17 de Diciembre de 2016

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Francisco Echarren tiene 36 años y es el flamante secretario de Vivienda y Hábitat de María Eugenia Vidal. Es peronista. Y fue kirchnerista: el año pasado fue reelecto como intendente de Castelli con el sello del Frente para la Victoria. También integró el grupo Octubres, que reunía a intendentes que simpatizaban con Julio De Vido, el procesado ex ministro de Planificación. A raíz de ello surgió la versión de que le había puesto “Arquitecto Julio De Vido” a una calle de su distrito. En una entrevista con PERFIL, Echarren pide específicamente no referirse a De Vido. Cree que que el kirchnerismo lo va a usar para dañarlo. Reconoce que, en un acto, deslizó bautizar la calle con el nombre del ex ministro pero nunca emitió ninguna ordenanza para concretarlo. Se sumó hace dos semanas y es el cuarto peronista que se pasa al “vidalismo”. Entre ellos está Joaquín de la Torre (San Miguel), quien desembarcó como ministro de Gobierno para sumar dirigentes y hasta ahora no pudo traer ni a un consejero escolar. —El año pasado fue reelecto como candidato del Frente para la Victoria, ¿cómo saltó al macrismo?

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—Yo siempre fui claro: soy peronista. Y soy parte de una generación que tiene que entender que ser oposición no es tirar bombas. El gran desafío es tener coraje para tomar estas decisiones, que hay que explicarlas, pero no voy a renunciar a mi identidad. En ese marco, los más jóvenes del peronismo me entienden y a los más grandes les cuesta más. —¿Fue parte de La Cámpora? —Eso fue una operación de mala leche. Hace dos años La Cámpora me pintó todo el distrito con “Echarren traidor”. La Cámpora me odió siempre. Y no sólo a mí, sino a cualquier joven del peronismo que pueda ser competencia para ellos. Me usan de instrumento, pero el puerto final de las críticas es la gobernadora, porque ella también tuvo algunas complicaciones dentro del espacio. Ella pagó un costo político importante por decidir que yo esté acá. —¿Imagina a Vidal sumando más peronistas, a diferencia del gobierno nacional? —La política tiene dos formas de verse: una, por la dirigencia, que tiene un metabolismo más rápido que la sociedad. Hoy la dirigencia política está organizándose para ver qué pasa en la elección que viene y quiénes van a integrar las listas, y ya empezó esa disputa. Y la sociedad lo que quiere es que le resuelvan los problemas. —¿Observa muchas diferencias entre Vidal y Scioli en la gestión? —Por supuesto. Veo que la gobernadora ha encarado decisiones políticas que no se tomaron en otros momentos de la Provincia, y eso es lo que me seduce. Después, cuando uno toma una decisión política no quiere decir que se arregle, pero es un primer paso. Y la gobernadora demostró que está dispuesta a cambiar paradigmas históricos de la Provincia; no sé si un peronista, por distintas circunstancias políticas, podría hacerlo. —¿Cómo le ofrecieron el cargo? —Tengo experiencia en tierra y vivienda en Castelli, que es ejemplo para muchos. Se empezó a charlar hace cuatro meses, y la gobernadora me dijo que le gustaría que me sumara a su equipo, que necesitaba gente joven con capacidad de hacer. —¿Cómo es el plan de vivienda que ejecutará? —En marzo vamos a mandar un proyecto a la Legislatura para que la gobernadora sea la primera en crear una Agencia de Tierra y Vivienda y darle visibilidad con políticas públicas. Hay más de un millón de familias bonaerenses sin viviendas, que no tienen un pedazo de suelo en una provincia donde lo que sobra es el suelo. Hace veinte años que no se hace nada. Por eso hay que hacer una alianza fuerte con organizaciones sociales y sindicatos. Hay 1.500 barrios sin regularización.

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En el ministerio de Infraestructura bonaerense aseguran que para realizar custodias en dependencias tanto del Interior como de La Plata, en ocasiones no consiguen policías. Y que esa es la causa por la que decidieron llamar a licitación para contratar un servicio de seguridad privada. La convocatoria oficial acaba de ser publicada en el Boletín Oficial. Y establece que por seis meses de servicio, la cartera que ahora conduce Roberto Gigante prevé pagar cerca de 22 millones de pesos. La idea oficial es que el nuevo servicio de vigilancia privada comience a operar desde el 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2017, aunque se deja abierta la posibilidad de que la prestación se extienda por otros seis meses. El 26 de este mes se conocerán las ofertas. “En distintas zonas de la Provincia, por distintas razones, la policía no nos puede brindar el servicio. De ahí la contratación de seguridad privada”, dijeron en Infraestructura ante una consulta de este diario. En principio, esta decisión de la cartera que conduce Gigante no se generalizaría al resto de las reparticiones bonaerenses. Por lo pronto, en el ministerio de Seguridad negaron que se esté analizando la suspensión del servicio de Policía Adicional (Polad) para las dependencias públicas.

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DEPENDENCIAS LOCALES Como se mencionó, la contratación incluye el servicio de vigilancia en varias dependencias del ministerio de Infraestructura ubicadas en La Plata. Una de ellas es la subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda, ubicada en diagonal 73 y 56. Casualmente, es el lugar donde desembarcará la flamante incorporación peronista del gobierno de María Eugenia Vidal: el intendente de Castelli, Francisco Echarren. En el listado de edificios platenses se encuentra además la Dirección de Fortalecimiento a las Organizaciones Sociales para el Acceso a la Infraestructura, sita en calle 3 Nº 1.628. También el Ente Regulador de la Verificación Técnica Vehicular que funciona en el mismo edificio anterior de calle 3 entre 65 y 66. La Dirección de Energía tendrá vigilancia privada en tres edificios: calle 55 Nº 629, 5 Nº 424 y 3 y 526. El Archivo Histórico “Gobernador Martín Rodríguez” ( calle 61 Nº 788) y la Dirección Provincia de Arquitectura (diagonal 114 entre 38 y 39), también están incluidas en la licitación. De acuerdo a lo que se establece en el pliego, los vigiladores no podrán exceder las 8 horas de trabajo y al menos el 30% del personal que preste el servicio deberá acreditar cursos de seguridad contra incendios y evacuación de edificios. Los vigiladores deberán “identificar, controlar y revisar” a las personas dependientes del ministerio y particulares que concurran, “verificando portafolios, bolsas, paquetes, etc, tanto en el ingreso o egreso del mismo”. También se les encomendará “la individualización de punguistas, descuidistas u otros profesionales del delito para su expulsión o control de su accionar, sin perjuicio de la intervención policial que corresponda”. Además, los vigiladores prohibirán el ingreso de vendedores ambulantes a los edificios, excepto aquellos que tengan autorización expresa. Cabe destacar finalmente que la contratación de seguridad privada contempla, además de los edificios platenses mencionados, a dependencias de Pergamino, Nueve de Julio, Las Flores, Tandil, Necochea, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Dolores, Mar del Plata, Morón, General Villegas, Berazategui, General Rodríguez y San Miguel.

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Otra frustración para los vecinos de Gonnet y Villa Castells: la mediación judicial que se hizo ayer a la mañana para buscar una pronta salida a la crisis que se desató en el norte platense por el agua salada fracasó, por lo que el litigio judicial sigue abierto y la preocupación de los usuarios se acrecienta. De la instancia judicial participaron, ayer a las 8.30, integrantes del equipo de letrados de la facultad de Derecho que patrocina a los vecinos -a cargo del doctor Jorge Martínez-, una comisión representante de los usuarios y la abogada designada por la empresa Absa. La audiencia tuvo lugar a puertas cerradas -se impidió el acceso a la prensa-, por lo que los detalles de la frustrada mediación sólo trascendieron a partir del testimonio de las partes involucradas. Precisamente, al salir del cónclave los vecinos manifestaron su “decepción y angustia” por lo que consideraron “la falta de información veraz por parte de las autoridades de la empresa y del Gobierno, que no advierten a la población sobre los peligros de consumir el agua contaminada en esa zona”. En tal sentido, remarcaron que “esta mediación pretendía que se garantice ese derecho a ser informado hasta que decidan realizar las obras que se requieren para dotar de agua potable a Gonnet y Villa Castells, cosa que parece tener un futuro más que incierto, dado que pese a rumores y anuncios, lo cierto es que para el 2017 no se mencionan ni en el presupuesto municipal ni en el provincial, obras al respecto”. Además, los usuarios reclamaron a las autoridades comunales y provinciales que “continúan manteniendo el más absoluto silencio respecto al tema de la falta de agua potable que afecta a la población”. De esta forma, fracasada la mediación, la causa judicial continúa su curso. El problema del agua con excesivos niveles de sodio afecta a unos 50 mil vecinos de Gonnet y Villa Castells, que esperan que Absa haga las obras necesarias para distribuir agua potable; que se informe a la población sobre los riesgos de consumir agua no potable y que no se cobre por el servicio de agua potable, mientras no se preste. Ya el Juzgado de Faltas N° 2 resolvió en numerosas ocasiones dándoles la razón a los vecinos. Entre otras medidas, ordenó a la empresa distribuir agua envasada en las zonas afectadas y a reliquidar las facturas desde julio de 2016 “no cobrando el agua ni los impuestos proporcionales”, entre otras medidas.

