Argentina atraviesa un momento

|3 Staff Di­rec­tor: José Natanson Re­dac­ción Carlos Alfieri (editor) Pablo Stancanelli (editor) Creusa Muñoz Luciana Garbarino Laura Oszust Se­cre­...
13 downloads 0 Views 741KB Size
|3

Staff Di­rec­tor: José Natanson Re­dac­ción Carlos Alfieri (editor) Pablo Stancanelli (editor) Creusa Muñoz Luciana Garbarino Laura Oszust Se­cre­ta­ria Pa­tri­cia Or­fi­la se­cre­ta­ria@el­di­plo.org Co­rrec­ción Alfredo Cortés Diagramación Cristina Melo

presidentes suelen recurrir a diversas estrategias para atenuar el control de la justicia, por otro es verdad que los jueces han ampliado su esfera de influencia hasta abarcar cuestiones que en el pasado hubieran quedado totalmente fuera de su radar: por citar un ejemplo no kirchnerista, Macri tuvo que desactivar varios recursos de amparo para poder aplicar una decisión tan banal como el cambio de mano de la Avenida Pueyrredón. Gobierno

Editorial

Este contexto, común a buena parte de las democracias contemporáneas, se conjuga, en la Argentina de hoy, con la situación de normalidad política y económica que, todo así lo indica, marcará el inicio del nuevo gobierno. En efecto, a diferencia de los comienzos del alfonsinismo, el menemismo y el kirchnerismo, el próximo presidente no asumirá en medio de un vacío pro-refundacionista sino en un escenario económico que, por más problemas que arrastre, necesariamente implicará continuidades: la posibilidad de desatar los nudos de inflación, dólar y crecimiento con cierta calma. Esto quizás explique la asombrosa similitud entre Scioli, Massa y Macri, los tres candidatos con más chances de llegar a la Presidencia. Pertenecientes a una misma generación política, la distancia que los separa es más corta que la de cualquier otra elección desde la recuperación democrática (pensemos si no en Alfonsín-Lúder, Menem-Angeloz, De la Rúa-Duhalde, Menem-Kirchner). Como ocurre en las democracias desarrolladas, que son democracias de la normalidad y no de la emergencia, las opciones tienden a converger. De este centro difuso, cuyo signo de los tiempos es el set de ShowMatch, surgirá el nuevo presidente. Un líder que, liberado de un mandato fuerte, deberá improvisar sobre la marcha, como los conductores de televisión que van reinventando su programa de acuerdo al ánimo del dios-rating. Pero que asuma con un margen amplio no significa que pueda dormir del todo tranquilo porque en el fondo sabe que una sociedad vigilante lo observará de cerca: el más mínimo ruido puede hacer que se despierte y camine hasta la cocina, donde esperan las cacerolas. g 1. “Delegative Democracy”, Journal of Democracy, Vol. 5, Nº 1, enero de 1994.

Co­la­bo­ra­do­res lo­ca­les Martín Abeles Fernando Bogado Nazaret Castro Julián Chappa Imelda Duffard Verónica Gago Pablo Gandolfo Alejandro Grimson Federico Lorenz Josefina Sartora Claudio Scaletta Bárbara Schijman Oscar Ugarteche Ilustradores Gustavo Cimadoro Tra­duc­to­res Julia Bucci Georgina Fraser Teresa Garufi Aldo Giacometti Florencia Giménez Zapiola Víctor Goldstein Patricia Minarrieta Bárbara Poey Sowerby Gustavo Recalde Carlos Alberto Zito Diseño original Javier Vera Ocampo Producción y circulación Norberto Natale Publicidad Maia Sona [email protected] [email protected] ww­w.el­di­plo.org Fotocromos e impresión: Rotativos Patagonia S.A. Aráoz de Lamadrid 1920, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le Monde diplomatique es una publicación de Capital Intelectual S.A., Paraguay 1535 (C1061ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, para la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. Redacción, administración, publicidad, suscripciones, cartas del lector: Tel/Fax: (5411) 4872 1440 / 4872 1330 E-mail: [email protected] En internet: www.eldiplo.org. Marca registrada®. Registro de la propiedad intelectual Nº 348.966. Queda prohibida la reproducción de todos los artículos, en cualquier formato o soporte, salvo acuerdo previo con Capital Intelectual S.A. © Le Monde diplomatique y Capital Intelectual S.A. Distribución en Cap. Fed. y Gran Bs. As.: Vaccaro Hermanos y representantes de Editoriales S.A. Entre Ríos 919, 1º piso. Tel. 4305 3854, C.A.B.A., Argentina. Distribución en Interior y Exterior: D.I.S.A., Distribuidora Interplazas S.A. Pte. Luis Sáenz Peña 1836, Tel. 4305 3160. CF. Argentina.

La circulación de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, del mes de mayo de 2015 fue de 25.700 ejemplares.

Capital Intelectual S.A. Le Monde diplomatique (París)

2. El mismo O’Donnell lo recuperó más tarde para aplicarlo a las gestiones de Álvaro Uribe, Hugo Chávez y los Kirchner, en las que veía algunas similitudes con el modelo original. Disponible en www.clubpoliticoargentino.org 3. Isidoro Cheresky, El nuevo rostro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, 2015.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

Fundador: Hubert Beuve-Méry Presidente del Directorio y Director de la Redacción: Serge Halimi Director Adjunto: Alain Gresh Jefe de Redacción: Pierre Rimbert 1-3 rue Stephen-Pichon, 75013 París Tél.: (331) 53 94 96 21 Fax: (331) 53 94 96 26 Mail: [email protected] Internet: www.monde-diplomatique.fr

Debatir el desarrollo argentino por Alejandro Grimson*

A

rgentina atraviesa un momento muy particular. El escenario político plantea el riesgo cierto de retorno a políticas neoliberales. Pero el déficit mayor es que la forma específica que asume la puja política en el país, en un contexto de polarización aguda, ha relegado no sólo los debates de ideas, sino la propia elaboración de programas y proyectos. Esto se expresa cuando las confrontaciones se plantean en términos más de identidad que de programas y líneas de trabajo. En este contexto, hay dos tareas relevantes: por un lado, promover la elaboración de ideas prospectivas que, lejos de agotarse en un diagnóstico, tengan una verdadera capacidad propositiva. Por otro, difundirlas en un lenguaje accesible a un público interesado. Es en ese sentido que nos proponemos abrir debates sobre los modelos de desarrollo para Argentina, priorizando los análisis de la economía política acerca de las potencialidades y alternativas productivas y fiscales, pero atendiendo también al carácter multidimensional de las desigualdades y las injusticias. Mediante los aportes de académicos e intelectuales con reconocimiento público, buscamos promover la elaboración y confrontación de ideas. Esto implica salir de las discusiones puntuales sobre una u otra medida, sobre un tipo de actividad económica, sobre una u otra decisión fiscal o programa social. El objetivo es analizar y debatir opciones más integrales de desarrollo, en las que uno de los ejes pasa, por supuesto, por la tensión entre la perspectiva neoliberal y la redistributiva, pero sin dejar de lado otras tensiones vinculadas a las economías extractivas, la seguridad ciudadana, las justicias e injusticias ambientales, territoriales, de género, y la dimensión cultural de la igualdad social. Para ello, desde el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM, con apoyo de la Fundación Heinrich Böll de Alemania, hemos convocado a Martín Abeles, cuyo artículo se publica en la página 10 de esta edición, y Martín Schorr, quienes abordarán problemas y líneas propositivas sobre cambio estructural y restricción externa; Paula Abal Medina, que analizará la precarización y las políticas laborales; Eleonor Faur, que examinará desde nuevos ángulos las desigualdades y políticas de género; Gabriel Kessler, que profundizará en la cuestión de la seguridad ciudadana, y Gabriela Delamata, que se ocupará de los temas medioambientales. Cada uno de ellos publicará un artículo en el Dipló a partir de esta edición y hasta fin de año, cuando, no casualmente, asumirá el nuevo gobierno. Al mismo tiempo, los debates serán abordados en tres mesas redondas en las que también participarán José Natanson y los coordinadores del proyecto, Alejandro Grimson y José Nun. Confiamos en que los artículos y las intervenciones constituyan una contribución para cargar de ideas el debate público argentino. g

*Antropólogo, IDAES (UNSAM), CONICET.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur



10 |

Edición 192 | junio 2015

Modelos de desarrollo en debate

Obstáculos para el cambio estructural por Martín Abeles*

Ricardo Stupía, sin título, 2012 (fragmento, gentileza Galería Jorge Mara - La Ruche)

A partir de este número el Dipló publica una serie de artículos realizados por profesionales convocados por el IDAES-UNSAM, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll de Alemania, para poner en cuestión los modelos de desarrollo en Argentina. Aquí, Martín Abeles analiza el crecimiento económico y el cambio estructural en el país.

