N° 4 | 2015 Publicación de distribución gratuita, realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Agencia de Noticias Télam y Aerolíneas Argentinas.

DE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA

A LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA En el marco de los 31 años de Democracia y el Día Internacional de Derechos Humanos, la Presidenta defendió el proyecto de Memoria, Verdad y Justicia iniciado en 2003. La secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, y el director del Espacio de Memoria que funciona en el ex CCD "La Perla", Emiliano Fessia, debaten sobre los avances en la última década.

MEGACAUSA LA PERLA

TERCER JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN JUJUY

La megacausa que investiga el terrorismo de Estado en Córdoba es el juicio penal más extenso de la historia de la provincia. Reúne un total de veintidós expedientes.

Comenzó a juzgarse a un oficial del Ejército y doce guardiacárceles por privación ilegal de la libertad y tormentos contra 88 presos políticos, en su mayoría trabajadores de Ledesma y El Aguilar.

DOS AÑOS DE AUDIENCIAS

EL TRASLADO DE GORRITI

EDITORIAL

Tenemos futuro

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l proceso de profundización de la democracia y consolidación de los derechos humanos como eje de las políticas de Estado, iniciado desde el 25 de mayo de 2003 con la asunción del ex presidente Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández, no se puede reducir a la figura de “relato” o “curro”, como se ha pretendido instalar desde algunos sectores que se oponen a los avances en esta materia logrados durante la última década. El discurso de la presidenta (ver nota en página 3) expuesto el pasado 13 de diciembre en el marco de los festejos de los 31 años de Democracia ininterrumpida y por el Día Internacional de los derechos humanos, constituye una pieza clave para comprender que la actual etapa de ampliación de derechos que se vive en nuestro país, se puede remontar hacia en el origen mismo de la organización de la Nación, que estuvo signada desde aquel momento por una tensión entre dos proyectos, tal cual remarcó la primera mandataria en su intervención. Desde Bernardino Rivadavia con su empréstito solicitado a la Baring Brothers, hasta Alfredo Martínez de Hoz y Domingo Felipe Cavallo con el endeudamiento contraído durante el terrorismo de Estado y la década de los noventa, hay una línea de continuidad de un proyecto político que en sus aspectos económicos fue antinacional, minoritario y excluyente. Desde el fusilamiento de Manuel Dorrego o la decapitación de Vicente Chacho Peñaloza, pasando por los 30 mil desaparecidos, hasta los muertos de la plaza de mayo en diciembre de 2001, esa línea también mostró su costado violento, antidemocrático y represivo. Como contracara a esa represión, los movimientos populares nacionales, nacidos de los intereses de las mayorías, por su propia naturaleza social tendieron siempre a ensanchar la democracia

argentina, tanto en ampliación, garantía y fortalecimiento de los derechos como así también de la soberanía. En esa línea la presidenta inscribió el actual proyecto que ella encabeza. “La historia nos demuestra que a lo largo de estos 200 años ha habido dos proyectos de país”, dijo la presidenta en el acto por los 31 años del fin de la última dictadura cívico militar, para dar contexto al proceso vivido durante la última década en la que se recuperaron derechos sustraídos durante el terrorismo de Estado y el neoliberalismo, como por ejemplo los derechos laborales (paritarias, Consejo del salario Mínimo, Vital y Móvil) y se fueron consagrando nuevos derechos

vinculados a políticas públicas de inclusión e igualdad tales como la Asignación Universal por Hijo, el matrimonio igualitario o la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; por nombrar sólo algunos. “Somos el proyecto de la Memoria, la Verdad y la Justicia”, subrayó Cristina Fernández de Kirchner en el Salón de las Mujeres, acompañada por Madres, Abuelas de la Plaza, Familiares de desaparecidos e H.I.J.O.S., para remarcar que Democracia y Derechos Humanos no pueden ir separados; y para dar cuenta de que las políticas de Estado basadas en esas banderas, se sostienen en luchas iniciadas largos años atrás. “Las cosas se construyen con amor y

con alegría, y si no me creen, mírenle los ojos a Estela de Carlotto, mírenle los ojos a los nietos recuperados, o de los que han tenido su primer trabajo”, expresó la presidenta. Los cientos de miles de jóvenes que acudieron a los festejos en la plaza de Mayo, y que se quedaron a pesar de la lluvia y el mal tiempo para celebrar el Día internacional de los Derechos Humanos y los 31 años de continuidad institucional –especialmente los últimos diez–, dejan planteado otro elemento central que expresó también la presidenta en su exposición, y que dió nombre a esa jornada: “Con la democracia tenemos futuro”.

RESTITUCIÓN DEL NIETO 116

“Encontramos un hermano más”

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orge Castro Rubel, el recién recuperado nieto número 116, admitió que fue “una conmoción” haberse enterado de que su origen era diferente al que creyó durante toda su existencia, y destacó que esta novedad “le viene a enriquecer la vida”. Jorge es hijo de Ana Rubel y Hugo Castro, militantes de las FAL, que fueron secuestrados en enero de 1977 por el Ejército y estuvieron en algún centro clandestino de detención dependiente de esa fuerza hasta que Ana fue llevada a la ESMA para dar a luz. “Es una bomba que te digan que la historia que conoces está incompleta o equivocada, pero te lo tienen que decir”, contó el joven. Jorge es sociólogo de la UBA, investigador del Conicet, y hace una semana supo que era hijo de desaparecidos y había nacido en la ESMA, un lugar que visitó el 24 de marzo de 2004 cuando se anunció que iba a ser convertido en un Espacio para la Memoria. Rubel participó aquel día sin imaginar que en junio o julio de 1977 había nacido allí, en una piecita del Casino de Oficiales. “Nunca tuve dudas sobre mis orígenes. Tampoco era un tema que se hablara demasiado. Hasta que en agosto una tía se

acercó y me dijo que entendía que un chico, o más bien un joven de 37 años, no podía no saber sus orígenes y que me quería contar que era adoptado”, relató. Agregó que ella “no sabía” que era hijo de desaparecidos aunque por su edad era una “posibilidad”. “Inmediatamente le dije: «Yo nací en el ‘77, ¿soy hijo de personas desaparecidas?»”, le preguntó Rubel a su tía, quien respondió con un “no lo sé”. Y dijo que como sabía “bien lo que fue la dictadura cívico-militar, el plan sistemático de robo de bebés”, habló con sus padres de crianza al respecto y aunque al principio hubo “una dificultad muy grande de ellos de abrirse y contarme que no eran mis padres biológicos”, después de “unos días de tensión” se lo confirmaron, pero le dijeron que “no conocían” su origen. “Me contaron lo que ellos sabían: que un día, cuando mi papá estaba de guardia en la Casa Cuna –es médico–, llegaron dos personas y dejaron un bebé en muy malas condiciones”, relató Rubel, quien nació prematuro y con bajo peso, en la primera entrevista que brinda tras conocer su verdadera identidad. “Eran dos hombres entre veinte y treinta años vestidos de civil. Él me atiende –es pediatra endocrinólogo– y se da cuenta de

que yo era muy chiquitito, muy prematuro. Ellos no tenían hijos, y ahí decide llevarme con él y con mamá. Y es todo lo que ellos me transmitieron que saben”, relató. Rubel contó que “se enojó” con sus padres de crianza, “desde el lugar de que una persona de 37 años no puede vivir sin saber cuáles son sus orígenes”, pero que interpretó que ese silencio estuvo vinculado a “un prejuicio muy dominante en otra época, de «pobrecito, no le digamos a este chico que es adoptado», que por suerte hoy en día ya no existe y se estimula que desde chicos sepan la verdad”. “Sabiendo que no era hijo biológico de ellos tenía la convicción de que me tenía que hacer los análisis con el Banco Nacional de Datos Genéticos. En un primer momento lo que me moviliza es pensar: Si hay una familia que me está buscando, yo no puedo ser egoísta y hacerme el tonto, por ahí hay familia, amigos de quienes me gestaron que están hace una vida buscándome. Y sentí, en primer lugar, una responsabilidad con ellos. Pero después, en terapia, fui entendiendo que también era por mí, que era muy importante conocer mis orígenes. Junté coraje y seguí el camino establecido por Abuelas y Conadi”, relató.

La presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, que recuperó a su nieto Guido Ignacio después de 36 años de lucha, relató que conoció al joven, y reflexionó: “Es un milagro que estos bebés que fueron torturados hayan sobrevivido con la integridad de ser herederos de su mamá y papá”, ya que el nieto 116 nació en la ESMA, después de que Ana había sido secuestrada en enero de 1977 con un embarazo de dos meses y dio a luz cinco meses más tarde durante su cautiverio en ese centro clandestino de detención. “Nosotros encontramos a los nietos para liberarlos y respetarles sus tiempos y sus maneras”, manifestó la titular de Abuelas, expresó, y agregó que “cuando lo conozcan van a ver que no son palabras de una abuela que está obnubilada por la alegría y el amor, sino que la forma en la que lo describo es verdad”. Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, señaló que “es una alegría poder encontrar a un hermano màs” y remarcó que “los gobiernos pasan pero las políticas deben seguir en el tiempo”. “Los derechos humanos a diferencia de lo que algunos pretenden decir por estas horas, son una realidad que todos los días modifican la calidad de vida de la gente”, concluyó el funcionario.

LOS JUICIOS SON AHORA es una publicación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Agencia Nacional de Noticias Télam y Aerolíneas Argentinas. Fecha de cierre: 31 de diciembre de 2014. EDICIÓN N° 4.

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FIESTA POPULAR POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA DEMOCRACIA

“Somos el proyecto de la Memoria, la Verdad y la Justicia” La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner cerró, desde el salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, la jornada cultural con la que se celebraron las tres décadas ininterrumpidas de Democracia.