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LANZAN PROGRAMA PARA REGULARIZAR INDUSTRIAS La Autoridad del Agua y el Grupo Provincia, lanzaron el Programa de Reconversión Tecnológica de Vertidos Industriales, que tiene como objetivo la implantación y modernización de ese tipo de plantas con el fin de reducir la contaminación y generar ahorro del agua y del consumo energético. Las empresas tendrán además la oportunidad de acceder al financiamiento a través de un fideicomiso organizado por la empresa BADesarrollo, que pertenece al Grupo Provincia.

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María Eugenia Vidal, la dirigente de Cambiemos con mejor imagen del país, hará hincapié en los operativos de seguridad durante el verano y buscará extender los acuerdos paritarios al sector docente para garantizar el inicio de clases. La reactivación de la obra pública, en el centro de la escena La gobernadora María Eugenia Vidal cierra el año como la dirigente política de Cambiemos con mejor imagen a nivel nacional, lo que le permitirá ser la figura central en el proceso electoral que se registrará en la Provincia de Buenos Aires en 2017. Lejos de quedarse con los brazos cruzados, la mandataria provincial bajó la orden a todos sus funcionarios de que es necesario no dormirse en los laureles y reforzar la gestión para afianzar los logros obtenidos y avanzar en las cuentas pendientes que reclama la ciudadanía. Según pudo saber este medio, la mandataria provincial se mostrará muy activa en los días que restan hasta fin de año y hará especial hincapié en el lanzamiento del Operativo Sol que, según afirman desde calle 6, tendrá un gran despliegue en toda la Costa Atlántica. “El Operativo Sol será mucho más grande y ambicioso que otros años. Buscamos tener una temporada tranquila y que los destinos turísticos cumplan con las expectativas”, se informó desde calle 6, “Nuestro principal objetivo es garantizar la paz social y lo estamos logrando”, agregaron desde la gobernación, haciendo hincapié en que el modelo a seguir es el histórico acuerdo que firmó el Ejecutivo con la enorme mayoría de los sindicatos que representan a los estatales bonaerenses. El convenio es por 15 meses, con una cláusula automática de actualización de haberes en función de la inflación, lo que permitirá evitar que las paritarias se transformen en un foco de conflicto. “Queremos sumar a los docentes al acuerdo paritario con el objetivo de que, como este año, se puedan empezar las clases sin problemas”, afirmaron desde gobernación. “Estamos trabajando fuertemente para que se pueda aprobar la semana que viene el Presupuesto 2017 y el endeudamiento en la Legislatura, lo que nos permitirá tener garantizados los recursos

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para encarar obras públicas estratégicas”, remarcaron desde la mesa chica de la mandataria provincial. Tanto Vidal como sus principales colaboradores saben que la reactivación de la obra pública es central. Al haber heredado una provincia que, según la propia mandataria, estaba en situación de quebranto, en el primer semestre del año no se registraron mayores avances. Pero la situación cambiaría radicalmente en 2017: hay mucha expectativa en la gestión que pueda llevar a cabo

Roberto Gigante, flamante ministro de Infraestructura bonaerense.

“El tema obra pública va a ser tema central en todo el año, y en las próximas semanas se van a empezar a ver las primeras finalizaciones de las obras que con mucho esfuerzo se comenzaron este año. Sabemos que las grandes obras que se van encarar van a demandar mucho tiempo, pero los bonaerenses van a notar el cambio”, concluyeron desde la gobernación. Algunos logros que enorgullecen a Vidal -Cuando asumió, la Provincia ni siquiera estaba en condiciones de pagar aguinaldos y sueldos, y cerró el año 2016 con un acuerdo paritario completo para 2017 -La mandataria provincial saldó una deuda histórica y promulgó el Boleto Estudiantil, iniciativa que se peleó durante 40 años -Vidal denunció mafias enquistadas en la Policía y puso en marcha una reforma estructural en el Servicio Penitenciario Bonaerense -Implementó una serie de mejoras en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que se ofrece en los comedores escolares bonaerenses, haciendo hincapié tanto en los montos de las raciones como en los aspectos nutricionales de las mismas. El beneficio alcanza a 1.600.000 alumnos de los 135 municipios -Por primera vez desde que se dispuso un tope de $650 millones en el Fondo del Conurbano (año 1996), la máxima autoridad política de la Provincia decidió ponerse al frente de la pelea por los recursos que les corresponden a los bonaerenses. Por ello planteó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia y el máximo tribunal lo consideró admisible. El objetivo es que ingresen a las arcas de la Provincia un plus de $50.000 millones al año

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Cuestionan al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, por tener fondos retenidos en plazos fijos y LEBAC mientras el municipio sufre agudas carencias en obras y servicios como agua corriente, cloacas, alumbrado, bacheo y pavimentación. Según le dijo a este diario Leandro Costa, presidente del bloque de concejales de Cambiemos, "en Escobar hay 9.000 cuadras de tierra y este año terminará sin que se asfalten ni siquiera 100 metros". Frente a lo que definió como "grave inacción" del Departamento Ejecutivo de Escobar, Costa se preguntó por el destino de la recaudación de la tasa de ABL y cuestionó que se utilicen esos fondos para colocarlos en instrumentos financieros antes que en obras. "No sé cuánto tiene en LEBAC (Letras del Banco Central) y plazos fijos, algo que el propio Sujarchuk reconoció, pero esa plata estaría mejor usada si se hicieran las obras que al municipio le hacen falta", señaló Costa en diálogo con este diario. Costa se preguntó "¿para qué se guardan esos fondos?" y sugirió que el actual intendente podría estar "haciendo caja" para las próximas elecciones. Por otra parte, el edil de Cambiemos señaló que otra de las carencias del distrito se da en el área de salud, donde hay barrios enteros que no tienen sala de primeros auxilios y en donde falta cobertura de especialidades médicas. "Eso hace que el hospital zonal Enrique Erill no dé abasto con la atención", completó. El municipio de Escobar está sumido en una crisis política tras la destitución de Jorge "Acero" Cali, aliado de Sujarchuk, que fue removido de la presidencia de Concejo Deliberante en medio de un escándalo luego de un informe de Telenoche que lo señaló como el responsable por la destrucción de humedales en Escobar y por la venta de tierras en esas zonas, sin tener en cuenta el impacto ambiental. En ese contexto, Sujarchuk no logra estabilizar su equipo de gobierno que en un año de gestión perdió a la mitad de los funcionarios. "Sujarchuk es un hombre del marketing y creo que por eso su atención se centró más en la publicidad y en la foto que en la gestión real", consideró Costa. Costa explicó que en Escobar menos del 10 % de la población tiene cloacas y menos del 20 % tiene acceso a la red de agua, lo que junto a la insuficiente atención de salud e infraestructura escolar sin renovación constituyen los problemas mas acuciantes que sufre el municipio bonaerense de Escobar. Para atender algunas de esas necesidades ya hubo gestiones al más alto nivel provincial y aún nacional, que significarán la puesta en marcha de un ambicioso programa que prevé elevar en 4 años a 75 % el universo de vecinos con acceso al agua y cloacas instaladas. Se trata de una de las inversiones más grandes de los últimos tiempos en infraestructura sanitaria y será lograda con el aporte financiero de Nación y provincia a través de la empresa Aysa (Agua y Saneamientos Argentinos), que acaba de hacerse cargo de la prestación de los servicios de agua potable y desagües en ocho partidos bonaerenses en reemplazo de la cuestionada Aguas

Bonaerenses (ABSA).

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Los repetidos cortes de energía eléctrica en diferentes puntos de la ciudad volvieron a generar el enojo de cientos de bahienses y los inconvenientes también repercuten en la agenda política. Según reportaron vecinos a través de las redes sociales a “La Nueva.”, la falta de energía eléctrica complicó ayer a los barrios La Falda, Palihue, Richieri, Villa Esperanza, Villa Rosas, Villa Libre y hubo problemas de baja tensión en SMATA. A la tarde se quejaron por la falta del servicio desde Villa Irupé, Spur, Loma Paraguaya, Ingeniero White, Moresino y Villa Serra. A todos esos problemas se sumaron las interrupciones programadas, que afectaron a Millamapu, San Agustín, Las Acacias, Nueva Espora, Aldea Romana y Patagonia Norte. Allí la prestataria hizo mejoras en la red. Los cortes también se percibieron en el centro de la ciudad, donde fue común volver a ver decenas de grupos electrógenos en las veredas de los comercios. El Municipio y al Concejo Deliberante también quedaron “a oscuras” cerca del mediodía. “Las persianas de los bloques que dan a la calle son eléctricas y no las podemos subir para trabajar”, se quejó una concejal. El jueves, la sesión se realizó con un grupo de emergencia listo para prestar funciones, ya que durante la mañana la luz se cortó en dos oportunidades. Finalmente, no fue necesario encenderlo. El colmo de esa jornada fue ver un generador de amplias dimensiones en el edificio de EDES, ubicado en Moreno 79, donde ayer extendieron el horario de atención al cliente por los “inconvenientes” del día anterior. Lo cierto es que los repetidos cortes de suministro-- que también padecieron en los últimos días los barrios Avellaneda, Universitario, Santa Margarita y Comahue, entre otros-- motivaron reacciones a nivel político. El presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini, (Cambiemos) contó que en las próximas horas invitará a las autoridades de EDES al legislativo. “La idea es que se presenten a la brevedad”, afirmó. Los representantes de la firma habían sido convocados hace apenas una semana por una iniciativa de Integración Ciudadana que resultó aprobada por mayoría. Sólo se opusieron los representantes de Cambiemos, aunque ante el crítico escenario de los últimos días decidieron "apurar” las salidas de las invitaciones. Los responsables de EDES se reunieron con concejales el 26 de octubre pasado. Ese día explicaron qué invirtieron 120 millones de pesos en obras, dijeron que tenían un plan de contingencia para el

