BASES PARA UN PLAN NACIONAL DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS

Documento de Trabajo Noviembre 2014

www.derechoshumanos.gub.uy

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Presidencia de la Republica Secretaría de Derechos Humanos Secretario de Derechos Humanos Javier Miranda Equipo de Producción Fernando Willat Alicia Saura Cecilia Anández Serrana Delgado Fernanda Zacheo Javier Pozzo En el proceso de elaboración de este documento participaron las siguientes instituciones: Ministerio del Interior Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Educación y Cultura Ministerio de Industria, Energía y Minería Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ministerio de Salud Pública Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Ministerio de Desarrollo Social Ministerio Público y Fiscal Poder Judicial Universidad de la Republica Banco de Previsión Social Administración Nacional de Educación Pública Administración de los Servicios de Salud del Estado Agradecemos la participación de diversos actores del ámbito político, académico y social, a quienes reconocemos su aporte, con el cual se ha logrado la construcción del presente documento. El contenido de la presente publicación es responsabilidad exclusiva de la Secretaria de Derechos humanos de la Presidencia de la Republica.

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PRESENTACIÓN

El documento "Bases hacia un plan nacional de convivencia y derechos humanos" sistematiza la proyección estratégica hacia la realización de los derechos humanos que se ha construido en los últimos diez años de gobierno. La perspectiva de derechos humanos se ha ido consolidando en la práctica de gobierno como el marco jurídico, ético y político para construir una sociedad más democrática y justa. En un contexto en que la convivencia se encuentra amenazada por situaciones históricas de injusticia y por procesos de desintegración, se vuelve imprescindible recrear los acuerdos sociales y políticos por los que nos reconocemos como miembros de una sociedad de iguales. Sólo un proyecto de sociedad basado en la universalidad de los derechos fundamentales, puede fortalecer un pacto social y reducir los niveles de violencia. Por ello, el Gobierno uruguayo, en estos dos últimos periodos ha avanzando en la consolidación de un modelo de desarrollo con tres pilares que se implican mutuamente: igualdad, solidaridad y acceso universal a los derechos humanos. Ser miembros de una sociedad de iguales implica un pacto recíproco por el que se reconoce el valor de la singularidad del proyecto de vida de cada persona y el aporte que su diferencia hace al colectivo. De allí surge el respeto y el compromiso con la dignidad de todas y cada una de las personas, en la que se fundamentan los derechos humanos. Es desde ese compromiso asumido como programa de gobierno que se ha logrado una importante reducción de la pobreza, la indigencia y la desigualdad. Ello fue posible a partir de una concepción del acceso a los derechos fundamentales según el criterio "de cada quien según sus ingresos a cada quien según sus necesidades", independizando la realización de los derechos de la capacidad de compra del titular. Fue necesario recuperar la centralidad de la política frente al empuje que mercantiliza el acceso a los derechos. Por ello se asumió, como un componente estratégico fundamental, la recuperación del rol rector del Estado en el diseño y regulación de políticas públicas, concebidas para garantizar el acceso a los derechos fundamentales, frente a las tendencias desreguladoras y prescindentes

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de los años 90. Este rol rector ha sido clave, tanto para impulsar el crecimiento económico como para avanzar en la redistribución de la riqueza y proteger las situaciones de vulnerabilidad. Ejemplos de ello han sido la aplicación de políticas para crear y formalizar empleo, las políticas de ingresos, la reforma tributaria, la reforma de la salud, el incremento de la cobertura de la seguridad social, las políticas dirigidas a favorecer el acceso a la vivienda, los diferentes programas enfocados a facilitar el acceso y evitar la desvinculación del sistema educativo, las políticas sociales dirigidas a atender las situaciones de particular vulnerabilidad socioeconómica y a promover la inclusión social productiva, las leyes de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, de matrimonio igualitario, el combate a la violencia basada en género y a la trata de personas, las acciones afirmativas dirigidas a poblaciones vulnerables, entre otras medidas, planes y programas. Entendemos que la única razón de ser del Estado y su única fuente de legitimidad, es la realización de los derechos humanos de todos los habitantes de la República. Por ello, las personas y las comunidades son para el Estado sujetos de derecho, no objetos de las políticas económicas o sociales. En este sentido, las acciones del Estado constituyen prestaciones en cumplimiento de obligaciones derivadas de los derechos humanos, como ejercicio de una opción ético - política. Esta acción del Estado debe ser una intervención racional, planificada a partir del valor de la dignidad humana, cuyas condiciones son precisamente los derechos humanos. En función de ello, se debe avanzar hacia mayores niveles de planificación centralizada y coordinación de los esfuerzos institucionales, hacia una mayor incorporación del enfoque de derechos humanos, de prácticas de transparencia, de rendición de cuentas, y de mecanismos de participación. De allí se deriva la necesidad de realizar un plan nacional de convivencia y derechos humanos. El camino recorrido en estos diez años es el comienzo de un proceso histórico de transformación política, social y económica, que aprende de la experiencia y se proyecta a niveles cualitativamente superiores. La definición de un plan nacional de convivencia y derechos humanos es precisamente el medio para procesar estos impulsos de acumulación y saltos cualitativos. El plan se propone encauzar en ciclos de construcción, ejecución y evaluación de las políticas públicas, el conjunto del esfuerzo de transformación, con un sentido estratégico definido. El documento "Bases hacia la construcción de un plan nacional de convivencia y derechos humanos" es el fruto de un esfuerzo colectivo de diferentes agencias del Estado coordinadas

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por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Es un aporte que puede ser utilizado para promover la deliberación pública y servir de base para el diseño del plan. En él expresamos nuestra visión, tal como podemos proyectarla desde este punto en el que el esfuerzo y el compromiso de estos años nos han colocado. Un plan nacional de convivencia y derechos humanos es un marco normativo que, partiendo de una mirada estratégica de mediano plazo, establece objetivos y directrices programáticas para hacer efectiva la realización de los derechos humanos de todas las personas y construir la convivencia, como fruto de la adhesión a una sociedad de iguales en derechos y obligaciones. En tal sentido, será una guía que pretenderá orientar los concretos programas de acción de la política pública.

El documento que estamos presentando se inicia con un marco conceptual que procura hacer explícita la filosofía que inspira y sustenta las propuestas programáticas que luego se desarrollan. Allí se podrán encontrar las claves fundamentales que justifican las propuestas políticas que en grandes trazos se sugieren en el cuerpo del documento.

La propuesta se estructura en tres ejes, respecto a los cuales se definen temas, objetivos estratégicos, objetivos específicos y algunos asuntos a considerar en futuros planes de acción. Los tres ejes son: 

Eje 1. Lo político y lo público como espacios habilitadores para los derechos humanos y la convivencia.

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Eje 2. El Estado como garantía de los derechos sociales.

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Eje 3. Libertades, autonomía privada y derechos culturales.

Deliberadamente se optó por no estructurar el documento sobre la base de un listado de grupos vulnerables, sin perjuicio que sean consideradas las situaciones de vulnerabilidades y de vulneración de derechos. También se optó por no estructurarlo siguiendo la lista de derechos establecidos en los tratados de derechos humanos, ya que tal abordaje puede hacer perder de vista la interdependencia de los derechos humanos. En su lugar, se prefirió organizar el documento sobre la base de grandes temas, que permiten la agrupación sistemática de conjuntos de derechos afines por su concepto y estructura.

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Por otra parte, el texto no da cuenta detallada de la evidencia empírica que describe los principales problemas que se pretenden abordar con las propuestas que se sugieren. Ello no porque estos datos no existan o no se consideren relevantes, sino para privilegiar la discusión sobre el qué hacer, cómo enfrentar esos problemas1. El Programa Nacional de Derechos Humanos 3 de Brasil2 fue una referencia al momento de pensar la estructura. El contenido de este cuaderno se organiza, entonces, en torno a grandes temas que marcan los desafíos a asumir en relación a las políticas públicas. Convivencia y derechos humanos son temáticas transversales en los tres ejes.

El eje 1 propone la discusión sobre la reafirmación del pacto constituyente, en el que nos conformamos como asociación política, es decir como Estado. La posibilidad de construir una sociedad política de iguales implica el reconocimiento mutuo como personas iguales en dignidad y en derechos, e interlocutores en los procesos de deliberación donde se resuelven los asuntos de la vida política y de la vida privada. Es desde el reconocimiento de la validez de las diferentes opiniones, solamente rebatibles desde la argumentación y no desde la descalificación del otro, que comienza el espacio de lo político y, desde allí, la construcción de la institucionalidad. La discusión sobre la racionalidad de las instituciones es el punto de partida que proponemos para la construcción programática.

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A título enunciativo, entre otros, vale la pena repasar algunos de los siguientes títulos que son producto de la tarea de diagnóstico

que se realiza en el país: CABELLA, W. et al. La población afrouruguaya en el Censos 2011. Atlas sociodemográfico y de la

desigualdad del Uruguay. Fascículo 2. Ed. Trilce, Montevideo, 2013; CALVO, J. et al. Las Necesidades Básicas Insatisfechas a partir de los Censos 2011. Atlas sociodemográfico y de la desigualdad del Uruguay. Fascículo 1. Ed. Trilce, Montevideo, 2013; DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA EDUCATIVA - CODICEN. Situación de la educación en Uruguay. Principales

tendencias. Documento elaborado como insumo para la exposición de motivos del Proyecto del Presupuesto de la ANEP, periodo 2010-2014. DIEE - CODICEN; INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – MEF. Estimación de la pobreza por el método de ingreso. INE, Montevideo, 2013; INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES – MIDES. La población afrodescendiente en Uruguay desde una perspectiva de género. MIDES/UNFPA, Montevideo, 2010; KOOLHAAS, M. et. al. Inmigrantes internacionales y retornados en Uruguay: magnitud y características. Informe de resultados del Censo de Población 2011. INE, Montevideo, 2013; MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, ÁREA DE GESTION Y EVALUACIÓN DEL ESTADO – OPP. Reporte social 2013. Principales

características del Uruguay Social. MIDES, AGEV – OPP, Montevideo, 2013; MINISTERIO DEL INTERIOR. Informe anual sobre violencia y criminalidad en todo el país. División Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, disponible en https:// www.minterior.gub.uy/observatorio/images/stories/2012.pdf; OBSERVATORIO DE MERCADO DE TRABAJO – MTSS. Informe

cuarta ronda de Consejos de Salarios. MTSS, Montevideo, 2012; PERAZZO, I. El mercado laboral uruguayo en la última década. Serie Documentos de Trabajo, DT 1/12, Instituto de Economía, Universidad de la República; PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Uruguay: sustentabilidad y equidad. PNUD, Montevideo, 2012; DE ARMAS, G. et al. La universalización

de la educación media en Uruguay. Tendencias, asignaturas pendientes y retos a futuro. UNICEF, Montevideo, 2010. 2

Ver http://www1.direitoshumanos.gov.br/pndh.

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El eje 2 ubica la discusión sobre la racionalidad del Estado como garante de derechos y, en particular, sobre la matriz de bienestar y protección social que crea las condiciones de igualdad. Sin las condiciones materiales adecuadas, las personas no pueden ejercer su proyecto de vida ni su rol político. Las propuestas se centran en los modos de garantizar la universalidad de prestaciones de calidad, en las necesidades de readecuación institucional frente a los problemas de fragmentación y falta de coordinación entre planes y programas, y en el rol rector del Estado como regulador y orientador de los procesos que involucran a un sistema de actores en la producción y distribución de prestaciones que satisfacen derechos sociales.

El eje 3 se coloca en el campo de la autonomía privada, las libertades y los derechos culturales, como espacio del desarrollo de las capacidades y los proyectos de los individuos y de los colectivos. Es el espacio de la diversidad y de la creatividad, del mercado y de la comunidad. Los derechos humanos, y sus obligaciones correlativas, construyen la esfera de la igualdad para habilitar, precisamente, este espacio de libertad en el que la vida de las personas puede desarrollarse en plenitud.

Las propuestas que presentamos como principales asuntos en cada tema se enmarcan en una perspectiva estratégica y se ajustan a una proyección de corto y mediano plazo. Muchas de ellas son orientaciones o medidas que ya se implementan o se proyecta implementar. Las proponemos en la medida en que entendemos necesario reafirmar esa orientación. Lo que intentamos fue dotar al conjunto de las acciones del Estado de un enfoque de derechos humanos que se constituye como clave de interpretación.

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MARCO CONCEPTUAL DEL DOCUMENTO.

Convivencia y derechos humanos

Convivencia y derechos humanos son dos ideas que se implican mutuamente. Expresan las aspiraciones y los esfuerzos de la humanidad por la construcción de una sociedad en la que podamos vivir juntos, en paz y con justicia. Los derechos humanos son un marco ético y político para la acción y un marco institucional para la convivencia, en una sociedad de iguales. Estas ideas son una construcción social que forma parte del patrimonio más valioso de de la humanidad.

Dignidad humana

Desde esta construcción, cada persona es portadora de un valor en sí misma y no es un medio para un fin que le es ajeno. Cada vida es un proyecto que merece ser realizado plenamente y cada identidad, desde su particularidad, es una riqueza que conforma la sociedad. El compromiso con la dignidad de todos y cada uno, es un posicionamiento ético político que da origen al programa en el que históricamente se han construido los derechos humanos. Los derechos humanos establecen, precisamente, las condiciones de la dignidad que como sociedad política nos comprometemos a garantizar a todos.

Derechos y obligaciones

No hay derechos sin obligaciones correlativas. Pero no hay más obligaciones que las correlativas a los derechos; el punto de partida para la construcción del sistema normativo son los derechos humanos. La visión autoritaria coloca a las obligaciones en el origen del orden social y condiciona la titularidad de los derechos al cumplimiento de las mismas. Desde un enfoque de derechos humanos, los derechos no pueden ser condicionados y las obligaciones son sólo aquéllas que se derivan necesariamente de

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los derechos. Si cada persona tiene derecho a que se respete su integridad física, todos y cada uno tenemos la obligación de no dañarla. Si cada persona tiene derecho a recibir del Estado determinadas prestaciones de salud, todos y cada uno tenemos la obligación de aportar en la medida de nuestras capacidades a la financiación de los costos del sistema de salud.

Igualdad

Lo que nos hace una sociedad de iguales es el conjunto de derechos y obligaciones que se derivan del compromiso con la dignidad humana de todas las personas. Esta igualdad en derechos y obligaciones es la condición para que las individualidades se realicen y las personas, en su diversidad, convivan y construyan una sociedad. Es la condición para que cada persona y cada colectivo puedan realizar su proyecto propio y su identidad en el marco de los compromisos recíprocos. La igualdad no se opone a la diversidad y a las diferencias, sino por el contrario, es su condición de posibilidad. Cuanto más igualdad, más diversidad.

Construcción histórica de un programa político

La utopía de una sociedad de iguales es un programa político. No en términos partidarios, sino con el significado de un proyecto de sociedad humana. Su grado de realización actual es el resultado de las luchas históricas que han buscado hacer efectiva la dignidad humana y, en particular, la de los más vulnerados por la opresión y la miseria. Hoy existe una ética y una institucionalidad que es el fruto de estos esfuerzos. Es parte de la cultura que debe ser atesorada. Pero convive con programas antagónicos. Las relaciones de dominación, la explotación y la exclusión, aún deben ser

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superadas en sus múltiples manifestaciones culturales e institucionales. El programa político de los derechos humanos aún debe ser desarrollado.

La superación de la dominación

Las relaciones de dominación son la herencia de sociedades antiguas, algunas persistentes como cultura social y otras reconfiguradas en el orden institucional que se fue construyendo. Son relaciones basadas en la idea de que hay personas superiores que por ello merecen privilegios y otras que, por ser inferiores, merecen ser reducidos a objetos, a seres sin dignidad, que pueden ser usados y manipulados. El racismo, el sexismo, la xenofobia, la homofobia, son algunas expresiones de este orden. La transformación de estas pautas culturales y de sus manifestaciones institucionales, es una parte fundamental del programa de los derechos humanos. La superación de las relaciones de dominación requiere el reconocimiento recíproco como iguales en dignidad.

Reconocimiento y distribución

La agenda del reconocimiento ha cobrado relevancia en los últimos tiempos y con frecuencia se la ha identificado como una nueva agenda de derechos humanos. Sin duda, constituye un avance hacia la realización del programa de los derechos humanos. Sin embargo, esta perspectiva no puede hacernos perder de vista que la agenda de los derechos humanos es, sobre todo, una agenda de la distribución de los derechos y las obligaciones en la sociedad. Incluso la agenda del reconocimiento es una agenda de la distribución, porque ése es el sentido en disputa en el concepto dignidad. El origen etimológico de la palabra dignidad es "merecimiento". Lo que está en cuestión es quién merece qué: precisamente, la distribución de los derechos y las

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obligaciones en una sociedad. La perspectiva de derechos humanos implica que todos, sin exclusiones de ningún tipo, por el sólo hecho de ser humanos, merecen una vida digna.

Distribución y redistribución

Las situaciones de injusticia en las sociedades contemporáneas también obedecen a la estructura de clases sociales resultante de las relaciones de producción. Una sociedad librada a la asignación de recursos por el mercado genera explotación y exclusión social. La protección institucional de los derechos de los trabajadores se constituye como ley del más débil que otorga mayor poder en la negociación sobre la distribución de la riqueza producida socialmente, pero además la aplicación de una política tributaria redistributiva y la inversión para garantizar derechos sociales, establecen una pauta de redistribución imprescindible para la construcción de una sociedad de iguales.

El desarrollo de capacidades

El desarrollo de capacidades es una perspectiva general incluida en el enfoque de derechos humanos. Las capacidades son el poder para elegir y hacer efectivo el proyecto de vida que cada quien tiene razones para valorar y el poder para participar en la construcción colectiva de la sociedad de pertenencia. Una sociedad de iguales es una asociación política de personas que se reconocen como iguales y se comprometen mutuamente con el desarrollo de la autonomía de cada integrante de la sociedad. El compromiso recíproco implica por lo tanto, adoptar medidas y estrategias específicas para desarrollar las habilidades, así como remover las inhabilitaciones.

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La atención a las situaciones de vulnerabilidad

La vulneración de la dignidad humana puede obedecer también al insuficiente desarrollo de las capacidades o al desajuste entre las habilidades disponibles y las habilitaciones del contexto. En este marco se justifican las acciones afirmativas o focalizadas en poblaciones en situación de vulnerabilidad. La consideración de los grupos específicos no debe ser en función de derechos diferentes para cada grupo, sino de atención a situaciones de no acceso a derechos universales. Por eso las acciones focalizadas deben estar enmarcadas en estrategias de desarrollo de la autonomía y limitadas a las circunstancias en que aún no se ha superado la situación de vulnerabilidad. Cuando la vulneración de derechos es el resultado de causas estructurales que la vuelven sistemática, las medidas dirigidas a remover las inhabilitaciones deben apuntar a la transformación de estas causas.

Integralidad de la perspectiva de derechos humanos

La concepción liberal sin dudas implicó un avance sobre las concepciones antigua y feudal, que sustentaban las relaciones de dominación amo - esclavo y siervo - señor. Pero no resultó suficiente para superar las desigualdades socioeconómicas y culturales que mantenían a las personas sometidas por la explotación y la exclusión a condiciones de miseria. Desde la perspectiva integral de derechos humanos que orienta este cuaderno, los derechos que deben ser garantizados a todos no son sólo los de libertad, sino también los derechos que constituyen las condiciones materiales de la dignidad y los derechos de autonomía política y civil.