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31 años del fin de la última dictadura cívico-militar, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó el sábado 13 de diciembre el acto de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la recuperación de la Democracia, en el salón Mujeres Argentinas de Casa de Gobierno. Fuera de la Rosada, cientos de miles de personas siguieron el discurso de la mandataria que ofició de cierre de una jornada que comenzó a las 11 y se sostuvo hasta la noche, a pesar de la fuerte lluvia. En un detallado repaso de los últimos treinta años, la mandataria llamó a ver los hechos “con perspectiva histórica”. “La democracia no se suspende por mal tiempo”, comenzó su exposición habiendo enviado antes un saludo “a los valientes que quedan en la Plaza de Mayo que hoy desbordaba”. “Quiero saludar a todos los hombres y mujeres que vinieron y se tuvieron que ir, a los que no vinieron, a los que no nos están mirando; porque es el 31 aniversario de la democracia de todos los argentinos”, inició su discurso que fue transmitido por cadena nacional. En el acto, la mandataria entregó el premio Azucena Villaflor de De Vincenti a los familiares de Alicia Oliveira , en reconocimiento a su lucha por los derechos humanos (ver recuadro). “Estos 31 años y estos 11 años y 7 meses de aquel 25 de mayo de 2003, marcan una perspectiva histórica”, señaló, la primera mandataria, y aseguró que antes de esa fecha “a esa democracia le faltaba un componente importante de construcción que era la construcción de la igualdad: ese 25 de mayo de 2003 empezamos a construir la igualdad social, política, económica, de género, que es lo que le da sentido a la democracia”. “Podés decir, podés elegir libremente, pero también tenés que tener la igualdad, que te permita decidir qué vida querés vivir”, remarcó la Presidenta, quien luego añadió: “Podemos decirle a todos los argentinos que este proyecto político ha comenzado a construir la noción de igualdad en la República Argentina”. La primer mandataria indicó que para avanzar en ese sentido hubo que “cambiar la matriz del modelo económico”; “reindustrializar el país” y “poner en marcha miles de convenciones colectivas de trabajo”. Además, expresó que ese cambio “comenzó desde que los jubilados recuperaron la dignidad, no sólo a partir de la movilidad de sus haberes, sino de la incorporación de muchos que habían quedado afue-

La presidenta estuvo acompañada por diferentes organizaciones de derechos humanos.

ra, teniendo la cobertura jubilatoria más importante de Latinoamérica”.También resaltó que en estos últimos once años de democracia se “ha garantizado la mayor inversión en educación de la historia”. En ese tramo de su discurso, la Presidenta enumeró la serie de avances obtenidos en la última década. “Podemos hablar que somos el proyecto del desendeudamiento en la Argentina”, que “es el proyecto que le dijo al FMI que eran los argentinos los que decidían nuestras políticas”, el que “en Mar del Plata decidió que la integración regional era con nuestros hermanos de América del Sur, de Centroamérica, del Caribe”; “somos el proyecto de la Memoria, la Verdad y la Justicia”, expresó. Y, al ver a miles de jóvenes en la Plaza de Mayo, destacó: “uno sentía que habíamos conseguido el objetivo de que esa juventud se incorporara a la política y que sintiera como destino común el destino de la patria”. Apuntó también otros logros importantes alcanzados en este período, como el matrimonio igualitario, la identidad de género, el nuevo Código Civil y Comercial, la Asignación Universal por Hijo, el plan Procrear, el plan Progresar, el Conectar Igualdad. “Plan de viviendas, de infraestructura, de miles y miles de kilómetros de rutas, en gas, electricidad, en Atucha, en Yacyretá. No me alcanzarían dos o tres cadenas nacionales para enumerar las obras”, dijo la mandataria.

La casa de la democracia

“Esta es la casa de la democracia. Para estar en esta casa, tenés que tener la le-

Premio Azucena Villaflor

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licia Beatriz Oliveira fue una luchadora que defendió los valores de la democracia y los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. En 1973 se convirtió en la primera jueza del fuero penal, siendo desplazada de su cargo por la última dictadura cívico-militar el 24 de marzo de 1976. Nunca dejó de dedicar su vida, ya como abogada, a dar pelea por las libertades y las garantías constitucionales, presentando numerosos recursos de hábeas corpus y visitando las cárceles donde se encontraban cientos de presos políticos, lo que le valió su persecución. Alicia Oliveira fue también parte del conjunto de organizaciones sociales que redactó una

dura carta con denuncias por violaciones a los derechos humanos, que fuera entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó nuestro país en 1979. Fue una de las primeras abogadas que empezó a trabajar en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a sus fundadores, desde donde defendió a presos políticos durante el terrorismo de Estado y promovió, ya en democracia, investigaciones sobre violencia institucional y prácticas ilegales en instituciones policiales y fuerzas de seguridad. En la década del 90 y en un contexto donde las Leyes de Impunidad parecían cortar la vía judicial como un camino de recla-

galidad, que son los votos. Luego, tenés que tener la legitimidad”, afirmó la Presidenta sobre el cierre de su intervención, para también subrayar que “las cosas se construyen con amor y con alegría”. “Si no me creen, mírenle los ojos a Estela de Carlotto, mírenle los ojos a los nietos recuperados, o de los que han tenido su primer trabajo”, propuso Cristina. “El amor vence al odio, y el amor no es un amor cualquiera: hay un amor que une todo eso, un amor que se torna colectivo que cuando penetra los corazones de todos los argentinos se torna transformador, que es el amor a la patria. Con amor a la patria, el pueblo es invencible”, dijo al concluir su discurso la Presidenta. Además de Estela de Carlotto, mencionada por la presidenta, entre los participantes del acto estaban presentes el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda; el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, Carlos Pisoni; el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Agustín Di Toffino; el jefe de gabinete de la secretaría de Derechos Humanos, Agustin Cetrangolo. Asimismo, Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, Hijos y Nietos que recuperaron su identidad.

Doscientos años de historia

En su exposición, que tuvo una duración de cincuenta minutos, la jefa de Estado se explayó sobre las tensiones que atravesaron los diferentes proyectos populares, nacionales y democráticos en la historia argentina. “La historia del país nos demuestra que a lo largo de estos mo por los crímenes cometidos por la dictadura, encontró junto con Emilio Mignone una nueva estrategia para la reconstrucción del plan sistemático de represión: el Derecho a la Verdad. Que no existiese la posibilidad de la sanción penal no era un argumento para que los jueces no investiguen lo sucedido. En 1994, Oliveira participó de la convención que promovió la reforma de la Constitución Nacional, y ya a finales de esa década, fue nombrada defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Como activa militante de los derechos humanos, también fue abogada defensora del Capitán Correa Belisle, quien había sido encarcelado y destituido por sus pares por denunciar el encubrimiento en el caso de la muerte del soldado Carrasco, defensa que años más tarde tuvo sus frutos en la reforma del Código de Justicia Militar.

200 años ha habido dos proyectos de país”, afirmó Cristina, y vinculó el préstamo de la Baring Brothers que tomó el presidente Bernardino Rivadavia, con quienes endeudaron al país en el siglo pasado y principios de este. “Hay una línea de continuidad entre ese endeudador y los que vinieron después, como (Alfredo) Martínez de Hoz, o los que se enquistaron en los partidos populares”, indicó. Recordó que en 20 años “primero estatizaron la deuda; después, con un gobierno de mi partido, endeudaron al país; y en otro gobierno elegido por voto popular cerraron la puntada: soltarnos la mano, con el megacanje y otras cosas que pasaron”. La Presidenta apuntó que “también están los que forman parte del proyecto de rendición permanente”, y se preguntó: “¿qué diferencia hay entre los que le decían a Belgrano, ´deje el norte y vuélvase´, con los que me dicen a mí ´negocie en cualquier término con los fondos buitres´?”. “No hay ninguna diferencia”, aseguró, al tiempo que distinguió que “antes venían con armas y cañones; ahora vienen con las armas de la economía o del mercado”.

Un puente a tus derechos La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dentro de la propuesta llevada adelante con el Ministerio de Justicia, instaló desde el mediodía sobre Diagonal Norte, cercana a Plaza de Mayo un Paseo denominado "Un Puente a tus Derechos". Este paseo fue parte de los festejos del Día Internacional de los Derechos Humanos y de los 31 años de democracia ininterrumpida. La propuesta de la Secretaría de Derechos Humanos contó con diferentes stands: Memoria, Verdad y Justicia; Ampliación de Derechos, Igualdad y Diversidad; Un Estado Presente y Argentina, Democracia para Siempre. Distintas áreas del Ministerio también tuvieron sus espacios exponiendo las políticas de lucha contra la trata de personas, políticas de acceso a la Justicia, el plan de desarme, entre otras. También se entregaron ejemplares del nuevo Código Civil y Comercial, de la publicación Tenemos Patria y folletos informativos. Estos espacios estuvieron destinados a la difusión, promoción y concientización en torno a las políticas públicas y herramientas que brinda estos organismos del Estado y el acceso a ellas. . Durante la peor crisis social y económica de la historia de la Argentina que estalló el 19 y 20 de diciembre de 2001, Alicia Oliveira tuvo una participación fundamental como Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires junto a organizaciones de derechos humanos para la liberación de varios detenidos producto de la brutal represión policial. Posterior a la renuncia de Fernando De La Rúa, se dedicó a defender a los usuarios y consumidores en época del Corralito y la gravísima crisis institucional de la que fueron víctimas todos los argentinos. Militante por las causas del pueblo y defensora de los valores peronistas, Alicia Oliveira será recordada por su compromiso con los derechos humanos y con una democracia que incluya a todos y todas los argentinos.

REFLEXIONES A 31 AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA

De 1983 a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia

El director del Espacio para la Memoria La Perla y la secretaria general del gremio de los docentes públicos nacionales (CTERA) analizaron los retrocesos y avances en materia de derechos humanos de las últimas tres décadas.