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verano y reconocieron que habría nuevos cortes de suministro pero se mostraron confiados en dar respuestas rápidas ante los reclamos. Ahora, los ediles quieren detalles de esas inversiones y respuestas a un problema que lleva varios veranos y parece no tener fin. La palabra de la empresa contra la del usuario Desde el Frente Para la Victoria. Aseguraron que detectaron casos de vecinos a los que se les corta el servicio por una supuesta falta de pago y cuando concurren a EDES les dicen que se les remitió un aviso de corte. “El problema es que todo termina siendo la palabra de la empresa contra la del usuario. Estamos estudiando la posibilidad de pedir que se notifique al vecino de otra manera, porque además, tenemos indicios muy fuertes de que se han disparado avisos de cortes por falta de pago de manera equivocada”, sostuvo el presidente de ese bloque, Gustavo Mandará. Del edil Salaberry: pedido de renuncia a la titular de la OMIC Durante la sesión del jueves. El concejal Martín Salaberry (FULyT) le pidió la renuncia a la titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, Mercedes Patiño, ya que a su entender no defendió los intereses de los bahienses ante los aumentos de agua. Con respecto a los repetidos cortes de energía. El edil massista dijo que en las próximas horas pedirá un resarcimiento a los comerciantes que hayan tenido pérdidas económicas debido a esos inconvenientes.

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La Cámara de Diputados de la Provincia formalizó ayer la convocatoria a sesionar el próximo miércoles 21 a las 14, día en que el oficialismo y el gobierno de María Eugenia Vidal confían poder sancionar los proyectos de Presupuesto y Ley Impositiva 2017. La convocatoria llegó luego del que el Senado haga lo propio el jueves pasado para el mismo miércoles 21, pero a las 11 de la mañana. La estrategia del oficialismo contempla que el proyecto sea aprobado primero por el Senado y girado inmediatamente a la Cámara de Diputados para que le de sanción definitiva. Cambiemos confía conseguir el respaldo de los legisladores que responden al Grupo Esmeralda de intendentes del peronismo, quienes le aportarían los votos que todavía necesita para alcanzar una mayoría especial de dos tercios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Es que al oficialismo no le alcanzan los votos de sus aliados del Frente Renovador, del GEN y de las bancadas minoritarias para sancionar las dos normas impulsadas por el Ejecutivo. Las negociaciones se complicaron cuando varios sectores del peronismo se unieron para reclamar a la gobernadora Vidal la vicepresidencia de Diputados, que según el acuerdo firmado entre Cambiemos y el Frente Renovador, el año que viene correspondería para el massismo. En ese marco, el oficialismo debió dejar caer las sesiones que iban a realizarse el miércoles pasado. Pero ahora, en Cambiemos hay confianza sobre la posibilidad de conseguir en un sector del peronismo los votos que le hacen falta antes del próximo miércoles.

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El Senado bonaerense convocó para el próximo martes 20 de diciembre a una entrevista pública para analizar los antecedentes de Julio Conte Grand, propuesto por el gobierno bonaerense para suceder a María del Carmen Falbo al frente de la Procuración de la Suprema Corte. La entrevista es la última instancia prevista por la legislación en el proceso de nombramiento del titular del Ministerio Público. Según confían en el oficialismo y en el Poder Ejecutivo, al día siguiente de la entrevista pública, en la sesión convocada por el Senado para el miércoles 21, la Cámara alta podría votar el pliego para la designación del actual secretario de Legal y Técnica como jefe de los fiscales de la Provincia. La propuesta del Ejecutivo para reemplazar a Falbo, quien formalizó su renuncia al cargo semanas atrás, había quedado enredada en las negociaciones por la sanción del Presupuesto y la Ley Impositiva. Ahora, con el principio de acuerdo que Cambiemos confía lograr con un sector del peronismo, en la Legislatura se convocaron sesiones para el miércoles 21 en las dos cámaras, día en que se votará la propuesta de Conte Grand. Todavía a a cargo de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, Conte Grand se pondrá al frente de la investigación penal en la Provincia en reemplazo de Falbo, a quien el gobierno de Vidal no quería en ese sillón. Abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, Julio Conte Grand estrechó su vinculo con la Gobernadora cuando se desempeñó como Procurador porteño durante el paso de Vidal como vicejefa de Gobierno porteño. Cuando asumió en la Provincia, Vidal lo designó secretario de Legal y Técnica, un cargo clave desde donde se controlan todos los decretos que llevan la firma de la Gobernadora. Su nombre fue mencionado como posible reemplazante de Carlos Mahíques al frente del ministerio de Justicia, cargo que fue finalmente ocupado por Gustavo Ferrari. La candidatura de Conte Grand a la Procuración fue impugnada por una ONG vinculada a la Justicia que entiende que el funcionario no cumple con los dos años de residencia en la Provincia que demanda la ley para ser designado Procurador de la Corte. Pero también recibió avales y respaldos de abogados, magistrados, fiscales y hasta de intendentes del peronismo, como Alejandro Granados, jefe comunal de Ezeiza.

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Casi cinco horas tuvieron que trabajar dos dotaciones de bomberos para extinguir un voraz incendio en un bosque de Arana. Todo empezó en las últimas horas del jueves y siguió hasta bien entrada la madrugada de ayer. El impresionante foco de llamas en un sector forestal afectó un bosque de pinos y eucaliptos, situado “en una zona de difícil acceso, en los fondos del Vivero Ferrari, en 96 y 153”, de acuerdo a las precisiones que se tuvieron. Las llamas pudieron ser extinguidas por dos dotaciones de bomberos, que trabajaron desde las 22 hasta las 3 de la mañana. La resina de los árboles y la espesura del bosque ayudaron a que el fuego se propagara rápidamente. El jueves también hubo incendios de magnitud en City Bell: en 9 y 487 del barrio Savoia y en 30 y 459. También en Los Hornos, en 76 y 137. En todos los casos tuvieron que intervenir los rescatistas para evitar males mayores. En tanto, ayer ardió una panificadora en Villa Elvira. Fue al mediodía y en la cuadra de 75 entre 3 y 4. Las fuentes consultadas al respecto no pudieron establecer cómo se desataron las llamas. Tan incontrolable parecía el fuego que en el temor se apoderó de los vecinos. El local afectado habría sufrido importantes daños en su estructura. Oficialmente no se reportaron heridos.

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Desesperación, miedo, llanto, tristeza y, sobre todo, cooperación de la gente, que como pudo intentó ayudar en la emergencia, se observó ayer en General Daniel Cerri, donde un incendio de pastizales que cobró gran magnitud provocó la destrucción de cuatro viviendas y la afectación parcial de otras tres. Producto del siniestro localizado en la sección quintas de la vecina localidad, las siete familias debieron ser evacuadas. El fuego, que fue cruzando calles y recién pudo ser controlado alrededor de las 21 de la víspera, también dañó un aserradero y causó la muerte de varias mascotas. Dotaciones de bomberos de Bahía, General Cerri, Ingeniero White, Médanos, Algarrobo, Monte Hermoso y Punta Alta combatieron el incendio que se generó sobre las 13.30, detrás de una casa ubicada en la avenida Neumayer al 400. “No sabemos el origen, aunque se inició en el sector norte del pueblo, detrás de la calle Neumayer y la antigua Estación Cerri. El viento llevó a los diferentes focos hasta muy cerca del pueblo”, señaló Fabián Fabrizi, jefe del cuartel de bomberos voluntarios cerrense. Sin bien son muchas las hipótesis que se barajaban ayer, gente del lugar señaló que podría haber sido desencadenado por un descuido humano o la caída de un cable de luz.

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Precisamente, parte de la localidad se quedó sin energía por lo ocurrido. El viento complicó la labor de los efectivos, como también de los vecinos que se acercaron para colaborar con baldes, bidones o lo que sirviera para almacenar agua. Al menos cuatro bomberos debieron ser atendidos en diferentes ambulancias del servicio de emergencias, y tres de ellos fueron trasladados a la sala médica. Elbidio Cabana (30) fue uno de los damnificados. Él y su familia perdieron todo. “Nos quedaron solamente las paredes y lo que tenemos puesto. Fuimos a ayudar a una vecina, pero cuando nos quisimos dar cuenta cambió el viento y se llevó puesta nuestra casa”, contó a La Nueva. El joven, que reside en calle Juan Domingo Perón junto a sus padres y seis hermanos, dijo que “el fuego consumía de a 10 metros por segundo, no pudimos hacer nada. Si alguien nos puede ayudar mi teléfono es 155090491”. Las consecuencias del episodio ocurrido en la víspera en General Daniel Cerri son muy importantes y se pidió la solidaridad de los bahienses para ayudar a las familias resultaron afectadas. Varias de ellas quedaron ayer alojadas en un salón de la parroquia San Miguel Arcángel, ubicada en calle Las Heras al 100, donde se montó un centro de evacuados, con la asistencia de personal del sector de Políticas Sociales de la comuna. Carina Marinsalta, asistente social, solicitó a a la comunidad colaboración para estas personas y señaló que entre los damnificados hay nenes y mujeres embarazadas. “Necesitamos colchones, ropa, alimentos, frutas, agua, leche, pañales y también materiales de construcción, porque muchas de estas familias perdieron su vivienda”.