Programas políticos en disputa

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Este programa no se desarrolla sin obstáculos y sin programas rivales. La expresión derechos humanos también puede usarse para justificar privilegios y situaciones de desigualdad. Así, desde una visión puramente liberal que no contemple simultáneamente la dimensión social de la dignidad humana, los derechos que son asignados a todos son sólo los de libertad, pero nada compromete a nadie sobre las condiciones materiales de los otros; en ella, la miseria es un problema y una responsabilidad de los miserables. Asimismo, desde visiones autoritarias se reclama mano dura para establecer un orden social que proteja la integridad de los que se lo merecen. Por su parte, desde una visión corporativa se reclaman los intereses, y en ocasiones hasta los privilegios, como un derecho, pero como un derecho para algunos. Otra vez, los que lo merecen.

El pacto de convivencia

Desde el programa político que conlleva la perspectiva integral de los derechos humanos la convivencia necesita un pacto de reconocimiento y compromiso recíproco. Este pacto de convivencia implica una agenda de derechos humanos que abarque tanto el reconocimiento como la distribución y la redistribución. Mucho más que un pacto de no agresión, es un pacto de solidaridad, que incluye la no agresión. No se trata de un pacto que haya ocurrido en el pasado, sino de un pacto que se está construyendo hoy. Sus niveles de concreción se expresan en la institucionalidad y en la reducción de los niveles de violencia.

La legitimidad del pacto

De nada sirven las leyes si no hay un sentido del deber respecto a ellas. Por lo tanto, los niveles de concreción del pacto se expresan sobre todo en la cultura. Su desarrollo

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actual depende de la medida en que avanzamos en la realización del programa ético político de los derechos humanos, en la adecuación de la institucionalidad, pero también, y fundamentalmente, en la adhesión racional y emocional a la utopía de un reconocimiento recíproco como iguales.

Institucionalidad en crisis

Hoy los déficits de la institucionalidad para constituir garantías a la dignidad de todas las personas se vuelven cada vez más visibles, en la medida en que las instituciones se vuelven más transparentes. Esta visibilidad, necesaria y deseable, es uno de los factores que alimenta el descreimiento en las instituciones y favorece una crisis de la función representativa. Se suma a ello el auge de una ideología liberal que radicaliza el individualismo, diluye el compromiso recíproco y promueve la competencia despiadada por bienes y lugares de privilegio. Las consecuencias son el crecimiento de la violencia en el procesamiento de los conflictos, el miedo, la desconfianza en el otro y en la posibilidad de un orden colectivo. En suma, el debilitamiento del pacto de convivencia.

Centralidad de la política

La solución al descreimiento en las instituciones no es su abandono, sino el desarrollo de un Estado garantista capaz de hacer efectivos los derechos humanos. Sin dudas la mirada crítica a las instituciones tiene un valor positivo, porque es necesaria para su transformación en un sistema efectivamente garantista de los derechos humanos. Pero para que esto ocurra, además del momento de la crítica, tiene que ocurrir el momento de la construcción. De la construcción colectiva. Se trata de recuperar la centralidad de la política entendida como la práctica social mediante la cual nos

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ocupamos colectivamente de los asuntos públicos. Es necesario colocar en la deliberación pública los asuntos colectivos y acoplar los procesos deliberativos a los procesos de construcción de la institucionalidad y de las políticas públicas.

Deliberación pública

El desafío de la convivencia es vivir en una sociedad en la que existen las diferencias y los conflictos entre personas que se reconocen iguales. No puede existir una sociedad de iguales si no se reconocen como válidas y pasibles de crítica las diferentes visiones del bien común y se confrontan mediante el diálogo. El diálogo implica un reconocimiento recíproco. El otro tiene razones para valorar sus opciones, que pueden ser diferentes a las mías. El diálogo puede acercar posiciones y crear una construcción superior de sentido que las sintetice. Aún si no fuera posible el acuerdo, el diálogo permite acordar los procedimientos para procesar los conflictos. Por ello es necesario crear y promover las instancias de deliberación pública, garantizando las condiciones de libertad, información y reglas de juego para el diálogo.

Democracia deliberativa

Desde este espacio de la deliberación pública debemos avanzar en la construcción de un orden institucional garantista de la dignidad de todas las personas, que establezca los procedimientos para procesar pacífica y razonablemente los conflictos. No se puede esperar que los procesos de deliberación pública constituyan un mecanismo de decisión. Las decisiones tienen plazos porque refieren a procesos de acción en marcha, y dilatar la decisión por falta de acuerdo implica dotar del poder de imponer su voluntad al que prefiere que se mantenga el status quo. La institucionalidad democrática establece, precisamente, los procedimientos para que las decisiones que

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definen la opción entre diferentes posibilidades en disputa sean válidas y dotadas de legitimidad.

Derechos humanos y Constitución

El mecanismo de decisión por el voto de las mayorías es el procedimiento por excelencia para adoptar decisiones democráticas. Sin embargo este mecanismo podría ser usado para adoptar decisiones que vulneren la dignidad de las personas. Por ello, es necesario fijar límites a los poderes de las mayorías mediante la definición de normas de derechos humanos que deben tener el más alto rango. Es necesaria una institucionalidad firme que sustente un pacto de convivencia de largo plazo. Por ello los derechos humanos deben ser recogidos en la Constitución. La Constitución es la norma jurídica que expresa el pacto político y por ello define no sólo los cargos, las competencias y procedimientos para tomar decisiones, sino también lo que no puede ser decidido porque define las condiciones de la dignidad humana.

La razón de ser del Estado

El pacto constitucional establece, mediante el reconocimiento de los derechos humanos, aquello que ya está decidido y que se sustrae incluso al poder de las mayorías: lo que no se puede decidir hacer (no se puede, por ejemplo, decidir restablecer la esclavitud, ni torturar a las personas) y lo que no se puede dejar de hacer (no se puede, por ejemplo, dejar de garantizar el acceso a la salud convirtiéndola en una mercancía). Los derechos humanos definen, por lo tanto, el carácter sustantivo de la democracia. La única razón de ser del Estado, su única fuente de legitimidad, es garantizar los derechos humanos de todas las personas.

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En el centro de la mirada el ser humano

La política admite diferentes miradas válidas y necesarias. Es preciso pensar en la producción y en la eficiencia. Sin crecimiento económico, difícilmente podrían sustentarse los costos de los derechos. Pero esa mirada refiere a medios para un fin: la realización de la dignidad humana de todas las personas. Incluso la institucionalidad es un medio para este fin. Por eso las instituciones deben ser evaluadas por sus actuaciones en la medida de su contribución a hacer efectiva la dignidad de todos, y no sólo por su consistencia interna como expresión de un deber ser. Por eso las políticas públicas tienen que estar fundamentadas, diseñadas y evaluadas desde una perspectiva de derechos humanos. Por eso el crecimiento económico no es un fin en sí mismo y debe definirse en función de su capacidad para la realización de los derechos de las personas.

La esfera pública y la esfera privada

En este marco de reglas de juego se desarrolla la vida civil y la vida política en una sociedad. El conjunto de normas que definen la igualdad en derechos y en obligaciones define, al mismo tiempo, el espacio de lo público y el espacio de las autonomías civil y política. Establece las reglas de juego en las que se desarrolla cada jugada, pero las jugadas singulares no están predeterminadas por las reglas. Son precisamente las infinitas posibilidades que se construyen en el ámbito en el que las personas intercambian y distribuyen bienes y cargas y en el que deliberan y deciden sobre los asuntos públicos. Este juego sólo es posible con una clara definición del marco normativo y con una internalización de las normas y del sentido del juego en todas las personas. Los derechos de autonomía privada y de autonomía política no sólo son derechos sino también poderes. En un sistema democrático todos los poderes deben estar limitados y sus límites son precisamente los derechos humanos.

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Revalorización de lo público

El espacio público se convierte en referencia fundamental de la convivencia en una sociedad de iguales. La valoración de aquello que es común, que es de todos, que nos hace iguales y a partir de lo cual cabe la diferenciación, se vuelve un elemento simbólico central en el imaginario colectivo. El espacio público es más amplio que el espacio físico público, porque también implica toda la institucionalidad que nos es común; pero el espacio físico público es ese espacio al que todos podemos acceder y del que nadie se puede apropiar. Como tal, es un lugar de encuentro en el que nos reconocemos iguales en dignidad. Así se convierte en símbolo de todo lo que nos es común y nos hace iguales. Por ello la calidad del diseño y el cuidado del espacio público cobra una relevancia central.

Bienes públicos

Los bienes públicos son aquellos a los que el acceso está garantizado a todos y prohibida su apropiación a cada uno. Son aquellos bienes fundamentales que se sustraen al mercado porque éste no garantiza el acceso a todos. El acceso a los bienes públicos es siempre un derecho humano. Por ello se define por medio de normas, que su acceso debe ser garantizado a todos. Esta universalidad es la que les confiere su carácter de objetos de los derechos humanos. Así, la educación o la salud pública no pueden ser reducidas a una mercancía. Son bienes fundamentales objeto de los derechos humanos. De ahí que la calidad de los servicios públicos también se convierte en símbolo de todo lo que nos es común y nos hace iguales.

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El costo de los derechos

Corresponde al Estado garantizar el acceso a los bienes públicos a todas las personas, sin exclusiones y sin discriminaciones. Como estas prestaciones tienen un costo, corresponde a todos contribuir a su financiación, cada quien según sus capacidades. Por esta razón la política tributaria y la matriz de protección social tienen que tener un carácter redistributivo, que exija a cada quien según sus capacidades para aportar a cada quien según sus necesidades. Dado que los recursos son siempre limitados, no pueden atribuirse derechos sin la correspondiente posibilidad de financiar sus costos. Las decisiones, que siempre implican renuncias, deben estar fundamentadas desde una perspectiva de derechos humanos. El resultado debe ser un presupuesto nacional con perspectiva de derechos humanos.

Mercado, comunidad y función del Estado

Si bien el Estado es el garante del acceso a esos derechos, los particulares, en ejercicio de sus derechos -también fundamentales- de autonomía privada, en el ámbito del mercado, contribuyen en ese sentido. No obstante, este ejercicio de los derechos de autonomía privada se realiza a través de poderes que proveen a derechos singulares, no universales. Por lo tanto, no puede esperarse que el mercado resuelva por sí la realización de los derechos de todos. El Estado debe asegurar que estos bienes que satisfacen derechos universales sean accesibles mediante prestaciones públicas universales de la mejor calidad. En algunos casos reservándose la exclusividad de la prestación, en otros, asumiendo una función rectora respecto a un sistema de prestaciones que pueden ser provistas en forma combinada por el Estado y por actores privados.

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Las políticas públicas con enfoque de derechos humanos

Para avanzar hacia la realización de los derechos humanos, el Estado debe adoptar políticas públicas en las que la planificación estratégica se oriente a garantizar los niveles esenciales de cada derecho y avanzar hacia la progresiva realización plena de todos los derechos humanos. Para ello debe partir de un diagnóstico de la situación de los derechos y definir planes de acción que se correlacionen con él, debe asignar el presupuesto necesario para llevarlo a cabo, establecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo, rendir cuentas y evaluar la ejecución de los planes de acción y los logros obtenidos, siempre desde una mirada de derechos humanos. En todo este proceso debe garantizar el acceso público a la información y generar los espacios para la participación de la población en el proceso de construcción, monitoreo y evaluación de las políticas.

Inclusión

Los procesos de segregación social generados durante décadas por el abandono de esta función, han causado graves situaciones de exclusión social. Revertir estos procesos constituye uno de los principales desafíos que deben abordar las políticas públicas. Las personas afectadas por esta situación no se limitan a aquéllas que se encuentran en situación de indigencia o de pobreza, sino a una compleja gama de situaciones de vulnerabilidad y de privación de derechos, muchas de ellas derivadas de las dificultades de acceso a trabajos decentes. Las políticas sociales dirigidas a la inclusión han estado históricamente asociadas a la situación del ingreso. Es necesario profundizar el cambio de paradigma ya iniciado, que las asocie en mayor medida a la situación de acceso al trabajo decente y al desarrollo de capacidades.

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La centralidad del trabajo

La principal política de inclusión e integración social es la incorporación al empleo formal. También porque es la forma de integrarse al sistema de protección universal. Pero, sobre todo, porque el trabajo dignifica, confiere identidad y sentido de pertenencia a la sociedad. A través del trabajo contribuimos a la construcción de la sociedad en que vivimos y somos reconocidos por los demás también por esta contribución. Todo trabajo productivo dignifica. Esto implica una valoración del trabajo que no establece jerarquías entre trabajos más o menos nobles. Por el contrario, desde la función que cada uno asume en la producción y reproducción de la sociedad, el hecho de trabajar nos hace iguales. El trabajo tiene un carácter central en la estructuración de la sociedad y no asumirlo desde las políticas públicas tiene un efecto de debilitamiento del entramado social.

La protección social

Las transformaciones operadas en el sistema de protección social en la última década han avanzado hacia la garantía universal de los derechos sociales y hacia la conformación de un sistema integrado. Sin embargo, aún persisten niveles de insuficiente articulación entre políticas focalizadas y universales y una fragmentación en programas que cubren parcialmente el universo que debería ser atendido. También persisten problemas en la calidad de las prestaciones. Asimismo, no todas las políticas dirigidas a garantizar derechos sociales son asumidas como parte de un mismo sistema de protección social. Es necesario dotar de unidad y consistencia y fortalecer al sistema de protección social.

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Universalidad y focalización

Garantizar los derechos sociales requiere una estrategia combinada que busque, simultáneamente, formalizar el empleo y brindar prestaciones universales de calidad, complementadas y articuladas con políticas dirigidas a atender las situaciones de particular vulnerabilidad y a fortalecer y desarrollar las capacidades de las personas que se encuentran en esta situación. Estas políticas deben estar integradas en un sistema de protección social único, en el que las prestaciones universales cubren a todas las personas, independientemente de su aportación, y en el que las políticas focalizadas están concebidas de forma articulada con las universales, como etapa de transición hacia la política universal.

Violencia y seguridad

La protección frente a la violencia constituye un marco para la realización de derechos. Pero la agenda de la seguridad ciudadana requiere ser mirada también desde otras perspectivas. Si el fin es la reducción de la violencia en la sociedad, la seguridad no puede ser pensada únicamente desde una actitud reactiva frente a los hechos de violencia. Además de un aparato de persuasión, control y coerción eficiente, que intervenga sobre la violencia, es necesario construir la convivencia que reduzca su generación. Para ello es necesario que el poder de coerción del Estado encuentre un claro límite en la legalidad garantista de los derechos humanos y que ésta sea la base de la racionalidad con la que opera. Pero además, la construcción de la convivencia implica construir las condiciones para que ocurra y promoverla activamente. El conjunto de la política pública, en la medida en que hace efectivos los derechos humanos, contribuye a la reducción de la violencia. La mejor garantía contra la violencia es la igualdad.

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Los derechos de las generaciones futuras

La asociación política que constituimos como Estado es un proyecto y una identidad colectiva que, a la vez, permanece en el tiempo en sus rasgos fundacionales y se transforma en el proceso de su construcción. Los costos de la realización de los derechos humanos de los que viven hoy no pueden pagarse hipotecando los derechos de las generaciones futuras. Por ello es necesario concebir los procesos de desarrollo así como los instrumentos para la realización de derechos con una perspectiva de sustentatibilidad. La conservación de la calidad del medio ambiente, la utilización responsable de los recursos naturales, los objetivos de desarrollo, la financiación de las políticas, debe realizarse con una visión prospectiva que considere las claves de la evolución demográfica y de los procesos productivos.

La educación en derechos humanos

Desarrollar la institucionalidad del programa ético político de los derechos humanos es uno de los mayores desafíos que se presenta a la humanidad en el presente. Sin embargo, no hay posibilidad de lograrlo sin un potente componente educativo que promueva la adhesión al proyecto y la subjetividad de los sujetos de derechos. Esto implica no sólo transmitir el conocimiento sobre derechos humanos, sino también vivir los procesos educativos en clave de derechos humanos y desarrollar las capacidades para que las personas ejerzan y defiendan sus derechos y los de los demás. Para ello se requiere una estrategia nacional de educación en derechos humanos. En este sentido, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, que en este momento está en construcción en el Sistema Nacional de Educación Pública, debe integrarse programáticamente en un futuro plan nacional de convivencia y derechos humanos.

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EJE 1. LO POLÍTICO Y LO PÚBLICO COMO ESPACIOS HABILITADORES PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CONVIVENCIA.

La esfera de lo político y de lo público es el espacio en el que nos ocupamos de los asuntos colectivos. Es desde un pacto recíproco de renuncia a la violencia, habilitación de la deliberación y adopción de la argumentación racional como procedimiento, que se instala este espacio, como lugar de pluralidad y posibilidad, para la construcción de ciudadanía. Ese ámbito de discurso habilitante debe ofrecer lugar para todos, libre de sospechas, de discriminaciones y de tasas diferenciales de acceso según sus posibilidades socioeconómicas.

El involucramiento ciudadano en los asuntos comunitarios requiere de precondiciones de igualdad, libertad y pluralismo, que deben ser garantizadas por el Estado. Las condicionantes sociales, económicas y culturales de los individuos participantes, son fundamentales para cualquier proceso deliberativo. En contextos de profundas desigualdades sociales, los procesos deliberativos se verán debilitados, ya que probablemente serán cooptados por grupos con acceso a recursos económicos, culturales y sociales. Asimismo resultan vulnerados en el reconocimiento de su derecho a participar como iguales en la sociedad, los grupos que padecen la violencia simbólica de concepciones arraigadas culturalmente que imponen relaciones de dominación. De este modo, determinadas voces no tendrían acceso y las decisiones tomadas se encargarían de reproducir las desigualdades existentes.

De ahí la

necesidad de medidas políticas destinadas a subsanar estas diferencias y lograr que los procesos deliberativos tengan en cuenta al conjunto de la sociedad, representen a todos los grupos y procuren la integración.

La democracia, sin el establecimiento de la esfera de lo indecidible que delimitan los derechos humanos, se reduce a un conjunto de procedimientos para negociar intereses y preferencias. Esto tiene como consecuencia que las corporaciones que logran organizarse e imponer sus posiciones, establecen un pacto de privilegios que excluye a los más débiles. Un programa político igualitarista, en cambio, establece un

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conjunto de derechos y de obligaciones correlativas que se atribuyen a todos, para garantizar un compromiso recíproco.

La calidad de la democracia depende también de la adhesión racional y afectiva a este programa en el conjunto de la población. Esta adhesión es a la vez fundamento y resultado de la interacción social entre individuos que se reconocen iguales en dignidad y de la participación política en la deliberación sobre los asuntos comunes. Un plan nacional de convivencia y derechos humanos debe hacer foco en el pacto político constituyente, como punto de partida y cimentación de toda su construcción. De allí surgen las reglas y los marcos normativos a partir de los cuales regular y comandar la vida en común. No es un mero marco jurídico materia de expertos y que se vive como alejado de la vida cotidiana de la población, sino pacto político que es vivido como compromiso recíproco.