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on el proceso de juicios y condenas a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, la Asignación Universal por Hijo, la restauración de las paritarias laborales, el matrimonio igualitario, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre otras, la Argentina ha tenido avances sustantivos en los últimos diez años que significan un verdadero cambio de paradigma. Pero “la historia de los derechos humanos en nuestro país ha sido de retrocesos y avances”. Así lo creen la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, y Emiliano Fessia, director del Espacio para la Memoria y la Promoción de Derechos Humanos que funciona en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio “La Perla”, de Córdoba. Ambos fueron invitados por Los Juicios son Ahora a

debatir a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos y los 31 años de la recuperación de la democracia, que se celebraron el pasado 10 de diciembre.

Avances y retrocesos

“No ha sido casual que cuando avanzamos desde una visión de los derechos humanos con Memoria, Verdad y Justicia, fue en momentos donde el proyecto de país heredado de la dictadura se puso en discusión o se intentó cambiar”, consideró Emiliano Fessia a la hora de pensar el presente contexto de ampliación de derechos. Licenciado en Comunicación Social, investigador y referente de H.I.J.O.S Córdoba, Fessia reflexionó sobre la lucha por los derechos humanos apenas recuperada la democracia. “Uno tiene que reconocer que el juicio a las Juntas, aunque la teoría de los dos demonios ya estaba implícita en los decretos 157 y 158, acompañó al presi-

Docentes desaparecidos “Una parte mayoritaria de los desaparecidos, de los compañeros presos o exiliados fueron trabajadores, muchos de ellos muy jóvenes, integrantes de comisiones internas y conducciones combativas de los sindicatos que, a partir del objetivo económico de la dictadura, que tuvo que ver con retroceder con cada uno de los derechos conquistados”, subrayó la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, para quien “realmente estos compañeros eran un obstáculo para la dictadura y por eso creo que fueron unas de las víctimas principales”.

La dirigente contó que en el caso de Ctera “hay más de 600 docentes desaparecidos de todo el país”, y señaló que “el propio 24 de marzo la dictadura asesinó a quien era el secretario general de Ctera, Isauro Arancibia”. “Fue una muestra de lo que teníamos que esperar con respecto a lo que se venía”, dijo Alesso, quien también evocó a la recién fallecida Estela Maldonado, histórica dirigente de Ctera y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), “con un compromiso irrenunciable con los derechos humanos”.

dente (Raúl) Alfonsín con (Bernardo) Grinspun, que quiso en términos económicos y sociales, reconstruir un estado de bienestar”, señaló Fessia y luego remarcó: “Pero las relaciones de fuerza del establishment lo hicieron guardarse las intenciones”. En esa línea, el director del Espacio de Memoria aseguró que “no fue casual que semana santa, Obediencia Debida y Punto Final se den con el plan (Juan Vital) Sourrouille”. “El retroceso máximo en Memoria, Verdad y Justicia (y en todos los otros derechos) siempre va acompañado y hay una correspondencia con el avance del modelo neoliberal”, destacó Fessia, para quien “tampoco es casual que la era de mayor impunidad, inaugurada con el quiebre de ese primer intento alfonsinista, fue durante los noventa”. Para Fessia, la “impunidad de los genocidas” fue de la mano con “el retroceso de casi todos los derechos y el retroceso del Estado”. En la misma lógica, pero con un sentido inverso, el investigador evaluó que “la resistencia del pueblo en la lucha por los derechos, coincide ya después con el kirchnerismo no sólo en hacer de Memoria, Verdad y Justicia una política de Estado, sino un intento de reconfiguración, de una vuelta a un rol central del Estado incidiendo en la ampliación de derechos”. “Si uno piensa sólo la dictadura en término de los crímenes, de las torturas y las desapariciones, y no lo vincula con la imposición de un modelo económico no puede entender los retrocesos y avances de los treinta años de lucha por Memoria, Verdad y Justicia”, subrayó Fessia. Por su parte la flamante secretaria general de CTERA recordó que “ya en la dictadura hubo huelgas de trabajadores, cese de tareas o boicot y distintos tipos de actos que planteaban por un lado la defensa de los puestos de trabajo”.

La dirigente gremial remarcó que “la dictadura lo que hizo fue instalar un modelo económico que para los trabajadores significó cierre de las fuentes de trabajo, represión a los que pretendían defender sus derechos y luchar”. Por eso, la titular de CTERA considera “muy importante que se esté empezando a juzgar no sólo a los responsables militares, sino también a los civiles, el poder económico”. Para Alesso con el terrorismo de Estado “hubo un retroceso de cada una de las conquistas”. “Se llegó a la desaparición física y al encierro en la cárcel de tantísimos de los dirigentes gremiales y a la intervención de los sindicatos de base que existían desde antes de la fundación de la CTERA, que fue fundada el 11 de septiembre de 1973, el mismo día que asesinaban al presidente de Chile, Salvador Allende”, planteó la docente. “Los trabajadores desde antes de la vuelta de la democracia comenzaron a pelear, junto a otras organizaciones, nunca solos, con los organismos de derechos humanos, con las Madres, las Abuelas; en lo que fue el juicio y castigo a los culpables”, historizó Alesso, quien además se refirió al “impacto” de las leyes de olvido: “Con el dolor de lo que fueron las leyes de impunidad, creo que hubo un activo de ese pueblo que no se resignó, que resistió, de los organismos y de los trabajadores, que no se resignó a la impunidad de los genocidas y sus cómplices y continuó peleando a lo largo de los ochenta y noventa, al mismo tiempo que peleaba defendiendo los puestos de trabajo y en contra de las privatizaciones”.

Retrocesos y avances

En coincidencia con Alesso, Fessia planteó que “incluso sobre las víctimas del terrorismo de Estado, si uno amplía un poco la mirada, y pone en foco nada más que a los

cesanteados del sector público, en los empleos de Estado, en docencia, ahí uno ve el intento de reformular un país nuevo. Gente que a lo mejor no fue secuestrada, torturada y desaparecida, pero que fue echada de sus trabajos también por una visión de lucha por sus derechos y de la justicia social”, indicó. Para Fessia, “es una victoria del pueblo argentino, comparando con los países que sufrieron dictaduras del cono sur, el hecho de haber impuesto los Derechos Humanos como base ética y plafón para que la democracia vaya mucho más allá de un mero ejercicio formal y que sea algo sustantivo”. “En América Latina en general estamos reinventando la teoría política desde nuestra mirada latinoamericana. Si bien valiéndonos de muchos de los avances, en general, europeos”, observó el investigador, y agregó: “Hay un autor muy importante africano, (Paulin) Hountondji, quien dice el discurso de los derechos humanos es el discurso del amo, es el discurso del colonizador, ahora no por eso lo vamos a tirar por la borda. Nuestro desafío como pueblos es tomar eso y enmarcarlo en nuestra historia, en nuestras relaciones de poder, nuestras matrices culturales”. “En América Latina estamos inventando, en el día a día, con las relaciones de fuerza complejas, con las clases dominantes que históricamente fueron antidemocráticas, cómo hacemos democracia sustantiva”, analizó el director del Espacio de Memoria. En el marco de la interpretación de los cambios producidos en los últimos tiempos, la secretaria general de CTERA también destacó “los avances conseguidos” los últimos años. “Me parece que lo que se restituye a partir de 2003, con la derogación de las leyes de olvido y la aceleración de las causas por delitos de lesa humanidad, es una vuelta a la democracia que en los ochenta y noventa había sido en algún sentido formal”, evaluó Alesso. “Los juicios a los genocidas y ese discurso de Néstor Kirchner en la ex Esma, como símbolo de esta etapa y el rol asumido por el Estado con respecto a esos juicios, me parece que tienen un fenomenal efecto reparador”, indicó la dirigente sindical, para quien “no

hay reparación, ni para el conjunto de la sociedad ni para las víctimas, si el Estado no se hace cargo de los delitos del genocidio”. Sobre cómo se dieron algunos de los avances de la última década, Fessia también ensayó una mirada. “Creo que las ampliaciones, los avances y las conquistas de derechos –señaló el investigador– se dan en base a cómo se desarrollan las relaciones de fuerza social. Cada vez que nuestra sociedad, en estos últimos diez años hubo fuertes crisis como por ejemplo durante el que se vivió por la resolución 125, el gobierno salió hacia adelante ampliando derechos, y lo hizo de una manera muy interesante que es incorporando a aquellos sectores sociales que venían desde hace muchísimo tiempo protagonizando esa lucha”. “No me refiero sólo en el matrimonio igualitario, sino que centralmente en una de las leyes más estructurales de transformación que hemos tenido en los últimos tiempos, como es la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no se hizo sólo de arriba para abajo, ni de abajo para arriba sino en una conjunción de eso”, aseguró Fessia, para luego añadir: “Y eso se hizo, cuando aparentemente la relación de fuerza social supuestamente no daba”. “El auge de los convenios colectivos de trabajo, el protagonismo de la paritarias en la escena nacional, la recuperación del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, la incorporación de cientos de miles de jóvenes a nuevos puestos de trabajo”, son algunos de los “rasgos más alentadores de la última década” que destacó Sonia Alesso, junto a la “ley de matrimonio igualitario, la de identidad de género, las leyes de salud sexual y reproductiva y educación sexual”. Al igual que Fessia, Alesso también consideró fundamental la participación de la sociedad para la defensa y conquista de derechos. “Creemos en la fuerza de la organización social como motor fundamental para sostener el actual proceso de ampliación de derechos que vive nuestro país y para plantear y profundizar una agenda pública que defienda, profundice y desarrolle los intereses de los sectores populares y de la nación”, apuntó la docente.