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"Cobarde es someter a un pueblo por la fuerza y no dejarlo expresarse", dijo Mauricio Macri hace minutos luego de una reunión bilateral con la presidenta chilena, Michelle Bachelet en referencia a Diosdado Cabello, el hombre fuerte de Venezuela y N°2 de Nicolás Maduro. Macri aseguró que con su par chilena "hemos tratado temas fundamentales para nuestra integración". "Es fundamental potenciar el desarrollo productivo en nuestra región", resaltó el Presidente. Además, destacó los avances en la construcción del túnel de Agua Negra y en la ampliación del paso del Cristo Redentor. Pero el tramo más fuerte de la conferencia fue cuando se refirió a la polémica con Venezuela. El hombre fuerte de ese país Diosdado Cabello había llamado “cobarde” al presidente argentino, pero en un gesto más intimidante aún declaró “enemigo” de su país al diplomático a cargo de la embajada argentina en Caracas, Eduardo Porretti, a quien le pidió que haga sus valijas y se vaya de allí. Cabello tiene su propio programa de televisión Con el mazo dando, que emula el Aló Presidente del fallecido Hugo Chávez, y el del actual mandatario Nicolás Maduro que se llama Contacto con Maduro. Pero en rigor es igual que los otros: una plataforma para la arenga política y la defensa del chavismo, que se convierten muchas en una suerte de stand up del funcionario. En su programa de ayer, que duró 3 horas y 45 minutos, Cabello se ocupó de la situación que le tocó vivir a la Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez tras autoinvitarse a una cumbre del Mercosur en Buenos Aires, de la que el país bolivariano había sido excluido. La funcionaria chavista hizo un acto en una Plaza y luego denunció que la policía la había agredido. Es más, responsabilizó a Mauricio Macri por la situación, tras la cual se la vio usando un cabestrillo.

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Una propuesta intermedia entre el proyecto que había enviado Mauricio Macri y el que tuvo media sanción consensuado con la oposición. Con esa premisa y bajo presión por la medida de fuerza que lanzó la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, el Gobierno se reunió con el triunvirato de la CGT. Desde ambas partes se aseguró que el encuentro fue "en buenos términos", aunque no hubo definiciones concretas. Cerca del mediodía, en simultáneo con el anuncio de la CATT, el ministro Jorge Triaca y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana se acercaron hasta el gremio de Sanidad, en el barrio de Once, para dialogar con la cúpula de la CGT, en un encuentro cuya sede intentó mantenerse en secreto. Fuentes oficiales dijeron, al cabo de la reunión, que el Gobierno reafirmó allí su intención de no estirarse en el costo fiscal por las modificaciones de Ganancias, más allá de los 33.000 y 34.000 millones de pesos. Detallaron, además, que a los líderes sindicales se les explicó que el Gobierno no está dispuesto a dar marcha atrás con la restauración de las retenciones a la minería y que, en cuanto al impuesto al juego, no se puede avanzar más allá de lo que establecía la propuesta oficial porque se corre el riesgo de que se judicialice. "No podemos arriesgarnos: sería un costo fiscal adicional casi asegurado, un agujero negro", deslizaron. Asimismo, los funcionarios dejaron claro que no piensan retroceder en la eliminación de las retenciones a la minería ni en aceptar los impuestos a la renta financiera que impulsaba el proyecto opositor. En cambio, los funcionarios adelantaron que están dispuestos a dejar sin efecto la exención de impuestos al champagne como una forma de compensar el costo fiscal. Otro punto que comienza a tomar forma es la intención de que las escalas varíen según la distribución geográfica, ya que en algunas provincias se tributa más por Ganancias porque es el promedio de salarios es más alto. Al final, el ministro del Interior Rogelio Frigerio no asistió. Pero antes, había hablado con este diario. "Queremos incluir a todos los sectores y partidos políticos. Sabemos que es difícil porque las diferencias entre ambos proyectos iniciales son muy marcadas", dijo a Clarín Frigerio antes del encuentro con los líderes gremiales. "La gran mayoría de los gobernadores del PJ y partidos provinciales están encabezando esta idea de llegar a un acuerdo conjunto, y nosotros la apoyamos e impulsamos", agregó. En torno a la reunión hubo mucho hermetismo: finalmente se decidió que no fuera en Casa Rosada ni en el Ministerio de Trabajo. Y, al igual que en virtud de la discusión con las centrales obreras por el bono, se acordó que fuera en un gremio. Desde el Gobierno nadie quiso informar oficialmente el lugar: pero, por lo bajo, se indicó que sería en la sede de la Sanidad que lidera Héctor Daer, integrante del triunvirato cegetista, quien arribó bien temprano.

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Su compañero -y titular- del FATSA Carlos West Ocampo, como dueño de casa, se unió luego. Lo siguieron el estacionero Carlos Acuña, otro de los triunviros, Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Gerardo Martínez, de la UOCRA. No estuvo Juan Carlos Schmidt (Dragado y Balizamiento), que prefirió participar del cónclave en la CATT, donde se decidió un cese de tareas de ocho horas, el lunes, en reclamo de mayores deducciones en Ganancias. ¿Qué se habló en Sanidad? Como a priori, tal como admitió Frigerio, los números que barajaban el Gobierno, la oposición y los gremios eran muy diferentes, la estrategia oficial fue plantear la necesidad de acordar "un término medio". Por caso, desde el Gobierno se mostraron respectivos a que las horas extras (con un límite), los viáticos y el aguinaldo no queden alcanzadas por el impuesto. Pero el mínimo no imponible es un tema que aún divide aguas. Es que el que trazaba el proyecto original del Gobierno era de $21.700 netos -implicaba un aumento del 15%- para los solteros y de unos $28.700 para casados con dos hijos. La CGT consideraba viable el proyecto consensuado por Massa, junto al kirchnerismo y otras fuerzas opositoras: un mínimo no imponible de $33.500 de sueldo bruto ($ 27.800 netos) para los solteros y $ 44.000 también brutos (unos $ 36.500 netos) para los casados con hijos. Una alternativa que en el Gobierno se baraja para acercar posiciones es subir el mínimo no imponible pero al mismo tiempo quitar algunas de las exenciones que se habían propuesto. Si bien las reuniones continuarán el lunes -con senadores y diputados- y el martes (gobernadores) para el Gobierno era clave asegurarse el apoyo de los gremios, por la influencia que ejercen sobre el PJ, el FPV y el Frente Renovador de Sergio Massa. Aunque no hubo referencias públicas y el escenario está abierto, fuentes de ambas partes coincidieron en señalar que la charla fue "en buenos términos" y que la idea es "seguir trabajando". Tal como reveló Clarín, los equipos técnicos del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y del titular de la AFIP, Alberto Abad; ya tomaron contactos con técnicos de la central obrera, La idea es que el intercambio continúe el fin de semana para poder avanzar el lunes con una propuesta más concreta. "Apostamos al diálogo y aspiramos a no tirar por la borda la buena relación que construimos con Pichetto, Bossio y Massa. Queremos subir a todos a este barco", señalaron desde el Gobierno.

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Una respetada economista de origen radical, que fue funcionaria del gobierno de Néstor Kirchner, será la responsable de armar y coordinar el equipo a cargo de la cumbre del Grupo de los 20 que tendrá lugar en la Argentina en 2018, y que desde hace unas semanas viene anunciando la ministra Susana Malcorra. Vale tener en cuenta que para ese encuentro llegarán al país veinte jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Estados Unidos (Donald Trump estaría para entonces), China, Rusia, Francia, Gran Bretaña, y Japón. Según confirmó Clarín de fuentes oficiales, Beatriz Nofal se incorporará al gobierno de Mauricio Macri, pero desde hace semanas viene asesorando a Malcorra en los preparativos de la cumbre. Aunque faltan dos años, el volumen de trabajo es descomunal. Desde este mes, Argentina forma parte de la troika del G20 que incluye el país saliente (China), el actual (Alemania) y el siguiente (Argentina). Nofal se incorporará en etapas a la Cancillería, y se espera que en marzo sea nombrada la nueva Sherpa (“Guía”) de Mauricio Macri en las cumbres del G20. Nacida en Mendoza, Nofal había llegado al gobierno de Néstor Kirchner de la mano de Alberto Fernández cuando entonces se buscaba la llamada “transversalidad” política. Y manejó la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones, creada en 2006. Con cierta autarquía dependía del Ministerio de Economía. Con el tiempo, empezaron a surgir problemas sobre las visiones diferentes que tenían la Agencia y el Ejecutivo. Hubo rivalidad con ella de la ex ministra de Producción Débora Giorgi. Y finalmente Cristina Kirchner disolvió el organismo en 2010 cuando quiso darle más poder al entonces secretario de Relaciones Económicas Internacionales, y hoy embajador en Alemania Luis María Kreckler. Nofal habló entonces de un “error institucional” y se alejó. En septiembre pasado, ya afirmaba que la Argentina estaba en la “buena senda”. Se afirma ahora que fue el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, quien la puso en contacto con Malcorra. En el entorno de Nofal afirman que se siente “honrada” por representar a Macri y a Malcorra ante el G20. Esta semana hubo otros cambios más en la Cancillería. Por un lado salieron los decretos con la renuncia del ex vicecanciller Carlos Foradori, y en su lugar quedó Pedro Villagra, hasta esta semana jefe de Gabinete de la ministro. Al lugar de Villagra va, en un gesto sorpresivo de Malcorra, su secretario Marcos Stancanelli, hijo de Néstor Stancanelli, diplomático de mucha trayectoria ya fallecido. El hijo también es de carrera. El otro joven secretario de Malcorra, Tomás Giudici, cercano al secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Fulvio Pompeo, fue ascendido con un traslado a la embajada argentina en Uruguay. Al mismo tiempo, a la Cancillería también se incoporará un hombre del riñon de Macri, Horacio Reyser, quien conducirá la Cooperación y el Comercio Internacional en lugar de Cristina Boldorini.