L

a visión estándard u ortodoxa del desarrollo económico dio un giro sutil pero efectivo en los últimos quince años: dejó de hablar prioritariamente de política económica y pasó a centrarse en las instituciones. El punto de inflexión se produjo luego de la crisis financiera del Este Asiático en 1997, que tras una seguidilla de episodios similares (Rusia, Brasil, Turquía y Argentina) amenazó con socavar la legitimidad de las reformas de mercado. El cambio de eje –de las políticas a las instituciones– supuso un fenomenal acto de indulgencia histórica. Las inconsistencias que se ponían de manifiesto en esas crisis ya no eran el producto de políticas erradas (de apertura, desregulación y privatización) sino que obedecían a la inadecuación de las instituciones encargadas de llevarlas a cabo (1). La persistencia (práctica e ideológica) de las reformas de mercado es una prueba del éxito de ese viraje epistémico, que se vislumbra entre otras cosas en la apelación, cada vez más difundida, al buen “clima de negocios” o a la “seguridad jurídica” –dos de las expresiones más utilizadas, elevadas a categorías analíticas– como condiciones necesarias para el desarrollo. En este marco, el desafío desde la economía heterodoxa es doble. Por un lado,

volver a hablar de política económica –de los instrumentos y ejes de intervención pública imprescindibles para el desarrollo– y, por otro, dar cuenta de manera más consistente de la dimensión institucional. El caso argentino Para un país de industrialización intermedia como Argentina, un patrón de crecimiento virtuoso, que consiste en un cambio en la estructura productiva que tienda a incorporar actividades más complejas en un marco de inclusión social, implica aumentos persistentes de la productividad y el empleo que le permitan al aparato productivo acortar la brecha tecnológica con las economías avanzadas y, al mismo tiempo, incorporar más trabajadores al empleo formal. Ello sólo puede ocurrir en el marco de un fuerte proceso de diversificación productiva, que promueva el surgimiento de nuevas actividades, más intensivas en conocimiento, capaces de emplear a las personas desplazadas por el propio avance tecnológico (2). La CEPAL ha realizado distintos estudios sobre la reciente evolución de la estructura industrial argentina. Luego de la crisis de 2001-02, la industria manufacturera creció fuertemente, por lo menos hasta 2011. Ello supuso un punto de inflexión en la tendencia a la desindustrialización observada en los veinticinco años anteriores e hizo posible un fuerte aumento en la productividad que, a diferencia de la década precedente, se produjo de manera simultánea con el aumento del empleo (sobre todo hasta 2008) e indujo la creación de nuevas empresas manufactureras. La matriz tecno-productiva no experimentó, sin embargo, grandes transformaciones. Si bien la mayoría de las actividades

reflejaron aumentos de productividad, estos no fueron suficientes para seguirles el paso a los países más avanzados. Las ramas de más alto contenido tecnológico tendieron a crecer por encima del promedio general de la industria (pasaron de representar el 9,8% de la producción en 2003 al 12,4% en 2013) pero siguieron predominando las actividades de baja tecnología (alimentos, papel, madera, tabaco), que aún concentran más del 70% de la producción y el empleo industriales. El tipo de inserción externa de la industria también revela la persistencia de ciertas restricciones: todos los agrupamientos industriales, a excepción de las actividades de menor complejidad tecnológica, arrojan saldos comerciales fuertemente deficitarios. Existen indicios de cambio estructural, sobre todo en los análisis más desagregados, que se manifiestan, por ejemplo, en cierta mejora de las exportaciones de alta tecnología. Pero se trata de actividades que no resultan gravitantes desde un punto de vista macroeconómico, y que, por lo tanto, no logran convertirse en una fuerza de cambio endógena. Ello puede deberse en parte a la falta de una acción más decidida en materia de política industrial y tecnológica (que analizamos a continuación), pero también a las restricciones derivadas de la inercia inherente a todo proceso de transformación. La política industrial La necesidad de una política industrial y tecnológica regresa a la agenda pública en los 2000. En este regreso coexisten, sin embargo, distintos tipos de instrumentos: desde los inspirados en el enfoque estándard, market-friendly, de fallas del mercado, hasta algunas iniciativas más ambiciosas de desarrollo emprendedor fundadas en la necesidad de crear nuevas empresas dinámicas en sectores estratégicos. Se vislumbran, en la práctica, distintas “capas geológicas” de políticas, con cierta superposición o baja articulación entre los distintos instrumentos (3). En materia de generación de oportunidades tecnológicas, se inició un conjunto de proyectos en satélites, energía y defensa, bajo un esquema impulsado “desde arriba” y se avanzó en cierta reorientación de los fondos de apoyo a la ciencia y la tecnología para fortalecer capacidades (como en biotecnología). En cuanto al impulso a la generación de capacidades tecnológicas, se advierte cierta evolución desde instrumentos horizontales (indiscriminados) hacia otros más focalizados, como los Fondos Tecnológicos Sectoriales. Los regímenes promocionales, en cambio, fueron en general diseñados en base a criterios heredados (el régimen de Tierra del Fuego o el de la industria automotriz), aunque surgieron ciertas experiencias puntuales, aún incipientes, como el caso del régimen de motocicletas. Las políticas de financiamiento blando, orientadas en su mayoría a PyMEs, también se expandieron, en buena medida, producto de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, aunque en su aplicación aún prevalece un enfoque horizontal. Finalmente, vuelven a cobrar cierta relevancia las políticas de compre gubernamental (particularmente en salud y defensa). Estas iniciativas revelan la existencia de un importante potencial de articulación en torno a un conjunto de “proyectos estructurantes” a partir de empresas mixtas en sectores estratégicos en las áreas de defensa, comunicaciones (satélites), salud y agrobiotecnología, por no mencionar el complejo nuclear o la recientemente re-nacionalizada YPF. Este tipo de acciones “desde arriba”, combinada con acciones “desde abajo” a partir de la interacción de las agencias tecnológicas existentes (los distintos centros del CONICET, la CNEA, la CONAE, el INTA, las universidades nacionales) permitirían difundir más rápidamente las capaci-

dades tecnológicas y promover más efectivamente el desarrollo de la industria de bienes de capital (“industria de industrias”). Si bien luego de algunas contramarchas parece producirse un avance en los aprendizajes institucionales necesarios para este tipo de articulación, no se percibe aún una visión estratégica compartida que permita integrar diagnósticos y coordinar de modo más eficaz las distintas acciones. Inercia estructural y economía política La fase inicial de un proceso de desarrollo, en una estructura productiva desequilibrada como la argentina, se encuentra estrechamente ligada al crecimiento de los sectores existentes, que, por definición, no presentan grandes atributos tecnológicos. Son esos sectores los que pueden aprovechar inicialmente un shock externo positivo o el estímulo de la demanda estatal. Las actividades más sofisticadas, portadoras del cambio estructural (aquellas que permiten tasas más elevadas de crecimiento de la productividad y una mayor posibilidad de difusión de nuevas capacidades), aun cuando emergieran tempranamente en el proceso de cambio estructural, no lograrían convertirse en una fuerza gravitante endógena hasta bastante avanzado el proceso, por una cuestión “aritmética”. Habida cuenta de esta dimensión temporal, la cuestión central remite no sólo a la mayor o menor convicción acerca de la necesidad y eficacia de las políticas industriales y tecnológicas –aunque ello obviamente es una cuestión central– sino a la existencia o no de un actor o coalición social capaz de orientar la agenda estatal en la dirección del desarrollo económico y de sostener esa agenda en el tiempo. El problema práctico-histórico, como siempre, no radica tanto en la conformación de una agenda estatal y un equipo de gobierno esclarecidos en materia de desarrollo industrial y tecnológico (aunque eso ciertamente ayuda), sino en la falta de una demanda “privada” de desarrollo económico propiamente dicho, que trascienda los círculos académicos. Lo que intentamos es subrayar las dificultades objetivas que se encuentran en la base de la construcción de una coalición social capaz de llevar adelante y sostener en el tiempo semejante agenda de política industrial y tecnológica. Las instituciones son un problema. Las capacidades son esenciales. Pero antes están los actores sociales. g 1. Ha-Joon Chang, “Institutions and economic development: theory, policy and history”, Journal of Institutional Economics, 2011. 2. “Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada de desarrollo”, CEPAL, Santiago de Chile, 2012. 3. Pablo Lavarello y Marianela Sarabia, “La política industrial en Argentina durante los 2000: pluralidad de enfoques a la luz de la experiencia internacional”, Serie CEPAL- Naciones Unidas, Oficina de Buenos Aires, 2015.