Desafíos Emiliano Fessia, se refirió a los desafíos actuales de la democracia con respecto a los derechos humanos. “En términos estrictamente jurídicos –analizó el investigador cordobés– las violaciones a los derechos humanos las comete el Estado. Es la garantía que tenemos los seres humanos como tales frente a los abusos de los poderes del Estado. Ahora bien, todo lo que es la gama de derechos económicos, sociales y culturales, y los de nueva generación de género y de medio ambiente, no casualmente se ha avanzado poco en la normativa internacional, porque ahí la exigencia de las sociedades es que los Estados tengan políticas activas que permitan crear las condiciones para que que se garanticen esos derechos”. Según Fessia si uno va a lo normativo, a la jurisprudencia internacional de derechos

humanos, “donde falta muchísimo avance es cómo obligar a los Estados los estándares mínimos en sus políticas sociales, para crear las condiciones materiales de garantía de todos esos derechos”. “Este es un meollo teórico que sólo se resuelve políticamente. Esa es una tensión que hacia dentro de las sociedades no se resuelven teóricamente sino en las relaciones de fuerza de las organizaciones sociales y quienes ocupan los cargos de gobierno”, reflexionó el director del Espacio de Memoria de la ex Perla. Y concluyó: “Creo que el desafío de los últimos años es ampliar sustantivamente la mirada de los derechos humanos y entender que la lucha, por la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, encuadra en el marco ideológico de un Estado que respeta todos los derechos humanos”.

Violencia institucional e Impunidad Además de hacer un especial señalamiento al caso del docente asesinado por la policía de Neuquén, Carlos Fuentealba, Alesso puso el acento en la lucha contra la violencia institucional. “Un eje importante que estamos abordando con la Ctera y un conjunto muy importante de organizaciones de derechos humanos con las cuales estamos trabajando, es la lucha contra la violencia institucional”, indicó. “No podemos permitir que maten más pibes pobres, como el reciente caso de Franco Casco”, denunció Alesso, en alusión al joven de Florencio Varela que estuvo desaparecido

tres semanas y había sido visto por última vez con vida, antes de aparecer muerto en el río Paraná, en una comisaría de Rosario, en “un caso muy similar al de Luciano Arruga y otros tantos”. “La lucha contra la violencia institucional es urgente, necesaria, donde estamos junto a los organismos de derechos humanos, de los familiares de quienes sufrieron violencia institucional. En ese sentido es que nos preocupa especialmente lo que está pasando en la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe”, insistió la referente gremial.

Dos años de audienci MEGACAUSA LA PERLA

La megacausa que investiga el terrorismo de Estado en Córdoba es el juicio penal más extenso de la historia de la provincia. Conocida como “Me

expedientes (y algunos desgloses de los mismos) que fueron acumulados a medida que concluían sus respectivos procesos de instrucción para ser el

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l edificio de Tribunales Federales I, situado en la esquina de Wenceslao Paunero y Concepción Arenales, ciudad de Córdoba, ha servido como escenario para cuatro de los cinco juicios por crímenes de Lesa Humanidad llevados adelante hasta ahora. La actual megacausa investiga hechos sucedidos desde 1974 -con el golpe policial conocido como “Navarrazo”- hasta el final de la última dictadura cívico-militar en el país, a principios de los años 80. El desarrollo de casi dos años de audiencias a sala llena pone en evidencia el particular modo de funcionamiento que adoptó en Córdoba el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Es una “megacausa” por la gran cantidad de hechos, víctimas y testigos, y su importancia en el aspecto social y pedagógico radica en el peso simbólico que significa juzgar el modelo represivo instalado en esta provincia. Se trata de un total de 22 expedientes –en el año 2014 se agregaron seis a los dieciséis iniciales– que reúnen los casos de 716 víctimas entre asesinados, desaparecidos y sobrevivientes. La mayoría de ellos pasaron por “La Perla”1, aunque también hay casos de cautiverio en “Campo de la Ribera”2, en el Departamento de Informaciones de la Policía (D2) y otros que fueron asesinados en la vía pública. Son cincuenta los funcionarios del Estado terrorista que están siendo juzgados por sus actuaciones durante los años de dictadura en Córdoba. La mitad son miembros retirados del Ejército: entre ellos, Luciano Benjamín Menéndez, principal responsable militar en la zona que comprende a Córdoba, que cuenta con varias condenas y algunos de sus cómplices que cuentan con anteriores condenas. Hay otros, como Ernesto Guillermo Barreiro y Héctor Pedro Vergéz, o Luis Gustavo Diedrichs y Carlos César Delia Larocca, que son juzgados por primera vez, pese a que numerosos testimonios los sindican como los ideólogos del método de represión en Córdoba. La otra mitad pertenece a la Policía Provincial, institución que constituyó un engranaje central en la aplicación de la represión debido a su control territorial de toda la provincia y a su conocimiento del campo de militantes. Desde la época del Cordobazo habían conformado un “Libro de Extremistas” donde figuraban bajo esa denominación los nombres de cientos de personas consideradas como tales por su activismo político y social.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, los represores Miguel Angel Gómez, Juan Carlos Cerruti, Jorge Navarro González, Héctor Chilo, Luciano Benjamín Men

Los hechos en contexto

El 14 de agosto de 1975 siete bomberos fueron dirigidos hacia un lugar de la ruta ubicado al norte de la ciudad. Uno de ellos tuvo la tarea de sumergirse en la profundidad de un pozo y rescatar los restos de una familia que había sido fusilada y dinamitada durante la madrugada dejando como saldo cuatro muertos y una sobreviviente. El bombero se llamaba Mario Ignacio López y declaró este año, en el marco de la investigación sobre el crimen cometido contra la familia Pujadas3: "El pozo tenía más o

menos dos metros de ancho y a tres metros de la orilla divisé unos chorritos de sangre. Mi jefe me ordenó a mí que me largara y al asomarme vi que estaban a diez metros de profundidad, casi sin ropa, con pijamas o batas, y con la boca tapada con una cinta". Mediante aquel hecho aberrante hizo su aparición pública el Comando Libertadores de América, integrado por efectivos policiales, militares y civiles, bajo la coordinación del entonces Capitán Vergéz. Con la inscripción de la sigla “CLA” junto a los cadáveres que aparecían en las calles, el comando buscaba sembrar el terror en la ciudad como un modo de aleccio-

nar a la sociedad movilizada. A Córdoba había llegado antes la implementación de la represión ilegal que se profundizaría después del 24 de marzo de 1976. El Coronel Antonio Domingo Navarro destituyó al gobierno popular de Atilio López y Ricardo Obregón Cano el 28 de febrero de 1974 y, a partir de entonces, comenzó la instauración de un plan represivo y clandestino para perseguir y asesinar a los enemigos políticos del régimen. Estos casos figuran juntos en cuatro de los expedientes acumulados, y se suman a los hechos posteriores al Golpe Cívico Militar de 1976, cuando la represión se profundizó en consonancia con lo que sucedía en el resto del país. Por entonces las tareas de inteligencia coordinadas desde el Destacamento de Inteligencia 141 “General Irribarren” permitieron la conformación de Centros Clandestinos destinados al secuestro y desaparición de personas aceitando la maquinaria del plan sistemático de exterminio. Además de permitir una descripción cronológica de la escalada represiva, los distintos expedientes que integran la megacausa ponen en evidencia diversos aspectos sociológicos involucrados tales como la complicidad eclesiástica y empresarial, el robo de niños, la expropiación de bienes muebles e inmuebles, los crímenes sexuales, la persecución a estudiantes y obreros, y la destrucción del tejido social.

Fosas Clandestinas

El 27 de marzo de 2013 José Solanille dibujó ante los jueces un croquis del Campo La Perla para señalar el lugar donde estaría situada “una fosa grande” construida según él, con las propias manos de los militares imputados en esta causa. Solanille trabajó como arriero en los campos del Tercer Cuerpo y con la vuelta de la democracia denun-

ias

egacausa La Perla” en referencia al ex centro clandestino de detención por el que pasaron la mayoría de las víctimas, reúne un total de veintidós

levados al Tribunal Oral Federal. Durante el año 2014 se agregaron seis nuevas causas.

Una causa con historia

Inicialmente, la investigación judicial de los crímenes de lesa humanidad que se juzgan en esta causa fue denominada “Causa 31-M-87”, sobre la cual recayeron los efectos de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1987. Luego los decretos de indulto de la era menemista congelaron los expedientes. Durante la década de los 90 tuvieron lugar los juicios por la Verdad Histórica, que si bien no tenían un fin condenatorio pretendían llegar a la verdad del destino de las víctimas, permitieron desempolvar las cientos de carpetas archivadas en las que habían dormido las investigaciones. Desde ese lugar se combatió la premisa

de Olvido y Reconciliación fogueada desde el gobierno y se conocieron detalles sobre nuestro pasado reciente. Años después, la persistente lucha de los organismos de Derechos Humanos y la derogación de las “Leyes de impunidad” durante el mandato del presidente Néstor Kirchner habilitaron a la Justicia para comenzar a procesar e indagar a los señalados como responsables de los delitos de Lesa Humanidad, a más de 30 años de su ejecución. En Córdoba, estas actuaciones estuvieron a cargo del Juzgado Federal n° 3 y del Ministerio Público Fiscal, los cuales llevaron a cabo la investigación de las causas que hoy llegan a juicio oral y público.

néndez, Raúl Eduardo Fierro, Carlos Vega y Jorge Acosta, entre los imputados.

ció todo lo que había visto, pero entonces la Justicia miraba hacia otro lado. "Esta fosa se quemó. Le metieron fuego y quemaron todo", afirma. "¿Qué tiraron ahí? ¿Qué quemaban?", pregunta el fiscal Trotta. "Mire, pueden decir que eran bolsas de papas, pero yo digo que eran cristianos". El descubrimiento de restos óseos el 21 de octubre pasado en los hornos de La Ochoa, en los campos aledaños al edificio en que funcionó el Campo de Tortura y Exterminio La Perla desde 1976 hasta 1979, refuerza esta hipótesis y puede tener directas repercusiones en el megajuicio. Desde el Equipo Argentino de Antropología Forense aclararon que el trabajo de identificación será arduo y lento; pero si los resultados son positivos, se trataría de nuevas pruebas que se incorporarán inmediatamente para esclarecer el destino sufrido por las víctimas que continúan desaparecidas.