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El Gobierno pisó los pagos de la obra pública para poder cerrar las cuentas del déficit fiscal. Es un reclamo que hacen hoy las grandes constructoras, que en el último mes no están cobrando sus facturas. Y lo reconocen los funcionarios. Pero ese es sólo uno de los temas dentro de la compleja puja que hay hoy entre los popes de la construcción y los hombres de los ministerios de Interior, Transporte y Energía. Indexación de contratos, descuentos de precios y atomización del negocio suman presión. El ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay se comprometió a que 2016 cerraba con un déficit del 4,8%. Pero en los últimos meses el Gobierno resolvió muchos conflictos con la chequera y eso impactó en las cuentas. Desde reducir la suba de tarifas al incremento de planes sociales, pasando por ayudas a provincias y municipios. “Desde principio de mes no están pagando las facturas que vencen, no tienen plata”, dice el presidente de una de las mayores constructoras del país. “Esto es en off the record, no? -pregunta un empinado funcionario, de los que firman contratos de obra pública-. Si, es así, dejamos de pagar, hay que cerrar los números del año. Pero esto siempre se hizo así, no? Para principios de enero empezaremos otra vez a pagar con normalidad; esto es sólo deuda flotante. Y no estamos frenando el ritmo de las obras, para nada”. “Eso es cierto -añaden en otra constructora-. Se han puesto muy exigentes con los plazos. Nosotros estamos haciendo una ruta en el norte del país y nos volvieron locos para que la terminemos antes de fin de año”. Pero en tanto, las facturas sin pagar se acumulan, se cancelarán con los fondos del año próximo.

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Hasta ahí, es un problema de caja. Como tuvieron otros gobiernos. Pero en esta ocasión hay además una agenda más profunda, con enojo marcado de los dos lados. Los empresarios critican con dureza a los funcionarios, los tratan de “inoperantes”. Los funcionarios devuelven gentilezas, y escupen epítetos como “corruptos”. Aunque los repiten ante este cronista, seguramente no se dirían esos adjetivos unos a otros en la cara. Pero sirven para mostrar la tensión del ambiente. Entre las grandes constructoras y los tres ministerios que manejan la obra pública hoy el aire se corta con un cuchillo. Uno de los temas que más críticas privadas concentra es la actualización de los pagos. O sea, la indexación. Hasta abril pasado regía el decreto 1.295. A partir de mayo, el 591. Pero este último no fue reglamentado. Los funcionarios aseguran que “está en trámite”. “Nos están pagando con actualizaciones a mayo, con lo que ha sido la inflación”, se queja una constructora local. “Te dan los certificados, te atienden, son prolijos -agrega el mismo empresario-. Pero el ajuste no aparece”. Los empresarios se quejan de muchas cosas más. Que no hay un interlocutor único, porque las obras están repartidas en varios ministerios, con distintas formas de trabajo. Que el Gobierno no avanza con los organismos multilaterales: uno asegura que en el Banco Mundial le dijeron que por esa razón todavía no pudieron terminar de adjudicar los US$1.500 millones de dólares que tenían previstos para el país para este año. Es dinero para infraestructura, la misma que el banco se negaba a financiar al anterior gobierno. Y hasta el segundo semestre de 2017 no se pondrá en marcha el sistema PPP, de alianza público prívada, que puede dinamizar el sector. Pero el fondo es la batalla que cruza a empresarios y funcionarios y que hace a tratar de establecer una forma de relacionarse. Veamos algunas definiciones. “Argentina está enferma de corporativismo -dice un ministro nacional-. La corrupción está en la sangre de los empresarios. Se enojan porque ahora, por primera vez, hay competencia. Y las empresas más grandes hace mucho que no van al gimnasio. Son más lobistas que ingenieros”. “En los últimos 10 años se contrataba pero no se construía, el negocio era ganar la licitación, no hacer la obra. Entonces no había ingenieros ni máquinas, se perdió ingeniería”, conceden desde una empresa de gran porte. ¿Coinciden? No. Es que se están refiriendo al que es el punto central de las divergencias, la tasa de descuento. El Gobierno licita obras y gana quien presenta un descuento mayor sobre el precio. Así los funcionarios luego pueden decir “Esta obra se contrató un 30% más barata que lo que la hacían los K”. “Pueden bajar los precios, ahora no pagan coimas como antes”, añaden en los ministerios. Para los ministros, eso es ganancia: dicen que con ese sistema hay más competencia. Los empresarios dicen que por ese camino sólo habrá obras sin terminar. “Se las adjudican a empresas que no tienen la calificación ni espalda para hacerlas, sólo porque ofrecen mucho descuento. Pero es gente que no sabe de este negocio”, señalan. A la hora de poner ejemplos en esta discusión, dos empresarios señalaron hacia el que sería el mayor constructor nacional y se preguntaron: ¿por qué él no se presenta en ninguna licitación?. Y se responden: porque sabe que con esos precios no se puede hacer la obra. Curiosidad: el ministro antes citado también se refiere a este hombre: “Me llamó personalmente, me pidió que cambiara una condición de una licitación, lo hicimos, y después no se presentó ni me atendió más el teléfono”. Pequeñas anécdotas de la vida cotidiana. Con ese ambiente como fondo, volvamos al principio: los pagos empiezan a atrasarse. “No hay ningún problema, las obras no se demoran”, dicen en un ministerio. “A partir de enero nos vamos a ordenar y poner en término”, dicen en otro. Por ahora, sólo cuenta cerrar las cuentas.

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Como adelantó ayer Clarín, el gremio de Transporte anunció que, a partir del lunes, harán asambleas sorpresivas en reclamo de modificaciones en el Impuesto a las Ganancias. Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) aseguró que desarrollarán las "asambleas sorpresivas entre las 4 de la madrugada y las 12 del mediodía del lunes próximo en todas las terminales de micros, aeropuertos, puertos y ferrocarriles", lo que afectará la normal prestación de esos servicios. Serán asambleas informativas con cese de actividad. La medida fue anunciada esta tarde en el marco de una conferencia de prensa que representantes del sector ofrecieron en la sede gremial de la CATT. En ese marco, el titular de la entidad e integrante del triunvirato que conduce la CGT dio cuenta de la decisión de los gremios del transporte de realizar el lunes próximo a partir de las 4 de la madrugada y hasta el mediodía "asambleas sorpresivas y espontáneas" tanto en terminales de micro, como en aeropuertos, puertos y ferrocarriles. Además, advirtieron que esas asambleas podrían afectar la normal prestación de esos servicios de transporte en el inicio de la semana. Por su parte, en ese mismo contexto, el secretario gremial de la CGT y dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, no descartó "realizar una gran movilización de trabajadores al Congreso" cuando el Senado trate el proyecto para modificar el impuesto a las Ganancias. Según explicó el secretario de prensa de la entidad que agrupa a los gremios del transporte, Juan Pablo Brey, "es momento de presionar, porque la CATT planteó esta lucha hace ya cuatro años". La CATT nuclea a una veintena de gremios del transporte terrestre, marítimo, fluvial, portuario y de la industria naval.

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El periodista Pablo Fernández Blanco presentó en PM las medidas que en los próximos meses planea implementar el Ministerio de Energía para generar ahorro energético Ayer se desarrollaron las primeras jornadas del uso eficiente de la energía donde se anunciaron las estrategias que se llevarán a cabo en las próximas semanas. El Gobierno estimulará a que la población incorpore conductas de ahorro como por ejemplo que se identifique si un departamento consume más o menos servicios. Algo similar al etiquetado que llevan las heladeras donde se informa cuánta energía requiere para su funcionamiento. Además dejarán de existir los termotanques con piloto para disminuir el consumo del gas y se darán estímulos impositivos para que se fabriquen equipos que no tengan piloto y se enciendan sólo cuando sea necesario. Otro medida de ahorro tiene que ver con el manejo de automóviles, habrá una capacitación para los conductores de modo que desaceleren sus vehículos unos metros antes del semáforo en rojo, para disminuir el consumo de nafta.

