” y destaca el “pasado de luchas y protestas [de Evo Morales] contra los distintos gobiernos que le precedieron”. Pero al mismo tiempo, proyecta la imagen de un líder que tiene capacidad de liderar cambios en la región gracias al apoyo de los pueblos indígenas y los movimientos sociales. Las noticias que informan sobre la agenda del nuevo gobierno boliviano se enfocan primero en las perspectivas futuras de las relaciones bilaterales (46%), haciendo particular énfasis en la demanda boliviana de acceso al mar y en los posibles giros en torno a la estrategia de ‘gas por mar’ impulsada por la administración de Carlos Mesa entre 2003 y 2005 y aprobada por mayoría en el referéndum del gas de Julio de 2004. Se subrayan las intenciones de ambos países de mejorar la relación bilateral. Como señales de esta buena disposición, El Mercurio destaca “las inéditas presencias del entonces Presidente Lagos en la asunción del Presidente Morales, y de éste en la de la Presidenta Bachelet” y las declaraciones del presidente boliviano el día de su posesión: “Evo Morales dijo que quería ‘bajarle el perfil’ a la reivindicación marítima boliviana y señaló que ‘poco a poco’ tendrán que conversar esos ‘problemas históricos con Chile’”. Las noticias sobre el tema se publican con una frecuencia muy importante. La política de hidrocarburos, los anuncios de nacionalización y las preocupaciones de los inversionistas es otro tema muy presente en la prensa chilena. El Mercurio escribe que “Morales ha enviado señales contradictorias a los nerviosos inversionistas” y “El presidente de Bolivia asustó de nuevo a los ya inquietos inversionistas extranjeros cuando nombró a Andrés Soliz para el cargo [de ministro de energía]”. La Tercera comunica la posición del ministro de hacienda chileno, Eyzaguirre, frente a los anuncios de nacionalización: “los mercados tienen que ajustarse a lo que es la libre autodeterminación de los pueblos”.

17

Por último, en Brasil el interés de la prensa en el proceso electoral boliviano está mediado por la cercanía entre el candidato Morales y el presidente Lula, y sobretodo por la dependencia de Brasil del gas importado de Bolivia: “El orden y la estabilidad democrática de Bolivia interesa particularmente a Brasil. Los últimos nueve años, Petrobras ha invertido US$ 1,5 billones en operaciones de exploración de gas natural – que abastece empresas generadoras de energía de algunas industrias y vehículos de Brasil” señala el diario paulista O Estadao el día de las elecciones. La victoria de Evo Morales tiene lecturas distintas dependiendo de la tendencia política editorial. Para el derechista O Estadao esta es interpretada como “la consecuencia de la incapacidad del sistema político y partidario anterior de realizar los cambios que el país exigía. […] Debe una parte considerable de su éxito a las expectativas que se formaron, de que, dados su origen indígena y su militancia social, estaría en las condiciones de reducir los males sociales y económicos de Bolivia en muy corto plazo”. Para el izquierdista, La Folha de Sao Paulo, la victoria del MAS y de Evo Morales “fue parte de un largo proceso de conquista de espacio político de la población indígena boliviana, que representa cerca de 60 % de la población y casi la totalidad de los más pobres del país”. Los orígenes humildes de Evo Morales y sus ideas de izquierda son resaltadas como características compartidas con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Durante su discurso de posesión, Evo Morales agradece a Lula por su “orientación” mientras este “se regocija con la victoria de Morales” destaca La Folha de Sao Paulo días después de la elección. Siguiendo la misma tendencia detectada en Argentina y Chile, y a diferencia de Estados Unidos y España, la prensa brasileña destaca y privilegia el origen humilde, campesino e indígena para caracterizar al nuevo presidente boliviano (42%) antes que su alineamiento con la izquierda antiliberal y antiimperialista del continente (17%). En esta línea O Estadao afirma que Morales “se ha convertido en un ícono de la mayoría indígena”. Su falta de respeto del protocolo al exterior, durante su gira internacional en enero 2006, es más percibida como una señal de su humildad y de su identificación con la mayoría de la población boliviana antes que una ofensa a sus anfitriones. Ambos diarios señalan el interés mundial despertado por la victoria de Morales. Los anuncios de nacionalización de los hidrocarburos y el precio de venta del gas boliviano ocupan la mayor parte de las noticias relacionadas con la agenda del gobierno boliviano en la prensa brasileña (46%). Durante el periodo analizado, y en clara contraposición con la reacción al decreto de nacionalización del primero de Mayo, la prensa brasileña transmite mensajes tranquilizadores sobre los anuncios de nacionalización: “Empresa considera que la dependencia boliviana del dinero del gas impedirá confrontación, pero la incertidumbre suspende proyectos. Petrobras no cree en un ruptura con Bolivia”, titula la Folha de Sao Paulo días después de la elección. “Ni Petrobras ni el propio gobierno están preocupados por el anuncio del presidente boliviano, Evo Morales, de que va a nacionalizar las reservas de gas natural. ‘Ellos (los bolivianos) deberán cumplir con los contratos con Petrobras y con las otras empresas internacionales que actúan en Bolivia’, dice el mismo diario tres meses después. Las relaciones internacionales de Bolivia constituye el segundo tema de atención de la prensa brasileña (27%) destacando las relaciones con Chile (5%) y sobretodo con los EE.UU (10%), particularmente en cuanto hace la política de la coca y la ayuda militar