Es desde allí que adquiere todo su sentido la noción de autoridad. Reivindicar la autoridad implica un compromiso con la construcción del lazo social y de durabilidad de ese mundo en común. La autoridad no es más que el proyecto que nos autoriza a actuar. Aunque guarda una relación con el poder, la autoridad no se reduce a éste. Una autoridad que privilegia el recurso a la violencia y la coacción deja de ser tal, se convierte en mera dominación y es el síntoma más elocuente del fracaso de un proyecto de reconstitución de lo político y lo público. El fundamento último de la autoridad reside en normas aceptadas y reconocidas, para lo cual la edificación de un nuevo espacio público de ciudadanía requiere de instituciones y estructuras normativas. Un plan nacional de convivencia y derechos humanos tiene que poder ayudar a identificar esas necesidades.

En el espacio de lo político, el momento de lo institucional juega un papel fundamental. La Constitución fija los procedimientos para la adopción de decisiones. Sin

esos

procedimientos

nos

encontramos

enfrentados

entre

posiciones

contrapuestas, que el proceso deliberativo puede intentar reducir a acuerdos. No obstante, en determinado momento hay que tomar decisiones. Éste es el rol de los

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cargos de responsabilidad institucional. En este marco se inscribe la representatividad de las funciones legislativas, administrativas y políticas, en las que importa recoger el principio de las mayorías como criterio de decisión. Sin embargo, también importa el control del pacto, que impone un acuerdo sobre lo que no se puede decidir, que tiene una lógica contra mayoritaria y que es propio de la función judicial.

Si bien el derecho positivo establece unas reglas de juego para el ejercicio de los poderes, los textos normativos no pueden estar exentos de vaguedad y ambigüedad, ni prever todas las situaciones. Requieren, por lo tanto, de la interpretación de autoridades y magistrados que siempre tienen un cierto margen de discrecionalidad. Además, en última instancia, las instituciones están encarnadas por personas. Las instituciones tienen que ser evaluadas, por lo tanto, en términos de sus actuaciones y no meramente en la medida de su deber ser normativo. Para que las instituciones efectivamente operen como garantías de derechos, es necesario no sólo un buen diseño normativo, sino la generalización de una cultura institucional de servicio en la función pública, prácticas de transparencia y rendición de cuentas, y un sistema de controles y contrapoderes.

El concepto de ciudadanía emergente desde esta perspectiva incluye pero trasciende los aspectos tradicionales de la ciudadanía formal, asociada al derecho a elegir los cargos de representación y a ser elegido. Implica un involucramiento en la deliberación sobre los asuntos comunes, de cuestiones como los modelos de desarrollo, los modos de distribución y redistribución de la riqueza, las atribuciones de derechos y obligaciones, los problemas o desafíos y los modos de responder a ellos, y las opciones de inversión sobre los fondos públicos. Las múltiples formas de participación ciudadana en estos procesos, van desde el control sobre las autoridades, hasta el aporte de visiones y soluciones que enriquecen los procesos de las políticas públicas. Las instancias participativas deben conformarse como un insumo fundamental durante estos procesos.

26

Las políticas públicas son el espacio convocante para el ejercicio de la ciudadanía así entendida. Es necesario construir esas políticas con procesos de deliberación y con un enfoque de derechos humanos que le aporte su racionalidad al diagnóstico, los planes de acción, la asignación presupuestaria, el monitoreo y la evaluación del conjunto de la acción del Estado. Para ello es necesario un plan nacional de convivencia y derechos humanos. Y es también necesario avanzar hacia la conformación de un sistema nacional de derechos humanos que articule los poderes del Estado, los ámbitos descentralizados y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en perspectiva a la construcción de las políticas públicas.

Finalmente, no podemos ignorar la discusión sobre la revisión del pasado reciente de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, cometidas en el marco del terrorismo de Estado. Ello también reclama la deliberación pública y la resolución política. Es además significativo a los efectos de la construcción de sentido de la institucionalidad.

1.1. Espacio público y nuevas formas de convivencia.

El descuido y la decadencia del espacio público, son expresiones de los problemas en la convivencia y se convierten en símbolo de la desesperanza y del desinterés por construir una comunidad de iguales. Como contracara, la calidad, el cuidado y la inversión en espacios públicos, son expresión de una sociedad que cree y construye un proyecto en común. El espacio público es un lugar de encuentro entre los diversos, al que todos pueden acceder y, por ello, es también símbolo de una sociedad de iguales. En consecuencia, la multiplicación y cualificación de los espacios públicos tiene un carácter estratégico para la promoción de relaciones sociales plurales. Deben ser concebidos y diseñados en el marco de una perspectiva de desarrollo territorial estratégico, como referentes organizadores de las oportunidades de encuentro. Esto abarca, tanto los espacios físicos públicos, como la movilidad y los contenidos de actividades comunitarias y programación cultural asociados a ellos.

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Resulta fundamental articular las acciones dirigidas a la creación y jerarquización del espacio público, con una dimensión de comunicación que vuelva visible y explícito su carácter simbólico. Al tiempo, es oportuno realizar acciones masivas de comunicación y difusión de derechos y responsabilidades, pensadas desde el estímulo y la participación. Estos esfuerzos por revalorizar el espacio público deben ser evaluados mediante instrumentos de aplicación periódica y sostenida, que permitan recoger la percepción sobre las políticas y la valoración de lo público.

Objetivo estratégico 1.1.1. Promover relaciones sociales plurales e igualitarias dentro de un espacio público pensado para la libertad.

Objetivo específico 1.1.1.1. Desarrollar habilitaciones y habilidades sociales para el encuentro, el disfrute compartido, la deliberación pública y la emisión de opiniones libres de coacciones y violencias.

Algunos asuntos:

•

Generar espacios públicos que se constituyan en referentes simbólicos de alta valoración, ya sea por su diseño estético y funcional, ya sea por la jerarquización y la calidad de los servicios, ya por las propuestas culturales en clave de integración social.

•

Facilitar y promover la movilidad mejorando el transporte público.

•

Promover acciones masivas de comunicación y difusión de derechos y responsabilidades, pensadas desde el estímulo y la participación, desde el reconocimiento como iguales en la diversidad.

•

Construir mecanismos de evaluación y rendición de cuentas de las estrategias y acciones de valorización de lo público.

28

1.2. Derechos fundamentales y marco normativo.

En Uruguay, en los últimos tiempos, se ha debilitado el debate sobre los derechos políticos y la ampliación de su arquitectura constitucional. Producto de una crisis socioeconómica, la problemática de los derechos sociales ha ocupado la mayor parte de la agenda pública. Del mismo modo, en sintonía con los cambios sociales y culturales propios de la modernidad tardía, nuestro país ha impulsado iniciativas muy relevantes en materia de derechos de identidad y reconocimiento.

Es necesario retomar el espíritu fundacional del pacto político y la revisión de los marcos normativos e institucionales. Es tiempo de pensar en una adecuación y actualización de la Constitución. En este sentido, es conveniente dar claridad al rango constitucional de los derechos humanos, considerar el modo de ejercer el control de constitucionalidad, racionalizar la estructura jerárquica de las normas, establecer mecanismos institucionalizados de la participación en los procesos de políticas públicas y ampliar la ciudadanía. Asimismo, es necesario revisar los dispositivos institucionales y concentrar esfuerzos en la construcción de una cultura institucional.

Objetivo estratégico 1.2.1. Consolidar un sistema institucional sustentable, transparente, democrático, racional y eficiente.

Objetivo específico 1.2.1.1. Desarrollar una política de formación de actores relevantes de la institucionalidad pública.

Algunos asuntos:

•

Producir instancias de formación para la ciudadanía en un marco democrático.

•

Promover criterios de reforma de los planes en las carreras universitarias, con énfasis en la formación de profesionales orientados hacia lo público y el compromiso institucional.

29

•

Fomentar un nuevo marco educativo y de formación de los operadores de justicia.

•

Promover la formación de cuadros políticos en materia de derechos humanos, técnica legislativa y políticas públicas.

Objetivo específico 1.2.1.2. Racionalizar el sistema normativo.

Algunos asuntos:

•

Repensar los mecanismos de control de la constitucionalidad.

•

Actualizar el contenido normativo de la Constitución, reservándolo a las cuestiones fundamentales.

•

Debatir acerca de la conveniencia de distinguir por tipos de leyes, por ejemplo, leyes marco o fundamentales y leyes ordinarias.

•

Promover la sujeción a las reglas de técnica y racionalidad en el proceso de elaboración de la ley.

•

Redefinir los institutos de democracia directa y los propios mecanismos para la reforma constitucional.

•

Fomentar la difusión ciudadana del marco normativo.

Objetivo específico 1.2.1.3. Fortalecer los mecanismos de toma de decisiones y su transparencia.

Algunos asuntos:

•

Fortalecer la producción de información para la toma de decisiones en los procesos de producción normativa y de construcción de políticas públicas.

•

Garantizar el acceso a la información pública desarrollando una cultura de la información que promueva la participación ciudadana.

•

Reforzar la rendición de cuentas periódica del Estado en cuanto a las decisiones y prácticas políticas.

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Objetivo específico 1.2.1.4. Fortalecer un sistema de justicia accesible, transparente, independiente, imparcial, bien formado y eficiente.

Algunos asuntos:

•

Realizar diagnósticos sustantivos sobre los problemas de acceso a la justicia y adoptar planes de acción para avanzar en las garantías que lo hagan efectivo.

•

Monitorear el funcionamiento general del sistema garantizando la imparcialidad de la justicia.

•

Asegurar la transparencia de los actos administrativos relativos a la designación, traslado, ascenso y sanción a los jueces.

•

Garantizar la independencia política, administrativa y financiera del Poder Judicial.

•

Repensar la ubicación institucional del Ministerio Público y Fiscal.

•

Reformular y jerarquizar la incidencia de la Junta de Transparencia y Ética Pública en el conjunto del sistema.

•

Redefinir la ubicación institucional y funcionamiento de la Defensoría Pública.

•

Jerarquizar y profundizar la formación de todos los operadores del sistema de justicia.

Objetivo específico 1.2.1.5. Fortalecer la democracia representativa.

Algunos asuntos:

•

Fortalecer el sistema de partidos políticos promoviendo la participación ciudadana.

•

Facilitar el acceso al ejercicio del derecho a votar de los uruguayos radicados en el exterior.

31

•

Favorecer los derechos de ciudadanía de los extranjeros residentes en nuestro país.

•

Garantizar el ejercicio de derecho al voto de las personas privadas de libertad no inhabilitadas por sentencia judicial.

Objetivo estratégico 1.2.2. Promover la democracia internacional y posicionar a Uruguay como país promotor y defensor de la paz y de los derechos humanos.

Objetivo específico 1.2.2.1. Jerarquizar los compromisos internacionales contraídos por el país en relación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Algunos asuntos:

•

Definir la validez y jerarquía que en el ámbito interno tienen los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales.

•

Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas ante los organismos internacionales de los que el Estado es parte.

•

Dar seguimiento a los pronunciamientos de los organismos internacionales reconocidos por Uruguay.

•

Priorizar una política exterior activa en la promoción y defensa de la paz y de los derechos humanos tanto en el ámbito regional como universal.

1.3. Deliberación política y participación ciudadana como herramientas para la universalización, profundización y promoción de los derechos humanos.

El fortalecimiento de la vida democrática requiere de la apertura, el mantenimiento y la institucionalización de instancias que habiliten la participación en los espacios de construcción social. Para que estos espacios logren conformarse e instituirse con densidad y con posibilidad de incidencia política, son necesarios esfuerzos conjuntos

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de las instituciones políticas, de la sociedad civil organizada y del conjunto de la ciudadanía.

Esto supone que exista un núcleo de decisiones que deben ser tomadas de forma definitiva y estable, el que corresponde a las autoridades adoptarlas, pero que deben poder ser sometidas al control ciudadano a través de la habilitación de canales de diálogo lo suficientemente fluidos. La deliberación pública requiere además el acceso a la información relevante y esto exige continuar repensando y desarrollando las capacidades institucionales para producir y volver accesible la información sobre los procesos de política pública y gestión del Estado.

El fomento de los instrumentos de participación debe apuntar, fundamentalmente, a la construcción colectiva y política de las preferencias ciudadanas. Las instancias deliberativas se constituyen como un conjunto de prácticas y reglas que, fundadas y cultivadas desde el pluralismo, la igualdad política y el intercambio colectivo, son capaces de reducir -en el mejor de los casos, eliminar- los obstáculos para la cooperación y el diálogo entre individuos libres, iguales, pero también diversos en preferencias y estrategias personales.

Objetivo estratégico 1.3.1. Promover instrumentos de participación que faciliten la deliberación de los asuntos públicos.

Objetivo específico 1.3.1.1. Fortalecer y racionalizar ámbitos de deliberación entre la sociedad civil y el Estado.

Algunos asuntos:

•

Fortalecer la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo difundiendo sus cometidos específicos y dotándola de las herramientas necesarias para cumplir con sus funciones.

33

•

Desarrollar las capacidades de los individuos y la sociedad civil para la deliberación pública.

•

Promover el rol de la Institución Nacional de Derechos Humanos como articulador del diálogo propositivo entre Estado y sociedad civil.

•

Considerar las dimensiones locales en la deliberación pública.

Objetivo específico 1.3.1.2. Impulsar la participación social en las distintas etapas de las políticas públicas.

Algunos asuntos:

•

Promover la participación de la sociedad en las etapas de diseño y evaluación de las políticas públicas.

•

Profundizar y generalizar instancias de participación en el funcionamiento del mercado por parte de los consumidores.

1.4. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos

La realización de los derechos humanos requiere de la adopción de medidas para garantizar niveles mínimos de acceso a derechos humanos y la progresiva realización de mayores niveles de satisfacción. Los procesos cíclicos de las políticas públicas deben encadenar racionalmente el diagnóstico, la definición de planes de acción, la asignación presupuestaria de los recursos necesarios para realizar las medidas planificadas, la ejecución, el monitoreo y seguimiento, la rendición de cuentas y la evaluación que retroalimenta un nuevo ciclo de política pública. Resulta imprescindible superar los niveles de fragmentación existentes en la institucionalidad y en los programas que hoy ejecutan las políticas. Es necesario planificar con mirada estratégica de conjunto, articulando los diferentes ámbitos sectoriales y los niveles centrales con los locales en una perspectiva de desarrollo desplegada en el territorio.

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El enfoque de derechos humanos da un marco para esta planificación estratégica partiendo desde un diagnóstico construido a partir de indicadores de derechos humanos y estableciendo procedimientos de participación y acceso a la información. En este marco resulta fundamental el rol de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como organismo técnico que articula a los diferentes ámbitos sectoriales así como los niveles de gobierno, tanto centrales como departamentales y municipales y posibilita los procesos de construcción de la visión estratégica de conjunto y de los acuerdos políticos para institucionalizarla. También resulta relevante el rol de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia en la transversalización del enfoque de derechos humanos en estos procesos. Los cometidos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República constituyen un apoyo técnico para los procesos de deliberación y de decisión en el Consejo de Ministros y la Presidencia de la República, qué son los ámbitos políticos de decisión del poder ejecutivo.

Asimismo son importantes los ámbitos especializados en derechos humanos en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial que existan o que puedan crearse, en perspectiva a la conformación de un sistema nacional de derechos humanos. En tal sistema, es clave la función de la Institución Nacional de Derechos Humanos como ámbito experto independiente que asesora, observa y recomienda la adopción de medidas de política pública desde la perspectiva de los derechos humanos, y en particular el rol de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos y de los grupos temáticos, como espacio de articulación de la sociedad civil y el Estado en los procesos de construcción y seguimiento de las políticas públicas.

Objetivo estratégico 1.4.1. Desarrollar una planificación estratégica de las políticas pública con enfoque de derechos humanos.

Objetivo específico 1.4.1.1. Fortalecer la capacidad de planificación estratégica y de articulación entre los actores sectoriales así como entre el nivel central y el local para la construcción de políticas públicas integrales.

35

Algunos asuntos: 

Fortalecer el rol de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como organismo técnico planificador y articulador de los procesos de construcción de políticas públicas.



Racionalizar la diversidad de programas existentes en los diferentes organismos que ejecutan políticas públicas de modo de dotarlas de un carácter sistémico basado en el enfoque de derechos humanos.



Racionalizar los ámbitos de articulación interinstitucional de modo de dotar a la institucionalidad de modo que funcionen con autonomía pero articulados según el principio de subsidiaridad.



Redefinir el carácter de las comisiones y comités asesores de las diversas temáticas relacionadas con derechos humanos, encauzándolos en los procesos de deliberación y construcción de políticas públicas, en el marco de la Institución Nacional de Derechos Humanos.



Definir un plan nacional de desarrollo que articule las políticas económicas y productivas con las políticas sociales desde la perspectiva del desarrollo humano.



Incorporar el proceso de construcción del plan nacional de educación en derechos humanos al proceso más general de construcción del plan nacional de convivencia y derechos humanos.

Objetivo específico 1.4.1.2. Transversalizar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas.

Algunos asuntos: 

Fortalecer las funciones de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República como órgano articulador de la del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas del Poder Ejecutivo.

36



Fortalecer el rol de la Institución Nacional de Derechos Humanos, consolidando un diálogo constructivo permanente con el Estado.



Fortalecer el relacionamiento con los organismos internacionales de los sistemas de protección de derechos humanos en articulación con los procesos de construcción de políticas públicas.



Fortalecer la comisión interinstitucional para el relacionamiento con los organismos internacionales de derechos humanos, articulando

la

elaboración de informes y el seguimiento de las observaciones y recomendaciones que desde estos ámbitos se le hagan al Estado con los procesos de política pública, de modo que sea una elaboración subordinada al seguimiento y evaluación de las políticas. 

Promover la conformación de un sistema Nacional de Derechos Humanos que articule los poderes del Estado, los organismos descentralizados y la Institución Nacional de Derechos Humanos, en perspectiva a la construcción de políticas públicas.



Institucionalizar los procedimientos de construcción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos mediante una ley que establezca el Plan Nacional de Convivencia y Derechos Humanos.

Objetivo específico 1.4.1.3. Impulsar y fortalecer un sistema de información con enfoque de derechos humanos, con la finalidad de garantizar el monitoreo, la evaluación y la transparencia de las políticas públicas.

Algunos asuntos: 

Incorporar el enfoque de derechos humanos en los sistemas de información existentes.



Crear en el marco del Área de Gestión y Evaluación del Estado un sistema integrado de esa información, que permita realizar el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas así como garantizar el acceso público a esa información.

37



Crear un sistema nacional de indicadores en derechos humanos.

Objetivo específico 1.4.1.4. Consolidar mecanismos de participación de sociedad civil en los procesos de construcción de las políticas públicas.

Algunos asuntos: 

Fortalecer la Asamblea Nacional de Derechos Humanos y los grupos temáticos de la Institución Nacional de Derechos Humanos como ámbitos de deliberación y construcción de consensos en materia de políticas públicas.



Crear dispositivos de evaluación y monitoreo de las políticas públicas basados en sistemas de indicadores de derechos humanos.



Desarrollar las capacidades del Estado para garantizar el acceso público a la información.

Objetivo específico 1.4.1.5. Fortalecer en la ENAP la formación en gestión pública con enfoque de derechos humanos a los funcionarios públicos y a quienes invisten cargos políticos.

Algunos asuntos: 

Desarrollar cursos para todos los funcionarios públicos sobre políticas públicas con enfoque de derechos humanos.