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El Gobierno está a punto de acordar con el sector privado un nuevo marco para aumentar los precios de las naftas y el gasoil, cuyas remarcaciones en las pizarras de las estaciones de servicio suelen despertar críticas entre los automovilistas y alimentan la inflación. Desde hace semanas funcionarios del Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren , trabajan con las compañías para establecer un mecanismo de revisión periódica de los combustibles. Así lo confirmaron a LA NACION dos fuentes del sector privado y una oficial. Todos pidieron reserva de su nombre. El plan consiste en establecer un esquema de revisión trimestral de precios en base a una fórmula que contemple los principales factores que afectan a los valores de las naftas y el gasoil, entre los que se destacan el precio del crudo (explica a razón de un 80% del costo de la refinerías), el de los biocombustibles y el tipo de cambio. El Estado hará las veces de un maestro de ceremonias que moderará las decisiones del sector privado, pero sin incidencia definitiva, dado que las empresas llevarán sus cálculos, que no correrán por cuenta del Gobierno. Eso se debe a que los precios de los combustibles son libres en el país, algo que continuará de esa manera. El primer aumento de esa saga llegará en los primeros días del mes próximo. Según el cronograma que se manejaba hasta principios de la semana, las subas serán del 8% y se implementarán entre el 7 y el 9 de enero. La siguiente revisión sería en abril próximo. Las principales refinadoras del país son YPF, Axion, Shell, Petrobras y Oil. Las empresas están de acuerdo en contar con la participación del Estado al momento de definir los aumentos dado que lo consideran un factor que organizaría las subas. De esa manera, llevarían previsibilidad al consumidor y evitarían aplicar incrementos mensuales atados a la devaluación. Las naftas que se venden en el país tienen un 12% de etanol, mientras que el gasoil se mezcla con 10% de biodiésel. Los precios de esos insumos están atados a una canasta de productos que en ocasiones provoca aumentos para las refinerías que las empresas tienen dificultades para trasladar a los precios de los combustibles. El convenio, que seguramente se refrende en un documento firmado por todos los actores, estará vigente mientras dure el acuerdo para llevar el precio local del petróleo a los niveles internacionales, algo que ocurrirá a mediados del año próximo. Las empresas y el Gobierno avanzaron sustancialmente en ese punto a principios de esta semana. Acordaron que el precio del crudo local caerá gradualmente hasta estar alineado en agosto con los valores internacionales, algo que dependerá de la marcha de la cotización internacional, un factor ajeno a los actores locales. El dólar como referencia La evolución del tipo de cambio es un factor crucial: sucede que el mercado petrolero está dolarizado en la Argentina, por lo que la marcha de la devaluación le pone presión adicional a los precios de los combustibles. Por ejemplo, las refinerías pagan el crudo en moneda local, pero su factura está atada al tipo de cambio del Banco Central del día anterior al cierre de la operación.

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Sin embargo, los combustibles en las estaciones de servicio se pagan en pesos. A mayor depreciación, entonces, las empresas requieren de más pesos para pagar su principal materia prima. Más allá de la molestia que genera la remarcación de las pizarras, los precios de los combustibles están atrasados en la Argentina. En lo que va del año aumentaron 31%, y el último ajuste fue en mayo pasado. Requiere un ejercicio de mucha paciencia encontrar otro producto o servicio que se comercialice en el país cuyo último ajuste haya sido hace siete meses. El aumento de los combustibles no compensó la suba de costos, debido a que la devaluación del año ronda el 60 por ciento. El Gobierno tiene una carta para estrechar ese abismo. En los próximos meses el precio del crudo local bajará e incluirá en parte las subas contenidas de los combustibles.

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"¡Ya no sé si pensar si no es una falta de respeto!" Mauricio Macri miró fijamente a su par de Chile, Michelle Bachelet , pero en sus palabras no había un tono de queja o enojo, sino todo lo contrario. En un encuentro que sirvió para ratificar la buena sintonía y el trabajo conjunto, la Argentina y Chile suscribieron varios acuerdos "importantes", pero también hubo tiempo para las chicanas futbolísticas y el recuerdo para las últimas dos finales de las Copa América que la Argentina perdió con el equipo trasandino en junio de este año y en 2015. La reunión entre los presidentes Macri y Bachelet también se tomó como un paso adelante en la estrategia de asociar al Mercosur con la Alianza del Pacífico y, aunque aún de forma incipiente, como un intento de avanzar hacia una mayor liberalización del comercio con Chile. "Ojalá que durante la presidencia pro témpore de Chile tengamos una reunión de ministros del Mercosur y de la Alianza del Pacífico. Nos interesa que la Argentina pueda ser miembro", dijo la mandataria trasandina, al transmitir su disposición para que se pueda alcanzar uno de los objetivos de la política exterior de Macri. La propia Bachelet fijó una fecha probable -el primer trimestre de 2017- para concretar el acercamiento regional. "Hay muchas cosas que nos vinculan, más allá de nuestra historia y de nuestro afecto", le retribuyó Macri. En el mismo sentido, la canciller Malcorra insistió en la hoja de ruta, orientada a las coincidencias regionales. "Tenemos que proyectarnos y no podemos hacerlo sólo desde la perspectiva del país. Tenemos que salir al mundo más juntos", declaró la ministra argentina. Bachelet llegó con todo su gabinete -18 ministros-, lo que favoreció la interacción con sus pares argentinos. Ambos presidentes coincidieron en promover esa convergencia y, en esa línea, anunciaron acuerdos en materia de conectividad e integración física, entre otras áreas. Por la mañana se reunieron los ministros de ambos gobiernos en el Palacio San Martín, que también fue sede del encuentro de gobernadores argentinos e intendentes chilenos en zonas de frontera. De allí surgieron más de diez acuerdos entre ambos países sobre temas diversos, desde convenios de cooperación en el ámbito antártico, para trabajar en investigación científica y tecnológica, hasta avances en la prevención y detección del delito de trata de personas, acuerdos culturales, turismo y trabajos conjuntos en la evaluación del impacto ambiental. "La Cordillera nos une" fue la gráfica expresión de Macri para darle sustento político a estos acuerdos. El almuerzo que Macri le tributó a Bachelet reunió también a los ministros, gobernadores e intendentes. Allí surgió la chicana sobre el fútbol y previamente, en una muestra de sintonía política y buena relación, ambos presidentes se movieron por el parque de la residencia de Olivos en un auto eléctrico, que era conducido por el presidente argentino.

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Avances a mediano plazo Con tono optimista, Bachelet sentenció: "Somos dos naciones unidas". Dijo que en la reunión bilateral apuntaron a "mirar los avances" entre ambos países y afirmó que los encuentros fueron decisivos para "seguir avanzando en los desafíos de nuestros países, que permitan una vida mejor a todos los habitantes de ambos lados de la Cordillera". En esa mirada al futuro, Macri definió como "emblemático" el túnel de Agua Negra, cuya construcción será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como el ferrocarril Salta-Antofagasta, la ampliación del paso Cristo Redentor, el túnel de 11 kilómetros en Las Leñas y los pasos Samoré y Austral, entre otras obras prioritarias a mediano y largo plazo. "Todos coincidimos en que en el mediano o en el largo plazo tenemos que avanzar hacia la convergencia, así que cuanto antes lo hagamos, mejor va a ser para todos", precisó Macri. Aprovechó, también, para diferenciarse del kirchnerismo: "Venimos de años de aislamiento, de malas relaciones, no sólo con Estados Unidos, sino con casi todos, salvo Venezuela, Irán y alguno más que se me olvide, pero venimos de un año de cambio copernicano en las relaciones, muy fructífero". Bachelet, en tanto, anticipó que el año próximo se trabajará con vistas a profundizar el Acuerdo de Complementación Económica entre ambos países y extendido al Mercosur. "Queremos aprovechar cadenas de valor entre nuestros países y trabajar juntos por conquistar nuevos mercados, promover un mayor comercio de bienes y servicios." Reveló que también se acordó el acompañamiento de Chile a la Argentina en el proceso de ingreso a la OCDE. "Nosotros pasamos por todas esas etapas y podemos ir contándoles la experiencia", explicó la mandataria visitante.