El valor del testimonio

“Este año se cumplen 30 años desde la primera vez que nos constituimos como querellantes ante la justicia federal, en 1984, en un juicio que no fue. Los papeles han envejecido y yo también, pero aquí estoy... hasta aquí llegué”, dijo Marta Cisneros el martes 22 de octubre pasado al finalizar su testimonio por la desaparición de su hermano Ignacio Manuel Cisneros. Como ella, la mayoría de las personas que vienen a contar su historia cara a cara ante el Tribunal integrado por los doctores Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Camilo Quiroga Uriburu agradecen la posibilidad de este tiempo histórico, a la vez que manifiestan su dolor por el tiempo transcurrido, que se llevó a muchos de los que merecieron ver concretarse su anhelo de justicia. Durante las audiencias, que comenzaron

el 4 de diciembre de 2012 y se prolongarán al menos durante todo el año 2015, ya declararon más de 400 testigos. Los testimonios tienen un aspecto jurídico y otro del orden de lo simbólico: por un lado se trata de la incorporación de elementos probatorios que legitimen y den solidez a la sentencia final; y por el otro abre a las víctimas la posibilidad de exponer sus casos y los de sus familiares frente a un Tribunal Federal de Justicia por primera vez después de 30 años. Para los sobrevivientes, el momento de la declaración es una bisagra que por un lado tiene un efecto liberador y por el otro implica revolver en los recuerdos de las experiencias más crueles y dolorosas de toda su vida. Para evitar la revictimización de aquellos testigos que han sido citados en más de un expediente, el criterio de acumulación en un solo juicio ha sido la mejor salida. "Rezo para que se animen a venir todas las víctimas. Porque es la oportunidad para decir: estoy y vine por mi voluntad, no porque me obligaran o torturaran, ni para buscar venganza". Carlos Pusseto fue secuestrado a fines de 1976 y permaneció secuestrado en La Perla durante más de un año. Durante la audiencia nº 63 declaró por cinco horas por videoconferencia desde España. Para él, la presencia en este juicio es parte de una búsqueda de justicia, “una cuestión humana, para que no se repita, para que exista el Nunca Más”.

Citas

1) El centro clandestino más grande del interior del país, situado sobre la Ruta 20 a la altura de la localidad de Malagueño. 2) Esta cárcel militar comenzó a funcionar como centro clandestino a comienzos de 1976. 3) El matrimonio Pujadas ya había perdido a su hijo, integrante de la organización Montoneros, fusilado en la Masacre de Trelew.

Los expedientes Expedientes “Pasquini, Italo César y otros...”, “Vega Carlos Alberto y otros…”, “Romero Héctor Raúl y otros…”, “Bruno Laborda Enrique Guillermo, y otros...”, “Checchi, Aldo y otros…”, “Quijano Luis Alberto C. y otros…”, “Manzanelli, Luis Alberto y otros…”, “Tófalo y otros…”, “Rodíguez I y otros…”, “Rodríguez II”, y “Ríos Porfirio y otros…” En estos expedientes se concentran casos de desapariciones ocurridas desde el 24 de marzo de 1976 hasta el año 1978. Las víctimas fueron vistas en La Perla. Algunos de los cadáveres aparecieron en supuestos enfrentamientos que fueron en realidad fraguados por el Ejército para disimular su asesinato. El resto continúan desaparecidos. Expedientes “López, Arnaldo José y otros...” y “Herrera, José Hugo y otros…” En estos expedientes se investigan casos de muertes por causa de las torturas recibidas durante el cautiverio en el Centro Clandestino La Perla.

tormentos contra cinco seminaristas de la Orden La Salette, y su superior, el Sacerdote Weeks, secuestrados el 3 de agosto de 1976. Expedientes “Acosta, Jorge Exequiel y otros…” y “Maffei y otros...”. Figuran como víctimas los sobrevivientes de los centros clandestinos La Perla, D2 y Campo de la Ribera. Durante mucho tiempo su presentación ante la justicia tenía que ver con esclarecer hechos de otras víctimas. Hoy la Justicia incluye en la tipificación de crímenes de Lesa Humanidad también los delitos cometidos contra ellos. Expedientes “Vergez, Héctor Pedro y Otros…”, “Yanicelli y otros...”, “Antón y otros…” y “Barreiro, Ernesto Guillermo y otros...”. Se investigan hechos acontecidos en la antesala del golpe: desde el Navarrazo hasta los días previos al 24 de marzo de 1976.

Expediente “Videla, Jorge Rafael y otros” (Causa Mackentor). Investiga los hechos ocurridos en la madrugada del 25 de abril de 1977 cuando tropas de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV ocuparon y se apoderaron ilegítimamente de las instalaciones de las fábricas de caños de la empresa Mackentor en las provincias de Córdoba y Buenos Aires, Expedientes “Morard Emilio y además de secuestrar a sus directiOtros…”. Investiga el secuestro y los vos y empleados. Expediente “Díaz Carlos Alberto y otros…” Investiga la desaparición de Silvina Parodi y Francisco Orozco, hija y yerno de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, Sonia Torres. Es la única causa que incluye el delito de sustracción de menores ya que Silvina estaba embarazada.

"OPERATIVO AIRE 718": TERCER JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN JUJUY

El traslado de Gorriti

En los tribunales federales jujeños comenzó a juzgarse a un oficial del Ejército y doce guardiacárceles por privación ilegal de la libertad y tormentos contra 88 presos políticos, en su mayoría trabajadores de la empresa Ledesma y la minera El Aguilar.

T

rabajadores del surco del Ingenio Ledesma, obreros de la mina El Aguilar, militantes de la Juventud Peronista, un ex intendente y un ex diputado elegidos por el pueblo –en total unas noventa personas, entre hombres y mujeres–, fueron sacados violentamente del penal jujeño de Villa Gorriti, para vivir el peor viaje de sus vidas. El 7 de octubre de 1976, en el marco de un operativo conjunto del Ejército, la policía y el Servicio Penitenciario, engrillados, a los culatazos y golpes aquel contingente de presos políticos fue trasladado en dos aviones hacia Buenos Aires. En la travesía sufrieron todo tipo de tormentos y crueldades que quedaron marcados para siempre en los cuerpos y recuerdos de los sobrevivientes. Por esos hechos, desde el 5 de noviembre de 2014, se desarrolla en los tribunales federales de Jujuy el tercer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad, donde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante. El juicio por el traslado a los presos políticos de Gorriti, conocido como "Operativo Aire 718", es un gran ejemplo a desmenuzar. Da cuenta de la relación estrecha entre el poder económico y la dictadura. Es otra muestra de que el principal objetivo militar de la dictadura fueron los trabajadores. Permite reconocer la fortaleza del proceso de Memoria Verdad y Justicia, y su extensión por todo el territorio nacional. Y desnuda las maniobras realizadas por diferentes jueces para fragmentar las investigaciones con las consecuentes dificultades que le plantea a las querellas y principalmente a los testigos. El expediente en el que se juzgan los hechos que comenzaron a ventilarse los

La presencia en los juicios de familiares y organizaciones populares, se repite en todo el país.

primeros días de noviembre, caratulado “Marengo, Horacio Domingo y otros”, tiene como imputados a un teniente coronel (R) del Ejército, quien dirigió la operación –con cuyo nombre fue denominada la causa–, y a doce integrantes del Servicio Penitenciario de Jujuy, todos acusados de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados. Las querellas que participan de este proceso son seis: la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la agrupación HIJOS Jujuy, el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humano (Codesedh) y tres querellas particulares.

Los hechos

“El 7 de octubre de 1976, desde el penal de Villa Gorriti, se llevan a 88 presos políticos, aunque había más en la

Avelino Bazán Conchabado en 1947 como peón jornalero en la compañía Mina El Aguilar, Avelino Bazán ocupó en tres oportunidades –desde 1958 hasta 1970– el cargo de secretario general del Sindicato de Obreros de la Mina El Aguilar (Soma). También fue el titular de la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (Aoma). El Aguilar es una localidad del norte de la provincia de Jujuy que integra el departamento Humahuaca, considerada la ciudad más alta del país (4.900 msnm aproximadamente) y la tercera más elevada del mundo. En marzo de 1966, Bazán fue elegido diputado provincial, mandato que fue interrumpido por el golpe militar de ese año. Durante el gobierno peronista en 1973 fue director provincial de Trabajo y secretario de Políticas Públicas. El 29 de marzo de 1976 fue detenido por la dictadura, llevado a la cárcel de Gorriti y luego trasladado a La Plata. Tras ser liberado de ese penal, y haber retornado a su pro-

vincia, fue nuevamente secuestrado y posteriormente desaparecido. “La mayor parte de los detenidos eran del establecimiento minero El Aguilar y del Ingenio Ledesma, dirigentes sindicales y obreros, de los políticos en su mayoría, miembros de la Juventud Peronista y otros de militancia en diferentes partidos. También hubo comunistas, pero a estos los liberaron pronto. Se calcularon la cantidad de detenidos, desde el cambio de Gobierno a la fecha en que escribo esto, en cuatrocientos aproximadamente. Esta cantidad de detenidos políticos-gremiales no tenía antecedentes en los anales de la historia de la provincia de Jujuy y creo del país, donde se estimaba la cifra en más de veinticinco mil” (Fragmento del libro El por qué de mi lucha, de Avelino Bazán –escrito en el lapso de su liberación del penal de La Palta y su secuestro y desaparición–, publicado en 2011 en la colección Memoria y Movimiento, editada por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación).