18

norteamericana en la lucha contra las drogas. Frente a una posible polarización de las relaciones entre, por un lado, Cuba, Venezuela y Bolivia, y por otro lado, los Estados Unidos, O Estadao comunica la declaración del ministro de relaciones exteriores, que “Brasil podría actual como mediador del diálogo” entre ambos bloques, tratando de “preservar las ‘relaciones fuertes’ con estos países, sin ‘abandonar’ ni ‘contaminar’ el buen nivel de entendimiento con los EE.UU.”. Sin duda, la coyuntura está marcada por una intensa internacionalización de la situación boliviana caracterizada por una triple dinámica. En primer lugar, la guerra contra el terrorismo planteada por el gobierno norteamericano como eje central de la agenda global después del 11/09; en este esquema, los enemigos en Bolivia serían quienes instrumentalizan demandas legítimas de la sociedad, tienen relaciones con la coca y el narcotráfico y se amparan en el movimiento anti-globalización alineados con una serie de países que mantienen una confrontación político-ideológica con el gobierno norteamericano. En Estados Unidos y España la caracterización que hace la prensa de un líder y un gobierno alineados con la nueva izquierda radical del continente condicionan claramente la mirada que la opinión pública de ambos países tiene del proceso político boliviano. En segundo lugar, las conductas e intereses de los países vecinos, que manifestaron públicamente su preocupación por la estabilidad democrática boliviana y por sus efectos en la inestabilidad política y económica a nivel sub-regional. En mayor o menor medida, estos países han intervenido activamente en el juego político interno en una tensión marcada por la disputa de Venezuela y Brasil por una suerte de liderazgo regional que enfrenta opciones nacional-populares con opciones más institucionalistas y reformistas. El posicionamiento de Bolivia en este debate y, sobretodo, las chances de nuevas opciones políticas más contestatarias en la globalización parecen estar detrás del interés que despierta el manejo de las relaciones internacionales de Bolivia en la prensa de todos los países vecinos. Es posible que la percepción en la prensa internacional luego del decreto de nacionalización del gas haya situado al Presidente Morales y su gobierno más claramente asociados al liderazgo de Chavez y la influencia venezolana, pero al menos en el periodo analizado es posible señalar que en Chile, Argentina y Brasil predomina una visión distinta que percibe que se trata de la conformación de un liderazgo y de un proceso político distintos cuyo origen es más sindical, campesino e indígena. Finalmente, ambas dinámicas cobran sentido en la medida en que la abundancia de recursos naturales y gasíferos de Bolivia se da en un contexto de cierta dependencia energética de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. El tema es tan agudo que se vincula, además, por el lado de la oferta, con intereses de empresas transnacionales (principalmente de España, y Brasil pero también de Francia, Inglaterra y Estados Unidos) y de países vecinos como Perú y Chile. En este último caso por la importancia geoestratégica de ampliar las posibilidades de exportación del gas boliviano por el Pacífico, y las necesidades energéticas de Chile, país con el cual Bolivia no tiene relaciones diplomáticas desde la guerra del Pacífico de 1879.

19

Este tema está al centro de las preocupaciones de la prensa de todos los países analizados aunque con énfasis distintos según los intereses en juego. En Estados Unidos, la preocupación es más general y abstracta en relación con la seguridad jurídica y el clima de inversiones en la región; En España, la mirada hacia el proceso de cambio en Bolivia está mediada por los intereses concretos de la empresa Repsol; en Brasil, las preocupaciones se centran en el nuevo precio de venta del gas, en tanto primer comprador del gas boliviano, y en la política de nacionalización de los hidrocarburos, en tanto primer inversor externo en el sector gasífero; en Chile, el tema se aborda tanto desde las necesidades energéticas de la industria chilena como sobretodo desde la perspectiva de las relaciones bilaterales y el tema del mar; finalmente, en Argentina, es el precio de venta del gas el que genera mayor cobertura periodística. 3.2.- Los actores políticos y económicos y la gestión de gobierno8 Hacia finales de 2005 los pronósticos de una serie de analistas políticos consultados por el PAPEP apuntaban a un resultado electoral próximo al empate en un contexto sociopolítico caracterizado por una fuerte polarización. Los distintos escenarios postelectorales apuntaban a una suerte de bloqueo político persistente. Contrariamente a lo esperado, la magnitud de la victoria de Evo Morales (54% de los votos válidos) puso fin a la crisis de liderazgo político y permitió recuperar, al menos parcialmente, el principio de autoridad del Estado y la capacidad de iniciativa política del gobierno tras cinco años de inestabilidad política crónica que se tradujo en el recambio de cinco presidentes. A seis meses de la instalación del gobierno del MAS, esa es la opinión coincidente de distintos líderes políticos y económicos consultados: Bolivia tiene un gobierno fuerte, “con un liderazgo claro y con capacidad de acción y sustento en la ciudadanía”. El gobierno “controla la situación y puede tomar iniciativas” en el marco de una agenda nacional, que apunta a la resolución de los problemas sustantivos. Las elecciones de Diciembre representaron, por lo tanto, un punto de inflexión en lo político. La fortaleza del gobierno no es considerada como la expresión de un proyecto hegemónico del MAS, sino más bien como la consolidación del liderazgo nacional de Evo Morales y el posicionamiento de su partido como la única fuerza política con proyección nacional. Para los opositores consultados, el MAS buscó constituirse en una opción hegemónica pero el electorado le negó tal posibilidad en las elecciones del pasado 2 de Julio: el retroceso en la votación absoluta y relativa del MAS en la elección de constituyentes9 en un contexto marcado por la adopción de una serie de medidas 8