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Las máximas autoridades partidarias de la Unión Cívica Radical , reunidas en Jujuy, brindaron ayer un fuerte apoyo al gobernador Gerardo Morales , luego del pedido de intervención de los tres poderes del Estado que realizó el bloque de legisladores del Frente Para la Victoria y el embate de distintos organismos internacionales que piden la liberación de Milagro Sala. Además, reclamaron mayor participación en la coalición de gobierno. Distintos referentes de la Convención Nacional, el Comité Nacional, la Franja Morada y la Juventud Radical respaldaron la gestión de Morales y repartieron críticas al kirchnerismo, al que acusan de intentar romper con la investigación judicial sobre Sala, que podría complicar ex funcionarios del gobierno K. Destacaron, además, que por las causas que la Justicia investiga ya están imputados dos ex funcionarios del Ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido, entre ellos José López, detenido por arrojar bolsos con dinero a un convento. "Esto se trata de acabar con la corrupción y la impunidad, no sólo en Jujuy sino a nivel nacional", expresaron los concurrentes. El jefe de la bancada radical, Mario Negri, destacó: "Después de 32 años llegó el cambio a Jujuy con alas de libertad, porque se recuperó la independencia de la Justicia, se fueron los miedos y tienen el gobierno de la ley. Ese es el apoyo que venimos a darle al gobernador y al pueblo". En el encuentro, hubo tiempo para reuniones más pequeñas y cerradas donde, además, se analizó el ritmo de la gestión de Mauricio Macri y las políticas establecidas por el gobierno nacional. Negri fue contundente al expresar que "el radicalismo fue un factor decisivo para evitar que siga la Argentina que teníamos", y en lo que fue un reclamo por mayor participación, aseguró que "no hay una coalición en el gobierno, hay radicales en el gobierno, que no es lo mismo". En otro tramo de su discurso, Negri dijo que "en las decisiones trascendentales del gobierno, el radicalismo como fuerza, no está, es un dato de la realidad". Dijo luego que donde se ve más claramente una fuerte coalición es en el parlamento nacional, destacando el respeto permanente que existe entre el radicalismo, Pro y la Coalición Cívica. Durante el cónclave hubo un reconocimiento explícito a la figura de Mauricio Macri como titular del Ejecutivo y los esfuerzos que diariamente realiza para llevar adelante la gestión con el conjunto de fuerzas que constituyen Cambiemos. Cuestionamientos Hubo también espacio para las críticas. Muchos de los presentes cuestionaron la gestión de la canciller Susana Malcorra, por los supuestos errores que, según los radicales, habría cometido la funcionaria nacional. Hicieron hincapié en lo que respecta a la situación internacional que desató la detención de Sala. También se pudo escuchar un reclamo subyacente en las críticas al FPV por el proyecto de intervención de la provincia de Jujuy, que tiene que ver con el silencio que hasta ahora mostró tanto el gobierno nacional como Pro en relación al proyecto. Esperan los radicales una posición fuerte tanto institucionalmente del Ejecutivo conducido por Macri como así también de los partidos que integran Cambiemos.

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La conversación entre los referentes de la UCR también giró en torno de la necesidad de poner énfasis en la política el año que viene. En relación al rol del radicalismo dentro de la gestión liderada por Pro, Negri sostuvo: "La idea de la política, en la mirada más pura, es tener la percepción y la mirada prolongada de prever los acontecimientos, evitar los errores no forzados que a veces cometemos y se podrían evitar. Obviamente, si legítimamente no estás en el centro de la decisión más importante de la política, es probable que no puedas incidir sobre eso, y repito, eso no habla ni mal ni bien, es un dato de la realidad". Y a modo de balance, el dirigente pidió una reunión entre todos los espacios políticos de la coalición gobernante para realizar una evaluación y mirar hacia el año que viene con estrategias políticas. "Terminó el primer año de gestión de Cambiemos, con más aciertos que errores. El desafío ahora es juntarnos para hacer un balance sereno entre nosotros y esto es lo que tenemos que hacer antes de que termine el año, entiendo que lo vamos a hacer", repasó. Y después concluyó: "Hay que evaluar si después del primer año, en el segundo año el proyecto es el mismo o si requiere mayor peso político, mayor confianza entre los socios".

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Cámara Federal rechazó el pedido de la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner para que se anule la declaración indagatoria que prestó ante el juez federal Julián Ercolini, como acusada, en la causa en que se investigan presuntas irregularidades en el manejo de la obra pública de Santa Cruz durante sus 12 años de gobierno. La ex presidenta concurrió el 31 de octubre a la citación judicial, aunque se negó a contestar preguntas. A través de su abogado, Carlos Alberto Beraldi, presentó en la Cámara Federal un planteo de nulidad por considerar que el llamado a indagatoria -paso previo a un eventual procesamiento- era "arbitrario". Dicho planteo fue rechazado por unanimidad por la Sala I de la Cámara Federal, que integran los jueces Jorge Ballestero, Leopoldo Bruglia y Eduardo Freiler. En la causa se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, también imputado en la investigación. Además de Cristina Kirchner y Báez, también están acusados el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, quien hoy permanece detenido. Se encuentran imputados en la causa 16 ex funcionarios y empresarios. Con el pronunciamiento de la Cámara Federal, Ercolini tiene ahora diez días hábiles para resolver la situación procesal de la ex jefa de Estado y de los otros imputados. Los camaristas afirmaron que es una facultad "inapelable" y propia del juez de primera instancia formular una citación a indagatoria, por lo que ahora el juez Ercolini deberá resolver la situación procesal de la ex mandataria y del resto de los imputados, quienes ya fueron indagados. Cristina Kirchner se negó a declarar cuando se presentó ante el juez Ercolini. Pero luego, al hablar con la prensa, denunció una persecución política y negó haber formado parte de una asociación ilícita. "Es un disparate mayúsculo pretender que hubo una asociación ilícita liderada por el Ejecutivo con distintos funcionarios públicos. Es una maniobra formidable de persecución política que no es original, que también pasa en Brasil y tiene como foco al ex presidente Lula da Silva", advirtió Cristina Kirchner, al denunciar una supuesta maniobra de alcance regional. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques sostienen que desde la presidencia de la Nación se dispuso en la etapa kirchnerista una suerte de direccionamiento de la obra pública para favorecer a las empresas de Lázaro Báez, dada la relación de amistad y negocios conjuntos que el empresario hoy detenido- mantenía con la familia Kirchner.

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Por presunto "mal desempeño de sus funciones", el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó formalmente en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó . El titular del Colegio, Guillermo Lipera, aseguró que "se convocará a la ciudadanía para sumarse al pedido" y negó que se fundamente en cuestiones políticas. Según Lipera, la procuradora, cercana a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, "no cumplió con la normativa que regula el proceso de nombramiento de los jueces". Y precisó que la presentación hace referencia a una serie de fallos de la Justicia que sostiene la "irregularidad del accionar de la Procuradora" en la designación de nuevos magistrados. El eje del cuestionamiento es el incumplimiento de las normas que regulan los procesos de nombramientos, el establecimiento de "un sistema discrecional, en el que Gils Carbó elegía a quiénes integran los jurados". En la presentación se destaca, como caso emblemático, el de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), donde se nombró a Carlos Gonella, pese a que "no había participado de ningún concurso cuando era subrogante en una fiscalía de Córdoba". "Cuando ella asume, elimina el sistema de sorteos para integrar los jurados para calificar a los concursantes, que brindaba la mayor objetividad e imparcialidad posible de los concursantes", sentencia, en duros términos, la presentación de la entidad de abogados. El pedido fue también acercado ayer, en mano, al presidente de la comisión de Juicio Político en Diputados, Álvaro González, vicepresidente del bloque de diputados de Pro. No es el primer pedido de juicio político contra Gils Carbó. La iniciativa se suma a los planteos que ya realizaron varios diputados del oficialismo, entre ellos Elisa Carrió, quien se basó en la "ilegal designación de fiscales" y la presunta "parcialidad" en la promoción de investigaciones que involucran a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Carrió, crítica acérrima de la actual procuradora, frenó, sin embargo, el proyecto de reforma del Ministerio Público que promovía el oficialismo para acotar el mandato y las atribuciones que goza Gils Carbó. La diputada por la Coalición Cívica rechazó el proyecto porque consideró que "llevaba nombre y apellido" y era "inconstitucional" porque planteaba "una intromisión del Ejecutivo y del Poder Legislativo en asuntos del Poder Judicial". La integrante de la coalición de gobierno insistió en que el mecanismo legal para desplazar a la funcionaria es el juicio político y no "un acuerdo corporativo y la redacción de una ley inconstitucional". Gils Carbó continúa siendo un escollo para el gobierno, pues desde que asumió Macri, se buscó consensuar su salida como jefa de los fiscales, cargo que es vitalicio. La procuradora manifestó en reiteradas ocasiones, sin embargo, que no piensa dejar su cargo.