cárcel”, contó a este medio la abogada María José Castillo, representante legal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la causa. “El lugar funcionaba con la doble modalidad de cárcel y centro clandestino de detención”, añadió la letrada. La abogada de la Secretaría detalló que ese día hubo un operativo conjunto entre el ejército, la policía y el servicio penitenciario en el que se llevaron a más de setenta hombres y una veintena de mujeres. “Los llevan al aeropuerto El Cadillal, que queda en Perico, los llevan en camiones del ejército y celulares del servicio penitenciario. Después a las mujeres las suben un avión pequeño y a los hombres a un Hércules”, comentó Castillo . “Casi que se vacía la cárcel de Gorritti, aunque quedaban presos, de los cuales algunos después son desaparecidos y otros pocos puestos en libertad”, ilustró la querellante. La prueba recabada a lo largo de la investigación, y los relatos de los sobrevivientes, permitieron establecer que mientras las mujeres fueron subidas a un avión de pequeño porte, los hombres fueron engrillados al piso de un Hércules. “Allí comenzó el peor martirio”, fue la expresión utilizada por uno de los testigos. Según los relatos de los ex presos políticos, los uniformados se sentaban o caminaban sobre las espaldas de los cautivos, y los obligaban a cantar canciones como carnavalitos. “A estos collas hay que hacerles algo, tienen que cantar porque no puede ser que todo el mundo llore”, decían los represores, que al mismo tiempo golpeaban a los detenidos con bastones en la cabeza, otras partes del cuerpo y les robaban las pocas pertenencias que tenían. Los secuestrados fueron sometidos también a diferentes tormentos psicológicos, como por ejemplo amenazados con ser arrojados al río. Numerosos testimonios coincidieron en que algunos de los detenidos, que habían sido “marcados”, recibieron agresiones y torturas aún peores. A pesar del poco tiempo del viaje, que duró unas tres horas, el nivel de deterioro físico

Luis Arédez El pediatra Luis Ramón Arédez se había radicado en Libertador San Martín para trabajar en el ingenio Ledesma a fines de la década del cincuenta. Al denunciar el nivel de deterioro de la salud de la población, producto de la contaminación de la empresa azucarera, tuvo un conflicto con la firma, que lo terminó despidiendo a pesar del apoyo de los trabajadores, sus gremios y los pobladores de la zona. Convertido en referen-

te popular, tras su paso como director del hospital regional y un “corto exilio”, volvió Libertador San Martín en 1973 y fue electo intendente. En 1976, con el avance de la violencia represiva, fue derrocado y expulsado del municipio. El 24 de marzo del mismo año fue detenido, llevado al penal de Gorriti y finalmente trasladado a la Unidad Penal 9 de La Plata, de donde fue liberado unos seis meses después.

“Ha desaparecido el día 13 de mayo de 1977, aproximadamente a las 12 horas en la ruta nacional 34”, declaró ante la Conadep Olga Arédez, su esposa, quien desde ese día se convirtió en un símbolo de la lucha por Verdad y Justicia para los desaparecidos, a pesar de su muerte ocurrida el 5 de octubre de 2005, producto de un cáncer relacionado con la contaminación generada por la empresa Ledesma.

de los presos fue tal, que muchos de ellos fueron llevados hacia la enfermería. “Los trasladados, en su mayoría, pasan uno o dos años –aunque otros permanecen muchos más– en la cárcel de La Plata”, señaló Costillo, y agregó: “Luego son liberados, aunque se deben mencionar los casos de algunos detenidos como Luis Arédez y Avelino Bazán (ver aparte), que vuelven a Jujuy y después son desaparecidos. Otros son a su vez trasladados a otros penales como Rawson”. Sobre el origen de los detenidos, la abogada explicó que “su situación varía”. “Muchos que fueron víctimas del apagón de Ledesma, venían del centro clandestino de detención de Guerrero. También hay varios de la mina El Aguilar. En su mayoría eran trabajadores de esos establecimientos, aunque también otros detenidos eran integrantes de la Juventud Peronista”, describió Castillo.

Fragmentación

“Hay un inconveniente que viene de la fragmentación de las causas. El juez que estaba en instrucción hasta hace poco (Carlos Olivera Pastor), generó un alto nivel de fragmentación de las causas, que ha favorecido la impunidad. Por eso en este juicio los hechos tienen que ver sólo con ese traslado”, graficó Castillo. La letrada analizó que “se podría haber juzgado toda la situación de detención de cada una de las personas, desde que entran al penal de Villa Gorriti, hasta lo que vivieron en la Unidad 9 de La Plata”. Entre los principales inconvenientes que plantea este tipo de juicios es que por una lado “quedan afuera una importante cantidad de imputados”, y “lo más importante, las víctimas tienen que declarar en múltiples juicios”. Castillo fue aún más gráfica y amplió el tema: “Por ejemplo, ya se hizo un primer juicio por la situación en el penal de Gorriti; después se hace éste que estamos desarrollando por el traslado; luego, en el caso de las víctimas Bazán o Arédez, se hará por sus desapariciones. Se fragmenta tanto de este modo que en una misma sucesión de hechos, por la misma víctima, puede haber cinco juicios para que se juzguen toda la cadena de delitos que sufrió”. Tras numerosas y cada vez más masivas movilizaciones en reclamo de su renuncia, el juez Olivera Pastor, que había realizado la instrucción de la causa, dio finalmente un paso al costado en 2012. “A partir de su salida, con la llegada del juez (Fernando) Poviña comienzan a moverse con más celeridad todas las investigaciones, en las que por ejemplo se procesa a (Pedro) Blaquier (propietario de Ledesma)”, indicó la abogada de la Secretaría.

Poder económico y dictadura

Según se pudo confirmar producto de las investigaciones –que forman parte de otras causas–, tanto en Ledesma como en El Aguilar, las víctimas de este juicio fueron detenidas por orden de las empresas. “En el caso de la multinacional minera, si bien los directivos unos han muerto y otros residen en el exterior, en otra causa, denominada Avelino Bazán, en la que se juzga la desaparición de él y las detenciones de otros mineros, han sido procesados integrantes del plantel administrativo”, informó la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos. María José Castillo se mostró confiada por la valiosa prueba con que se cuenta para este juicio oral y público, fundamentalmente la aportada por los testigos sobrevivientes. “Debido a la cantidad de testimonios previstos (unos sesenta), a pesar de ser juzgados sólo los hechos producidos durante el traslado, se calcula que la sentencia recién será leída los primeros días de marzo del año que viene”, evaluó la letrada.

CONSEJO FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS

“El balance es positivo"

Martín Fresneda presidió en Ushuaia el encuentro de funcionarios del área de todas las provincias y analizó los avances en la materia logrados en los últimos años en el país. Semanas después se presentó al Jefe de Gabinete de la Nación Jorge Capitanich un sistema de monitereo para todo el país.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, encabezó la reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos que, semanas después, visitó al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

E

l secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, en el marco de la XX Reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos realizada en Ushuaia, aseguró que la Argentina “ha mejorado los estándares de cumplimiento de derechos en los últimos 10 años” a través de “políticas de Estado que son muy reconocidas por la comunidad internacional”. En el encuentro, que reúne a representantes de las áreas de Derechos Humanos de todas las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, Fresneda manifestó también su "preocupación" ante la desaparición y presumible asesinato de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estado de Gue-

rrero, México, y se solidarizó "con los familiares de las víctimas y con la lucha contra la impunidad llevada adelante por el pueblo mexicano". “El balance del cumplimiento de tratados y convenciones por parte de nuestro país, sin dudas es positivo. Esto no quiere decir que se cumplan las normas en su totalidad, pero comparativamente con otras naciones no caben dudas de que hemos mejorado”, destacó Fresneda, quien estuvo acompañado por el director Ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación-, Agustín Di Toffino. El secretario señaló que una forma de verificar este crecimiento es recordar “el

escalón muy bajo en materia de derechos en el que nos encontrábamos en 2001, cuando no se generaban avances en relación al procesamiento y condena de criminales de lesa humanidad, o no teníamos leyes que sancionaran la trata, ni la violencia de género, ni que garantizaran los derechos de diversidad sexual, el matrimonio igualitario o la salud mental”. No obstante, Fresneda dijo que el objetivo ahora es trabajar en la “operatividad y aplicabilidad de las normas que están vigentes”, y admitió que “todavía tenemos deudas pendientes”. Al cierre del encuentro, realizado el 14 de noviembre pasado, el funcionario anunció en la capital fueguina la firma de un convenio entre su Cartera y la Secre-