Se realizaron un total de 63 entrevistas repartidas de la siguiente forma: i) 28 entrevistas en Junio de 2006 a elites económicas (empresarios, funcionarios de gobierno del área económica, economistas de oposición, funcionarios de la cooperación multilateral) en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, y ii) 35 entrevistas en Agosto de 2006 a elites políticas (funcionarios de gobierno del área política, congresistas, constituyentes, prefectos y líderes regionales) bolivianas en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija y Santa Cruz. 9 En Diciembre de 2005, Evo Morales obtuvo el 54% de los votos válidos, esto es algo más de 1.5 millones de votos. En Julio de 2006, los candidatos a constituyentes del MAS obtuvieron el 51% de los votos válidos, es decir 1.35 millones de votos en una elección donde los votos blancos y nulos se elevaron considerablemente.

20

altamente populares por un gobierno legítimo mostraría los límites que se imponen a la construcción de un proyecto hegemónico en una sociedad estructuralmente heterogénea. De hecho, al interior del Movimiento al Socialismo (MAS) conviven al menos tres corrientes con orientaciones y culturas políticas distintas: una corriente de dirigentes de extracción sindical-campesina articulada a los seis movimientos sociales más representativos e importantes del país con una presencia mayoritaria en la Asamblea Constituyente; una corriente de intelectuales de izquierda de clase media urbana posicionados en los círculos de decisión más importantes del Ejecutivo; y una corriente de representantes de los pueblos indígenas y originarios con presencia importante principalmente en una serie de gobiernos municipales y en la Asamblea Constituyente. El Presidente Morales ejerce un claro liderazgo con capacidad para articular y dirimir entre los diversos sectores que integran un movimiento cuya fuerza es visible tanto en el Congreso (13 de 27 senadores y 72 de 130 diputados) y en la Asamblea Constituyente (145 constituyentes de un total de 255) como en los gobiernos municipales (145 alcaldías de 314). El único espacio de poder que le ha sido esquivo al MAS son los gobiernos departamentales: sólo 3 de 9 prefecturas son manejadas por el partido del Presidente. Un elemento central en la consolidación del liderazgo de Evo Morales en la opinión pública según las elites consultadas, se sostiene en la explotación de su imagen de honestidad, transparencia y de “hombre común” sumadas al hecho de ser considerado como “la única opción de cambio”, en un contexto de crisis de los liderazgos políticos tradicionales. Incluso los opositores duros elogiaron al Presidente señalando que “Evo Morales es la alternativa de cambio que quería la población porque hablaba de mayor honestidad, de acabar con la discriminación y de darle oportunidades a todos”. Los opositores moderados se posicionan en la misma línea con declaraciones que rescatan la honestidad y buena intencionalidad del Presidente, haciendo hincapié en la autenticidad del personaje, así como en sus raíces, su fuerza y juventud. De hecho, al menos en esta primera etapa de gestión no se escuchan acusaciones de corrupción ni se explicitan temores mayores hacia el riesgo de apropiación privada de recursos públicos, lo que claramente repercute en los niveles de aprobación en la opinión pública. Para el conjunto de los entrevistados, si el MAS no constituye una opción hegemónica la situación de la oposición es crítica. El notable crecimiento del MAS los afectó profundamente, los condujo a una suerte de “vida latente”. No los destruyó, pero los dejó en suspenso; “desaparecieron”; se atrincheraron en el ámbito regional. Esta debilidad aparece ligada tanto a errores y limitaciones propias, como a la desaparición de las viejas estructuras partidarias y a una actitud dominante por parte del Gobierno. Se destaca la frase que reza que la oposición “es débil, fundamentalmente porque los partidos políticos tradicionales están en pleno desbande, no hay una oposición fuerte y menos una oposición constructiva”. Como consecuencia, se acusa la ausencia de proyecto, ya que la oposición “divaga en todo, dice de todo, pero no dice nada y no propone nada”. Pero también se recogen denuncias ante “el poder casi ilimitado que ejerce el gobierno, vulnerando muchas veces las normas legales y judicializando la política”. En esta línea se expresó que “el gobierno, sospecha demasiado de todos, acusa a veces a muchos sin fundamento y genera distancias en vez de aglutinar y articular y ejercer el poder digamos