Desarrollar cursos específicos para cargos gerenciales y de conducción política sobre políticas públicas con enfoque de derechos humanos.



Desarrollar cursos específicos para funcionarios públicos en temas de particular relevancia en materia de derechos humanos, dando prioridad a funcionarios policiales, funcionarios militares y funcionarios que trabajan con personas privadas de libertad o en situación de internación.

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

Desarrollar campañas de opinión pública sobre el rol del funcionario público como actor garante de los derechos humanos, con la finalidad de jerarquizar su rol así como hacer conocer la importancia del control ciudadano sobre el cumplimiento de su función.

1.5. “Nunca más”.

Verdad, justicia y memoria son, además de acciones reparatorias, condiciones para que nunca más ocurra el terrorismo de Estado. La clara condena a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, es parte de la cimentación del pacto de convivencia. Como acciones reparatorias, tienen una doble dimensión. Una individual, que requiere sobre todo de medidas de restitución, rehabilitación y reparación simbólica; entre ellas, el reconocimiento y el esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido. También tienen una dimensión colectiva, en la construcción del imaginario, en el que el peso simbólico de la reparación apunta a la desnaturalización de los crímenes, a poder verlos como crímenes inaceptables, y no como hechos comprensibles en el marco de una guerra.

La construcción de la memoria, en tanto imaginario colectivo, no puede y no debe reducirse un relato único, a una historia oficial. Por el contrario, debe promoverse una construcción colectiva a partir de la diversidad de relatos. La investigación académica, la constitución de archivos y la búsqueda de pruebas documentales aporta a la construcción de esta memoria colectiva. Los distintos puntos de vista van tejiendo una trama polémica que no se resuelve en un cierre por decreto del tema, sino que conforman un complejo proceso colectivo de construcción.

Objetivo estratégico 1.5.1. Construir garantías de no repetición del terrorismo de Estado mediante la implementación de una política integral sobre las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente.

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Objetivo específico 1.5.1.1. Profundizar en el conocimiento sobre las graves violaciones a los derechos humanos: desaparición forzada, muertos por la acción de agentes del Estado, prisión política, tortura.

Algunos asuntos: 

Profundizar los esfuerzos para esclarecer la verdad sobre las desapariciones forzadas y las muertes por la acción de agentes del Estado.



Desarrollar una investigación exhaustiva sobre la prisión política y la tortura.



Constituir un equipo de investigadores para profundizar el conocimiento de la verdad y

contribuir con las causas judiciales en curso y las que

eventualmente se promuevan en el futuro. 

Continuar los esfuerzos tendientes al hallazgo de los restos de los desaparecidos.



Profundizar los esfuerzos para una construcción social de la verdad a partir del esclarecimiento de todos los hechos del terrorismo de Estado y la comprensión de su funcionamiento.

Objetivo específico 1.5.1.2. Promover la sanción penal a quienes resulten responsables, según un debido proceso penal, de la planificación y ejecución del terrorismo de Estado.

Algunos asuntos: 

Contribuir con las causas judiciales en curso y las que eventualmente se promuevan en el futuro.



Coordinar y colaborar con la Unidad Especial del Ministerio del Interior constituida a los efectos de auxiliar a jueces y fiscales en el marco de causas judiciales de derechos humanos.

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Objetivo específico 1.5.1.3. Fomentar la memoria desde la apertura a la pluralidad de relatos, como elemento creador de comunidad y compromiso con el “Nunca más” y fortalecer las políticas de reparación.

Algunos asuntos: 

Producir materiales para la difusión amplia a nivel de instituciones de enseñanza, sociedad civil, etc.



Fortalecer las acciones de reparación, con énfasis en las medidas de rehabilitación y reparación simbólica.



Unificar los trabajos de diversos organismos encargados de las políticas de reparación y de asistencia a las víctimas del terrorismo de Estado.

Objetivo específico 1.5.1.4. Fortalecer las políticas de archivos de la memoria.

Algunos asuntos: 

Profundizar y consolidar el Archivo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y la Base de Datos Unificada.



Profundizar los trabajos de digitalización del archivo de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y de las Jefaturas de Policía Departamentales en curso.



Ajustar los mecanismos operativos para asegurar el intercambio con los archivos de derechos humanos de los países de la región en el marco de los acuerdos suscriptos entre los gobiernos del MERCOSUR y países asociados.

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EJE 2. EL ESTADO COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS SOCIALES.

El recorrido histórico de los modelos de bienestar y protección social en América Latina en general, y en Uruguay en particular, ha estado vinculado a la historia de sus modelos de desarrollo y los diferentes marcos ideológicos que predominaron en distintas etapas. En las primeras décadas del siglo XX, Uruguay comenzó a desplegar un extenso sistema de políticas sociales de orientación universal. Este sistema se estructuró en base al mercado de empleo y se desarrolló en sus comienzos estratificadamente al irse incorporando los beneficios según sector laboral, destinado, en gran medida, a la población incorporada formalmente en el mercado de empleo. A la par de ese tipo de protección con base en la situación laboral de las personas, el país desarrolló políticas con orientación universal de amplia cobertura, en particular relativas a salud y educación. En ese esquema clásico, las prestaciones sociales asistenciales con orientación focalizada hacia grupos vulnerables de población ocupaban un lugar residual.

En materia de seguridad social, a mediados del siglo pasado, la cobertura se había extendido a los distintos sectores de actividad y los programas, algunos aún en forma incipiente, se habían desplegado para cubrir las distintas contingencias, tanto de riesgos de largo plazo (jubilaciones y pensiones) como de corto plazo (desempleo, enfermedad, accidentes de trabajo), así como se desarrollan beneficios de asignaciones familiares en forma descentralizada y conectada a los sectores de actividad a través de los consejos de salarios y con administración tripartita. Ese modelo que en sus comienzos estratificó el acceso a la protección y tuvo dificultades para la incorporación de los trabajadores informales, fue tendiendo lentamente a la centralización institucional y a la nivelación de los beneficios, la creación del Banco de Previsión Social en la década del sesenta, que unifica bajo una misma dirección política las denominadas “Cajas”, aunque no todas las existentes, constituye un hito de dicha tendencia que no culminó allí.

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La pauta reformista de la década de los noventa, supuso una contracción de los roles estatales en materia social, regulatoria y empresarial. En términos generales, disminuyó la calidad de las prestaciones con orientación universal y, en el ámbito asistencial, los esfuerzos públicos se destinaron al despliegue de medidas de combate a la pobreza, generando una multiplicación de programas sociales focalizados, dispersos en el entramado público y con dificultades de coordinación. Se careció de una perspectiva sistémica del esquema de protección social; en cambio, las modificaciones se dieron en clave sectorial y de programas aislados del resto de la oferta pública social existente.

Las dos últimas administraciones de gobierno han significado un avance en la construcción y consolidación de un conjunto integrado de políticas sociales, en el que se articulan las tradicionales áreas sectoriales con un conjunto de políticas de nueva generación orientadas a la inclusión e integración de personas y colectivos vulnerables. Se ha propiciado así un cambio de rumbo en materia de bienestar y protección social. Se recuperó un mayor intervencionismo estatal y se generaron reformas de políticas sectoriales -en particular en salud, empleo y seguridad social- y se fortaleció el componente asistencial del esquema. El panorama general muestra que se ha mejorado los principales indicadores en el mercado de trabajo, se ha progresado en cuanto al acceso a la seguridad social, se ha incorporado a amplios sectores de población a la cobertura sanitaria formal y se ha activado una salvaguarda mínima a poblaciones en condición de extrema vulnerabilidad.

Más allá de esas mejoras, cabe reconocer ciertos nudos críticos en estos componentes centrales del esquema de protección social. Si bien es inevitable cierto grado de fragmentación de las políticas de bienestar y protección social, una encrucijada política fundamental parece ser determinar qué derechos son para todas las personas, cómo se garantizan y cómo se instrumenta su garantía. Ello supone, por tanto, instituciones, políticas y prestaciones concretas, pero también requiere de una definición de las atribuciones y responsabilidades del Estado, del mercado y de las familias. En líneas generales, los esquemas de protección social están basados en acuerdos sociopolíticos,

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capacidades institucionales y decisiones concretas adoptadas por la sociedad en un momento histórico determinado. Ese tipo de equilibrios son los que condicionan qué derechos se deben garantizar a las personas, cómo y de qué forma se ejecuta la garantía. En la medida que el enfoque de derechos ha venido teniendo un creciente protagonismo en el diseño e implementación de políticas sociales, la conceptualización de la protección social como garantía de ciudadanía implica entenderla como un conjunto de derechos que el Estado se compromete a asegurar a la población. En este marco los resultados particulares logrados respecto a la nueva agenda de derechos requieren una armonización con el plan estratégico de derechos y convivencia.

2.1. Protección social.

Si bien el sistema previsional viene alcanzando altos porcentajes de cobertura poblacional, sobre la base del importante crecimiento del empleo formal en relación al empleo total y de las modificaciones programáticas realizadas en los últimos años en la materia, existen determinados niveles de disparidad, ya que si bien se ha ampliado la puerta del mercado laboral para lograr consagrar los derechos sociales de las personas, quedan situaciones fuera de este ámbito. Por ejemplo, la conexión entre los aportes realizados durante la vida laboral y la cobertura previsional, provoca que un número importante de trabajadores informales e inestables tengan menores posibilidades de acceso a protección.

También será necesario avanzar en la implementación de un sistema nacional de cuidados. Los cuidados son una tarea de humanización y solidaridad necesaria para crecer, sobrevivir y llevar en dignidad la parte final de la vida. Esta política se dirigirá en primera fase a niños hasta los tres años, a personas discapacitadas física y mentalmente y a personas adultas mayores con necesidades de dependencia, como un modo de garantizarles condiciones de vida digna. Tenderá asimismo a corregir las inequidades de género, ya que el cuidado ha sido confiado históricamente a las mujeres, generando una injusta distribución social del trabajo respecto a esta

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actividad. Se habilita así la salida de las mujeres al mundo del trabajo, lo que constituye una de las dimensiones que levanta en mayor nivel las capacidades de desarrollo, autoestima e independencia social y económica, además de habilitar la participación en el mundo público, los procesos de individualización y el sostenimiento de proyectos personales. Es así que el Sistema, hará un aporte sustancial a la convivencia, los derechos de la ciudadanía y el desarrollo del país con equidad e inclusión.

En cuanto a las políticas de asistencia, en las dos últimas administraciones se impulsó un conjunto de medidas y planes destinados a la atención de un amplio conjunto de riesgos sociales. El conjunto de prestaciones focalizadas ha llevado a importantes aumentos en la cobertura de la protección pública, principalmente a grupos poblacionales anteriormente excluidos de la misma. No obstante, persisten desafíos importantes en relación a la articulación de los distintos componentes de la matriz de protección social y a favorecer la superación sostenida de las condiciones de vulnerabilidad social. El Estado debe estructurar las garantías de los derechos sociales, económicos y culturales con orientación universal, pero desplegando a la vez instrumentos de focalización. A pesar de los avances obtenidos en los últimos años, sigue siendo necesario mejorar los niveles de complementariedad y coordinación de las acciones sociales. Para ello, entre otras cosas, es necesario profundizar las capacidades institucionales para ejercer, de forma efectiva, la tarea de coordinación de la matriz de protección social.

Una mención aparte merece la protección social a la primera infancia. A pesar de los notorios avances registrados en los últimos años, el país tiene aún fuertes desafíos a la hora de garantizar un adecuado desarrollo infantil de todos sus niños y niñas. El objetivo principal es construir un sistema de protección integral a la primera infancia, desde la gestación y hasta los cinco años de vida. Adicionalmente, resulta necesario mejorar la calidad y cobertura de las actuales prestaciones. Por último, se requiere prestar especial atención a sectores de la población que aún presentan fuertes

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situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, las que luego se traducen en daños o riesgos que afectan el desarrollo infantil.

Objetivo Estratégico 2.1.1. Consolidar una matriz de protección social pública acorde a las características actuales del país y orientada a asegurar los derechos de todos los habitantes del Uruguay en condiciones de equidad, en especial de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Objetivo específico 2.1.1.1. Consolidar una matriz de protección social que integre de forma articulada los componentes universales, focales y transversales.

Algunos asuntos: 

Favorecer el acceso de todas las personas al componente universal de la matriz de protección social, promoviendo la articulación entre las distintas sectoriales que integran este componente y generando mecanismos que faciliten el acceso por parte de personas en situaciones de vulnerabilidad.



Avanzar en la integración de las políticas focalizadas en el marco de una Red de Asistencia e Integración Social orientada a la protección y promoción de los derechos de las personas y colectivos afectados por la pobreza u otros riesgos sociales asociados a la misma.



Fortalecer el conjunto de políticas dirigidas al abordaje de situaciones de especial vulneración de derechos (pobreza extrema; situación de calle; personas en conflicto con la ley penal; desprotección a la infancia; explotación sexual; discriminación; entre otros fenómenos), apoyando a las estrategias de trabajo de cercanía y dotando a éstas de apoyos materiales adecuados para la superación de las problemáticas abordadas.



Desarrollar y consolidar un componente de políticas transversales orientadas a eliminar las inequidades debidas a condiciones de género, etnia-raza, ciclo de vida, orientación sexual y discapacidad, fortaleciendo iniciativas ya existentes (Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y

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Derechos, Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, Plan Nacional de Juventudes, Plan Nacional de Vejez y Envejecimiento, entre otros) así como impulsando las nuevas iniciativas que sean necesarias. 

Definir, aplicar y dar seguimiento a estándares de calidad en la provisión de bienes y servicios públicos sociales.



Continuar y fortalecer las prácticas de seguimiento y evaluación de las políticas sociales, avanzando hacia la conformación de un Sistema de Evaluación de Políticas Sociales.



Tender a la complementariedad de las prestaciones selectivamente destinadas a situaciones de vulneración de derechos con el subsistema de orientación universal.



Generar adecuados niveles de articulación entre las medidas de protección especial con los restantes subsistemas de la matriz de protección social.

Objetivo específico 2.1.1.2. Fortalecer la institucionalidad de soporte del sistema de protección social.

Algunos asuntos: 

Fortalecer las capacidades de la institucionalidad intersectorial para la planificación y articulación de las políticas sociales (Gabinete Social, Consejo Nacional de Políticas Sociales, Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales).



Jerarquizar el rol del MIDES en sus competencias como coordinador y articulador de las políticas sociales del país, independientemente de las atribuciones constitucionales y legales establecidas para otros organismos en sus áreas específicas.



Generar los mecanismos necesarios para fortalecer los aspectos presupuestarios de las políticas sociales.

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

Crear y consolidar canales para la participación social en el diseño y la evaluación de las políticas sociales, instaurando procesos de educación para la participación efectiva.



Consolidar la institucionalidad del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en la rectoría en materia de infancia y adolescencia.

Objetivo estratégico 2.1.2. Generar condiciones de equidad, inclusión e integración en aquellas personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad social.

Objetivo específico 2.1.2.1. Racionalizar el sistema de prestaciones.

Algunos asuntos: 

Poner en funcionamiento en los servicios sociales de carácter universal mecanismos que favorezcan el acceso de personas y colectivos vulnerables.



Generar mayores niveles de complementariedad de los programas de la Red de Asistencia e Integración Social.



Integrar las transferencias de la Tarjeta Uruguay Social y Asignaciones Familiares en un único sistema.



Lograr una mayor articulación entre las transferencias monetarias y los servicios sociales de orientación universal.



Articular el conjunto de dispositivos de transferencias monetarias en un único sistema con la provisión de bienes y servicios.



Diseñar instrumentos específicos de protección considerando la etapa vital de las personas.

Objetivo Estratégico 2.1.3. Lograr el pleno desarrollo de los niños y niñas desde la gestación hasta los cinco años inclusive.

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Objetivo específico 2.1.3.1. Profundizar la implementación de programas, servicios y prestaciones dirigidas a la atención integral a la primera infancia.

Algunos asuntos: 

Crear un marco jurídico para el establecimiento de un sistema integral de protección a la primera infancia, que otorgue garantías para su financiamiento y respaldo normativo a la coordinación interinstitucional requerida.



Revisar el rol de rectoría y fortalecer a cada uno de los prestadores actuales en el marco de un sistema integral de protección.



Generar espacios de coordinación intersectorial de las políticas dirigidas a la atención integral de la primera infancia.



Establecer mecanismos de supervisión de la entrega de las prestaciones y de la verificación de su calidad.



Asegurar las condiciones para el ejercicio pleno del derecho a las decisiones reproductivas.



Aumentar la cobertura de los controles de salud de la mujer embarazada y de los niños y niñas, facilitando el acceso al control precoz de la mujer embarazada.



Incentivar a las familias y cuidadores a la estimulación temprana y a la atención de la salud mediante el fortalecimiento de programas específicos.



Extender la cobertura de la educación inicial, priorizando a la población en situación de especial vulnerabilidad.



Fortalecer las estrategias dirigidas a la prevención y erradicación de maltrato y abuso infantil.

Objetivo estratégico 2.1.4. Asegurar el ejercicio del derecho al cuidado de aquellas personas en situación de dependencia y los derechos y responsabilidades de las personas que cuidan de manera remunerada o no.

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Objetivo específico 2.1.4.1. Diseñar una política pública integral que contemple los derechos y necesidades de las personas dependientes que requieran cuidados y de las personas que cuidan.

Algunos asuntos: 

Fortalecer la función rectora del Estado en el mercado de prestaciones de cuidados.



Garantizar la calidad de las prestaciones de cuidados que realiza el Estado.



Desarrollar los instrumentos necesarios para garantizar institucionalmente y presupuestalmente un Sistema Nacional de Cuidados.



Instrumentar prestaciones específicas para todos los grupos de personas en situación de dependencia, permanente o transitoria.



Establecer instrumentos de reconocimiento de las responsabilidades diferenciales de las personas que cuidan.

2.3. Salud.

Desde la implementación de la reforma de la salud en el año 2007, el país ha dado un importante paso en materia de establecer el derecho universal a la salud de todos los habitantes. Hasta entonces la única referencia era el artículo 44 de la Constitución de la República, el que establece que el Estado es responsable de la salud de aquellos que no cuentan con los recursos necesarios, en tanto que el resto de la población es responsable de su salud. La reforma comprende al menos tres pilares fundamentales: la salud es concebida como un derecho humano y su objeto un bien público; la financiación del sistema descansa en un fondo público obligatorio (FONASA); el Estado es responsable de garantizar la cobertura universal, con énfasis en acceso oportuno, calidad homogénea y protección financiera.

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Uruguay cuenta hoy con acceso universal a prestaciones muy importantes que en muchos países no están cubiertas. El Plan de Atención Integral a la Salud (PIAS), que obliga a todos los prestadores a brindar un catálogo de prestaciones, es un componente fundamental del avance sustancial en una política garantista. Desde su implementación, la reforma tuvo que resolver varios problemas urgentes, pero quedan aún pendientes importantes desafíos. Entre otros, mejorar la calidad con equidad de las prestaciones en todo el territorio nacional, una justa distribución de la financiación, mejorar el acceso a la información y la participación de los usuarios, desarrollar un primer nivel resolutivo como puerta de entrada al sistema, y el acceso de sectores en situación de vulnerabilidad social.