*Director de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. Las opi-

niones expresadas en este artículo son personales y no necesariamente representan la visión institucional de la CEPAL. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

CICLO DE CHARLAS Lunes 15 de junio, 18 hs - Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543 Crecimiento, precarización laboral y cultura Martín Abeles, Paula Abal Medina, Alejandro Grimson Lunes 13 de julio, 18 hs - IDAES, Paraná 145 Restricción externa y problemática de género Martín Schorr, Eleonor Faur, José Natanson Lunes14 de septiembre, 18 hs - IDAES Seguridad y medioambiente Gabriel Kessler, Gabriela Delamata, José Nun

20 |

Edición 193 | julio 2015



El Dipló presenta el segundo artículo de la serie realizada por profesionales convocados por el IDAES-UNSAM, para indagar sobre los modelos de desarrollo en Argentina. Aquí, Paula Abal Medina analiza el sistema laboral y el papel de los trabajadores. Modelos de desarrollo en debate

Precarización: el otro movimiento obrero por Paula Abal Medina*

D

esde el 2003 el desempleo disminuyó en Argentina de manera vertiginosa. Se crearon alrededor de tres millones de puestos de trabajo registrados en el sector privado. El dinamismo de la negociación colectiva y el incremento progresivo del salario mínimo permitieron recuperar los ingresos, en especial de los trabajadores registrados, y otorgaron una fuerza relativa a los sindicatos. Durante los 12 años de gobiernos kirchneristas se restituyeron derechos y se crearon otros nuevos en favor de los trabajadores activos y pasivos: desde la derogación de leyes que habían limitado el principio de estabilidad laboral hasta el aumento de la cobertura jubilatoria, la creación de la Asignación Universal por Hijo, el Plan Argentina Trabaja y los nuevos regímenes legales para los trabajadores de casas particulares y agrarios. Enumeraciones de este tipo indefectiblemente nos sumergen en una cierta monotonía y, así, el significado de las transformaciones resulta empobrecido. Habiendo realizado trabajos de investigación en diversos establecimientos empresarios desde el año 2000, pude apreciar la profundidad objetiva y subjetiva de un orden descomunalmente desfavorable para los trabajadores, dimensionar el significado de su trastocamiento como acto cotidiano y comprender la cadencia propia del cambio. Porque las subjetividades corroídas por el sentimiento de ser un número más, sólo lenta y sigilosamente se desligan de la certeza de saberse desempleados en potencia, para desnaturalizar la injusticia y buscar cómo accionar frente a ella. Por eso la permanencia y la profundización de los cambios son condiciones indispensables para su apropiación real por parte de los trabajadores.

Desfasaje: la caja negra productiva ¿Cómo es el mundo del trabajo en el cual se inscribe lo antedicho? ¿Cuál es su efectividad en términos de conjunto? Destacar la opacidad de los modos de subordinar el trabajo en el capitalismo financiero transnacional es un punto de partida obligado. Sin detenernos en la caracterización del proceso histórico nacional, que configuró un modo periférico de esta nueva fase capitalista (en sus etapas de dictadura y democracia noventista), lo cierto es que el funcionamiento se asemeja al de una caja negra y la trama productiva ha devenido en un enjambre que arremetió contra la “serpiente roja del Paraná”, reemplazando la politicidad que impregnó la industria por lo que García Linera (1) define como “modernización barroca”: “un sistema productivo dualizado entre un puñado de medianas em-

Eduardo Stupía, sin título, 2012 (fragmento, gentileza Galería Jorge Mara - La Ruche)

presas con capital extranjero, tecnología de punta, vínculos con el campo económico mundial, en medio de un mar de pequeñas empresas, talleres familiares y unidades domésticas articuladas bajo múltiples formas de contrato y trabajo precario a estos escasos pero densos núcleos empresariales”. La caracterización de García Linera nos permite pensar la operatoria de algunos sectores de actividad. Un ejemplo es el tipo de reindustrialización de la actividad textil con grandes marcas subordinando a miles de talleres clandestinos distribuidos entre Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense produciendo el 78% del total de ropa en circuitos ilegales y, en ellos, las muchas muertes de trabajadores y de niños (2). Si desplazamos el análisis hacia Villa Constitución, la empresa siderúrgica Acindar, cuyo directorio integró Martínez de Hoz represión genocida mediante, muestra hoy una mutación estructural de su trama productiva: la investigación de Julia Strada (3) permite constatar que de un total de 2.354 trabajadores, 1.214 son empleados directos de Acindar y los 1.140 restantes son tercerizados, estando el 80% distribuidos entre múltiples subcontratistas, muchas de las cuales abastecen únicamente a Acindar y al núcleo principal de la actividad.

El capitalismo creó una inmunidad nueva y en este punto las formas previas de intervenir la relación entre capital y trabajo desde el Estado se han vuelto parcialmente estériles. También el modo de saber diagnosticar, clasificar, medir y caracterizar. Las estadísticas oficiales sí brindan un indicador preocupante: más de un tercio de los trabajadores urbanos no se encuentra registrado en la Seguridad Social. Es un dato significativo, muy elevado y estructural, pero insuficiente para reconstruir la complejidad del mundo trabajador actual. Decir que resulta necesario crear una nueva relación saber-poder puede resultar a la vez trillado y grandilocuente pero, desde distintos campos estatales, redes de investigación y organizaciones políticas, territoriales y sindicales comenzamos a definirlo como imperativo. La Ley 25.877 sancionada en 2004 define las características del balance social de empresas. Se trata de una herramienta que con la ampliación de prerrogativas y cobertura y con la intervención de diversos actores, permitiría constituir una entidad participativa y capaz de visibilizar lo que ocurre en la caja negra. En segundo lugar, la discusión en torno a la tercerización laboral está muy presente en la región: en las agendas de Estado

con signos muy opuestos. Entre los trabajadores la resistencia a la tercerización se viene transformando en un articulador de luchas (4). Porque es cada vez más coincidente la definición de la tercerización como un dispositivo que vehiculiza la precarización en la medida que disminuye salarios y la estabilidad en el trabajo, debilita la organización colectiva y aumenta los accidentes de trabajo. En definitiva, opera transfiriendo el riesgo desde las empresas concentradas hacia otras empresas y sus trabajadores, y potenciando la desigualdad social. La forma política El anterior “otro” movimiento obrero irrumpió en la escena política el 17 de octubre de 1945. “Invasores, bárbaros y cabecitas negras”, sentenciaron las derechas. “Desclasados con aspecto de murga que no representan al auténtico proletariado”, sostuvieron algunos sectores de izquierda. Con forma política “los otros” devinieron, para usar la metáfora de la época, en la “columna vertebral del movimiento peronista”: sindicalismo poderoso, afiliación masiva, delegados gremiales, convenios colectivos. Aun siendo significativos los esfuerzos de algunos sindicatos para garantizar las condiciones del convenio a los tercerizados, los resultados no son alentadores: el capitalismo de fase actual también ha adquirido cierta inmunidad respecto de la forma política del trabajo. Por el contrario, en otros casos algunas conducciones sindicales persiguen a los precarizados porque consideran que su organización pone en peligro los intereses políticos o económicos del sindicato. En muchos otros, los sienten externos y por eso quedan fuera de sus paros y reclamos. En definitiva millones de trabajadores están a la intemperie. Son el nuevo “otro movimiento obrero”, muchas veces con importantes organizaciones pero careciendo de una forma política que les permita hacer efectivos sus derechos, y disputar la distribución de la riqueza. Ejemplo de ello son los trabajadores que organizan la producción a través del Plan Argentina Trabaja, los feriantes, las familias campesinas, los cooperativistas que recuperaron empresas quebradas, los trabajadores tercerizados. Dotando de reconocimiento estatal, de capacidad representativa y función social a las organizaciones y movimientos existentes y, a la vez, multiplicando los consejos de trabajadores y delegados gremiales por las cadenas invisibles de la tercerización, estaremos creando un modo de producción con protagonismo de los trabajadores. En definitiva esto es lo que significa, para el campo popular, el desarrollo. g 1. Álvaro García Linera, “Sindicato, multitud y comunidad” (disponible en CLACSO). 2. Veáse Verónica Gago, La razón neoliberal, Tinta Limón, 2014. 3. Julia Strada, “Estrategias empresarias en la siderurgia argentina”, ponencia presentada en el Congreso AEDA, Buenos Aires, 2015. 4. Destaco los aportes en la materia del libro coordinado por Victoria Basualdo y Diego Morales, La tercerización laboral, Siglo XXI, 2014.

*Socióloga (CONICET/IDAES-UNSAM). © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

CICLO DE CHARLAS Lunes 13 de julio, 18 hs - IDAES, Paraná 145 Restricción externa y problemática de género Martín Schorr, Eleonor Faur, José Natanson Lunes 14 de septiembre, 18 hs - IDAES Seguridad y medioambiente Gabriel Kessler, Gabriela Delamata, José Nun

12 |

Edición 194 | agosto 2015



El Dipló presenta el tercer artículo de la serie realizada por profesionales convocados por el IDAES-UNSAM, para indagar sobre los modelos de desarrollo en Argentina. Aquí, Martín Schorr describe las limitaciones externas de la economía y plantea posibles salidas. Modelos de desarrollo en debate

Los límites externos por Martín Schorr*

L

a evolución de la economía argentina hasta 2014 reconoce dos grandes fases luego del crítico y regresivo año 2002. Entre 2003 y 2008 el PBI se expandió a una tasa media anual del 8,4% (con un rol protagónico de las industrias), las cuentas fiscales tuvieron superávit y la inflación (precios al consumidor) se mantuvo por debajo del 10% anual (hasta 2006). Entre 2008 y 2014 el PBI creció a un promedio del 3,6% por año en un cuadro signado por la irrupción de la crisis mundial, la erosión de la holgura fiscal y la externa, y una inflación que superó largamente los dos dígitos anuales. En la segunda etapa el crecimiento se sostuvo sacrificando reservas internacionales, estrategia que encontró un límite preciso en el nivel relativamente bajo que alcanzaron las mismas a fines de 2013 y volvió a poner en el tapete la cuestión de la restricción externa. A comienzos de 2014 el gobierno convalidó una suba pronunciada del tipo de cambio que, junto con otras medidas, implicó un estancamiento del PBI (con rubros recesivos como la industria, la construcción y el comercio), así como una caída de casi el 5% en el salario real de los trabajadores registrados del sector privado. Ante los resultados regresivos de esta reorientación de la política económica se buscó mitigar en parte sus efectos por diversas vías: planes de estímulo al consumo, acuerdos financieros con China, control de importaciones y emisión de deuda.