21

de una manera distinta”. A nivel regional quienes más citaron la debilidad de la oposición son los entrevistados tarijeños y cruceños, precisamente aquellos que forman el núcleo de la oposición más dura y crítica al gobierno. La oposición muestra un alto grado de fragmentación, y carece de figuras políticas nacionales con la legitimidad suficiente como para articular y darle sentido a la acción opositora. La principal fuerza política de oposición es PODEMOS (12 senadores, 45 diputados, 60 constituyentes) seguida de lejos en términos de correlación de fuerzas por el MNR (1 senador, 5 diputados y 16 constituyentes) y UN (1 senador, 8 diputados y 8 constituyentes). En su oposición al MAS estas fuerzas muestran tácticas claramente diferenciadas: mientras UN y MNR tienden a ser más moderadas y flexibles, PODEMOS presenta posiciones más duras y críticas. Tanto en el Congreso como en la Asamblea Constituyente la correlación de fuerzas políticas es asimétrica, con una mayoría del MAS y una minoría de PODEMOS (salvo en el Senado donde persiste un empate). Ambas fuerzas políticas son polarizantes en su oferta política, y su composición muestra un alto grado de heterogeneidad. El centro es políticamente débil tanto en el voto como en el discurso, y tiende a expresarse en una serie de fuerzas políticas fragmentadas y minoritarias que controlan el 7% del Senado, el 11% del Parlamento y el 23% de la Asamblea Constituyente. Claramente es en la articulación de los gobiernos departamentales, los comités cívicos y las bancadas regionales de estos partidos en los que se encuentra el germen de la recomposición de una oposición más crítica y más dura hacia el proceso de cambio. Por ello, la mayoría de los entrevistados considera que la relación entre el Gobierno central y los gobiernos departamentales es mala. En todos los casos esta tensión está originada en la politización de la relación; es decir, la relación es mala porque la mayoría de las prefecturas no es afín al gobierno de Evo. Este elemento encierra un potencial enorme para tensionar el clima político, dado que el tema de las autonomías departamentales tiene un carácter de largo aliento y cuenta con el sustento de una consulta popular. En relación al nuevo gobierno, la mayoría de los consultados señala que tiene una manera diferente de enfrentar los problemas que aquejan al país. Se reconoce explícitamente que este gobierno tiene una orientación y un programa que significa un notable cambio de rumbo respecto de lo que venía ocurriendo. Se encauzan las energías en la redefinición de un nuevo Estado, que asume el rol de promotor y protagonista del desarrollo productivo y aspira a constituirse, mediante el desmontaje del colonialismo y el neoliberalismo, como un Estado social y comunitario. Ninguno de los entrevistados duda de la voluntad transformadora que anima a los responsables de la nueva administración, que esencialmente se abocan a la inclusión de los pueblos indígenas y la formulación de un nuevo modelo económico con mayor participación estatal. Ambas características hablan de la emergencia de una opción política nueva en Bolivia, una suerte de “neodesarrollismo indígena”. Como se analiza en la tercera sección, esta síntesis en la orientación del proceso de cambio no se da sin conflicto. Por otra parte se resalta la recuperación de la capacidad de iniciativa política en la gestión del aparato estatal. En el periodo previo, la gestión de la crisis política y del conflicto

22

social ocupan la mayor parte de la agenda del gobierno. En sus primeros meses de gobierno, el Presidente Morales y el MAS dan señales claras de avanzar en el cumplimiento de su agenda electoral: reducción de salarios en la función pública, aprobación de la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente, firma del decreto de nacionalización de los hidrocarburos, propuesta de reconducción comunitaria de la ley de tierras y socialización de un nuevo plan de desarrollo que recupera el rol del Estado y busca la redistribución de activos y excedentes económicos a los grupos campesinoindígenas y urbano marginales tradicionalmente excluidos como sujetos y actores de la política pública. Si bien en la evaluación concreta de cada una de las medidas adoptadas por el gobierno se registran disensos entre actores de perfil ideológico diferenciado, su emprendimiento per se ya es rescatado como un acierto. Por ello, se rescata como rasgo positivo el hecho de que el gobierno haya enfocado su gestión en brindar respuestas concretas a los sectores excluidos10. El gobierno se mantuvo coherente con sus promesas electorales y privilegió efectivamente la cuestión de la equidad social. Se habría pasado de un funcionamiento de las instituciones políticas poco sensible a los problemas de exclusión social a una forma de funcionamiento que pondría esos problemas en el centro de la atención. Por otra parte, el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos es reconocido por empresarios y observadores como un acierto. Se plantea de forma elocuente que “tratándose de un gobierno enérgico y en ruptura con muchas líneas de acción pasadas, al menos, hasta ahora, no ha caído en las prácticas económicas de muchos gobiernos populistas. De momento, al menos, parece haber una preocupación genuina por mantener el orden en las cuentas públicas”. Sin embargo, el tema es dinámico, por lo que existe preocupación acerca de la capacidad que tendrá el gobierno de mantener esta misma conducta en el futuro. En lo que se refiere a los rasgos negativos de la actual gestión de gobierno, las mayores críticas se concentran en el frente internacional: incluso en filas oficialistas se considera que la política exterior todavía no está claramente definida. En la oposición, son las primeras señales del posicionamiento internacional del país las que generan preocupación: “(Hay) una falta de experiencia en el campo internacional. Bolivia es un país pequeño, que siempre ha tratado de llevar buenas relaciones con sus vecinos, excepto con Chile. Pero ahora de golpe se encuentra enfrentado con Brasil, con Perú. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Son toda una serie de errores que todavía no son demasiado graves, que tal vez puedan ser enmendados, pero que no vienen bien para este país.” Además que existe el temor de que la nacionalización de los hidrocarburos se convierta en “sinónimo de fuga de inversiones”, perdida de mercados y degradación de las relaciones con el primer socio comercial del país, Brasil. Pero el centro de las preocupaciones es el acercamiento al gobierno del Presidente Hugo Chávez evaluado por 10