Objetivo Estratégico 2.3.1. Universalizar la atención de la salud con calidad homogénea.

Objetivo específico 2.3.1.1. Continuar dotando a la salud del carácter de bien público garantizado mediante prestaciones universales, generando los resguardos para evitar su mercantilización.

Algunos asuntos: 

Asegurar la protección financiera para el acceso a las prestaciones en salud independientemente de los avatares económicos por los que transite el país.



Desarrollar acciones para adecuar las competencias, dotación y distribución de los Recursos Humanos en Salud (RHS) en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), asegurando

que los recursos humanos tengan la

capacitación para el desarrollo de los distintos programas. 

Desestimular las modalidades de retribución que favorecen un lógica mercantil, distorsionan la demanda y perjudican la relación médico – paciente, como el pago por acto médico.

51



Fortalecer la infraestructura, tecnología, dotación y distribución de recursos humanos en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (RIEPS) para garantizar la mejor calidad de sus prestaciones.



Implementar los ajustes presupuestales para que el gasto promedio por cápita se equipare entre los usuarios con cobertura del sector público y del sector privado.



Revisar el peso de los copagos en el actual esquema, procurando una progresiva eliminación de los mismos para que no actúen como barrera para el acceso ni como mecanismo recaudador.



Procurar que el desarrollo o el ingreso de tecnología en la salud sea debidamente regulado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para evitar su mercantilización y asegurar la sostenibilidad del sistema.



Destinar fondos y recursos para mejorar las investigaciones relacionadas a las enfermedades prevalentes.



Generar las condiciones asistenciales para efectivizar el derecho a la finalización digna de la vida, promoviendo los cuidados paliativos.



Profundizar la regulación y el control del manejo de la publicidad por la industria farmacéutica.

Objetivo específico 2.3.1.2. Producir y hacer accesible la información sobre las políticas de salud y promover la participación de los usuarios.

Algunos asuntos: 

Fortalecer sistemas de información, que hagan posible una adecuada rendición de cuentas (ejecución financiera, calidad de la atención, etc.) a la ciudadanía y el ejercicio pleno de derecho de las personas a ser dueñas de su historia clínica.



Asegurar el acceso de la población al conocimiento de sus derechos, los hábitos saludables, y las políticas públicas en el campo de la salud.

52



Continuar mejorando la producción de estadísticas en salud.



Fortalecer la participación social, en el marco de la reforma de la salud, con énfasis en sus dimensiones de control social de la gestión, incidencia en los determinantes sociales de la salud, y facilitación del dialogo entre usuarios, equipo de salud y gestores.

Objetivo específico 2.3.1.3. Mejorar la calidad de la atención, disminuyendo la fragmentación del sistema mediante una dinámica de redes, con una fuerte planificación territorial.

Algunos asuntos: 

Profundizar el desarrollo de políticas de promoción de salud y prevención de enfermedades prevalentes.



Fortalecer el desarrollo de la Red Integrada de Servicios de Salud de base regional (RISS-R) de ASSE, mejorando la calidad asistencial desde una planificación y coordinación de sus efectores con fuerte anclaje territorial, y un uso eficiente de los recursos basados en una gestión operativa descentralizada.



Consolidar el rol de coordinación de ASSE de los prestadores públicos a través de la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (RIEPS).



Fortalecer el despliegue territorial y la efectividad de los efectores de primer nivel de atención, en base a la complementación público-público (RIEPS) y público-privado.



Fortalecer la coordinación y articulación de la salud con otras políticas y servicios sociales, “Salud en Todas Las Políticas” en orden al abordaje intersectorial de los determinantes sociales.



Habilitar los espacios de incidencia y fomentar un cambio de actitud en la población respecto a su involucramiento para modificar los determinantes sociales en salud.

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Objetivo específico 2.3.1.4. Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva.

Algunos asuntos: 

Fortalecer las políticas de salud vinculadas a derechos sexuales y derechos reproductivos, mediante la capacitación del personal médico y técnico, y el aseguramiento de prestaciones relacionadas al control de salud y las decisiones sexuales y reproductivas (educación sexual, provisión gratuita de métodos anticonceptivos, interrupción voluntaria del embarazo, atención a las opciones sexuales entre otras).



Iniciar acciones para asegurar la salud sexual y la salud reproductiva de los varones y su corresponsabilidad en las decisiones sexuales y reproductivas.



Eliminar las barreras de acceso a la atención vinculadas a la diversidad sexual y promover los cambios culturales que lo hagan posible.



Fortalecer los programas dirigidos a la prevención del embarazo adolescente no deseado.



Asegurar condiciones para el ejercicio de la sexualidad sin riesgo de enfermedades de transmisión sexual.

Objetivo específico 2.3.1.5. Garantizar prestaciones para las personas en situación de vulnerabilidad específica.

Algunos asuntos: 

Asegurar el financiamiento de ASSE para dar cuenta de un conjunto de prestaciones que brinda, pero que no integran el Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS) y contribuyen a las políticas públicas definidas por el Estado.



Fortalecer la atención a poblaciones vulnerables (ejemplo: personas privadas de libertad, personas con problemas de salud mental, situaciones

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de exclusión social extrema) definiendo los conjuntos de prestaciones a brindar con perspectiva de integralidad.

Objetivo específico 2.3.1.6. Fortalecer institucionalmente al Ministerio de Salud Pública para ejercer su rol rector.

Algunos asuntos: 

Dotar de la suficiente capacidad técnica y de recursos al MSP para profundizar el ejercicio de la rectoría del sistema de salud, como regulador, auditor y garante del sistema.



Aplicar para su funcionamiento los mismos parámetros que han sido incorporados a la Reforma del Estado en cuanto a Planificación, Administración, rendición de cuentas y cumplimiento de metas.



Atender las acciones vinculadas a la comunicación social en salud a efectos de transmitir a la población mensajes que apunten a los

objetivos

estratégicos que se plantea el órgano rector. 

Asegurar la articulación económica para

entre el MSP con los ámbitos de decisión

establecer la protección financiera que garantice la

sostenibilidad de las prestaciones establecidas en el marco del derecho a la salud.

2.4. Educación.

La Ley General de Educación, establece la educación como un derecho humano. Esto conlleva una determinada concepción de educación que la ley desarrolla al presentar las definiciones, fines y orientaciones generales de la educación y sus principios. La política educativa nacional tendrá como objetivo fundamental, que todos los habitantes del país logren aprendizajes de calidad, a lo largo de toda la vida y en todo el territorio nacional, a través de acciones educativas desarrolladas y promovidas por

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el Estado, tanto de carácter formal como no formal. Asimismo, articulará las políticas educativas con las políticas de desarrollo humano, cultural, social, tecnológico, técnico, científico y económico. La educación estará orientada a la búsqueda de una vida armónica e integrada a través del trabajo, la cultura, el entretenimiento, el cuidado de la salud, el respeto al medio ambiente, y el ejercicio responsable de la ciudadanía, como factores esenciales del desarrollo sostenible y la tolerancia. La participación es un principio fundamental de la educación, en tanto el educando debe ser sujeto activo en el proceso educativo para apropiarse en forma crítica, responsable y creativa de los saberes. Las metodologías que se apliquen deben favorecer la formación ciudadana y la autonomía de las personas.

En los últimos ocho años, se han realizado avances en cuanto al derecho a la educación; sin embargo, aún quedan importantes desafíos. Se requiere continuar con medidas que atiendan a todos los sectores y a todas las edades, poniendo énfasis en la inclusión de aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad y exclusión. Las políticas educativas deben estar centradas en los estudiantes, desarrollando mecanismos y herramientas que permitan apoyar la continuidad educativa, los aprendizajes y su evaluación. Asimismo, resulta imprescindible jerarquizar la función docente, consolidando un cuerpo de profesionales con prestigio, alta formación y compromiso social y profesional. También resulta estratégico elaborar una propuesta integrada de reforma de la educación media, extender la educación terciaria y universitaria y disminuir la brecha de aprendizajes. Asimismo se deben desarrollar políticas de educación no formal en general y de personas jóvenes y adultas en particular, promoviendo la articulación de la educación y el mundo del trabajo, en el marco de la cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida.

La mirada estratégica apunta tanto a garantizar el derecho a la educación, como a garantizar una educación en y para los derechos humanos. Es necesario promover procesos educativos con aprendizajes de calidad a lo largo de toda la vida. La calidad de la educación no debe referir exclusiva, ni mayormente, a logros educativos dirigidos a la adquisición de conocimientos y habilidades definidos en función de dotar al

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estudiante de mejores capacidades para su mejor incorporación al mundo del trabajo. Si bien esta dimensión es fundamental, es necesario desarrollar una educación sustentada en el respeto de los derechos, la relevancia, la pertinencia y la equidad. En éste sentido, el Plan Nacional de Convivencia y Derechos Humanos debe integrar como una de sus líneas programáticas al Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. En consecuencia debe proponerse lograr que las personas adquieran los instrumentos que les permitan mejor ejercer y defender todos sus derechos humanos y con ello el desarrollo de su autonomía, su identidad y su proyecto de vida. Asimismo es necesario potenciar el rol que la educación puede jugar en la construcción de una sociedad no discriminadora y justa y en el desarrollo del derecho a la participación como instrumento para mejor ejercer y defender todos los derechos de todas las personas. Considerando la existencia de relaciones de dominación en la sociedad, que se manifiestan en la educación, en el sistema, en los centros y en las prácticas, es imprescindible asumir el objetivo de la superarlas y que el sistema educativo las enfrente e intente desestructurarlas a través de estrategias educativas adecuadas, así como revisando sus propias prácticas, problematizando y redefiniendo los modos en que se estructura el poder en las instituciones.

La participación debe ser entendida como un derecho en sí mismo y como tal debe ser propiciado y jerarquizado por la educación. Promover la participación en todos los sujetos y agentes de la educación, formal y no formal, supone habilitar los dispositivos institucionales y otorgar a los centros educativos los niveles de autonomía y descentralización que favorezcan la implementación de estos criterios. En este sentido, la descentralización, territorial e institucional, debe ser una política que favorezca la participación crítica y responsable, la toma de conciencia del papel de cada uno de los actores en la vida social y educativa, y la contribución a la construcción y consolidación de los procesos de identidad de las personas. Todo ello supone promover y ampliar los niveles de coordinación en el marco del Sistema Nacional de la Educación Pública, a nivel interinstitucional e intersectorial. Implica promover y profundizar los niveles de autonomía que requieren los ámbitos educativos, los agentes profesionales de la educación, y especialmente, los sujetos de la educación, como expresión de la

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finalidad principal de la educación: la conformación de ciudadanos activos, reflexivos, sensibles, solidarios y comprometidos con su época.

Objetivo estratégico 2.4.1. Garantizar el derecho a una educación de calidad.

Objetivo específico 2.4.1.1. Garantizar el acceso, permanencia y egreso oportuno a una educación de calidad.

Algunos asuntos: 

Asegurar el egreso en el tiempo oportuno de todos los estudiantes mediante la detección temprana de los rezagos y la implementación de los apoyos pedagógicos necesarios que los compensen.



Superar las inequidades en la distribución social de los aprendizajes.



Garantizar la gradualidad y el acompañamiento para que los educandos puedan asimilar los cambios de modalidades, contexto y exigencias que se van dando durante el tránsito educativo.



Avanzar hacia un concepto de gratuidad total de la educación en todos los niveles, pensada esta no solamente desde el ángulo de cobro de cuotas o matrículas, sino también que el Estado asuma otros costos indirectos como ser alimentación, transporte, compra de libros y materiales.



Profundizar el compromiso institucional con la continuidad educativa, disminuyendo el impacto estructural del cambio de niveles educativos, especialmente entre educación primaria y media básica, garantizando en la órbita pública la progresión de los aprendizajes, así como los ámbitos, los recursos y las transiciones más adecuadas.



Promover la necesaria articulación entre el sistema educativo y un sistema nacional de cuidados, promoviendo la educación en las primeras etapas de la vida.



Avanzar en la atención del derecho a la educación

de colectivos

minoritarios o sometidos a especiales situaciones de vulnerabilidad a través

58

de políticas claras de acciones afirmativas que dispongan de presupuestos especialmente asignados. 

Promover la integración social de las personas con discapacidad a través de la educación y proporcionarles los apoyos necesarios cuando se requieran para asegurar el derecho a la educación y su inclusión sociolaboral.



Asegurar la educación obligatoria de las personas en el ámbito rural, teniendo en cuenta las especificidades del medio en que se desarrolla.



Continuar desarrollando la oferta educativa pública para niños y niñas de 3 a 5 años.



Aumentar el tiempo pedagógico real (horas de clase realmente dictadas) en los centros educativos.



Extender la cobertura a través de la creación de nuevos centros educativos con menor población, nuevos liceos de tiempo completo y disminuyendo el número de estudiantes por docente.



Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan apoyar la continuidad educativa, los aprendizajes y su evaluación.

Objetivo específico 2.4.1.2. Garantizar el acceso a los conocimientos pertinentes para realizar el proyecto de vida elegido y su inserción en la sociedad.

Algunos asuntos: 

Impulsar una enseñanza activa, centrada en fomentar los procesos de aprendizaje de los sujetos y que contribuya al acceso efectivo a la formación terciaria y universitaria.



Impulsar una enseñanza integral que favorezca el aprender a ser, a hacer, a conocer y a vivir juntos; con el propósito de formar personas capaces de aplicar los conocimientos adquiridos, con espíritu crítico, creativas y colaborativas, así como el desarrollo de una personalidad afecta al trabajo, al esfuerzo y a la superación de las dificultades.

59



Conformar un sentido propio de la educación media, no dependiente de la educación terciaria, que oriente la preparación del joven como ciudadano.



Garantizar el derecho a elegir el tránsito educativo brindando el asesoramiento y la orientación necesarios para elegir las trayectorias educativas que lo formen adecuadamente para las opciones realizadas y una oferta educativa heterogénea que pueda transitarse por itinerarios flexibles.



Avanzar hacia sistemas de evaluación de la calidad educativa vinculando los resultados encontrados con la definición de las metas educativas, el diseño de planes y programas y la asignación de recursos, así como para la orientación de las prácticas educativas.



Crear un sistema de indicadores de derechos humanos y de educación en derechos humanos que permita

monitorear y evaluar todas las

dimensiones del derecho a la educación y de la calidad de una educación en y para los derechos humanos. 

Mejorar el nivel educativo de la población con la finalidad de mejorar la calidad de vida, social e individual, y la integración, participación y convivencia social.



Instalar propuestas para la culminación de niveles educativos por la validación de conocimientos.

Objetivo específico 2.4.1.3. Desarrollar políticas de educación no formal en el marco de la cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Algunos asuntos: 

Promover programas y proyectos, con valor educativo en sí mismos, que contribuyan a la integración y la participación social.



Promover una mayor y mejor articulación de la educación con el mundo del trabajo.

60



Promover y desarrollar la educación “a través del trabajo” concebido éste como una actividad que debe tener en cuenta la relación de la producción con la naturaleza, contemplando la perspectiva de la creatividad, imaginación y producción en la educación (políticas, programas, centros y prácticas).



Promover la capacitación laboral en el marco de políticas que estimulen la re/inserción y la continuidad, en el mundo de la educación y en el ámbito laboral.



Promover la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Formación Profesional.



Apoyar desde el Estado a las iniciativas de la sociedad civil que tengan componentes educativos ya sea dirigidas a la niñez, la juventud o los adultos.

Objetivo específico 2.4.1.4. Fortalecer y jerarquizar los centros educativos.

Algunos asuntos: 

Incentivar la permanencia de los docentes y equipos de dirección en los centros.



Estimular la creación de planes de acción concretos que den respuestas prácticas a las realidades de las instituciones.



Promover la evaluación y monitoreo de objetivos y metas de cada centro, facilitando el acceso a la información relevante para la toma de decisiones.



Elaborar e implementar en forma colectiva proyectos educativos de centro y promover su relación con las necesidades, intereses y problemas de los actores sociales de la comunidad donde se encuentran.



Promover la participación en los proyectos educativos de centro de los estudiantes y sus familias, el personal docente y no docente y la comunidad, facilitando el acceso a la información relevante para la toma de decisiones.

61



Establecer un sistema de evaluación de los docentes que jerarquice el desempeño sobre la antigüedad, relacionado con la estabilidad y permanencia de los equipos.



Favorecer procesos de evaluación institucional externos y transversales que permitan una evaluación educativa independiente sobre los procesos, las estructuras y los desempeños.



Trabajar con los colectivos de educadores y los equipos directivos sobre el valor de la educación en términos de formación humana integral problematizando la mera rutina distribuidora de informaciones.



Implementar la formación en servicio vinculada a cada centro educativo, en vínculo con la realidad contextualizada del propio centro y la caracterización de los estudiantes que a él concurren.



Incrementar la participación social y estudiantil, garantizando el derecho de todo niño y adolescente a ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta.

Objetivo específico 2.4.1.5. Jerarquizar a los profesionales y la formación en educación.

Algunos asuntos: 

Jerarquizar, consolidar y desarrollar las políticas de formación en educación.



Mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y educadores.



Concretar el carácter universitario de la formación de los profesionales de la educación.



Promover la formación en servicio, con cursos de actualización en todos los niveles.



Promover la realización de postgrados de especialización y maestrías profesionales.

62



Promover la investigación y creación de conocimientos a través de doctorados y la creación de unidades académicas en el ámbito de la Universidad de la Educación.



Contemplar la formación de profesionales de la educación para las políticas de educación no formal, de educación formal y no formal de personas jóvenes y adultas, y para trabajar en la articulación de la educación con el mundo del trabajo.



Promover la carrera profesional mediante méritos y evaluación de desempeño, priorizándola sobre la antigüedad.

Objetivo específico 2.4.1.6. Extender, diversificar y asegurar la calidad de la educación terciaria.

Algunos asuntos: 

Colaborar en la construcción de un Sistema de Educación Terciaria Pública, constituido por instituciones de variado tipo, coordinadas entre sí y, fundamentalmente, capaces de favorecer la flexibilidad de las trayectorias, los tránsitos estudiantiles interinstitucionales de carácter horizontal y el reconocimiento de aprendizajes de diverso tipo.



Posibilitar que el conjunto de la población acceda a formas de la enseñanza terciaria y universitaria pública de carácter permanente, conectadas con el mundo del trabajo, el ejercicio de la ciudadanía, el acceso a la cultura y la mejora de la calidad de vida individual y colectiva.



Consolidar la instalación de la formación terciaria y universitaria en el interior del país con creciente nivel académico, abriendo nuevas vías de acceso a la formación y diversificando las modalidades educativas.



Impulsar una enseñanza activa, centrada en fomentar los procesos de aprendizaje de los sujetos y que contribuya al acceso efectivo a la formación terciaria y universitaria.

63



Profundizar el desarrollo de la investigación científica de modo que apoye los procesos de desarrollo integral, contribuyendo mediante la innovación a resolver problemas urgentes de la sociedad, expandiendo de esa manera las capacidades creativas de alto nivel.

Objetivo estratégico 2.4.2. Educar en y para los derechos humanos.

Objetivo específico 2.4.2.1. Promover que las personas asuman una actitud solidaria, comprometida con la dignidad de todas las personas, con la transformación de las situaciones injustas y adquieran los instrumentos conceptuales y procedimentales que le permitan ejercer y defender todos los derechos humanos.