Los juicios en Tucumán y Entre Ríos En un breve repaso por la situación actual de los juicios por delitos de lesa humanidad en sus provincias, este medio dialogó con los secretarios de Derechos Humanos de Tucumán, Humberto Raba, y de Entre Ríos, Julián Froidevaux. Raba hizo referencia a los “juicios más recientes” en Tucumán relacionados con el Arsenal Miguel de Azcuénaga, que, según ilustró el funcionario, “en su dimensión fue el campo de concentración más grande del norte del país”. También informó sobre la causa Jefatura II, “un lugar de torturas y tránsito hacia otros lugares como podía ser el propio Arsenal”. “Se ha sabido que gente que estuvo en el Arsenal sus restos aparecieron en el Pozo de Vargas”, añadió el funcionario. “La participación en las audiencias fue importante, los casos fueron resonantes. Este año apareció Villa Urquiza, que es una cárcel provincial donde hubieron varias muertes, allí por ejemplo estuvo el ex senador Guillermo Vargas Agnase, cuyos restos aparecieron en Pozo de Vargas”, indicó Raba, quien explicó que se trata de una cárcel donde se planteó una serie de divisiones de los presos. “La dictadura determinaba quiénes eran los, entre comillas, terroristas subversivos, que estaban en condiciones infrahumanas, y los que ellos consideraban presos políticos, entre los que estaban

funcionarios del gobierno depuesto”. Raba informó además que en “este intermedio está el juicio del Manlio Martínez, juez cómplice de la dictadura, que se ha pospuesto para el año que viene” y que “está en ciernes el juicio por el Operativo Independencia”. Por su parte, Froidevaux precisó que en la actualidad, en Entre Ríos, se están llevando “las audiencias orales y públicas de la causa Área Paraná, que concentra la investigación de 52 casos de víctimas y nueve imputados”. El Área Paraná correspondía en realidad al área 221 dentro de la subzona 22 del Segundo Cuerpo de Ejército. “Esta causa se tramita con el código procesal penal viejo, que es un código oscurantista, que es escrito, que es privado”, puntualizó el funcionario y agregó: “Sobre eso se han logrado modificar algunas cosas, y tener entonces hoy en la instancia plenaria del juicio, audiencias orales y públicas”. “Esta es una causa que vino muy dilatada –analizó el funcionario entrerriano–, hemos tenido un sin fin de chicanas dilatorias, han recusado a cuánto juez ha participado en la causa, que se lleva adelante con el código viejo, que está en desuso, donde muchas veces el juez pareciera desconocer no sólo el avance gigante en la Argentina con respecto a estos temas en térmi-

nos de jurisprudencia, sino los tratados internacionales también”. Froidevaux criticó el “instituto de la absolución de posiciones” que establece el código viejo utilizado en esa causa: “Es una ridiculez que las víctimas tengan que transitarlo. Es un mecanismo por el cual los imputados, en su derecho a defenderse, redactan oraciones, proposiciones, en términos afirmativos, y el juez se las lee a la víctima querellante, para que diga sí o no, y aclare si lo quiere hacer. Y si no contesta se lo da por afirmativo”. Al igual que su par tucumano, Froidevaux destacó el impacto de los juicios en el conjunto de la población, especialmente entre los jóvenes, “quienes con estos juicios toman conciencia de que la historia se puede modificar”.

Mensaje intimidatorio

“Estamos muy preocupados porque el 12 de noviembre, en horas de la mañana, ingresaron individuos al domicilio de Florencia Amore, abogada querellante de la agrupación H.I.J.O.S., y secretaria de Derechos Humanos, Salud y Educación de Paraná”, planteó Froidevaux, quien además señaló que se trató de “un claro mensaje intimidatorio, ya que lo único que se llevaron es la computadora de ella y algunas carpetas de trabajo de las causas”.

taría Nacional de Políticas Universitarias, para que las universidades nacionales se sumen al trabajo de monitoreo y prevención de la vulneración de derechos.

Sistema de monitoreo Con la participación de las autoridades provinciales de todo el país, integrantes del Consejo Federal, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, presentó ante el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, el pasado 10 de diciembre, una herramienta de monitoreo en tiempo real para las respuestas a las recomendaciones en materia de Derechos Humanos realizadas al Estado Nacional por Naciones Unidas y por la Organización de Estados Americanos, así como para las que se realizarán a los Estados provinciales en el marco del Sistema de Informe Periódico Nacional (SIPeN). Durante la presentación, llevada a cabo en Casa de Gobierno en el marco una Reunión Extraordinaria del Consejo Federal de Derechos Humanos realizada el pasado 10 de diciembre, Fresneda explicó que se trata de una Base de Datos de la Secretaría de Derechos Humanos que contiene la información del Examen Periódico Universal (EPU), que realiza cada cuatro años Naciones Unidas, y también la concerniente a las recomendaciones hechas a la Argentina por parte de los órganos internacionales de Derechos Humanos (ONU y OEA). Al finalizar la reunión, se homenajeó la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por el Derecho y se entregó una distinción a Estela de Carlotto. El pleno del Consejo Federal dedicó la reunión extraordinaria, en palabras de Fresneda, “a la lucha de Estela y Buscarita Roa –presentes en la actividad– que representan la lucha de tantas Abuelas que trabajan para que todos recuperemos la identidad perdida”. Por su parte, Capitanich indicó que “es también un homenaje muy profundo para la lucha por la dignidad que han promovido las Abuelas, que forma parte de una lucha por la identidad, que es la reivindicación más profunda de una política de derechos humanos que conjuga los principios de memoria, verdad y justicia con una política muy activa tendiente a lograr el cumplimiento de estas metas”.

Juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad Salta

Diciembre de 2014

Jujuy

Desde el 6 de noviembre son juzgados un ex militar y 12 agentes del Servicio Penitenciario Federal. Están acusados de la privación ilegítima de la libertad y torturas a 88 presos políticos detenidos en la cárcel de Villa Gorriti.

La Rioja

Juicio contra seis ex militares y policías, quienes son acusados por diferentes crímenes en hechos perpetrados antes y durante el terrorismo de Estado, entre ellos la segunda parte de la causa por el homicidio del ex gobernador Miguel Ragone. .

Córdoba

Megacausa “La Perla”. Se realizaron más de 170 audiencias, con 52 acusados y más de 900 testigos se juzgan los casos de 696 víctimas de los cuales 320 son sobrevivientes y constituyen la prueba testimonial fundamental.

Entre Ríos

Juicio por el secuestro y asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. En la causa se encuentra imputado Ángel Pezzetta, por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y tortura.

Área Paraná (juicio escrito). Buscan reimpulsar el juicio escrito por la causa Base Aérea Paraná que comenzó a tramitarse en la década del ‘80 y volvió a retomarse hace 10 años luego de la derogación de las leyes de impunidad.

Mendoza

San Nicolás

Juicio a los jueces. Se investigan delitos de lesa humanidad cometidos por 38 imputados, entre ellos cuatro ex jueces.

Saint Amant II. Juicio contra el teniente coronel Fernando Manuel Saint Amant y otros 12 acusados por los casos de 76 víctimas de Pergamino, San Nicolás, Baradero y San Pedro.

Ciudad de Buenos Aires

San Rafael

Plan Cóndor y Orletti II. Se ventilan los delitos cometidos en el marco del acuerdo de las dictaduras sudamericanas para perseguir a opositores políticos fuera de sus fronteras. Megacausa Esma III. Se juzga a 63 represores por 789 secuestros, torturas y homicidios. Sustracción de menores (juicio escrito). Prosigue la causa iniciada en 2008.

Juicio por los crimenes perpetrados en "La Departamental", un centro clandestino de detención que funcionó dentro del Poder Judicial. Se juzga 26 personas. Entre los imputados está el ex intendente de facto Luis Stuhldreher.

San Luis

San Martín

Causas unificadas. Son juzgados 29 imputados. Se investigan delitos en perjuicio de 46 víctimas.

Junín Bahía Blanca

Tercer juicio. Son juzgados 25 imputados. La causa involucra 66 víctimas.

Mansión Seré II. Juicio por delitos cometidos en el CCD conocido como "Mansión Seré", y en otros lugares que integraron el circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense. Se juzga a ocho represores por 97 víctimas.

Juicio en el que se investigan los crímenes cometidos en tres centros clandestinos que funcionaron en Junín a disposición de la Policía bonaerense y el Ejército: la Comisaría 1ª, el destacamento Morse y la Unidad Penal 13.

Datos 13 21 2 1064 133 955 577 116

juicios orales y públicos en curso. sentencias en 2014. procesos escritos represores de la dictadura detenidos. sentencias por delitos de lesa humanidad. procesados. condenados. resolución de casos por sustracción de identidad.

Todas y todos podemos participar de los juicios Son orales y públicos. Para ingresar a las audiencias acreditate con tu DNI, cédula o pasaporte en la sede del juicio.

Fuentes para seguir los juicios Secretaría de Derechos Humanos

www.derhuman.jus.gob.ar Télam

www.memoria.telam.com.ar Infojus Noticias

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recuerda que los juicios orales son públicos, y convoca a ser parte de este proceso de construcción de memoria, verdad y justicia, y a acercarse a las audiencias donde se desarrollan los procesos en todo el país.

www.infojusnoticias.gov.ar Ministerio Público Fiscal

www.fiscales.gob.ar

JUICIOS EN CURSO

Audiencias orales y públicas en todo el país

Trece juicios orales y públicos, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, continuarán su desarrollo en diferentes tribunales federales del país luego de la feria judicial de enero. Además se llevan a cabo otros dos escritos. En 2014 concluyeron 21.

E

Esma

l proceso de juzgamiento y condena de los crímenes perpetrados en el marco del terrorismo de Estado se profundiza y extiende a lo largo y ancho de la geografía nacional. Tras el suspenso durante el mes de enero por la feria judicial, se retomarán en los tribunales orales federales los trece juicios orales y públicos en curso con que cerró el 2014. Las audiencias se llevaron a cabo en Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Córdoba, San Luis, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bahía Blanca y las ciudades bonaerenses de Junín, San Martín, San Pedro y Olavarría. Además, en Paraná y en en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se desarrollan dos procesos con el código antiguo, por lo cual su modalidad es escrita. En el año recién finalizado, hubo 21 sentencias por delitos cometidos en la última dictadura cívicomilitar. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tiene una activa participación en causas de todo el país.

En la Ciudad de Buenos Aires continúa el proceso en el que son juzgados 63 represores acusados de haber cometido 789 secuestros, torturas y homicidios en la ESMA. Entre los imputados se encuentran ocho aviadores navales y de la Prefectura, acusados por los denominados "vuelos de la muerte", en los que se arrojaban prisioneros vivos al mar o al Río de la Plata.

Cóndor (y Automotores Orletti II)

También en Capital Federal sigue el juicio por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, el acuerdo de las dictaduras sudamericanas para perseguir a opositores políticos fuera de sus propios países.

Mansión Seré II

A pocos kilómetros de la Capital, el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín sigue el juicio por delitos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como "Mansión Seré", y en otros lugares que integraron el circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense.