Este posicionamiento es claramente ilustrado por uno de los entrevistados que declara que “la principal fortaleza desde el punto de vista de la acción de gobierno, es de responder a las necesidades que fueron planteadas por el pueblo, recuperadas como programa de gobierno y ahora aplicadas ya como acciones de gobierno, que representan un giro copernicano a un proceso histórico que arrastra 181 años de exclusión de los pueblos originarios”.

23

sus consecuencias en tres dimensiones: la política interna, la política internacional y la economía. En términos políticos internos se rescata que el acercamiento puede despertar tendencias autoritarias en el nuevo gobierno. Algunos entrevistados observan que se está incluso “distorsionando nuestra democracia, llevándonos hacia un régimen de Partido Único con vocación autoritaria, que gobierna en desmedro de la libertad individual y colectiva”. Esto es evaluado como aún más preocupante al observar las tendencias gubernamentales hacia un “mayoritarismo autoritario”, que se alimenta de copamiento de las instituciones y el debilitamiento de la institucionalidad vigente. En cuanto se refiere a la política internacional, se critica el “alineamiento” con Venezuela y Cuba por deteriorar la relación con los países vecinos, con Estados Unidos y Europa, “a cambio de poco o nada”. Esta relación estaría desprestigiando políticamente al país a nivel internacional, aislándolo, y restándole posibilidades de concretar mercados para sus productos. Incluso, se postula que esta relación afecta las escasas posibilidades de renovación del ATPDEA. Por último, en términos económicos, los opositores creen que la firma del TCP significa supeditar los intereses comerciales del país a filiaciones ideológicas, sin considerar que no existen perspectivas importantes para generar beneficios relevantes en términos de intercambio comercial. En el ámbito interno, algunos entrevistados manifiestan sus dudas acerca de las capacidades del gobierno para gestionar las medidas adoptadas, dada la falta de experiencia del equipo gubernamental. Los opositores aseveran que el MAS tiene “una muy baja capacidad de gestión y una concepción de la gestión pública que está alejada de la realidad, demasiado ideologizada y politizada, mientras que a la hora de llevar a la práctica sus ideas extremas, quizá, no es tan fácil y están teniendo problemas, incluso, para desarrollar y ejecutar su propia agenda gubernamental”. Los opositores más moderados opinan que “el principal problema del gobierno es la poca experiencia de su plantel” arguyendo que la mayoría de los funcionarios son nuevos, por lo que se presentaron algunos problemas de eficiencia en la alta gestión del Estado. Y el propio oficialismo reconoce que los principales problemas se hallan en la gestión de la administración pública: “las debilidades se enmarcan en la falta de un capital humano que vaya a reemplazar toda esa maquinaria democrática y corrupta que significó el Estado y el Gobierno hasta antes de enero” o “hay dificultades internas, una nueva experiencia para nuevos cuadros políticos que no han tenido en sus manos el manejo del Estado”. Estas críticas alimentan el temor de que el gobierno no tenga la capacidad y la disciplina para hacer un uso adecuado de los recursos que está generando en el corto plazo y que el excedente generado en el sector hidrocarburífero a mediano plazo no llegue a los más necesitados. En síntesis, las evaluaciones generales sobre la gestión de gobierno durante estos meses están naturalmente divididas. Para algunos, no sólo se trata de un gobierno fuerte y de orientación diferente, sino también de un gobierno sólido y sensato, que va construyendo con éxito un nuevo estilo de gestión. Otros, en cambio, ven ante sí un gobierno vigoroso pero demasiado expuesto a los riesgos del voluntarismo y vulnerable a las estrategias políticas de Venezuela.