Algunos asuntos: 

Avanzar a través de la educación en la construcción de una sociedad no discriminadora que aliente el desarrollo del derecho a la participación como instrumento para mejor ejercer y defender todos los demás derechos.



Desarrollar un modelo de centros educativos inclusivos que favorezcan el encuentro de grupos y colectivos sociales diversos.



Propiciar tanto desde la educación formal como de la no formal espacios de encuentro y participación social que a través del arte, el deporte, la recreación y lo lúdico en general alienten a la convivencia, la comprensión y la integración de grupos y colectivos sociales diversos.



Promover la incorporación de la evaluación de desempeños, como instrumento de cooperación docente-docente, docente-estudiante y estudiante-estudiante, con el objetivo de detectar y resolver problemas y de incentivar la solidaridad entre los diferentes agentes involucrados en el proceso de aprendizaje.

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Objetivo específico 2.4.2.2. Garantizar el derecho a la participación como instrumento para ejercer y defender todos los demás derechos y para aportar a la construcción de los ámbitos y proyectos educativos.

Algunos asuntos: 

Continuar promoviendo la participación estudiantil y fortalecer los Consejos de Participación, promoviendo sus derechos a la libertad de expresión, información y asociación fomentando la expresión de los diferentes colectivos que constituyen las comunidades educativas.



Elaborar con la más amplia participación de todos los actores el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.



Elaborar e implementar en forma colectiva proyectos educativos de centro, promoviendo la participación de los estudiantes y sus familias, el personal docente y no docente y la comunidad, facilitando el acceso a la información relevante para la toma de decisiones.



Incrementar la participación social y estudiantil, garantizando el derecho de todo niño y adolescente a ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta.



Estimular la creación de planes de acción concretos que den respuestas prácticas a las realidades de las instituciones previendo las formas de promover, habilitar y favorecer la participación.



Promover la evaluación y monitoreo de objetivos y metas de cada centro, facilitando el acceso a la información relevante para la toma de decisiones.



Facilitar y promover la participación activa de las familias y su involucramiento en el desempeño de la vida de sus niños, niñas y adolescentes y el devenir de las instituciones.



Desarrollar actividades que generen oportunidades de expresión de los jóvenes y de apropiación del espacio educativo por parte de ellos.

65



Generar procesos deliberativos sobre los contenidos educativos apuntando a la relevancia y pertinencia de los mismos, flexibilizándolos de acuerdo a las necesidades de cada contexto social y cultural.

Objetivo específico 2.4.2.3. Promover y profundizar los niveles de autonomía que requieren los ámbitos educativos, los agentes profesionales de la educación, y especialmente, los sujetos de la educación.

Algunos asuntos:  Sensibilizar y formar a los docentes para que el objetivo de su tarea se centre en el desarrollo humano de los estudiantes y no en la mera trasmisión de conocimientos.  Promover el desarrollo de prácticas de enseñanza activas, generadoras del protagonismo de los estudiantes.  Estimular el trabajo por proyectos con la intención de capturar la atención y los intereses de los jóvenes a través de propuestas contextualizadas y situadas.  Incrementar la presencia de las líneas transversales de educación (art.40 del a Ley de Educación N° 18.437) en los diferentes planes y programas de las distintas modalidades y niveles educativos propiciando la debida formación docente para su abordaje.  Impulsar la innovación educativa y la universalización de las tecnologías de la información y la comunicación e incrementar en este sentido la apropiación del uso de las tecnologías por parte de los estudiantes y docentes a través del Centro Ceibal.

Objetivo específico 2.4.2.4. Repensar y reorientar el contenido, las formas y el sentido de las instituciones desde la perspectiva de derechos humanos.

Algunos asuntos:

66



Sensibilizar y formar a los docentes para que el objetivo de su tarea se centre en el desarrollo humano de los estudiantes y no en la mera trasmisión de conocimientos.



Crear ámbitos y experiencias educativas donde la persona está en el centro de la mirada y los educandos son los titulares del goce y efectivo ejercicio del derecho a la educación.



Crear centros educativos abiertos a sus barrios, en relación con la comunidad y promover la participación y el sentido de pertenencia de los diversos actores sociales y comunitarios en la vida y el desarrollo de los mismos.



Analizar y reorientar la racionalidad de los procedimientos y canales institucionales para que sean instrumentos para garantizar el respeto de la dignidad de las personas, el desarrollo de su autonomía, la participación y el acceso a conocimientos, saberes y capacidades, que los hagan partícipes de la cultura.



Avanzar en la descentralización territorial y de la gestión de la educación, así como en la coordinación intrainstitucional y con los diferentes actores sociales.



Extender y mejorar la educación en la primera infancia y la educación inicial en el marco de una política integral.



Continuar desarrollando y profundizar la perspectiva educativa de los programas y centros para niños y niñas de 0 a 3 años.



Promover condiciones en la sociedad y en los núcleos familiares que favorezcan los procesos educativos de los niños y niñas.



Consolidar el funcionamiento previsto en la Ley General de Educación para el Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia (CCEPI).



Articular la educación en la primera infancia y la educación inicial con las otras políticas públicas en infancia.

67

Objetivo específico 2.4.2.5. Promover en los medios de comunicación la asunción de una función educativa que contribuya a la construcción de una cultura democrática solidaria y de compromiso con los derechos humanos.

Algunos asuntos: 

Profundizar la relación existente entre educación y medios de comunicación a los efectos de lograr que el derecho a la educación también se desarrolle y ejerza a través de estos.



Desarrollar en los medios de comunicación públicos una política de educación en derechos humanos.



Promover el involucramiento de los medios de comunicación privados en la difusión de contenidos y principios relacionados con los derechos humanos.



Promover y apoyar la producción y difusión de materiales audiovisuales relativos a los derechos humanos.



Formar para el análisis crítico de la comunicación.

2.5. Ordenamiento territorial, vivienda y hábitat.

La ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, de 2008, establece las principales líneas políticas en la materia. Particularmente, establece que “Ordenar el Territorio para el logro de un Desarrollo Sostenible”, es un cometido esencial del Estado, por tanto una función pública que se ejerce a través de Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, elaborados y aprobados por distintos ámbitos de gobierno (nacional y departamental). A su vez, se define que todas las disposiciones que deriven de los procesos de ordenamiento territorial, en todos los ámbitos de actuación y escalas de formulación, se deben orientar a la prosecución de fines bien concretos y definidos: la mejora de la calidad de vida de la población; la promoción de la integración social en el territorio; el uso ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales.

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La ley establece la distribución de competencias entre ámbitos de gobierno, la definición de instrumentos en todas las escalas, la identificación de las materias del ordenamiento territorial y avanza en establecer los deberes y derechos territoriales de las personas. Los avances logrados en seis años de implementación de la Ley, así como la garantía de continuidad de este proceso, se sustenta en tres grandes pilares conceptuales: “El rol del Estado en la conducción del proceso de desarrollo como intérprete del interés general; La planificación como instrumento sustantivo para la promoción y gestión de los procesos de desarrollo; La participación ciudadana como garantía de trasparencia y democratización de los procesos de toma de decisiones”.

La Ley integra y resignifica el marco legal previo de la política de vivienda y hábitat, garantizando el acceso y permanencia a la vivienda para los sectores sociales con ingresos estables y que requirieran del apoyo estatal para resolver su situación habitacional. Las políticas sociales de la década de los 90 y el impacto de la crisis del 2002, complejizaron el escenario de la política pública de vivienda y hábitat para dar respuesta a las múltiples demandas. Desde 2005 se plantean modificaciones estructurales en la política de vivienda y hábitat, pero persiste aún una deuda social con la población en condiciones de precariedad habitacional extrema, que se encuentra asociada a las condiciones por las cuales se reproduce la pobreza y exclusión social. Tal situación presenta una independencia relativa con respecto a las políticas y programas específicos de vivienda y hábitat que se han venido desarrollando, focalizados en estos sectores sociales y que han tenido resultados heterogéneos.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), desde 2005, ha iniciado un proceso de transformación de las políticas públicas de su competencia que ha estado edificada a partir de su nuevo posicionamiento como organismo rector de la política de vivienda y hábitat, y del esfuerzo desarrollado en reestructurar y articular el conjunto de actores del Sistema Público de Vivienda, definiendo las especificidades de cada actor dentro de su marco normativo, y conjugando sus acciones hacia una política pública con un horizonte de alcance universal. Se transita un cambio de paradigma de un estado facilitador a un estado

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constructor de políticas públicas que buscan mejorar las condiciones de vida de la población y acortar la brecha de las desigualdades sociales. Dentro de esta nueva concepción se promueve la incorporación del “enfoque de derechos” en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, como eje transversal de sus planes y programas. Se conceptualiza el derecho a la vivienda, no como el acceso a un “techo” meramente, sino como el acceso a los bienes y servicios de la vida en sociedad, por lo que el derecho a la vivienda está indisolublemente asociado al derecho a un hábitat sustentado en la integración social en el territorio.

Este proceso de transformación ha realizado la definición de nuevos instrumentos, retomando el legado de la Ley Nacional de Vivienda de 1968.

Se trata de la

combinación del subsidio, el préstamo, y el esfuerzo o aporte propio. La innovación más importante ha sido la creación de la modalidad “subsidio a la cuota”, que consiste en una ayuda al pago de la vivienda que se ajusta a las condiciones económicas de las familias y busca acompañar sus trayectorias. Complementando el préstamo, el “esfuerzo propio” ya sea como ahorro o trabajo, constituye el aporte de los destinatarios en el proceso de obra que tiene externalidades positivas para la convivencia social y las oportunidades laborales. Además, la definición del “producto” vivienda, como un bien de calidad, dejando de lado la concepción de la “vivienda mínima”. La nueva política ha puesto en gestión un menú de alternativas para las distintas demandas habitacionales, considerando los cambios demográficos, socioeconómicos, de ciclo de vida y culturales de las familias, ya que no existe una solución única, sino que se debe responder a la diversidad de situaciones de cada familia. Esto pone de manifiesto la importancia de elaborar una política habitacional acompasando las transformaciones demográficas, culturales y territoriales, de modo de adecuar instrumentos y programas a las dinámicas sociales.”

Objetivo estratégico 2.5.1. Lograr el acceso y permanencia a la vivienda y hábitat de calidad de todas las personas atendiendo a la diversidad de sus arreglos familiares, sin discriminación por situación socio-económica, género, edad, raza, etnia u opción sexual en condiciones de integración socio-territorial.

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Objetivo específico 2.5.1.1. Promover la readecuación, refacción y reciclaje del stock de viviendas existentes y propiciar la redensificación y rehabilitación de las áreas consolidadas, en particular de las ciudades capitales, ciudades intermedias y localidades del interior del país.

Algunos asuntos:

•

Continuar avanzando en la construcción de información pertinente para evaluar la situación habitacional de la población en las diversas áreas territoriales del país.

•

Realizar informes regulares acerca de las necesidades de vivienda, Estudio de oferta y demanda. dinámica del mercado inmobiliario y déficit habitacional según metodología MVOTMA.

•

Generar medidas institucionales que permitan adecuar, cuantitativa y cualitativamente, la oferta habitacional a la demanda poblacional.

•

Evaluar los instrumentos destinados a promover la participación de capitales privados en la construcción de vivienda de interés social para reorientar aquellos mecanismos que amplíen la cobertura a los sectores de la población de ingresos medios y medios bajos.

Objetivo específico 2.5.1.2. Generar oportunidades de acceso y permanencia a viviendas transitorias y definitivas para las personas en situación de pobreza y exclusión social.

Algunos asuntos: 

Desarrollar un plan integral, con el conjunto de los actores públicos y la sociedad civil, que garantice el acceso de las familias en situación de pobreza y exclusión a mejoras habitacionales, al sistema de protección social y al mundo del trabajo.

71



Generar mayores niveles de integración de las políticas y planes de vivienda, con el conjunto de prestaciones del sistema de protección social.



Ampliar las soluciones inmediatas y transitorias para situaciones de especial vulneración de derechos.



Establecer los mecanismos confiables, concretos y ciertos para que familias pobres que ocupan inmuebles en forma estable pacífica e irregular, puedan acceder a la prescripción adquisitiva de los mismos.



Elaborar e implementar un programa dedicado a las fincas abandonadas, para incorporarlas en proyectos habitacionales con alternativas de vivienda e inclusión social para las familias ocupantes.



Promover la construcción de vivienda nueva, tanto para la venta o el alquiler, en zonas consolidadas con todos los servicios, tanto por el sistema público como por la inversión privada, en viviendas de interés social, en concordancia con las previsiones de localización incluidos en los planes territoriales.

Objetivo estratégico 2.5.2. Revertir procesos de segmentación social y segregación residencial.

Objetivo específico 2.5.2.1 Desarrollar planes de rehabilitación urbana con inversión en espacios públicos y equipamientos colectivos en las áreas más precarizadas conjuntamente acciones de mejora y ampliación del stock existente, promoción de proyectos asociativos de vivienda nueva y reciclaje, así como la autoconstrucción en terreno privado, propio o de familiares.

Algunos asuntos: 

Fomentar el desarrollo de los equipamientos, servicios e infraestructuras, ordenando y orientando su localización de modo de favorecer la integración social en el territorio, garantizar el servicio universal y la equidad de acceso, en especial lo que hace a los servicios básicos de agua, luz eléctrica y

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saneamiento con tecnologías y costos de mantenimiento adecuados a las posibilidades reales de la población destinataria. 

Profundizar los programas existentes poniendo énfasis en aquellas modalidades que conjugan la propiedad cooperativa de las viviendas con generación de espacios públicos compartidos que estimulen la interacción social, la convivencia armónica y promuevan identidades socio-culturales inclusivas.

Objetivo específico 2.5.2.2. Elaborar e incorporar al plan quinquenal de vivienda y hábitat un programa específico dedicado a las fincas abandonadas para incorporarlas en proyectos habitacionales con alternativas de vivienda e inclusión social para las familias ocupantes.

Algunos asuntos: 

Impulsar las medidas y modificaciones del marco jurídico vigente de modo de poder intervenir en los inmuebles abandonados por sus propietarios de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.

Objetivo específico 2.5.2.3. Ampliar la cobertura y diversificar las acciones de mejoramiento de barrios dirigido al conjunto de los asentamientos irregulares.

Algunos asuntos: 

Promover acciones de regularización in situ con mejora de vivienda, así como relocalizaciones en los casos de predios inundables o contaminados.



En ambas modalidades poner especial atención a la construcción de puntos de encuentro social, cultural y físicos con la población y barrios circundantes.

73

Objetivo específico 2.5.2.4. Prevenir el aumento y la generación de nuevos asentamientos irregulares.

Algunos asuntos: 

Plantear programas de vivienda nueva o usada con accesibilidad preferencial para familias jóvenes de segunda o tercera generación de ocupantes de asentamientos.



Profundizar el rol y desempeño del policía territorial departamental para desestimular toda ocupación irregular de fincas o tierras vacantes.



Recuperar y reconstruir la cultura de los barrios y estimular la cantidad y calidad de los espacios públicos y equipamientos comunitarios.

Objetivo estratégico 2.5.3. Fortalecer la institucionalidad para integrar y articular las políticas de vivienda y hábitat desde una visión estratégica de corto y mediano plazo, fomentando y fortaleciendo los ámbitos de planificación y gestión integral e integrada.

Objetivo específico 2.5.3.1. Fortalecer las capacidades de los actores públicos para elaborar áreas de actuación estratégica en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.

Algunos asuntos: 

Fortalecer y consolidar el funcionamiento del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial, como el espacio legal jerarquizado de gobiernos nacional y departamentales, para la articulación, coordinación y decisión de la dimensión territorial-espacial de las políticas públicas de vivienda y hábitat.



Evaluar y definir en el ámbito del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial, la elaboración de Programas Nacionales de Ordenamiento

74

Territorial y Desarrollo Sostenible, que establezcan las bases estratégicas y las acciones para la coordinación y cooperación entre las instituciones públicas en el marco de temas de interés territorial nacional, tal cual son la vivienda y el hábitat. 

Potenciar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), como el instrumento más adecuado para la articulación de las inversiones públicas en vivienda y hábitat, coordinando sus decisiones con las del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial, para su mejor localización en el territorio.



Fortalecer y consolidar la articulación de las políticas sociales, tanto en el ámbito nacional (gabinete social, consejo de políticas sociales, mesas interinstitucionales, etc.) y local, para abordar integralmente los problemas que requieren miradas y acciones interinstitucionales, intersectoriales e interdisciplinarias (violencia social y de género, adicciones, primera infancia, pobreza extrema, discapacidad, salud mental, cuidados, entre otras), que se presentan asociadas a los problemas de vivienda.



Fortalecer las capacidades de los actores públicos, en todas las escalas de gobierno (nacional, departamental y local) para identificar y desarrollar áreas de intervención y actuación estratégica en el marco de las disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.



Definir la institucionalidad que articule los programas sociales de asistencia a las situaciones de mayor vulnerabilidad con el acceso al mercado de trabajo y a la educación para la inclusión social.

Objetivo específico 2.5.3.2. Descentralizar la política habitacional con participación social.

Algunos asuntos: 

Acordar con los actores sociales e institucionales vinculados a la temática de la vivienda y hábitat una metodología de trabajo del Grupo Asesor de

75

Vivienda que habilite la elaboración y el seguimiento de los planes quinquenales de vivienda y hábitat. 

Continuar desarrollando programas de gestión asociada con los gobiernos departamentales, los municipios y organizaciones de sociedad civil.



Continuar viabilizando la participación de los destinatarios en todas las instancias de los programas contribuyendo a la generación de ciudadanía activa.



Analizar los mecanismos de participación para adecuarlas a las nuevas identidades sociales.



Desarrollar sistemas de información del mercado inmobiliario para posibilitar intervenciones públicas que tiendan a un mejor uso del espacio público.



Aumentar la coordinación de los organismos nacionales, gobiernos departamentales y municipales para el logro de acciones de corte integral en el territorio.



Incorporar en la agenda de temas permanentes de la Comisión Sectorial de Descentralización los temas de vivienda y hábitat como asuntos prioritarios.

Objetivo específico 2.5.3.3. Desarrollar y consolidar procedimientos y mecanismos, institucionales que permitan consolidar y mejorar la operativa de una cartera de tierras e inmuebles a nivel nacional por parte del MVOTMA y departamental por parte de las Intendencias, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.

Algunos asuntos: 

Elaborar protocolos y guías de actuación para facilitar que los Planes Locales y demás Instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del ámbito departamental, establezcan con el detalle necesario los procedimientos y mecanismos para la creación y operación de carteras de tierras e inmuebles.

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

Promover que las intervenciones residenciales en los terrenos de las carteras de tierras, siempre conjuguen varias líneas del Plan Quinquenal en su proyecto físico y modalidad de financiamiento, en procura de la integración socio-territorial.



Promover el acceso al conjunto de predios y fincas que las instituciones públicas poseen y que pueden ser ofrecidas para el desarrollo de los diferentes programas y proyectos del plan quinquenal.

2.6 Ambiente

La protección del ambiente tiene en el Uruguay estatus constitucional a través del artículo 47 de la Constitución de la República que declara la protección del ambiente de interés general. El artículo 47 declara además que el agua es un recurso esencial para la vida, y que el acceso al agua potable y al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales. Como tales, estos temas son esencialmente transversales, e inciden en la vida de toda la población.