Actores económicos y divisas Frente al escenario abierto de restricción externa se plantean alternativas distintas de superación, que incluyen un nuevo ciclo de endeudamiento, un mayor ingreso de Inversión Extranjera Directa (IED), la adopción de políticas monetarias y fiscales contractivas y/o la devaluación de la moneda. Dichas medidas pueden servir para sortear problemas transitorios de iliquidez, pero para resolver la contradicción que presenta la economía nacional en su sector externo es necesario atacar las causas de fondo que generan la crisis. La ausencia de una perspectiva de cambio estructural que permita superar de manera sustentable los problemas en el sector externo no es sólo un problema “técnico”, sino que encuentra raíces en la escasa autonomía relativa del Estado. La resolución de la contradicción que se manifiesta entre la aceleración del proceso de acumulación de capital y los límites que impone una estructura productiva heterogénea y desequilibrada, y que se manifiesta como restricción externa, no es independiente de las posiciones que adoptan las distintas clases y fracciones de clase. Las empresas extranjeras no están interesadas en modificar el rol de la economía local en la división internacional del trabajo, máxime cuando la misma casi no

Eduardo Stupía, sin título, 2012 (fragmento, gentileza Galería Jorge Mara - La Ruche)

ofrece ventajas comparativas más allá de su abundante dotación de recursos naturales y ciertos ámbitos privilegiados por las políticas públicas. Por otra parte, el hecho de ser un actor central en la provisión de divisas le otorga al capital extranjero un importante poder de veto sobre la orientación del funcionamiento estatal. En similar situación se encuentran los grandes exportadores, sobre todo los que dependen de las ventajas comparativas. La provisión de divisas por parte de estos actores es un elemento central en el esquema de acumulación que se erigió en la posconvertibilidad, lo que pone límites objetivos a la capacidad que tiene el Estado de apropiar renta y/o modificar los parámetros del comercio exterior. Pero tampoco existe una burguesía nacional dispuesta a encarar un proyecto de país distinto al que surge “naturalmente” de la tradicional división del trabajo a escala mundial. Las empresas nacionales en general no han logrado competir en igualdad de condiciones con las foráneas salvo en aquellos casos que explotan ventajas compara-

tivas. El resto del capital doméstico realiza tareas complementarias al extranjero, con tecnologías obsoletas y se sustenta en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Otra parte se refugia en actividades menos dinámicas, donde el capital transnacional no ha desarrollado aún una tecnología nueva y en las cuales las diferencias de productividad son menores, o bien en sectores que se encuentran al margen de la competencia como los regulados por el Estado. El correlato de esta situación es la subordinación, no exenta de conflictos, del capital nacional a la lógica del extranjero, y marca la incapacidad de la burguesía local de orientar el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Hacia una solución En la perspectiva trazada, la búsqueda de superar la restricción externa en forma sustentable es harto dificultosa en la medida en que no se constituya una fuerza social que tenga interés en ello y sea capaz de llevarla adelante. De todas formas, cabe plantear, para el debate, algunos posibles lineamientos de intervención:

• Avanzar en la derogación del corpus normativo resultante de la Ley de Inversiones Extranjeras y sus normas complementarias, y su reemplazo por un nuevo régimen en la materia. Por caso, mediante la fijación de: condicionalidades a la IED para favorecer la inversión en sectores con potencial sustitutivo y/o exportador no tradicional; metas de desempeño explícitas y de cumplimiento efectivo; requisitos mínimos de integración nacional de la producción; promoción de joint-ventures con firmas locales (preferentemente públicas) con cláusulas de transferencia tecnológica; incorporación de actividades de investigación y desarrollo; restricciones a la remisión de utilidades; mayores controles al endeudamiento de las empresas transnacionales; contralor estricto sobre las prácticas empresarias con vistas al establecimiento de precios de transferencia. • Gravar la renta financiera y profundizar las regulaciones sobre los flujos de capitales de corto plazo que ingresan a la economía doméstica. • Denunciar los numerosos tratados bilaterales de inversión vigentes y salir del “sistema CIADI”. • Direccionar el endeudamiento externo, no para afrontar gastos corrientes sino para el apalancamiento de inversiones que permitan reducir el déficit de divisas (obras en el sector energético, mejora en la infraestructura de transporte y portuaria, fomento del turismo receptivo, planes de desarrollo industrial, etc.). Y financiar la puesta en marcha de un Banco Nacional de Desarrollo que apunte a financiar proyectos estratégicos en términos de aporte/ahorro de divisas y una mayor incorporación de contenido tecnológico local, así como a estimular la inversión en bienes de capital de origen nacional. • Encarar una revisión profunda de los regímenes especiales de promoción, como los que rigen en la industria automotriz y en la electrónica de consumo en Tierra del Fuego, para avanzar hacia una mayor especialización en productos que posibiliten un ahorro genuino de divisas e incrementar de modo paulatino el valor agregado a nivel doméstico. En una línea similar se inscribe la necesaria revisión de los distintos incentivos a la formación de capital que, a instancias de una amplia gama de subvenciones estatales, suelen alentar el despliegue de procesos de “sustitución inversa” que terminan relegando el potencial industrial del país. • Asegurar la implementación de programas de desarrollo de proveedores nacionales para aquellos sectores/empresas que cuentan con regímenes específicos de promoción y/o protección estatal. Esto podría instrumentarse también en empresas de propiedad estatal: la actual YPF podría constituirse en un “mascarón de proa” de una reindustrialización vía el desarrollo de proveedores y el estímulo a la asociatividad empresaria. • Canalizar el crédito al consumo hacia productos que presenten un mayor nivel de integración nacional de la producción. • Encarar una política de negociaciones comerciales centrada en relaciones de reciprocidad y que priorice a aquellos socios comerciales con mayor capacidad para adquirir bienes industriales, especialmente productos con mayor valor agregado. g *Sociólogo (UBA). Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO). © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

CICLO DE CHARLAS Lunes 14 de septiembre, 18 hs - IDAES Seguridad y medioambiente Gabriel Kessler, Gabriela Delamata, José Nun

10 |

Edición 195 | septiembre 2015



El Dipló presenta el cuarto artículo de la serie realizada por profesionales convocados por el IDAES-UNSAM, para indagar sobre los modelos de desarrollo en Argentina. Aquí, Eleonor Faur analiza cómo el cuidado de la familia es un tema de interés público. Modelos de desarrollo en debate

Un problema invisible por Eleonor Faur*

L

os debates sobre modelos de desarrollo suelen pivotear alrededor de la estructura productiva, el grado de (des)protección de la producción nacional, la distribución de su rentabilidad entre trabajadores y empresarios, la modalidad de la relación que el país define con otros países y con organismos financieros internacionales. Son enfoques que discuten el papel del Estado y del mercado en la definición de las reglas de juego de la política económica (y, en menor medida, de la política social). Al hacerlo, es frecuente que omitan un eslabón clave desde el punto de vista de género: ¿cuál es la función que dichos modelos delegan en las familias? ¿Cómo regulan los vínculos entre el trabajo remunerado, el cuidado familiar y las relaciones de género? Pese a su invisibilidad, en estos interrogantes gravita la relación entre los modelos de desarrollo y el bienestar de la población. La distribución de tareas Sabemos que históricamente se asignó a las familias el cuidado de sus miembros y que, aunque todos contamos con la capacidad de cuidar a otras personas, esta actividad quedó delimitada como una responsabilidad femenina. Anclada en una matriz cultural que entiende a las mujeres como “las cuidadoras ideales”, esta noción contribuyó a delinear las bases funcionales de determinada economía social y política: un modelo de familia con “varón proveedor” y “mujer ama de casa”. Quienes atravesamos la vida adulta fuimos testigos (y protagonistas) de la profunda alteración de este modelo. Las mujeres ingresaron en forma masiva al mundo del trabajo a partir de las sucesivas crisis económicas, pero también de una mayor autonomía; cambiaron las familias; aumentaron los hogares con dos proveedores y también aquellos encabezados por mujeres; crecieron globalmente las uniones consensuales y los divorcios, y se garantizó la ciudadanía de homosexuales y personas trans mediante las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género. Como en una superposición de capas geológicas, la cuestión de género logró posicionarse en la agenda pública, y muchos de los antiguos reclamos del feminismo se tradujeron en leyes y programas que ampliaron derechos políticos, civiles, sociales y sexuales. En paralelo, se gestó un nuevo límite a la indiferencia, y una multitudinaria movilización popular pobló las plazas argentinas el 3 de junio –al grito de “Ni una menos”– para exigir respuestas efectivas frente a la violencia contra las mujeres y erradicar el femicidio. A pesar de estas profundas transformaciones, persiste una matriz profundamente desigual en la distribución de tareas y responsabilidades según género. Los hombres continúan orientando su energía, principalmente, al trabajo remunerado, mien-