24

En todo caso, las expectativas generales son moderadamente positivas a mediano plazo. En relación a la economía, los entrevistados evaluaron dos dimensiones: por un lado, las posibilidades de diversificar la economía boliviana y, por lo tanto, de impulsar sus capacidades para enfrentar el problema tradicional del crecimiento “de base estrecha”, y por el otro, la factibilidad de mantener tasas de crecimiento de al menos 4-5% de forma sostenible en los próximos cinco años. La mayoría de los entrevistados creen, contrariamente a las tendencias inerciales de la economía, que en los próximos años Bolivia no se convertirá en monoexportadora de hidrocarburos. Para algunos esto ocurrirá gracias al liderazgo del gobierno, y para otros puede ocurrir independientemente (o incluso a pesar) de lo que el gobierno haga. Pero hay acuerdo en que habrá una economía más allá del gas, condición necesaria para poder superar los problemas históricos de crecimiento “de base estrecha”, esto es tasas de crecimiento volátil y concentrador. En opinión de los consultados, sobre todo oficialistas, el sector con más posibilidades de desarrollo exportador es el agrícola ganadero, luego se ubican la minería y la industria manufacturera. En cambio, para los actores económicos y los observadores, el sector agrícola ganadero pesa mucho menos, ciertamente no más que la minería o la industria manufacturera, separadamente consideradas. Es posible que estas diferencias no reflejen solamente juicios relativamente “técnicos” sobre el estado actual y las perspectivas de la economía boliviana, sino, más bien, imágenes diferentes sobre las necesidades de la sociedad boliviana y sobre los futuros deseables para el país. De la misma forma, la gran mayoría de los entrevistados opina que durante el gobierno del MAS (2006-2011) la economía seguirá creciendo igual o más rápidamente que en el presente. El grueso de los políticos del partido de gobierno piensa que la economía crecerá más rápidamente; la mayoría de los empresarios y técnicos en cambio, opinan que continuará creciendo al mismo ritmo, esto es en torno al 4%. En este último caso, las dudas se asientan en los problemas que se perciben en el comportamiento de la inversión, cuya dinámica ha sido cuasi-recesiva en la primera mitad de la década. La misma, según empresarios y técnicos de la oposición, podría profundizarse debido al proceso de la nacionalización de los hidrocarburos, en buena medida porque existirían dificultades en el desarrollo de nuevos mercados para el gas y, por lo tanto nuevas inversiones en el sector, y las relaciones con el Brasil se degradarían. También arguyen las dificultades que tendría el gobierno “para moverse con solvencia en este terreno”, “ya que se quiere introducir una serie de elementos no mercantiles en las inversiones económicas, dentro del sistema capitalista”, lo que podría degradar los niveles de demanda agregada y consecuentemente el nivel del producto. Por último, más allá de las consecuencias que conlleve la medida, algunos entrevistados de la oposición manifiestan dudas acerca de la capacidad y la disciplina del gobierno para hacer un uso adecuado de los recursos tributarios que se están generando en el corto plazo y para “aplicar las terapias apropiadas para la enfermedad holandesa”. Contrariamente, los políticos del MAS creen que estos temores son infundados y que el resultado acumulado de las medidas será positivo para Bolivia y su gente. Consideran que la nacionalización de los hidrocarburos mejorará la situación del sector del gas en el país, atrayendo mayores inversiones, abriendo mercados y brindando seguridad jurídica a

25

partir de la negociación de reglas claras con las empresas transnacionales y los países consumidores del gas natural boliviano, particularmente Brasil y Argentina. “Las nacionalizaciones brindarán seguridad jurídica a todos los inversionistas en el sector”, declara un funcionario de gobierno dos meses antes de la firma de contratos con las empresas petroleras del sector. Del mismo modo confían en que la inversión de los frutos de la nacionalización será seria y garantizará el desarrollo económico del país. En cuanto a los conflictos sociales, en junio, partiendo de un nivel de conflictividad social alto, la mayoría de los políticos del MAS piensa que ese nivel disminuirá durante este gobierno, mientras que para los empresarios y observadores seguirá igual o crecerá. Lo mismo sale a relucir en la consulta de agosto, en la que los opositores duros avizoran un incremento de la conflictividad social, mientras que los oficialistas opinan que los conflictos se reducirán. La moderación en las expectativas no necesariamente refleja desconfianza hacia el gobierno sino más bien conciencia de la dimensión de los problemas que esperan ser resueltos. En lo que se refiere a los conflictos étnicos, a diferencia de los demás problemas, esta vez la posición de los entrevistados es bastante cercana a la unanimidad: la mayoría absoluta de los entrevistados manifestaron que los conflictos étnicos serán menos agudos en el mediano plazo. Y es que, si difieren en la importancia acordada al tema (“primordial y central” para el oficialismo, “importante” para la oposición), los entrevistados se inclinan por la constitución de un Estado multicultural o intercultural, sin hacer distinción en el manejo de los conceptos pero apuntando a generar espacios de reconocimiento entre el Estado y grupos sociales de diversa cultura. Al referirse a las perspectivas políticas, la Asamblea Constituyente aparece al centro del análisis de mediano y largo plazo de todos los entrevistados: en buena medida la reconstitución del régimen democrático, del sistema político y de la organización administrativa del Estado pasan por el proceso constituyente iniciado el pasado 6 de Agosto. En términos generales, los oficialistas son os únicos que postulan que la Asamblea introducirá “cambios radicales a la Constitución”, los opositores consideran mayormente que los cambios serán moderados. Si todos coinciden en que la tendencia central es a mantener en la Constitución un régimen democrático representativo con instrumentos de democracia directa, existen dudas sobre la evolución del sistema político a mediano plazo. Por un lado los oficialistas señalan que se avanza en la renovación de los mecanismos democráticos y apuestan por la emergencia de un sistema político pluralista con mayor participación de todos los sectores y con fuerte presencia de los movimientos sociales, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos originarios. Por el otro lado, los más férreos opositores creen que el sistema evolucionará para mal y señalan abiertamente sus preocupaciones de que predomine un autoritarismo sectario y excluyente, con fuerte presencia de orientaciones indigenistas. Algunos se refieren a la posibilidad de que se establezca un sistema de partido único11. Sin embargo, hubo opositores duros que se 11