En los últimos años el tema ambiental ha entrado fuertemente en la agenda política y aparece como una de las preocupaciones que subyacen en la opinión pública, particularmente en los sectores jóvenes más conscientes de que la pérdida de calidad ambiental hipoteca el futuro. Más allá de los esfuerzos y los avances realizados, Uruguay tiene por delante claros retos ambientales, gran parte de los cuales se asocian al contexto de crecimiento económico sostenido que el país viene registrando en los últimos años y a los efectos de la variabilidad climática acentuada por el cambio climático global. Algunos de los factores de mayor incidencia son: (i) la degradación y erosión de los suelos debido al incremento de la producción agrícola y la no aplicación de prácticas conservacionistas, (ii) la contaminación de cuerpos y cursos de agua y acuíferos, especialmente vinculada a la intensificación de la producción agropecuaria, el crecimiento desordenado y falto de servicios básicos de centros urbanos y emprendimientos industriales sin tratamiento o con tratamiento incompleto de sus

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efluentes, (iii) la degradación costera y la afectación a su dinámica de construcción por la ocupación humana, (iv) la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas naturales(v) el incremento de la generación de residuos sólidos asociadas a las modalidades de producción y consumo predominantes y problemas en su proceso y disposición final, vi) la matriz energética dependiente de combustibles fósiles importados y problemas de baja eficiencia en el uso de la energía, (vii) el mal uso de agroquímicos.

El país adhirió al concepto del desarrollo sostenible de acuerdo con el Art. 1, lit G de la Ley General de Protección del Ambiente, lo cual implica un giro sustantivo en la lógica de diseño e implementación de políticas, donde la dimensión ambiental debe ocupar un rol principal, junto a la dimensión económica y social, no subsidiario, para enfrentar éstos y otros desafíos emergentes. En el modelo de gestión ambiental de Uruguay, se debe asumir que el cuidado del ambiente importa en sí mismo, es el cuidado del entorno para la vida de todos, además de ser una oportunidad para el desarrollo económico, con justicia social, sostenible y disfrutable para las próximas generaciones.

Objetivo estratégico 2.6.1. Contar con un modelo de desarrollo y gestión ambiental sustentable, con justicia ambiental, con inclusión social y económica y tecnológicamente equilibrado y responsable.

Objetivo específico 2.6.1.1. Continuar implementando y desarrollando políticas, planes y programas de gestión ambiental, de acuerdo al nuevo marco normativo, para consolidar un modelo de desarrollo sustentable integrador.

Algunos asuntos:

•

Continuar y profundizar los esfuerzos que el país viene realizando en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

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•

Darle continuidad a los esfuerzos que el país viene realizando en la promoción e inversión en energías limpias, el ahorro energético y uso racional de la energía.

•

Abordar todo el ciclo de los residuos sólidos en zonas urbanas, con políticas de reutilización, reciclaje y puesta en valor de los residuos, con inclusión social de los clasificadores, perfeccionando los procesos de articulación entre los gobiernos municipales, departamentales y el gobierno nacional para una disposición final ambientalmente segura.



Promover desde el Estado el diseño e implementación de programas de educación ambiental, que incluyan el concepto de “gestión ambiental participativa, pautada por las cuencas hidrográficas.



Diseñar y poner en operación instrumentos económicos, Informáticos y tecnológicos, de apoyo para el plan de gestión ambiental del Uruguay.

Objetivo específico 2.6.1.2. Hacer realidad el derecho humano fundamental al agua potable y al saneamiento y gestionar el recurso hídrico en forma integrada con base en la cuenca hidrográfica, con ordenamiento territorial y protección del medio ambiente.

Algunos asuntos:



Incrementar los esfuerzos para proteger la biodiversidad y los recursos genéticos en todo el territorio nacional, incluyendo el marino.



Fomentar y fortalecer los espacios de participación social en especial las comisiones y consejos de cuencas, comisiones de seguimiento de proyectos y audiencias públicas.



Integrar las políticas de producción con las de cuidado del ambiente, profundizando los avances registrados con la Ley de Conservación, Uso y Manejo Adecuado de los Suelos y las Aguas, y la incorporación tecnológica.

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Objetivo específico 2.6.1.3. Fortalecer la institucionalidad en materia ambiental.

Algunos asuntos: 

Fortalecer el rol de planificación, regulación, y control del uso del ambiente y ocupación del territorio incorporando la participación ciudadana.



Avanzar en la integración de la planificación ambiental estratégica, hoy requerida para los instrumentos de ordenamiento territorial, a las políticas y planes sectoriales de producción y de servicio.



Hacer del cuidado del ambiente un factor de valorización de la producción, el comercio y de los servicios como factor distintivo del país.



Generar una instancia asesora integral, de articulación y coordinación de las políticas ambientales y territoriales de las diferentes instituciones públicas, privadas, de la academia y de la sociedad, en el ámbito de la autoridad ambiental.



Reforzar la capacidad del Estado para generar acuerdos de mediano y largo plazo en la dimensión ambiental.



Continuar y profundizar los esfuerzos de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, tanto en la dotación de recursos humanos altamente calificados, como en equipamiento tecnológico.



Revisar la institucionalidad, para fortalecer el tratamiento de los temas ambientales.



Ahondar los procesos de desconcentración como primer paso hacia la descentralización, para la gestión ambiental participativa acompañando estas políticas con procesos de transversalización y aumento de las capacidades.

Objetivo específico 2.6.1.4. Fortalecer el posicionamiento del país en el contexto internacional en temas ambientales.

Algunos asuntos.

80



Promover en los ámbitos internacionales temas tales como valorización de la calidad ambiental, desarrollo de las energías renovables, gestión pública del agua y el saneamiento, adaptación y mitigación del cambio climático, bioseguridad y evaluación del riesgo de eventos transgénicos, gestión sustentable de acuíferos, gestión ambiental participativa, gestión integrada de los recursos hídricos por cuencas.

81

EJE 3. LIBERTADES, AUTONOMÍA PRIVADA Y DERECHOS CULTURALES.

El ejercicio de las libertades, los derechos de autonomía privada y los derechos culturales, remite al libre juego de interacciones entre las personas, en el marco de garantías de igualdad que los protegen de la violencia y la dominación. Asimismo, el ejercicio de estos derechos de las personas en tanto que individuos, es condición para el disfrute de la vida, la creación, la expresión y el reconocimiento. Es en este marco que igualdad y diversidad adquieren significado. La igualdad debe ser entendida como igual valoración jurídica de las diferencias, no como homologación que subsume las diferencias en una identidad normalizadora, que se vuelve luego pretexto para reprimir las diferencias. La igualdad es igualdad en derechos, condición y garantía para que la diversidad pueda realizarse, que cada identidad, con sus diferencias, pueda expresarse, con el único límite de que no constituya un obstáculo para la afirmación de las identidades de los demás.

En tal contexto, la política de seguridad debe apuntar a crear un espacio habilitador para el ejercicio de las libertades, los derechos de autonomía privada y los derechos culturales. No obstante, la tarea de reducir la violencia en la sociedad no puede ser limitada a una política de seguridad, sino que debe ser considerada en el marco de una estrategia integral, junto con políticas orientadas a la construcción de una cultura de derechos humanos, criterios comunes de convivencia, resolución pacífica de conflictos, entre otras. Asimismo, las medidas propias de la seguridad deben aplicarse en el marco del respeto de los derechos humanos.

La realización de los derechos de libertad, autonomía privada y culturales, requiere del desarrollo de capacidades de los titulares de estos derechos atendiendo al conjunto de las personas y especialmente a sectores de la población históricamente excluidos del ejercicio de sus derechos culturales, tales como personas privadas de libertad, personas con discapacidades, personal castrense, entre otros. Las capacidades siempre implican una adecuada conjunción de habilidades y habilitaciones. Las carencias en el ejercicio de estos derechos pueden provenir, entonces, de problemas en cada uno de

82

estos componentes. Un insuficiente desarrollo de las habilidades, coloca a las personas en una situación deficitaria para realizar su proyecto de vida e interactuar con otros. Aún si estas habilidades estuvieran plenamente desarrolladas, pueden existir inhabilitaciones del contexto, provenientes de otras personas o del propio Estado. Las garantías de estos derechos requieren, por lo tanto, intervenciones en estos dos campos: promover y apoyar el máximo desarrollo posible de las capacidades y generar habilitaciones, al tiempo que transformar las inhabilitaciones. Transformar las inhabilitaciones implica intervenir en las relaciones de dominación existentes en la sociedad, ya sea modificando el marco normativo, como imprimiendo la perspectiva de diversidad en las políticas de los gobiernos.

La discriminación es una práctica social donde una o más personas o instituciones, realizan acciones que condicionan los derechos de otra/s persona/s por motivos de género, etnia/raza, origen nacional, etarias, discapacidad, orientación sexual e identidad de género, o cualquier otra diferencia. La responsabilidad del Estado se centra en desmontar cualquier mecanismo que vulnere los derechos de las personas. Para ello, es imperiosa la realización de medidas concretas que impulsen transformaciones culturales respecto al racismo, y toda otra forma de discriminación.

El desarrollo de capacidades está fuertemente condicionado por las posiciones sociales que se ocupan, debido al acumulado generacional de no acceso a medios para su desarrollo, y por inhabilitaciones que continúan operando en el presente. Por ello, debe garantizarse a todos el ejercicio de estos derechos. En particular, el derecho a producir y difundir bienes culturales, aparece fuertemente limitado para personas en situaciones de vulnerabilidad o exclusión. Por lo tanto, garantizar el acceso a aquellos medios es condición para el ejercicio de una ciudadanía cultural.

83

3.1. Libertades y derechos de autonomía privada en contexto social.

Una larga tradición liberal funde en un único concepto las libertades y los derechos de autonomía. Sin embargo, es posible y útil distinguir estos dos tipos de derechos fundamentales. Mientras las primeras refieren a expectativas de no lesión (libertades “frente a”) y, en su caso, además, a poderes de hecho (libertades “de”), los derechos de autonomía privada son simultáneamente expectativas y poderes normativos, que inciden en la situación jurídica de otros3. Autonomía significa, literalmente, el poder de crear normas propias, que regulan la propia conducta. Es ésta también un derecho fundamental, un espacio sustantivo para la realización de la creatividad, del proyecto de vida autodefinido.

Ahora bien, puesto que este poder es susceptible de alcanzar la esfera de los otros, su ejercicio encuentra como límite los derechos fundamentales de los demás. De esta forma se identifica una tensión (armonizable) entre, por un lado, la promoción del mayor espacio de libertades y autonomía de los titulares de estos derechos para la realización de su proyecto de vida y, por otro, la garantía de los derechos fundamentales de los demás. Es la complementaria tensión entre igualdad y diversidad. La igualdad es un principio normativo dispuesto para permitir la expresión de las diferencias, para proteger la individualidad. En este contexto, promover el desarrollo de la creatividad y la producción social y cultural en un mercado transparente y justo, es un objetivo de política pública con enfoque de derechos humanos.”

Objetivo estratégico 3.1.1. Garantizar la mayor libertad y autonomía para desarrollar un proyecto de vida propio y respetuoso de los derechos fundamentales de los demás.

3

FERRAJOLI, L. Principia iuris, en especial, 1. Teoría del derecho. N° 11.4 a 11.7, Editorial Trotta, Madrid, 2011.

84

Objetivo específico 3.1.1.1. Proteger y favorecer la expresión de las identidades individuales y de grupo.

Algunos asuntos: 

Reafirmar institucionalmente la igualdad en derechos y en valor de las diversas identidades, sean éstas de género, orientación o identidad sexual, etnia, religión, identidades culturales nacionales o de otro tipo.



Respetar la tolerancia, el reconocimiento y el encuentro de las diversas identidades asegurando los instrumentos para su promoción.



Favorecer la expresión de todas las identidades en diferentes ámbitos, sean éstos de la política, la cultura, la educación, los medios de comunicación y otros.



Respetar las diversas formas de arreglos familiares en un marco común de regulación, asegurando los instrumentos para su promoción.



Garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

Objetivo específico 3.1.1.2. Combatir toda forma de discriminación.

Algunos asuntos: 

Revisar y eliminar toda forma de discriminación basada en identidades que aún persistan en el lenguaje del Estado, en el marco jurídico, en las prácticas institucionales y en la cultura.



Condenar públicamente todo acto de discriminación basado en el desprecio o el no reconocimiento de las identidades.



Promover que las decisiones jurisdiccionales presten mayor atención a los hechos ilícitos que configuran delitos por discriminación.



Estimular la producción de campañas de comunicación masiva que tiendan a la eliminación de estereotipos culturales discriminatorios por razones de identidades, capacidades o prácticas culturales.

85



Redoblar el esfuerzo a nivel educativo, tanto formal como no formal, de respeto de las diferencias y erradicación de toda forma de discriminación basada en identidades.



Concretar e implementar un plan nacional contra el racismo, las discriminaciones y la xenofobia.

Objetivo específico 3.1.1.3. Desarrollar la creatividad y la producción de interés social.

Algunos asuntos: 

Promover instancias de intercambio y libre circulación de saberes y prácticas en áreas productivas y culturales.



Fortalecer la infraestructura de apoyo y todo tipo de asociaciones que pueden potenciarse, complementarse y compartir recursos, tanto en el ámbito público como en el privado.



Impulsar y proteger la agricultura familiar como forma de producción de recursos y cultura en el medio rural.



Reforzar la formación orientada al desarrollo de capacidades productivas y artísticas, con especial énfasis en innovación y producción.



Aumentar los programas de formación e incentivo a la producción cultural y a la producción de interés social a través de becas, fondos concursables, incubadoras de empresas y premiaciones, entre otros.



Multiplicar las posibilidades de acceso al crédito, en especial a microcréditos de promoción productiva.

Objetivo específico 3.1.1.4. Desarrollar el mercado como espacio de producción e intercambio de bienes y servicios, respetuoso de la igualdad en derechos fundamentales.

Algunos asuntos:

86



Fortalecer la transparencia del mercado.



Revisar y actualizar la normativa y los dispositivos de fiscalización que regulan el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a través de la promoción y defensa de la competencia, el estímulo a la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso de empresas y productos a los mercados.



Asegurar la efectividad de la defensa de los derechos de los consumidores en las relaciones de consumo.

3.2. La seguridad en el marco de la protección de los derechos fundamentales.

La multiplicación de formas de violencia, el crecimiento del delito y los reclamos de mayor severidad punitiva son asuntos que se han instalado con fuerza en el debate de la sociedad uruguaya de los últimos años. En mérito a la realidad que vive nuestra sociedad es necesario realizar un abordaje sobre la “seguridad” en clave de derechos fundamentales, dentro del mismo hay que tener en cuenta que estamos frente a un concepto jurídico que aún cuando no está consagrado en el derecho internacional, puede extraerse de un plexo normativo donde se incorporan derechos humanos relacionados con la seguridad (derecho a la vida, a la integridad personal, al disfrute pacífico de los bienes). Incluso podría considerarse que la “seguridad” constituye un presupuesto para garantizar la plena eficacia de los derechos referidos. Como consecuencia de ello toda política pública en la materia debe tener como guía y límite insoslayable el respeto de los derechos humanos.

Otro aspecto a considerar es que en nuestras sociedades altamente complejizadas la “tensión entre seguridad y libertad” es inevitable y debería resolverse con un criterio de proporcionalidad y en un marco de respeto de los derechos fundamentales. Las políticas de seguridad ciudadana, orientadas a garantizar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, deben desplegarse en equilibrio con

87

los derechos de libertad y autonomía. La función policial debe ejercerse estrictamente dentro de su marco regulatorio, de modo de evitar la discrecionalidad en su ejercicio lo cual permitiría que se den situaciones de abuso.

Del mismo modo, la materialización de las opciones de vida individuales no puede tramitarse desde lógicas de individualismo extremo, que erosionen los marcos colectivos de responsabilidad y solidaridad. Como una de las consecuencias de la pasada dictadura cívico militar, comenzó un proceso de erosión en la confianza de la sociedad en determinadas instituciones estatales (policía, sistema penitenciario, justicia, entre otras), por lo cual nos enfrentamos a dos grandes desafíos: comenzar una discusión profunda sobre los alcances doctrinarios y prácticos del poder policial penal del Estado, y construir nuevos principios de autoridad, legitimidad y legalidad.

Pero el debate no puede tener solamente una mirada en las instituciones, sino que debemos considerar las repercusiones producidas en la sociedad uruguaya y en las relaciones interpersonales. Pueblos que han vivido largos períodos de ruptura democrática y represión, comprenden claramente su calidad de poseedores de derechos, pero eluden su responsabilidad como parte de un colectivo. En este escenario, el crecimiento de la violencia y los delitos son también resultados de procesos de exclusión, los que, a su vez, realimentan la violencia. Una política de seguridad y su institucionalidad, debe desplegar sus acciones para defender los derechos fundamentales de las personas, sin perder de vista que la mejor estrategia para defender derechos, es la plena realización de los mismos.

Complementariamente, una política integral de seguridad debe contemplar la situación de las víctimas de la violencia y el delito. Muy especialmente, esta perspectiva es imprescindible cuando estamos ante personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Debe realizarse un proceso de reflexión respecto de estos temas para que continúen los avances en materia de protección de estos colectivos.

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Objetivo estratégico 3.2.1. Conformar un sistema integrado de prevención de la violencia y prevención, investigación y sanción del delito y la infracción, que respete y proteja los derechos humanos de todos.

Objetivo específico 3.2.1.1. Reformular el marco institucional y normativo de seguridad ciudadana.

Algunos asuntos: 

Concretar una planificación estratégica enfocada a las reformas institucionales del sector seguridad, generando nuevos pactos de legitimidad y reconocimiento entre el Estado y todos sus habitantes.



Debatir sobre la convivencia ciudadana en clave de derechos humanos y la mejor forma de regularla.



Fortalecer los espacios de articulación y coordinación nacionales y locales, entre el Estado y la sociedad civil.



Debatir la posibilidad de rediseñar la institucionalidad rectora de políticas en la materia.



Estimular mecanismos de transparencia, participación y rendición de cuentas de las instituciones de seguridad.



Revisar el marco normativo de la seguridad privada.



Profundizar la formación continua de los profesionales de la seguridad pública, compatible con el ejercicio de sus funciones y con énfasis en la formación en convivencia ciudadana y derechos humanos.

Objetivo específico 3.2.1.2. Jerarquizar las acciones de prevención de las conductas violentas y delictivas.

89

Algunos asuntos: 

Debatir sobre el rol de la los medios de comunicación en la seguridad ciudadana.



Fortalecer los mecanismos de proximidad, cercanía y resortes comunitarios para la prevención de la violencia, por lo cual es imprescindible la formación de una policía cada vez más especializada.



Debatir y reflexionar sobre los modelos de prevención policial.



Fomentar especialmente una política de desarme de la sociedad y, simultáneamente, un estricto control de la tenencia y utilización de armas de fuego.



Fortalecer los sistemas de información criminal, tanto estratégicos, como tácticos y operacionales, con vistas a instrumentar un eficiente sistema de inteligencia policial para la prevención de la violencia y el delito, con un estricto control al respeto de los derechos humanos.



Promover campañas públicas de no violencia y que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, que tengan como uno de los objetivos específicos, la erradicación de la violencia de género.