Eduardo Stupía, sin título, 2012 (fragmento, gentileza Galería Jorge Mara - La Ruche)

tras que las mujeres suman, superponen e intercalan su participación en el mercado laboral, el trabajo doméstico y los cuidados familiares, con frecuencia, a ritmos vertiginosos. La reciente Encuesta de trabajo no remunerado y uso del tiempo del INDEC mostró que el 88,9% de las mujeres y el 57,9% de los varones realizan actividades no remuneradas (incluyendo quehaceres domésticos, apoyo escolar o cuidado de personas). Pero la dedicación de las mujeres es sensiblemente mayor (en promedio, ellas destinan 6,4 horas por día y ellos, 3,4) (1). Hay sutiles variaciones en la participación y dedicación según los distintos contextos, edades, tipos de hogar y posición en el mismo, pero la brecha de género se mantiene. ¿Cuál es la relación entre estas dinámicas y los modelos de desarrollo? En primer lugar, es evidente que el trabajo no remunerado y de cuidados constituye un pilar indispensable del modelo de bienestar. ¿Acaso se puede garantizar el funcionamiento de la sociedad si se elimina el trabajo no remunerado? Ciertamente, no. A pesar de ello, tanto las perspectivas ortodoxas como las

heterodoxas consideran como trabajo sólo aquel que tiene un valor monetario y apuntan todas sus recomendaciones dejando en suspenso una parte central de la inversión de energía para la producción del bienestar. En segundo lugar, esta situación tiene altos costos para los hogares: cuanto más tiempo se dedica al trabajo impago, menos tiempo queda disponible para ingresar y permanecer en una actividad remunerada, lo que afecta la autonomía femenina y el bienestar de sus familias. Finalmente, la inequidad en la distribución de tiempos se reproduce mediante políticas públicas que distinguen prestaciones y derechos basándose en presupuestos de género acordes con un modelo que se revela anacrónico. Una problemática pública Si consideramos el ámbito del cuidado infantil, encontramos tres tipos de políticas que inciden en la organización social de los cuidados. La legislación laboral concentra sus dispositivos – por ejemplo las licencias– en las madres y, de manera indirecta, alimenta un modelo de masculinidad orienta-

do a la provisión de ingresos y desvinculado de las responsabilidades domésticas. Si la ley ofrece sólo 3 días de licencia a los padres ocupados mientras que las madres cuentan con 90 días, el mensaje acerca de qué se espera de la división sexual del trabajo es contundente. Pero en los hechos, también para ellas las licencias son breves, sobre todo si se tiene en cuenta que los espacios de cuidado en el lugar de empleo son excepcionales y que el déficit de la oferta pública de jardines maternales se extiende en todo el país (2). Entonces, cuando las madres trabajan, ¿quién cuida a los niños? Dependerá, sobre todo, de los ingresos familiares. Los hogares más pobres apelan a la oferta estatal y comunitaria y a la ayuda familiar. Pero la relativa escasez de servicios, sumada a la convergencia de empleos precarios y sin protección social repercute en una menor participación en el mercado laboral. La Asignación Universal por Hijo mejoró la capacidad de consumo de estos hogares, aunque por sí sola no alcanza para reorganizar las lógicas de provisión y cuidados. Por su parte, la tendencia de las clases medias y acomodadas es la de mercantilizar los cuidados, contratando jardines privados y/o empleadas domésticas. En última instancia, esta tendencia profundiza la desigualdad social y cristaliza un problema de justicia distributiva. De tal modo, además de requerir medidas específicas, desafía los marcos cognitivos en el pensamiento sobre el desarrollo. El papel del Estado es central a la hora de transformar la asignación desigual de responsabilidades y derechos. Para ello, es necesario reorientar las políticas existentes y articularlas como parte de un sistema que acompañe las nuevas realidades y necesidades sociales. Hace falta revisar la extensión de la jornada laboral y distribuir los tiempos dedicados al trabajo remunerado y al trabajo doméstico y de cuidados, así como también ampliar las licencias por nacimiento o adopción, promoviendo la vinculación masculina en la crianza. Sostener los niveles de ingreso, tanto mediante transferencias como en la mejora de las condiciones del empleo femenino, es otra de las estrategias indispensables. Pero nada de esto es suficiente para aliviar las abigarradas agendas femeninas si no se proveen servicios de cuidado infantil gratuitos, de calidad y de cobertura universal. En este sentido, es una buena noticia la obligatoriedad de la sala de 4 años del jardín en Argentina, aunque las coberturas son todavía insuficientes para los menores de tres años, y las instituciones de jornada completa sólo cubren el 2,5% de la matrícula en todo el país. En definitiva, comprender la cuestión del cuidado no como un problema personal sino como un problema público, como factor gravitante del bienestar social, es la precondición para redistribuir responsabilidades entre géneros e instituciones y jerarquizar esta actividad en la política pública. g 1. INDEC, Encuesta de trabajo no remunerado

y uso del tiempo. Buenos Aires, 2014. Corresponde a 31 aglomerados urbanos. 2. Eleonor Faur, El cuidado infantil en el siglo XXI. Mujeres malabaristas en una sociedad desigual, Siglo XXI, Buenos Aires, 2014.

*Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO. Posgrado en Mujer, Género y Desarrollo (Royal Tropical Institute, The Netherlands). © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

CICLO DE CHARLAS Lunes 14 de septiembre, 18 hs - IDAES Seguridad y medioambiente Gabriel Kessler, Gabriela Delamata, José Nun

10 |

Edición 196 | octubre 2015



El Dipló presenta el quinto artículo de la serie realizada por profesionales convocados por el IDAES-UNSAM, para indagar sobre los modelos de desarrollo en Argentina. Aquí, Gabriela Delamata analiza los problemas que integran la agenda ambiental. Modelos de desarrollo en debate

Leyes que tambalean por Gabriela Delamata*

L

a explotación intensiva de recursos naturales a gran escala ha venido ocasionando distintos problemas ambientales y de acceso social a los recursos. Estos problemas, que apuntan a la sustentabilidad ambiental del desarrollo, se expresan públicamente en el crecimiento de las demandas ciudadanas que interpelan al Estado en relación con el valor público del ambiente y del bienestar de la población, vinculado a las actividades reproductivas y productivas que se realizan en los territorios. Desde la administración, la defensa en clave sectorial de las actividades extractivas se inscribe dentro de los aportes al crecimiento económico, pero también encubre, de una manera tan aparentemente neutral como refractaria a ser interpelada desde el lenguaje transversal de los derechos, la cesión del manejo sobre recursos naturales y el ambiente a los privados. Sobre ella reposa la gestión (estatal) sectorial (concertada) de las actividades primarias. Sin embargo, en el marco de una ampliación de los márgenes de legitimidad política, causas ambientales relacionadas con el uso de recursos naturales se transformaron en debates legislativos y, mediando respaldos políticos mayoritarios, se convirtieron en leyes y ordenanzas ambientales regulatorias de las actividades extractivas. De este modo, la agenda ambiental dejó de estar confinada a la sociedad civil para ser parte de decisiones institucionales. De allí que pueda hablarse de una nueva fase de la agenda ambiental, signada, por un lado, por los consensos políticos alcanzados, y por el otro, por la etapa abierta en términos de política pública, de implementación de las normativas a fin de garantizar las nuevas condiciones de seguridad ambiental. ¿Estamos efectivamente frente a una nueva fase? Para dar cuenta de cuál ha sido el camino recorrido, nada más ilustrativo que reseñar brevemente el estado de situación con relación a decisiones tomadas para responder a tres problemas ambientales.

De las leyes a las políticas… Fuentes de agua. En 2010 se sancionó la Ley de Glaciares, dirigida a preservar esas fuentes de recarga hídrica de alta montaña. Para ello, la ley prohíbe, dentro del área de protección, las grandes obras y las actividades minera y petrolífera. Durante la pasada década, se aprobaron normas de prohibición de la megaminería a cielo abierto o hidroquímica, con idéntico propósito de proteger el agua, en zonas particularmente áridas y como sostén de las dinámicas productivas y culturales regionales en distintas provincias (1). Presiones económicas y decisiones políticas llevaron a la derogación, “a recinto cerrado”, de dos leyes provinciales y procesos similares enfrentan leyes vigentes, para obtener su derogación

ridades locales, que atienden tanto a la confección de los OTBN (categorizaciones que deben ajustarse a los lineamientos de la Ley Nacional y realización de los procesos participativos) como a la puesta en marcha de planes de manejo aprobados que estarían implicando cambios no permitidos en el uso del suelo. El informe subraya que la fiscalización y el control de las actividades en el terreno, en relación con la administración de los bosques nativos, son responsabilidad primaria de las provincias, pero también indica cuál debería ser el protagonismo de la Nación: “Dado que las presiones económicas que impulsan el avance de la frontera agropecuaria pueden superar en el corto plazo los esfuerzos realizados en términos de normativa y gestión para regular la pérdida de bosques nativos e impulsar su uso sustentable, es necesario fortalecer la implementación de las políticas con injerencia en esta materia mediante acciones efectivas” (p. 27). Agroquímicos. La contaminación en la salud y el ambiente ocasionada en periferias urbanas y zonas pobladas por la aplicación aérea y terrestre de los agroquímicos utilizados en la agricultura motivó la movilización de afectados y médicos. La normativa aprobada comprende un número creciente de ordenanzas municipales que disponen áreas de exclusión. Pese a que la gran mayoría de las provincias cuenta con normas y reglamentación para el uso de agroquímicos desde hace más de una década, las mismas no se aplican o se violan, lo que llevó a los tribunales de justicia a establecer las primeras áreas de restricción. Dada la utilización generalizada de agroquímicos en el sector agrícola, estas medidas resultan insuficientes, y hoy existen distintas presentaciones ante el Estado Nacional para lograr una respuesta integral.