Esta posición fue duramente enfatizada por un entrevistado al denunciar que “se está disfrazando un modelo totalitario que tiene características de un fascismo, llevado a la ultranza, con tal de perpetuar un proyecto de poder al interior de este país levantando la figura del indigenismo”.

26

mostraron más optimistas, postulando que el sistema político será más pluralista, pero únicamente, si se respetan las autonomías regionales: “en la medida que se vaya desarrollando este proceso de descentralización posiblemente autonómico, se va a repartir el poder y entonces las regiones van a tener cada vez más una fortaleza dentro del debate político y en las decisiones nacionales”. En cuanto hace la organización administrativa del Estado, la mayoría de los consultados considera que el Estado boliviano será más descentralizado que el actual, pero sin llegar a ser federal. Se presentan dos excepciones correspondientes a los entrevistados cruceños y los opositores duros, que creen que la forma unitaria del Estado está en juego. Pero más allá de considerar que el proceso de descentralización ya esta encaminado, los entrevistados oficialistas opinan que el camino no está definido. Si bien los opositores duros creen que es importante el fortalecimiento de los departamentos, el modo en que deberán articularse las demandas de autonomía departamental con las demandas de autodeterminación indígena, preferido por sectores mayoritarios en el MAS, no está resuelto. Ahora bien, no se puede obviar que un referéndum autonómico tuvo lugar, por lo que se desprende de las rondas de consultas que en los departamentos en los que ganó el NO debería implementarse el mismo nivel de autonomía que en los departamentos en los que triunfó el SI. Esto significa que se aspiraría a un status departamental uniforme en el conjunto del territorio nacional. Finalmente, al evaluar las posibilidades y mecanismos de implementación concreta de la nueva Constitución, la opinión mayoritaria de los entrevistados apunta a que Bolivia tendrá efectivamente una nueva Constitución como resultado del proceso constituyente, pero no existe consenso acerca de la suerte que está correrá. Por un lado, casi todos los consultados del gobierno opinan que la Asamblea Constituyente “conducirá a la aprobación de una nueva CPE, cuya aplicación será razonablemente exitosa”. La mayoría de los consultados creen que la aprobación de la nueva Constitución se dará a partir de “acuerdos razonables” que dejarán contentos a la mayoría de los actores políticos de Bolivia. Sin embargo, entre empresarios y observadores críticos, existe la percepción de que “su aplicación será poco exitosa, por lo que la crisis continuará”. Se prevé que la aprobación “dejará descontentos” a sectores importantes del país. En términos globales se registra un optimismo moderado en la visión de mediano y largo plazo. Los entrevistados todavía le otorgan un amplio crédito al gobierno, pero hay temores y preocupaciones, que apuntan menos al programa y las políticas sociales y económicas que a la tentación “exclusivista” y la capacidad de gestión del gobierno. Se teme que el MAS busque finalmente consolidar una hegemonía, acaparando y copando espacios; ignorando y acosando a la oposición. Lo que nos muestra que lo que las elites opositoras temen ahora es su propia “exclusión”, y eventualmente que se les aplique a ellas la clase de discrecionalidades y arbitrariedades que fueron tan comunes en el pasado de Bolivia, a veces con su tolerancia o participación activa. Si el gobierno es capaz de resistir estas tentaciones “retribucionistas”, si en los hechos logra mostrar al conjunto de las elites bolivianas que es un gobierno fuerte, que gobierna efectivamente, y que puede hacerlo en formas democráticas y políticamente liberales, aunque ni siquiera use el

27

término, entonces, a juzgar por los resultados de estas consultas, hay espacio para construir instituciones y un futuro mejor para el país.