Promover en la educación formal, especialmente primaria y secundaria, una cultura de no violencia, con un capítulo especial en la violencia de género.

Objetivo específico 3.2.1.3. Conformar un sistema de investigación criminal y sanción penal racional y sostenible que garantice la rehabilitación y reinserción social del penado.

Algunos asuntos: 

Adoptar e implementar nuevos Código Penal y Código del Proceso Penal.



Adoptar un marco normativo adecuado al sistema penitenciario nacional.



Privilegiar la adopción de medidas alternativas o sustitutivas a la privación de libertad, tanto en la etapa cautelar como en la de condena.

90



Considerar la posibilidad de incorporar aspectos de “justicia restaurativa”, en aquellas situaciones en que pueda aplicarse.



Acelerar el proceso de transición del sistema de privación de libertad hacia un modelo que efectivamente promueva la rehabilitación y posterior reinserción social de las personas privadas de libertad.



Profundizar el desarrollo de políticas educativas, laborales, sanitarias y culturales en los establecimientos.



Continuar el proceso de inclusión de personal civil como encargado de conducir el trabajo directo con las personas privadas de libertad, y seguir mejorando las condiciones de infraestructura de los centros.



Diseñar una red de efectiva de protección y apoyo para las personas liberadas.

Objetivo específico 3.2.1.4. Conformar un nuevo sistema que regule y gestione el régimen de responsabilidad infraccional juvenil, respetuoso de los derechos humanos de adolescentes en conflicto con la ley.

Algunos asuntos: 

Debatir sobre la institucionalidad que trabaja en la rehabilitación de adolescentes en conflicto con la ley.



Promover la sanción de normativa sobre el régimen de responsabilidad infraccional juvenil en el marco de las definiciones y principios consagrados por la convención de naciones unidas sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes, otras normas internacionales en la materia y la Constitución de la República.



Priorizar los grados de responsabilidad del adolescente, así como las medidas alternativas a la internación y su proceso de inclusión social.

91

Objetivo estratégico 3.2.2. Reparar y proteger a las víctimas de la violencia y el delito.

Objetivo específico 3.2.2.1. Conformar una red de reparación y protección de las víctimas de la violencia y el delito.

Algunos asuntos: 

Profundizar el desarrollo de la institucionalidad que coordine y sostenga las acciones de reparación y asistencia integral de las víctimas y sus familiares.



Promover el estudio y posterior implementación de medidas efectivas de reparación a las víctimas de la violencia y el delito, así como a sus familiares.



Diseñar y fortalecer mecanismos y de protección de las víctimas de la violencia y sus familiares, en especial, en los casos de violencia doméstica.



Evaluar la participación de agentes no estatales en los programas de reparación y protección.

3.3. Derechos culturales e información: igualdad y diversidad.

Los derechos culturales son relevantes para la convivencia comunitaria, porque compartir códigos, símbolos y conocimientos, permite la construcción de una idea de nosotros. Justamente ese nosotros, dada su producción conjunta, debe promover la existencia de identidades diversas dentro de los marcos de la igualdad. Una cultura que celebre la diversidad, es un factor fundamental para la integración social, ya que colabora en el fortalecimiento de los vínculos sociales, al tiempo que arraiga el sentimiento de pertenencia.

Asimismo, el respeto y cultivo a la diversidad cultural se transforma en un imperativo tanto ético como político, porque es algo inseparable de las personas y de sus comunidades. De esta manera, la universalidad en relación al acceso de los bienes

92

culturales estimula el desarrollo e integración de los individuos, al tiempo que habilita no sólo la socialización y el fortalecimiento del capital social, sino que permite la puesta en valor político del derecho a la cultura como un derecho humano fundamental.

En este proceso de jerarquización de los derechos culturales, la protección y difusión de las expresiones culturales adquieren un rol fundamental. En este sentido los medios de comunicación son indispensables en tanto facilitadores o catalizadores de posturas y expresiones que representan al conjunto de la población. También son centrales como vehículos de comunicación de la diversidad de ideas y opiniones, así como de la información necesaria para permitir decisiones informadas.

Objetivo estratégico 3.3.1. Integrar los derechos culturales en la esfera de las políticas de realización de los derechos fundamentales.

Objetivo específico 3.3.1.1. Establecer un marco regulatorio específico para la realización de los derechos culturales.

Algunos asuntos: 

Profundizar las iniciativas de políticas relativas a los derechos culturales.



Promover una ley sobre derechos culturales.



Impulsar un Plan Nacional de Cultura y una Ley Nacional de Cultura.



Revisar y sistematizar las normas jurídicas existentes respecto a derechos culturales.

Objetivo específico 3.3.1.2. Promover la producción y difusión de bienes culturales, fomentando la diversidad de las expresiones culturales.

93

Algunos asuntos: 

Profundizar la política de establecimiento de espacios locales de producción de bienes culturales.



Reforzar los mecanismos de estímulo a la producción y difusión de bienes culturales.



Promover acciones afirmativas tendientes a favorecer la producción y difusión de expresiones culturales de colectivos con dificultades de acceso, reconociendo las diversas discapacidades.

Objetivo específico 3.3.1.3. Promover el acceso universal a las telecomunicaciones y al uso de internet, tanto para la producción de contenidos como para su disfrute.

Algunos asuntos: 

Profundizar y extender la política de garantía de acceso de la más amplia pluralidad de ideas y propuestas en los servicios de comunicación audiovisual.



Continuar los esfuerzos dirigidos a la desconcentración de los medios de comunicación masiva y al fortalecimiento simultáneo de los medios públicos.



Llevar adelante medidas de desarrollo de medios de comunicación comunitarios, fomentando su instalación a nivel local.

94

RESUMEN ANALÍTICO DE CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

Bases hacia la construcción de un plan nacional de convivencia y derechos humanos

EJE 1. LO POLÍTICO Y LO PÚBLICO COMO ESPACIOS HABILITADORES PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CONVIVENCIA.

1.1. Espacio público y las nuevas formas de convivencia.

Objetivo estratégico 1.1.1. Promover relaciones sociales plurales e igualitarias dentro de un espacio público pensado para la libertad.

Objetivo específico 1.1.1.1. Desarrollar habilitaciones y habilidades sociales para el encuentro, el disfrute compartido, la deliberación pública y la emisión de opiniones libres de coacciones y violencias.

1.2. Derechos fundamentales y marco normativo.

Objetivo estratégico 1.2.1. Consolidar un sistema institucional sustentable, transparente, democrático y racional y eficiente.

Objetivo específico 1.2.1.1. Desarrollar una política de formación de actores relevantes de la institucionalidad pública.

Objetivo específico 1.2.1.2. Racionalizar el sistema normativo.

Objetivo específico 1.2.1.3. Fortalecer los mecanismos de toma de decisiones y su transparencia.

Objetivo específico 1.2.1.4. Fortalecer un sistema de justicia accesible, transparente, independiente, imparcial, bien formado y eficiente.

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Objetivo específico 1.2.1.5. Fortalecer la democracia representativa.

Objetivo estratégico 1.2.2. Promover la democracia internacional y posicionar a Uruguay como país promotor y defensor de la paz y de los derechos humanos.

Objetivo específico 1.2.2.1. Jerarquizar los compromisos internacionales contraídos por el país en relación al Derecho Internacional de los derechos humanos.

1.3. Deliberación política y participación ciudadana como herramientas para la universalización, profundización y promoción de los derechos humanos.

Objetivo estratégico 1.3.1. Promover instrumentos de participación que faciliten la deliberación de los asuntos públicos.

Objetivo específico 1.3.1.1. Fortalecer y racionalizar ámbitos de deliberación entre la sociedad civil y el Estado. Objetivo específico 1.3.1.2. Impulsar la participación social en las distintas etapas de las políticas públicas.

1.4. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos

Objetivo estratégico 1.4.1. Desarrollar una planificación estratégica de las políticas públicas.

Objetivo específico 1.4.1.1. Fortalecer la capacidad de planificación estratégica y de articulación entre los actores sectoriales así como entre el nivel central y el local para la construcción de políticas públicas integrales.

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Objetivo específico 1.4.1.2. Transversalizar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas.

Objetivo específico 1.4.1.3. Impulsar y fortalecer un sistema de información con enfoque de derechos humanos, con la finalidad de garantizar el monitoreo y la transparencia de las políticas públicas.

Objetivo específico 1.4.1.4. Consolidar mecanismos de participación de sociedad civil en los procesos de construcción de las políticas públicas.

Objetivo específico 1.4.1.5. Fortalecer en la ENAP la formación en gestión pública con enfoque de derechos humanos a los funcionarios públicos y a quienes invisten cargos políticos.

1.5. “Nunca más”.

Objetivo estratégico 1.5.1. Construir garantías de no repetición del terrorismo de Estado mediante la implementación de una política integral sobre las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente.

Objetivo específico 1.5.1.1. Profundizar en el conocimiento sobre las graves violaciones a los derechos humanos: desaparición forzada, muertos por la acción de agentes del Estado, prisión política, tortura.

Objetivo específico 1.5.1.2. Promover la sanción penal a quienes resulten responsables, según un debido proceso penal, de la planificación y ejecución del terrorismo de Estado.

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Objetivo específico 1.5.1.3. Fomentar la memoria desde la apertura a la pluralidad de relatos, como elemento creador de comunidad y compromiso con el “Nunca más” y fortalecer las políticas de reparación.

Objetivo específico 1.5.1.4. Fortalecer las políticas de archivos de la memoria. EJE 2. EL ESTADO COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS SOCIALES.

2.1. Protección social.

Objetivo Estratégico 2.1.1. Consolidar una matriz de protección social pública acorde a las características actuales del país y orientada a asegurar los derechos de todos los habitantes del Uruguay en condiciones de equidad, en especial de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Objetivo específico 2.1.1.1. Consolidar una matriz de protección social que integre de forma articulada los componentes universales, focales y transversales.

Objetivo específico 2.1.1.2. Fortalecer la institucionalidad de soporte del sistema de protección social.

Objetivo estratégico 2.1.2. Generar condiciones de equidad, inclusión e integración en aquellas personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad social.

Objetivo específico 2.1.2.1. Racionalizar el sistema de prestaciones.

Objetivo Estratégico 2.1.3. Lograr el pleno desarrollo de los niños y niñas desde la gestación hasta los cinco años inclusive.

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Objetivo específico 2.1.3.1. Profundizar la implementación de programas, servicios y prestaciones dirigidas a la atención integral a la primera infancia.

Objetivo estratégico 2.1.4. Asegurar el ejercicio del derecho al cuidado de aquellas personas

en situación de

dependencia y

los

derechos

y

responsabilidades de las personas que cuidan de manera remunerada o no.

Objetivo específico 2.1.4.1. Diseñar una política pública integral que contemple los derechos y necesidades de las personas dependientes que requieran cuidados y de las personas que cuidan.

2.3. Salud.

Objetivo Estratégico 2.3.1. Universalizar la atención de la salud con calidad homogénea.

Objetivo específico 2.3.1.1. Continuar dotando a la salud del carácter de bien público garantizado mediante prestaciones universales generando los resguardos para evitar su mercantilización.

Objetivo específico 2.3.1.2. Producir y hacer accesible la información sobre las políticas de salud y promover la participación de los usuarios.

Objetivo específico 2.3.1.3. Mejorar la calidad de la atención, disminuyendo la fragmentación del sistema mediante una dinámica de redes, con una fuerte planificación territorial.

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Objetivo específico 2.3.1.4. Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva.

Objetivo específico 2.3.1.5. Garantizar prestaciones para las personas en situación de vulnerabilidad específica.

Objetivo específico 2.3.1.6. Fortalecer institucionalmente al Ministerio de Salud Pública para ejercer su rol rector.

2.4. Educación.

Objetivo estratégico 2.4.1. Garantizar el derecho a una educación de calidad.

Objetivo específico 2.4.1.1. Garantizar el acceso, permanencia y egreso oportuno a una educación de calidad.

Objetivo específico 2.4.1.2. Garantizar el acceso a los conocimientos pertinentes para realizar el proyecto de vida elegido y su inserción en la sociedad.

Objetivo específico 2.4.1.3. Desarrollar políticas de educación no formal en el marco de la cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Objetivo específico 2.4.1.4. Fortalecer y jerarquizar los centros educativos.

Objetivo específico 2.4.1.5. Jerarquizar a los profesionales y la formación en educación.

Objetivo específico 2.4.1.6. Extender, diversificar y asegurar la calidad de la educación terciaria.

100

Objetivo estratégico 2.4.2. Educar en y para los derechos humanos.

Objetivo específico 2.4.2.1. Promover que las personas asuman una actitud solidaria, comprometida con la dignidad de todas las personas, con la transformación de las situaciones injustas y adquieran los instrumentos conceptuales y procedimentales que le permitan ejercer y defender todos los derechos humanos.

Objetivo específico 2.4.2.2. Garantizar el derecho a la participación como instrumento para ejercer y defender todos los demás derechos y para aportar a la construcción de los ámbitos y proyectos educativos.

Objetivo específico 2.4.2.3. Promover y profundizar los niveles de autonomía que requieren los ámbitos educativos, los agentes profesionales de la educación, y especialmente, los sujetos de la educación.

Objetivo específico 2.4.2.4. Repensar y reorientar el contenido, las formas y el sentido de las instituciones desde la perspectiva de derechos humanos.

Objetivo específico 2.4.2.5. Promover en los medios de comunicación la asunción de una función educativa que contribuya a la construcción de una cultura democrática solidaria y de compromiso con los derechos humanos. 2.5. Ordenamiento territorial, vivienda y hábitat.

Objetivo estratégico 2.5.1. Lograr el acceso y permanencia a la vivienda y hábitat de calidad de todas las personas atendiendo a

la diversidad de sus

101

arreglos familiares, sin discriminación por situación socio-económica, género, edad, raza, etnia u opción sexual en condiciones de integración socio-territorial.

Objetivo específico 2.5.1.1. Promover

la readecuación, refacción y

reciclaje del stock de viviendas existentes y propiciar la redensificación y rehabilitación de las áreas consolidadas, en particular de las ciudades capitales, ciudades intermedias y localidades del interior del país.

Objetivo específico 2.5.1.2. Generar oportunidades de acceso y permanencia a viviendas transitorias y definitivas para las personas en situación de pobreza y exclusión social.

Objetivo estratégico 2.5.2. Revertir procesos de segmentación social y segregación residencial.

Objetivo específico 2.5.2.1. Desarrollar planes de rehabilitación urbana con inversión en espacios públicos y equipamientos colectivos en las áreas más precarizadas conjuntamente con acciones de mejora y ampliación del stock existente, promoción de proyectos asociativos de vivienda nueva y reciclaje, así como la autoconstrucción en terreno privado, propio o de familiares.

Objetivo específico 2.5.2.2. Elaborar e incorporar al plan quinquenal de vivienda y hábitat un programa específico dedicado a las fincas abandonadas para incorporarlas en proyectos habitacionales con alternativas de vivienda e inclusión social para las familias ocupantes.

Objetivo específico 2.5.2.3. Ampliar la cobertura y diversificar las acciones de mejoramiento de barrios asentamientos irregulares.

dirigido al conjunto

de los

102

Objetivo específico 2.5.2.4. Prevenir el aumento y la generación de nuevos asentamientos irregulares.

Objetivo estratégico 2.5.3. Fortalecer la institucionalidad para integrar

y

articular las políticas de vivienda y hábitat desde una visión estratégica de corto y mediano plazo, fomentando y fortaleciendo los ámbitos de planificación y gestión integral e integrada.

Objetivo específico 2.5.3.1. Fortalecer las capacidades de los actores públicos para elaborar áreas de actuación estratégica en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.

Objetivo específico 2.5.3.2. Descentralizar la política habitacional con participación social.

Objetivo específico 2.5.3.3 Desarrollar y consolidar, procedimientos y mecanismos, jurídicos, institucionales y administrativos, que permitan consolidar y mejorar la operativa de una cartera de tierras e inmuebles a nivel nacional por parte del MVOTMA y departamental por parte de las Intendencias, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.

2.6. Ambiente

Objetivo estratégico 2.6.1. Contar con un modelo de desarrollo y gestión ambiental sustentable, con justicia ambiental, con inclusión social y económica y tecnológicamente equilibrado y responsable.

Objetivo específico 2.6.1.1. Continuar implementando y desarrollando políticas, planes y programas de gestión ambiental, de acuerdo al nuevo

103

marco normativo, para consolidar un modelo de desarrollo sustentable integrador.

Objetivo específico 2.6.1.2. Hacer realidad el derecho humano fundamental al agua potable y al saneamiento y gestionar el recurso hídrico en forma integrada con base en la cuenca hidrográfica, con ordenamiento territorial y protección del medio ambiente.

Objetivo específico 2.6.1.3. Fortalecer la institucionalidad en materia ambiental.

Objetivo específico 2.6.1.4. Fortalecer el posicionamiento del país en el contexto internacional en temas ambientales.

EJE 3. LIBERTADES, AUTONOMÍA PRIVADA Y DERECHOS CULTURALES.

3.1. Libertades y derechos de autonomía privada en contexto social.

Objetivo estratégico 3.1.1. Garantizar la mayor libertad y autonomía para desarrollar un proyecto de vida propio y respetuoso de los derechos fundamentales de los demás.

Objetivo específico 3.1.1.1. Proteger y favorecer la expresión de las identidades individuales y de grupo.

Objetivo específico 3.1.1.2. Combatir toda forma de discriminación.

Objetivo específico 3.1.1.3. Desarrollar la creatividad y la producción de interés social.

104

Objetivo específico 3.1.1.4. Desarrollar el mercado como espacio de producción e intercambio de bienes y servicios, respetuoso de la igualdad en derechos fundamentales.

3.2. La seguridad en el marco de la protección de los derechos fundamentales.

Objetivo estratégico 3.2.1. Conformar un sistema integrado de prevención de la violencia y prevención, investigación y sanción del delito y la infracción, que respete y proteja los derechos humanos de todos.

Objetivo específico 3.2.1.1. Reformular el marco institucional y normativo de seguridad ciudadana.

Objetivo específico 3.2.1.2. Jerarquizar las acciones de prevención de las conductas violentas y delictivas.

Objetivo específico 3.2.1.3. Conformar un sistema de investigación criminal y sanción penal racional y sostenible que garantice la rehabilitación y reinserción social del penado.

Objetivo específico 3.2.1.4. Conformar un nuevo sistema que regule y gestione el régimen de responsabilidad infraccional juvenil, respetuoso de los derechos humanos de adolescentes en conflicto con la ley.

Objetivo estratégico 3.2.2. Reparar y proteger a las víctimas de la violencia y el delito.

Objetivo específico 3.2.2.1. Conformar una red de reparación y protección de las víctimas de la violencia y el delito.

105

3.3. Derechos culturales e información: igualdad y diversidad.

Objetivo estratégico 3.3.1. Integrar los derechos culturales en la esfera de las políticas de realización de los derechos fundamentales.

Objetivo específico 3.3.1.1. Establecer un marco regulatorio específico para la realización de los derechos culturales.

Objetivo específico 3.3.1.2. Promover la producción y difusión de bienes culturales, fomentando la diversidad de las expresiones culturales.

Objetivo específico 3.3.1.3. Promover el acceso universal a las telecomunicaciones y al uso de internet, tanto para la producción de contenidos como para su disfrute.