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Una firma off shore vinculada a dos hermanos de Mauricio Macri que operaba en Alemania realizó dos movimientos sospechosos seis días antes de la primera vuelta electoral de 2015: ordenó transferir sus fondos de Alemania a Suiza y destruir la documentación que pudiera conducir a los verdaderos dueños del dinero. Así consta en la información enviada por la fiscalía de Hamburgo, Alemania, a la Justicia argentina, a la que accedió PERFIL. Tanto para los alemanes como para los investigadores locales del caso Panamá Papers, estos movimiento de firma BF Corporation son indicios de que el origen del dinero sería “opaco” y posiblemente “ilícito”, según documentos judiciales. La fiscalía alemana sostiene que Mariano y Gianfranco Macri, que manejan varias de las empresas del holding familiar, estarían detrás de la off shore BF Corporation. La vinculación salió a la luz por una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado en Alemania, como reveló La Nación el miércoles. BF Corporation operaba con el banco alemán UBS Deuschland AG, pero que el 19 de octubre de 2015 habría ordenado que sus fondos fueran transferidos a una cuenta en el Safra Bank, en Suiza. Los apoderados de la off shore también ordenaron que se cerrara la cuenta en Alemania y que se destruyera cualquier “correspondencia que tuviera en su poder” el banco alemán. La orden textual, en inglés, dice: “Destroy all correspondence if any”, según los registros a los que accedió PERFIL. Los apoderados de BF Corporation adujeron “razones administrativas” para justificar su salida del banco de Alemania, un país que, a diferencia de Suiza, se caracteriza por cooperar en materia de lavado con la Justicia extranjera. El movimiento de los fondos y la orden de destruir documentación probatoria dejaron a Mariano y Gianfranco Macri en la mira por los supuestos delitos de lavado de activos de origen ilícito y evasión fiscal, según fuentes judiciales. La información llegó en septiembre en el marco de un informe sobre decenas de personas y sociedades argentinas vinculadas en Alemania al caso Panamá Papers. Todo el material fue analizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y, en el caso de los hermanos del Presidente, se presentó una denuncia ante el juez Sebastián Casanello, a cargo del caso Panamá Papers. Según la denuncia, quienes están detrás de la firma BF Corporation hicieron esfuerzos por intentar ocultar a los verdaderos dueños del dinero, colocando a abogados uruguayos como apoderados de la firma y destruyendo pruebas. Para la Procelac, la maniobra revela “indicios de ilicitud”, como consta en la denuncia. Off side. La off shore BF Corporation está activa, según los registros oficiales de Panamá. Fue creada en ese país en 2009, por orden del estudio uruguayo de Santiago Lussich Torredell, quien opera con el estudio panameño Mossack Fonseca, entre otros dedicados a crear sociedades en paraísos fiscales. La orden al banco UBS, que ahora compromete a los hermanos Macri, salió del estudio uruguayo, que ya está en la mira de la Justicia por su relación con otra off shore de la familia Macri. En 1998, el estudio ordenó la creación de Fleg Trading, en la que figuran Franco, Mariano, Gianfranco y Mauricio. Es investigada por el movimiento de US$ 9,3 millones. Los abogados de los Macri sostienen que la denuncia no debería haber sido presentada en la causa de Casanello sino en el fuero Penal Económico, donde se investigan los delitos tributarios y de lavado. Sin embargo, Mariano y Gianfranco ya están imputados en la causa Panamá Papers por su participación en Fleg Trading y otra off shore, lo que motivó a la Procelac a dirigir la denuncia a

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Casanello. Ayer, el magistrado envió la presentación a la fiscalía de Delgado. En los próximos días, el equipo del fiscal analizará si acepta la competencia en el caso o decide que la denuncia debe ser enviada al fuero Penal Económico.  “No es un tema que tenga que ver con el gobierno argentino” Desde el inicio de las filtraciones sobre cuentas en el exterior en torno a la familia de Franco Macri, el Gobierno descargó la responsabilidad en los manejos económicos del patriarca del Grupo Socma. En un nuevo capítulo de la novela iniciada con el caso de Panamá Papers, cuando se difundieron miles de cuentas off shore que involucraban al apellido Macri, el diario La Nación informó en la semana que Alemania había informado sobre operaciones sospechosas de los hermanos del Presidente. El Gobierno mantuvo la postura. — Es un tema que tiene que explicar el grupo y la familia de (Franco) Macri, no es un tema que tenga que ver con el gobierno argentino ni con el Presidente –respondió el jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante una entrevista con PERFIL, cuya parte más extensa se publica en las páginas 6 y 7 del diario.

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Disturbios y enfrentamientos continuaron esta noche en Venezuela, incluso con más violencia que durante el día. Autoridades municipales de El Callao, en el estado de Bolivar ( a 800 kilómetros de Caracas), reportaron a su partido, el opositor Primero Justicia, la muerte de tres personas en un municipio tomado por el caos y la anarquía. "Fallecieron una mujer embarazada por un balazo y un joven que estaba en las cercanías. Nos cuentan que la otra víctima sería un comerciante chino, linchado por las turbas", confirmó a LA NACIÓN el diputado Ángel Medina Davis. La situación en El Callao asemejaba a la vivida en Caracas durante el histórico Caracazo de 1989, un estallido social contra las políticas económicas de Carlos Andrés Pérez, cuya represión costó cientos de vidas. "Gran parte de los comercios fueron desvalijados", confirmó Medina. Al otro extremo del país, en la ciudad de Guasdualito, las turbas quemaron tres bancos pertenecientes al estado, en otro aquelarre de ira y violencia. Estos incidentes se suman a los que se sucedieron durante el día al estallar la ira ciudadana ante el "corralito financiero" y la falta de dinero efectivo en la calle, que han provocado disturbios en al menos 10 estados del país. Las más violentos se registraron en Maracaibo, la segunda ciudad del país, y en Santa Bárbara (Barinas), donde cuatro personas resultaron heridas de bala al intentar asaltar un camión de dinero. La Unidad Democrática reaccionó, exigiendo al gobierno que rectifique "con rapidez" ante el "profundo malestar" de la población, expresado en "protestas populares espontáneas". Según la oposición, el país está sufriendo "el boicot oficial al derecho de usar su propio dinero" y una "situación de caos inducido por el gobierno". El gobierno Henrique Capriles ha propuesto que los billetes de 100 sean válidos hasta que lleguen los nuevos. Nicolás Maduro compareció ante el país, pero no dio marcha atrás en su nueva batalla. Todo lo contrario: el primer mandatario no sólo responsabilizó a dirigentes de la Unidad por promover disturbios, también les amenazó con retirar la inmunidad parlamentaria, "porque son delitos en flagrancia, y yo espero la mayor celeridad de los órganos de justicia". La oposición denunció poco después la detención de al menos un diputado, Luis Lippa, y un concejal, Carlos Andrés García. El "hijo de Chávez" reclamó "máxima comprensión y paciencia" y aseguró han llegado al país 327 millones de billetes de 50 bolívares y que en la madrugada del domingo se esperan varios millones de 500. "Van a ingresar paulatinamente al sistema bancario", añadió, aunque en principio había prometido que ya habría billetes nuevos este jueves, algo que no sucedió. El presidente adelantó que desde este sábado hasta el martes, día en que acaba el proceso de entrega de billetes en las dos sedes del Banco Central de Venezuela (BCV) en Caracas y Maracaibo, se mantendrán abiertas gran parte de las taquillas. Cientos de personas ya hacen cola a estas horas en las calles del centro de Caracas, a pocos metros del Palacio de Miraflores.

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En medio de la escalada que generaron los informes de inteligencia sobre el supuesto hackeo ruso en las elecciones estadounidense de noviembre pasado, la ex candidata demócrata Hillary Clinton salió a culpar directamente al gobierno de Vladimir Putin de su derrota. El presidente Barack Obama se sumó a la denuncia y amenazó con tomar “represalias”. Moscú respondió que la acusación no sólo era “absurda”, sino también “indecente”. Clinton afirmó que fue “un complot sin precedentes de los rusos”, algo que, opinó, “debería preocupar a todos los estadounidenses". “Buscó socavar nuestra democracia” mediante el hackeo a blancos democrático, como el Comité Nacional y los mails del jefe de la campaña demócrata John Podesta, afirmó según The New York Times. “Este no es solo un ataque contra mí y mi campaña, este es un ataque contra nuestro país”, subrayó la demócrata. Obama, por su parte, fue más allá al señalar que tomarán medidas contra el Kremlin. “Creo que no hay duda de que cuando cualquier gobierno extranjero trata de impactar la integridad de nuestras elecciones nosotros tenemos que tomar medidas y lo vamos a hacer en el momento y el lugar que decidamos”, afirmó. “Algunas de esas medidas -aclaró- puede que sean explícitas y públicas, mientras que otras puede que no”. La embestida de Obama y Hillary contra Moscú se produce a pocos días de un paso clave en la agenda electoral estadounidense. El próximo lunes 19 debe sesionar el Colegio Electoral en Washington, donde los electores confirmarán el voto que dieron el 8 de noviembre pasado, donde resultó ganador el republicano Donald Trump. El multimillonario obtuvo 306 electores. Se necesitan 270 para ratificarlo. Pero si no llega a ese número, la Cámara de Representantes debe elegir al próximo jefe de Estado. En algunos espacios demócratas aún tienen una débil esperanza de que un grupo de electores republicanos -37 en concreto- se de vuelta y voten en contra de Trump. Un escenario sumamente complicado que las denuncias demócratas buscan darle forma. Hillary Clinton se reunió el jueves de noche en Manhattan con un grupo de donantes de su campaña y allí, por primera vez públicamente, dijo que Rusia y su presidente, Vladimir Putin, son en parte responsables de su derrota. También apuntó al director del FBI, James Comey, por reabrir a una semana de los comicios la polémica causa por el manejo indebido de correos electrónicos de la candidata cuando era secretaria de Estado. “Creo que eso marcó la diferencia en el resultado", señala Clinton en la grabación, obtenida por el diario "The New York Times". La derrotada candidata demócrata sostuvo que estos ataques fueron el resultado de “un problema personal” de Putin con ella por su declaración de que las elecciones legislativas rusas de 2011 estuvieron arregladas. “Putin me culpó públicamente del torrente de indignación de su propio pueblo, y esa es la línea directa entre lo que dijo entonces y lo que hizo en esta elección”, afirmó Clinton.

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