4.- Conclusiones: A grandes rasgos, la dinámica de crisis del periodo 2000-2005 puede caracterizarse en tres planos: crisis económica y fiscal; crisis del presidencialismo y del sistema de representación; deterioro social y crisis de confianza en la sociedad. Sin duda, Diciembre de 2005 marca un triple punto de inflexión en estas dinámicas: al cerrar el año, el crecimiento de la economía se eleva al 4% y el déficit fiscal cae por debajo del 3% por efecto del nuevo impuesto directo a los hidrocarburos; las elecciones otorgan un claro mandato de cambio, el nuevo Presidente gana las elecciones por mayoría absoluta en un hecho inédito en la historia democrática contemporánea y el MAS tiene una mayoría importante en el Congreso; por último la crisis de confianza y de futuro empieza a revertirse. En efecto, existe pleno consenso entre las elites entrevistadas en que la superación de la crisis de autoridad y el buen entorno económico son condiciones necesarias para que Bolivia pueda dar respuestas a sus problemas. El paso dado es importante, sin embargo de ninguna manera significa que los problemas vayan camino a resolverse. Las dificultades que sigue enfrentando el país no se solucionarán por sí solas y exigen una capacidad de decisión y gestión que aun están por demostrarse. A pesar de ello, cualquiera sea la opinión de los entrevistados sobre el actual gobierno y la dimensión de los problemas actuales, la expectativa mayoritaria es que las cosas tenderán a mejorar. Se registra por tanto un optimismo moderado en la visión de mediano y largo plazo. De la misma forma, la valoración de la situación actual y las expectativas socioeconómicas de la opinión pública se han modificado notoriamente este año: El cambio de gobierno parece haber contribuido favorablemente a la legitimidad del régimen democrático y del sistema político boliviano, reforzado el sentimiento de pertenencia a una comunidad política nacional y mejorado notablemente las expectativas a futuro12. Sin embargo, en un contexto de inflexión y cambio, estas percepciones siguen siendo volátiles y sensibles a la evolución de la coyuntura política. De hecho, al menos en los últimos cinco años para los cuales se tienen datos registrados en el eje urbano central es posible señalar que la sensación relativa de bienestar/malestar y de optimismo/pesimismo de los ciudadanos depende de forma crítica del clima de distensión/polarización que se vive en la esfera sociopolítica. La estabilidad y la certidumbre que generan los acuerdos y las medidas implementadas en consenso refuerzan el optimismo y la esperanza en el proceso de cambio13. 12

El análisis en profundidad de las orientaciones de la opinión pública se construyen en base a dos encuestas nacionales y diez encuestas urbanas realizadas por el PAPEP-Bolivia entre Diciembre de 2005 y Octubre de 2006. En la versión final del documento, este análisis se introducirá en el punto 3 luego del análisis de los actores políticos y económicos internos. 13 De hecho, el 80% de los consultados en las diez ciudades principales del país aprueban la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente que permitió zanjar el conflicto de la redefinición de la ruta crítica y la articulación de las agendas de Octubre y Enero. De la misma forma, el 82% aprueba la firma de

28

Es innegable que las elecciones que llevaron al MAS al poder con una amplia mayoría han gestado condiciones políticas y económicas diferentes para encarar esta coyuntura larga: ya no se trata de gestionar la crisis generando márgenes de maniobra para la acción política (2000-2003) o de encarar un proceso de transición con estabilidad navegando entre las aguas de la polarización y la iliquidez fiscal (2003-2005), sino de gestionar un proceso de cambio en un momento en que los factores de recomposición, tanto internos como externos, terminan de cristalizar, redefinen la noción de lo posible y abren la oportunidad de construir una nueva relación entre economía y política con potencialidades para generar un horizonte de inclusión social. Si el momento es hoy diferente, los riesgos para el desarrollo humano y la gobernabilidad democrática siguen presentes. No es una vuelta al pasado. Esa nunca fue una opción sostenible. Pero los fantasmas de la desestructuración social, de la fragmentación de la acción política y de la polarización en la disputa rentista de los beneficios de los recursos naturales, hablan de la persistencia de opciones regresivas en la inflexión. Y es que las orientaciones de los distintos actores políticos y sociales oscilan entre demandas de equidad en la participación política y de inclusión en el régimen democrático hasta protestas, enfrentamientos y bloqueos que pueden configurar una lógica rupturista. Si se reproducen lógicas polarizantes en el sistema político en torno al proceso autonómico y se impone la voluntad de construir agendas hegemónicas y excluyentes frente a agendas que priorizan el bloqueo del proceso de cambio emergerán nuevamente las tendencias más regresivas en la inflexión. Pero existen posibilidades reales de construir un nuevo ciclo histórico que combine ampliación del sistema político e inclusión socioeconómica en democracia y en unidad. Hoy, la ampliación del sistema político con la consolidación del MAS como fuerza política nacional y la plena incorporación en el proceso de toma de decisiones de una serie de liderazgos nuevos de extracción campesino-indígena, la articulación de un acuerdo estable entre las expectativas de la población y las condiciones de rentabilidad de las empresas petroleras, y la articulación de las agendas de Octubre y Enero en el acuerdo político del 9 de Julio de 2005 y en la Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente del 30 de Marzo de 2006 marcan la posibilidad de construir en democracia una salida progresiva a la inflexión. Y la Asamblea Constituyente puede constituirse en el espacio de conformación de un nuevo pacto social entre bolivianos.

los nuevos contratos petroleros entre el gobierno y las transnacionales. Y el 66% señala que las decisiones en la AC deben privilegiar la consecución de acuerdos amplios y respetar a las minorías.

29