Salta

Tras la unificación de diez causas, el martes 2 de diciembre comenzó en Salta un nuevo juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Los imputados son seis ex militares y policías, quienes son acusados por diferentes crímenes en hechos perpetrados antes y durante el terrorismo de Estado, entre ellos la segunda parte de la causa por el homicidio del ex gobernador Miguel Ragone. Unos 70 testigos declararán en el debate, en el que actuarán los fiscales Snopek y Sivila. Las diez causas que tramitaron durante la instrucción en forma separada, en las que se investigan los secuestros, torturas, desapariciones y homicidios de un total de 18 víctimas –diez de ellas, asesinadas o desaparecidas– conforman el objeto procesal del juicio que tiene como imputados al ex coronel y ex jefe de la Policía Miguel Raúl Gentil; al ex coronel Virtom Modesto Mendíaz; al ex comisario general Joaquín Guil; al ex jefe del Departamento de Informaciones Policiales de Salta Antonio Saravia; al comisario general retirado Néstor Liendro, y al comisario mayor retirado Abel Guaymás. Los hechos que forman parte de cinco de los expedientes ocurrieron antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Jujuy

Desde el 5 de noviembre, en los tribunales federales de Jujuy (ver nota aparte) se juzgan los hechos del expediente caratulado “Marengo, Horacio Domingo y otros”, que tiene como imputados a un teniente coronel (R) del Ejército, quien dirigió la operación –con cuyo nombre fue denominada la causa–, y a doce integrantes del Servicio Penitenciario de Jujuy, todos acusados de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados. En la causa se investiga el traslado de los presos políticos del penal jujeño de Gorriti hacia la Unidad Penal Nº 9 de La Plata, conocido como "Operativo Aire 718”.

La Rioja

El 20 de noviembre se inició en la provincia de La Rioja un nuevo juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad. Se trata de la investigación por el secuestro y asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. En la causa se encuentra imputado Ángel Pezzetta, por los delitos de homici-

Sán Nicolás

En la ciudad bonaerense de San Nicolás, se desarrolla el juicio por la causa conocida como "Saint Amant II", cuyo principal acusado es el teniente coronel (R) Fernando Manuel Saint Amant, por 76 víctimas del terrorismo de Estado provenientes de las localidades bonaerenses de Pergamino, San Nicolás, Baradero y San Pedro.

Bahía Blanca

Las tradicionales pancartas con los rostros de los desaparecidos son llevadas a cada juicio.

dio agravado, privación ilegal de la libertad y tortura cometidos en perjuicio de Murias y Longueville.

Córdoba

En Córdoba continúa la etapa testimonial del juicio de la megacausa “La Perla” (ver nota aparte), que involucra a 417 víctimas y tiene ahora 52 imputados, entre ellos el represor Luciano Benjamín Menéndez, en una causa a la que se agregó el caso de la detención ilegítima de los empleados de empresas del Grupo Mackentor, directivos y accionistas, quienes fueron privados ilegítimamente de su libertad y sometidos a torturas en los centros clandestinos de detención y torturas la Ribera y La Perla.

San Luis

En San Luis son juzgados 29 represores por crímenes cometidos durante la dictadura en Villa Mercedes, Luján, La Toma y la ciudad capital. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad juzga a Carlos María Alemán Urquiza, Celso Juan Ángel Borzalino, Luis Mario Calderón, Hugo Ricardo Cremonte, Horacio Ángel Dana, Miguel Ángel Fernández Gez, Andrés Leonardo García Calderón, Juan Amador Garro, Pedro Armando Gil Puebla, Nelson Humberto Godoy, Marcelo Eduardo González Moure, Benjamín Jofre, Rafael Enrique Leyes, Raúl Benjamín López, Omar Lucero, Armando Nicolás Martínez, Jorge Alberto Moreira, Vicente Ernesto Moreno Recalde, Jorge Félix Natel, Luis Alberto Orozco, Andrés Enrique Manuel Ortuvia

Salinas, Carlos Alberto Ozarán, Santos Tomas Palma, Juan Carlos Pérez, Carlos Esteban Plá, Higinio Rafael Robles, Roque Rubén Rodríguez, Oscar Guillermo Rosello y Ricardo Alfredo Rossi. En la causa se investigan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, homicidio, encubrimiento y asociación ilícita, en perjuicio de 46 víctimas.

Mendoza

En Mendoza, en tanto, unos 41 imputados, entre los que se encuentran los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret, son juzgados en lo que constituye un megajuicio que tiene como uno de sus particularidades más relevantes la cantidad de funcionarios judiciales procesados.

San Rafael

Desde el pasado 29 de diciembre dieciséis policías y diez militares son juzgados en el marco del segundo juicio oral por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza. Allí se investigará el tratamiento de los crímenes cometidos contra 72 víctimas de esa región, 68 de las cuales fueron secuestradas en 1976 -catorce antes del golpe de Estado- y las otras cuatro entre 1977 y 1978. Entre otras particularidades se ventilarán los delitos cometidos en dependencias oficiales como la municipalidad local y el edificio del Porder Judicial, donde funcionó un centro clandestino conocido como "La Departamental".

En Bahía Blanca se desarrolla el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en el que son juzgadas 25 personas. Los acusados son: Víctor Raúl Aguirre, Felipe Ayala, Luis Ángel Bustos, Tomás Hermógenes Carrizo, Oscar Alfredo Castro, Félix Ovidio Cornelli, Enrique De León, Raúl Artemio Dominguez, Víctor Oscar Fogelman, Eduardo René Fracassi, Manuel Jacinto García Tallada, Guillermo Julio Gonzalez Chipon, Leandro Marcelo Maloberti, Francisco Manuel Martinez Loydi, Domingo Ramón Negrete, Néstor Alberto Nougués, Edmundo Oscar Nuñez, Raúl Oscar Otero, Gerardo Alberto Pazos, Pedro Alberto Pila, Luis Alberto Pablo Pons, José Luis Ripa, Héctor Luis Selaya y Carlos Andrés Stricker.

“Causa Junín”

Desde el miércoles 26 de noviembre, en la ciudad bonaerense de Junín, son juzgados el coronel Ángel Gómez Pola y los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta. Los imputados son investigados por los delitos de privación ilegítima de la libertad de las personas que pasaron por los tres centros clandestinos que funcionaron en Junín a disposición de la Policía bonaerense y el Ejército: la Comisaría 1ª, el destacamento Morse y la Unidad Penal 13, que en esos años se encontraba en construcción.

Escritos

Por otra parte, continúan por escrito, al sustanciarse por el viejo Código Penal, un juicio por apropiación en la Capital Federal, y otro en Entre Ríos por la causa "Área Paraná". En el caso de la causa "Área Paraná", tras varios pedidos de las querellas, se ha logrado que la instancia de las declaraciones sean orales y públicas.

JÓVENES SECUNDARIOS PARTICIPARON DE LAS AUDIENCIAS DE LA CAUSA SAINT AMANT II

Los chicos van al juicio

Estudiantes de la ciudad bonaerense de Pergamino, menores de 18 años, pudieron participar del debate oral y público gracias al pedido

“

los sobrevivientes, querellantes, testigos y organismos de derechos humanos.

Nosotros primero hicimos un pedido expreso para que pudieran ingresar los pibes de las escuelas secundarias a las audiencias”, contó a este medio José María Budassi, sobreviviente de la dictadura y referente de la Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás y testigo del juicio Saint Amant II. Budassi es además docente y afiliado histórico del gremio que nuclea a los trabajadores de la educación pública de la provincia de Buenos Aires, Suteba, sindicato en el que integró la secretaría de Derechos Humanos. El pedido fue acompañado por la Secretaría de Derechos Humanos de la nación, que además es querellante en la causa. Budassi, relató la experiencia que realizaron con jóvenes estudiantes secundarios en el marco de las audiencias orales y públicas realizadas en su ciudad y también en Pergamino, dos de las localidades del norte bonaerense en las que se desarrolló el proceso a cargo del Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario, y que actualmente se lleva adelante en San Pedro. Ante el pedido realizado por las organizaciones de derechos humanos, apoyadas por Suteba, Budassi comentó que “primero el tribunal nos respondió diciendo que hay una acordada por la cual sólo pueden ingresar los mayores de 18 años”. Pero la cosa no quedó ahí. “Entonces –prosiguió Budassi– nosotros hicimos una reunión de los jueces con los profesores, donde los jueces se mantuvieron en su postura pero se mostraron abiertos a charlar con los chicos después de las audiencias. Y por otro lado, los integrantes de la Mesa Regional hicimos una carta al secretario de la Cámara de Casación y desde Casación le reenviaron la carta al tribunal. Además sacaron una resolución administrativa en la que recomendaban auto-

Luego de un pedido de las organizaciones de derechos humanos, los estudiantes de Pergamino pudieron ingresar a las audiencias de Saint Amant II.

rizar el ingreso de los menores. Así que, sin esperarlo –porque no sabíamos lo que habían hecho en Casación–, un día llegamos a la audiencia y nos dijeron que los chicos podían entrar”. El testigo explicó que luego de eso, “con grupos de pibes del programa Jóvenes y Memoria (de la provincia de Buenos Aires), previo a las audiencias, organizábamos

charlas con los chicos de la que participaban ex presos y familiares”, y destacó: “Los chicos iban con grabadoras, con cámaras, hacían preguntas y los poníamos en situación de los casos y de la forma en que se desarrollan las audiencias. Y entonces empezaron a entrar y tuvimos una gran asistencia de estudiantes y, por ejemplo en Pergamino, gracias al gran trabajo que hi-

cieron los compañeros llegaron a asistir hasta 40 chicos en una oportunidad”. Previo y posterior a las audiencias, los jóvenes realizaron talleres con sobrevivientes de la dictadura y referentes de organizaciones de derechos humanos y volcaron el producto de esos encuentros en diferentes trabajos que fueron presentados en sus escuelas.