Eduardo Stupía, sin título, 2012 (fragmento, gentileza Galería Jorge Mara - La Ruche)

o circunvalar su aplicación. La Ley de Glaciares exige de manera prioritaria inventariar y monitorear el estado de los glaciares en las áreas de mayor actividad minera, pero al día de hoy no existe información pública disponible que permita sostener que la Ley ha comenzado a implementarse a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA/CONICET), organismo encargado de realizar el inventario. Bosques nativos. En 2007, ante la situación crítica suscitada por el desmonte masivo en la región chaqueña, se sancionó la Ley de Bosques Nativos, con el propósito de regular la expansión de la frontera agropecuaria y preservar los servicios ambientales que prestan los bosques nativos. La Ley establece que las provincias deben llevar adelante el ordenamiento territorial de los bosques nativos, mediante un proceso participativo y acorde con los criterios y categorías de conservación de la Ley; dispone la moratoria a los desmontes hasta que cada provincia realice

su Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN); establece la obligatoriedad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte y también crea los planes de manejo sostenible de los bosques nativos, entre otros asuntos. Entre el momento de la sanción de la Ley y 2013 se deforestaron a nivel nacional 1.9 millones de hectáreas de bosque nativo, con una concentración de los desmontes en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, donde la frontera agropecuaria (y el nuevo mercado de tierras) avanzaron sobre territorios campesinos e indígenas (2). Entre 1998 y 2006, la superficie deforestada había sido de 2.3 millones de hectáreas. La tasa de deforestación fue decreciendo, pero los desmontes ilegales y los permisos a escala predial en zonas protegidas continuaron. Según es informado a través de áreas técnicas pertenecientes a la autoridad nacional de aplicación (3), aunque las tendencias son muy variadas entre jurisdicciones, existen observaciones frecuentes a las auto-

¿Regulación o prioridad? Desde las organizaciones sociales que monitorean el cumplimiento de las leyes, se subraya la necesidad de mejorar las herramientas, recursos y capacidades estatales disponibles para la gestión y el control, como un paso indispensable para la adecuada implementación de las leyes. Desde la perspectiva de los organismos técnicos, los problemas de gestión aparecen altamente mediados por el volumen que adquieren las decisiones de tipo político. ¿Existe (suficiente) voluntad política para regular ambientalmente, poniendo límites a las actividades económicas? Las situaciones de nula implementación legal, derogación de leyes y flexibilización normativa a la hora de su aplicación permiten pensar que las instancias legislativas tienen escaso peso a la hora de (re)definir las prioridades políticas. Sin embargo, el orden de prioridades no parece ser solamente un asunto de la administración sino, a su vez, de consensos legislativos que no se mantienen en el tiempo o no con la actividad suficiente, alrededor del objetivo común de proteger el ambiente y resguardar los recursos naturales. El mal desempeño regulatorio del Estado redobla la vulnerabilidad de las comunidades y poblaciones, que dependen de sus desiguales capacidades de organización y resistencia para enfrentar los problemas ambientales. g 1. Gabriela Delamata, “Actualizando el derecho al ambiente”, Entramados y Perspectivas 3, UBA, 2013. 2. REDAF, en Informe Ambiental Anual FARN 2015. 3. Ley Nº 26.331, Informe de estado de implementación 2010-2014 (disponible en www.ambiente.gob.ar).

*Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, docente IDAES-UNSAM. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

10 |

Edición 197 | noviembre 2015



El Dipló publica el sexto artículo de la serie realizada por profesionales convocados por el IDAES-UNSAM para indagar sobre los modelos de desarrollo en Argentina. Aquí, los autores presentan interrogantes y lineamientos para elaborar políticas de seguridad democrática. Modelos de desarrollo en debate

¿Cómo construir una agenda de seguridad? por Gabriel Kessler y Paula Santamaría*

E

n este artículo nos gustaría presentar algunos lineamientos en torno a dos cuestiones clave para pensar modelos de desarrollo en materia de seguridad. La primera, los vacíos que existen en el conocimiento sobre el tema, particularmente en aquél que es fundamental para la elaboración de políticas. La segunda se vincula con las características que deberían asumir esas políticas. Vacíos cognitivos En la última década se han producido múltiples investigaciones sobre seguridad en nuestro país. El caudal de conocimiento nos ha permitido trazar un panorama relativamente certero sobre muchas cuestiones. Sin embargo, existen dimensiones que todavía no han sido suficientemente estudiadas. Nos gustaría centrarnos en cinco de ellas en pos de contribuir a la agenda de investigaciones pendientes. 1. El perfil de las personas que delinquen. Es común afirmar que la cantidad de delitos englobados en lo que se considera “inseguridad” se ha incrementado en las últimas décadas. Sin embargo, desconocemos si esto se debe a que ha crecido el número de individuos que cometen delitos, o a que este contingente se ha mantenido estable pero ha aumentado la cantidad de hechos que cada persona efectúa. Un segundo aspecto relativo a los perfiles se refiere a los grados de especialización de la actividad. ¿Los individuos suelen especializarse en un delito o están dispuestos a cruzar de uno a otro en función de las oportunidades? ¿Entre qué delitos hay mayores pasajes o combinaciones? ¿Cuáles se mantienen como ámbito especializado de actores “expertos”? Aunque algunos estudios permiten esbozar ciertos perfiles, todavía no tenemos un conocimiento sistemático para planificar políticas. 2. Los mercados del delito. La (escasa) estadística sobre delitos en Argentina se construye básicamente a partir del conteo individual de hechos, víctimas y victimarios. Esta metodología dificulta la tarea de identificar los puntos de articulación entre los casos y de reconstruir los flujos del sistema. Resultaría útil introducir un análisis de las dinámicas delictivas que las contemplara en términos de mercados. Esto implica centrar la indagación en cada campo específico de la actividad, identificando el núcleo estructurante de cada mercado (por ejemplo, las fuentes de financiamiento o la comercialización), la división del trabajo que se da entre actores con distintas tareas, jerarquías y poder relativo y analizando la complementariedad entre sus acciones. De este modo, se complejizaría la distinción dicotómica entre crimen organizado y amateur, mostrando la articulación entre actores y actividades con distintos niveles de

Eduardo Stupía, sin título, 2012 (fragmento, gentileza Galería Jorge Mara - La Ruche)

organización así como la sinergia entre acciones criminalizadas y no criminalizadas dentro de un mismo mercado. 3. La relación entre delito y desigualdad. La década del 90 y los primeros años del siglo XXI vieron un crecimiento concomitante del delito y la desigualdad. Sin embargo, la reducción posterior de la inequidad no se vio acompañada de una disminución análoga en los crímenes. Ante esto, habría que indagar varias cuestiones: ¿cuáles son los vínculos causales entre ambas variables? ¿Cuáles son las secuelas temporales de la desigualdad? ¿De qué manera incide la persistencia de “núcleos de exclusión estructural” sobre la reproducción de las dinámicas delictivas? Existen estudios que permitirían apoyar la hipótesis de una autonomización de la variable dependiente (tasas de delito), por ejemplo mediante la consolidación de mercados delictivos o a través del establecimiento de lógicas expresivas que mantienen una relación no instrumental con la violencia. Sin embargo, el conocimiento del que disponemos no permite ser concluyente.

4. La heterogeneidad de situaciones a nivel nacional. La mayoría de los estudios sobre seguridad se han enfocado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque existen también investigaciones acerca de la situación en Córdoba, Rosario, Santa Fe y Mendoza. Estos trabajos permiten identificar patrones comunes a nivel nacional así como diferencias significativas entre las grandes urbes que es necesario ahondar. Por otro lado, sería preciso caracterizar la situación en las ciudades medianas y pequeñas, donde las encuestas de victimización muestran tasas de delito significativas. 5. La relación entre distintos tipos de delitos y violencias. Gran parte de nuestro conocimiento sobre “la inseguridad” gira en torno al pequeño delito urbano. Tenemos escasa información sobre los delitos más complejos, como el económico o el medioambiental y no sabemos lo suficiente acerca de las relaciones entre los distintos tipos de delitos y de violencias. Conocemos poco, por ejemplo, acerca de las formas de conflictividad local que terminan en homicidios (aun cuando constituyan un porcen-

taje significativo de los asesinatos totales) o de la relación entre diferentes tipos de violencia (por ejemplo, entre la de género, la interpersonal y la específicamente delictiva). Tampoco sabemos mucho, a pesar de la alta presencia mediática y de irresponsables y peligrosos discursos de campaña, de la relación entre distintos tipos de drogas (y si se trata de algunos consumos o tráficos) y distintos tipos de violencia. Desarrollar el conocimiento sobre estos cinco puntos es fundamental para generar políticas que sean más ajustadas a la heterogeneidad de las dinámicas de violencia y delito, y por ende más eficaces a la hora de desarticularlas. Políticas de seguridad democrática En una segunda instancia, nos gustaría presentar algunos debates sobre las características que deberían tener las políticas de seguridad democrática. Tomamos cuatro aspectos básicos, aunque habría muchos otros por destacar. 1. Política basada en la evidencia. Resulta fundamental que vuelva a contarse con estadísticas oficiales de seguridad que sean exhaustivas, confiables y de acceso público. Sin ellas, las políticas se diseñan a ciegas y es imposible evaluar su impacto. 2. Necesidad de fijar objetivos. La Nación y cada provincia deberían explicitar sus objetivos en materia de seguridad, que sean mensurables y que en efecto sean mensurados. En este marco, es preciso debatir si hace falta un gran Plan Nacional de Seguridad que intente abarcar todo el territorio y todas las problemáticas a la vez, o si sería preferible elaborar programas sectorizados (por mercado delictivo, por región y en el caso de ciertas ciudades) que enfrentaran los distintos desafíos de manera progresiva. 3. Reformas policiales: ¿transformación general o modificaciones parciales? A lo largo de la última década, varias provincias han iniciado reformas de sus fuerzas policiales, con diversa suerte. Aun cuando hay consenso sobre el imperativo de transformación de la institución, dada la evidencia histórica cabría preguntarse cuál es el mejor camino para que tales reformas sean realizables. En efecto, el debate es si no sería preferible establecer una agenda de transformaciones parciales y acumulativas que fuera menos vulnerable a los cambios de humor político y sensibilidad pública. 4. Existencia de activos. Más allá de los vaivenes en las políticas públicas, podemos señalar algunos activos a nivel de las instituciones y de la sociedad que sería estratégico preservar. El primero es el hecho de que, a pesar de las presiones que ciertos actores han esgrimido, las políticas nacionales no han adoptado en forma uniforme (o al menos, en menor grado que en otros países de la región) un giro claramente punitivo. El segundo radica en que se ha consolidado un alto estándar de sensibilidad social frente a todo tipo de violencias, lo que se manifiesta en una baja aceptabilidad del delito en general, pero también en una amplia condena social frente a los casos de violencia policial. Un último activo a destacar radica en que, aun cuando se da en nuestro país un alto número de hechos delictivos con uso de armas de fuego, existe una tasa de homicidios relativamente baja, lo que parecería estar indicando que opera algún tipo de autocontrol en el uso de las armas de fuego que no estaría presente en otros países de la región. Los desafíos que el próximo gobierno enfrentará en materia de seguridad son muchísimos. Será necesario estar atentos para garantizar que se encaren de forma consistente con un paradigma democrático. g *Doctor en Sociología, Conicet-UNLP y Licenciada en Sociología UBA-Mgs. LSE, respectivamente. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

|3

Staff Di­rec­tor: José Natanson Re­dac­ción Carlos Alfieri (editor) Pablo Stancanelli (editor) Creusa Muñoz Luciana Garbarino Laura Oszust Se­cre­ta­ria Pa­tri­cia Or­fi­la se­cre­ta­ria@el­di­plo.org Co­rrec­ción Alfredo Cortés

¿Batalla cultural?

Diagramación Cristina Melo

pone moldear el mundo a su imagen y semejanza ni imponer desde afuera una religión. Lejos de cualquier articulación colectiva, ofrece apenas una guía para la transformación personal. Mi argumento es que el budismo occidentalizado esconde un fondo de individualismo que sintoniza con el discurso de progreso mediante el esfuerzo de las personas y familias que es el eje de la doctrina liberal de la igualdad de oportunidades y una de las marcas de fábrica del PRO: poner a todos los ciudadanos en la misma línea y que cada uno llegue hasta dónde buenamente pueda. El apoyo al emprendedurismo mediante programas, capacitación y educación para incorporar innovación y creatividad a diversas iniciativas personales ocupó parte importante de la agenda del Gobierno de la Ciudad y, según anunciaron los nuevos funcionarios, será replicado a nivel nacional. La sintonía es filosófica: budismo y macrismo apuestan, en sentido estricto y sin ironías, al poder de la autoayuda. En palabras de María Eugenia Vidal: “Te hablo a vos, que te levantás todos los días para ir a trabajar y querés progresar”. Concluyamos. Aunque al comienzo la coyuntura monopolice sus esfuerzos, todo gobierno debe, para afirmarse en el poder, levantar la cabeza y mirar más allá. Así como el alfonsinismo puede ser visto como el intento de construir una socialdemocracia criolla en tiempos de esplendor de los partidos socialdemócratas europeos, el menemismo como la versión argentina del Consenso de Washington y el kirchnerismo como una interpretación no lineal del giro a la izquierda latinoamericano, el macrismo deberá buscar su lugar en una región y un mundo muy diferentes a los de una década atrás. Por más nuevo que sea, por más que se presente como la iniciativa radicalmente inédita de un grupo de emprendedores políticos, el macrismo se inserta en un mundo (contexto) y en una línea de tiempo (historia), aunque todavía sea temprano para ver el resultado exacto de este asombroso mix entre derecha pos-moderna, desarrollismo retórico y budismo del estilo. g

Editorial

Co­la­bo­ra­do­res lo­ca­les Martín Becerra Nazaret Castro Julián Chappa Alejandro Grimson Federico Lorenz Tomás Lukin Leandro Morgenfeld Verónica Ocvirk Ayelén Oliva Ignacio Ramírez Josefina Sartora Juan Gabriel Tokatlian Marta Vassallo Federico Vázquez Ilustrador Gustavo Cimadoro Tra­duc­to­res Julia Bucci Georgina Fraser Teresa Garufi Aldo Giacometti Florencia Giménez Zapiola Víctor Goldstein Patricia Minarrieta Bárbara Poey Sowerby Gustavo Recalde Carlos Alberto Zito Diseño original Javier Vera Ocampo Producción y circulación Norberto Natale Publicidad Maia Sona [email protected] [email protected] ww­w.el­di­plo.org Fotocromos e impresión: Rotativos Patagonia S.A. Aráoz de Lamadrid 1920, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le Monde diplomatique es una publicación de Capital Intelectual S.A., Paraguay 1535 (C1061ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, para la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. Redacción, administración, publicidad, suscripciones, cartas del lector: Tel/Fax: (5411) 4872 1440 / 4872 1330 E-mail: [email protected] En internet: www.eldiplo.org. Marca registrada®. Registro de la propiedad intelectual Nº 348.966. Queda prohibida la reproducción de todos los artículos, en cualquier formato o soporte, salvo acuerdo previo con Capital Intelectual S.A. © Le Monde diplomatique y Capital Intelectual S.A. Distribución en Cap. Fed. y Gran Bs. As.: Vaccaro Hermanos y representantes de Editoriales S.A. Entre Ríos 919, 1º piso. Tel. 4305 3854, C.A.B.A., Argentina. Distribución en Interior y Exterior: D.I.S.A., Distribuidora Interplazas S.A. Pte. Luis Sáenz Peña 1836, Tel. 4305 3160. CF. Argentina.

La circulación de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, del mes de noviembre de 2015 fue de

1. Véanse los editoriales “La nueva derecha en América Latina”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2014, y “Globología”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2015. 2. Claudio Scaletta, “La contradicción principal”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2015. 3. “La autonomía como religión: la nueva era”, en Alteridades, Vol. 9, Nº 18, julio-diciembre de 1999. 4. Pablo Semán, “La nueva era de la nueva era”, Página/12, Buenos Aires, 10-9-12.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

25.700 ejemplares.

Capital Intelectual S.A. Le Monde diplomatique (París) Fundador: Hubert Beuve-Méry Presidente del Directorio y Director de la Redacción: Serge Halimi Director Adjunto: Alain Gresh Jefe de Redacción: Pierre Rimbert 1-3 rue Stephen-Pichon, 75013 París Tél.: (331) 53 94 96 21 Fax: (331) 53 94 96 26 Mail: [email protected] Internet: www.monde-diplomatique.fr

por Alejandro Grimson

L

a cultura es a la vez una condición, un medio y un fin del desarrollo. La proporción del PIB vinculada a actividades culturales crece en todo el mundo. En Argentina a principios de siglo XXI rondaba el 2,5% y en la actualidad se ubica alrededor del 3,8%. Según datos de la CEPAL, el 4,8% del empleo en Argentina es “empleo privado cultural” y “empleo privado de actividades relacionadas con la cultura”. A esto hay que agregar otro 3% proveniente del sector público. Ningún economista pensaría el PIB, el trabajo ni las exportaciones sin considerar el peso de la cultura. Por eso la cultura es un medio de desarrollo. Al mismo tiempo, la cultura es un fin del desarrollo. No es sólo un instrumento del desarrollo entendido como avance económico, sino el objetivo mismo del desarrollo entendido como realización del ser humano y de la vida social. Si el desarrollo económico alude generalmente al crecimiento del producto y el desarrollo social a la distribución de los beneficios del crecimiento, el desarrollo cultural se refiere específicamente al proceso que incrementa la autonomía y libertad de los seres humanos, proceso que requiere a la vez bases materiales y simbólicas. Generar autonomía: ¿en qué sentido? Las concentraciones de poder reducen diferentes autonomías, tanto de los países como de los grupos sociales, que el Estado debe procurar incrementar. Ahora bien, la cultura también es una condición para el desarrollo, un factor generalmente pasado por alto. Los dirigentes sociales y políticos saben que tienen restricciones económicas y políticas para su acción. Límites presupuestarios y relaciones de fuerza. No pueden, por ejemplo, gastar más dinero del que disponen, ni pueden tomar ciertas medidas sin construir ciertos apoyos. Sin embargo, existe una tercera restricción que los actores sociales casi siempre ignoran. Es la restricción cultural. Cuando no la registran la cultura opera sobre ellos, en lugar de ser ellos quienes operan sobre la cultura. El lenguaje, los símbolos instituidos, la imaginación de la sociedad y la propia imaginación de los dirigentes acerca de qué es deseable y qué es posible constituyen un límite cultural para la acción pública. Las creencias sociales acerca del Estado, de la educación pública, de la inclusión y la desigualdad establecen límites para las políticas públicas. Por un lado, muchos avances pueden evaporarse porque no se asientan en cambios profundos en el sentido común. Los cambios económicos y políticos sólo pueden ser perdurables cuando se enraízan en profundas transformaciones culturales. Por otro lado, una verdadera política de libre mercado y contra los sistemas de protección social sólo es viable si se establecen las condiciones culturales necesarias para llevarla adelante. d (Continúa en la página 10)

10 |

Edición 198 | diciembre 2015



El Dipló presenta el último artículo de la serie realizada por profesionales convocados por el IDAES-UNSAM, para indagar sobre los modelos de desarrollo en Argentina. Aquí, Alejandro Grimson analiza la importancia del componente cultural en un proyecto político y económico. Modelos de desarrollo en debate

¿Batalla cultural? por Alejandro Grimson*

(Viene de la página 3 )

d Por ejemplo, es evidente que el nuevo

presidente comprendió que no ganaría la elección manifestándose contra la estatización de YPF y Aerolíneas o prometiendo anular la Asignación Universal. Cambió su discurso; debió ceder ante las convicciones sociales a favor de un Estado activo. Una parte relevante de la política argentina girará en los próximos meses en torno a esta cuestión de la cultura política. La batalla cultural La cultura es una condición del desarrollo porque entre las principales variables que inciden en el funcionamiento de la economía y la política se encuentran los valores, los sentimientos y los significados que puede tener, por ejemplo, el trabajo, lo público y la democracia. Dicho esto, señalemos que en estos años hemos asistido a un modo equivocado de entender la “batalla cultural”. Las luchas por los valores e imaginarios no se ganan simplemente con buenas intenciones ni ubicándose en el lugar correcto. Tampoco debe exagerarse el lugar de la información: no se tratará de una lucha entre datos o entre verdades y mentiras. Todas las verdades, por más verdaderas que sean, pueden verse corroídas cuando se pierde credibilidad en cuestiones de Estado como las estadísticas o la transparencia. Cuando “transparencia” es un término apropiado por la derecha, la izquierda perdió una batalla pública relevante. Por otro lado, los modos de vinculación entre los líderes políticos y la población tienen un papel decisivo. Cuestiones como el sacrificio, el agradecimiento, la pulcritud moral, la humildad o la soberbia son cruciales en la dimensión cultural. ¿La población se cansó de toda confrontación y se ilusiona con un consenso vacío? ¿O percibió mucha demanda de una confrontación que exhibía resultados menos efectivos que antes? Una hipótesis: que la épica haya ido tomando distancia ante las crecientes restricciones económicas no supone que ahora los argentinos estén prestos para retomar la épica neoliberal de los noventa. Si ése es el objetivo del nuevo gobierno, otras confrontaciones culturales sobrevendrán. ¿Se puede hablar de derrotas culturales? Por supuesto, siempre y cuando se entienda que cada partido no es “una cultura”. Por ejemplo, se ha dicho ahora, y se dijo en las elecciones de 2013, que la derrota electoral del kirchnerismo fue provocada por los medios de comunicación. Esa afirmación va en contra de los saberes de las ciencias sociales. Los mismos medios, con idéntica posición política, no pueden producir consecuencias opuestas en 2011 y en 2013 y en 2015. Si los medios eran los mismos y el resultado electoral fue diferente, obviamente hay que considerar otras dimensiones.

Eduardo Stupía, sin título, 2012 (Gentileza Galería Jorge Mara - La Ruche)

Del mismo modo, la tesis de que la causa de la derrota del gobierno es que los poderes económicos o corporativos son muy grandes tampoco funciona. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Esquemáticamente, tres elementos. El primero es económico: la baja de los precios de los commodities modificó situaciones económicas en toda la región. De hecho, los problemas de los oficialismos se extienden a Brasil, Venezuela y Chile. Eso se combinó con limitaciones del modelo de mercado interno y de consumo. El segundo elemento es que, frente a esta nueva realidad, la reacción simbólica del oficialismo fue pasar a la “defensa de lo logrado” y señalar contrastes con la crisis de 2001. La oposición se concentró en las cuestiones de futuro y de cambio. Así, el oficialismo (que nunca quiso debatir reformas impositivas, ni leyes que den transparencia a la política, ni la autonomía del INDEC) terminó aferrado a un pasado que la sociedad percibía positivo pero también, en algunos aspectos, inaceptable. En este marco, la primera derrota cultural del gobierno sucedió cuando el cambio y el futuro

fueron apropiados por la derecha. Así había sucedido con las revoluciones neoconservadoras de los ochenta y con los éxitos neoliberales: es lo que ocurre cuando el discurso sobre la educación o la salud pública se (auto)arrincona sobre la defensa de lo obtenido. Cuando renuncia a debatir cambios, a construir una agenda propia del cambio. El tercer elemento es que, mientras la economía mostraba cada vez más problemas, se intensificó la división política de la sociedad. Pero, a diferencia de los años previos, donde esa polarización benefició al oficialismo, en este caso comenzó a producir un efecto muy distinto. El tercio de la sociedad que nunca fue kirchnerista ni antikirchnerista empezó a rechazar cada vez más intensamente el estilo del gobierno. Hacia el final de la campaña el oficialismo intuyó algo de esto, y de hecho Cristina Kirchner aludió a que quizás su estilo personal no gustara a una parte de la sociedad. Pero, insistió, se trata de discutir la sustancia, no las formas. Sin embargo, la mayoría de ese tercio social vio en las formas algo sustancial. Las cadenas nacionales se convirtieron en

un boomerang: mientras el gobierno estimaba que sólo así podía comunicar sus logros, amplios sectores sociales consideraban que cuando hay avances efectivos la población al final siempre se entera. Y que si fuera para comunicar un logro no hace falta hablar dos horas y repetir siempre las mismas frases. Este cansancio, más que de la confrontación, quizás aluda a una confrontación que la sociedad iba sintiendo ajena en la medida en que aparecía desconectada de sus vidas cotidianas. Esto nos lleva a uno de los temas más dolorosos y riesgosos para el futuro de Argentina. Después de las inmensas victorias culturales y políticas del movimiento de derechos humanos, también allí ha comenzado a generarse una escisión que puede devenir en una gigantesca derrota cultural. ¿Cómo pueden conectarse los juicios de los crímenes de lesa humanidad con la justicia actual? Hay personas y organismos que trabajan en ambos temas, pero culturalmente están desarticulados. Hubo muchas cuestiones, como la situación de los Qom, mal interpretados por el gobierno, que lo llevaron a una creciente distancia y a un creciente desgaste. A grietas de credibilidad. Paradojas Después del 54% del 2011, el gobierno saliente ya no pudo transformar las restricciones culturales y quedó atrapado en históricos condicionantes argentinos: la dicotomía, la incomprensión de los apoyos sociales que logra el adversario, la idea de que “tener razón” lleva al triunfo electoral, el creciente aislamiento y un verticalismo completamente ineficaz en términos de éxitos políticos. Hace un año publicamos una nota en el Dipló (1) planteando una paradoja: no puede esperarse que la burguesía nacional sea protagonista del desarrollo porque no es un actor social autónomo. Sólo el Estado puede ser el sujeto principal del desarrollo. Pero no el Estado realmente existente, con todos sus déficits. La solución propuesta a este problema era sincronizar las transformaciones del Estado con las transformaciones económicas y sociales que ese mismo Estado debe promover. Hay otra paradoja que proviene de la cultura. No puede esperarse que una cultura política como la argentina garantice la sustentabilidad de un proyecto de transformación. Se trata de una cultura que genera dicotomías tan mal formuladas que llevan a la derrota a gobiernos con logros innegables, una cultura obsesionada con sus pasados remotos del siglo XIX, donde anidan ilusiones primermundistas, con una minoría intensa que promueve la exclusión de amplios sectores de la población, etc. Sin embargo, no hay proyecto de cambio liberal ni de justicia social ni ningún otro que pueda llevarse adelante exitosamente sin apoyarse en dimensiones vivas de la cultura política. Por eso, un proyecto de desarrollo con justicia social requiere sustentarse en los aspectos positivos de la cultura política argentina y al mismo tiempo apuntar a la transformación de problemas muy arraigados en la tradición nacional. ¿Cómo alguien que proviene de esa misma cultura puede realmente transformarla? Desplegando, por presión de otros actores sociales e institucionales, una mirada crítica y reflexiva sobre la propia cultura. Comprendiendo que si no se transforman las bases mismas de la imaginación social y política todo lo sólido podrá desvanecerse en el aire. g 1.“Cuatro escenarios y un pronóstico para 2015”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, diciembre de 2014.

*Antropólogo. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur